A pesar de que han pasado décadas desde que se registró la caída del imperio del cartel de Medellín y las células criminales que nacieron tras la muerte de Pablo Escobar, principalmente las estructuras narcoparamilitares que se ubicaron en Antioquia, siguen las dudas sobre qué pasó con los predios de los principales capos de la época.

Al respecto, El Espectador publicó un informe en el que mencionó ocho expedientes relacionados con disputas por fincas y otro tipo de predios en Antioquia, Córdoba y Boyacá que deberían ser entregados a víctimas del conflicto interno.

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Entre las figuras del crimen organizado que son mencionadas está Diego Fernando Murillo “Don Berna”, Ramiro “Cuco” Vanoy, Luis Hernando Gómez Bustamante “Rasguño” y Henry de Jesús Pérez, además de un antiguo socio de Pablo Escobar.

Además de mencionar la importancia de los sujetos que ayudaron a consolidar a las AUC en la región, se destaca que los predios superarían el área de más de 3.000 canchas de fútbol y están en poder del Fondo de Reparación de Víctimas.

Entre las historias más destacadas está la de los predios de La Molinera y Las Margaritas, en el municipio de Turbo, que sería de “Cuco” Vanoy, pero en la tradición de los predios se menciona a Ramiro Arturo Correa Arroyave, que es señalado en informes oficiales como socio de Pablo Escobar.

Debido a las transacciones que se hicieron en torno a los predios, se especula con que estas compras serían parte de una estrategia para que actores del conflicto se queden con los terrenos.

En otro de los casos se menciona que en el municipio de Tierralta, Córdoba, hay una propiedad de más de 900 hectáreas que fue decomisada en 2009, y que ha sido vinculada con “Don Berna”, que fue el líder de La Oficina de Envigado.

Exparamilitares han narrado cómo eran las reuniones entre “Don Berna” y Salvatore Mancuso en la propiedad que actualmente está a nombre de la sociedad Agromedellín S.A.S., en una transacción que habría superado los 700 millones de pesos.

A pesar de que el Tribunal Superior de Medellín ordenó que la propiedad no sea devuelta a la sociedad mencionada, el proceso está siendo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, que será la que tome la decisión final.

Entre las propiedades mencionadas también figura la finca Villa Inés, ubicada en Puerto Boyacá, que fue de Henry de Jesús Pérez, fundador del bloque de las AUC en la región y que tuvo hasta a 7.000 hombres siguiendo sus órdenes.

Este lugar está siendo disputado por la esposa de Pérez, que argumenta que la adquirió con sus recursos de manera legal y asegura que allí no se registró ningún tipo de crimen.

La decisión del tribunal que tomó el caso ha sido mantener la finca en poder del Estado, argumentando que la pareja del ex jefe paramilitar no tiene pruebas para confirmar que la propiedad fue comprada con dinero legal

Por último, se destaca lo registrado en Puerto Hongo, finca ubicada en Montería que fue relacionada con “El Alemán” y “Don Mario”, figuras destacadas del auge del narcotráfico y el paramilitarismo en la región.

La propiedad fue decomisada en 2021 y actualmente está siendo reclamada por la sociedad Inversiones Vega Lacharme, que es de un reconocido ganadero de la zona y asegura que compró el inmueble de manera legal.

Hasta el momento, el tribunal ha mantenido su decisión de no devolver la finca e indicó que el demandante no realizó verificaciones sobre los antecedentes del predio y las personas involucradas en hechos claves dentro del conflicto interno del país.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la orden de desahucio contra un vecino que negó en todo momento haber okupado una finca perteneciente a una comunidad hereditaria. El tribunal, sin embargo, considera acreditado que el hombre trasladó allí sus pertenencias y vehículos tras haber sido expulsado de otro terreno próximo, y rechaza por completo su recurso de apelación.

La sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso Infobae España, respalda la decisión adoptada meses antes por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pontevedra, que ya había estimado la demanda presentada por Susana, representante de la comunidad hereditaria de su madre, Tamara. El juzgado concluyó entonces que el demandado, Humberto, okupaba de manera indebida el terreno y debía desalojarlo. Ahora, la Audiencia corrobora tanto el razonamiento como el fallo.

