La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra Óscar “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de dos mujeres y la tentativa de homicidio de dos hombres. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido con un arma blanca a su pareja y a la hija adolescente de ella. Ambas perdieron la vida a causa de las lesiones sufridas durante el ataque.

Los hechos del ataque en Tláhuac

Durante la agresión, la pareja de Óscar “N” logró comunicarse por teléfono con sus familiares para pedir auxilio. Por esa llamada, su padre y un vecino acudieron al domicilio donde ocurría el ataque.

Al llegar, ambos hombres también fueron agredidos por el imputado y resultaron lesionados. Los dos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, junto con el propio agresor, quien también resultó herido.

Detención y proceso judicial

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Óscar “N”. El hombre también fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Con los datos de prueba reunidos durante la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en su contra. La medida fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 5 de noviembre, una vez que el imputado recibió el alta médica.

Posteriormente, Óscar “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Investigación y pruebas recabadas

Como parte de las diligencias, agentes de la PDI inspeccionaron el lugar de los hechos y entrevistaron a testigos. También solicitaron videograbaciones de cámaras particulares y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

A ello se sumaron dictámenes periciales en tres áreas: medicina legal, criminalística de campo y química forense. Con el conjunto de esos elementos, el Ministerio Público integró la carpeta que sustentó la solicitud de la orden de aprehensión.

Esa recopilación de evidencia permitió formular los cargos específicos contra el imputado. El resultado de las pericias y los testimonios recabados fue determinante para que la autoridad judicial resolviera sobre su situación jurídica.

Cargos formales y postura institucional

La orden de aprehensión ejecutada contra Óscar “N” corresponde a los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado en grado de tentativa. Ambas calificaciones derivan de los hechos ocurridos contra las dos mujeres fallecidas y los dos hombres lesionados.

La Fiscalía CDMX señaló su compromiso de investigar los delitos cometidos contra las mujeres con perspectiva de género. La dependencia indicó que buscará esclarecer los hechos, identificar a quienes participaron y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Feminicidios en la zona: antecedentes y cifras oficiales

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tláhuac acumuló 26 feminicidios entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026. La alcaldía se ubica entre las demarcaciones con menor incidencia del delito en ese periodo, por debajo de Iztapalapa (88), Gustavo A. Madero (57) y Cuauhtémoc (56).

El caso de Óscar “N” no es el único registrado en la demarcación este año. En septiembre de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 93 años y cuatro meses de prisión a Gregorio “N” por el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido también en Tláhuac, en octubre de 2024. En ese caso, la víctima fue atacada con un cuchillo dentro de la vivienda que compartía con el sentenciado.

En el conjunto de la capital, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 27 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, lo que representó una disminución del 12.9% respecto al mismo periodo de 2025. La alcaldía Venustiano Carranza encabezó los registros del año con cinco casos, seguida de Gustavo A. Madero con cuatro.

Durante 2025, la Ciudad de México cerró con 44 feminicidios, de acuerdo con el SESNSP. El Atlas de la Fiscalía capitalina señala que 2020 fue el año con mayor incidencia del periodo analizado, con 82 casos, mientras que 2025 registró la cifra más baja, con 46.

La estudiante de Ciencias de la Comunicación salió la noche del sábado 7 de noviembre para reunirse con un grupo de amigas y conocidos del barrio. Entre los asistentes también estuvo un joven identificado como Sebastián Y., de 27 años, quien, según los familiares, pretendía a la víctima desde hacía varios meses.

De acuerdo con el reporte por Exitosa, el hombre se ofreció a trasladar a Yastelin hasta su vivienda durante la madrugada del domingo. Sin embargo, la joven nunca llegó a su destino. Horas después, sus amigas recibieron información que las llevó hasta un terreno descampado, donde encontraron su cuerpo.

El caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras el intervenido fue trasladado a la comisaría de Pro. Las primeras diligencias se concentraron en establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima y cuál fue la participación del hombre que estuvo con ella antes del crimen.

GPS permitió a sus amigas ubicar el último paradero de Yastelin

Uno de los elementos que permitió descubrir el lugar donde se encontraba la joven fue la ubicación en tiempo real que compartió con su grupo de amigas a través del celular. Según el testimonio de una de ellas, la víctima envió su localización entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada del domingo.

La amiga explicó que, después de retirarse de la reunión, revisó el GPS para comprobar si Yastelin ya estaba en su domicilio. Sin embargo, el punto del mapa todavía aparecía en las inmediaciones del lugar donde se realizó el encuentro. Al revisar nuevamente el teléfono, observó que la ubicación permanecía en una zona descampada.

La señal también registró desplazamientos en el mismo sector. El punto aparecía en diferentes posiciones y regresaba al área donde finalmente fue encontrada la joven. Este movimiento llamó la atención de sus amigas, quienes decidieron acudir al lugar para verificar qué ocurría.

Al llegar al terreno, encontraron a Yastelin sin vida entre la maleza. La amiga que relató lo sucedido también indicó que el hombre se encontraba cerca del cuerpo y que, al advertir la presencia de las jóvenes, realizó movimientos que llamaron su atención.

Joven fue encontrada sin vida cerca de su presunto agresor

El hallazgo ocurrió en un descampado de Chuquitanta, cerca de la avenida Prolongación Naranjal, en San Martín de Porres. El terreno corresponde a una chacra con vegetación y caminos de difícil acceso, rodeada de terrenos agrícolas.

La amiga que llegó hasta el lugar describió las condiciones en las que encontraron a la víctima. Según su relato difundido, Yastelin estaba sin ropa, tenía una cuerda alrededor del cuello y presentaba barro en el rostro y el cabello.

La testigo también señaló que el hombre se encontraba a poca distancia de la joven cuando sus amigas llegaron. Su comportamiento llamó la atención del grupo, que centró sus esfuerzos iniciales en auxiliar a la víctima y comunicar lo sucedido a las autoridades.

El reporte de Exitosa también recogió información sobre una bebida alcohólica que el hombre habría comprado durante la reunión. De acuerdo con las amigas, algunas personas que consumieron ese producto presentaron malestar después del encuentro. Este aspecto también forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse.

PNP intervino a hombre de 27 años y encontró motocicleta cerca del lugar

La Policía Nacional del Perú acudió al descampado para realizar las primeras diligencias. Los agentes de criminalística participaron en las actuaciones para el levantamiento del cadáver y la recopilación de evidencias.

Durante la intervención, los efectivos encontraron una motocicleta negra cerca del lugar donde apareció el cuerpo. El conductor fue identificado como Sebastián Yauri, de 27 años, y trasladado a la Comisaría de Pro, donde quedó detenido mientras avanzan las investigaciones.

Según los familiares de la víctima, el hombre pretendía a Yastelin desde hacía varios meses. Asimismo, el sujeto asistió a la reunión social y se ofreció a llevarla a su casa en su motocicleta, pero la joven terminó en una zona alejada de la ciudad.

Por otro lado, la información policial recogida señala que el cuerpo presentaba indicios de violencia sexual. Las circunstancias del crimen y las posibles responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pericias y diligencias correspondientes.

Madre de la víctima exige justicia por el asesinato

La muerte de Yastelin también generó la exigencia de justicia por parte de sus familiares. La joven tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Comunicación y trabajaba para cubrir los gastos de su formación académica.

La madre de la víctima pidió que las autoridades esclarezcan el crimen e identifiquen a los responsables. La investigación deberá establecer qué ocurrió desde el momento en que la estudiante salió de la reunión hasta su llegada al descampado de Chuquitanta.

Una mujer de 36 años fue violentamente asesinada a tiros tras aceptar una invitación a cenar, las autoridades determinaron que el crimen ocurrió a manos de su expareja, al interior de un apartamento residencial de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Las hijas de la pareja habrían sido testigos de la escena ocurrida la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La víctima fue identificada como Jocelyn Ceballo Matrillé, oriunda de San Francisco de Macorís. De acuerdo con la información preliminar, había viajado junto a sus dos hijas tras recibir una supuesta invitación para compartir una cena en Santo Domingo.

Por razones que aún investigan las autoridades, la mujer y las menores llegaron al residencial Caonabo Tower, ubicado en la entrada de San Juan de la Maguana. Allí se produjo el ataque.

La expareja de la víctima fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, fue detenido por las autoridades poco después del hecho. La Policía Nacional informó que el hombre se movilizaba en una yipeta Chevrolet cuando integrantes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación lo arrestaron en flagrante delito.

Las autoridades confirmaron que las dos niñas permanecían en el apartamento en el momento del crimen.

Medios locales señalaron que la pareja se había separado por presuntos episodios de violencia atribuidos a la expareja de la víctima. Ambos tenían una hija en común.

Las autoridades locales detallaron que Ceballo Matrillé murió por un shock hemorrágico causado por heridas de proyectil de arma de fuego.

La Policía ocupó una pistola y casquillos en el apartamento

Técnicos de la Policía Científica recolectaron en la escena una pistola marca Alfa, calibre 9 milímetros, con un cargador y seis cápsulas. También ocuparon casquillos, un proyectil mutilado y otros elementos que integran la investigación.

Moya Tavares permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público. Las pesquisas buscan establecer la secuencia del crimen, el vínculo entre la supuesta invitación y el encuentro en el residencial, además de determinar si existían antecedentes que revelaran una situación de riesgo para Ceballo Matrillé.

Un segundo caso de violencia contra las mujeres se registró este fin de semana en la provincia de Valverde, República Dominicana. Una mujer de 47 años murió tras recibir varios disparos que, según las informaciones preliminares, fueron efectuados por su expareja, quien intentó quitarse la vida en la escena.

La víctima fue identificada como Rosanny del Carmen Almonte Molina. El hecho ocurrió cerca de las 14:20 del sábado en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza. La información disponible señala que el hombre señalado por el ataque es Leonalfry Torres Hernández, conocido como “Leo”.

Tras los disparos, Torres Hernández se ocasionó lesiones y fue trasladado a un centro de salud de Esperanza. Hasta el momento, no se ha informado su condición médica ni si quedó bajo custodia policial.

Un familiar de Almonte Molina afirmó que la mujer había atravesado episodios previos de violencia en la relación y que existía una orden de alejamiento contra su pareja.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar para iniciar las diligencias. Los investigadores buscan establecer la secuencia del ataque.

Tres mujeres fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda ubicada en una zona rural de Toro, Valle del Cauca, según un reporte divulgado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El ataque ocurrió el 6 de noviembre y fue registrado como la masacre número 104 de 2026 por esa organización.

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez. De acuerdo con la información difundida, hombres armados llegaron al inmueble donde permanecían las mujeres y abrieron fuego de forma “indiscriminada”.

El informe señala que las tres personas murieron en el lugar tras la incursión armada. Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias previas al ataque ni confirma la identidad de los responsables.

Indepaz alertó por disputas territoriales y economías ilegales

El caso ocurrió en un municipio donde persiste un escenario de riesgo asociado a la disputa por el dominio territorial y las rentas ilegales, con especial incidencia del narcotráfico y el expendio de drogas, según Indepaz.

La entidad advirtió que esas confrontaciones pueden derivar en “homicidios, amenazas y extorsiones”, con consecuencias para la población civil de Toro y otras localidades cercanas. La Defensoría del Pueblo también había alertado sobre la continuidad y el agravamiento de estas tensiones en la zona.

El reporte incluyó entre los actores armados con presencia en el área al Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y agrupaciones de carácter local. La región está bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército colombiano.

Tras lo anterior, el alcalde de Toro, Fredy Valencia, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de tres mujeres.

El ataque fue la masacre número 104 registrada en 2026

Con este hecho, Indepaz contabilizó 104 masacres en Colombia durante 2026. La organización define estos episodios como ataques en los que son asesinadas tres o más personas en un mismo contexto y lugar.

La masacre vuelve a poner el foco sobre la situación de seguridad en sectores rurales de Valle del Cauca, donde las comunidades enfrentan la presencia de estructuras armadas y la disputa por actividades ilícitas.

La investigación deberá establecer quiénes participaron en el crimen y si el hecho estuvo relacionado con las dinámicas de violencia descritas por los organismos de alerta temprana.

Cuatro muertos y 15 heridos tras la explosión de un camión en Planadas, Tolima

Cuatro personas murieron y al menos 15 resultaron heridas después de que un camión explotó en el barrio Aeropuerto de Planadas, Tolima. El estallido dejó víctimas civiles, entre ellas una menor de dos meses, y provocó daños en varias cuadras del sector residencial, de acuerdo con Indepaz.

La organización informó que el vehículo, al parecer, se dirigía contra una unidad militar situada en esa área. La detonación ocurrió el 1 de noviembre de 2026. Las víctimas fallecieron en el lugar.

Indepaz clasificó el episodio como la masacre número 103 registrada en Colombia durante 2026, pues cuatro personas perdieron la vida en un mismo escenario. Además de los fallecidos, el balance preliminar indicó que hubo 15 lesionados, todos residentes de la zona donde se produjo la explosión.

La Alerta Temprana 016 de 2022 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre una recomposición de actores ilegales en Planadas. El documento señaló que varias organizaciones buscan recuperar presencia en áreas rurales del sur del departamento y que la confrontación se relaciona con mecanismos de dominio territorial y social.

Entre los grupos mencionados por Indepaz figuran el Bloque Central Isaías Pardo, con los frentes Gerónimo Galeano e Ismael Ruiz; la Segunda Marquetalia; el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de bandas locales. El municipio se encuentra bajo jurisdicción de la Quinta División del Ejército Nacional.

La organización señaló que la zona corresponde a la jurisdicción militar de la Quinta División del Ejército Nacional al momento de su reporte público sobre el ataque.

Los ahora procesados fueron capturados el 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante procedimientos de allanamiento y registro efectuados con órdenes judiciales. Fueron identificados como Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían colaborado en actos posteriores al crimen, luego del ataque en un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Potosí.

La imputación y la medida de aseguramiento

Según el reporte de la Fiscalía, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo de la víctima.

La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices, según la responsabilidad individual atribuida a cada uno. Los dos procesados no aceptaron los cargos.

“Se les atribuye este comportamiento a título de cómplices en modalidad de comportamiento doloso. ¿Eso qué quiere decir, señores Ángelo y Cristian? Pues que ustedes conocían lo que ahí pasaba, que ahí se le estaba dando muerte a una mujer en estado de gestación. Y ustedes quisieron concurrir y comparecer en forma voluntaria ahí a ese lugar para explicar los actos posteriores de dejar el cuerpo sin vida en el lugar donde fue encontrado. Ustedes tuvieron voluntad de realización”, determinó el juez durante la audiencia de judicialización.

Según la información oficial suministrada por la Fiscalía, la joven llegó al inmueble acompañada por una mujer que presuntamente se ganó su confianza al fingir que también estaba embarazada.

En ese lugar, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante hasta su muerte. De hecho, tras la investigación, el fiscal del caso indicó que luego de consumada la muerte de Potosí, le habrían extraído a la bebé mediante un procedimiento rudimentario.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Moncayo Solano y Ochoa Ríos habrían ayudado a subir el cuerpo a un vehículo manejado por otras personas. Luego, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa para abandonar el cuerpo en el cuerpo hídrico que movió los restos inertes de Potosí.

“Ángel Ochoa Críos y, Cristian Camilo Moncayo Solano, llegaron a este pueblo para prestar la ayuda posterior de extraer el cuerpo sin vida. Vigilaron ustedes que ya fuera a altas horas de la noche, que el lugar, calle y cuadra de ese barrio estuviera despejado. Este, junto con otros dos sujetos que los conocemos con el alias de El Mono y ‘Plátano’, aún todavía no identificados dentro de este caso, extraen el cuerpo sin vida”, dijo el ente acusador.

“Para ello, el vehículo que en ese momento era conducido por el ciudadano identificado como Juan José Garmarve Rodríguez. Mientras que usted, Ángelo, y usted, Cristian Camilo, y también otro sujeto conocido como Marvin, custodiaban el vehículo movilizándose en dos motocicletas. El cuerpo finalmente lo arrojaron a la altura del kilómetro tres, callejón La Pedregosa, sector El Vagón, del corregimiento de La Buitrera, concretamente al río Meléndez de esta ciudad de Cali”, fue el relato del juez.

El cuerpo fue hallado cuatro días después en otro punto

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos de la mujer el 20 de julio del año en curso, durante las labores de búsqueda por su desaparición. El hallazgo ocurrió cerca del punto en el que dejaron el cuerpo inicialmente, en el corregimiento La Buitrera, en Cali.

Diez días después, las autoridades encontraron sin vida a la bebé en inmediaciones del mismo sector, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

“Con ese comportamiento, indudablemente integraron ustedes ese engranaje delincuencial que termina con la finalización de la vida de una joven mujer. Además de eso, madre en espera del nacimiento de una hija, acabándose y transgrediendo así el bien jurídico de la vida de una persona. Se tiene evidencia que ustedes no fueron obligados, que actuaron con total conocimiento de causa”, agregó el juez en medio de la audiencia.

Cinco personas ya estaban privadas de la libertad por el caso

Por los mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

No obstante, desde el ente investigador se indicó que la búsqueda por el esclarecimiento de los hechos aún no cesa. De hecho, los fiscales aún continúan con la investigación para determinar con el mayor de los detalles la participación de cada uno de los involucrados en el crimen y en el posterior ocultamiento del cuerpo de la joven y su bebé.

Uno de los resultados más importantes de esta acción desplegada por las autoridades en la capital de Valle del Cauca permitió dar captura a dos sujetos señalados de participar en el homicidio de María Camila Potosí, la joven que tenía ocho meses de embarazo y cuyo cuerpo fue hallado el 20 de julio de 2026, luego de que se reportó su desaparición cuatro días antes (16 de julio), y que apareció (junto con los restos del feto) a orillas del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3, en el corregimiento de La Buitrera.

“Capturamos a los dos homicidas de María Camila, responsables del feminicidio de esta niña caleña y de su hija en el mes de julio”, señaló Eder por medio de un video que compartió el mismo jueves desde su cuenta de X. Los dos aprehendidos fueron identificados con los alias de Anyelo y “Cristian”.

Sobre los dos jóvenes (26 y 23 años), el reporte menciona que uno fue ubicado en la vereda El Chontaduro, en Jamundí; el otro fue arrestado en un conjunto residencial del barrio Brisas de los Álamos, en Cali.

Ambos tendrán que responder ante la Fiscalía por los delitos de feminicidio, desaparición forzada y ocultamiento de pruebas.

“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, recalcó el mandatario local, y se suma a las otras cinco personas aprehendidas hasta el momento (cuatro hombres y una mujer).

Al final, Eder sentenció: “Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia”.

La intervención reunió a 1.781 integrantes de la Policía Nacional, 285 hombres del Ejército Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo fue materializar más de 140 órdenes de captura en ocho comunas y 14 barrios de Cali.

Eder estuvo presente desde las primeras horas en el barrio República de Israel, junto con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el subdirector de la Policía Nacional, mayor general Norberto Mujica.

“No le vamos a dar tregua a los bandidos, estamos desarticulando 10 grupos de delincuencia. No vamos a permitir que sigan afectando la tranquilidad de los caleños”, destacó el alcalde en declaraciones a medios de comunicación.

Iron 2.0 amplió los operativos iniciados en septiembre

La operación constituye la segunda fase de la ofensiva denominada Iron, iniciada el 24 de septiembre con intervenciones concentradas en el centro de Cali.

En esa ocasión, el presidente Abelardo de la Espriella participó del megaoperativo, donde hizo famoso al primer detenido al que le aplicó su icónica frase luego de que lo arrestaron: “Bienvenido a la patria milagro”.

Según la Alcaldía, el primer operativo dejó una reducción del 12% en los homicidios durante septiembre y octubre, además de una disminución del 83% en los delitos registrados en el sector intervenido.

Las autoridades buscan ahora afectar a grupos vinculados con hechos de violencia y economías ilegales en zonas adicionales de la ciudad.

Las personas detenidas deberán ser presentadas ante jueces de control de garantías para definir las imputaciones de acuerdo con los elementos probatorios reunidos en cada caso.

Eder agradeció el apoyo al Gobierno nacional, en cabeza de De la Espriella, por su respaldo “para hacer posible esta operación”, y que como destacó antes el alcalde, llevaban pidiendo desde hace dos años atrás (cuando Gustavo Petro estaba en la Presidencia) para ejecutar estas acciones con resultados favorables en contra de la delincuencia.

“Llevábamos dos años trabajando en la planeación de estos golpes y hoy contamos con la articulación necesaria para ejecutarlos”, dijo el mandatario local, y puntualizó que “IRON 1.0 no fue flor de una noche. IRON 2.0 tampoco será el último golpe”.

“Vamos a seguir persiguiendo y desarticulando las estructuras criminales hasta devolverle la tranquilidad a Cali. ¡No vamos a bajar la guardia! Cali merece vivir segura", concluyó Eder.

Por su parte, Dilian Francisco Toro afirmó desde la misma red social: “¡Como el crimen y la maldad no duermen, seguimos con las botas puestas, haciendo frente a la criminalidad!"

“Esta operación se extiende a Candelaria y Jamundí, donde estamos adelantando acciones contra tres estructuras criminales: dos en Jamundí y una en Candelaria”, detalló la gobernadora de Valle del Cauca.

El balance final de la Operación 2.0 en Cali y municipios vecinos de la capital de Valle del Cauca

La segunda fase de la Operación Iron 2.0 dejó 101 personas capturadas, la desarticulación de 11 estructuras criminales y la incautación de 2,3 toneladas de estupefacientes en Cali, Jamundí y Candelaria.

El operativo incluyó 143 allanamientos simultáneos en ocho comunas de Cali y sectores de los municipios vecinos. Las autoridades concentraron las acciones en áreas que, según el reporte oficial, reúnen el 44% de los homicidios y el 30% del tráfico local de drogas en la jurisdicción.

La Policía Nacional recalcó en su balance final que la operación golpeó a 11 estructuras vinculadas con homicidios, extorsiones, microtráfico y hurtos, algunas con hasta 17 años de trayectoria delictiva.

Entre los grupos mencionados por las autoridades están Los Carretilleros, Playoneros, Cartageneros, Bombillo Rojo, Los Repu, NKD y Nueva Generación. Según el comunicado, estas organizaciones tenían incidencia en 151 entornos escolares, deportivos y parques.

Del total de detenidos, 92 fueron capturados por orden judicial y nueve en flagrancia. Además, desde la institución señaló que 62 registraban antecedentes por reincidencia y 54 tenían medidas correctivas previas.

Un presunto integrante de Los Repu se ocultaba como árbitro

La operación también permitió detener a un presunto dinamizador de la estructura Los Repu en el barrio República de Israel.

El hombre se presentaba como árbitro y habría aprovechado su cercanía con niños, niñas y adolescentes en espacios deportivos para comercializar drogas, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante región de Policía No. 4.

Durante los procedimientos fueron incautadas siete armas de fuego, incluida una subametralladora, 199 cartuchos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las autoridades notificaron seis medidas cautelares de extinción de dominio sobre cinco inmuebles y un hotel, avaluados en $2.370 millones, que estarían relacionados con economías ilegales.

El general Oviedo resaltó que la ofensiva continuará contra las organizaciones que afectan la seguridad en Cali y su área metropolitana.

Un hombre fue condenado a cadena perpetua en Cuba por asesinar a su expareja después de descubrir que ella mantenía una nueva relación con otro hombre. La segunda víctima fue identificada como Abel Morales Castro, quien era la pareja sentimental de la mujer. El doble crimen sacudió el municipio de Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila, y terminó con la máxima pena de privación de libertad prevista por la legislación cubana.

El sentenciado es Adrián Cruz Díaz, confesó el brutal crimen y se declarado culpable por las muertes de Marialina García Borroto y Morales Castro. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dictó el fallo luego de un juicio oral y público.

La condena fue comunicada por el tribunal provincial, que calificó el hecho como asesinato con circunstancias agravantes y aplicó la sanción de privación perpetua de libertad. La resolución judicial se conoció esta semana, más de un año después de que trascendiera el ataque contra la pareja en Florencia.

La información vinculada al proceso señala que Cruz Díaz era expareja de García Borroto. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el hombre asesinó a la mujer tras enterarse de su vínculo con Morales Castro. Las autoridades establecieron que el segundo cuerpo correspondía al hombre con quien ella mantenía esa relación.

El crimen ocurrió durante 2025, aunque la comunicación judicial no indicó la fecha precisa del hecho. En agosto de ese año circularon reportes sobre el asesinato de dos personas dentro de una vivienda de Florencia. El caso generó preocupación en esa localidad de Ciego de Ávila, una provincia situada en la zona central de la isla.

La condena contra Cruz Díaz llega en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Cuba. Organizaciones independientes que siguen estos casos registraron 49 feminicidios en 2025 y al menos 61 durante 2026 hasta los primeros días de noviembre.

