La reunión extraordinaria en comisiones del Senado de la República, en la que estaba prevista la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue cancelada de último momento, apenas minutos después de que se confirmara la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno.

La cancelación fue notificada mediante un oficio oficial emitido por la Comisión de Estudios Legislativos, en el que se informó que la reunión programada para el martes 28 de abril de 2026 quedaba suspendida sin detallar las razones, en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional por el caso ocurrido en la Sierra Tarahumara.

Cancelan comparecencia en el Senado de Maru Campos

La reunión extraordinaria tenía como objetivo que la mandataria estatal ofreciera explicaciones ante legisladores sobre el operativo en Chihuahua que derivó en la muerte de cuatro personas, así como por la polémica en torno a la presunta presencia de agentes extranjeros.

El encuentro se llevaría a cabo en la Torre de Comisiones del Senado y contaría con la participación de integrantes de diversas comisiones, quienes buscaban esclarecer los hechos y las decisiones tomadas por autoridades estatales.

Renuncia del fiscal desata incertidumbre política

Minutos antes de que se confirmara la cancelación, se dio a conocer la dimisión de César Jáuregui Moreno como fiscal general del estado.

Su salida ocurre en medio de cuestionamientos por el operativo en la Sierra Tarahumara y por inconsistencias en la información oficial difundida.

El exfuncionario señaló que su renuncia tiene como propósito facilitar las investigaciones y permitir que se desarrollen con mayor transparencia, tras reconocer fallas en los mecanismos de control y comunicación dentro de la fiscalía.

Caso Sierra Tarahumara: eje de la controversia

El operativo que detonó la crisis institucional dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y abrió una investigación sobre posibles irregularidades, incluyendo la supuesta participación de ciudadanos estadounidenses.

Aunque autoridades estatales han señalado que no existen indicios de que agentes extranjeros hayan intervenido directamente en campo, persisten dudas sobre su presencia en el convoy oficial, lo que ha incrementado la presión política sobre el gobierno estatal.

Morena descarta “linchamiento político” contra la gobernadora

Desde el Senado, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional aseguraron que la comparecencia de la gobernadora se realizaría en un ambiente de respeto y sin intenciones de confrontación política.

El senador Óscar Cantón Zetina afirmó previamente que el objetivo era esclarecer los hechos y garantizar transparencia, descartando cualquier intento de juicio mediático o político contra la mandataria.

Comparecencia queda en el aire tras cancelación

La cancelación de la reunión deja en incertidumbre el proceso de rendición de cuentas sobre el caso, así como la eventual comparecencia de la gobernadora ante el Senado.

Además, la renuncia del fiscal también genera dudas sobre quién asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a las investigaciones y si habrá nuevas convocatorias para abordar el tema en el ámbito legislativo.

La suspensión de la reunión y la salida del fiscal marcan un nuevo capítulo en la crisis política en Chihuahua, donde el caso continúa bajo investigación y con cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

El cardenal venezolano Baltazar Porras subrayó la importancia de que las designaciones del nuevo fiscal general y defensor del pueblo en Venezuela beneficien a los sectores más pobres y excluidos. Además, insistió en que quienes ocupen estos cargos deben actuar con autonomía.

En la Basílica de Santa Teresa, en Caracas, tras celebrar una misa, Porras pidió apoyo para quienes atraviesan “ese tipo de torturas”, refiriéndose a los presos políticos, y solicitó esfuerzos para brindar tranquilidad a sus familiares.

En su mensaje, invitó a “superar el odio” y “sanar heridas” en el país, además de respaldar el derecho de los venezolanos a “todas las posibilidades de vivir en libertad” como condición para la equidad.

Por sus críticas, Porras recibió cuestionamientos del Gobierno venezolano, especialmente del ex presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

En diciembre pasado, Porras denunció que funcionarios anularon su pasaporte cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto de Maiquetía.

El proceso para nombrar un nuevo fiscal y defensor comenzó tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al chavismo, quienes dejaron sus cargos en febrero.

Las dimisiones ocurrieron durante la implementación de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, que autoriza la liberación de presos políticos desde 1999, aunque la norma solo abarca 13 “hechos” en igual cantidad de años.

El jueves pasado, la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a países de la región que supervisen el proceso de designación.

La petición se realizó después de que dos relatoras de la ONU sobre derechos humanos advirtieran que el Gobierno debe garantizar que las nuevas autoridades accedan a estos cargos según sus méritos e integridad.

Familiares de presos políticos realizaron un viacrucis afuera de una cárcel

En otro orden, familiares de presos políticos y activistas de Venezuela realizaron la noche de este miércoles un viacrucis en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada cerca de Caracas.

El grupo, de unas 30 personas, lo encabezó una mujer que llevaba una figura de Jesucristo y un hombre con una cruz a cuestas.

Con su guitarra, un hombre interpretaba canciones religiosas mientras avanzaba la caminata, durante la que hicieron las 14 paradas del viacrucis, en las que rezaban o leían escritos como “las familias mantienen viva la esperanza de libertad y paz para Venezuela”.

El recorrido comenzó en el campamento que familias instalaron en las afueras de la cárcel luego de que las autoridades anunciaron en enero, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EEUU, la liberación de un “número importante” de personas, a lo que se sumó en febrero una amnistía.

Finalizó en un cerro cercano a la prisión, desde donde los familiares han logrado comunicarse a gritos con los detenidos, en vista del escaso régimen de visitas de apenas 15 minutos a la semana a través de un vidrio.

En este punto, escucharon a varios de los presos gritar “libertad”.

El Gobierno venezolano afirmó este martes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) “carece de toda competencia para pronunciarse” sobre los asuntos internos del país, tras el llamado del organismo a las autoridades venezolanas para garantizar la transparencia en la elección del fiscal general y el defensor del pueblo.

A través de redes sociales, el canciller Yván Gil subrayó que Venezuela “no forma parte” de la OEA y calificó como “profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional”.

El ministro añadió: “Sorprende que el actual secretario general pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor, Luis Almagro. Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo”. Gil acompañó su mensaje con una captura de la publicación en X del líder de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, sobre la que escribió la palabra “desatinado”.

En la red social, Ramdin señaló que las autoridades de Venezuela “deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”.

En días recientes, 11 ONG venezolanas denunciaron la “ausencia de reglas claras y públicas” respecto al procedimiento y los criterios de evaluación, y advirtieron que no se ha publicado el reglamento, el cronograma ni el “baremo que será utilizado para evaluar las credenciales”.

El proceso comenzó tras la dimisión de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo y quienes ocupaban los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, hasta febrero pasado.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, informó el viernes que se recibieron 21 nuevas postulaciones: 18 para defensor del pueblo y 3 para fiscal general, luego de una prórroga de 48 horas concluida el jueves.

Entre los postulados para defensor del pueblo figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente se inscribió pero se retiró posteriormente de la contienda.

En total, la Defensoría del Pueblo registra 78 postulaciones, mientras que la Fiscalía General tiene 76 aspirantes.

El proceso ocurre en el contexto de la amnistía aprobada en febrero, que habilita, en principio, liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 hechos distribuidos en 13 años.

La Cámara Penal de Santa Fe decidió revocar la prisión preventiva del fiscal de la localidad de Vera, Leandro Benegas, acusado por abuso sexual.

Benegas, actualmente suspendido y bajo investigación, fue detenido a mediados de marzo tras ser imputado por hechos ocurridos durante su desempeño como funcionario municipal. La resolución judicial establece que deberá cumplir con restricciones no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país.

El caso se remonta a inicios de año, cuando una joven denunció que fue víctima de reiterados episodios de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, agravados por el uso de intimidación o coerción. Los hechos habrían ocurrido cuando Benegas era funcionario en la municipalidad de Vera, y la denunciante era la hija de un empleado que trabajaba a su cargo. La imputación fue sostenida por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes encabezan la investigación.

Según informó el portal del diario La Capital de Rosario, la decisión tomada por el camarista Fernando Gentile Barsano implica un cambio significativo en la situación procesal de Benegas. Si bien se mantiene la acusación en su contra, el juez consideró que la prisión preventiva no resultaba procedente y optó por imponer medidas alternativas para asegurar el avance del proceso penal sin afectar la garantía de defensa.

La prisión preventiva de Benegas, dictada el 13 de marzo tras una audiencia en los tribunales de Vera, respondía al pedido de la querella que representa a la víctima. En aquella oportunidad, la defensa del fiscal apeló la medida y, en segunda instancia, la Cámara Penal analizó la validez de la audiencia y la proporcionalidad de la cautelar impuesta.

El camarista Barsano declaró la invalidez parcial de la audiencia inicial, revocó la prisión preventiva y dispuso un conjunto de normas de conducta. Entre ellas, Benegas debe fijar domicilio, se le prohíbe tener contacto con víctimas y testigos y no podrá salir del país mientras se desarrolla el proceso judicial. Los fiscales a cargo de la investigación habían solicitado estas restricciones al considerar que son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado y evitar riesgos procesales.

Al momento de ser imputado, Benegas contaba con inmunidad judicial por su condición de fiscal, lo que impidió inicialmente la aplicación de la prisión preventiva solicitada por la querella. La medida cautelar solo fue dispuesta posteriormente, una vez que fue suspendido de sus funciones y luego de la correspondiente audiencia judicial.

La investigación quedó en manos de los fiscales Spelta, Escobar Cello y Broggi, quienes sostuvieron la acusación y solicitaron la adopción de medidas que aseguren el normal desarrollo del proceso. La causa sigue su curso en el fuero penal provincial, mientras se mantienen vigentes las restricciones impuestas al imputado.

La resolución de la Cámara Penal marca un punto de inflexión en el caso del fiscal Benegas. El tribunal consideró que, pese a la gravedad de los delitos imputados y la persistencia de la acusación, no se verifica en este momento un riesgo procesal que justifique la prisión preventiva. En consecuencia, optó por sustituir la privación de libertad por un sistema de control basado en normas de conducta y prohibiciones específicas.

La causa contra Benegas continúa bajo la supervisión de los fiscales y con intervención de la Cámara Penal, que seguirá monitoreando el cumplimiento de las medidas impuestas. El tribunal remarcó que el imputado debe abstenerse de cualquier contacto con las partes involucradas y mantenerse a disposición de la justicia en todo momento.

La decisión de revocar la prisión preventiva responde a criterios de legalidad y proporcionalidad, al tiempo que busca proteger los derechos de la víctima y garantizar el debido proceso. En este sentido, la Fiscalía consideró que las restricciones vigentes permiten controlar la situación procesal de Benegas y asegurar su participación en las próximas instancias judiciales.

La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras celebró una audiencia pública que podría modificar el curso del juicio político contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya, al revelar testimonios que apuntan a presuntas irregularidades y abusos de poder en el Ministerio Público.

Durante esta sesión, los miembros de la Comisión escucharon las declaraciones de siete testigos, cuyas acusaciones cubrieron desde presiones laborales y manipulación administrativa hasta presuntas represalias y justicia selectiva.

Raúl Amílcar Rivera Montoya fue el primero en comparecer. Expuso que durante las elecciones del 30 de noviembre se le responsabilizó injustamente por retrasos en la entrega de urnas, atribuidos a decisiones operativas fuera de su control.

Rivera Montoya argumentó que el propio Johel Zelaya le negó documentos necesarios para su defensa, restringiendo su capacidad de responder a estos señalamientos.

El fiscal auxiliar Fabricio Perdomo planteó que las faltas atribuidas a Zelaya desde el punto de vista laboral exceden casos individuales y podrían evidenciar una práctica estructural dentro de la entidad, según explicaron los legisladores de la Comisión citados por el medio fuente.

Esta audiencia pública, calificada como un “punto de inflexión” por su magnitud, no solo sacó a la luz denuncias puntuales, sino que además reveló preocupación sobre la independencia y transparencia en la administración de justicia en Honduras.

El caso del fiscal suspendido ha captado la atención política y mediática, dada la posibilidad de que afecte la legitimidad del sistema de persecución penal, indicó el mismo reporte.

Antonio Kattán, quien declaró virtualmente desde arresto domiciliario tras ser acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya, cuestionó la legalidad del proceso en su contra. Kattán manifestó que las acusaciones carecen de fundamento sólido y describió que este procedimiento judicial ha significado “un impacto devastador en su vida personal y familiar”.

El fiscal Fabricio Perdomo denunció durante la audiencia que el fiscal general suspendido cometió “faltas graves” a nivel laboral. Este testimonio apuntaló la hipótesis de un patrón de irregularidades que no se restringe a incidentes aislados, sino que estaría arraigado en la dinámica interna del Ministerio Público.

Dennis Emilio Hércules Rosa, con respecto a los procesos derivados de las elecciones primarias de 2025, denunció la existencia de justicia selectiva y el uso de procedimientos judiciales sin garantías suficientes. Según Hércules Rosa, las acusaciones que enfrentó carecían de pruebas válidas, mientras que otras personas, a su entender con mayor responsabilidad, no fueron investigadas.

Uno de los testimonios considerados más graves fue el de la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien expresó haber sido objeto de amenazas y represalias laborales.

Relató que fue apartada de su cargo cuando se negó a modificar un requerimiento fiscal sobre el exalcalde de Tocoa, Adán Funes. Paz Hernández recalcó que su actuación se fundamentó únicamente en criterios técnicos y legales, y que la presión ejercida afectó su autonomía profesional.

El fiscal Ricardo Adolfo Zavala señaló la existencia de prácticas administrativas consideradas abusivas, mencionando traslados y sanciones sin justificación aparente que, según su percepción, se utilizaban como mecanismos de presión sobre el personal. Zavala describió “un ambiente laboral marcado por la incertidumbre y la ausencia de garantías”, corroborando la vivencia relatada por otros testigos.

Según lo presentado en la audiencia, las afirmaciones de los siete comparecientes evidencian una institución en crisis, donde se registran posibles vulneraciones de derechos fundamentales y una administración señalada por su transparencia y legalidad. Estos planteamientos impulsan el debate sobre la necesidad de una revisión minuciosa de los procedimientos y los principios que rigen la labor en el Ministerio Público.

La Comisión Especial debe examinar el impacto y la veracidad de cada declaración para decidir si existen los argumentos suficientes para destituir definitivamente a Johel Zelaya. Esta resolución demandará considerar tanto el aspecto jurídico de las acusaciones como su relevancia institucional para el funcionamiento del sistema judicial.

Las siguientes jornadas determinarán el futuro del fiscal general suspendido y de la percepción pública de independencia y transparencia del Ministerio Público.

Desde el salón de retratos del Congreso Nacional, Zelaya sostuvo que la falta de objetividad de los diputados y la naturaleza política de la denuncia limitan sus posibilidades de defensa, marcando así un episodio de tensión institucional cuya consecuencia principal podría ser su remoción del cargo y la redefinición de la política judicial en Honduras.

En una de sus intervenciones más relevantes ante la comisión, el fiscal general suspendido destacó que la tramitación del caso conocido como “Chequesol” requirió siete meses de investigación, un dato que, según afirmó ante los diputados, demuestra el rigor y la complejidad de los procesos bajo su mando.

Esta duración se contrapone a otros expedientes resueltos en lapsos más breves, evidenciando la disparidad en los tiempos de resolución según las características de cada caso, como recordó en su respuesta ante los reclamos del diputado liberal Francis Cabrera.

En relación con la denuncia de una supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en las elecciones primarias, Zelaya explicó que su participación se limitó a la logística del traslado de materiales electorales, función que está asignada constitucionalmente a los militares. Remarcó que solo actuó bajo petición formal del entonces general Roosevelt Hernández y negó investigaciones al respecto.

Al ser cuestionado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, Zelaya admitió que su nombramiento fue realizado por una Comisión Permanente compuesta por nueve legisladores, aunque defendió que asumir el cargo fue una decisión política ante la coyuntura del momento.

Rivera Callejas, quien en su momento votó a favor de la designación, calificó luego este procedimiento como “ilegal y violatorio de la Constitución”, resaltando así la controversia que rodea tanto el acceso de Zelaya al puesto como las acciones derivadas de su gestión.

Zelaya subrayó durante la sesión que “no ha sido selectivo” en su actuar en el Ministerio Público y que se han presentado requerimientos fiscales relacionados con todos los partidos políticos, negando de manera tajante cualquier persecución política. Esta defensa incluyó el señalamiento de que nunca se le cruzó por la cabeza investigar directamente a miembros de la junta directiva legislativa ni a funcionarios que actualmente ocupan altos cargos ministeriales.

Otra polémica abordada fue la difusión de audios que involucrarían a tres ciudadanos en un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, hecho que, según el fiscal, puso a prueba tanto la capacidad investigativa de la institución como la cooperación internacional.

Zelaya especificó que la autenticación de estos archivos requiere asistencia técnica de Estados Unidos, Colombia y Perú, y defendió su accionar explicando que se trata de una “notitia criminis”, una denuncia anónima que no obliga inicialmente a preservar la cadena de custodia. Reiteró: “Imagínese si hubiese sido verdad, si se hubiese consumado, para matarlo a uno cualquiera lo mata, no se necesita un traje, solo se necesita un arma de fuego, se imagina que en ese momento se hubiese consumado la muerte de un expresidente se para las elecciones”.

En respuesta al diputado Alex Berrios, Zelaya admitió que recibió los audios de parte del consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, y que en su momento, un perito del Ministerio Público los examinó, aunque no estaba juramentado, por lo que posteriormente se solicitó asistencia internacional para autenticar el material.

La comisión legislativa cuestionó a Zelaya por supuestas irregularidades en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), incluidos allanamientos a instalaciones y la intervención de materiales sensibles.

El fiscal negó haber ordenado acciones que pudieran poner en riesgo el proceso electoral, aunque admitió presiones para involucrar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC) en operaciones dentro de las bodegas del CNE y el centro de logística electoral conocido como Infop.

Declaró haber cambiado su número telefónico ante estas presiones y sostuvo que su intención nunca fue interferir en el desarrollo electoral, una afirmación sustentada en la documentación presentada posteriormente.

Respecto al asesinato del ambientalista Juan López, uno de los casos de alto perfil aún pendientes, Zelaya adelantó que en abril se presentarán requerimientos fiscales, marcando un avance concreto en la investigación y resaltando la permanencia de investigaciones abiertas bajo su supervisión.

En el caso de la detención de tres generales retirados por la muerte del joven Isis Obed Murillo, Zelaya manifestó que la imputación se basa en la ausencia de un arma identificada y se dirige a las autoridades de la cadena de mando militar, según corresponde a la ley penal militar y como fue relatado en la sesión de la comisión.

Asimismo, el trato dado a la Unidad Fiscal Especial de Redes contra la Corrupción (Uferco) fue tema de escrutinio, resaltándose que solo se han presentado tres requerimientos fiscales en dos años y medio, una cifra que, según Zelaya, obliga a una depuración inmediata de líneas de investigación consideradas innecesarias.

La aparente disparidad en la agilidad de los procesos judiciales fue objeto de críticas reiteradas. El diputado liberal Francis Cabrera preguntó a Zelaya por qué el requerimiento fiscal relativo al caso de tres adultos mayores acusados de terrorismo se oficializó en diez días, mientras que el caso “Chequesol”, que involucra a Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, demoró siete meses.

Zelaya argumentó que los procedimientos responden a diferencias sustanciales en la complejidad jurídica y la naturaleza de las pruebas, incluyendo el hecho de que algunos informes, como el del Tribunal Superior de Cuentas, no son vinculantes jurídicamente y otros expedientes se abren en respuesta a noticias criminis.

En respuesta a las críticas de la diputada Luz Ernestina Mejía sobre la excesiva rotación y traslado de fiscales, Zelaya defendió que la legislación le confiere esa atribución y comparó el trabajo de estos funcionarios con el de los militares, dado que pueden ser movilizados en cualquier momento según las necesidades del Ministerio Público.

La comparecencia de Johel Zelaya ante la comisión legislativa ocurre en un contexto de máxima tensión entre poderes, en un proceso donde el resultado puede redefinir la orientación política e institucional del Ministerio Público y la fiscalización del sistema electoral en Honduras.

El escenario político hondureño se vio sacudido por los intercambios entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal suspendido Johel Zelaya, durante el interrogatorio realizado en el Congreso Nacional, en el que se abordó la utilización de audios privados en investigaciones y la disparidad en la aplicación del criterio de cadena de mando.

Mientras el interrogatorio de Cálix insistía en la justificación de las diferencias en la cadena de mando empleada por el Ministerio Público, otro aspecto cobró relevancia al cierre de la audiencia: el fiscal suspendido reclamó al legislador que proponga reformas al Congreso Nacional para agilizar los procesos en los organismos electorales.

Zelaya subrayó en su intervención final: “Jamás vamos a encontrar a gente con poder político como ustedes en cárceles como La Tolva”, un dardo directo a los diputados, a quienes invitó a constatar en persona la situación de los recintos penitenciarios. En las últimas horas, el Congreso Nacional agendó la comparecencia de Zelaya ante el pleno para la sesión prevista el miércoles 25 de marzo de 2026.

La atención se centró en los métodos con los que la fiscalía ha abordado diversas denuncias, especialmente en casos donde figuras políticas de alto rango podrían estar implicadas, lo que adelanta posibles consecuencias para el Partido Liberal, según los dichos del propio Zelaya, citados por el Congreso Nacional en la sesión.

El debate incluyó reiteradas dudas sobre la autenticidad de los audios que involucran a una consejera del CNE y figuras de alto perfil. El diputado Kilvett Bertrand indagó sobre el método de identificación de las voces, incluyendo la imputación a un militar en activo de las Fuerzas Armadas. Zelaya afirmó que se basó en la información proporcionada por el consejero Marlon Ochoa y descartó cuestionar la veracidad de esas fuentes.

Frente a la presión parlamentaria, Zelaya insistió: “Como Fiscal General estoy muy bien informado”, defendiendo la autenticidad de los materiales y desmintiendo el uso de inteligencia artificial en el análisis de los audios. Solicitó un plazo de 15 días para facilitar el desbloqueo de los archivos y permitir su verificación por parte del Legislativo

En un bloque específico, el fiscal justificó que en uno de los audios examinados sí se aprecia la entrega de dinero, “y en el otro no”, remarcando así la diferencia procesal aplicada en cada expediente. Cuando fue consultado sobre la actuación del Ministerio Público respecto a los videos que involucran a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda, indicó que Jorge Cálix contaba con información de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y que el video de Carlos Zelaya data de 2013, año en que el delito de conspiración aún no figuraba en el Código Penal hondureño.

El suspendido fiscal general de la República, Johel Zelaya, denunció en una entrevista con Radio América haber recibido amenazas de muerte por parte de la Mara MS-13, e indicó que recurrirá a instancias internacionales para garantizar sus derechos procesales tras afirmar que su defensa ante el Congreso Nacional ha quedado limitada por el plazo otorgado.

El funcionario fue citado este martes para comparecer en el marco del juicio político, bajo condiciones que, sostiene, vulneran el debido proceso.

Zelaya relató que recibió la propuesta de un alto funcionario del actual Gobierno para renunciar a su cargo antes de enfrentar el juicio político, según detalló.

Subrayó que el pleno del Congreso Nacional solo le concedió 16 horas para presentar su defensa, un plazo que calificó como “inaudito” y precisó que, tras su suspensión, no puede requerir información al Ministerio Público, lo que le impide reunir la documentación necesaria en ese periodo.

El fiscal enfatizó que la ley le otorga treinta días para defenderse y que el tiempo actual contrasta con esa disposición

“Me ha llegado información de amenazas de la MS contra mi persona, para atentar contra mi vida”, manifestó Zelaya en la entrevista. Explicó que estas amenazas comenzaron hace unos quince días y reiteró su preocupación: “Quiero dejarlo claro, hay amenazas de la MS contra mi persona.”

El procedimiento de juicio político consta de dos etapas: una fase investigativa, cuya duración será determinada por el pleno del Congreso Nacional y una fase de discusión y votación que puede prolongarse hasta cinco días desde la presentación del informe por parte de la Comisión Especial, Zelaya sostuvo que ser citado este martes con plazos tan cortos afecta de manera directa su derecho a la defensa.

Frente a señalamientos que lo vinculan con el Partido Libertad y Refundación (Libre), aclaró que bajo su gestión al frente del Ministerio Público se presentaron requerimientos fiscales contra personas de todos los partidos políticos. Defendió que su trabajo estuvo sometido a “varias presiones”, pero afirmó retirarse “con la frente en alto”.

Al ser consultado sobre el llamado “narcovideo” en el que aparece Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, el fiscal explicó que esos videos llevan doce años siendo públicos y que no muestran “ningún tipo de transacción”, por lo que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para presentar requerimientos judiciales en este caso.

Zelaya también anticipó acciones ante instancias internacionales, afirmando: “Voy a acudir a instancias internacionales para que se respeten los debidos procesos.” Insistió en que el juicio político en su contra responde a intereses políticos y expresó: “Hoy me voy con la frente en alto.”

El fiscal suspendido afirmó que su separación obedece a un "acto meramente político" y negó estar vinculado a corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos. Declaró que antes del proceso se le propuso renunciar o enfrentar juicio político, propuesta que rechazó al sostener que no incurrió en irregularidades

Desde su perspectiva, la medida abre un riesgo para el país al activar un precedente institucional de alcance incierto. “Se ha abierto una puerta muy peligrosa”, advirtió el funcionario, e instó a cuestionar los efectos de la decisión más allá de intereses partidarios.

El impacto de la situación, según Zelaya, ha afectado a su círculo más cercano., responsabilizó al Estado por cualquier eventualidad sobre su persona y lanzó una advertencia: “Si a mí me llega a pasar algo, van a haber problemas en este país”, pronosticó, agregando que sectores que le respaldan no permanecerán pasiv

Al cierre, informó sobre previsiones de nuevos juicios políticos que incluirían advertencias similares contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. Consultado sobre su salida del Ministerio Público, afirmó: “Me voy con los mismos amigos que siempre tuve.”

Un informe pericial presentado a última hora por la defensa de Makoke originó el reciente aplazamiento del proceso judicial que mantiene enfrentados a la figura televisiva Kiko Matamoros y su expareja en la Audiencia Provincial de Madrid, según informó el medio. Ambos están acusados de ocultar bienes a la Agencia Tributaria para eludir el pago de una deuda que supera el millón de euros, situación que podría conllevar penas de prisión y cuantiosas indemnizaciones si se confirman los hechos.

Tal como detalló la fuente, el juicio se suspendió tras la entrega de la nueva documentación que, describen las partes, resultó ser un documento voluminoso aportado por la defensa de la modelo. Esta presentación propició que el fiscal del caso solicitara tiempo adicional al juez, con el objetivo de revisar minuciosamente el informe antes de continuar con el procedimiento. Tras la decisión del tribunal, la vista oral quedó pospuesta para el 17 de abril.

Según consignó el medio, Makoke, a la salida del juzgado, manifestó desconocer que la audiencia iba a ser suspendida. Por su parte, Kiko Matamoros mostró su desacuerdo con esa afirmación y sugirió que la presentación del informe podría ser una maniobra para demorar el desarrollo del caso, dado el escaso margen de antelación con el que se entregó el documento.

El proceso se centra en una supuesta ocultación de activos para evitar el pago de una deuda fiscal. De acuerdo con la información publicada, Matamoros enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión, mientras que para Makoke la petición se sitúa en cuatro años. Adicionalmente, ambos deben hacer frente a la reclamación de indemnizaciones de 636.697 euros en el caso de Matamoros y 471.900 euros en el de su exmujer.

El colaborador televisivo negó tener conocimiento previo del aplazamiento y afirmó ante los medios que lamenta la suspensión, dado su interés en poner fin al conflicto judicial. Aseguró sentirse tranquilo y expresó su deseo de que prevalezcan la verdad y el cumplimiento de la ley. En sus declaraciones, reseñadas por el medio, Matamoros subrayó que ya ha cubierto la deuda principal exigida por Hacienda y que su pendiente actual tiene que ver con intereses y sanciones.

Acerca de la gestión de las propiedades compartidas, Matamoros declaró que en su momento propuso la venta de uno de los dos inmuebles que tenía en común con Makoke para saldar la deuda con el fisco. Afirmó haber realizado esa sugerencia públicamente y en varias ocasiones, pero indicó que no fue aceptada, lo cual, según su criterio, podría haber evitado la actual situación judicial.

Según publicó la fuente, Matamoros insistió en que sus abogados solicitarán la absolución, sosteniendo su inocencia y apoyándose en que, a su juicio, la documentación y el seguimiento de los fondos permiten esclarecer las responsabilidades individuales. En referencia al papel de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, apuntó que ambas instituciones han trazado de forma precisa la ruta del dinero y su destino, por lo que considera que los hechos se encuentran debidamente acreditados.

En cuanto a la relación personal entre los implicados, el colaborador televisivo se abstuvo de dar detalles sobre el reencuentro en la sala ni de entrar en valoraciones personales respecto a su expareja. Igualmente, negó que se haya realizado intento alguno de llegar a un acuerdo sobre el conflicto inmobiliario o fiscal de las propiedades, enfatizando que su postura siempre ha sido clara respecto a la venta de los bienes compartidos como forma de resolver la deuda.

La siguiente cita, recogida por el medio, resume la postura de Matamoros: “La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. Con estas palabras, el acusado remarcó tanto su confianza en el proceso judicial como su intención de atender las obligaciones fiscales que restan.

El juicio, que involucra a dos personajes públicos por un presunto delito de ocultamiento patrimonial ante la administración tributaria, permanecerá paralizado hasta que el juez y el fiscal examinen la documentación recientemente presentada por la defensa de Makoke, tal como recoge la información facilitada por el medio. Las próximas fechas serán fundamentales para determinar la evolución del caso y la posible responsabilidad penal y económica de los implicados.

La defensa del fiscal Leandro Benegas solicitó la nulidad de la resolución judicial que dispuso su prisión preventiva en la ciudad santafecina de Vera. La medida fue presentada por el abogado Juan Sebastián Oroño, quien apeló la decisión adoptada tras la imputación de su defendido en una causa por presunto abuso sexual.

El caso será revisado por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, que deberá definir si corresponde mantener la detención o disponer la libertad del funcionario judicial quien además fue suspendido del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con lo indicado por el medio local CFIN Noticias, el planteo de Oroño sostuvo que se vulneraron garantías constitucionales y que no se permitió un adecuado acceso al expediente antes de la audiencia, lo que habría generado “una situación de desigualdad procesal”.

La detención del funcionario público se produjo luego de que la Legislatura provincial resolviera suspenderlo preventivamente y retirarle los fueros. La jueza Claudia Bressán ordenó el arresto tras la suspensión, una medida que fue adoptada luego de la intervención inicial de la magistrada Norma Senn, quien tramitó la imputación en primera instancia pero que fue apartada por supuestas irregularidades vinculadas a su imparcialidad y al debido proceso, según expuso el propio acusado en declaraciones públicas.

En su presentación, la defensa de Benegas argumentó que la prisión preventiva fue dispuesta sin haber sido solicitada inicialmente y cuestionó que durante la audiencia se habilitara un nuevo debate sobre cuestiones no previstas, lo que —afirmó— afectó el debido proceso.

El fiscal adjunto del MPA enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y promoción de corrupción de menores en perjuicio de la hija de un subordinado, hechos que habrían ocurrido entre 2008 y 2009, cuando Benegas era funcionario municipal en Vera.

La acusación formal contra él fue presentada el 23 de febrero pasado por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi. Automáticamente, la magistrada Senn solicitó el tratamiento del caso por parte de la Legislatura y, tras la pérdida de inmunidad de arresto, Bressán ordenó la detención que se concretó en el domicilio del acusado.

Esto provocó que, por razones de seguridad y salud, Benegas fuera alojado inicialmente en el Hospital de Vera y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores en Santa Fe. Durante la audiencia, los familiares y allegados del imputado se manifestaron ante los tribunales para reclamar su libertad y cuestionaron la validez de la denuncia, señalando además que el ahora acusado padece cáncer renal y criticaron el traslado sin alta médica.

Antes de su detención, Benegas negó la veracidad de los hechos atribuidos y sostuvo ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio vinculada a su actividad judicial. Argumentó que como fiscal impulsó procesos que derivaron en condenas por delitos contra la integridad sexual, incluyendo una sentencia contra Luis Guzmán, el hermano de la persona que realizó la denuncia. Este último fue condenado a once años y diez meses de prisión por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.

Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual y responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto “armado” de la causa penal en su contra. “Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos”, reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.

También mencionó desacuerdos previos con el abogado de la denunciante, quien había intervenido en otras causas judiciales de relevancia en la zona, y vinculó la acusación a una supuesta animosidad personal.

En los próximos días la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, a cargo del juez Fernando Gentile Bersano, deberá resolver el recurso presentado por la defensa y expedirse al respecto.

Durante la audiencia en los tribunales competentes, la consejera del Consejo Nacional Electoral ratificó su posición: “No hay conciliación, ambas partes expresamos que no vamos a conciliación, así que vamos a juicio oral y público a defender la verdad y nuestro derecho al buen nombre”.

López señaló ante la prensa que las conversaciones atribuidas a su persona, que la habrían involucrado en presuntas acciones indebidas en el proceso electoral, nunca existieron, y aseguró que la difusión de esos materiales originó “el enorme daño reputacional que se pretendió hacer desde la institucionalidad no solo a mi persona, sino al proceso electoral democrático hondureño”.

El expediente, que seguirá su curso en la vía judicial, se origina en un hecho ocurrido antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El entonces consejero electoral Marlon Ochoa presentó una memoria USB con presuntos audios. Estas grabaciones implicaban supuestamente a Cossette López y a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, en una planificación de fraude electoral. Desde el inicio, López negó la veracidad de los archivos, calificándolos como material falso y subrayando: “no participé en conversación alguna”.

En una cadena nacional, el fiscal general Johel Zelaya difundió los audios, presentándolos como parte de una investigación desde su despacho. Tras ello, Cossette López interpuso una querella formal, argumentando que la presentación y divulgación de esas supuestas pruebas, que sostiene nunca existieron, lesionó su imagen y la credibilidad del Consejo Nacional Electoral.

López reiteró que: “Esas conversaciones no existieron nunca y sobre todo el enorme daño reputacional que se pretendió hacer desde la institucionalidad…”

Al cierre de la audiencia, Zelaya informó a la prensa la continuación del caso en los tribunales: “Vamos a juicio oral y público”. El fiscal evitó dar más detalles a los periodistas y resaltó: “Yo todo lo que voy a manifestar lo voy a manifestar ante el juez”.

Afirmó que el Ministerio Público aportará todas las pruebas necesarias para sustentar su proceder. “Nosotros vamos a traer todas las pruebas que sean necesarias para mostrarle al juez la verdad”, subrayó. Agregó que no le inquieta la situación judicial actual: “A mí no me preocupa este proceso, a mí lo que realmente me preocupa es seguir luchando porque haya justicia en este país”.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que se trata de un trámite habitual dentro del sistema judicial hondureño y reiteró su compromiso con el trabajo diario.

“Fui electo para dejar el cargo el 28 de febrero de 2029. Aquí seguimos a diario trabajando, indistintamente del ruido político que se escuche”, señaló.

El proceso judicial permitirá que ambas partes —la consejera López y el fiscal Zelaya— presenten ante el juzgado sus argumentos, pruebas y testimonios. El tribunal evaluará la legalidad de las actuaciones, la divulgación y la autenticidad de los audios. La decisión final dependerá de la solidez de las pruebas y el análisis del daño ocasionado a la persona y a la institución.

El conflicto, el contexto preelectoral y la participación de altos funcionarios han suscitado atención pública y el análisis de distintos sectores. Muchos consideran que la resolución de este juicio podría tener impacto en la credibilidad inmediata tanto del Ministerio Público como del Consejo Nacional Electoral, en una etapa en la que la confianza en las instituciones democráticas resulta crucial para la estabilidad nacional.

Luego de que fuera imputado por delitos de índole sexual, la Legislatura de Santa Fe resolvió por unanimidad suspender de sus funciones al fiscal Leandro Benegas de la Región 5, con asiento en la ciudad de Reconquista. La votación fue unánime entre diputados y senadores, quienes también resolvieron aplicar una serie de sanciones al funcionario.

Según fundamentaron en el dictamen de la Comisión de Acuerdos, consideraron que mantener a Benegas como fiscal adjunto representa un riesgo para la investigación en curso. Por este motivo, mientras perdure el período de instrucción, se dispuso una reducción del 50% de su salario y la prohibición expresa de ingreso a todas las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El 23 de febrero de 2026, la acusación formal contra el funcionario de la Región 5 fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, ante la jueza Norma Senn, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Vera.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, en esa audiencia, se expuso la gravedad de los cargos, que incluyen abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción, todos ellos en perjuicio de una menor de edad.

Tal como reconstruyeron los fiscales a cargo de la investigación, los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas entre 2008 y 2009, cuando la víctima era adolescente. Para ese entonces, Benegas ocupaba funciones como funcionario municipal de Vera, y se desempeñaba como supervisor directo del padre de la denunciante.

A raíz de los elementos presentados, la jueza Senn dispuso la prisión preventiva para el acusado, aunque esta no se hizo efectiva luego de que la magistrada consideró aplicable la inmunidad de arresto a favor del funcionario. Esta decisión tomó por sorpresa incluso al propio acusado, quien expresó su desacuerdo con la interpretación de la ley en su caso particular.

Según recogió Reconquista Hoy, el defensor Néstor Oroño representó a Benegas, mientras que el abogado Dionisio Ayala actuó como querellante a favor de la denunciante. Bajo el punto de vista del imputado, consideró que Ayala fue “inescrupuloso” y cuestionó su conducta profesional dentro del mismo proceso.

De la misma manera, el fiscal de la Región 5 negó categóricamente la veracidad de las acusaciones y afirmó ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio derivada de su actividad judicial. En línea con esto, recordó que, como fiscal, impulsó el proceso que llevó a la condena a once años y diez meses de prisión de Luis Guzmán por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.

Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual, tras apuntar que Guzmán es hermano de la persona que posteriormente lo denunció por abuso sexual. Al mismo tiempo, responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto “armado” de la causa penal en su contra.

Incluso, recordó un desacuerdo que había tenido con el abogado, ya que en el pasado obtuvo una condena contra el policía Rolando Senn en un juicio oral celebrado en enero de 2025 en los tribunales de Vera, tras apelar una probation que Ayala había conseguido en primera instancia para su cliente. Así, consideró que la acusación estaría marcada por un patrón de animosidad vinculado a su desempeño profesional en causas judiciales previas.

Además de calificar nuevamente a Ayala como “denunciador serial”, sostuvo que la denunciante llegó a “amenazarlo con denunciarlo” después de la condena de su hermano, enlazando los hechos imputados a una animadversión personal. “Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos”, reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.

El ex candidato presidencial Enrique Márquez solicitó al Parlamento de Venezuela que respete las leyes y elija por consenso, sin “cuotas partidistas”, al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo. Esta petición surge tras la renuncia de los titulares de ambas instituciones y la posterior designación de dos interinos vinculados al chavismo.

Márquez expresó: “Que no se omita ninguna fase establecida en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando que la elección nazca del consenso social y la excelencia profesional”. La comunicación fue difundida en redes sociales y entregada, según Márquez, ante el Parlamento de mayoría chavista.

El artículo mencionado señala que el Consejo Moral Republicano —integrado por la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría— debe contar con representantes de “diversos sectores de la sociedad”.

Márquez añadió: “La legitimidad de origen de estos cargos será el cimiento de la paz social. Un fiscal y un defensor del pueblo nombrados bajo el rigor del derecho y el escrutinio público serán la señal más clara de que Venezuela ha regresado definitivamente a la senda del Estado de derecho”.

Márquez fue uno de los primeros presos políticos liberados después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

El opositor, detenido en enero de 2025 por sus críticas a la reelección de Maduro en julio de 2024, también pidió a la Asamblea Nacional evitar “atajos legales” o “interpretaciones restrictivas que empañen la confianza ciudadana”.

Recalcó que el país tiene la oportunidad de actuar de manera diferente y no “continuar con prácticas del pasado —donde las instituciones eran apéndices del Ejecutivo—” ya que, según sus palabras, solo profundizarían “la crisis que hoy buscamos superar”.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos identificados con el Gobierno, renunciaron a sus cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, en el contexto de un proceso de amnistía para casos de presos políticos relacionados con 13 hechos ocurridos entre 1999 y 2026, aprobado seis días antes.

Tras las renuncias, Saab fue nombrado defensor del pueblo de manera temporal, y el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.

La Asamblea Nacional abrió el 2 de marzo un período de postulaciones, extendido hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

Entre los requisitos para los aspirantes se incluyen ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad y presentar una declaración de no militancia política-partidista, además de otros documentos.

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum saliera a defender públicamente la reestructuración interna de la Fiscalía General de la República (FGR), la titular Ernestina Godoy Ramos formalizó el proceso con el nombramiento de 11 nuevos fiscales federales en distintos estados del país, según el Comunicado FGR 117/26 emitido el 2 de marzo de 2026.

Respaldo desde la Presidencia

Sheinbaum había subrayado desde la conferencia mañanera que la intención de Godoy no es interferir en las fiscalías estatales, sino fortalecer la representación federal en los territorios. “Lo que está haciendo Ernestina es fortalecer las delegaciones, la representación de la FGR en los estados”, sostuvo la mandataria, quien también anticipó que la propia fiscal presentaría en los próximos días su plan de trabajo.

Una reestructuración histórica con rostro de mujer

El comunicado oficial confirma que seis de los once nombramientos recaen en mujeres, todas con amplia trayectoria dentro de la propia institución como ministerios públicas y asesoras jurídicas. Entre las designadas destacan Laura Gabriela Chang Marroquín para Ciudad de México, quien desde 2022 encabezaba la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos; y Margarita Galván Rodríguez para Campeche, con más de cuatro años como fiscal en Guanajuato.

Los estados que reciben nuevos titulares son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, entidades que ya figuraban entre las más mencionadas cuando trascendió la salida de al menos 15 delegados estatales a finales de febrero.

El diagnóstico detrás del cambio

La presidenta Sheinbaum explicó que la reestructuración responde a un diagnóstico concreto: hay entidades donde la capacidad instalada de la FGR es insuficiente. “Hay fiscalías estatales que tienen apenas 20 ministerios públicos, o una sola sede en la capital del estado”, señaló. Bajo esa lectura, el relevo no se plantea como una purga, sino como una apuesta por mayor presencia territorial y coordinación con las autoridades locales de seguridad y procuración de justicia.

