La Presidencia de Paraguay comunicó que el presidente Santiago Peña realizará su primera visita oficial a Filipinas entre el 10 y 12 de mayo. Este viaje forma parte del proceso de fortalecimiento de lazos diplomáticos y económicos iniciado a finales del año pasado entre ambos países.

El Ejecutivo informó al Congreso sobre el viaje, precisando que la visita a Manila se concretará tras una gira de trabajo en Taiwán, programada entre el 6 y el 10 de mayo, tal como lo anunció el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia en Asunción, Javier Giménez.

En la notificación oficial se aclara: “Se aclara a todos los efectos que si bien las respectivas propuestas de agenda ya se encuentran cerradas, las mismas podrían sufrir ajustes dentro de las fechas mencionadas por razones imprevistas, en cuyo caso ello será debidamente comunicado”.

Las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Filipinas datan de diciembre de 1962. No existen registros de visitas oficiales previas de un mandatario paraguayo al país del sudeste asiático, pese a la antigüedad de los vínculos bilaterales.

En septiembre del año pasado, los cancilleres Rubén Ramírez (Paraguay) y Theresa Lazaro (Filipinas) se reunieron durante la Asamblea General de Naciones Unidas y acordaron establecer “un mecanismo de consulta política, impulsar el intercambio comercial, agroindustrial y logístico, y profundizar la colaboración en seguridad y defensa”, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.

De acuerdo con medios locales, el viaje de Peña a Filipinas será el número 66 desde que asumió la presidencia en agosto de 2023.

Paraguay reafirmará su alianza con Taiwán con la tercera visita oficial de Santiago Peña

En otro orden, el Gobierno de Paraguay había informado esta semana que el presidente Santiago Peña realizará la próxima semana su tercera visita oficial a Taiwán, con una agenda enfocada en asuntos diplomáticos y económicos. El viaje busca reafirmar una alianza bilateral establecida en 1957.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, declaró en una entrevista con Radio Monumental que Peña permanecerá al menos cuatro días en Taiwán.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán. Esta situación ocurre en un contexto donde las presiones diplomáticas de China han reducido el número de aliados oficiales de Taipéi.

El Gobierno de Peña ha sostenido en diversas ocasiones que el vínculo con Taipéi se basa en “valores compartidos”.

Una réplica de tamaño real de un galeón español se alza frente a la bahía de Manila, pieza central de un museo que transportará a los visitantes al siglo XVII, cuando marineros filipinos reclutados a la fuerza impulsaron la era de la globalización.

Este archipiélago asiático fue por más de tres siglos (1565-1898) una colonia de España que estuvo conectada por una prolífica ruta trasatlántica con el puerto mexicano de Acapulco.

Por allí, además de bienes y tesoros, imponentes embarcaciones transportaron un profundo legado cultural, lingüístico y religioso que hoy persiste, eso sí, a cambio de un elevado precio humano, según los historiadores.

El Museo del Galeón, centrado en el buque “Espíritu Santo”, pretende contar 250 años de historia de esa vía comercial, desde la perspectiva de los filipinos que tuvieron que construir y tripular esos enormes barcos.

“Esta es una tierra con una gran tradición marítima, pero a menudo bajo condiciones inhumanas y degradantes”, explicó a el director del centro, Manuel Quezon.

“Es una historia que no dudamos en contar”, enfatizó.

Construido con trabajo forzado en 1603, el “Espíritu Santo” fue uno de los 181 barcos que realizaron cientos de viajes de 1565 a 1815 entre Manila y México, desde donde se gestionaban las islas.

Las condiciones eran tan duras que, según expertos, uno de cada tres tripulantes moría.

“Fue el primer comercio global, conectando tres continentes”, detalló Francis Navarro, jefe de archivos de la Universidad Ateneo de Manila.

Bosques y familias devastadas

Navegando hacia el oeste por el Pacífico durante tres meses, los galeones transportaban monedas de plata desde las colonias americanas de España hasta Filipinas.

Allí se intercambiaban por artículos de lujo, como seda, porcelana y jade de China, incluido el famoso mantón de Manila, prenda símbolo de la cultura española.

El viaje de regreso podía durar hasta un año, con la carga atravesando luego México en mulas antes de dirigirse a España, completando así un circuito comercial entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Los galeones transportaban más que plata a Filipinas. Llevaron ideas, enfermedades, alimentos, religión, moda y mucho más: elementos que “nos hicieron quienes somos”, según Quezon.

Pero este comercio colonial también devastó los bosques locales y desorganizó comunidades enteras, ya que los hombres aptos debían ofrecer 40 días de servicio no remunerado para talar árboles y construir barcos bajo supervisión española.

Otros eran obligados a servir como marineros por hasta 10 años.

Apretados dentro de embarcaciones sobrecargadas con el valioso cargamento, los tripulantes sobrevivían con una dieta miserable que provocaba graves enfermedades.

“Había una tasa de mortalidad asombrosa de alrededor del 30% por viaje”, indicó Quezon.

En algunas zonas donde se construían los galeones se produjeron rebeliones sangrientas, añadió Navarro.

Este comercio intercontinental solo terminó con la lucha de México por su independencia de España.

Las rutas dejaron además decenas de buques naufragados en diferentes aguas, lo que ha provocado pugnas internacionales sobre la propiedad de las reliquias y sus riquezas.

A finales de 2025, Colombia dio a conocer los primeros objetos recuperados del galeón “San José”, hundido en el siglo XVIII con un tesoro incalculable que España y una comunidad indígena boliviana reclamaban como propio.

Rellenar vacíos

En Filipinas, catorce años después de su concepción y a partir del 1 de mayo, los visitantes podrán recorrer las cubiertas del “Espíritu Santo”, inmersos en una gigantesca pantalla LED que mostrará cielos nocturnos estrellados.

Artefactos de los viajes decoran el interior, incluida parte de una tumba china que sirvió de contrapeso en la bodega del barco original.

“Con este museo rellenamos vacíos”, comentó Quezon durante una visita previa a la apertura. “Queremos que el niño que entre aquí se dé cuenta de que muchas de las cosas que da por sentadas tienen historias absolutamente fascinantes detrás”.

La financiación del proyecto, valorado en unos 16,5 millones de dólares, provino de las familias más ricas de Filipinas, después de que fracasaran intentos de obtener apoyo gubernamental y de un multimillonario mexicano.

El “Espíritu Santo” es una maravilla de la ingeniería moderna, pero nunca zarpará.

Al inicio del proyecto, Quezon —historiador y nieto de un expresidente— descubrió con desilusión que las especies de madera dura y resistentes al agua utilizadas en los galeones habían desaparecido.

Un buque de madera del tamaño del “Espíritu Santo” habría requerido 800 árboles, que hoy solo podrían encontrarse en bosques de Birmania, detalló.

Aunque la representación del museo es fiel en diseño y dimensiones, fue construida con fibra de vidrio y otros materiales sintéticos.

Fuente: AFP

Estados Unidos y Filipinas iniciaron el lunes uno de sus mayores ejercicios de combate conjuntos, en una nueva demostración de fuerza militar en Asia destinada a reforzar la disuasión frente a la creciente tensión regional. Las maniobras, denominadas Balikatan, reunirán a más de 17.000 militares durante casi tres semanas e incluirán simulacros de batalla y ejercicios con fuego real en zonas próximas al mar de China Meridional y al estrecho de Taiwán.

El operativo militar, cuyo nombre significa “hombro con hombro” en tagalo, incorporará este año la participación plena de Japón y Canadá, luego de que ambos países firmaran acuerdos de fuerzas visitantes con Manila, según informó el ejército filipino. Cerca de 10.000 efectivos estadounidenses tomarán parte en las maniobras, en un despliegue que funcionarios de Washington presentaron como una señal concreta del compromiso de Estados Unidos con la región del Indopacífico.

“Independientemente de los desafíos en otras partes del mundo, el enfoque de Estados Unidos en el Indopacífico y nuestro compromiso inquebrantable con Filipinas se mantiene firme”, afirmó el teniente general de la Infantería de Marina Christian Wortman durante la ceremonia de apertura.

El inicio de los ejercicios coincide con un contexto de alta tensión en Asia, especialmente por las disputas territoriales en el mar de China Meridional, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. En esas aguas también mantienen reclamos Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, aunque en los últimos años los incidentes aumentaron de manera particular entre embarcaciones chinas y filipinas.

Desde Manila, las autoridades militares insistieron en que las maniobras no están dirigidas contra ningún país en particular. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas, el general Romeo Brawner, remarcó el objetivo estratégico del operativo. “Seguimos guiados por un compromiso compartido de defender el derecho internacional, respetar la soberanía y contribuir a un Indopacífico libre y abierto donde las naciones puedan prosperar sin coerción”, sostuvo.

Brawner también señaló que los ejercicios multinacionales fortalecen la capacidad de disuasión y la resiliencia frente a eventuales agresiones en la región, en un mensaje que se produce tras repetidos choques entre fuerzas filipinas y unidades de la Marina y la Guardia Costera chinas.

El régimen chino cuestionó el despliegue y advirtió sobre el impacto de la presencia de fuerzas externas en Asia-Pacífico. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que la incorporación de contingentes extranjeros podría agravar la situación regional.

“El unilateralismo y la intimidación militar ya han generado profundos desastres al mundo”, afirmó el funcionario. “Lo que la región de Asia-Pacífico necesita más es paz y estabilidad, y lo que menos necesita es la introducción de fuerzas externas para crear división y confrontación”.

Durante el ejercicio, Japón desplegará 1.400 efectivos, su mayor contingente desde que participó previamente como observador. Según detalló el coronel de la Infantería de Marina filipina Dennis Hernandez, tropas japonesas dispararán misiles desde una zona costera de la provincia de Ilocos Norte contra un buque enemigo simulado ubicado a unos 40 kilómetros de distancia, en las periferias del mar de China Meridional.

Tras esa primera fase, fuerzas estadounidenses utilizarán un dron marino cargado con explosivos para continuar el ataque contra el objetivo naval, de acuerdo con la misma fuente.

Washington reiteró en varias ocasiones que su tratado de defensa con Filipinas continúa plenamente vigente y que Estados Unidos está obligado a responder en caso de un ataque armado contra fuerzas filipinas en aguas en disputa. Esa posición ya había sido expresada durante la visita a Manila del entonces secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

“Los amigos necesitan estar hombro con hombro para disuadir el conflicto, para garantizar que haya libre navegación, ya sea que lo llamen mar de China Meridional o mar de Filipinas Occidental”, declaró Hegseth ante el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

(Con información de Associated Press)

El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que no renovará la licencia que permitía la venta temporal de crudo ruso, una medida adoptada para aliviar las tensiones en los precios internacionales tras el inicio del conflicto en Medio Oriente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que la excepción, que permitía comercializar cargamentos de petróleo ruso embarcados antes del 11 de marzo, expiró el pasado sábado y no será prorrogada.

La decisión implica el regreso a un régimen estricto de sanciones sobre los envíos de petróleo ruso, en un momento en que la interrupción del tráfico habitual a través del estrecho de Ormuz ha provocado un alza de más del 30% en los precios globales del crudo.

El barril se sitúa en torno a los 95 dólares, mientras países asiáticos como India y Filipinas habían solicitado a Washington una prórroga de la exención, sin éxito.

Bessent explicó en una conferencia en la Casa Blanca que la licencia temporal había permitido colocar en el mercado internacional barriles que ya estaban en tránsito y que, de otro modo, habrían generado ganancias adicionales para Rusia en un escenario de precios aún más elevados.

“No sabemos con precisión cuánto dinero llegó a manos rusas por la exención, pero si el precio del barril hubiera alcanzado los 150 dólares, el beneficio habría sido mucho mayor”, declaró.

“Conseguimos situar ese suministro entre nuestros aliados y con ello logramos reducir la presión sobre el precio del petróleo”, agregó.

El secretario del Tesoro señaló que las licencias generales para la venta de crudo ruso e iraní tenían un carácter excepcional y que ahora la prioridad es mantener el régimen de sanciones y el control sobre el flujo de petróleo desde los países sancionados.

“No se renovará la licencia general para el petróleo ruso, ni la del petróleo iraní”, reiteró Bessent, aclarando que en el caso del crudo iraní la exención caducará este domingo.

La presión de Estados Unidos sobre los mercados de energía se refuerza con el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo naval en el golfo Pérsico. La administración ha advertido que cualquier intento de eludir las restricciones, ya sea mediante transferencias entre buques o triangulación de cargamentos, será objeto de vigilancia y posibles castigos adicionales.

En las últimas semanas, la Casa Blanca también concedió licencias limitadas para el crudo iraní que ya se encontraba en tránsito marítimo antes del 20 de marzo, con el objetivo de evitar un corte súbito en el suministro global. Esa exención, según Bessent, permitió que unos 140 millones de barriles llegaran al mercado internacional, ayudando a mitigar el impacto inicial del conflicto. No obstante, con la expiración de ambas medidas, Washington busca enviar una señal clara de que la relajación temporal de sanciones no se repetirá.

La decisión de no renovar la autorización para el petróleo ruso fue adoptada pese a la presión de varios países importadores de Asia. India, en particular, había solicitado a Estados Unidos que garantizara la seguridad y la apertura del estrecho de Ormuz, subrayando la importancia de un flujo estable de energía para las economías del sudeste asiático.

El fin de las exenciones temporales marca un nuevo endurecimiento del enfoque estadounidense hacia Moscú y Teherán, en un contexto de incertidumbre creciente y volatilidad en los mercados globales de hidrocarburos. El Tesoro estadounidense subrayó que cualquier futura autorización será puntual y estará sujeta a criterios estrictos, reiterando que el objetivo es limitar al máximo los ingresos energéticos de los países sancionados.

(Con información de EFE y AFP)

Más de 17.000 militares estadounidenses y filipinos participarán en uno de sus mayores ejercicios de combate anuales en Filipinas, lo que subraya el firme compromiso de Estados Unidos con Asia a pesar de su preocupación por Oriente Medio, según declaró el martes un funcionario militar estadounidense.

Durante las maniobras denominadas Balikatan, que tendrán lugar del 20 de abril al 8 de mayo, las fuerzas japonesas dispararán un misil en un ejercicio de hundimiento de buques en aguas del noroeste de Filipinas, frente al disputado Mar de China Meridional. El jefe de defensa de Japón ha sido invitado a presenciar el ejercicio con fuego real, según informaron fuentes militares filipinas.

Según informó el ejército filipino, las maniobras de combate a gran escala entre Estados Unidos y Filipinas, aliados desde hace mucho tiempo por tratado, se ampliarán este año para incluir a otras fuerzas amigas, como las de Japón, Francia y Canadá, que han firmado acuerdos de fuerzas visitantes con Manila.

“Nuestro mensaje es nuestra dedicación y compromiso con nuestra alianza y la seguridad regional”, dijo el coronel Robert Bunn, portavoz de las fuerzas estadounidenses, en una rueda de prensa cuando se le preguntó qué mensaje quería transmitir el ejército estadounidense con su gran despliegue en Balikatan a pesar de la guerra en Oriente Medio.

Bunn no especificó de inmediato el número de efectivos estadounidenses que participarán en los ejercicios de combate. El año pasado, alrededor de 9.000 militares estadounidenses participaron en los ejercicios Balikatan, que en tagalo significa “hombro con hombro”.

“El aspecto defensivo de contrarrestar los drones es una parte fundamental del ejercicio”, dijo Bunn en respuesta a una pregunta sobre los tipos de simulacros de combate que se pueden esperar.

China se ha opuesto a los ejercicios militares, especialmente a aquellos en los que participan fuerzas estadounidenses, en la región, incluyendo el disputado Mar de China Meridional o sus inmediaciones, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad.

Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también reclaman la soberanía sobre esas aguas, una ruta comercial global clave, pero los enfrentamientos territoriales entre las fuerzas chinas y filipinas se han intensificado particularmente en los últimos años.

El ejército filipino afirma que los ejercicios de combate no están dirigidos contra ningún país, pero reconoce que los ejercicios de combate con Estados Unidos y sus aliados en materia de seguridad ayudarían a Filipinas a defender los intereses del país en las aguas en disputa.

El año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a los funcionarios filipinos durante su visita a Manila que la administración Trump trabajaría con sus aliados para reforzar la disuasión contra las amenazas en todo el mundo, incluida la agresión de China en el Mar de China Meridional.

“Los amigos deben permanecer unidos para disuadir el conflicto y garantizar la libre navegación, ya sea que se le llame Mar de China Meridional o Mar de Filipinas Occidental”, dijo Hegseth al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

(con información de AP)

Filipinas inauguró el jueves una importante base de la guardia costera en una isla del Mar de China Meridional para que sirva como un “centinela inquebrantable de nuestra soberanía” en una región en disputa estrechamente custodiada por las fuerzas chinas.

Los funcionarios chinos no reaccionaron de inmediato a la apertura por parte de Filipinas del comando de distrito de su guardia costera en la isla de Thitu, que ha estado ocupada por fuerzas y civiles filipinos durante décadas, pero que también es reclamada por Pekín.

La guardia costera china y otros buques vinculados al gobierno patrullan con frecuencia las aguas periféricas de la isla, que también es reclamada por Vietnam y Taiwán. En el pasado, las fuerzas chinas y filipinas han tenido enfrentamientos tensos, aunque en su mayoría menores, en aguas periféricas.

En nuevos incidentes ocurridos el jueves por la tarde, la guardia costera filipina acusó a las fuerzas chinas de disparar bengalas contra sus aviones de patrulla en lo que calificó de “un acto de intimidación claro y deliberado” que puso en peligro al personal filipino en los disputados arrecifes de Subi y Mischief, ocupados por China.

El contralmirante Jay Tarriela, de la guardia costera filipina, no proporcionó más detalles de inmediato. Tampoco hubo reacción inmediata por parte de las autoridades chinas.

China reclama prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional, una ruta comercial clave, a pesar de un fallo arbitral de 2016 que invalidó sus extensas reclamaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Pekín no participó en el arbitraje, rechazó su resultado y continúa desafiándolo.

El secretario de Transporte de Filipinas, Giovanni Lopez, el senador Erwin Tulfo y el comandante de la guardia costera, el almirante Ronnie Gil Gavan, viajaron a Thitu para inaugurar el comando en una breve ceremonia, que se celebró para coincidir con la conmemoración del Día del Valor del país.

“Este es un paso permanente para demostrar que nuestra guardia costera está preparada para defender nuestros intereses en las aguas, a nuestros pescadores, su sustento y, lo más importante, nuestra soberanía”, dijo López.

Una placa en el nuevo edificio de la guardia costera decía que fue “establecida como la vanguardia y el centinela inquebrantable de nuestra soberanía, derechos soberanos y jurisdicción marítima”.

El mando de la guardia costera estará dirigido por un comodoro y contará con el apoyo de un número indeterminado de personal, patrulleras y aeronaves para tareas de vigilancia, control, protección ambiental y búsqueda y rescate. La guardia costera indicó que se construirían puestos de avanzada más pequeños en islotes filipinos de menor tamaño.

Rodeada de playas de arena blanca, la isla Thitu, con forma de renacuajo, es conocida como Pag-asa —que significa esperanza en tagalo— por unos 400 aldeanos filipinos. Es una de las nueve islas, islotes y atolones que han estado bajo control de las fuerzas filipinas desde la década de 1970.

Hace más de una década, China comenzó a transformar siete arrecifes en disputa en bases insulares en las islas Spratly. Entre ellas se encontraba el arrecife Subi, ahora una importante base insular con una pista de aterrizaje de grado militar a unos 24 kilómetros (15 millas) al sureste de la isla Thitu.

“Todos los días, nuestros aldeanos ven barcos de la guardia costera y de la milicia china alrededor de toda la isla”, declaró a Associated Press el diputado Albayda, vicealcalde del municipio insular. “Este nuevo comando de distrito de la guardia costera les da mucha moral”.

Filipinas reclama la región como su municipio costero más remoto, ubicado en la provincia insular occidental de Palawan. Hace décadas, incentivó a las familias de pescadores a trasladarse allí con incentivos como arroz gratis, para así afianzar su control sobre la zona.

La isla, de 37 hectáreas (91 acres), ahora cuenta con conexión a internet y telefonía móvil, un suministro de agua y electricidad más estable, una pista de aterrizaje recién pavimentada, un muelle, una escuela primaria, un gimnasio e incluso un centro de evacuación en caso de tifones. Sin embargo, Thitu sigue siendo un asentamiento fronterizo modesto en comparación con la isla Subi, construida por China.

(con información de AP)

El intercambio comercial entre Japón y varios países asiáticos enfrenta desafíos vinculados al suministro de petróleo, en medio de la crisis generada por la guerra en Irán y las tensiones en la región del estrecho de Ormuz. Países como Vietnam y Filipinas han solicitado asistencia japonesa para paliar los efectos de la situación energética, de acuerdo con el diario japonés Mainichi. A raíz de estas demandas, Manila recibió un cargamento de más de 140.000 barriles de petróleo procedente de Japón, según confirmaron las autoridades filipinas. En este contexto, la crisis energética y su posible extensión a los sectores industriales de la región marcan la agenda de las autoridades niponas, que analizan medidas para asegurar la estabilidad del abastecimiento.

Según consignó Mainichi, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, declaró que su gobierno valora la cooperación con otras naciones asiáticas para afrontar la escasez o las alteraciones en el mercado petrolífero, con el objetivo de contener eventuales trastornos económicos tanto a nivel interno como en la actividad internacional de las empresas japonesas. Takaichi sostuvo: “Estudiaremos la posibilidad de cooperar con los países asiáticos y de prestarles apoyo”, aludiendo a la conformación de un grupo de trabajo liderado por el ministro de Industria, Ryosei Akazawa, que revisa de manera periódica las condiciones del suministro de productos derivados del petróleo.

El problema se agrava para Japón por su dependencia del crudo de Oriente Próximo, de donde importa el 90% del petróleo que utiliza, informó Mainichi. El estrecho de Ormuz, principal ruta marítima para el transporte de hidrocarburos, se ha visto afectado por los episodios recientes en la región, lo que ha causado inestabilidad en el flujo y en el mercado internacional. Como medida de contención, el gobierno japonés decidió liberar parte de sus reservas energéticas el 16 de marzo. La medida implicó el uso de volúmenes privados equivalentes a quince días de consumo, con el fin de responder a las nuevas condiciones del mercado y facilitar tanto la oferta como la demanda global de energía.

El sector industrial en Asia se enfrenta a alteraciones por la volatilidad en los suministros. Varias ramas manufactureras, estrechamente ligadas al acceso estable de combustibles y derivados, se han visto en la necesidad de ajustar operaciones debido a las fluctuaciones de precios y a la irregularidad en los envíos. Mainichi detalló que la iniciativa japonesa de evaluar una ayuda más amplia obedece tanto a mantener la propia seguridad energética como a garantizar que los mercados regionales no experimenten parálisis productivas que repercutan en la economía global.

Por otra parte, la respuesta de Tokio a esta coyuntura incluye el monitoreo continuo de sus reservas y el análisis de colaboraciones estratégicas regionales. El grupo especial encabezado por Ryosei Akazawa recopila datos sobre las capacidades de almacenaje, las rutas de distribución y los posibles escenarios de interrupción, con el fin de definir respuestas rápidas ante posibles crisis mayores, de acuerdo con lo publicado por Mainichi.

El apoyo de Japón a naciones como Filipinas y Vietnam se explica, además, por la solicitud expresa de estos países, que buscan tanto el acceso a recursos energéticos como una coordinación más estrecha en el establecimiento de políticas frente a la crisis en Oriente Próximo. La situación pone de relieve la alta interdependencia energética en Asia y la importancia de los acuerdos bilaterales y multilaterales para enfrentar interrupciones inesperadas en los mercados internacionales, según ha reportado el medio japonés.

Las recientes tensiones en Oriente Próximo han colocado a Tokio en una posición de liderazgo en el debate sobre la seguridad energética asiática, ya que Japón dispone de significativas reservas estratégicas de petróleo y de mecanismos de respuesta ante emergencias aprobados en coordinación con sus socios internacionales. El gobierno japonés examina, además, las implicancias económicas de sostener estas reservas y de definir nuevas alianzas donde el suministro de energía se convierte en un eje clave del desarrollo y de la estabilidad regional, detalló Mainichi.

El monitoreo constante de la situación energética y las respuestas adoptadas por Tokio forman parte de un paquete de políticas destinadas a anticipar y mitigar los impactos de posibles crisis prolongadas en la región. La estrategia japonesa contempla no solo la asistencia directa en suministro, sino también la disposición a intervenir en el mercado para evitar fluctuaciones excesivas de precios y escasez en el mediano plazo, informó Mainichi.

Meta avanzó con la incorporación de una suscripción de pago en Instagram orientada a usuarios que buscan una experiencia diferente al interactuar con el contenido efímero de la plataforma. Según informó Europa Press, la compañía inició las pruebas de Instagram Plus, que ofrece una serie de funciones exclusivas para quienes acceden a este servicio, en mercados como México, Filipinas y Japón. Este nuevo plan está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios y brinda una evaluación gratuita durante un mes.

Europa Press detalló que Instagram Plus expande las herramientas disponibles para quienes comparten historias, modificando aspectos clave del funcionamiento tradicional. Por ejemplo, el servicio permite extender la duración habitual de las historias—actualmente fijada en 24 horas—por un periodo más amplio, lo que representa un cambio significativo en la forma en que los usuarios pueden controlar la permanencia de sus publicaciones efímeras. Además, la suscripción permite que los usuarios creen listas cerradas de audiencia, más allá de la función de Mejores Amigos, facilitando que una historia solo esté disponible para un grupo específico de personas seleccionadas.

Dentro de las características avanzadas, se encuentra el modo de vista previa, que habilita la visualización de contenido sin que el espectador sea registrado como tal. Europa Press consignó que esta innovación puede modificar la interacción entre los creadores de historias y quienes las consumen, ya que la privacidad en el visionado se incrementa. También se integraron nuevas métricas, como la posibilidad de saber cuántas personas han visto repetidamente una historia y la opción de buscar directamente dentro de la lista de espectadores, eliminando la necesidad de desplazarse manualmente por todos los nombres.

Otras funciones destacadas que se incluyen en Instagram Plus, según publicó Europa Press, son el desbloqueo semanal de la posibilidad de destacar una historia para aumentar su visibilidad y la introducción de un “Superlike” animado, que se puede utilizar para manifestar una respuesta especial en una historia concreta. Estas características buscan diferenciar la experiencia de uso entre quienes cuentan con la versión gratuita y quienes optan por la suscripción.

Mat Navarra, especialista analista y usuario que ya tuvo acceso a Instagram Plus, compartió en Threads información sobre las funcionalidades y modalidad de acceso, según reportó Europa Press. La propia Meta confirmó a este analista y a Engadget que Instagram Plus se encuentra en fase de prueba y que el acceso está limitado, aunque la compañía no precisó en su página de ayuda los países concretos donde está disponible fuera de los ya mencionados.

En materia de precios, Europa Press indicó que algunos usuarios compartieron los costos mensuales para acceder a esta función premium: en Filipinas el valor es de 65 pesos filipinos (alrededor de 0,94 euros), en México la suscripción cuesta 39 pesos mexicanos (cerca de 1,87 euros), y en Japón tiene un precio de 329 yenes (1,80 euros aproximadamente). Todos ellos disponen de un mes de acceso gratuito antes de que se haga efectivo el cobro correspondiente.

Meta tiene como objetivo, según declaraciones citadas por Europa Press, entender mejor cuáles son los recursos más apreciados por quienes usan características premium, y evaluar la acogida de este tipo de modelo en Instagram. Un portavoz de la compañía indicó que esperan “que estas pruebas ayuden a comprender qué es lo más valioso para los usuarios en un conjunto de funciones premium”, en un contexto en el que la empresa se ha mostrado interesada en extender modelos de suscripción en otras aplicaciones, como Facebook y WhatsApp.

El medio Europa Press subrayó que en la documentación oficial disponible sobre Instagram Plus, Meta aclara que el servicio no está universalmente habilitado, lo que significa que su alcance y las potenciales expansiones dependerán de los resultados obtenidos durante este periodo de prueba. La apuesta por Instagram Plus se enmarca en una estrategia más amplia por parte de Meta de diversificar las fuentes de ingresos a través de servicios de pago dirigidos a usuarios que buscan mayores posibilidades de personalización y control sobre su contenido.

Durante la cita de altos funcionarios en Quanzhou, el viceministro de Asuntos Exteriores de China, Sun Weidong, y el subsecretario del Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas, Leo Herrera-Lim, reafirmaron la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer la comunicación y la cooperación al interior de Asia Oriental, en un escenario de tensiones crecientes por incidentes marítimos repetidos y el impacto de conflictos internacionales. Según informó el medio, el encuentro tuvo lugar en medio de una situación delicada: las diferencias territoriales entre China y Filipinas en el mar de China Meridional han estado acompañadas por episodios recientes de confrontaciones entre guardacostas y pesqueros de ambas naciones en zonas en disputa como el atolón de Scarborough, conocido en Filipinas como Masinloc.

De acuerdo con la información publicada, las conversaciones se desarrollaron con lo que las partes calificaron como un ambiente animado y con disposición positiva a pesar del clima general de preocupación internacional por la seguridad regional, exacerbado por factores como la guerra de Irán y las consecuencias sobre los mercados globales. El Ministerio de Exteriores chino reportó que durante el encuentro se produjo un intercambio de ideas considerado “sincero y en profundidad” entre ambos representantes diplomáticos, con el objetivo de encontrar espacios de acercamiento a las posturas que por años han permanecido distantes en torno al conflicto territorial.

El medio señaló que la parte china instó a su contraparte filipina a demostrar coherencia entre palabras y acciones, solicitando que Filipinas retome la resolución de los asuntos marítimos mediante el diálogo y la consulta, vías que, según la nota oficial, pueden crear situaciones propicias para la estabilización de las relaciones bilaterales. China, en la reunión, enfatizó la necesidad de que los compromisos y declaraciones diplomáticas se reflejen en conductas concretas sobre el terreno, especialmente en medio de los encontronazos habituales en zonas disputadas.

Según consignó la fuente, Filipinas, al exponer su posición, remarcó la urgencia de mantener los canales diplomáticos abiertos y de gestionar las diferencias de forma adecuada, considerando la prolongada naturaleza del conflicto y el efecto que las crisis en otras regiones pueden tener sobre la dinámica bilateral y regional. El gobierno filipino transmitió el mensaje de que el diálogo y la gestión responsable de desacuerdos representan las vías principales para evitar una escalada de las tensiones y proteger la estabilidad de Asia Oriental.

Ambas delegaciones manifestaron su optimismo con respecto al futuro de la relación entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), reportó el medio. Expresaron la intención de reforzar la comunicación y la coordinación tanto en el marco bilateral como en el contexto más amplio de Asia Oriental. En sus declaraciones, remarcaron el compromiso de impulsar la cooperación y de salvaguardar la estabilidad y el desarrollo regionales en un entorno internacional que describieron como complejo y volátil.

Tal como detalló la fuente, los encuentros entre embarcaciones de guardacostas y barcos pesqueros de ambos países en territorios marítimos disputados han generado un ambiente de fricción constante en los últimos años. El atolón de Scarborough, denominado Masinloc en Filipinas, se ha convertido en uno de los escenarios recurrentes de estos incidentes, donde los intereses estratégicos y económicos de las partes en juego alimentan las tensiones. Además, la repercusión del conflicto de Irán en los mercados internacionales añade presión al contexto ya delicado de la región, incrementando el grado de atención internacional.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, la disposición expresada durante las conversaciones en Quanzhou pretende abrir un nuevo capítulo en la gestión de las diferencias, priorizando el uso de las vías diplomáticas y la consulta multilateral. La participación activa de ambos gobiernos en este diálogo refleja la inquietud compartida por evitar un deterioro mayor en la seguridad de Asia Oriental, especialmente ante la presencia de factores externos que, según los comunicados oficiales, tienden a agravar las disputas en el mar de China Meridional.

La nota del Ministerio de Exteriores chino, citada por el medio, subraya la importancia de la confianza mutua y el respeto a los compromisos asumidos en las instancias de diálogo previas como elementos indispensables para desescalar los conflictos. Filipinas, según la fuente, mantiene el llamado a la responsabilidad compartida y la prudencia, enfatizando que la continuidad de los intercambios diplomáticos representa la principal herramienta para mitigar el riesgo de incidentes y garantizar la protección de los intereses nacionales y regionales en una de las áreas más sensibles del mapa geopolítico internacional.

Según el reporte, la situación en el mar de China Meridional se mantiene bajo constante observación internacional por su potencial para desencadenar crisis mayores, dada la confluencia de intereses de distintas potencias y el valor estratégico de las rutas marítimas disputadas. Mientras persisten los episodios de fricción, los gestos de acercamiento como el diálogo sostenido en Quanzhou reflejan el reconocimiento de la necesidad de soluciones políticas que favorezcan la estabilidad y la cooperación en Asia Oriental.

Las autoridades de Filipinas anunciaron que reanudarán próximamente las conversaciones bilaterales con China para tratar el futuro de las zonas en disputa en el mar de China Meridional.

El Ministerio de Exteriores filipino comunicó que el diálogo tendrá lugar en la ciudad de Quanzhou, ubicada en la provincia de Fujian, en la costa este de China. Ambos países buscan intercambiar posiciones luego de una escalada de incidentes recientes en la región, que ha sido fuente constante de tensiones entre Manila y Pekín.

En este marco, el régimen chino manifestó que mantiene abierta la posibilidad de realizar exploraciones conjuntas de hidrocarburos con Filipinas.

El reinicio de negociaciones se produce tras una serie de incidentes en aguas disputadas. Este viernes, la Armada de Filipinas reportó que uno de sus buques militares evitó una colisión con una nave de la Armada china cerca de la isla de Pagasa (denominada Thitu en chino), territorio bajo administración filipina pero reclamado por China.

El Mando Occidental (WESCOM) de las Fuerzas Armadas filipinas detalló que el suceso obedeció a maniobras consideradas temerarias por parte del buque chino.

El portavoz del WESCOM, coronel Nep Padua, afirmó que el “BRP Benguet” logró evadir el choque con una fragata lanzamisiles 532 de la Armada de China durante una operación marítima cerca de la isla Pagasa.

Este nuevo episodio se suma a otro incidente ocurrido tres semanas atrás, cuando una embarcación china apuntó a una fragata filipina que patrullaba cerca del arrecife de Escoda (llamado Xianbin Jiao por China).

El mar de China Meridional es escenario de reivindicaciones superpuestas entre China y varios países del sudeste asiático, incluidos Filipinas, Vietnam, Brunéi, Malasia y Taiwán.

Estas aguas concentran rutas marítimas clave para el comercio internacional y se estima que sus fondos marinos albergan reservas importantes de petróleo y gas.

En paralelo, el despliegue de cazas chinos en la región se produjo después del ingreso de aeronaves filipinas en un espacio aéreo que Pekín identifica como parte de su territorio sobre el área de Huangyan Dao (también conocido como atolón de Scarborough o bajo de Masinloc).

El atolón de Scarborough, situado en un punto estratégico del mar de China Meridional, representa uno de los focos más sensibles de la disputa.

China sostiene que casi toda la extensión marítima bajo la llamada “línea de nueve puntos” le pertenece, una delimitación que aparece en los mapas oficiales chinos y que ha sido reiteradamente cuestionada por otros países ante organismos internacionales.

El portavoz del Ministerio de Defensa de China declaró a la agencia Xinhua que el país “hará lo necesario para salvaguardar sus derechos” y reiteró que la soberanía sobre la zona “no se puede disputar”.

La crisis energética global y las interrupciones en el suministro de petróleo han impulsado a Filipinas y China a explorar fórmulas de cooperación, aun en un entorno de desconfianza mutua.

(Con información de Europa Press)

El Gobierno chino manifestó su disposición a impulsar la exploración conjunta de hidrocarburos junto con Filipinas, en respuesta al incremento de la crisis energética mundial y a la búsqueda filipina de asegurar el suministro de combustibles en la región. En este contexto, las autoridades de ambos países proyectan reanudar el diálogo bilateral sobre las zonas marítimas en disputa en el mar de China Meridional, con el propósito de encontrar fórmulas de cooperación y reducir la tensión que caracteriza su relación. Según informó el medio original, el Ministerio de Exteriores de Filipinas confirmó que las conversaciones tendrán lugar en la ciudad de Quanzhou, en la provincia de Fujian, situada en la costa este de China.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades filipinas, esta ronda de conversaciones busca abordar las posiciones de ambas partes tras una serie de incidentes recientes en aguas reclamadas por los dos Estados. El Ministerio de Exteriores filipino subrayó que el reinicio del diálogo coincide con los esfuerzos del gobierno de Manila para reactivar la colaboración con Pekín en un momento en que los conflictos en Oriente Próximo generan interrupciones importantes en la cadena de suministro global de petróleo.

En el comunicado oficial citado por la fuente, el gobierno de Filipinas destacó la existencia de “oportunidades para establecer plataformas de colaboración con el fin de mantener la seguridad energética en la región”. Este planteamiento toma relevancia debido al papel central que desempeñan los recursos energéticos y las rutas comerciales en disputa dentro del mar de China Meridional, que representa un eje vital para el suministro internacional de combustibles fósiles.

De acuerdo con la información publicada, el Ejecutivo chino expresó abiertamente su voluntad para explorar fórmulas de cooperación energética. Según lo comunicado por el gobierno de Pekín, la disposición para llevar a cabo exploraciones conjuntas de hidrocarburos permanece activa mientras persistan las dificultades derivadas de la crisis de combustibles a nivel internacional.

El anuncio de la reanudación del diálogo bilateral se produjo horas después de un nuevo incidente entre embarcaciones militares de ambas naciones. Según reportó el medio original, la Armada de Filipinas informó este viernes acerca de una maniobra en la que un buque militar filipino estuvo “cerca de colisionar” con una nave de la Armada china en aguas próximas a la isla de Pagasa —llamada Thitu por China y actualmente administrada por Filipinas—, cuya soberanía se encuentra en disputa. El Mando Occidental de las Fuerzas Armadas filipinas (WESCOM) señaló que el evento fue ocasionado por acciones consideradas peligrosas por parte del buque chino.

El portavoz del WESCOM, coronel Nep Padua, precisó que durante una operación naval rutinaria en las inmediaciones de Pagasa, el buque ‘BRP Benguet’ logró evitar una posible colisión gracias a una intervención frente a las maniobras de una fragata lanzamisiles 532 de la Armada china. Este incidente es el más reciente de una serie de confrontaciones. Según consignó el medio, hace tres semanas se produjo un episodio similar, cuando una embarcación china apuntó contra una fragata de Filipinas cerca del arrecife de Escoda, denominado en China como Xianbin Jiao.

El mar de China Meridional —que baña las costas de China, Filipinas y varios países del Sudeste Asiático— constituye un escenario de fricciones persistentes debido a la superposición de diversos reclamos territoriales marítimos, aspecto que ha marcado la escena geopolítica de la región durante décadas, según publicó la fuente. Las aguas disputadas resultan esenciales para el intercambio comercial internacional por la cantidad de mercancías que transitan sus rutas, mientras que los fondos marinos, de acuerdo con informes citados, podrían albergar importantes reservas de petróleo y gas.

Pekín, respaldado por una política que intensifica sus reivindicaciones soberanas, ha ejercido acciones frecuentes sobre la presencia naval filipina en áreas que reclama como propias, según reportó el medio original. Las autoridades chinas han acusado en repetidas ocasiones a buques filipinos de incursionar en sus aguas territoriales, lo que a su vez ha dado lugar a respuestas y patrullajes militares por parte de Manila.

La reanudación de las conversaciones bilaterales pretende ofrecer un canal para el diálogo y la negociación sobre los derechos y responsabilidades en este espacio marítimo de importancia estratégica para distintas economías asiáticas y para el flujo comercial global, de acuerdo con la información oficial recogida por el medio. Ambas partes buscarán definir mecanismos de cooperación que permitan gestionar los riesgos de nuevos incidentes y plantear opciones para el uso compartido de los recursos.

La situación en el mar de China Meridional sigue generando atención internacional. Los recientes acontecimientos resaltan la necesidad de concertar acuerdos que eviten el aumento de la confrontación y permitan salvaguardar tanto la seguridad regional como los intereses económicos de los países involucrados, según destacó la fuente informativa.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia nacional ante el riesgo de interrupciones en el suministro de combustible, buscando así estabilizar el sector energético del país en un contexto marcado por la crisis en el estrecho de Ormuz. Según informó el medio que dio a conocer los hechos, la situación ha llevado a las autoridades filipinas a multiplicar las gestiones internacionales, incluyendo contactos con gobiernos de Rusia y China, para asegurar el acceso a petróleo y mitigar los efectos del aumento sostenido de los precios internacionales debido al conflicto en Oriente Próximo.

La ministra de Energía de Filipinas, Sharon Garin, confirmó este miércoles que el país explora “todas las opciones” disponibles para importar crudo y enfrentar la crisis energética. De acuerdo con lo publicado, la ministra puntualizó que las negociaciones incluyen alternativas que históricamente no habían sido consideradas por Filipinas, como la importación desde Rusia, con el objetivo de proteger a la economía local del impacto del encarecimiento del petróleo.

El planteamiento de buscar proveedores no habituales responde a un contexto internacional marcado por restricciones y sanciones. El medio detalló que Estados Unidos anunció una suspensión temporal, de un mes, en las sanciones aplicadas al petróleo ruso que se encuentra ya en tránsito, con fecha de expiración para el 11 de abril. Esto ha abierto un periodo específico para Filipinas y otros países interesados en acceder a ese recurso bajo condiciones excepcionales.

No sólo Rusia y China se encuentran entre los posibles proveedores de crudo para Filipinas. Según consignó el medio, el gobierno filipino mantiene también conversaciones con gobiernos de Tailandia, Japón y Singapur, dentro de una estrategia de diversificación para garantizar la seguridad energética del país. La ministra Garin indicó que la amplitud de estas gestiones es una respuesta a la volatilidad generada en los mercados petroleros a raíz de la situación en Oriente Próximo y los riesgos de interrupción que presenta el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa de las exportaciones globales de crudo.

El presidente Marcos Jr., en un comunicado de la oficina presidencial recogido por el medio, subrayó que “Rusia no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas, pero también estamos valorando esta posibilidad”. Esta afirmación refuerza el carácter excepcional de las gestiones y pone en evidencia el alcance de los esfuerzos para mitigar los efectos de un acceso restringido a las fuentes habituales de energía.

De acuerdo con la información, las autoridades filipinas también estarían en diálogo con la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, para evaluar alternativas en la obtención de petróleo procedente de países bajo sanciones de Washington. Esta medida surge como respuesta al impacto que la guerra en Oriente Próximo ha tenido sobre los precios del crudo y la necesidad creciente de garantizar un abastecimiento seguro y continuo para el país asiático.

El incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo, atribuido en gran parte al conflicto armado en Oriente Próximo y a las restricciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, ha obligado al gobierno filipino a explorar acuerdos y mecanismos alternativos con varios socios globales. Según reportó el medio, estas gestiones buscan proteger el funcionamiento del sector energético nacional, un pilar esencial para la economía y el bienestar de la población filipina ante un panorama global incierto y con riesgos evidentes de escasez.

La decisión de dar prioridad al uso de vehículos eléctricos en el transporte público y promover la integración de energías limpias en sectores como la agricultura y la manufactura figura en el nuevo plan energético de Filipinas, que busca acelerar la transición hacia fuentes renovables y trabajar por una mayor eficiencia en la gestión del suministro. Todo ello forma parte del estado nacional de emergencia decretado oficialmente debido a la reciente crisis energética asociada a la inestabilidad en la región del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información publicada por la agencia PNA, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., firmó este martes la declaración de estado de emergencia nacional para hacer frente a las posibles interrupciones en el abastecimiento de combustibles. El objetivo de esta medida es estabilizar el sector energético mediante la aplicación de recursos especiales y ejecutar acciones coordinadas que permitan garantizar un suministro energético estable y suficiente, protegiendo así a la economía del país frente al impacto de la crisis en Oriente Próximo.

La orden presidencial, según telegrafió la agencia PNA, enfatiza que Filipinas depende de manera fundamental de los productos petrolíferos importados. Esta condición convierte al país en un actor vulnerable frente a eventuales interrupciones en la producción y transporte global de petróleo, lo que podría afectar tanto la disponibilidad como la entrega puntual de los combustibles requeridos para mantener el funcionamiento habitual de la infraestructura nacional e industrial.

En este contexto de “peligro inminente de un suministro energético críticamente bajo”, la orden firmada por el líder filipino establece la necesidad de poner en marcha “medidas urgentes” para asegurar la continuidad del abastecimiento. El documento detalla que las acciones incluirán planes de gestión del suministro de energía, la optimización en el uso de combustibles, el ajuste en la carga energética y la adopción de mecanismos más estrictos para fomentar la conservación del recurso.

El medio PNA consignó que el estado de emergencia también busca acelerar la adopción de tecnologías de energía renovable. Entre las prioridades señaladas se encuentra el fomento del transporte público electrificado y la integración de soluciones limpias en sectores productivos clave como son la agricultura y la manufactura, dos pilares fundamentales de la economía filipina.

Además, la declaración contempla campañas de concientización para la población orientadas a difundir la importancia de la eficiencia energética y la necesidad de modificar hábitos de consumo hacia prácticas que permitan reducir el uso de combustibles fósiles. Según reflejan los lineamientos del gobierno, la promoción de estas conductas resulta esencial para sostener la resiliencia energética en medio de la incertidumbre provocada por la situación regional en el estrecho de Ormuz.

