Panamá recibió por primera vez el World of Coffee 2026, una cita que colocó al país como sede de la industria internacional del café y que marcó el debut del evento en América Latina y en una nación productora.

La feria reunió hasta este domingo 25 de octubre a representantes del sector en un contexto en el que la actividad comercial busca también aportar recursos para las comunidades afectadas por el sismo en la península de Azuero y otras regiones.

El World of Coffee Panama 2026 congregó a 300 expositores de 35 países, cafés provenientes de más de 17 orígenes y 60 baristas de distintas partes del mundo. La agenda contempló campeonatos, talleres y conferencias, mientras que los organizadores proyectaban la llegada de 13 mil visitantes.

La organización estuvo a cargo de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), mientras que la realización fue posible tras una alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), formalizada mediante un acuerdo de cooperación en 2023.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, sostuvo que el encuentro posiciona al país como un punto de conexión para el negocio cafetero. “World of Coffee Panama 2026 convierte al país en el punto de encuentro de la industria global del café”, afirmó.

El dirigente señaló que la cita reforzaba la proyección panameña en América Latina, con foco en la calidad de sus cafés y en la innovación vinculada al sector.

Barría Pino también vinculó el movimiento económico previsto por la feria con la situación que atraviesan las comunidades damnificadas por el terremoto.

La Cámara expresó su solidaridad con las personas afectadas y planteó que las regiones donde la actividad puede mantenerse tienen la responsabilidad de sostener el trabajo y la economía.

“Mantener la economía en movimiento también es una forma de contribuir”, expresó el presidente de la CCIAP al referirse a la continuidad de las actividades productivas.

La Cámara anunció que entregará un porcentaje de las ganancias obtenidas con el evento a la Cruz Roja Panameña. La contribución estará destinada a las tareas de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas.

El titular de la CCIAP agregó que Panamá tiene experiencia en la conexión entre mercados y países. A su juicio, la feria refuerza ese papel anfitrión dentro de la cadena mundial del café.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, repasó el proceso que llevó a la caficultura panameña a ganar reconocimiento en los mercados de especialidad.

Koyner recordó que, tres décadas atrás, siete productores de Chiriquí enfrentaban precios bajos y dificultades para competir en volumen frente a los grandes países cafeteros. La respuesta fue unir esfuerzos para promover la calidad de los granos panameños.

Esa decisión derivó en la creación de la Specialty Coffee Association of Panama y, más tarde, en el certamen Best of Panama, que comenzó en 1996 como una instancia para evaluar las fincas participantes.

De acuerdo con el presidente de la asociación, aquella competencia permitió mostrar que las montañas, el clima y los microclimas de Panamá podían producir cafés diferenciados en el mercado internacional.

La SCAP incorporó subastas electrónicas para sus mejores lotes en 2001. Ese mecanismo amplió la exposición de los productores y fortaleció la estrategia de comercialización basada en la calidad.

Koyner también mencionó el descubrimiento del café Geisha por parte de Hacienda La Esmeralda en 2004. El grano alcanzó récords mundiales de precio y modificó las referencias del mercado de especialidad.

La evolución del sector incluyó la incorporación de procesos naturales en 2011. Para Koyner, esos cambios surgieron de una lógica colaborativa entre productores que buscaban diferenciar sus cosechas.

Los caficultores de Costa Rica reciben menos colones por fanega en la cosecha 2025-2026, pese a que el país alcanzó su mayor precio de exportación desde 1973. La diferencia se vincula con la caída del dólar frente a la moneda costarricense.

El efecto tiene una incidencia particular entre los pequeños productores. El 80% de las fincas cafetaleras del país tiene menos de tres hectáreas y sus propietarios trabajan directamente en las plantaciones.

El café costarricense se comercializa en dólares en los mercados externos, mientras que los productores reciben sus pagos en colones. Cuando el tipo de cambio baja, esos ingresos se convierten en un monto menor en moneda local, incluso si las cotizaciones internacionales se sostienen en niveles elevados.