La disputa se originó cuando Humberto fue obligado a abandonar, en 2024, una finca propiedad de unos vecinos apellidados Eleuterio. Según la demanda de la heredera, una vez desalojado de ese primer terreno, el hombre habría decidido trasladar sus objetos y vehículos a la finca colindante, perteneciente a la comunidad hereditaria de Susana. En su denuncia, afirmaba que la nueva okupación dificultaba el uso del terreno y se había realizado sin autorización alguna.

Humberto negó rotundamente esta acusación. Aseguró ante el juzgado que, tras ser expulsado del primer terreno, él y su familia se marcharon a la zona de Salcedo y que no volvieron a okupar ninguna otra finca. Insistió en que las fotografías aportadas por la demandante no correspondían al terreno heredado y que las imágenes de sus vehículos se habían tomado cuando aún vivía en la finca de los Eleuterio.

Para respaldar su versión, propuso como único testigo a su hijo, Julio. Este declaró que, cuando abandonaron la primera finca, quienes permanecieron allí fueron tres familias portuguesas. No pudo, sin embargo, aportar más información relevante.

La versión de la familia heredera se apoyaba en otro testigo: Juan Carlos, un detective privado que, según declaró, tomó fotografías del terreno en mayo de 2024, aproximadamente un mes después de que Humberto afirmara haberse marchado a Salcedo. En dichas imágenes aparecían varios vehículos que él mismo reconoció en el juicio como propios.

Las fotografías, clave para el tribunal

El recurso de Humberto se centraba en cuestionar la validez y la interpretación de esas imágenes. Alegó que el juzgado había dado por buena la declaración del detective sin que este acreditara adecuadamente su condición profesional; que no existía garantía de la fecha de las fotos; y que algunas imágenes correspondían a la finca de su anterior desalojo, no a la finca hereditaria.

También argumentó que una de las fotografías mostraba una caravana, un remolque de feria y otros elementos que, según él, pertenecían al terreno del que había sido expulsado en 2022, y no al de la heredera. Añadió incluso que un pequeño puente de piedra impediría el paso de vehículos pesados hasta la finca litigiosa, por lo que las imágenes no podían corresponder a ese lugar.

La Audiencia rechaza estos argumentos y afirma que el juzgado actuó correctamente. En su sentencia recuerda que fue el propio Humberto quien reconoció en sala que los vehículos fotografiados eran suyos y que estaban situados “al otro lado del puente”, lo cual —según los magistrados— refuerza la conclusión de que las imágenes pertenecen efectivamente a la finca hereditaria.

Los jueces también descartan la supuesta imposibilidad de que los vehículos accedieran por el puente. Consideran que se trata de una afirmación sin respaldo técnico ni prueba alguna y que, en todo caso, la presencia de los coches dentro del terreno evidencia que sí pudieron acceder.

Respecto a la fotografía que, según la defensa, habría confundido al juzgado, la Audiencia aclara que no hay error: la propia parte actora reconoció desde el principio que esa imagen correspondía al terreno anterior del demandado y que no se utilizó como prueba de okupación de la finca que ahora se discute.

La Audiencia descarta inversión de la carga de la prueba

En su recurso, Humberto sostenía también que el juzgado había invertido indebidamente la carga de la prueba, exigiéndole demostrar que no estaba okupando la finca. La Audiencia Provincial rechaza esta interpretación y recuerda que el juzgado no basó su decisión en la falta de pruebas, sino ―al contrario― en la existencia de pruebas suficientes para acreditar la okupación: fotografías, testimonio del detective y reconocimiento del propio apelante.

Los magistrados explican que la regla de la carga de la prueba solo entra en juego cuando no existe evidencia sobre hechos relevantes. Como en este caso sí la hay, no puede hablarse de inversión indebida. Añaden que la valoración realizada por el juzgado es “coherente” y “razonable”, y que no se aprecia error alguno.

La Policía expuso que grupos armados ilegales han ejecutado una presión ejercida en la zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia, una acción que ha provocado el desplazamiento forzado de 1.985 personas, pertenecientes a 951 familias, según el más reciente censo.

La situación afecta de manera directa a los corregimientos de Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo, donde la inseguridad ha obligado a los habitantes a abandonar sus hogares y buscar refugio en el casco urbano municipal.