La crisis en esta zona estratégica, por la que transita una parte importante del tráfico mundial de petróleo, ha provocado inquietud generalizada entre los países que dependen de estas rutas para importar hidrocarburos. El estado de emergencia confiere al gobierno filipino la facultad de actuar con mayor rapidez y flexibilidad frente a los potenciales cambios en el mercado energético internacional y las disrupciones en la cadena de suministro.

Según detalló PNA, con estos instrumentos legales y administrativos, las autoridades filipinas pueden poner en marcha medidas extraordinarias para administrar de forma óptima los recursos disponibles, estabilizar precios internos y proteger el bienestar de los sectores más expuestos a la volatilidad del mercado global de energía. Además, la estrategia nacional contempla la diversificación progresiva de las fuentes de suministro, con un enfoque en energías limpias y eficiencia.

Finalmente, la orden indica la importancia de coordinar las acciones entre agencias estatales y actores privados para asegurar la alineación de los esfuerzos y maximizar el impacto de las políticas adoptadas bajo el marco del estado de emergencia. Según reportó PNA, el gobierno filipino se ha marcado como objetivo inmediato mitigar los efectos adversos sobre la economía y la vida diaria de la población, en especial considerando el carácter dependiente del país respecto a las importaciones de combustible y las implicancias de la coyuntura internacional en la seguridad energética nacional.

El 23 de marzo apareció en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de la autorización definitiva número uno, expedida a Martín Camarena de Obeso, Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Reportes periodísticos lo identifican como un hombre presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reportes indican que Camarena de Obeso fue designado cónsul honorario en febrero de 2002, cargo que le fue ratificado en julio del año pasado.

Presuntos nexos con el CJNG

Ahora bien, una publicación de El Universal señala que Martín Camarena es socio de una empresa denominada Ornitorrinco Inmobiliaria, se trata de una estructura que fue sancionadas por autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con el CJNG.

El grupo criminal usaría la empresa mencionada para realizar fraudes de tiempos compartidos. Fue el pasado 16 de febrero que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó sanciones en contra de cinco personas y 17 empresasa mexicanas, las cuales operan en su mayoría en Puerto Vallarta.

“El CJNG también genera ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude con tiempo compartido, entre otras actividades”, se puede leer en el reporte de las autoridades estadounidenses. En el informe no aparece de manera directa el nombre de Martín Camarena, sino únicamente la empresa de la que es socio.

Fue el pasado 2 de marzo que el periodista Fernando González informó sobre el papel de Camarena en la empresa sancionada. El trabajo periodístico indica que el otro socio de la empresa es Carlos Humberto Rivera Miramontes (cada uno con 50% de las acciones).

Rivera Miramontes sí aparece sancionado en el esquema de fraude de tiempos compartidos ligados al CJNG. Dicho hombre es fundador de Kovay Gardens, una estructura sancionada por la OFAC.

A través del uso de call centers en la zona metropolitana de Puerto Vallarta los operadores contactan con dueños de tiempos compartidos en EEUU y Canadá y les ofrecen ofertas de compra o renta.

Las otras empresas sancionadas por la OFAC fueron identificadas como:

• Punto 54
• High Land Park
• Colinas Proyectos Y Construcciones
• VG Desarrollos De La Bahía
• Deep Blue Desarrollos
• Deep Blue Servicios
• Estrategia PVR
• Reef Administración
• Avanzada
• Asesoria y Servicios Importadores
• Corporativo Controlador Explora
• Solugas Soluciones en Gasolineras

Representante de una empresa de gas

De igual manera, un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales muestra que el representante legal de la empresa Combustibles Marsan, S.A. de C.V. es Martín Camarena de Obeso.

El documento, con fecha de noviembre de 2022, tiene como objetivo gestionar trámites regulatorios relacionados con la operación de estaciones de gasolina.

La portavoz Claire Castro indicó que el comité de crisis impulsado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. tendrá la tarea central de vigilar y asegurar la provisión de energía y alimentos en Filipinas. La creación de este organismo se confirma tras la ofensiva militar iniciada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, operación que, según recogió el medio ‘The Philippine Star’, ha generado cerca de 1.500 muertes y tensiones en la región de Oriente Medio, afectando significativamente el paso de mercancías por el estrecho de Ormuz.

Según publicó ‘The Philippine Star’, Marcos Jr. firmó ya la orden ejecutiva para establecer el nuevo comité, aunque por el momento aún no se precisa cuándo comenzará formalmente a operar. El grupo especial tendrá como prioridad supervisar tanto el volumen de alimentos como los combustibles disponibles en el país, así como diseñar respuestas a eventuales disrupciones que puedan derivarse del contexto internacional. La portavoz del Ejecutivo rechazó las críticas que acusan al Gobierno de restar importancia al problema, asegurando que el riesgo es real y que existen instrucciones precisas para evitar que la población se vea afectada por desabastecimientos de productos petroleros.

El anuncio coincide con los bloqueos que afectan el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas globales para el comercio de petróleo, a consecuencia del incremento de hostilidades en la zona. Diversos informes, recogidos por ‘The Philippine Star’, señalan que los ataques asociados al conflicto han ralentizado la libre circulación de buques cisterna, lo que incide directamente en la oferta y demanda energética global y deriva en un alza de precios para el crudo que impacta a países importadores como Filipinas.

Según la información recolectada por el medio, el comité creado por la administración de Marcos Jr. está encargado de evaluar escenarios y diseñar estrategias preventivas para evitar que las alteraciones en el mercado internacional lleguen a traducirse en escasez interna. Castro aseguró que, por ahora, tanto el suministro alimentario como el energético continúan siendo suficientes y que el Estado mantiene la capacidad de garantizar la estabilidad en estos dos rubros clave. Además, enfatizó que el propósito principal del Ejecutivo es transmitir confianza a la ciudadanía, reiterando que el gobierno “está ahí para la población y no les abandonará”.

El contexto regional, marcado por la crisis entre Irán, Estados Unidos e Israel, mantiene la atención de los mercados internacionales y ha provocado que gobiernos de distintas partes del mundo tomen medidas preventivas ante la posible interrupción de sus abastecimientos estratégicos. En Filipinas, la preocupación principal radica en la posible escasez y el encarecimiento de los combustibles, lo que puede repercutir de manera directa en el transporte, la producción y la distribución de bienes esenciales.

‘The Philippine Star’ adelantó que se esperan publicaciones oficiales adicionales en los próximos días, una vez que el Gobierno libere los documentos detallando la constitución y funciones específicas del nuevo comité de crisis. Mientras tanto, la administración de Marcos Jr. continúa monitorizando la situación internacional, discerniendo la magnitud de las amenazas y evaluando mecanismos para proteger a la población frente a los posibles efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Medio.

Las fuerzas del orden filipinas identificaron a los tres individuos que murieron durante el operativo en Kabankalan como miembros del Frente Suroccidental del Nuevo Ejército Popular (NEP), considerado desmantelado por las autoridades tras varios enfrentamientos previos. Según reportó la prensa filipina, las muertes se produjeron tras intensos señalamientos de habitantes locales, quienes denunciaron la presencia de insurgentes en la zona, lo que derivó en la intervención militar en la provincia de Negros Occidental.

De acuerdo con lo detallado por medios filipinos, el incidente ocurrió sobre las 4:00 horas del sábado, cuando efectivos del 47º Batallón de Infantería sostuvieron un tiroteo con un grupo de guerrilleros. El enfrentamiento tuvo una duración de dos minutos y concluyó con el fallecimiento de Milky ‘Gorting’ Sampini, Ritchie ‘Makoy’/‘Akiro’ Verano y Joedil ‘Junjun’/‘Cairo’ Balsimo. Según consignó la agencia filipina PNA, los elementos abatidos eran buscados por su presunta participación en homicidios de civiles y por haber provocado incendios intencionados dentro de la isla de Negros.

El medio PNA citó declaraciones del teniente coronel Dennis Martínez, quien explicó que la operación respondió a las denuncias de pobladores preocupados por la seguridad de la comunidad. El portavoz militar también indicó que los residentes manifestaron enojo por las acciones violentas que se atribuyen a los insurgentes del NEP, lo que habría impulsado la colaboración con las fuerzas gubernamentales en la localización del grupo armado.

Durante la operación, el Ejército aseguró un fusil R4, dos fusiles M16, dos lanzagranadas M203, una granada de mano, además de distintos objetos personales y documentos pertenecientes a los fallecidos, reportó la prensa local. Estos materiales fueron recuperados como evidencia que, según las autoridades, permiten vincular a los abatidos con el Frente Suroccidental del NEP.

La 302ª Brigada de Infantería declaró, según recogió el periodismo local, que tanto Sampini como Verano y Balsimo estaban directamente relacionados con hechos de violencia sobre la población civil, así como con ataques incendiarios en diversos puntos de Negros Occidental.

El NEP, creado en 1969 bajo un ideario marxista-maoísta, mantiene desde entonces una lucha armada con el objetivo de tomar el control del gobierno. Las autoridades filipinas clasificaron a la organización como grupo terrorista en 2020, pero la designación fue anulada por un tribunal de Manila, según informó la prensa de Filipinas.

El incidente en Kabankalan refleja la persistencia de las tensiones en determinadas áreas rurales, donde la presencia de grupos insurgentes sigue originando episodios de violencia y operativos militares. Además, según subrayaron fuentes oficiales, la colaboración ciudadana resultó determinante para el desarrollo del operativo que terminó con el abatimiento de los tres buscados. Las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en la zona, manteniendo labores de control para prevenir nuevos episodios y evaluar la situación de seguridad en comunidades afectadas por la actividad guerrillera.

Los hechos expuestos forman parte de un largo historial de enfrentamientos que involucran al NEP y las fuerzas armadas filipinas, un conflicto que mantiene su impacto en distintas regiones de Filipinas desde hace más de cinco décadas. Según la prensa filipina, tanto el Ejército como líderes comunitarios han sido enfáticos al solicitar la coordinación permanente con los residentes para disuadir nuevas incursiones de grupos armados y responder de forma efectiva ante posibles amenazas.

Song-ok Hong se destacó con tres goles para el seleccionado femenino de Corea del Norte, sellando el triunfo 0-4 sobre China Taipéi en el partido de repesca para el Mundial Femenino de la FIFA 2027 que se celebrará en Brasil. De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, Corea del Norte y Filipinas lograron su clasificación en la fase de repescas de la Copa Asiática Femenina, completando de esta manera el cupo de equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que participarán en la cita global prevista entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

El medio EFE detalló que Corea del Norte aseguró su presencia en Brasil tras superar de forma amplia al combinado de China Taipéi. En ese encuentro, Song-ok Hong marcó en los minutos 32, 49 y 68, mientras que Kyong-yong Kim anotó el cuarto tanto en el minuto 52, estableciendo una diferencia contundente en el marcador y confirmando así la clasificación norcoreana a su siguiente Mundial.

Filipinas, por su parte, enfrentó a Uzbekistán en su respectiva repesca y obtuvo la victoria con un 0-2. Según consignó la agencia EFE, los goles filipinos llegaron gracias a Angela Beard, quien abrió el marcador al minuto 47, y Jaclyn Sawicki, que amplió la ventaja en el minuto 52, lo que aseguró el boleto para la cita mundialista en Sudamérica.

Las victorias de Corea del Norte y Filipinas significan que la AFC contará con seis representantes en el Mundial Femenino de 2027. Según informó EFE, Australia, China, Corea del Sur y Japón ya habían asegurado su clasificación previamente, sumando de esta manera un contingente asiático completo junto a las nuevas selecciones clasificadas.

El próximo torneo en Brasil tendrá una representación asiática confirmada, además de la presencia garantizada del combinado anfitrión. Reportó EFE que la competencia se desarrollará en territorio brasileño entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, y reunirá a las selecciones nacionales femeninas clasificadas a través de sus respectivas confederaciones continentales.

La inclusión de Filipinas y Corea del Norte se produjo a través de la etapa de repescas dentro del marco de la Copa Asiática Femenina, que sirvió para definir los últimos dos lugares disponibles de Asia en el campeonato mundial. Según publicó EFE, la victoria de las filipinas ante Uzbekistán y el triunfo norcoreano ante China Taipéi cerraron el proceso de clasificación para las representantes de la AFC.

La selección de Brasil, de acuerdo con EFE, participará en el torneo en condición de país organizador, y ya contaba con plaza garantizada antes de concluir las etapas clasificatorias en las demás regiones. Estos avances confirman la composición de la delegación asiática para el principal torneo de fútbol femenino a nivel mundial, sumando expectativa ante el desempeño de los seis equipos representantes de la Confederación Asiática de Fútbol.

Desde el jueves, miles de conductores de "jeepney" iniciaron una huelga nacional para manifestar su rechazo al aumento de los precios del combustible y exigir al Gobierno filipino una respuesta frente a la crisis. El medio EFE detalló que Manila fue escenario de amplias protestas en las que los manifestantes portaban pancartas con lemas como "eliminen los impuestos" o "suban los salarios, bajen los precios", reflejando así el malestar por la decisión gubernamental de no subsidiar el sector y de impedir el incremento de las tarifas del transporte.

Estos minibuses, caracterizados por su inspiración en antiguos jeeps militares y su colorido, constituyen un elemento central en la movilidad urbana filipina. Cada "jeepney" puede trasladar aproximadamente a una veintena de pasajeros y circula a lo largo del archipiélago sirviendo como un recurso asequible y necesario, según consignó Rappler. El costo operacional ha aumentado de manera significativa a raíz del alza internacional del crudo, lo que ha golpeado especialmente a los trabajadores del sector que enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos o mantener la prestación del servicio.

Agrupaciones de trabajadores del transporte, en declaraciones recogidas por Rappler y EFE, han solicitado insistentemente al Ejecutivo la implementación de apoyos económicos que mitiguen el impacto de la crisis, pero la postura gubernamental ha sido inflexible. El gobierno de Filipinas, además de rechazar las demandas de subsidios, prohibió aumentar el precio de los billetes con la intención de contener la inflación y proteger a los usuarios del transporte público. Esta decisión ha generado descontento entre los conductores, quienes afirman que la medida restringe su margen de maniobra para enfrentar los mayores costos operativos.

El gobierno anunció la implementación de ajustes en la administración pública como parte de los esfuerzos para limitar el efecto económico generalizado. Entre las medidas adoptadas figura la reducción a cuatro días de la semana laboral para empleados públicos y la instrucción de disminuir el consumo de energía entre un 10 y un 20 % en diversas oficinas del Estado, informaron Rappler y EFE. Las autoridades señalan que estas acciones buscan aliviar el consumo interno y moderar la presión sobre los precios de los combustibles importados.

La movilización de los conductores ha destacado la crítica situación de quienes dependen del "jeepney" no solo como medio de vida, sino también como servicio esencial para millones de filipinos. El estancamiento en las negociaciones y la falta de subsidios han colocado a este sector en una situación vulnerable, agravando las dificultades cotidianas tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte público. Además, la continuidad de los altos precios del diésel podría impactar aún más en la capacidad de los conductores para operar, repercutiendo en la vida diaria de la población, tal como reportó el portal Rappler.

Tanto EFE como Rappler señalaron que la huelga y las protestas se han convertido en un llamado abierto al Ejecutivo para reconsiderar políticas que afectan directamente al transporte público y a quienes lo sostienen. Las acciones gubernamentales para contener el gasto energético y los precios se desarrollan mientras persisten las tensiones internas y externas que repercuten en la economía y en la estabilidad social del país.

El despliegue de cazas chinos en el mar de China Meridional respondió al ingreso de aeronaves filipinas en una zona del espacio aéreo considerada por Pekín como parte de su territorio. Según informó el diario estatal ‘Global Times’, autoridades chinas confirmaron que estas acciones tuvieron lugar después de detectar la presencia de aviones militares procedentes de Filipinas sobre el área de Huangyan Dao, también conocida como atolón de Scarborough o bajo de Masinloc, una región frecuentemente marcada por disputas territoriales y enfrentamientos diplomáticos.

De acuerdo con ‘Global Times’, fuentes de seguridad del país asiático indicaron que varias aeronaves filipinas habrían entrado sin autorización en lo que China define como su espacio aéreo sobre dicho arrecife. En respuesta, el Ejército Popular de Liberación ejecutó un operativo con recursos navales y aéreos, destinado a localizar, monitorear y emitir advertencias a los aviones filipinos antes de expulsarlos, conforme a lo estipulado por las leyes y regulaciones aplicables.

El atolón de Scarborough está situado en un sector estratégico del mar de China Meridional, donde China sostiene reclamaciones sobre casi toda la extensión marítima argumentando que se encuentra dentro de la “línea de nueve puntos”, una delimitación registrada en los mapas oficiales chinos. Según detalló la agencia de noticias Xinhua, el portavoz del Ministerio de Defensa de China declaró que el país “hará lo necesario para salvaguardar sus derechos” y remarcó que la soberanía sobre la zona “no se puede disputar”.

Los sucesos recientes se suman a la cadena de incidentes suscitados en torno a este enclave marítimo, donde además de Filipinas, países como Vietnam, Brunéi, Malasia y Taiwán alegan derechos históricos o jurídicos sobre parte de las aguas y formación de islas, desafiando abiertamente las pretensiones de China. Tal como publicó la agencia Xinhua, las autoridades chinos insisten en que sus acciones buscan preservar lo que consideran derechos soberanos dentro de un área de continuo desacuerdo internacional.

La rivalidad en torno al mar de China Meridional ha complicado la gestión regional y la seguridad para las naciones que dependen del tráfico marítimo por esa vía, al tiempo que el bajo de Masinloc figura entre los puntos más sensibles debido a su localización y a la frecuencia de incidentes vinculados con operaciones militares y pesqueras. El medio ‘Global Times’ reportó que los operativos de expulsión de las aeronaves filipinas forman parte del procedimiento desarrollado por Pekín ante cualquier ingreso no autorizado, considerándolo una salvaguarda de la integridad territorial.

La disputa en la región involucra una serie de principios legales y reivindicaciones históricas, sumando complejidad a las relaciones diplomáticas entre las naciones que concentran sus intereses en el mar de China Meridional. Según consignó ‘Global Times’, China ha reiterado en múltiples ocasiones ante organismos internacionales y foros multilaterales que la “línea de nueve puntos” determina el alcance de su jurisdicción marítima en la zona, posición que otros gobiernos vecinos objetan ante tribunales internacionales o mediante declaraciones formales.

Xinhua remarcó que, tras estos recientes sucesos, representantes de defensa chinos reafirmaron su intención de mantener una postura activa frente a lo que consideran desafíos a su soberanía. En contraste, los países que también reclaman derechos sobre el bajo de Masinloc han respondido en ocasiones anteriores con llamados a la moderación y el diálogo, aunque persiste la tensión en el terreno y la posibilidad de nuevos incidentes asociada a las patrullas aéreas y navales en la zona disputada.

El Congreso de Filipinas aprobó este miércoles seguir adelante con un proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte, lo que podría frustrar su carrera hacia el máximo cargo del país.

La hija del expresidente Rodrigo Duterte, encausado por la Corte Penal Internacional, anunció recientemente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028.

Ya había sido objeto de un proceso de destitución en la Cámara de Representantes el año pasado, pero la Corte Suprema lo desestimó por cuestiones de procedimiento.

Este miércoles, un comité del Congreso filipino aprobó por amplia mayoría remitir una acusación contra Sara Duterte a la Cámara de Representantes.

Se acusa a Sara Duterte de malversación y corrupción durante su gestión, así como de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos.

Según la Constitución filipina, si la Cámara de Representantes aprueba las acusaciones, esto activaría un juicio en el Senado.

Un veredicto de culpabilidad inhabilitaría a Duterte para ejercer cargos públicos y la apartaría de la contienda presidencial de 2028.

Su padre Rodrigo Duterte, presidente entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones de parte de la CPI por crímenes contra la humanidad durante la “guerra contra la droga” emprendida en su mandato que dejó miles de muertos.

El alto tribunal en La Haya celebró audiencias la semana pasada para determinar si se abre un proceso contra él.

La brecha de 54-1

Aunque todavía se avecina una audiencia de causa probable, Michael Tiu, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Filipinas, dijo a AFP que creía que nada descarrilaría el camino hacia una votación en la Cámara.

“Con la diferencia de 54-1 en la votación del comité, creo que es imposible que estas quejas de impeachment sean desechadas, dado que hay una gran diferencia y muchos vieron que las quejas tenían mérito”, dijo.

Los analistas han advertido que el anuncio presidencial de Duterte pesará mucho sobre los legisladores, obligados a evaluar las repercusiones de un voto contra alguien que aún puede ocupar el cargo más alto del país.

La supuesta amenaza de muerte contra Marcos surge de una conferencia de prensa nocturna en la que Duterte afirmó haber contratado a un asesino para matar al presidente y a miembros de su familia si él la mataba primero.

Aunque la vicepresidente dijo más tarde que los comentarios fueron malinterpretados, el legislador Gerville Luistro dijo el miércoles que las supuestas amenazas podrían desestabilizar las instituciones.

“Tienen peso. Crean miedo”, dijo.

Duterte y Marcos han estado involucrados en una pelea política de alto riesgo que estalló pocas semanas después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2022, cuando a la vicepresidenta se le negaron sus carteras de gabinete favoritas y en su lugar se la nombró secretaria de Educación.

El mes pasado, el comité de justicia desestimó un par de denuncias de impeachment contra Marcos, dictaminando que las acusaciones de corrupción por un escándalo que involucraba proyectos falsos de control de inundaciones carecían de fundamento.

(con información de AFP)

Las autoridades locales de Pililla informaron que una de las víctimas mortales del accidente de helicóptero registrado al sur de Manila era de nacionalidad extranjera, con origen malasio, mientras que la otra persona fallecida perdió la vida en el hospital tras el impacto y el posterior traslado a un centro médico. Según detalló el diario The Philippines Star, el siniestro tuvo lugar en la zona de Quisao, dentro del municipio de Pililla, provincia de Rizal, alrededor de las 7:27 horas, y dejó un saldo total de cinco ocupantes llevados a hospitales de la región como consecuencia de las heridas sufridas en el incidente.

La policía y los equipos de rescate acudieron al lugartras el accidente aéreo, donde constataron que dos de los ocupantes no sobrevivieron. Según informó The Philippines Star, las primeras informaciones recabadas confirmaron la nacionalidad malasia de una de las personas fallecidas, aunque la identidad completa de todos los pasajeros aún no fue revelada, dado que las autoridades locales optaron por preservar los datos en espera de notificar a los familiares.

El alcalde de Pililla, John Masinsin, ofreció detalles en conferencia de prensa acerca de las circunstancias del suceso. Explicó que uno de los pasajeros perdió la vida en el mismo lugar debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la segunda víctima falleció después de ingresar al hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió en el impacto. El funcionario local evitó proporcionar los nombres de los implicados, pero confirmó la presencia de un ciudadano extranjero entre los fallecidos, dato que ratificaron posteriores reportes publicados por The Philippines Star.

En cuanto al piloto, el alcalde Masinsin puntualizó que se encuentra entre los heridos llevados a centros de salud tras el accidente. El estado de salud de los otros heridos no fue detallado de inmediato por las autoridades, quienes señalaron que los traslados a los hospitales se realizaron con la mayor rapidez posible, dada la gravedad de la situación. Las fuerzas de seguridad permanecieron en la zona de Quisao para recoger pruebas y coordinar las labores de auxilio y esclarecimiento de lo sucedido.

De acuerdo con la información consignada por The Philippines Star, el siniestro movilizó a servicios de emergencia y fuerzas policiales, que trabajaron tanto en el rescate y la atención de los heridos, como en el aseguramiento del área afectada por el impacto del helicóptero. Aunque la causa precisa del accidente aún no ha sido difundida, las autoridades filipinas abrieron una investigación para esclarecer los hechos, mientras promueven la revisión técnica de la nave involucrada y recopilan testimonios de testigos.

El accidente en Pililla se suma a otros incidentes aéreos ocurridos en la región en los últimos años, lo que lleva a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y revisar los protocolos en vuelos civiles en zonas próximas a Manila. Según publicó The Philippines Star, los acompañantes de las víctimas mortales siguen bajo supervisión médica, mientras los familiares esperan avances sobre la identificación de los fallecidos y el progreso de la investigación oficial.

Filipinas, Estados Unidos y Japón concluyeron una serie de maniobras conjuntas sobre las islas Batanes y el canal de Bashi, ampliando el alcance geográfico de la cooperación militar más allá del tradicional foco en el Mar de China Meridional.

El ejercicio, enmarcado en las Actividades Marítimas Cooperativas Multilaterales impulsadas por Manila, involucró patrullajes aéreos y navales durante seis días, con la participación de la fragata filipina Antonio Luna, el destructor estadounidense USS Dewey y un avión P-3 Orion japonés, junto a helicópteros y cazas filipinos.

Según el jefe de asuntos públicos de las Fuerzas Armadas de Filipinas, coronel Xerxes Trinidad, fue la primera vez que estos ejercicios se desarrollaron en el espacio aéreo y marítimo al norte de Luzón, hasta la isla de Mavulis, reforzando la capacidad de operar de forma coordinada en entornos complejos.

La capitana Jennifer Monforte, desde la Antonio Luna, declaró que el principal objetivo fue mejorar la coordinación y los procedimientos compartidos entre las fuerzas armadas, con la meta de garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto. Subrayó que la actividad no debe interpretarse como un gesto provocador, pese a que la presencia de buques chinos en la zona, considerada ilegal por Manila, elevó la tensión durante las maniobras.

Las operaciones incluyeron ejercicios de reabastecimiento en el mar, patrullas aéreas, simulacros de comunicaciones y ejercicios antisubmarinos en aguas cercanas al límite sur del canal de Bashi, corredor estratégico para el comercio internacional y punto sensible ante posibles crisis en torno a Taiwán.

La reacción de China fue inmediata. Zhai Shichen, portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación, acusó a Filipinas de organizar patrullas conjuntas con países ajenos a la región, lo que, según afirmó, “perturba la paz y la estabilidad”. Beijing reiteró su rechazo a cualquier acción que interprete como injerencia en lo que considera su territorio, recordando que realizó patrullas propias en el Mar de China Meridional durante el mismo periodo.

El gobierno japonés, por su parte, ha endurecido su postura en materia de defensa, con planes para desplegar misiles superficie-aire en islas cercanas a Taiwán antes de 2031, mientras que el presidente filipino Ferdinand Marcos advirtió que el país podría verse arrastrado a un conflicto en la zona, dada la presencia de miles de trabajadores filipinos en Taiwán.

La extensión de los ejercicios trilaterales hacia el canal de Bashi y Batanes responde a una estrategia de Manila y sus aliados para fortalecer la vigilancia y la preparación ante escenarios de crisis. Desde 2023, Filipinas ha intensificado este tipo de actividades con otras naciones, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, buscando reforzar su posición frente a las reclamaciones chinas.

El Mar de China Meridional sigue siendo un punto de competencia estratégica, donde la negativa de China a acatar el laudo arbitral de 2016 y su reivindicación de la mayor parte de la zona alimentan la rivalidad geopolítica en el Indo-Pacífico.

(Con información de Reuters y AFP)

Durante el proceso contra Rodrigo Duterte en La Haya, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) expuso que el operativo conocido como “guerra contra las drogas” en Filipinas incluyó menores de edad entre las víctimas y siguió órdenes directas de Duterte, según informó The Philippine Star. En la audiencia previa al juicio, se presentaron evidencias que, de acuerdo con el fiscal Edward Jeremy, señalan que miles de fallecidos durante el mandato del expresidente provenían de comunidades con bajos ingresos, y que Duterte priorizó eliminar sospechosos sin recursos, además de perseguir objetivos políticos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por The Philippine Star, el fiscal Jeremy explicó ante el tribunal que las operaciones policiales durante el periodo de Duterte respondieron a instrucciones explícitas del mandatario. El fiscal detalló casos concretos como el del exalcalde de Albuera, Rolando Espinosa, quien figuraba en una lista oficial de narcotraficantes y terminó muerto a pesar de estar bajo custodia policial. Jeremy enfatizó que este caso representaba uno de los ejemplos más visibles de la conexión entre las órdenes del expresidente y las muertes de sospechosos.

El fiscal subrayó ante el TPI la existencia de un patrón sistemático en el accionar de las fuerzas de seguridad. Según publicó The Philippine Star, los informes de la policía solían indicar que, tras aparecer el nombre de un sospechoso en sus listas, la persona era hallada muerta con un arma cerca, en aparente justificación de que habría abierto fuego contra los agentes. Jeremy afirmó que existían pruebas de que muchos de estos reportes reproducían fragmentos similares y no ofrecían detalles diferenciados, lo que explicaría el perfil repetitivo de los implicados, quienes en su mayoría vivían en condiciones de precariedad económica.

El fiscal también mostró vídeos en los que se escucha a Duterte pronunciarse abiertamente a favor de la eliminación física de niños si formaban parte de actividades relacionadas con drogas. Jeremy citó las palabras del expresidente durante un acto público: “Es importante pararse aquí y entender lo que estamos escuchando. Este es el presidente de Filipinas, se está dirigiendo directamente a una multitud y les está pidiendo que maten a un niño simplemente por tener una adicción.” The Philippine Star reportó que estas declaraciones han sido fundamentales para establecer que la violencia desplegada se basaba en una política de Estado con respaldo al más alto nivel.

Las audiencias del TPI derivan de una investigación que se abrió tras una denuncia formalizada en 2018 por organismos no gubernamentales y familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas. Entre las acusaciones presentadas figura la práctica reiterada de ejecuciones extrajudiciales, la simulación de enfrentamientos y la fabricación de pruebas en perjuicio de la población pobre.

La defensa del exmandatario filipino rechazó categóricamente la existencia de órdenes directas o una política orientada a atacar a personas de bajos recursos. Los abogados sostuvieron ante el tribunal que las fuerzas policiales actuaron bajo marcos legales establecidos y que Duterte, pese a su discurso contundente, no fue responsable directo de los homicidios. Sin embargo, según consignó The Philippine Star, la acusación expuso que el número de menores involucrados y el patrón repetitivo en los casos revelan que existió una línea de actuación avalada desde la presidencia.

Durante el segundo día de lectura de cargos, Duterte no acudió a la cita judicial en La Haya. Según detalló The Philippine Star, su ausencia se produce en medio del proceso penal más relevante contra un exjefe de Estado en el marco de acciones antidrogas en Asia. El año 2019, el propio Duterte ordenó que Filipinas se retire de la jurisdicción del TPI, justificando esta medida por la presión y las críticas internacionales relacionadas con la campaña antinarcóticos.

La imputación por crímenes contra la humanidad incluye la acusación de atacar intencionalmente a una parte específica de la población. La Fiscalía sostiene que el operativo en Filipinas implicó una persecución sistemática y planificada contra aquellos sospechosos sin recursos, agravándose por la inclusión de menores de edad entre los fallecidos, según publicó The Philippine Star. Los cargos se centran tanto en la magnitud del impacto como en la estructura repetitiva de los hechos denunciados, enmarcando la campaña de Duterte en una política de Estado dirigida contra sectores marginados.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió este lunes en La Haya las audiencias de confirmación de cargos contra el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, el primer paso formal hacia un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sangrienta campaña antidrogas. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang acusó al ex mandatario de haber desempeñado un papel “fundamental” en los asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores: “autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas”, afirmó ante los jueces. Duterte, de 80 años, no estuvo presente en la sala. Renunció por escrito a su derecho a comparecer, alegando estar “viejo, cansado y frágil”.

La Fiscalía imputa a Duterte tres cargos de crímenes contra la humanidad que comprenden al menos 76 muertes. El primero se refiere a 19 asesinatos ocurridos entre 2013 y 2016, cuando gobernaba la ciudad de Davao como alcalde. El segundo atañe a 14 ejecuciones de denominados “objetivos de alto valor” durante los primeros años de su presidencia, entre 2016 y 2017. El tercero cubre 43 muertes en operaciones contra consumidores de bajo perfil, también durante su mandato presidencial (2016-2022). Niang subrayó que esas cifras representan “solo una fracción” del número real de víctimas: las propias autoridades filipinas reconocieron cerca de 6.000 muertos durante la campaña, mientras la CPI estima que el total podría situarse entre 12.000 y 30.000 civiles.

Estas audiencias, previstas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero, no constituyen un juicio sino una fase previa en la que la Fiscalía, la Defensa y los representantes de las víctimas exponen sus argumentos ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Concluidas las sesiones, los jueces disponen de 60 días para emitir por escrito su decisión: si confirman uno o más cargos, el caso pasa a una Sala de Primera Instancia para un proceso formal.

La defensa rechazó frontalmente los cargos. El abogado Nicholas Kaufman calificó las pruebas de “totalmente insuficientes” y los acusó de estar “motivados por consideraciones políticas”. Kaufman argumentó que los discursos de Duterte sobre seguridad y narcotráfico eran retórica intimidatoria, no órdenes de matar: “Vamos a demostrar que estos discursos no manifiestan intención criminal alguna”, dijo. También aseguró que la Fiscalía no encontrará “un solo testigo con credibilidad” que pueda afirmar haber escuchado a Duterte ordenar una ejecución. Duterte, por su parte, ha rechazado las acusaciones tachándolas de “mentira escandalosa” promovida por sus adversarios políticos.

El proceso llega tras una larga cadena de obstáculos. La investigación preliminar de la CPI comenzó en 2018 a raíz de denuncias de ONG y familiares de víctimas. En 2019, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del tratado de Roma, la norma fundacional del tribunal, para intentar esquivar su jurisdicción. Los jueces rechazaron ese argumento y mantuvieron la competencia de la corte sobre crímenes cometidos mientras el país aún era Estado miembro. Duterte fue detenido en Manila en marzo de 2025 por las autoridades filipinas, bajo el gobierno de su adversario político Ferdinand Marcos Jr., y trasladado a La Haya. Su defensa alega que fue “introducido por la fuerza en un avión en flagrante contravención de la Constitución” filipina. Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen.

Las audiencias también arrastraron retrasos. En septiembre de 2025, la Defensa solicitó una suspensión indefinida alegando un deterioro cognitivo del acusado. La Sala encargó entonces una evaluación a un panel de tres expertos en psiquiatría forense, neuropsicología y neurología geriátrica. En enero de 2026, el tribunal concluyó que Duterte “puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales” y fijó el 23 de febrero como nueva fecha de inicio.

Frente al tribunal en La Haya, grupos rivales de manifestantes filipinos se apostaron desde primeras horas del lunes. Patricia Enriquez, investigadora de 36 años, lo calificó de “momento histórico” para las víctimas. En Manila, unas 60 familias que perdieron a maridos e hijos en operaciones policiales siguieron la audiencia en directo desde un centro comunitario, aunque expresaron frustración por la ausencia del acusado. “Quizá no quiere asumir sus pecados”, dijo Gloria Sarmiento, cuyo novio apareció muerto en los últimos días de la presidencia de Duterte. Para los grupos de derechos humanos que durante años documentaron ejecuciones sin juicio en barrios pobres de Manila y otras ciudades, La Haya representa la única instancia disponible: la justicia filipina nunca procesó a Duterte por ninguno de esos crímenes.

El fiscal Mame Mandiaye Niang subrayó que los 78 asesinatos atribuidos formalmente a Rodrigo Duterte representan apenas una pequeña parte del número total de muertes que ocurrieron durante la llamada guerra contra las drogas en Filipinas. Según cálculos señalados por el propio Tribunal Penal Internacional (TPI), la cifra de civiles muertos en ese periodo podría ubicarse entre 12.000 y 30.000, una magnitud que supera ampliamente las estimaciones oficiales del gobierno filipino, que reconoce cerca de 6.000 fallecidos. De acuerdo con informaciones difundidas por la cadena de televisión ABS-CBN y recogidas por el medio, el fiscal Niang recalcó la importancia de la jornada para la justicia internacional y el pueblo filipino, situando en primer plano la investigación sobre crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por Duterte en el curso de la política antidrogas aplicada entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Tal como publicó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional este lunes, existen "indicios suficientes" para considerar la posible implicación directa e indirecta del expresidente Rodrigo Duterte en la ejecución de crímenes contra la humanidad. Durante su gestión como alcalde de Dávao y posteriormente como presidente de Filipinas, Duterte habría participado, según sostuvo el fiscal Niang, de manera indirecta en ejecuciones consideradas generalizadas y sistemáticas. De acuerdo con la fiscalía, los asesinatos investigados incluyen víctimas menores de edad y forman parte de una parcela mucho mayor de crímenes perpetrados bajo la política de mano dura contra el narcotráfico.

El medio ABS-CBN informó que la intervención de Niang se produjo tras el inicio de las audiencias previas al juicio contra Duterte, que se desarrollarán a lo largo de la semana. Durante estas vistas se presentarán y leerán formalmente todos los cargos que enfrenta el exmandatario. Pese a la oposición mostrada por los fiscales y representantes de las víctimas, el tribunal aceptó la solicitud de la defensa y autorizó que Duterte tenga la posibilidad de ausentarse de las audiencias, reservando así el derecho de decidir si comparece físicamente ante la corte.

La investigación del TPI se asienta sobre una denuncia formal presentada en 2018, firmada tanto por organizaciones no gubernamentales como por familiares de personas asesinadas durante la guerra contra las drogas impulsada por Duterte. Estas denuncias señalaron prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales y reclamaron la intervención de la justicia internacional ante la inacción de las instituciones locales para garantizar la rendición de cuentas.

El Tribunal Penal Internacional remarcó que “quienes ostentan el poder no están por encima de la ley”, dirigiendo este principio tanto a Duterte como a sus colaboradores, y subrayó que la actuación de la fiscalía responde a una demanda de justicia emitida por sectores amplios de la sociedad filipina, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Filipinas se retiró unilateralmente del TPI en 2019, siendo Duterte presidente, en respuesta a las investigaciones y cuestionamientos provenientes de La Haya relativos a la política antidrogas. Según consignó ABS-CBN, esta decisión no ha frenado el avance de las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la gestión de Duterte, ya que las denuncias y casos presentados antes de la retirada del país siguen en estudio por parte del tribunal internacional.

Entre los cargos que enfrenta, figure el asesinato de niños y adultos, episodios que, según la fiscalía del TPI, ocurrieron como consecuencia de una política estatal o de órdenes de autoridades superiores apuntadas a eliminar sospechosos de tráfico de drogas sin debido proceso judicial. Los informes de la fiscalía agregan que, más allá de los casos en los que existen registros formales, una estimación realizada por el TPI extiende hasta 30.000 la posible cantidad de víctimas fatales durante el periodo relevante, evidenciando un patrón sistemático más allá de los casos inicialmente imputados.

El proceso judicial en el TPI continuará con la presentación formal de cargos y la exposición de pruebas documentales y testimoniales que permitan establecer el grado de responsabilidad de Duterte en los hechos investigados. Mientras tanto, según reportó ABS-CBN, los familiares de las víctimas y las organizaciones promotoras de la denuncia insisten en la necesidad de una justicia efectiva y de un mecanismo internacional capaz de sustituir las carencias señaladas en el ámbito judicial filipino.

Testimonios recogidos por el movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) señalan que la empresa International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS), responsable de la administración del vertedero en la ciudad de Rodríguez, habría tomado medidas para restringir la difusión de información tras el reciente colapso que dejó un saldo de al menos una persona fallecida y dos desaparecidas. Según publicó Bayan, un recolector de residuos que publicó fotografías del incidente en redes sociales recibió una visita de carácter intimidatorio por parte de la empresa. La organización también denunció que agentes de Policía colaboraron en los intentos por limitar el acceso a los hechos ocurridos en la provincia de Rizal, en el norte de Filipinas.

Tal como informó el medio que cubrió el suceso, las autoridades filipinas comunicaron que el derrumbe registrado durante el fin de semana provocó la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue encontrado durante las operaciones de búsqueda y rescate. Los equipos desplegados continúan trabajando para establecer el paradero de otras dos personas reportadas como desaparecidas a raíz del incidente. El alcalde de Rizal, Ronnie Evangelista, indicó que los servicios de rescate están desplegando todos los recursos disponibles para tratar de ubicar y recuperar a las personas que aún no han sido encontradas tras el desastre.

De acuerdo con la información brindada por Evangelista, en un primer momento circuló la versión de que hasta 50 personas podrían estar desaparecidas a consecuencia del derrumbe, cifra que el propio funcionario consideró una “exageración”, rebajando así la estimación sobre la magnitud del número de víctimas implicadas. El movimiento Bayan insistió en que ISWIMS habría ejercido presión sobre quienes intentaron dar a conocer lo sucedido, con respaldo de la fuerza policial local, aunque hasta el momento la empresa no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.

El vertedero donde ocurrió el incidente pertenece a la gestión de ISWIMS, una empresa privada dedicada a la administración de residuos sólidos. El siniestro tuvo lugar en una zona en la que suelen operar decenas de trabajadores informales dedicados a la recuperación y selección de basura, práctica habitual en áreas de disposición final de residuos en Filipinas. Los organismos de emergencia desplegados en la zona realizan tareas de remoción y rastreo entre los escombros, mientras los familiares de los desaparecidos aguardan resultados de los trabajos de salvamento.

Según consignó el medio que reportó sobre el caso, este no es el primer suceso mortal de este tipo registrado en vertederos filipinos. En enero de este año, se reportó el fallecimiento de 36 personas a causa de un derrumbe en un sitio de disposición de residuos en la ciudad de Cebú, específicamente en el vertedero de Binaliw, lo que evidencia precedentes alarmantes en materia de seguridad y gestión de estos espacios en el país. Ambos incidentes reavivaron la preocupación entre activistas y habitantes locales sobre las condiciones laborales y las medidas de prevención de riesgos en este sector.

El caso de Rizal destaca también por las denuncias sobre un posible intento de encubrimiento informativo. La organización Bayan reiteró que tanto la empresa como fuerzas de seguridad buscaron restringir la cobertura de los medios sobre el accidente, una situación que genera cuestionamientos sobre la transparencia y acceso a la información pública en contextos de desastres industriales y laborales. La empresa involucrada, según reportó el medio, tampoco emitió declaraciones respecto a la gestión de la emergencia ni a las acusaciones recibidas hasta el momento.

Mientras continúan las labores de búsqueda en el vertedero situado en la ciudad de Rodríguez, los equipos de emergencia permanecen concentrados en localizar a las dos personas que siguen desaparecidas, en un entorno en el que persisten los temores sobre la estabilidad del lugar y la seguridad de quienes desarrollan actividades laborales manuales en la zona afectada, según detalló el medio informativo.

La Corte Penal Internacional inició el lunes las audiencias previas al juicio para el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, quien enfrenta tres cargos de crímenes contra la humanidad por las letales medidas represivas antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo.

Duterte, de 80 años, no estuvo en el tribunal de La Haya, tras haber renunciado a su derecho a comparecer mientras los fiscales comenzaban a presentar pruebas para respaldar sus cargos de su presunta participación en docenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas.

Los cargos datan de la época de Duterte como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente, e incluyen docenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas.

Duterte ha calificado los cargos contra él como una “mentira escandalosa”.

La audiencia de La Haya no es un juicio, sino que permite a los fiscales presentar sus argumentos ante el tribunal. Tras evaluar las pruebas, los jueces disponen de 60 días para decidir si confirman o no los cargos.

El mes pasado, los jueces determinaron que el octogenario estaba en condiciones de ser juzgado, tras posponer una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud.

Grupos de derechos humanos y familiares de víctimas elogiaron el arresto de Duterte en marzo, diciendo que era un paso adelante hacia la justicia.

“Hemos esperado esto durante tanto tiempo, durante años, pero no cejamos”, declaró Llore Pasco a los periodistas en una conferencia de prensa previa a la audiencia. Añadió que sus dos hijos se fueron a trabajar en mayo de 2017 y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente acribillados a balazos.

Los partidarios de Duterte criticaron al gobierno del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., rival político de Duterte, por arrestar y entregar al ex líder a un tribunal cuya jurisdicción disputan. Entre sus detractores se encuentra su hija, la actual vicepresidenta filipina Sara Duterte, quien anunció la semana pasada que se presentará a la presidencia en las elecciones de 2028.

Sheerah Escudero está preocupada por lo que sucederá si otro Duterte llega al poder. El cuerpo de su hermano de 18 años fue encontrado envuelto en cinta adhesiva en 2017. “Sabemos que la misma política de asesinatos continuará”, declaró a la prensa antes de la audiencia del lunes.

Los fiscales de la CPI anunciaron en febrero de 2018 la apertura de una investigación preliminar sobre la violenta represión antidrogas. En una medida que, según activistas de derechos humanos, buscaba eludir la rendición de cuentas, Duterte, entonces presidente, anunció un mes después que Filipinas abandonaría la corte.

Los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción debido a la retirada de Filipinas. Los países no pueden abusar de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, el cual rige la corte, “protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos delitos que ya se están considerando”, establece la decisión de septiembre.

Esta decisión aún está pendiente de apelación.

Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde los más de 6.000 que ha informado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.

(con información de AP)

La audiencia previa a juicio contra Rodrigo Duterte ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contempla restricciones adaptadas a su estado de salud, como sesiones con pausas cada hora y limitaciones en la extensión del proceso, según detalló el propio tribunal en un comunicado. El TPI explicó que la Secretaría velará por la aplicación de los ajustes recomendados tras el examen médico del exmandatario, permitiendo que las diligencias no superen las tres horas diarias y solo se realicen cuatro veces a la semana, con un día de descanso entre audiencias. Este esquema busca facilitar la participación del expresidente filipino en la etapa procesal, aunque Duterte no asistirá personalmente a las audiencias argumentando sentirse “viejo, cansado y frágil”, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

Según publicó el TPI, el proceso iniciado este 23 de febrero en La Haya se extiende también por los días 24, 26 y 27 del mismo mes, con el objetivo de determinar la existencia de pruebas suficientes para establecer motivos fundados en relación con los presuntos delitos imputados a Duterte. La Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas cuentan con turnos asignados para exponer ante los jueces sus argumentos. En la apertura de las audiencias, el tribunal resaltó que la finalidad principal del proceso radica en confirmar, o no, la existencia de elementos que justifiquen el inicio de un juicio formal contra el exmandatario filipino.