Armando Guerrero, productor de Turrubares y representante de la Asociación de Productores de Café de Turrubares, calculó que los caficultores rurales han dejado de percibir al menos ¢20,000 (USD 44) por fanega.

“Realmente es muy difícil proyectarse”, dijo Guerrero a El Observador. El representante señaló que la actividad se desarrolla día a día y expresó su expectativa de que las condiciones mejoren.

El récord de exportación no se reflejó de igual forma en los pagos

La cosecha 2025-2026 alcanzó el precio de exportación más alto desde 1973, explicó Marco Araya, jefe de estudios económicos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

Entre enero de 2024 y enero de 2025, las cotizaciones internacionales llegaron a USD 440 por quintal en la bolsa de Nueva York. El país exportó café a USD 300 por quintal durante las cosechas 2024-2025 y 2025-2026.

Araya indicó que ese valor superó los registrados en las tres campañas anteriores. Aun así, el aumento de los precios internacionales no se trasladó en la misma proporción a los montos que reciben los productores en colones.

El precio estimado para la campaña actual fue de ¢117,000 (USD 257.40) por fanega. Cinco cosechas antes, el pago había alcanzado ¢132,000 (USD 290.40).

La diferencia entre ambos valores muestra el efecto que puede tener el tipo de cambio sobre los ingresos de las fincas. Los pagos obtenidos por las exportaciones se convierten a moneda local antes de llegar a los productores.

Fernando Naranjo, presidente del Icafé, afirmó que el sector enfrenta esta situación desde hace tres años. Según indicó, los precios internacionales altos han permitido contener parte de la presión sobre los ingresos.

“Históricamente cada 20 años el café sube el precio y tenemos tres años de tener el precio muy bueno”, sostuvo Naranjo ante el medio. El dirigente añadió que esos recursos han ayudado a equilibrar las cuentas, aunque precisó que se trata de ingresos y no necesariamente de utilidades.

La baja del dólar incidió en los ingresos en colones

Al 17 de septiembre, el dólar acumulaba una reducción de ¢249.96 (USD 0.55) frente al máximo registrado en junio de 2022.

Durante 2026, el Mercado de Monedas Extranjeras registró mínimos históricos en al menos 56 sesiones. Esa evolución cambiaria afectó a las actividades que reciben ingresos en dólares y deben afrontar gastos en colones.

Para las fincas cafetaleras, los costos incluyen salarios y cargas sociales. La relación entre esos gastos y el pago por la cosecha incide en la rentabilidad de cada productor.

Naranjo planteó que una caída de los ingresos por debajo de los costos puede afectar el mantenimiento de los cafetales. El presidente del Icafé mencionó que algunos productores podrían reducir el uso de fertilizantes o dedicar menos recursos al control de enfermedades y plagas.

“Si el costo de producción sigue siendo ¢70,000 (USD 154) y recibo ¢60,000 (USD 132), hay algo ahí que no cierra”, afirmó Naranjo ante la publicación.

El dirigente señaló que esa situación puede llevar a que las fincas reciban menos atención. También advirtió que algunos productores podrían dejar el cultivo si los recursos disponibles no alcanzan para cubrir los gastos de producción.

La cosecha de Brasil presionó las cotizaciones del café

Las cotizaciones internacionales descendieron durante 2026 después de los máximos alcanzados en el período anterior. En junio, el precio se aproximó a USD 260 por quintal y luego se mantuvo cerca de USD 280 por quintal.

Araya atribuyó parte de esa baja a la cosecha histórica de Brasil durante el año anterior. La entrada de ese volumen al comercio exterior elevó la oferta disponible y presionó los precios internacionales.

“En este momento ya Brasil está empezando a exportar esa gran cosecha y entonces otra vez hay una presión de los precios a la baja”, indicó el economista a El Observador.

El jefe de estudios económicos del Icafé aclaró que, pese a la reducción, las cotizaciones aún permanecían en niveles altos. La evolución de esos valores y del tipo de cambio seguirá siendo un factor para los ingresos que perciben las familias vinculadas a la producción de café.