El Observatorio de Género de Alas Tensas documentó que una proporción importante de los feminicidios verificados en la isla tiene como agresores a parejas o exparejas de las víctimas. Sus registros también señalan que una parte relevante de los ataques ocurre dentro de las viviendas o en sus inmediaciones.

La muerte de García Borroto se inscribe en ese patrón de violencia ejercida por hombres con vínculos afectivos previos o actuales con las víctimas. El hecho derivó además en la muerte de Morales Castro, a quien las autoridades identificaron como la nueva pareja de la mujer.

Cubano contempla el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal. Los asesinatos de mujeres por razones de género pueden ser investigados bajo figuras como homicidio o asesinato, con agravantes según las características del caso.

Organizaciones de derechos de las mujeres han reclamado durante años registros públicos sistemáticos, mecanismos de prevención y mayor protección para quienes enfrentan situaciones de violencia. El Estado cubano sostiene que aplica una política de tolerancia cero ante la violencia de género, mientras los observatorios independientes continúan documentando casos a partir de información disponible en comunidades, redes sociales y fuentes cercanas a las víctimas.

En el proceso de Ciego de Ávila, el tribunal consideró probada la responsabilidad penal de Cruz Díaz en las dos muertes y dictó una pena de prisión perpetua. La sentencia coloca el caso entre los hechos de violencia contra las mujeres que han generado atención en Cuba durante los últimos meses.

Al menos 110 menores de edad han quedado sin su madre por feminicidios registrado en República Dominicana en lo que va de 2026, según informó la Fundación Vida Sin Violencia. La entidad contabilizó 77 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hasta noviembre, una cifra que ya supera el total de casos registrado durante todo 2025.

Los datos fueron publicados por Diario Libre, que señaló que el registro de la fundación aumentó tras dos hechos ocurridos en menos de 48 horas en las provincias de Santiago Rodríguez y Azua. El reporte también advierte que el hogar continúa como el principal escenario de los feminicidios íntimos en el país.

El caso más reciente ocurrió el lunes en Alto de Amacey, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, donde murió de un disparo Albenis de Jesús Hernández. Los residentes atribuyeron el hecho a su expareja, Ariel Báez Rodríguez, conocido como Jhochy.

De acuerdo con los relatos recogidos por el diario dominicano, Báez Rodríguez había regresado recientemente de Estados Unidos, donde habría permanecido seis años. El hombre llegó en taxi a la vivienda de Hernández y, tras hablar con ella, presuntamente le disparó.

Un día después, Báez Rodríguez fue encontrado muerto. La pareja tenía tres hijos, quienes quedaron sin ambos progenitores.

El otro caso ocurrió durante la madrugada del domingo en Las Yayas de Viajama, provincia Azua. Según las informaciones preliminares, un hombre mató a tiros a su expareja y después se quitó la vida.

Agentes de la Policía Nacional, integrantes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), representantes del Ministerio Público y médicos legistas acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres.

La Fundación Vida Sin Violencia identificó además a cuatro presuntos agresores pertenecientes a la Policía Nacional y a otros cuatro miembros de las Fuerzas Armadas. El informe incluyó siete agresores menores de edad y cuatro casos en los que las víctimas contaban con una orden de alejamiento.

La provincia Santo Domingo concentra 24 de los casos consignados por la organización. Le siguen el Distrito Nacional, con siete, e Higüey, con seis.

Los registros de 2026 ya superaron el total oficial de 2025

Las cifras muestran un aumento frente a 2025. La Procuraduría General de la República informó el 3 de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que iba de 2026. Ese número ya rebasaba los 59 feminicidios registrados durante todo 2025.

El conteo más reciente de la Fundación Vida Sin Violencia, con 77 víctimas, representa 18 casos más que el registro oficial anual del año pasado, una diferencia de 30.5%. Las cifras corresponden a fuentes y fechas de corte distintas, aunque ambas reflejan un aumento de los asesinatos de mujeres en contextos de pareja o expareja.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, indicó en septiembre que cerca de una cuarta parte de los agresores se suicida después de cometer el crimen. También informó que el Ministerio Público recibió 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025.

El nuevo Código Penal prevé hasta 40 años de prisión

Desde el 3 de agosto de 2026, el Código Penal de República Dominicana, establecido por la Ley 74-25, tipifica el feminicidio como delito autónomo. La norma sanciona con 30 a 40 años de prisión mayor y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público a quien cause la muerte de una mujer por razones de género.

El feminicidio agravado se castiga con 40 años de prisión mayor y una multa de 1,000 salarios mínimos. La pena aplica, entre otros supuestos, cuando la víctima es menor de edad, está embarazada, tiene una discapacidad, existe una orden de protección incumplida o el crimen ocurre frente a niños, niñas o adolescentes.

La legislación también incorpora el feminicidio conexo, cuando una mujer muere dentro de un escenario de violencia feminicida sin ser el objetivo principal del agresor. Para esos casos, establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.

El caso de la influencer Carol Saldarriaga, agredida en un hecho que fue presentado como tentativa de homicidio, volvió a situar la violencia de género en el centro de la discusión pública. La situación puso en evidencia una dificultad frecuente: muchas víctimas desconocen qué institución debe recibir su denuncia o temen que el trámite no derive en medidas de protección oportunas.

Los datos oficiales también contabilizaron 225 casos entre posibles feminicidios y otras muertes de mujeres durante los primeros nueve meses del año. Esa categoría reúne expedientes que aún requieren una determinación fiscal o judicial sobre las circunstancias de la muerte, además de hechos en los que las autoridades analizan si existieron razones de género.

La Libertad, Santa y Lima Norte concentraron más denuncias

Los distritos fiscales de La Libertad, Santa y Lima Norte registraron la mayor cantidad de denuncias por violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar entre enero y septiembre. La concentración de casos en esas jurisdicciones muestra que el problema atraviesa zonas urbanas y regiones con dinámicas sociales distintas, por lo que la respuesta estatal requiere atención territorial y mecanismos accesibles para las víctimas.

La violencia dentro del hogar suele quedar oculta durante largos períodos. Las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales pueden ocurrir en relaciones de pareja, exparejas y entornos familiares. En muchos casos, la dependencia económica, las amenazas, la convivencia con el agresor o la falta de redes de apoyo dificultan que la persona afectada dé el primer paso ante una autoridad.

Una denuncia permite activar procedimientos de investigación y medidas de protección, aunque cada caso depende de su evaluación particular. Las víctimas pueden aportar información sobre agresiones previas, amenazas, lesiones, mensajes, audios, testigos u otros elementos que ayuden a reconstruir los hechos. La ausencia de alguno de esos elementos no impide comunicar una situación de violencia ante las instituciones habilitadas.

La denuncia puede iniciarse en una comisaría, la Fiscalía o un juzgado

Una de las vías de atención consiste en acudir a una comisaría. La víctima puede denunciar un hecho de violencia contra la mujer sin necesidad de presentar el Documento Nacional de Identidad. La falta de ese documento no debe convertirse en un impedimento para solicitar auxilio, dejar constancia de la agresión o recibir orientación sobre los pasos posteriores.

El trámite también puede comenzar ante el Ministerio Público, mediante una fiscalía, o ante un juzgado especializado en violencia. Cada institución tiene funciones distintas dentro del proceso: la Policía Nacional del Perú recibe denuncias e interviene ante hechos urgentes; la Fiscalía dirige la investigación penal cuando corresponde; y el sistema judicial puede disponer medidas para proteger a la víctima frente a riesgos identificados.

Los familiares o personas cercanas también pueden cumplir un papel ante una agresión. Un allegado puede acercarse a una dependencia policial para pedir información sobre los mecanismos disponibles y las acciones que puede adoptar. En las comisarías, las víctimas y sus acompañantes pueden ser derivados al área de familia, donde reciben indicaciones sobre la ruta de atención y los recursos estatales disponibles.

Las líneas de atención buscan reducir las barreras para pedir ayuda

Un recorrido por comisarías de tres distritos del sur de Lima evaluó la respuesta policial ante alertas de violencia de género. La atención observada fue descrita como cercana y positiva, después de una evaluación previa que había detectado deficiencias en la recepción de estos casos. La diferencia entre ambas revisiones apunta a la necesidad de sostener la capacitación del personal y los protocolos de atención.

Además de las dependencias policiales y judiciales, el Estado cuenta con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El servicio ofrece orientación para víctimas, familiares y personas que conocen situaciones de riesgo. Su función resulta relevante cuando la persona afectada necesita información inicial antes de concurrir a una comisaría, una fiscalía o un juzgado.

El país dispone también de más de 400 Centros Emergencia Mujer, distribuidos en distintas regiones. Estos espacios brindan orientación y atención especializada a personas afectadas por violencia. La red busca facilitar el acceso a apoyo legal, psicológico y social, además de orientar sobre las medidas de protección que pueden solicitarse según las características de cada caso.

El feminicidio puede recibir una condena de cadena perpetua

La legislación peruana establece que el feminicidio puede ser sancionado con penas de entre 20 y 30 años de prisión. En circunstancias agravantes, la condena puede llegar a cadena perpetua. El delito se configura cuando una mujer es asesinada por razones de género en contextos como violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder o discriminación.

La tentativa de feminicidio tiene prevista una pena de entre 15 y 20 años de privación de la libertad. La calificación jurídica de cada hecho corresponde a las autoridades encargadas de la investigación, que deben determinar la existencia de antecedentes de violencia, amenazas, vínculos entre víctima y agresor, así como otros elementos que permitan establecer el contexto del ataque.

Para los delitos de violencia sexual, la pena mínima prevista se ubica entre 14 y 20 años de prisión, de acuerdo con la modalidad del hecho y las circunstancias investigadas. Frente a un episodio de violencia, la búsqueda de ayuda inmediata puede ser determinante: acudir a una comisaría, contactar a la Línea 100 o recurrir a un Centro Emergencia Mujer son alternativas para iniciar una ruta de protección y denuncia.

El feminicidio de Janeth Gil Cortés, ocurrido el 22 de octubre en Charo, Michoacán, tuvo un giro luego de que Karmen Romero entregó a su propio hijo, Luis Santiago “N”, de 26 años, a las autoridades, al conocer que era investigado por su probable participación en el crimen.

La detención ocurrió siete días después de los hechos, cuando el joven llegó al domicilio de su madre, ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato. A través de redes sociales, la mujer relató que decidió comunicarse con las autoridades para informarles que su hijo estaba ahí y facilitar su entrega.

Según su publicación, minutos antes agentes ministeriales habían acudido a la vivienda. Después de recibir su llamada, regresaron y Luis Santiago “N” se retiró voluntariamente con ellos.

“Lamentablemente, mi hijo ha cometido un delito que no tiene nombre, una aberración que debe ser castigada con todo el peso de la ley”, escribió Romero.

Por igual, señaló que, “como madre me siento destruida y no imagino cómo debe estar la madre de esa pobre joven”, destacó la mujer en sus redes sociales.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Janeth en Charo?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Janeth fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, en el municipio de Charo.

La Fiscalía Especializada de Feminicidio inició las investigaciones bajo el protocolo correspondiente, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

A partir de los datos de prueba recabados, las autoridades establecieron la probable participación de Luis Santiago “N” en el asesinato y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

Las labores de inteligencia y seguimiento permitieron ubicarlo en Valle de Santiago, Guanajuato, donde fue detenido mediante un operativo coordinado entre la FGE de Michoacán, la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Vinculan a proceso a Luis Santiago “N” por feminicidio

Tras su detención, el joven fue presentado ante un juez de control durante una audiencia inicial. El juzgador determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante ese periodo, la Fiscalía deberá continuar con la integración de los datos de prueba para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite continuar el procedimiento penal contra el imputado.

La Fiscalía de Michoacán señaló que mantendrá las investigaciones para esclarecer plenamente el feminicidio y garantizar que el crimen no quede impune.

El Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo, de 50 años, acusado de asesinar a su expareja mediante quemaduras provocadas con gasolina en el centro poblado Pueblo Nuevo de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura. La medida responde a un pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, que busca profundizar las investigaciones del caso.

La víctima, identificada como Mariela Céspedes Nizama, de 31 años, alcanzó a revelar a su hermana gemela la identidad de su agresor antes de morir. El ataque ocurrió la mañana del domingo 1 de noviembre en los exteriores de la vivienda de una hermana de la víctima, según consignó ATV.

Víctima sufrió quemaduras en el 60 % del cuerpo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rivera Arévalo roció a Céspedes con gasolina y le prendió fuego. En medio del ataque, la mujer se lanzó a una acequia que funciona como canal de regadío, conocida como La Esperanza, en un intento por mitigar el dolor y salvar su vida. Vecinos de la zona la rescataron con vida y la trasladaron a un centro de salud de Paita.

Las quemaduras cubrieron más del 60% de su cuerpo, según ATV. Por la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital de Especialidades de Sullana, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a la atención médica recibida, Céspedes falleció el lunes 2 de noviembre.

Presunto agresor fue detenido

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Rivera Arévalo la tarde del domingo en una vivienda de la urbanización Los Titanes, en Piura, y lo trasladaron posteriormente a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Sullana, donde permanece bajo custodia. Un jefe policial del sector confirmó las acciones legales en curso en declaraciones a ATV: “Se ha detenido al presunto autor, se encuentra en estos momentos en la sede de la Divincri Sullana, con la finalidad de realizarle el interrogatorio correspondiente y continuar con las diligencias de ley”.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Paita solicitó la ampliación de la detención preliminar para recopilar evidencias clave. El fiscal provincial Salvador Savitzky Rodríguez sustentó el requerimiento ante la necesidad de ejecutar diligencias urgentes e indispensables que permitan esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del investigado, según Andina Noticias.

Fiscalía continuará con la investigación

Entre las actuaciones por realizar figuran la visualización de los teléfonos celulares de la víctima y del detenido, la toma de declaraciones a las personas que la auxiliaron y a posibles testigos de su entorno, además de la recepción del protocolo de necropsia. La Fiscalía también dispuso una inspección técnico-criminal en el lugar de los hechos y otras pericias orientadas a reconstruir las circunstancias de la agresión.

En paralelo, el Juzgado Especializado de Familia de Paita dictó medidas de protección a favor del hijo de la víctima, un niño de 7 años. Estas incluyen una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación por parte del investigado, de acuerdo con Andina Noticias.

Víctima denunció agresiones hace tres años

Las investigaciones preliminares revelaron que Céspedes ya había denunciado a Rivera Arévalo por agresiones físicas y psicológicas hace tres años. Según ATV, la mujer no contó con las garantías ni las medidas de protección oportunas que pudieran haber evitado el desenlace fatal.

El crimen deja en la orfandad al menor, hijo de la víctima y del presunto agresor, quien ahora queda bajo las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Paita.

Incluso, en distintos puntos se han llevado a cabo movilizaciones, como la velatón que se registró el lunes 2 de noviembre frente a la Alcaldía de San Gil que reunió a familiares, amigos y colectivos de mujeres

La concentración congregó a decenas de asistentes llevaron velas y carteles con mensajes para recordar a la víctima y exigir avances en el proceso judicial contra el presunto responsable.

La jornada contó con la participación del colectivo Territorio de Mujeres Guanentinas, que pidió garantías para las mujeres de la región y cuestionó la persistencia de las violencias basadas en género, de acuerdo con la información del medio santandereano El Frente.

“Recordamos a Paula y a todas aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida”, señaló el colectivo durante el encuentro. “Sus nombres, sus historias y sus sueños no pueden quedar en el olvido”, agregaron las integrantes de la organización.

Así sucedió el ataque

El crimen, que quedó registrado en video, ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo, en un establecimiento comercial del sector La Recta, sobre la carretera que une los municipios de San Gil y Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

En ese momento, Paula Carley Coca Murcia se encontraba en su lugar de trabajo, recostada en una hamaca, cuando un hombre llegó al sitio. De acuerdo con el clip, ambos sostuvieron una discusión y, de repente, el sujeto la hirió en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.

La joven logró actuar para bajarse de la red colgante, se incorporó sobre sus pies y se revisó la herida. Momentos después, se derrumbó y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

El caso generó rechazo entre los habitantes de la región. En particular, porque surgieron versiones —que están en etapa de investigación—sobre un posible acoso previo contra la víctima.

La Policía capturó a un hombre de 63 años tras activar un operativo

Según el video, después del ataque, el señalado agresor huyó por la vía nacional. La información suministrada por la Policía del departamento de Santander es que unidades de la institución desplegaron un plan candado con el que lograron ubicar al hombre en el sector de la feria de San Gil, donde fue detenido en flagrancia.

El capturado, un hombre de 63 años, presentaba autolesiones al momento de su detención. Por ese motivo, las autoridades lo trasladaron a un centro médico bajo custodia policial.

La Gobernación de Santander rechazó el crimen y solicitó celeridad en las actuaciones judiciales: “Acompañamos a su familia y ponemos a disposición todas las capacidades de la Gobernación para apoyar a las autoridades en la investigación. Quien le quita la vida a una mujer debe responder con todo el peso de la ley”.

“El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible. Asimismo, invita a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o sean víctimas de violencia a activar la Ruta de Atención, buscar acompañamiento institucional y acudir a las autoridades competentes para denunciar y solicitar protección”, se leyó en el comunicado.

El detenido y los elementos recogidos durante el procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en el proceso por el presunto delito de feminicidio agravado.

Cristian Ziboney “N”, agente de la Guardia Nacional, fue asesinada dentro de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa, luego de que la autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento. La investigación se concentró en su esposo, también integrante de la corporación, quien habría sido señalado como probable responsable y no había sido detenido.

La mujer tenía 34 años, era originaria de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, y trabajaba como elemento activo de la Guardia Nacional. Su muerte provocó exigencias de justicia entre habitantes de esa comunidad y organizaciones feministas, que pidieron esclarecer el caso con perspectiva de género.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 2 de noviembre en un inmueble ubicado sobre la calle Cima del César, cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa, en el sector suroriente de la capital sinaloense. Autoridades recibieron el reporte alrededor de las 11:50 horas, aunque también se informó que la alerta surgió cerca del mediodía por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Al ingresar al departamento, cuerpos de emergencia encontraron a la agente semidesnuda, inconsciente y con aparentes huellas de violencia. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La autopsia determinó que la agente murió por asfixia

Personal de la Fiscalía General del Estado intervino mediante el área especializada en feminicidios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Los estudios practicados establecieron que se trató de una muerte violenta y clasificaron el caso como homicidio, con asfixia por ahorcamiento como probable causa del fallecimiento.

Las sospechas recayeron en la pareja de Cristian Ziboney, quien también pertenecía a la Guardia Nacional. Las autoridades continuaban con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, determinar responsabilidades y localizar al hombre señalado en la investigación.

En publicaciones difundidas tras el asesinato, el colectivo feminista Orquídeas Moradas identificó al presunto responsable como Erick Gustavo. La organización sostuvo que el hombre continuaba prófugo y advirtió que, por su formación institucional, posiblemente estaría armado, por lo que pidió a la población no acercarse ni confrontarlo si contaba con información sobre su paradero.

El colectivo exigió una indagatoria urgente, transparente y con perspectiva de género, además de que se tomaran en serio las denuncias o alertas previas por violencia contra las mujeres. También solicitó compartir la ficha de búsqueda del presunto responsable y comunicar cualquier dato directamente a las autoridades.

Teacapán y Escuinapa exigieron justicia por Cristian Ziboney

Habitantes de Teacapán manifestaron tristeza, conmoción e indignación después de conocer la muerte de la agente. En redes sociales, integrantes de la comunidad expresaron que el puerto estaba de luto y reclamaron que el caso no quedara reducido a un reporte más.

Una publicación atribuida a Lorena describió a Cristian como una mujer a la que le gustaba trabajar y “soñar en grande”. También afirmó que ingresó a la Guardia Nacional con la intención de servir y cuidar a otras personas.

Las exigencias de justicia incluyeron que el asesinato fuera investigado como feminicidio. La comunidad pidió que se aclarara lo ocurrido dentro del departamento de Alturas del Sur y que se capturara a quien resultara responsable.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el homicidio de la integrante de la Guardia Nacional, mientras avanzaba en la búsqueda de elementos para establecer cómo ocurrieron los hechos y definir las posibles responsabilidades.

El silencio que durante más de tres semanas envolvió el paradero de Dircia Solaini de los Santos, de 42 años y conocida cariñosamente por sus seres queridos como Madelyn, terminó de la manera más dolorosa.

Su cuerpo sin vida fue encontrado enterrado en una zona boscosa y apartada del sector Abra Grande, en el municipio turístico de Las Terrenas, provincia de Samaná. El macabro descubrimiento no solo puso un punto final a la angustia de una búsqueda desesperada, sino que encendió el clamor de justicia por un caso marcado por el maltrato previo, el asedio y las amenazas de muerte.

La mañana del domingo 1 de noviembre, los hermanos de Madelyn decidieron internarse una vez más en los matorrales de Abra Grande. Guiados por la intuición, por avisos discretos de vecinos que no se atrevían a hablar en público y por el insistente reclamo de un tío que sospechaba lo peor, recorrieron una zona semirural caracterizada por una pequeña laguna y criaderos improvisados de cerdos y gallinas.

Aquel era un lugar de sobra conocido por la víctima, pues en el pasado solía acudir con frecuencia allí para cocinar sobre piedras al aire libre y cuidar animales junto a su expareja sentimental.

Durante el rastreo entre senderos de tierra húmeda y vegetación tupida, Nelson Domínguez, hermano menor de Madelyn, advirtió algo extraño en el suelo. Una pequeña rumba de tierra suelta y fresca contrastaba con la firmeza del terreno circundante.

Al remover la superficie con una vara que llevaba en la mano, un hedor penetrante y característico emergió de inmediato, rompiendo toda duda. Al excavar con mayor profundidad, los familiares encontraron prendas de vestir, específicamente la blusa que Madelyn llevaba puesta el día en que fue vista por última vez, y fragmentos óseos que confirmaban que sus restos habían sido sepultados de forma clandestina en ese rincón solitario.

El vocero oficial de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó la localización del cuerpo enterrado y ratificó que varias personas fueron llamadas a declarar, destacando la detención preventiva de Miguel Ángel Alvarado.

Veintidós días de incertidumbre y dolor familiar

La desaparición de Madelyn se remontaba al viernes 9 de octubre. Aquella jornada, la mujer salió de su rutina habitual y, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad recopilados posteriormente por las autoridades, su rastro se desvaneció tras pasar cerca de un colmado ubicado en la entrada que conduce hacia Abra Grande.

Oriunda del municipio de Sánchez, residía actualmente en la comunidad de El Limón junto a su nueva pareja sentimental, intentando reconstruir su vida lejos del pasado turbulento que la ataba a Las Terrenas.

Desde las primeras horas de la desaparición, las sospechas de la familia recayeron directamente sobre Miguel Ángel Alvarado, expareja sentimental de la mujer. De acuerdo con testimonios y registros audiovisuales que los allegados pusieron a disposición de los investigadores, la víctima vivía bajo una atmósfera de constante zozobra.

En un mensaje de video grabado antes de su muerte y compartido con una allegada, la propia Madelyn explicaba con tono angustiado que se mantenía oculta porque el hombre la buscaba para agredirla y la había amenazado de muerte de forma explícita.

Con la recuperación de los restos mortales concluye la dolorosa etapa de búsqueda en los montes de Las Terrenas y se inicia la fase judicial, donde la comunidad de Sánchez y los familiares exigen que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable de este crimen.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas informó este domingo sobre el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, una mujer de 36 años que murió tras una presunta agresión de su expareja en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río. Con este caso, el observatorio elevó a 61 la cantidad de asesinatos por razones de género que contabiliza en Cuba en lo que va de 2026.

Según la publicación difundida el 1 de noviembre, Gigato Medina fue atacada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales. La organización indicó que la víctima murió como consecuencia de la violencia ejercida presuntamente por su expareja.

El reporte no precisó si el acusado fue detenido, si existe una investigación formal en curso ni si las autoridades cubanas emitieron información sobre el hecho. Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La muerte de la mujer dejó a tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño, sin el cuidado materno, de acuerdo con Alas Tensas, plataforma feminista independiente con sede en Cuba. La entidad trasladó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de Gigato Medina, y volvió a reclamar información pública sobre los expedientes de hechos de violencia machista.

61 casos documentados en menos de 11 meses

La cifra difundida por el observatorio corresponde a los feminicidios que la organización había documentado hasta el 1 de noviembre. El registro se construye a partir de denuncias, testimonios de familiares, publicaciones en redes sociales y otros datos que permiten identificar casos en un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia de género presentan limitaciones.

Además de los 61 feminicidios, la plataforma señaló que había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Este último concepto describe homicidios de personas que intervienen, acompañan o quedan expuestas a una agresión dirigida contra una mujer por motivos de género.

La organización también mantiene abiertas varias investigaciones sobre muertes que podrían estar vinculadas con violencia machista. Entre ellas, pidió acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Alas Tensas incluyó, además, el caso de Bárbara Sánchez González en la categoría de posible suicidio feminicida. Esa expresión alude a situaciones en las que una mujer se quita la vida después de haber atravesado violencia, coerción, amenazas u otras formas de agresión de género. La clasificación requiere elementos que permitan establecer una relación entre la muerte y ese contexto de violencia.