Godoy Ramos, al reunirse con los recién designados —todos adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR)— reconoció su trayectoria y subrayó que su función representa “una responsabilidad elevada” que deberá enfrentarse “con integridad, profesionalismo y firme compromiso”. La fiscal también enfatizó la importancia de articular mejor la coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad.

Con este movimiento, la FGR da el primer paso formal de lo que podría convertirse en la mayor revisión interna del organismo en años recientes, aunque la presidenta dejó claro que los procesos de revisión de personal seguirán siendo competencia exclusiva de la Fiscalía.

En una sala de audiencias porteña, un hombre de 49 años es juzagado por la muerte de una adolescente de 17 años, que murió por una sobredosis de cocaína en su domicilio. La Fiscalía pidió una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

La solicitud estuvo a cargo de María Luz Castany, quien señaló a Christian Mauricio Gilardenghi, como responsable de la muerte de la menor. Todo sucedió en el domicilio del imputado, en el barrio de Villa Ortúzar, en noviembre de 2021.

Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional describió una vinculación marcada por la desigualdad y la asimetría. Según la fiscal, Gilardenghi mantenía contacto con la víctima desde que ella tenía 16 años, en el marco de la venta de marihuana. El vínculo se profundizó con el tiempo, hasta derivar en episodios de consumo de cocaína en el domicilio del acusado.

La investigación estableció que el 16 de noviembre de 2021, la adolescente dejó a una niña a la que cuidaba, saludó a su pareja desde la distancia y abordó un colectivo de la línea 111 para dirigirse a la vivienda de Gilardenghi, ubicada en Mariano Acha al 1000. A las 20:13, cámaras de seguridad registraron su llegada. Poco después de las 20:46, el imputado realizó una llamada al 911 para alertar que una amiga estaba convulsionando. Diez minutos después, volvió a comunicarse para solicitar una ambulancia.

El rápido arribo de personal médico del Hospital Tornú, a tres cuadras del lugar, permitió realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la joven falleció a las 21:15.

La autopsia confirmó congestión, edema pulmonar y meningoencefálico como causa de muerte, todos provocados por una sobredosis de cocaína.

Según la exposición de la fiscal, los registros médicos descartaron problemas cardíacos o enfermedades previas que pudieran explicar el desenlace. El informe forense determinó la presencia de metabolitos no activos en sangre y orina, un indicio de consumo anterior, aunque sin efectos biológicos relevantes al momento del episodio fatal. Este dato fue enfatizado por Castany para descartar otras hipótesis.

Durante el juicio, según informó el sitio web de los fiscales, Castany sostuvo que Gilardenghi no solo proveía marihuana a la víctima, sino que además le regalaba cocaína desde meses antes, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la joven.

La funcionaria pública agregó también que, de acuerdo con los mensajes intercambiados entre ambos, el imputado ofreció en reiteradas ocasiones estupefacientes y dinero a cambio de favores sexuales, ofertas que la adolescente rechazó. La relación se caracterizaba por una marcada diferencia de edad y por la confianza que Gilardenghi había logrado establecer con la familia de la víctima, dado su pasado como pareja de una amiga de la madre de la joven.

En la audiencia, la fiscal reconstruyó los minutos previos al desenlace fatal. La adolescente pasó la tarde en espacios públicos y conversó con varias personas, incluida su madre, sin que nadie notara signos de consumo. La fiscal citó la declaración de una médica que participó en el juicio, quien explicó que, tras la inhalación de cocaína, los efectos alcanzan su punto máximo en aproximadamente 30 minutos, un lapso coincidente con el tiempo que la joven permaneció en el departamento del imputado. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de la sustancia en el hisopado nasal realizado a la víctima tras su fallecimiento.

El expediente judicial incorpora mensajes donde Gilardenghi le promete a la joven que, si acudía a su casa, le “iba a regalar cositas” y que “tomamos algo y ya”. La fiscal interpretó que en ese contexto “tomar algo” hacía referencia al consumo de cocaína, ya que los análisis descartaron la presencia de alcohol y los encuentros previos siempre giraban en torno a la provisión de drogas.

La fiscal Castany destacó como agravantes la diferencia de edad, el aprovechamiento de la inmadurez de la adolescente, la relación de confianza con la madre de la víctima y el accionar del imputado tras el fallecimiento.

Según el expediente, Gilardenghi descartó la cocaína que había en la vivienda, mintió a la policía sobre la edad de la joven, se deshizo del teléfono celular y desvió a la madre para que acudiera al hospital y no a su domicilio.

El celular del imputado nunca fue incautado. La Fiscalía indicó que, tras el deceso, Gilardenghi aseguró no tenerlo consigo, pese a que las llamadas al 911 y a la madre de la joven fueron efectuadas desde ese aparato. Estos elementos también formaron parte del pedido de condena por parte de la fiscalía.

En el tramo final de su alegato, Castany recordó que el imputado fue condenado previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 por lesiones y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. Solicitó que la pena por homicidio culposo y suministro de estupefacientes agravado por tratarse de una menor de edad sea de cumplimiento efectivo.

La causa sigue su curso y el debate oral continuará el próximo 4 de marzo, fecha en la que la defensa presentará sus argumentos ante el juez Pablo Vega, quien integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

La Legislatura local de Aguascalientes decidió ampliar el mandato del fiscal general estatal, extendiendo el periodo de Manuel Alonso García de siete a nueve años al frente de la Fiscalía General del Estado.

Esta resolución, avalada por 19 legisladores de PAN, PRI, PRD y PVEM, implica que el funcionario, designado en febrero de 2025, podría permanecer en el puesto hasta el año 2034.

El cambio se produce en medio de debates respecto a la autonomía de la fiscalía y la comparación con reformas similares implementadas en otras entidades del país.

Durante la discusión legislativa, el bloque de Morena, integrado por siete diputados, votó en contra de la reforma. Daniela López, de Movimiento Ciudadano, optó por la abstención.

La sesión extraordinaria dejó en evidencia diferencias de criterios sobre la pertinencia de esta extensión y las implicaciones que representa para el equilibrio de poderes en la entidad.

Morena criticó que fiscal apenas tiene menos de un año en el cargo

Desde la tribuna, el líder de la bancada de Morena, Fernando Alférez Barbosa, manifestó su desacuerdo al catalogar la iniciativa como improcedente, al considerar que el fiscal apenas se prepara para rendir su primer informe anual de labores.

En sus palabras, expresó: “Manuel Alonso no necesita esta actitud de prolongar su periodo y nueve años son muchos cuando se rebasan dos mandatos constitucionales. Es un acto de sospechosismo”.

En contraste, Emanuelle Sánchez Nájera, legislador del PRD, defendió la medida al recalcar que la ampliación de periodos para fiscales estatales ya ha sido aprobada en diez estados, muchos de ellos gobernados por Morena.

Respondió a las críticas al cuestionar la solidez de los argumentos en contra: “Con qué calidad vienen a decir que esto está hecho a modo. La Fiscalía de la República también va a durar más que la Presidenta y si no saben de matemáticas, así es difícil dialogar”.

La decisión también contó con la intervención de Maximiliano Ramírez, legislador del PAN, quien defendió la reforma ocupando a la vez la presidencia de la mesa directiva, sin delegar su función antes de participar en el debate.

Ampliación, no lo considera un premio

Posterior a la votación, Manuel Alonso García fue abordado respecto al beneficio que representaba esta extensión de mandato.

El fiscal rechazó considerarlo como un premio personal y manifestó: “Yo creo que es una gran responsabilidad precisamente que el Congreso tenga la confianza en el trabajo que se ha venido haciendo en la fiscalía, pero más otra cosa el espíritu de los legisladores en homologar a 9 años como la Federación con la Fiscalía General de la República”.

En una segunda declaración, Alonso García apuntó: “El poder precisamente consolidar proyectos a cargo de una administración, de una procuración de justicia que son temas sumamente importantes para que haya seguridad y justicia en un estado como se ha venido trabajando en Aguascalientes”.

Perspectiva política y contexto nacional

La polémica por la extensión del periodo del fiscal adquiere mayor relevancia en el contexto de otras diez entidades donde procesos similares han sido avalados, la mayoría bajo gobiernos de Morena, como destacó Emanuelle Sánchez Nájera.

La reforma habilita al titular de la fiscalía de Aguascalientes a ejercer funciones bajo una temporalidad equiparable a la del fiscal general federal, quien también puede superar en permanencia a la presidencia de la República.

El debate, atravesado por cuestionamientos sobre la oportunidad, la proporcionalidad y el paralelismo con el modelo federal, deja abiertas dudas sobre el impacto institucional a mediano plazo y las garantías de independencia en la procuración de justicia local.

El Congreso Nacional de Honduras recibió un proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que declara el Estado de Emergencia Fiscal y Financiera en las finanzas públicas por un periodo máximo de 24 meses, con el objetivo de contener el creciente deterioro de las cuentas estatales y el riesgo para la provisión de servicios esenciales.

La normativa deja claro que esta declaración de emergencia no supone la suspensión de derechos fundamentales ni modificaciones al orden constitucional. El enfoque se restringe exclusivamente al ámbito fiscal y financiero, bajo estrictos límites temporales y sujeta a mecanismos de control, con responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de abuso o incumplimiento.

En los últimos cinco años, los embargos al Estado acumulan cerca de 10.000 millones de lempiras, según cifras oficiales, lo que se traduce en un promedio anual de 2.000 millones. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que solo en los últimos 15 días, el impacto de las demandas judiciales ya supera los 3.000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República. Hernández Hércules reconoció que se trata de un desafío de larga data pero alertó sobre su reciente agravamiento.

En el marco de la ley propuesta, se redefine la forma de ejecutar los embargos judiciales relacionados con deudas estatales: los pagos dejarán de aplicarse a la Caja Única del Estado y pasarán a ser gestionados por la Tesorería General de la República, que establecerá nuevas programaciones para su cumplimiento.

La legislación faculta al Poder Ejecutivo a emprender una reducción o reorganización de entidades públicas, actualmente más de cien, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y la sobrecarga laboral. Esta facultad se extiende tanto a la administración centralizada como desconcentrada y descentralizada.

El proyecto también otorga a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) la potestad para reestructurar o renegociar la deuda pública, tanto interna como externa, buscando honrar los compromisos de la hacienda pública. Paralelamente, la SEFIN podrá realizar movimientos presupuestarios entre gastos corrientes y de capital, girados a mejorar la posición financiera del Estado y garantizar “la sostenibilidad fiscal, sin afectar el pago del servicio de la deuda, salarios ni la operatividad básica de las instituciones”.

El proyecto ordena la elaboración de un diagnóstico integral de todos los actos administrativos, contratos y decisiones emitidos previo a la entrada en vigor de la ley, especialmente aquellos con impacto adverso en las finanzas públicas y posibles irregularidades. Los expedientes documentados deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las acciones correspondientes en derecho.

La normativa promueve auditorías preventivas, simultáneas y posteriores en coordinación con el TSC, reforzando la fiscalización y la prevención de riesgos financieros durante el periodo de vigencia de la emergencia.

La fundamentación del proyecto descansa en los artículos 245 numeral 20 y 205 numeral 1 de la Constitución de la República y en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El cumplimiento será obligatorio para todos los poderes del Estado, órganos constitucionales y las entidades públicas, estableciéndose su vigencia por hasta dos años desde su publicación en el diario oficial La Gaceta.

La propuesta está ahora en manos del Congreso Nacional, donde será debatida en un ambiente fuertemente marcado por el desorden fiscal, el excesivo gasto y las deudas acumuladas de administraciones previas, especialmente la de Libre. El tratamiento y posible aprobación de esta ley se da en medio del debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el futuro económico del país, en un contexto en el que el propio ministro de Finanzas reconoce la urgencia de reducir el tamaño del aparato estatal y afrontar el impacto de litigios judiciales millonarios.

A pesar de que su labor consiste en proteger a la ciudadanía y, en principio, deberían ser ejemplo de comportamiento para la sociedad, en Colombiase han documentado varios casos en los que funcionarios y uniformados han sido capturados por violar la ley de diversas maneras.

Un episodio reciente que ha causado indignación en Magdalena ocurrió en Santa Marta, capital del departamento, donde un operativo conjunto del Gaulay la Dirección Nacional del CTI resultó en la captura de dos funcionarios de la Sijín y un fiscal, acusados de extorsionar a un comerciante local.

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De acuerdo con El Heraldo, en la tarde del 12 de febrero las autoridades capturaron al fiscal seccional del grupo antinarcóticos de la región, Leopoldo Montes Dávila, y los funcionarios Javier Tapias Madera y Wladimir Sanjuan Márquez, que serán imputados por los delitos de concusión y falsedad en documento público.

El medio citado entregó detalles del informe del caso, en el que se menciona que la denuncia contra el fiscal y los funcionarios se reportó el 1 de febrero de 2026, cuando un ciudadano que afirmó dedicarse al comercio de repuestos de vehículos aseguró que estaba siendo víctima de las tres personas mencionadas.

La presunta víctima aseguró que, con ayuda de un asistente de la seccional, los sujetos incautaron de manera irregular una tractomula con la mercancía que él había adquirido. El denunciante mencionó que en el informe se reportó que el vehículo de carga transportaba narcóticos, pero horas más tarde fue contactado por los capturados, que le pidieron un pago de 300 millones de pesos por liberar la mercancía.

Luego de la denuncia, la investigación fue asumida por el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con ayuda del Gaula Élite y de la seccional del CTI en Magdalena.

Además de las órdenes de captura, que fueron avaladas por un juez de control de garantías y ejecutadas por las autoridades, comenzó el registro y allanamiento de la oficina del fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila.

Cabe mencionar que el fiscal mencionado tiene varias anotaciones en su contra en el sistema Spoa, en el que se registran investigaciones por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión.

En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias de legalización de la captura para que comience el proceso legal en contra de los tres individuos.

Posibles consecuencias para los capturados

En Colombia, la concusión y la falsedad en documento público son delitos graves sancionados por el Código Penal. La concusión ocurre cuando un servidor público exige o induce a alguien a entregar dinero u otro beneficio, abusando de su cargo. Este delito se castiga con prisión de seis a quince años e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo.

Por otra parte, la falsedad en documento público puede ser ideológica o material. La falsedad ideológica se presenta cuando un funcionario consigna información falsa u omite la verdad en un documento público y la pena es de 64 a 144 meses de prisión.

La falsedad material, que implica la alteración o fabricación de un documento público, conlleva penas de 48 a 144 meses de prisión según la responsabilidad del autor. Estos delitos también pueden acarrear inhabilidades y se agravan si son cometidos por servidores públicos.

Durante el interrogatorio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial, el acusado declaró ante el tribunal que “esta denuncia es muy extraña. Juro por mi vida que ni me he acercado a ella”, refiriéndose a su hija de tres años. El hombre está siendo juzgado por presuntamente violar a la menor y aprovechar las visitas permitidas en la cárcel para agredirla sexualmente. La Fiscalía solicita una condena de dieciocho años de prisión por los delitos de abuso y agresión sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, según informó el medio de comunicación que cubre el proceso judicial.

El proceso judicial se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde el acusado ha rechazado todas las acusaciones, asegurando ante el tribunal que nunca tuvo ningún tipo de contacto con la menor durante las visitas en el centro penitenciario. Según publicó el medio de referencia, el Ministerio Público sostiene que los hechos se remontan al año 2018 e involucran situaciones ocurridas tanto en el domicilio familiar en Palma como en las instalaciones penitenciarias.

El escrito de acusación detalla que el hombre, con antecedentes previos por delitos de violencia machista y abuso sexual, habría realizado tocamientos a su hija durante las visitas a la prisión. Además, el Ministerio Fiscal afirma que el acusado violó a la menor en una ocasión dentro de su vivienda particular antes de su ingreso en prisión. Los hechos denunciados se consideran especialmente graves dada la edad de la víctima y el vínculo directo con el acusado.

Durante la sesión, el fiscal y el letrado de la acusación particular interrogaron al procesado sobre las circunstancias y dinámicas de las visitas dentro de la cárcel, en las que supuestamente se habrían producido los episodios de abuso sexual. El hombre reiteró en varias ocasiones su inocencia, negando rotundamente los cargos y reforzando su declaración con afirmaciones directas sobre la inexistencia de contacto con la menor. El medio que cubre el juicio detalló que la defensa insistió en la falta de pruebas directas y en las contradicciones detectadas en los testimonios.

El Ministerio Público, basándose en los informes recogidos y las declaraciones vertidas durante la instrucción, mantuvo la solicitud de dieciocho años de reclusión. Además, según consignó la cobertura judicial, reclama una reparación económica de 30.000 euros, destinada a compensar el daño moral causado a la víctima por la gravedad de los hechos imputados.

El medio informó que el acusado cuenta con antecedentes por delitos relacionados con violencia de género y abusos, lo que refuerza la postura de la Fiscalía respecto al riesgo de reincidencia y la exigencia de la pena solicitada. La acusación particular subrayó también el impacto psicológico sufrido por la menor y la especial vulnerabilidad de la víctima, dada su corta edad en el momento de los supuestos abusos.

A lo largo de la jornada, la Audiencia escuchó tanto los alegatos de la acusación como las declaraciones de la defensa, quien cuestionó la credibilidad de los testimonios incriminatorios y solicitó la absolución del acusado. Según detalló el medio, el tribunal tiene previsto analizar exhaustivamente las pruebas presentadas antes de emitir su veredicto. El caso se mantiene bajo la cobertura de estrictas medidas de protección dirigidas a la víctima, en cumplimiento de lo establecido para delitos de esta naturaleza.

De acuerdo con la información publicada, la previsión judicial apunta a que tras la comparecencia del acusado continuarán las intervenciones de testigos y peritos que puedan aportar mayores elementos de juicio sobre los hechos denunciados. El desarrollo del juicio continuará en próximas sesiones ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Tras conocerse el dato de inflación de enero de 2026, el equipo económico mantuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país la semana pasada para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo por 20.000 millones de dólares. Además del cumplimiento del objetivo fiscal en 2026, el foco de los enviados está puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del BCRA.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el encuentro con los técnicos del organismo internacional fue positivo y que se extendió durante buena parte de la jornada. Poco antes de las 18, la delegación del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró del Ministerio de Economía sin hacer comentarios.

La visita representa un desafío para el Gobierno argentino, que necesita obtener un nuevo “waiver” (perdón) y renegociar la meta de reservas para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones, monto que en el mercado ya consideran prácticamente asegurado.

El jueves pasado, voceros oficiales del Fondo Monetario Internacional informaron que Cubeddu y Joshi estaban en Buenos Aires para mantener reuniones sobre la segunda revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo, así como para abordar la consulta del Artículo IV correspondiente a Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenía el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo pasó a ubicarse en USD 2.600 millones negativos. El equipo económico no alcanzó la nueva meta, en parte por la política cambiaria que priorizó contener el precio y por las ventas realizadas durante la inestabilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado.

Después de afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas a comienzos del año, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tuvo que enfrentar un nuevo desafío en los primeros días de febrero: el vencimiento de más de USD 800 millones con el Fondo. Según explicó el propio ministro, el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esa moneda para cancelar los compromisos.

Caputo recurrió a sus redes sociales para explicar el mecanismo empleado por la administración libertaria en el pago de intereses al organismo multilateral. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, señaló.

Los DEGs constituyen un activo internacional emitido por el Fondo Monetario Internacional bajo la dirección de Kristalina Georgieva. Funcionan como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros, su cotización se determina a partir de una canasta de monedas principales y pueden emplearse para incrementar las reservas internacionales de los Estados.

El BCRA sigue comprando dólares

Este pago se reflejó en una caída de las reservas internacionales del BCRA. Pese a haber incumplido con la meta fijada por el fondo, la autoridad monetaria activó un plan de compra de divisas a comienzos de 2026 que le permitió adquirir, hasta el momento, 1.692 millones de dólares. No obstante, esas adquisiciones no se tradujeron en un incremento lineal de las tenencias del Central en moneda extranjera, ya que en el medio tuvo que enfrentar vencimientos con organismos internacionales.

Este martes, la entidad conducida por Santiago Bausili absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.

Álvaro León Polo, fiscal 132 adscrito al grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, enfrenta una imputación por presunto abuso de autoridad.

Luz Samira Rodríguez, fiscal encargada de interponer el recurso legal, confesa uribista y hermana del exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez, sostuvo, en redes sociales, que la imputación a su colega será por “los detlitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.

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El núcleo de la denuncia sostiene que el funcionario habría ejercido presiones sobre Jacinto Alberto Soto, conocido como alias Lucas y procesado por vínculos con el paramilitarismo, con el propósito expreso de obtener declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este episodio ocurre en una etapa definitoria de la investigación que involucra al exmandatario, lo que incrementa la gravitación política y judicial del caso, según consta en la denuncia formalizada por la defensa de alias Lucas.

Frente a las pruebas, la Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a León Polo a la audiencia de imputación, programada para el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el fiscal procesado optó por presentar una recusación contra la fiscal encargada de su caso, con el objetivo de frenar el trámite en su contra, estrategia que hasta ahora ha dilatado la formalización de los cargos.

Según Cuestión Pública y Caracol Radio, Polo rechaza el señalamiento del condenado y argumenta que su relación con ‘Lucas’ se restringió a diligencias legales, todas grabadas y realizadas con la presencia de defensores. Afirma que en ningún momento interrogó sobre el expresidente Uribe Vélez.

A pesar de ello, el ente acusador abrió una investigación contra Polo y será imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez el 27 de enero de 2026.

Detalles de la denuncia sobre el caso de alias Lucas

La denuncia, presentada por los representantes jurídicos de Jacinto Alberto Soto, describe que el fiscal ahora investigado insistió reiteradamente en que alias Lucas testificará contra Álvaro Uribe Vélez y empresarios. Los hechos que sustentan esta acusación tuvieron lugar, principalmente, durante una indagatoria efectuada en la sede central de la Fiscalía el 21 de julio de 2021. Durante esta diligencia, Soto afirmó bajo juramento que el funcionario judicial le ofreció traslados de centro carcelario y otros beneficios como incentivo para que involucrara al expresidente en acciones delictivas.

La defensa de alias Lucas también argumenta que, ante la negativa de su defendido a colaborar bajo esas condiciones, las promesas se transformaron en advertencias de que podría ser trasladado a instalaciones penitenciarias donde su seguridad no estaría garantizada. Este cambio se materializó con el eventual traslado de Soto a la cárcel La Picota.

El expediente añade que, en la misma indagatoria, Soto narró conversaciones previas entre el fiscal Polo Hincapié y otro exparamilitar, alias Monoleche, en las que quedaron patentes las intenciones de “no descansar hasta ver en la cárcel a Jacinto Alberto Soto Toro”, según se escucha en un audio anexado al proceso. Este elemento, expuesto por la defensa en la denuncia que motivó la citación judicial de León Polo, refuerza la gravedad de los señalamientos.

Lo expuesto derivó en la imputación contra León Polo, que enfrenta el cargo de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Todo lo relatado en la denuncia y las audiencias fue documentado y anexado al expediente, según los registros de la propia Fiscalía.

El caso que tiene contra las cuerdas al fiscal León Polo

Cabe recordar que el caso del parqueadero Padilla tuvo consecuencias fatales: tres miembros del CTI que rastreaban sus pistas fueron asesinados. De acuerdo con la investigación adelantada por Polo, se ordenó la captura y posterior condena de Soto Toro a 40 años de cárcel por su participación en estos homicidios. Esta cadena de hechos permitió develar el funcionamiento y los rostros ocultos tras el soporte financiero de las autodefensas, estableciendo un vínculo entre lo hallado y las masacres de La Granja y El Aro, líneas investigativas que aún permanecen abiertas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz removió de su cargo a Karla Díaz Hermosilla como fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos, tras la polémica generada por la acusación de terrorismo en contra del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León.

El caso de Lafita León

La detención de Rafael León Segovia se realizó el 24 de diciembre de 2025, cuando agentes de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron la orden de arresto. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) lo imputó inicialmente por el delito de terrorismo, así como por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La imputación de terrorismo generó una respuesta inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que señalaron el caso como un ejemplo de criminalización de la labor periodística.

El tema escaló a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara aclaraciones sobre la base jurídica de la acusación.

En audiencia celebrada el 30 de diciembre, un juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para sostener el delito de terrorismo. El periodista quedó vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública, bajo prisión domiciliaria durante un año.

León Segovia negó de manera reiterada las acusaciones y denunció irregularidades en el actuar de la fiscalía.

Lo acusan de recibir 50 mil pesos de la delincuencia organizada

Durante su proceso, León relató en entrevista con Azucena Uresti los detalles de su detención y los cargos en su contra. Explicó que primero fue acusado de terrorismo y que, luego de las críticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese delito fue retirado, aunque se le imputaron otros cargos para mantenerlo bajo proceso:

“Primero me acusaron de terrorista, básicamente. Ahora me acusan de encubrir delitos y delitos contra las instituciones de seguridad. Todo esto porque, según la Fiscalía, recibía dinero de la delincuencia organizada, lo cual es mentira”.

El periodista señaló que la entonces fiscal regional Karla Díaz Hermosilla y el funcionario Ludwig Francisco Cruz Marcial actuaron por animadversión personal debido a su labor crítica. “Siempre les he sacado sus trapitos al sol… comentando el nido de poder que tienen, cómo tratan a la familia, las injusticias que han hecho”.

Aseguró que la acusación de recibir 50 mil pesos semanales de la delincuencia organizada carece de fundamento y que la Fiscalía basa su caso en el testimonio de un testigo protegido cuya identidad y pruebas son cuestionadas: “Tienen un testigo, según ellos, protegido… lo único que presenta es una huella en un papel toda borrosa".

León negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y explicó el origen de su información periodística: “La gente es la que me avisa. Un bolillero, barrendero, cualquiera. Me informan rápidamente y yo llego. Eso es lo que dice la Fiscalía, que me está avisando la delincuencia y que me paga, cosa que es mentira”. Detalló que no existen en su teléfono ni fotos, ni depósitos, ni conversaciones que lo relacionen con líderes criminales, como sugieren las autoridades.

Sobre su situación actual y la estrategia legal, León indicó que sus abogados tramitan un amparo federal para revertir la prisión domiciliaria y poder retomar su actividad profesional. “Todos necesitamos dinero. Tengo enferma a mi mamá. Encerrado aquí solo me estoy enfermando”, señaló. Adelantó la publicación de un libro titulado “Seis días en el infierno acompañado de Dios”, donde narrará su experiencia y las irregularidades detectadas en la fiscalía.

Relevo en la Fiscalía Regional y antecedentes de los funcionarios

La salida de Karla Díaz Hermosilla fue reportada como una destitución directa, sin embargo, la propia Díaz Hermosilla declaró a Latinus que su salida fue una renuncia voluntaria por motivos personales y de salud, y negó haber sido despedida, aunque la FGE no emitió un comunicado oficial que clarifique la naturaleza de su separación.

En su lugar, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre designó a Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional en la zona sur de Coatzacoalcos. Conde Rivas es egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. Desde 2009 ha ocupado cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia, en la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y, durante ocho años, coordinó la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en la región.

En la Fiscalía Regional Centro Córdoba también se realizaron cambios. Laura Vázquez Alducin asumió la titularidad en diciembre de 2025. Es egresada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con maestría en Derecho Constitucional Penal, y ha trabajado en la UECS, además de desempeñarse en cargos del Ministerio Público en Fortín y Córdoba.

Según explicó, los agresores conocían su trabajo, sus movimientos y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lejos de motivarla a dar un paso al costado, el atentado y las amenazas reforzaron su decisión de continuar ejerciendo su función dentro del Ministerio Público.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, afirmó. En su intervención, también dejó en claro que no permitirá atropellos ni en su contra ni contra los miembros de su familia.

Un trabajo que incomoda al crimen

La fiscal explicó que su labor cotidiana consiste en enfrentar delitos de alta complejidad y gravedad. Recordó que, cuando estuvo a cargo de un despacho en Lima Este, condujo investigaciones por homicidio calificado, disputas por el control territorial de la venta de drogas, robo agravado cometido por bandas, tenencia ilegal de armas, usurpación y hurto, entre otros ilícitos.

Desde que fue promovida como fiscal provincial de violencia contra la mujer en Lima Norte, ha tenido a su cargo casos de feminicidio y violencia sexual, en los que solicitó medidas como detención preliminar y prisión preventiva. Son, precisamente, este tipo de investigaciones las que —según remarcó— generan resistencia y represalias desde organizaciones criminales.

“Hoy en día logrado diversas condenas tanto en Lima Este como Lima Norte. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos. Y hacen mención de que los deje tranquilos, me están advirtiendo. No obstante, yo les hago una mención a ellos de que mi función va a continuar”, advirtió.

El respaldo institucional

Durante su pronunciamiento, Parra Sudario agradeció el respaldo de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de la Nación interino, representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sus superiores dentro del Ministerio Público. Destacó que ese acompañamiento resulta clave para que los fiscales puedan seguir desempeñando sus funciones en un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada.

La magistrada enfatizó que el Ministerio Público cumple un rol esencial en el sistema de justicia: conducir las investigaciones, obtener las pruebas necesarias y llevar la verdad ante los jueces. A su juicio, renunciar a esa tarea o ceder ante el miedo solo abriría espacio a la impunidad, un escenario que consideró inaceptable. Por ello, reiteró que la institución seguirá cumpliendo su papel, incluso frente a escenarios de alto riesgo.

Temor por su vida y de su familia

Parra Sudario reconoció que el ataque le generó temor, no solo por su integridad, sino también por la seguridad de su familia. No obstante, dejó en claro que ese sentimiento no se traducirá en una renuncia a sus responsabilidades. “Voy a seguir cumpliendo mi rol”, sostuvo, al recalcar que cuenta con el respaldo de las autoridades y de la institución.

Con más de quince años de trayectoria como abogada, recordó que también formó parte del Poder Judicial y que, a lo largo de su carrera, ha mantenido una conducta profesional intachable. Ese historial, aseguró, seguirá guiando su trabajo como fiscal, incluso frente a las amenazas y riesgos que hoy enfrenta.

Según la información difundida, un sicario a bordo de una motocicleta esperó durante un tiempo prudencial a la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario. No se ha especificado si la magistrada se encontraba saliendo de su domicilio o de su centro de trabajo. Lo que sí quedó registrado en imágenes es el momento en que el atacante intentó interceptarla cuando apareció en el lugar.

El primer intento fue frustrado por el cruce inesperado de tres personas, lo que obligó al sicario a desistir momentáneamente. Sin embargo, lejos de retirarse, el agresor retornó segundos después, incluso circulando en sentido contrario al tránsito, con la clara intención de consumar el atentado.

Los errores que evitaron el crimen

El segundo intento de ataque tampoco se concretó debido a la presencia de un efectivo policial que brindaba resguardo a la fiscal. El agente logró extraer su arma de fuego de manera discreta, lo que disuadió al sicario, quien finalmente abandonó el lugar sin efectuar disparos.

“Felizmente que el efectivo policial pudo sacar su arma de fuego de una manera muy sigilosa. Y eso fue lo que disuadió al sicario y siguió su camino y se fue de frente”, señaló Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino.

El magistrado subrayó que no se trató de una amenaza aislada. Recordó que, algunas semanas antes, en Lima Este, otro fiscal también fue víctima de amenazas de muerte, lo que confirma un patrón de intimidación sistemática contra quienes investigan organizaciones criminales.

Cabe señalar que el atentado ocurrió el 11 de diciembre; desde esa fecha, la fiscal solicitó que se refuerce su seguridad personal. A más de una semana del hecho, aún no se había atendido su pedido

Respuesta del Estado

Tras el atentado frustrado, el Ministerio Público expresó su respaldo institucional a la fiscal afectada y al conjunto de fiscales que enfrentan amenazas por el ejercicio de sus funciones. Actualmente, más de 68 fiscales cuentan con resguardo policial debido a riesgos acreditados contra su integridad, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Las autoridades informaron que el trabajo de protección se realiza de manera coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La prioridad, señalaron, es garantizar que los fiscales puedan continuar con sus investigaciones sin ceder ante la presión del crimen organizado.

En paralelo, desde la Fiscalía de la Nación se evalúa la creación de una subespecialidad dedicada exclusivamente a combatir delitos como la extorsión y el sicariato. La propuesta busca pasar de una respuesta reactiva a una estrategia de persecución activa, con investigaciones articuladas y acciones coordinadas con la Policía Nacional.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que los fiscales no están solos y que cualquier situación de riesgo debe ser comunicada de inmediato para activar los mecanismos de protección correspondientes. El intento de asesinato contra la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, aunque frustrado, encendió una nueva alerta sobre el nivel de amenaza que enfrentan quienes persiguen al crimen organizado en el país.

Una nueva polémica involucra a Christian Nodal y va más allá del mundo del espectáculo. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el cantante mexicano habría adquirido varios terrenos en Argentina durante su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. La naturaleza de esas transacciones y la falta de registro fiscal podrían meterlo en problemas legales en el futuro.

Nodal tiene más lotes en Argentina

Javier Ceriani fue quien reveló, tras sus investigaciones y conforme a indagaciones de autoridades argentinas, que Nodal habría realizado compras de terrenos en efectivo, buscando “blanquear” ganancias. “Siempre con cash”, asegura el comunicador, quien afirma que el cantante acostumbra a comprar propiedades y otros activos directamente con dinero en efectivo para evitar controles bancarios o declaraciones fiscales.

Durante el tiempo que mantuvo una relación con Cazzu y formó una familia con ella y la pequeña Inti, Nodal compró, según Ceriani, “un par de lotes de terrenos en una zona exclusiva de Argentina” para poder construir allí un patrimonio para la entonces familia de tres personas.

Después de la ruptura, mientras el cantante y la rapera dejaron el país, los lotes permanecen en manos de Nodal, aunque son “cuidados por alguna persona a la que seguramente se le paga por ello”.

Ceriani insistió en que no sólo son esos dos terrenos: “(Nodal) se habría comprado otros lotes de terrenos y también los habría pagado en cash, para que el dinero esté blanqueado de esa forma. Estos lotes de terrenos, tierras, para ocultar el dinero que se gana fácil, porque así se puede blanquear comprando cosas o escondiendo cosas”.

¿Por qué podría ser un problema para Nodal?

El gran problema, sostiene Ceriani, se desprende de que el pago en efectivo y la adquisición inmobiliaria por fuera del sistema bancario dejan sin claridad fiscal los movimientos de recursos de Nodal.

“Y yo no sé si le contó al SAT mexicano, o al IRS norteamericano, ahora que está casado con una norteamericana, (porque) cuando tenga que hacer los taxes en Estados Unidos, en Houston va a tener que decir las propiedades que tiene”, apuntó.

Ceriani añadió: “Nodal, no te hagas ciudadano norteamericano porque después todo lo que factures en el mundo, lo vas a tener que portar a Estados Unidos”.

Y es que, para los ciudadanos estadounidenses, cualquier ingreso o propiedad en el extranjero debe declararse ante el Internal Revenue Service, sin importar dónde se generen.

La recomendación indirecta: no utilizar la vía de naturalización estadounidense si su intención es mantener sus bienes fuera del escrutinio fiscal de ese país.

¿Nodal en la mira del SAT y el IRS?

De acuerdo con Ceriani, si Nodal continúa realizando compras inmobiliarias fuera de México y en efectivo, podría enfrentar problemas con las autoridades fiscales mexicanas y estadounidenses, sobre todo si en el futuro decide buscar la ciudadanía norteamericana.

“Por eso muchos no se hacen ciudadanos (en Estados Unidos) para no pagar impuestos porque un ciudadano norteamericano, si yo va a Japón a hacer un concierto, tiene que poner ese impuesto en Estados Unidos. No en Japón, no en su país de origen, ni Argentina, ni nada”.

El periodista concluyó con énfasis: “Entienden o no entienden Cerianita, que Nodal tiene más lotes escondidos en cash ahí en Argentina”.

Otras batallas legales de Nodal

El contexto de estos señalamientos está marcado por el conflicto legal entre Nodal y Cazzu en México. Actualmente, el cantante tiene demandada a la rapera en Jalisco para lograr dos objetivos: llevar un control de los pagos de manutención que le ha hecho a Inti, supuestamente de varios millones de pesos, así como lograr que su hija tenga pasaporte mexicano, para que tenga visitas más seguidas.

Según información filtrada de la demanda, Nodal exige transparencia en el uso de los recursos para su hija, señalando que ha entregado más de 12 millones de pesos en un año, presuntamente en efectivo, a través de terceros por petición de la rapera.

El equipo legal del artista aseguró que no buscan reducir la pensión, sino obtener cuentas claras sobre el destino de los recursos. Lo cual ha sido ampliamente criticado por la opinión pública, quienes consideran que el cantante busca “sacarle las cuentas” a la madre de su hija.

Sin embargo, el conflicto también ha crecido por el tema documental internacional: Nodal acusa a Cazzu de obstaculizar el trámite para el pasaporte mexicano y la visa estadounidense de Inti, supuestamente “condicionando” los documentos a un incremento en la pensión alimenticia.

Las amenazas han sido reiteradas durante las últimas semanas, incluso a pesar de contar con resguardo policial. Junto a este caso, otros fiscales peruanos dedicados a la lucha contra la criminalidad organizada también reportan intimidaciones, evidenciando un contexto de inseguridad que pone en jaque el desenvolvimiento de sus labores y exige respuestas institucionales inmediatas.

Hostigamiento sistemático contra fiscales en proceso de investigación

Las amenazas dirigidas a la fiscal de Lima Norte subrayan la vulnerabilidad de quienes enfrentan al crimen desde el sistema judicial. En esta oportunidad, la funcionaria, con más de cinco años en la magistratura y experiencia en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, recibió mensajes de texto y notas de voz en los que los reclusos mostraron información precisa sobre su rutina diaria, asegurando conocer su residencia y advirtiendo que “en algún momento estarás sola”.

A pesar del resguardo policial asignado, la fiscal denunció un ataque frustado ocurrido en abril, cuando quienes la escoltaban evitaron que una motocicleta sospechosa lograra interceptarla. Este episodio marcó un antes y un después en el clima de hostilidad que ha venido soportando, ya que los intentos de amedrentamiento han escalado en frecuencia e intensidad, sumándose a la presión psicológica propia de este tipo de amenazas.

Mensajes de intimidación y repercusiones emocionales

Los mensajes enviados por internos incluyen insultos y advertencias directas sobre posibles atentados. “Sabemos dónde vives y aunque tengas escolta, algún día te encontrarás sola”, fue una de las advertencias recibidas recientemente. El jueves once, la funcionaria recibió varios mensajes intimidatorios que, además de amedrentar, buscaban apartarla de los procesos pendientes contra presos del penal de Lurigancho.

La fiscal relató que la última ola de amenazas resultó más inquietante al evidenciar un seguimiento estrecho de sus movimientos y al revelar un posible “reglaje” a su vida personal. Pese al objetivo de los agresores, la funcionaria reiteró que continuará con su trabajo y que los responsables deben recibir una sanción conforme a la ley. “Ellos buscan que desista de mi labor, pero la legalidad debe prevalecer frente a cualquier amenaza”, expresó de forma enfática.

Panorama nacional: 25 fiscales amenazados por crimen organizado

Este caso se suma a la delicada situación que viven los fiscales especializados en crimen organizado en Lima, muchos de los cuales han recibido amenazas similares. Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, informó que veinticinco fiscales en la capital han sido objeto de intimidaciones de muerte por parte de bandas delictivas. Chávez Cotrina afirmó durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República que la seguridad de los fiscales sigue siendo muy frágil, ya que las mafias buscan amedrentarlos de manera sistemática.

El fiscal superior advirtió que ni la presencia de resguardo policial garantiza la integridad de los magistrados, citando ejemplos ocurridos en otros países y recordando los atentados contra candidatos presidenciales en Ecuador y Colombia. Según sus declaraciones, el Ministerio Público aplica medidas disuasivas, como el cambio de rutas hacia los centros de trabajo, aunque reconoció que la Policía carece de suficiente personal para brindar protección a cada fiscal.

Amenazas recientes en fiscalías y respuesta institucional

Las amenazas no solo afectan a la fiscal mencionada de Lima Norte. Margarita Haro Pinto, fiscal provincial en San Juan de Lurigancho, denunció ser víctima de intimidaciones y extorsión luego de liderar una investigación contra la organización “Los Chukys de Juan Pablo II”. Tras ordenar prisión preventiva para siete miembros de la banda, Haro Pinto recibió mensajes exigiendo su renuncia en un plazo de veinticuatro horas, bajo amenaza de atentar contra su vida. Según la investigación, las intimidaciones habrían provenido del grupo “Los Pepes SJL”, cuyo presunto cabecilla se encuentra bajo medida restrictiva.

La presión no logró su cometido, ya que la magistrada ratificó su compromiso con la justicia. “No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que busque vulnerar mis decisiones”, declaró. En respuesta, el Ministerio Público dispuso seguridad policial permanente para ella y su familia, reafirmando el respaldo institucional a los fiscales en riesgo. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aseguró acompañar a los afectados y reiteró que no se tolerará estos actos de intimidación por parte del crimen organizado.

El hecho generó atención inmediata por tratarse de un funcionario que, según las primeras versiones recogidas por las autoridades, Amenábar habría solicitado un pago a un ciudadano investigado por estafa para favorecerlo dentro de un proceso penal en curso. Durante la intervención, realizada en los servicios higiénicos del establecimiento, los agentes encontraron aproximadamente tres mil dólares, monto que, de acuerdo con las diligencias preliminares, sería parte de una presunta exigencia irregular.

Fiscal intervenido en centro comercial tras presunto cobro ilícito

Según fuentes policiales, los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) montaron un seguimiento previo al fiscal adjunto luego de recibir la denuncia de que este habría pedido dinero a cambio de emitir decisiones que beneficiarían al investigado por estafa. La intervención se produjo de manera sorpresiva mientras el funcionario se encontraba dentro del centro comercial, lugar donde presuntamente se habría pactado la entrega del efectivo.

Durante las primeras actuaciones, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios procedió al registro personal del intervenido y levantó un acta en la que se consignó el hallazgo de los billetes en su poder. De manera simultánea, se verificaron los espacios del baño donde se habría producido el encuentro entre ambas partes para asegurar posibles elementos de interés para la investigación.

Los agentes también ubicaron al ciudadano que habría entregado el dinero y que actualmente afronta un proceso por estafa. De acuerdo con las indagaciones preliminares, este habría accedido al pago tras recibir la supuesta promesa de obtener una ventaja procesal. Tras la intervención, tanto el intervenido como el denunciante fueron trasladados para la toma de declaraciones y la continuación de las diligencias de ley.

La medida forma parte de las acciones que vienen realizando las unidades especializadas de la Policía y el Ministerio Público para responder a denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro del sistema de justicia.