La sequía prolongada cambió las perspectivas de la industria camaronera de Honduras. Lo que a comienzos de 2026 se perfilaba como un año de expansión, con un crecimiento proyectado del 32% en la producción, se encamina a cerrar por debajo de las expectativas debido a la escasez de lluvias, el incremento de la salinidad en el Golfo de Fonseca y el menor crecimiento del crustáceo en las fincas de cultivo.

La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) calcula que la producción no alcanzará los niveles previstos inicialmente, pese a que el sector esperaba mejorar sus resultados mediante la tecnificación de las granjas y una temporada seca similar a la del año anterior.

Juan Carlos Javier, presidente de la organización, explicó que las proyecciones formuladas en enero contemplaban un verano que se prolongaría hasta junio. Sin embargo, la falta de precipitaciones se extendió aproximadamente dos meses más de lo esperado, alterando las condiciones de cultivo en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentra la actividad camaronera.

El impacto se refleja tanto en el ritmo de cosecha como en la cantidad de fincas que no pudieron completar su producción. Según Javier, 214 establecimientos quedaron sin cosechar debido a la sequía, mientras que el sector calcula una reducción de 13 millones de libras frente a la meta de producción ajustada para este año.

Proyecciones distintas

Las proyecciones iniciales de la industria apuntaban a una cosecha de 159 millones de libras de camarón para 2026, frente a los 120,5 millones registrados en 2025. Ese objetivo suponía un incremento de 38,5 millones de libras, equivalente a un crecimiento aproximado del 32%.

La expectativa se apoyaba en dos factores: condiciones climáticas consideradas favorables y avances en la tecnificación de las fincas, que permiten incrementar la producción por hectárea.

No obstante, el escenario cambió con la prolongación del período seco. ANDAH ajustó su previsión a 146 millones de libras, una reducción de 13 millones respecto a la meta original.

Incluso con ese objetivo revisado, el resultado dependerá de cuánto logre recuperarse la producción durante los meses restantes del año. El sector no establece todavía cuál será la cosecha definitiva de 2026.

Las cifras acumuladas muestran una desaceleración en el crecimiento de la cosecha. Entre enero y agosto de 2025, la producción alcanzó 76 millones de libras, mientras que en el mismo período de 2026 llegó a 78,7 millones.

El crecimiento acumulado contrasta con el aumento del 32% que la industria había proyectado para el conjunto de 2026. Aunque la comparación entre ocho meses y un año completo no permite determinar por sí sola el resultado final, sí muestra que el ritmo de producción hasta agosto estaba por debajo de las expectativas iniciales.

La evolución también difiere de la registrada entre 2024 y 2025. Durante ese período, la cosecha pasó de 107,4 millones a 120,5 millones de libras, un aumento de 13,1 millones de libras equivalente al 12,2%.

La industria también esperaba incrementar su rendimiento mediante mejoras tecnológicas que permitieran obtener más libras por hectárea. Sin embargo, esos avances no fueron suficientes para compensar el efecto de la sequía sobre la producción.

A este escenario se suma el cierre de 214 fincas que no pudieron cosechar, según los datos expuestos por el presidente de la asociación. El sector no ha detallado cuántas libras dejaron de producir esos establecimientos ni cuánto representa su cierre en términos de ingresos y empleo.

Mercado europeo

Las exportaciones destinadas al mercado de Europa aumentaron de 16,3 millones de libras entre enero y agosto de 2025 a 19,1 millones durante el mismo período de 2026. El incremento fue de 2,8 millones de libras, equivalente a aproximadamente un 17,2%.

La industria camaronera hondureña afronta el tramo final de 2026 con una meta de 146 millones de libras, inferior a los 159 millones previstos originalmente. La diferencia refleja el efecto que la prolongación de la sequía tuvo sobre las expectativas de los productores.

Mientras tanto, el aumento de los envíos a Europa ayudó a sostener las exportaciones, aunque todavía no se dispone de un balance final que permita conocer la producción anual, las pérdidas asociadas a la sequía y los ingresos obtenidos por las ventas al exterior.