Casos bajo investigación y pedidos de información pública

En su actualización, el observatorio informó que aún investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida alertados durante 2025. Para 2026, la entidad indicó que revisa otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos.

La plataforma convocó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse con su observatorio. El llamado apunta a reconstruir circunstancias, identificar a las víctimas y dar seguimiento a casos que no siempre reciben información pública suficiente.

En Cuba, organizaciones independientes dedicadas a los derechos de las mujeres han advertido de forma reiterada sobre las dificultades para acceder a datos oficiales desagregados, denuncias, procesos judiciales y medidas de protección para víctimas de violencia de género. La falta de información limita el seguimiento de los casos y la evaluación de las respuestas institucionales.

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado a William Rafael Martínez Alvarino, señalado de asesinar a su pareja durante una visita en la cárcel La Modelo, en Bogotá, el 22 de agosto de 2026. El procesado aceptó el cargo y un juez le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que cumplía.

La investigación del ente acusador sostiene que Martínez Alvarino, quien estaba privado de la libertad, mantenía una relación con la víctima desde hacía cinco años. La mujer lo visitaba con regularidad y ambos tenían comunicación frecuente, según el expediente.

La Fiscalía atribuye el crimen a asfixia durante una visita

De acuerdo con la imputación, el día de los hechos el procesado redujo a la mujer mediante fuerza en la parte superior de su cuerpo y en uno de sus brazos. Esa acción, señaló el ente acusador, limitó sus posibilidades de defenderse.

Luego, Martínez Alvarino habría sometido a la víctima a maniobras de estrangulamiento y sofocación, que le causaron la muerte dentro del centro penitenciario. La Fiscalía presentó esos hechos ante un juez de control de garantías como parte de la imputación.

El expediente registra dos años de presunto control y amenazas

Las autoridades también documentaron conductas que, según la investigación, el detenido ejerció durante los dos años previos contra su compañera sentimental. Entre ellas figuran episodios de vigilancia, intimidación y control sobre sus actividades cotidianas.

El material recopilado indica que el hombre le pedía compartir la pantalla del celular para revisar conversaciones y contactos. Además, le exigía videollamadas durante las noches y cuando ella salía de su vivienda, con el propósito de supervisar sus movimientos y las personas con las que se relacionaba.

“Le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba”, apuntó la investigación.

A propósito, refiere humillaciones, insultos y señalamientos reiterados de infidelidad. Antes del crimen, el procesado habría amenazado a la víctima en varias ocasiones con quitarle la vida si establecía una relación con otra persona.

Una condena previa por intento de feminicidio

Martínez Alvarino permanece en La Modelo desde 2018, donde cumple una pena de 21 años y 4 meses por el intento de feminicidio cometido en 2015 contra la madre de sus tres hijos. El hombre, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, había pedido prisión domiciliaria el 18 de agosto de 2026, pero la solicitud fue rechazada poco antes del nuevo crimen.

El interno reconoció la autoría de la muerte de la visitante. El expediente judicial del caso anterior describe que atacó a su expareja en la calle, pese a que ella había intentado refugiarse, informó El Tiempo.

La fiscal encargada de aquel proceso relató: “La agarró en la calle y, a pesar de que la víctima intentó refugiarse, fue alcanzada por Martínez Alvarino quien con un arma blanca le propinó más de 20 lesiones en la cara, el cuello, los brazos y el abdomen. Fue una relación marcada por la violencia física y psicológica”.

La funcionaria precisó que entonces había una orden de alejamiento vigente y que la mujer sufrió heridas permanentes en el rostro y el cuello. Tras la agresión, fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.

El abogado defensor de Martínez Alvarino sostuvo en ese expediente que se trató de una riña familiar, pero el juez rechazó esa versión y ordenó su reclusión en La Modelo. Allegados a la víctima consideran que el Estad colombiano podría enfrentar demandas por la vulnerabilidad de los visitantes dentro del centro penitenciario.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) activó cinco nuevas fichas de recompensa para localizar a hombres señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra mujeres, entre ellos feminicidio y homicidio doloso calificado.

Por información que permita conocer su paradero, las autoridades ofrecen hasta 350 mil pesos por cada uno de los buscados.

Autoridades veracruzanas informaron a través de sus redes sociales que los nuevos avisos corresponden a cinco personas identificadas como Antonio Martínez Olmedo, originario de Papantla; Héctor Romano Melgarejo, Williams Romano y Héctor Noé Romano, relacionados con el municipio de Jalacingo; así como Miguel Cuevas García, de Córdoba.

Se explicó que las recompensas tienen como objetivo obtener información que contribuya a la localización de los señalados y permita avanzar en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas que cuenten con información sobre cualquiera de ellos pueden comunicarse directamente con la institución. El monto de la recompensa podrá alcanzar los 350 mil pesos por cada individuo, siempre que los datos proporcionados contribuyan a su ubicación.

¿Cómo denunciar información sobre los cinco hombres buscados en Veracruz?

La FGE habilitó el número telefónico 800-890-68-63, disponible las 24 horas del día, para recibir información relacionada con los cinco hombres incluidos en las nuevas fichas de recompensa.

La Fiscalía aseguró que los datos proporcionados por la ciudadanía serán tratados de manera confidencial, por lo que llamó a quienes tengan información sobre el paradero de los señalados a comunicarse con las autoridades.

Las acciones forman parte de las estrategias institucionales para fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres y garantizar que las personas señaladas enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

En ese sentido, se destacó que la emisión de las fichas busca ampliar los mecanismos de colaboración ciudadana y obtener información que permita avanzar en la localización de quienes cuentan con señalamientos ministeriales.

Mantienen recompensas por feminicidio de la doctora Cristina Ramos

Además de las cinco nuevas fichas, la Fiscalía de Veracruz mantiene activas otras dos recompensas contra Lenin Salvador Córdova Pérez y Lenin Yuri Córdova Santana, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por su probable participación en el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en Coatzacoalcos.

La muerte de la profesionista generó indignación entre habitantes de la región sur de Veracruz, así como entre integrantes del sector médico, debido a las circunstancias en las que fue localizada.

Cristina Ramos Argüello fue encontrada sin vida el jueves 15 de octubre en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento privado Santa Cecilia, en Coatzacoalcos. El cuerpo presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante.

La doctora trabajaba como especialista en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos en Coatzacoalcos.

Su asesinato provocó numerosas muestras de solidaridad y exigencias de justicia por parte de compañeros de trabajo, integrantes de la comunidad médica y ciudadanos que demandaron el esclarecimiento del crimen.

Fiscalía acumula más de 30 acciones de investigación

Sobre este caso, la fiscal general informó que las autoridades han desarrollado más de 30 acciones de investigación para esclarecer el feminicidio y localizar a los dos hombres señalados.

Entre las diligencias realizadas se encuentran entrevistas, análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad, extracción de información de dispositivos electrónicos, dictámenes periciales en materia de criminalística y cateos.

Las órdenes de aprehensión contra Lenin Salvador Córdova Pérez y Lenin Yuri Córdova Santana continúan vigentes y que la Fiscalía mantiene las acciones necesarias para lograr su cumplimiento.

“Ambos mandamientos judiciales se encuentran vigentes y continúan con acciones para su cumplimiento”, afirmó.

La funcionaria reiteró que la institución mantiene abiertas las investigaciones y los mecanismos de búsqueda para dar con el paradero de los señalados.

Con estas siete fichas de recompensa activas, Veracruz mantiene la búsqueda de hombres relacionados con investigaciones por feminicidio y homicidio doloso calificado. La Fiscalía confía en que la colaboración ciudadana aporte información relevante para avanzar en los casos y llevar ante la justicia a las personas señaladas, sin que ello sustituya la determinación de responsabilidad que corresponde a los tribunales.

Luis Andrés Flores Julca fue extraditado desde Argentina y ya se encuentra en Lima para afrontar la investigación por el presunto feminicidio de su expareja, la cosmiatra Yajaira Sigueñas. La joven murió semanas después del ataque ocurrido en Surquillo.

La extradición se concretó luego de su captura, ocurrida el 16 de mayo en la provincia argentina de Santa Fe. Según las investigaciones, Flores habría salido de Perú sin dejar registro migratorio tras el hecho ocurrido el 11 de abril.

El ciudadano peruano deberá cumplir 12 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación fiscal por el presunto delito de feminicidio agravado. Sus familiares de la víctima pidieron que, de establecerse su responsabilidad, se le imponga cadena perpetua.

Del ataque en Surquillo a una hospitalización de 23 días

El caso se remonta a la noche del 11 de abril, cuando Yajaira Sigueñas fue encontrada dentro de una vivienda de Surquillo con heridas punzocortantes y graves quemaduras. La mujer fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza, donde permaneció internada durante 23 días.

De acuerdo con las pesquisas, Flores Julca habría forzado la cerradura para entrar al inmueble. La hipótesis que manejan los investigadores señala que atacó a su expareja con un objeto punzocortante y luego habría provocado un incendio en la vivienda.

La cosmiatra falleció el 4 de mayo, pese a la atención médica recibida. Los reportes difundidos durante la investigación indicaron que sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo, daños pulmonares y lesiones cerebrales.

Cámaras, mensajes y movimientos bancarios siguieron el rastro del investigado

La salida de Flores del edificio también forma parte de la investigación. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso y posterior retiro del lugar con una maleta y objetos personales que, según las autoridades, pertenecían a la víctima.

Después del ataque, el investigado habría logrado salir del país sin un control migratorio registrado. Fotografías tomadas en Buenos Aires y mensajes enviados a personas conocidas en Perú permitieron establecer que se encontraba en Argentina.

Las diligencias también incluyeron el análisis de movimientos bancarios y la compra de un celular en ese país. Según la información recogida en la investigación, Flores habría usado recursos de Sigueñas para realizar algunas de esas operaciones.

Una alerta ciudadana permitió la captura en Santa Fe

El Ministerio del Interior incorporó a Flores Julca al Programa de Recompensas y ofreció S/ 50.000 por información que permitiera ubicarlo. Una alerta ciudadana resultó determinante para que las autoridades argentinas y peruanas identificaran su paradero.

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Buenos Aires coordinó el operativo con Interpol Lima. El investigado fue detenido cuando circulaba en bicicleta en la ciudad de Corona, ubicada en la provincia de Santa Fe.

La intervención se ejecutó en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida el 19 de abril. Antes de su traslado a Perú, Flores permaneció bajo custodia de la justicia argentina mientras se tramitaba la extradición.

Flores cumplirá prisión preventiva mientras continúan las diligencias

Tras su llegada a Lima, Flores Julca quedó a disposición del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. La medida de prisión preventiva busca asegurar su presencia durante las investigaciones y no constituye una sentencia.

Durante su salida de Argentina, el investigado vestía una camiseta de la selección de ese país y una casaca negra. “Hasta luego”, dijo al despedirse de las autoridades que lo custodiaban antes de abordar el traslado.

La Fiscalía deberá continuar con las pericias, declaraciones y otros elementos reunidos en torno a la muerte de Yajaira Sigueñas. La familia de la víctima mantiene su pedido de que se aplique la máxima pena si la responsabilidad penal de Flores queda acreditada en el proceso judicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, ocurrido hace 14 años en San Luis Potosí, después de que un juzgado federal advirtió un conflicto de interés de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y garantizar justicia a la familia.

En u comunciado, Amnistía Internacional señaló que el expediente está desde febrero de 2022 en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la FGR.

Sin emabrgo, la instancia federal tiene a su cargo una investigación marcada por deficiencias en la preservación de pruebas, la atención a la familia y la aplicación de la perspectiva de género.

La organziación indicó que el caso llega a la autoridad federal después de una década en la que las instituciones de San Luis Potosí no lograron esclarecer la muerte de la joven. La familia sostiene que las omisiones impidieron conocer la verdad y sancionar a las personas responsables.

Comentó que la madre de Karla, Esperanza Lucciotto, se reunió el viernes 25 de septiembre de 2026 con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para pedir avances en el acceso a la verdad y la justicia.

En el encuentro participaron integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que litiga el caso, así como representantes de Amnistía Internacional México, organización que acompaña a la familia desde 2016.

“A 14 años del feminicidio de Karla la familia de la joven sigue viviendo un duelo interminable debido a la incapacidad de las autoridades del estado de San Luis Potosí para investigar el caso, desde un inicio, con la debida diligencia”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

La representante agregó que esas deficiencias impiden, en numerosas muertes violentas de mujeres, el acceso a una justicia pronta y expedita. La organización señaló que mantendrá el acompañamiento a la familia durante la investigación federal.

SCJN ordenó investigar la muerte de Karla Pontigo con perspectiva de género

La familia llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el juicio de amparo 1284/2015. El recurso fue promovido en julio de 2015 con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia, con el objetivo de que la muerte fuera investigada bajo criterios de perspectiva de género.

La SCJN emitió su sentencia el 13 de noviembre de 2019. Entre sus determinaciones, invalidó la consignación por homicidio culposo que el Ministerio Público realizó el 20 de agosto de 2013.

La resolución obligó a la entonces Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, antes Procuraduría General de Justicia estatal, a reponer la investigación y realizar las diligencias necesarias para indagar la muerte de Karla con perspectiva de género.

La Corte también señaló la responsabilidad de las autoridades judiciales que obstruyeron el derecho de Karla y de su familia al debido proceso.

La sentencia ordenó iniciar los procedimientos necesarios para determinar posibles sanciones administrativas o penales contra las personas servidoras públicas involucradas por su actividad irregular.

Entre las irregularidades descritas está la falta de protección de la escena del crimen, que fue limpiada. Las autoridades tampoco tomaron fotografías del lugar ni resguardaron de forma adecuada la cadena de custodia de muestras y pruebas.

La investigación estatal también negó a la familia el acceso al expediente desde el inicio.

Además, se perdieron pruebas que podían establecer si Karla sufrió una agresión sexual, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones acompañantes.

Las autoridades tampoco consideraron la denuncia de Esperanza Lucciotto sobre el acoso sexual y la violencia psicológica que, según expuso, Karla sufría por parte de su jefe. Pese a esas omisiones, el expediente fue consignado como homicidio culposo.

FGR recibe el expediente tras el señalamiento de conflicto de interés

La FGR atrajo el caso en febrero de 2022, luego de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunciara sobre la existencia de un conflicto de interés de la Fiscalía estatal para investigar y garantizar justicia.

Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, afirmó: “El caso de Karla Pontigo es un reto y una oportunidad para que la FGR obtenga resultados diferentes en materia de feminicidio, en apego al Plan Estrategia de Procuración de Justicia 2026-2030”.

Cabaret señaló que la organización ofreció trabajar el expediente desde nuevos paradigmas, con el propósito de resolver el caso y dejar precedentes para otras víctimas de feminicidio.

La sentencia de la SCJN también advirtió que la estructura de la Fiscalía estatal era insuficiente para realizar investigaciones diligentes, exhaustivas, imparciales y con perspectiva de género en casos de presuntos feminicidios.

A partir de ese señalamiento, el fiscal general de San Luis Potosí creó mediante el Acuerdo General Número 004/2020 la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género. La unidad quedó encargada de investigar, perseguir y litigar asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios.

La familia aún espera la reparación ordenada desde 2015

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 la Recomendación 55/2015 por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el caso. El documento ordenó la reparación integral del daño para la familia de Karla Pontigo.

Hasta ahora, los familiares no han recibido esa reparación, según la información de las organizaciones que acompañan el proceso.

Amnistía Internacional impulsó en 2020 la campaña internacional #LaLuchaContinúa, para exigir la investigación de las personas servidoras públicas que participaron en el caso y reclamar la reparación integral del daño.

En 2022, la organización realizó la campaña #10AñosSinKarla, que reunió 66 mil 098 firmas de activistas de distintos países. La exigencia incluyó justicia para Karla, reparación para su familia y la creación de una fiscalía especializada en feminicidios.

La extradición de Michael Castillo Murga a El Salvador permitirá que enfrente cargos por feminicidio agravado y homicidio imperfecto. El hombre, de 27 años y residente de Beaumont, en el condado de Riverside, fue entregado este miércoles a las autoridades salvadoreñas, según informó la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

La Embajada de Estados Unidos indicó que esta entrega representa la primera ocasión en que el país extradita a un ciudadano norteamericano para que enfrente a la Justicia por delitos presuntamente cometidos en El Salvador.

El ciudadano con nacionalidad estadounidense y salvadoreña permanecía bajo custodia de Estados Unidos desde octubre de 2024. La solicitud de extradición lo vincula con el presunto asesinato de la madre de su hijo y con el abandono del niño en un terreno donde fue hallado días más tarde.

La entrega se produjo después de que la Justicia estadounidense certificara el pedido de El Salvador y desestimara los recursos presentados por la defensa. Castillo Murga deberá responder ante las autoridades salvadoreñas por los hechos que se remontan a 2019.

El niño apareció varios días después cerca del lugar del crimen

Las autoridades salvadoreñas encontraron el cuerpo de una mujer cerca de una carretera el 1 de febrero de 2019. Tres días más tarde, recibieron información sobre un niño menor de dos años que había sido localizado en las inmediaciones.

El menor era hijo de la víctima y de Castillo Murga. Los médicos lo atendieron por problemas físicos y de salud mental, antes de que la investigación estableciera ese vínculo familiar.

Los trabajadores agrícolas que encontraron al niño avisaron a la policía porque desconocían si continuaba con vida. El examen médico determinó que presentaba deshidratación grave, desnutrición, cortes en el rostro, labios y nariz resecos, además de picaduras de insectos.

La investigación concluyó que las características físicas y ambientales del terreno accidentado donde apareció el menor suponían un peligro para su vida. El niño no había comido durante el tiempo que permaneció abandonado, de acuerdo con el comunicado oficial.

La autopsia vinculó la muerte con heridas en el cuello

La solicitud salvadoreña expone que Castillo Murga y la víctima iniciaron una relación en 2014. Dos años después, ella quedó embarazada y en 2017 nació el hijo de ambos.

El acusado había prometido contribuir con la manutención del niño, aunque sus visitas eran irregulares. En ocasiones, dejaba dinero debajo de una piedra situada afuera de la vivienda de la mujer.

La noche del 31 de enero de 2019, Castillo Murga recogió a la víctima y al niño en la casa de la madre de ella. El traslado tenía como supuesto objetivo llevarlos a una vivienda alquilada para que vivieran juntos como familia.

La policía salvadoreña considera que el acusado asesinó a la mujer y dejó al menor en el mismo lugar. La autopsia concluyó que la víctima murió por una hemorragia masiva originada en cortes de las venas del cuello y otras lesiones producidas con un cuchillo de plástico hallado en la escena.

El teléfono celular de Castillo Murga se encontraba en la zona del asesinato en el momento de la muerte, según determinaron los investigadores. Además, dos personas que transitaban por la carretera declararon haber visto a una persona alta y delgada que agredía a una mujer dentro de un vehículo gris.

Los testigos observaron que la mujer pateaba y gritaba mientras estaba en el asiento trasero. Durante ese lapso, Castillo Murga no respondió las llamadas ni los mensajes enviados por su novia.

Luego, el acusado se comunicó con ella y le remitió una fotografía en la que aparecía con manchas de sangre en el rostro y el cuello. La Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California incluyó ese elemento entre los antecedentes del pedido de extradición.

La investigación incluyó un presunto intento de limpiar el vehículo

Las autoridades salvadoreñas también señalaron que Castillo Murga y otras personas intentaron ocultar la muerte de la mujer y el abandono del hijo de ambos. La investigación menciona a su novia, su abuela y un abogado.

Según el expediente, la abuela y el abogado indicaron a dos personas que lavaran el vehículo del acusado. El automóvil tenía sangre tanto en el interior como en el exterior.

Las personas utilizaron agua, champú para automóviles y vinagre. Pese a ello, no lograron borrar todos los rastros de sangre del vehículo.

El 2 de febrero de 2019, Castillo Murga salió presuntamente de El Salvador a pie hacia Guatemala con la ayuda de su abuela y del abogado. Allí utilizó su pasaporte estadounidense en un puesto de control fronterizo.

Los tribunales rechazaron los recursos contra la extradición

Estados Unidos arrestó a Castillo Murga en octubre de 2024 tras recibir la solicitud formal del Gobierno de El Salvador. La jueza magistrada federal Sheri Pym certificó la extradición el 28 de julio de 2025.

El acusado presentó una petición de habeas corpus, que el juez federal de distrito John W. Holcomb rechazó el 5 de noviembre de 2025. Después de esa resolución, el secretario de Estado emitió la orden para entregarlo a las autoridades salvadoreñas.

Holcomb también desestimó el 24 de septiembre de 2026 una solicitud para suspender la medida. Esa decisión habilitó el traslado final del acusado desde Estados Unidos.

El fiscal federal adjunto John J. Lulejian y las abogadas Reena T. Mittelman y Amanda Matey Pyles, integrantes de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, participaron en el proceso. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos trasladó a Castillo Murga y lo entregó a la custodia de El Salvador.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre la seguía en otra moto y se abalanzó sobre ella para agredirla. La víctima cayó al suelo tras el ataque y el señalado agresor habría usado un arma cortopunzante, con la que le causó una lesión en la cara.

Ciudadanos intervinieron tras observar la agresión

Varias personas que transitaban por el lugar reaccionaron ante lo ocurrido y evitaron que el ataque continuara. Algunos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un robo, pero intervinieron cuando advirtieron que la mujer era agredida por un hombre que se movilizaba cerca de ella.

La participación de los ciudadanos permitió separar al presunto responsable de la víctima. Según la versión conocida hasta ahora, esa intervención evitó que la situación escalara en inmediaciones de la institución educativa.

La Policía capturó al hombre señalado de cometer la agresión. Por el momento, no divulgaron su identidad, ni el estado de salud de la mujer.

Se espera que las autoridades entreguen información sobre las circunstancias que antecedieron a la agresión, la atención médica brindada a la víctima y el proceso que seguirá el capturado.

El caso generó mensajes de rechazo en redes sociales

Luego de que circulara la información, usuarios de redes sociales expresaron indignación y pidieron una respuesta de las autoridades. Uno de ellos sostuvo que “Valledupar no puede esperar a que una agresión se convierta en otro feminicidio”.

El mismo usuario solicitó que se garantice la protección de la mujer y que el presunto agresor responda ante la justicia. “Es urgente capturarlo, proteger la vida de esta mujer y llevarlo ante la justicia. Cada minuto cuenta”, escribió.

Otro comentario cuestionó la violencia contra las mujeres y manifestó rechazo frente al ataque. También hubo publicaciones que minimizaron la situación o realizaron afirmaciones sobre una posible reconciliación de la pareja.

Dos mujeres protagonizaron una pelea frente a un colegio de Soledad durante una jornada de matrículas

Por otra parte, una discusión entre dos mujeres frente a un colegio de Soledad, Atlántico, quedó registrada en un video que circuló en redes sociales el sábado 24 de octubre de 2026. La versión que acompaña la publicación señala que una de ellas encontró a su esposo con otra mujer durante la matrícula de sus tres hijastros.

La grabación muestra un enfrentamiento físico a las afueras de la institución educativa, ante familias y estudiantes que acudían a realizar trámites escolares.

En las imágenes se observa cómo ambas se sujetan del cabello en medio de la confrontación. Personas que estaban cerca miraron lo ocurrido durante los primeros instantes, hasta que varias de ellas se acercaron para intervenir.

La ayuda de los presentes permitió separar a las protagonistas y detener la pelea. El video no permite conocer qué sucedió antes del altercado ni escuchar con claridad las expresiones que intercambiaron.

Tampoco se informó si alguna de las mujeres requirió atención médica o si el caso llegó a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia formal. La publicación se viralizó acompañada de comentarios que atribuyen el episodio a una presunta infidelidad, aunque ese señalamiento no ha sido corroborado.

Usuarios cuestionaron al hombre mencionado en la versión viral

Las reacciones se concentraron en el hombre al que se refiere el relato divulgado en redes. Un internauta escribió: “La otra mujer no tiene la culpa, el culpable sin vergüenza es el hombre”.

Otra persona llamó la atención sobre el motivo por el que las familias estaban en el lugar. “Hay que agradecerle la nobleza solidaria de ponerlos a estudiar”, comentó en referencia al proceso de inscripción de los menores.

Un tercer usuario rechazó la exposición pública del conflicto y consideró que la responsabilidad recaía en el esposo: “La esposa no tiene que hacer ese show como cabaretera peleando cliente; la culpa de todo la tiene el esposo”.

La decisión judicial se conoció tras las audiencias preliminares contra el procesado, al que la Fiscalía General de la Nación señala como presunto responsable de la muerte de la mujer trans de 46 años que fue encontrada con dos impactos de bala en la cabeza en una zona rural en el oriente antioqueño.