Fiscal Henry Amenábar admitió cobro de coima al ser arrestado: “Él mismo sacó el dinero”

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió iniciar un proceso disciplinario inmediato contra Henry Amenábar tras conocerse que admitió haber solicitado un pago en dólares para favorecer a un investigado por estafa. En un comunicado oficial, el organismo señaló que estos hechos “empañan la labor del Ministerio Público” y reiteró su rechazo a cualquier conducta que comprometa la integridad del sistema de justicia. La medida se adoptó apenas horas después de la intervención policial dentro del centro comercial, donde el fiscal fue arrestado con parte del dinero previamente fotocopiado.

La Policía también confirmó que Amenábar habría exigido inicialmente 20 mil dólares, monto que redujo tras pactar una entrega parcial con el denunciante. El ciudadano, citado primero en un café de San Borja, alertó a las autoridades sobre la presión que estaba recibiendo y colaboró con el seguimiento que permitió la intervención. Según Lira, este caso se suma a casi mil funcionarios detenidos en lo que va del año por distintos actos de corrupción, incluyendo a siete fiscales y quince alcaldes actualmente en funciones.

¿Qué es el cohecho?

El delito de cohecho implica un intercambio ilícito entre un funcionario público y un ciudadano, donde uno ofrece y el otro acepta un beneficio indebido para influir en decisiones o acciones vinculadas a la función pública. La normativa peruana distingue entre cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico, todos tipificados en el Código Penal. En los casos pasivos, el involucrado es siempre un funcionario con competencia directa sobre el trámite o proceso en cuestión; mientras que, del lado del ciudadano, la conducta puede configurarse como cohecho activo al ofrecer, prometer o entregar una ventaja indebida.

Las cifras oficiales muestran la magnitud de este fenómeno dentro del sistema judicial. Entre 2014 y 2017, el 33.5% de los procesos por corrupción correspondió a delitos de cohecho, según el Sistema Nacional Especializado en Corrupción de Funcionarios. Además, la Defensoría del Pueblo registró que, de 543 personas privadas de libertad por delitos contra la administración pública en 2017, 246 estaban condenadas específicamente por cohecho, convirtiéndolo en el delito con mayor número de sentenciados de ese rubro.

La ley peruana establece que estas conductas se configuran incluso sin que llegue a concretarse el beneficio prometido. Para el funcionario, la consumación ocurre con el solo hecho de aceptar, solicitar, recibir o condicionar una ventaja, mientras que, para el ciudadano, basta ofrecer, entregar o prometer un beneficio para influir en la actuación del servidor público. No es necesario que exista una entrega económica: el Código Penal señala que el beneficio puede ser material, sentimental o incluso sexual, siempre que tenga la capacidad de afectar la imparcialidad o gratuidad de la función pública.

La tarde de este 3 de diciembre Ernestina Godoy Ramos fue designada nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), este nombramiento marca un hito en la historia de México, pues se convierte en la primera mujer en encabezar este organismo desde la reforma que transformó la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

¿Qué estudió Ernestina Godoy?

El perfil de Ernestina Godoy destaca por su trayectoria en el ámbito jurídico y político. Nacida en Ciudad de México el 17 de enero de 1954, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo su título en el 2004.

Hasta su nombramiento como nueva titular de la FGR este 3 de diciembre, Ernestina Godoy no ha realizado estudios de posgrado ni alcanzado otro título, por lo que su escolaridad es la licenciatura en derecho por la UNAM.

¿Cuáles son los antecedentes de Ernestina Godoy?

Su cercanía con la presidenta Sheinbaum y su participación en el proyecto político de Morena han llevado a Ernestina Godoy a ocupar cargos de relevancia tanto en la capital como en el gobierno federal.

Entre las responsabilidades previas de Ernestina Godoy figuran la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (2020-2024), la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020), y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal desde el 1 de octubre de 2024.

A lo largo de su carrera, Godoy también se desempeñó como directora general de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal y directora general jurídica y de estudios legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. Su experiencia legislativa incluye cargos como diputada local, federal y senadora.

Ernestina Godoy se vuelve titular de la FGR

El relevo en la FGR se concretó tras un proceso parlamentario que aceleró la transición luego que Alejandro Gertz Manero presentara su renuncia el pasado 27 de noviembre y fuera aprobada por el Senado el mismo día.

La sesión del Senado celebrada el miércoles 3 de diciembre de 2025 estuvo centrada en la discusión y votación de la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La Cámara Alta, con 75 votos a favor y 29 en contra, determinó que el asunto debía tratarse como de urgente resolución.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que, tras aprobar la urgencia, cada grupo parlamentario formularía preguntas a las aspirantes, quienes expusieron sus propuestas y respondieron a los cuestionamientos de los senadores.

En su intervención ante el pleno, Ernestina Godoy enfatizó: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que no habrá impunidad”.

El resultado de la votación fue: Ernestina Godoy recibió 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, según informó la Mesa Directiva. Tras la votación, la nueva fiscal rindió protesta y recibió la constancia que acredita su designación para un periodo de 9 años al frente de la FGR.

La tarde de este 2 de diciembre, la Junta de Coordinación Política del Senado presentó al Pleno la lista con los diez aspirantes finalistas para el puesto de Fiscal general de la república, que será enviada a la titular del Ejecutivo Federal para continuar con el procedimiento constitucional.

El listado de finalistas propuesto por la Junta de Coordinación Política para ser titular de la FGR incluye a:

• Luz María Zarza Delgado
• Maribel Bojorges Beltrán
• Sandra Luz González Mogollón
• Ernestina Godoy Ramos
• Mirna Lucía Grande Hernández
• Luis Manuel Pérez de Acha
• Alfredo Barrera Flores
• Hamlet García Almaguer
• David Borja Padilla
• Miguel Nava Alvarado

Durante el fin de semana, el Senado de la República abrió la convocatoria para quienes buscan encabezar la FGR, recibiendo inscripciones de 43 personas.

Entre los nombres de aquella lista destacaron nombres como Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de Despacho en la fiscalía; Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación en el sexenio de AMLO; y Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena y simpatizante de la organización religiosa La Luz del Mundo.

El procedimiento establece que, una vez aprobada la lista de candidaturas finalistas por el Pleno del Senado, esta será remitida a la titular del Ejecutivo Federal. Según la ley, la presidenta Claudia Sheinbaum dispondrá de 10 días para conformar una terna y devolverla a la Cámara Alta.

Cuando el Pleno reciba la terna propuesta, las personas seleccionadas deberán comparecer ante los senadores. Posteriormente, la designación de la persona titular de la FGR se realizará mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

El proceso culminará cuando la persona elegida como Fiscal general de la república rinda protesta de Ley ante el Pleno del Senado, formalizando así su nombramiento.

En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, cargo que ocupa desde 2019 tras ser propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado avaló la renuncia de Gertz Manero el pasado 27 de noviembre, quien solicitó su ratificación como próximo embajador.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, instruyó que se notificara de inmediato tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al propio Gertz Manero sobre la resolución adoptada. Además, la Mesa Directiva incorporó en la orden del día la emisión de la convocatoria para seleccionar a la persona que encabezará la FGR.

La votación sobre la renuncia de Gertz Manero se realizó con carácter de urgencia. Antes de someter el tema a votación, la presidenta del Senado resaltó la importancia del tema y solicitó a la Asamblea dispensar los trámites habituales, argumentando que se trataba de un asunto de urgente resolución. Los legisladores aceptaron de manera unánime esta dispensa, lo que permitió discutir y votar de inmediato la salida del titular de la FGR.

Durante la sesión, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, manifestó que su bancada votaría en contra de aceptar la renuncia, al considerar que la intención de Gertz Manero de cambiar de cargo para convertirse en embajador no constituye una causa grave.

Las fracciones del PRI y del PAN también se opusieron, argumentando que la renuncia respondía a un movimiento político y no a una causa grave, como exige la ley.

Por otro lado, el Partido Verde reconoció que la legislación establece que el cargo de fiscal general es irrenunciable, pero sostuvo que aplicar la literalidad de la norma resultaría en “un absurdo jurídico”, ya que, en sus palabras, “no hay causa más grave que una persona ya no quiera seguir al frente de la responsabilidad”.

Las razones formales por las que el titular de la Fiscalía General de la República puede abandonar su cargo están estrictamente reguladas. La Ley de la Fiscalía General de la República, concretamente el artículo 24, establece que solo existen ciertos supuestos para una separación válida.

La remoción de un fiscal general puede proceder en caso de:

• Causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (como peculado o desvío de recursos).
• Comisión de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa (delincuencia organizada, extorsión u homicidio).
• Pérdida de la ciudadanía mexicana.
• Incapacidad total o permanente durante más de seis meses, acreditada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Violaciones graves a la Constitución.

Este marco legal impide renuncias arbitrarias o motivadas por causas distintas a las contempladas, garantizando la autonomía del cargo.

El proceso de renuncia: cómo y quién interviene

La ley exige que “La renuncia de la persona titular de la Fiscalía General será sometida para su aceptación y aprobación del Senado de la República, por mayoría simple de las personas integrantes presentes. Dicha renuncia solamente procederá por la causa grave así calificada por el Senado de la República."

Esto significa que el proceso legal de salida se activa cuando el funcionario presenta su renuncia escrita, el Senado la analiza y debe votar para aceptarla. La relevancia de este paso reside en que solo causas consideradas graves permiten aceptar la dimisión.

El mismo procedimiento aplica para la remoción. Si el titular del Ejecutivo Federal decide separar a alguien de la fiscalía, debe justificar y acreditar la causa ante el Senado, que podrá objetar por mayoría.

Relación entre la ley y la renuncia de Gertz Manero

Este jueves 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero entregó al Senado su renuncia como titular de la FGR. Aunque fue designado originalmente hasta 2028, su salida se adelanta, en gran medida, ligada a la propuesta formal de integrar el Servicio Diplomático mexicano en calidad de embajador.

En su carta, Gertz señala: “la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento." Añade que a partir de esa fecha, se retira como fiscal General “con todos los efectos legales que correspondan”.

Pidió a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado que dé curso a su solicitud, de modo que: “si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia."

Al mismo tiempo, la Mesa Directiva, encabezada por Laura Itzel Castillo, anunció un receso previo a la votación del pleno para decidir sobre la aceptación de la renuncia. En paralelo, sectores políticos anticiparon los siguientes pasos: que el Ejecutivo presente una terna y el Senado decida al sucesor, emergiendo nombres como Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar como potenciales candidatos.

Luego de intensos rumores y sesiones extraordinarias en la capital mexicana, Alejandro Gertz Manero formalizó su renuncia como fiscal general de la República este 27 de noviembre.

El Senado aprobó la salida de Gertz Manero, cerrando así un ciclo de casi 7 años al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). Su partida ocurre en medio de llamados al fortalecimiento de la coordinación en materia de seguridad, según declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la conferencia matutina de este 27 de noviembre reconoció su labor.

Orígenes y formación académica

Nacido en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1939, Alejandro Gertz Manero cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, amplió su formación en la University of Mount Union, en Estados Unidos, y en la Universidad de las Américas, A.C.

Se dirigió rápidamente a la docencia, impartiendo cátedra tanto en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) como en la propia UNAM y la Universidad de las Américas, donde profundizó en temas de Derecho Procesal Penal. Su nombre figura en organismos colegiados como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la Academia Mexicana de la Educación.

Cinco décadas en el servicio público

De acuerdo con información de la FGR, la trayectoria de Gertz Manero en la administración pública inició en 1970, al asumir la secretaría general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta etapa marcó el arranque de una carrera en la que ocupó numerosas posiciones de alto nivel, entre las que destacan:

• Director jurídico del INAH (1971-1974).
• Fundador y director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República, hoy INACIPE (1975).
• Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación.
• Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República.
• Primer coordinador nacional de la campaña federal contra el narcotráfico.
• Procurador General de la Defensa del Trabajo (1976-1983).

A finales del siglo pasado, Gertz Manero encabezó el Consejo Ciudadano en Procuración de Justicia y Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y fue Secretario de Seguridad Pública local entre 1998 y 2000.

Posteriormente, entre 2000 y 2004, Gertz Manero asumió el mando como Secretario de Seguridad Pública Federal y Comisionado General de la Policía Federal Preventiva.

Durante su paso por la Cámara de Diputados, de 2009 a 2012, presidió la Comisión de Marina. Paralelamente, consolidó su presencia en el sector educativo privado, donde fue rector de la Universidad de las Américas por más de veinte años.

Gertz Manero, el primer fiscal general

La designación de Alejandro Gertz Manero como primer fiscal general de la República, el 18 de enero de 2019, constituyó uno de los puntos más altos de su carrera. Su nombramiento se produjo tras la instauración de la FGR como órgano autónomo, siendo respaldado por una amplia mayoría senatorial frente a sus contendientes.

Durante la noche del pasado 26 noviembre, crecieron las especulaciones sobre la salida de Gertz Manero luego de que la presidenta Sheinbaum recibiera una carta oficial del Senado y confirmara que la decisión sería comunicada tras el análisis de asesores jurídicos.

La Cámara de Senadores citó a sesión urgente y el Gabinete de Seguridad fue convocado simultáneamente en Palacio Nacional. Estos hechos, sumados a la presencia inmediata que se solicitó a los legisladores, reafirmaron los rumores que se venían gestando. Sin embargo, la renuncia, aunque ya fue presentada, no ha sido aprobada por el poder legislativo hasta el momento de la redacción de esta nota.

El fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), alertó hoy que el sistema de justicia en el país se encamina a una situación de “verdadera emergencia” por la falta de nombramientos de jueces. En esta línea, aseguró que “hay falta de voluntad política” para revertir este cuadro y puso como ejemplo el inicio del juicio por los cuadernos de la corrupción contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados: “Tardó seis años en empezar, y se hará una audiencia por semana porque no hay jueces; cuando termine, la mitad de los testigos van a estar muertos”.

El funcionario judicial participó de un seminario internacional sobre los desafíos judiciales para combatir la corrupción en Venezuela y en la región, que se realizó en la Universidad de Palermo, organizado por Transparencia Venezuela, capítulo regional de Transparencia Internacional; la ONG argentina Poder Ciudadano; el National Center of State Courts y la Fundación para el Debido Proceso.

Denominado “Contrarestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, este encuentro comenzó, ayer, con las ponencias de funcionarios y expertos de América Latina, quienes analizaron cómo la narcodictadura de Venezuela se convirtió en las últimas décadas en foco de crimen organizado y corrupción transnacional, así como también el impacto en la región y en Europa, tanto en materia de inseguridad como en negocios ilícitos entre gobiernos afines.

Luego de las palabras de apertura de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de TI Venezuela, el fiscal Rodríguez disertó en el panel “Procesos complejos y sus denuncias en el mundo”. “Siempre es muy difícil investigar grandes hechos de corrupción, en Venezuela, en Portugal, en Argentina y en todas partes del mundo. Porque investigar hechos de gran corrupción significa investigar al poder, al verdadero poder, que generalmente es el poder económico y no hay otra forma de investigar o de llegar a buen puerto en estas investigaciones si no contamos con independencia y autonomía por parte de las agencias que se dedican a la persecución penal, sean fiscales o jueces. Y tampoco si no hay una verdadera voluntad política de fomentar y procurar la investigación de estos hechos”, afirmó.

A su vez, manifestó su preocupación por el alto nivel de vacancia en los tribunales argentinos. “Respecto de la voluntad política que es necesaria para investigar estos hechos de corrupción, creo que no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de la región, es un atributo que escasea, y no en un determinado gobierno, sino, generalmente en la mayoría de ellos. En la Argentina, por ejemplo, en este momento tenemos aproximadamente el 40% de los cargos de jueces y fiscales federales o nacionales vacantes. Esto significa que estamos próximos a lo que yo llamo una denegación de justicia, porque los procesos se atrasan”, sostuvo.

Sobre el juicio de los cuadernos de la corrupción, que comenzó este jueves, el fiscal Rodríguez señaló: “Este proceso se elevó al tribunal hace seis años, ¡Hace seis años!, y recién hoy se inicia, y se realiza una audiencia por semana. ¿Por qué? Porque no hay jueces (...). Con una audiencia por semana, cuando se finalice el juicio, la mayoría de los imputados y de los testigos van a estar muertos“. Y completó: “El tema este de las vacancias puede ser un poco voluntad política de no cubrir las vacantes”.

Además, puso también de ejemplo la falta de implementación en todo el país del nuevo sistema acusatorio procesal. “Se sancionó en la Argentina en diciembre del año 2014, hace 11 años, y hoy todavía no está vigente en todo el país. Es más, no está vigente en el principal distrito de la Argentina, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto le resta a los procesos rapidez, le resta transparencia”, indicó.

El fiscal, también, se refirió a su actuación en el juicio del caso Odebrecht, lamentó la falta de colaboración del gobierno de Brasil y afirmó: “La gran corrupción no es local, es transnacional. Por lo tanto, si no contamos con un sistema ágil, efectivo, de transmisión de pruebas, de compartir pruebas entre los distintos operadores judiciales, no hay investigación que, que pueda prosperar”.

Además del funcionario judicial argentino, del panel participaron los periodistas Roberto Deniz e Iván Ruíz, y Karina Carvalho, representante de Ethos Gov, Portugal. Deniz se explayó sobre una investigación a raíz de los millonarios movimientos de dinero de la empresa argentina Ex Clé, proveedora del sistema electoral en Venezuela, que activaron las alertas de la UIF en Argentina.

Más temprano se realizó la mesa “Nuevas formas de Lavado de dinero desde el crimen organizado en América Latina”, donde expusieron Milton Alvarado (UIAF de Colombia), Rodrigo Monge (Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica) y Juan Argibay Molina, de la Procelac, que disertó sobre el caso Rosario.

“Una de las cosas más importantes para la transparencia de Venezuela es seguir impulsando la cooperación entre diferentes espacios. Han pasado por aquí fiscales, policías, unidades de inteligencia financiera, procuradores. Hace falta el trabajo conjunto. Solos, independientemente, no se avanza”, finalizó Mercedes de Freitas.

“Claudio Uberti contó que llegó a ver bolsos con sesenta millones de dólares en el departamento de los Kirchner”, declaró el fiscal federal Carlos Stornelli al detallar los aspectos centrales de la causa de los Cuadernos de las coimas, cuyo juicio inicia hoy ante el Tribunal Oral Federal N°7. La investigación involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, a ex altos funcionarios y a empresarios, y está considerada la mayor trama de corrupción de la historia argentina por la magnitud de pruebas, implicados y sumas manejadas.

Stornelli narró que, según los testimonios de los “arrepentidos” —imputados colaboradores cuyas confesiones integran la causa—, parte de los sobornos recaudados semanalmente en la obra pública eran acumulados en la residencia de la calle Juncal que pertenecía al matrimonio Kirchner. Entre los relatos más impactantes, el del ex funcionario Claudio Uberti describe que, tras ser convencido para acceder a la vivienda, vio valijas y bolsos apilados, y que Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner, le aseguró que el monto superaba los sesenta millones de dólares. Stornelli destacó que este testimonio está respaldado por otros relatos que formaron parte del material probatorio.

El fiscal resaltó la robustez del expediente: “Tuvimos una cantidad de prueba enorme. Nunca vi una causa con tanta prueba, que se pudo hacer a partir de una investigación periodística brillante y de los testigos que presentaron los elementos, que son los cuadernos, ¿verdad?”. Además de los famosos cuadernos escritos por el remisero Oscar Centeno, que dieron origen al caso y documentaron la supuesta ruta del dinero, la instrucción sumó numerosos testimonios y pruebas documentales que desentrañaron un esquema sistemático de recaudación.

Stornelli señaló que la estructura de recaudación involucraba a funcionarios y empresarios ligados a la obra pública, con puntos fijos de entrega de dinero: “Dependiendo de quién era el recaudador, a veces el dinero se entregaba en la Quinta de Olivos, otras en la Casa de Gobierno o en el departamento particular”. Según lo reconstruido en el expediente, el dinero efectivamente transitaba en bolsos y valijas, y era conducido semanalmente mediante vuelos oficiales hacia la Patagonia, custodiado por colaboradores de máxima cercanía como Daniel Muñoz. Varias fuentes señalaron que el propio Muñoz viajaba en cabina junto a los bolsos, acomodándose arriba de ellos durante los traslados presidenciales.

Las declaraciones también revelan cómo, por la magnitud del dinero físico, se adoptaron estrategias para optimizar el espacio disponible. En uno de los segmentos de la entrevista, Stornelli recordó el testimonio del contador Víctor Manzanares, quien contó que parte de los fondos eran cambiados de dólares a euros por su menor volumen. “Al acumular tanto efectivo, el billete de euros ocupaba menos lugar. Por eso decidían cambiarlos, hasta que el euro subió y volvieron a los dólares”, precisó el fiscal, subrayando cómo las maniobras de ocultamiento y traslado de dinero llegaban al extremo detalle logístico.

Desde la perspectiva judicial, el caso conocido como Cuadernos de las coimas alcanza dimensiones inéditas. El juicio que comienza este jueves no solo reúne un número extraordinario de acusados, sino que implica a las máximas figuras de la política y a los principales grupos empresarios del país. Figuran en el banquillo la ex presidenta Fernández de Kirchner, los ex ministros Julio De Vido y Roberto Baratta, el financista Ernesto Clarens, el remisero Oscar Centeno y otros funcionarios y empresarios. Según la acusación, la asociación ilícita presuntamente funcionó entre 2003 y 2015, recaudando sobornos a cambio de la asignación de obra pública y contratos estatales.

Al ser consultado sobre el impacto del caso en su trayectoria, Stornelli reconoció la excepcionalidad: “Lo viví bien, más allá de que hubo que atravesar todo el sistema de persecuciones, de armado de causas, de todas las cuestiones mafiosas en el medio. Las expectativas son amplias por dos motivos: primero, porque hay muchísima prueba y segundo, porque tenemos a una gran fiscal. Estoy muy confiado... Es gente que quizás puede demostrar su inocencia, no lo descarto, pero tengo grandes expectativas”.

La trascendencia institucional y social del juicio, sumada a la cantidad de confesiones “sin precedentes” y al rol de la prensa en el inicio del caso, suman elementos que, a criterio de Stornelli, explican por qué la causa Cuadernos concentra la atención pública. Para el fiscal, “pudimos descubrir una red enorme de corrupción y de recaudación en la administración pública y en la obra pública, que no tiene precedentes por la cantidad de hechos, la cantidad de imputados y los niveles a los que se logró llegar”.

El proceso judicial será seguido de cerca por toda la Argentina y tendrá consecuencias sobre el presente y futuro del país.

La muerte de Bautista Coronel frente al casino de Necochea, tras una pelea con otro adolescente, tuvo un nuevo capítulo luego de que salieran a la luz una serie de chats que reflejaban un intercambio de palabras subido de tono entre el presunto agresor y la víctima. Las amenazas iban desde tiros hasta cortes que anticipaban un posible enfrentamiento.

La fiscal a cargo de la investigación, Verónica Posse, confirmó la existencia de un conflicto previo. Según detalló, este diálogo a través de WhatsApp se produjo el jueves previo al homicidio del chico de 17, ocurrido en la ciudad balnearia.

Se trataba de un chat grupal denominado “Todo Neco”, donde Coronel envió varios mensajes de voz a los que respondió un número no identificado, presuntamente vinculado al posteriormente detenido. En ese diálogo virtual, el sospechoso advirtió: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. A estas palabras, la víctima contestó: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”, y el presunto agresor replicó: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”.

De acuerdo a lo indicado por el portal La Capital de Mar del Plata, la conversación contenía audios en donde las amenazas eran explícitas, como el uso de armas de fuego. Ante esto, la fiscalía determinó la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares de todos los involucrados para identificar de donde provenían las advertencias. “Según la denuncia, hay publicaciones, también historias y comentarios que realizan jóvenes entre sí, que llegan a determinadas personas”, sostuvo la fiscal.

Al mismo tiempo, trabajaban sobre el video en el que registró claramente el ataque, ocurrido la noche del viernes. “Al finalizar el video, uno reclama ¿por qué estás filmando?“, añadió en diálogo con Ecos Radio.

Los padres de la víctima prestaron declaración este lunes ante la Justicia, permaneciendo dentro del edificio judicial por cerca de una hora antes de retirarse sin dialogar con la prensa. En tanto, aguardan el testimonio de los presentes durante los hechos y una segunda declaración del imputado, de 16 años, quien ahora enfrenta cargos por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”, hasta que se conoció la noticia del fallecimiento, tal como explicó Posse.

El caso

El ataque se produjo en el estacionamiento de la costa de Necochea, en avenida 2, entre las calles 91 y 93, frente al sector del casino. La pelea comenzó con golpes de puño entre los adolescentes, pero se intensificó cuando ambos se armaron con elementos punzocortantes. Según fuentes oficiales, durante los forcejeos la víctima fue apuñalada en la ingle.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades. La Policía Bonaerense llegó primero y encontró a Coronel tendido en el suelo e inconsciente. Fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. Los médicos no lograron revertir el cuadro y murió por una “laceración de vasos ilíacos, con shock hipovolémico y paro cardíaco”, de acuerdo con el informe forense preliminar.

El acusado, de 16 años, quedó detenido en el lugar. En el operativo se secuestró una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera. Los investigadores indicaron que los elementos utilizados habían sido enterrados junto al murallón de la vereda. El menor permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán a la espera de las próximas resoluciones judiciales. La fiscal manifestó que el acusado “ha prestado declaración, ha dado una versión que debe ser corroborada”. Al respecto, reveló que “hizo un relato de cuestiones previas que existían con la víctima, quien en algún momento fue su amigo”.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, investiga si hubo participación de otras personas en el crimen y analiza los videos y testimonios recopilados para identificar posibles instigadores. “No se descarta la participación de otras personas”, señaló Posse. En tanto, se espera que este martes el joven declare por segunda vez ante la Justicia.

“En lugar de contribuir a que la investigación sea limpia y transparente, como corresponde, lo que ha hecho es favorecer para que estos detenidos sean liberados”, declaró Ramírez a Panamericana. El oficial precisó que la Depincri de El Agustino presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por lo ocurrido.

En la misma línea, el suboficial en retiro y abogado José Antonio Palacios, director de La Voz del Policía, explicó que la conducta de la fiscal está “claramente tipificada en el Código Penal”.

“No solamente amerita una sanción de expulsión o destitución del cargo, sino, además de ello, el proceso penal que se le tiene que instaurar sí o sí, porque está claramente tipificada la conducta que ella ha cometido”, indicó.

Consultado sobre la pena aplicable, Palacios precisó: “De uno a cuatro años. Y ella lo conoce perfectamente porque es abogada”. Añadió que, pese a ello, la fiscal podría acogerse a beneficios procesales: “Finalmente pena suspendida y se acoge a la terminación anticipada y confesión sincera”.

La intervención en la comisaría de El Agustino

El incidente se registró luego de la detención en flagrancia de dos sospechosos. En imágenes que se viralizaron rápidamente, se observa a Flores Tasaico romper un acta policial que contenía información sobre los detenidos. Mientras lo hacía, la fiscal sostuvo que el documento “estaba mal redactado” e incluso pidió a los agentes que la grabaran.

Uno de los policías le advirtió: “Voy a levantar mi acta, voy a comunicarme con su provincial y voy a dar cuenta a su órgano de control. Cuando uno comunica una detención a un fiscal, el fiscal inmediatamente se apersona a la dependencia policial”.

Pese a la advertencia, la fiscal destruyó el documento. Tras 48 horas de detención, ambos sujetos intervenidos fueron liberados.

Denuncia y control disciplinario

El general Máximo Ramírez confirmó que la Defensoría del Policía, que él dirige, formalizó la denuncia contra Flores Tasaico ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y la Fiscalía Penal de Turno. “Esta denuncia la voy a complementar con una penal”, señaló, al insistir en que la representante del Ministerio Público obstruyó la investigación y atentó contra las pruebas.

Ramírez sostuvo además que la fiscal pudo haber sido detenida en flagrancia y que el fiscal titular que la acompañaba también debería ser investigado, pues habría sustraído la fotografía de las actas que Flores Tasaico rompió.

Por su parte, Palacios consideró que este caso debe servir como ejemplo para marcar un precedente dentro del Ministerio Público y visibilizar los atropellos a los que son sometidos algunos efectivos policiales.

El abogado señaló que incluso los delincuentes tienes mayores beneficios que la propia policía.

Según el informe elevado por la PNP a la Cuarta Fiscalía Penal de Flagrancia de Lima Centro, la fiscal rompió el acta que había sido suscrita tras la intervención. Los policías adjuntaron fotografías y un video del momento en el que la representante del Ministerio Público destruye el documento, pese a los reclamos de los efectivos presentes.

Luego del incidente, los dos detenidos fueron puestos en libertad, lo que generó cuestionamientos internos en la Policía Nacional sobre el impacto de la actuación fiscal en el proceso. Las imágenes y el informe policial fueron derivados a las autoridades correspondientes, y la institución adelantó que se presentarán denuncias contra la letrada.

Discusión entre fiscal y policías

El video registra una discusión entre la fiscal a cargo y efectivos policiales en una comisaría, mientras se revisaba el acta de intervención. La fiscal cuestiona el documento e indica que los agentes intentaron añadir información sin su autorización. “Pretendían agregar eso a la carpeta fiscal sin hacer la corrección que yo les había indicado”, afirma la funcionaria. Los policías le responden que el acta ya estaba lista para ser enviada: “Vamos a mandar así como usted me informa”.

En la grabación, la fiscal sostiene que pidió corregir códigos en el acta y que no se atendió su solicitud, por lo que decidió romper el documento, alegando que se intentaba ingresar información sin rectificación previa. “Por eso se ha tenido que romper”, señala, mientras los agentes señalan que el documento ya estaba formalizado: “Doctora, ya lo había firmado”. Uno de los policías cuestiona la decisión y recalca: “Acá el problema es por qué usted rompe el documento”.

El ambiente se vuelve más tenso cuando ambas partes se acusan de faltas de respeto. La fiscal afirma que buscaba comunicarse con un superior y que no recibió apoyo: “Yo he querido hablar con el jefe y usted no ha querido hablar”, mientras los agentes sostienen que actuaron conforme al procedimiento. Un policía interviene y advierte que informará a la superioridad sobre el incidente: “Voy a levantar mi acta y voy a comunicarme con su provincial”.

Denuncias contra la fiscal

El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional, criticó el accionar de la fiscal y anunció medidas legales. En declaraciones a RPP, afirmó que el hecho constituye una interferencia en el trabajo policial y afecta el desarrollo de la investigación. Esta fiscal, con su actitud, lo que ha permitido es encubrir las pruebas, destruir las pruebas para liberar a dos personas que estaban siendo investigadas por el delito de receptación agravada. Es indignante y nosotros como Defensoría Policial no lo vamos a permitir, para que esta fiscal así fácilmente venga, destruya las pruebas, las evidencias y después les de libertad”, expresó.

De acuerdo con Ramírez, la Divincri de El Agustino ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por los presuntos delitos de destrucción de documento público, atentado contra pruebas y encubrimiento real. Además, el general confirmó que él mismo interpondrá una denuncia penal adicional. “Yo igualmente como defensoría del policía voy a hacer otra denuncia penal porque esta señora esta esta fiscal ha cometido tres delitos, ¿no? Delitos de destrucción de documentos, delito de atentado contra contra los documentos que sirven de prueba y de cubrimiento real y este son delitos muy graves que los voy a denunciar", explicó en conversación con 24 Horas.

El oficial también indicó que la fiscal pidió disculpas tras romper el acta, pero subrayó que ello no revierte el daño. “Pide disculpas, pero ya había destruido las pruebas”, alegó. Asimismo, cuestionó que los dos intervenidos fueran liberados horas después, pese al carácter de flagrancia con el que habían sido detenidos.

Detenidos fueron liberados

Los dos sospechosos intervenidos —según la PNP, por tener en su poder 60 faros de vehículos de alta gama— recuperaron su libertad cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de detención de 48 horas. Para la Defensoría de la Policía, la ruptura del acta influyó en ese desenlace. “En lugar de contribuir a una investigación limpia y transparente, lo que ha hecho es favorecer para que estos detenidos después sean liberados”, señaló Ramírez.

Durante sus declaraciones, el general también advirtió que la destrucción de documentos públicos puede implicar penas de dos a diez años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente. Enfatizó que la institución policial espera sanciones ejemplares para evitar precedentes que afecten la lucha contra el delito.

La Fiscalía General de la Nación reafirmó la continuidad de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt en las investigaciones relacionadas con Nicolás Fernando Petro Burgos, luego de desestimar la recusación presentada por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda.

En la resolución, la directora (e) de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, sostuvo que “no se configura ninguna de las causales previstas en la Ley” para apartar a la fiscal del caso, y enfatizó que “la Fiscal Delegada continuará con el conocimiento de las investigaciones referidas”.

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El análisis del ente investigativo se centró en la supuesta afectación de garantías procesales y la posible interferencia derivada de la filtración mediática de información reservada.

Al respecto, la entidad determinó que “no se ha demostrado que la supuesta filtración mediática haya sido atribuida a la fiscal ni ha comprometido el debido proceso”, según consta en el documento oficial.

Además, se subrayó que “la nulidad no puede declararse por presunciones ni por hechos externos no vinculados directamente con la actuación procesal”.

En cuanto a la solicitud de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación por presunta violación del principio de imparcialidad, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos concluyó que “no existen elementos objetivos que justifiquen la remisión de copias para investigación disciplinaria”.

La resolución precisa que en el proceso de investigación que se lleva en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, “no se ha acreditado la existencia de conflicto funcional ni de interés procesal”, y que la fiscal ha actuado “conforme al principio de legalidad”.

Sobre la posible infracción de los artículos 413 y 418 del Código Penal, que tipifican el prevaricato por acción y el abuso de autoridad por omisión, la Fiscalía fue contundente al mencionar que: “no se ha demostrado que haya dictado resolución contraria a derecho ni omitido actos propios de su función. No procede remitir antecedentes por ausencia de tipicidad penal”.

En materia de protección de la información reservada, la institución reiteró su compromiso institucional y señaló que “la Fiscalía General de la Nación cuenta con protocolos vigentes para la custodia de documentos físicos y digitales, y la gestión de la información reservada”. No obstante, se anunció que “se continuará con la vigilancia interna correspondiente”.

Finalmente, la resolución destaca que la asignación de casos dentro de la Fiscalía se realiza “conforme a criterios de especialidad, competencia territorial y carga procesal”, y que “la existencia de testigos comunes no impide la actuación de un fiscal, siempre que se mantenga la objetividad y separación procesal”. La imparcialidad, según el documento, “se vulnera cuando hay roles contradictorios, lo cual no se configura en este caso”.

La decisión, firmada por Sandra Liliana Mesa Agudelo el 28 de octubre de 2025, concluye: “DECLARAR infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en calidad de apoderado judicial de confianza del ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos, conforme a las razones expuestas”.

Fiscal de apoyo en el proceso de Nicolás Petro fue retirada del caso

La fiscal de apoyo asignada al proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue retirada del caso por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

La decisión se tomó tras las denuncias de presiones y objeciones presentadas por la fiscal principal, Lucy Laborde, quien había manifestado su desacuerdo con la designación de apoyo a través de una carta enviada el 22 de septiembre.

En el documento, Laborde expuso que la incorporación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, formalizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se realizó sin solicitud de su despacho y, a su juicio, “carece de sustento legal y administrativo”.

Además, la fiscal principal señaló que la justificación oficial —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar celeridad y eficacia— no corresponde con la realidad de su oficina, que no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal medida.

La fiscal también denunció que la defensa de Petro Burgos ha solicitado diez aplazamientos en el proceso, mientras que la Fiscalía no ha pedido ninguno. Laborde subrayó que ha liderado la investigación durante más de un año sin requerir apoyo adicional y que la asignación de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones internas afectan su autonomía funcional como fiscal natural del caso. “Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirmó en la misiva.

La pena se resolvió en el marco de un juicio abreviado realizado este martes en el Polo Judicial Penal de la provincia. Estuvo a cargo de la jueza Belén Salido.

El fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Gonzalo Marzal, fue quien llevó adelante la acusación, mientras que la defensa la encabezó la defensora oficial Marian Gil Moya.

En este contexto, la jueza condenó a Arredondo Suárez, declaró su reincidencia y resolvió que la pena se unifique con las dos previas que ya tenía: una por asesinar a un comerciante en un intento de robo y otra por matar a un preso en la cárcel. Por ambos hechos había sido sentenciado a prisión perpetua

El hecho por el que lo juzgaron este martes ocurrió en el mismo Polo Judicial y quedó registrado en un video. Allí, se puede observar como durante un receso del debate, los detenidos, bajo custodia de los penitenciarios, ocupan sus lugares en la sala.

Arredondo se ubica detrás de la defensora Ximena Morales, mientras que los otros imputados se sitúan a su costado. La fiscal Ríos permanece a la izquierda de la defensora, y los imputados ya no llevan esposas.

El intento de agresión a la fiscal se produjo cuando uno de los imputados solicitó quitarse una campera. En ese momento, Arredondo se levanta abruptamente y corre hacia la fiscal empuñando una chuza. Pasa frente a la defensora, un guardia intenta interceptarlo y le pone una zancadilla, pero no logra detenerlo.

Las imágenes evidencian que no se produce contacto entre la fiscal y el acusado. La fiscal se aleja y termina refugiándose junto a un penitenciario, mientras da la espalda a otro de los presos.

Arredondo salta una valla, lo que provoca que las tres pasantes presentes en la sala huyan en distintas direcciones, perseguidas por los penitenciarios que reaccionan con retraso.

Fuera de la sala, el recluso toma a una pasante como rehén, pero finalmente es reducido por un empleado judicial y varios agentes penitenciarios.

La acusación inicial de tentativa de homicidio y lesiones leves contra Arredondo fue descartada tras la revisión del video, que demostró la ausencia de intención de matar a la magistrada. Por este motivo, el proceso judicial actual se centra en los delitos de amenazas agravadas, tentativa de evasión y privación ilegítima de la libertad.

Respecto al ingreso del arma blanca al recinto judicial, el procurador General de Mendoza, Alejandro Guille, explicó que los internos acceden al Polo Judicial a través del edificio Estrada y un túnel destinado a traslados, donde “se supone que ahí los revisan”. El procurador añadió: “Suponemos que se les ha pasado a los guardias, de alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias y eso está en investigación”.

“Actualmente, yo tengo veinticinco fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte. Hoy día acaban de amenazar a uno más”, alertó.

Chávez Cotrina señaló que la seguridad de los fiscales es incierta, pues si las organizaciones criminales buscan amedrentarlos, lo harán. Como ejemplo, recordó los atentados contra candidatos presidenciales ocurridos en Ecuador y Colombia.

“El día que alguien te quiera matar te va a matar en cualquier sitio. No es necesariamente en tu oficina o en tu casa, o sea, te agarran en tus cinco segundos y, con o sin seguridad, igual te van a matar”, agregó.

Consultado sobre las medidas de protección, el representante del Ministerio Público indicó que se están aplicando acciones disuasivas, como cambiar las rutas hacia sus centros de trabajo. Sin embargo, reconoció que es un tema complejo, ya que no todos los magistrados cuentan con resguardo policial.

“El tema de las amenazas, bueno, lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente, la Policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal. Es difícil, ¿no es cierto? También entendemos esos temas. Es complicado”, lamentó.

Pese a la grave situación de riesgo que enfrentan los representantes del Ministerio Público, Chávez Cotrina rechazó la propuesta de reimplantar los jueces sin rostro y extender el anonimato a los fiscales.

Amenazas a fiscal Margarita Haro

La fiscal provincial Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció haber sido víctima de amenazas y extorsión por parte de una organización criminal, luego de liderar una investigación que derivó en prisión preventiva para siete presuntos integrantes de la banda “Los Chukys de Juan Pablo II”.

Según relató, el 17 de octubre recibió un mensaje intimidatorio en su celular personal en el que le exigían abandonar su cargo en un plazo de 24 horas o atentarían contra su vida. Las amenazas habrían provenido de la organización “Los Pepes SJL”, cuyo cabecilla sería un delincuente conocido como “El Colocho”. “He tomado conocimiento que ese teléfono ha sido activado hace solo unos meses y pese a eso registra varios chips. Se trata de una persona investigada que tuvo una medida de coerción, pero que no se cumplió”, precisó.

Lejos de amedrentarse, Haro aseguró que mantendrá su labor sin ceder ante los extorsionadores. “Yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones”, enfatizó.

El Ministerio Público expresó su respaldo a la magistrada y dispuso seguridad policial permanente para ella y su familia. “Fiscal Haro, usted no está sola, sino que tiene el total respaldo del Ministerio Público”, afirmó el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

"Me temo que con esas acciones (...) de la JNJ -y porque no se ve mayor acción de otras entidades que guardan un silencio sepulcral- estamos yendo hacia una dictadura, en cámara lenta, a un golpe de Estado", aseveró Espinoza en una rueda de prensa.

"Y creo que ya ni en cámara lenta, ya está siendo cada vez todo más grotesco, más abierto, más descarado y sinvergüenza. Yo no lo voy a permitir, voy a seguir luchando", dijo Espinoza ante los medios.

La inhabilitada fiscal suprema convocó una rueda de prensa para expresar su rechazo ante la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no reponerla en su cargo.

"La JNJ quiere terminar de consagrar su ilegalidad, actuando como juez y parte. Saben muy bien que no son competentes para seguirme casos disciplinarios", afirmó Espinoza.

En la víspera, el máximo órgano de la judicatura del país, rechazó la restitución en el cargo de Espinoza, apartada en septiembre pasado, al considerar que su suspensión se mantiene vigente por seis meses por haberse negado a ceder su puesto a su antecesora, Patricia Benavides, a la que la JNJ anuló su suspensión pese a encontrarse investigada por presunta corrupción.

La JNJ decidió dejar sin efecto el procedimiento administrativo abierto contra Espinoza, pero mantiene la vigencia de la suspensión por cuatro faltas graves que son haber continuado como titular del Ministerio Público, no restituir a Benavides en ese cargo, no haberla recibido en su despacho y tampoco haber convocado a la Junta de Fiscales Supremos.

El pasado 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza contra la resolución de la JNJ que la suspendió por seis meses debido a su negativa a reponer como fiscal general a Benavides.

El fallo del Noveno Juzgado reiteró la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que designó a Espinoza como fiscal general en octubre del año pasado y que se suspenda la decisión de la JNJ de reponer a Benavides, investigada por corrupción y tráfico de influencias.