A pesar de que han pasado décadas desde que se registró la caída del imperio del cartel de Medellín y las células criminales que nacieron tras la muerte de Pablo Escobar, principalmente las estructuras narcoparamilitares que se ubicaron en Antioquia, siguen las dudas sobre qué pasó con los predios de los principales capos de la época.

Al respecto, El Espectador publicó un informe en el que mencionó ocho expedientes relacionados con disputas por fincas y otro tipo de predios en Antioquia, Córdoba y Boyacá que deberían ser entregados a víctimas del conflicto interno.

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Entre las figuras del crimen organizado que son mencionadas está Diego Fernando Murillo “Don Berna”, Ramiro “Cuco” Vanoy, Luis Hernando Gómez Bustamante “Rasguño” y Henry de Jesús Pérez, además de un antiguo socio de Pablo Escobar.

Además de mencionar la importancia de los sujetos que ayudaron a consolidar a las AUC en la región, se destaca que los predios superarían el área de más de 3.000 canchas de fútbol y están en poder del Fondo de Reparación de Víctimas.

Entre las historias más destacadas está la de los predios de La Molinera y Las Margaritas, en el municipio de Turbo, que sería de “Cuco” Vanoy, pero en la tradición de los predios se menciona a Ramiro Arturo Correa Arroyave, que es señalado en informes oficiales como socio de Pablo Escobar.

Debido a las transacciones que se hicieron en torno a los predios, se especula con que estas compras serían parte de una estrategia para que actores del conflicto se queden con los terrenos.

En otro de los casos se menciona que en el municipio de Tierralta, Córdoba, hay una propiedad de más de 900 hectáreas que fue decomisada en 2009, y que ha sido vinculada con “Don Berna”, que fue el líder de La Oficina de Envigado.

Exparamilitares han narrado cómo eran las reuniones entre “Don Berna” y Salvatore Mancuso en la propiedad que actualmente está a nombre de la sociedad Agromedellín S.A.S., en una transacción que habría superado los 700 millones de pesos.

A pesar de que el Tribunal Superior de Medellín ordenó que la propiedad no sea devuelta a la sociedad mencionada, el proceso está siendo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, que será la que tome la decisión final.

Entre las propiedades mencionadas también figura la finca Villa Inés, ubicada en Puerto Boyacá, que fue de Henry de Jesús Pérez, fundador del bloque de las AUC en la región y que tuvo hasta a 7.000 hombres siguiendo sus órdenes.

Este lugar está siendo disputado por la esposa de Pérez, que argumenta que la adquirió con sus recursos de manera legal y asegura que allí no se registró ningún tipo de crimen.

La decisión del tribunal que tomó el caso ha sido mantener la finca en poder del Estado, argumentando que la pareja del ex jefe paramilitar no tiene pruebas para confirmar que la propiedad fue comprada con dinero legal

Por último, se destaca lo registrado en Puerto Hongo, finca ubicada en Montería que fue relacionada con “El Alemán” y “Don Mario”, figuras destacadas del auge del narcotráfico y el paramilitarismo en la región.

La propiedad fue decomisada en 2021 y actualmente está siendo reclamada por la sociedad Inversiones Vega Lacharme, que es de un reconocido ganadero de la zona y asegura que compró el inmueble de manera legal.

Hasta el momento, el tribunal ha mantenido su decisión de no devolver la finca e indicó que el demandante no realizó verificaciones sobre los antecedentes del predio y las personas involucradas en hechos claves dentro del conflicto interno del país.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la orden de desahucio contra un vecino que negó en todo momento haber okupado una finca perteneciente a una comunidad hereditaria. El tribunal, sin embargo, considera acreditado que el hombre trasladó allí sus pertenencias y vehículos tras haber sido expulsado de otro terreno próximo, y rechaza por completo su recurso de apelación.

La sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso Infobae España, respalda la decisión adoptada meses antes por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pontevedra, que ya había estimado la demanda presentada por Susana, representante de la comunidad hereditaria de su madre, Tamara. El juzgado concluyó entonces que el demandado, Humberto, okupaba de manera indebida el terreno y debía desalojarlo. Ahora, la Audiencia corrobora tanto el razonamiento como el fallo.