Aunque el sujeto no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La captura se produjo el 24 de octubre de 2026, en un operativo realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 que será sometido a estudios de balística para establecer si fue utilizado en el asesinato.

La Fiscalía afirma que el acusado llevó a Yuliza Orozco a la vereda Pantanillo

De acuerdo con la investigación, Muñoz recogió a la víctima en un vehículo particular en la zona urbana de La Ceja el 29 de diciembre de 2025. Después, la habría trasladado hasta la vereda Pantanillo, donde Yuliza apareció sin vida horas más tarde.

El cuerpo fue hallado en la madrugada del 30 de diciembre, en una vía rural cercana al límite entre La Ceja y El Retiro. La mujer presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza. Sus familiares habían denunciado su desaparición durante la tarde anterior, luego de perder contacto con ella desde la noche.

La Fiscalía imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El ente acusador sostiene que existen elementos que vinculan al hombre con el traslado de la víctima hacia el sector donde ocurrió el crimen.

El arma incautada durante la captura forma parte de los elementos que serán analizados dentro de la investigación. Los peritos deberán comparar las características del revólver con los hallazgos recopilados en la escena y con la evidencia balística relacionada con el homicidio.

La investigación indaga una posible relación que habría permanecido en secreto

Durante la judicialización, la Fiscalía expuso una hipótesis sobre el posible móvil del crimen. Según la información entregada en las audiencias, Muñoz y Orozco habrían sostenido una relación que no era pública.

La versión conocida en el proceso indica que la víctima quería revelar esa relación, circunstancia que, según la suposición del organismo judicial, pudo haber desencadenado la agresión. Familiares y amigos de Orozco también habían señalado que el hoy imputado tenía esposa y que existía preocupación por las consecuencias de que el vínculo saliera a la luz.

Ese elemento hace parte de las líneas que deberán ser probadas durante el proceso judicial. La medida de aseguramiento no implica una condena y Luis Alfonso Muñoz mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una decisión definitiva de la justicia.

La investigación se mantiene abierta para determinar con precisión las circunstancias del asesinato, el eventual móvil y la posible relación entre el arma decomisada y los disparos que causaron la muerte de la activista.

Yuliza Orozco era una referente de la comunidad Lgbti+ en La Ceja

Yuliza Orozco Orozco era reconocida en La Ceja por su trabajo como activista y lideresa de esa comunidad. Su asesinato causó conmoción entre habitantes del municipio, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Tras conocerse el crimen, la organización Caribe Afirmativo pidió que el caso fuera investigado con enfoque de género. El colectivo manifestó que el homicidio de Orozco se sumaba a un escenario de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer en Colombia.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Yuliza, una mujer trans, en La Ceja, Antioquia. Hacemos un llamado a la Fiscalía a investigar este crimen aplicando un enfoque de género”, expresó la organización en un mensaje difundido en redes sociales en ese entonces.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también condenó el asesinato y señaló que los transfeminicidios reflejan niveles de discriminación que no deberían tener lugar en una sociedad democrática. La funcionaria envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amistades y personas cercanas a la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos cada una para localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Además, la fiscalía también activó una recompensa con el mismo monto por su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, acusado de encubrimiento.

El anuncio se dio a conocer este 27 de octubre a través de las fichas oficiales de la dependencia, que suman 700 mil pesos en recompensas por ambos hombres, prófugos desde el crimen ocurrido el 15 de octubre en Coatzacoalcos.

La recompensa y las vías para aportar información

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por cada uno de los dos hombres buscados: Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado como el feminicida de la doctora Cristina Ramos, y su padre, acusado de haberlo ayudado a huir. Las fichas corresponden a los acuerdos 174/2026 y 175/2026, y la dependencia garantiza confidencialidad total para quien aporte datos.

Según la institución, el monto se otorgará a “quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, efectiva y oportuna” que contribuya a la localización de ambas personas.

La FGE habilitó tres canales para recibir denuncias: el teléfono 800 890 6863, el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas ubicadas en Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, en Xalapa.

La dependencia precisó que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen serán tratados de manera estrictamente confidencial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los dos sujetos.

El feminicidio de Cristina Ramos Argüello

Cristina Ramos Argüello, de 34 años, era médica y laboraba tanto en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar como en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos. Fue hallada sin vida la mañana del 15 de octubre en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio.

La familia de la doctora fue alertada por compañeros de trabajo, quienes avisaron que Cristina no había llegado a su centro de atención médica esa jornada. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su propio domicilio.

Ramos Argüello tenía menos de seis años ejerciendo como especialista en el municipio de Coatzacoalcos, donde cubría un turno en cada uno de los dos hospitales públicos en los que trabajaba.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al fraccionamiento donde ella vivía.

Tras el ataque, el señalado huyó del lugar y permanece prófugo desde entonces. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente a este delito.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la Coordinación del IMSS-Bienestar del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la doctora. El organismo le dedicó un mensaje en el que destacó “su vocación de servicio, compromiso y calidad humana”.

Perfil y fuga del principal sospechoso

Lenin Salvador Córdova Pérez tiene 21 años y era pareja sentimental de la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos. Era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana al momento del crimen.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo del cuerpo, la FGE cateó su vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias de la investigación. En ese operativo las autoridades habrían localizado evidencia que lo relaciona con el feminicidio.

Las primeras versiones apuntaron a Córdova como principal sospechoso por las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Hasta el momento, el señalado continúa sin ser localizado ni detenido.

La acusación contra el padre del sospechoso

La segunda ficha de recompensa difundida por la FGE corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso. Contra él pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de encubrimiento.

Al padre del señalado se le aplican las reformas legales conocidas popularmente como “Ley Montse”, que castiga a familiares que ayuden a escapar a un feminicida. Familiares y conocidos de la doctora acusaron a Córdova Santana de haber sacado a su hijo de la ciudad de Coatzacoalcos para evadir a las autoridades tras el crimen.

El menor, quien era empleado de la víctima, conducía la motocicleta en la que se trasladó el presunto autor de los disparos hasta el lugar del crimen. Fue detenido el 23 de octubre y permanece internado en el Centro para Adolescentes “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec.

Reconstrucción del ataque armado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, la víctima de 25 años arribó a bordo de su vehículo a un domicilio ubicado en la calle Salvador Dalí, en la colonia Acuitlapilco. En ese momento llegó al lugar una motocicleta ocupada por dos personas: un adulto que mantenía una relación sentimental con ella y el adolescente, quien conducía la unidad.

Según la Fiscalía, el adulto, identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, descendió de la motocicleta y disparó en varias ocasiones contra la víctima, para después abordar nuevamente la unidad y huir junto con el adolescente. La mujer falleció en el sitio a consecuencia de las heridas recibidas.

Los hechos quedaron videograbados por cámaras de videovigilancia y se difundieron posteriormente en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió reconstruir la secuencia del ataque.

Antes del ataque, Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, y un sujeto apodado “Vivi” recogieron a la joven en casa de una amiga. De acuerdo con esas reconstrucciones, Helen aprovechó un momento para tomar el volante del automóvil y dirigirse a su domicilio, donde fue interceptada por la motocicleta.

Investigación y vinculación a proceso del adolescente

La Fiscalía mexiquense indicó que, una vez que tuvo conocimiento de los hechos, inició la investigación que permitió identificar al menor de edad como uno de los posibles intervinientes en el delito.

El adolescente fue detenido por elementos de la institución el pasado 23 de octubre. Tras su detención, fue ingresado al Centro “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, a disposición de la autoridad judicial.

Como medida cautelar se le impuso el internamiento y se otorgó un plazo de investigación complementaria de 20 días. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la autoridad judicial analizó los datos de prueba recabados y aportados por la institución, y determinó la vinculación a proceso del menor.

El presunto autor de los disparos, prófugo

El adulto señalado como quien efectuó los disparos, identificado por la Fiscalía como pareja sentimental de la víctima, tiene pendiente un mandamiento judicial, según el comunicado oficial.

El presunto responsable fue identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”. Karina Hernández, madre de la víctima, exigió que se ejecute la orden de aprehensión al cumplirse dos meses del crimen. Afirmó que la familia entregó a la autoridad videos grabados por las cámaras de videovigilancia de la casa de la víctima donde se observa al sujeto dispararle a quemarropa.

Reclamo de justicia y difusión pública

La familia de Helen Ramírez ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información que ayude a dar con el paradero del presunto responsable.

La madre de la víctima relató que, ante la falta de una orden de aprehensión inmediata, la familia realizó al menos dos movilizaciones y bloqueos en la avenida Bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, para denunciar la inacción de la policía de investigación.

La familia denunció además que comenzó a recibir mensajes intimidatorios y que el señalado realizó publicaciones en redes sociales tras el crimen. El 21 de octubre se publicó en el perfil de Facebook de la propia Helen una fotografía del sujeto con los escudos de la Fiscalía y el número telefónico 800 702 8770 para quienes deseen aportar información sobre su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas trasladó a un penal estatal a Armando “N”, alias “El Melo”, uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam, de 55 años, y su nieta Ariana Scarleth, de 12, ocurrido en el municipio de Ostuacán.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video que “El Melo” fue llevado a un centro penitenciario para continuar con el proceso relacionado con los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre.

“Estaremos muy pendientes del seguimiento de su juicio y, tal como lo anunciamos, pediremos la pena máxima de 100 años por el delito que cometió”, señaló el funcionario.

El traslado ocurre después de que el presunto responsable sobreviviera a un intento de linchamiento protagonizado por habitantes de Ostuacán, quienes irrumpieron en las instalaciones de seguridad municipal para sacar por la fuerza a los dos hombres que permanecían bajo custodia policial.

“El Melo” sobrevivió al linchamiento; “El Cera” murió

Durante la agresión colectiva murió Andrés “N”, alias “El Cera”, quien también había sido señalado por las autoridades como presunto implicado en el doble feminicidio. El hombre fue golpeado por los pobladores y posteriormente decapitado.

“Los habitantes buscaban impedir que ambos fueran trasladados por las autoridades estatales a Tuxtla Gutiérrez. Después de sacarlos de la custodia policial, los llevaron a la plaza central, ubicada junto a la presidencia municipal, donde continuaron las agresiones.

En medio de la violencia, los pobladores amenazaron con incendiar las instalaciones del ayuntamiento y se registró la suspensión del suministro de energía eléctrica en la localidad.

De acuerdo con información difundida previamente por la Fiscalía, “El Cera” había sido detenido hace aproximadamente tres años por el delito de robo con violencia en Pichucalco. Además, las autoridades recopilaron testimonios que lo señalaban como una persona con presunta adicción a sustancias psicoactivas.

El linchamiento ocurrió después de que los habitantes conocieran los detalles del asesinato de Miriam y su nieta, cuyos cuerpos fueron localizados días después de que ambas fueran reportadas como desaparecidas.

Fiscalía atribuye el crimen a una “venganza personal”

Las investigaciones de la Fiscalía de Chiapas apuntaron inicialmente a una “venganza personal” atribuida a “El Melo” como el móvil del doble feminicidio.

Miriam y Ariana habían salido el lunes rumbo a un rancho de su propiedad para revisar a sus animales. Después de que sus familiares perdieron contacto con ellas, comenzó su búsqueda.

El cuerpo de Miriam fue localizado el miércoles, mientras que el de Ariana fue encontrado el viernes. Los hallazgos provocaron indignación entre los habitantes de Ostuacán y generaron exigencias para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

Según las indagatorias de la Fiscalía, la mujer de 55 años murió a consecuencia de heridas provocadas con un arma punzocortante y su cuerpo fue abandonado dentro de bolsas de plástico.

En el caso de Ariana, de 12 años, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento. El fiscal Jorge Luis Llaven también informó que la menor sufrió una agresión sexual.

Tras la localización de ambos cuerpos, las autoridades estatales detuvieron a “El Melo” y “El Cera” como presuntos responsables. Sin embargo, antes de que fueran puestos a disposición de las instancias correspondientes, los pobladores irrumpieron en las instalaciones donde permanecían bajo custodia y los sacaron por la fuerza.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a evitar que la indignación por el doble feminicidio derivara en más violencia y pidió a los habitantes confiar en las autoridades.

“La justicia por propia mano no nos devuelve la paz”, advirtió el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras “El Melo” permanece bajo custodia en un penal estatal y enfrenta el proceso por el que la Fiscalía anticipó que solicitará la pena máxima de 100 años, las autoridades deberán esclarecer también las circunstancias que rodearon el linchamiento de “El Cera” y las acciones violentas registradas en Ostuacán.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado por el feminicidio de su compañera sentimental en una vivienda rural del municipio de Zarzal, ubicado al norte del Valle del Cauca.

El procesado, identificado como Ideralvaro Perilla Barroso, aceptó el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el boletín difundido por el ente judicial en la jornada del 26 de octubre de 2026.

El brutal ataque ocurrió el 21 de octubre en el corregimiento La Paila, donde la víctima, de 24 años, fue herida a muerte con un arma cortopunzante.

Las autoridades atribuyen al hombre, de 41 años, la muerte de la mujer tras la investigación adelantada por la Fiscalía que determinó lo siguiente: “Una llamada telefónica por parte de la víctima habría desatado un episodio de celos en el ahora procesado”, según la información oficial.

La víctima fue apuñalada en nueve oportunidades

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el ente acusador ante el juez, Perilla habría atacado a su compañera sentimental en nueve ocasiones con un arma cortopunzante.

La escena fue presenciada por un hermano de la víctima, un elemento que resultó relevante para que los investigadores avanzaran en la identificación del señalado agresor. Con esa información, la Policía Nacional ubicó al hombre y realizó su captura en situación de flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación indicó en su comunicado oficial que un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó al detenido ante un juez de control de garantías.

Durante la audiencia, el ente acusador le imputó el delito de feminicidio agravado y el procesado aceptó su responsabilidad en el ataque que acabó con la vida de la joven.

La investigación documentó antecedentes de violencia en la relación

Las labores de policía judicial también permitieron recopilar información sobre la convivencia de la pareja con los testimonios de sus allegados. De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, durante la relación se habrían presentado varios hechos de violencia física y verbal.

Ese antecedente fue incluido dentro de los elementos que llevaron el caso ante la justicia; sin embargo, la investigación continúa bajo la dirección de la Seccional Valle del Cauca, que se encargará de consolidar el material probatorio para el desarrollo del proceso y así lograr que se determine una condena en contra del señalado.

El delito de feminicidio agravado contempla circunstancias que, de acuerdo con la legislación colombiana, permiten establecer que el asesinato de una mujer ocurrió por razones asociadas a su condición de género o en un contexto de violencia dentro de una relación afectiva.

En este caso, la Fiscalía reiteró que, además de la conducta investigada, existían reportes sobre agresiones previas.

Hombre que intentó matar a su pareja fue judicializado

La Fiscalía informó avances en el caso de un hombre señalado de intentar matar a su compañera permanente en el corregimiento de Orihueca, zona rural de Zona Bananera, en Magdalena. Un juez ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario.

De acuerdo con el ente judicial, el ataque ocurrió el 21 de agosto de 2026. El investigado habría golpeado a la mujer, de 18 años, con un objeto contundente, lo que le provocó lesiones que exigieron atención de urgencias y su posterior traslado a una institución de mayor complejidad en Santa Marta.

Durante la investigación, el ente acusador estableció que la víctima habría sufrido agresiones físicas, psicológicas y económicas de manera reiterada dentro de la relación.

Un fiscal de la Seccional Magdalena imputó al hombre el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado y, pese a que el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal.

Los feminicidios registrados en 2026 en Cuba ya superaron los totales anuales documentados en 2024 y 2025, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas. La entidad verificó 60 asesinatos por razones de género entre enero y el 26 de octubre.

El registro excedió en 11 víctimas la cifra de 2025 y en cuatro la de 2024. El más reciente caso confirmado fue el de Marili Reina Fajardo, una mujer de 45 años cuyo cuerpo apareció el 21 de octubre en Brisas del Mar, en Habana del Este.

El total acumulado, durante este año, representa un aumento del 22.4% frente a los 49 feminicidios documentados en 2025. En comparación con 2024, cuando la organización registró 56 casos, el incremento fue del 7.1%.

La cifra permanece por debajo de los 90 feminicidios contabilizados en 2023, el mayor registro de la serie histórica que el observatorio sigue desde 2019. El balance reunido hasta octubre equivale al 66.7% de aquel total.

El recuento de este año superó las cifras de los dos períodos anteriores antes de que finalizara octubre. La confirmación del asesinato de Reina Fajardo llevó el registro de la organización a ese nuevo nivel.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las parejas o exparejas fueron señaladas como agresores en 37 de los 49 casos entonces registrados. Esa proporción alcanzó el 75.5%.

El Observatorio de Género de Alas Tensas identificó además a al menos 40 menores que dependían de las víctimas. El dato refleja que los crímenes afectan también a hijos y otros familiares que quedan bajo cuidado de terceros.

El caso más reciente: Marili Reina Fajardo no llegó al trabajo al que se dirigía

Reina Fajardo salió de su vivienda en La Lima, Guanabo, durante la mañana del 21 de octubre. La víctima se dirigía a trabajar como empleada doméstica, pero no llegó a su destino.

El cuerpo de la víctima fue localizado en Brisas del Mar, una zona del municipio de Habana del Este. Los testimonios recopilados por la organización mencionaron signos de agresión sexual y violencia extrema.

La mujer era madre de tres hijos: dos hijas mayores de edad y un hijo menor. Las personas cercanas la describieron como alguien que asumía varios trabajos para sostener a su familia.

La directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, Ileana Álvarez, explicó que los elementos reunidos durante la revisión del caso permitieron clasificar el asesinato como feminicidio según la metodología de la entidad.

“Personas muy cercanas a la víctima nos confirmaron la existencia de signos de agresión sexual y de violencia extrema”, dijo Álvarez. La directora añadió que las circunstancias de la desaparición y otros antecedentes conocidos durante la investigación respaldaron esa conclusión.

La investigación no identificó públicamente a la persona responsable

Hasta el 26 de octubre, no existía información pública sobre la identidad de la persona responsable del asesinato. El observatorio indicó que mantendrá bajo seguimiento el caso mientras avance la investigación policial.

La pareja actual de Reina Fajardo había estado detenida, pero luego fue liberada. No hay información que permita atribuirle responsabilidad en el crimen.

“Esperamos que las autoridades esclarezcan cuanto antes lo sucedido, identifiquen a la persona responsable y garanticen que responda ante la justicia”, declaró Álvarez.

La directora sostuvo que el asesinato vuelve a mostrar la violencia contra las mujeres en Cuba. También pidió que las autoridades investiguen este tipo de crímenes con perspectiva de género.

El observatorio mantiene expedientes abiertos por otros hechos de violencia feminicida

El registro de la entidad incluía, hasta esa fecha, 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización continúa la revisión de los casos que todavía requieren información para establecer una clasificación final.

A los feminicidios confirmados se sumaban 11 posibles casos y 17 intentos reportados durante 2026. Esos expedientes siguen abiertos mientras el observatorio reúne elementos sobre las circunstancias de cada hecho.

La organización solicitó acceso a las investigaciones por las muertes de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. Ambos fallecimientos permanecen bajo revisión.

El observatorio también analiza la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida. La entidad no comunicó una conclusión definitiva sobre ese expediente.

Los registros pendientes abarcan además casos de 2025. La organización conserva abiertos doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida.

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Procesan a hombre por tentativa de feminicidio de su expareja y lesiones en contra de una adolescente en San Luis Potosí

Un hombre identificado como Jaime “N” fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas, tras una agresión contra su expareja y una adolescente en el municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí.

La determinación fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de su Delegación Sexta, luego de que un Juez de Control concediera la medida durante la audiencia correspondiente.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con hechos ocurridos el 9 de octubre de 2026 en un domicilio de la localidad de Chalchitepetl, municipio de Matlapa. De acuerdo con las indagatorias, el imputado ingresó de manera violenta al domicilio y amenazó a su expareja para después intentar agredirla con un mazo de metal.

La víctima logró impedir los golpes, mientras otras personas intervinieron para detener la agresión, según indicó la Fiscalía. Durante estos acontecimientos, una adolescente también habría sido agredida por el señalado.

Tras su detención, Jaime “N” fue presentado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia, personal de la Delegación Sexta de la FGESLP expuso los datos de prueba y solicitó su vinculación a proceso, petición que fue concedida por el Juez de Control.

La autoridad judicial impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Arrestan a hombre con drogas que intentó tirarlas para evitar su detención en Quintana Roo

Un hombre identificado como Erick José “N” fue detenido en el municipio de Cozumel como presunto implicado en delitos contra la salud, luego de que intentara huir en una motocicleta tras arrojar al suelo varias bolsitas con una hierba seca similar a la marihuana.

Elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención del delito y vigilancia cuando observaron a un hombre junto a una motocicleta, manipulando bolsitas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana. El hecho ocurrió sobre la avenida Antonio González Fernández, en Cozumel.

Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó las bolsitas al suelo e intentó abordar la motocicleta para huir del lugar, pero los uniformados lo interceptaron antes de que lograra escapar.

Tras explicarle el motivo de la intervención, se realizó una revisión preventiva en la que se le aseguraron 20 bolsitas con hierba seca y verde con características similares a la marihuana, un estuche de color negro y una motocicleta marca Suzuki, tipo UR110EZ, de color azul con negro, con placas de circulación del estado de Quintana Roo.

Con estos elementos asegurados, tanto los indicios como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para determinar su situación jurídica.

Arrestan a presunto miembro de Los Cuatetes en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), puso a disposición de las autoridades correspondientes a un hombre señalado como presunto responsable de delitos contra la salud, luego de un operativo realizado en el municipio de Huehuetán.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, alias “Pancho”. Durante un recorrido de prevención, disuasión y proximidad social con dirección al ejido Guadalupe, sobre la carretera federal Tapachula-Arriaga, elementos de la FRIP lo localizaron y, tras una revisión a su persona y pertenencias, le aseguraron 12 bolsitas ziploc con una sustancia granulada con características similares al cristal, además de una motocicleta de la marca Italika.

Durante el procedimiento, el propio detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo identificado como los “Cuatetes”. Con este antecedente y los elementos asegurados, Francisco “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Fallece reo del penal de Mazatlán mientras recibía tención médica

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que un recluso del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, falleció mientras recibía atención médica.

De acuerdo con la corporación, la persona se encontraba hospitalizado desde el pasado 23 de octubre porque padecía tuberculosis y diabetes, lo que provocó complicaciones de salud.

“Con base a los protocolos, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como a los familiares de la PPL por parte de personal de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario, además de ofrecer el acompañamiento institucional”, detalló en un comunicado.

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Las víctimas murieron en el ejido Xochimilco Viejo. Según la investigación, dos hombres identificados como Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera, persiguieron a Cruz Alpuche y a la menor hasta el lugar del crimen y luego se dieron a la fuga.

El móvil del crimen

Llaven Abarca explicó que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación permitieron establecer con claridad la responsabilidad de ambos hombres en los hechos.

El rencor personal que originó el ataque pertenecía a “El Melo”, señaló el fiscal. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, fue él quien impulsó la persecución que terminó con la vida de la mujer y de la niña, cuya identidad se mantiene reservada. Las autoridades ya acreditaron su participación y la de un segundo hombre, y buscan ahora una condena de 100 años de prisión contra el responsable que permanece con vida.

La investigación detalló que ambos hombres actuaron de manera conjunta: primero siguieron a las víctimas y después escaparon del lugar donde las mataron. La Fiscalía no precisó el origen exacto del conflicto que derivó en la venganza.

La pena que solicitará la Fiscalía

El organismo informó que la carpeta de investigación por el doble feminicidio continúa en integración para su judicialización.

Cuando el expediente llegue ante un juez, la Fiscalía pedirá la pena máxima de 100 años de prisión contra Armando “N” por el crimen cometido contra Cruz Alpuche y la menor.

Llaven Abarca remarcó que el proceso busca que el imputado enfrente la justicia por los hechos. El fiscal no ofreció una fecha estimada para la judicialización del caso.

Antecedentes de Andrés “N”

Durante la investigación también se estableció que Andrés “N”, alias El Cera, había sido detenido en 2023 por el delito de robo con violencia en el municipio de Pichucalco, por lo que contaba con antecedentes penales.

De acuerdo con testimonios recabados en la carpeta, Andrés se dedicaba al robo con violencia y era adicto a sustancias psicoactivas. La Fiscalía incorporó estos elementos como parte del perfil de los responsables.

La detención y el linchamiento

Después de ser detenidos, Armando “N” y Andrés “N” fueron trasladados a los separos de la presidencia municipal.

Alrededor de las 19:00 horas, una multitud de habitantes de Ocozocuautla irrumpió de manera violenta en la alcaldía y sustrajo a los dos imputados. La Fiscalía señaló que de inmediato se establecieron diálogos con los ciudadanos y se reforzaron las medidas de seguridad.