"Lo que ha pasado el día de ayer simplemente es la consumación, y algo que sí lo tenía como sospecha (...) El día de ayer simplemente ha dado un paso más en el amplio ramillete de ilegalidades que viene cometiendo", agregó Espinoza.

La suspendida funcionaria sostuvo que "no se puede cerrar los ojos ante una verdad evidente, la JNJ está siendo protegida por el Congreso de la República".

Del mismo modo, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, señaló -en un breve pronunciamiento- que “es una situación delictiva” que la JNJ no haya acatado el mandato judicial que solicitaba reponer a Espinoza como fiscal de la Nación.

Canelo aseguró que nunca se había registrado este tipo de desacato y que "nadie" está exento del cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Arequipa es escenario de un nuevo caso de violencia familiar contra una menor. Un sujeto de 25 años, identificado como John Carlos Rodríguez Roca, fue detenido tras agredir brutalmente a su hijastra de cuatro años. Pese a la gravedad de los hechos y a que la agresión fue registrada en video por la madre de la menor, la Fiscalía dispuso su liberación al considerar que las lesiones no eran graves.

El ataque ocurrió dentro de la vivienda familiar ubicada en el distrito de Quequeña. Según la denuncia policial, la agresión se inició porque la niña habría movido parte de la comida que Rodríguez Roca estaba consumiendo. El hombre, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, reaccionó violentamente y comenzó a golpear a la pequeña.

En la grabación realizada por la madre, se observa claramente cómo el agresor golpea repetidamente a la niña con un cable e incluso intenta asfixiarla. La mujer, una joven de 22 años con cuatro meses de embarazo, intentó defender a su hija, pero no lo consiguió y también fue agredida.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando indignación y rechazo ciudadano. En el video se oye cómo el hombre grita a la menor y la golpea, pese a las súplicas y advertencias de su madre.

Testigos de la zona afirmaron que no era la primera vez que se escuchaban gritos y hechos de violencia en esa vivienda. Fue gracias a la alerta de los vecinos que personal de Serenazgo acudió al lugar.

Uno de los serenos que acudió al llamado relató: “Se recibió una llamada sobre una madre de familia cuya menor hija estaba siendo agredida por su padrastro. De inmediato se envió un patrullero de Seguridad Ciudadana para que atienda la emergencia. Al llegar al punto se encontró a la señora desesperada con su menor hija en completo estado de shock”.

Tras asistirlas, informaron a la comisaría de Yarabamba, cuyos agentes procedieron a detener a Rodríguez Roca. Sin embargo, horas después, la Fiscalía de Violencia Familiar de Arequipa determinó su liberación argumentando que, según el examen médico-legal, las lesiones no ponían en riesgo la vida de la menor.

La liberación de John Carlos Rodríguez Roca generó la indignación entre los vecinos de la zona, quienes reclamaron a la Fiscalía por no pedir su detención.

“¡Es una burla! ¿Qué más tiene que pasar para que haya justicia?”, reclamaron.

Menor fue llevada a un albergue

El Poder Judicial dispuso que la niña fuera trasladada de manera temporal a un albergue especializado, mientras que su madre fue derivada a un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia. Ambas permanecerán separadas hasta que culminen las investigaciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que intervino a través del Programa Nacional Warmi Ñan y que, en coordinación con la Unidad de Protección Especial (UPE), se decidió el internamiento de la menor en un Centro de Acogida Residencial.

Asimismo, detallaron que han solicitado medidas de protección para la niña y su madre, y pidieron formalmente la detención y el procesamiento judicial del agresor. Desde el MIMP señalaron que seguirán el caso hasta garantizar la seguridad de la menor y el cumplimiento de la ley.

Canales de ayuda

Si una persona está siendo víctima de violencia o conoce un caso cercano, existen diversos servicios gratuitos y confidenciales disponibles en todo el país para brindar apoyo inmediato y especializado.

Línea 100 Es un servicio telefónico nacional, gratuito y activo las 24 horas del día. Está destinado a ofrecer orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual. Profesionales capacitados atienden cada llamada de manera confidencial, brindando información sobre cómo actuar, dónde acudir y qué medidas de protección solicitar.

Centros de Emergencia Mujer (CEM) Los CEM son espacios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que ofrecen atención integral. Allí, las víctimas pueden acceder de forma gratuita a apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social. Están ubicados en comisarías, municipalidades y diversas instituciones públicas, y funcionan como puntos de ayuda directa para quienes necesitan protección y acompañamiento.

Chat 100 Para quienes prefieran comunicarse de manera virtual, el Chat 100 es una alternativa segura y confidencial. A través de internet, especialistas brindan consejería en tiempo real, especialmente a adolescentes, jóvenes o mujeres que no pueden realizar una llamada o se encuentran en un entorno controlado por el agresor.

Línea de Emergencias 105 – Policía Nacional del Perú (PNP) Ante una situación de peligro inminente, agresiones en curso o cualquier tipo de delito, se puede llamar al 105. Esta línea conecta directamente con la Policía Nacional, cuyo personal está facultado para acudir de inmediato al lugar de los hechos, intervenir al agresor y proteger a las víctimas.

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro simple y tortura. Esto, tras hallarse suficiente material probatorio proporcionado por la Fiscalía General de la Nación para establecer la orden de captura en su contra.

Luz Adriana Cano Rendón Melo, fiscal 53 especializada y destacada ante el Gaula, solicitó que se impartiera la orden de captura por hechos que se presentaron en mayo de 2023. Para entonces, se registró el robo de joyas, dólares y pesos colombianos en efectivo, y relojes Rolex y Cartier. Los elementos fueron hurtados de su finca de Rionegro, Antioquia, y representan una pérdida de más de $1.000 millones.

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Por este millonario robo, Rendón y otras personas habrían secuestrado y torturado a dos trabajadores de construcción de la finca, con el fin de que confesaran sus presuntas acciones delictivas. De acuerdo con el relato de la delegada de la Fiscalía, las víctimas fueron identificadas como Elber Jacob Ruiz Velásquez y José Francisco Lenin Granobles–hombre de la tercera edad–.

Estos hombres fueron retenidos ilegalmente y agredidos físicamente por cinco hombres fuertemente armados que llegaron a la finca de Rendón el 8 de mayo de 2023. “Estas personas los tenían allí en contra de su voluntad, les estaban ejerciendo tortura, porque supuestamente tenían que confesar haber participado en un hurto que había ocurrido en ese inmueble dos días antes”, precisó la fiscal en la audiencia.

La petición de captura: Rendón asumió “una actitud evasiva”

Teniendo en cuenta la gravedad de estos hechos, que son materia de investigación, la fiscal solicitó la orden de captura. Entre sus argumentos, incluyó no solo la presunta responsabilidad de Rendón en el caso; también sus constantes evasiones a la justicia por estas indagaciones.

Pues, el padre de la famosa cantante estaba enterado de la investigación que se estaba haciendo en su contra y fue citado a una audiencia de formulación de imputación que “resultó fallida”, porque el procesado no acudió.

“Como mínimo, seño juez, hay unos elementos materiales probatorios fuertes para hacerle esta imputación al señor Alberto y que sabemos y su despacho lo sabe, no ha querido ni siquiera comparecer a enfrentar esta investigación”, indicó la funcionaria del ente acusador.

De acuerdo con la fiscal, si Rendón hubiera comparecido a la diligencia en cuestión, quizás, hubiera sido cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia, sin necesidad de estar recluido en un centro carcelario.

“Se le ve al menos la vocación de un hombre serio y responsable, para presentarse a escuchar cuál es la imputación que se va a hacer en su contra y, probablemente, se le imponga un tipo de medida de aseguramiento mínimamente domiciliaria”, explicó.

El juez confirmó que el padre de la cantante, en efecto, no respondió a varios requerimientos que le hizo la justicia y que, incluso, no proporcionó los datos que la persona que lo representaría como defensa.

“Se estableció comunicación telefónica con él, se le deprecaron datos civiles y profesionales de quien ejercería su derecho de defensa al interior del proceso, se le enteró de qué se trataba el asunto, indicó que se comunicaría con posterioridad con el despecho para otorgar los datos deprecados, de ahí en adelante asumió una actitud evasiva, no volvió a contestar teléfonos, no proporcionó la información requerida”, expuso.

La fiscal indicó que llevaba “dos años” tratando de vincular a Luis Alberto Rendón a la investigación, desde mayo de 2023. Ya había solicitado previamente una orden de captura, que fue negada por otro juez porque es una persona “ligada a la fama”.

Secuestro y tortura: lo que vivieron las víctimas

Según expuso la fiscal en la audiencia, luego de que se presentaran los hechos, las autoridades llegaron al sitio gracias a la llamada de alerta que hizo el guarda de seguridad de la finca y se llevaron capturados a los cinco sujetos en cuestión. En el lugar, estaba presente Luis Alberto Rendón, que, según denunciaron las víctimas, estaba enterado de las agresiones: “El señor Alberto Rendón tiene un dominio del hecho, sabe que a ese muchacho lo están torturando”, dijo la fiscal.

Entre las acciones de tortura que se presentaron en el sitio, destacó golpes, amenazas de muerte y el uso de armas de fuego y otros elementos. De hecho, detalló lo ocurrido con Elber Ruiz para evidenciar la gravedad de los hechos: “Le introducen una manguera por la boca a Elber, se la pegan a la canilla y empiezan a ahogarlo con agua y paraban por unos minutos y le decían que entregara la información que tenía”.

La fiscal rechazó con contundencia estas acciones: “¿Cómo le meten una manguera, a lo película, insisto yo, esperan que se ahogue, para obligarle a que confiese algo?”, cuestionó.

En el caso de José Francisco Lenin, la fiscal contó que, de acuerdo con su denuncia, fue amarrado a una viga del apartamento y golpeado en repetidas ocasiones. Fueron tantos los golpes, que se le cayeron los audífonos que tenía puestos para poder escuchar, lo que le impidió contar con el sentido del oído en medio de las agresiones. “Le parece a uno increíble. Me parece muy lamentable”, aseveró.

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, respondió a las acusaciones de la fiscal Lucy Laborde, dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que señala posibles episodios de hostigamiento e intromisión en el proceso en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

En primera instancia, el litigante aseguró que la funcionaria no tendría por qué señalar presiones, porque ella es la que ha incurrido en la falta al debido proceso.

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“Ahí hay tres preguntas que voy a responderle. La primera es que no tiene ninguna presión indebida. Aquí la presión la ha generado ella por no utilizar el conducto regular que como fiscal le corresponde, filtrar información privilegiada y con reserva para ayudar a que la señora Victoria Eugenia Dávila haga campaña política.

Un segundo punto que trató fue el de todo el material probatorio que se ha entregado por la defensa y la manera en la que se ha estado manejando.

“Lo segundo es que ahí, en las evidencias que les he entregado a ustedes, tienen la prueba de que la propia directora de lavado de activos, la semana pasada, me contestó diciéndome que cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier tema relacionado con esa supuesta imputación que ella quiere hacer, tiene que ser dirimida por la fiscal del caso. Y que todos temas disciplinarios, cualquier observación respecto a la conducta de la fiscal Lucy Laborde, tiene que ser atendida”.

Carta de Lucy Laborde a la fiscal general Luz Adriana Camargo

El nombramiento de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo y la realización de reuniones internas inesperadas han trastocado la serenidad en la Fiscalía General de Colombia, generando dudas en torno a la autonomía de la investigación sobre Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano.

Estos movimientos administrativos, ejecutados sin solicitud del despacho de la fiscal titular, han llevado a Lucy Marcela Laborde a advertir que tales decisiones “carecen de sustento legal y administrativo”, según consta en la carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo.

La misiva recorre las recientes decisiones que, según Laborde, siembran incertidumbre sobre la transparencia de uno de los procesos penales más visibles del país. Entre ellas, destaca la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025 que formalizó la asignación de Ramírez Meléndez. Laborde remarcó que la justificación esgrimida oficialmente —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de darle celeridad al caso— no se corresponde con la realidad operacional de su despacho, que según sostiene, nunca solicitó apoyos ni enfrenta una sobrecarga de trabajo.

Como responsable de la investigación contra Petro Burgos desde hace más de un año, Laborde enfatizó en la carta que ha gestionado el caso de forma íntegra y sin dilaciones, recalcando que la Fiscalía no ha pedido aplazamientos dentro del proceso. Por el contrario, la defensa ha solicitado hasta diez aplazamientos, cifra que la fiscal considera especialmente relevante para el debate sobre la eficiencia procesal y la percepción pública.

En el documento, Laborde también expresó su preocupación por las reuniones sorpresivas que han sido convocadas por organismos como la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Contra la Corrupción.

La fiscal señaló que el encuentro celebrado el 18 de septiembre se organizó sin advertencia previa sobre su propósito y que durante el mismo le exigieron una exposición de detalles de la investigación además de posibles conexiones con distintas entidades, incluidas organizaciones como la Fundación Conciencia Social Fucoso.

Estas reuniones, desde la perspectiva de Laborde, representan un riesgo para la imparcialidad del proceso. “Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte en el texto remitido a la fiscal Camargo.

Además de estos señalamientos, la fiscal manifestó inquietud respecto al manejo de las solicitudes de la defensa. Denunció que las peticiones de la contraparte no fueron remitidas a su despacho de manera oportuna, lo que podría afectar los derechos fundamentales de contradicción y defensa. “No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, puntualiza Laborde en la carta.

En su argumentación, la fiscal reivindica la experiencia acumulada durante más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, tanto en investigaciones de alto impacto a nivel nacional e internacional, como en la gestión de recursos humanos y materiales, afirmando que dispone de todo lo necesario para liderar el proceso sin apoyos adicionales.

Un elemento que eleva la tensión es lo que la fiscal considera un timing sospechoso en la designación de la fiscal de apoyo, que ocurrió justo después de haber solicitado la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, etapa que —en palabras de Laborde— ya no necesitaba un refuerzo.

Finalmente, en el cierre de su misiva —cuyos extractos han circulado a través de diferentes canales sociales— Laborde solicita transparencia sobre las razones y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el fundamento de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación. Además, pidió medidas claras para respaldar su autonomía, al subrayar la necesidad de respetar la independencia funcional del fiscal natural frente a eventuales arbitrariedades derivadas del principio de unidad de gestión.

En el documento presentado junto al proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei identificó “riesgos fiscales” con capacidad de alterar el superávit de las cuentas públicas y afectar variables macroeconómicas relevantes. El análisis se centró en la posible incidencia de una sequía o la baja en los precios internacionales de la soja, principal cultivo de exportación de Argentina, y advirtió sobre los efectos que podría causar una caída en los valores del petróleo durante el crecimiento de Vaca Muerta.

El reporte oficial incluyó estimaciones numéricas sobre las consecuencias de diversos shocks negativos. Una sequía moderada reduciría el PIB en 1,2 puntos porcentuales respecto a la línea de base, una sequía severa implicaría una baja de 1,8 puntos y un escenario extremo llegaría a –2,4 puntos. El sector agropecuario figura como el más afectado, con retrocesos estimados de –12,3%, –17,8% y –24,6%, respectivamente. Por su parte, consumo e inversión registrarían caídas menores, entre –0,8% y –1,6%.

Los ingresos fiscales también se verían afectados, aunque en dimensiones más acotadas. Las proyecciones muestran reducciones de hasta 0,2% del PIB en ingresos y un deterioro del resultado primario entre 0,2% y 0,3% del PIB, según la intensidad de la sequía.

En cuanto al panorama energético, una baja de los precios internacionales del petróleo tendría consecuencias negativas sobre la economía argentina. Una caída de una desviación estándar en el precio del barril —de USD 61 a USD 48,1— provocaría una reducción de 0,07 puntos en el PIB y un deterioro de 0,2% del PIB en el resultado primario. Si el descenso alcanza dos desviaciones (hasta USD 24,6), la contracción llegaría a 0,2 puntos del PIB y el deterioro fiscal a 0,6% del producto.

Respecto a la soja, el informe consideró el impacto de una baja en el precio de referencia de USD 386 por tonelada a USD 333,7 (una desviación estándar) y a USD 217,5 (dos desviaciones). En ambos escenarios, los efectos sobre la economía serían limitados: el PIB bajaría 0,01 y 0,03 puntos, y el balance fiscal primario se vería perjudicado en 0,04% y 0,15% del PIB, respectivamente.

El Ministerio de Economía destacó en el informe: “Estos resultados permiten visualizar la sensibilidad de las principales variables ante cambios relevantes en las condiciones externas e internas”. Los modelos proyectan caídas más marcadas en ingresos que en gastos, exponiendo el ancla fiscal a influencias globales y meteorológicas.

Según el escrito enviado al Congreso, la materialización de shocks negativos podría afectar tanto el desempeño económico como las variables responsables de definir recursos y gastos de la Ley de Presupuesto. La previsión central del equipo de Luis Caputo parte del equilibrio fiscal, aunque reconoce la posibilidad de desviaciones frente a estos riesgos.

La estabilidad del ancla fiscal depende de la normalización de la actividad local, el comercio exterior, la fortaleza de la cadena global de suministros y las condiciones climáticas domésticas. El principal riesgo detectado es la posibilidad de una “sequía extraordinaria, similar a la de 2023”, con impacto inmediato sobre la recaudación tributaria y el ingreso de divisas.

La producción de soja y de otros cultivos estratégicos resulta fundamental para la recaudación. El reporte detalla: “Un desastre natural, como la sequía registrada durante la campaña pasada, generó pérdidas considerables de exportaciones y redujo el flujo de recursos para afrontar los gastos públicos programados”.

El análisis agrega incertidumbre en materia energética, producto de la volatilidad de precios y de posibles cambios inesperados en la demanda interna. El texto advierte que variaciones en la cotización internacional pueden elevar los pagos por importación de energía.

El Poder Ejecutivo remarcó la relevancia de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El cumplimiento de varias metas depende de la evolución de las exportaciones agroindustriales y de las reservas, ambos sensibles tanto a eventos climáticos como a alteraciones en los precios internacionales. El Gobierno relajó la meta de acumulación de reservas y ahora sembró dudas sobre los objetivos fiscales.

A nivel interno, la recaudación impositiva y el margen para ajustar las transferencias discrecionales siguen siendo determinantes clave. El Presupuesto 2026 incluye estimaciones prudentes, aunque deja abierta la posibilidad de movimientos inesperados en las cuentas públicas originados por shocks exógenos sobre los precios de la energía, la producción agrícola o el comercio internacional.

Los factores climáticos adversos recibieron atención especial; el reporte menciona el posible impacto de un “ciclo húmedo que cause inundaciones y perjudique la zona núcleo”, con consecuencias negativas en la productividad, la balanza de pagos y la organización federal.

La dependencia de las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos convierte a las campañas agropecuarias en un eje central de la recaudación nacional y provincial. Una baja significativa en la producción impactaría en la recaudación de ambos niveles de gobierno, con influencia sobre el tipo de cambio y la inflación.

En el plano externo, el informe advierte sobre el riesgo de un deterioro en los términos de intercambio o un retroceso en mercados como Brasil o China, destinos clave de las exportaciones argentinas. Tal escenario tendría efectos sobre la actividad, el empleo y los ingresos públicos.

El ajuste en el gasto de subsidios a las tarifas de luz y gas natural se mantendrá como un pilar principal en la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei para sostener el equilibrio fiscal, luego de fuertes incrementos en las tarifas que afrontaron los usuarios en los últimos 21 meses. De cara a la presentación del Presupuesto 2026, el área energética del Ejecutivo proyecta una orientación más precisa de la asistencia y una contención pronunciada de esta partida.

En el documento que resume la última revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en abril se desprenden algunas reformas del gasto para preservar el ancla fiscal.

“Las autoridades reducirán los subsidios a la energía y acercarán las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, mejorando al mismo tiempo la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico. Esto se complementará con esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado eléctrico mayorista para aliviar las presiones en la cadena de pagos (finales de noviembre de 2025) y evitar atrasos entre las distribuidoras eléctricas y la empresa pública mayorista de electricidad, Cammesa”, detalló el staff report del organismo.

Estas transformaciones acompañarán una reforma previsional que incluirá modificaciones en la legislación laboral para favorecer la formalización del empleo.

El acuerdo con el FMI detalla la evolución prevista de los subsidios energéticos: del 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, bajaron al 1,5% en 2024. Se proyecta una reducción al 0,8% del PBI para 2026 y al 0,4% para 2027.

Entre enero y julio de 2025, el gasto en subsidios a las tarifas de luz y gas disminuyó en más de USD 2.100 millones respecto al mismo lapso de 2024. La comparación histórica muestra la magnitud del ajuste: en ese período de 2019 los subsidios sumaron USD 2.258 millones; en 2020, USD 3.123 millones; en 2021, USD 6.564 millones; en 2022, USD 7.914 millones debido al aumento de los precios internacionales por la guerra en Ucrania; en 2023 alcanzaron los USD 6.564 millones; y en 2024 descendieron a USD 4.031 millones.

En el mediano 2024, el Gobierno de Milei implementó un ajuste profundo sobre los subsidios a la luz y el gas. Cerca de dos millones de usuarios dejaron de recibir asistencia tras la depuración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este año, el recorte fue menor; el Ejecutivo optó por no trasladar los nuevos costos de la energía a las facturas residenciales para evitar incrementos antes de los comicios, incluso frente a la devaluación.

Los subsidios energéticos representaron la cuenta con mayor reducción para sostener el superávit fiscal de 2025. Durante los primeros siete meses del año, el gasto primario del Sector Público Nacional (base caja) creció 3,6% en términos reales interanuales, con nueve rubros en aumento y siete en descenso, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Entre las partidas con mayor incremento se destacaron las transferencias de capital a provincias (+127%), transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y la asignación universal para la protección social (+33%). En el otro extremo, los rubros con mayor disminución fueron subsidios a otras funciones (-67,7%), subsidios a la energía (-55%) y programas sociales (-29%).

Según el Iaraf, “las provincias lideraron el ranking en porcentaje de aumento, mientras que la magnitud del ajuste en los primeros siete meses de 2024 fue muy elevada. El incremento en el gasto previsional (+21,7%) se contrapuso a la fuerte contracción en subsidios energéticos y programas sociales. La baja en subsidios equivalió al 55% del alza en jubilaciones y la reducción en programas sociales, al 41%."

El instituto señaló que, dentro de las partidas en alza, las jubilaciones y pensiones contributivas representaron el 61% del crecimiento; las transferencias corrientes a provincias y la asignación universal, el 10% cada una; y bienes y servicios, el 8%. Por el lado de las bajas, el gasto en subsidiar la energía absorbió el 48% del total, seguido de programas sociales (35%) y salarios públicos (10%).

El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, anticipó recientemente que el Ejecutivo analiza modificar los esquemas de subsidios en tarifas energéticas residenciales, como parte de un plan para endurecer el ajuste de estas transferencias. La propuesta incluye eliminar o reducir la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, periodos en los que el consumo de cada servicio suele ser menor.

Esta definición despertó dudas entre especialistas, especialmente respecto de los hogares sin conexión a red de gas natural, que dependen de electricidad para calefacción en invierno, y sobre el alcance del recorte: si afectará a todos los usuarios residenciales o solamente a aquellos de mayores ingresos.

El subsidio estatal permite que los hogares de ingresos bajos accedan a una tarifa reducida, que integra la factura junto a los cargos por distribución, transporte e impuestos. Hoy, existen tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos) paga la tarifa plena; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen a partir de los ingresos declarados frente a la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec. Para este invierno, el Gobierno dispuso que todos los usuarios, incluidos los de ingresos altos, reciban subsidios.

Una audiencia en un Juzgado Municipal de Ibagué debió ser interrumpida de manera abrupta cuando el fiscal a cargo experimentó una crisis nerviosa que le impidió continuar con la diligencia, según denunció el sindicato Asonal Judicial.

De acuerdo con Kirov Rojas Oviedo, presidente de Asonal Judicial, el fiscal afectado es reconocido por su desempeño disciplinado y responsable, pero no pudo resistir el impacto de un estrés acumulado. Rojas Oviedo explicó que, según el reporte recibido, el funcionario llevaba tres días sin dormir para poder preparar todas las audiencias asignadas.

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“Este es el reflejo de una alta carga laboral. Los servidores judiciales se están enfermando. En este caso particular del fiscal que sufrió una crisis nerviosa en medio de una audiencia es que el reporte que tenemos es que llevaba tres días sin dormir para poder preparar todas las audiencias que le asignan. Hoy un fiscal debe atender entre 17 y 23 audiencias por día, lo cual genera una enorme presión ya que debe prepararse para cada una de ella. Si no lo hace, puede ser sancionado.”, detalló Rojas Oviedo, según recogió la emisora Caracol Radio.

El dirigente sindical subrayó que la situación no solo percute a la Fiscalía General de la Nación, sino que también afecta a la Rama Judicial, donde se ha registrado un aumento en las consultas relacionadas con la salud mental. Rojas Oviedo relató que recientemente “el secretario de un Juzgado tuvo que ser internado en una clínica de reposo porque estaba agobiado por la sobre carga laboral. La situación es preocupante no solamente en la Rama también en Medicina Legal donde por la falta de personal está generando entre sus funcionarios dificultades para cumplir con su labor”.

Ante este panorama, Asonal Judicial en el Tolima reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que avance en los procesos de ampliación de la planta de personal. El sindicato argumenta que el incremento de la criminalidad y la demanda ciudadana de un servicio de justicia eficiente hacen indispensable la incorporación de más técnicos y profesionales al sistema.

Este episodio, que pone en evidencia la presión extrema que enfrentan los funcionarios judiciales, reavivó el debate sobre la sobrecarga laboral en el sistema de justicia del Tolima.

Juez frena una ‘jugadita’ en un preacuerdo de la Fiscalía en caso de presunta corrupción

El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva rechazó el 11 de septiembre de 2025 una propuesta de reducir la condena del contratista Ángelo Andrés Ucros Ospino a 66 meses de prisión, luego de que se consideraran insuficientes las garantías para reparar el daño causado al municipio de Barrancas, La Guajira.

El juez del caso, Cristián Camilo López Pontón, fundamentó su decisión en la falta de cumplimiento de los requisitos legales y en la protección de los derechos de la víctima, reconocidos por la Constitución.

El proceso penal contra Ucros Ospino se originó a raíz de la celebración, ejecución y pago de un contrato de cooperación técnica destinado a la instalación de un aula de informática y al desarrollo de programas comunitarios en Barrancas.

En calidad de director de la entidad contratante, Fondeba, el acusado enfrenta cargos por peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, según la imputación de la Fiscalía General de la Nación.

El preacuerdo presentado por el ente acusador proponía que Ucros Ospino fuera juzgado como cómplice y no como autor de los delitos imputados, lo que habría reducido considerablemente su condena. Sin embargo, el juez López Pontón consideró inadmisible esta propuesta, argumentando que la calificación sugerida desconocía los presupuestos del derecho penal sustancial y los derechos de la víctima, en un caso que involucra un detrimento patrimonial superior a $300 millones en las finanzas del municipio.

En su argumentación, el juez destacó que el convenio omitía un requisito esencial establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que exige la devolución de al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y la garantía de pago del saldo restante como condición previa para acceder a beneficios punitivos.

“El convenio excluía un requisito esencial previsto en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que exige la devolución de al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y la garantía de pago del saldo restante como condición previa para acceder a beneficios punitivos”, señaló el juez Cristián Camilo López Pontón.

Tres personas fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional como presuntos integrantes de un grupo delictivo denominado Los Viajeros, señalado de participar en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón y de cometer al menos 36 asaltos bajo la modalidad de ‘fleteo’ en varios departamentos de Colombia.

Según información oficial, Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez fueron detenidos en operativos realizados en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).

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Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con los elementos probatorios, Rodríguez Burgos, que aceptó los cargos, habría interceptado a la víctima el 10 de junio en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá (Cundinamarca). Según la investigación, intimidó y golpeó al fiscal para obligarlo a entregar un maletín con $128 millones, que acababa de retirar de una entidad bancaria. Durante el forcejeo, le arrebató el dinero y disparó en dos ocasiones, causándole la muerte.

La Fiscalía indicó que Arroyo Fernández habría facilitado la huida del atacante a bordo de una motocicleta, mientras que Quiroz Rodríguez estaría vinculada a labores de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal y alertar sobre sus movimientos.

En el desarrollo de la investigación, se estableció que la mujer señalada de entregar el arma de fuego utilizada en el asalto y de recibir el dinero tras el hurto fue asesinada. Las autoridades investigan si Los Viajeros participaron en ese homicidio.

El comunicado oficial, entregado por la Fiscalía General de la Nación el 13 de septiembre de 2025, señala que existen evidencias que relacionan a este grupo con otros 36 casos de fleteo en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Antioquia y Cundinamarca.

En estos hechos, los asaltantes ingresaban a bancos simulando ser usuarios, identificaban a personas que retiraban altas sumas de dinero mediante el sonido de las contadoras de billetes, las seguían e interceptaban para despojarlas del efectivo. Por cuatro de estos casos, los procesados serán imputados en los próximos días.

La Delegada para Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, confirmó que luego del desafortunado hecho se dio inicio con todos los procesos pertinentes de las autoridades para esclarecer las responsabilidades y las identidades de los autores materiales e intelectuales que acabaron con la vida de un funcionario.

“Desde el momento en el que conocimos la lamentable noticia sobre el homicidio de nuestro coordinador del grupo de fiscales de Fusagasugá de la seccional Cundinamarca, Karim Sefair Calderón, el pasado 10 de junio en ese municipio, deseamos estrategias y actividades investigativas para dar con el paradero de los responsables y lograr su judicialización”, expresó Jaramillo.

El suceso ocurrió aproximadamente a la 1:00 p. m., del 10 de junio de 2025, momento en que Sefair Calderón, de 49 años, fue interceptado por asaltantes que le despojaron de sus pertenencias y le dispararon al menos dos veces.

El fiscal delegado ante Jueces del Circuito Especializado de la Delegada de Seguridad Territorial de la Seccional Cundinamarca fue trasladado inmediatamente al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. “El funcionario alcanzó a ser trasladado a un centro médico, donde murió”, informaron fuentes de la administración municipal.

En relación con la seguridad del funcionario, la Alcaldía de Fusagasugá indicó que, aparentemente, Sefair Calderón no había solicitado acompañamiento oficial para realizar el retiro de dinero.

“Se desconoce si contaba o no con algún tipo de acompañamiento”, detalló la Alcaldía en su comunicado. Esto se suma a la preocupación local por la ola de inseguridad que ha afectado al municipio en fechas recientes.

Tras haber transcurrido más de dos años desde que se inició un proceso judicial contra el ex fiscal de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes en la que estaba inmerso su sobrino, este miércoles la Justicia falló en su contra y lo condenó a seis años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo consideró partícipe primario de la organización narcocriminal conocida como los “Narcochetos 2”, que operaba en la ciudad bonaerense entre 2017 y 2018. El fallo sostiene que Cantaro protegió y favoreció a la banda, contribuyendo activamente con información clave para eludir investigaciones judiciales y posibilitando que sus integrantes tomaran recaudos al comunicarse e incluso lograran evadir la acción de la Justicia.

“La contribución de Cantaro durante el período imputado, entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril 2018, estuvo centrada medularmente en aportarles información esencial para que operaran sin ser descubiertos; posibilitándoles tomar recaudos en sus conversaciones telefónicas; y, en el caso particular de su principal protegido (Sebastián Gauna San Millán), ofrecerle la posibilidad de eludir la investigación de la justicia fugándose a la provincia de Córdoba”, sostuvo el tribunal. Para el TOC, el ex funcionario fue la figura que, sin ser el autor directo del hecho, realizó las acciones sin las cuales el delito no podría haberse cometido.

Además, los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco, lo encontraron responsable por el tráfico de estupefacientes agravado por su calidad de funcionario público encargado de la prevención y persecución de estos ilícitos. Los magistrados no solo dispusieron la pena de prisión, sino que además le impusieron una multa económica y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos durante diez años. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ordenaron su inmediata detención y ratificaron la gravedad institucional del caso.

Al fundamentar la condena, los magistrados subrayaron que la conducta que tuvo representó una “traición” y una “deslealtad institucional”, ya que adaptó su función pública para favorecer intereses criminales en vez de actuar según sus deberes. “Esta particular traición al mandato Constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”, argumentó el tribunal.

La resolución llegó luego de un largo proceso que incluyó una revisión a instancias superiores de la Justicia Federal. Tal como detalló el MPF, en diciembre de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había dejado sin efecto la absolución previa de Cantaro y ordenó al tribunal de Bahía Blanca dictar un nuevo fallo.

En su argumentación, el tribunal de Casación remarcó que los hechos atribuidos y debatidos en las instancias previas nunca variaron a lo largo del proceso, estableciendo que el cambio de calificación legal no implicó una modificación sorpresiva de la base fáctica.

La defensa, tras la revocatoria, presentó una apelación que fue declarada inadmisible por la Cámara, motivo por el cual recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, el pasado 19 de junio, desestimó el recurso y dejó firme lo resuelto en la instancia de Casación.

Los hechos

Según la investigación, el ex fiscal apareció mencionado en varias escuchas telefónicas en las que habló con al menos dos personas, una de las cuales era su sobrino. En el expediente quedó detallado que, durante la investigación, se incautaron más de cien dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y cinco plantas de marihuana, además de otros objetos considerados relevantes para la causa.

La causa contra el fiscal es un desprendimiento de un expediente por drogas por el que fueron condenados Facundo Texido (también señalado como uno de los “protegidos”), Maximiliano Ezequiel Borja, Emiliano Gastón Lucanera, Gastón Eduardo Sáenz, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales.

A su vez, la Justicia ordenó la intervención de 11 líneas telefónicas, a partir de las cuales, los agentes identificaron a Texido y a Federico Hernando, señalado como supuesto proveedor del grupo. Durante una vigilancia encubierta, los investigadores siguieron a Texido hasta una cervecería ubicada cerca de Fuerte Argentino y Casanova, en Bahía Blanca. En ese establecimiento, se reunió con Gauna San Millán.

Un agente de Prefectura declaró ante el tribunal e indicó que los sorprendieron consumiendo estupefacientes dentro de un Peugeot blanco estacionado frente al local. Mediante la verificación de la patente, los agentes determinaron que el vehículo pertenecía a Cantaro.

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa de Alberto Nisman, valoró este jueves como “muy valiente” y “muy importante” la decisión judicial de citar a más de un centenar de militares en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal. “Como familia del fiscal agradecemos, sin dudas va a contribuir y echa luz a lo que fue su asesinato”, afirmó Arroyo Salgado, subrayando la necesidad de que el caso avance tras casi una década de incertidumbre.

El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en las últimas horas con la citación de miembros de inteligencia militar que se desempeñaron durante el período kirchnerista. La decisión, según fuentes judiciales, se tomó a partir de información remitida por el Ministerio de Defensa y abarca soldados y oficiales —tanto militares como personal civil de inteligencia— que actuaron bajo las órdenes del entonces jefe del Ejército, César Milani. También serán convocados ex agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de otros organismos de seguridad nacional.

La Justicia intenta dimensionar el rol de los servicios de inteligencia y su conexión con la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, horas antes de que el fiscal formalizara ante el Congreso una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Según expedientes judiciales, la causa examina presuntas maniobras encubridoras y un intercambio inusual de llamadas entre agentes estatales, que para los investigadores adquiere relevancia para reconstruir los hechos de las últimas horas de vida de Nisman.

La jueza Arroyo Salgado recordó la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino “por la falta de esclarecimiento del atentado a la AMIA, que él (Nisman) se encontraba investigando, y por la cantidad de encubrimiento, irregularidades que rodearon lo concerniente a su investigación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Según la ex esposa del fiscal, la decisión de la Justicia argentina va en línea con las exigencias internacionales de transparencia: “Se ordenó la desclasificación de todos los archivos de la SIDE y destacó la importancia de que las víctimas del atentado puedan acceder a esa información”, agregó.

Las sospechas se centran en dos grandes grupos de inteligencia paradigmáticos para la política de ese período: los sectores alineados con Antonio “Jaime” Stiuso y aquellos encabezados por Fernando Pocino. De acuerdo con la Fiscalía, hubo numerosos cruces de llamadas la mañana del domingo 18 de enero de 2015, mientras el entorno del fiscal aún no confirmaba su muerte. El análisis de 45.000 comunicaciones y 500 abonados telefónicos —según la División Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA)— exhibe el complejo entramado de interacciones entre agentes que habrían actuado en paralelo y en ocasiones en competencia.

De forma complementaria, la Justicia reactiva sumarios sobre la posible alteración de la escena del crimen en el departamento de Nisman, donde, según registros, ingresaron al menos medio centenar de personas de distintas áreas del gobierno nacional y judicial. Entre los imputados figuran el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo, el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler y Darío Ruiz, entonces colaborador de Berni. A todos ellos se los investiga por supuesto incumplimiento de deberes y por no haber propuesto la debida conservación de pruebas.

El dictamen de la Gendarmería Nacional, que fue incorporado a la causa, sostiene que Nisman fue asesinado por al menos dos personas: “Lo redujeron mediante el uso de ketamina, una lo sostenía mientras la otra le disparaba en la cabeza”, señalan los peritajes sobre la posición del cuerpo, el patrón de las gotas de sangre y los rastros de droga detectados en dos análisis forenses. Según esa hipótesis, la escena fue preparada para simular un suicidio, descartando la presencia de un atacante externo, pero indicando la utilización de un “arma amiga” dentro del departamento.

En cuanto a la línea de investigación sobre la trama estatal, el expediente sigue bajo la dirección de Taiano, designado por el magistrado Julián Ercolini. El técnico informático Diego Lagomarsino se mantiene hasta hoy procesado como presunto partícipe del homicidio, tras haber declarado que Nisman le pidió un arma unos días antes de su muerte. Además, cuatro policías federales que ejercían funciones como custodios del fiscal están bajo pesquisa por su conducta en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo.

En medio del proceso de un juicio abreviado por el crimen de Bautista Yedro —el niño de nueve años atropellado por un patrullero policial en Villa Fiorito en noviembre de 2023—, la Fiscalía solicitó una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el principal acusado del delito de “homicidio culposo calificado”. Hay otro efectivo implicado.

El fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la investigación, solicitó una pena de cuatro años de prisión y siete de inhabilitación especial para el agente Santiago Silva, el oficial más complicado en la investigación. Para el segundo oficial investigado, Jonathan Arancibia Tejerina, pidió dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial bajo el cargo de “lesiones culposas calificadas”.

La propuesta debe ser admitida por la defensa y presentada ante el Juzgado Correccional 3 de Lomas de Zamora, organismo que definirá la sentencia tras analizar los elementos del caso, según informó el portal Diario Conurbano.

La tragedia tuvo lugar el 4 de noviembre de 2023, cuando dos jóvenes, Agustín Pogonza y Tomás Yedro —primos entre sí—, regresaban a su domicilio en Fiorito en motocicletas luego de ver la final de la Copa Libertadores con otros familiares. Agustín circulaba con su sobrino de cinco años como acompañante, mientras que Tomás transportaba a sus dos hermanos, uno de ellos era Bautista, de nueve años.

Según la reconstrucción oficial, la motocicleta de Pogonza fue impactada desde atrás por un móvil policial perteneciente a la Comisaría 7ma. de Villa Centenario. Como consecuencia, el niño que viajaba con él resultó herido y quedó tendido sobre la vía pública. Ante la emergencia, Tomás Yedro se acercó con su moto para asistirlos e intentó trasladar al menor hacia un centro de salud. En ese momento, con sus dos hermanos como acompañantes, la motocicleta fue embestida por otro patrullero durante una maniobra de retroceso.

Ese segundo impacto, que ocurrió cuando el móvil policial se desplazó marcha atrás, resultó letal para Felipe Bautista Yedro, quien falleció en el lugar producto de un “aplastamiento”, de acuerdo con las pericias.

Los acusados dieron negativo en el test de alcoholemia. Además, fuentes del caso aclararon en su momento a Infobae que esa noche no estaban fuera de su jurisdicción ni de lugar. Acerca de los enfrentamientos con los vecinos, se descartó que usaran armas para reprimir a la gente. “El conflicto fue con personal del Comando y no con la UTOI a la que ellos pertenecen”, agregaron las mismas fuentes.

La causa siguió su curso hasta llegar a un acuerdo de juicio abreviado, instancia en la que el fiscal, tras cotejar pruebas y declaraciones, propuso condenas diferenciadas para los agentes involucrados. A Silva se le imputa el hecho más grave, considerado “homicidio culposo calificado”, por lo que se solicitó para él una sanción de prisión efectiva e inhabilitación especial.

En el caso de Jonathan Arancibia Tejerina, la acusación se limita a “lesiones culposas calificadas”, por lo que la Fiscalía propuso una condena de cumplimiento condiciona. La aceptación de este acuerdo depende de la defensa de los imputados y la homologación del Juzgado Correccional 3, que deberá dictaminar en próxima instancia.

El fiscal Marcelo Domínguez considera que ambos agentes actuaron con negligencia en el procedimiento y que las maniobras realizadas con los móviles policiales pusieron en riesgo a las personas presentes en la escena, derivando en un desenlace fatal.

Los próximos días serán decisivos. El acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, en el marco del juicio abreviado, quedará en manos del Juzgado Correccional 3 de Lomas de Zamora. El tribunal deberá evaluar si aprueba la pena solicitada por el fiscal y determinar si existen elementos para revisar o modificar los términos del entendimiento, considerando la gravedad de las consecuencias y el impacto en la comunidad.

Entre las piezas legislativas más costosos de los últimos años, la legislación impulsada por Donald Trump podría remodelar las finanzas del país para toda una generación.

Washington no se ha ganado precisamente una reputación de ser disciplinado fiscalmente en las últimas décadas, ya que tanto republicanos como demócratas han aprobado proyectos de ley que, poco a poco, han degradado las finanzas del país.

Pero la legislación que los republicanos aprobaron el martes en el Senado destaca por su perjuicio para el presupuesto, según los analistas. No solo un análisis inicial mostró que añadiría al menos 3,3 billones de dólares a la deuda de la nación en los próximos 10 años --lo que la convierte en una de las leyes más caras de una generación--, sino que también reduciría durante décadas la cantidad de ingresos fiscales que recauda el país. Tal déficit podría iniciar un cambio sísmico en la trayectoria fiscal de la nación y elevar el riesgo de una crisis de la deuda.

La amenaza es un reflejo del hecho de que los republicanos en el Senado han votado a favor de convertir en permanentes los recortes fiscales que el partido aprobó por primera vez en 2017. Esto significa que el crecimiento de la deuda del país, que ya se encuentra en niveles que los economistas consideran alarmantes, solo se acelerará, ya que el proyecto de ley recorta la principal fuente de dinero del país.