La disputa se originó cuando Humberto fue obligado a abandonar, en 2024, una finca propiedad de unos vecinos apellidados Eleuterio. Según la demanda de la heredera, una vez desalojado de ese primer terreno, el hombre habría decidido trasladar sus objetos y vehículos a la finca colindante, perteneciente a la comunidad hereditaria de Susana. En su denuncia, afirmaba que la nueva okupación dificultaba el uso del terreno y se había realizado sin autorización alguna.

Humberto negó rotundamente esta acusación. Aseguró ante el juzgado que, tras ser expulsado del primer terreno, él y su familia se marcharon a la zona de Salcedo y que no volvieron a okupar ninguna otra finca. Insistió en que las fotografías aportadas por la demandante no correspondían al terreno heredado y que las imágenes de sus vehículos se habían tomado cuando aún vivía en la finca de los Eleuterio.

Para respaldar su versión, propuso como único testigo a su hijo, Julio. Este declaró que, cuando abandonaron la primera finca, quienes permanecieron allí fueron tres familias portuguesas. No pudo, sin embargo, aportar más información relevante.

La versión de la familia heredera se apoyaba en otro testigo: Juan Carlos, un detective privado que, según declaró, tomó fotografías del terreno en mayo de 2024, aproximadamente un mes después de que Humberto afirmara haberse marchado a Salcedo. En dichas imágenes aparecían varios vehículos que él mismo reconoció en el juicio como propios.

Las fotografías, clave para el tribunal

El recurso de Humberto se centraba en cuestionar la validez y la interpretación de esas imágenes. Alegó que el juzgado había dado por buena la declaración del detective sin que este acreditara adecuadamente su condición profesional; que no existía garantía de la fecha de las fotos; y que algunas imágenes correspondían a la finca de su anterior desalojo, no a la finca hereditaria.

También argumentó que una de las fotografías mostraba una caravana, un remolque de feria y otros elementos que, según él, pertenecían al terreno del que había sido expulsado en 2022, y no al de la heredera. Añadió incluso que un pequeño puente de piedra impediría el paso de vehículos pesados hasta la finca litigiosa, por lo que las imágenes no podían corresponder a ese lugar.

La Audiencia rechaza estos argumentos y afirma que el juzgado actuó correctamente. En su sentencia recuerda que fue el propio Humberto quien reconoció en sala que los vehículos fotografiados eran suyos y que estaban situados “al otro lado del puente”, lo cual —según los magistrados— refuerza la conclusión de que las imágenes pertenecen efectivamente a la finca hereditaria.

Los jueces también descartan la supuesta imposibilidad de que los vehículos accedieran por el puente. Consideran que se trata de una afirmación sin respaldo técnico ni prueba alguna y que, en todo caso, la presencia de los coches dentro del terreno evidencia que sí pudieron acceder.

Respecto a la fotografía que, según la defensa, habría confundido al juzgado, la Audiencia aclara que no hay error: la propia parte actora reconoció desde el principio que esa imagen correspondía al terreno anterior del demandado y que no se utilizó como prueba de okupación de la finca que ahora se discute.

La Audiencia descarta inversión de la carga de la prueba

En su recurso, Humberto sostenía también que el juzgado había invertido indebidamente la carga de la prueba, exigiéndole demostrar que no estaba okupando la finca. La Audiencia Provincial rechaza esta interpretación y recuerda que el juzgado no basó su decisión en la falta de pruebas, sino ―al contrario― en la existencia de pruebas suficientes para acreditar la okupación: fotografías, testimonio del detective y reconocimiento del propio apelante.

Los magistrados explican que la regla de la carga de la prueba solo entra en juego cuando no existe evidencia sobre hechos relevantes. Como en este caso sí la hay, no puede hablarse de inversión indebida. Añaden que la valoración realizada por el juzgado es “coherente” y “razonable”, y que no se aprecia error alguno.