Pese a esas acciones, los pobladores privaron de la vida a Andrés “N”. Armando “N” fue rescatado con heridas, pero con vida, y trasladado de inmediato para recibir atención médica. Su estado se reportó estable. A raíz de la muerte de Andrés “N”, la Fiscalía inició una carpeta de investigación distinta por el delito de homicidio cometido en su agravio.

Restablecimiento del orden en Ocozocuautla

El fiscal informó que el orden se restableció desde la madrugada en el municipio, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la propia Fiscalía General del Estado.

Llaven Abarca indicó que, al momento de su mensaje, la situación en Ocozocuautla se encontraba en calma.

El fiscal dirigió un mensaje directo a la población: no habrá impunidad y Armando “N”, el imputado que permanece detenido, enfrentará la justicia por el doble feminicidio.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para llevar el caso ante un juez y sostener la solicitud de la pena máxima contra el responsable que sobrevivió al linchamiento.

El crimen, la desaparición y el hallazgo de los cuerpos

Miriam Cruz Alpuche y su nieta desaparecieron el lunes 19 de octubre, después de salir hacia unos terrenos de la comunidad de Tanchichal para revisar y alimentar ganado.

Al no regresar, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas de la zona.

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo, con signos de violencia. La búsqueda de la menor continuó con la participación de corporaciones policiales, voluntarios y personal de Protección Civil, apoyados por los binomios caninos Nazca y Tornado. El viernes 23 de octubre, las autoridades encontraron sin vida a la niña cerca de la misma comunidad.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias identificaron lesiones provocadas por arma blanca en Miriam Cruz. En el caso de la menor, los estudios determinaron que murió por asfixia y revelaron indicios de agresión sexual.

Una policía municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, fue asesinada a balazos cuando salía de su turno y viajaba en motocicleta por el Libramiento Sur, en un nuevo caso de violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad.

La agresión ocurrió la mañana del sábado 24 de octubre, en las inmediaciones del bulevar Las Torres. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a la agente y dispararon contra ella antes de escapar. Sin embargo, también existe la versión de que la policía estaría desayunando en un local de comida cuando fue sorprendida por el ataque directo.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, donde murió mientras recibía atención médica. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Reportes periodísticos identificaron preliminarmente a la víctima como María Angélica, de 31 años, conocida entre sus compañeros como la oficial “Llamas”. Las mismas publicaciones señalaron que ingresó a la corporación municipal en noviembre de 2019.

Hasta los primeros reportes del caso, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni establecido públicamente el móvil del homicidio. Tampoco se había confirmado que la agresión estuviera relacionada directamente con sus funciones policiales.

Policías asesinados durante sus traslados y fuera de servicio

El asesinato de la agente de Purísima del Rincón tiene antecedentes en otros casos documentados en Guanajuato, donde integrantes de corporaciones municipales han sido atacados mientras se trasladaban a sus centros de trabajo o se encontraban fuera de servicio.

Uno de ellos fue el homicidio de Jesús Vargas, comandante de la Policía Municipal de Abasolo, ocurrido el 10 de junio de 2026 en la comunidad de Capilla de Márquez, en el municipio de Pénjamo.

La muerte del mando operativo provocó un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado. Sobre las circunstancias del ataque circularon versiones distintas: una indicó que Vargas se dirigía a trabajar en motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados; otra señaló que habría sido atacado dentro de su domicilio, presuntamente después de concluir su jornada laboral.

El caso constituye un antecedente de violencia contra un mando policial, aunque las circunstancias exactas de su asesinato deben distinguirse de las reportadas en Purísima del Rincón.

Un policía fue perseguido cuando salió de su casa en Salamanca

Otro antecedente ocurrió el 1 de febrero de 2025, cuando Román Valentín Ramírez Cornejo, integrante de la Policía Municipal de Salamanca, fue asesinado al salir de su domicilio.

Reportes de medios locales señalaron a dos hombres armados que viajaban en motocicleta comenzaron a perseguir al agente cuando caminaba por la calle Venus, en la colonia Olimpo. Los agresores le dispararon y huyeron del lugar.

El gobierno municipal confirmó la identidad de la víctima y señaló que tenía 40 años, además de estar encargado de la unidad canina de la corporación.

En aquella publicación, el homicidio fue reportado como el cuarto asesinato de un policía en Guanajuato durante los primeros días de 2025. El caso mostró que los integrantes de las corporaciones también podían ser atacados al abandonar sus domicilios, fuera de las instalaciones policiales.

Tres elementos estatales murieron en una emboscada

La violencia contra los uniformados también ha alcanzado a agentes durante el cumplimiento de sus funciones.

El 23 de septiembre de 2026, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en Comonfort.

La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que los elementos realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados. Después de la agresión se desplegó un operativo interinstitucional con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para localizar a los responsables.

La agresión ocurrió en circunstancias distintas a los homicidios de agentes fuera de servicio, pero se sumó a la lista de ataques mortales contra integrantes de las corporaciones de seguridad en Guanajuato durante 2026.

Guanajuato, entre las entidades con más agentes asesinados

De acuerdo con el registro de Causa en Común, al menos 19 agentes de seguridad pública fueron asesinados en Guanajuato entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026. En ese corte, la entidad ocupaba el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

A escala nacional, el organismo contabilizó 232 agentes asesinados durante el mismo periodo. El registro incluye a policías municipales y estatales, así como a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y otras corporaciones federales.

La cifra de Guanajuato corresponde a un corte anterior al asesinato de la agente de Purísima del Rincón, por lo que el caso deberá considerarse en las siguientes actualizaciones del conteo.

Las cifras de años anteriores también dimensionan la persistencia del problema. Causa en Común documentó 61 policías asesinados en Guanajuato durante 2024 y 36 durante 2025.

Los datos corresponden al seguimiento de casos documentados por la organización y no implican que todos los homicidios hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias o respondan a un móvil común.

Ataques bajo circunstancias distintas

Los homicidios documentados en Purísima del Rincón, Pénjamo y Salamanca muestran que integrantes de las corporaciones de seguridad han sido víctimas de agresiones en distintos momentos de su vida laboral: al salir de turno, durante sus traslados o al abandonar sus domicilios.

A estos casos se suman ataques contra policías durante patrullajes y operativos, como la emboscada que dejó tres elementos estatales muertos en Comonfort.

En el caso de Purísima del Rincón, las investigaciones deberán esclarecer quiénes participaron en la agresión, cómo fue planeada y si el asesinato estuvo relacionado con la labor policial de la víctima.

La noche del sábado 24 de octubre, decenas de pobladores se concentraron frente a la presidencia municipal para exigir justicia.

La tensión aumentó cuando elementos de la Policía Estatal intentaron trasladar a los sospechosos ante el Ministerio Público.

De acuerdo con reportes locales, los manifestantes utilizaron piedras y palos para tratar de impedir el traslado. Sin embargo, los agentes lograron retirarse con los detenidos.

Intento de linchamiento en Ostuacán desata tensión tras doble feminicidio

La movilización ocurrió horas después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmara la captura de presuntos implicados en los asesinatos.

“Respecto a los dos lamentables feminicidios ocurridos en Ostuacán, les informo que ya hay detenidos. Se actuó de manera discreta y sigilosa para encontrar a los responsables”, publicó.

Durante los disturbios se reportó un corte de energía eléctrica en el municipio, mientras habitantes exigían que los sospechosos permanecieran en la localidad.

Ante el riesgo de nuevas agresiones, Ramírez Aguilar pidió permitir que las investigaciones continuaran por la vía institucional.

“La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes”, advirtió.

La madrugada del domingo se reportó la muerte de uno de los detenidos.

¿Cómo ocurrieron los feminicidios de Miriam Cruz y su nieta Ariana?

Miriam Cruz Alpuche y su nieta desaparecieron el lunes 19 de octubre, después de salir hacia unos terrenos de la comunidad de Tanchichal para revisar y alimentar ganado.

Al no regresar, sus familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas.

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo, con signos de violencia.

La búsqueda de Ariana continuó con la participación de corporaciones policiales, voluntarios y personal de Protección Civil, apoyados por los binomios caninos Nazca y Tornado.

Finalmente, el viernes 23 de octubre, las autoridades encontraron sin vida a la niña cerca de la misma comunidad.

Fiscalía de Chiapas investiga el asesinato de abuela y nieta

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias identificaron lesiones provocadas por arma blanca en Miriam Cruz.

En el caso de Ariana, los estudios determinaron que murió por asfixia y revelaron indicios de agresión sexual.

La Fiscalía abrió las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

Aunque las autoridades confirmaron detenciones, todavía no se han difundido públicamente todos los detalles sobre la participación atribuida a cada sospechoso.

Grey Noralba Sanmartín Villalba, una colombiana de 36 años, fue asesinada con al menos 15 puñaladas en un apartamento de Cuirone, una localidad de Vergiate, en la provincia de Varese, Italia. Su pareja, Marco Panichi, técnico en calefacción de 53 años, fue detenido por feminicidio después de entregarse ante los carabineros en Avezzano, tras abandonar la vivienda.

La pareja se conocía desde hacía menos de 12 meses y mantenía una relación desde la primavera de 2026. Panichi había actualizado el 16 de julio su estado sentimental en Facebook e Instagram a “novio oficialmente”.

El hombre recorrió en auto más de 700 kilómetros hasta Abruzzo sin detenerse a pedir ayuda. Al final del día buscó a su padre, le confesó lo ocurrido y se presentó en la comisaría de los carabineros de Avezzano, en la vía Genserico Fontana: “He matado a mi novia”.

Panichi fue trasladado a la cárcel de San Nicola. Su defensor sostiene que actuó en legítima defensa, una hipótesis que deberá ser examinada durante la investigación, según información del medio local Il Mattino.

El hallazgo en un apartamento de planta baja

Los carabineros de Abruzzo alertaron a sus colegas de Varese tras la confesión y enviaron a los servicios de emergencia a la dirección indicada. La vivienda está en la planta baja y da a un patio situado en el centro de Cuirone, una zona rodeada de bosques.

Militares de las estaciones de Vergiate y Albizzate, el equipo operativo de Gallarate, investigadores de la unidad de investigación de Varese y bomberos intervinieron en el lugar. Estos últimos forzaron la entrada al apartamento, donde el cuerpo de Sanmartín Villalba estaba en el dormitorio. A su lado fue encontrado un cuchillo de cocina con una hoja de 33 centímetros.

El médico que efectuó la primera inspección contabilizó al menos 15 heridas de arma blanca, muchas de ellas en el cuello. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Pavía, donde la autopsia deberá establecer también la hora exacta de la muerte.

Una joven que reside en el mismo patio relató que una vecina había oído, cerca de las 10:00, voces alteradas durante una pelea violenta. La mujer se disponía a llamar a los carabineros, pero desistió cuando la situación pareció calmarse y una furgoneta se alejó, según recogió Il Giorno.

La vecina habría escuchado gritos y un solo golpe, tras lo cual no oyó nada más. La residente añadió que Panichi y Sanmartín Villalba habían llegado al patio la noche anterior y que otros inquilinos ya habían advertido tensiones y discusiones entre ambos, incluso por teléfono.

La versión bajo análisis y la audiencia del lunes

El fiscal de Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, interrogó a Panichi durante horas en la comisaría, hasta cerca de las 2:30 a. m., hora italiana. El hombre atribuyó el homicidio a una discusión que, de acuerdo con su relato, se habría agravado por los celos de su pareja, señaló Il Mattino.

Panichi afirmó que ella primero lo insultó y luego lo atacó físicamente con el cuchillo, aunque sostuvo que los golpes no le provocaron heridas graves. Dijo que le quitó el arma porque estaba asustado y que la utilizó para defenderse; esa reconstrucción no ha sido confirmada.

La Fiscalía de Busto Arsizio quedó a cargo del expediente con el fiscal Carlo Nocerino y el sustituto Ciro Vittorio Caramore. Los investigadores entrevistan a amigos y conocidos de la pareja y buscan a personas que puedan haber presenciado el homicidio.

Los teléfonos y dispositivos electrónicos de ambos fueron incautados para su análisis técnico, mientras la entrada de la vivienda quedó sellada. Los actos de la detención pasarán al juez de instrucción preliminar de Avezzano.

La audiencia de validación está prevista para el lunes 26 de octubre y se considera probable que Panichi participe por videoconferencia desde la prisión, acompañado por su defensor. No se descarta que luego sea trasladado a otra instalación.

El medio antes mencionado indicó que el delito de feminicidio por el que fue detenido está castigado con cadena perpetua en Italia. Sanmartin Villalba vivía en Ancona, estaba separada y era madre de dos hijos menores.

Andrés N. fue detenido el martes 20 de octubre en Huejotzingo, Puebla, por su probable responsabilidad en el feminicidio de su pareja, María Isabel Castillo Villegas, y la tentativa de feminicidio contra las dos hijas de ella, de ocho y 13 años, luego de que las investigaciones descartaron que la caída de un automóvil a una barranca en Zacapoaxtla hubiera sido un accidente.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en las inmediaciones de la calle Segovia Sur. El señalado quedó a disposición de un juez de Control, quien debía resolver su situación jurídica durante una audiencia.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2026, cuando un Chevrolet Optra rojo cayó a una barranca cerca del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. El automóvil tenía placas de Puebla y terminó fuera del camino tras sufrir daños en la parte frontal.

En el asiento del copiloto fue localizado el cuerpo de María Isabel Castillo Villegas, quien vivía en el fraccionamiento Real Segovia, en Huejotzingo. Sus hijas sobrevivieron y fueron trasladadas a la clínica del IMSS en Zacapoaxtla para recibir atención médica.

La necropsia estableció que María Isabel murió por estrangulamiento

Las investigaciones ministeriales establecieron que María Isabel Castillo Villegas habría muerto por asfixia mecánica por estrangulamiento antes de que el vehículo cayera a la barranca. Ese resultado llevó a que el caso fuera investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Durante las diligencias en el automóvil, los peritos localizaron una piedra de gran tamaño colocada sobre el pedal del acelerador. El objeto fue integrado como uno de los indicios para esclarecer si la caída de la unidad fue provocada con el propósito de simular un percance vial.

La hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que Andrés N. habría privado de la vida a su pareja y después habría trasladado a las menores en el Chevrolet Optra hasta Zacapoaxtla. La unidad terminó en el fondo de la barranca con el cuerpo de la mujer y las dos niñas en su interior.

El hombre enfrentó cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa contra las menores de ocho y 13 años. Andrés N. debía ser considerado inocente mientras no existiera una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Feminicidios en Puebla

De enero a septiembre de 2026, existen dos conteos distintos sobre los feminicidios en Puebla, según reportan autoridades y organizaciones civiles:

Cifras Oficiales (FGE y Gobierno de Puebla)

• Fiscalía General del Estado (FGE): Registra 9 feminicidios de enero a septiembre de 2026. El gobierno estatal y la fiscalía señalan que esto representa una disminución de entre 47% y 58% en comparación con el mismo periodo de 2025.

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): Reporta 7 feminicidios para el estado de Puebla contabilizados entre enero y agosto de 2026, en concordancia con los registros de la fiscalía local.

Conteo de Organizaciones y Medios de Comunicación

• Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla: Documenta 44 probables feminicidios en el mismo periodo (enero - septiembre 2026), lo que refleja un señalamiento de subregistro por parte de las autoridades.

• Reportes hemerográficos: Diversos conteos periodísticos y de organizaciones independientes documentan al menos 47 casos de mujeres muertas por violencia feminicida en el estado en lo que va de 2026

La exigencia de justicia por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello llegó a las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, donde personal médico, familiares, amistades y ciudadanos marcharon para exigir la captura de Lenin Salvador “N”, señalado como presunto responsable del crimen, y que el caso no quede impune.

La movilización se realizó el viernes 23 de octubre, en el marco del Día del Médico. Con uniformes y prendas rosas, flores, pancartas y fotografías de la víctima, el contingente salió del Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avanzó por la avenida Ignacio Zaragoza hasta el parque Independencia, en el centro de la ciudad.

Los participantes pidieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) mantener las investigaciones, localizar al sospechoso y ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra. La protesta también buscó mantener visible el caso y evitar que el asesinato de la médica quede archivado sin que se determinen responsabilidades.

Familia de Cristina pide ayuda para localizar al sospechoso

Durante la marcha, Ana María Ramos Argüello, hermana de la doctora, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe difundiendo la fotografía de Lenin Salvador “N”, con el objetivo de contribuir a su localización.

La familiar acudió a Coatzacoalcos junto con su padre, Rafael, desde Paso del Macho, municipio de origen de Cristina. En la movilización pidió a las instituciones responsables que no detengan las labores de búsqueda y que mantengan activa la investigación.

La familia expresó su confianza en que las autoridades logren localizar al señalado y esclarecer el feminicidio. Hasta el 23 de octubre, los reportes periodísticos indicaban que el hombre permanecía prófugo.

La Fiscalía estatal cuenta con una orden de aprehensión contra Lenin Salvador “N”, identificado en la información difundida sobre el caso como expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, su presunta participación deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.

¿Qué pasó con la doctora Cristina Ramos?

Cristina Ramos Argüello fue localizada sin vida el jueves 15 de octubre en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

La médica tenía 33 años y se desempeñaba como especialista en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos en Coatzacoalcos.

Su muerte provocó indignación entre sus familiares, amistades, pacientes y compañeros del sector salud, quienes la recordaron como una profesionista comprometida, trabajadora y cercana a las personas que atendía.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones por el crimen y las diligencias para localizar al hombre señalado como presunto responsable. La existencia de una orden de aprehensión fue confirmada por la Fiscalía estatal, según los reportes publicados sobre el caso.

Médicos exigen que el crimen no quede impune

La marcha del 23 de octubre convirtió una fecha dedicada a reconocer la labor del personal médico en una jornada de duelo y protesta para quienes conocieron a Cristina.

Integrantes del gremio señalaron la necesidad de que las autoridades mantengan el caso como una prioridad y actúen con diligencia para esclarecer los hechos. También insistieron en que la investigación debe avanzar hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La movilización se sumó a las expresiones de indignación que surgieron después del asesinato de la doctora. Para sus compañeros, mantener viva su memoria y exigir resultados constituye una forma de acompañar a la familia y reclamar justicia.

La exigencia también se extendió a Paso del Macho, donde familiares y habitantes preparaban otra movilización para el domingo 25 de octubre, de acuerdo con reportes locales.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) confirmó este viernes el feminicidio de Ana Vivian Suárez Cruz, una joven de 21 años asesinada el 13 de agosto en La Palma, Pinar del Río, y elevó a 59 el número de casos documentados en Cuba durante 2026.

OGAT verificó nueva información sobre la muerte de la joven, cuyo caso había generado interrogantes en redes sociales por las circunstancias en las que fue hallada. Tras su investigación, la organización independiente concluyó que se trató de un feminicidio y advirtió sobre la posible simulación de un suicidio para encubrir el crimen.

Según fuentes comunitarias consultadas por OGAT, la pareja de Ana Suárez enfrenta un proceso judicial por el hecho. Personas que presenciaron una reconstrucción policial afirmaron haber visto al hombre durante esa diligencia, según el Observatorio.

El hombre señalado tiene antecedentes de violencia contra las mujeres. OGATmantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que otra persona haya participado en el asesinato.

Posible intento de ocultar el crimen

El Observatorio señaló que sigue de cerca las circunstancias del crimen y que analiza indicios sobre una eventual participación adicional. En una declaración difundida sobre el caso, OGAT alertó que el hecho podría reflejar métodos para ocultar la responsabilidad de los agresores, entre ellos la aparente simulación de un suicidio.

La organización sostuvo que estos mecanismos pueden dificultar el esclarecimiento judicial y retrasar la identificación de los responsables.

La joven fue recordada en redes sociales por familiares, amigos y personas de su comunidad, quienes difundieron mensajes de condolencias y exigieron justicia.

El 75.5% de las víctimas registradas entre enero y agosto fue asesinado por parejas o exparejas

El caso se conoce después de que OGAT difundiera un informe semestral sobre los feminicidios ocurridos entre enero y agosto de este año. El documento registró 49 asesinatos por razones de género en ese período.

De ese total, 37 mujeres, equivalentes al 75.5%, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En 25 de los casos, los agresores eran exparejas; en los otros 12, se trataba de parejas actuales.

Los datos muestran que la violencia dentro de vínculos afectivos constituye el principal contexto de los feminicidios registrados por el Observatorio.

Falta de datos oficiales dificulta reconstruir los antecedentes de violencia

El Observatorio advirtió que la ausencia de acceso a expedientes policiales y judiciales limita la posibilidad de establecer con precisión las circunstancias de cada crimen y de evaluar la actuación de las instituciones.

En 28 de los 49 feminicidios, incluidos en el informe, se desconocía si las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores. Ese vacío impide determinar si existieron señales de riesgo antes de los asesinatos y si se adoptaron medidas de protección.

OGAT también cuestionó las demoras de los procesos judiciales y el alcance de las estadísticas oficiales, que contabilizan los asesinatos por motivos de género a partir de las causas juzgadas en un período determinado, aunque los crímenes se hayan cometido en años anteriores.

Hasta el 23 de octubre, el registro independiente contabilizaba además 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización reclama información sobre las investigaciones de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez, y mantiene bajo observación la muerte de Bárbara Sánchez González, catalogada de forma preliminar como un posible suicidio feminicida.

OGAT también investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. A esa lista se suman 11 posibles feminicidios y 16 intentos de feminicidio notificados durante 2026, aún pendientes de verificación.

Familiares de Janeth “N”, una joven de 27 años que fue víctima de feminicidio en el municipio de Charo, en el estado de Michoacán, se manifestaron el pasado jueves en la plaza principal para exigir justicia por el crimen a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por el hecho, autoridades del lugar realizan una investigación.

Según las primeras indagatorias, la víctima fue encontrada sin vida la mañana del pasado jueves por sus familiares. Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que su cuerpo se encontraba en un ropero que se encuentra dentro de la propia habitación de la joven. El domicilio en el que vivía Janeth se encuentra en la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de Charo. De acuerdo con información de medios locales, el cuerpo de la mujer presentaba golpes en el rostro y marcas en el cuello.

Personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidio y de Servicios Periciales procesó la escena y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte.

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que la Fiscalía investiga a tres empleados de una empresa de juegos mecánicos que se instaló en el primer cuadro de Charo, aunque sus identidades no han sido reveladas.

Pobladores del municipio iniciaron una protesta el jueves frente a la Presidencia Municipal para exigir a la Fiscalía de Michoacán el pronto esclarecimiento del feminicidio.

Los habitantes incluso amenazaron con bloquear la carretera federal Morelia-Maravatío, misma que cruza el municipio de Charo.

Los ciudadanos dieron a conocer que la empresa de juegos mecánicos se habría instalado en días pasados en el primer cuadro de Charo, con autorización del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Gabriel Molinero, pertenenciente al partido Movimiento Ciudadano, con motivo de festividades locales por el 216 aniversario del encuentro entre el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos.

Tras el feminicidio, pobladores de Charo destrozaron los juegos mecánicos instalados en el centro del municipio. Los pobladores acusaron a trabajadores de la empresa que instalo los juegos de estar involucrados en el crimen.

Condenan a 70 años de prisión a José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

El pasado jueves, José Ignacio Escorcia Serranofue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

Adrián Cortés Rodríguez y Diana Iveth Calzada Bazuara fueron condenados a 62 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su hija menor de edad, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en los hechos ocurridos en el municipio de Huehuetoca.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, la menor murió el 19 de octubre de 2025, después de sufrir agresiones físicas y sexuales al interior de un inmueble ubicado en la colonia Santa Teresa III.

Las indagatorias establecieron que Cortés Rodríguez agredió a la niña, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico, lesión que causó su muerte.

Posteriormente, el hombre y Diana Iveth, ambos progenitores de la víctima, trasladaron a la menor a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, la niña llegó al centro hospitalario sin signos vitales.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar a las personas presuntamente responsables del delito de feminicidio.

Fiscalía del Edomex inició la investigación

Como parte de las diligencias ministeriales, la representación social reunió datos de prueba que permitieron identificar a Adrián Cortés y Diana Iveth Calzada como participantes en el crimen.

Con los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos señalados, las cuales fueron ejecutadas por agentes de la Fiscalía estatal.

Después de su detención, los dos fueron ingresados a distintos Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal correspondiente.

Durante el procedimiento, la Fiscalía presentó ante el órgano jurisdiccional diversos elementos de prueba con los que buscó demostrar la responsabilidad de ambos acusados en el feminicidio de la menor.

Una vez analizadas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para declarar culpables a Adrián Cortés Rodríguez y Diana Iveth Calzada Bazuara por el delito cometido en agravio de su hija.

La resolución judicial derivó en una sentencia de 62 años y seis meses de prisión para cada uno de los responsables, de acuerdo con la información difundida por la institución de procuración de justicia.