El expresidente Duterte enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad, en concreto, asesinato e intento de asesinato presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en Filipinas, en el contexto de la denominada "guerra contra las drogas". Según consignó el TPI, los hechos investigados abarcan tanto el periodo presidencial de Duterte como su gestión anterior como alcalde de Davao, en el sur de Filipinas. Dentro de las acusaciones, el tribunal ha recordado públicamente declaraciones del propio Duterte en las que afirmó estar dispuesto a matar “a 100.000 criminales” y a arrojar sus cuerpos a la bahía de Manila.

De acuerdo con el TPI, si la Sala encargada determina que existe una base sustancial para alguna de las imputaciones, el proceso pasará a una Sala de Primera Instancia donde se realizaría el juicio correspondiente. Por el momento, las audiencias actuales buscan que las partes presenten sus pruebas orales y argumenten la solidez de los cargos.

Las posiciones de los actores involucrados han originado reacciones en el ámbito internacional. Tal como reportó el medio, Amnistía Internacional destacó la audiencia como “un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sobrevivientes de la mortífera llamada ‘guerra contra las drogas’ de su administración”. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, afirmó: “La Sala de Cuestiones Preliminares del TPI debe ahora tomar rápidamente una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que se pueda hacer justicia”. Callamard instó también a la administración filipina a cooperar plenamente con la investigación del tribunal, solicitando que las autoridades ejecuten cualquier nueva orden de arresto emitida por el TPI.

El debate sobre la responsabilidad penal de Duterte ocurre en un contexto de divisiones en el país. Según reportó el TPI, la entrega del exmandatario a la corte internacional se realizó en marzo de 2025 por autoridades filipinas bajo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., a raíz de la orden de arresto emitida por la corte. Marcos Jr. proviene de una familia previamente aliada del propio Duterte. La aprehensión ha generado discusiones dentro de Filipinas, donde el expresidente aún mantiene el respaldo de sectores significativos de la población. Paralelamente, la hija de Duterte, Sara Duterte, que ocupa la alcaldía de Davao tras suceder a su padre, ha declarado recientemente su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.

El proceso en el TPI ha suscitado observaciones sobre el alcance de la jurisdicción internacional frente a crímenes imputados a mandatarios, así como acerca de la capacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir las órdenes emanadas de la corte. El TPI reiteró en su documento que los procedimientos actuales deben ser interpretados únicamente como la etapa de confirmación de cargos y no como un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Además, la organización judicial deslizó consideraciones sobre la presión y críticas que el TPI ha recibido históricamente por parte de determinados líderes globales, incluyendo incidentes bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, quienes han objetado la intervención de la corte en asuntos de jurisdicción nacional. La secretaria general de Amnistía Internacional, citada por el TPI, señaló que “este proceso judicial también recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, sin importar la ferocidad de los ataques, las sanciones y las amenazas dirigidas al TPI por parte de algunos líderes mundiales”.

Durante las sesiones en La Haya, tanto la Fiscalía del TPI como la defensa de Duterte y los representantes legales de víctimas exponen y justifican sus posiciones ante los jueces. El tribunal enfatizó que las audiencias previa a juicio formal incluyen todas las garantías procesales necesarias para la participación de las partes, y que la decisión tomada marcará el rumbo del proceso penal internacional en torno a los hechos atribuidos a la anterior administración filipina.

El caso permanece bajo la observación de organizaciones de defensa de derechos humanos y organismos internacionales, mientras se aguarda la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a la suficiencia o insuficiencia de las pruebas para abrir un juicio formal contra Duterte por crímenes de lesa humanidad.

La gestión privada del vertedero de Rizal quedó en el centro del debate después de que organizaciones civiles denunciaron intentos de silenciar a quienes buscan información sobre la desaparición de al menos 50 personas, tras un colapso ocurrido en este basurero de la ciudad de Rodríguez, provincia de Rizal. Según informó ABS-CBN y citó al grupo de defensa de los derechos de las personas desfavorecidas Kadamay, la estimación de personas desaparecidas surge de familiares que no logran localizar a sus seres queridos después del desastre sucedido cerca de las 14:00 horas del pasado viernes en el distrito de San Isidro.

El incidente tuvo lugar meses después de un derrumbe ocurrido el 8 de enero en el vertedero de Binaliw, en Cebú, donde murieron 36 personas, como consignó ABS-CBN. La secretaria general de Kadamay, Mimi Doringo, explicó que los 50 desaparecidos no representan un dato definitivo, ya que la cifra proviene de los reclamos de familias en la zona afectada. Doringo también señaló que dos hermanos lograron sobrevivir tras pasar más de una hora atrapados bajo los restos del vertedero, lo que evidencia tanto la magnitud del derrumbe como la incertidumbre respecto al número exacto de afectados.

El Centro de Mando de la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Rizal confirmó sólo tres personas desaparecidas y no ofreció más información oficial sobre las circunstancias del colapso ni sobre la identidad de los implicados, informó ABS-CBN. Esta disparidad en las cifras alimentó cuestionamientos de las agrupaciones civiles respecto a la transparencia y a la coordinación en el manejo de las labores de rescate e identificación de víctimas.

A través de sus plataformas digitales, Kadamay denunció que algunas familias habrían recibido dinero a cambio de guardar silencio sobre las circunstancias del derrumbe y la desaparición de decenas de personas en el vertedero de Rizal. Kadamay detalló ante ABS-CBN que el lugar está bajo la administración de la empresa privada International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS), lo que añade complejidad a la investigación por la presencia de intereses empresariales en la gestión del sitio sin que hasta el momento las autoridades hayan divulgado información oficial adicional.

El movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) señaló que la empresa ISWIMS impidió la cobertura informativa por parte de los medios, lo que motivó críticas por falta de acceso a la información. Bayan advirtió que fuerzas policiales habrían colaborado con la empresa para restringir el trabajo periodístico y evitar la difusión de detalles sobre el hecho. ABS-CBN también consultó a Bayan, que mencionó el caso de una persona dedicada a recoger basura en el vertedero, quien recibió una visita considerada intimidatoria por parte de representantes de ISWIMS después de publicar fotografías del incidente en redes sociales.

El vertedero de Rizal también estuvo involucrado en un derrumbe anterior tras fuertes precipitaciones, según reportó ABS-CBN. En esa ocasión, cuatro trabajadores que se encontraban en el lugar fueron rescatados sin lesiones graves, lo que incrementó la preocupación de organizaciones sociales sobre la seguridad de quienes dependen económicamente de estas actividades y evidencia el riesgo recurrente en la operación del basurero.

El caso de Rizal se suma a una serie de incidentes en vertederos de Filipinas en los últimos meses, lo que generó alarma entre organizaciones civiles acerca de las condiciones laborales, la gestión de residuos y la transparencia de las empresas privadas que controlan estos espacios. Las divergencias entre las cifras oficiales y las estimaciones de grupos civiles también llamaron la atención sobre la dificultad de acceder a información precisa en contextos donde hay barreras informativas y presiones hacia las comunidades afectadas, según subrayó ABS-CBN.

La ciudad de Madrid, con más de 3,5 millones de habitantes y conocida por símbolos como el Oso y el Madroño o la Puerta del Sol, comparte su nombre con diversas localidades lejos de la península ibérica. Tal como detalló el medio original, este topónimo está presente no solo en España, sino también en municipios de Colombia, ciudades de Estados Unidos como Iowa, poblaciones mexicanas e incluso regiones en Filipinas, todo ello como resultado de la expansión colonial y cultural originada desde España.

Según informó la fuente, Madrid, fuera del contexto español, aparece en geografías tan variadas como Colombia —específicamente en el departamento de Cundinamarca—, en México dentro del estado de Colima, en la región de Caraga de Filipinas, y en territorios estadounidenses como los estados de Iowa y Nueva York. El nombre incluso ha dado lugar a variantes como New Madrid, localidad ubicada en Missouri, en el corazón del Medio Oeste de los Estados Unidos.

El origen del nombre Madrid se apoya en una herencia musulmana cuya influencia se hace visible en la etimología del topónimo, reportó la fuente. Las teorías más divulgadas sostienen que deriva de la palabra árabe 'mayra', asociada con “canales de agua”, haciendo alusión a los manantiales y arroyos que formaban parte esencial de la zona donde hoy se encuentra la actual capital de España. Este término evolucionó al conocido Mayrit o Majerit, denominación que quedó registrada a partir del siglo IX durante la construcción de una muralla musulmana, conocida precisamente como ‘Mayrit’. Al día de hoy, el tramo mejor conservado de esa estructura puede observarse en el Parque del Emir Mohamed I, a corta distancia de hitos históricos como la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.

La multiplicación del nombre Madrid por otros continentes se relaciona con la presencia española en territorios de América y Asia tras el periodo de colonización, consignó el medio original. La nomenclatura de distintas localidades refleja la expansión cultural ligada a la península ibérica, en la que se exportaron tradiciones, modelos urbanos y también topónimos. Esto explica por qué, además del Madrid original, se han consolidado núcleos de población con este nombre en distintas latitudes, contrastando sus dimensiones y características. Así, mientras que Madrid en España figura como una de las ciudades más pobladas de Europa, su homónima en Iowa, Estados Unidos, registra una población cercana a los 2.802 habitantes.

Decir Madrid, entonces, no remite únicamente a la capital española ni a sus tradiciones emblemáticas, sino también a la huella de la historia y la influencia cultural ejercida por ese epicentro urbano fuera de sus fronteras. El medio originario recalcó la diversidad geográfica y demográfica que estos “otros” Madrides presentan, así como las raíces comunes que los unen en su denominación.

La Corte Penal Internacional (TPI) ha determinado que Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, tiene la facultad de decidir si asiste o no a las audiencias judiciales previas al proceso en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad, relacionados con la campaña antidrogas ejecutada durante su mandato. Según reportó el TPI en un comunicado citado por Europa Press, dicha autorización responde a una solicitud formal presentada por el equipo legal de Duterte ante el tribunal con sede en La Haya.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal aclaró que estas vistas previas al juicio no constituyen un juicio en sí, sino que representan una fase preliminar enfocada en determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a la siguiente etapa. La Sala Primera de lo Preliminar de la corte agregó que, durante estas audiencias, los jueces no deliberarán sobre la inocencia o culpabilidad de Duterte, sino que se centrarán únicamente en valorar el material presentado para decidir la continuación del proceso judicial.

Europa Press detalló que las sesiones preliminares han sido programadas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero. Pese a la oposición expresa de la fiscalía y los representantes legales de las presuntas víctimas, los jueces avalaron la petición del equipo de Duterte. El tribunal se pronunció de esta manera: “Tras una solicitud de la defensa (...), los jueces han decidido que la audiencia se celebrará en ausencia del sospechoso”.

La investigación del TPI comenzó tras una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de personas fallecidas durante la operación antidrogas, según consignó Europa Press. La gestión de Rodrigo Duterte frente a la llamada “guerra contra las drogas” incluyó acciones que las autoridades filipinas cifran en aproximadamente 6.000 fallecidos. Este balance, ampliamente cuestionado por organismos internacionales y activistas por los derechos humanos, ha mantenido el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la política de seguridad filipina.

Las decisiones del TPI han surgido en el contexto de la retirada unilateral de Filipinas de la jurisdicción del tribunal en 2019, una medida adoptada por Duterte como respuesta a las investigaciones iniciadas desde La Haya, informó Europa Press. A pesar de la salida formal, el TPI argumentó que conserva la competencia para juzgar presuntos delitos cometidos durante el periodo en que Filipinas era parte del tribunal.

Según indicó el medio internacional, Duterte permanece bajo custodia en la ciudad neerlandesa de La Haya después de su traslado en marzo de 2025, fecha en la que quedó oficialmente a disposición del TPI. Familiares de las víctimas y diversas organizaciones han manifestado su desacuerdo con la decisión del tribunal, subrayando su demanda de justicia y de una comparecencia directa del expresidente en las vistas de la corte.

El caso centra nuevamente la atención global en el alcance de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y los límites de las obligaciones de comparecencia para personas señaladas por crímenes de alta gravedad. Los jueces del TPI fundamentaron su decisión en las normativas que contemplan la posibilidad de que el acusado esté ausente en fases preliminares, mientras que la fiscalía y representantes de las víctimas han objetado esta interpretación al considerar que afecta el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, según informó Europa Press.

La estructura de estas audiencias previas contempla, además de la exhibición de pruebas, la revisión por parte de los magistrados para determinar la solidez del caso antes de iniciar un proceso judicial completo. Europa Press puntualizó que, en cualquier caso, será en una etapa posterior donde se decida si existe responsabilidad penal individual por parte de Rodrigo Duterte, en función del análisis del material probatorio y de los testimonios que se presenten durante el juicio.

Las implicaciones de esta decisión se extienden al examen del papel de otros funcionarios y agentes estatales involucrados en la campaña antidrogas, ya que los procedimientos en la Corte Penal Internacional suelen abordar la responsabilidad no solo de altos cargos, sino también de mandos intermedios cuando existe evidencia que así lo amerite, según describió Europa Press en su cobertura del proceso.

Según reportó la cadena de televisión ABS-CBN, la localidad de Mati, en Dávao Oriental, figura entre las áreas más gravemente impactadas por los recientes deslizamientos de tierra en el sureste de Filipinas, donde los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro integrantes de una misma familia, compuesta por una pareja y sus dos hijas, de cinco y trece años. Las acciones de búsqueda y rescate permanecen activas en esta región tras las lluvias torrenciales que han causado daños extensos en viviendas y servicios.

Las autoridades filipinas informaron este viernes que al menos siete personas han perdido la vida debido a los corrimientos de tierra desencadenados por intensas precipitaciones en las provincias de Dávao Oriental y Dávao de Oro, ambas localizadas en la isla de Mindanao, en el sureste del país. Según consignó ABS-CBN, hasta el momento más de 3.000 residentes se han visto forzados a abandonar sus casas en respuesta al riesgo persistente de nuevos deslizamientos y la destrucción ocasionada en numerosas viviendas.

De acuerdo con la cobertura de ABS-CBN, en Barangay, área perteneciente a Dávao de Oro, tres personas murieron como consecuencia del colapso de su vivienda por el desprendimiento de tierra, mientras que otros inmuebles en la zona sufrieron graves daños estructurales. El impacto de las lluvias se extiende a unas 10.000 personas en total, entre las cuales se cuentan tanto los desplazados como quienes han sufrido pérdidas materiales o afectación en servicios básicos.

El medio ABS-CBN detalló que, como medida de prevención, las autoridades declararon la suspensión de las clases en instituciones educativas y el cierre temporal de comercios en varias zonas de las provincias afectadas, precisamente para minimizar riesgos y facilitar el trabajo de las brigadas de emergencia. Las persistentes lluvias en el sur de Filipinas suelen estar asociadas a tormentas intensas y tifones que impactan con frecuencia la región.

Historias como la de la familia fallecida en Mati ilustran el nivel de vulnerabilidad que experimentan los habitantes frente a eventos meteorológicos extremos. Los trabajos de búsqueda en la zona continúan para localizar a posibles desaparecidos y asistir a quienes permanecen en áreas de difícil acceso, labor que realizan en coordinación organismos locales y equipos de rescate provinciales, según detallaron funcionarios a ABS-CBN.

El patrón meteorológico que dio lugar a las lluvias torrenciales responde a las dinámicas estacionales que caracterizan el clima de Filipinas, catalogado entre los países más expuestos a desastres naturales de la región Asia-Pacífico. Ante la magnitud de las afectaciones y la recurrencia de los deslizamientos de tierra, el sistema de gestión de emergencias declaró el estado de alerta y movilizó recursos para atender tanto a los damnificados como a las comunidades en riesgo.

La información dada a conocer por ABS-CBN refleja el alcance de las operaciones, cuyo enfoque principal se centra en la protección de la vida y la provisión de ayudas de emergencia, incluyendo albergue temporal, atención médica básica y distribución de enseres de primera necesidad para quienes perdieron sus hogares. Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la vigilancia y seguir las instrucciones difundidas por los servicios meteorológicos y de emergencia, dado que las previsiones apuntan a la continuación de lluvias en los próximos días.

En este contexto, los registros de daños y desplazamientos se mantienen en actualización a medida que avanzan las tareas de evaluación de impacto y las acciones para restablecer la normalidad en las provincias más perjudicadas, conforme a lo reportado por ABS-CBN y otros medios locales.

A raíz del presupuesto propuesto para 2025, calificado por la vicepresidenta filipina Sara Duterte como “manchado de corrupción”, la dirigente declaró que decidió abandonar el Ministerio de Educación el año pasado. En este contexto, Duterte compareció públicamente para anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2028, y pidió perdón por su propio papel en la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. Según informó el medio, la vicepresidenta expresó: "Soy Sara Duterte, me presentaré a las elecciones presidenciales de Filipinas", durante la lectura de un discurso de cinco páginas ante numerosos medios de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, el acto de anuncio presentó particularidades simbólicas, como la orden de Duterte de quitar el logo de la oficina de la vicepresidencia del atril. Durante su intervención, además de formalizar su postulación, la vicepresidenta lanzó acusaciones de corrupción contra el actual Ejecutivo y solicitó perdón a la ciudadanía, manifestando su pesar por haber favorecido la elección de “BBM”, en referencia a Ferdinand Marcos Jr, apodado Bongbong. Desde los primeros meses de mandato de Marcos Jr, Duterte habría cuestionado la integridad del Gobierno, según detalló en su comparecencia citada por el medio. Afirmó no poder “arrodillarse ante cada filipino para implorar perdón”, y propuso en cambio: “Ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación”. Entre los temas criticados al actual Ejecutivo, Duterte incluyó el alza de precios en productos básicos, cuestiones de política exterior, la gestión del tráfico y el combate al consumo de estupefacientes.

Según consignó la fuente, la vicepresidenta afirmó ser blanco de ataques organizados por sectores con amplio poder, aunque manifestó no tener temor personal, sino preocupación “por la próxima generación”. Estas declaraciones se produjeron mientras enfrenta diversas demandas de destitución. El medio reportó que la primera de estas iniciativas, presentada en enero, fue declarada inconstitucional. Posteriormente, otras dos denuncias ingresaron el 2 de febrero y fueron aceptadas por el secretario general de la Cámara de Representantes, Cheloy Garafil. El 9 de febrero se sumó una cuarta demanda, impulsada por grupos religiosos, sacerdotes y abogados, que incluye acusaciones de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos. Estas denuncias se relacionan, en parte, con el presunto uso indebido de al menos 612 millones de pesos filipinos (más de 8,9 millones de euros) de fondos confidenciales.

El medio puntualizó que el distanciamiento entre Sara Duterte y Ferdinand Marcos Jr, cuyas familias antes mantuvieron alianzas, se intensificó tras la remisión del expresidente Rodrigo Duterte, padre de la actual vicepresidenta, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Rodrigo Duterte enfrenta acusaciones en La Haya por crímenes contra la humanidad cometidos durante su administración, periodo tras el cual la alcaldía de Davao pasó a manos de Sara Duterte, quien era vicealcaldesa hasta entonces.

En su declaración, Duterte indicó que cuestionó la integridad del gobierno desde el inicio de la actual administración, y justificó su salida de la Secretaría de Educación por motivos éticos y financieros, según lo consignado. Criticó la gestión del Ejecutivo en diversas áreas y subrayó que su determinación de buscar la presidencia responde a su voluntad de servicio. Además, el acto de presentación estuvo marcado por el distanciamiento institucional, reflejado en la estética deliberadamente despojada que eligió para la comparecencia.

Sara Duterte, quien durante el mandato de su padre en la presidencia administró la alcaldía de Davao, oficializó la ruptura pública con el actual gobierno de Marcos Jr, enfatizó la urgencia de enfrentar la corrupción y centró su mensaje en la batalla política por la transparencia y el futuro nacional. De acuerdo con lo señalado por la fuente original, reiteró una autocrítica respecto a sus decisiones previas y manifestó su disposición a asumir un papel opositor ante el actual Ejecutivo.

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha anunciado este miércoles su candidatura a las elecciones de 2028 en una comparecencia en la que ha pedido perdón a los filipinos por permitir un Gobierno presidido por Ferdinand Marcos Jr al que ha acusado de corrupción.

“Soy Sara Duterte, me presentaré a las elecciones presidenciales de Filipinas”, ha afirmado en un discurso de cinco páginas que ha leído ante los medios de comunicación, en un acto para el que ha ordenado retirar el logo de la oficina de la Vicepresidencia del podio.

Su anuncio ha estado marcado por las constantes críticas al actual Ejecutivo, una situación por la que ha pedido “perdón” a los filipinos, lamentando “haber contribuido a la elección de BBM como presidente de nuestro país”, en alusión al mote de Ferdinand Marcos Jr, Bongbong. Asimismo, ha justificado su salida en 2024 de la Secretaría de Educación, ante un presupuesto para 2025 “manchado de corrupción” y ha asegurado haber cuestionado la integridad del Ejecutivo de Marcos Jr desde los primeros meses de mandato.

“No puedo arrodillarme ante cada filipino para implorar perdón. En cambio, ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación”, ha aseverado desde el atril, y afeando al Gobierno un abanico de asuntos, desde los precios de los productos básicos hasta la política exterior, pasando por el tráfico y consumo de estupefacientes.

Asimismo, Duterte ha defendido ser víctima de ataques “guionizados” y realizados con “toda la maquinaria del poder”, si bien ha afirmado no tener miedo por sí misma, sino “por la próxima generación”.

Sus palabras llegan en el marco de las sucesivas demandas de ‘impeachment’ en su contra: una primera a finales de enero, declarada inconstitucional, otras dos registradas el 2 de febrero y aceptadas por el secretario general de la Cámara, Cheloy Garafil, y una cuarta, introducida por grupos religiosos, sacerdotes y abogados el 9 de febrero, en relación a una presunta traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, entre otros, por el supuesto uso indebido de al menos 612 millones de pesos filipinos (más de 10,53 millones de dólares) en fondos confidenciales.

Buena parte de la rivalidad entre Sara Duterte y Ferdinand Marcos Jr. --vinculados a familias otrora aliadas-- bebe de la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de Rodrigo Duterte, padre de la vicepresidenta y acusado en la corte de La Haya de crímenes contra la humanidad durante su etapa como presidente, un cargo que asumió dejando en la Alcaldía de Davao a su hija mayor y hasta entonces vicealcaldesa de la ciudad.

(con información de EP)

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, anunció que se postulará a la presidencia del país en 2028. Duterte, quien mantiene una disputa con el presidente Ferdinand Marcos Jr., enfrentó un proceso de juicio político el año pasado que fue desestimado por la Corte Suprema por cuestiones de procedimiento.

“Ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación”, expresó durante el anuncio de su candidatura. “Soy Sara Duterte. Me presentaré como candidata a la presidencia de Filipinas”, declaró.

Hija del ex presidente Rodrigo Duterte, la segunda del Ejecutivo acusó a Marcos de corrupción y de no cumplir con los compromisos asumidos durante la campaña, tras la alianza que les permitió una victoria contundente en las elecciones presidenciales de 2022.

“En los primeros meses de nuestro mandato, ya vi la falta de sinceridad de Marcos Jr. respecto a las promesas hechas durante la campaña, así como su deber jurado hacia la nación”, señaló.

A principios de mes, miembros del clero filipino presentaron una denuncia contra Duterte, la tercera en poco más de una semana. De acuerdo con la Constitución de Filipinas, un proceso de impeachment implica un juicio en el Senado y, en caso de veredicto condenatorio, impediría a Duterte participar en la política y en las elecciones presidenciales de 2028.

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte se deterioraron notablemente desde marzo de 2025, en el contexto de las elecciones generales de mitad de mandato. Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, sostuvo que es blanco de un complot para asesinarla. La disputa política se agudizó en junio y derivó en la renuncia de Duterte a su cargo como ministra de Educación.

En ese contexto, el presidente de Filipinas retiró a la vice de su lugar en el Consejo de Seguridad Nacional. Marcos justificó la medida como parte de una “reorganización” del consejo, orientada a asegurar que sus integrantes contribuyan a la protección y soberanía del país.

“La vicepresidenta no es considerada una figura relevante a la hora de cumplir con sus responsabilidades en el consejo”, indicó Lucas P. Bersamin, secretario presidencial, en un comunicado.

El documento oficial señala que la reorganización buscó fortalecer la capacidad institucional para adaptarse a nuevos desafíos. El presidente tendrá la facultad de designar a otros altos funcionarios o incluso ciudadanos para ocupar el puesto si lo considera necesario.

Sara Duterte y el caso de su padre en La Haya

Cabe recordar que la vicepresidenta acusó al Tribunal Penal Internacional (TPI) de “secuestrar” a su padre, en el marco de un mitin al que asistieron cientos de simpatizantes de la familia.

Duterte respaldó la versión de su padre, quien desde La Haya calificó lo sucedido como “una caza de brujas”. La vicepresidenta denunció que la corte internacional “sustrajo de forma forzosa” a Rodrigo Duterte de Filipinas, en lugar de permitir que “fuera juzgado” en su país de origen.

“Lo que han hecho es forzarlo a abandonar el país y llevarlo a La Haya con una simple orden de arresto”, afirmó. La integrante del gobierno filipino subrayó que “ni siquiera ha tenido que presentarse ante el tribunal en Filipinas” y defendió que “los acusados tienen derechos en este país”.

“Lo que han hecho es secuestrarlo. Es un abuso”, declaró Duterte, en medio de las críticas de su familia por la “falta de legitimidad” del proceso iniciado por el TPI.

Un panel médico designado por la Sala Primera de lo Preliminar del TPI realiza revisiones periódicas al ex mandatario Duterte. Este grupo de especialistas determinó la capacidad del ex presidente de participar en los procedimientos judiciales que lo involucran en presuntos crímenes cometidos durante su gestión.

El TPI anunció el 26 de enero pasado que la audiencia de confirmación de cargos se celebrará el 23 de febrero, fecha en la que se reanudará el proceso. La sala concluyó que Duterte, de 80 años y recluido en La Haya desde marzo de 2025, conserva plenas facultades para ejercer sus derechos procesales y tomar parte activa en las etapas previas al juicio.

(Con información de AFP)

Estados Unidos anunció el despliegue de sistemas de misiles de última generación en Filipinas como parte de una estrategia conjunta con Manila para disuadir la expansión y las acciones agresivas del régimen de China en el mar Meridional. En paralelo, fuerzas armadas chinas han realizado nuevas patrullas de combate en la zona, elevando la tensión en un área clave para el comercio y la seguridad global.

El plan de Washington prevé aumentar la presencia de lanzadores terrestres, incluidos sistemas Typhon y equipos antibuque, en puntos estratégicos del archipiélago filipino. De acuerdo con autoridades de ambos países, estos sistemas permitirán al ejército filipino familiarizarse con armamento capaz de lanzar misiles de largo alcance, como los Tomahawk, que pueden impactar objetivos a más de 1.600 kilómetros, cubriendo así buena parte del litoral chino desde Luzón, la isla más grande de Filipinas.

El embajador filipino en Estados Unidos, Jose Manuel Romualdez, confirmó que los lanzadores Typhon, junto con el Sistema de Interdicción de Buques Expedicionarios de la Armada estadounidense, ya están operativos en el norte de Filipinas y se mantendrán en el país.

Romualdez explicó que los ejercicios conjuntos han servido para preparar a las fuerzas locales y que la adquisición futura de estos sistemas está en evaluación.

“Es una tecnología muy sofisticada y estará aquí para disuadir cualquier amenaza”, señaló, al tiempo que subrayó que el despliegue “no busca antagonizar a ningún país”, sino fortalecer la capacidad defensiva de Filipinas.

El incremento de la cooperación militar entre Washington y Manila fue ratificado durante conversaciones de alto nivel celebradas en la capital filipina, donde ambos gobiernos acordaron ampliar los ejercicios conjuntos, acelerar la modernización de las fuerzas filipinas y facilitar el despliegue temporal de equipamiento y personal estadounidense.

El comunicado conjunto destacó el compromiso de garantizar la libertad de navegación y de comercio en el Indo-Pacífico, así como el rechazo a “las actividades ilegales, coercitivas y agresivas” de China en el mar Meridional.

El régimen chino ha reaccionado con nuevos patrullajes aéreos y navales en las aguas en disputa, en lo que denominó ejercicios de “preparación para el combate”.

El Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación acusó a Filipinas de provocar la escalada al invitar a potencias extranjeras a realizar patrullas conjuntas, y advirtió que China tomará medidas para “salvaguardar su soberanía y derechos marítimos”.

El portavoz militar chino, capitán Zhai Shichen, denunció que la cooperación militar entre Filipinas y Estados Unidos “socava la estabilidad regional” y “tensa la situación” en el mar Meridional.

El régimen de Beijing mantiene su reclamo sobre casi la totalidad de ese mar, en disputa con Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países costeros. En 2016, un fallo internacional respaldó la posición filipina sobre varias áreas, pero China rechaza la sentencia y ha mantenido la presión militar y diplomática.

El mar Meridional es una de las rutas más transitadas del mundo, por la que circula cerca del 30% del comercio global y que alberga recursos pesqueros y reservas energéticas clave. Las confrontaciones entre guardacostas chinos y filipinos se han multiplicado en los últimos años, mientras Manila denuncia el hostigamiento de sus embarcaciones y la construcción de infraestructuras artificiales por parte de China en zonas reclamadas por Filipinas.

Desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr., Filipinas ha reforzado su alianza con Estados Unidos y ha buscado contrarrestar la presión del régimen chino mediante una mayor presencia militar occidental en la región. Washington ha reiterado su respaldo a Manila y su compromiso con la seguridad y la integridad de las rutas marítimas del Indo-Pacífico.

(Con información de The Associated Press y EFE)

Las tareas de recuperación de los cuerpos en aguas cercanas a la isla de Baluk-Baluk han permitido la identificación de tres víctimas más relacionadas con el naufragio del ferry ‘MV Trisha Kerstin 3’, según los datos publicados por la Guardia Costera de Filipinas y recogidos por el diario The Philippine Star. Con estos nuevos hallazgos, la cifra de fallecidos alcanzó las 58 personas, mientras siguen sin localizar a 21 pasajeros, casi medio año después del accidente ocurrido en enero frente a la costa sur del país.

De acuerdo con la información oficial, las operaciones de búsqueda y rescate han conseguido identificar hasta ahora a 293 supervivientes, además del rastreo intensivo que sigue focalizado en la localización de quienes continúan desaparecidos. La Guardia Costera precisó, en un comunicado, que las cifras fueron verificadas también por diversas agencias gubernamentales involucradas en el operativo.

Según lo expuesto por los guardacostas y reproducido por The Philippine Star, el accidente se produjo durante la travesía del ‘MV Trisha Kerstin 3’ desde el puerto de Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a la isla de Joló. El ferry es operado por la empresa Aleson Shipping Lines y, de acuerdo con los informes de las autoridades, contaba con una capacidad autorizada para 350 pasajeros, cifra que no se superó al momento del siniestro. Las autoridades señalaron que las condiciones del mar eran consideradas aceptables al momento del accidente, descartando factores climatológicos adversos como causa primaria.

En el momento del naufragio, las labores de rescate permitieron salvar a 136 personas de forma inmediata. No obstante, decenas no lograron ser evacuadas a tiempo. Las búsquedas posteriores se han centrado en la recuperación de los cuerpos y en el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron el hundimiento del buque.

La Guardia Costera y otras agencias del Gobierno filipino señalaron que los indicios recabados hasta la fecha apuntan a que una falla técnica pudo causar el naufragio. Las autoridades han confirmado que se ha puesto en marcha una investigación formal para determinar con exactitud las causas del accidente y evaluar posibles responsabilidades.

La magnitud del siniestro movió a diversas entidades del Gobierno y a equipos de emergencia a desplegar recursos en la zona de Baluk-Baluk, tanto para las tareas de búsqueda en el mar como para brindar asistencia a las víctimas y familiares. Los equipos de rescate han contado con el apoyo logístico de la empresa que operaba la embarcación y de personal especializado en labores subacuáticas.

A medida que avanzan las pesquisas, familiares de las personas desaparecidas han seguido solicitando información sobre el progreso de las operaciones y el estado de la investigación. La importancia de esclarecer los hechos ha sido destacada por las autoridades, que insisten en la necesidad de identificar cualquier posible negligencia en el mantenimiento y la operación del ferry.

Las primeras informaciones difundidas por The Philippine Star recolectaron también testimonios de sobrevivientes y rescatistas. Entre los datos consignados, se detalló que el ferry llevaba tanto pasajeros como carga, si bien no se han reportado incidencias relacionadas con un exceso de peso o deficiencias en la distribución de la carga, según la Guardia Costera.

Hasta el momento, las autoridades filipinas no han ofrecido una fecha estimada para la conclusión de las labores de recuperación e investigación. El objetivo declarado es dar con el paradero de las 21 personas desaparecidas, además de esclarecer a fondo los hechos para mejorar los protocolos de seguridad en el transporte marítimo nacional.

El naufragio del ‘MV Trisha Kerstin 3’ constituye uno de los incidentes más graves ocurridos en el sur de Filipinas en lo que va del año, con consecuencias directas para la industria naviera y el sector de transporte de pasajeros en la región. Los resultados de la investigación determinarán las medidas a adoptar para evitar siniestros similares en el futuro y para reforzar la vigilancia sobre las condiciones técnicas y de operación de las embarcaciones que transitan por aguas filipinas.

Cinco siglos después de la famosa expedición que buscó una ruta hacia las “islas de las especias” y marcó la primera circunnavegación del mundo, la figura de Fernando de Magallanes sigue siendo tema de intensos debates históricos y culturales.

El reciente estreno de la película Magallanes, dirigida por el filipino Lav Díaz, así como los últimos debates en el entorno académico y social, han vuelto a poner al explorador portugués en el centro de discusiones sobre imperialismo, violencia colonial y una herencia cultural en disputa, según detalla BBC Mundo.

La travesía emprendida en 1519 bajo su mando partió de España con el respaldo de Carlos I. La expedición enfrentó motines, ejecuciones y numerosas muertes por enfermedades como el escorbuto.

Magallanes falleció en 1521 durante un enfrentamiento en la isla de Mactán, en Filipinas, sin llegar a completar el recorrido. Solo 18 de cerca de 270 hombres regresaron, bajo el liderazgo de Juan Sebastián Elcano, completando la vuelta al mundo y propiciando una nueva visión cartográfica y una mejor comprensión del tamaño real tanto de los océanos como del planeta, como subraya BBC Mundo.

La interpretación de su legado ha generado posturas enfrentadas. Para el biógrafo Laurence Bergreen, los logros de Magallanes superan a los de Cristóbal Colón, e incluso han merecido homenajes como el bautizo de una nave espacial de la NASA con su nombre.

En sentido opuesto, el historiador Felipe Fernández-Armesto, en declaraciones recogidas por BBC Mundo, califica a Magallanes de imprudente y fanático, responsable de un “fracaso rotundo”, por las miles de muertes y la falta de beneficios tangibles.

Fernández-Armesto añade que Magallanes fue culpable de “imperialismo, esclavitud, sed de sangre incontrolable y discriminación injusta”, en coincidencia con los cuestionamientos contemporáneos sobre la conquista y la conversión forzada de los pueblos originarios.

Las controversias se intensifican al analizar las acciones y decisiones de la expedición. Magallanes fue acusado de traicionar a su país tras haber estado vinculado al comercio ilegal, circunstancia que lo convirtió en un paria tanto en Portugal como en Castilla.

A su vez, impuso castigos extremos a los sublevados, incluidas ejecuciones por motín y una disciplina severa ante la falta de lealtad.

João Paulo Oliveira e Costa, profesor de historia en la Universidad de Lisboa, subraya en BBC Mundo que el origen extranjero de Magallanes minó su autoridad frente a la nobleza castellana, lo que generó desconfianza y rebeliones constantes.

De acuerdo con Oliveira e Costa, Magallanes actuó con dureza para mantener el control ante el riesgo de que los capitanes castellanos quisieran asumir el mando de la expedición.

Las acusaciones de violencia colonial están ampliamente documentadas. Durante el paso por Guam, la tripulación respondió con incendios y ataques a la comunidad local tras el robo de una barca. Episodios similares ocurrieron tanto en Malaca como en Filipinas.

Estas acciones, representadas en la película de Díaz sin el espectáculo habitual de otras obras, han reabierto el debate sobre el papel de la expedición en la historia de esos territorios y su impacto persistente en las comunidades nativas.

La película de Díaz fue el resultado de una investigación exhaustiva en archivos de Lisboa y del interés por rescatar voces marginadas.

Llegó a resaltar la figura de Enrique de Malaca, esclavo musulmán comprado por Magallanes y que ejerció de intérprete y guía en la región asiática; la posibilidad de que completara la vuelta al mundo antes que cualquier otro miembro de la tripulación aporta complejidad al relato, así como su papel en los sucesos de Mactán.

Un elemento central en la polémica actual reside en la interpretación de Lapulapu, el antagonista local. Mientras el cronista Pigafetta lo presenta como responsable directo de la muerte de Magallanes, Díaz plantea en su película que Lapulapu podría ser una figura legendaria, creada en parte por el cacique Humabon como mito de resistencia.

Esta versión, según BBC Mundo, desató la respuesta de académicos filipinos y una gran controversia en medios locales, reflejando la tensión entre los relatos nacionales y la documentación europea.

La percepción de Magallanes en la memoria filipina ha variado, desde símbolo católico a personaje cuestionado, sobre todo entre los más jóvenes y durante periodos de afirmación anticolonialista, como bajo la presidencia de Rodrigo Duterte.

El historiador filipino Ambeth Ocampo enfatiza que Magallanes no representa el comienzo de la historia filipina, sino tan solo un episodio en una narrativa nacional constantemente revisada.

Entre los aspectos más destacados del legado de Magallanes figura su papel en la introducción del catolicismo en Filipinas. La entrega del Santo Niño al líder local Humabon se reconoce como el origen de una de las mayores tradiciones religiosas del país.

Actualmente, alrededor del 93% de la población profesa el cristianismo, y la devoción al Santo Niño sigue siendo uno de los símbolos más relevantes en la vida religiosa y social.

Las perspectivas recientes recogidas por BBC Mundo insisten en que la expedición no buscaba circunnavegar el planeta, sino establecer el vínculo entre los océanos Atlántico y Pacífico, y medir el tamaño efectivo del mundo.

El trabajo posterior de cartógrafos, apoyado en los resultados del viaje, transformó la manera en que las élites percibieron el planeta y sus océanos.

La reconstrucción narrativa impulsada por la película de Lav Díaz, que incorpora la mirada de personajes ignorados y revisa leyendas populares, pretende fomentar una reflexión colectiva sobre los relatos dominantes acerca de Magallanes.

BBC Mundo destaca que la aspiración del director es que el debate supere la visión tradicional europea, abriendo espacio a interpretaciones inclusivas y diversas.

Las autoridades filipinas informaron este miércoles que el ferry Trisha Kerstin 3, que se hundió el pasado 26 de enero en la costa suroeste de Mindanao, podría haber navegado sobrecargado, lo que habría contribuido al naufragio en el que murieron al menos 52 personas.

El número de fallecidos fue en aumento a medida que los equipos de rescate recuperaron cuerpos de los restos sumergidos. El último fue el de una mujer encontrada por buzos en la mañana del miércoles.

El accidente se produjo en prácticamente la misma ruta donde el año anterior otro ferry, el Lady Mary Joy 3, sufrió un incendio que dejó 31 muertos. Ambos barcos pertenecían a la empresa local Aleson Shipping Lines.

El secretario de Transporte, Giovanni López, anunció cargos administrativos contra la compañía y señaló varias infracciones de seguridad, entre ellas la ausencia de pesaje de vehículos al embarcar, un requisito legal en Filipinas.

López señaló que “una de las posibles causas del hundimiento fue la sobrecapacidad y sobrecarga”, ya que la investigación reveló que camiones y motocicletas subían al ferry sin pasar por la estación de pesaje. Además, advirtió que es “muy probable” que esta práctica se repita en otros barcos del archipiélago.

Por su parte, Reiniel Pascual, investigador de la autoridad marítima del país, confirmó que la tripulación no emitió ninguna advertencia ni instrucción a los pasajeros cuando el ferry comenzó a inclinarse y zozobrar. La falta de alarma o anuncios públicos agravó la emergencia.

En el momento del naufragio, al menos 368 personas estaban a bordo, pero las autoridades admiten que es posible que nunca se sepa con certeza el número exacto, debido a discrepancias entre el manifiesto del ferry y la cantidad real de pasajeros.

El abogado Aquino Sajili, uno de los supervivientes, dialogó con la agencia AFP y mencionó que espera que los buzos continúen las labores de búsqueda en la embarcación, que yace a unos 76 metros de profundidad, para recuperar más cuerpos.

El accidente del ferry Trisha Kerstin 3 generó inquietud sobre posibles casos de corrupción, según indicó el secretario de Transporte, Giovanni López. Autoridades de la guardia costera y de la entidad marítima responsables de autorizar la salida de embarcaciones del puerto también están siendo investigadas.

Filipinas cuenta con un extenso historial de tragedias relacionadas con transbordadores interinsulares, en parte debido a que millones de personas dependen de barcos económicos y, a menudo, deficientemente regulados para desplazarse entre las más de 7.000 islas del país.

Neil Baird, editor de una base de datos global sobre seguridad de transbordadores, señaló que, si bien Filipinas hizo progresos en la última década, el historial de Aleson Shipping Lines es “impactante”. El experto afirmó que “el 99% de los supuestos accidentes en realidad se deben a errores humanos” y calificó el caso como un claro ejemplo de negligencia. “Nunca se les debería permitir volver a operar”, agregó, mencionando que la compañía estuvo involucrada en más de 30 incidentes marítimos desde 2019.

Aquino Sajili, uno de los sobrevivientes, viajó a Manila junto a otros afectados para exigir al gobierno acciones concretas. Para él, la única forma de hacer justicia sería la cancelación definitiva de la licencia de Aleson Shipping Lines. Los intentos de comunicación con la empresa no obtuvieron respuesta.

La embarcación zarpó desde Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a Joló. El pasado dos de febrero, los guardacostas aseguraron que el ferry no viajaba por encima de su capacidad máxima, cifrada en 350 pasajeros, y que las condiciones meteorológicas al momento del accidente eran consideradas aceptables.

(Con información de AFP)

Según indicó la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA), las lluvias que desencadenó la tormenta tropical 'Basyang' en el norte de la isla de Mindanao registraron niveles históricamente altos, los cuales, según estimaciones de la agencia, presentan solo un 1% de probabilidad anual de repetirse con similar gravedad. Esta inusual intensidad meteorológica provocó la muerte de al menos doce personas, de acuerdo con reportes del Consejo Nacional de Reducción y Gestión y de Daños de Filipinas.

Los incidentes fatales se distribuyeron en varias localidades afectadas por precipitaciones excepcionales y deslizamientos de tierra, detalló el medio. En la ciudad de Cagayán de Oro, un corrimiento de tierras causó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. En la región de Mindanao, se reportaron otras cuatro víctimas mortales, tres de ellas en la ciudad de Iligan, según declaró el alcalde Frederick Siao citado por las autoridades y consignado por la misma fuente.

Además, se confirmaron tres muertes por ahogamiento vinculadas al paso de 'Basyang': dos ocurrieron en Surigao del Suro y una más en Agusan del Norte, informaron las autoridades filipinas según datos recogidos por el Consejo Nacional de Reducción y Gestión y de Daños.

El impacto de la tormenta también se refleja en el número de personas afectadas, que asciende a 232.550 individuos según datos oficiales publicados por el medio. Estas personas habitan en 517 barangays o distritos localizados en provincias de Visayas Occidentales, Visayas Centrales, Caraga e Isla de Negros.

Una parte considerable de la población desplazada encontró refugio en 480 centros de evacuación habilitados de urgencia, donde casi 54.000 personas permanecen acogidas como respuesta inmediata a la emergencia climática, reportó el Consejo Nacional.

La PAGASA explicó que el fenómeno meteorológico tuvo un comportamiento excepcional, referente a la cantidad de lluvia acumulada en un periodo muy corto, fenómeno que no se observa regularmente, según señaló la entidad en declaraciones retomadas por los medios filipinos.

La saturación de los centros de refugio pone de manifiesto la magnitud del impacto y las dificultades de gestión en la atención de emergencias, sumando presión a los gobiernos locales y al sistema nacional de respuesta ante catástrofes.

Las autoridades continúan el monitoreo en las áreas afectadas para anticipar riesgos adicionales y atender la situación de las comunidades vulnerables, reportó el Consejo Nacional de Reducción y Gestión y de Daños de Filipinas.

Mientras tanto, la tormenta tropical 'Basyang' se suma a los eventos extremos que periódicamente afectan al archipiélago, recordó el medio, exacerbando retos persistentes vinculados a la gestión del riesgo y la protección civil en regiones recurrentemente expuestas a este tipo de episodios climáticos.

Los robotaxis de Waymo que circulan por calles de Estados Unidos no están solos. A pesar de que físicamente no hay un conductor sentado frente al volante, la filial de Alphabet (Google) confirmó que hay operadores humanos que trabajan desde Filipinas para estar al tanto del funcionamiento de estos vehículos.

Cuando el software falla o enfrenta situaciones imprevistas, aparecen las manos humanas para guiar a estos autos, con el objetivo de mantener la seguridad de los pasajeros y las calles.

Por qué Waymo usa operadores humanos desde Filipinas

Waymo reconoció ante el Senado de Estados Unidos que emplea operadores humanos para brindar asistencia a sus vehículos sin conductor cuando estos se enfrentan a desafíos que el sistema no logra resolver.