La Policía expuso que grupos armados ilegales han ejecutado una presión ejercida en la zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia, una acción que ha provocado el desplazamiento forzado de 1.985 personas, pertenecientes a 951 familias, según el más reciente censo.

La situación afecta de manera directa a los corregimientos de Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo, donde la inseguridad ha obligado a los habitantes a abandonar sus hogares y buscar refugio en el casco urbano municipal.

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El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que la labor de la institución en este contexto se centra en el acompañamiento a las comunidades afectadas, dado que la problemática de seguridad se concentra en la zona rural. El oficial señaló que las investigaciones sobre los hechos ya se encuentran avanzadas y que se ha identificado a los responsables de las intimidaciones.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Rico Guzmán recogidas por Caracol Radio, la intimidación y el desplazamiento han sido impulsados por el Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, bajo el liderazgo de alias Chejo. El comandante detalló que este cabecilla, junto con alias Primo Gay, ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo que solo una persona permanezca en cada vivienda o finca, especialmente en aquellos casos donde sea necesario cuidar animales o realizar labores como el ordeño.

“Obedece a un constreñimiento direccionado por parte del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, como cabecilla de alias ‘Chejo’, uno de los cabecillas que están impulsando esta movilización, que ha sido un constreñimiento por alias ‘Primo Gay’, que ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo solamente en algunas viviendas, algunas fincas, una sola persona, y quien no vaya puede pagar una multa; eso ya lo tenemos decantado. La actividad de investigación criminal será direccionada hacia este cabecilla y al cabecilla general de esta estructura criminal”, expuso el alto oficial a la citada emisora.

Caracol Radio tuvo acceso a un audio enviado a las comunidades, en el que un presunto integrante de las disidencias del Frente 36 detalla las instrucciones para los campesinos y advierte sobre las consecuencias de no acatar las órdenes.

“Que quede una persona por casa, donde tengan animalitos que cuidar, si tienen que ordeñar, cositas así, una persona por casa. El transporte la alcaldía lo va a suministrar. Tenga en cuenta para que le diga a la comunidad que el que no se vaya, no se desplace, entonces se le va a cobrar una multa, o, entonces, nosotros lo vamos a desplazar, pues, ya definitivamente”, se escucha en el mensaje, según citó la emisora en cuestión.

Las autoridades han identificado que la estrategia de la guerrilla busca provocar el desplazamiento de tropas del ejército hacia el territorio en disputa, con el objetivo de frenar el avance del grupo criminal Clan del Golfo. Esta maniobra evidencia la complejidad del conflicto en la región y la instrumentalización de la población civil en la pugna entre organizaciones armadas ilegales.

La millonaria recompensa por ‘Chejo’, principal responsable del atentado al helicóptero policial en Amalfi

El ataque a un helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, ubicada en la zona rural de Amalfi, fue perpetrado el jueves 21 de agosto mediante el uso de explosivos. El hecho resultó en la muerte de 13 uniformados y fue asociado a alias Chejo, cabecilla de la disidencia de ‘Calarcá’.

Ante la gravedad del atentado, el Gobierno colombiano anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y captura del cabecilla criminal. El anuncio fue comunicado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras una reunión de seguridad celebrada en la base aérea de Rionegro.

El objetivo de la recompensa, según el Gobierno, es incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la persecución de los responsables directos del atentado. Según lo informado por el ministro, las autoridades buscan no solo capturar a los autores materiales, sino también identificar y desarticular las estructuras armadas que continúan representando una amenaza para la tranquilidad de la población civil en Antioquia.

Una circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) el 27 de mayo de 2025 puso en el centro del debate público la implementación de mecanismos para la reforma agraria en Colombia. La medida, que aplica lo dispuesto en el decreto 033 de 2025, tiene como objetivo principal facilitar la compra de tierras destinadas a redistribuir predios agrícolas. La normativa suscitó preocupaciones entre sectores críticos, que señalan una posible afectación de la propiedad privada.