Feminicidios de menores en el país

Durante 2025 se registraron 7 mil 186 reportes de desaparición de niñas y adolescentes de entre cero y 17 años en México. De ese total, 857 permanecían sin ser localizadas al 10 de octubre de 2026, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas retomadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En estos delitos, 42.4% de las víctimas tiene de 0 a 12 años y 57.6% de 13 a 17 años. Niñas, niños y adolescentes representan 39.5% del total de las víctimas de delitos sexuales registradas en el país.

Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León concentran uno de cada cuatro casos de delitos sexuales contra menores de edad.

Las niñas y adolescentes representaron 92.9% de las personas de entre uno y 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual durante 2025.

José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada este jueves por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Feministas celebran la sentencia por el feminicidio de Itzel

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

“Se logró, se obtuvo un poco de justicia. Se condenó a José Ignacio Escorcia Serrano a una sentencia de 70 años de prisión”, señaló el colectivo.

La organización también agradeció a quienes mantuvieron presente el caso, difundieron información y exigieron justicia para la víctima. En su mensaje, subrayó que la condena representa una respuesta judicial ante el feminicidio de la joven.

“ITZEL NO MURIÓ, JOSÉ LA ASESINÓ”, concluyó el pronunciamiento, con el que el grupo reiteró su exigencia de justicia y memoria para la universitaria.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Itzel Díaz?

Itzel Díaz González tenía 23 años y era originaria de Ozumba, Estado de México. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el 7 de octubre de 2025 pidió permiso a su madre para salir a cenar con el ahora sentenciado. Sin embargo, después de esa salida no regresó a su casa.

La joven estaba próxima a recibir su título en ingeniería y tenía planes de incorporarse al ámbito laboral para contribuir a mejorar las condiciones de vida de su familia. También era cantante y mantenía una relación cercana con la Iglesia y con su fe.

La desaparición generó preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a buscar información sobre su paradero. Dos días después, el 9 de octubre, el cuerpo de Itzel fue encontrado en una cisterna ubicada dentro de una vivienda en Tepetlixpa.

El hallazgo confirmó el desenlace fatal de la búsqueda. Según los reportes del caso, la víctima presentaba huellas de violencia y su cuerpo había sido quemado antes de ser depositado en la cisterna.

La vivienda estaba relacionada con José Ignacio Escorcia Serrano, quien, de acuerdo con la información difundida, inicialmente negó conocer a la joven. Posteriormente, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la sentencia condenatoria dictada este jueves.

Feminicidio en el Estado de México: pena y sanciones

El feminicidio constituye uno de los delitos de mayor gravedad contemplados en la legislación penal mexicana.

El colectivo señaló que tan solo en el 2025 se registraron 721 casos por feminicidio, 56 de ellos cometidos dentro del Estado de México. Además de la prisión, piden una reparación de daño, una disculpa pública, así como una sanción o multa por el delito.

En el Estado de México, el Código Penal establece sanciones específicas para quienes privan de la vida a una mujer por razones de género.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el marco legal aplicable al caso, las penas pueden alcanzar hasta 70 años de prisión o prisión vitalicia, según las circunstancias y los supuestos previstos en la legislación.

Además de la pena privativa de la libertad, las resoluciones judiciales pueden contemplar medidas relacionadas con la reparación del daño a las víctimas indirectas, entre ellas sus familiares, conforme a lo determinado por las autoridades competentes.

En el caso de Itzel Díaz, la condena de 70 años contra José Ignacio Escorcia Serrano representa el resultado del proceso penal por su feminicidio y responde a la exigencia de justicia que mantuvieron sus familiares y colectivos acompañantes.

Para sus seres queridos, la resolución judicial representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque no elimina la pérdida ni el impacto que el crimen dejó en su familia.

El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Horas después, el cuerpo de Mirian apareció envuelto en bolsas negras y una lona a la orilla de un arroyo. De Ariana no hay rastro.

La Alerta Amber Chiapas activó el reporte AACS0015/2026 para localizar a la menor, bajo el número de folio que confirma su edad exacta, su fecha de nacimiento —20 de agosto de 2014— y sus señas particulares: una cicatriz en la ceja izquierda y marcas similares en ambas rodillas.

La ficha de búsqueda describe a Ariana con una estatura de 1.45 metros y un peso de 45 kilos, cabello negro largo y lacio, ojos negros grandes, piel morena y nariz respingada.

El documento advierte que “se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

Dos horas de camino sin regresar

El trayecto que hicieron abuela y nieta esa mañana les tomaba poco más de media hora. El rancho al que se dirigían está a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Ostuacán, por caminos de terracería y veredas de difícil acceso.

Fue el lunes a mediodía cuando Itzel, hija de Mirian y madre de la pequeña Ariana, perdió contacto con ambas. En un primer mensaje en redes sociales, publicado la noche de ese mismo día, escribió: “Me comunico para pedir ayuda si alguien ha visto a mi mamá y a la niña, doña Mirian y Arianita, desde el lunes a mediodía no se sabe nada de ellas y lo único que supimos es que subía a ver su vaca mas ya no bajó”.

En ese mensaje, Itzel detalló que su hermano, identificado como don Beto, subió al rancho a buscarlas y no las encontró. También advirtió sobre el riesgo que representaban las lluvias de esos días para ambas, que se encontraban perdidas en la zona serrana.

Pasaron más de 32 horas sin que nadie supiera de ellas. Los vecinos de Tanchichal notaron la ausencia y se sumaron a la búsqueda que Itzel organizó. La noche del martes 20 de octubre, dos grupos de voluntarios recorrieron los alrededores hasta cerca de las dos de la madrugada. No encontraron nada. Retomaron la búsqueda a las 5:30 horas del miércoles.

El hallazgo que cambió la búsqueda

A las 8:20 de la mañana, pobladores y familiares localizaron un cuerpo a la orilla de un arroyo. Estaba cubierto con bolsas negras y una lona azul. Personal de Servicios Periciales confirmó que se trataba de Mirian Cruz Alpuche, de 55 años.

Las autoridades no han dado una versión oficial sobre las circunstancias de su muerte. Tampoco se ha señalado a ningún responsable. La familia tampoco dio más detalles.

Tras el hallazgo, Itzel publicó un segundo mensaje donde pidió de manera directa a la Fiscalía General de Justicia enviar apoyo por vía aérea —drones y helicópteros— y terrestre, y personal especializado para localizar a la menor. En el texto señaló que “se mantiene la esperanza de que la niña esté viva, perdida en la serranía”, aunque “se teme por su integridad”.

Ese llamado lo dirigió de manera nominal al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; al secretario de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

“Mi vida, espero verte muy pronto”

En otro mensaje en redes sociales, Itzel escribió un texto dirigido a su hija: “Mi vida espero verte muy pronto, en el nombre de Dios tengo fe y esperanza, tengo miedo y un hueco en el pecho de que te pase algo mi amor”. Agregó que “mamá está esperando con fe y esperanza” y que “todos ponen su granito de arena” en la búsqueda.

También describió a Ariana como una niña que solía acompañar a su abuela a la iglesia: “Mi amor, siempre has sido una guerrera de Dios, siempre fuiste a la iglesia y estabas de su mano”.

Cuatro menores desaparecidas en Chiapas en menos de dos semanas

El caso de Ariana no es aislado. En un lapso de diez días, octubre sumó otras tres desapariciones de menores en distintos puntos del estado. El 11 de octubre, Jhoselin Michelle Ramírez Hernández, de 16 años, desapareció en Copainalá. Su madre reportó que la joven no se encontraba en casa alrededor de las 23:30 horas y no volvió a comunicarse.

El 14 de octubre, Kiabeth Tlamani Martínez, de 14 años, desapareció en Comitán cuando se dirigía a la secundaria donde cursaba el tercer año. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un taxista le habla, pero la Fiscalía del estado no ha logrado ubicar a ese conductor, de acuerdo con un familiar de la menor.

El 21 de octubre, dos días después de la desaparición de Ariana, Yazmín López Vázquez, de 10 años, desapareció en el parque del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Los cuatro casos permanecen abiertos y sin que las autoridades reporten avances públicos sobre el paradero de las menores.

Chiapas se ubica entre los estados donde desaparecen más mujeres que hombres, un patrón contrario a la tendencia nacional, según datos de la organización Data Cívica. El aumento más marcado ocurre en niñas y adolescentes, junto con Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Aguascalientes.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba más de 1,950 personas desaparecidas en Chiapas al 14 de octubre de 2026, antes de que se sumaran los casos de la familia Velázquez Cruz.

El fallecimiento de Karina Vázquez Sánchez dejó una serie de preguntas que todavía no tienen una respuesta oficial.

La abogada y ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019 fue hallada sin vida en una vivienda de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, y sus allegados exigen que las autoridades aclaren cada detalle antes de dar por válida cualquier explicación.

En las horas posteriores al hallazgo circularon hipótesis sobre una posible broncoaspiración y otras causas médicas. Sin embargo, su familia las cuestionó, pidió acceso a los dictámenes forenses y reclamó una investigación con perspectiva de género que contemple la posibilidad de un feminicidio.

La causa de muerte de Karina Vázquez Sánchez no ha sido confirmada oficialmente

Karina Vázquez tenía 28 años cuando fue localizada sin signos vitales en un inmueble de la calle Libertad. Personal de emergencia acudió al lugar después de una llamada al 911 y confirmó su fallecimiento.

• En las primeras versiones se mencionó una posible broncoaspiración, una referencia que surgió durante la atención inicial y que no equivale a una conclusión pericial sobre la causa de muerte.
• También se difundieron versiones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. La familia rechazó que esas explicaciones se presentaran como hechos definitivos antes de conocer los estudios médico-forenses.
• Tadeo Vázquez Sánchez, hermano de Karina, sostuvo que la información divulgada sobre el caso no coincidía con los datos conocidos por sus familiares y pidió que se respetara la memoria de la joven.
• Los familiares solicitaron conocer los resultados apropiados de la necropsia, las pruebas reunidas en el inmueble y las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En este sentido, la respuesta sobre la muerte de Karina Vázquez Sánchez todavía está en manos de los peritajes. Mientras no exista un dictamen oficial, cada versión sobre aquella noche seguirá siendo apenas eso: una versión.

Las inconsistencias en las versiones iniciales llevaron a pedir una investigación con perspectiva de género

La exigencia de la familia no parte de una causa de muerte confirmada, sino de las inconsistencias que identificó en la información difundida tras el hallazgo. Sus integrantes solicitaron que las autoridades revisen testimonios, indicios y posibles contradicciones.

• Armando “N” fue la persona que, según los reportes iniciales, llamó a los servicios de emergencia después de encontrar a Vázquez sin respuesta en la vivienda.
• Algunas publicaciones lo identificaron como pareja sentimental de Karina. La familia sostuvo que era compañero de trabajo, mientras él afirmó que ambos mantuvieron una relación en el pasado.
• Armando “N” declaró que la noche previa consumieron bebidas alcohólicas y que, al despertar, encontró a la joven inconsciente.
• Esa versión deberá ser contrastada con los dictámenes, testimonios y demás elementos de la carpeta de investigación.
• La familia pidió que no se descarte la posibilidad de un feminicidio y que las diligencias se conduzcan bajo el protocolo aplicable a muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

Por ahora, la petición de la familia no busca adelantar una conclusión, sino evitar que la investigación se cierre sobre una explicación sin respaldo definitivo. Eso implica que la autoridad debe analizar si existieron elementos vinculados con violencia de género, sin cerrar otras hipótesis antes de contar con todas las pruebas.

Qué se sabe de la detención de Armando “N” tras el fallecimiento de la ex Miss Tlaxcala

El caso sumó otro elemento cuando Armando “N” fue detenido el 17 de octubre. Las autoridades estatales precisaron que ese procedimiento correspondía a un asunto distinto al fallecimiento de Karina Vázquez.

• La detención estuvo relacionada con la presunta posesión de un arma de fuego, de acuerdo con la información difundida por autoridades de Tlaxcala.
• El Gobierno estatal aclaró que esa investigación no implicaba una imputación por la muerte de la abogada ni determinaba alguna responsabilidad en el caso.
• El 20 de octubre, la defensa de Armando “N” informó que recuperó la libertad. Esa decisión tampoco resuelve las circunstancias del fallecimiento ni descarta responsabilidades que la Fiscalía pudiera establecer después.
• En un video publicado en redes sociales, Armando “N” negó haber agredido a Karina o tener responsabilidad en su muerte.

Así, en Jesús Tepactepec, la muerte de Karina Vázquez Sánchez dejó una carpeta abierta y una familia que demanda respuestas concretas.

Los resultados forenses y las diligencias pendientes deberán poner nombre a lo que ocurrió aquella madrugada, lejos de las versiones que circularon antes.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que Rafael Antonio Valdez García confesó el asesinato de su cónyuge, Jasmina López Castro, y de la hija de ambos, Belkania Balezka Valdez López, en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

La versión fue divulgada en un comunicado de la institución, que reprodujo detalles de la declaración atribuida al detenido. Según ese documento, Valdez García relató que entró cerca de las 00:30 a la habitación donde dormían las víctimas con un machete.

El comunicado policial señala que el hombre cortó la cuerda que sostenía el mosquitero de la cama. Jasmina López Castro despertó e intentó levantarse, de acuerdo con el relato presentado por las autoridades nicaragüenses. En ese momento, el sospechoso la habría atacado con el arma.

La niña dormía junto a su madre al momento del ataque

La Policía indicó que el detenido reconoció haber continuado la agresión contra su cónyuge. El documento añade que dijo haberle causado una nueva herida para asegurarse de que no sobreviviera.

La hija de la pareja, Belkania Balezka Valdez López, dormía en la misma cama que su madre. La niña también sufrió heridas mortales durante el ataque, según la confesión que la institución atribuyó a Valdez García.

El comunicado no especifica las edades de Jasmina López Castro ni de la menor. Tampoco informa sobre antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias previas o el posible móvil del crimen.

El sospechoso dejó el machete bajo la cama y huyó a pie

Tras el ataque, el detenido habría dejado el arma debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa, siempre de acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Nicaragua.

La versión oficial señala que, cerca de las 06:00, Valdez García llegó a Liberia, donde compró un café. Después abordó un autobús que se dirigía a Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El hombre afirmó que ingresó a Nicaragua por un paso no habilitado, según el comunicado. Luego habría continuado el trayecto en transporte colectivo hasta Managua y, desde allí, se dirigió a Matagalpa.

La Policía situó su llegada a esa ciudad alrededor de las 17:00 del mismo sábado, casi 17 horas después de la hora en que habría comenzado el ataque en la vivienda de Liberia.

Una llamada a una vecina alertó sobre las muertes

Una vez en Matagalpa, Valdez García llamó a una vecina, a quien identificó solo como Carmen, según la nota de prensa. Durante esa comunicación, le habría confesado que había matado a su esposa y a su hija.

También le pidió que se dirigiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos y evitar su descomposición, de acuerdo con el reporte policial.

La institución nicaragüense presentó esa llamada como uno de los elementos de la confesión del detenido.

El caso es investigado por las autoridades a partir de la muerte de Jasmina López Castro y su hija en Liberia. La información difundida hasta el momento corresponde al comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua y a la declaración que esta institución atribuyó al sospechoso.

Karina Vázquez Sánchez, exreina de belleza y abogada de 28 años, fue hallada sin vida el 15 de octubre de 2026 en una vivienda de Jesús Tepactepec, comunidad del municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Su muerte desató cuestionamientos sobre las circunstancias del caso y llevó a su familia a exigir que las autoridades investiguen con perspectiva de género.

La joven, coronada en 2019 como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones, fue localizada después de que un hombre identificado como Armando ‘N’ solicitara ayuda a los servicios de emergencia.

Al llegar al domicilio, los paramédicos confirmaron que Karina ya no tenía signos vitales.

¿De qué murió Karina Vázquez, Miss Tlaxcala?

En las primeras versiones sobre el fallecimiento se mencionaron una posible broncoaspiración y un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave. Sin embargo, la familia cuestionó que esas explicaciones se presentaran sin conocer los resultados de los estudios médico-forenses.

De acuerdo con los reportes difundidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las diligencias correspondientes bajo el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

Hasta la información disponible, no se había confirmado públicamente una causa definitiva de muerte. La familia también solicitó acceso a la carpeta de investigación para conocer los peritajes, las pruebas recabadas y los resultados de la necropsia.

Familia de Karina Vázquez pide investigar posible feminicidio

Uno de los puntos de conflicto es la relación entre Karina y Armando ‘N’, quien llamó a los servicios de emergencia y declaró que mantenía un vínculo sentimental con ella.

Los familiares rechazaron esa versión y sostuvieron que el hombre era compañero de trabajo de la joven, no su pareja. También cuestionaron el relato que él habría proporcionado sobre la noche anterior al hallazgo.

El vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que durante una mesa de seguridad se planteó la necesidad de agotar todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de feminicidio.

Aunque Armando ‘N’ fue detenido el 17 de octubre por un asunto relacionado con la presunta posesión de un arma de fuego, las autoridades aclararon que esa detención no estaba vinculada directamente con la muerte de Karina.

El 20 de octubre, su abogado informó que quedó en libertad al no existir, según su postura, motivos legales para mantenerlo detenido.

La situación jurídica del hombre no determina por sí misma su responsabilidad o inocencia en los hechos que rodean el fallecimiento de la exreina de belleza.

¿Quién era Karina Vázquez Sánchez?

Originaria de Santa Ana Chiautempan, Karina Vázquez combinaba su actividad profesional con su interés por la educación. Como abogada, dirigía su propio despacho y ofrecía asesoría en materias civil, familiar, mercantil, penal y laboral. En sus redes sociales también se identificaba como estudiante de pedagogía.

Su coronación como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones en 2019 le dio reconocimiento en su estado y la vinculó con el mundo de los certámenes de belleza.

Tras su muerte, su hermano, Tadeo Vázquez Sánchez, confirmó la noticia en redes sociales y cuestionó la información difundida sobre las circunstancias del caso. Una prima de la joven también pidió evitar la revictimización: “Ninguna circunstancia de la vida de una mujer justifica que le arrebaten la vida”.

La familia mantiene su exigencia de conocer los resultados forenses y esclarecer qué ocurrió en la vivienda de Nativitas. La investigación deberá determinar las circunstancias de la muerte de Karina Vázquez y establecer, con pruebas, si existió un delito de feminicidio.

El asesinato de Yudiley Rodríguez Enríquez, una mujer de 37 años conocida como “Mimí”, fue clasificado por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) como el feminicidio número 58 registrado en Cuba en lo que va de 2026.

El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre, cerca de las 17:00 (hora local), dentro de la vivienda de la víctima en el barrio de Margodo, municipio de Gibara, en la provincia de Holguín.

Según información que los familiares entregaron al observatorio, el presunto agresor fue identificado como Iram G., vecino de la víctima. El hombre la habría atacado con varios cuchillos, lo que le provocó heridas múltiples. La mujer murió desangrada, de acuerdo con el reporte difundido por la organización independiente.

En su reporte, OGAT incluyó el caso dentro de la categoría de feminicidio social, una clasificación que utiliza para hechos de violencia letal contra mujeres cometidos por personas sin relación de pareja ni parentesco con la víctima. El observatorio señaló que, según el testimonio de la familia, Yudiley había rechazado en varias oportunidades una conducta de acoso del presunto atacante contra otra integrante de su entorno familiar.

El ataque ocurrió delante de dos niñas, una de ellas hija de la víctima

A su vez, el crimen se produjo en presencia de dos niñas, entre ellas una hija menor de Yudiley. La nuera de la mujer logró sacar a las menores de la vivienda y pidió auxilio, según la información recopilada por OGAT.

El padre de la víctima también sufrió diversas heridas durante el ataque. No obstante, se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes familiares citadas por el observatorio.

La organización pidió que las dos niñas reciban atención psicológica especializada y acompañamiento emocional tras haber presenciado el asesinato. A su vez, la institución reclamó medidas que garanticen su protección y bienestar luego de la violencia ocurrida en el hogar. “Es fundamental garantizar su protección y bienestar”, aseguró OGAT en su pronunciamiento.

Yudiley trabajaba como dependienta de una bodega, según el reporte. Era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y cuatro años. OGAT expresó sus condolencias a los hijos, al esposo, al padre y a otros familiares de la mujer, además de la comunidad afectada por el hecho.

OGAT registró 32 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026

Con este caso, el Observatorio de Alas Tensas contabilizaba, al 21 de octubre, un total de 58 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en la isla en lo que va del año.

La entidad también informó que busca acceder a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

El observatorio indicó que investiga otros 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la organización analiza además 11 posibles feminicidios y 11 intentos.

Un juez envió a prisión a Jhon Jairo Arango Vargas, de 46 años, investigado como el presunto responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental, identificada como María Cristina Ramírez Quintero, de 50 años. Los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre de 2026 en el barrio Robledo Miramar, en Medellín (Antioquia).

La decisión judicial se produjo tras la imputación formulada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Arango Vargas no aceptó el cargo atribuido por la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que la muerte de la mujer estuvo precedida por amenazas relacionadas con celos.

De acuerdo con el reporte de los medios locales, como Q’hubo Medellín, la víctima trabajaba como auxiliar veterinaria. Por otro lado, se conoció que el cuerpo fue hallado por un sobrino dentro de una vivienda ubicada en un segundo piso del sector Robledo Miramar, pues el familiar ingresó a la habitación tras no tener noticias de ella y la encontró sobre la cama, boca abajo.

La mujer presentaba varias heridas en el tórax que habrían sido provocadas con un elemento cortopunzante. El reporte a las autoridades activó las diligencias urgentes en el inmueble, donde investigadores realizaron la inspección técnica y recolectaron los primeros elementos para establecer la secuencia de los hechos.

Según el comunicado de la Fiscalía, testigos habrían visto a Jhon Jairo Arango llegar a la residencia donde estaba la víctima con un objeto punzante en las manos. Después de ese momento, no hubo comunicación con María Cristina hasta el ingreso de su familiar a la habitación.

Un destornillador y el teléfono de la víctima fueron recogidos en la escena del crimen

Durante las labores de policía judicial, las autoridades hallaron el celular de Ramírez y un destornillador. Este último objeto es analizado como el posible elemento empleado para causarle las lesiones que derivaron en su muerte, según la hipótesis que presentó el ente investigador.

Los objetos recolectados quedaron bajo custodia de los investigadores y hacen parte de los elementos materiales probatorios del proceso. La Fiscalía tendrá que establecer, a través de los análisis técnicos y forenses correspondientes, si el destornillador tiene relación directa con el homicidio.

El señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades después de los hechos y entregó dos teléfonos celulares, que serán revisados dentro de la investigación para determinar si contienen información relevante sobre lo ocurrido o sobre las comunicaciones entre la pareja antes del crimen.

La Fiscalía indaga antecedentes de conflictos en la relación

La investigación de la Policía Nacional indica que María Cristina Ramírez y el procesado mantenían una relación sentimental desde hacía varios años. Las indagaciones preliminares apuntan a que el vínculo se había vuelto conflictivo y que el hombre, presuntamente, había amenazado de muerte a la mujer.

El ente acusador señaló que esas amenazas estarían relacionadas con celos, contexto que fue tenido en cuenta para imputar a Arango por feminicidio agravado.

Además, las autoridades informaron que el hombre registra antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, tráfico de estupefacientes, lesiones culposas, constreñimiento ilegal e inasistencia alimentaria. Aunque es necesario aclarar que estos registros no constituyen una condena por el caso actual, que continúa bajo investigación y debe avanzar conforme a las garantías del debido proceso.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada mientras que el proceso judicial continúa y la Fiscalía fortalece la recolección de pruebas. La responsabilidad penal de Jhon Jairo Arango tendrá que definirse en las siguientes etapas.

Inocencio Irizar Salazar fue sentenciado a 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 personas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentara los elementos probatorios del caso ante un juez. El hecho, conocido como la masacre de Huazantlán del Río, ocurrió en junio de 2020 en el Istmo de Tehuantepec.

La resolución se suma a otra condena dictada en 2023 contra tres personas distintas por el mismo crimen, de acuerdo con registros judiciales.

La sentencia y la reparación del daño

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial impuso a Inocencio R.S. la pena de 210 años de prisión por homicidio calificado y feminicidio en agravio de las 15 víctimas, según informó la FGEO.

A más de seis años de la masacre, el fallo también estableció el pago de 6,516,000 pesos por concepto de reparación del daño, más una multa adicional de 86 mil 880 pesos, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGEO.

Los hechos del 21 de junio de 2020

De acuerdo con el expediente del caso, el ataque ocurrió la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

Un grupo de personas que mantenía un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado por una multitud armada con piedras, palos y tubos, que ingresó de forma violenta a las instalaciones, según el comunicado de la FGEO.

Las 15 víctimas murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en su recomendación 54VG/2022, que las víctimas “fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto” y que sus cuerpos fueron incinerados posteriormente.

Dicha agresión comenzó la tarde del domingo 21 de junio y continuó hasta la madrugada del lunes siguiente, cuando se registró el ataque de mayor letalidad. Entre las víctimas hubo 13 hombres y dos mujeres.