Estos operadores no conducen el coche de forma directa, pero sí ofrecen orientación clave en momentos críticos. La existencia de esta figura era conocida dentro del sector, pero lo que sorprendió a los legisladores fue la localización de parte de estos trabajadores: Filipinas.

Mauricio Peña, director de seguridad de Waymo, explicó ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte que algunos operadores de asistencia remota se encuentran fuera de Estados Unidos. Bajo presión de los senadores, admitió que estos equipos operan desde el país asiático.

Esta declaración surgió luego de que el senador Edward J. Markey, demócrata por Massachusetts, señalara que, sin que muchos estadounidenses lo sepan, los sistemas de conducción autónoma dependen en realidad de la supervisión humana remota para resolver tareas complejas.

Markey advirtió sobre la falta de información. “Las empresas han proporcionado poca información sobre la ubicación de estos operadores remotos, la frecuencia con la que intervienen en el vehículo autónomo o su cualificación”. Por lo que desde Waymo dejaron clara la situación.

Por qué los operadores están en Filipinas

El motivo principal por el cual Waymo recurre a operadores en Filipinas es de índole económica. Contratar personal en el sudeste asiático supone una reducción de costes significativa frente a emplear equipos en Estados Unidos.

Esta práctica no es nueva en el sector tecnológico, donde la deslocalización de tareas de soporte o moderación es habitual. Filipinas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales centros globales de servicios remotos, desde atención al cliente hasta gestión de datos y operaciones críticas.

Pero no se trata solo de economía. La elección de Filipinas también responde a la disponibilidad de trabajadores con un alto nivel de inglés y una infraestructura tecnológica preparada para el teletrabajo a gran escala.

En el caso de los robotaxis, los operadores tienen que interpretar rápidamente situaciones complejas descritas por los sensores del vehículo y proporcionar instrucciones precisas con inmediatez.

La decisión de externalizar esta función se apoya en la idea de que la autonomía total de los vehículos sigue siendo una aspiración. Los sistemas de inteligencia artificial todavía tropiezan con escenarios imprevisibles: obras mal señalizadas, peatones que cruzan de manera errática o intersecciones caóticas.

En esos momentos, la intervención humana se vuelve imprescindible, aunque ocurra a miles de kilómetros de donde circula el coche.

Qué hacen los operadores de Waymo

El papel de los operadores no consiste en tomar el volante de manera remota, sino en proporcionar orientación cuando el software se encuentra ante un obstáculo inesperado.

Según la explicación de Waymo, el sistema está programado para actuar de manera conservadora: si el vehículo se enfrenta a una situación incierta, por ejemplo una zona de obras complicada o un cruce con los semáforos apagados, solicita ayuda al operador remoto.

El operador, desde Filipinas, recibe información sobre el entorno y puede sugerir una maniobra, desbloquear el sistema o indicar que el coche debe detenerse y esperar. No dirigen físicamente el vehículo, pero sus indicaciones resultan decisivas para resolver lo que los ingenieros llaman “casos límite”: situaciones en las que el algoritmo no encuentra una respuesta adecuada.

Esta necesidad de intervención humana evidencia que la tecnología, pese a sus avances, aún no ha alcanzado la madurez suficiente para prescindir por completo del factor humano.

Según se argumentó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, las mociones impulsadas por varios diputados para destituir al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., no presentaron pruebas suficientes para demostrar la implicación directa del mandatario en esquemas de corrupción. Tal como consignó el medio, durante la sesión celebrada el miércoles, los miembros de la comisión archivaron ambas iniciativas tras considerar que, aunque cumplían con los requisitos formales, carecían de sustancia para continuar adelante con un proceso de ‘impeachment’. Este hecho se produce en un contexto de marcada tensión política, tras la detención del expresidente Rodrigo Duterte, que ha avivado los desacuerdos entre los grupos afines a Marcos y los seguidores de la familia Duterte.

De acuerdo con lo publicado, los legisladores que promovieron las mociones acusaron a Marcos de haber puesto en peligro el orden constitucional al permitir la entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) y de, presuntamente, haber desviado recursos públicos de proyectos de infraestructura. Sin embargo, Ysabel Zamora, vicepresidenta de la comisión, enfatizó que no existían pruebas que vincularan de manera clara al presidente con ninguna operación de corrupción destinada a defraudar a los contribuyentes filipinos. En el mismo sentido, la diputada Alyssa Gonzales explicó que la documentación presentada no demostraba que Marcos Jr. fuese parte de un mecanismo organizado dedicado a la malversación de fondos estatales.

Según detalló la agencia, la decisión del comité sirvió para dar por concluido cualquier intento de abrir un proceso formal de destitución contra el jefe de Estado. Desde la oficina de la Presidencia, la vocera Claire Castro afirmó que las iniciativas carecían de fundamento y que el presidente nunca consideró que existieran elementos que justificaran la apertura de ese tipo de procedimiento. Castro llamó a avanzar y manifestó que el gobierno busca dejar atrás el episodio, reforzando la idea de que el mandatario tenía confianza en su inocencia frente a los señalamientos.

La situación se produce luego de la detención del exmandatario Rodrigo Duterte, una figura que conserva una amplia base de apoyo en Filipinas. La entrega de Duterte al TPI generó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y sociales. A pesar de que Filipinas formalizó su salida del Estatuto de Roma, Marcos Jr. defendió la actuación de su gobierno al sostener que el país mantiene la obligación de colaborar con Interpol cuando el tribunal internacional emite órdenes de captura. Esta interpretación legal ha sido objeto de debate en el entorno político y jurídico filipino.

La reacción popular respecto al arresto no se ha hecho esperar. Según reportó el medio, muchos ciudadanos lo interpretan como un acto de secuestro más que una extradición formal, una visión respaldada incluso por la vicepresidenta Sara Duterte, hija del exmandatario. La postura oficial de la actual vicepresidenta refleja la fractura existente entre las dos influyentes familias políticas: los Marcos y los Duterte. Según la cobertura, esta relación, antaño caracterizada por la cooperación, muestra signos de deterioro desde las elecciones de 2022. El caso de Duterte ante el TPI y la gestión de su arresto han servido para amplificar esas tensiones.

Los hechos han puesto de relieve la agitación interna en el sistema político filipino, ya que la disputa entre las dos dinastías ocurre en un momento donde el país enfrenta desafíos sociales y económicos considerables. El desacuerdo en torno a la interpretación de las obligaciones internacionales de Filipinas y las acusaciones de uso indebido de fondos públicos forman parte de una narrativa más amplia que evidencia la volatilidad dentro del escenario político filipino, según la información consignada. La decisión de la Comisión de Justicia no ha resuelto las fricciones de fondo, pero sí ha significado un revés para quienes buscaban llevar a Marcos Jr. a un juicio político.

Las Colinas de Chocolate, ubicadas en la isla de Bohol, Filipinas, conforman un conjunto de 1.776 cerros de piedra caliza cubiertas de hierba. Cada año, entre febrero y mayo, el paisaje ofrece una transformación visual: la vegetación pasa del verde intenso al marrón, otorgando el característico tono que da nombre al sitio. Este fenómeno natural ocurre en una región donde la agricultura y la vida rural conviven con una de las formaciones geológicas más singulares del planeta.

Las colinas alcanzan alturas que oscilan entre 30 y 120 metros, con cimas cónicas y pendientes pronunciadas. El terreno que las rodea es llano y se utiliza principalmente para el cultivo de arroz y otros productos agrícolas. El área fue designada monumento geológico nacional en Filipinas en 1988 y recibió protección adicional como monumento natural en 1997.

Científicos y autoridades documentaron la presencia de cavidades y manantiales subterráneos en los alrededores de las colinas. Según un artículo difundido por Live Science, existen indicios de que algunas cuevas se extienden justo por debajo de los mogotes, como se denomina a este tipo de formaciones en entornos kársticos tropicales.

Origen geológico y formación única

De acuerdo con investigaciones geológicas difundidas por Live Science, las Colinas de Chocolate se formaron al inicio de la última glaciación, hace entre 2,6 millones y 11.700 años. Procesos tectónicos elevaron depósitos de coral y otros restos marinos, que posteriormente sufrieron la acción de la lluvia y la erosión. Estos factores modelaron el terreno, creando mounds de forma regular y composición calcárea.

Los mogotes son típicos de regiones con lecho rocoso soluble, donde se desarrollan sumideros y sistemas de cuevas. Este fenómeno, aunque se observó en Java, Indonesia, no presenta la misma magnitud ni la regularidad que caracteriza a las colinas de Bohol. La singularidad del sitio radica tanto en la cantidad de mounds como en su aspecto y disposición.

Numerosos estudios destacaron la presencia de manantiales y cavernas, lo que sugiere una compleja red subterránea. Según especialistas, estos elementos contribuyen a la estabilidad estructural de las colinas y a la biodiversidad del entorno.

Leyendas populares y disputas sociales

El atractivo de las Colinas de Chocolate no se limita a lo geológico. Diversas leyendas populares intentan explicar el origen de las colinas. Una versión relata que dos gigantes, tras una disputa, lanzaron barro hasta formar los montículos. Otra historia sostiene que gigantes infantiles, al competir en la elaboración de pasteles de barro, los cocinaron bajo cáscaras de coco, que luego se transformaron en las colinas actuales.

Las decisiones gubernamentales sobre la protección del área generaron tensiones entre las autoridades y los residentes locales. Cuando se declaró monumento natural en la década de 1990, agricultores, mineros y propietarios de tierras manifestaron preocupación por posibles restricciones a sus derechos y medios de vida.

Según Live Science, la oposición derivó en enfrentamientos violentos que involucraron al ejército y un grupo insurgente conocido como “Chocolate Hills Command”.

En octubre de 1999, uno de estos episodios provocó la muerte de diez personas. El conflicto evidenció la dificultad de equilibrar la conservación ambiental con las necesidades económicas de los habitantes.

Turismo, desafíos actuales y controversias recientes

Hoy, las Colinas de Chocolate atraen a visitantes nacionales e internacionales, impulsando la economía local. Sin embargo, la coexistencia de intereses turísticos, ambientales y comunitarios representa un reto constante. En 2024, la construcción de un resort en pleno corazón del paisaje generó protestas y reavivó el debate sobre el desarrollo sostenible en la zona.

De acuerdo con Live Science, la reacción pública evidenció la sensibilidad que existe respecto a la preservación del entorno natural. Diversos sectores sociales han solicitado mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al patrimonio geológico y cultural de Bohol.

El sitio sigue considerado un símbolo nacional y un atractivo único en el sudeste asiático. Las autoridades mantienen la vigilancia para evitar daños irreversibles, mientras promueven iniciativas que buscan compatibilizar la protección ambiental con el progreso económico.

Un fenómeno natural que trasciende fronteras

Las Colinas de Chocolate ilustran la complejidad de gestionar recursos naturales de valor excepcional. El paisaje se distingue no solo por sus características físicas, sino también por la interacción entre naturaleza, historia y sociedad.

La capacidad del terreno para cambiar de color según la estación, la riqueza de leyendas locales y la persistencia de conflictos sociales convierten a este enclave en un caso de estudio relevante. El desafío continúa: preservar la singularidad del lugar, garantizar el bienestar de las comunidades y permitir que el turismo aporte beneficios sin poner en riesgo el equilibrio ecológico.

Las Colinas de Chocolate se mantiene como ejemplo de cómo un fenómeno geológico puede convertirse en eje de identidad nacional, motor económico y foco de debate social. En Bohol, el paisaje sigue transformándose, mientras la sociedad busca respuestas a los desafíos del presente.

El Gobierno de España transmitió su "más sentido pésame" tanto al pueblo como al Gobierno de Filipinas, en un mensaje emitido la noche del lunes a través de la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la red social X, detalló EFE. En el comunicado, las autoridades españolas expresaron su solidaridad con las víctimas y sus allegados, subrayando que "España se solidariza con todas las personas afectadas y acompaña a Filipinas en estos difíciles momentos".

El MV Trisha Kerstin 3 navegaba rumbo a la isla de Jolo, perteneciente a la región del sur de Mindanao, con aproximadamente 350 personas a bordo cuando se produjo el naufragio, informó EFE. El número provisional de fallecidos asciende a al menos 29, según reportes oficiales. Además, las fuerzas de rescate han dedicado esfuerzos para atender a decenas de afectados y localizar a los desaparecidos.

El incidente dejó importantes interrogantes sobre las circunstancias técnicas y operativas previas al hundimiento. Hasta el momento, los organismos filipinos responsables de la investigación no han proporcionado detalles concluyentes sobre los motivos exactos que llevaron al desastre, aunque se mencionan posibles problemas técnicos como una de las hipótesis principales, publicó EFE.

El ferry cubría la ruta habitual entre diversas islas de la región sureste, un trayecto frecuentado por habitantes locales y viajeros que dependen del transporte marítimo para conectar diferentes puntos del archipiélago filipino. Tras el suceso, el despliegue de equipos de emergencia incluyó movilización de guardacostas, buzos y embarcaciones de apoyo, con el objetivo de realizar operaciones de rescate y búsqueda en la zona del naufragio y brindar asistencia a los sobrevivientes, reportó EFE.

El alcance del siniestro ha suscitado la atención de entidades nacionales e internacionales, provocando mensajes de condolencia e iniciativas de apoyo. El comunicado del Gobierno español publicado en la red social X forma parte de las reacciones diplomáticas que se han sumado a los esfuerzos de las autoridades filipinas para atender la emergencia y esclarecer los hechos.

Según EFE, la magnitud del desastre pone en el foco la seguridad del transporte marítimo en la región y la importancia de reforzar los protocolos de seguridad de este tipo de embarcaciones, especialmente en rutas de alta afluencia. Mientras tanto, las investigaciones continuarán hasta conocer la causa puntual del hundimiento del MV Trisha Kerstin 3, el cual ha dejado una cifra considerable de víctimas y ha marcado a la comunidad local en Mindanao.

La reciente inclusión de un bebé de seis meses entre los cuerpos recuperados en el naufragio del ferry ‘MV Trisha Kerstin 3’ ha elevado el número total de fallecidos a 40, de acuerdo con la Guardia Costera de Filipinas. El menor no figuraba en la lista inicial de pasajeros, lo que ha puesto el foco sobre la precisión de los registros de tripulantes y pasajeros en el accidente ocurrido el pasado 26 de enero en aguas cercanas a la isla de Baluk-Baluk, en el sur del país.

Según publicó la Guardia Costera, las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona del siniestro. En las últimas horas, los equipos han conseguido recuperar tres cuerpos adicionales. Las autoridades informaron que a bordo de la embarcación viajaban 359 personas, de las cuales 332 eran pasajeros y 27 miembros de la tripulación, información recogida por ‘The Philippine Star’. Hasta el momento, las labores de rescate han permitido salvar a 136 personas.

La embarcación, operada por la compañía Aleson Shipping Lines, zarpó desde Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a Joló. Los guardacostas aseguraron que el ferry no viajaba por encima de su capacidad máxima, cifrada en 350 pasajeros, y que las condiciones meteorológicas al momento del accidente eran consideradas aceptables.

De acuerdo con el informe difundido por ‘The Philippine Star’, todo apunta a que el MV Trisha Kerstin 3 experimentó un fallo técnico poco después de salir de Zamboanga, aunque todavía no se ha precisado la naturaleza exacta del problema. Las autoridades han descartado la existencia de un vertido de crudo en la zona afectada.

La Autoridad de la Industria Marítima de Filipinas informó la apertura de una investigación para analizar las causas del hundimiento y atender las denuncias de algunos supervivientes, quienes han expresado que el barco no disponía de suficientes chalecos salvavidas para todos los ocupantes. Esta línea de investigación se suma a la búsqueda de posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo.

Según consignó ‘The Philippine Star’, el historial de accidentes marítimos en la zona incluye un siniestro previo ocurrido en marzo de 2023, en el que el barco MV Mary Joy 3, también operado por la empresa Aleson Shipping Lines, sufrió un incendio durante su trayecto hacia Joló. En ese suceso fallecieron 31 pasajeros.

El proceso de recuperación de cuerpos y de búsqueda de posibles desaparecidos continúa bajo la supervisión de la Guardia Costera, que coordina con otros servicios de emergencia y autoridades locales. La identificación de las víctimas y la asistencia a los familiares figuran entre las prioridades actuales de las autoridades filipinas, mientras paralelamente se desarrolla la investigación técnica sobre las condiciones en que ocurrió el accidente.

El despliegue de medios en la zona de Baluk-Baluk incluye embarcaciones de rescate y buceadores que trabajan para recuperar restos y brindar apoyo logístico a los supervivientes y familiares afectados. Según detalló la Guardia Costera, los equipos especializados mantienen las operaciones en busca de más víctimas y para asegurar que no existan riesgos medioambientales adicionales, tras haberse descartado el derrame de combustible.

La compañía operadora, Aleson Shipping Lines, no ha emitido comentarios adicionales sobre este suceso, mientras se espera que las autoridades marítimas brinden información detallada una vez concluyan las primeras fases de la investigación. El resultado de este proceso determinará si existieron omisiones en los protocolos de seguridad y si se habrían podido evitar algunas de las muertes ocurridas en el accidente del MV Trisha Kerstin 3, reportó ‘The Philippine Star’.

Solana Sierra se clasificó este jueves a semifinales del WTA 125 de Manila, Filipinas, al vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, tras 1 hora y 23 minutos de juego.

La marplatense, de 21 años y número 63° del ranking mundial, controló el partido desde el inicio gracias a su consistencia desde el fondo de la cancha y su efectividad en los puntos clave.

Así dejó atrás a la jugadora asiática (131° del escalafón de la WTA), que venía de atravesar sin inconvenientes la clasificación en el Australian Open y en este certamen había obtenido triunfos ante rivales de un ranking superior.

El próximo escollo para Sierra será la colombiana Camila Osorio (84°), quien llega entonada tras eliminar a la local Alexandra Eala (49°), de apenas 20 años y considerada una de las grandes promesas del circuito femenino. Fue un 6-4 y 6-4 para la jugadora de Cúcuta.

La semifinal representa una prueba exigente para Sierra no solo por el presente de su rival, sino también por el recorrido que acredita Osorio en el máximo nivel. La colombiana, de 24 años, llegó a ocupar el puesto 33 del ranking WTA y cosechó triunfos resonantes ante jugadoras de primer nivel, como la estadounidense Sofia Kenin y la rusa Veronika Kudermetova.

Será, además, un duelo inédito: Sierra y Osorio no registran enfrentamientos previos en el circuito.

Para la argentina, el partido aparece como una oportunidad para sumar confianza tras un recorrido irregular entre el final de la temporada anterior y el inicio de la actual. Sierra además tiene margen para seguir escalando posiciones en el ranking femenino.

Por la otra llave de semifinales se enfrentarán la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada del certamen) y la rusa Tatiana Prozorova (171°).

El WTA 125 de Manila, capital de Filipinas, se lleva a cabo sobre canchas de cemento y reparte un total de 115.000 dólares en premios.

Jazmín Ortenzi y Julia Riera dieron el primer paso en EE.UU

Jazmín Ortenzi y Julia Riera iniciaron con éxito su participación en el ITF W75 de Vero Beach, certamen del circuito profesional femenino que se disputa sobre canchas de arcilla en Florida, Estados Unidos.

Ortenzi, de 24 años y ubicada en el puesto 218 de la clasificación de la WTA, dio el primer paso con una sólida victoria en la primera ronda del cuadro principal: fue ante la brasileña Thaisa Grana Pedretti, que venía de la qualy, por 6-4 y 6-4.

Con ese triunfo, la riojana accedió al cruce de octavos de final, instancia en la que se medirá con la estadounidense Hanna Chang.

En el turno siguiente, Julia Riera (181°) superó a la italiana Dalila Spiteri (287°) por 6-1 y 7-6 en la ronda inicial.

La jugadora nacida en Pergamino hace 23 años se desquitó de la sorpresiva derrota que había sufrido frente a la misma adversaria la semana anterior, en el W35 disputado en el Tenis Club Argentino.

El próximo desafío de Riera, cuyo objetivo este año es meterse en el Top 100, será ante la sueca Kajsa Rinaldo Persson (272°).

Mientras el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, entra en su etapa decisiva sin argentinos en los cuadros de singles, los circuitos profesionales ya retoman su curso habitual con una intensa agenda para el tenis argentino.

Para los jugadores albicelestes se abre una semana de tránsito diverso, con un itinerario que combina una escala sudamericana y tres destinos en el continente asiático, dentro de una planificación que también empieza a proyectar la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur, en Busan, entre el 6 y el 8 de febrero.

El ATP Challenger Tour vuelve a tener acción en la región. Tras los torneos disputados en Argentina y Brasil, Chile asume el rol de anfitrión: durante los próximos siete días, el Estadio Español de Chiguayante, en la ciudad de Concepción —una de las zonas recientemente afectadas por incendios—, será sede de un certamen de categoría Challenger 100.

El torneo se puso en marcha este lunes con la clasificación de singles, instancia en la que seis argentinos lograron avanzar a la ronda final: Bautista Torres (364°), Guido Justo (378°), Mariano Kestelboim (413°), Facundo Mena (328°), Gonzalo Villanueva (349°) y Juan Estévez (455°). Estos últimos cuatro quedaron emparejados entre sí, lo que garantiza al menos dos plazas albicelestes en el cuadro principal.

Este martes se definirán los clasificados provenientes de la qualy y comenzará el main draw, que contará con la presencia de los chilenos Alejandro Tabilo (79°) y Tomás Barrios Vera (107°), el serbio Dušan Lajović (125°) y otros seis representantes argentinos: Facundo Díaz Acosta (247°), Lautaro Midón (232°), Alex Barrena (190°), Nicolás Kicker, Genaro Olivieri (231°) y Andrea Collarini (233°).

En paralelo, el foco también se posa en Asia, donde dos de los cuatro debutantes que integrarán la Selección Argentina de Tenis YPF continúan su preparación. Thiago Tirante (103°) jugará el Challenger 125 de Manama, en Baréin. El platense, de 24 años, que viene de caer en la segunda ronda del Australian Open, debutará este martes frente al francés Geoffrey Blancaneaux (256°), en el tercer turno del Court 2, cerca de las 08:00 de la Argentina.

Por su parte, Federico Gómez (192°) se acerca a territorio rival y, tras una breve preparación en las canchas rápidas del Tenis Club Argentino, afrontará el Challenger 50 de Phan Thiet, en Vietnam, donde parte como máximo preclasificado. El jugador nacido en Merlo, de 29 años, debutará ante el alemán Nikolai Barsukov (1137°, WC), de 19 años, alrededor de las 03:00, en el estadio central.

En ese mismo torneo asiático también figuran tres de los cinco tenistas surcoreanos convocados por el capitán Jong-Sam Chung —Nam y Park competirán en dobles—: Sanhui Shin (358°), posible rival de Gómez en segunda ronda si ambos avanzan; Soonwoo Kwon (486°), reciente campeón de la edición inaugural del certamen disputada la semana pasada; y Hyeon Chung (418°), ex número 19 del mundo y semifinalista del Australian Open 2018, quien quedó eliminado en su debut.

La agenda internacional se completa con presencia argentina en el circuito femenino. Solana Sierra (63°) y Nicole Fossa Huergo (104° en dobles) dirán presente en el WTA 125 de Manila, en Filipinas. La marplatense, de 21 años y actual mejor raqueta nacional, buscará reencontrarse con su mejor versión tras una rápida despedida en Melbourne, cuando enfrente a la taipeana Joanna Garland no antes de las 08:00, en el estadio principal. En el historial entre ambas, la asiática lidera el Head to Head por 1-0, correspondiente a un único antecedente disputado en 2020.

En tanto, Fossa Huergo, nacida en Isernia, Italia, pero representante de la Argentina desde hace pocos meses —con bautismo oficial en la United Cup—, ya se encuentra en los cuartos de final del cuadro de dobles junto a la lituana Darja Semenistaja. La hija de padres rosarinos buscará esta semana ingresar por primera vez al Top 100 de la especialidad.

Filipinas expresó el lunes su alarma ante China por los recientes intercambios acalorados entre diplomáticos de ambos países en Manila, en el contexto de la prolongada disputa territorial en el mar del Sur de China. El Departamento de Asuntos Exteriores filipino informó que presentó firmes representaciones al embajador chino y a la embajada de China, transmitiendo “serias preocupaciones por la escalada de intercambios públicos”.

La cancillería filipina advirtió que el tono cada vez más contundente y de represalia con Beijing podría “desviar innecesariamente el espacio diplomático necesario para gestionar las tensiones en el ámbito marítimo”. A pesar de ello, manifestó su respaldo a los funcionarios, incluidos senadores, que han defendido los intereses nacionales en la zona en disputa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China comunicó la semana pasada que convocó al embajador filipino Jaime Flor Cruz para protestar por declaraciones del portavoz de la guardia costera filipina, el comodoro Jay Tarriela, quien se ha mostrado especialmente crítico respecto a la postura china en la región.

China reclama casi toda la vía fluvial, una ruta esencial para el comercio global, aunque un fallo de arbitraje internacional de 2016, basado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, invalidó las reclamaciones extensivas de Beijing. China no participó en ese arbitraje iniciado por Filipinas en 2013 y continúa rechazando su resultado.

A la disputa también se han sumado Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, que mantienen reclamaciones sobre partes del mar del Sur de China. Las confrontaciones marítimas entre China y Filipinas han aumentado, especialmente en los últimos años. A diferencia de otros países reclamantes, el gobierno filipino ha denunciado públicamente las maniobras chinas y ha difundido videos e imágenes que muestran el uso de cañones de agua y bloqueos peligrosos atribuidos a las fuerzas de China.

La cancillería filipina reiteró su apoyo a los funcionarios nacionales y subrayó que las opiniones, tanto de sus representantes como de quienes discrepan, forman parte de la “robusta pluralidad de ideas” en una sociedad democrática.

Por su parte, la embajada de China protestó por las declaraciones de Tarriela, acusándolo de “exagerar los problemas marítimos, confundir el bien y el mal, tergiversar los hechos, incitar a la confrontación, engañar a la opinión pública y socavar los intereses y la dignidad nacionales de China”. El portavoz adjunto de la embajada, Guo Wei, calificó de “ignorantes y arrogantes” las opiniones de Tarriela.

Tarriela respondió a Guo Wei en una publicación en redes sociales, señalando: “Estoy empezando a pensar que disfrutas usar las redes sociales aquí en Filipinas porque no tienes tal libertad en tu país”.

La senadora Risa Hontiveros afirmó que los diplomáticos chinos han violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intentar restringir las declaraciones y críticas de funcionarios filipinos en territorio nacional. Hontiveros calificó a la embajada china como “un mal invitado” en Filipinas.

En respuesta, la misión diplomática china manifestó que no busca silenciar a nadie, pero reaccionará ante intentos de “difamar” a China y a sus líderes. La embajada cuestionó a Hontiveros, quien es vista como posible candidata en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2028, preguntando: “¿Realmente estás defendiendo el interés de Filipinas y los filipinos? ¿O simplemente estás persiguiendo tus propios beneficios políticos?”.

(Con información de AP)

De acuerdo con publicaciones de The Philippine Star y los datos proporcionados este lunes por la Guardia Costera de Filipinas, el incidente tuvo lugar cuando el ferry se dirigía desde el puerto de Zamboanga, situado en la isla de Mindanao, hacia la isla de Joló. A bordo del navío se encontraban 359 personas: 332 pasajeros y 27 tripulantes, conforme a la información oficial difundida.

La Guardia Costera precisó que, previo al naufragio, las condiciones marítimas se consideraban adecuadas y no presentaban peligros evidentes para la navegación. Las primeras indagaciones sugieren que la embarcación experimentó un fallo técnico aún por esclarecer, lo que habría provocado el accidente. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación formal para determinar, con base en los testimonios y la evidencia disponible, la causa exacta del hundimiento.

Según lo consignado por The Philippine Star, hasta el momento se descarta la presencia de derrames de hidrocarburos en la zona afectada, una preocupación habitual tras naufragios de grandes embarcaciones por su posible impacto ambiental. Los guardacostas realizan inspecciones periódicas en el área para vigilar que no se produzca contaminación que pudiera agravar las consecuencias del siniestro para la población local y los ecosistemas marítimos.

El operativo de búsqueda y rescate continúa, impulsado por unidades de la Guardia Costera filipina y equipos de emergencia locales. Las tareas se centran en localizar a los 24 desaparecidos, recurriendo a lanchas rápidas y buzos especializados para explorar posibles áreas de sobrevivientes o víctimas. Las familias de los pasajeros y tripulantes reciben acompañamiento por parte de las autoridades, mientras se mantiene la comunicación abierta sobre los resultados de las operaciones.

En ese contexto, el medio The Philippine Star recordó que en marzo de 2023 ocurrió un accidente similar en la misma ruta, cuando el navío MV Mary Joy 3, también con destino a Joló, registró un incendio que ocasionó la muerte de 31 personas. Dicho antecedente mantiene en alerta a las autoridades, que buscan reforzar los protocolos de seguridad y la vigilancia sobre los operadores de transporte marítimo que cubren trayectos en el archipiélago filipino.

La compañía Aleson Shipping Lines, responsable del ferry accidentado, declaró ante los medios su colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de lo sucedido y expresó su disposición a asistir a las familias afectadas por la tragedia. Las investigaciones se enfocan tanto en las condiciones técnicas del navío como en la capacitación de la tripulación y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad.

En las siguientes jornadas, la Guardia Costera y los peritos continuarán recabando información de supervivientes y testigos directos, cuyos relatos serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos. Las autoridades filipinas han reiterado su compromiso de ofrecer actualizaciones oficiales conforme avance la investigación, al tiempo que se mantienen activas las operaciones de búsqueda en el área del hundimiento.

Romel Dua, funcionario de la Guardia Costera regional, confirmó que el “M/V Trisha Kerstin 3” se hundió en las aguas cercanas a la provincia filipina de Basilan y que, hasta el momento, las operaciones de rescate han permitido la localización de 316 sobrevivientes. Según informó la emisora DZBB, al menos quince personas han fallecido como consecuencia del accidente marítimo ocurrido este lunes por la mañana en el sur del archipiélago.

De acuerdo con lo publicado por DZBB y recogido por diversas agencias, el ferry implicado en el siniestro transportaba un total de 332 pasajeros y 27 miembros de la tripulación cuando partió de Zamboanga, una importante ciudad situada al oeste de Mindanao, con rumbo a Joló, en la isla Sulu. El hundimiento sucedió poco después de que la embarcación navegara por una zona próxima a Basilan, generando un amplio despliegue de guardacostas y servicios de emergencia.

La Guardia Costera filipina desplegó equipos especializados para responder a la emergencia, quienes lograron rescatar a la mayoría de los ocupantes del ferry. Al cierre del informe, los trabajos de búsqueda continúan en la zona, ya que se desconoce si todos los pasajeros y tripulantes han sido localizados. Las autoridades mantienen patrullas y embarcaciones de apoyo en la zona, en colaboración con pescadores y voluntarios locales.

El funcionario Romel Dua descartó que el navío hubiese partido con sobrecarga. “El ferry no iba sobrecargado y el mar estaba en condiciones aceptables”, aseveró Dua a la emisora DZBB, fragmento reproducido por los medios filipinos. El oficial detalló que, tanto las condiciones meteorológicas como el estado del mar en la zona del naufragio, eran consideradas favorables para la navegación.

Al momento del hundimiento, el “M/V Trisha Kerstin 3” cumplía la ruta habitual entre Zamboanga y Joló, trayecto que frecuentemente es utilizado por quienes se desplazan entre estas islas del sur del país. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron el giro y posterior hundimiento del barco. Hasta ahora no se han divulgado las posibles hipótesis que manejan las autoridades en torno al origen del accidente.

Según informó DZBB, el desastre movilizó a diferentes instituciones, incluyendo personal sanitario que recibió a los supervivientes en la costa y brindó atención médica a quienes presentaban heridas o síntomas de hipotermia tras permanecer en el agua. Además, familiares y conocidos de las personas que viajaban en el ferry acudieron a los puertos de la región en busca de noticias sobre sus allegados.

El operativo de búsqueda y rescate desplegado en Basilan involucra patrulleras, lanchas rápidas y embarcaciones menores, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de algunos ocupantes, de acuerdo con datos recogidos por DZBB. Personal de la Guardia Costera y buzos especializados efectúan recorridos en torno al lugar exacto donde ocurrió el hundimiento.

La frecuencia de viajes marítimos en esta región de Filipinas es elevada debido a la geografía del archipiélago y la ausencia de medios de transporte alternativos entre islas, consignó DZBB. Según el funcionario Romel Dua, la revisión de la lista de pasajeros y la identificación de los trasladados a centros sanitarios sigue en curso.

La tragedia se suma a otros incidentes navales en la región. De acuerdo con la emisora DZBB, las investigaciones técnicas que realiza la Guardia Costera buscan esclarecer si existieron posibles fallos mecánicos, errores humanos o circunstancias imprevistas que hayan influido en el vuelco y el hundimiento repentino del ferry.

En declaraciones recogidas por DZBB, Dua afirmó que se mantendrá la vigilancia en el área mientras duren las labores de rastreo, y no se descarta encontrar nuevos sobrevivientes. La atención de emergencia y la logística de salvamento se mantienen activas en la provincia de Basilan, mientras familiares aguardan información oficial sobre el estado de quienes todavía no aparecen en las listas de sobrevivientes.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry interinsular, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla de Joló, en la provincia de Sulú, cuando sufrió aparentes problemas técnicos y se hundió poco después de la medianoche, indicaron funcionarios de la guardia costera. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes, de acuerdo con los datos oficiales.

El hundimiento ocurrió en condiciones meteorológicas favorables, aproximadamente a una milla náutica de la localidad insular de Baluk-baluk, en la provincia de Basilán, señaló el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua, en declaraciones a The Associated Press. Muchos de los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a esa zona costera.

“Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo y fue el primero en llamar y alertarnos para desplegar los buques de rescate”, afirmó Dua. El comandante agregó que el oficial sobrevivió al accidente.

Las tareas de búsqueda y rescate incluyeron la participación de embarcaciones de la guardia costera y la Armada, además de un avión de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y numerosas lanchas pesqueras locales, que colaboraron en el operativo frente a las costas de Basilán.

El gobernador provincial, Mujiv Hataman, informó que varios pasajeros y dos cuerpos fueron trasladados a Isabela, la capital de Basilán. “Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Lamentablemente, dos están muertas”, declaró Hataman a AP por teléfono desde el puerto de Isabela. En imágenes difundidas por el propio gobernador en redes sociales se observó a sobrevivientes mientras recibían atención médica en el muelle.

Según la Guardia Costera, 316 pasajeros fueron rescatados y al menos 15 cuerpos fueron recuperados hasta el último reporte oficial. Las cifras variaron a lo largo de las horas a medida que avanzaron las operaciones y se consolidó la información procedente de distintas unidades de rescate.

Dua indicó que la causa del hundimiento no resultó clara en un primer momento y que se abrió una investigación formal para determinar las circunstancias del accidente. El comandante agregó que la guardia costera inspeccionó el ferry antes de su salida del puerto de Zamboanga y que no existían indicios de sobrecarga.

Los accidentes marítimos son frecuentes en el archipiélago filipino, un país compuesto por más de 7.600 islas, donde el transporte por mar resulta esencial para la movilidad de personas y mercancías. Las autoridades y organismos del sector atribuyen muchos de estos siniestros a tormentas frecuentes, deficiente mantenimiento de embarcaciones, exceso de pasajeros y una aplicación irregular de las normas de seguridad, sobre todo en provincias remotas.

De acuerdo con estadísticas de la Autoridad de la Industria Marítima de Filipinas, en 2021 se investigaron 214 accidentes marítimos, la cifra más alta registrada en cinco años. Estos datos reflejan los desafíos persistentes en materia de seguridad naval en el país.

El accidente del Trisha Kerstin 3 se suma a una serie de tragedias previas. En marzo de 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio consumió el ferry MV Lady Mary Joy 3 en aguas del sur filipino.

La peor catástrofe marítima en tiempos de paz ocurrió en diciembre de 1987, cuando el ferry MV Doña Paz colisionó con un petrolero en el estrecho de Tablas, un desastre que provocó más de 4.300 muertes y se considera el siniestro marítimo más letal del mundo en período no bélico.

(Con información de Associated Press)

La Guardia Costera de Basilan ha logrado rescatar a siete personas que se encontraban a bordo del buque "M/V Trisha Kerstin 3", según reportó la alcaldesa de Pilas, Arsina Kahing-Nanoh, a través de sus redes sociales. El rescate se efectuó mediante pequeñas embarcaciones tras el naufragio del ferry, que transportaba a 332 pasajeros con destino a Joló, una localidad situada en la isla con el mismo nombre en el sur de Filipinas.

De acuerdo con la información recogida por las autoridades regionales y compartida por la alcaldesa de Pilas, el accidente dejó al menos ocho fallecidos. El hecho provocó una rápida operación coordinada de búsqueda y salvamento por parte de la Guardia Costera en la provincia de Basilan, tal como informó la fuente local. Las muertes se confirmaron en el mismo comunicado en el que se difundieron los primeros nombres de supervivientes.

El medio consignó que entre los primeros datos divulgados figura el número exacto de pasajeros y miembros de la tripulación que al momento del accidente sumaban 332 personas. El naufragio ocurrió mientras la embarcación realizaba la ruta entre Basilan y la isla de Joló, una travesía común en la región que conecta comunidades mediante el transporte marítimo. El contexto y las circunstancias que llevaron al siniestro aún no han sido esclarecidos oficialmente.

El incidente llevó a una movilización inmediata de las autoridades locales y cuerpos de emergencia, quienes desplegaron recursos para ubicar al resto de los pasajeros y ofrecer asistencia a los sobrevivientes. La alcaldesa Arsina Kahing-Nanoh detalló en sus declaraciones la magnitud de la tragedia y destacó el rol de la Guardia Costera durante las primeras horas posteriores al naufragio, en las que se centraron las labores de rescate y recuperación.

Según la información brindada por las autoridades locales, el saldo inicial confirmado se mantiene en ocho víctimas mortales, mientras que las labores para contabilizar al resto de los pasajeros continuaron durante el mismo día del accidente. Las autoridades regionales han proporcionado actualizaciones constantes sobre la evolución de los operativos y la identificación de supervivientes, así como el estado de los heridos.

El ferry "M/V Trisha Kerstin 3" representaba uno de los principales medios de transporte entre Basilan y Joló, dos áreas que dependen significativamente del tráfico marítimo para el intercambio de personas y mercancías. La necesidad de este tipo de servicio en el contexto insular de la región refuerza la cantidad de personas a bordo en el momento del accidente, según detalló la alcaldesa en su comunicación oficial.

Las búsquedas, lideradas por la Guardia Costera de Basilan y autoridades municipales, se extendieron por la zona del suceso. Se utilizaron pequeñas embarcaciones para aproximarse a las áreas donde fue posible identificar señales de presencia humana en el mar. La difusión de los nombres de los primeros rescatados por parte de la alcaldesa responde a la necesidad de informar a las familias y comunidades afectadas.

La magnitud de la tragedia causó preocupación en las provincias involucradas, especialmente en Basilan y en la ciudad de Pilas, de donde proceden parte de los pasajeros y los rescatados. La información suministrada por las autoridades locales y replicada en las redes sociales busca mantener un flujo constante de datos oficiales sobre la evolución del rescate, la identificación de las víctimas y el acompañamiento a los sobrevivientes y familiares.

Las autoridades filipinas se mantienen atentas a la evolución de la situación y continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron al naufragio del "M/V Trisha Kerstin 3". La información compartida por la alcaldesa Kahing-Nanoh y la Guardia Costera de Basilan constituye la principal referencia oficial respecto a las víctimas, supervivientes y operaciones en curso tras el accidente.

El tercer atentado dirigido contra Akmad Mitra Ampatuan, alcalde de Shariff Aguak, terminó con la muerte de cuatro atacantes después de que la Policía iniciara una persecución tras la emboscada que sufrió el vehículo oficial. Según el diario filipino 'Inquirer', el intento de asesinato ocurrió en la provincia de Maguindanáo del Sur, Filipinas, alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando la camioneta en la que se trasladaba el jefe municipal fue interceptada y baleada en la zona de Barangay.

El medio 'Inquirer' detalló que además del vehículo que transportaba al alcalde, otra unidad formaba parte del convoy al momento del ataque. Esta emboscada dejó dos escoltas de Ampatuan heridos, quienes presentaron lesiones consideradas leves, de acuerdo con información entregada por Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo del alcalde, y citada por el mismo periódico.

El ataque, ejecutado por individuos armados que se movilizaban en una miniván Suzuki, desencadenó una rápida respuesta policial. Según publicó 'Inquirer', las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución que culminó en la autovía de Shariff Aguak, donde los agentes abatieron a los cuatro agresores. En el operativo, las autoridades incautaron diversas armas de alto calibre que se encontraban dentro del vehículo utilizado por los atacantes.

Este evento marca el tercer intento de asesinato del que Ampatuan logra salir ileso, según consignó el medio 'Inquirer' tras recopilar testimonios locales. Fuentes municipales mencionadas en los reportes resaltaron que, pese a la intensidad del ataque, el alcalde no sufrió heridas, mientras que sus escoltas recibieron atención médica por las lesiones menores padecidas.

La investigación policial, según la información suministrada por 'Inquirer', se centró en esclarecer la identidad de los agresores y determinar si existe alguna relación entre este y los intentos previos de atentar contra la vida del funcionario. Las autoridades examinan también el armamento de alto calibre encontrado durante el registro del vehículo para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos.

Fuentes de la alcaldía y la Policía local citadas por 'Inquirer' subrayaron que la seguridad del alcalde se ha visto reforzada tras los ataques sufridos, mientras que la autovía de Shariff Aguak permaneció parcialmente restringida durante las labores forenses y operativas posteriores al enfrentamiento.

La reiteración de atentados contra Akmad Mitra Ampatuan genera alarma en la comunidad local y plantea interrogantes sobre los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos en la región de Maguindanáo del Sur, área señalada recurrentemente por episodios de violencia política. El incidente, reportado por el diario filipino 'Inquirer', se suma a una serie de acontecimientos similares que han incrementado el despliegue policial y las medidas de seguridad en la zona.

Horas después de que una embarcación de carga desapareciera en las inmediaciones de la isla de Huangyan, en una de las áreas marítimas más disputadas del sureste asiático, la Guardia Costera de China confirmó la recuperación de los cuerpos de dos tripulantes filipinos y el rescate con vida de otros 17 miembros de la tripulación. De acuerdo con información divulgada por la Guardia Costera de China, la operación de salvamento se mantiene activa para dar con el paradero de cuatro personas que continúan desaparecidas tras el naufragio.

Según reportó la Guardia Costera de China, el accidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando la embarcación presentó serios problemas técnicos a unos 101 kilómetros (55 millas náuticas) de la costa china, en aguas consideradas en disputa en el mar de China Meridional. El barco, que operaba como buque de carga y transportaba alrededor de veinte personas, perdió contacto en las proximidades de la isla de Huangyan, zona estratégicamente relevante debido tanto a las rutas de navegación comercial como a los intereses geopolíticos internacionales.

La respuesta de rescate se activó de inmediato, con varios buques de la Guardia Costera movilizándose hacia el lugar del incidente para prestar auxilio a la tripulación. La Guardia Costera informó en un comunicado que catorce de los sobrevivientes rescatados presentan condiciones estables, mientras que el esfuerzo principal se concentra en ubicar a los cuatro restantes miembros del equipo que aún figuran como desaparecidos. El operativo sigue desplegado en la zona, intensificando las maniobras de búsqueda en coordinación con los protocolos de emergencia marítima.

De acuerdo con información publicada por la Guardia Costera de China, el accidente ocurre en un contexto de tensiones recurrentes en la región. El jueves, Pekín anunció que colabora con el Gobierno de Filipinas para definir una agenda orientada a establecer futuros diálogos respecto a las disputas marítimas en el mar de China Meridional, un escenario frecuentemente marcado por confrontaciones y desencuentros diplomáticos. Las autoridades chinas subrayaron la disposición a trabajar conjuntamente, con el objetivo de mitigar la frecuencia e intensidad de estos incidentes en aguas cuya soberanía es objeto de múltiples reclamaciones.

Según detalló el medio, la región en la que ocurrió el naufragio ha sido escenario de controversia internacional durante décadas. Limítrofe con China y otros estados del sudeste asiático como Filipinas, la zona ha sido declarada de interés estratégico por el gran número de rutas marítimas que la atraviesan, vitales para el flujo del comercio global. Además, estudios han sugerido que debajo de sus aguas podrían encontrarse relevantes reservas de hidrocarburos, lo que incrementa el valor de las reivindicaciones sobre la soberanía y control de la zona.

Las relaciones entre China y Filipinas han estado caracterizadas por reiterados señalamientos y acciones en torno al tránsito y la presencia de embarcaciones en el área. Pekín ha implementado en diversas ocasiones medidas frente a barcos filipinos, alegando que ingresan en un territorio marítimo que considera bajo su jurisdicción. Según consignó la Guardia Costera de China, dicha postura responde a su interpretación de los límites marítimos, en contraste con la perspectiva de Manila y otros países de la región, quienes también reclaman derechos sobre esas aguas.

El naufragio y la operación de rescate han vuelto a centrar la atención en la fragilidad de la seguridad marítima en el mar de China Meridional, un espacio donde convergen intereses comerciales, energéticos y políticos de gran escala. La zona constituye una de las principales vías marítimas para el transporte internacional, con miles de barcos atravesando sus aguas anualmente y una importancia creciente para el comercio de mercancías y materias primas.