Según el Gobierno, no se trata de una iniciativa para expropiar terrenos, sino de una herramienta que garantiza el acceso del Estado a ciertos predios bajo un esquema legal preexistente. Al respecto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la circular se fundamenta en disposiciones vigentes desde hace décadas.

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“Lo que está haciendo la Superintendencia es cumplir un mandato para garantizar el deber de información sobre la enajenación de predios, principalmente donde estamos focalizando la reforma agraria”, dijo la funcionaria a WRadio. Añadió que el mecanismo busca que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda ejercer su derecho de adquisición prioritaria en casos muy específicos, como aquellos predios que fueron adjudicados como baldíos o durante procesos de dación en pago.

Según la funcionaria, la circular no introduce nuevas normas, sino que se limita a facilitar la recopilación de información para evitar demoras en los procesos de comercialización. Aseguró que la medida no genera restricciones adicionales para propietarios ni entidades financieras.

“La circular no está interponiendo ninguna norma adicional a la que ya está en la ley y no tiene nada que ver con la expropiación”, enfatizó.

Capacidad de la ANT para responder

En cuanto a las preocupaciones planteadas sobre la capacidad operativa de la ANT, Carvajalino explicó que el mecanismo ofrece garantías para salvar la seguridad jurídica. Por ejemplo, si la agencia no manifiesta interés en un predio en el plazo de 15 días estipulado, el proceso de venta puede continuar de manera normal, sin afectar a los propietarios o a los compradores potenciales.

“Si la Agencia Nacional de Tierras no responde en un plazo de 15 días, ni los propietarios ni los servidores públicos se deben preocupar, simplemente se entiende que la agencia no manifestó interés”, agregó.

Derecho de propiedad

Desde el sector privado, algunas voces cuestionaron si estas directrices podrían complicar los negocios y limitar la libertad de disposición de los predios. No obstante, la ministra desmintió estas afirmaciones, por lo que reiteró que el derecho de propiedad no está siendo vulnerado.

“Cualquier persona puede hacer disposición, uso y goce de sus predios hoy en día, solo que ahora se tendrá como primera opción de venta a la Agencia Nacional de Tierras”, aseguró. Según la funcionaria, este derecho prioritario del Estado fue avalado por la Corte Constitucional, que lo fundamentó como un medio legítimo para prevenir la acumulación excesiva de tierras en pocas manos.

Las bases legales del proceso, según explicó Carvajalino al medio, se encuentran en la Ley 160 de 1994, que establece varias circunstancias en las que el Estado puede intervenir en el mercado de tierras rurales. Estos incluyen terrenos afectados por procesos de reforma agraria, baldíos adjudicados o predios entregados dentro de los últimos 15 años en sistemas parcelarios.

Valor comercial de la tierra

El decreto 033 de 2025 amplía y operativiza estas disposiciones, con lo que se establecen canales de comunicación más rápidos entre las entidades involucradas y los actores del mercado.

De acuerdo con las cifras compartidas, la reforma agraria permitió al Estado la compra de más de 200.000 hectáreas de tierras de manera voluntaria. El esquema busca beneficiar a pequeños agricultores mediante la redistribución de tierras en condiciones legales y financieras claras. “El valor comercial y el pago en efectivo es también para los propietarios un negocio muy importante”, señaló la ministra.

A pesar de los avances reportados, persisten dudas sobre la eficacia, en especial, respecto a la coordinación interinstitucional y el tiempo que toma la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras. Los críticos como el exviceministro de Desarrollo Agropecuario Juan Gonzalo Botero dicen que la falta de agilidad podría ahuyentar inversiones en el sector, una preocupación que el Gobierno intenta contrarrestar al asegurar que la circular no introduzca obstáculos para las transacciones.

El propósito de la reforma agraria

El propósito global de esta reforma agraria, defendido por la ministra, gira en torno a equilibrar la distribución de propiedades rurales para promover mayor equidad y reducir tensiones históricas vinculadas a la concentración de tierras. “Lo que debemos decir aquí es que, frente a esa restricción legal, hoy tenemos un mecanismo que agiliza el proceso. Esto nos permitirá redistribuir tierras para entregarlas a quienes no las tienen o las poseen de manera insuficiente”, afirmó Carvajalino.