El conflicto previo en San Mateo del Mar

El ataque se dio en medio de un conflicto político y electoral que escaló desde octubre de 2019, cuando las comunidades de San Mateo del Mar desconocieron el proceso municipal.

Los sobrevivientes acusaron al agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de haber perpetrado las agresiones y torturas contra las víctimas.

El ataque del 21 de junio no habría sido el primero: el 2 de mayo de ese año ya se había registrado una agresión armada contra el mismo plantón y un puesto sanitario en la zona.

La recomendación DDGGH/125/22 de la CNDH documentó que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se encontraba presente durante los hechos del 21 de junio sin intervenir.

Antecedentes judiciales de la causa

Esta no es la primera sentencia condenatoria dictada en el marco del caso. En diciembre de 2023, el Juzgado de Control de Tanivet ya había impuesto una condena de 210 años de prisión contra tres personas distintas: José Luis C.S., Gualterio E.A. y Flavio S.S., por los mismos delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio en agravio de las 15 víctimas. La causa penal identificada con el número 206/2020 acusa a 161 personas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso derivados de este caso.

El reclamo vigente de las familias de las víctimas

El 20 de octubre de 2026, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca.

El comité reconoció la sentencia dictada contra el acusado, pero advirtió que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes contra otros responsables que permanecen prófugos.

Entre los nombres señalados por la organización como presuntos responsables aún no detenidos están Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el comité.

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge “N” y Hugo Gabriel “N”, dos hermanos imputados por la desaparición de una mujer de 42 años ocurrida el 16 de septiembre de 2026 en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Un juez les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La víctima salió de un domicilio familiar a bordo de una camioneta junto con Jorge “N”. Ambos acudieron a un establecimiento y después se trasladaron a un inmueble de la alcaldía Iztacalco.

Hugo Gabriel “N” ingresó horas más tarde al mismo inmueble, de acuerdo con las indagatorias. La reconstrucción de los hechos ubicó en ese lugar los últimos movimientos conocidos de la mujer antes de que se perdiera contacto con ella. Presuntamente se habrían dirigiodo a una casa en Chalco, Estado de México (Edomex) para posteriormente esconder su cuerpo en el estado de Morelos.

El 4 de octubre de 2026, autoridades localizaron elementos óseos en Morelos durante las acciones de búsqueda coordinadas entre la Fiscalía CDMX, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Morelos. Un dictamen pericial de genética confirmó después que los restos correspondían a la mujer desaparecida.

Pruebas genéticas relacionaron los restos hallados en Morelos con la víctima

Familiares de la víctima reconocieron prendas y características particulares que podrían vincular el hallazgo con ella. Esa información fue posteriormente confirmada mediante los estudios genéticos practicados a los elementos óseos encontrados.

Agentes de la Policía de Investigación analizaron videograbaciones y realizaron entrevistas para establecer el recorrido de la mujer. El cruce de información digital y técnica permitió reconstruir sus desplazamientos desde Tláhuac hasta el inmueble localizado en Iztacalco.

La investigación también estableció que los dos hermanos se trasladaron posteriormente hacia el Estado de México y Morelos. Esos movimientos orientaron las labores de búsqueda y las diligencias ministeriales que derivaron en la localización de los restos.

Con los datos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos imputados. La autoridad judicial las concedió por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Los hermanos fueron detenidos en Nezahualcóyotl el 7 de octubre

El 7 de octubre, elementos de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Jorge “N” y Hugo Gabriel “N” en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En el operativo colaboraron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la SSPC.

Tras su detención, los hermanos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía presentó ante el juez los elementos obtenidos durante la investigación.

Durante la audiencia del 12 de octubre, el juzgador determinó vincularlos a proceso. Además de la prisión preventiva, estableció el periodo para que la Fiscalía continúe con las diligencias de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX informó que mantendría el acompañamiento a la familia de la víctima y continuaría las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los imputados serían considerados inocentes y tratados como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no existiera una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional competente.

Sujeto detenido sería profesor de escuela en Chalco

Los detenidos son Jorge “N” y Hugo “N”, pero este último fue reportado como desaparecido, pero solo en redes sociales, pues las autoridades no emitieron una ficha de búsqueda oficial para localizarlo.

Eran maestros de bachillerato

Hugo Gabriel B. P., quien tendría 41 años, al parecer es profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 2, en Chalco, quien fue visto por última vez el 16 de septiembre, según una ficha improvisada que circula en redes sociales, mismo día en que Verónica desapareció. En otra ficha de búsqueda aparece con los mismos apellidos pero con el nombre de Bruno Antonio y la ficha de búsqueda se levantó en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México.

Fueron detenidos en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, el 3 de septiembre pasado por agentes de la Fiscalía a las 19:02 horas y trasladados al Reclusorio Norte, en la CDMX, ayer a las 20:50 horas para ser presentados ante un juez.

El principal sospechoso es Manuel Ramos Venegas, un suboficial de la Policía Nacional (PNP) en situación de retiro, de 70 años, quien fue detenido horas después en el distrito de Independencia. Los familiares de Arela lo señalaron como presunto autor del crimen y denunciaron que la víctima sufría amenazas y acoso desde hacía aproximadamente un mes. Aunque las primeras versiones lo presentaron como su expareja, sus familiares cuestionaron que existiera una relación sentimental y sostuvieron que el hombre la hostigaba.

Una billetera y seis casquillos quedaron en la escena del crimen

Durante las diligencias en el lugar del ataque, los agentes encontraron una billetera con un documento de identidad que presuntamente pertenecía al sospechoso. Este hallazgo se convirtió en una de las pistas para avanzar en su identificación.

Los peritos de Criminalística también recogieron seis casquillos de bala en la vía pública. De acuerdo con el reporte periodístico, cuatro disparos acabaron con la vida de Arela. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar si el arma utilizada pertenecía al investigado.

El asesinato ocurrió a pocos metros del mercado 12 de Octubre. Una cámara de seguridad registró los momentos previos al ataque y la huida del presunto autor.

Cámara de seguridad captó el ataque contra Arela del Valle

Las imágenes muestran a la mujer discutiendo con el hombre señalado por el crimen. Tras un forcejeo, Arela intenta alejarse, pero cae al suelo. En ese momento, el sujeto dispara varias veces contra ella y luego abandona el lugar caminando por la avenida Tristán, según la información difundida por la prensa.

La víctima había salido a comprar una pastilla para su hija, quien presentaba problemas de salud. El ataque ocurrió cerca de su vivienda, en una zona comercial de La Victoria.

Horas después del asesinato, la Policía ubicó y detuvo a Manuel Ramos Venegas en Independencia. El expolicía fue trasladado para las diligencias correspondientes y es investigado por su presunta participación en el crimen.

Víctima sufría acoso desde hacía un mes

Uno de los hijos de Arela declaró ante la prensa que el hombre señalado por el asesinato había amenazado y acosado a su madre durante aproximadamente un mes. Al ser consultado sobre las amenazas, el joven afirmó que el sospechoso la perseguía y que ambos se habrían conocido en el mercado donde ella trabajaba.

Sin embargo, la familia cuestionó las primeras versiones que describieron al detenido como pareja o expareja de la víctima. Sus integrantes sostienen que no existía una relación sentimental y que Arela era víctima de hostigamiento.

Vecinos de La Victoria reclaman mayor seguridad

Tras el asesinato, residentes de la zona denunciaron problemas con el alumbrado público y reclamaron mayor presencia policial. Una vecina que conocía a Arela la describió como una persona amable y lamentó su muerte.

La mujer también cuestionó que las luces de la calle se encendieran recién con la llegada de los equipos periodísticos. Según su testimonio, el sector permanecía muy oscuro, una situación que genera preocupación entre quienes viven y trabajan cerca del mercado.

Arela llegó de Venezuela hace cuatro años y deja cuatro hijos

Arela del Valle Jiménez Romero llegó desde Venezuela al Perú hace aproximadamente cuatro años. Según los reportes periodísticos, trabajaba en el mercado 12 de Octubre y era madre de cuatro hijos.

Su asesinato generó reclamos de justicia entre sus familiares, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se investiguen las presuntas amenazas anteriores al ataque.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia física, psicológica, sexual o acoso pueden solicitar orientación y asistencia gratuita a través de los servicios del Estado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con la Línea 100, un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

También pueden acudir a los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM), donde reciben atención legal, psicológica y social. Estos servicios ayudan a las víctimas a identificar las alternativas de protección disponibles y a iniciar las acciones correspondientes frente a sus agresores.

En situaciones de peligro inmediato, se puede llamar a la Policía Nacional del Perú al 105. Si una mujer teme por su seguridad o recibe amenazas de su pareja, expareja u otra persona, es importante que busque ayuda y comunique lo ocurrido a las autoridades, incluso si todavía no ha sufrido una agresión física.

El exjuez Enrique Romero Razo fue detenido este martes 20 de octubre de 2026 en la ciudad de Puebla, señalado por delitos contra la administración de justicia y evasión de reos. El operativo se realizó tras un cateo en su domicilio, según confirmaron a MTP Noticias fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El funcionario judicial había sido investigado desde mayo por intentar modificar la medida cautelar del feminicida de Karla López Albert, uno de los casos de mayor impacto social en la entidad poblana.

La detención del exjuez en Puebla

El aseguramiento de Romero Razo se produjo este martes tras un operativo en su vivienda, ubicada en calle privada C de la 14 Sur, número exterior 1507, en la colonia El Ángel, en la capital poblana. Las autoridades le imputan delitos contra la administración de justicia y evasión de reos.

Romero Razo acumulaba una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Su cargo más reciente era como juez de lo Civil y de lo Penal en San Pedro Cholula, antes de su reubicación administrativa a Ciudad Serdán.

El caso Forcelledo, origen de la investigación

La detención del exjuez tiene como antecedente directo el caso del feminicida Manuel Forcelledo, condenado a 76 años de prisión por el asesinato de su pareja, Karla López Albert, ocurrido en 2014 mientras ella cursaba un embarazo. Romero Razo había sido el mismo juzgador que dictó la sentencia condenatoria en 2021, tras siete años de proceso.

Para el 12 de mayo de 2026 estaba programada una audiencia de revisión de medida cautelar del sentenciado. Romero Razo había solicitado licencia para ausentarse del 11 al 14 de mayo, solicitud que el Consejo de la Judicatura del Estado le negó. Pese a ello, el juez se ausentó de la audiencia y dejó en funciones a su secretaria de acuerdos, con instrucciones sobre cómo resolverla.

En esa audiencia se autorizó sustituir la prisión preventiva oficiosa de Forcelledo por arresto domiciliario con brazalete electrónico y firma periódica. Según los reportes, la diligencia no fue transmitida ni notificada a los familiares de la víctima.

Las autoridades judiciales del estado intervinieron para frenar la ejecución de esa medida y ordenaron que Forcelledo permaneciera en prisión preventiva en el Cereso de San Pedro Cholula. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó entonces la existencia de un procedimiento contra el juzgador.

“Hay un procedimiento que, hasta donde yo tengo entendido, se está haciendo contra este juez, que está o cometió actos irregulares”, declaró el mandatario estatal.

Conflicto con el Consejo de la Judicatura por su reubicación

Tras el escándalo del caso Forcelledo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (CJPJEP) acordó, el 30 de junio, readscribir a Romero Razo del Juzgado Segundo de Cholula al distrito judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, con efectos a partir del día siguiente.

El exjuez impugnó esa decisión por motivos de salud y promovió un amparo el 17 de julio. El 19 de agosto, el juez federal Francisco René Olivo Loyo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, le otorgó la suspensión definitiva con efectos restitutorios, con un plazo de tres días para que regresara al juzgado de Cholula.

El 31 de agosto se notificó esta resolución al Consejo, que tuvo tres días para acatarla, del 1 al 3 de septiembre. El plazo venció sin que la orden se cumpliera.

El desacato que derivó en amenaza de denuncia ante la FGR

Ante el incumplimiento, la defensa de Romero Razo, a cargo del abogado Raúl Andrade Osorio, promovió el 20 de septiembre un incidente por desacato. El Consejo informó que había programado una sesión para analizar el asunto hasta el 8 de octubre.

Esa fecha llegó y la sesión no se realizó por falta de quórum, debido a la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y del consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, según un oficio firmado por Doryan Eliseo López Camacho, secretario del Pleno del Consejo.

El juez Olivo Loyo declaró fundado el recurso de la defensa y advirtió que, de persistir el desacato, presentaría una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR). El delito de desobedecer una suspensión debidamente notificada se castiga con 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario. En su resolución, el juez federal señaló que “la determinación cautelar es obligatoria y debe cumplirse en sus propios términos, sin que la organización o los procedimientos internos de la autoridad desplacen la fecha fijada judicialmente”.

Romero Razo había sostenido que la resistencia del Poder Judicial estatal a restituirlo en su cargo respondía a una represalia en su contra. Su detención, este 20 de octubre, se produjo en medio de ese litigio administrativo todavía sin resolución definitiva.

La muerte de Vanessa Isabel Vera, de 46 años, fue confirmada este lunes 19 de octubre de 2026, dos días después de que recibiera una herida con arma blanca en el cuello en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. La mujer había intervenido, según los testimonios recogidos en el caso, ante los gritos que salían de un inmueble donde se registraba una presunta agresión contra otra mujer.

La Secretaría Distrital de la Mujer informó el fallecimiento y pidió ubicar al hombre señalado como responsable del ataque. Al mismo tiempo, solicitó que la investigación avance con rapidez para determinar las circunstancias y responsabilidades penales de lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones”, señaló la entidad en su cuenta de X.

De acuerdo con información divulgada por CityTV, Vera se acercó al inmueble luego de escuchar solicitudes de ayuda. La mujer habría intentado averiguar qué sucedía e intervenir para proteger a una vecina. Durante ese episodio, un hombre presuntamente la atacó con un arma blanca.

Vanessa Vera permaneció internada desde el ataque del sábado

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026. Tras resultar herida, Vera fue llevada a un centro asistencial, donde quedó internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su muerte fue confirmada hacia las 11:00 a.m. del lunes 19 deoctubre, luego de permanecer dos días bajo atención médica.

Felipe Serpa, abogado de la familia, relató al medio citado que la víctima actuó al advertir la situación de violencia. Vanessa “interfirió y le salvó su vida a la otra chica”, afirmó.

El representante judicial agregó que la herida afectó la zona del cuello y describió lo sucedido durante la agresión. “Lamentablemente ella recibió una puñalada a la altura del cuello y el arma quedó incrustada (...) el arma se partió y Vanessa alcanzó a quitarse el objeto que la lastimó”, sostuvo.

Un allegado de la familia indicó a El Tiempo que la mujer de 46 años llegó a la vivienda tras oír a otra mujer pedir auxilio. Según ese relato, la agresión fue inmediata y tuvo consecuencias graves por la ubicación de la lesión.

“Al llegar, tocó la puerta y presuntamente el hombre salió y, sin mediar palabra, le propinó un ataque con un arma blanca, causándole una herida grave a la altura de la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales y provocando una importante pérdida de sangre”, manifestó al diario.

Testigos auxiliaron a la víctima en el lugar de los hechos

Vanessa Vera permaneció varios minutos en el suelo tras la agresión. Mientras tanto, el señalado agresor y la mujer que, de acuerdo con los testimonios, habría sido atacada inicialmente, abandonaron el lugar sin prestar ayuda a la víctima, según la información conocida por el citado canal.

Los vecinos advirtieron la emergencia y acudieron a auxiliarla antes del traslado al centro médico. Serpa aseguró que el presunto responsable pasó cerca de Vera cuando ella estaba tendida en el suelo.

“Vanessa quedó tirada y la gente empezó a auxiliarla (...) el individuo le pasa por encima diciendo que ella ya había fallecido y empezó a decir palabras ofensivas”, reveló el abogado.

Por ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa oficial de muerte ni han divulgado detalles adicionales sobre el estado de la investigación. La Fiscalía General de la Nación deberá establecer la secuencia de los hechos, identificar plenamente a las personas involucradas y definir las eventuales responsabilidades.

La familia de la víctima pidió al ente acusador avanzar en la búsqueda del señalado agresor. La defensa sostuvo que el hombre estaría identificado y mencionó que tendría anotaciones judiciales previas, un aspecto que deberá ser verificado por las autoridades competentes dentro del proceso.

“Tengo la certeza de que tiene antecedentes, tiene como tres o cuatro anotaciones por fuga de presos y por hurto (...) estamos esperando que se haga justicia (...) el llamado a las autoridades es ese, que estamos ante un maltratador de mujeres y necesitamos justicia”, aseguró el togado.

La letrada también sostuvo que la Fiscalía conoce la identidad del presunto responsable y exigió avances en la investigación. “Todos saben quién es el responsable, yo también lo sé, la Fiscalía también lo sabe y estamos trabajando”, aseguró Herrera en un video divulgado en sus redes sociales.

La abogada dirigió un mensaje al hombre al que señaló como posible implicado: “Usted, señor, no se va a burlar de la justicia, porque usted va a ser capturado por las autoridades”.

Las declaraciones se conocieron después de que trascendieran datos de la necropsia practicada a Baby Demoni. La joven murió el 15 de octubre de 2025, a los 24 años, un día después de su ingreso a un centro médico del suroccidente de Bogotá.

Wendy Herrera afirmó que Baby Demoni sufrió asfixia por compresión del cuello

Según la información divulgada sobre el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia por compresión extrínseca del cuello. Ese hallazgo apunta a que una presión externa impidió la respiración de la creadora de contenido.

Herrera se refirió a ese resultado y sumó otros elementos que, según explicó, figuran en la valoración forense. “Hoy puedo decirles que las causas de su muerte fueron asfixia, compresión en la parte externa de su cuello. También tenía hematomas en la cabeza, en la parte posterior, y también tenía fracturas en sus uñas”, manifestó.

La abogada interpretó esas lesiones como posibles signos de resistencia de la víctima. “Ella, para salvaguardar su vida, se defendió para poder vivir porque estaba ahogándose”, dijo en el mismo video.

Los datos de la necropsia establecen las características médico-legales de la muerte, pero por sí solos no atribuyen responsabilidad penal a una persona concreta. La determinación de posibles responsables corresponde a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La defensa pidió que las autoridades profundicen la investigación

La representante de la familia aseguró que llevará el caso “hasta lo último” y pidió que las autoridades actúen frente a los elementos que, según indicó, existen dentro del expediente. También sostuvo que los vecinos podrían aportar información relevante sobre lo que ocurrió antes de la muerte de la influencer.

“Se va a hacer justicia porque los vecinos son los primeros testigos presenciales de este caso”, afirmó Herrera, sin detallar qué declaraciones habrían dado esas personas ni si ya fueron incorporadas formalmente al proceso judicial.

La muerte de Baby Demoni se investiga como un caso de muerte violenta. Sus allegados solicitaron que las pesquisas avancen con celeridad y que se examinen las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

La familia de la joven también reclamó respuestas tras conocerse la información atribuida a la necropsia. El padre de María Alejandra Esquín pidió a la Fiscalía que esclarezca el caso y sostuvo que no ha percibido avances suficientes en la investigación.

La expareja de la creadora de contenido aparece mencionada por los familiares

Los familiares de Baby Demoni pidieron que las autoridades indaguen a su expareja. De acuerdo con las versiones divulgadas tras el fallecimiento, el hombre habría salido de Colombia con destino a España.

La madre de María Alejandra había denunciado públicamente, después de la muerte de su hija, que ella habría sufrido maltrato físico y psicológico durante esa relación. En declaraciones que dio entonces a diferentes medio y podcast, señaló que la joven intentó separarse en algunas oportunidades, aunque después retomaba el vínculo.

El caso volvió a generar atención en octubre de 2026, al cumplirse un año de la muerte de la influencer. Baby Demoni era tatuadora, creadora de contenido y madre de una niña de siete años. En sus redes sociales compartía publicaciones sobre maquillaje, transformaciones de imagen, su vida familiar y reflexiones personales.

La abogada vinculó el caso con las denuncias de violencia contra las mujeres

En su intervención, Herrera extendió su mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia física, psicológica o económica. La abogada sostuvo que los insultos, los celos, el control sobre las amistades, la ropa o el trabajo pueden constituir señales de maltrato dentro de una relación.

“Eso es maltrato, señoras”, expresó, tras describir conductas de control y agresiones que, según dijo, muchas víctimas terminan normalizando. La letrada insistió en que buscará que el caso llegue a una definición judicial. Mientras tanto, la investigación deberá establecer qué ocurrió entre el 14 y el 15 de octubre de 2025, identificar al posible responsable y determinar si existieron antecedentes de violencia que ayuden a esclarecer la muerte de María Alejandra Esquín.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) documentó 21 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según un informe elaborado a partir del monitoreo de publicaciones periodísticas.

El reporte señala que 12 de los casos, equivalentes al 57.1%, correspondieron a feminicidios cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Los nueve restantes, el 42.9%, fueron clasificados como muertes violentas o feminicidios atribuidos a otros agresores. La organización aclaró que sus registros parten de notas de prensa y, por esa razón, no representan necesariamente la totalidad de hechos ocurridos en el país.

La mayor cantidad de casos se concentró en mayo, con cinco víctimas, el 23.8% del total. Septiembre registró cuatro casos; marzo y agosto, tres cada uno; enero y abril, dos; y febrero y julio, uno por mes. Durante junio no se documentaron casos.

Santa Ana concentró ocho de los 21 casos registrados

Sobre la distribución territorial, Santa Ana acumula ocho casos, equivalentes al 38.1% del total. San Salvador ocupó el segundo lugar, con cuatro asesinatos de mujeres, el 19%.

Cabañas, La Libertad y La Paz registraron dos casos cada uno. San Miguel, Sonsonate y Usulután reportaron uno, de acuerdo con el informe de Ormusa. Santa Ana y San Salvador, en conjunto, sumaron 12 de los 21 casos documentados durante los primeros nueve meses del año.

El documento plantea que la concentración territorial requiere medidas de prevención que consideren las particularidades de cada departamento.

La pareja fue el agresor identificado con mayor frecuencia

En 10 casos, el 47.6% del total, el presunto agresor fue la pareja de la víctima. En otros dos casos, el 9.5%, se trató de personas conocidas. El informe incluyó además un caso en cada una de estas categorías: vecino, pareja y conocido, y pareja de una conocida.

En seis expedientes, el 28.6%, no se disponía de información sobre el vínculo entre la víctima y el agresor. Para Ormusa, los datos disponibles muestran que en una parte mayoritaria de los casos existía una relación previa, lo que sitúa la violencia en el ámbito de relaciones de confianza y cercanía.

El grupo etario con más víctimas fue el de mujeres de 26 a 35 años, con seis casos. Le siguieron las mujeres de 36 a 45 años, con tres asesinatos. Los grupos de 19 a 25 años y de 46 a 55 años registraron dos casos cada uno, mientras que hubo una víctima de entre 56 y 65 años. En siete hechos no se informó la edad de la mujer asesinada.

El arma blanca fue el medio más identificado en los asesinatos

El arma blanca apareció como el medio de muerte más frecuente, con ocho casos, el 38.1%. La asfixia y las armas de fuego figuraron en dos casos cada una. En el resto se registraron situaciones como golpes, objetos contundentes, tortura, violación, circunstancias sospechosas o combinaciones de distintos mecanismos.

Además, el observatorio identificó cuatro casos con indicios de posible violencia sexual, equivalentes al 19% del total. Dos incluyeron referencias a indicios de violación; otro, a un intento de abuso sexual; y en uno más se informó que el cuerpo de la víctima fue encontrado casi semidesnudo.

El monitoreo también registró 14 capturas de presuntos agresores. En tres casos se informó que el sospechoso se suicidó y en otro murió en un accidente de tránsito mientras escapaba. En siete hechos no había información disponible sobre posibles responsables.

En su informe, Ormusa sostiene que la prevención exige identificar de forma temprana el riesgo feminicida, reforzar la protección de las mujeres y garantizar investigaciones que permitan establecer las circunstancias de cada crimen y sancionar a los responsables.

Un hombre de 50 años identificado como Alejandro “N” fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y corrupción de menores. La víctima fue una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales A.S.M., a quien medios locales mencionan con el nombre de Samara.

Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 26 de septiembre en una vivienda de la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, Nuevo León. Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el imputado era pareja sentimental de la madre de la menor y presuntamente le suministró narcóticos antes de su muerte.

Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 26 de septiembre en la colonia Tres Caminos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que los sucesos se registraron al interior de un domicilio ubicado en Tres Caminos. La propiedad pertenecía al propio Alejandro “N”, según las indagatorias oficiales.

El hombre mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima. Esa cercanía, según la Fiscalía, le permitió tener acceso directo a la menor en el momento de los hechos.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado le suministró sustancias ilícitas a la adolescente de manera deliberada. La autoridad señaló que aprovechó la confianza derivada de su vínculo con la familia para cometer el delito.