Al cierre de esta edición, la búsqueda de los cuatro tripulantes desaparecidos continúa en coordinación con equipos marítimos y aéreos, mientras las autoridades chinas y filipinas mantienen comunicación sobre las siguientes medidas a adoptar en cuanto al seguimiento del caso. Según publicó la Guardia Costera de China, la prioridad reside en salvaguardar la vida de quienes permanecen en paradero desconocido y esclarecer los hechos que llevaron al naufragio del buque de carga en una de las áreas marítimas más sensibles del mundo.

El embajador chino en Filipinas, Jing Quan, ha remarcado que tanto China como Filipinas cuentan con la capacidad y la sabiduría necesarias para gestionar sus divergencias y explorar soluciones en torno a la larga disputa sobre el mar de China Meridional. Según detalló la Embajada de China a través de un comunicado, ambas naciones han logrado un entendimiento preliminar para establecer una hoja de ruta enfocada en el diálogo, con el objetivo de reducir la tensión existente en la zona. De acuerdo con la información difundida por la propia misión diplomática y recogida por otros medios internacionales, el funcionario chino subrayó que este asunto representa solo una parte de las relaciones bilaterales y que los gobiernos de Pekín y Manila siguen apostando por un proceso negociador.

El medio reportó que las autoridades chinas comunicaron este jueves que se encuentran coordinando con el Gobierno filipino la creación de una hoja de ruta para iniciar nuevas conversaciones sobre las aguas en disputa. Entre los aspectos más destacados, Jing precisó que "las partes han alcanzado un consenso preliminar para trazar una hoja de ruta para el diálogo" y remarcó el compromiso de China con las negociaciones abiertas en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), orientadas a conseguir un código de conducta aplicable al mar de China Meridional.

Según recoge la Embajada de China, la próxima ronda de intercambio entre Manila y Pekín está programada para el primer cuatrimestre del año. El embajador Jing describió que estos encuentros se han tornado más frecuentes e intensos debido al interés de ambas partes en alcanzar un acuerdo antes de cerrar el año. A juicio del diplomático, concretar un entendimiento aportaría beneficios significativos para la estabilidad regional y las relaciones entre los dos países, afectadas en los últimos tiempos por numerosos episodios de tensiones e incidentes en aguas reclamadas por ambas partes.

Tal como consignó la fuente oficial, Jing Quan también abordó el papel de Estados Unidos en la dinámica regional, asegurando que Filipinas no debe verse forzada a tomar partido y que puede mantener relaciones constructivas tanto con China como con el gobierno estadounidense. Este subrayado coincide con la percepción de que la competencia estratégica y las alianzas en la zona han elevado la complejidad del escenario diplomático en torno al mar de China Meridional.

El mar de China Meridional comprende rutas marítimas consideradas críticas para el comercio global. Esta región es objeto de diversas reclamaciones superpuestas entre varios países del Sudeste Asiático, incluidos China y Filipinas, lo que ha sido una fuente persistente de conflictos y choques diplomáticos a lo largo de décadas. El medio recuerda que el área alberga fondos marinos con potenciales reservas de petróleo y gas, lo que añade un componente económico relevante a la disputa territorial.

A lo largo de los últimos años, según detalló la fuente, China ha realizado diversas acciones contra embarcaciones filipinas, a las que atribuye incursiones dentro de áreas que considera parte de su soberanía. Estas fricciones han complicado la relación bilateral, aunque, con el actual consenso para mantener el canal de negociación abierto, tanto Pekín como Manila intentan evitar una escalada mayor en un momento de creciente interés internacional por los desarrollos en el mar de China Meridional.

El proceso para un futuro código de conducta en el marco de la ASEAN forma parte de los esfuerzos multilaterales para establecer normas sobre la navegación y las actividades económicas en la zona disputada. Según publicó la Embajada de China y recogió la prensa internacional, los gobiernos de la región expresan la expectativa de que las negociaciones puedan traducirse en mecanismos efectivos de prevención de incidentes y gestión de desacuerdos, a la vez que buscan preservar la estabilidad necesaria para el desarrollo y el flujo comercial regional.

El informe oficial compartido por China reafirma que, pese a las diferencias sustanciales sobre la delimitación marítima y cuestiones de soberanía, permanece abierta la posibilidad de acuerdos prácticos para el manejo de las disputas, incluso a través de foros multilaterales. Los avances logrados en las recientes rondas de conversaciones se inscriben en el marco más amplio de las relaciones bilaterales, que abarcan distintos sectores políticos, económicos y de seguridad, contexto que, según la Embajada de China, facilita el entendimiento para gestionar los desacuerdos marítimos.

El tribunal de la ciudad de Tacloban, en la provincia de Leyte, halló culpable este jueves a Frenchie Mae Cumpio, de 26 años, del delito de financiar el terrorismo, según detalló EFE. No obstante, el tribunal absolvió a la periodista de los cargos relacionados con la posesión de armas y explosivos, por los que también estaba acusada. Cumpio, exdirectora de un portal digital enfocado en denuncias sobre actuaciones policiales y militares, permanece privada de libertad desde febrero de 2020, luego de un operativo nocturno realizado en su domicilio, donde la Policía declaró haber incautado un arma de fuego, una granada y una bandera comunista, conforme a la información citada.

Según la asociación de prensa filipina y medios locales, Cumpio enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión. La organización AlterMidya y el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, por sus siglas en inglés) denunciaron que los cargos por financiamiento al terrorismo serían una construcción de las fuerzas de seguridad como represalia contra su trabajo como reportera. EFE señala que el comunicado de AlterMidya puntualizó: “El caso tiene consecuencias de gran alcance más allá de Frenchie Mae. Profundiza el clima de impunidad en el país y envía un mensaje alarmante a periodistas, activistas y ciudadanos comunes: la libertad de expresión tiene un alto precio”, subrayando críticas contra el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.

El NUJP también se manifestó en contra del veredicto, calificando la sentencia como una injusticia e insistiendo en su compromiso de buscar la liberación de Cumpio. De acuerdo con EFE, el gremio periodístico sostiene que la acusada es víctima de persecución por ejercer su derecho a la libertad de información y por revelar casos de violaciones a los derechos humanos.

La detención de Cumpio se produjo en 2020 durante la fase más intensa de la guerra contra las drogas sostenida por la administración de Rodrigo Duterte, un periodo caracterizado por miles de muertes y abundantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. Las actividades de la periodista, centradas en documentar y exponer estos hechos, fueron señaladas por varios colectivos como motivo principal del proceso judicial en su contra, según informó EFE.

El contexto general de la libertad de prensa en Filipinas se caracteriza por elevados riesgos para quienes ejercen el periodismo. Reporteros Sin Fronteras ha registrado el asesinato de 204 comunicadores desde 1986, con dos muertes documentadas únicamente en 2023, tal como consignó EFE. Filipinas figura entre las naciones donde el ejercicio del periodismo implica altos niveles de peligro, y asociaciones internacionales han señalado deficiencias en la protección del gremio y en el combate a la impunidad.

La condena a Cumpio se ratifica mientras el expresidente Rodrigo Duterte permanece detenido ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en espera de juicio por acciones vinculadas a la campaña antidrogas de su mandato, contexto dentro del cual se produjeron múltiples denuncias por abusos policiales, en su mayoría difundidas por medios locales, según puntualiza EFE.

Mientras no se ha fijado aún la fecha para dar a conocer la sentencia, tanto organizaciones nacionales como internacionales prosiguen con los reclamos para que se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, vinculando el caso a un patrón represivo que amenaza la labor de los medios independientes en el país.

El filme de Coogler no solo encabeza la competencia por la estatuilla a mejor película, sino que también figura entre los aspirantes en dirección, guion original, actuación principal (con Michael B. Jordan), actriz y actor de reparto, y en todas las categorías técnicas, desde dirección de fotografía hasta efectos visuales. La canción “I Lied to You”, incluida en la banda sonora, también fue reconocida.

La hazaña coloca a “Sinners” en una posición singular: es la séptima película en lograr postulaciones en cada apartado técnico, una distinción que únicamente habían alcanzado títulos como “Dune” (2021), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Titanic” (1997). Si se suma la nominación a mejor canción original, solo “Titanic” había logrado algo similar.

El impacto de este logro se mide frente a referentes históricos: con sus 16 menciones, la película de Coogler deja atrás a “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016), todas con 14. En cuanto a triunfos, el récord vigente de 11 estatuillas lo comparten “Ben-Hur” (1959), “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

Más allá de las cifras, Ryan Coogler se transforma en el segundo cineasta negro en ser nominado, en el mismo año, como productor, director y guionista original. El primer antecedente fue Jordan Peele por Get Out (2017). Solo tres realizadores han alcanzado esa triple postulación, sumando a Spike Lee por BlacKkKlansman (2018).

El director de “Black Panther” también suma otro hito: es el segundo productor negro en recibir dos nominaciones a mejor película, tras competir anteriormente con “Judas and the Black Messiah” (2020). Esta distinción solo la comparte con Peele, quien lo logró con Get Out y BlacKkKlansman.

La lista de rupturas no termina allí. Zinzi Coogler, productora y esposa del director, figura como la primera productora filipina y la tercera mujer negra en ser nominada al máximo galardón. El matrimonio hace historia al convertirse en la primera pareja negra casada que compite en esa categoría.

Otra pionera es Autumn Durald Arkapaw, quien se convirtió en la primera mujer filipina y la primera mujer de color candidata a mejor dirección de fotografía. En el apartado de diseño de producción, Hannah Beachler mantiene su exclusividad como la única mujer negra nominada, sumando una segunda mención tras su victoria con “Black Panther”.

El vestuario, una vez más, lleva la firma de Ruth E. Carter. Con su quinta nominación, Carter se consagra como la mujer negra con más postulaciones en la historia de los Oscar, superando a la actriz ganadora Viola Davis. Solo la superan en cantidad de nominaciones entre los creativos negros Denzel Washington (nueve) y Quincy Jones (siete).

El guion original de “Sinners” también inscribe a Coogler en una tradición que comenzó en 1972, cuando Suzanne de Passe fue la primera guionista negra reconocida por Lady Sings the Blues. Desde entonces, solo un puñado ha llegado a esta instancia, y únicamente Jordan Peele se alzó con la victoria.

La cuenta regresiva ya está en marcha: la votación final se realizará entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, y la gala número 98 de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo, con Conan O’Brien como anfitrión.

El ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, solicitó a sus homólogos de Tailandia y Camboya que presenten formalmente sus peticiones de mediación mediante cartas dirigidas al Gobierno malasio, con el fin de dotar de respaldo oficial a los próximos pasos en las negociaciones. Según informó el diario The Star, el funcionario defendió la actuación de su país como mediador en el conflicto fronterizo, en respuesta a las críticas sobre la gestión malasia y tras una cadena de hechos violentos que generaron cientos de víctimas y desplazados desde el verano hasta la actualidad.

Tal como publicó The Star, Hasan rechazó las acusaciones sobre un supuesto fracaso de Malasia para facilitar conversaciones entre las partes enfrentadas. “Es mentira que Malasia haya fracasado a la hora de facilitar conversaciones”, afirmó ante el Parlamento. El titular de Exteriores explicó que, aunque Malasia no ostenta actualmente la Presidencia de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) —correspondiente en este momento a Filipinas—, ambos gobiernos involucrados continúan mostrando su preferencia por que Kuala Lumpur encabece el proceso de mediación en la crisis.

De acuerdo con la información de The Star, la violencia en la frontera entre Tailandia y Camboya derivó desde el verano pasado en más de un centenar de muertos y desalojó de sus hogares a más de un millón de personas, quienes se vieron forzadas a huir por la inseguridad. A finales de diciembre, los dos países alcanzaron un nuevo acuerdo de alto el fuego tras una sucesión de enfrentamientos y tras la ruptura del primer pacto, firmado en noviembre, que no logró sostenerse frente a la reanudación de la violencia.

En las conversaciones realizadas para reestablecer el cese de hostilidades, ambas partes convinieron abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, comprometiéndose a respetar las líneas fronterizas internacionales y los principios de paz y estabilidad regional, según consignó The Star. El acuerdo incluyó la ratificación de la soberanía, la igualdad y la integridad territorial de cada país, y la intención de avanzar en el diálogo para poner fin a todas las hostilidades, promover la normalidad y fomentar la confianza mutua a lo largo de toda la frontera compartida.

A pesar del último acuerdo, los incidentes en la zona limítrofe han persistido. El medio The Star reportó intercambios de acusaciones de violaciones de la tregua entre Tailandia y Camboya, con señalamientos cruzados por parte de ambos gobiernos respecto a presuntas incursiones y hostilidades no autorizadas, lo que ha dificultado la consolidación de la paz y el regreso seguro de los desplazados a sus lugares de origen.

Las posibilidades de intervención de Malasia se han visto limitadas por el cambio de la Presidencia de la ASEAN. No obstante, tanto Tailandia como Camboya, detalló The Star, han expresado su deseo de recibir el respaldo de las autoridades malasias dicho proceso. Ante este escenario, la solicitud formal de cartas de parte de los ministros de Exteriores de ambos países busca consolidar la legitimidad de la mediación e impulsar el restablecimiento formal de las negociaciones, en busca de soluciones definitivas.

Durante su intervención parlamentaria, el ministro malasio subrayó la importancia de la cooperación multilateral dentro del marco regional, pero insistió en la necesidad de que cualquier iniciativa cuente con el consentimiento expreso y el respaldo documental de los implicados. Hasan remarcó que la paz y la estabilidad solo podrán alcanzarse si las partes muestran un compromiso auténtico con el respeto de los acuerdos y el cese efectivo de toda forma de hostilidad, conforme a los compromisos asumidos.

Hasta el momento, la situación humanitaria en la zona fronteriza permanece delicada, con desplazamientos masivos y comunidades a la espera de condiciones adecuadas para retornar. La continuidad de la mediación malasia y la respuesta de los gobiernos de Tailandia y Camboya a la petición de Hasan serán determinantes para los próximos desarrollos diplomáticos, según recogió The Star.

Una serie de investigaciones sobre corrupción en Filipinas ha arrojado luz sobre proyectos de control de inundaciones valorados en 9.000 millones de euros, que presuntamente involucraron a senadores, congresistas y empresarios en desvíos y trabajos deficientes, afectando zonas impactadas por los tifones ‘Kalmaegi’ y ‘Fung-wong’ y dejando más de 250 víctimas mortales. En este contexto, el diputado Zaldy Co, ahora fuera del país tras ser identificado como sospechoso principal del desfalco, declaró que el presidente Ferdinand Marcos Jr. estaba implicado en estos hechos, una afirmación que el Ejecutivo ha descartado como meras especulaciones. Paralelamente, el arresto y envío del expresidente Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) ha desencadenado una crisis política e institucional, despertando acusaciones y desafíos a la gestión de la actual administración, de acuerdo con lo reportado por el portal de noticias Rappler.

La controversia tomó fuerza tras la presentación de una moción destinada a destituir al presidente Marcos Jr., registrada por el abogado André de Jesus, quien reclamó que el mandatario debía ser responsabilizado por el arresto y la posterior entrega de Duterte a la justicia internacional. Esta acción ha contado con el respaldo del legislador Jett Nisay, del minoritario partido Pusong Pinoy, y representa la primera solicitud formal de este tipo desde que Marcos asumió la presidencia en 2022. La moción le imputa a Marcos Jr. una vulneración de la soberanía nacional al facilitar el traslado de Duterte al TPI, interpretando la medida como un quebranto de la Constitución y una traición a la confianza depositada por la ciudadanía, según publicó Rappler.

La entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional tuvo lugar a pesar de que Filipinas ya no es parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI. Marcos Jr. ha justificado la decisión afirmando que, tras emitirse la orden de arresto internacional, Manila tenía la obligación de colaborar con la Interpol y otras organizaciones internacionales, como detalla el medio Rappler. La acusación formal contra Duterte, arrestado en La Haya desde marzo, incluye tres cargos por crímenes contra la humanidad, entre los que figura su presunta participación indirecta en 19 asesinatos ocurridos durante su periodo como regidor de la ciudad de Dávao entre 2013 y 2016. Los otros dos cargos están relacionados con su gestión como presidente de Filipinas.

La portavoz presidencial, Claire Castro, estableció la postura del Ejecutivo filipino ante la moción presentada. Explicó que la recepción y el trámite de denuncias forman parte de los procedimientos democráticos recogidos en la Constitución y defendió la independencia y fortaleza del Congreso como organismo igualitario del Gobierno. “Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso, como rama del gobierno con igualdad de derechos, desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad”, expresó, según citó Rappler. Castro sostuvo que el presidente Marcos Jr. mantiene su compromiso con la Constitución y la continuidad de la acción gubernamental, señalando que la labor del Ejecutivo continúa orientada hacia la mejora en la calidad de vida de los habitantes del país.

El escándalo ha incrementado la tensión entre las figuras más influyentes de la política filipina. La vicepresidenta y hija de Rodrigo Duterte, Sara Duterte, calificó la detención y el traslado de su padre como un “secuestro” resultado de una “persecución y opresión” por parte de las autoridades. Estas afirmaciones reflejan el deterioro de las relaciones entre las familias Duterte y Marcos, cuyos intereses políticos habían coincidido en el pasado, pero que presentan distanciamiento desde 2022 por motivos electorales y rivalidades internas, según ha reportado Rappler.

El proceso judicial contra Duterte en La Haya ha servido de punto de inflexión para las disputas existentes en las cúpulas políticas. La imputación establece a Duterte como coautor indirecto de asesinatos registrados mientras ocupaba la alcaldía de Dávao y apunta a presuntas violaciones de derechos humanos que se extendieron durante su periodo presidencial. El seguimiento internacional sobre el caso y la respuesta de las instituciones filipinas forma parte del debate público sobre los límites de la cooperación internacional y la protección de la soberanía.

Con la implicación de más de 37 senadores, diputados y empresarios en las pesquisas sobre el desvío de fondos de los proyectos hidráulicos, Rappler señala que la crisis institucional se ve alimentada por acusaciones cruzadas de corrupción y traición, sumadas a las disputas judiciales a nivel internacional. Las obras financiadas tenían como objetivo prevenir catástrofes tras los tifones, pero los informes revelan que en numerosas localidades los proyectos sólo existieron en papel o se realizaron de forma deficiente. Este contexto ha encendido críticas sobre el manejo de recursos públicos y la transparencia en la gestión gubernamental.

El respaldo a la moción de destitución contra Marcos Jr. por parte del diputado Nisay se halla bajo escrutinio, ya que el congresista está siendo investigado en el escándalo de corrupción relacionado con los multimillonarios proyectos de control de aguas. La portavoz presidencial ha traído al primer plano esta situación, en alusión a la legitimidad de quienes impulsan la acción parlamentaria, según describe Rappler. Por otra parte, el gobierno sostiene que las acusaciones relacionadas con la presunta implicación de Marcos Jr. en el desfalco masivo carecen de fundamento y responde a ellas clasificándolas como conjeturas.

Las divisiones institucionales en Filipinas han alcanzado una nueva dimensión tras el traslado de Duterte a La Haya. Mientras el Congreso estudia la moción para la destitución presidencial, las diferencias internas y las acusaciones de corrupción continúan marcando el ritmo de la política nacional, en un escenario dominado por la polarización y la incertidumbre respecto al desenlace de los procesos judiciales y políticos abiertos, según detalla Rappler en su cobertura.

La declaración del estado de calamidad en el área de Binaliw facilitó la movilización de recursos para enfrentar las consecuencias del derrumbe, después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de tres cuerpos adicionales entre los escombros, solamente quedando una persona aún sin localizar. Según informó la cadena ABS-CBN, el concejal Dave Tumulak comunicó la localización de las víctimas más recientes y detalló que el número total de fallecidos asciende a 35 tras el siniestro que tuvo lugar en el vertedero de la isla filipina de Cebú.

El pasado 8 de enero, se produjo una avalancha masiva en el vertedero de Binaliw, arrastrando consigo a varios empleados encargados de la recogida de desechos. El medio ABS-CBN explicó que este colapso resultó del impacto conjunto del terremoto registrado en septiembre en la isla de Cebú junto con las lluvias torrenciales ligadas al paso del tifón ‘Tino’, lo que desestabilizó las toneladas de basura acumuladas en el lugar.

El Ayuntamiento de Cebú tomó medidas inmediatas tras la tragedia, decretando el viernes 16 de enero como un día de luto local en memoria de las víctimas. Además, según reportó ABS-CBN, la declaración del estado de calamidad permitió la activación de fondos especiales destinados a reforzar los servicios de recolección de residuos y brindar apoyo a las tareas de rescate, atención a los afectados y limpieza del área.

La búsqueda de la única persona que sigue desaparecida continúa bajo la dirección de las autoridades locales, con equipos de emergencia y voluntarios trabajando entre los restos del vertedero. El contexto del accidente, según detalló ABS-CBN, involucra no solo circunstancias meteorológicas extremas sino también riesgos estructurales asociados al depósito masivo de residuos sólidos.

La dimensión del desastre puso en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del sector de residuos y de las comunidades adyacentes a grandes vertederos en zonas expuestas a fenómenos naturales. Las autoridades intensificaron la vigilancia y el monitoreo de otros puntos críticos en la isla, dado el incremento en la frecuencia e intensidad de tifones y terremotos que afectan a Filipinas, reportó la cadena ABS-CBN.

El vertedero de Binaliw servía como punto principal de acopio de residuos urbanos de Cebú, la segunda ciudad más poblada del país. De acuerdo con la información proporcionada por ABS-CBN, la combinación de basura inestable, lluvias intensas y movimientos sísmicos recientes provocó un escenario especialmente riesgoso, dificultando las tareas de rescate y elevando el número de víctimas en las últimas jornadas.

Los equipos municipales y las agencias estatales de respuesta ante desastres continúan desplegados en el lugar mientras se mantienen los operativos de búsqueda y recuperación. Según consignó ABS-CBN, la identificación de las víctimas y la asistencia a sus familias forman parte de las prioridades inmediatas para el gobierno local, en medio de un clima de duelo y solidaridad por parte de la población de Cebú.

El desastre ha provocado discusiones sobre la gestión de residuos en áreas urbanas densamente pobladas de Filipinas y la necesidad de revisar las medidas de seguridad en vertederos a raíz de eventos naturales recurrentes. Las investigaciones oficiales continúan para determinar responsabilidades y establecer estrategias que reduzcan el riesgo de incidentes similares, según detalló el medio filipino.

La Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas presentó un informe que desmiente punto por punto la versión de los policías implicados en la muerte de Diego Bello, el ciudadano español fallecido en 2020 en la isla de Siargao. Antes de que la madre de la víctima declare como testigo en el juicio que investiga el caso, los familiares han buscado interlocución directa con diversas autoridades y organizaciones internacionales para reiterar su demanda de esclarecimiento y responsabilidad en los hechos, según detalló Europa Press.

Durante los días previos a la declaración prevista para este viernes 16 de junio a las 08:30 horas en Filipinas (01:00 en España), los padres y el hermano de Bello, acompañados por el abogado Guillermo Mosquera y el cónsul de España en Filipinas, Ignacio Sánchez Taboada, han mantenido una serie de reuniones con representantes clave. Según reportó Europa Press, la agenda incluyó encuentros con los letrados que llevan la causa, miembros de la Embajada de España y el embajador de la Unión Europea en el país asiático, Massimo Santoro. Además, acudieron a una reunión de trabajo en la NBI, que encabeza la investigación local sobre la muerte, así como con los agentes que elaboraron el informe pericial que contradice la narrativa de los agentes imputados.

De acuerdo con Justicia para Diego, una plataforma creada por allegados y simpatizantes del joven gallego, la familia también fue recibida por un representante de la Oficina del Ombudsman (Defensor del Pueblo) de Filipinas. Durante ese encuentro, trasladaron sus preocupaciones sobre el estado del proceso, exponiendo incertidumbres ante la falta de avances concretos y la necesidad de garantías jurídicas eficaces.

Tal como ha comunicado la citada plataforma a Europa Press, todas estas gestiones están orientadas a lograr que el caso se trate con la máxima transparencia y rigor, y a insistir en la búsqueda de justicia y reparación. Los familiares expresan su intención de agotar todas las vías legales e institucionales mientras continúen, seis años después de la muerte de Bello, exigiendo una respuesta adecuada del sistema judicial filipino.

El procedimiento penal se focaliza en tres policías acusados de asesinato y alteración de pruebas en relación con la muerte del joven, ocurrida en enero de 2020. Según relató Europa Press, el Tribunal de Primera Instancia Regional de Filipinas negó conceder la libertad bajo fianza a los tres imputados en junio de 2025, lo que mantiene su privación de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Los resultados conocidos de las investigaciones oficiales desmienten la versión inicial de los agentes, quienes señalaron haber actuado durante un supuesto enfrentamiento armado en el marco de una operación contra el narcotráfico. Sin embargo, el informe forense y el trabajo de la NBI establecen que Bello recibió los disparos cuando ya se encontraba desarmado y en el suelo, apartándose del relato policial.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas también ha rechazado los argumentos expresados por los policías. Según destacó Europa Press, la entidad concluyó que en la actuación de los agentes existió una violación de los protocolos operativos obligatorios en intervenciones policiales, descartando la explicación de fuerza letal justificada durante la intervención.

La declaración de la madre de Diego Bello se produce en un contexto en el que los familiares y sus representantes pretenden respaldar con su testimonio la tesis de que el joven no se vinculaba con los hechos imputados ni ofreció resistencia, y que los responsables deben rendir cuentas por el fallecimiento. Justicia para Diego ha insistido que la familia seguirá movilizándose y promoviendo acciones ante instituciones internacionales y organismos de defensa de derechos humanos mientras persista la incertidumbre y el dolor causado por la muerte de Bello en circunstancias que consideran irregulares, según manifestó el grupo a Europa Press.

El reciente pacto firmado por las autoridades de Japón y Filipinas abarca una gama extensa de recursos logísticos y servicios como transporte, apoyo operativo en bases, provisión de alimentos, agua, combustibles y servicios médicos. Esta cooperación, que deja fuera la entrega de armamento letal pero sí contempla el suministro de municiones y asistencia técnica, ocurre en un contexto donde ambos países enfrentan presiones crecientes relacionadas con las disputas territoriales y la seguridad en la región Asia-Pacífico. Según informó el Ministerio de Exteriores de Japón, el acuerdo busca optimizar el intercambio y la provisión oportuna de suministros y servicios estratégicos entre las Fuerzas de Autodefensa japonesas y las Fuerzas Armadas filipinas, respondiendo a desafíos de seguridad contemporáneos en un escenario marcado por la escalada de tensiones con China.

El medio consignó que la ceremonia de firma tuvo lugar en Manila, donde participaron los ministros de Exteriores Toshimitsu Motegi, de Japón, y Maria Theresa Lazaro, de Filipinas. El documento oficial, detallado por el Ministerio japonés, especifica que el acuerdo fija procedimientos claros para el intercambio recíproco de asistencia logística, contribuyendo a un canal más eficiente y estructurado para el apoyo mutuo durante operaciones conjuntas o colaboraciones humanitarias. Según reportó la fuente, los gobiernos de ambos países destacaron la importancia de esta cooperación en la consolidación de sus vínculos defensivos y la promoción de estabilidad regional.

De acuerdo con la información oficial citada por el medio, el pacto contempla el acceso a servicios de almacenamiento, reparación de equipos, labores portuarias y aeroportuarias, así como el respaldo a operaciones de bases militares. El alcance incluye la posibilidad de intercambio de repuestos y componentes críticos para el funcionamiento efectivo de las fuerzas armadas de ambas naciones. El Ministerio de Exteriores japonés destacó que, pese a que la entrega de armamento no se contempla, la inclusión de munición y recursos técnicos pretende fortalecer la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia o necesidades operativas.

En palabras del comunicado japonés recogidas por el medio, “la provisión fluida y oportuna de suministros y servicios entre ambas fuerzas” permitirá que Japón y Filipinas contribuyan de manera más activa a la seguridad y la paz internacional. Esta dimensión del acuerdo adquiere relevancia en el contexto de los intereses estratégicos compartidos por ambos países frente a la política de expansión de China y las recientes tensiones en el mar de China Meridional.

El medio puntualizó que los servicios incluidos en el convenio abarcan desde el transporte hasta la asistencia médica, pasando por la logística de alimentos, agua y productos derivados del petróleo, además de servicios de comunicación y entrenamiento. El objetivo declarado por ambas partes reside en reforzar la cooperación operativa y, al mismo tiempo, asegurar que los suministros cruciales lleguen sin demoras durante actividades conjuntas o en contextos de crisis.

El acuerdo, según publicó el medio citando a las autoridades de Filipinas y Japón, facilitará también el uso conjunto de instalaciones y los servicios asociados a su funcionamiento, incrementando así la interoperabilidad de las fuerzas militares respectivas. El alcance de los mecanismos de colaboración se extiende a aspectos como el mantenimiento y reparación de equipos, así como la distribución de repuestos, una medida orientada a mantener la operatividad durante misiones extensas o despliegues prolongados.

Tal como detalló el Ministerio de Exteriores japonés, el pacto endurece los lazos en materia técnica y de apoyo logístico, ajustándose además a los estándares internacionales que rigen estas asociaciones. El alcance de las operaciones logísticas y el apoyo recíproco representa una evolución significativa en la estrategia de seguridad de ambos países, particularmente a raíz de la intensificación de las disputas en torno a rutas marítimas y recursos en el sudeste asiático.

Según reportó la fuente, el acuerdo permite a Japón y Filipinas responder de manera más eficaz a desafíos comunes y contribuir activamente a la paz y la estabilidad en la comunidad internacional, consolidando un eje de cooperación que refuerza el papel colectivo de ambos gobiernos en la arquitectura de seguridad regional.

Japón y Filipinas firmaron este jueves un pacto de defensa que permitirá la provisión libre de impuestos de municiones, combustible, alimentos y otros suministros cuando sus fuerzas realicen entrenamientos conjuntos.

El acuerdo busca aumentar la disuasión frente a la creciente agresión de l régimen chino en la región y reforzar la preparación ante desastres naturales.

El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, y la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, formalizaron el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados en Manila. Durante la ceremonia, Japón anunció asistencia adicional en seguridad y desarrollo económico a Filipinas, que incluye financiamiento para la construcción de refugios para botes de seguridad y la expansión del acceso a internet en provincias del sur del país.

Japón enfrenta crecientes tensiones políticas, comerciales y de seguridad con China, que reaccionó con enojo tras declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre la posible intervención japonesa en caso de una acción militar china contra Taiwán.

Tanto el gobierno nipón como el filipino mantienen conflictos territoriales con Beijing en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, disputas que se han intensificado y amenazan con involucrar a Estados Unidos, aliado de ambos países.

“Ambos reconocimos el valor de promover el Estado de derecho, incluyendo la libertad de navegación y sobrevuelo, especialmente en el mar de China Meridional”, afirmó Lazaro tras la firma del acuerdo.

Motegi afirmó que él y Lazaro, “coincidieron en continuar oponiéndose a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción en los mares de China Oriental y Meridional”, en alusión a la creciente presión marítima y aérea de Beijing.

El acuerdo logístico militar, que aún debe ser ratificado por el Parlamento japonés, representa el pacto de defensa más reciente entre Japón y Filipinas para profundizar su alianza de seguridad. Además de facilitar ejercicios conjuntos de combate, el acuerdo permitirá a ambos países responder conjuntamente a desastres naturales y participar en misiones de paz de las Naciones Unidas, según autoridades de ambas naciones.

En 2024, ambos países firmaron el Acuerdo de Acceso Recíproco, que autoriza el despliegue de fuerzas de uno u otro país en territorio aliado para ejercicios conjuntos, incluidos simulacros de fuego real. Ese pacto entró en vigor en septiembre.

Funcionarios de ambos países continúan negociando un acuerdo adicional para mejorar la seguridad de la información de defensa y militar altamente confidencial que ambos países podrían compartir en el futuro.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y el entonces primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciaron en abril del año pasado en Manila el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados. En esa oportunidad, Ishiba criticó las acciones agresivas de Beijing sin mencionar directamente a China y expresó: “Espero que nuestros dos países continúen trabajando estrechamente para lograr un Indopacífico libre y abierto basado en el Estado de derecho”.

Los enfrentamientos entre barcos guardacostas chinos y filipinos en el mar de China Meridional se han vuelto cada vez más hostiles durante el mandato de Marcos Jr, quien asumió la presidencia en 2022. Su predecesor, Rodrigo Duterte, promovió una política de acercamiento tanto con el líder chino, Xi Jinping, como con el líder ruso, Vladímir Putin.

Beijing reclama prácticamente toda la región del mar de China Meridional, donde reforzó su presencia con guardacostas y buques navales y construyó bases en islas artificiales para fortalecer sus pretensiones territoriales. Malasia, Vietnam, Brunéi y Taiwán también participan en los prolongados enfrentamientos por la soberanía en la zona.

(Con información de Associated Press)

Personal militar, ingenieros y expertos en distintas ramas científicas ampliaron en las últimas horas su presencia en el vertedero de Binaliw, en la ciudad filipina de Cebú, ante la persistencia de la búsqueda de cerca de 30 personas desaparecidas tras el derrumbe ocurrido el jueves pasado. Según informó Manila Times, los equipos de rescate ya recuperaron los cuerpos sin vida de ocho personas, entre ellas dos mujeres, hasta las 20:10 horas (hora local) del domingo.

Las labores de búsqueda se desarrollan en un contexto de alta dificultad, ante la cantidad de escombros y desechos que bloquean el área impactada, que funciona como principal destino de residuos de la capital provincial, explicaron las autoridades a Manila Times. El concejal y presidente del Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Cebú, Dave Tumulak, resaltó que en el operativo están involucrados más de 40 militares, en su mayoría ingenieros, y unos diez especialistas, como químicos, biólogos y radiólogos provenientes de la base militar de Tarlac, además del personal de emergencia local.

De acuerdo con lo publicado por Manila Times, la tragedia se atribuye en un primer análisis a la combinación de un terreno inestable y altos niveles de humedad en la zona del vertedero, elementos agravados por la actividad sísmica y meteorológica reciente. Las autoridades recordaron que un terremoto de magnitud 6,7 se registró en la región el 30 de septiembre, lo cual pudo haber comprometido el subsuelo y las estructuras de residuos. Posteriormente, el paso del tifón 'Tino', el 4 de noviembre, incrementó significativamente la saturación de agua en la zona, generando un peligro adicional para la estabilidad del terreno.

El vertedero de Binaliw desempeña un papel central en la gestión de residuos de la ciudad de Cebú, que cuenta con una población cercana al millón de habitantes y recibe de manera diaria cientos de toneladas de basura, consignó Manila Times. Esta situación genera no solo una acumulación considerable de desechos, sino también una exposición permanente de decenas de trabajadores de distintas áreas, desde operadores hasta recicladores informales.

Informó el diario Manila Times que la operación de rescate ha requerido la colaboración de diferentes organismos locales y nacionales, en vista de las implicaciones técnicas y los riesgos biológicos y químicos que representan los grandes acumulados de basura y el colapso estructural en algunas zonas del vertedero. El despliegue de ingeniería militar y expertos ambientales ha sido fundamental para asegurar las zonas de búsqueda y para minimizar riesgos tanto a sobrevivientes potenciales como al propio personal de rescate.

Las autoridades han solicitado a la población circundante mantenerse alejada de la zona, pues las evaluaciones iniciales sugieren que aún existen riesgos de nuevos deslizamientos. Las condiciones en el sitio, donde se mezclan escombros, basura y agua estancada, han dificultado el avance de las labores. La coordinación se mantiene entre la administración municipal de Cebú, los servicios de emergencia y representantes del Ejército, detalló Manila Times.

La catástrofe ha generado preocupación en ámbitos de la administración local sobre la capacidad de los actuales sistemas de gestión de residuos para manejar el volumen diario de desechos. Además, se considerarán revisiones técnicas y de seguridad adicionales en el vertedero de Binaliw a raíz de lo sucedido, señalaron fuentes del ayuntamiento de Cebú según Manila Times.

La búsqueda de las personas desaparecidas continúa bajo condiciones adversas, y de momento, los balances oficiales mantienen la cifra provisional de ocho muertos y alrededor de treinta personas que aún no han sido localizadas, como informó el diario Manila Times. El operativo planea proseguir con la remoción segura de capas de basura y restos, apoyándose tanto en maquinaria pesada como en la labor manual de los rescatistas, que evalúan en tiempo real los riesgos asociados con cada nueva intervención en el terreno afectado.

La acumulación de agua tras el paso del tifón 'Tino', unido a las consecuencias de un terremoto reciente, figura entre las principales hipótesis sobre las causas del colapso en el vertedero de Binaliw, en la ciudad filipina de Cebú. El alcalde Néstor Archival detalló, citado por el diario local 'Sun Star', que la basura funcionó como una esponja y retuvo el agua, debilitando el subsuelo y favoreciendo el derrumbe. En este contexto, autoridades y equipos de rescate continúan la búsqueda de más de treinta personas que permanecen desaparecidas, tras confirmarse la muerte de al menos cinco ciudadanos.

Según publicó 'Sun Star', el suceso se registró el pasado jueves en el vertedero de Binaliw, el principal destino de residuos sólidos producidos por la ciudad de Cebú, que concentra una población cercana al millón de habitantes. A diario, este espacio ambiental recibe cientos de toneladas de desperdicios, lo que incrementa la presión sobre sus instalaciones. En las últimas jornadas, los trabajos para hallar a sobrevivientes o víctimas se han dificultado por las condiciones del clima y la inestabilidad del terreno.

El alcalde Archival explicó que el área del vertedero acumuló agua en grandes proporciones debido a las precipitaciones asociadas al tifón 'Tino', fenómeno que tocó la isla el pasado 4 de noviembre. Además, indicó que un sismo de magnitud 6,7 en la escala de Richter, que se produjo el 30 de septiembre, podría haber debilitado la estructura del suelo. En palabras del funcionario, “hemos vivido un terremoto que sacudió el suelo y después hubo un tifón, el 'Tino', que trajo una enorme cantidad de lluvias. La basura se comporta como si fuera una esponja. Absorbe el agua y la acumula debajo”.

De acuerdo con el balance oficial confirmado por Archival y divulgado por 'Sun Star', las tareas de búsqueda y rescate continúan a pesar de los riesgos. Equipos de emergencia y voluntarios participan en las operaciones para remover escombros y basura con la esperanza de encontrar personas atrapadas entre los materiales colapsados. No se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas confirmadas ni de los desaparecidos, pero las autoridades admitieron que la cifra podría aumentar.

Las primeras evaluaciones técnicas atribuyen el derrumbe a una combinación de factores relacionados con la geología del terreno y el impacto de eventos climáticos extremos. Según reportó 'Sun Star', representantes municipales y de organismos responsables de la gestión de residuos han iniciado una investigación formal para determinar las causas del incidente. Estas pesquisas incluirán la revisión de protocolos de operación y la participación de agencias estatales con competencias en seguridad ambiental y gestión de desechos.

El vertedero de Binaliw, por su proximidad a áreas residenciales y su capacidad para acopiar los residuos de la urbe, cumple una función central en la infraestructura de Cebú. Su operación diaria implica desafíos relacionados con la seguridad y la salud pública, particularmente en periodos de fenómenos meteorológicos intensos. Testimonios recabados por 'Sun Star' señalan que el enclave ya había experimentado preocupaciones previas por la saturación y por el manejo de líquidos lixiviados tras eventos de lluvias.

Mientras tanto, los familiares de las personas desaparecidas se han congregado en los alrededores del vertedero esperando novedades sobre el desarrollo de las tareas de recuperación. Autoridades municipales han habilitado espacios temporales de atención para brindar apoyo psicológico y logístico a los afectados, informó 'Sun Star'. Organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios igualmente comenzaron a coordinar acciones para acompañar a las familias en la emergencia.

El alcalde Archival recalcó que los resultados presentados corresponden a conclusiones preliminares, a la espera del informe técnico definitivo que elaborarán expertos de agencias colaboradoras. Las labores de búsqueda persistirán mientras las condiciones lo permitan y hasta contar con información certera sobre el paradero de todos los desaparecidos. El suceso ha reabierto el debate local sobre la gestión de residuos y la seguridad de las infraestructuras dedicadas a tal fin en áreas urbanas de alta densidad poblacional, una cuestión que, según documenta 'Sun Star', preocupa tanto a autoridades como a la ciudadanía.

Según publicó el medio, el deslizamiento de residuos ocurrió este viernes en un vertedero administrado por el Gobierno en la zona de Binaliw, una localidad situada en las inmediaciones del municipio de Concepción, donde laboraban la mayoría de los afectados. El incidente se produjo cuando una acumulación de basura cedió repentinamente, generando una avalancha de desechos que sepultó a decenas de trabajadores. Las autoridades explicaron que estos miembros del personal se encontraban en el área durante el accidente y que la magnitud del colapso no permitió una evacuación oportuna.

Tal como consignó el medio, entre las víctimas, doce han sido rescatadas con vida del lugar y se encuentran hospitalizadas, de acuerdo con el parte emitido por el alcalde Nestor Archiva mediante un mensaje compartido en redes sociales. Las labores de salvamento las dirige un contingente de emergencia compuesto por rescatistas y personal médico que permanece en el sitio evaluando la estabilidad de la zona para continuar las operaciones sin poner en riesgo a más personas. Las autoridades mantienen coordinación con el director del vertedero de Binaliw, según confirmó el alcalde de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida, hasta el momento las identidades de los trabajadores desaparecidos no se han hecho públicas, y familiares de los involucrados aguardan novedades en las inmediaciones del vertedero. Los equipos de salvamento han establecido un perímetro de seguridad para facilitar la movilidad de maquinaria pesada y evitar nuevos incidentes mientras avanzan las tareas de búsqueda entre toneladas de residuos.

El medio detalló que el vertedero de Binaliw es gestionado por el Gobierno local y sirve como depósito central de desechos para la zona de Cebú y otras localidades cercanas. Tras el accidente, personal de protección civil, bomberos y efectivos policiales colaboran en el área para coordinar la logística del salvamento y el traslado de personas heridas a hospitales locales. Las autoridades locales insisten en que, pese a la magnitud del accidente, la situación sanitaria permanece bajo control y no existe riesgo inmediato para las comunidades vecinas.

La mayoría de los trabajadores afectados por el deslizamiento provienen del municipio de Concepción, una localidad próxima que suministra mano de obra al vertedero. La administración municipal estableció comunicación directa con los responsables de la gestión del sitio para asegurar la asistencia a los familiares y brindar actualizaciones sobre el avance de los trabajos de rescate.

De acuerdo con cifras consignadas por las propias autoridades en comunicación con el medio, la cifra de desaparecidos y el balance de víctimas permanece en revisión constante a medida que avanzan las labores sobre el terreno. Los organismos de emergencia han solicitado a la población evitar aproximarse al vertedero mientras persistan los trabajos y se mantienen reuniones entre funcionarios municipales para evaluar nuevas medidas de seguridad en la operación regular de la gestión de residuos en Binaliw.

La situación pone nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad en los vertederos de la zona y las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente en espacios donde la acumulación de residuos puede representar un riesgo. Las instituciones locales anunciaron que se mantendrá la presencia de las brigadas de rescate y personal médico en el área hasta localizar a todos los desaparecidos y restablecer las condiciones seguras para ingresar al perímetro afectado.

El expediente médico del expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido objeto de revisiones independientes y periódicas, y los informes sobre su estado de salud ya se encuentran disponibles para que su equipo de defensa los utilice como requiera en el proceso, según lo subrayó el Tribunal Penal Internacional (TPI). Esta determinación forma parte de la resolución por la cual el TPI decidió rechazar la solicitud de la defensa de Duterte para que se realizara un nuevo informe pericial sobre su condición médica, medida vinculada a la causa que lo enfrenta con la justicia internacional en La Haya.

Según detalló el medio Europa Press, la Cámara Primera de lo Preliminar del TPI consideró infundados los argumentos presentados por la defensa, que pretendía contar con evaluaciones adicionales para sustentar sus observaciones en la revisión periódica de la situación de detención de Duterte. El tribunal remarcó que existe un panel designado específicamente para la supervisión independiente de su estado de salud, y que ese cuerpo ya ha presentado los informes correspondientes, tal como exige el mandato que le fue conferido. Estos documentos, aclaró el TPI, "están a disposición de la Defensa y a los que, si así lo desea, puede remitirse en sus observaciones relativas a la revisión de la detención del señor Duterte".

El próximo control médico periódico sobre la salud de Duterte está agendado para este viernes 9 de enero, en cumplimiento con las rutinas previste por el tribunal. De acuerdo con Europa Press, la Cámara Primera estableció que no existen razones legales ni procesales para ordenar una evaluación independiente adicional que supere las tareas ya otorgadas al panel médico responsable. El TPI sentenció en su resolución que “no ve razón alguna para ordenar un informe adicional que exceda su mandato”.

En paralelo, la corte también dio respuesta a la solicitud de la defensa para la celebración de una audiencia específicamente sobre la revisión periódica de la detención del exmandatario. El tribunal decidió posponer cualquier pronunciamiento al respecto, argumentando que "determinará el calendario de la audiencia en su debido momento", por lo que en esta resolución no aborda la petición concreta del equipo de Duterte sobre este aspecto.

Rodrigo Duterte, de 80 años, permanece en detención en La Haya desde marzo, enfrentando un proceso judicial en el que pesan sobre él tres cargos formales de crímenes contra la humanidad, según consigna Europa Press. Entre los delitos imputados figura la acusación de ser “coautor indirecto” de 19 asesinatos registrados entre 2013 y 2016, periodo en el que se desempeñó como regidor de la localidad filipina de Dávao. Los otros dos cargos se refieren a su tiempo como presidente de Filipinas.