"Estamos ante la ley más cara probablemente desde la década de 1960", dijo Jessica Riedl, miembro del Instituto Manhattan, un grupo de investigación conservador. "El peligro es que el Congreso está amontonando billones de nuevos préstamos sobre déficits que ya están saltando".

Históricamente, los legisladores han sido incapaces de realizar un cambio tan grande en las finanzas del país sin el apoyo bipartidista, lo que ayuda a contener la cantidad de deuda que se añade cada vez.

Esto se debe a que la reconciliación, el procedimiento legislativo especial que los republicanos utilizaron para evitar las maniobras obstruccionistas en el Senado y aprobar el proyecto de ley siguiendo las líneas del partido, ha incluido durante mucho tiempo el requisito de que los proyectos de ley no pueden aumentar la deuda durante más de una década. Pero los republicanos decidieron hacer caso omiso de esa norma, basándose en un truco contable para argumentar que el costo de 3,8 billones de dólares de la prórroga de los recortes fiscales de 2017 es en realidad cero y, por tanto, pueden continuar indefinidamente.

Ese argumento no solo ha abierto la puerta a un aumento aún mayor de la deuda con el tiempo, sino que también es un indicio de que los legisladores de Washington se están tomando aún menos en serio la contención de la deuda, dijeron los analistas. Los mercados de bonos, donde los inversores de todo el mundo compran y venden la deuda del gobierno, ya han mostrado algunos signos de tensión a medida que los republicanos han impulsado su proyecto de ley.

"Si yo fuera el mercado de bonos, y tuviera visión de futuro, no solo estaría decepcionado por lo que está ocurriendo ahora, en términos de cifras reales, sino también molesto por el precedente que se está sentando", dijo Kent Smetters, economista de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. "Es un poco deprimente".

El costo es un punto de fricción crítico mientras el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Representantes, donde algunos legisladores de la derecha dura han insistido en que el costo tiene que ser menor para que puedan apoyarlo. Pero reducir el impacto global del costo del proyecto de ley, que se debe en gran parte a los recortes fiscales, probablemente exigiría que los republicanos recortaran aún más la red de seguridad social, lo que supondría su propio reto político.

Incluso sin este proyecto de ley, se prevé que la deuda alcance niveles récord en las próximas décadas: la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, calcula que la deuda pública, que ahora es aproximadamente del mismo tamaño que la economía, crecerá hasta ser aproximadamente un 56 por ciento mayor que la economía en 2055. Según dijo Riedl, la permanencia de los recortes fiscales de 2017 podría hacer que la deuda fuera más del doble de la economía en los próximos 30 años.

El escenario catastrófico para la deuda nacional es que los inversores que prestan al gobierno acaben perdiendo la fe en la capacidad de Washington para devolverles siempre el dinero. Eso podría empujar a los inversores a empezar a esperar un tipo de interés más alto de los bonos del Estado, un cambio que podría aumentar los costos de los préstamos en toda la economía y pesar mucho en las fortunas financieras de los estadounidenses.

Al mismo tiempo, no es una gran sorpresa que persista la ley fiscal de 2017, que redujo drásticamente la tasa de ingresos individuales y amplió la deducción estándar, entre otros cambios. Los legisladores de ambos partidos vacilan a la hora de recuperar los recortes fiscales, y los inversores en bonos han esperado con toda probabilidad mayores déficits derivados de la prórroga de la ley de 2017.

"Si eres un inversor en bonos, en realidad esperabas que esto se convirtiera en ley", dijo Don Schneider, subdirector de política estadounidense de Piper Sandler, un banco de inversión, y antiguo asesor fiscal republicano. Dijo que los inversores seguirían comprando bonos del Estado, la base del sistema financiero mundial.

"Todo el mundo sabe que el presupuesto es un desastre total y que está empeorando", dijo Schneider. "Pero la gente no dice: 'El déficit va a ser realmente malo dentro de 20 años; no voy a comprar bonos del Tesoro'. Siguen haciéndolo".

Pero el proyecto de ley republicano va más allá de la simple prórroga de los recortes fiscales existentes. También introduce varias nuevas, incluidas versiones de las promesas electorales del presidente Trump de no gravar las propinas ni el pago de las horas extras. Estas políticas están programadas para durar solo hasta 2028, lo que significa que el Congreso tendrá que decidir de nuevo si amplía los recortes fiscales que expiran. Dada la popularidad de los impuestos más bajos y el apoyo demócrata a muchas de las ideas de Trump, es probable que los legisladores voten a favor de prorrogarlos, con lo que aumentaría su costo.

"De repente, se trata de una interminable cadena de recortes fiscales que caducan y de recortes fiscales temporales, una y otra vez, lo que realmente reduce los ingresos federales", dijo Brendan Duke, director principal de política fiscal federal del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un grupo de expertos liberales.

Por ese motivo, algunos analistas presupuestarios fijan el precio del proyecto de ley del Senado muy por encima de los 3,3 billones de dólares. En primer lugar, añaden los pagos de intereses necesarios para ese endeudamiento, un costo adicional que el Comité para un Presupuesto Federal Responsable dijo que elevaría el total a 3,9 billones de dólares. Y luego, añadiendo el costo de medidas como la ausencia de impuestos sobre las propinas durante 10 años, en lugar de solo cuatro, el grupo cifra el precio del proyecto de ley en 5,3 billones de dólares.

Un golpe tan grande al presupuesto solo complicará las futuras negociaciones fiscales. Los expertos presupuestarios de Washington ya están empezando a prepararse para el inminente agotamiento del fondo fiduciario del Seguro Social en 2033, que pondría en peligro su capacidad de efectuar pagos completos a los beneficiarios. La disminución de los ingresos fiscales dificultará aún más la búsqueda de una solución para el popular programa.

"Lo más importante de este cambio fiscal es que, cuando nos enfrentemos a la insolvencia del Seguro Social en 2032 o 2033, será mucho más difícil", dijo Zach Moller, director del programa económico de Third Way, un grupo de centro-izquierda. "El próximo presidente va a estar atascado lidiando con el Seguro Social. La situación fiscal es tan mala que el próximo presidente la va a pasar mal".

Andrew Duehren cubre política fiscal para el Times en Washington.

A pesar de que la causa por el crimen de Nora Dalmasso tuvo un giro inesperado luego de que el fiscal Pablo Jávega incorporara una pericia de ADN de un nuevo sospechoso, él mismo afirmó que el tribunal no podría dictar una condena incluso si se hallara culpable al nuevo implicado, debido a las limitaciones legales actuales del expediente.

Jávega, quien se encuentra al frente de la investigación desde la absolución del viudo Marcelo Macarrón en 2022, indicó que “si se alcanzara un grado de conocimiento que es de certeza, no podría solicitarse una condena. Esa es la limitación del tribunal”.

Las palabras del funcionario responden al análisis positivo en ocho muestras genéticas tomadas del cinto de la bata con la cual Dalmasso fue estrangulada en su casa de Villa Golf. Las mismas se sumaron al expediente en diciembre de 2024 y corresponden a Roberto Marcos Barzola, el parquetista cuyo ADN apareció en la escena del crimen. Las tomas también se asociaron con un vello púbico hallado en la víctima.

Más allá del impacto de la prueba, el fiscal aclaró, en diálogo con Telenoche de Córdoba, que el proceso actual no permite avanzar en una condena penal, pero sí en la posibilidad de un juicio por la verdad. Ante dicha resolución, explicó que esto “ha sido objeto de impugnación por parte tanto de los querellantes particulares como del Ministerio Público Fiscal”. En consecuencia, “ha sido elevada esa parte incidental a la excelentísima Cámara de Acusación de 2.ª nominación de Río Cuarto”, añadió.

Esta decisión fue adoptada después de que el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz, dispusiera que la causa permanezca “activa y abierta” con la finalidad de garantizar que el Estado cumpla con su obligación de investigar.

El Poder Judicial de Córdoba informó que el magistrado autorizó tanto a la defensa como a la querella a presentar las pruebas que consideren relevantes y útiles para continuar con el esclarecimiento de los hechos que derivaron en el presunto abuso sexual seguido de muerte de la mujer de 56 años en noviembre de 2006, al que definió como “un proceso de averiguación de la verdad histórica”.

Paralelamente, la defensa de Bárzola planteó la extinción de la acción penal, recurso que fue apelado tanto por los querellantes particulares como el Ministerio Público Fiscal, manteniendo el expediente en trámite. Incluso quedó rechazado por el magistrado, dado que “ello implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido”.

“Debe continuar vigente y abierto, a fin de que la investigación prosiga y las partes puedan incorporar todas las pruebas que estimen conducentes a la determinación de la verdad de lo ocurrido”, enfatizó Ortiz sobre el proceso.

Por su parte, María de los Ángeles Mussolini, abogada que representa a la familia Macarrón, manifestó su desacuerdo con la resolución del juez. En declaraciones a Lv16, sostuvo: “Aspiramos a una condena penal, no solo a un juicio por la verdad”.

La letrada explicó que “la resolución dice específicamente que no hace lugar a la excepción de la falta de acción deducida por los defensores y habilita la instancia judicial para que las partes puedan acceder al proceso de averiguación de la verdad”.

La sospecha sobre el parquetista

Roberto Barzola había concurrido a la vivienda del country Villa Golf en Río Cuarto días previos al homicidio para realizar tareas de pulido en el piso del living de la familia Macarrón.

Nora Dalmasso, de 51 años, fue encontrada sin vida el domingo 26 de noviembre de 2006. El perito Osvaldo Raffo, convocado por la defensa de Facundo Macarrón - hijo de Nora- sostuvo que la muerte se habría producido cerca de las 7:30 del sábado 25.

Barzola reconoció que ese mismo sábado se acercó a la casa para continuar con su labor, pero aseguró que decidió retirarse ante la lluvia, la ausencia de su jefe, Walter González, y porque no le abrieron la puerta.

Sin embargo, el secretario del fiscal Javier Di Santo, le tomó declaración como testigo y sus dichos lo sitúan en el lugar y el horario próximos al crimen. Debido a esta situación, el abogado Marcelo Brito, encargado de la defensa tras la imputación del hijo de la víctima, solicitó que Barzola sea llamado a declaración indagatoria y se le tome una muestra de ADN para comparaciones.

Estas medidas no se concretaron hasta septiembre de 2023, cuando el fiscal Jávega tomó a su cargo la pesquisa varios años después. En ese entonces, anticipó sobre Bárzola: “Su nombre se conoce desde el inicio del expediente”

Un juez federal declaró el martes al fiscal general de Florida en desacato civil por violar una orden judicial que requería que los fiscales estatales informaran a los agentes para que dejaran de aplicar una ley de inmigración recientemente promulgada.

La misma jueza, Kathleen M. Williams, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, había emitido en abril una orden de restricción temporal que suspendía la aplicación de una ley que convertía en delito estatal que cualquier “adulto extranjero no autorizado” ingresara o reingresara a Florida, con una pena mínima obligatoria de prisión de nueve meses. Esa ley había sido firmada por el gobernador Ron DeSantis en febrero.

Posteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta a las agencias de orden público estatales señalando que no podía impedir que aplicaran la nueva ley. “En mi opinión, actualmente no existe ninguna orden legítima y legal que impida a sus agencias seguir aplicando las nuevas leyes de entrada y reingreso ilegal de Florida”, escribió en la carta. Este martes, Williams consideró que dicha carta iba en contra de su orden y la declaró en desacato.

La carta fue enviada después de un memorando anterior de Uthmeier que informaba a las agencias de orden público sobre la orden de restricción temporal y les instruía a cumplirla.

Sin embargo, la segunda carta, que Uthmeier afirmó que fue enviada para aclarar su memorando original emitido cinco días antes, decía a las agencias de orden público: “La jueza Williams ordenó que mi oficina les notificara el alcance evolutivo de su orden, y así lo hice. Pero no puedo impedirles que hagan cumplir (la nueva ley), ya que no existe una orden judicial que les restrinja adecuadamente de hacerlo”.

Uthmeier declaró en X: “Si ser declarado en desacato es el precio por defender el estado de derecho y respaldar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.

Williams, quien fue nombrada por el presidente Barack Obama, ordenó a Uthmeier que presente informes quincenales sobre si se han realizado arrestos, detenciones u otras acciones bajo la nueva ley. Además, debe informar de inmediato al tribunal si llega a tener conocimiento de algún arresto, agregó. En caso de no cumplir, el tribunal considerará sanciones adicionales, como multas, escribió.

La demanda que impugna la ley de Florida, introducida como el Proyecto de Ley del Senado 4-C, fue liderada por la Coalición de Inmigrantes de Florida y argumenta que la supervisión de la inmigración es una responsabilidad federal.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, que forma parte del equipo legal de los demandantes, declaró que la ley es “no solo inconstitucional, sino también cruel y peligrosa” cuando se presentó la demanda en abril.

La ley también instruye a la policía a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre cualquier arresto realizado. En abril, defensores de inmigrantes informaron que un ciudadano estadounidense fue arrestado y detenido por más de 24 horas bajo esta ley.

Un panel de apelaciones de un tribunal federal en Atlanta rechazó a principios de este mes el intento de Uthmeier de impugnar la orden de restricción original de Williams.

(c) 2025 , The Washington Post

Un domingo trágico en Huánuco terminó con la vida de Elizabeth Rojas Carbonell, una maestra jubilada de 70 años. El responsable, Junior Vladimir Castañeda Ccori, fiscal provisional de Familia, conducía una camioneta que embistió a un mototaxi donde viajaba la víctima. Hoy, el Ministerio Público solicitó y dictó nueve meses de prisión preventiva contra él, mientras se le investiga por homicidio culposo, lesiones y fuga del lugar del accidente.

Una noche fatal en el centro de Huánuco

El accidente ocurrió la noche del domingo, poco después de las 7:00 p.m., en la intersección de los jirones 28 de Julio y Aguilar. Las cámaras de seguridad registraron cómo una camioneta —conducida a gran velocidad— impactó primero a una motocicleta con dos ocupantes y, segundos después, embistió violentamente por detrás a un mototaxi.

La fuerza del choque fue tal que el vehículo menor salió despedido varios metros y quedó completamente destrozado. Dentro del mototaxi viajaba Elizabeth Rojas Carbonell, quien falleció en el acto pese a los esfuerzos de vecinos, serenazgo, policías y bomberos. El conductor, Yonel Gómez Isla, sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán.

Una historia que se repite: el fiscal ya tenía antecedentes

Junior Castañeda fue detenido minutos después del accidente por flagrancia delictiva. Testigos aseguraron que el fiscal mostraba signos de ebriedad, aunque el examen de alcoholemia dio negativo. Sin embargo, la indignación no cesó.

Según fuentes policiales, en el vehículo del fiscal se encontró un carnet del Conadis, y las primeras diligencias revelaron que padece de epilepsia. Una presunta crisis habría provocado la pérdida de control del vehículo. Pese a ello, su condición médica le impedía legalmente conducir, por lo que se investiga si incurrió en un delito doloso, pues su licencia de conducir indicaba que “no tenía restricciones”.

Aún más grave: ya existía una orden previa que le prohibía desplazarse fuera de su jurisdicción. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, John Henrry Martel Trujillo, solicitó de inmediato la conclusión del nombramiento provisional de Castañeda, por incumplir dicha restricción.

Tres víctimas y una fuga

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huánuco presentó el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses, sustentado en los delitos de homicidio culposo en agravio de Elizabeth Rojas, lesiones culposas en agravio de otras dos personas, y fuga del lugar del accidente en agravio del Estado.

Según las investigaciones, Castañeda no solo ocasionó el choque mortal, sino que previamente habría participado en dos accidentes más durante su trayecto, generando otras víctimas con lesiones.

El despacho del fiscal Rodolfo Serna Román aguarda que el Poder Judicial programe la audiencia para sustentar el pedido.

La familia exige justicia

Elizabeth Rojas había dejado a su hija en una agencia de transporte y regresaba a casa en el mototaxi. Su familia expresó profunda indignación por lo ocurrido y teme que el cargo del implicado influya en las decisiones judiciales.

“Por ser fiscal no lo pueden estar limpiando porque salió cero de alcohol, ahora lo justifican por la epilepsia. Queremos justicia”, reclamó un familiar.

Los abogados que representan a la familia han convocado a las otras víctimas del recorrido que hizo la camioneta ese día para sumar testimonios, denuncias y evidencias que fortalezcan la acusación.

La respuesta institucional

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que aseguró que no habrá encubrimiento y que las investigaciones se desarrollan con independencia. Por su parte, el fiscal superior Martel remarcó que Castañeda no tenía autorización para trasladarse a Huánuco y que se había denegado previamente su permiso por razones disciplinarias.

Actualmente, el fiscal permanece detenido en la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), donde se cumple el plazo legal por flagrancia. Se espera que en las próximas horas el Poder Judicial convoque a la audiencia de prisión preventiva.

Este hecho volvió a poner sobre la mesa el alarmante panorama de accidentes de tránsito en el Perú. Las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad, la conducción imprudente, los problemas de salud no informados, el mal estado de los vehículos y la falta de fiscalización efectiva.

El suceso ocurrió pasadas las 19:00 en la intersección de los jirones 28 de Julio y Aguilar. Cámaras de seguridad registraron cómo la camioneta, que circulaba a una velocidad notoriamente superior a la permitida, embistió primero a una motocicleta con dos ocupantes. Segundos después, alcanzó por detrás a un mototaxi. La fuerza del impacto arrojó el pequeño vehículo varios metros y lo dejó destruido. La camioneta, fuera de control, terminó empotrada en una vivienda cercana.

Vecinos y transeúntes salieron a auxiliar a los accidentados. Pese a sus esfuerzos y la rápida llegada del serenazgo, la policía y los bomberos, Elizabeth Rojas ya no presentaba signos vitales cuando lograron sacarla de entre los fierros retorcidos. El conductor del mototaxi, Yonel Gómez Isla, sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán.

Investigación y controversias

La detención del fiscal Junior Vladimir Castañeda Ccori se produjo minutos después del accidente. Los testigos afirman que el conductor mostraba síntomas evidentes de ebriedad, aunque el resultado del examen cualitativo realizado por la policía descartó la presencia de alcohol en su organismo.

En el vehículo de Castañeda se halló un carnet de Conadis, que acredita una discapacidad. Tras investigaciones preliminares, fuentes policiales indicaron que el fiscal padece epilepsia y habría sufrido una crisis al volante, lo que habría provocado la pérdida de control y el exceso de velocidad en el momento del impacto. Sin embargo, al estar impedido de manerjar, habría cometido delito doloso.

Comunicado del Ministerio Público

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que negó cualquier intento de encubrimiento al fiscal y aseguró que las investigaciones se están realizando de manera independiente. Paralelamente, el fiscal superior John Henrry Martel Trujillo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, solicitó con carácter urgente la conclusión del nombramiento de Castañeda como fiscal provisional. Argumentó que el funcionario no tenía autorización para trasladarse de Huamalíes a Huánuco y que ya existía un antecedente donde se le prohibió futuras autorizaciones de desplazamiento.

Los familiares de Elizabeth Rojas exigen justicia y cuestionan que, pese a los antecedentes médicos y a la gravedad del accidente, se intente justificar la conducta del responsable. “Por ser fiscal no lo pueden estar limpiando porque salió cero de alcohol, ahora lo justifican por la epilepsia. Queremos justicia”, reclamó uno de sus allegados.

Avance de las diligencias

Junior Castañeda Ccori permanece detenido en la sede de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves. Este noche se cumplirán las primeras 48 horas de detención en flagrancia. Los abogados de la familia Rojas convocaron a las otras víctimas del recorrido que hizo la camioneta antes del fatídico choque, con el objetivo de sumar denuncias y fortalecer el pedido de prisión preventiva.

Las diligencias permanecen a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. Peritos especializados se encuentran recabando pruebas e inspeccionando el lugar para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

El caso pone sobre la mesa el grave problema de los accidentes de tránsito en Perú. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Policía Nacional, entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, la imprudencia de conductores y peatones, el mal estado de los vehículos y la falta de observancia de señales de tránsito. El cuadro se agrava por problemas de control y fiscalización en provincias, y la carencia de campañas preventivas continuas.

El empresario tecnológico criticó la propuesta legislativa del presidente en una serie de publicaciones en X el martes, lo cual evidencia una creciente desavenencia con los republicanos.

Elon Musk arremetió el martes contra el proyecto de ley republicano de gran alcance destinado a implementar la agenda de política interior del presidente Donald Trump. Musk publicó en X que la iniciativa era una "abominación repugnante" y dijo a los miembros de la Cámara de Representantes que votaron a favor: "Ustedes saben que se equivocaron".

El multimillonario tecnológico criticó el proyecto de ley, una de las principales prioridades de Trump, en una serie de unas 10 publicaciones. En ellas, Musk republicó comentarios de legisladores como los senadores Rand Paul, por Kentucky, y Mike Lee, por Utah, dos republicanos que se habían alineado con él para oponerse al creciente déficit estadounidense.

"Lo siento, pero ya no aguanto más", escribió Musk en X. Calificó el proyecto de ley de política interior de "descomunal, inaceptable y lleno de favoritismo", y añadió que "aumentaría enormemente el ya gigantesco déficit presupuestario" y que "el Congreso está llevando a Estados Unidos a la bancarrota".

No se refirió a ningún miembro del Congreso en específico, pero insinuó que podría apoyar los esfuerzos para destituir a quienes respaldaron el proyecto de ley en las elecciones intermedias de 2026. "En noviembre del año que viene, despediremos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense", escribió.

El bombardeo de publicaciones puso de manifiesto un distanciamiento cada vez mayor entre Musk y Trump, a medida que el magnate de la tecnología pone fin a su función gubernamental al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Aunque ambos han profesado públicamente su admiración mutua, la partida de Musk de Washington parece haberlo liberado de presentar un frente unido a la Casa Blanca.

En cambio, ha vuelto a ejercer su impredecible influencia política a través de X, la plataforma de medios sociales de la que es propietario. En diciembre, antes de la toma de posesión de Trump, Musk dilapidó un proyecto de ley de gastos bipartidista con una avalancha de publicaciones en X, incluida una amenaza de encontrar contrincantes en las primarias para los republicanos que apoyaran el proyecto. En marzo, intentó influir sin éxito en el resultado de una elección judicial en Wisconsin con una miríada de publicaciones a favor del candidato conservador.

Ahora, sin ataduras de lealtad a la línea del partido de Trump, Musk puede volver a fomentar el caos con su feed de X.

Musk, de 53 años, a menudo ha criticado la legislación, las agencias y otros organismos que van en contra de sus intereses y los de sus empresas, entre las que se encuentran el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la compañía de cohetes SpaceX. En su forma actual, el proyecto de ley de política interior de Trump pondría fin a las subvenciones y los créditos fiscales destinados a estimular a los consumidores a comprar vehículos eléctricos, lo que tendría ramificaciones para Tesla.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó de "muy decepcionantes" las críticas de Musk al proyecto de ley de política interior. Dijo a los periodistas en el Capitolio que ambos hablaron el lunes y que Musk "parecía comprender" las virtudes de la legislación.

Las publicaciones de Musk tomaron desprevenidos a la Casa Blanca y al presidente, dijo una persona con conocimiento de la situación, pero aún no está claro si Trump responderá al ataque.

"El presidente ya sabe cuál es la postura de Elon Musk ante esta ley", dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. "Eso no cambia la opinión del presidente. Es un proyecto de ley grande y hermoso, y él se mantiene firme en su postura".

Un representante de Musk no respondió a las peticiones de comentarios.

Trump ha instado a que se apruebe rápidamente la ley --denominada oficialmente One Big, Beautiful Bill Act (Un gran y bello proyecto de ley, en español)--, que recortaría drásticamente los impuestos, proporcionando el mayor ahorro a los ricos, y destinaría más dinero al ejército y a la aplicación de la lucha contra la migración. Tal como está redactada, la ley recortaría programas de salud, nutrición, educación y energía limpia para cubrir parte del costo.

Los funcionarios de la Casa Blanca y Johnson han afirmado que el proyecto de ley reduciría la deuda nacional, aunque la Oficina Presupuestaria del Congreso y varios analistas independientes han estimado que el proyecto de ley aumentaría el déficit federal en más de 1 billón de dólares, incluso al tener en cuenta el crecimiento económico.

Musk publicó sus críticas en un momento crucial para el proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara el 22 de mayo ante una fuerte campaña de presión de Trump. Mientras Johnson acorralaba a varias facciones republicanas rivales, el presidente convocó a los recalcitrantes a la Casa Blanca, y su personal comparó la oposición republicana al proyecto de ley con "la traición definitiva".

Pero los senadores republicanos ya han dejado claro que piensan introducir cambios en el proyecto de ley. Los conservadores fiscales, alarmados por las estimaciones de que aumentaría la deuda nacional, han exigido más cambios y recortes a Medicaid y otros programas que podrían ayudar a frenar el déficit. Trump ha advertido a los republicanos que no se metan con Medicaid, un programa del que dependen muchos de sus partidarios.

Musk empezó a criticar públicamente el proyecto de ley de Trump la semana pasada, al decir en el programa Sunday Morning de CBS News que estaba decepcionado por el tamaño de la legislación y su impacto en el déficit.

Personas cercanas a las negociaciones en el Congreso dijeron que Musk estaba decepcionado por el hecho de que los republicanos eliminaran las subvenciones a los vehículos eléctricos, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.

"Sé que eso afecta a su negocio, y lo lamento", dijo Johnson. Pero añadió que no creía que el gobierno debiera subvencionar la transición a los coches eléctricos.

En una ruptura pública anterior con el gobierno, Musk tachó al principal asesor comercial del presidente, Peter Navarro, de "imbécil" y "más tonto que un saco de ladrillos" en una serie de publicaciones en X en abril. Los ejecutivos de Tesla dijeron que Musk, quien se abstuvo de criticar directamente a Trump, pareció no darse cuenta de inmediato del impacto que los aranceles del gobierno podrían tener en el fabricante de automóviles.

La Casa Blanca restó importancia al conflicto en aquel momento. Cuando la consultaron al respecto en ese entonces, Leavitt dijo: "Los hombres son como chicos". A finales de ese mes, Musk recibió información de los efectos de los aranceles y de las vulnerabilidades de la cadena de suministro de la empresa.

Las amenazas de Musk sobre derrocar a los republicanos contrastan con su gasto político del año pasado. Su supercomité de acción política, America PAC, gastó unos 20 millones de dólares en el último ciclo electoral para apoyar a los republicanos que se presentaban a la Cámara de Representantes. Y otro supercomité que él respaldó gastó 10 millones de dólares para ayudar a los republicanos en el Senado.

Algunos demócratas celebraron las críticas de Musk. El senador Chuck Schumer por Nueva York, líder de la minoría, llevó una copia impresa de las publicaciones de X de Musk a la conferencia de prensa semanal del partido el martes.

"Tiene razón", dijo Schumer. "Los republicanos deberían escucharlo".

Más temprano el martes, Musk --quien apareció en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora en febrero con una motosierra y dijo que sería "fácil" ahorrar miles de millones de dólares al gobierno-- compartió un meme en X que incluía una foto de las puntas de los dedos pellizcando unas minúsculas tijeras.

"Los republicanos se preparan para reducir el tamaño del gobierno", decía el pie de foto.

Shawn McCreesh, Theodore Schleifer y Catie Edmondson colaboraron con reportería.

Kate Conger es reportera de tecnología en San Francisco. Se le puede contactar en kate.conger@nytimes.com.

Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.

Jonathan Swan es un reportero en la Casa Blanca que cubre el gobierno de Donald Trump. Contáctalo de forma segura en Signal: @jonathan.941

Shawn McCreesh, Theodore Schleifer y Catie Edmondson colaboraron con reportería.

Está mañana ha quedado constituido el Tribunal del Jurado que enjuiciará a partir del próximo lunes, 26 de mayo, al acusado del atropello mortal y múltiple ocurrido en el parking del Centro de Salud de Haro en el que un sanitario murió y otros cinco resultaron heridos de diversa consideración.

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2023. El acusado -que desde el 5 de septiembre de 2023 se encuentra privado de libertad- está afectado de una enfermedad mental. El fiscal le imputa al autor del atropello un delito de asesinato y cinco delitos de asesinato en grado de tentativa.

El Ministerio Público solicita una sentencia absolutoria y su internamiento para tratamiento médico por un periodo de tiempo de 25 años. El Fiscal estima que en este caso concurre la eximente completa de anomalía psíquica del art. 20. 1º del Código Penal.

El Tribunal Popular que juzgará estos hechos lo componen 5 hombres y 4 mujeres. Los suplentes son un hombre y una mujer (médico jubilado y auxiliar administrativa). Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 32 y 73 años. En cuanto a las profesiones, hay uno de ellos que está desempleado. Lo completan un fontanero, un informático, un maestro, un camarero, dos operarios, un gestor administrativo y un agricultor.

Los nueve miembros del Jurado, así como los dos suplentes, han sido seleccionados esta mañana a puerta cerrada en la Audiencia Provincial entre 22 candidatos elegidos por sorteo.

Este médico ha declarado en la quinta jornada del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de La Rioja por la muerte violenta de un hombre el 9 de agosto de 2022 y por la que el fiscal pide 25 años y medio de prisión para un hombre y una mujer como presuntos autores de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas; y 26 años para el tercer acusado, por los mismos delitos más otro contra la seguridad vial.

La acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, se ha sumado a las penas de las fiscalía; mientras que los abogados de los tres acusados han pedido la libre absolución de sus defendidos, ya que el letrado de la mujer sostiene que ella no participó en los hechos.

En la vista oral, el forense ha explicado que las heridas en la cabeza, causadas algunas con un objeto y otras por golpes, tenían "signos vitales", como sangre e inflamación, por lo que cree que la causa de la muerte fue el disparo, realizado a más de un metro de distancia.

Ha puntualizado que también le pudieron dar primero el tiro y luego golpearle para asegurarse de su muerte, "pero no es lógico, teniendo un arma con la que disparar una segunda vez".

Cuando se realizó el levantamiento del cadáver, el 11 de agosto, consideró "evidente" que se trataba de una muerte homicida porque la víctima tenía dos bolsas atadas con bridas a la cabeza, de modo que, en un primer momento, creyó que el fallecimiento fue causado por asfixia.

Sin embargo, al realizar la autopsia, encontraron un proyectil alojado en el cráneo, con orificio de entrada en la zona occipital, pero sin salida.

Como había un testigo del momento en el que lo arrojaron horas antes a la sima, de unos 50 metros de profundidad, ha indicado que la muerte no se produjo en ese lugar, ya que, por el estado de putrefacción del cadáver, llevaría fallecido entre 48 y 72 horas.

Ha explicado que los presuntos autores del crimen pudieron ponerle las bolsas para evitar que se manchase el vehículo en el que lo trasladaron.

En las uñas de este hombre no encontraron restos orgánicos de otras personas, ni había lesiones para protegerse, por lo que el forense sostiene que "no pudo defenderse". EFE

Los funcionarios del Departamento de Justicia se están preparando para tomar juramento a la ex presentadora de Fox News Jeanine Pirro como fiscal federal interina para Washington, DC, el miércoles, mientras que su predecesor tiene previsto realizar su primera conferencia de prensa el martes por la tarde, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.

Pirro, exjueza y fiscal de Nueva York, fue nombrada por el presidente Donald Trump el jueves pasado para un cargo interino de 120 días. Reemplazará a Ed Martin, activista conservador y planificador pro-Trump de “Detengan el Robo”, cuya nominación fracasó en el Senado.

La oficina se está preparando para la juramentación de Pirro y el traspaso de mando por parte de Martin el miércoles, según informaron tres personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para poder declarar sobre planes internos. Portavoces del Departamento de Justicia y de la Fiscalía de EEUU declinaron hacer comentarios sobre la fecha de la llegada de Pirro.

Hasta el martes, la Casa Blanca no había enviado al Senado un aviso formal sobre el retiro de la nominación de Martin, cuyo mandato interino finalizaría el 20 de mayo. El presidente no ha dicho si tiene la intención de nominar a Pirro para un mandato completo como fiscal de Estados Unidos en Washington D. C.

Martin planea ofrecer una conferencia de prensa a las 14:30 horas en la que se espera que discuta su controvertido período en el cargo, los acusados ​​de fentanilo, los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la cooperación del Distrito con la aplicación de la ley de inmigración federal, según un anuncio de prensa.

La ciudad aprobó una ley en 2023 que limita el grado de cooperación de las agencias municipales y la policía con el ICE. Los republicanos de la Cámara de Representantes han amenazado con revocar la ley como parte de su ataque contra las ciudades demócratas que tienen políticas de “ciudades santuario”.

La inmigración ha sido un tema delicado para los principales funcionarios de DC, incluida la alcaldesa de DC, Muriel E. Bowser (D), quien ha tratado de evitar inflamar las tensiones entre la ciudad y la administración Trump o el Congreso.

Bowser, quien últimamente dejó de llamar a DC una ciudad santuario, dijo en febrero que encuentra el término “engañoso” porque sugiere erróneamente que la ciudad puede proteger a los inmigrantes de la aplicación de la ley federal.

(c) 2025, The Washington Post

El acusado de traer a España una chica rumana con discapacidad intelectual para prostituirla lo ha negado en el juicio y ha asegurado que la víctima era su novia --la ha denominado "mujer" aunque no estaban casados oficialmente-- y "no sabía" que tuviera ninguna deficiencia.

"La amo mucho y no puedo hacer eso", ha afirmado este hombre, que también es rumano, al ser preguntado por los hechos durante la primera sesión del juicio que se ha iniciado este martes en la Audiencia Provincial, en el que la Fiscalía le acusa de un delito de trata de seres humanos en concurso con uno de prostitución de persona con discapacidad por el que le pide nueve años de cárcel y una indemnización para la víctima.

También han declarado dos hombres españoles, conocidos del principal encausado, que están acusados de mantener relaciones sexuales con la víctima pese a conocer su condición, dos extremos que han negado (afirman que ni se acostaron con ella ni sabían que tenía discapacidad). Para cada uno de ellos, el Ministerio fiscal pide tres años de prisión y también que indemnicen a la chica.

La acusación particular, que ejerce la víctima, añade a los delitos que ha planteado la Fiscalía, el de agresión sexual continuada, que atribuye a los tres acusados. Por eso, la pena que solicita para el primero suma 19 años y medio de prisión y para los otros quince.

PRIMERA SESIÓN DEL JUICIO

Durante la primera sesión del juicio, que se prolongará hasta el jueves, el principal acusado, asistido por un traductor, ha relatado que en el pasado tuvo una relación sentimental con la víctima en Rumanía y tiene un hijo con ella de 16 años.

Posteriormente, hacia 2019, volvieron a retomarla y, tras vivir unos meses allí, se trasladaron a España (él tenía una casa en Reinosa), para conseguir dinero y luego regresar a su país.

El hombre le dijo a la víctima --que, según el escrito de Fiscalía padece "retraso mental ligero" y no ha recibido formación escolar-- que, durante ese tiempo, iba a trabajar "en la uva" y ella le acompañó.

A preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, ha negado que instara a la víctima a robar ni a prostituirse o que la forzara a mantener relaciones sexuales con él mismo --"ella quería amor, yo no la obligo", ha mantenido--, o bien con sus amigos u otros hombres y "nunca" recibió dinero porque ella se acostara con otras personas.

También ha negado que impidiera a la víctima tener teléfono móvil y comunicarse con otras personas --"le di uno mío", ha indicado--; viajar a su país o salir de casa sin él. Además, ha explicado que él tenía la documentación de ella para que no se perdiera.

Respecto a su relación con los otros dos acusados, ha explicado que uno le hacía de conductor en ocasiones, mientras que al otro "no le conoce".

Estos acusados han negado taxativamente que se acostaran con la víctima, ni pagando ni gratis. "Absolutamente no", ha aseverado el que ejercía de conductos para el principal encausado, que ha explicado que conocía a éste de hacía "unos 15 años" --de las épocas en las que éste estaba en Reinosa-- y eran "amigos".

Ha indicado que, cuando el principal acusado trajo a España a la chica, se la "presentó como su mujer", y él tampoco se percató de su discapacidad ya que se comportaba "normal y corriente", aunque "no la entendía nada porque hablaba en rumano".

También ha señalado que "nunca" vio que el principal acusado tratara mal a la chica, a la que veía "bien" y "sonriendo". Sí que supo que ella a veces quería ir a Rumanía y su pareja le decía "que cuando quisiera" iban. "Ella decía sí y luego no, como una veleta", ha añadido.

Por su parte, el otro acusado ha asegurado que solo conocía "de vista" al principal encausado y a la chica pues vivían a escasos metros de una casa de su familia y ha insistido en que no se ha acostado con la chica "ni con dinero ni sin dinero". "Tengo unos principios. Soy abuelo y padre de familia", ha agregado.

De hecho, ha indicado que no ha hablado ni siquiera con la víctima porque él no habla rumano, idioma de ella.

LA VÍCTIMA

Tras la declaración de los acusados, se ha reproducido como prueba preconstituida la declaración de la víctima en una grabación en la que ha explicado, también con ayuda de una traductora, que ella y el principal acusado han sido "novios", pero ya no. "Yo no quiero", ha añadido la mujer, que, en otro momento del vídeo, afirma que le tenía "miedo" y también ha hecho referencia a "todos los que la han violado".

Ha indicado que antes de venirse a España con el acusado, éste le dijo que trabajaría "en la vendimia" y que le darían "2.000 euros".

Según el escrito de la Fiscalía, el principal encausado, conociendo esa discapacidad de la chica --que el Gobierno de Cantabria ha valorado en un 65%-- "así como los escasos recursos económicos de ella y su familia en Rumanía, donde la mujer ejercía la prostitución como medio de vida", inició una relación sentimental con ella "con ánimo de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad".

Tras convivir con ella durante una temporada y haberse ganado su confianza, le propuso que vinieran ambos a España, haciéndole creer "de forma engañosa que aquí viviría en mejores condiciones, disponiendo de dinero suficiente para vivir, dado que trabajarían en la vendimia o recogiendo chatarra".

El acusado "ocultó que sus intenciones reales eran vivir de ella, satisfacer sus propios deseos sexuales y de terceras personas que él determinara e instarla a que cometiera ilícitos penales contra el patrimonio y a que ejerciera la prostitución, beneficiándose de los ingresos económicos que generaran estas actividades".

Ante la negativa de ella a robar, él, según la Fiscalía, "la prostituyó con amigos y conocidos de la localidad donde vivían, creando en una red social un perfil a nombre de ella que él manejaba para establecer los contactos con diferentes hombres".

Dos de ellos, también acusados, vecinos del municipio donde residían, "mantuvieron a propuesta del acusado relaciones sexuales" con ella, "consentidas por esta y a cambio de la consiguiente prestación económica". En estos actos, según sostiene la Fiscalía, ambos acusados eran conocedores de la situación de discapacidad intelectual de la mujer.

La situación se mantuvo hasta que la víctima se escapó del domicilio y fue localizada por las calles "muy temerosa, portando un cuchillo".

El martes por la tarde, la ex fiscal Anabel Matilde Orozco, de 73 años, fue encontrada sin vida dentro de su propiedad en el barrio privado Dalvian, en Mendoza. La mujer tenía un golpe en la cabeza y rápidamente comenzó una investigación para descubrir cómo se produjo el hecho. En 2017 había sido destituida de su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza por un escándalo que llevó a que reciba el apodo de la “fiscal viajera”.

Lo primero que hizo la Justicia fue activar el protocolo por un posible femicidio, dado que fue hallada con un golpe en la cabeza. Sin embargo, las pericias arrojaron que la víctima murió por causas naturales: se desvaneció y la caída le provocó una lesión mortal.

Según informó el medio local Los Andes, en el lugar del hecho no se encontraron signos de violencia, ni de participación de terceros. Esto llevó a que se desestime también la hipótesis de una muerte en ocasión de robo.

“El motivo del deceso responde a causas naturales. No se evidencian pruebas que indiquen la participación de terceros en el hecho”, indicaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. El fiscal Carlos Torres quedó a cargo de la causa y está a la espera de tener todos los resultados de las pericias para decidir cómo avanza la investigación.

Orozco fue destituida de su cargo en 2017

La funcionaria estuvo en el ojo de la tormenta entre 2016 y 2017, cuando fue destituida de su cargo por “desorden de conducta”.

En noviembre de 2016, Orozco había pedido una licencia por enfermedad, presentado un certificado médico por una lumbalgia. Lejos de quedarse haciendo reposo en su hogar, la mujer se fue de vacaciones a Florianópolis, Brasil, con sus amigas, y participó de un torneo de bridge en Potreros de los Funes, San Luis, compartiendo imágenes de todas estas aventuras en su cuenta de Facebook.

Fue suspendida de sus funciones a principio de 2017 y el Tribunal de Enjuiciamiento le redujo su salario a la mitad mientras se resolvía su situación. En octubre de ese mismo año, con 17 votos a favor y 4 en contra, fue encontrada culpable de incumplir sus deberes como funcionaria y el juez tomó la decisión de apartarla definitivamente por fraude a la administración pública.

Orozco explicó los motivos de su viaje: “depresión y angustia”, que aparecieron luego de enviudar y sufrir cáncer de mamas. “Mis amigos me dieron alegría y las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales”, explicó ante los miembros del Jury.

Además, agregó: “Yo no estaba en funciones, y el reposo para mi tratamiento no es estar tirada en una cama. Tenía un certificado desde una semana antes del viaje, que duró solo cinco días hábiles, y para días después por mi tratamiento.

“Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro, debo decir que el propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador, que soy una ‘papelonera’, que contamino el Poder Judicial. Solo espero que fallen con valentía, en contra de condicionamientos o animosidades personales”, concluyó.

Orozco hizo su declaración acompañada por el abogado Juan Day, que apuntó contra las autoridades provinciales al acusarlas de “negarle la jubilación por querer darle una paliza pública”.

Así fue como perdió su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza, donde tenía 25 años de antigüedad. Tras la destitución, Orozco comentó: “Me encuentro sola; mujer; enferma; sin contactos políticos ni tratos o favores que ofrecer a cambio de justicia que merezco; en instituciones dominadas por los hombres que sacan el pecho ante los medios pidiendo mi cabeza”.

Durante la audiencia que adelanta la Fiscalía General de la Nación, contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se presentó el material probatorio, que evidencia gastos mayores los $1.450 millones entre 2020 y 2022, lo que supera de manera amplia su salario como diputado del Atlántico.