En lo inmediato, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro sostienen que no se generó un cambio estructural en la normativa, sino una simplificación de los procedimientos que ya estaban vigentes. Queda por verse si las medidas lograrán su objetivo de acelerar el acceso a tierras redistributivas sin afectar la confianza de los actores privados o el dinamismo en el sector rural.

El Gobierno de Gustavo Petro generó un nuevo escándalo. Esta vez, tiene que ver con la propiedad privada, principalmente, si es una finca. Así lo confirmó, por medio de X, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero, expresidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en pie (Aexgán).

Se trata de la expedición de la circular CIR-2025-000184-4, con la que se notifica a los notarios del país sobre nuevos lineamientos sobre opción privilegiada de compra.

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En el documento, el artículo 2.14.6.4.15, que establece el deber de información para el ejercicio de la opción privilegiada de compra dice que “la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o quien haga sus veces, podrá ejercer la opción privilegiada de compra de los predios que sean aptos para la reforma agraria, en virtud de Ios fines de utilidad pública e interés social previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994 para los programas de dotación de tierras, en las condiciones esenciales, precio y cosa, establecidas en la promesa de compraventa mientras estas no excedan el avalúo comercial del bien inmueble”.

También, puntualiza que “en este caso, la ANT o quien haga sus veces dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la notificación manifestará al titular del derecho de dominio su interés en dar inicio al procedimiento de compra por oferta voluntaria”.

Y apunta que será la Dirección de Ordenamiento Social del Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, o quien haga sus veces, de forma anual informará a la Superintendencia de Notariado y Registro los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como núcleos territoriales para la Reforma Agraria.

Asimismo, que “la ANT, o quien haga sus veces, procederá respecto del alcance y contenido de la UAF aplicable a cada municipio priorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Zarpazo a la propiedad privada

Ante esto, Botero dijo, por medio de X, que es “muy grave”, así como un “zarpazo a la propiedad privada en el país”.

Al respecto, señaló entonces que “la Superintendencia de Notariado y Registro emitió hoy una resolución donde antes de vender una finca se debe informar a la Agencia Nacional de Tierras y esta hará uso de opción de compra preferencial y tiene 15 días para dar respuesta al propietario de la finca”.

Dicha circular aplica, según el documento, para La Guajira, Córdoba y Sucre, departamentos que son ya priorizados, lamentó el exfuncionario. “Este es el primer golpe a la propiedad privada rura. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”, cuestionó Juan Gonzalo Botero.

Gobierno se ‘enloqueció’

Por supuesto, además de Botero, empezaron a verse reacciones en contra de la medida. Por ejemplo, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, se mostró inconforme y señaló que el Gobierno se enloqueció,

“Se enloqueció este Gobierno. Un propietario de tierras decide cuándo vende y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso contra la propiedad privada”, señaló.

Por su parte, el abogado Enrique Herrera Araújo, experto en desarrollo rural, tierras y agro, hizo un análisis profundo de la circular.

Gobierno no genera soluciones, sino problemas

Señaló que este Gobierno, como tantas otras veces, no genera soluciones, sino que crea problemas. Como ejemplos dio el decreto sobre adelantar impuestos del 2026 al 2025, el de retención en la fuente y la resolución de hoy, que son prueba de ello.

Para él, la resolución es impracticable, principalmente, porque la Agencia Nacional de Tierras no tiene la capacidad institucional para dicha tarea. E indicó los siguientes problemas:

• Genera incertidumbre en los negocios jurídicos entre las partes, vendedor y comprador, porque introduce la eventual intromisión de un tercer, la ANT.
• Frena el mercado de tierras y, por ende, la economía rural.
• Demora las transacciones comerciales
• Puede prestarse para el perfilamiento y, por esta vía, a la extorsión, el chantaje y secuestro, si se filtra la información.
• Puede prestarse a la corrupción
• Debe ser ilegal

“En resumen: crea un problema en vez de ser una solución”, finalizó el experto.