La justicia internacional ya ha desestimado varias apelaciones presentadas por Duterte, quien buscó obtener la libertad provisional fundamentando presuntos errores en la decisión original de una cámara inferior del tribunal que decidió mantenerlo bajo custodia durante el juicio. Europa Press reportó que estas apelaciones han sido sistemáticamente rechazadas por el TPI, afirmando que las decisiones previas se han ajustado tanto a la normativa interna del tribunal como a los estándares internacionales aplicables a este tipo de procesos.

El caso contra Duterte se inscribe dentro del marco de la persecución judicial internacional a figuras políticas acusadas de delitos graves durante su gestión pública. El proceso judicial continúa bajo la jurisdicción del TPI, que sostiene la validez de sus procedimientos médicos y judiciales en relación con la situación personal y procesal del exmandatario filipino, de acuerdo a la información referida por Europa Press.

De acuerdo a la información difundida por USGS y recogida por distintos medios, el epicentro del terremoto se localizó aproximadamente a 27 kilómetros al este de Santiago, dentro de la costa sur de Filipinas. Inicialmente, la magnitud reportada fue de 6,7, dato que posteriormente fue corregido a 6,4 tras las revisiones y confirmaciones de los organismos responsables, según consignó el informe conjunto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que la profundidad del evento, calculada en 58,5 kilómetros, redujo el impacto potencial en la superficie, minimizando así el riesgo de víctimas y pérdidas materiales. Por su parte, Phivolcs remarcó que no hubo necesidad de emitir una advertencia por tsunami, ya que las características del sismo no reunían las condiciones para generar olas significativas, según publicó el instituto filipino.

El movimiento telúrico se produjo en una zona donde las placas tectónicas suelen experimentar fricción, lo que genera actividad sísmica frecuente. Mindanao, ubicada al sur del archipiélago filipino, es una de las regiones que se encuentra cerca del límite entre la placa euroasiática y la placa filipina, lo que expone al área a episodios sísmicos de moderada y alta magnitud.

Phivolcs también informó que tras el sismo principal, no se detectaron réplicas significativas ni otros fenómenos secundarios que pudieran afectar la vida cotidiana de los habitantes en las zonas cercanas al epicentro. Tanto autoridades locales como organismos nacionales confirmaron que, hasta el momento del reporte, no se registraron heridos ni daños materiales de relevancia en la infraestructura pública o privada.

Según USGS, los temblores en esa región del mundo con frecuencia superan magnitudes intermedias, aunque las construcciones y la preparación de autoridades permiten reducir las consecuencias en la población. El instituto filipino señaló que sus sistemas de monitoreo permitieron dar seguimiento en tiempo real al evento y proporcionar información rápida tanto a las autoridades como a la ciudadanía, según recogió el informe oficial.

La costa sur de Filipinas mantiene procedimientos de prevención y evacuación debido al historial sísmico del país, considerado uno de los más expuestos a terremotos por su ubicación geográfica. El reciente sismo, consignado por USGS y Phivolcs, no alteró la vida ni provocó nuevos protocolos, ya que las autoridades descartaron consecuencias mayores tras la evaluación inicial.

Tanto los equipos técnicos de Phivolcs como los del Servicio Geológico de Estados Unidos continuaron monitoreando la zona durante las horas posteriores al temblor para identificar posibles movimientos asociados y garantizar la seguridad de la población, indicó el seguimiento oficial reportado en los medios.

El informe forense reveló que Diego Bello recibió disparos cuando ya se encontraba tendido en el suelo, desmintiendo la versión inicial presentada por los agentes involucrados en el operativo policial del año 2020 en la isla de Siargao. De acuerdo con información recogida por Europa Press, este elemento ha tenido un papel central en el proceso judicial que enfrenta a tres policías filipinos acusados de asesinato y manipulación de pruebas en relación con la muerte del joven empresario gallego.

Según consignó Europa Press, está previsto que los padres de Diego Bello viajen desde Galicia a Filipinas para testificar en una nueva audiencia del juicio, que tendrá lugar el viernes 16 de enero en Manila. La comparecencia de la familia se realizará a las 08:30 horas, horario local filipino, en el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas. El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, confirmó al medio que el vuelo saldrá el martes 6 de enero, aproximadamente una semana y media antes de la audiencia.

La investigación judicial sobre la muerte de Bello determinó que no existió ningún tiroteo entre los policías y el joven, tal como afirmaron originalmente los agentes filipinos encausados. Europa Press indicó que estos funcionarios policiales enfrentan cargos formales tanto por asesinato como por alteración de la escena del crimen, lo que implica la supuesta manipulación de pruebas para transmitir la impresión de que la muerte había ocurrido durante un supuesto enfrentamiento armado.

El caso generó reacciones tanto en Filipinas como en España, profundizando el seguimiento sobre la actuación policial en la isla de Siargao, donde Diego Bello residía y desarrollaba actividad empresarial antes de su fallecimiento en enero de 2020. Según reportó Europa Press, el seis de enero se cumplirán seis años del crimen, que ha estado bajo atención pública y mediática desde sus inicios.

En junio de 2025, el tribunal filipino encargado del caso resolvió rechazar la petición de libertad bajo fianza presentada por los tres policías imputados, medida que refuerza la gravedad de los cargos y la solidez de los indicios presentados por el Ministerio Público de Filipinas. La negativa del tribunal a conceder la fianza se basó, entre otros factores, en la existencia de evidencias suficientes para imputar a los acusados por los delitos investigados, según documentos citados por Europa Press.

El proceso judicial incluyó la revisión de informes forenses y la valoración de testimonios que apuntan a que la muerte de Bello se produjo sin que existiera intercambio de disparos, contradiciendo la primera versión de los hechos defendida por los policías. Investigaciones oficiales identificaron una discrepancia significativa entre las declaraciones de los agentes y los datos científicos recabados tras el operativo. Europa Press explicó que este contraste fue determinante a la hora de formular las acusaciones por suplantación de pruebas.

El desarrollo de la causa se ha visto caracterizado por múltiples diligencias, comparecencias de testigos y revisiones periciales orientadas a clarificar las circunstancias de la muerte del empresario coruñés. Durante este proceso, la familia de la víctima mantuvo la exigencia de que se esclarecieran por completo los hechos y se depuraran las responsabilidades correspondientes. Como detalló Europa Press, la comparecencia de los padres en el tribunal filipino constituye un nuevo avance en la búsqueda de justicia y representa un momento relevante dentro de la vista oral.

El caso de Diego Bello ha impulsado el debate en torno a la integridad de las actuaciones policiales en operativos de carácter antinarcóticos en Filipinas. Según la cronología de los hechos y lo informado por Europa Press, la muerte del joven español ocurrió en el contexto de una operación en la isla de Siargao durante el enero de 2020. Los informes judiciales y forenses presentados ante el tribunal contradicen la versión policial que sostenía la existencia de un tiroteo previo.

La audiencia del 16 de enero permitirá que la familia Bello exponga directamente ante el tribunal sus testimonios sobre el impacto del caso y sus exigencias en cuanto a la investigación y el enjuiciamiento de los policías encausados. Europa Press destacó que el proceso judicial ha contado con seguimiento internacional y que sus resoluciones influyen tanto en la percepción pública sobre las prácticas policiales en Filipinas como en las relaciones bilaterales con España.

Mientras intentaba “perrear” sobre la estructura, el poste cedió y se fracturó de forma repentina, provocando que la joven cayera con fuerza al suelo y causando alarma entre los presentes.

De inmediato, varias personas se acercaron para brindarle ayuda. Posteriormente se informó que las lesiones sufridas habían sido leves y que la integridad física de la joven no estuvo comprometida.

Por su parte, no se difundieron detalles adicionales sobre su estado, aunque se confirmó que estaba fuera de peligro.

El video viral del accidente cruzó rápidamente las fronteras digitales, acumulando miles de visualizaciones y desatando un intenso intercambio de opiniones. Entre los comentarios generados, algunos usuarios manifestaron preocupación y apoyo, mientras que otros optaron por el sarcasmo y el humor, reflejando la variedad de perspectivas y respuestas habituales ante accidentes difundidos en el entorno online.

A raíz de la viralización, autoridades locales del municipio donde ocurrió el hecho recordaron que este tipo de fiestas barriales —conocidas en Filipinas como barangay fiestas— suelen montarse con estructuras temporales, entre ellas aros de básquet instalados para torneos comunitarios o celebraciones.

En ese sentido, usuarios locales en redes sociales indicaron que el aro había sido colocado de manera provisional para la fiesta y no contaba con refuerzos de anclaje. El caso reavivó el debate en Filipinas sobre la responsabilidad de los organizadores y la necesidad de reforzar controles básicos de seguridad en celebraciones populares, especialmente cuando los eventos son grabados y replicados masivamente en plataformas digitales.

La selección española femenina de fútbol sala ya tiene en el horizonte los desafíos clasificatorios europeos tras concluir el Mundial de Filipinas con una medalla de bronce, resultado calificado como histórico por su seleccionadora, Clàudia Pons, quien manifestó que este reciente logro les impulsa a mantener el espíritu de superación en la ruta hacia el Campeonato de Europa de 2027. De acuerdo con declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pons subrayó el valor simbólico de este tercer puesto en el primer Mundial oficial, señalando que el grupo mantiene la ambición y el compromiso de cara a las próximas citas internacionales.

Según publicó la RFEF, la selección española participó entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre en el primer Campeonato del Mundo de fútbol sala femenino, con sede en Filipinas. Bajo la dirección de Clàudia Pons, el equipo consiguió avanzar hasta las semifinales, donde cedió ante el combinado de Brasil. Posteriormente, España obtuvo la tercera plaza tras superar a la selección argentina en el partido por el bronce. Pons expresó: “Hemos conseguido el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala, un hito que nos enorgullece y que nos inspira a seguir creciendo día a día”.

La temporada 2025 fue calificada por la entrenadora como un momento crucial en el desarrollo del equipo, al haber conseguido subir al podio en este debut mundialista. Según destacó la referente del banquillo español, este éxito no solo supone reconocimiento a nivel deportivo, sino que también contribuye a fortalecer la proyección del fútbol sala femenino dentro y fuera de España. La seleccionadora consideró que el pasado campeonato abre paso a un ciclo de renovación de objetivos, con la mirada puesta en el torneo continental, donde la escuadra española buscará prolongar su hegemonía.

España ha conquistado hasta ahora las tres ediciones previas del Europeo femenino de fútbol sala, lo que establece una referencia en la disciplina para el resto de competidoras del continente. El medio RFEF detalló que la próxima fase de clasificación para el cuarto Europeo se iniciará en octubre de 2026, por lo que el staff técnico y las jugadoras afrontarán los próximos meses como preparación clave en busca de un nuevo título, manteniendo la idea de permanecer en lo más alto del panorama internacional.

Pons ha reiterado la importancia del trabajo constante y de la cohesión grupal, señalando que el éxito conseguido en Filipinas constituye tanto un motivo de celebración como una motivación adicional para encarar los desafíos venideros. Según consignó la RFEF, la entrenadora manifestó que la meta inmediata consiste en asegurar la mejor puesta a punto posible del plantel con vistas al proceso clasificatorio, así como fomentar el apoyo de la afición: “Mirando al futuro, en 2026 seguiremos trabajando con la misma ilusión para afrontar los nuevos retos que nos esperan, como es la clasificación para el próximo Europeo, donde queremos contar con vuestro apoyo y así seguir escribiendo juntos la historia del fútbol sala femenino”.

Las jugadoras españolas y su cuerpo técnico consideran que el balance de la pasada temporada internacional refleja tanto el crecimiento deportivo como el refuerzo del sentimiento de identidad en torno al fútbol sala femenino en España, según informó la RFEF. Estas sensaciones dan lugar a una fase de renovación de ambiciones, donde el objetivo principal radica en consolidar el progreso alcanzado. La preparación para el Europeo de 2027 se presenta ahora como el nuevo gran reto, marcado por la defensa del título y la continuidad del impulso logrado en los últimos años.

El medio federativo subrayó además que el campeonato mundial en Filipinas representó una oportunidad para medir el nivel competitivo de selecciones de diferentes continentes y permitió a la delegación española analizar aspectos tácticos y humanos que serán determinantes en futuros compromisos. Tanto Clàudia Pons como las jugadoras han coincidido en la importancia del aprendizaje extraído de cada partido del Mundial, considerándolo esencial para los siguientes pasos de la selección nacional.

Fue una gran tragedia. Lo es aún hoy, cuando ya pasaron de ella treinta y ocho años. Y es una gran tragedia poco conocida, o casi desconocida, de la que hay poca memoria, como si el mar, que fue tumba de más de cuatro mil seres humanos, también se hubiera tragado la historia que debió ser recordada como lo que fue y es: el mayor desastre marítimo de la historia en tiempos de paz.

El 20 de diciembre de 1987, en las aguas del océano Pacífico que bañan el archipiélago de Filipinas, en un punto conocido como Dumali, en el estrecho de Tablas, cerca de Marinduque, un ferry filipino, el “Doña Paz”, chocó con el buque petrolero “Vector”, también filipino, que cargaba un millón de litros de petróleo, nafta y otros derivados, que era propiedad de la empresa Caltex Filipinas. El petrolero se incendió, las llamas alcanzaron al “Doña Paz”, el petróleo se derramó y el fuego incendió el mar; los pasajeros de los dos barcos quedaron atascados en una trampa mortal. El resultado, 4.385 muertos y los dos buques hundidos a quinientos cuarenta y cinco metros de profundidad.

¿Cómo pudo ocurrir un desastre semejante con tanta cantidad de muertos que supera tres veces a las víctimas del hundimiento del Titanic, en 1912, otra tragedia nunca olvidada? Las causas del choque no se conocen, las de la tragedia, sí. “Doña Paz” fue un barco con mal augurio. Había sido construido en 1963 por la empresa japonesa Onomichi Zosen, de Hiroshima, la ciudad que en esos años buscaba ponerse de pie después del bombardeo atómico estadounidense del 6 de agosto de 1945. Lucía con orgullo su nombre japonés, “Himeyuri Maru”, y mientras surcó las aguas japonesas, tuvo siempre una capacidad para seiscientos ocho pasajeros.

En octubre de 1975, el “Himeyuri Maru” fue vendido a Sulpicio Lines, una empresa filipina de ferrys de pasajeros, encargada de transportar a diario a miles de pasajeros. Filipinas es un país conformado por siete mil cien islas, islotes, cayos, bajíos, atolones y simples farallones. Pero ochocientos ochenta bloques de tierra son considerados islas y en ellas viven gran parte de los cincuenta millones de habitantes del país que tiene a Manila como capital. Navegar en Filipinas es una condición para la supervivencia, es también una industria y un negocio que encaran varias compañías de navegación: el año de la tragedia del “Doña Paz”, viajaron por agua en ese país once millones de personas.

Sulpicio Lines tomó al buque japonés, y le cambió el nombre. Con eso echó al olvido una vieja tradición supersticiosa del mar, que llega desde la época recóndita de piratas y corsarios y mantiene hasta hoy su oscura tradición: barco que cambia de nombre es candidato al desastre. Lo llamaron “Don Sulpicio” y le fijaron una ruta principal entre Manila y Cebú; fue uno de los dos buques insignia de la flota de ferrys de Sulpicio Lines. El otro buque insignia era el “Doña Ana”, más tarde renombrado “Doña Marilyn”. Filipinas fue dominio español desde que allí plantó su espada Fernando de Magallanes en 1521 y hasta ya entrado el siglo XX; luego de la guerra filipino-estadounidense, el territorio cayó bajo la influencia de ese país. El idioma oficial hoy es el inglés, el español fue abolido por la presidente Corazón Aquino, pero los apellidos con reminiscencias españolas son una norma extendida en todo el territorio.

El 5 de junio de 1979, como para hacer honor a la superstición corsaria, el “Don Sulpicio” se incendió en un viaje de Manila a Cebú. Viajaban 1.164 pasajeros, casi el doble de viajeros de cuando el barco era japonés; esa vez el buque tuvo la suerte de encallar: los pasajeros fueron rescatados del fuego, pero el barco quedó destruido. Pagó el seguro y Sulpicio Lines lo reparó, amplió su capacidad para transportar pasajeros y, en un verdadero desafío al Diablo, lo rebautizó como “Doña Paz”. Para entonces, el buque insignia de Sulpicio Lines ya era otro, el “Philippine Princess” que cubría la ruta Manila- Cebú, una de las tantas islas del archipiélago. Para “Doña Paz”, dos veces a la semana, quedó la ruta menos glamorosa de Manila-Tacloban, con regreso idéntico salvo una escala en Catbalogan, nombres extraños, también olvidados.

Entonces se abatió la tragedia. Entre la bruma del tiempo, a lo largo de más de tres décadas, algunas variables que llevaron a la tragedia salieron a la luz; como siempre pasa: la verdad tarda en abrirse paso hasta que pero por fin asoma. “Doña Paz” zarpó de Tacloban, Leyte, en su viaje de regreso a Manila a las seis y media de la tarde de aquel 20 de diciembre. Navegaba aguas históricas: la batalla del Golfo de Leyte, librada entre americanos y japoneses el 23 de octubre de 1944, terminó con la derrota de la armada japonesa y fue el principio del fin de la Segunda Guerra para el imperio que comandaba el emperador Hirohito.

Al mando del capitán Eusebio Nazareno, el buque hizo escala en Catbalogan con la esperanza de llegar a Manila a las cuatro de la mañana del 29. La historia oficial afirmó que el último contacto radial de “Doña Paz” con tierra fue a las ocho de la noche. Pero la verdad era que el buque no tenía equipo de radio a bordo. El petrolero al que iba a embestir, tampoco tenía equipo de radio. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia dijo luego que a las diez y media de la noche el cielo estaba despejado y el mar un poco picado, nada del otro mundo. Según la investigación inicial que hizo la Guardia Costera de Filipinas, en el puente de mando de “Doña Paz” había un aprendiz de la tripulación que monitoreaba la navegación. Otros oficiales bebían cerveza o miraban televisión en el momento del accidente.

Al capitán Nazareno los testigos lo ubican en dos sitios diferentes; uno, en su camarote, mientras miraba una película en su equipo Betamax; el otro testimonio lo pone en una especia de fiesta verbenera a bordo. Nadie lo vio en el puente de mando. La teoría del desgobierno del ferry cobró fuerza con el testimonio del sobreviviente Salvador Bacsal que mencionó “música animada que llegaba de los cuartos de recreación”. Otro sobreviviente, Luthgardo Niedo, declaró que un compañero suyo, ambos eran soldados de la policía filipina, le habló de “una fiesta en curso con risas y música alta”, cerca del puente del barco con el capitán Nazareno como uno de los animadores.

Las autoridades nunca establecieron cómo y porqué “Doña Paz” embistió al petrolero “Vector”; tampoco quedaron vivos quienes podían aportar algún testimonio. Lo cierto es que cuando los dos buques chocaron, la mayoría de los pasajeros de “Doña Paz”, los que no estaban de juerga, dormían. Los despertó un fuerte golpe, algo sordo y metálico, y el pavoroso sonido del fuego que lo invadió todo. Un millón de litros de petróleo, nafta y químicos abrazó, y abrasó también, a las dos embarcaciones. Un sobreviviente, Paquito Osabel, describió cómo las llamas se extendieron y que el mar, alrededor de “Doña Paz” y “Vector”, también estaba en llamas: el agua era fuego. El policía Niedo relató que todas las luces a bordo se apagaron minutos después del choque, que no había chalecos salvavidas en el “Doña Paz”, que tripulantes y pasajeros corrían todos cazados, como conejos, por el pánico y que ningún miembro de la tripulación dio ordenes para calmar a los pasajeros o para intentar un salvataje. Investigaciones posteriores afirmaron que sí había chalecos salvavidas en el buque, todos en sus casillas bajo llave.

Entre las llamas del barco, que estaba condenado a hundirse, y las llamas del mar, los pasajeros eligieron el mar. Casi todos se arrojaron por la borda del “Doña Paz” para nadar en el horror; la mayoría murió calcinada, asfixiada por el humo o ahogada. Los que pudieron nadar algo, lo hicieron entre cadáveres carbonizados mientras usaban sus maletas como improvisados salvavidas: fue inútil, fueron tragados por el fuego y las aguas.

Dos horas después del choque, el “Doña Paz” se hundió hecho brasas y dos horas después se hundió el “Vector”: los dos se llevaron sus secretos y los de la tragedia a quinientos cuarenta y cinco metros de la superficie. Sin posibilidad de pedir auxilio por radio, por lo que fuere, humanos y máquinas quedaron a merced del desastre. Quiso el azar que uno de los tantos ferrys insulares hallara algunos sobrevivientes en aguas un poco alejadas de las llamas. Era el buque “Don Carlos”; su capitán, alertado por el estallido y las altas llamas, llegó a la zona del desastre una hora después para hallar al “Doña Paz” todavía en dudosa flotación. Los marineros del “Don Claudio” echaron una red para que los sobrevivientes, sálvese quien pueda, subieran al barco. Rescataron a veintiséis: veinticuatro pasajeros del “Doña Paz” y dos tripulantes del “Vector”, que eran parte de los trece marineros que viajaban a bordo.

Hubo una sobreviviente número veinticinco del “Doña Paz”. Fue Valeriana Duma, que no fue incorporada a las listas oficiales por las autoridades. Duma calló su tragedia personal y recién admitió haber estado en aquel infierno en 2012, para el programa de la cadena filipina GMA Network. El día del desastre, Duma tenía catorce años y fue la segunda pasajera más joven en salvarse. El primero fue un chico de cuatro años que nunca fue nombrado y que jamás dio testimonio, si es que su historia no es parte de la leyenda.

No hubo sobrevivientes entre la tripulación del “Doña Paz”. Los médicos del barco que se hizo cargo del improvisado rescate, atendieron quemaduras gravísimas entre los veintiséis rescatados. Sin noticias de la tragedia, las autoridades de Manila tardaron ocho horas en enterarse y otras ocho para iniciar las operaciones, ya tardías, de rescate.

¿De dónde es que surgieron cuatro mil muertos en un buque que, a tope, tenía capacidad para mil quinientos o poco más? Fueron los sobrevivientes quienes afirmaron que el barco cargaba cuatro mil personas: habían visto pasajeros que dormían la breve noche hasta llegar a Manila en los pasillos, en la cubierta del “Doña Paz” y hasta en literas con tres o cuatro viajeros cada una. Para esclarecer los números empezó entonces una danza de cifras, de documentos oficiales, de suposiciones y hasta de falsedades que pretendieron cubrir parte de la verdad, empequeñecer la tragedia, evitar cargar con pesadas culpas. La verdad tardó en llegar, como siempre pasa.

Sulpicio Lines se plantó en respetar el manifiesto oficia, el listado de a bordo del “Doña Paz” que había registrado 1.493 pasajeros y 59 tripulantes. Según la empresa, el ferry podía transportar 1.424 pasajeros, de modo que la sobrecarga humana era mínima, apenas sesenta y nueve pasajeros por sobre lo permitido. Pero tres días después de la tragedia, un nuevo manifiesto, ahora revisado, dio 1.583 pasajeros y 58 tripulantes en el “Doña Paz”, una cifra que incluía las 675 personas que habían abordado en Tacloban y las 908 que lo hicieron en Catbalogan. Sin embargo, un funcionario de Sulpicio Lines que quiso mantener su anonimato dijo a la agencia United Press International que, dado que era la temporada navideña y cuatro días después del inicio del trágico viaje iba a celebrarse la Nochebuena, la gente había trepado al barco y pagado su boleto, ilegal, un poco más barato que en las ventanillas de la empresa en tierra firme, sin que quedara registro ni de quién era el viajero ni de la cantidad de pasajeros que se sumaban al viaje del “Doña Paz”. El mismo funcionario dijo que quienes tenían en su mano “boletos de cortesía”, invitados especiales y chicos menores de cuatro años, ni pagaban importe alguno por el pasaje, ni figuraban en el manifiesto como pasajeros.

Cinco días después de la tragedia, el mar sólo devolvió veintiún cadáveres, todos pasajeros del ferry: sólo una de esas víctimas figuraba en el manifiesto oficial; de los únicos veintiséis sobrevivientes del desastre, apenas cinco figuraban en los papeles oficiales como pasajeros. En busca de más claridad, el 28 de diciembre, ocho días después del accidente, un funcionario de Samar del Norte, una provincia filipina que albergaban uno de los puertos de zarpada del “Doña Paz”, afirmó que al menos dos mil pasajeros del ferry no figuraban en los papeles oficiales del ferry. Basó ese número en una larga lista de nombres armada por familiares y amigos de las personas desaparecidas que creían que sus afectos viajaban en el buque la noche del siniestro: los nombres habían sido recopilados por la prensa y las estaciones de radio y televisión adonde habían llegado los desesperados pedidos de paradero. La lista completa de los dos mil pasajeros desaparecidos, apareció en las páginas 29 a 31 del Philippine Daily Inquirer que agregaba otro dato: entre los muertos figuraban setenta y nueve maestros de la escuela pública.

En febrero del año siguiente, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas se basó en entrevistas con familiares para afirmar que a bordo del “Doña Paz” había aquella noche trágica 3.099 pasajeros y 59 tripulantes, lo que elevaba la cifra a 3.134 muertos. Recién once años después, en enero de 1999 el informe de un grupo de trabajo presidencial, gobernaba entonces Filipinas el presidente Joseph Estrada, tomó registros judiciales y más de cuatro mil reclamos de indemnizaciones para establecer que la noche del 20 de diciembre de 1987 viajaban en el “Doña Paz” 4.342 pasajeros, menos los veintiséis únicos sobrevivientes y sumando a los cincuenta y ocho tripulantes, los muertos del ferry suman 4.374, cifra a la que había que agregar los once muertos del Vector, lo que elevaba el total de víctimas de la tragedia a 4.385.

El gran desastre casi olvidado conmovió entonces a buena parte del mundo. La entonces presidente filipina, Corazón Aquino, dijo que se trataba de: “Una tragedia nacional de proporciones desastrosas. La tristeza del pueblo filipino es aún más dolorosa porque la tragedia ocurrió con la llegada de la Navidad”. Un poco menos obvios, también enviaron sus condolencias el papa Juan Pablo II, el primer ministro japonés Noboru Takeshita y la reina Isabel II del Reino Unido. La revista Time describió el hecho como “el desastre marítimo en tiempos de paz más mortífero del siglo XX”.

Sulpicio Lines anunció el 23 de diciembre, tres días después del accidente, que “Doña Paz” estaba asegurado en 776.040 dólares estadounidenses y que estaba dispuesta a pagar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, según el manifiesto oficial del buque, una indemnización de 667 dólares a cada una. Una gigantesca manifestación marchó al Parque Rizal, en el corazón de Manila, para pedir una indemnización para las familias de quienes no figuraban en el manifiesto oficial del “Doña Paz”, y exigieron también que la empresa diera una explicación confiable sobre los desaparecidos.

Sin embargo, la Junta de Investigación Marina libró de toda culpa a Sulpicio Lines: las investigaciones encaradas a lo largo de los años habían revelado que el petrolero “Vector” operaba sin licencia, sin vigía, sin capitán calificado y con el timón averiado, lo que le obligaba a navegar en zigzag. La Corte Suprema filipina falló en 1999 que eran los propietarios del “Vector” los que debían indemnizar a las víctimas.

Finalmente, Caltex Filipinas, la empresa que había fletado el petrolero “Vector”, también fue absuelta de toda responsabilidad financiera.

Recién en abril de 2019, el buque “RV Petrel” localizó los restos de los dos naufragios. El “Petrel” era entonces un buque de investigación, propiedad de la Armada de Estados Unidos que operaba bajo bandera británica. Había pertenecido al millonario Paul Allen, cofundador de Microsoft. El buque devolvió a la superficie imágenes de video de los dos buques que recién vieron la luz en diciembre de ese año, ocho meses después del hallazgo. “Doña Paz” está hundido en posición vertical a quinientos metros de profundidad. A dos mil doscientos metros de distancia están los restos del “Vector”, en una posición parecida.

En el “Parque Pieta” de Catbalogan, un monumento recuerda a los muertos de la gran tragedia marítima del siglo pasado. Se alza junto a la Iglesia de San Bartolomé y al Colegio de Santa María de Catbalogan. Allí se reúnen, de vez en vez, sus familiares y amigos.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, afirmó que Filipinas ha organizado de manera deliberada la presencia de barcos en la zona en disputa del mar de China Meridional con el objetivo de realizar incursiones ilegales, situación que, según señaló, representa una provocación directa contra la soberanía de China. De acuerdo con un comunicado divulgado por la cartera de Defensa y difundido por el medio, las autoridades chinas rechazan lo que consideran intentos filipinos de alterar la percepción internacional sobre la naturaleza de los incidentes recientes en la zona, donde se han reportado tripulantes filipinos heridos.

Según consignó el medio, el gobierno de Pekín defendió las operaciones realizadas por su Guardia Costera en estas aguas, argumentando que se han llevado a cabo conforme a la legislación vigente y en línea con lo permitido por el derecho internacional. En opinión del Ministerio de Defensa, las acciones chinas han sido “legales, razonables, profesionales y contenidas”, a pesar de las acusaciones formuladas desde Manila. Jiang Bin enfatizó que China responderá de forma contundente ante cualquier acto que considere como provocación o incumplimiento por parte de Filipinas, asegurando que tomarán “todas las medidas necesarias”.

Tal como reportó el medio, China sostiene que su soberanía sobre las islas Nansha, conocidas internacionalmente como islas Spratly, es “indiscutible” y se apoya tanto en argumentos históricos como jurídicos. El portavoz puso especial atención en el arrecife que China denomina Xianbin y que Filipinas llama Escoda, insistiendo en que la presencia de embarcaciones filipinas en esta área responde a una acción organizada para ingresar de manera ilícita en territorio que China considera propio, según el comunicado del Ministerio de Defensa.

El medio informó que parte de la posición del gobierno de Pekín arguye que las tripulaciones filipinas han exhibido “una actitud arrogante” y que incluso han llegado a amenazar a los guardacostas chinos durante los incidentes recientes. Frente a estos hechos, la administración china considera que las medidas adoptadas por sus fuerzas marítimas son imprescindibles para salvaguardar “la soberanía y los derechos marítimos” de la nación asiática.

En el desarrollo de la controversia, Pekín acusó formalmente a Manila de “distorsionar la verdad” acerca de los hechos ocurridos en el mar de China Meridional. La denuncia detalla que Filipinas, según la versión china, estaría intentando responsabilizar a China y crear una imagen distorsionada ante la opinión pública internacional. “Desde hace tiempo, Filipinas está creando incidentes en el mar, acusando a China y socavando la seguridad regional”, declaró Jiang Bin, quien también instó al país vecino a detener sus esfuerzos por modificar la percepción de los asuntos relacionados con la disputa territorial.

Sobre los efectos de estos choques, el mismo portavoz indicó en el comunicado que las operaciones de los guardacostas chinos han buscado limitarse a lo estrictamente necesario y que, pese a los heridos reportados entre los pescadores filipinos, Pekín mantiene su política de contener cualquier escalada, responsabilizando a Filipinas de fomentar la tensión. “Seguiremos tomando medidas contundentes para responder con resolución a cualquier acto de este tipo”, advirtió Jiang Bin, citado por el medio, reiterando así el compromiso de China de emplear todos los recursos a su alcance frente a lo que denomina intentos de violación de sus derechos marítimos.

El medio concluyó que el gobierno chino continuará con la defensa de su postura y acciones en la región, prometiendo actuar con firmeza ante lo que califica de intentos filipinos de modificar la realidad territorial en el mar de China Meridional y de procurar apoyo internacional a través de declaraciones que Pekín tilda de desinformación.

La coincidencia temporal entre la visita que realizaron Sajid Akram y su hijo Naveed a la región filipina de Dávao y el posterior ataque en la playa de Bondi, en Sídney, en el cual murieron quince personas en abril, ha suscitado especulaciones acerca de un posible vínculo con grupos extremistas locales. Según informó Europa Press, las autoridades de Filipinas han rechazado con firmeza estas versiones, descartando cualquier evidencia que respalde la existencia de actividades de adiestramiento terrorista en su territorio vinculadas al atentado en Australia.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz presidencial Claire Castro desmintió la existencia de pruebas concretas que vinculen a Filipinas con la preparación de los responsables del ataque en Sídney. Castro declaró: “No se han presentado pruebas que apoyen estas afirmaciones sobre un supuesto entrenamiento terrorista en Filipinas”, añadiendo que ninguna información verifica la utilización del país como base para actividades de este tipo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria remarcó que, a juicio del Gobierno, las especulaciones que vinculan a Filipinas con el atentado resultan engañosas y distorsionan la imagen nacional en el exterior.

Europa Press detalló que tanto Sajid Akram como Naveed revisitaron Mindanao meses antes del atentado, lo que llevó a la aparición de reportes y publicaciones que sugerían que buscaban capacitación en células insurgentes, incluso de aquellas relacionadas con Estado Islámico. Este tipo de informaciones generó inquietud entre las autoridades australianas, que continúan investigando posibles vínculos entre los acusados y organizaciones radicales en Filipinas.

No obstante, la respuesta oficial de Manila ha sido contundente en rechazar categóricamente cualquier nexo con actividades insurgentes o formativas de ese tipo. La agencia Europa Press señaló que la posición del presidente Ferdinand Marcos Jr., reafirmada por su portavoz, insiste en la improcedencia de identificar a Filipinas como un campo de entrenamiento extremista sin datos comprobados. El presidente defiende que el país ha adoptado una política de intolerancia frente a acusaciones infundadas que puedan afectar la percepción internacional sobre el archipiélago.

La región de Mindanao, al sur de Filipinas, ha sido una zona marcada históricamente por insurgencia islamista y conflictos armados. Según publicó Europa Press, durante décadas han operado grupos rebeldes en ese territorio, aunque el Gobierno sostiene que las capacidades de estos movimientos han disminuido de forma marcada tras sucesivas operaciones estatales y estrategias coordinadas. Manila reconoce la persistencia de algunas actividades insurgentes, pero niega que estas puedan servir de apoyo o base de formación para agentes extremistas provenientes del exterior.

En el mismo sentido, Castro enfatizó ante los medios que Filipinas “no opera como una zona de entrenamiento” para agrupaciones relacionadas con Estado Islámico ni como refugio para actores terroristas internacionales, destacó Europa Press. Según la portavoz, la insistencia en esta línea de acusaciones carentes de evidencia impulsa un clima de estigmatización que condiciona la posición del país en la lucha global contra el terrorismo.

Por su parte, las investigaciones desarrolladas en Australia buscan establecer las motivaciones y redes de apoyo con que habrían contado los responsables de la matanza de Sídney. Según reportó Europa Press, los cuerpos de seguridad australianos prosiguen las pesquisas para determinar si existen lazos concretos con grupos extranjeros, incluida la posibilidad de contactos o vínculos en Filipinas. Hasta el momento, no se han documentado conexiones verificables entre los atacantes y organizaciones extremistas asentadas en territorio filipino.

El Ejecutivo filipino, según consignó Europa Press, insistió en que cualquier acusación de esta naturaleza debe basarse en hechos comprobados y no en especulaciones. Las autoridades han solicitado evitar la divulgación de versiones que puedan contribuir a la consolidación de percepciones erróneas y dañar la reputación nacional. Castro reiteró, en nombre de la administración de Ferdinand Marcos Jr., que no existen elementos, ni preliminares ni definitivos, que sostengan la tesis de que los autores del atentado en Sídney hayan recibido adiestramiento en Filipinas.

Europa Press también refirió que el Gobierno filipino ratificó su postura de no aceptar denuncias sin fundamento sobre presuntos vínculos terroristas, sosteniendo que este tipo de acusaciones presentan un riesgo para la imagen del país y no encuentran sustento en ninguna información concreta recabada hasta la fecha.

El reciente atentado contra una comunidad judía en Sídney, atribuido a simpatizantes del Estado Islámico (EI) tras su paso por el sur de Filipinas, ha reavivado el interés internacional sobre Mindanao, una región históricamente marcada por conflictos armados y la presencia de células extremistas en el sudeste asiático. Las autoridades de Australia y Filipinas han abierto investigaciones tras comprobar que Sajid Akram y su hijo Naveed, acusados del tiroteo que dejó 15 víctimas mortales en la playa de Bondi el pasado domingo, permanecieron en la ciudad de Davao, en Mindanao, durante casi todo noviembre antes de regresar a Australia.

La investigación de la Policía filipina y del Departamento de Inmigración ha confirmado que ambos sospechosos estuvieron en Davao del 1 al 28 de noviembre y buscan esclarecer si su estancia estuvo vinculada a un posible entrenamiento con células afines al EI. “No hay ningún indicador ni información de que hayan recibido capacitación” en Mindanao, afirmó Eduardo Ano, asesor de seguridad nacional de Filipinas, en un intento por deslindar a su país de la mancha del terrorismo.

La región de Davao, situada en el sureste de la isla de Mindanao, se estructura en cinco provincias —Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental y Davao de Oro (también conocida como Valle de Compostela)— y tiene como centro económico y administrativo la ciudad de Davao. Esta urbe concentra una considerable presencia policial y estrictos controles en las vías de acceso, mientras que las zonas rurales y montañosas, cubiertas por extensas selvas y rodeadas por el golfo de Davao y el Monte Apo, presentan mayores dificultades para el control estatal y han sido tradicionalmente más vulnerables a la actividad insurgente.

Mindanao, el tercio sur del archipiélago filipino, cuenta con una larga historia de presencia de grupos yihadistas desde comienzos del siglo XXI. Las facciones más radicales, como Abu Sayyaf y el Grupo Maute, encontraron en las zonas rurales y montañosas del sur un terreno fértil debido a la combinación de pobreza, violencia territorial y difícil control por parte del Estado. Si bien estos grupos descendieron de movimientos separatistas musulmanes históricos, su alineación con la causa yihadista global se produjo especialmente tras la irrupción del Estado Islámico en la región, momento en el que prometieron lealtad y comenzaron a aplicar tácticas propias del terrorismo internacional, incluyendo secuestros, atentados suicidas y la utilización de explosivos improvisados en centros urbanos y enclaves turísticos.

En 2017, la ciudad de Marawi, en el sur de Mindanao, fue escenario de un prolongado asedio por parte de insurgentes leales al EI, lo que obligó a una intervención militar de gran escala apoyada por aviones de inteligencia estadounidenses y australianos. Tras la toma y posterior liberación de Marawi, las autoridades intensificaron las operaciones de contrainsurgencia, debilitando considerablemente a los grupos extremistas, cuyos remanentes han pasado a actuar en células fragmentadas con recursos y capacidad operativa mucho más limitados.

Actualmente, según fuentes del ejército filipino y de una evaluación interna citada por AP, queda menos de un centenar de miembros activos agrupados en bandas esporádicas, la mayoría en áreas remotas y de difícil acceso. La vigilancia permanece extrema en ciudades como Davao, donde la seguridad es reforzada con controles militares y policías en entradas y puntos sensibles, mientras que las embajadas extranjeras advierten a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a zonas rurales y montañosas de la región, particularmente por la amenaza de secuestros y ataques terroristas.

El contexto social en Davao y en la región de Mindanao revela una convivencia entre centros urbanos en desarrollo y comunidades rurales donde se mantiene la desconfianza histórica hacia las fuerzas estatales. La ciudad de Davao, núcleo económico y administrativo del sur, es considerada uno de los lugares más seguros debido a su intensa militarización, aunque subsisten riesgos fuera del área urbana. El entorno geográfico, que alterna zonas costeras en el Golfo de Davao con selvas densas y terrenos montañosos, constituye una barrera natural frente a los operativos del Estado, pero también ha favorecido históricamente el establecimiento de refugios clandestinos para los grupos armados.

El incidente en Australia ha renovado el estigma internacional que pesa sobre Mindanao. Funcionarios del gobierno de Ferdinand Marcos Jr. han rechazado “la descripción engañosa de Filipinas como un centro de entrenamiento del Estado Islámico”, mientras que la portavoz Claire Castro remarcó que “no existen informes validados” de que los presuntos atacantes recibieran formación en territorio filipino. Analistas internacionales coinciden en que, tras años de operaciones militares y reducción de la capacidad de los grupos yihadistas, Mindanao presenta hoy un panorama fragmentado y en declive, aunque con riesgos latentes en áreas periféricas.

El jefe interino de la Policía Nacional filipina (PNP), José Nartatez Jr., anunció una “investigación exhaustiva” para determinar a dónde fueron los Akram, con quién hablaron y dónde se alojaron durante su estancia en el país. El Departamento de Inmigración confirmó que Sajid y Naveed Akram, de origen indio, salieron de Filipinas el 28 de noviembre rumbo a Australia. Uno de ellos, el padre, fue abatido el día del atentado en Sídney y el hijo permanece bajo custodia hospitalaria, enfrentando cargos por terrorismo y asesinato.

A principios de diciembre, militares filipinos reportaron la muerte de un presunto fabricante de bombas y cabecilla del grupo Dawlah Islamiyah-Hassan, vinculado al EI, en la provincia meridional de Maguindanao del Sur. En los últimos dos años, las fuerzas de seguridad han declarado haber “neutralizado” a grupos extranjeros y remanentes de las antiguas organizaciones yihadistas.

Desde el Servicio de Guardacostas de Filipinas se reportó que los tripulantes de una veintena de embarcaciones pesqueras fueron “acosados” durante faenas legales cerca del bajío de Escola, llamado Xianbin Jiao por China, donde la guardia costera china utilizó cañones de agua, dejando tres pescadores heridos. El incidente, ocurrido en las disputadas aguas del mar de China Meridional, se produjo en un contexto de creciente tensión entre China y Filipinas por la soberanía de la zona, según consignó la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que calificó de “agresión” la maniobra de la guardia costera china contra los buques de pescadores filipinos. El organismo estadounidense condenó en términos tajantes el uso de cañones de agua y afirmó que estas acciones amenazan la vida de los pescadores filipinos que recurren a la zona como medio de subsistencia. Washington reiteró su respaldo a Filipinas ante las “tácticas cada vez más peligrosas” empleadas por China en contra de países vecinos, señalando que este comportamiento afecta negativamente la estabilidad regional.

Según explicó Europa Press, el enfrentamiento tuvo lugar durante el sábado, cuando las embarcaciones filipinas realizaban actividades de pesca consideradas legales en las inmediaciones del bajío de Escola, un área que, si bien es reconocida como parte de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas, también es reivindicada por China bajo el nombre de Xianbin Jiao. El portavoz filipino Jay Tarriela detalló que dos barcos de la guardia costera china iniciaron el uso de cañones de agua contra los pescadores, causando las lesiones de tres trabajadores y provocando un nuevo episodio en la prolongada disputa territorial en el mar de China Meridional.

Europa Press indicó que esta región marítima se ha mantenido como foco de rivalidad geopolítica a lo largo de varias décadas, debido a las reclamaciones superpuestas de soberanía por parte de China y de varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas. Además de su relevancia estratégica, el mar de China Meridional es atravesado por rutas comerciales fundamentales a nivel global y, según estimaciones citadas por la prensa internacional, podría albergar abundantes reservas de petróleo y gas en sus fondos marinos, lo que intensifica el interés de los países involucrados.

En reiteradas ocasiones, según detalló Europa Press, Pekín ha adoptado acciones similares en la zona, argumentando que los buques filipinos incursionan en aguas bajo soberanía china. Esta postura ha generado frecuentes enfrentamientos con Manila y ha incrementado la preocupación de actores internacionales, principalmente de Estados Unidos, por el riesgo de que estos incidentes desemboquen en una escalada mayor en la región.

El respaldo estadounidense a Filipinas se inscribe en el marco de la alianza histórica entre ambos países, así como en la política exterior de Washington de garantizar el libre tránsito marítimo en el mar de China Meridional y mantener el equilibrio de poder regional ante el creciente protagonismo militar y marítimo de China, concluyó Europa Press.

El autor del atentado en Bondi Beach, Naveed Akram, de 24 años, se despertó del coma tras haber resultado gravemente herido por un disparo durante el ataque, según informó la policía al Sydney Morning Herald. El medio señaló que el estado actual de Akram no está claro. El ataque tuvo lugar durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, y fue perpetrado por Akram junto a su padre, Sajid Akram, de 50 años, quien también recibió un disparo y falleció en el lugar.

Las autoridades sumaron este martes un nuevo elemento a las investigaciones sobre el caso al conocer que ambos responsables de una de las masacres más letales en la historia reciente de Australia, permanecieron casi todo el mes de noviembre de 2025 en Filipinas. Autoridades migratorias en Manila confirmaron a AFP que Sajid Akram ingresó al país como “nacional indio” y que ambos llegaron juntos a Filipinas el 1 de noviembre desde Sídney, con la provincia sureña de Davao como destino final. La portavoz de inmigración, Dana Sandoval, explicó que Sajid Akram y su hijo salieron del país el 28 de noviembre en un vuelo de conexión de Davao a Manila, con regreso a Sídney.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró que “las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ello y adónde fueron cuando estuvieron allí, están bajo investigación en este momento”, declaraciones recogidas por AFP. Mientras tanto, fuentes policiales y militares filipinas aseguraron a la prensa local que continúan las indagaciones sobre la presencia de ambos hombres en territorio filipino durante ese periodo. Los registros migratorios confirman la permanencia de Naveed y Sajid Akram en Filipinas por casi cuatro semanas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, indicó este martes que los dos hombres “probablemente” adoptaron posturas radicales tras la influencia en la ideología del Estado Islámico. La declaración se dio durante la investigación destinada a esclarecer los antecedentes y movimientos de los atacantes antes del atentado en Bondi Beach.