Mientras que el ente acusador aportaba información del acusado, Alejandro Carranza, abogado defensor del primogénito del presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una dura denuncia que implica a su expareja y al exfiscal del caso.

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El togado aseguró que un vehículo de alta gama de la marca Mercedes Benz habría sido comprado con el dinero que se apropiaron y que tenía como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro, estaría en posesión de Day Vásquez de manera irregular.

De acuerdo con la versión de litigante, el exfiscal del proceso Mario Burgos habría jugado un rol fundamental para que Vásquez se quedará con el automóvil, puesto que ejerció presuntas presiones a otros funcionarios a cambio de su colaboración con la justicia.

“El Mercedes Benz no estaba en manos de la señora Day Vásquez, y que no estaba en manos de Nicolás Petro, pero por supuestas presiones que voy a probar, por esos patrones del grupo de tareas especiales reprochados judicialmente, incluso en otro caso, terminó en manos de la señora Day Vásquez”, denunció.

Alejandro Carranza también destacó que las acciones de Mario Burgos violan todo tipo de imparcialidad en el proceso. Asimismo, dijo que tenía cómo demostrar el actuar indebido del funcionario público.

“Desafía completamente la lealtad procesal, y este proceso le permite hacer un análisis profundo y reproche profundo de esas actuaciones, por las condiciones de tiempo, modo y lugar, que se van a poder mostrar”.

Y agregó: “En la acusación se vino a decir que Nicolás estaba ocultando bienes, cuando la evidencia mostrará a su señoría que quienes presuntamente estaban ocultando bienes eran el fiscal Mario Burgos y el exfiscal investigador Víctor Forero”.

Los lujos que se daba Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación expuso los lujos que se daba Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, con el dinero cuyo destino era la campaña presidencial de su padre.

Además de “comprar un carro Mercedes Benz por un valor de $200 millones, pagados en efectivo, para entregárselo a Daysuris Vásquez y ponerlo a nombre de otra persona”, el fiscal del caso aseguró que encontraron recibos de costosas compras en reconocidas marcas como Ferragamo y Carolina Herrera.

Incluso, recordaron la costosa mansión que compró Nicolás en el condominio La Herradura, en Barranquilla, que tenía un costo superior a los $1.000 millones.

“Con los dineros recibidos por usted en efectivo e injustificados y, al no ser producto de dicha actividad económica en calidad de diputado, invirtió en la casa número 4 en el condominio La Herradura. Llegó como arrendador y decidió comprar la mansión. Usted, Nicolás y Daysuris vivieron en arredamiento y luego mostraron su intención de compra, acordándose en 1.650 millones de pesos”, añadió el Fiscal.

La defensa de Nicolás Petro arremetió contra la Fiscalía, asegurando que el ente investigador había sido instrumentalizado, por lo que pidió incluir como pruebas entrevistas en medios de comunicación del exfiscal Francisco Barbosa y las audiencias del caso Pacho Malo, en las que imputan a dos investigadores del CTI relacionados con el caso de Nicolás Petro.

Posterior a la argumentación de Carranza, el juez Hugo Carbonó Ariza programó nuevas fechas para la continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro. La diligencia quedó para el próximo 21, 22 y 23 de abril de 2025.

La policía de Alexandria, Virginia, informó el martes que no se ha encontrado evidencia de crimen en la investigación sobre la muerte de una exfiscal federal.

Jessica D. Aber, de 43 años, quien había sido fiscal general de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia durante la administración del expresidente Joe Biden, fue encontrada muerta el sábado en su hogar. Renunció en enero para dejar espacio a la nueva administración. Aún no se ha determinado la causa de su muerte.

La falta de una explicación oficial sobre su muerte generó especulación y provocó teorías conspirativas. Sin embargo, los detectives no han encontrado “evidencia que sugiera que su muerte haya sido causada por algo distinto a causas naturales”, informó la policía el martes por la noche en una breve actualización sobre la investigación. Añadieron que la investigación continúa.

Al parecer, Aber había sufrido durante mucho tiempo de una grave condición médica, según amigos suyos.

Como la principal fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, supervisó el manejo de diversos asuntos legales en el norte de Virginia, Richmond y la región de Hampton Roads durante la mayor parte del mandato de Biden.

Dirigió una variedad de casos penales y trató temas delicados relacionados con agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos ubicadas en su distrito.

(c) 2025, The Washington Post

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado citar como testigos para el próximo 16 de enero a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto notificado este mismo jueves, recogido por Europa Press, el instructor cita también como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía General del Estado para el próximo 21 de enero.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Como se recuerda, la disputa comenzó cuando Sergio Hung Quiero desalojó a su madre, Pascuala, de la vivienda ubicada en el jirón Huayna Cápac, en el distrito de Jesús María. No obstante, el hombre relató que la señora Pascuala lo abandonó cuando era un niño, motivo por el que ambos mantienen una tensa relación entre ambos. El desalojo de la madre de su propio hogar fue lo que generó un conflicto más grande, que derivó en una serie de denuncias y enfrentamientos en tribunales.

A pesar de las complicaciones familiares y la confrontación pública, la intervención de la Municipalidad de Jesús María ayudo a mediar entre las partes y llegar a un acuerdo que evitara confrontaciones. De acuerdo con el alcalde del distrito, Jesús Gálvez, fue la intervención de las autoridades municipales la que permitió que ambos llegaran a una solución pacífica.

La intervención de la Municipalidad

Gracias a la mediación del municipio de Jesús María, Sergio Hung y Pascuala del Carmen llegaron a un acuerdo formal para compartir la misma vivienda, dividiendo el espacio de manera que cada uno pueda vivir de forma independiente. La señora Pascuala ocupará el primer piso de la propiedad, mientras que su hijo vivirá en el segundo piso. Esta solución fue parte de un acuerdo temporal que fue firmado por ambas partes con el respaldo de las autoridades municipales.

El alcalde Gálvez destacó que, aunque el tema es profundamente familiar, la municipalidad tuvo que involucrarse para asegurar que ambos pudieran vivir de manera digna y evitar cualquier conflicto que pudiera surgir de la situación. “No soy nadie para opinar sobre temas familiares, ya que eso les compete únicamente a ellos”, señaló Gálvez durante su intervención en el proceso.

Condiciones de convivencia

El acuerdo alcanzado entre Pascuala del Carmen y su hijo Sergio Hung Quiero establece que vivirán en la misma casa, pero en pisos separados. La señora Pascuala ocupará el primer piso, mientras que su hijo residirá en el segundo. Además, se confirmó que ambos tengan acceso independiente a través de puertas separadas. La división de la vivienda se completará en cinco días.

Ambos se comprometieron, mediante un acta, a respetar la convivencia pacífica y el bienestar de cada uno. Esto incluye evitar cualquier acto que perturbe el derecho a la vivienda digna. Sergio Hung Quiero expresó su disposición para conciliar y resolver el conflicto, mientras que Pascuala podrá regresar a su hogar después de haber sido desalojada por orden judicial.

División de espacios en la vivienda

La división de la vivienda ya ha comenzado, con trabajos que fueron facilitados por la municipalidad. Según el alcalde, la reestructuración estará lista en un plazo de cinco días. La señora Pascuala, quien había sido desalojada, tomará posesión del primer piso de la casa de inmediato, mientras que su hijo, Sergio, continuará con la ocupación del segundo piso junto a su familia.

El proceso de reestructuración consistió en garantizar que ambos pudieran vivir de manera independiente. “Hoy mismo Pascuala tomará posesión de su espacio. Está organizando sus pertenencias, decidiendo qué conservar y qué dejar atrás”, explicó Gálvez para TV Perú.

Hijo se mantiene firme

Sergio Hung Quiero, por su parte, expresó que el proceso de conciliación no fue complicado, ya que siempre estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con su madre. Además, aclaró que la salida de Pascuala de la vivienda fue producto de una orden judicial debido a una presunta comisión de un delito.

“Siempre hubo conciencia de la titularidad civil de la propiedad, tanto de la señora Pascuala como mía. Ella está fuera por una orden judicial, pero quiero recalcar a la ciudadanía que siempre tuve la intención de conciliar”, declaró Sergio para el mismo medio.

“Siempre ha existido la conciencia de que hay titularidad civil, de propiedad en la señora Pascuala y yo. Y la señora, está fuera por una orden del juez (...) Quiero insistir a la ciudadanía, que siempre he tenido voluntad para conciliar. La señora está afuera porque esa es la consecuencia de la comisión de un delito”, expresó para las cámaras de Tv Perú.

Abogado acusa a su madre de abandono

En entrevista con ATV Noticias, el abogado defendió su decisión con firmeza y dio a conocer que Pascuala del Carmen lo abandonó. Además, reveló una serie de conflictos familiares que duraron años.

“Ella no es mi madre, es mi progenitora. Nos abandonó, nos dejó a los hermanos a cargo de mi hermana Julia, quien falleció a los 44 años con retardo mental severo. Debíamos cambiarle pañales, alimentarla, llevarla al médico. Al igual que mi padre, padeció dos infartos y un derrame cerebral”, narró para el citado medio.

“La señora Pascuala estaba en Chile con otra pareja. Sin embargo, al enterarse que mi padre falleció y aprovechando que con mi familia nos encontrábamos fuera, colocó cadenas en mi domicilio el 31 de octubre del año 2016″, continuó.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido este sábado en que "el foco" tiene que estar sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, no sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Hay que insistir en que el foco tiene que ser el del delincuente, el presunto delincuente, y no poner el foco en quien ha intentado desde el primer momento desmentir un bulo", ha respondido Redondo a la prensa preguntada por la afirmación del Partido Popular, quien ha acusado al Gobierno de "justificar el delito" de García Ortiz.

Ha sido la vicesecretaria de organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, quien ha declarado, también este sábado, que "lo llamativo es que se esté intentando acusar a los jueces" cuando el fiscal general del Estado "está imputado por revelación de secretos". Fúnez ha denunciado que se haya "justificado el delito".

Redondo ha destacado que "lo importante es un delincuente, un delincuente confeso, y una presidenta de una Comunidad que está viviendo en un piso pagado probablemente, presuntamente, con cantidades que ya se han reconocido que son fraude fiscal".

Valladolid, 16 dic (EFE).- El fiscal, las cuatro acusaciones particulares y la acción popular han mantenido este lunes la petición de prisión permanente revisable para el encausado David M.L., por asesinar a cuchilladas a su pareja, Paloma, de 45 años, y a la hija de ella, India, de 8, en Valladolid.

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales durante la cuarta sesión de la vista oral celebrada en Audiencia de Valladolid, en la que la defensa del procesado, por su parte, ha sostenido la petición de veinticinco años en total por dos homicidios, en lugar de dos asesinatos, y ha solicitado atenuar la pena por el consumo de droga y alcohol.

Los hechos juzgados ocurrieron durante la madrugada del 23 de enero de 2023, cuando el supuesto autor apuñaló a las dos víctimas en un quinto piso de un edificio del céntrico Paseo Zorrilla de Valladolid, donde convivían, tras lo que se autolesionó.

En su exposición ante un jurado popular compuesto por siete hombres y dos mujeres, el fiscal ha explicado que la noche de los crímenes se desencadenó una discusión entre el procesado, de 44 años entonces, y Paloma.

El encausado cogió un cuchillo de grandes dimensiones y acometió a Paloma más de veinte cuchilladas mientras la víctima se encontraba agachada y en el suelo de la cocina.

Después, le envió un mensaje de whatsapp a su exmujer -con la que estuvo antes de su relación con Paloma y que le había hecho llegar al procesado la demanda de divorcio-, diciendo que la culpa de lo que había ocurrido era de ella y que estas eran las consecuencias.

Tras la agresión a Paloma, de manera sorpresiva atacó a India, por detrás, y le asestó cinco cuchilladas, la primera de ellas mortal en la cabeza.

El fiscal ha argumentado que existió alevosía porque las víctimas vieron limitadas sus facultades de defensa; ha explicado que las dos mujeres, que convivían con el procesado, jamás supusieron que las iba a agredir, por lo que tenían relajadas sus barreras de protección y acometió a Paloma en un espacio reducido, en un rincón, del que no podía salir.

En el caso de la menor, el acusador público ha llamado la atención sobre la vulnerabilidad de una niña de 8 años, que jamás podría haber hecho frente al acusado y ha dicho que la agredió por sorpresa cuando la pequeña estaba en un sofá.

Ha considerado además la existencia de la circunstancia agravante de parentesco. En concreto ha solicitado veinticinco años de prisión por el asesinato de Paloma y prisión permanente revisable por el de India.

El fiscal ha desechado que el acusado padezca una enfermedad mental, ha argumentado que sus rasgos de personalidad como impulsivo, inestable, narcisista y depresivo no suponen que pierda sus facultades de conocer y querer y ha subrayado que la cerveza y las tres copas de tomó antes de los hechos no le hicieron perder sus facultades volitivas e intelectivas.

El acusador particular que representa a la madre y las hermanas de Paloma ha sumado a la descripción del ministerio publico las agravantes de género y ensañamiento -causar un sufrimiento innecesario deliberado a Paloma-.

"Esto es un crimen machista de libro", ha remarcado el letrado, quien ha apoyado esta definición en que el acusado actuó así por razones de dominación machista.

Por su parte, la defensa ha subrayado que la personalidad narcisista, controladora y manipuladora del procesado debe ir acompañada de detonantes para convertirla en comportamientos violentos, lo que a su juicio se produjo por el consumo de sustancias.

Cuando el magistrado ha concedido la última palabra al acusado, David M.L. ha mostrado su arrepentimiento, ha dicho que no tenía nada en contra de las víctimas, que actuó inconscientemente y que un amigo le dio una sustancia química -fentanilo- que le causó enajenación mental.

Está previsto que el jurado reciba el objeto del veredicto el próximo miércoles, tras lo que se retirará a deliberar. EFE

En medio de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en un robo en La Plata, el Frente Renovador solicitó que la fiscal Sabrina Caldera sea sometida a un juicio político por haber dejado en libertad a uno de los menores de edad acusados por el robo y posterior homicidio. “Vemos en el dolor de la familia de Kim, el fracaso del sistema judicial”, sentenció el referente del partido, Sergio Massa.

El pedido de enjuiciamiento fue presentado este viernes ante la Secretaria de Enjuiciamiento dependiente de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. En el escrito, el espacio político acusó a la funcionaria pública de presuntamente no haber cumplido con sus funciones al permitir que el adolescente de 17 años, identificado como T.G, continuara en libertad luego de haber sido arrestado por tentativa de robo el pasado 1 de febrero.

Desde el Frente Renovador consideraron que Caldera podría haber incurrido en “la incompetencia, la negligencia y el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”. Los mismos son considerados como causales de Jury contra jueces y fiscales, según establece el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados N° 14.441. Incluso, pidieron que la fiscal sea removida preventivamente de su función.

De la misma manera, solicitaron que se verifique si la funcionaria podría haber incurrido en el incumplimiento de artículo 274 del Código Penal Argentino, el cual dictamina que “el funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis (6) meses a dos (2) años”.

La solicitud contó con la firma del líder del espacio político, Sergio Massa, y varios dirigentes que apoyaron la medida. Entre ellos, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, la senadora Sofía Vannelli, y los diputados provinciales, Ruben Eslaiman y Juan Martín Malpeli.

Entre las razones esbozadas por el partido político, se señaló que “la agente fiscal tuvo al joven sentado frente a sí, sin embargo, no adoptó ninguna medida para verificar su adicción a las sustancias estupefacientes, el grado de su adicción y la amenaza que representara para otras personas y sus bienes en caso de dejarlo en libertad”.

A la vez que denunciaron que Caldera no habría analizado el contexto social del acusado, apuntaron que tampoco tomó en cuenta otras posibilidades como, por ejemplo, ordenar un arresto domiciliario, una intervención terapéutica para tratar el consumo problemático o la intervención de peritos que constataran la situación atravesada por el joven.

Otros de los cuestionamientos emitidos por el espacio político recayeron en la ausencia de enviar trabajadores sociales para que evaluaran el contexto del detenido y determinaran si había riesgo de reiterancia criminal y el no haber tomado las declaraciones de los policías que lo detuvieron.

“Las declaraciones de los policías que lo atraparon hubiesen conformado una prueba esencial para verificar la peligrosidad y el consumo de estupefaciente”, recriminaron, luego de haber expuesto que el joven no había sido sometido a una prueba que confirmara o descartara si se encontraba bajo la influencia de sustancias ilegales.

Previo a esto, el principal referente del espacio apuntó: “Vemos en el dolor de la familia de Kim, el fracaso del sistema judicial”. Por medio de una declaración realizada en redes sociales, Massa destacó que “cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña”.

Incluso, el dirigente criticó el uso político que tuvo la imagen de la víctima al denunciar que “quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos”. Y concluyó: “Cada muerte es el 100% de la estadística”.

Así fue el caso por el que la fiscal liberó al menor de edad

Tal como planteó la denuncia radicada por el Frente Renovador, el pasado 1 de febrero el menor de edad que permanece detenido por el crimen de Kim Gómez había sido detenido junto a otros tres menores de edad de 16, 15 y 14 años por haber robado un auto Ford Ka color blanco, que se encontraba estacionado sobre calle 61, entre 14 y 15.

El robo se consumó a la madrugada, cuando los menores de edad forcejearon con la joven que se encontraba en el vehículo. Una vez que lograron hacerse con el rodado, estos se dieron a la fuga, hasta que fueron identificados y detenidos por el personal del Comando La Plata, tras una breve persecución.

Luego de que fueron trasladados hacia la comisaría 9ª de la ciudad, los cuatro adolescentes fueron puestos en libertad. No obstante, desde que se conoció que Cladera había sido la fiscal de haber liberado al joven de 17 años, se inició un proceso en su contra.

Respecto a su trayectoria, se supo que la funcionaria había sido designada en julio de 2018 durante la gobernación encabezada por María Eugenia Vidal. Asimismo, en el último tiempo había sido una de las candidatas a convertirse en jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata.

La Fiscalía de La Libertad ha iniciado una investigación para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades del colapso del techo del patio de comidas en el Real Plaza Trujillo, tragedia que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos. Desde la misma noche del accidente, un equipo de fiscales y médicos legistas se trasladó al lugar para iniciar las primeras diligencias y recabar pruebas clave para el caso.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, explicó que la investigación se está llevando a cabo en dos frentes. Por un lado, los fiscales y peritos médicos realizaron el levantamiento de cadáveres y atendieron a los heridos. Por otro, se incautó documentos administrativos del centro comercial, incluyendo expedientes sobre autorizaciones, supervisiones y controles de seguridad. Estos documentos fueron requisados tanto en las oficinas del Real Plaza como en la Municipalidad de Trujillo, donde se continuó con la recopilación de pruebas durante el fin de semana.

“Desde el primer momento se aseguró evidencia clave, incluyendo archivos en las áreas de edificación y control de la municipalidad. El objetivo es revisar a fondo los permisos otorgados, las inspecciones realizadas y verificar si hubo omisiones o irregularidades en el proceso”, señaló Bringas en entrevista para Sol TV.

Para determinar las causas del derrumbe, se ha conformado un equipo de peritos. Inicialmente, se asignó un ingeniero civil adscrito al Ministerio Público en La Libertad, pero dada la complejidad del caso, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto la contratación de un especialista externo en infraestructura. Este experto arribará a Trujillo en los próximos días para sumarse al equipo de análisis estructural.

“Hay que mencionar que en principio se asignó un perito adscrito al Ministerio Público, ingeniero civil de acá de La Libertad ingeniero civil. Pero se va a conformar un equipo de peritos. Para la conformación de este equipo de peritos hemos pedido el apoyo a la fiscalía Nación, que a través de gerencia general, ha dispuesto la contratación de un especialista tercero, que es justamente un ingeniero especialista en infraestructura. En estos días, sea hoy día o mañana, está llegando a la ciudad de Trujillo para integrarse al equipo de peritos”, precisó el fiscal.

Plazos y posibles delitos

La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra el representante legal de cary contra cualquier otro involucrado que resulte responsable conforme avancen las pesquisas. La fiscal a cargo de esta carpeta es Carmen Vargas. “En esta etapa, la investigación se amplía conforme se obtengan más hallazgos. No descartamos que más personas sean incluidas en la indagación conforme se analicen documentos y testimonios”, indicó el fiscal.

Sobre los plazos de la investigación, señaló que la duración puede variar según la complejidad del caso y la información recopilada. Sin embargo, garantizó que se llevará a cabo con celeridad y transparencia.

Ante la posibilidad de que familiares de las víctimas presenten denuncias individuales contra autoridades o representantes del grupo empresarial propietario del centro comercial, la Fiscalía explicó que cualquier denuncia será incorporada a la investigación en curso. “Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, y si esta tiene sustento, se acumulará en el expediente para ser evaluada dentro del proceso”, precisó el fiscal.

Por el momento, el representante del Ministerio Público informó que la Fiscalía de Trujillo no ha recibido ninguna denuncia penal formal contra Carlos Rodríguez Pastor, presidente del grupo Intercorp. Sin embargo, RPP, confirmó que ya se dispuso el inicio de diligencias preliminares en su contra y contra otros altos directivos de la empresa.

Familiares de víctimas exigen justicia

Aunque el Real Plaza, en diferentes comunicados, aseguró que se contactó con todos los afectados por el derrumbe, los familiares de las víctimas desmintieron esta información.

Alfredo Beltrán, padre de familia, que sobrevivió al derrumbe, exige que el Real Plaza Trujillo se haga responsable por las terapias psicológicas de sus tres menores hijos, quienes hace tres días no pueden conciliar el sueño.

En esa misma línea, los deudos de Harumi Carbajal, la joven que perdió la vida en el centro comercial, aseguraron no haber recibido ningún contacto por parte de un representante de la empresa ni de la Municipalidad de Trujillo. De hecho, fue Ripley, la compañía donde trabajaba, quien asumió los gastos del sepelio.

“Hoy por hoy digo: ¿dónde están las autoridades, el dueño del Real Plaza, el gobernador regional, que supuestamente dicen que se han apersonado? ¿Dónde están? Lo único que vamos a reclamar es justicia, no solo por mi sobrina, sino por los muertos. ¿Dónde están los protocolos de este supermercado? A los dos días recién nos han entregado el cuerpo de mi sobrina”, declaró el tío de la víctima.

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires inició el miércoles pasado un sumario administrativo de oficio a la fiscal Sabrina Cladera por la decisión que tomó de liberar a T.G, el delincuente de 17 años que luego se convirtió en uno de los asesinos de Kim, la niña de 7 años que terminó arrastrada debajo de un auto robado en la ciudad de La Plata.

Se trata de una actuación habitual que realiza la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a cargo de Miguel de Lezica, ante casos de inseguridad que tienen alto impacto en la opinión pública. El objetivo es investigar si existieron irregularidades o fallas en la actuación de los fiscales.

Según pudo confirmar Infobae, funcionarios del Ministerio Público abrieron un expediente para determinar cómo actuó la fiscal Cladera ante un intento de asalto previo. El hecho, una tentativa de robo automotor, ocurrió el 1° febrero y derivó en un registro en una seccional de la Policía Bonaerense. A causa de su edad -cumplió 17 en diciembre pasado- y la pena en expectativa, la fiscal Cladera no solicitó la detención y el delincuente fue entregado a sus padres.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, T.G., asaltó a una joven de 20 años junto a otros tres adolescentes de 16, 15 y 14, a quien interceptaron en Calle 61 entre 14 y 15. La Policía detuvo a la banda, pero luego fueron dejados libres por orden de Cladera.

Martina, la primera víctima de T.G., contó en los medios lo que vivió la noche en la que sufrió el intento de robo de su vehículo, y reveló que ella pasó más tiempo en la comisaría que el delincuente. “Vi hasta cuando quedaron en libertad. La madre lo fue a buscar como si fuese al colegio por una amonestación. Estuve más tiempo yo en la comisaría que ellos”, relató.

Lo cierto es que expertos consultados por Infobae admitieron que difícilmente la fiscal Cladera -que fue propuesta para camarista por el gobierno de Axel Kicillof- vaya a recibir una sanción por su actuación. “La pena en expectativa por un robo de automotor en grado de tentativa es excarcelable. En principio, la conducta de la fiscal ha sido correcta”, admitieron las fuentes.

Las fuentes explicaron que Cladera aplicó el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia que establece los criterios para otorgar la libertad: “El Fiscal podrá disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras el Juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circunstancias del caso no solicitará la prisión preventiva. Si el Juez hubiera ordenado la detención, el Fiscal podrá requerirle que disponga la libertad atento que no pedirá la prisión preventiva, en cuyo supuesto se ordenará la soltura. En todos los casos, el imputado deberá denunciar su domicilio real antes de ser puesto en libertad, el que no podrá cambiar sin previa comunicación, comprometiéndose a comparecer a cualquier llamado o citación con motivo del trámite del proceso”.

Más allá de que los expertos no consideran que haya existido una inconducta de Cladera, el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración comenzó desde el miércoles a labrar instrucciones para descartar cualquier presunción de irregularidad. “El robo en grado de tentativa no es detenible, aun en la expectativa de pena mayor. En concreto, se va a investigar si la fiscal aplicó correctamente las leyes, no la evolución de los acontecimientos posteriores”, aclararon las fuentes consultadas.

Aunque en principio no hay detectada ninguna falta, la sanción máxima que puede enfrentar un fiscal si se comprueba un error o falla en su actuación es una suspensión de hasta 30 días. Distinto es si se comprueba un delito, donde ya interviene la Secretaría de Enjuiciamiento.

United States Politics and GovernmentFederal Budget (US)House of RepresentativesRepublican PartyTrump, Donald JJohnson, Mike (1972- )Johnson, Dusty (1976- )Massie, Thomas H

La votación allanó el camino para los principales elementos de la agenda nacional del presidente e intensificó la lucha partidista sobre qué programas federales reducir para financiar los recortes fiscales.

El martes, la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen una resolución presupuestaria republicana que prevé recortes fiscales por valor de 4,5 billones de dólares y una reducción del gasto federal en 2 billones de dólares a lo largo de una década, despejando el camino a los principales elementos de la agenda nacional del presidente Donald Trump.

La votación, dividida casi en líneas partidistas, de 217 contra 215, preparó el escenario para una amarga lucha en el seno del Partido Republicano sobre qué programas federales eliminar a fin de financiar parcialmente un enorme recorte fiscal que proporcionaría sus mayores beneficios a los estadounidenses adinerados.

Se produjo tras una vertiginosa hora en la que los líderes republicanos intentaron sofocar una revuelta entre los conservadores que querían mayores recortes del gasto, no lo consiguieron, cancelaron la votación del presupuesto y minutos después dieron marcha atrás y convocaron a los legisladores para el pase de lista.

La caótica escena puso de relieve el difícil camino que tienen por delante los republicanos de la Cámara de Representantes en su intento de hacer aprobar en el Congreso la agenda política interna de Trump, salvando las objeciones de los demócratas.

La aprobación del plan presupuestario fue un primer paso crucial para que, a través del Congreso, los republicanos allanaran el camino para un enorme paquete fiscal empleando un proceso llamado reconciliación, que permite que tales proyectos de ley eviten una obstrucción por filibusterismo y sean aprobados por el Senado por mayoría simple.

"Es como la patada inicial de lo que será un partido de cuatro cuartos, y ese partido tan importante y trascendental empieza en cuanto consigamos aprobar esto", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una rueda de prensa el martes por la mañana antes de la votación. "Esto ha sido necesario porque prometimos cumplir la agenda completa del presidente Trump, no solo una parte de ella. No vamos a hacer solo un poco ahora y volver más tarde por el resto. Tenemos que hacerlo ahora".

Estuvo a punto de no ocurrir. En los minutos previos a la votación del martes por la noche, se pudo ver a los líderes republicanos abordando a los desertores en el pleno de la Cámara, implorándoles que apoyaran la resolución presupuestaria.

Cuando pareció que sus esfuerzos habían no habían rendido fruto, anunciaron que no se votaría el plan el martes por la noche, y los legisladores abandonaron rápidamente la Cámara. Pero minutos después, Johnson volvió corriendo a la cámara, gritó "una más" y volvió a convocar a los legisladores para la votación.

Al final, el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, fue el único "no" de su partido. Un grupo de republicanos centristas de distritos legislativos competitivos, que inicialmente se habían opuesto al plan por temor a que provocase profundos recortes en Medicaid, programa que brinda asistencia de salud a más de 70 millones de estadounidenses, finalmente se alinearon y votaron a favor.

Otra de las reticentes, la representante Victoria Spartz, por Indiana, quien en un principio dijo que se opondría al plan porque aumentaría el déficit, dijo que contaba con un "compromiso personal" de Trump para "salvar la asistencia de salud y mejorarla".

"Los republicanos de la Cámara de Representantes han acercado al Congreso al cumplimiento de la agenda América Primero del presidente Trump en su totalidad, no solo de partes de ella", dijo Johnson tras la aprobación de la resolución. Dijo a los periodistas que la participación de Trump fue una "gran ayuda" para conseguir que la mayoría de los republicanos se sumaran.

El proyecto esboza la legislación que ahora redactarán los republicanos de la cámara baja. Establece un límite máximo de 4,5 billones de dólares para los recortes fiscales de los próximos 10 años, pero no determina qué impuestos deben reducirse, una cuestión compleja y políticamente delicada que podría tardar meses en resolverse.

También pide recortar 2 billones de dólares en gastos durante el mismo periodo, sin especificar qué programas deberían recortarse, aunque los principales republicanos han apuntado a Medicaid y a los programas de ayuda alimentaria para los estadounidenses pobres. Y establece aumentos de unos 300.000 millones de dólares para los programas de control fronterizo y de defensa, junto con un aumento de 4 billones de dólares del límite de la deuda.

La resolución vincula la reducción de impuestos y los recortes de gastos. Si al final los republicanos del Congreso encuentran menos de 2 billones de dólares en gastos que eliminar, la asignación para recortes fiscales se reducirá en la cantidad del déficit. Eso significa que el presupuesto para el corte de impuestos podría reducirse finalmente a 4 billones de dólares si los republicanos recortaran solo 1,5 billones en gastos, el límite inferior que fija el esquema.

Incluso si son capaces de cubrir la totalidad de los 4,5 billones de dólares, los redactores fiscales republicanos han estado preocupándose sobre lo que pueden hacer entrar en el proyecto de ley. Gran parte de los ingresos fiscales se consumirán simplemente al continuar las políticas fiscales que los republicanos pusieron en marcha en 2017 y que expiran a finales de año.

La prórroga de la ley fiscal de 2017 costará aproximadamente 4 billones de dólares en una década, mientras que otras exenciones fiscales para las empresas, desesperadamente deseadas, se comerán otro par de cientos de miles de millones. Esto solo deja una pequeña parte del presupuesto para el popurrí de recortes fiscales que los republicanos esperan incluir en la legislación, como no gravar las propinas y eliminar el límite de 10.000 dólares de la deducción fiscal estatal y local.

Lograr una legislación casi unánime que cumpla los objetivos de gasto establecidos en el proyecto también supondrá un reto gigantesco para los líderes republicanos. Antes de la votación del martes, los republicanos de los distritos electorales competitivos habían dicho que se sentirían incómodos de aprobar un plan que podría conllevar importantes recortes de Medicaid y de los cupones para alimentos.

El plan encarga al Comité de Energía y Comercio, que supervisa Medicaid y Medicare, que proponga recortes de al menos 880.000 millones de dólares. Aunque algunos republicanos negaron que fueran a recortar drásticamente los programas para los pobres, la cantidad de ingresos que piden recaudar requeriría con toda seguridad algunos recortes en al menos uno de esos programas.

"Sigo insistiendo hasta el final en la necesidad de proteger los servicios que son importantes para mi distrito", dijo el representante por Arizona Juan Ciscomani al salir de una reunión a puerta cerrada de los republicanos el martes por la mañana para discutir el plan. "Obviamente, esto es solo el principio. Aquí es donde empieza realmente la verdadera lucha para proteger los servicios por los que he estado luchando, al tiempo que se cumple la promesa de reducir drásticamente el tamaño del gobierno."

Muchos estados han ampliado Medicaid desde la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por su sigla en inglés) para ofrecer cobertura a más adultos con bajos ingresos, y el gobierno federal cubre la mayor parte del costo de la atención adicional. Pero los republicanos han debatido la posibilidad de recortar ese gasto federal reforzado, lo que podría obligar a los estados a dedicar más recursos propios o a dejar de ofrecer cobertura a hasta 20 millones de estadounidenses.

Previo a la votación se produjo un intenso debate en la Cámara de Representantes. Los demócratas argumentaron que los republicanos no podían pretender ser el partido de la responsabilidad fiscal mientras proponían una legislación que podría añadir unos 3 billones de dólares al déficit, y dijeron que los recortes que proponían perjudicarían a las familias de clase media. Los republicanos replicaron que si el Congreso no prorrogaba los recortes fiscales que aprobaron en 2017, la mayoría de las familias estadounidenses verían aumentar precipitadamente sus impuestos a finales de año.

Los demócratas consideran que los recortes a Medicaid, que probablemente se incluirán en la ley que elaboren los republicanos de la Cámara, son una línea de ataque político destacada, similar a sus esfuerzos por hacer campaña en 2018 contra el impulso del Partido Republicano por derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

"Tiene que proceder de Medicaid, tiene que proceder de las primas de la ACA", dijo el representante por Pensilvania Brendan Boyle, el principal demócrata de la Comisión de Presupuestos, "porque ese es el único lugar donde puedes encontrar 880.000 millones de dólares".

Al mismo tiempo, los conservadores de la conferencia han dicho que quieren que se codifiquen en la ley profundos recortes del gasto, y han señalado que se mostrarían reacios a prestar su voto a un producto final que aumente el déficit.

"Es una locura", dijo Massie. "Vamos a aumentar el déficit con esto. ¿Por qué iba a votar a favor? No se pueden recortar los impuestos sin recortar el gasto, y en realidad no están recortando el gasto".

Aprobar la resolución presupuestaria en la Cámara es solo el primer paso para desbloquear el proceso de reconciliación. Los republicanos del Senado también tendrán que aprobarla, aunque allí los legisladores tienen sus propias ideas sobre cómo abordar la agenda de Trump.

Los republicanos del Senado han aprobado un esbozo de presupuesto para un proyecto de ley limitado, enfocado en la aplicación de las leyes fronterizas y la defensa, con la esperanza de dar un golpe más ambicioso a la política fiscal en un proyecto de ley separado más adelante este año.

Catie Edmondson cubre el Congreso para The Times. Más de Catie Edmondson

Andrew Duehren cubre la política fiscal para el Times desde Washington. Más de Andrew Duehren

Maya C. Miller cubre el Congreso y forma parte del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de su carrera. Trabaja en Washington. Más de Maya C. Miller

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, radicaron una recusación formal contra la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, que lleva el caso con el exmandatario colombiano (2002-2010) por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

Según la defensa, Orjuela Rodríguez estaría impedida para seguir en el caso, debido a una relación de subordinación que tuvo en su momento con Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación; pero hoy víctima en la investigación que se adelanta en el juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

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De acuerdo con la resolución 1295 de 2012, revelada por Semana, Montealegre le asignó la responsabilidad de estar a cargos de los procesos relacionados con los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, que llegaban al despacho Unidades Nacionales contra la Desaparición y Desplazamiento Forzados, Desmovilizados y contra el Terrorismo.

Dos casos estaban relacionados con parapolítica; sin embargo, por orden de Eduardo Montealegre pasaron de manera exclusiva a la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez.

“Lo anterior con el propósito de que sea asignado especialmente su conocimiento a la doctora Marlene Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzados en atención”, se lee en la resolución 1295 de 2012 revelada por el citado medio.

Según el exfiscal Eduardo Montealegre, la decisión estaba motivada por la compleja situación de orden público, especialmente contra los líderes de restitución de tierras.

“La gravedad de los hechos y la complejidad de los asuntos que han generado gran impacto en la región y han propiciado pronunciamientos del Gobierno nacional respecto a su incidencia en el actual proceso de restitución de tierras”, precisa la resolución de agosto de 2012.

Y agrega: “Designar especialmente a la doctora Marlene Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, para que asuma el conocimiento hasta su culminación, de las investigaciones objeto de variación en el artículo anterior”.

Precisamente, el argumento principal de la defensa de Álvaro Uribe se basa en la relación profesional que existió entre la fiscal Orjuela y el exfiscal Eduardo Montealegre.

En el documento de recusación, Jaime Granados precisó que Orjuela fue nombrada en 2012 como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito por Montealegre, lo que, según el abogado penalista, compromete su imparcialidad y objetividad en el manejo del caso por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

“Mediante la presente recusación, se expondrá como usted, en su condición de Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debe separarse del conocimiento del presente caso, en tanto se encuentra impedida no sólo por estar incursa en la causal primera de impedimento de que trata el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sino también porque su imparcialidad se encuentra cuestionada desde una perspectiva objetiva”, indica el documento de la defensa del líder natural del Centro Democrático.

Granados argumentó que la conexión entre Orjuela y Montealegre crea una situación en la que, en su opinión, la fiscal tiene un “interés en la causa”, lo que justificaría su apartamiento del caso para garantizar un juicio imparcial. El documento, que incluye una fotografía de Orjuela junto a Montealegre, resalta que este vínculo entre ambos funcionarios es una razón válida para que la fiscal se retire de la investigación.

A pesar de la naturaleza de la recusación, el abogado Jaime Granados ha dejado claro que este recurso no tiene como objetivo retrasar el proceso judicial que enfrenta Uribe. Según el defensor, la recusación no detiene el curso del caso, ya que la ley establece que su presentación no conlleva la paralización del procedimiento.

“Es importante señalar que esta recusación no debe ser interpretada como un intento dilatorio, ya que, conforme a la legislación, su presentación NO suspende la actuación judicial”, indicó Granados, destacando la necesidad de no interrumpir el calendario del proceso, particularmente dado que el caso tiene un plazo de prescripción que vence en octubre de 2025.

El asesinato de Cristian Velázquez, un kiosquero de 50 años en el barrio Peralta Ramos Oeste de la ciudad de Mar del Plata, generó conmoción en toda la localidad. Ahora, la Justicia deberá resolver qué pasará con los dos detenidos que tiene la causa.

Durante la jornada de ayer lunes, el fiscal Alejandro Pelegrinelli solicitó al Juzgado de Garantías número dos, presidido por el juez Juan Tapia, que se dicte la prisión preventiva para los principales sospechosos, Ignacio Bustos Nieto y Cristian “El Guachín” Monje. Ambos enfrentan cargos como coautores del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

El fiscal fundamentó su pedido de prisión preventiva en la gravedad del delito y en el riesgo de fuga de los acusados. Dicha solicitud busca garantizar que ambos acusados permanezcan detenidos hasta el inicio del juicio, evitando así cualquier posibilidad de que el proceso judicial se vea comprometido. La decisión ahora recae en el juez, quien deberá evaluar los argumentos presentados por la fiscalía y determinar si los imputados continuarán en prisión.

El trágico hecho ocurrió cuando Velázquez intentó defenderse de un asalto en su comercio. Una cámara de seguridad captó el momento en que la víctima tomó un aerosol de gas pimienta para repeler a los atacantes, pero uno de ellos disparó con un revólver, impactando en su cabeza y causándole la muerte instantánea. Tras el ataque, los agresores huyeron en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, dejando tras de sí una escena de horror que quedó registrada en las imágenes de vigilancia.

De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, Cristian “El Guachín” Monje ya contaba con antecedentes penales significativos. En 2020, había sido condenado a seis años de prisión por su participación en dos asaltos previos. Sin embargo, a pesar de esta condena, se encontraba en libertad y con un pedido de captura vigente al momento del asesinato de Velázquez. Este dato generó interrogantes sobre el cumplimiento de las penas y el sistema de justicia penal en la región.

Por su parte, el kiosquero asesinado no era ajeno a los episodios de inseguridad. Según detalló el mismo medio marplatense, Velázquez había sido víctima de robos en al menos cuatro ocasiones previas. En uno de estos incidentes, ocurrido en abril de 2024, logró salvar su vida de manera milagrosa cuando las balas disparadas por los delincuentes impactaron en paquetes de chicles en lugar de alcanzarlo directamente.

Cabe recordar que a principios de este mes, la Policía Bonaerense capturó a Cristian Néstor Monje, de 35 años y conocido como “Guachín” y con varios antecedentes penales.

Lo encontraron en la calle los agentes de la DDI de Mar del Plata y lo apresaron en el cruce de República de Cuba y Benito Lynch y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. El ministro de seguridad de la provincia, Javier Alonso, estaba en el lugar de los hechos.

Hay que recordar que el presunto cómplice del ahora detenido ya estaba preso. Es que un par de días antes, un hombre identificado como “Nacho” fue aprehendido por el crimen de Velázquez cuando los investigadores de la DDI de Mar del Plata llegaron al sospechoso, a raíz del análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Al mismo tiempo, sostuvieron que “Nacho” habría sido la persona que conducía la moto en la que se movían los delincuentes que atacaron al comerciante en su local ubicado sobre la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700 de la ciudad balnearia.

Los agentes, además, secuestraron un ciclomotor Gilera, de color azul, que habría sido utilizado durante el asalto. Los allanamientos se realizaron en el barrio Pueyrredón, ubicado a unas 30 cuadras del local de Velázquez.

El acusado ha defendido su inocencia asegurando, entre otros argumentos, que por las características de su trabajo nunca coincidía con los menores cuando estaban en el centro. En cuanto al testimonio de la víctima, se ha prestado a puerta cerrada.

El fiscal pide 12 años de prisión para este hombre, además de la pena de prohibición de comunicación y de aproximación a la menor durante 15 años.

El representante del Ministerio Público también solicita que el acusado indemnice a la víctima con 12.000 euros, en este caso a los padres como sus representantes legales.

Una intensa movilización policiaca se registró durante la noche del viernes en la Zona Urbana Río de Tijuana para realizar el levantamiento de restos humanos abandonados en el segundo piso del estacionamiento de la Plaza Río; junto a ellos también encontraron una narcomanta con una amenaza dirigida a la unidad de homicidios de la Fiscalía General del estado (FGE).

Fueron algunos testigos quienes llamaron a los servicios de emergencia 911 para realizar el reporte de que hombres -de complexión delgada y vestidos de blanco y naranja- abandonaron los restos y luego se dieron a la fuga. Se trata de la segunda ocasión en lo que va de 2025 que se registra un hecho similar, recordando que el 28 de enero se encontró una camioneta abandonada, con plazas A62NZM4, que guardaba en su cajuela el cuerpo de una persona envuelto en una sábana.

“Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, coordinador de homicidios; Edgar Nava, comandante de homicidios, acuérdate que fuiste a Guadalajara con el Güero Pecas a saludar y recibiste dinero de la empresa; no se crean tan inteligentes, bájenle de huevos por que los tenemos bien ubicados; no les hemos hecho nada por respeto, saqué órdenes de aprehensión en contra de la empresa y también vamos a hacer lo que sabemos. Ubicados ya están. ATT. CJNG”.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:00 de la noche y fue el propio personal de la FGE quien procedió al levantamiento de los restos, cuya identidad aún no ha sido confirmada, y del retiro de la narcomanta.

Conviene señalar que la Plaza Río se encuentra muy cerca del Palacio Municipal, por lo que se ha convertido en el escenario para mandar mensajes criminales a las autoridades locales, como ocurrió con las amenazas que recibió el exsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Y es que en agosto de 2024 la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez confirmó la renuncia del funcionario luego de que este recibió amenazas del crimen organizado mediante una cartulina que dejaron en un auto abandonado.

“Miguel Ángel Bujada, no le quieras jugar al listo con las 4Letras, ya vas para afuera, ya bastante hiciste con robar, no te metas en problemas, aquí estamos bien plantados y con toda la fuerza. CJNG”, se leía en el narcomensaje.

La información sobre la amenaza fue difundida por el propio fiscal de homicidios, quien agregó que en el interior del auto encontraron el cuerpo de una persona a la que le hacía falta la cabeza; mientas que el narcomensaje estaba sobre el parabrisas”.

En consecuencia de este homicidio, las fuerzas de seguridad han desplegado todas sus capacidades de inteligencia e investigación para esclarecer este crimen, que ha conmocionado a la comunidad.

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De acuerdo con El Heraldo, el hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad que están siendo analizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Barranquilla. Esta grabación se conoció durante la noche del mismo miércoles a través de redes sociales y grupos de difusión de aplicaciones de mensajería instantánea.

En las imágenes se observa cómo Ruiz Correa estaciona su vehículo frente a una vivienda, momento en el que es abordado por un hombre de contextura gruesa y alta estatura. Tras un breve forcejeo, el agresor dispara tres veces contra el fiscal y huye del lugar.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que se han dispuesto todos los recursos necesarios para apoyar al CTI en la investigación. De igual forma, tanto la Gobernación del Atlántico como la Alcaldía Distrital de Barranquilla han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos (aproximadamente 10.000 dólares) por información que permita identificar y capturar al responsable.

Análisis de los hechos y avances en la investigación

El ataque contra Ruiz Correa, quien era funcionario de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, ha sido calificado como un acto de alta gravedad. Frente a esto, las autoridades han centrado sus esfuerzos en el análisis de las grabaciones de seguridad, que podrían ser clave para identificar al agresor.

Las imágenes muestran con claridad el momento en que el fiscal es interceptado y atacado, lo que podría facilitar la reconstrucción de los hechos, precisó el medio de comunicación local.

El general Urrego destacó que la Policía Nacional trabaja en estrecha colaboración con el CTI para garantizar el esclarecimiento del caso. Además, reiteró el compromiso de las autoridades locales para llevar a los responsables ante la justicia. “Todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal están siendo utilizadas para resolver este hecho”, afirmó el oficial, según reportó el medio.

Ladrón que asesinó al fiscal ya ha sido captado en otros videos

De acuerdo con la información publicada por el mismo diario en Barranquilla, el atentado tuvo lugar en la intersección de la carrera 4 con calle 37C, mientras Ruiz Correa caminaba por la zona.

Sumado a esto, testigos presenciales relataron que los agresores, a bordo de una motocicleta Yamaha modelo XTZ, se acercaron al fiscal y el parrillero abrió fuego en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena.

La versión que más coge fuerza hasta el momento, y que está siendo analizada por el grupo de investigadores del CTI y Policía Judicial, es que minutos antes de perpetrarse el crimen, Norbey Ruiz Correa salió minutos antes del centro comercial Parque Alegra, ubicado a varias cuadras de donde se reportaron las detonaciones con arma de fuego. El investigador habría acudido hasta una entidad bancaria.

Debido a lo anterior, se sospecha que todo podría conducir a un presunto caso de fleteo. Esto se soporta, y lo mencionó el mismo diario, en que Ruiz Correa habría sido marcado por criminales dentro del banco, y luego lo abordaron cuando iba por la calle. En total fueron tres los disparos que recibió el fiscal en la cabeza. El hombre falleció en el hospital Universidad del Norte.

Por último, y gracias a versiones recogidas en la zona, las autoridades ya tendrían pistas del individuo cometió el hurto en el barrio Galán, debido a que se conocieron denuncias de casos similares ocurridos en la misma zona. De hecho, en redes sociales circula un video donde se ve al que sería el mismo ladrón (por las prendas de vestir con las que aparece), que usaría el mismo uniforme de obrero para despistar, tanto a las víctimas como a las autoridades, y así cometer sus fechorías.

WASHINGTON - El Senado votó el martes por la noche, siguiendo las líneas de los partidos, un proyecto de presupuesto diseñado para despejar el camino a una parte importante de la agenda nacional del presidente Donald Trump, presentando una medida que pide aumentar el gasto en la aplicación de las leyes de inmigración y en defensa, al tiempo que recorta otros programas federales.

Los republicanos en el Congreso llevan semanas consumidos con el avance de un proyecto presupuestario que impulse su campaña para promulgar la arrolladora agenda fiscal y de inmigración de Trump. La aprobación de dicho plan es un primer paso crucial si los republicanos quieren acogerse a un proceso denominado reconciliación presupuestaria, que permite que la legislación que afecta a los ingresos del gobierno se apruebe en el Senado por mayoría simple de votos.

Durante décadas, ambos partidos han utilizado esa maniobra para impulsar importantes leyes de política interior en el Congreso -incluidos recortes fiscales, cambios en la política sanitaria y paquetes de ayuda económica- por encima de la oposición del partido minoritario. Es mucho lo que está en juego, y el proceso es tremendamente difícil.

La Cámara de Representantes y el Senado, ambos controlados por los republicanos, han estado trabajando en planes presupuestarios separados y están en desacuerdo sobre cómo avanzar. Con el GOP de la Cámara dividido y retrasado en la consideración de su esquema, el Senado sigue adelante.

Esto es lo que debes saber sobre el presupuesto.

¿Qué es una resolución presupuestaria?

En teoría, se supone que el Congreso adopta cada año una resolución presupuestaria que establece una cifra máxima para la financiación federal y proporciona los contornos generales de cómo debe gastarse ese dinero . Una vez aprobado el plan, corresponde a los legisladores de los Comités de Asignaciones asignar el dinero federal siguiendo el plan.

En los últimos años, los legisladores no han elaborado ese plan ni lo han sometido a votación, eludiendo las decisiones difíciles sobre en qué programas gastar y qué programas recortar. En su lugar, los líderes del Congreso, en colaboración con los principales responsables de las asignaciones, se han puesto de acuerdo sobre las cifras globales y se han limitado a aprobar la legislación de gastos cada año.

Pero para poder utilizar el proceso de conciliación, la Cámara de Representantes y el Senado deben adoptar cada uno una resolución presupuestaria que establezca amplias áreas de acuerdo sobre dónde aumentar y reducir el gasto.

La resolución presupuestaria es apenas un proyecto. A diferencia de un proyecto de ley de gastos, no tiene fuerza de ley y no financia al gobierno. Su consideración es totalmente independiente de otra tarea que los republicanos del Congreso tienen por delante en las próximas semanas: acordar y aprobar leyes para mantener la financiación federal más allá de la fecha límite del 14 de marzo.

La medida presupuestaria que se examina esta semana ni siquiera establece qué cambios legislativos concretos deben adoptarse para cumplir los objetivos de gasto que contiene. Esos cambios deben detallarse en una legislación aparte -uno o varios proyectos de ley- que está sujeta a normas restrictivas sobre lo que puede incluir y que debe ser aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado para convertirse en ley.

¿Cuál es la diferencia entre los anteproyectos de la Cámara de Representantes y del Senado?

El proyecto del Senado es mucho más básico que el de la Cámara de Representantes. Prevé aumentar el gasto militar en 150.000 millones de dólares. La financiación de las medidas de seguridad fronteriza, incluidas camas de detención adicionales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aumentaría en 175.000 millones de dólares. No establece recortes específicos del gasto para pagar esos aumentos, pero el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que preside el Comité Presupuestario, ha indicado que la legislación se pagaría íntegramente, en parte mediante nuevos ingresos procedentes de las perforaciones nacionales.

Graham ha dicho que el anteproyecto representa apenas la salva inicial en la campaña legislativa del Senado, y que iría seguido de un segundo proyecto de ley que prorrogaría los recortes fiscales de 2017.

El plan de la Cámara de Representantes es a la vez más amplio y más detallado, en un esfuerzo por satisfacer las demandas de los conservadores de línea dura que han exigido que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes garanticen profundos recortes del gasto.

Ese anteproyecto aboga por una legislación que añadiría unos 3 billones de dólares al déficit a lo largo de una década, al tiempo que impondría profundos recortes en el gasto en asistencia sanitaria y programas alimentarios para personas con rentas bajas. Esto ayudaría a pagar 4,5 billones de dólares en recortes fiscales. También pide elevar el límite de la deuda en 4 billones de dólares.

El miércoles, Trump respaldó el plan de la Cámara de Representantes en las redes sociales, afirmando que ambas cámaras deberían aprobarlo "para 'dar el pistoletazo de salida' al proceso de Reconciliación, y trasladar todas nuestras prioridades al concepto de 'UN GRAN PROYECTO DE LEY HERMOSO'".

¿Por qué la Cámara de Representantes y el Senado presentan planes diferentes?

Los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado siguen divididos sobre la mejor manera de convertir en ley las promesas fiscales de Trump. En el Senado, los republicanos han argumentado que los legisladores deberían ofrecer al presidente una victoria política temprana y aprobar rápidamente una ley que aumente la financiación de la aplicación de las leyes de inmigración, alegando que el Departamento de Seguridad Nacional necesita desesperadamente más dinero para llevar a cabo la ambiciosa agenda de deportaciones de la Casa Blanca.

Pero los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes han argumentado que agrupar toda la agenda política interna de Trump en un gran proyecto de ley facilitará su aprobación en una cámara en la que los republicanos tienen una mayoría muy ajustada y necesitarán reunir casi la unanimidad para aprobar el proyecto.

En un principio, los líderes del Senado se remitieron a la Cámara de Representantes, pero después de que las divisiones internas ralentizaran sus esfuerzos por elaborar un plan presupuestario, Graham siguió adelante y presentó su propio plan. Los líderes de la Cámara de Representantes han señalado que quieren retomar su versión la próxima semana.

Banderas estadounidenses ondean cerca del Capitolio al amanecer en Washington, el lunes 17 de febrero de 2025. (Kenny Holston/The New York Times)

En horas de la tarde del 19 de febrero de 2025 se confirmó la muerte del fiscal 20 local de Barranquilla, Norbey Ruiz Correa, que estuvo involucrado en un intento de robo en la carrera 4 con calle 37, barrio Galán, en el suroriente de la capital de departamento del Atlántico.

De acuerdo con los testigos del trágico hecho, el funcionario estaba caminando por el sector cuando fue atacado por varios hombres que lo amenazaron para que entregara todos sus pertenencias. Sin embargo, Correa decidió no ceder ante las presiones de los criminales, que sin dudar le propinaron varios disparos con un arma de fuego.

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Los victimarios huyeron del lugar en una motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ con paradero desconocido. Correa quedó tirado en el piso pidiendo por ayuda, lo que alertó´ a varios habitantes del barrio, que no dudaron en brindar los primeros auxilios mientras esperaban a que llegara una ambulancia.

Ante la demora, los miembros de la comunidad decidieron transportarlo en un auto KIA de color blanco hasta el Hospital Universidad del Norte, donde fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, el centro médico confirmó que a pesar del esfuerzo del personal de la salud, el fiscal, que se dedicaba a juicios penales municipales, falleció.

La Policía Metropolitana de Barranquilla se desplazó al lugar de los hechos para comenzar la recolección de pruebas que permitan reconocer y dar con la captura de los criminales.

Es así, que los uniformados hablaron con varios testigos del hurto, que dieron una descripción de los atacantes. De acuerdo con el testimonio, uno de ellos era de contextura gruesa, estatura 1.80 centímetros, vestía un suéter con rayas blancas y azul. Con estos rasgos, los policías pidieron a la comunidad entregar cualquier tipo de pista o información que permita capturar al sujeto y sus cómplices.

Al caso se sumó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que revisó las cámaras de seguridad para determinar qué camino tomaron los agresores y tener más claridad sobre su paradero.

Según el reporte preliminar de las autoridades competentes, el fiscal Ruiz Correa estuvo vinculado al caso por injuria y calumnia contra Laura Ojeda, compañera sentimental de Nicolás Petro, el cual fue interpuesto por Gleidys Vásquez, hermana de Days Vásquez. Finalmente, Ojeda tuvo que retractarse.

Aumento en la inseguridad en Barranquilla

El caso del fiscal Correa es un reflejo del aumento de la inseguridad en Barranquilla, su área metropolitana y municipios aledaños, en los que la violencia es protagonista en su diario vivir.

Los reportes de la Fiscalía General de la Nación indicaron que a lo largo de enero de 2025 fueron registrados 96 homicidios, una cifra que representa un incremento del 39% respecto a los 69 casos reportados en el mismo mes del año anterior.

De la totalidad de homicidios, 85 fueron reportados en el área metropolitana de Barranquilla, con 59 casos concentrados en la capital del Atlántico. Soledad, uno de los municipios más golpeados por la delincuencia, reportó 23 asesinatos. Malambo, Galapa y Puerto Colombia registraron un homicidio, cada uno.

En este contexto, el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla ha implementado varias medidas para mejorar la seguridad en el territorio, como redoblar los operativos. Además del despliegue de varias unidades especiales en los sectores más afectadas y el incremento de la vigilancia en puntos estratégicos del departamento.

Mientras tanto, habitantes y comerciantes, especialmente de los barrios populares, exigieron más acciones por parte de la policía. A su vez, denunciaron que en los dos primeros meses del 2025 hubo un aumento significativo en las extorsiones.

A una década del masivo acto en Plaza de Mayo, en homenaje al fiscal Alberto Nisman, el próximo martes 18 de febrero a las 13 horas se hará una nueva convocatoria frente al Palacio de Justicia en Plaza Lavalle, Talcahuano 550.

“Nos pareció oportuno al cumplirse 10 años, volver a hacer una conmemoración para mantener viva la memoria de este asesinato”, dijo Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara y Correccional de Capital Federal, en diálogo por Radio Mitre.

El entrevistado recordó aquella marcha de 2015 (“que reunió entre 350 y 400 mil personas”) como algo “inesperado” por su masiva convocatoria, como así también por la lluvia de aquel día, por lo que se la recuerda como la marcha de los paraguas.

Sáenz, entrevistado en el programa radial Alguien tiene que decirlo, afirmó que “para la Justicia no hay dudas de que estamos investigando un asesinato, quien aportó el arma (Diego Lagomarsino) está procesado como partícipe de un homicidio calificado“. Y agregó que ”tres de los custodios están procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes respecto de un homicidio”, expresó acerca de la muerte del fiscal que investigó el atentado a la AMIA.

Con respecto al Memorándum con Irán firmado en 2013 durante el mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, Sáenz recordó que, la investigación de aquel pacto, “se inició con la denuncia de Nisman”. Y sostuvo acerca de la rúbrica del mismo que “el encubrimiento está consumado, no digo que sea fácil hacer el juicio, porque hay que traer a todos los testigos para probar cómo se firmó, qué hay alrededor”.

En cuanto a la investigación de la muerte del fiscal Nisman, Sáenz afirmó que “se va a poder descubrir quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio, quiénes lo armaron y organizaron, aunque es muy difícil obtener en la investigación datos de las personas que lo llevaron a cabo materialmente, porque en la escena no se pudieron obtener huellas”, ratificó.

El homenaje del próximo 18 de febrero es organizado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por Ricardo Toranzo, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, de Julio Piumato.

Diez años atrás, un grupo de fiscales encabezó la masiva movilización bajo una lluvia torrencial, en donde -aparte de Sáenz- estuvieron presentes los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Raúl Pleé, Germán Moldes, José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Carlos Donoso Castex, Luis Cevasco y también Piumato. Todos encabezaron la marcha con una bandera negra con letras blancas que decía “Homenaje al fiscal Nisman. Marcha de silencio”.

Aparte de Lagomarsino, acusado de ser un partícipe necesario de los asesinos y procesado desde fines de 2017, también están procesados los cuatro custodios que debían encargarse de la seguridad del fiscal: Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A tres, además, los acusan de haber encubierto el crimen de Nisman.

Para la Justicia, en base a un peritaje de la Gendarmería Nacional, Nisman fue asesinado. Según las pericias de la Gendarmería, fue dominado por dos personas, una de las cuales lo sostuvo arrodillado y la otra accionó el arma. Luego lo acomodaron en el baño. La alfombra tendría un rol clave.

Por su parte, los peritos de Lagomarsino rechazaron el peritaje y sus conclusiones. “Será materia de la profundización de la investigación el ir estableciendo a los diversos protagonistas y sus grados de participación dentro de la organización necesaria para el logro de la compleja tarea”, dijo en aquel momento el juez de la causa, Julián Ercolini.

La Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció a ocho años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación a un exfiscal de la Fiscalía Provincial Mixta en Chepén, región La Libertad, tras encontrarlo culpable del delito de cohecho pasivo específico. Según los audios grabados por el denunciante, el exfuncionario exigió S/5000 a cambio de archivar una investigación en su contra.

Según información del portal LP Pasión por el Derecho, el caso se remonta a 2017, cuando el entonces fiscal solicitó S/5000 a un ciudadano procesado por desobediencia a la autoridad. Según las grabaciones presentadas como evidencia, el acusado ofreció archivar la investigación a cambio del soborno. “Tú tienes harta plata, que sean S/5000, sino te vas a cana, porque tú estás en otro proceso. Ve tú, yo te limpio en esta”, se escucha en una de las conversaciones.

Las pruebas presentadas incluyeron grabaciones realizadas por el denunciante, quien, asesorado por un abogado, decidió registrar los encuentros con el fiscal. Las evidencias fueron clave para demostrar la culpabilidad del exfuncionario, que insistió en obtener el soborno bajo amenaza de continuar con el caso en su contra.

Los audios que revelaron la corrupción

En junio de 2017, el denunciante fue citado por el fiscal, quien le sugirió archivar el caso mediante un acuerdo reparatorio. Durante la conversación, el acusado indicó: “Habla bonito para de una vez archivarlo el caso o traes a tu esposa para que se retracte”. También fijó la reparación civil en S/500 para la parte afectada y S/500 para el Estado.

El 7 de julio de 2017, el denunciante acudió nuevamente a la oficina del fiscal, grabando todo el encuentro. En esa ocasión, el funcionario fue explícito: “Ya pues, de una vez, no me emociones, cómo va a ser, son cinco luquitas”. Al escuchar que el ciudadano no podía pagar el monto solicitado, el fiscal respondió: “Pero entonces habla bonito, cuánto puedes”.

Finalmente, el 10 de julio, el denunciante presentó las grabaciones a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en La Libertad. Además, entregó un CD con las conversaciones sostenidas con el fiscal, lo que permitió iniciar las investigaciones que culminaron con la condena.

La defensa del acusado y la sentencia final

El exfiscal intentó desacreditar las pruebas durante el juicio, argumentando que las grabaciones carecían de validez legal y que no cumplían con los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario 02-2005. También alegó que el denunciante no era agraviado directo, ya que el delito de cohecho pasivo afecta exclusivamente a la administración pública. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los elementos probatorios eran contundentes y desestimó los argumentos de la defensa. Según los jueces, las pruebas demostraron que el exfiscal solicitó dinero a cambio de abstenerse de realizar actos inherentes a sus funciones.

La sentencia impuesta fue ejemplar: ocho años de prisión efectiva, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 365 días de ingresos y una reparación civil de S/10.000 a favor del Estado. El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la pena. Además, se ordenó inscribir la sentencia en los registros correspondientes y ejecutar la pena de manera inmediata.

¿Cuáles son los actos de corrupción más comunes en el Perú?

La corrupción puede tomar muchas formas, desde el uso indebido de bienes del Estado hasta la manipulación de contratos públicos. Reconocer las modalidades más comunes es clave para identificar si lo que presenciaste constituye un delito. Estos actos afectan directamente a sectores fundamentales como transporte, salud y educación, agravando las desigualdades en el acceso a servicios básicos.

Entre los delitos más comunes están:

• Cohecho: Cuando un funcionario solicita o recibe beneficios para actuar en contra de sus funciones.
• Peculado: El uso indebido de bienes o dinero del Estado para fines personales.
• Colusión: Pactos ilegales para obtener beneficios en contratos públicos.
• Negociación incompatible: Favorecimiento indebido en procesos de contratación estatal.
• Tráfico de influencias: Uso de contactos para obtener ventajas en trámites administrativos o judiciales.

Cada uno de estos actos tiene sanciones que van desde los 2 hasta los 15 años en prisión, según su gravedad.

El Policía de la Bonaerense, había sido acusado de homicidio culposo tras atropellar y matar a la joven de 35 años, minutos antes de que finalizara el 2024. Sin embargo, la causa judicial dio un giro significativo luego de que la fiscal Norma Morán, de la UFI N° 10, sumara al expediente el cargo de “tentativa de homicidio agravado”.

La decisión se tomó luego de que las autoridades comprobaran que, tras el accidente, el uniformado disparó contra varios vecinos que lo increparon por el siniestro. El cambio de carátula podría valerle al acusado, en caso de ser hallado culpable, una pena mayor.

El trágico episodio ocurrió en la calle Homero, cuando Fritz Ramos, quien estaba manejando una Volkswagen Suran, se cruzó al carril contrario e impactó de frente contra la moto que conducía Rodríguez. La mujer había salido a comprar estrellitas para la celebración de Año Nuevo, mientras su familia la esperaba en casa. El choque quedó registrado por cámaras de seguridad, en donde se pudo ver el momento exacto del impacto y la consecuente caída de la víctima sobre el techo y el parabrisas.

Tras el episodio, se desató una cadena de hechos violentos que incluyó disparos al aire, un intento de linchamiento al efectivo y la quema de su auto. Según relataron los testigos, el agente había apuntado con el arma a los presentes y efectuado los disparos al aire.

En este sentido, los investigadores señalaron que existen pruebas “que indican que el policía, tras atropellar a la mujer, disparó contra los vecinos que los increparon”, lo que los llevó a realizar el cambio de carátula.

Según relataron los familiares, ellos mismos bajaron a Rodríguez del auto y la trasladaron al Hospital Allende en otro vehículo, aunque lamentablemente ya no tenía signos vitales. En el centro de salud solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer, madre de dos hijos y ama de casa.

La acusación contra el oficial de la Bonaerense

Ramos, de 27 años, prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Lomas de Zamora, pero se encontraba de franco al momento del accidente. Tras el hecho, fue desafectado de sus funciones en la fuerza policial y quedó detenido, pero días después fue liberado, por el juez de Garantías, Gustavo Craig.

Según detalló Diario Conurbano, tras haber analizado las pruebas recopiladas, la fiscal Morán citó al agente para ampliar su indagatoria por el nuevo cargo de “homicidio agravado en grado de tentativa”. Según fuentes judiciales, la expectativa de pena se agravó, y no se descarta que la fiscal solicite nuevamente la detención del imputado.

El portal La Unión, indicó que la UFI había solicitado una pericia balística para determinar si el acusado había efectuado los disparos, como indicaron en ese momento los testigos. Los resultados lo confirmarían posteriormente.

Al conocer la noticia de la excarcelación, familiares y amigos de Antonella Rodríguez se reunieron el sábado 4 de enero de 2025, en la intersección de Homero y Escobar, donde iniciaron una movilización que los llevó hasta la esquina de Cañuelas y Homero.

“Lo liberaron porque está acusado de homicidio culposo”, decía en ese momento el esposo de la joven respecto a la liberación, al mismo tiempo que señalaba que harían otra manifestación para volver a visibilizar el caso y exigir la pena máxima para el acusado.

La fiscal ha mantenido su acusación contra Pau Rigo y ha considerado que en el juicio ha quedado probado que, al disparar a uno de los ladrones que entró a robar en su casa de Porreres (Mallorca) en febrero de 2018, no estaba defendiendo su vida sino que decidió "salir a por ellos" para evitar que robaran cerca de 15.000 euros.

Lo ha expresado este viernes ante el tribunal del jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma, en un informe final en el que ha tratado de desmontar alguna de los detalles ofrecidos por el anciano "para quedar menos mal", como que disparó su escopeta contra el asaltante porque éste intentó golpearle en la cabeza con una pata de cabra.

"Voy a hacer matemáticas básicas", ha dicho la fiscal antes de recordar que, según los especialistas de balística de la Guardia Civil, el disparo se produjo a una distancia de entre 1,5 y dos metros, a la que habría que sumarle los 1,13 metros que mide el cañón del arma. "Salvo que el ladrón tuviera un brazo de cuatro metros, eso es imposible que ocurriera. A mi no me dan las cuentas", ha ironizado.

La representante del Ministerio Público tampoco ha considerado que haya quedado acreditado que, durante el robo, Rigo y su exmujer --con quien entonces convivía-- fueran víctimas de una violencia física "extrema" antes del disparo, tal y como declaró la mujer, quien compareció como testigo y, por lo tanto, bajo promesa o juramento de decir verdad.

La anciana también aseguró que, en un momento de descuido de los ladrones, ambos decidieron que Rigo cogiera una de las escopetas que tenían, cargadas, tras la puerta de su dormitorio. La tenían, según la mujer, "como un seguro" tras haber sufrido un robo violento meses antes.

Así, ha proseguido la fiscal, Rigo se plantó frente a la puerta de la habitación y esperó a que los ladrones aparecieran. "Así fue, al primero que llegó, pum, tiro, pum, desplomado, sin ningún ataque previo", ha escenificado. "Pau, con gafas, experto cazador, dice que dispara a bulto, pero le dispara en el abdomen, que no es un pie", ha proseguido.

"Yo creo que eso no es defender tu vida, eso es salir a por ellos", ha sentenciado la fiscal, quien inicialmente pedía una pena de cuatro años de prisión para el anciano y que, tras incluir la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en sus conclusiones definitivas, podría verse ligeramente rebajada.

También le ha reprochado que Rigo, como declaró el guardia civil que transcribió las llamadas, no alertara al 112 --con el que esa mañana habló tres veces-- de que había disparado a una persona, sino que montó una "película" para hacerles creer que los asaltantes seguían en su casa.

Por último, la fiscal ha contestado a la pregunta que el anciano, en su declaración, lanzó al tribunal acerca de qué se suponía que debía haber hecho. "Me voy a arriesgar, por darle una alternativa. Si tenían una habitación con tres escopetas, munición, el botón de la alarma y les habían han dejado solos... se podrían haber encerrado allí. Esa misma historia que vendió cuando llamó al 112", ha zanjado.

Por último, la fiscal ha mencionado a los dos acusados de planificar el robo, dos vecinos de Campos que ya cumplen condena por el primer asalto a la casa de Rigo. "La que liasteis. Cogisteis a dos pringados, les vendisteis que iba a ser facilísimo, que solo iba a ser entrar, robar y salir", ha dicho. Tras su confesión en el juicio, ambos podrían ver reducida su condena por estos hechos a tres años de prisión.

"NO MERECÍA MORIR COMO UNA PIEZA DE CAZA MÁS"

En la misma línea, el letrado de la acusación particular, que representa a la familia del fallecido --hermano gemelo del acusado de perpetrar el robo--- y que pide para Rigo una pena de diez años de prisión, ha criticado las "contradicciones e inexactitudes" del relato del anciano.

"El señor Rigo no es un héroe, aunque lo vitoreen por la calle o en las redes sociales. Todo lo contrario, no ha salvado a nadie. Decidió dar su merecido a la siguiente persona que accediera a su vivienda, tenía las armas preparadas", ha sostenido.

También ha rechazado la idea de que el anciano actuara en legítima defensa y ha remarcado que, pese a que ha quedado acreditado que el miedo que sentía le menoscabó sus facultades intelectivas y volitivas, era consciente de lo que estaba haciendo en todo momento.

"Aunque fuera un delincuente, la víctima no merecía morir de esta manera, como una pieza de caza más. El disparo se pudo evitar, y el único que podía evitarlo era el señor Rigo", ha sentenciado.

En una audiencia judicial que combinó la modalidad presencial y virtual, una fiscal protagonizó un hecho que ha desatado una intensa controversia en el ámbito jurídico y la opinión pública. El incidente, captado en video y difundido ampliamente, muestra cómo la funcionaria empleó gestos con las manos y la boca para sugerir una respuesta a un testigo tras formularle una pregunta.

La denuncia fue elevada de inmediato por la defensa, pero el juez a cargo minimizó el asunto, dejando sin atención una acción que muchos califican de grave.

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El hecho ocurrió en un entorno que los abogados describen como “audiencia híbrida”, donde la presencialidad y la virtualidad convergen. Luego de que la fiscal formulara una pregunta a un testigo, los abogados presentes observaron cómo ella realizó mímicas que aparentemente buscaban inducir una respuesta específica.

La escena fue advertida por un abogado defensor, quien solicitó al juez revisar las grabaciones para verificar lo sucedido.“Su señoría, con todo respeto, le sugiero que mire la grabación”, dijo el abogado identificado como José Vicente Díaz. “Estoy mirando mi grabación, la doctora, la fiscal le acabó de formular la pregunta y le hizo la mímica de la palabra Fiscalía, está grabado”, agregó.

Sin embargo, otro hecho insólito en la diligencia fue que, a pesar de la insistencia de la defensa, el juez respondió que este tipo de pronunciamientos no eran competencia de la defensa, sino de la abogada del acusado, quien ya se había manifestado. Ante la postura del juez, el episodio quedó relegado y no se tomaron acciones inmediatas.

Reacciones de la comunidad jurídica

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia hizo público el video a través de sus redes sociales, calificando el acto como “deshonesto y vergonzoso”. En su cuenta de X, el gremio expresó que este incidente demuestra que la presencialidad no garantiza la transparencia en las audiencias judiciales: “La presencialidad no es la solución a la manipulación de testigos”.

Otros abogados también reaccionaron, cuestionando cómo este tipo de irregularidades podrían multiplicarse en un entorno virtual. “La pregunta real es: si esto pasa en la presencialidad con juez y defensa en la sala de audiencias, ¿qué creen que ocurría en la virtualidad con los testimonios? La conclusión es que la práctica probatoria DEBE ser presencial”, comentó un abogado en redes sociales.

El video también suscitó críticas hacia la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, organismo que, según varios internautas, se centra en sancionar a abogados mientras ignora irregularidades cometidas por jueces y fiscales. Un comentario destacado señaló: “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial no investiga ni sanciona jueces ni fiscales, lo de ellos es perseguir a los abogados”.

El incidente reabre un debate amplio sobre la confianza en el sistema judicial colombiano y la pertinencia de las audiencias virtuales. Durante la pandemia, la virtualidad permitió mantener el funcionamiento de los procesos judiciales, pero también expuso vulnerabilidades como manipulación de testigos mediante pantallas divididas y respuestas inducidas por fiscales o defensores.

Sin embargo, más allá de las discusiones sobre presencialidad o virtualidad, el centro del debate también está en la aparente falta de reacción por parte del juez que presidió la audiencia, pues el sistema judicial requiere garantes que actúen con firmeza ante conductas que atenten contra la transparencia y la justicia; y que afectan profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales.

Es por ello que, este caso plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y de adoptar medidas que prevengan estas conductas en cualquier modalidad de audiencia. El desafío recae sobre las autoridades judiciales, quienes deben demostrar que ninguna irregularidad, sin importar el rango de quien la cometa, debe quedar impune.

Tras hacerse público su accionar delictivo, el Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de Salazar Gómez como fiscal adjunta provincial provisional transitoria del distrito fiscal de Piura y su designación en el despacho antes mencionado.

Por último, el documento precisa que la acusada retornará a desempeñar “funciones de acuerdo a la reserva de su plaza como personal administrativo registrado en el SIGA”, debido a que cuenta con contrato indeterminado.

Así hurtó en el Jorge Chávez

Gracias a las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez, se logró conocer como Karla Salazar Gómez sustrajo las pertenencias de otro viajero mientras esperaba su vuelo con destino a Piura.

En las imágenes, ella se muestra ansiosa y mirando hacia todos lados mientras se acerca de a pocos a un morral que se encontraba cerca suyo en una de las bancas del terminal aéreo más importante del Perú.

Al considerar el momento indicado, agarra el bolso y se para rápidamente para abordar el avión que aguardaba. Lo que no previó fue que la víctima iba a denunciar el hurto de sus pertenencias ante las autoridades pertinentes, provocando su detención al llegar al Aeropuerto Internacional Guillermo Concha Ibérico de la ciudad de Piura.

Las primeras informaciones trascendidas indicaron que el morral contenía dos celulares, tarjetas de créditos y dos mil dólares, sin embargo, la PNP solo pudo recuperar parte del botín, según publicó en su cuenta oficial de X, red social antes conocida como Twitter.

De heroína a villana

Solo hace unos días, el portal oficial del Ministerio Público dio cuenta que Salazar Gómez consiguió que sentencien con 12 años de prisión efectiva a una imputada de 33 años, al ser encontrada culpable del delito de robo agravado.

La fiscal —ahora acusada de hurto— sustentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de la implicada en los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2019. Según las investigaciones, la sentenciada solicitó un servicio de moto lineal en los exteriores del centro comercial Plaza La Luna, solicitando al conductor que la traslade a una zona descampada del asentamiento humano Micaela Bastidas.

En el lugar, dos cómplices esperaban en otra motocicleta para consumar el delito, para lo cual amenazaron al conductor con armas de fuego, robándole su motocicleta y escapando junto a la sentenciada.

Un caso reciente es el que protagoniza una representante del Ministerio Público, la fiscal provincial Karla Salazar Gómez, quien pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, quien ha sido implicada en un caso de hurto.

Salazar Gómez fue detenida en el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, en la región Piura, tras ser acusada de apropiarse de un morral encontrado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Salazar fue identificada como la persona que, al parecer, tomó el morral que contenía 2000 soles y dos teléfonos móviles de alta gama, objetos que pertenecían a otro pasajero.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la fiscal fue intervenida cuando descendía de un vuelo junto al morral y el resto de objetos mencionados, lo que llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones pertinentes. Este incidente no solo pone en tela de juicio la integridad de Salazar, sino que también plantea serias interrogantes sobre la conducta de otros integrantes del sistema de justicia.

Actualmente, la fiscal se encuentra detenida en la carceleta de la comisaría del aeropuerto, a la espera de ser puesta a disposición del Ministerio Público para que se lleve a cabo el proceso judicial correspondiente.

Dejará el cargo

El Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de la abogada Karla Isabel Salazar Gómez como fiscal adjunta provincial provisional transitoria del distrito fiscal de Piura y su designación en el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura.

A través de la resolución publicada en el diario El Peruano se oficializa la separación de la abogada. La fiscal fue nombrada el 30 de abril de 2015, desde donde se desempeñó en diferentes despachos.

Asimismo, se precisa que la fiscal retornará a desempeñar “funciones de acuerdo a la reserva de su plaza como personal administrativo registrado en el SIGA”, debido a que cuenta con contrato indeterminado.

De heroína a villana

Solo hace unos días, el portal oficial del Ministerio Público dio cuenta que la fiscal adjunta provincial Karla Salazar Gómez consiguió que sentencien con 12 años de prisión efectiva a una imputada de 33 años, al ser encontrada culpable del delito de robo agravado.

La fiscal -ahora acusada de hurto- sustentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de la acusada en los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2019. Según las investigaciones, la sentenciada solicitó un servicio de moto lineal en los exteriores del centro comercial Plaza La Luna, solicitando al conductor que la traslade a una zona descampada del asentamiento humano Micaela Bastidas.

En el lugar, dos cómplices esperaban en otra motocicleta para consumar el delito, para lo cual amenazaron al conductor con armas de fuego, robándole su motocicleta y escapando junto a la sentenciada.

Durante el juicio, la fiscal presentó pruebas contundentes, incluyendo la declaración del agraviado, testimonios de los policías que intervinieron en el caso, vídeos de cámaras de seguridad proporcionados por la Municipalidad de Piura, dictámenes de identificación facial e Identifac, realizados por el agraviado y la División de Investigación Criminal (Divincri), que confirmaron la participación de la acusada.

El juzgado también ordenó que la sentenciada pague S/ 800 como reparación civil al agraviado, quien logró recuperar su vehículo tras el robo. Además, se emitieron los oficios para la búsqueda, ubicación y captura de la sentenciada quien, una vez ubicada e intervenida, será trasladada al penal de mujeres para cumplir su pena.

Puno: Policías son castigados luego de pedir robar S/ 1.500

Como expusimos líneas arriba, el caso de la fiscal provincial Karla Salazar no es el único que involucra a funcionarios públicos en actos delictivos. Recientemente, dos agentes de la Policía de Carreteras fueron acusados de sustraer S/1.500 de un pasajero mientras se encontraban realizando un operativo en la carretera Interoceánica en Carabaya, en Puno. El hecho fue grabaron en video y, según prensa local, la intervención se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público.

El afectado, Hugo Mamani Callata, informó que llevaba un total de S/5.000 (USD 1,363) cuando los policías, identificados como Juvenal Calla Díaz y Roger Hilasaca Chambi, le hicieron creer que sería investigado por lavado de activos si no entregaba parte de su dinero.

Al recibir la denuncia, el conductor del vehículo informó a las rondas campesinas, quienes retuvieron a los policías casi en flagrancia en la provincia de San Gabán. Los efectivos negaron la acusación y, ante las sospechas, fueron trasladados a la plaza central del distrito, donde los ronderos exigieron a los agentes que confesaran y devolvieran el dinero, bajo la amenaza de aplicar justicia popular.

El pasado 24 de noviembre, en horas de la noche, un grave incidente vial se cobró la vida de Norma Beatriz López de 45 años, y Marcos Oscar Arias, de 50, quienes paseaban por la costanera de Santa Fe, junto a su hijo menor. En las últimas horas, se conoció que el joven que conducía el vehículo que embistió a la pareja, quedó imputado por doble homicidio simple y se negó a declarar. En principio, la carátula de la causa hablaba de homicidio culposo; sin embargo, los investigadores entendieron que “hay dolo eventual que supera a la imprudencia”. La fiscal señaló que pedirá la prisión preventiva.

Si bien, los resultados de los exámenes toxicológicos dieron negativo y coincidieron con las muestras tomadas por pipeta y extracción de sangre y orina, los investigadores concluyeron en primera instancia, que la velocidad con la que se deslizaba el vehículo, en los minutos previos al fatal desenlace, rondaba cerca de los 100 Km/h. A su vez, aclaró que este dato será establecido “con la mayor precisión posible a través de una presión mecánica, pero esa pericia se hará con un grupo de peritos de Rosario”.

La fiscal de la Causa, Rosana Marcolín, explicó a la prensa que el vehículo “pasó por la esquina de Almirante Brown y Salvador de Carril a 105 kilómetros por hora”. “Una vez que superó esa esquina, aceleró y le imprimió más velocidad al auto”, continuó relatando. “El imputado iba a tal velocidad que ni siquiera accionó los frenos, sino que embistió a las dos víctimas”, remarcó la funcionaria. El desenlace fatal ocurrió cuando las víctimas cruzaban la senda peatonal junto con su hijo, el único sobreviviente de la tragedia.

Como parte del proceso de investigación que se está realizando, la funcionaria remarcó ante medios locales que también se tuvo en cuenta el tiempo y lugar en donde se desarrolló el suceso. “Estamos en un plus muy importante tanto por la imprudencia como por las condiciones de tiempo y lugar donde se desarrolla el accidente”, dado que se trata de “un paseo típico para los santafesinos, en un horario muy concurrido y en un fin de semana”. A través de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas que habían sido solicitadas, se pudo avanzar en la investigación y permitieron determinar “un detalle de suma importancia desde el punto de vista legal”.

En cuanto al cambio de carátula que se resolvió a partir de la audiencia realizada este lunes, la ley establece que el homicidio simple “se da cuando una persona, con dolo o intención, pone fin a la vida de otro ser humano”, debiendo entenderse el dolo como la conciencia y voluntad de realizar una conducta dirigida a la producción de la muerte de otra persona. La pena que recae sobre esta figura va de los 8 hasta los 25 años de prisión.

En sus primeras declaraciones, la funcionaria había descartado la posibilidad de que el accidente haya sido producto de una picada de autos. “Vine al lugar porque tenía dudas respecto a la información inicial que me pasaron. Sobre todo, me inquietaba que mencionaban dos vehículos más involucrados. Quise ver personalmente qué sucedió”, comentaba dos días después del accidente. Y fue contundente respecto a lo observado en la escena: “No estamos hablando de una carrera o algo similar. Eso, preliminarmente, está descartado”

Fuentes policiales relataron a Infobae que el episodio ocurrió alrededor de las 23.30 sobre avenida Almirante Brown, a la altura del cruce con la calle Ruperto Godoy, en la capital provincial. Al recibir el aviso del accidente, efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe se dirigieron al lugar para verificar los hechos. Allí constataron que el automóvil había embestido a los peatones, quienes cruzaban la arteria de oeste a este.

El próximo jueves se realizará la audiencia de medidas cautelares, para determinar la situación de continuidad para el imputado, a lo que la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

La cadena de grandes almacenes dijo haber encontrado los asientos contables erróneos mientras preparaba sus resultados del tercer trimestre.

Macy's dijo el lunes que un empleado había falseado y ocultado "intencionadamente" hasta 154 millones de dólares en gastos de envío durante los últimos años, lo que obligó a la empresa minorista a retrasar un informe de resultados muy esperado que Wall Street utiliza para calibrar la fortaleza de las compras navideñas.

La cadena de grandes almacenes se apresuró a publicar un conjunto abreviado de resultados financieros que incluían tanto signos de debilidad como focos de fortaleza.

Las acciones de Macy's cayeron más de un 8 por ciento en las operaciones previas a la apertura tras el informe preliminar sorpresa. Pero con rapidez recortó parte de sus pérdidas, ya que los inversores trataron de comprender los resultados contradictorios junto con las garantías de la compañía de que el error del personal, que Macy's dijo que se extendió desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el trimestre más reciente, no afectó a su gestión del flujo de efectivo ni los pagos a proveedores.