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El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que la labor de la institución en este contexto se centra en el acompañamiento a las comunidades afectadas, dado que la problemática de seguridad se concentra en la zona rural. El oficial señaló que las investigaciones sobre los hechos ya se encuentran avanzadas y que se ha identificado a los responsables de las intimidaciones.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Rico Guzmán recogidas por Caracol Radio, la intimidación y el desplazamiento han sido impulsados por el Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, bajo el liderazgo de alias Chejo. El comandante detalló que este cabecilla, junto con alias Primo Gay, ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo que solo una persona permanezca en cada vivienda o finca, especialmente en aquellos casos donde sea necesario cuidar animales o realizar labores como el ordeño.

“Obedece a un constreñimiento direccionado por parte del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, como cabecilla de alias ‘Chejo’, uno de los cabecillas que están impulsando esta movilización, que ha sido un constreñimiento por alias ‘Primo Gay’, que ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo solamente en algunas viviendas, algunas fincas, una sola persona, y quien no vaya puede pagar una multa; eso ya lo tenemos decantado. La actividad de investigación criminal será direccionada hacia este cabecilla y al cabecilla general de esta estructura criminal”, expuso el alto oficial a la citada emisora.

Caracol Radio tuvo acceso a un audio enviado a las comunidades, en el que un presunto integrante de las disidencias del Frente 36 detalla las instrucciones para los campesinos y advierte sobre las consecuencias de no acatar las órdenes.

“Que quede una persona por casa, donde tengan animalitos que cuidar, si tienen que ordeñar, cositas así, una persona por casa. El transporte la alcaldía lo va a suministrar. Tenga en cuenta para que le diga a la comunidad que el que no se vaya, no se desplace, entonces se le va a cobrar una multa, o, entonces, nosotros lo vamos a desplazar, pues, ya definitivamente”, se escucha en el mensaje, según citó la emisora en cuestión.

Las autoridades han identificado que la estrategia de la guerrilla busca provocar el desplazamiento de tropas del ejército hacia el territorio en disputa, con el objetivo de frenar el avance del grupo criminal Clan del Golfo. Esta maniobra evidencia la complejidad del conflicto en la región y la instrumentalización de la población civil en la pugna entre organizaciones armadas ilegales.

La millonaria recompensa por ‘Chejo’, principal responsable del atentado al helicóptero policial en Amalfi

El ataque a un helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, ubicada en la zona rural de Amalfi, fue perpetrado el jueves 21 de agosto mediante el uso de explosivos. El hecho resultó en la muerte de 13 uniformados y fue asociado a alias Chejo, cabecilla de la disidencia de ‘Calarcá’.

Ante la gravedad del atentado, el Gobierno colombiano anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y captura del cabecilla criminal. El anuncio fue comunicado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras una reunión de seguridad celebrada en la base aérea de Rionegro.

El objetivo de la recompensa, según el Gobierno, es incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la persecución de los responsables directos del atentado. Según lo informado por el ministro, las autoridades buscan no solo capturar a los autores materiales, sino también identificar y desarticular las estructuras armadas que continúan representando una amenaza para la tranquilidad de la población civil en Antioquia.

Una circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) el 27 de mayo de 2025 puso en el centro del debate público la implementación de mecanismos para la reforma agraria en Colombia. La medida, que aplica lo dispuesto en el decreto 033 de 2025, tiene como objetivo principal facilitar la compra de tierras destinadas a redistribuir predios agrícolas. La normativa suscitó preocupaciones entre sectores críticos, que señalan una posible afectación de la propiedad privada.

Según el Gobierno, no se trata de una iniciativa para expropiar terrenos, sino de una herramienta que garantiza el acceso del Estado a ciertos predios bajo un esquema legal preexistente. Al respecto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la circular se fundamenta en disposiciones vigentes desde hace décadas.

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“Lo que está haciendo la Superintendencia es cumplir un mandato para garantizar el deber de información sobre la enajenación de predios, principalmente donde estamos focalizando la reforma agraria”, dijo la funcionaria a WRadio. Añadió que el mecanismo busca que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda ejercer su derecho de adquisición prioritaria en casos muy específicos, como aquellos predios que fueron adjudicados como baldíos o durante procesos de dación en pago.

Según la funcionaria, la circular no introduce nuevas normas, sino que se limita a facilitar la recopilación de información para evitar demoras en los procesos de comercialización. Aseguró que la medida no genera restricciones adicionales para propietarios ni entidades financieras.