La estadía en Mindanao, isla donde se encuentra Davao, implica especial atención por el historial de insurgencia islamista en esa región del sur de Filipinas. Mindanao ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados y el Gobierno, así como de episodios violentos atribuidos a organizaciones asociadas con extremismo. Entre estos se incluye el asedio de la ciudad de Marawi en 2017, cuando los grupos Maute y Abu Sayyaf, alineados con el Estado Islámico, controlaron zonas urbanas y provocaron una ofensiva militar que duró cinco meses y causó más de 1.000 muertos.

Pese a la declaración oficial sobre la derrota territorial de estos grupos insurgentes, el Ejército filipino mantiene operaciones de inteligencia y control en la región. De acuerdo con funcionarios consultados por AFP, la actividad insurgente disminuyó desde 2017, aunque las autoridades continúan con la búsqueda de remanentes y líderes radicalizados en Mindanao.

Durante la estadía de Akram padre e hijo en Filipinas, no se abrieron investigaciones penales en su contra ni se reportaron contactos con grupos armados locales, según autoridades filipinas citadas por AFP. Tampoco existían alertas internacionales activas al momento de su entrada o salida del país.

La capacidad de reacción inmediata de las fuerzas armadas de Taiwán ante un eventual ataque sorpresivo de China se ha convertido en un eje central de la estrategia de defensa nacional, según un informe presentado por el Ministerio de Defensa Nacional (MND) a los legisladores.

El documento subraya que todas las unidades militares están preparadas para operar bajo un sistema de mando descentralizado, lo que les permite ejecutar misiones de combate sin esperar órdenes superiores, una medida diseñada para contrarrestar la posibilidad de que los ejercicios militares chinos se transformen repentinamente en acciones bélicas.

En el tramo final del informe, el ministerio advierte que China no ha renunciado al uso de la fuerza para anexar Taiwán y que ha intensificado los entrenamientos conjuntos entre sus diferentes ramas militares, pasando de simples maniobras a ejercicios rutinarios orientados al combate real. Además, se destaca que las fuerzas chinas han extendido el alcance de sus operaciones, enviando buques de guerra hacia el Pacífico y en dirección a Australia y Nueva Zelanda. El ministro de Defensa Nacional, Wellington Koo, comparecerá ante los legisladores para responder preguntas sobre este informe.

El MND detalla que la frecuencia y magnitud de las actividades militares chinas en torno a Taiwán han aumentado de forma sostenida, incluyendo patrullas conjuntas de preparación para el combate. Según el informe, la doctrina militar taiwanesa contempla procedimientos estandarizados para elevar el nivel de alerta en caso de que los ejercicios chinos evolucionen de maniobras a hostilidades.

El ministerio enfatiza: “Si el enemigo lanza un ataque repentino, todas las unidades deben implementar el ‘control distribuido’ sin esperar órdenes y, bajo un modo de mando descentralizado, cumplir sus misiones de combate”.

El informe también señala que China mantiene una campaña de presión y hostigamiento en la llamada “zona gris”, caracterizada por operaciones casi diarias en torno a Taiwán que buscan desgastar a las fuerzas armadas taiwanesas al mantenerlas en constante estado de alerta, sin llegar a un enfrentamiento directo.

Cooperación en drones

En paralelo a la estrategia defensiva, Taiwán ha intensificado su cooperación internacional en el sector de drones, con Polonia como socio prioritario en Europa Central y Oriental. El ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, confirmó en una entrevista exclusiva con el Liberty Times que existen empresas conjuntas entre Taiwán y Polonia en la industria de drones.

La semana pasada, la Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance y la Polish Chamber of Unmanned Systems firmaron en Polonia un memorando de entendimiento para desarrollar una cadena de suministro de drones “no China” y colaborar en tecnologías clave.

Lin explicó que Taiwán también colabora con los países bálticos y la República Checa, y que la experiencia de los países de Europa Central y Oriental en el uso de drones, especialmente ante la amenaza rusa, ha impulsado la cooperación bilateral y multilateral facilitada por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía. Taiwán cuenta con un “plan de resiliencia de la cadena de suministro de Europa Central y Oriental”, en el que Polonia ocupa un lugar destacado por su peso económico y su papel en la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa.

El ministro Lin subrayó que la colaboración en drones con Polonia puede generar una situación beneficiosa para ambas partes desde la perspectiva de la diplomacia integrada, permitiendo a Taiwán fortalecer sus vínculos internacionales. Empresas taiwanesas como Thunder Tiger Corp, GEOSAT Aerospace & Technology Inc y Coretronic Corp poseen, según Lin, “gran capacidad” y están dispuestas a participar en proyectos internacionales.

Lin añadió que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) serán un elemento clave en los esfuerzos de cooperación internacional de Taiwán, tanto en la cadena de suministro democrática como en las alianzas de seguridad económica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un “grupo de trabajo de diplomacia de drones” con el objetivo de establecer una alianza internacional en este sector, lo que, en palabras de Lin, “sería de gran beneficio para Taiwán al ayudar a sus aliados y países afines a crear dicha alianza”.

El ministro mencionó que Filipinas y otros países de Europa Central y Oriental son socios potenciales importantes para la cooperación en drones. Si se concreta una colaboración con Filipinas, esta se alinearía con la sugerencia de Estados Unidos de desarrollar y producir drones en conjunto, además de impulsar el proyecto de coprosperidad de Taipéi. Lin confirmó que Taiwán ha asignado presupuesto para estos proyectos.

Una vez consolidada la cadena de suministro de drones, Taiwán y sus aliados contarían con ventajas en talento, tecnología, financiamiento y aplicación de inteligencia artificial en big data. Lin afirmó que esto demostraría que “ser amigos de Taiwán no solo prospera la economía de sus socios, sino que también les hace sentir orgullo de ser aliados de Taiwán”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia la creación de una academia internacional de drones, una alianza internacional de pilotos de drones y la organización de competencias internacionales en este ámbito. Lin agregó que, dado que los drones requieren mantenimiento y reparación, el gobierno podría establecer un programa de becas para talentos provenientes de los aliados diplomáticos de Taiwán.

“Condenamos el uso de los cañones de agua por parte de China cerca del Sabina Shoal. Estas acciones agresivas ponen en peligro la vida de los pescadores filipinos, que buscan obtener su sustento”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El enfrentamiento ocurrió cuando una veintena de embarcaciones pesqueras filipinas faenaban en las inmediaciones del bajío de Sabina, conocido como Escola por Filipinas y Xianbin Jiao por China. Según el portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, los pescadores se encontraban “faenando dentro de la legalidad” cuando fueron atacados por dos buques de la Guardia Costera china.

Las autoridades filipinas informaron que los barcos chinos utilizaron potentes cañones de agua contra las embarcaciones, dañando dos de ellas e hiriendo a tres pescadores. Además, personal de la guardia costera china a bordo de botes inflables cortaron deliberadamente las líneas de anclaje de varios barcos filipinos, “poniendo en peligro a las embarcaciones y sus tripulaciones en medio de fuertes corrientes y olas altas”, según el comunicado oficial.

La Guardia Costera china defendió sus acciones alegando que tomó “medidas de control necesarias, incluida la emisión de advertencias verbales y la expulsión por medios externos, de conformidad con las leyes y regulaciones” contra embarcaciones filipinas que “deliberadamente se introdujeron en las aguas adyacentes” bajo el pretexto de pescar, según citó la embajada china en Manila al portavoz Liu Dejun.

Dos buques de la guardia costera filipina fueron desplegados para ayudar a los pescadores, pero enfrentaron peligrosas maniobras de bloqueo por parte de barcos chinos. Una de las embarcaciones chinas se acercó hasta 32 metros de distancia de un barco filipino durante la noche, según Tarriela.

“La guardia costera china ahora está apuntando a pescadores comunes, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos”, declaró Tarriela en una conferencia de prensa en línea.

La guardia costera filipina reportó que, a pesar de las interferencias, logró llegar a los pescadores y proporcionarles atención médica inmediata a los heridos junto con suministros esenciales, lo que sugiere que las tensiones habían disminuido.

Washington mostró su apoyo “a los aliados filipinos a medida que confrontan las acciones de China y las tácticas cada vez más peligrosas que usa contra sus vecinos, lo que socava la estabilidad regional”, señaló el Departamento de Estado.

El mar de China Meridional, una ruta comercial clave a nivel mundial, es reclamado prácticamente en su totalidad por China, a pesar de un fallo arbitral de 2016 que declaró inválida la reclamación expansiva de Beijing basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. China desestimó el fallo como una farsa y continúa desafiándolo.

Las disputadas aguas limitan con China y varios países del Sudeste Asiático, incluidas Filipinas, y han sido fuente de tensiones geopolíticas durante décadas. Las aguas están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas.

Estados Unidos ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, si fuerzas filipinas, incluido el personal de la guardia costera, son atacadas en las aguas disputadas. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también están involucrados en las disputas territoriales, consideradas desde hace tiempo un punto crítico asiático.

(Con información de EFE y AP)

El portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, reportó que varias embarcaciones de los guardacostas chinos cortaron deliberadamente las líneas de anclaje de barcos filipinos en el área del bajío de Escola, una zona disputada del mar de la China Meridional. Como consecuencia directa de estas acciones, tres pescadores resultaron lesionados, según consigna El País.

La información oficial detalla que el pasado viernes aproximadamente veinte embarcaciones pesqueras de Filipinas operaban en las cercanías del bajío de Escola, un territorio marítimo reclamado no solo por Filipinas y China, sino también por Vietnam y Taiwán. De acuerdo con El País, Tarriela confirmó en una publicación en su cuenta de Facebook que estos pescadores se encontraban ejerciendo su actividad “dentro de la legalidad” al momento del incidente. Dos barcos de la Guardia Costera china se acercaron y emplearon cañones de agua contra los pesqueros.

El portavoz filipino subrayó que la situación se agravó cuando pequeñas lanchas chinas procedieron a cortar de forma intencionada los anclajes de varias de las embarcaciones filipinas. Esta acción puso en riesgo a las embarcaciones y a sus tripulaciones, dada la presencia de fuertes corrientes y mares agitados en el área. Las secuelas inmediatas incluyeron lesiones físicas para tres de los tripulantes, quienes sufrieron contusiones y heridas abiertas, según detalló Tarriela y recogió El País.

China publicó su propia versión del incidente mediante un comunicado oficial citado por El País, donde el vocero Liu señaló: “La Guardia Costera china tomó las medidas de control necesarias contra los buques filipinos, incluyendo la emisión de advertencias y la obligación de abandonar el lugar, de conformidad con las leyes y regulaciones”. Tarriela calificó esta declaración como una admisión de las acciones por parte de las autoridades chinas, que a su juicio constituyen una agresión directa contra barcos filipinos y “un reconocimiento de las acciones que pusieron en peligro la vida y el sustento de los filipinos comunes que ejercen sus legítimas actividades dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas”, según reportó El País.

La fricción en torno al bajío de Escola refleja el contexto más amplio de las disputas territoriales en el mar de la China Meridional, un área de importancia geoestratégica y económica que ha sido escenario de numerosos conflictos. De acuerdo con El País, tanto Filipinas como China, Vietnam y Taiwán reclaman derechos sobre la zona, lo que intensifica la competencia por los recursos pesqueros y energéticos en la región.

Las autoridades filipinas insisten en que las actividades desplegadas por sus pescadores respectan las normas nacionales e internacionales, en tanto que el gobierno chino argumenta que sus acciones responden a su interpretación de las leyes y regulaciones vigentes sobre la zona marítima. El incidente del viernes ha generado inquietud sobre la seguridad de los trabajadores del mar de Filipinas y ha elevado las tensiones diplomáticas entre Manila y Pekín, concluye El País.

Tres pescadores filipinos resultaron heridos y dos embarcaciones sufrieron daños después de que la Guardia Costera de China utilizó cañones de agua y maniobras de bloqueo contra una flotilla de 20 barcos cerca del banco de arena de Sabina, en el mar de China Meridional, según informó la Guardia Costera de Filipinas. El incidente, ocurrido el viernes por la tarde en una de las zonas marítimas más disputadas del mundo, ha intensificado las tensiones en una región clave para el comercio global y la seguridad regional.

De acuerdo con el comunicado de la Guardia Costera filipina, guardacostas chinos a bordo de botes de goma cortaron deliberadamente las amarras de varios pesqueros, lo que puso en riesgo tanto las embarcaciones como la vida de sus tripulaciones, especialmente debido a las fuertes corrientes y el oleaje en la zona.

Manila desplegó dos barcos de su Guardia Costera para asistir a los pescadores, pero estos también enfrentaron maniobras de bloqueo por parte de las autoridades chinas. El vocero de la Guardia Costera de Filipinas, comodoro Jay Tarriela, detalló que una de las embarcaciones chinas se aproximó a poco más de apenas 32 metros (105 pies) de una nave filipina durante la noche. Tarriela denunció que “la guardia costera china ahora está apuntando a pescadores de a pie, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos”, según declaraciones recogidas por la Guardia Costera de Filipinas. A pesar de las interferencias, la autoridad filipina logró llegar hasta los pescadores, proporcionar atención médica a los heridos y entregar suministros esenciales.

Por su parte, el Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China denunció incursiones “ilegales” de aeronaves filipinas en el espacio aéreo sobre la isla Huangyan (Scarborough), territorio que Pekín considera bajo su soberanía. Según un comunicado difundido en la red social Weibo, el portavoz del EPL, Tian Junli, afirmó que las aeronaves filipinas fueron “rastreadas, advertidas y expulsadas” por las fuerzas chinas, que actuaron “de conformidad con las leyes y regulaciones”. Tian instó a Manila a “poner fin de inmediato a sus acciones infractoras y provocadoras” y aseguró que las tropas chinas “permanecen en alerta máxima en todo momento para proteger decididamente la soberanía y la seguridad territoriales nacionales, así como la paz y la estabilidad en la región del Mar Meridional de China”.

El mar de China Meridional es escenario de una compleja disputa territorial. China reclama casi la totalidad de esta vía marítima estratégica, por la que circula cerca del 30% del comercio global y que alberga el 12% de los caladeros mundiales, además de potenciales yacimientos de petróleo y gas. Sin embargo, un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en 2016 invalidó la reclamación china, respaldando la posición de Filipinas en la disputa sobre varias islas y arrecifes. Pekín, no obstante, rechazó la sentencia y mantiene su postura. Desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Filipinas ha endurecido su defensa territorial y ha hecho públicas las fricciones recurrentes con China en la zona. Además de China y Filipinas, otros países como Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también mantienen reclamos sobre partes del mar de China Meridional.

En el plano internacional, Estados Unidos ha reiterado su compromiso de defensa con Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, advirtiendo que respondería en caso de ataques contra fuerzas filipinas, incluidos guardacostas, barcos y aviones, incluso en aguas disputadas. La región sigue siendo un punto de tensión permanente, con incidentes frecuentes entre buques y aeronaves de los países involucrados.

Ante este escenario, las autoridades filipinas han solicitado a China que respete los estándares internacionales y anteponga la seguridad de los pescadores, enfatizando la importancia de proteger la vida humana en el mar por encima de cualquier disputa o aplicación unilateral de la ley.

Las comunidades del sudeste asiático afrontan patrones reiterados de suspensión del ciclo escolar, donde algunas han visto hasta cuatro interrupciones del año académico durante el último año como consecuencia de la sucesión de eventos climáticos extremos. Según informó UNICEF, este fenómeno recurrente provocó que millones de estudiantes vieran alterado su acceso a la educación y su rutina diaria, consolidando un escenario inédito y de fuerte impacto social. Además de las dificultades inmediatas para recuperar la normalidad educativa, estas interrupciones acentúan la vulnerabilidad de la infancia y generan un desafío urgente para los sistemas de protección de derechos fundamentales.

Tal como publicó UNICEF y recogieron medios de Naciones Unidas, a partir de finales de noviembre recientes inundaciones afectaron directamente a Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Malasia, trastocando la formación de más de 4,1 millones de estudiantes entre estos cinco países. El organismo detalló que solo en Vietnam cerca de 3 millones de niños y niñas perdieron acceso a las clases debido a las crecidas, mientras que en Filipinas la cifra superó los 919.000 menores. Este impacto se extiende, según reportó UNICEF, a Indonesia donde más de 2.000 centros educativos resultaron dañados, lo que obstaculizó la reincorporación de más de 180.700 estudiantes y complicó la evaluación de necesidades urgentes en materia de educación.

En Tailandia, casi 90.500 estudiantes permanecen fuera de las aulas, según los reportes oficiales, y en Malasia el último ciclo de lluvias monzónicas propició la suspensión de clases para más de 5.000 menores. UNICEF subrayó que estos números ilustran la escala y persistencia de la crisis educativa en la región, en la que los fenómenos meteorológicos extremos han impedido el acceso continuado a clases y desorganizado la vida cotidiana de millones de estudiantes.

El portavoz de UNICEF, Ricardo Pires, señaló a medios de Naciones Unidas que la situación constituye un hecho sin precedentes en el sudeste asiático. Pires explicó que una parte considerable de los estudiantes se ha visto forzada a permanecer durante varias semanas en refugios temporales, bajo condiciones de acceso restringido a servicios básicos. “La magnitud general de lo que estamos presenciando en la región no tiene precedentes”, expresó. Las consecuencias se manifiestan no solo en la interrupción del aprendizaje, sino también en el bienestar integral de los menores.

UNICEF subrayó, según consignó el medio de Naciones Unidas, que tras cada dato estadístico hay una realidad individual de un menor cuya formación quedó en suspenso. La interrupción escolar no se limita al cierre de aulas, ya que el acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento seguro e intervención psicosocial también se ha visto gravemente limitado en los territorios afectados. Las evaluaciones del organismo advierten que las poblaciones infantiles enfrentan una vulnerabilidad creciente debido a que la repetición de desastres dificulta cualquier recuperación efectiva del sistema escolar y comunitario.

El análisis global de UNICEF reportó que, a lo largo de este año, al menos 242 millones de estudiantes en 85 países experimentaron interrupciones en su educación a raíz de eventos climáticos extremos, remarcando el carácter sistémico de la problemática. La agencia internacional remarcó que, en muchos de los territorios afectados, los centros educativos dañados suelen transformarse en refugios temporales o quedar cerrados durante períodos extensos. Esta situación incrementa la distancia con respecto a la continuidad en los procesos de aprendizaje y complica la reanudación regular de las actividades escolares.

En respuesta a la emergencia, las autoridades de los países afectados colaboran con organismos internacionales en la evaluación de daños y la puesta en marcha de medidas urgentes. De acuerdo con UNICEF, se desplegaron acciones de emergencia en numerosas áreas impactadas, aunque el diagnóstico sobre la magnitud total de la crisis y la identificación de los requerimientos más inmediatos permanece en curso en diversos lugares. Paralelamente, prosigue la valoración de las necesidades educativas y sanitarias, así como el seguimiento de la provisión de servicios esenciales en contextos de emergencia.

UNICEF apuntó que la frecuencia e intensidad de las condiciones meteorológicas extremas conforman ya un patrón estructural en la región, lo que limita la capacidad de los sistemas educativos y de apoyo social para recuperarse entre un evento y otro. Destacó la urgencia de diseñar políticas y estrategias de cooperación, tanto a escala nacional como regional, para salvaguardar los derechos de la infancia, restituir el acceso seguro a la educación y garantizar la entrega de servicios básicos durante situaciones de crisis.

Frente a la continuidad de los eventos meteorológicos extremos, la agencia instó, en declaraciones recogidas por medios de Naciones Unidas, a mantener el foco internacional sobre las necesidades urgentes de la infancia en los países del sudeste asiático. La persistencia de la emergencia supone impactos continuos no sólo en el contexto educativo, sino también en la salud, el bienestar y el futuro de millones de niñas y niños en toda la región.

El grupo naval chino que opera en aguas del mar de Filipinas ha sido localizado a más de 480 kilómetros al este del territorio insular filipino, conforme a información obtenida a partir de imágenes satelitales difundidas por la televisora australiana ABC y la empresa Starboard Maritime Intelligence. Este posicionamiento ha movilizado a las autoridades australianas, que se encuentran observando el desplazamiento de la flotilla, compuesta por diversos buques de guerra y de apoyo. A raíz de este despliegue, el Ministerio de Defensa de la República Popular China confirmó la realización de maniobras navales en esa zona marítima, afirmando la legalidad de sus operaciones e intentando mitigar las preocupaciones internacionales.

Según ABC y conforme reportó el portal web oficial del Ministerio de Defensa chino, el coronel Jiang Bin, portavoz de esa cartera, aseguró que las actividades desarrolladas por el contingente naval se ajustan tanto al derecho internacional como a las prácticas establecidas para operaciones militares en alta mar. Jiang enfatizó que estos ejercicios de entrenamiento extensivo “no están dirigidos a ningún país o entidad específica”, en respuesta directa a inquietudes sobre posibles tensiones regionales generadas por el avance de la flota.

El anuncio chino surge tras una consulta realizada el martes anterior, luego de la cobertura de la radiotelevisión pública australiana ABC, la cual identificó la presencia de buques militares de China en aguas del mar de Filipinas. El informe original detalló que la flotilla involucraba, entre otras unidades, un navío capaz de transportar helicópteros, un destructor, una fragata y un barco destinado al reabastecimiento de combustible. Estos detalles fueron confirmados posteriormente por imágenes provenientes de la empresa Starboard Maritime Intelligence, la cual rastrea movimientos navales mediante tecnología satelital.

ABC dio a conocer que los buques fueron avistados transitando a unas 260 millas náuticas (aproximadamente 482 kilómetros) al este del archipiélago filipino. Esta distancia ubica a la flotilla en aguas internacionales, aunque su proximidad geográfica ha generado alerta en el gobierno australiano debido a la sensibilidad de la región, tradicionalmente escenario de ejercicios militares de distintas potencias y territorios en disputa.

Tras la difusión de las imágenes y datos satelitales, el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, ratificó al mismo medio que las Fuerzas Armadas australianas llevan a cabo un monitoreo detallado sobre el desplazamiento de las unidades navales chinas. Marles explicó que si bien se mantiene una vigilancia sistemática sobre el avance del contingente, hasta el momento las autoridades australianas no han podido certificar con certeza la orientación final de la flotilla, es decir, si las naves navegan en dirección a Australia tal como algunos indicios han dejado entrever.

Durante su declaración publicada por el Ministerio de Defensa de China, el coronel Jiang reiteró la postura de que la ejecución del entrenamiento naval corresponde al “grupo de intervención naval chino” y subrayó la adherencia a principios legales y normas internacionales. Con este mensaje, la representación oficial de Pekín buscó disipar especulaciones vinculadas a la motivación de las maniobras, frente a las preocupaciones manifestadas en países del entorno.

El seguimiento de buques militares extranjeros en áreas próximas a Australia y el sudeste asiático ha sido un tema constante en las agendas de seguridad regional, según recopiló ABC. Los ejercicios navales a gran escala, como el actualmente ordenado por China en el mar de Filipinas, suelen desencadenar respuestas diplomáticas y operaciones de inteligencia por parte de otros estados interesados, en particular cuando involucran formaciones compuestas por múltiples embarcaciones especializadas.

El conglomerado de buques chinos detectado por los sistemas de observación internacionales incluyó navíos con capacidades ofensivas y logísticas, información que detalló la televisora pública australiana tras analizar el material proporcionado por Starboard Maritime Intelligence. Tanto la comunidad internacional como los países de la región siguen con atención el avance de esta operación, marcando el episodio como uno más en la serie de ejercicios navales de alto perfil que han tenido lugar en la zona marítima del Pacífico occidental en los últimos años.

El inicio del enfrentamiento resultó adverso para la selección española, principal campeona europea del continente, que según detalló la fuente, encajó dos goles en menos de diez segundos, una situación que recordó a la estrategia empleada en la victoria contra Marruecos durante los cuartos de final. A partir de ese instante, el combinado nacional intentó recuperar terreno mediante ofensivas organizadas y una férrea actuación defensiva, destacando las intervenciones de la portera Elena González, quien evitó una diferencia mayor en la primera parte, tal como informó la fuente.

España mostró señales de mejoría con el correr de los minutos, logrando generar oportunidades peligrosas. Una de las más significativas llegó a través de un disparo lejano de Antía Pérez, quien aprovechó el adelantamiento de la guardameta brasileña Bianca para intentar sorprenderla, aunque el balón impactó en la cruceta, según describió el reporte consagrado. Brasil se mantuvo firme y no renunció a su propuesta ofensiva a pesar de la ventaja en el marcador, llegando al descanso conservando la diferencia.

En el segundo tiempo, la dinámica se mantuvo con una España más volcada al ataque que intentó incrementar su dominio. De acuerdo a las crónicas recogidas, Debora Vanin amplió la diferencia anotando el 0-3, acercando a la selección sudamericana a la definición del torneo. Pese al golpe anímico, el conjunto español desplegó sus últimos esfuerzos y logró descontar gracias al gol de Ale de Paz, recuperando momentáneamente la esperanza. A partir de ese momento, el equipo español apostó por el juego de cinco para asumir mayores riesgos en ataque.

Durante esta fase, las españolas generaron nuevas aproximaciones a la portería rival, pero el ímpetu ofensivo se vio frustrado por una nueva pérdida en su mitad del campo. Ante esa situación, Luana Rodrigues capitalizó para Brasil y estableció el 1-4, asegurando el pase a la final de la 'Canarinha', según relató el medio citado. Dicho resultado deja a la selección dirigida por Clàudia Pons con la obligación de buscar el tercer lugar del podio y cerrar su actuación en el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala con una victoria.

Brasil enfrentará a Portugal en la final del torneo, tras la amplia victoria lusitana sobre Argentina por 7-1, de acuerdo a la información publicada por la fuente original. Por su parte, España deberá sobreponerse al resultado adverso y afrontar al combinado argentino, con el objetivo de finalizar su participación con una medalla. El desarrollo del partido evidenció la capacidad brasileña para imponer sus condiciones desde el inicio y la dificultad del equipo español para sobreponerse a los errores iniciales, lo que marcó la diferencia en la semifinal según la narración de los hechos por la fuente.

El testimonio de Patricia Ruiz, procedente de Valencia y con varias experiencias de voluntariado en Honduras, refleja el impacto que puede tener la participación en misiones: “la experiencia de misión ha sido la mayor bofetada de realidad” que ha recibido en su vida, declaró. Según informó Obras Misionales Pontificias (OMP), la organización ha desarrollado la plataforma digital "Arde" con el objetivo de reunir y visibilizar ofertas de voluntariado misionero para jóvenes en todo el país, centralizando la información clave sobre congregaciones, asociaciones y comunidades religiosas que ofrecen actividades de colaboración durante el verano.

De acuerdo con OMP, cada año más de 10.000 jóvenes españoles preparan su equipaje para acompañar a misioneros en distintas partes del mundo, favoreciendo experiencias de solidaridad y acompañamiento en terrenos muy diversos. El medio señaló que la nueva web facilita la búsqueda y el acceso a iniciativas de misión, gracias a un mapa interactivo que se asemeja al funcionamiento de aplicaciones conocidas como Google Maps, pero con un enfoque exclusivo en oportunidades solidarias a través de la Iglesia española.

La información que recogió OMP detalla que el nuevo portal permite ubicar de manera geográfica asociaciones, parroquias y congregaciones cercanas que organizan actividades misioneras. Los interesados pueden consultar detalles sobre cada una de las experiencias disponibles: destino, requisitos de participación, formación ofrecida y datos de contacto de los responsables, además de acceder directamente a canales de comunicación con las agrupaciones convocantes.

Carlos de Arteaga, responsable de jóvenes de OMP e impulsor de la plataforma, explicó a OMP que la idea es facilitar que los jóvenes identifiquen las opciones existentes de forma sencilla y accesible. “Es como si abres Google maps, pero en vez de aparecer restaurantes y sitios de ocio, aparecen las congregaciones, parroquias y asociaciones que están cerca”, precisó de Arteaga. El responsable añadió que la web está abierta a que más grupos y parroquias se sumen progresivamente al proyecto, ya que algunos organizan experiencias internas “sería fantástico que también aparecieran en el mapa, para que los jóvenes que estén cerca puedan saberlo”.

El medio recogió, además, el testimonio de Diego Degetau, joven vinculado al movimiento Hakuna, que participó el último verano en una misión en Filipinas. Para Degetau, el valor de estas iniciativas reside en la vivencia directa de la fe y el descubrimiento personal: “En la misión aprendí que Dios se sirve de muchas cosas para decirte 'Aquí estoy, y te amo con locura'”, compartió según Obras Misionales Pontificias.

En lo referente al nombre elegido para la plataforma, OMP explicó que “Arde” retoma la simbología del fuego presente en pasajes evangélicos y en las palabras de santos, especialmente una frase atribuida a Santa Catalina de Siena: “si sois lo que debéis ser, prenderéis fuego al mundo entero”. Esta elección busca transmitir la idea de que la fe puede tener un efecto expansivo y transformador.

OMF detalló que “Arde” destaca como sucesora digital de la conocida “Guía compartir la misión”, un catálogo impreso editado anualmente por la organización para compilar opciones de voluntariado. La digitalización de este recurso busca mejorar su accesibilidad y la facilidad de búsqueda, además de dotarlo de un enfoque visual, actual y evocador, alineado con los intereses de las nuevas generaciones.

Según publicó OMP, parte de la misión de la web es motivar a los jóvenes a superar su entorno cotidiano y explorar experiencias de servicio más allá de su comunidad habitual. La organización aclaró que el portal únicamente pone en conocimiento la variedad de iniciativas misioneras; la gestión y ejecución práctica queda en manos de los grupos y comunidades dispuestos a acoger a los voluntarios. Las asociaciones eclesiales que todavía no aparecen en el mapa pueden contactar a OMP para formar parte de la plataforma y así ampliar la red de oportunidades solidarias para la juventud interesada.

Obras Misionales Pontificias considera que el desarrollo de espacios digitales como “Arde” puede contribuir a fortalecer el compromiso social, humano y espiritual, además de facilitar que los jóvenes encuentren caminos de colaboración adecuados a sus inquietudes y capacidades dentro de la amplia oferta existente a nivel nacional.

La mediación internacional propiciada desde Mascate resultó en el traslado a Omán de nueve ciudadanos filipinos que integraban la tripulación del buque ‘Eternity C’, según comunicó la cadena de televisión yemení Al Masirah, medio vinculado a los hutíes. Estos marineros permanecieron en poder del grupo rebelde desde que su embarcación fue atacada en el mar Rojo en julio. La información principal radica en la entrega de los tripulantes, producida mientras las autoridades de Filipinas aguardaban novedades y hasta el momento no han recibido comentarios oficiales de los gobiernos de Omán ni de Filipinas sobre el resultado de la operación, de acuerdo con lo publicado por Al Masirah.

El medio Al Masirah detalló que los hutíes, quienes retuvieron a la tripulación filipina tras su acción contra el ‘Eternity C’, confirmaron la salida de los marineros hacia Omán directamente desde la capital yemení, Saná. La liberación involucró gestiones diplomáticas desarrolladas en Mascate. Aunque Manila manifestó el pasado martes que esperaba que estos ciudadanos filipinos fuesen liberados en corto plazo, la administración filipina no emitió declaraciones adicionales después de la operación, según la misma fuente.

Al Masirah informó que la detención del buque y sus tripulantes formó parte del bloqueo impuesto por los hutíes como represalia a la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El ‘Eternity C’ es uno de varios barcos interceptados en el mar Rojo y en el golfo de Adén por este grupo yemení, que ha reivindicado repetidamente sus acciones como parte de un esfuerzo para limitar la circulación marítima asociada, según ellos, a intereses israelíes o aliados.

El gobierno yemení en la capital y las fuerzas hutíes incrementaron, según publicó Al Masirah, los anuncios públicos relacionados con las hostilidades en el mar Rojo desde finales del año pasado, en el contexto de la escalada regional tras los acontecimientos en Gaza. La operación contra el ‘Eternity C’ se inscribió en esa dinámica, de acuerdo al mismo medio.

La cadena yemení atribuyó a fuentes hutíes la información sobre la participación de Omán como país mediador en el proceso que terminó con la entrega de los tripulantes. Mascate suele actuar como vía de comunicación entre actores enfrentados en el conflicto regional, especialmente en el contexto yemení e israelí-palestino, aunque según Al Masirah, ni el gobierno omaní ni las autoridades filipinas emitieron reacciones públicas tras la liberación.

De acuerdo con el reporte, los hutíes anunciaron el 11 de noviembre un cese de sus ataques a barcos con presuntos vínculos israelíes en el mar Rojo y en el golfo de Adén. Ese anuncio ocurrió tras un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, relacionado con el pacto suscrito por Israel y Hamás y la entrada en vigor de la primera fase de una propuesta impulsada por Estados Unidos para el enclave palestino.

Según Al Masirah, los hutíes sostienen que sus acciones en el mar Rojo se dirigen exclusivamente a buques que atribuyen conexión con Israel, en respuesta al conflicto en Gaza. El mismo medio subrayó que, en la reciente liberación de los marineros filipinos, la intervención diplomática en Mascate resultó determinante para el desenlace.

La información recabada señala que la tripulación del ‘Eternity C’ permaneció en territorio controlado por los hutíes por varios meses tras el ataque a su embarcación, antes de que las gestiones internacionales condujeran a su traslado a Omán. Las circunstancias del ataque, la duración de la retención y el proceso diplomático vinculan este episodio directamente al contexto regional posterior a los acontecimientos en Gaza, según lo expuesto por Al Masirah.

Hasta la publicación del último reporte distribuido por Al Masirah, los representantes oficiales de Omán y Filipinas no habían difundido respuestas al resultado de la mediación. Manila había expresado sus expectativas sobre una liberación pronta el martes previo al traslado, pero los canales diplomáticos involucrados mantuvieron bajo reserva el desarrollo de la entrega a Omán.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, fue sometido a una amputación de pierna de emergencia en la ciudad de Cebu, Filipinas, el miércoles 3 de diciembre de 2025, luego de sufrir un coágulo sanguíneo que le provocó necrosis en el miembro inferior izquierdo, según reportó Daily Mail. El procedimiento, realizado por un equipo médico local, se consideró una medida vital ante el riesgo de infección grave y sepsis, y mantiene al paciente bajo estricta vigilancia en cuidados intensivos mientras los médicos evalúan su evolución posquirúrgica.

De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, Thomas Markle, de 81 años, fue trasladado a un hospital local por su hijo y cuidador principal, Thomas Markle Jr., tras notar la rápida aparición de manchas azuladas y negras en su pie izquierdo, lo que llevó a estudios de imágenes que confirmaron la oclusión arterial y la necesidad de amputación para salvarle la vida. El hospital dictaminó que la operación era la única salida ante el peligro inminente de muerte por gangrena o sepsis. Fuentes médicas consultadas por el medio británico advierten que los días siguientes a la intervención serán críticos por las posibilidades de infección y la situación clínica general del paciente.

El caso de Thomas Markle ha adquirido notoriedad internacional debido a su parentesco con Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, además de los antecedentes familiares que incluyen un distanciamiento público y medializado desde la boda real en 2018. El propio Markle ha residido en Filipinas desde enero, en busca de privacidad tras años de exposición constante en Estados Unidos y México, y de conformidad con declaraciones recogidas por Daily Mail, no mantiene contacto actual con su hija ni con sus nietos Archie y Lilibet.

¿Qué circunstancias llevaron a la amputación de Thomas Markle en Filipinas?

Antes de la intervención, Thomas Markle Jr. observó una rápida alteración en la coloración del pie izquierdo de su padre y procedió a llevarlo a un hospital de la localidad. Según la reconstrucción publicada por Daily Mail, las pruebas diagnósticas revelaron la presencia de un coágulo que interrumpió totalmente la circulación sanguínea, ocasionando necrosis en los tejidos. La determinación médica fue realizar una amputación por debajo de la rodilla al considerar que la única alternativa era el fallecimiento.

En palabras del propio Thomas Jr., recogidas por el diario inglés, “Su pie se volvió azul y después negro. La decisión de los médicos fue inmediata, no había otra opción si querían proteger su vida”. Posteriormente, Markle fue trasladado en ambulancia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Cebu, donde se llevó a cabo la operación bajo estrictos protocolos de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Thomas Markle tras la operación?

El estado clínico de Thomas Markle se considera estable, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cebu, bajo seguimiento permanente. De acuerdo con médicos consultados por Daily Mail, los próximos tres días serán determinantes, pues además persiste el riesgo de un segundo coágulo identificado en el muslo izquierdo, que podría requerir otra intervención quirúrgica.

“El paciente evoluciona favorablemente por el momento, pero su edad y antecedentes médicos complican el pronóstico,” informaron fuentes sanitarias a Daily Mail. Añadieron que la herida de amputación muestra señales de cicatrización, pero que la vigilancia frente a posibles infecciones constituye la principal preocupación actual del equipo médico.

¿Qué antecedentes de salud tenía Thomas Markle antes de la amputación?

La salud de Thomas Markle presentaba antecedentes de gravedad antes del suceso actual. Según el seguimiento periodístico de Daily Mail, fue diagnosticado con dos infartos previos a 2018 y sufrió un accidente cerebrovascular en 2022 que le afectó el habla y lo obligó a recurrir a terapias de rehabilitación. El traslado a Filipinas a inicios de este año respondió, en parte, a necesidades de tranquilidad personal y atención médica continua lejos de la exposición pública en Norteamérica.

En declaraciones previas a Daily Mail, Markle había manifestado: “Decidí mudarme a Filipinas porque no podía escapar de las noticias sobre Meghan y Harry en televisión y prensa de Estados Unidos y México. Buscaba una vida más tranquila aquí.”

¿Cómo ha reaccionado el entorno familiar y Meghan Markle?

El entorno más próximo a Thomas Markle, encabezado por su hijo Thomas Jr., expresó agradecimiento por el apoyo recibido desde distintas regiones. La familia comunicó al Daily Mail que se encuentra conmovida por la cantidad de mensajes provenientes especialmente del Reino Unido. Thomas Jr. solicitó públicamente que su hermana, Meghan Markle, “muestre compasión” hacia su padre en este momento y reiteró el deseo familiar de mantener la privacidad de la situación clínica.

El matrimonio conformado por Meghan Markle y el príncipe Harry no realizó comentarios oficiales tras la intervención quirúrgica de Thomas Markle, y un portavoz consultado por Daily Mail declinó brindar declaraciones al respecto. Los medios recogen que si bien el distanciamiento entre Meghan y su padre data del momento previo a la boda real, Markle padre había reiterado en entrevistas que su “único deseo antes de morir es conocer a sus nietos Archie y Lilibet”.

Durante la misma semana en la que se realizó la operación de emergencia, la duquesa de Sussex divulgó material promocional de su nuevo especial navideño “With Love, Meghan” en una plataforma de streaming,de acuerdo con información del medio Daily Mail.

¿Cuál es la importancia de la residencia de Thomas Markle en Filipinas?

Desde enero, Thomas Markle reside de modo permanente en Filipinas, buscando privacidad ante la reiterada aparición de su nombre en los medios estadounidenses y británicos. Según información reportada por Daily Mail, la mudanza fue motivada por un deseo explícito de reducir la atención mediática tras episodios de exposición pública a raíz de la boda real y posteriores entrevistas, libros y programas protagonizados por Meghan Markle y el príncipe Harry.

El paciente restringió su vida social a un pequeño círculo y mantuvo contacto sólo con su hijo mayor, quien funge como su principal cuidador y enlace con los servicios de salud.

¿Qué repercusiones tiene esta situación en la familia real británica y la opinión pública?

El episodio médico de Thomas Markle reavivó la atención sobre la relación entre la duquesa de Sussex y su progenitor. La noticia, difundida de manera prioritaria por Daily Mail, generó un debate sobre la posibilidad de reconciliación pública y las implicancias del distanciamiento en el contexto de la familia real británica. A pesar de los mensajes de solidaridad dirigidos a Markle padre, la Casa Real británica y el entorno de Meghan Markle y el príncipe Harry sostienen silencio institucional, de acuerdo con la cobertura brindada por los principales diarios británicos.

¿Qué se sabe sobre la recuperación y próximos pasos médicos de Thomas Markle?

El equipo médico del hospital de Cebu informó a Daily Mail que la principal prioridad consiste en evitar la aparición de complicaciones infecciosas y monitorear la evolución del muñón quirúrgico. De mantenerse la estabilidad clínica, la familia y el equipo sanitario evaluarán en los próximos días la necesidad de una segunda intervención para eliminar un coágulo remanente en el muslo. Los médicos destacan que “la respuesta al tratamiento inicial será crítica para determinar el pronóstico vital y funcional del paciente”, teniendo en cuenta la edad avanzada y los antecedentes cardiovasculares.

¿Qué impacto tiene este caso en la percepción sobre la familia Markle?

El caso de Thomas Markle expone la fragilidad en las relaciones personales al interior de familias altamente expuestas, como la de la duquesa de Sussex. Los reiterados llamados públicos de Markle padre pidiendo un acercamiento con su hija y nietos no han sido respondidos hasta el momento. El paciente permanece ahora bajo atención médica intensiva, mientras el interés internacional persiste debido al contexto familiar y la dimensión pública de la figura de Meghan Markle.

¿Qué pueden esperar los involucrados y el público en las próximas jornadas?

Las próximas 48 a 72 horas resultarán determinantes para el pronóstico sanitario de Thomas Markle, ya que la evolución de la herida, la aparición de infecciones o la necesidad de nuevas cirugías marcarán el rumbo futuro. La familia solicita respeto por la privacidad del paciente, y el entorno internacional permanece atento a eventuales actualizaciones médicas o declaraciones institucionales por parte de Meghan Markle o la familia real británica.

Elegir un país favorito no es sencillo para un viajero habitual, y mucho menos para alguien que ha estado prácticamente en todos los países del planeta. Sin embargo, para Drew Binsky, creador de contenido estadounidense y uno de los viajeros más conocidos de YouTube, la respuesta es clara: su destino predilecto es Filipinas, adonde ha viajado más de 75 veces desde su primera visita en 2014.

Binsky, que ha conseguido el raro logro de recorrer los 197 países reconocidos internacionalmente, explica que la relación que mantiene con Filipinas no tiene comparación con ningún otro lugar del mundo. Según él, lo que lo enamora del país no son únicamente sus paisajes, sino la hospitalidad de su gente. “Cada experiencia en Filipinas es increíble. Desde el momento en que pisas el país, te hacen sentir como uno más”, declara.

Desde que llegó por primera vez, Binsky no ha dejado de acumular experiencias inolvidables. Pescó con arpón junto a comunidades indígenas, probó algunos de los platos más peculiares de su gastronomía e incluso se tatuó con una artista tradicional de 107 años. Son vivencias que, según él, difícilmente podrían repetirse en otro destino.

El paraíso de la hospitalidad

Según el medio digital Viajes, el país —compuesto por más de 7.500 islas, muchas aún prácticamente vírgenes— le ofrece una combinación que para él resulta irresistible. Entre sus lugares preferidos menciona Siargao, Bohol, Siquijor, Romblon, Batanes o Luzón, isla donde se encuentra Manila. Algunas de estas regiones le recuerdan incluso a escenarios de otros continentes, como Batanes, que compara con ciertos paisajes de Nueva Zelanda.

Además de playas y selva, Filipinas presume de fenómenos naturales únicos, como las Colinas de Chocolate de Bohol, que en la estación seca se tiñen de marrón, o su interminable catálogo de cascadas: Kawasan, Tumalog o Lugnason figuran entre las más populares. A esto se suman más de una veintena de volcanes activos que moldean el territorio con una mezcla de dramatismo y belleza.

Aunque los paisajes impresionan, Binsky insiste en que lo que realmente distingue a Filipinas son sus habitantes. La hospitalidad, la cercanía y el trato amable son, en su opinión, la razón principal por la que siempre desea volver. El hecho de que gran parte de la población hable inglés también facilita una conexión más directa y espontánea con la vida local.

Su segunda gran debilidad es la gastronomía filipina. Su plato favorito es el sinigang, un estofado agrio elaborado con tamarindo o kamias, y como postre destaca el halo-halo, una mezcla fría perfecta para las temperaturas tropicales. Además, subraya que Filipinas es un destino muy asequible; comer por menos de cinco euros o volar entre islas por unos veinte es habitual, aunque en zonas de Manila como Makati o Taguig los precios se elevan.

Después de haber completado la lista casi imposible de visitar todos los países del mundo, Binsky asegura que Filipinas es el único destino al que volvería una y otra vez sin pensarlo. “Filipinas no es solo un lugar para visitar; es un lugar en el que te sientes parte de algo”, concluye satisfecho.

Los rebeldes hutíes de Yemen liberaron este miércoles a 11 marineros que permanecían retenidos desde julio, tras el ataque al buque Eternity C en el mar Rojo, un hecho que dejó al menos cuatro muertos y el hundimiento de la embarcación.

Según informó el canal al-Masirah —controlado por los hutíes—, Omán tomó custodia de los marineros, quienes ya se encontraban de camino hacia el sultanato. Posteriormente, las autoridades omaníes confirmaron la recepción de los 11 tripulantes, originarios de India y Filipinas, “en preparación para su regreso a sus países de origen”.

Sin embargo, imágenes publicadas por los hutíes solo mostraban a 10 marineros, sin explicaciones sobre la ausencia del undécimo liberado.

Un avión de la Real Fuerza Aérea de Omán aterrizó el miércoles en Saná, la capital yemení bajo control rebelde, para concretar la operación, según registros de tráfico aéreo revisados por The Associated Press. Tras la liberación, el jet abandonó el espacio aéreo de Yemen.

Más tarde, Omán difundió imágenes de la llegada de los marineros a Mascate, recibidos por diplomáticos de India y Filipinas. Las autoridades filipinas habían declarado el martes que esperaban la liberación de nueve tripulantes filipinos retenidos por los hutíes desde ese ataque.