Las ventas de Macy's en el tercer trimestre cayeron un 2,4 por ciento --debajo de las expectativas de los analistas-- hasta los 4740 millones de dólares. Las ventas globales de la compañía se vieron afectadas por el débil rendimiento de las tiendas Macy's y su negocio digital.

Pero las ventas en 50 establecimientos que representan el futuro de la empresa --según la geografía, el personal y otros factores-- aumentaron un 1,9 por ciento, el tercer trimestre consecutivo de crecimiento. Y las ventas comparables aumentaron tanto en Bloomingdale's como en Bluemercury, las marcas de lujo de la empresa. Estos resultados son los primeros indicios de que la estrategia más reciente de Macy's de invertir en estas partes del negocio puede estar funcionando.

Macy's dijo que había encontrado el error contable cuando preparaba sus resultados del trimestre, que terminó el 2 de noviembre. La publicación de los resultados estaba prevista para el martes. Se abrió una investigación y el empleado, quien era responsable de la contabilidad de los gastos de entrega de paquetes pequeños, ya no trabaja en la empresa, dijo Macy's. La investigación no ha detectado la participación de ningún otro empleado.

En el mismo periodo de tres años que se registró la irregularidad contable en que el empleado ocultó hasta 154 millones de dólares, el minorista dijo que había registrado alrededor de 4360 millones de dólares en gastos de entrega, es decir, los costos de la empresa para transportar mercancías a los clientes. Macy's declinó hacer más comentarios.

Aunque significa un pequeño porcentaje de los gastos totales de entrega del minorista, los millones de dólares que el empleado registró erróneamente son comparables a los ingresos netos totales de Macy's en 2023: unos 105 millones de dólares. El minorista informó de una ganancia de 150 millones de dólares para el segundo trimestre de 2024, una cifra que entraba dentro del rango de los costos de entrega ocultos.

La cadena dijo que presentaría sus resultados el 11 de diciembre.

Neil Saunders, director gerente de la consultora minorista GlobalData, dijo que el retraso en los resultados "no lucía muy bien".

"Aunque Macy's no puede controlar las acciones de cada empleado, es preocupante que se trate de errores contables intencionados que se remontan a 2021", dijo Saunders en un comunicado. "Este tipo de cosas crean más nerviosismo entre los inversores que ya están preocupados por el rendimiento de la compañía".

Como parte de un plan de reconversión anunciado en febrero, Macy's dijo que cerraría 150 de sus tiendas en los próximos tres años. La empresa dijo que había registrado ganancias de 66 millones de dólares por la venta de las tiendas cerradas. Esta cifra supera las previsiones de la empresa.

La decisión de Macy's de retrasar sus previsiones para todo el año se sumó a la incertidumbre sobre quiénes serán los ganadores y perdedores de la próxima temporada de compras navideñas. Los consumidores estadounidenses siguen gastando, pero los ejecutivos de algunos de los mayores minoristas, incluido Target, han señalado recientemente que los compradores siguen siendo cautelosos a la hora de gastar, y que muchos se decantan por artículos de menor precio. La Federación Nacional de Minoristas prevé que las ventas navideñas en EE. UU. crezcan hasta un 3,5 por ciento este año, siguiendo los promedios anteriores a la pandemia.

Jordyn Holman es reportera de negocios para The New York Times, y cubre la industria minorista y el comportamiento de los consumidores. Más de Jordyn Holman

Danielle Kaye es periodista de negocios y receptora de la beca David Carr 2024, un programa para periodistas en los inicios de su carrera. Más de Danielle Kaye

Germán Moldes, una de las figuras fuertes de los tribunales de Comodoro Py, falleció en las últimas horas a los 77 años. Había renunciado a su cargo como fiscal general ante la Cámara Federal porteña en 2019, luego de una intervención quirúrgica. Sin embargo, su nombre continuaba teniendo relevancia en el edificio de Retiro, que hoy se sorprendió con la noticia de su muerte.

Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Será velado desde esta tarde en una casa de sepelios de la calle O’Higgins y sus restos serán inhumados mañana, en el cementerio privado de Pilar.

Hincha de San Lorenzo y amante de la cultura y el arte romano, Moldes ocupaba desde 1995 uno de los cargos clave en el engranaje de la justicia federal, donde se investigan-entre otros- los casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de la administración nacional. La fiscalía de Cámara tiene la facultad de sostener los recursos presentados por los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces o de desestimarlos. Y tiene la facultad de apelar ante la Cámara de Casación las decisiones tomadas por la Cámara Federal. Esa fiscalía es, por tanto, una de las llaves más importantes para impulsar o cerrar causas en la justicia federal.

Designado en su cargo por el gobierno de Carlos Menem, no tuvo una mala relación funcional con el kirchnerismo en los tiempos de Néstor Kirchner. Esa sintonía se rompió en la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Eran tiempos de intento de “democratización” de la justicia y avanzada desde el Ejecutivo cuando las investigaciones penales contra sus funcionarios comenzaban a crecer.

Moldes tuvo un bajo perfil público hasta principios de 2015. Fue uno de los organizadores e impulsores de la marcha que se realizó el 18 de febrero de aquel año para pedir que se aclare el modo en que murió el fiscal Alberto Nisman. “Hay que desratizar el Poder Judicial”, sostuvo luego de la negativa a abrir la investigación por el Memorándum con Irán. “No todos los que actualmente tienen el honor de llamarse jueces, lo merecen, no todos son rescatables, es necesario una desratización y una fumigación de este ambiente tan corrompido”. “A mí me da vergüenza, esto es una parodia, una farsa”, subrayó Moldes.

A partir de entonces criticó duramente a la expresidente de la Nación y hasta llegó a pedir su detención en la investigación por corrupción conocida como Caso Cuadernos. Desde el kirchnerismo cuestionaron con vehemencia varias de las decisiones que tomó como fiscal de Cámara. “Las causas de corrupción avanzan, pero hay un límite para eso. Hay algunos jueces que no están dispuestos a llegar al nivel de Cristina. Con el nuevo Gobierno se reciclaron porque si hay un tipo que tira bolsos con dinero por arriba de una pared, es más difícil”, sentenció.

El 16 de septiembre de 2019, Moldes fue operado en el Sanatorio de la Trinidad porque tenía la carótida derecha obstruida. Había tenido 23 micro infartos cerebrales previos a la cirugía a la que fue sometido. Su estado de salud selló su renuncia. Se había alejado del mundo judicial, aunque sus amigos y allegados seguían en contacto. Pero en los últimos meses su salud se había deteriorado. En su cuerpo y en su ánimo. No quería reuniones ni visitas. Sus familiares lo acompañaron hasta último momento.

Logroño, 29 oct (EFE).- El fiscal pide 23 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de ser los presuntos autores de delito de asesinato con alevosía y ensañamiento a un hostelero de la localidad riojana Cuzcurrita de Río Tirón, cuyo cadáver apareció en su domicilio en mayo de 2023.

El juicio por este crimen se celebrará en la Audiencia Provincial de Logroño a partir del próximo 4 de noviembre por el procedimiento de juicio con jurado popular.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, también solicita para cada uno de los dos acusados una pena de 4 años y 9 meses de cárcel por delito de robo con violencia habitada, además de la indemnización a la familia del fallecido en 300.000 euros.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, hecho público este martes, los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2023, cuando ambos imputados, de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento ilícito, se dirigieron en un vehículo al domicilio del hostelero, ubicado en las inmediaciones de su negocio.

Uno de los imputados había mantenido relaciones personales con este hostelero y acudieron a su domicilio pensando que encontrarían una gran cantidad de dinero guardado en la vivienda.

El hostelero les abrió la puerta al comprobar que conocía a una de las dos personas y ambos acusados le propinaron múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza y el dorso.

El hostelero no tuvo posibilidad de defenderse, ya que se acababa de despertar y por la diferencia de edad entre él y los acusados.

A continuación, y estando la víctima moribunda por la brutalidad y violencia de los golpes recibidos, le pusieron unas esposas en las manos, lo arrastraron y lo dejaron encerrado en el aseo de la planta baja de su domicilio para registrar minuciosamente la casa en busca de dinero, pero únicamente se llevaron el dinero que tenía en la cartera.

Ambos acusados abandonaron el domicilio hacia las 1.12 horas del 2 de mayo, convencidos del inminente fallecimiento de la víctima, quien, como consecuencia de las lesiones, falleció entre las 3.00 y las 7.00 horas.

La causa principal del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico con hemorragia intracraneal, debido a una aplicación de fuerzas traumáticas en varios tiempos, próximos entre sí de elevada intensidad.

Como familiares próximos, el hostelero tenía a sus dos hijos, con quienes mantenía una relación muy estrecha y que reclaman una indemnización, ya que, consecuencia de lo sucedido, padecen cuadros de ansiedad y depresión.

Ambos imputados están privados de libertad mediante un auto de 18 de agosto de 2023 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Haro. EFE

Gabriela Millán, titular de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, fue víctima de un violento robo en su casa de Castelar, en el partido de Morón, cuando, al menos, cuatro delincuentes armados irrumpieron en la propiedad usando un elemento contundente, como un ariete, para romper la puerta de ingreso, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió la noche de este sábado, mientras la funcionaria del Ministerio Público cenaba junto a su marido. “La golpearon, le dieron varios culatazos en la cabeza y la asfixiaron con un almohadón para exigirle dinero, le pedían que diga dónde guardaba la plata”, indicaron las fuentes. Finalmente, los ladrones se dieron por vencidos y escaparon con una TV Smart y un poco de efectivo, a bordo de un vehículo. Ahora, son intensamente buscados por la Policía.

A raíz de las heridas en el cuero cabelludo, Millán debió ser asistida por el SAME y luego fue derivada a una clínica de la zona. “Su esposo también fue golpeado, pero no tanto como ella”, detallaron a este medio. El robo es investigado por la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI Nº 8 de Morón, quien se presentó en la escena e impartió órdenes a efectivos de la DDI local para dar con los fugitivos.

Tras la difusión de la noticia, los vecinos de la zona reclamaron mayor seguridad. “La sensación es que Castelar y Villa Sarmiento están regalados a la delincuencia. Faltan cámaras, luminaria y poda, cuestiones básicas. Roban a cualquier hora y de maneras muy violentas”, se quejaron en diálogo con este medio.

A principios de septiembre, un sargento de 35 años de la Policía Bonaerense mató a uno de los ladrones que intentaron robarle su auto en la localidad de Castelar, en el partido de Morón. Luego, los cómplices regresaron por el delincuente que quedó tendido en el asfalto y lo abandonaron en la vereda de un hospital, en el que se constató su muerte, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió cerca de en la calle Vicente López y Planes, donde el policía, que cumple funciones en el Comando Patrulla de La Matanza, estacionó su VW Fox de color rojo. Casi en el mismo momento, detrás del vehículo se detuvo un Ford Focus blanco, del que salió un sospechoso con un arma y le apuntó al sargento, que permanecía en el asiento del conductor, con la ventanilla baja.

El policía respondió a la amenaza con, al menos, ocho tiros, incluso, la cámara de seguridad que registró el intento de robo, captó los destellos de los disparos. El delincuente retrocedió al ser alcanzado por un primer proyectil y se desplomó en la calle. Sin embargo, el policía continuó descargando plomos. Incluso, puede verse uno de ellos impactar en la calle.

Aunque la víctima del asalto abrió la puerta del auto para bajarse, finalmente, decidió arrancar su vehículo y abandonar la escena. Pocos minutos después, regresaron los cómplices del delincuente herido, lo levantaron y lo metieron en el Ford Focus. Antes de escapar, uno de ellos tomó el arma que había empuñado contra el sargento. Un vecino dio aviso a la Policía de lo acontecido frente a su vivienda.

Más tarde, el mismo vehículo abandonó al sospechoso, ya sin vida, en la vereda del hospital Héroes de Malvinas, del partido de Merlo. El cuerpo presentaba heridas de arma de fuego, detallaron las fuentes a este medio.

El 11 de marzo de 2024, en Neuquén, un trágico suceso conmocionó a la comunidad cuando un niño de 3 años fue encontrado en el asiento trasero de un auto estacionado en la calle Chrestía al 550. El nene había quedado encerrado allí durante seis horas tras ser olvidado por sus padres. Una semana después murió. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar, quien aplicó el concepto de “pena natural” para resolver la situación sin imponerle una condena penal al padre, quien aquel día debía dejar al menor en el jardín.

La “pena natural” se utiliza cuando el daño moral sufrido por el acusado es tan grave que torna innecesaria la imposición de un castigo. En este caso, este criterio se aplicó al determinar que la muerte del niño fue consecuencia de una negligencia y no de una acción intencional.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia confirmó esta decisión al citar el artículo 106, inciso 3 del Código Procesal Penal de Neuquén, que indica que se puede aplicar un criterio de oportunidad -como la pena natural- cuando “el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”.

En la resolución, el fiscal explicó que la muerte del niño no fue intencional, sino consecuencia de una conducta negligente. En la resolución, Azar señaló: “No podemos dejar de reparar en que nos encontramos aquí ante un suceso en el cual el acusado es el responsable de la muerte de su hijo aunque, claro está, no es un dato menor que dicha muerte no fue querida ni buscada por el imputado, sino consecuencia de su negligente conducta”.

El MPF recolectó pruebas suficientes para aclarar las circunstancias del hecho, incluidas declaraciones de testigos presenciales y familiares cercanos del niño y del padre. “Nos hallamos ante una actitud negligente de parte del padre”, sostuvo el fiscal, quien también destacó que esta situación constituyó un castigo más allá de cualquier pena legal que pudiera imponerse. La pena natural, explicó Azar, se refiere a un mal grave “que se autoinflinge el autor con motivo del delito, o que sea impuesto por terceros por la misma razón”.

El hecho ocurrió cuando los padres del nene fallecido se dirigían a una oficina pública del Gobierno de la Ciudad de Neuquén. Estacionaron en la calle Chrestía, pero su padre se olvidó de dejarlo en el jardín maternal Luna Morena.

La fiscal que al principio se encontraba a cargo del caso, Valeria Panozzo, comprobó a través de las cámaras de seguridad de la zona que el hombre bajó del auto sin el nene, que quedó solo en su butaca especial y con las ventanillas cerradas desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. A esa hora, su madre lo encontró desvanecido en la parte trasera del coche y llamó a la Policía. “La madre es quien acudió al lugar en un primer momento y se encontró allí con el menor. La mamá le dio agua para reanimarlo”, explicó el comisario Alejandro Cares, coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de Neuquén, quien agregó que dos móviles policiales se presentaron en la escena para brindar auxilio.

Los oficiales que se acercaron al sitio intentaron hacer una maniobra de reanimación y luego lo trasladaron, en principio, a la clínica privada San Agustín, y más tarde al San Lucas. Allí permaneció intubado en terapia intensiva; al principio su estado de salud era estable, aunque se le detectaron varios moretones. De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, “la causa de la muerte fue asfixia por confinamiento”. Y el documento agregó: “No se observaron lesiones de reciente o antigua data compatibles con maltrato físico”.

El fiscal Azar, titular de Delitos Contra las Personas, dispuso en aquel entonces algunas medidas de rigor, entre ellas, la realización de entrevistas a profesoras del jardín de infantes; a efectivos de la Policía de Neuquén que brindaron ayuda a los familiares en los primeros momentos del hecho; a compañeros y compañeras de trabajo del padre y la madre; a responsables del organismo en el que ambos trabajan; a profesionales médicos que intervinieron; y a testigos.

En su escrito remitido al Juzgado de Instrucción 5, solicitando la transformación de las diligencias en procedimiento de jurado, la acusadora pública considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al único investigado, Óscar S.M, del que sostiene que, por causas no especificadas, atropelló a la víctima y luego la dejó morir.

Ese relato de hechos recogido en el escrito de la fiscal jefe remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, parte del dato incuestionable de que el cuerpo sin vida de Esther López De La Rosa fue localizado el 5 de febrero de 2022 en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, cuneta derecha sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar".

Su desaparición había sido denunciada por sus padres, con los que convivía. La última noticia que se tenía de ella es la noche del día 12 y madrugada del día 13 de enero de 2022, en que coincide con Lucio C.G ('Carolo'), quien inicialmente también figuró como investigado, Óscar S.M. en el bar 'Teyo' de la localidad de Traspinedo.

Tras salir del local en compañía de ambos se dirigieron a la zona de las bodegas para después, en el coche de Óscar, dirigirse al domicilio de 'Carolo', al lado del local La Maña de Traspinedo, donde este ultimó se apeó.

El investigado, en su declaración en sede judicial, afirmó que Ester no quería ir a casa de sus padres a dormir quedando en que iba a dormir en la vivienda sita en la calle C/ Uno, parcela 4 (el Romeral) de Traspinedo, de la familia de Óscar, que éste utilizaba habitualmente, pero que, después de dejar a 'Carolo' en La Maña, la joven le propuso seguir de copas en Valladolid, a lo que él se negó.

Fue entonces cuando, según sostiene el investigado, Esther se enfadó y bajó del vehículo, a unos 300 metros del local La Maña, momento a partir del cual Óscar afirma no saber nada de ella.

Sin embargo, la fiscal sostiene que de las investigaciones realizadas existen "indicios suficientes" para sostener que esa parada no se produjo y que ambos llegaron en el vehículo a la casa arriba señalada y que, por razones que se desconocen, Esther López se marchó de allí andando.

Continúa la acusadora pública en su reconstrucción de los hechos afirmando que Óscar salió tras ella en su vehículo VW T-ROC con el que la atropelló muy cerca de ese inmueble, causándole serias lesiones, pero no la muerte.

METIÓ EL CADÁVER EN EL MALETERO Y LUEGO LO TIRÓ

"Siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, Óscar, lejos de prestar ayuda o solicitar ayuda que otros pudieran prestar, esperó entre una y tres horas hasta que comprobó estaba ya muerta procediendo a ocultar el cadáver, y finalmente meterlo en el maletero de su vehículo y tirarlo, horas después, en el lugar donde fue hallado, no dando noticia directa o indirecta de donde se encontraba".

También da por probado que la víctima habían ingerido esa noche bebidas alcohólicas.

"De este relato lineal existen indicios bastantes para imputar a Óscar S.M. los hechos descritos, que pueden ser constitutivos de un delito de asesinato u homicidio doloso (138 a 140 CP ) y/o de un delito de omisión del deber de socorro (195 y 196 CP), siendo ambos competencia del Tribunal del Jurado ,pudiendo ser imputados además otros delitos como un delito contra la integridad moral del art. 173 1 CP , de un delito contra la seguridad del tráfico etc...", concluye.

La fiscalía de Entre Ríos a cargo de Santiago Alfieri, ordenó un pedido de captura internacional para Matías Santamaría, uno de los acusados de llevar a cabo una presunta estafa piramidal, que habría afectado a más de 50 personas por una cifra que supera los 10 millones de dólares, junto a los hermanos Andrés y Julio Gamarci.

La orden emitida esta tarde por el fiscal que investiga el caso, se debe a que Santamaría lleva un mes y medio desaparecido. Según informaron fuentes judiciales, aún no lograron dar con el paradero del sospechoso, a quien se lo identifica por llevar una vida lujosa que ostentaba en las redes. Tampoco lograron ubicarlo en el barco que tiene en Rosario.

En los allanamientos que realizó la Policía de la localidad entrerriana en el Estudio Gamarci, en el barrio Puerto Urquiza (dos domicilios) y en dos viviendas ubicadas en calles Tucumán y Corrientes, también incluyó la casa de Santamaría en donde secuestró el celular de la esposa, documentación y varias armas de fuego de distintos calibres.

El abogado de las víctimas, Claudio Berón, detalló a este medio la modalidad que utilizaban. “Ofrecían a quienes tuvieran un auto o una propiedad, que los lleven. Les prometían un canon mensual y que al cumplirse el plazo recibirían el valor del bien. Pero no les pagaron nunca. Cuando llegaba la hora de cobrar, los pateaban para adelante o les ponían la excusa de que había que anunciar (el retiro del capital) con meses de anticipación. Los iban pedaleando hasta que no aguantó más y explotó”, explicó.

“Hay gente que no denunciará porque invirtió plata en negro y tienen miedo a la AFIP. Se habla de inversiones de hasta 2 millones de dólares”, apuntó el letrado. Según relataron los afectados a la prensa local, pasaron de recibir retornos mensuales a tasas elevadas a no poder cobrar ni el interés ni retirar el capital en este último tiempo. “Se empezaron a atrasar con los pagos” dado que entre junio y agosto la maniobra que realizaban empezó a entrar en crisis.

Las sospechas de que algo raro estaba sucediendo se dieron a partir de que un grupo de personas que habían colocado bienes en el sistema, observaron que los financistas “estaban vaciando las empresas por problemas financieros”.

“Ponían excusas y pagaban menos de lo que debían. Cuando (las víctimas) querían retirar el dinero les decían que tenían que renovar por 6 u 8 meses. Estaban tratando de ganar tiempo. Pero hubo gente que les dijo no, se hizo una bola y comenzaron las denuncias”, relató el representante de los damnificados.

El atractivo de la operatoria que utilizaba este grupo de “financistas” era un ofrecimiento de rendimientos mensuales del 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800.

Otro de los involucrados, Julio Gamarci, es un abogado que hasta marzo de este año se desempeñó como entrenador de la selección nacional de softbol, logrando alcanzar un título mundial y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019. Garmaci además había ocupado el cargo de subsecretario de Deportes durante la gestión del intendente Adán Bahl, entre 2019 y 2023.

Berón señaló que hay una cuarta persona que podría estar involucrada, se trata de uno de los socios del Supermercado La Peruana que era la base de operaciones de la maniobra.

El caso de San Pedro

En los últimos días las estafas piramidales han estado en el ojo de la tormenta. En la localidad bonaerense de San Pedro miles de vecinos se vieron afectados tras haberse sumado a la plataforma de trading que operaba bajo los nombres de RainbowEx y Knight Consortium, dos empresas que se presentan como innovadoras en el mundo de las criptomonedas.

“En los últimos meses, mucha gente vendió bienes o pidió créditos para invertir en este sistema que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos”, había contado un vecino.

En el caso interviene la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que días atrás había ordenado el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma que operaba en dicha localidad.

Pamplona, 14 oct (EFE).- Un hombre acusado inicialmente de agresión sexual a su expareja para quien el fiscal pedía en principio 47 años de cárcel ha sido condenado finalmente a 3 años de prisión, tras llegar las partes a un acuerdo en el que se califican los hechos de tentativa.

El hombre, expareja sentimental de la víctima, con la que tiene dos hijos, había sido acusado de perpetrar cuatro violaciones, un abuso sexual y un proceso de acoso a raíz de finalizar la relación de más de una década con la mujer.

En el acuerdo, que constata dos intentos de agresión sexual y uno de acoso, se determina la pena de año y medio de prisión para cada uno de los dos primeros delitos, y 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como 300 metros de alejamiento de la mujer durante 6 meses, por el de acoso.

También se le impone una indemnización de 20.000 euros a su expareja.

Inicialmente, en su escrito de acusación, el fiscal acusaba al procesado de tres delitos de agresión sexual y pedía una pena de 12 años de prisión por cada uno; prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la mujer o comunicarse con ella durante 14 años; libertad vigilada durante 10 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 17 años.

También le acusaba de un delito de abuso sexual, por el que pedía 10 años de prisión; prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer durante 12 años; libertad vigilada durante 10 años; e inhabilitación para desempeñar actividades que supongan contacto con menores durante 17 años.

Por el delito de acoso, pedía 1 año de prisión y prohibición de acercarse a la mujer o comunicarse con ella durante 2 años y solicitaba además el pago a la mujer de una indemnización de 24.000 euros por los daños morales sufridos.EFE

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la destitución por mal desempeño del ex fiscal nacional de juicio oral Julio Castro, quien fue condenado a seis años y medio de prisión por violar y golpear a quien era su pareja. El tribunal rechazó el planteo que Castro hizo con una serie de objeciones al fallo del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal que en 2021 lo removió de su cargo.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, José Luis López Castiñeira, María Caputi y Luis Márquez, rechazaron la apelación que presentó Casto y así quedó ratificada su destitución.

Castro era titular de la Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal N° 13 y en noviembre de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal 8 lo condenó a seis años y medio de prisión por los delitos de lesiones leves agravadas contra una mujer en un contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal. La víctima fue quien entonces era su pareja.

La mujer denunció a Castro en marzo 2017 por una serie de episodios de violencia que habían comenzado en octubre de 2016, cuando abusó sexualmente de ella. Una segunda violación ocurrió en enero de 2017. En el juicio oral se comprobaron los hechos sumados al maltrato psicológico que quedó evidenciado en comunicaciones entre ambos que formaron parte de la prueba.

“Cercenó los derechos de aquélla, violentando su oposición manifiesta de no querer soportar las conductas que Castro le imponía, tanto en la actividad sexual como en la integridad corporal de ella”, sostuvo el tribunal oral. La condena fue ratificada en junio de 2021 por la Cámara Nacional de Casación Penal y en noviembre de ese año Castro fue detenido.

Un mes antes que la condena fuese confirmada, Castro fue destituido de su cargo. En mayo de 2021 el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal removió por unanimidad al funcionario por mal desempeño de sus funcionarios y por no haber obrado con buena conducta.

Castro fue destituido por distintos hechos de acoso laboral y sexual y maltrato contra empleadas y empleados, funcionarios y funcionarias de su Fiscalía. También por una serie de mensajes en la red social X -ex Twitter- con una menor de edad y se analizó la condena por violación a su ex pareja. “No basta con que tengan contracción al trabajo y labor profesional sino que existe una exigencia de conducta ejemplar”, concluyó el jurado en su fallo.

Castro apeló su destitución. Lo hizo con un planteo ante la Cámara Contencioso en el que señaló una serie de objeciones contra el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento. Sostuvo que el reglamento que se aplicó para juzgarlo no era el que estaba vigente porque no fue publicado en el Boletín Oficial y que se aplicaron normas distintas a la imputación y otras que estaban derogadas. También que algunos casos por los que fue juzgado estaban prescriptos.

Ante el planteo, lo primero que señalaron los jueces fue que “más allá de la valoración que se les hubiera de atribuir y los demás agravios vertidos, no aparece cuestionado en general el marco fáctico del caso, en tanto nada se objeta sobre la ocurrencia de los hechos respecto de los cuales han sido discernido el reproche de mal desempeño en las funciones”.

Y luego, en una resolución de 69 páginas, rechazaron cada una de las objeciones. “Ni el Boletín Oficial de la República Argentina es el vehículo excluyente para la publicación de los actos de la totalidad de órganos del Estado Argentino, ni tampoco es dable soslayar ni negar que tal rol sea cumplido por vías específicas alternativas a aquél, implementadas en la órbita de las instituciones que así lo dispusieran en ejercicio de sus autonomías funcionales, que es lo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal, lo cual conduce a privar de peso y conducencia a los planteos que se analizan”, señalaron los camaristas López Castiñeira, María Caputi y Luis Márquez.

Y resaltaron que “de la consulta del sitio o portal web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se desprende que en la actualidad, efectivamente se encuentra publicada la Resolución PGN nº 2627/15 en la sección ´Resoluciones´”, que fue la normativa que Castro cuestionó.

Luego explicaron por qué el resto de los planteos tampoco podían ser admitidos y así confirmaron su destitución como fiscal general.

El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia es un crimen que sigue sin ser resuelto. A pesar de que se han registrado condenas en contra de algunas de las personas que participaron, hasta el momento las autoridades no tienen conocimiento de la identidad del autor intelectual.

Buscando llegar a la resolución del caso, las autoridades en Colombia han concretado múltiples capturas, siendo Margareth Chacón una de las fichas claves del caso.

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Chacón ha sido señalada como la responsable de coordinar el asesinato del fiscal paraguayo y fue condenada en febrero de 2024 a 39 años de prisión por su participación en el homicidio de Pecci, pero el 10 de octubre se reveló que recibió un beneficio que hace que el tiempo que deberá permanecer en prisión sea menor.

Esto se debe a que el Tribunal de Cartagena informó que la criminal fue absuelta por los cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, provocando que se reduzca cuatro años su condena inicial.

“Revocar parcialmente la sentencia de fecha 15 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, en el sentido de absolver a la acusada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y, en consonancia, redosificar la pena de prisión. Por último, se deja sin efectos la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas”, señaló el tribunal.

Cabe recordar que, desde su captura en El Salvador, Chacón fue la única persona arrestada por el asesinado de Pecci que se negó a colaborar con las autoridades, y la que ha recibido la mayor condena por este crimen hasta el momento.

Durante la investigación, la fiscalía indicó que la mujer había sido la encargada de la logística para el asesinato y de conseguir los elementos que pudieran necesitar los sicarios que terminaron con la vida de Pecci, como los vehículos que fueron utilizados.

De la misma forma, se afirmó que participó de hasta cuatro reuniones en las que recibió el dinero con el que se financió el asesinato; tres de las reuniones habrían sido en Cartagena y un último contacto se registró en Medellín.

A pesar de las pruebas en su contra, la defensa de Chacón indicó que ella no utilizó ninguna de las armas y lograron demostrar que no había elementos probatorios que pudieran confirmar que era la responsable de adquirir el armamento, lo que provocó la absolución confirmada por el tribunal.

“En consecuencia, el Tribunal procederá a revocar lo atinente a la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, en apego a los mandatos de ley y a los lineamientos jurisprudenciales de la máxima autoridad en sede penal en asuntos de similares circunstancias”, puntualizó el tribunal en su decisión.

Cabe recordar que, la última condena que se había registrado por el asesinato del fiscal paraguayo fue el 20 de mayo, cuando se confirmó que Luis Correa, señalado como el cerebro de la muerte de Pecci, tendrá que pagar seis años y seis meses de prisión por los delitos de porte ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionario.

Este tiempo fue confirmado luego de que Correa entregará información valiosa que provocó que varios participantes del crimen terminaran capturados, y también están cooperando con las autoridades en Colombia.

De acuerdo con la fiscalía, Correa recibió el dinero y ordenó a los demás involucrados en el crimen, de los cuales se destaca Wendret Carrillo (tirador), Gabriel Salinas (conductor de la moto de agua), Eiverson Zabaleta (transportador de los asesinos), Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (marcadores).

Barcelona, 8 oct. (EFE).- La expareja del hombre que presuntamente asesinó a dos ancianos en agosto de 2019 en Barcelona ha subrayado este martes que el procesado estaba "desesperado por el dinero" y que las deudas se acumulaban hasta el punto de tener la luz pinchada.

Este martes se ha celebrado la segunda sesión del juicio con tribunal popular de la Audiencia de Barcelona contra este hombre, cuya expareja le ha calificado como un "manipulador", siempre "con mentiras y con rollos", y ha dicho que la "anulaba" como persona: "Yo sufría mucho por estar viviendo con la luz pinchada, y él me decía que todo se iba a solucionar".

La Fiscalía pide dos penas de prisión permanente revisable para el acusado por supuestamente asesinar a un matrimonio de ancianos, cuya confianza se había ganado vendiéndoles productos para la tercera edad.

Además de la cárcel, le imputa al procesado un delito continuado de estafa y dos más de robo con violencia, que suman 12 años y 7 meses de cárcel, y también pide que se indemnice al hijo de las víctimas con 150.000 euros, y con 50.000 euros a cada una de sus nietas.

El fiscal sospecha que el crimen se produjo el 19 de agosto de 2019 Sobre lo que sucedió el 16 de agosto. Una jornada en la que la expareja del acusado le esperaba en casa, junto a su hermana y más personas, para celebrar un cumpleaños, en el que él se había comprometido a cocinar la cena, pero ni llegó a la hora prevista ni contestaba a los mensajes.

Según la mujer, el hombre entró en casa "enfadado" y fue a cambiarse de ropa, algo que hacía habitualmente a la llegada, y que además aprovechó para ducharse, tras lo que se puso a cocinar.

Sobre la empresa que habían constituido juntos -para vender productos, como camas articuladas y otros utensilios para el bienestar de las personas- y que estaba a nombre de ella, ha explicado que ejercía de administrativa y de telefonista, pero que de la gestión se encargaba el procesado, en quien "confiaba".

Pese a su contacto con los albaranes, ha negado que conociera si su exmarido se dedicaba a estafar al matrimonio de ancianos.

Preguntada por cómo se enteró de la muerte de los ancianos, ha manifestado que lo vio por televisión, momento en que el acusado, que estaba junto a ella cenando, se limitó a decir, sin dar más detalles, al reconocer el portal en la televisión: "Allí iba a vender yo".

La mujer ha detallado que, después de que los Mossos la citaran en comisaría para interrogarla, llamó al acusado y le comentó que le habían preguntado por el matrimonio de ancianos. En ese momento, este le preguntó: "¿Y ahora qué tengo que decir yo?", como recoge una grabación telefónica.

Aunque ha reconocido que, tras pasar a declarar ante los Mossos, "por un momento" le pasó por la cabeza que él los hubiera podido matar, ha señalado que le veía "tan tranquilo".

Además, ha manifestado que le dijo que no había hecho nada y que eso no tenía nada que ver con ellos. EFE

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Madrid, 30 sep (EFE).- La teniente fiscal del Tribunal Supremo cree que no hay motivos para imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos por la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía General del Estado, ha presentado este lunes su informe en el Supremo sobre la posible apertura de una causa penal a García Ortiz, como solicita la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento.

Tras investigarlo y asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si había indicios contra él, algo que rechaza de plano la teniente fiscal, que defiende que los hechos no son constitutivos de delito y pide archivar las actuaciones.EFE

El comediante Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘Carroloco’, fue investigado por presuntos nexos con el Clan del Golfo por lavado de activos. A raíz de esa polémica, en las redes sociales varios usuarios también le pusieron el ojo encima a varios colegas de Noreña Zapata, como a Piter Albeiro, cuyo nombre real es Alejandro Leiva.

El empresario y exganador de MasterChef Celebrity en 2018 fue criticado en redes sociales por sus objetos lujosos, entre los que se encuentra un Ferrari. Por eso, Piter Albeiro decidió ponerle fin a los comentarios mal intencionados.

“Ya me los dieron, nos vemos en los estrados judiciales y no pienso conciliar. Ni se desgaste con su abogado de oficio, porque voy hasta que el juez la condene”, expresó en su momento el comediante, refiriéndose a una usuaria que hizo varios comentarios contra él.

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Al parecer, el caso no terminó ahí, porque la demanda del humorista trascendió y el fiscal 26 Juan Esteban Rojas citó a todas las personas que difamaron al santandereano.

“¡Atención! Juan Esteban Rojas, fiscal 26, citó el próximo 2 de octubre a las personas que a través de las redes sociales, afirmaron sin ningún tipo de prueba más allá de su odio y su envidia que en los 28 años que llevo de comediante, empresario, cocinero, escritor, etc., que el dinero conseguido en más de 30 años trabajando no es legal”, escribió a través de la red social X (antes Twitter).

Además, el comediante invitó a quienes lo acusaron de lavado de activos que muestren las pruebas el día de su citación: “Espero lleven las pruebas para yo mismo de paso enterarme. Mis abogados y yo no estamos dispuestos a nada diferente a que se haga justicia el buen nombre de las personas las odien, las envidien o no, se deben respetar. Les cuento ese dia como avanza nuestra justicia y nuestros derechos constitucionales, penales y civiles”, agregó el mensaje de Piter Albeiro, quien va seguir informando a sus seguidores acerca de la situación.

El humorista que participó en el programa Sábado Felices también compartió en sus redes sociales el Código Penal, artículo 222, que habla de la injuria y calumnia indirectas: “A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, compartió.

Los fanáticos del santandereano lo apoyaron por tomar medidas legales en contra de los detractores que quisieron dañar su imagen: “Piter Albeiro es bueno empezar a dejar en claro a los Bodegueros que deben pensar dos veces antes de escribir”; “Mejor dicho, era mejor que dijeran que no les pareces chistoso”; “Excelente”; “Así toca, duro con esa plaga”; “Que paguen! Excelente, ni por el chiras aceptes disculpas, Ellos son así de inflados porque siempre concilian retractación y ya. Y siguen iguales o peores de malévolos, hay que darles una revolcada económica. Muchas suerte con esto”; “Excelente, que dejen de lanzar calumnias sin fundamentos”.

Esta polémica inició cuando una mujer, llamada @nometiente2, escribió en sus redes sociales: “Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA a punta de contar chistes... Ajá, como no”. Así como ese mensaje hubo muchos en las redes sociales como el del comediante Camilo Pardo, conocido como ‘el Mago’, que escribió: “Lo único que voy a decir es que después de llenar un Movistar y hacer una gira por USA, no estoy ni cerca de tener la plata para un Ferrari ni otras cositas que tienen otros colegas. Algo estoy haciendo mal. O ellos están haciendo algo mal”.

Ante estas declaraciones, Piter Albeiro se defendió: “Para el 2009 yo ya había hecho 19 veces 40 horas seguidas de chistes en supermercados y centro comerciales cada hora tenia un patrocinador diferente, una vez 66 horas y una vez 101 horas en Bucaramanga, la ciudad más hermosa de este planeta, trasmitidas en directo por canal TRO y dos emisoras de radio”, dijo en su momento; sin embargo, decidió llevar el proceso por la vía legal.

Durante unas tres horas, el presidente Javier Milei se dedicó casi exclusivamente a explicarles en la Casa Rosada a un grupo de senadores dialoguistas el proyecto de Presupuesto que planea presentar él mismo en el Congreso el próximo domingo, para cuando además planea anunciar “una sorpresa en materia fiscal”.

El mandatario recibió a los jefes de los bloques del PRO, Luis Juez; del radicalismo, Eduardo Vischi; de Cambio Federal, Juan Carlos Romero; de Unidad Federal, Carlos Espínola; de Comunidad Neuquén, Lucila Crexell, y de Por la Justicia Social, Beatriz Ávila.

De acuerdo con lo que precisaron personas del entorno cercano del líder libertario, gran parte de la conversación estuvo centrada en los detalles del modelo de rendición de gastos que el Gobierno enviará al Congreso y que tendrá como eje el déficit cero.

Si bien en el círculo íntimo del Presidente reconocen que en la cúpula nacional hay desconfianza de que los legisladores aprueben el texto, también aseguran que es el propio Milei el que quiere ponerse al frente de la defensa del mismo para tratar de garantizar los votos.

Tal como anticipó Infobae, la idea para el domingo es que sea un acto similar al de la última apertura de sesiones ordinarias, con el economista en un atril, frente a los diputados y senadores, exponiendo los principales puntos del Presupuesto durante poco más de una hora.

“Les quiero adelantar algo de lo que vamos a hacer en el presupuesto: vamos a rediseñar la forma en la que se escribe. El presupuesto se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario, sale el financiamiento. Nosotros decidimos que no vamos a utilizar esa metodología. La metodología se va a llamar ‘déficit cero’. Implica que el resultado financiero es cero, por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda”, precisó a mediados de agosto, al exponer en el Consejo de las Américas.

Según adelantaron a este medio fuentes oficiales, el Presidente tiene además previsto aprovechar esa ocasión para anunciar “una sorpresa” que no será económica ni política, sino “en materia fiscal”.

Hasta el momento, el mandatario viene asegurando que el Gobierno comenzará a bajar impuestos a medida que se mantenga el superávit fiscal, y comenzó con la reducción del denominado Impuesto PAIS, que aplica sobre compras de dólares y bienes y servicios en el exterior.

Al exponer en la apertura de la Exposición Rural, Milei ratificó que este gravamen será totalmente eliminado “antes del 7 de diciembre” y aseguró que luego continuará con la quita de las retenciones al campo, un antiguo reclamo de ese sector.

“El primer impuesto que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después tenemos en la mira las retenciones y después los Débitos y Créditos Bancarios. Siempre me he negado a coparticiparlos, porque si lo hago no los puedo sacar más”, había declarado en mayo pasado.

La decisión de ser él mismo quien encabece la presentación del Presupuesto en el Congreso, que suele quedar a cargo del ministro de Economía de turno, se da en el marco de su involucramiento mayor en las cuestiones partidarias, las que delegaba hasta hace poco.

De hecho, en el oficialismo agradecieron su intervención en las negociaciones con la oposición dialoguista y adjudicaron a eso, y la reformulación de la mesa política, el triunfo en la Cámara de Diputados con la ratificación del veto que anuló el aumento de las jubilaciones.

Este mismo jueves, el Gobierno se volverá a enfrentar a una dura prueba, cuando el Senado trate el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que La Libertad Avanza busca que se apruebe, y la ley que blinda el presupuesto universitario, que el Poder Ejecutivo rechaza.

En este sentido, en el bloque libertario confían en que la reunión de Milei con los senadores dialoguistas sirva también para acercar posiciones con respecto a ese tema. De hecho, junto al Presidente estuvieron su vice, Victoria Villarruel, y los máximos referentes de LLA en la Cámara alta, Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche.

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice de Interior, Lisandro Catalán, que junto con Santiago Caputo y Martín y Eduardo “Lule Menem, conforman la mesa política del Gobierno, que recientemente intensificó el diálogo interno y la coordinación para evitar más traspiés legislativos.

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ago (EFE).- Una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandó este viernes al Gobierno del presidente Joe Biden para detener el nuevo plan de regularización que se prevé beneficiará a cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.

El fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, dijo hoy en un comunicado que han solicitado a una corte federal que detenga la implementación de la norma argumentando que viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.

El programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) que abrió sus inscripciones el lunes pasado, se apoya en el llamado 'Parole in place', que otorga un permiso temporal para permanecer en EE.UU., ofreciendo protección frente a la deportación.

El plan de regularización también otorga a los indocumentados la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.

Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.

El programa exige que el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.

La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros serán elegibles para el programa.

Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.

La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), se unió a los conservadores en la demanda, que nombra específicamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), su secretario, Alejandro Mayorkas, y a otros funcionarios de la Casa Blanca.

En el comunicado de prensa, Paxton asegura que la nueva norma permitiría amparar a 1,3 millones de indocumentados, 200.000 que vivirían en Texas, cifras que han sido rebatidas por las organizaciones comunitarias.

La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), que agrupa a más de 75 organizaciones de derechos de inmigrantes en 42 estados, estima que el plan beneficiaría a unas 450.000 personas, 100.000 menos de las que proyecta el Gobierno.

"La nueva solución de Biden otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no investigados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes", dijo Paxton, sin tener en cuenta que la norma excluye a los indocumentados que fueron deportados con anterioridad o tienen récord criminal.

Miller, presidente de America First Legal, dijo que utilizará "todas las herramientas legales para detener" la implementación de la norma.

Los estados de Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming hacen parte de los demandantes.

Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes "soñadores" desde 2012.