“La circular no está interponiendo ninguna norma adicional a la que ya está en la ley y no tiene nada que ver con la expropiación”, enfatizó.

Capacidad de la ANT para responder

En cuanto a las preocupaciones planteadas sobre la capacidad operativa de la ANT, Carvajalino explicó que el mecanismo ofrece garantías para salvar la seguridad jurídica. Por ejemplo, si la agencia no manifiesta interés en un predio en el plazo de 15 días estipulado, el proceso de venta puede continuar de manera normal, sin afectar a los propietarios o a los compradores potenciales.

“Si la Agencia Nacional de Tierras no responde en un plazo de 15 días, ni los propietarios ni los servidores públicos se deben preocupar, simplemente se entiende que la agencia no manifestó interés”, agregó.

Derecho de propiedad

Desde el sector privado, algunas voces cuestionaron si estas directrices podrían complicar los negocios y limitar la libertad de disposición de los predios. No obstante, la ministra desmintió estas afirmaciones, por lo que reiteró que el derecho de propiedad no está siendo vulnerado.

“Cualquier persona puede hacer disposición, uso y goce de sus predios hoy en día, solo que ahora se tendrá como primera opción de venta a la Agencia Nacional de Tierras”, aseguró. Según la funcionaria, este derecho prioritario del Estado fue avalado por la Corte Constitucional, que lo fundamentó como un medio legítimo para prevenir la acumulación excesiva de tierras en pocas manos.

Las bases legales del proceso, según explicó Carvajalino al medio, se encuentran en la Ley 160 de 1994, que establece varias circunstancias en las que el Estado puede intervenir en el mercado de tierras rurales. Estos incluyen terrenos afectados por procesos de reforma agraria, baldíos adjudicados o predios entregados dentro de los últimos 15 años en sistemas parcelarios.

Valor comercial de la tierra

El decreto 033 de 2025 amplía y operativiza estas disposiciones, con lo que se establecen canales de comunicación más rápidos entre las entidades involucradas y los actores del mercado.

De acuerdo con las cifras compartidas, la reforma agraria permitió al Estado la compra de más de 200.000 hectáreas de tierras de manera voluntaria. El esquema busca beneficiar a pequeños agricultores mediante la redistribución de tierras en condiciones legales y financieras claras. “El valor comercial y el pago en efectivo es también para los propietarios un negocio muy importante”, señaló la ministra.

A pesar de los avances reportados, persisten dudas sobre la eficacia, en especial, respecto a la coordinación interinstitucional y el tiempo que toma la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras. Los críticos como el exviceministro de Desarrollo Agropecuario Juan Gonzalo Botero dicen que la falta de agilidad podría ahuyentar inversiones en el sector, una preocupación que el Gobierno intenta contrarrestar al asegurar que la circular no introduzca obstáculos para las transacciones.

El propósito de la reforma agraria

El propósito global de esta reforma agraria, defendido por la ministra, gira en torno a equilibrar la distribución de propiedades rurales para promover mayor equidad y reducir tensiones históricas vinculadas a la concentración de tierras. “Lo que debemos decir aquí es que, frente a esa restricción legal, hoy tenemos un mecanismo que agiliza el proceso. Esto nos permitirá redistribuir tierras para entregarlas a quienes no las tienen o las poseen de manera insuficiente”, afirmó Carvajalino.

En lo inmediato, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro sostienen que no se generó un cambio estructural en la normativa, sino una simplificación de los procedimientos que ya estaban vigentes. Queda por verse si las medidas lograrán su objetivo de acelerar el acceso a tierras redistributivas sin afectar la confianza de los actores privados o el dinamismo en el sector rural.

El Gobierno de Gustavo Petro generó un nuevo escándalo. Esta vez, tiene que ver con la propiedad privada, principalmente, si es una finca. Así lo confirmó, por medio de X, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero, expresidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en pie (Aexgán).

Se trata de la expedición de la circular CIR-2025-000184-4, con la que se notifica a los notarios del país sobre nuevos lineamientos sobre opción privilegiada de compra.