Los rebeldes yemeníes no ofrecieron detalles inmediatos sobre la nacionalidad de los liberados y aseguraron haber rescatado a los marineros tras abandonar el navío averiado, describiendo su situación como “cinco meses como invitados, no detenidos”.

Los hutíes atacaron más de 100 barcos con misiles y drones, llegando a hundir cuatro embarcaciones y causando al menos nueve muertes entre marineros. El caso más reciente fue el de un tripulante del buque Minervagracht, muerto por heridas en octubre.

No se precisaron las motivaciones exactas de la liberación actual, aunque históricamente los hutíes retuvieron marineros durante largos periodos. Durante previos altos el fuego en Gaza, los rebeldes suspendieron sus ataques, y solo reanudaron sus acciones hasta el inicio de otra tregua luego de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció un cese de hostilidades con el grupo Hamas.

El ataque al buque Eternity C, ampliamente difundido en su momento por los hutíes a través de un video, se produjo en medio de una escalada de violencia regional. El grupo insurgente aseguró en aquel entonces haber “rescatado” a varios tripulantes y trasladarlos a un lugar seguro. Este hecho coincidió con el hundimiento de otro navío comercial, el Magic Seas, marcando el fin de una tregua de varios meses en los ataques a la navegación en el mar Rojo.

Los hutíes justifican estas agresiones como represalia contra barcos vinculados a Israel en apoyo a la causa palestina, una campaña que ha alterado significativamente el tráfico marítimo en un corredor estratégico que concentra cerca del 12% del comercio global.

En este contexto, destaca el papel de los marinos filipinos en la industria naviera: hasta el 30% de la fuerza laboral mundial en el transporte marítimo comercial corresponde a Filipinas. En 2023, las remesas enviadas por estos trabajadores al país asiático sumaron casi 7.000 millones de dólares, representando alrededor de una quinta parte del total de transferencias a Filipinas.

(Con información de The Associated Press)

El partido entre Brasil y Japón definirá al próximo rival de España en semifinales, mientras la selección dirigida por Clàudia Pons mantiene el invicto en el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, con 23 goles marcados y solo 4 recibidos hasta ahora. Según informó el medio que reportó la victoria de España sobre Marruecos por 6-1 en Filipinas, la selección española femenina asegura su sitio en la fase de los cuatro mejores luego de una actuación destacada, en la que Irene Córdoba se consolidó como figura con cuatro tantos.

De acuerdo con la misma fuente, la selección de España llegó al encuentro de cuartos de final tras liderar su grupo en la primera etapa, luego de vencer a Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (7-0). El equipo español estableció diferencias rápidamente ante Marruecos gracias a un arranque intenso, en el que Irene Córdoba anotó tres goles en menos de dos minutos, aprovechando errores en la salida de balón del conjunto marroquí, lo que permitió que las españolas cerrasen la primera mitad con una ventaja considerable.

El medio detalló que, con la ventaja en el marcador, las jugadoras dirigidas por Clàudia Pons bajaron el ritmo, enfrentando una mayor presión defensiva debido a la estrategia de portera-jugadora que Marruecos implementó en la segunda mitad del primer tiempo. Esta táctica rindió fruto parcial cuando Nadia Laftah descontó para el cuadro africano tras una jugada de superioridad ofensiva. No obstante, el conjunto español mantuvo el control del partido y en el inicio del segundo tiempo volvió a marcar diferencias. Irene Córdoba completó su 'póker' particular al sumar el cuarto tanto en su cuenta personal y ampliar la diferencia en el marcador, como detalló el reporte.

El desempeño colectivo permitió que España sumara el quinto gol a través de Martita y, finalmente, Irene Samper —quien ya había asistido a Córdoba en el primer tiempo— anotó el definitivo 6-1 al rematar un tiro de esquina. El medio destacó que, hasta el momento, España permanece invicta en el torneo y alcanzó las semifinales tras dominar a sus rivales, acumulando una amplia ventaja en goles tanto a favor como en contra.

A la espera de conocer si el rival será Brasil o Japón, la seleccionadora Clàudia Pons expresó tras el encuentro, citada por la fuente: “Fue un partido muy serio, no era nada fácil, las emociones y, sobre todo, la presión de querer estar en esa semifinal y seguir soñando. Ha habido algo muy importante, la afición, los familiares, sin ellos, esto sería imposible. Son unos cuartos de final de un Mundial, no hay nada fácil, sabíamos que sería complejo”.

De acuerdo con los datos publicados, España disputa el primer torneo mundialista de la disciplina en condiciones inéditas para la categoría, y continúa en carrera por el título con una racha positiva. La efectiva labor de Irene Córdoba fue clave en el resultado, mientras la estructura colectiva del equipo español se consolidó gracias a una defensa ajustada y una ofensiva resolutiva. Según publicó la fuente, el sistema táctico de Marruecos les permitió ejercer presión por momentos, aunque la respuesta de España fue suficiente para evitar sorpresas y mantener el control durante la mayor parte del encuentro.

La siguiente instancia presentará un desafío adicional, dado el potencial de Brasil, identificado como el favorito del torneo, o la posibilidad de medirse contra Japón, cuyo rendimiento también será determinante tras el enfrentamiento entre ambos equipos asiáticos y sudamericanos. Según la cobertura, los resultados obtenidos por España refuerzan la expectativa de una actuación destacada en la fase decisiva, en la que buscarán acceder a la final del campeonato mundial en Filipinas.

La inminente liberación de nueve marinos filipinos retenidos por los hutíes en el mar Rojo marca un giro en la crisis que se desató tras el hundimiento del carguero Eternity C en julio. Según informaron las autoridades de Filipinas, los tripulantes, que sobrevivieron al ataque contra el buque de bandera liberiana, serán entregados por el grupo insurgente respaldado por Irán, tras semanas de incertidumbre sobre su paradero y condiciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas comunicó que recibió la confirmación desde Omán sobre la próxima liberación de los marinos, quienes permanecían en calidad de rehenes tras el hundimiento del M/V Eternity C en el mar Rojo.

La nota oficial, que atribuye el avance a la mediación del gobierno omaní, detalla que los tripulantes serán trasladados desde Saná, la capital yemení controlada por los hutíes, hacia territorio omaní antes de su repatriación a Filipinas. Un portavoz de la cancillería filipina evitó precisar el calendario de la liberación o si existen condiciones asociadas al proceso.

El ataque al Eternity C, difundido en su momento por los propios hutíes mediante un video, se produjo en un contexto de escalada en la región. El grupo insurgente afirmó entonces haber “rescatado” a un número indeterminado de tripulantes y haberlos llevado a un lugar seguro.

Este incidente coincidió con el hundimiento de otro buque comercial, el Magic Seas, en una serie de acciones que rompieron una tregua de varios meses en los ataques a la navegación en el mar Rojo. Estas agresiones, que los hutíes justifican como represalia contra embarcaciones vinculadas a Israel en apoyo a la causa palestina, han alterado de manera significativa el tráfico marítimo en una ruta que canaliza cerca del 12% del comercio mundial.

La importancia de la tripulación filipina en la industria naviera global es considerable: los marinos de Filipinas representan hasta el 30% de la fuerza laboral en el sector del transporte marítimo comercial. En 2023, las remesas enviadas por estos trabajadores al archipiélago alcanzaron casi USD 7.000 millones, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del total de transferencias recibidas por el país.

el mes pasado, las autoridades hutíes condenaros a muerte por delitos de espionaje a un total de 17 personas y otras dos cumplirán diez años en prisión por su vinculación a una red de espionaje que trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.

El Tribunal Penal Especializado de Saná, la capital yemení, presidido por el juez Yahya al Mansur y el juez Rabie al Zubair ha condenado a 17 individuos a muerte por pelotón de fusilamiento y en público para que sirva de disuasión, según recoge la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes. Uno de los acusados ha sido absuelto.

La sentencia sostiene que los sospechosos espiaron para estos países entre 2024 y 2025 bajo las órdenes del Mossad israelí y utilizando artefactos de comunicación encriptada proporcionados por los servicios secretos israelíes. Asimismo formaron a los espías para utilizar cámaras ocultas y conectarlas con programas de emisión en directo.

Víctimas de recientes tifones en Filipinas tomaron un rol central en las manifestaciones masivas que recorren Manila, acompañadas de autoridades municipales de las regiones más afectadas, según documentó la prensa local. Estas personas, directamente impactadas por desastres naturales recientes, lideraron junto a figuras religiosas la exigencia de que los compromisos estatales para obras hidráulicas y reparación de viviendas se activen sin demoras. En medio de este contexto, la protesta nacional se ha expandido al incorporar actores sociales que anteriormente no participaban y que, ahora, reclaman justicia y transparencia ante el presunto desvío de más de 600.000 millones de pesos filipinos —casi 9.000 millones de euros—, suma presuntamente sustraída de fondos dirigidos a la prevención de desastres y a la infraestructura pública.

Tal como reportó la prensa filipina, la movilización reciente se vio transformada por la presencia inédita de líderes religiosos en la primera línea de las manifestaciones, especialmente la del cardenal Pablo Virgilio David, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas. Este acompañamiento amplificó el alcance de la llamada “Marcha del Billón de Pesos”, desarrollada en coincidencia con el aniversario 162 de Andrés Bonifacio. La consecuencia directa de este apoyo eclesiástico fue la ampliación de la base de participantes, originando un movimiento con dimensiones pocas veces vistas en la historia reciente del país.

Según detallaron distintos medios filipinos, la causa inmediata del movimiento fue la denuncia pública del presunto manejo irregular de un fondo monumental dedicado principalmente a la mitigación de inundaciones, un asunto que resurgió tras los daños que ocasionaron los tifones Kalmaegi y Fung-wong. Las revelaciones sobre los desvíos provocaron una serie de movilizaciones en las ciudades más afectadas por las tormentas, donde residentes y autoridades demandan soluciones rápidas y efectivas a las promesas incumplidas del gobierno en torno a la prevención y respuesta ante catástrofes.

Las investigaciones preliminares, recogidas por la prensa local, identificaron al menos a 37 individuos presuntamente implicados entre altos funcionarios parlamentarios y empresarios vinculados a la construcción. Los informes periodísticos sostienen que los contratos asignados para proyectos de infraestructura presentaron múltiples irregularidades, puesto que muchas de las obras quedaron inconclusas, resultaron defectuosas o simplemente nunca se construyeron. Estos hechos revelaron una onda expansiva de deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización pública.

El efecto directo de estas fallas administrativas, según los medios filipinos, se tradujo en un aumento significativo de fallecimientos y pérdidas materiales, especialmente porque muchas infraestructuras hídricas indispensables para la protección frente a inundaciones no estuvieron listas en el momento en que se necesitaban. En consecuencia, la falta de respuestas y la percepción generalizada de impunidad intensificaron el clima de insatisfacción social, mientras que el escepticismo ante la gestión gubernamental terminó de desatar la escalada de protestas a nivel nacional.

En paralelo, el escenario político adquirió mayor complejidad tras la salida del país del congresista Zaldy Co, uno de los investigados en el escándalo, quien desde el extranjero acusó al presidente Ferdinand Marcos Jr. de participación directa en los hechos. De acuerdo con reportes reproducidos por la prensa local, el gobierno se apresuró a rechazar esas afirmaciones, catalogándolas de “especulativas” y reafirmando que el presidente no poseía vínculos con los actos investigados. Las autoridades ejecutivas insistieron, mediante diversas declaraciones, en el compromiso del mandatario con la transparencia y el respeto por los procesos judiciales que ahora avanzan en tribunales.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. realizó declaraciones públicas, difundidas por medios filipinos, para asegurar que existirán “condenas firmes antes de la próxima Navidad” contra los responsables de los desvíos. La postura oficial busca transmitir control y resolución; sin embargo, organizaciones civiles y manifestantes indicaron a los medios que tales anuncios no resultan suficientes y que, en realidad, la solución requiere reformas profundas en los sistemas de supervisión del gasto y en los mecanismos de rendición de cuentas.

Numerosos analistas y activistas citados por la prensa filipina destacan que la participación de la Iglesia católica marcó un punto de inflexión, favoreciendo que sectores sociales usualmente apartados de la política se sumaran al movimiento. Esta ampliación de la base social elevó la presión sobre las autoridades responsables, aunque las últimas manifestaciones no igualaron el nivel de asistencia registrado a mediados de mes, cuando se estimó la presencia de hasta 700.000 personas en la capital.

La prensa local subrayó que el foco del conflicto permanece en los territorios más castigados por recientes tormentas, espacios donde la inversión pública en infraestructuras hidráulicas resulta vital para prevenir nuevas tragedias. Habitantes y funcionarios de esas áreas insisten en la urgencia de acelerar las reparaciones y de investigar con rigor el destino de los fondos públicos comprometidos. El descrédito institucional y la sensación de agotamiento ante la repetición de tragedias han desembocado en una fase más radical del reclamo social, que plantea la necesidad de cambios estructurales en el manejo de los recursos públicos y sanciones efectivas para los implicados en el escándalo.

El portavoz presidencial Dave Gomez, según cita la prensa nacional, reconoció la magnitud del enojo ciudadano generado principalmente por el impacto de las inundaciones y la incertidumbre presupuestaria. Gomez, en nombre del Ejecutivo, confirmó también el respeto absoluto al derecho a la protesta y aclaró que el presidente no tiene previsto abandonar su cargo. “Va a terminar el trabajo que él mismo comenzó y lo hará sin pestañear”, fueron las palabras pronunciadas por Gomez sobre la determinación de Ferdinand Marcos Jr.

Las crónicas periodísticas muestran cómo los municipios profundamente afectados por los desastres coinciden en ser los principales perjudicados por el presunto desvío de fondos, lo que agregó dificultades adicionales para cuantificar el alcance de las pérdidas generadas. En estos espacios, el reclamo por justicia para las víctimas y castigo a los responsables alimentó una crisis de confianza que amenaza con tener repercusiones en los procesos políticos y administrativos de los próximos meses.

Fuentes expertas consultadas por medios nacionales apuntan a que la inusual visibilidad de figuras religiosas dentro del movimiento social está redefiniendo las formas de organización y la presión política basada en valores éticos colectivos. El impacto de este tipo de liderazgo podría modificar la dinámica de futuros movimientos anticorrupción en el país.

El seguimiento periodístico a las audiencias judiciales y la respuesta ejecutiva sigue de cerca el desarrollo del caso. El foco de las autoridades y de los ciudadanos permanece en la expectativa de avances concretos en la transparencia, el castigo a implicados y la reparación de los afectados por la corrupción y la mala gestión de los fondos públicos. El movimiento, sostenido por una base amplia y variada, mantiene viva la exigencia de reformas profundas en los sistemas de control y fiscalización sobre el gasto gubernamental en Filipinas, según reporta la prensa local.

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong reportó que siete trabajadoras domésticas indonesias fallecieron a consecuencia directa del incendio en el complejo de apartamentos Wang Fuk, un hecho que, según detalló el medio indonesio Republika, desencadenó operativos diplomáticos para el apoyo de las familias y la localización de personas aún desaparecidas. La misma fuente resaltó que la tragedia dejó un saldo confirmado por las autoridades de al menos 128 víctimas fatales y más de 150 personas que siguen sin localizar, predominando entre los afectados la comunidad migrante residente en el lugar.

La investigación en curso relacionada con el incendio ha dado lugar a la detención temporal de ocho personas vinculadas con la administración y mantenimiento del complejo residencial, según consignó Republika. Entre los arrestados figuran dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa Prestige Construction & Engineering, responsable de tareas recientes de renovación en el edificio. Los tres ejecutivos quedaron en libertad bajo fianza mientras continúan las pesquisas. La Policía de Hong Kong mantiene abiertas las indagatorias para determinar posibles negligencias o infracciones a las normas de seguridad durante la gestión y los trabajos desarrollados en la estructura.

Republika recogió el comunicado oficial del Consulado de Indonesia, que afirmó: “Según la coordinación con la Policía de Hong Kong el número total de ciudadanas indonesias fallecidas hasta ahora es de siete”. El texto también destacó que en el complejo siniestrado de Tai Po residían aproximadamente 140 mujeres indonesias empleadas en labores domésticas. El consulado trabaja junto con la policía local en la búsqueda de más nacionales cuyo paradero permanece desconocido, al tiempo que coordina asistencia y apoyo logístico para sus familias.

La presencia de trabajadoras migrantes constituye un aspecto central entre las víctimas del incendio, de acuerdo con la información publicada por Republika. Filipinas, país con una comunidad significativa en Hong Kong, reportó la desaparición de trece trabajadoras domésticas filipinas residentes en Wang Fuk. Hasta la fecha, no se ha confirmado la muerte de ninguna de ellas, aunque las labores de identificación y localización siguen en marcha con la colaboración de las autoridades locales y consulares.

El operativo de respuesta incluyó la intervención de más de 600 agentes policiales que inspeccionaron los dos bloques afectados del conjunto habitacional, según detalló Republika. El medio señaló que, hasta el cierre del operativo, no se hallaron nuevos restos mortales entre los escombros, aunque la cifra de desaparecidos continúa superando las 150 personas.

En cuanto a los factores que contribuyeron a la magnitud del siniestro, el director de servicios de bomberos de Hong Kong, Andy Yeung, declaró al medio indonesio que las peritaciones detectaron deficiencias en los sistemas de alarma contra incendios en los ocho bloques del complejo. Yeung explicó que “los sistemas de alarma podrían no haber funcionado correctamente” y anunció acciones legales contra los contratistas de seguridad encargados del mantenimiento de esos dispositivos. Esta situación motivó una revisión integral de los procedimientos de seguridad y las prácticas de prevención de incendios dentro de la ciudad.

La magnitud del incendio llevó a la emisión de una directiva desde el Consejo Estatal de Seguridad Laboral de la China continental para intensificar la vigilancia sobre la seguridad contra incendios en todo el país, reportó Republika. El plan tiene alcance nacional y se centra en la inspección de edificios altos y estructuras sometidas a reformas o modificaciones. Las autoridades enfatizaron la importancia de evaluar materiales usados habitualmente en renovaciones, como andamios de bambú y redes ignífugas, que se emplean ampliamente en los grandes centros urbanos. Todas las empresas y propietarios de inmuebles deben efectuar autoinspecciones, mientras los entes oficiales supervisan el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad vigentes con el objeto de mitigar riesgos en comunidades vulnerables y entornos residenciales de alta ocupación.

El contexto social de Wang Fuk añade un componente sensible a la tragedia. Según Republika, el complejo forma parte de un programa de viviendas sociales establecido en la década de 1980 y alberga a una comunidad envejecida: más de un tercio de los residentes supera los 65 años, y muchos habitantes han permanecido en el lugar durante décadas. El incendio ocasionó el desplazamiento de un número considerable de adultos mayores, que perdieron tanto sus hogares como pertenencias acumuladas durante años. La cobertura del medio subrayó lagunas en las respuestas institucionales de asistencia temporal y en los mecanismos de reubicación para los damnificados de edad avanzada.

La protección y los derechos de las trabajadoras migrantes han adquirido mayor visibilidad a raíz del incendio, indicó Republika. La cobertura mediática y los pronunciamientos oficiales reflejan un debate creciente respecto a las condiciones laborales y de vida de este sector, que representa una parte sustancial de la población afectada en el complejo Wang Fuk.

Las investigaciones para determinar el origen preciso del fuego persisten, con la tarea de establecer responsabilidades entre los administradores y quienes participaron en las reformas del edificio. El esclarecimiento de las causas y la confirmación de la identidad de todas las víctimas requieren la colaboración continua entre autoridades locales, cuerpos diplomáticos y los organismos de seguridad, según destacó el medio Republika.

El asunto se remonta a marzo, cuando se compartió un vídeo en Facebook que mostraba una manifestación serbia, a la que se incorporaron subtítulos y audio para sugerir, de forma engañosa, que se trataba de una protesta en Países Bajos en apoyo al expresidente filipino Rodrigo Duterte. De acuerdo con Europa Press, los sistemas automatizados de Meta detectaron el contenido como sospechoso de desinformar y lo incluyeron en una lista específica para verificación online. Socios independientes de verificación en Filipinas determinaron que se trataba de una falsificación, aunque no todos los vídeos similares recibieron este mismo tratamiento.

Europa Press detalló que el vídeo en cuestión, a pesar de una denuncia formal por supuesta desinformación presentada por un usuario de la plataforma, no fue eliminado. La decisión de mantenerlo activo fue avalada también por un revisor humano. El usuario denunciante recurrió entonces ante el Consejo asesor de contenido, que finalmente apoyó la postura de Meta con la consideración de que el material no contenía información prohibida por la política sobre desinformación. Estas restricciones apuntan a contenidos especialmente sensibles, por ejemplo, aquellos que afectan a la ubicación de centros de votación, los procedimientos electorales o datos clave como la elegibilidad de candidatos.

Sin embargo, según publicó Europa Press, el Consejo enfatizó en que el vídeo involucraba una manipulación fotorrealista capaz de inducir al engaño, en especial durante circunstancias públicas delicadas. Por esta razón, recomendó el uso de la etiqueta “alto riesgo”, visible para los usuarios al interactuar con el contenido. La sugerencia apunta a incrementar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de material potencialmente engañoso.

El medio Europa Press informó también que el Consejo asesor instó a Meta a revisar sus mecanismos para abordar casos similares en el futuro, principalmente cuando se trata de materiales virales que pueden replicarse con facilidad. Entre las medidas sugeridas figura la priorización de la revisión de contenidos iguales o casi iguales, de forma que se optimicen los recursos de verificación y se apliquen de manera uniforme todas las normativas disponibles. Además, el Consejo reclamó que los equipos de revisión cuenten con herramientas más robustas para efectuar su labor, permitiéndoles identificar y etiquetar con mayor eficacia aquellas publicaciones que representen un riesgo elevado de afectar la percepción pública.

La posición del Consejo asesor de Meta, publicada por Europa Press, incide en la complejidad de abordar la manipulación audiovisual en situaciones políticas sensibles, subrayando la importancia de distinguir entre desinformación prohibida y material engañoso que, si bien no viola normas fundamentales, podría incidir en la opinión pública si no se gestiona adecuadamente. La propuesta de etiquetar contenidos de alto riesgo emerge como mecanismo intermedio enfocado en informar a los usuarios sin recurrir necesariamente a la eliminación de publicaciones, mientras se refuerzan los procesos internos para la detección y gestión de este tipo de casos.

El mundo de las redes sociales en Filipinas se vio sacudido por las muertes en extrañas circunstancias de dos jóvenes influencers: Gina Lima, de 23 años, y su pareja, Iván César Ronquillo, de 24 años. Ambos compartían vivienda en Quezon City, en el área metropolitana de Manila, y mantenían una relación sentimental que seguía de cerca una amplia comunidad de seguidores. El trágico episodio comenzó el domingo 16 de noviembre, cuando Iván encontró el cuerpo sin vida de Gina Lima. Tras el hallazgo, avisó a su padre y, juntos, trasladaron a la joven al hospital, donde finalmente se certificó el fallecimiento.

El caso, que ya desde un principio despertó enormes dudas por la edad de la víctima y la falta de detalles oficiales, adquirió una dimensión aún más compleja apenas tres días después. El 19 de noviembre, Iván César Ronquillo fue encontrado muerto en las escaleras de la vivienda que compartía con Gina. La policía baraja como principal hipótesis la de suicidio por ahorcamiento. Un día antes de este segundo deceso, Iván había publicado un video en sus redes sociales llorando junto al cadáver de su pareja, además de mensajes en los que expresaba su incapacidad para superar la pérdida de Gina.

Mientras la conmoción crecía entre seguidores y medios de comunicación, los detalles sobre la muerte de Gina apenas empezaban a emerger. Hay versiones encontradas en los medios respecto al lugar exacto del hallazgo: algunos señalan que fue en una habitación de hotel, mientras que otros apuntan a la vivienda compartida por la pareja. Sin embargo, todos coinciden en que fue Iván quien la encontró sin signos vitales.

Investigación de las autoridades y hallazgos iniciales

Desde el primer momento, las autoridades filipinas iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de las muertes, dada la proximidad entre ambas y la relación sentimental de las víctimas. En el caso de Gina Lima, el informe médico inicial revela que presentaba lesiones externas no mortales, así como líquido en los pulmones y congestión cardíaca. Hasta el momento, la causa exacta de la muerte sigue pendiente a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas solicitadas por el juzgado.

Durante el levantamiento del cuerpo de Gina, los investigadores incautaron diversos medicamentos y sustancias, entre ellas marihuana, en el lugar donde fue encontrada. Estas evidencias permanecen bajo análisis para determinar si alguna pudo haber contribuido al desenlace fatal, dato que podría esclarecer una parte fundamental del caso.

En cuanto a la muerte de Iván César Ronquillo, las autoridades se centran en la hipótesis de suicidio tras encontrarlo ahorcado en las escaleras de su casa. La presión emocional y el acoso recibido en redes tras la muerte de su pareja son elementos que la familia del joven y las fuerzas de seguridad consideran relevantes para entender su estado anímico en los días previos a su fallecimiento. La investigación policial continúa abierta, sin descartar la posibilidad de que existan factores externos o circunstancias no reveladas que pudieran vincular ambos decesos.

Repercusiones en redes sociales y reacciones familiares

La trágica secuencia de hechos generó una fuerte ola de conmoción y luto entre la comunidad digital que seguía a ambos jóvenes. La muerte de Gina Lima desató numerosas especulaciones, desde la posibilidad de agresión física hasta una presunta sobredosis, a falta de información oficial y resultados forenses definitivos. Iván César compartió su dolor abiertamente en sus perfiles, publicando fotos y videos de despedida junto a Gina, lo que llevó a que muchas personas dirigieran sus comentarios directamente hacia él, algunos en tono negativo y de acoso, según relataron sus familiares.

El padre de Iván expresó su pesar por no haber podido consolar a su hijo antes de morir, y reconoció que la presión a la que estuvo sometido tras la muerte de Gina fue intensa. No obstante, las autoridades han sido claras en cuanto a que Iván nunca fue considerado sospechoso de la muerte de su pareja. Actualmente, tanto la familia de Gina como la de Iván han pedido respeto hasta que concluyan las investigaciones y se obtengan conclusiones definitivas sobre ambas muertes.

Perfil de Gina Lima y trayectoria en redes sociales

Gina Lima, nacida en Bayugan, en la provincia filipina de Agusan del Sur, era la menor de cuatro hermanos y se había convertido en una figura influyente dentro del entorno digital filipino. Con más de 177.000 seguidores en Instagram y notable presencia en TikTok y Facebook, ofrecía a su audiencia contenido variado que incluían secuencias de sus viajes, rutinas cotidianas y, en especial, su desempeño como actriz de cine para adultos.

Su popularidad, incrementada por el carácter abierto de sus publicaciones y su personalidad carismática, la convirtió en un rostro habitual de las tendencias de las redes sociales de su país. La noticia de su muerte no sólo conmocionó a sus seguidores, sino que también generó un intenso debate sobre la exposición a la que están sometidos los creadores de contenido digital y cómo los rumores y especulaciones pueden afectar tanto a las víctimas como a sus entornos cercanos.

Mientras avanzan las investigaciones forenses y policiales, tanto las familias como la comunidad virtual continúan esperando respuestas sobre el doloroso episodio que terminó de forma trágica con la vida de dos jóvenes figuras de la era digital.

En uno de sus videos más recientes en TikTok, el creador de contenido identificado como @floatinggrockvlogs se enfrenta a lo que describe como un “misterioso jugo rojo”, una experiencia que, según sus palabras, se convirtió en lo mejor que ha probado durante su estancia en Colombia.

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La grabación muestra cómo, en un recipiente transparente de gran tamaño, alguien mezcla un líquido rojo espeso en el que flotan trozos de banano, hielo y otras frutas.

Tras probar la bebida, el turista exclama en inglés: “Hermano, ¿por qué esto es tan bueno?, esto es lo mejor que he probado en Colombia hasta ahora”.

Su reacción ha generado comentarios entre usuarios colombianos, quienes identificaron de inmediato la preparación como salpicón.

Entre las respuestas más destacadas se leen frases como: “salpicón espeso que delicia pura fruta”, “mijo a ese salpicón le falta una fruta para convertirse en veneno” y otras personas lo invitaron a seguir probando la diversidad de frutas en el país, “busca un sorbete de guanábana. Colombia país de las frutas”.

El salpicón es una bebida con profundas raíces en la cultura gastronómica colombiana. Aunque su origen exacto permanece incierto, se cree que surgió en las regiones costeras del país y, con el paso del tiempo, se consolidó como un elemento esencial en celebraciones y durante los días calurosos. Su popularidad ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de la diversidad frutal de Colombia.

Algo curioso es que el salpicón, cuya raíz se encuentra en la tradición española, tiene ingredientes muy diferentes: en algunos países, el término alude a un plato frío de carne o pescado desmenuzado y aliñado.

Y es que en su versión tradicional, el salpicón consiste en una mezcla de ingredientes cortados en cubos o deshebrados, que pueden incluir carne de res, pollo, pescado o mariscos. A estos se les añade vinagre, sal, pimienta y una variedad de verduras frescas, como rábano, cebolla, jitomate, lechuga y cilantro. El resultado es un platillo que se sirve frío y que destaca por su sencillez y frescura.

Durante el siglo XVIII, el salpicón de res se consolidó como una comida habitual entre las clases humildes de España, debido a la facilidad de acceso a sus ingredientes. En esa época, la receta tradicional incorporaba tocino, carne de res deshebrada, pimienta, sal, vinagre y diversas verduras. La preparación incluía un estofado lento, al que se agregaban trozos de cebolla, lo que aportaba sabor y textura al conjunto.

Es así como la adaptación del salpicón en América Latina ha dado lugar a interpretaciones propias en cada país. En Colombia, el término se asocia principalmente con esta bebida fría y refrescante, elaborada a partir de jugo y trozos de frutas, que se consume especialmente en climas cálidos.

Esta variante contrasta con las versiones de otros países latinoamericanos, donde el salpicón mantiene su carácter de plato a base de carne o pescado.

La tradición oral de Popayán conserva otra historia singular sobre el origen del salpicón. Según se dice en una jornada marcada por el calor y el cansancio, Simón Bolívar y sus soldados arribaron a la ciudad tras un extenso trayecto.

Fue entonces cuando Baudilia, una mulata descendiente de esclavos, decidió preparar una mezcla de frutas frescas, a la que añadió hielo traído desde el nevado del Puracé y decoró con un dulce de mora de castilla, receta que había aprendido de una familia española y desde ese momento, el salpicón preparado por Baudilia se transformó en el platillo predilecto de Bolívar.

La evolución del salpicón, desde sus humildes orígenes en España hasta su diversificación en América Latina, evidencia la capacidad de la gastronomía para transformarse y adaptarse a los gustos y recursos de cada región.

Las recientes declaraciones del congresista Zaldy Co, quien salió de Filipinas tras ser relacionado con un millonario desfalco, han elevado la tensión política al acusar directamente al presidente Ferdinand Marcos Jr. de estar implicado en la trama de corrupción, según reportó ABS-CBN. Mientras el Gobierno ha minimizado estas palabras señalándolas como “especulaciones”, el impacto social y mediático de este mensaje ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo. En este contexto, se desarrolla una movilización masiva en Manila contra el presunto desvío de fondos públicos, convocatoria que ha congregado a más de 600.000 participantes según cifras oficiales.

De acuerdo con información difundida por ABS-CBN y citada por otros medios internacionales, la Iglesia ni Cristo fue responsable de la organización de esta marcha bajo el lema “Marcha por la Transparencia y por una Democracia Mejor”. Las protestas, que se extienden desde el sábado y se planea continúen hasta el martes, se concentran principalmente en el parque Rizal en Manila y se han sostenido de manera continua, tal como han confirmado las propias autoridades y voceros de la organización religiosa. El objetivo declarado es exigir transparencia y rechazar cualquier manipulación política de las demandas ciudadanas, como destacó el portavoz Edwil Zabala, quien subrayó que la protesta no busca derrocar al Gobierno sino centrar la atención en la verdad y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

El escándalo de corrupción que desató la movilización involucra a aliados cercanos al presidente Marcos Jr. y se centra en el destino de 9.000 millones de euros asignados a proyectos de control de inundaciones. ABS-CBN detalló que investigaciones señalan la apropiación ilícita de una parte sustancial de estos recursos a través de contratos con empresas privadas que presentaron proyectos ficticios y ejecutaron obras con deficiencias. La problemática ha cobrado relevancia después de que el paso de los tifones Kalmaegi y Fung-wong provocaran más de 250 muertes y daños extensos en zonas donde, según los planes oficiales, las recientes infraestructuras debían reducir los riesgos de inundaciones.

A la marcha en Manila se sumó otra gran concentración en el Monumento al Poder del Pueblo en la ciudad de Quezón, donde cerca de 45.000 personas, movilizadas por la Iniciativa Unida del Pueblo, se manifestaron también en busca de esclarecimientos públicos. Este grupo está compuesto en buena medida por oficiales militares en retiro, quienes a través de un comunicado instaron a Marcos Jr. a responder ante las denuncias y restaurar la confianza en la máxima magistratura del país. El texto afirmaba que las acusaciones en curso “son demasiado graves para deshecharlas, demasiado detalladas para ignorarlas y demasiado importantes para no responderlas”, una situación que mantiene el debate en el centro de la agenda política.

La investigación formal incluye ahora a 37 personas consideradas de alto perfil, entre ellos varios senadores, miembros del Congreso y empresarios beneficiados por contratos estatales, según la información recopilada por ABS-CBN. El caso ha removido a diferentes sectores de la sociedad, promoviendo un raro consenso entre agrupaciones religiosas, organizaciones laicas y participantes ajenos a la militancia partidista habitual.

El Ejecutivo, por su parte, ha tratado de mostrar atención inmediata ante las manifestaciones. Dave Gómez, portavoz de la presidencia, aseguró en declaraciones recogidas por ABS-CBN que el presidente Marcos Jr. seguía de cerca la evolución de los acontecimientos desde el Palacio de Malacañán y que se encuentra pendiente del curso de las protestas. En un intento por reducir la presión social y política, el presidente hizo público el compromiso de que los principales responsables enfrentarán penas de prisión antes de Navidad. Sin embargo, la persistencia de las protestas refleja que estos anuncios no han logrado disipar el escepticismo sobre una eventual rendición de cuentas efectiva.

La protesta liderada por la Iglesia ni Cristo, junto con la participación de gremios civiles y militares, pone de manifiesto el reclamo por una revisión de los mecanismos de control en la gestión de fondos públicos. ABS-CBN remarcó que los asistentes no solo exigen castigo para quienes cometieron el fraude, sino que piden garantías institucionales para evitar nuevos episodios de corrupción. Durante las marchas, oradores y participantes señalaron directamente al entorno del presidente y demandaron respuestas concretas ante la magnitud de los recursos comprometidos y la relevancia de las víctimas afectadas por las recientes catástrofes, cuya prevención dependía de estos proyectos.

La magnitud de los eventos movilizados en la capital filipina y la ciudad de Quezón, así como la amplitud de sectores representados, marcan un hecho poco frecuente en la historia reciente filipina. Según remarcó ABS-CBN, el llamado a la rendición de cuentas y a la vigilancia ciudadana ha mantenido la continuidad de las movilizaciones, situando la batalla contra la corrupción y la exigencia de transparencia como puntos prioritarios en la esfera pública y política del país.

La reciente decisión de Estados Unidos de eliminar los aranceles “recíprocos” sobre más de mil millones de dólares en productos agrícolas de Filipinas marca un cambio significativo en la relación comercial entre ambos países, según informaron funcionarios en Manila. Esta medida, anunciada tras la supresión de gravámenes por parte del presidente Donald Trump, permitirá que casi la mitad de los 14.500 millones de dólares en exportaciones filipinas hacia el mercado estadounidense ingresen ahora libres de tarifas, lo que representa un alivio para sectores clave de la economía filipina.

Entre los productos beneficiados por la exención se encuentran bananas, cocos, mangos, guayabas deshidratadas, café, té, especias y ciertos fertilizantes, que anteriormente estaban sujetos a un arancel del diecinueve por ciento. De acuerdo con el departamento de comercio filipino, estos bienes agrícolas generaron más de mil millones de dólares en exportaciones durante 2024, mientras que los productos industriales, como los semiconductores, alcanzaron un valor de 5.800 millones de dólares.

La Casa Blanca explicó el viernes que la eliminación de los aranceles agrícolas responde tanto al “progreso sustancial en las negociaciones comerciales recíprocas” como a la “demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad doméstica para producirlos, entre otros factores”. Esta declaración subraya la importancia de los avances en las conversaciones bilaterales y la coyuntura económica interna de Estados Unidos.

Frederick Go, asistente especial del presidente filipino para inversiones y asuntos económicos, y próximo ministro de Finanzas, destacó la relevancia de la medida para el sector rural: “La exención de estos productos agrícolas del arancel del diecinueve por ciento fortalecerá la competitividad de nuestras exportaciones agrícolas, generará empleos y robustecerá las cadenas de suministro”, afirmó Go, quien fue designado el lunes por el presidente Ferdinand Marcos Jr. como su próximo secretario de Finanzas. Go calificó el cambio como “una victoria para la agricultura filipina y nuestra comunidad exportadora”.

El sector de los semiconductores ocupa un lugar central en la economía filipina, ya que el país se ha consolidado como un centro de manufactura para el ensamblaje, prueba y empaquetado de estos productos, que representan cerca de una cuarta parte de las exportaciones filipinas a Estados Unidos. No obstante, las autoridades aclararon que estos avances no constituyen un acuerdo comercial definitivo entre Manila y Washington, aliados históricos en la región.

A pesar de la eliminación de aranceles para numerosos productos, otros rubros como prendas de vestir, textiles y muebles permanecen en la “lista de deseos” de Filipinas dentro de las negociaciones en curso, según precisó Go. El país perdió su ventaja comercial cuando Estados Unidos impuso en julio un arancel del diecinueve por ciento a la mayoría de sus bienes, alineándose con la política aplicada a otras economías principales de la ASEAN. Esta tasa superó en dos puntos porcentuales el diecisiete por ciento anunciado previamente por Trump durante el denominado Día de la Liberación en abril.

Tanto Go como la secretaria de Comercio, Cristina Roque, manifestaron su confianza en que la exención de aranceles impulsará la economía filipina, que enfrenta el desafío de reactivar su crecimiento tras registrar una expansión del producto interno bruto del cuatro por ciento en el tercer trimestre, cifra inferior a las expectativas de los analistas. Este desempeño se vio afectado por un escándalo de corrupción de varios miles de millones de dólares relacionado con fondos destinados a defensas contra inundaciones.

La economía filipina depende en gran medida del consumo interno, dado que carece de grandes industrias manufactureras como las que sostienen el crecimiento de otras economías en desarrollo. En este contexto, la moneda local, el peso filipino, alcanzó un mínimo histórico de 59,17 frente al dólar el 12 de noviembre y cotizaba a 58,9 por dólar en la tarde del martes.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, destacó este lunes el potencial del “triángulo estratégico” formado por Corea del Sur, Japón y Filipinas frente a la presión de Corea del Norte y China. Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que China inició maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo, en un contexto de crecientes tensiones entre Tokio y Beijing, según un artículo publicado en la página web de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK).

Brunson subrayó que "Corea del Sur, Japón y Filipinas conforman una red interconectada, en lugar de tres relaciones bilaterales separadas. Cada socio aporta una capacidad distintiva", según recoge la publicación de USFK. El militar resaltó la "profundidad estratégica" de Corea del Sur, la "ventaja tecnológica y el alcance marítimo" de Japón y la relevancia de Filipinas por su acceso a "rutas marítimas clave“, promoviendo la necesidad de un nuevo enfoque sobre la posición geográfica de estos aliados de Estados Unidos frente a la influencia china en el Indopacífico.

En una comparecencia ante los medios celebrada el lunes, tras la publicación el domingo de un ensayo en ese sentido, Brunson enfatizó también el papel de Manila como elemento disuasorio no solo ante la influencia de China, sino también frente a las amenazas de Pyongyang. Según el jefe militar, existen "oportunidades para una mayor cooperación trilateral que pueden no ser inmediatamente evidentes desde las perspectivas tradicionales".

Las declaraciones de Brunson coinciden con un aumento de las tensiones en la región. El malestar entre Tokio y Beijing se intensificó tras unas recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que un ataque militar chino sobre Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas. Como respuesta, el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicó en redes sociales un comentario violento tras compartir un artículo del diario Asahi donde hacía referencia a las palabras de Takaichi: “No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. ¿Están preparados?”. El mensaje fue posteriormente borrado, pero desató un nuevo capítulo de fricciones entre los vecinos asiáticos.

Por otra parte, A principios de mes sumó otro motivo de preocupación en la península coreana. El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur a las 12:40 hora local (3:40 GMT). El lanzamiento se produjo un día después de que Pyongyang prometiera “responder de forma apropiada” a las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la semana anterior sancionó a ocho individuos y dos empresas acusados de blanqueo de capitales para financiar el programa de armas nucleares norcoreano.

Washington señaló que Corea del Norte dirige ciberataques y otras operaciones ilícitas que, en los últimos tres años, han generado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas para sostener sus programas armamentísticos. Ante la presión de las sanciones estadounidenses e internacionales, el régimen norcoreano recurre a estas actividades clandestinas, según fuentes del Gobierno de Estados Unidos.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó el mismo día el lanzamiento norcoreano, indicando ante la prensa que “se cree que ha caído fuera de la ZEE (zona económica exclusiva) de nuestro país y, por el momento, no hay información confirmada sobre daños". El precedente lanzamiento de un misil balístico norcoreano tuvo lugar el 22 de octubre, en la primera ocasión en que Pyongyang realizó esta clase de prueba desde la investidura en junio del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y pocos días antes de la visita a Corea del Sur del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Con información de EFE)

Las secuelas del supertifón 'Fung Wong' en el noroeste de Filipinas han dejado a miles de familias desplazadas y forzadas a buscar refugio en instalaciones temporales, tal como reportó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este fenómeno climático extremo ha impactado fuertemente la infraestructura residencial y educativa, con más de 15.000 aulas dañadas y más de 900 escuelas públicas utilizadas como alojamientos de emergencia. UNICEF señaló que esta situación ha privado a millones de menores de sus espacios habituales para la educación y el esparcimiento, incrementando la urgencia de una respuesta inmediata y de largo plazo. Según precisó la agencia de la ONU, más de 1,7 millones de niñas y niños resultaron afectados directamente por el paso del supertifón, fenómeno que también causó la muerte de al menos 25 personas y dejó cerca de treinta heridos.

De acuerdo con lo difundido por UNICEF, la infancia filipina vive una situación de creciente vulnerabilidad ante la frecuencia e intensidad de sucesos meteorológicos severos en la región. El acceso de la niñez afectada a los servicios básicos de educación y salud enfrenta graves obstáculos, mientras que las familias apenas logran recuperarse de una emergencia antes de que otra nueva crisis borre los pocos avances conseguidos. “Los niños, niñas y sus familias apenas logran recuperarse de una crisis cuando llega la siguiente, devolviéndolos al punto de partida. En un mundo donde los desastres climáticos son cada vez más frecuentes e intensos, los más vulnerables no deberían pagar el precio más alto”, declaró la representante de UNICEF en Filipinas, Kyungsun Kim.

Según recogió el organismo internacional, los riesgos actuales que enfrenta la población infantil tras el tifón incluyen un aumento en las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, afectaciones a la salud mental y desnutrición. La interrupción del aprendizaje, producto de la destrucción de infraestructuras educativas y el uso de escuelas como refugios, agrava la situación psicológica y educativa de los menores, de acuerdo con UNICEF. El medio también puntualizó que la pérdida de espacios seguros para aprender y jugar enfatiza la necesidad urgente de servicios de apoyo psicosocial y protección infantil.

Tal como detalló la agencia de Naciones Unidas, Filipinas figura como el país más vulnerable del mundo ante desastres naturales, según el Índice Mundial de Riesgo. Este contexto ha llevado a UNICEF a promover, no solo la asistencia humanitaria inmediata, sino también la adopción de políticas climáticas con enfoque en la infancia y la implementación de servicios sociales que resistan los impactos climáticos, incluyendo la gestión y movilización de fondos dirigidos a responder a emergencias de este tipo. “Defendemos un enfoque integral: ofrecer apoyo vital urgente mientras impulsamos políticas climáticas centradas en la infancia, servicios sociales resilientes al clima y la movilización de financiación climática para proteger a las comunidades”, señaló Kyungsun Kim en declaraciones recogidas por el propio organismo.

Para responder a esta emergencia, UNICEF colabora con el Gobierno de Filipinas y otros socios implementando evaluaciones conjuntas sobre necesidades urgentes en áreas de agua, saneamiento e higiene, salud, nutrición, educación y protección social. Esta cooperación interinstitucional busca identificar rápidamente las prioridades para la recuperación, indicó el medio de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, ya se distribuyen recursos de emergencia almacenados previamente en las sedes de UNICEF en Manila y Cotabato, con el propósito de acelerar la llegada de ayuda a los damnificados.

El organismo informó que suministros nutricionales de emergencia se entregan para mantener el tratamiento de los niños con desnutrición diagnosticada. Adicionalmente, UNICEF lanzará una distribución de 540.000 dólares (alrededor de 510.000 euros) como ayuda económica de emergencia dirigida a los hogares más vulnerables de la provincia de Catanduanes, una de las áreas más afectadas por el fenómeno, señaló el reporte.

UNICEF reiteró en su valoración que el cúmulo de desafíos para los menores filipinos crece tras cada desastre, con graves consecuencias para su desarrollo y bienestar. El reporte de la agencia de la ONU alerta sobre la urgencia de reforzar tanto la asistencia inmediata como las soluciones sostenibles para proteger a la infancia ante los impactos recurrentes de los desastres naturales en el país.