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En el documento, el artículo 2.14.6.4.15, que establece el deber de información para el ejercicio de la opción privilegiada de compra dice que “la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o quien haga sus veces, podrá ejercer la opción privilegiada de compra de los predios que sean aptos para la reforma agraria, en virtud de Ios fines de utilidad pública e interés social previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994 para los programas de dotación de tierras, en las condiciones esenciales, precio y cosa, establecidas en la promesa de compraventa mientras estas no excedan el avalúo comercial del bien inmueble”.

También, puntualiza que “en este caso, la ANT o quien haga sus veces dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la notificación manifestará al titular del derecho de dominio su interés en dar inicio al procedimiento de compra por oferta voluntaria”.

Y apunta que será la Dirección de Ordenamiento Social del Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, o quien haga sus veces, de forma anual informará a la Superintendencia de Notariado y Registro los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como núcleos territoriales para la Reforma Agraria.

Asimismo, que “la ANT, o quien haga sus veces, procederá respecto del alcance y contenido de la UAF aplicable a cada municipio priorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Zarpazo a la propiedad privada

Ante esto, Botero dijo, por medio de X, que es “muy grave”, así como un “zarpazo a la propiedad privada en el país”.

Al respecto, señaló entonces que “la Superintendencia de Notariado y Registro emitió hoy una resolución donde antes de vender una finca se debe informar a la Agencia Nacional de Tierras y esta hará uso de opción de compra preferencial y tiene 15 días para dar respuesta al propietario de la finca”.

Dicha circular aplica, según el documento, para La Guajira, Córdoba y Sucre, departamentos que son ya priorizados, lamentó el exfuncionario. “Este es el primer golpe a la propiedad privada rura. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”, cuestionó Juan Gonzalo Botero.

Gobierno se ‘enloqueció’

Por supuesto, además de Botero, empezaron a verse reacciones en contra de la medida. Por ejemplo, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, se mostró inconforme y señaló que el Gobierno se enloqueció,

“Se enloqueció este Gobierno. Un propietario de tierras decide cuándo vende y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso contra la propiedad privada”, señaló.

Por su parte, el abogado Enrique Herrera Araújo, experto en desarrollo rural, tierras y agro, hizo un análisis profundo de la circular.

Gobierno no genera soluciones, sino problemas

Señaló que este Gobierno, como tantas otras veces, no genera soluciones, sino que crea problemas. Como ejemplos dio el decreto sobre adelantar impuestos del 2026 al 2025, el de retención en la fuente y la resolución de hoy, que son prueba de ello.

Para él, la resolución es impracticable, principalmente, porque la Agencia Nacional de Tierras no tiene la capacidad institucional para dicha tarea. E indicó los siguientes problemas:

• Genera incertidumbre en los negocios jurídicos entre las partes, vendedor y comprador, porque introduce la eventual intromisión de un tercer, la ANT.
• Frena el mercado de tierras y, por ende, la economía rural.
• Demora las transacciones comerciales
• Puede prestarse para el perfilamiento y, por esta vía, a la extorsión, el chantaje y secuestro, si se filtra la información.
• Puede prestarse a la corrupción
• Debe ser ilegal

“En resumen: crea un problema en vez de ser una solución”, finalizó el experto.

Madrid, 24 oct (EFECOM).- El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en agosto fue de 30.676, un 8,8 % más en tasa anual, con lo que suma dos meses al alza, en tanto que el importe medio fue de 145.352 euros, un 5,3 % más que en el mismo mes de 2023, según los datos provisionales publicados este jueves por el INE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 3,30 %.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) disminuyó un 9,4 %.

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,30 % y el plazo medio de 24 años; el 38,7 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 61,3 % a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 3,02 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,51 % para las de tipo fijo.

En cuanto a los cambios en las condiciones del préstamo, el número total de hipotecas que modificaron sus condiciones disminuyó un 11,1 % en agosto en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) aumentaron un 6,2 %, en tanto que las subrogaciones al deudor (cambia el titular) disminuyeron un 63,6 %, y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 78,0 %.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en agosto fueron Cantabria (50,2 %); la Comunidad Valenciana (21,9 %) y Castilla y León (16,3 %).

Por su parte, las que presentaron mayores descensos en sus tasas anuales fueron Canarias, donde bajó un 24,8 %; Aragón, donde se redujo un 7,2 %, y Castilla – La Mancha, con un descenso del 5,8 %. EFECOM