Tras el consumo de los narcóticos, la joven presentó una crisis aguda de salud. En lugar de buscar atención médica de inmediato, el hombre optó por comunicarse telefónicamente con la madre de la víctima.

Le informó que su hija se estaba broncoaspirando, sin precisar el origen real de la crisis. Momentos después, la adolescente murió en el mismo lugar donde había sido suministrada la sustancia.

La vivienda donde se encontró el cuerpo fue sometida a investigación forense en los días posteriores al hallazgo. Las autoridades también revisaron el domicilio donde residían habitualmente la menor y su madre.

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó la orden de aprehensión contra Alejandro N

Con los datos de prueba recabados durante las semanas posteriores al hecho, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el acusado. La solicitud fue avalada por la autoridad judicial correspondiente.

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó la orden y detuvo al hombre. El operativo permitió que el caso avanzara hacia la etapa de vinculación a proceso en el sistema de justicia penal.

La audiencia inicial se celebró en octubre ante un juez de control. En esa diligencia, el Ministerio Público expuso los elementos que apuntan a la presunta participación del acusado en la muerte de la adolescente.

El juzgador consideró que existían datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal. Como resultado, determinó vincular a proceso a Alejandro “N” por los delitos de feminicidio y corrupción de menores.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva en un centro de reinserción social del estado. El acusado permanecerá internado mientras se desahoga el plazo de la investigación complementaria.

La Fiscalía precisó que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. El caso continúa en etapa de investigación para determinar la responsabilidad penal definitiva del imputado.

El dictamen pericial determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio

Los estudios realizados por personal especializado de la Fiscalía arrojaron un primer resultado determinante. La causa de muerte de la adolescente fue un infarto agudo al miocardio, provocado por una alta concentración de sustancias tóxicas en su organismo.

Los análisis toxicológicos detectaron niveles incompatibles con la vida de dichas sustancias. Ese hallazgo respaldó la hipótesis de la Fiscalía sobre el suministro deliberado de narcóticos por parte del acusado.

El caso generó atención adicional porque el cuerpo de la menor no presentaba huellas visibles de violencia física. Tampoco existían antecedentes de complicaciones de salud previas que explicaran por sí solas el deceso.

Esa combinación de factores orientó la investigación hacia la hipótesis del envenenamiento deliberado. Los peritos descartaron causas naturales ajenas al consumo forzado de sustancias ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la omisión de auxilio médico oportuno agravó la situación clínica de la menor. El retraso en solicitar atención especializada resultó determinante para el desenlace fatal, según la autoridad.

La investigación complementaria continúa abierta para reunir elementos adicionales sobre las circunstancias exactas del hecho. Las autoridades no han precisado una fecha estimada para la conclusión de esta etapa del proceso.

El caso ha sido documentado por distintos medios de Nuevo León a partir de la información oficial difundida por la Fiscalía. Ninguna de las versiones conocidas hasta el momento contradice los elementos centrales confirmados por la autoridad investigadora.

Lenin Salvador Córdova Pérez, de 21 años y pareja sentimental de la doctora Cristina Ramos Argüello, es señalado como principal sospechoso del feminicidio de la médica de 33 años. El crimen ocurrió la tarde del jueves 15 de octubre en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde la víctima fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) catéo este viernes 16 de octubre la vivienda del sospechoso, quien permanece prófugo, mientras la causa del ataque se mantiene bajo investigación.

La doctora Cristina Ramos Argüello había sido reportada como desaparecida horas antes de que su cuerpo apareciera en su propio domicilio. Trabajaba simultáneamente en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos.

El hallazgo del cuerpo de Cristina Ramos Argüello en el fraccionamiento Santa Cecilia

El cuerpo de la médica fue localizado en un departamento de la tercera etapa del fraccionamiento privado Santa Cecilia, sobre la avenida Universidad Veracruzana, junto a la Expo Feria de Coatzacoalcos, según detalló Municipio Sur. La vivienda se ubica al poniente del municipio, en el sur del estado de Veracruz.

Cristina Ramos presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca, de acuerdo con los primeros reportes oficiales. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

La Policía Ministerial inició las diligencias correspondientes de inmediato después del hallazgo. El objetivo de ese primer despliegue fue esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Debido a que el hallazgo ocurrió dentro de un conjunto habitacional privado, el manejo de la información se mantuvo con reserva durante las primeras horas. Esa reserva inicial contrastó con la rapidez con la que trascendió la identidad de la víctima en medios locales.

La médica trabajaba un turno en cada una de las dos instituciones de salud donde prestaba sus servicios. La Silla Rota confirmó que ejercía como especialista tanto en el Hospital Materno Infantil IMSS-Bienestar como en el Hospital del ISSSTE de Coatzacoalcos.

Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como principal sospechoso del crimen

Lenin Salvador Córdova Pérez es un joven de 21 años, deportista y estudiante de la licenciatura en Derecho, de acuerdo con información de Latinus. El medio precisó que mantenía una relación sentimental con la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos.

Una de las primeras indagatorias apunta hacia el joven como posible responsable de los hechos. Hasta el momento, el sospechoso se encuentra prófugo y no ha sido detenido.

Versiones de familiares y amigos de la víctima aseguran que Cristina era víctima de violencia por parte de su pareja. Esas versiones sostienen que ella decidió poner fin a la relación, aunque el sujeto habría seguido acosándola.

La doctora había manifestado temor hacia su expareja antes de los hechos. Ese temor fue, de acuerdo con esas mismas versiones, lo que la llevó a terminar el vínculo sentimental.

También se señaló que el sospechoso estudiaba en la Universidad Veracruzana al momento de los hechos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial el nombre completo del sospechoso en sus comunicados públicos.

La Fiscalía General del Estado catéo la vivienda del sospechoso en la calle Bella Vista

La vivienda cateada este viernes se ubica en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos. El operativo se realizó como parte de las diligencias relacionadas con la investigación del feminicidio.

La Fiscalía General del Estado confirmó, hasta la noche del viernes 16 de octubre, que las pruebas periciales siguen su curso. “Las diligencias, entrevistas e investigaciones siguen”, señaló la dependencia.

La institución no ha revelado mayores detalles sobre los hallazgos obtenidos durante el cateo. Tampoco ha confirmado de manera oficial si el joven cateado es la misma persona identificada como su expareja sentimental.

El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas. Esa unidad especializada abrió la carpeta de investigación correspondiente tras el hallazgo del cuerpo.

En un comunicado emitido antes de la medianoche del jueves, la FGE afirmó que las investigaciones continúan para establecer las líneas que permitan identificar a los responsables, de acuerdo con Formato Siete. El texto añadió: “Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial realizan las diligencias correspondientes, conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos”.

La fiscalía reiteró en ese mismo comunicado, citado por el medio, su objetivo de que los hechos no queden impunes. El documento oficial no reveló si una de las líneas de investigación apunta directamente al joven universitario.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado no ha reportado personas detenidas por el caso. El móvil del crimen permanece sin esclarecerse de manera oficial.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del sospechoso prófugo. Las diligencias periciales continúan con el objetivo de reunir pruebas que permitan sustentar la carpeta de investigación por feminicidio.

La comunidad médica de Coatzacoalcos se mantiene consternada tras el hallazgo de la doctora sin vida. El caso ha generado atención en medios regionales por tratarse de una profesional de la salud reconocida en dos instituciones públicas del municipio.

Cinco menores de edad figuran entre las víctimas de feminicidios registrados durante 2026 en Cuba por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

Sus nombres abren una lista de 57 mujeres y niñas documentadas entre enero y octubre. Gabriela tenía siete años; Camila A. 12; Katherine, 14; Merlin y Camila tenían 17.

Gabriela fue asesinada el 21 de marzo. Algunas fuentes ubicaron el hecho en el Reparto Guiteras, en La Habana del Este, y otras en Guanabacoa. El agresor señalado fue un vecino.

Camila A. murió el 22 de abril en Pedroso, Batabanó, Mayabeque, junto a su madre, Rosalí Peña Hernández. La pareja de la mujer fue identificada como agresor de ambas.

Katherine murió el 14 de marzo en el barrio La Caldosa, en El Cornito, Las Tunas. El ataque fue atribuido a su expadrastro.

Merlin falleció a comienzos de julio en un hospital, después de permanecer internada por un ataque ocurrido en Yerba de Guinea, Songo La Maya, Santiago de Cuba. El registro atribuyó la agresión a su padrastro.

Camila fue asesinada el 21 de junio en la vivienda de su pareja, en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana.

La lista reúne a víctimas de entre siete y 81 años

El OGAT realiza el monitoreo desde 2019 mediante una red de observadoras dentro de la isla, fuentes comunitarias, medios de prensa y alianzas con plataformas independientes de mujeres.

El registro reúne asesinatos, desapariciones y agresiones que, según la organización, permanecen sin respuesta institucional. En numerosos casos, los agresores señalados eran parejas o exparejas de las víctimas.

La mujer de mayor edad incluida en el listado fue Lenia Valdés Amador, de 81 años. La atacaron el 23 de agosto en su casa de Güines, Mayabeque, y murió después en el hospital, donde fue operada.

En esa agresión también murió su hija, Yanelkys Alonso Valdés, de 55 años. El hecho fue atribuido a la expareja de Yanelkys.

Olimpia Pérez tenía 79 años cuando fue asesinada el 2 de marzo en su vivienda de Mendoza, Tapaste, Mayabeque. El observatorio indicó que el agresor no había sido identificado.

Los últimos nombres del registro corresponden a Matanzas, Camagüey y Artemisa

Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió el 2 de octubre en su vivienda del barrio rural Merceditas, en Cárdenas, Matanzas. La expareja de su hija fue señalada como agresor.

Durante septiembre fueron registradas Rachel García González, de 27 años, asesinada en su hogar del barrio La Iglesia, en Los Ángeles, Vertientes, Camagüey; Didianny Barreto Palmero, de 34 años, hallada en un descampado de Ceballos, Ciego de Ávila; e Idania Castillo Sacre, de 58 años, asesinada en Taco Taco, San Cristóbal, Artemisa.

El registro atribuyó los tres casos a exparejas. También incluyó a Yusinay Capetillo Martínez, conocida como Yusy, de 41 años.

Yusy fue atacada durante un apagón en su vivienda del barrio Santos Suárez, en Diez de Octubre, La Habana. El observatorio señaló a su exyerno como agresor.

Yadelaine Roque Torres, llamada Yade, tenía 25 años cuando murió en Sabana, La Caoba, cerca de El Cobre, Santiago de Cuba. Su expareja fue señalada como responsable.

En agosto, Bertha Veitia López, de 64 años, fue asesinada en Nuevitas, Camagüey, por un conocido. Noemí Pérez López, de 38 años, murió en la comunidad rural Paso Pata, en Jesús Menéndez, Las Tunas, en un crimen atribuido a su expareja.

En julio se acumularon casos de mujeres atacadas en sus casas o cerca de ellas

Adis Glennis Rodríguez Mulet, conocida como Adita, tenía 34 años. Murió en un hospital de Bayamo, Granma, tras una agresión atribuida a su pareja.

Juana María Baños González, llamada La China, de 57 años, fue asesinada en Paso Real de San Diego, Pinar del Río. El agresor identificado fue su expareja.

Kirenia López Mendoza, de 43 años, murió en su vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. El OGAT indicó que varios hombres pudieron haber participado en el crimen, entre ellos su pareja.

Frente a su casa del barrio La Fabela, en Las Tunas, fue asesinada Yeni María Peñas Leyva, de 23 años. El registro atribuyó el ataque a su expareja.

Yesneidy López Hernández, de 39 años, fue atacada en la vía pública de Güines, Mayabeque. El agresor señalado también fue su expareja.

Yunierkis Gómez Lozano, conocida como Yunita, de 43 años, fue asesinada en Cumanayagua, Cienfuegos, por su pareja, quien luego se suicidó.

Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, murió tras ser atacada en la vivienda que compartía con su pareja, en el Reparto Modelo de Camagüey.

Dayana Borges tenía 26 años. Fue asesinada en Centro Habana, en la casa que compartía con su pareja.

Junio dejó víctimas en La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba

Zarahelga Pardo López, conocida como Sarita, de 29 años, murió en el Reparto Carlos Roloff de Sancti Spíritus. Su expareja fue señalada como responsable.

Lidianni Luis González fue asesinada cerca de La Trinchera. Maribel Pérez Linares, de 33 años, murió en el batey La Lima, Nueva Paz, Mayabeque. Ambos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Rosaidis Donatien, conocida como Rosy, de 23 años, murió en su hogar del reparto Nito Ortega, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su pareja fue identificada como agresor.

Arnelys Nancy Vega González, llamada Tita, de 25 años, fue asesinada en su casa del barrio Colón, en Centro Habana. El registro señaló a su pareja como agresor.

Yohanka Acosta Rodríguez fue encontrada sin vida en un parque de la esquina de 23 y Paseo, en Plaza de la Revolución, La Habana. Su expareja fue señalada como responsable.

En Camagüey, Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, murió en la comunidad rural La Tomatera, municipio Florida. El crimen fue atribuido a su expareja.

Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, fue asesinada durante un apagón en su vivienda de Camagüey. Estefany García, conocida como Tita, de 29 años, murió ese día en San Miguel del Padrón, La Habana. Los dos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Algunas víctimas habían desaparecido antes de ser encontradas sin vida

Yanet Sánchez Espino, de 48 años, fue encontrada sin vida en la playa de Guanabo, La Habana del Este. El agresor identificado fue un conocido.

Yarenia García Mariné, de 36 años, desapareció antes de ser hallada sin vida en Palancón, Las Tunas. El registro señaló a un conocido como agresor.

Daisi María Isaac Brito, de 56 años, desapareció en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, y fue encontrada sin vida al día siguiente. El agresor señalado fue un vecino.

Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, murió en Floro Pérez, Gibara, Holguín, por una agresión atribuida a su expareja. En el mismo municipio, Yadira González Gámez, de 41 años, fue asesinada en el barrio rural Cañada de Melones por un conocido.

Kirenia Casi Ávila, de 32 años y madre de un bebé de cinco meses, murió en la vía pública del barrio Párraga, en Arroyo Naranjo. El ataque fue atribuido a su expareja.

Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, fue asesinada en su hogar de Juraguá, Abreus, Cienfuegos. Gloria Almanza Céspedes, de 52 años, murió en su vivienda del barrio Los Mangos, en San Miguel del Padrón. Las exparejas de ambas fueron identificadas como agresores.

La lista también incluye a madres, hijas y mujeres asesinadas por familiares

Mariolis López Silio, de 37 años, fue asesinada en Güines, Mayabeque. Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, murió en la vía pública del reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, Granma. Los casos fueron atribuidos a exparejas.

Marina Pino Martínez, conocida como Marian, de 23 años, fue asesinada en su casa de San Bernardo, Jagüey Grande, Matanzas. El agresor señalado fue su expareja.

Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años, murió en su vivienda de Las Maravillas, San Juan y Martínez, Pinar del Río. El ataque fue atribuido a su padre.

Maylén Fernández Soriano, también de 26 años, fue asesinada en su hogar de San Juan, Jesús Menéndez, Las Tunas. El registro identificó a su pareja como agresor.

Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, murió en el barrio Moscú de Manzanillo, Granma, tras un ataque atribuido a su expareja. Santa Durán Hurtado, de 62 años, murió en Cruces, Cienfuegos, en un crimen atribuido a su nieto.

Ana Yancy Guillot fue atacada en la vía pública de Pinar del Río por su pareja. Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, murió tras una agresión en la vía pública de Santa Clara, Villa Clara, atribuida a su expareja.

Los primeros casos del año quedaron registrados en seis provincias

Yaneisi Quiala Miranda, de 38 años, fue asesinada en Santa Catalina, Manuel Tames, Guantánamo. El crimen fue atribuido a su pareja.

Yaniuska Barrero Machado, de 38 años, se dirigía a trabajar cuando fue atacada en Alto del Moro, Las Mercedes, Bartolomé Masó, Granma. Su pareja fue identificada como agresor.

Mileidis Dueñas Pérez, conocida como La Jimagua, de 46 años, murió en el barrio Obeso de San Juan y Martínez, Pinar del Río. El caso fue atribuido a su expareja.

Claudia Surely Varela Toledano, de 26 años, fue asesinada en la casa de un familiar del reparto Sánchez Soto, Camagüey. El observatorio señaló a su expareja como agresor.

Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, conocida como Gulli, de 38 años, murió en su hogar de Gua, Cienaguilla, Granma. La agresión fue atribuida a su expareja.

Magaly Aragón Aragón, de 59 años, trabajaba en el campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico, Sancti Spíritus. Murió en un cañaveral y el agresor señalado fue un conocido.

El hombre señalado por intentar matar a una recepcionista de hotel en la alcaldía Cuajimalpa fue deportado desde San Diego, California, y entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la garita fronteriza de Tijuana. Se trata de Octavio “N”, capturado este viernes 16 de octubre tras meses de búsqueda binacional.

El imputado permanecía bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron en su contra la orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El ataque ocurrió en un hotel de Santa Fe en junio pasado

La agresión se registró el 29 de junio de 2026 contra una recepcionista de un hotel ubicado en la zona de Santa Fe, dentro de la alcaldía Cuajimalpa. Las indagatorias de la Fiscalía capitalina, difundidas por esa institución en agosto pasado, establecieron la probable participación de Octavio “N” en la agresión física y verbal contra la víctima.

Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de captura contra el imputado.

Fue localizado en Estados Unidos luego de abandonar el país, detenido por migración en San Diego y finalmente deportado y entregado a la Fiscalía CDMX, que ejecutó la orden de aprehensión en su contra en la frontera con Tijuana.

La cooperación con Estados Unidos permitió ubicarlo en San Diego

Ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido de territorio mexicano, la Fiscalía CDMX estableció comunicación con autoridades estadounidenses. El organismo compartió información para contribuir a su búsqueda y localización.

Esa coordinación permitió identificar a Octavio “N” en San Diego, California, donde ya había sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos. Desde ese momento, la Fiscalía capitalina mantuvo contacto constante con las autoridades del país vecino hasta concretar la entrega.

El imputado será trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Tras la detención en la garita de Tijuana, Baja California, Octavio “N” será trasladado a la Ciudad de México. Ahí ingresará al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar el proceso penal en su contra.

La Fiscalía capitalina señaló que mantiene como prioridad combatir la violencia contra las mujeres y evitar que estos delitos queden impunes. El organismo indicó que impulsa investigaciones sólidas para llevar ante la justicia a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Octavio “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia que determine lo contrario por parte del órgano jurisdiccional competente.

El imputado fue acusado de vínculos con Los Chapitos

En septiembre del 2024, cientos de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, el empresario apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, de acuerdo con la información revisada por el diario.

Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El texto anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”. En el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios.

Entre los nombres que acompañaban al del empresario figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

Octavio “N” figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa, de acuerdo con la publicación.

En 2025 se reportó un arresto contra el empresario en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que investiga como feminicidio el asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en el municipio de Coatzacoalcos.

La médica fue localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, después de varias horas de haber sido reportada como desaparecida. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca.

La Fiscalía señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las actuaciones se llevan a cabo conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Fiscalía busca establecer las líneas de investigación

En un comunicado emitido antes de la medianoche, la FGE indicó que las investigaciones permanecen en curso para establecer las líneas que permitan identificar y localizar a la persona o personas que resulten responsables del asesinato.

La institución señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido y evitar que el crimen quede impune.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó públicamente cuáles son las líneas específicas que se siguen dentro de la investigación ni confirmó que una de ellas esté dirigida contra un joven universitario señalado preliminarmente como una persona cercana a la víctima.

De acuerdo con información preliminar difundida tras el hallazgo, dicho joven sería considerado el primer sospechoso y se encontraría prófugo. Sin embargo, esta versión no fue confirmada de manera oficial por la FGE en su comunicado.

Por ello, la responsabilidad del asesinato no ha sido atribuida formalmente a ninguna persona y las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió y quién o quiénes estarían involucrados.

Investigación quedó a cargo de Fiscalía especializada

La indagatoria quedó integrada en una carpeta de investigación y es desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas.

La dependencia estatal reiteró que fiscales, peritos y agentes ministeriales trabajan para recabar los elementos necesarios que permitan esclarecer el crimen de la doctora.

El caso es investigado bajo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cristina Ramos Argüello y establecer las posibles responsabilidades.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre la mecánica del asesinato, el número de heridas que presentaba la víctima ni sobre posibles indicios localizados en el domicilio.

Mientras avanzan las investigaciones, la FGE aseguró que continuará con las diligencias necesarias para establecer las líneas de investigación y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables.

“Hoy no solo alzo la voz por mí. Alzo la voz por todas las mujeres que han vivido violencia y por aquellas que temen denunciar porque no saben si la justicia realmente las protegerá”, dijo en su publicación de redes.

A las afueras de los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Ximena relató que el jueves 15 de octubre se realizó la audiencia inicial contra su presunto agresor, en la que, según su testimonio, el juez Rafael López López determinó dejarlo en libertad.

En un video difundido para hacer público su caso, la joven cuestionó la resolución judicial y pidió la intervención de las autoridades, al considerar que la decisión la deja en una situación de vulnerabilidad frente a la persona a la que acusa de haber intentado asesinarla.

“Es por eso que pido justicia, porque tengo mucho miedo y temo por mi vida y por la de mi familia”, expresó.

Víctima señala que su vida quedó en manos de una resolución judicial

En su denuncia, la alumna de la FES Acatlán explicó que los hechos por los que acusa a Jorge Alonso N, ocurrieron el 11 de abril de 2021, cuando, según su versión, él intentó quitarle la vida.

La joven manifestó su inconformidad con la determinación tomada durante la audiencia inicial y cuestionó los argumentos que, aseguró, se expusieron para justificar que el señalado no fuera procesado.

De acuerdo con su testimonio, durante la audiencia se habría hecho referencia a que ella logró vivir, argumento que atribuyó al juez para explicar la decisión.

“Decidió dejarlo en libertad porque no podía procesarlo porque yo logré vivir”, relató la joven.

Ximena también denunció que se hizo una comparación entre el valor de su vida y el dinero que ostenta, así como el respaldo de las relaciones de poder dentro de los juzgados mexiquenses.

“Dijo que mi vida valía 50 mil pesos y es ahí donde yo entiendo las veces que el mismo decía que podía hacer lo que quisiera, porque su padrino es un Juez de Barrientos”, dijo.

Estas declaraciones forman parte de la versión de la denunciante sobre lo ocurrido durante la audiencia.

Teme por su vida tras la liberación de su presunto agresor

Uno de los principales señalamientos de Ximena Monroy es el temor de que su presunto agresor vuelva a acercarse a ella y atente nuevamente contra su integridad.

La joven aseguró que la decisión judicial le genera incertidumbre y miedo, pues considera que su seguridad y la de sus familiares podrían estar en riesgo tras la liberación.

“Yo siento que él va a regresar a terminar lo que empezó”, manifestó en el video.

Ante esta situación, Ximena responsabilizó públicamente a Jorge Alonso N. de cualquier daño que pudiera sufrir en el futuro y cuestionó que, después de los hechos que denunció, el hombre haya quedado en libertad.

Su declaración busca visibilizar el caso y llamar la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en las que afirma encontrarse.

Sin embargo, la responsabilidad penal del señalado y las circunstancias jurídicas de su liberación deben determinarse a partir de las actuaciones judiciales correspondientes.

Pide justicia a Claudia Sheinbaum

Durante su mensaje, Ximena Monroy también dirigió un cuestionamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió atender la situación que enfrenta.

La joven utilizó su testimonio para denunciar lo que considera una falta de protección judicial para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

“¿Toda la vida de las mujeres mexicanas, incluyendo la de usted, valen solamente mil pesos? Cualquier persona que tenga esa cantidad monetaria puede venir a agredir a una mujer y salir ilesa”, preguntó al referirse a lo que describió como los argumentos económicos expuestos.

Con esa frase, Jimena expresó su indignación por la resolución y cuestionó si una persona con recursos económicos puede evitar las consecuencias judiciales de una agresión contra una mujer.

Su petición ocurre en medio de un llamado a las autoridades para que se conozca su caso y se revise la actuación judicial que derivó en la libertad del señalado.

Caso genera preocupación por la seguridad de la denunciante

La denuncia de la joven universitaria pone nuevamente sobre la mesa la preocupación de las víctimas que, después de señalar presuntas agresiones, manifiestan temor por su integridad y solicitan protección de las autoridades.

La joven insistió en que busca justicia y pidió que su situación no quede sin respuesta.

Ximena concluyó su mensaje con un llamado a que su caso no pase inadvertido y reiteró su preocupación por lo que pudiera ocurrir después de la decisión judicial.

La joven espera que las autoridades escuchen su denuncia y atiendan su solicitud de justicia, mientras permanece la incertidumbre sobre los siguientes pasos legales relacionados con el caso.

“Obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas, amenazándola con que si no lo hacía la mataría a golpes con un bate”. Tras sufrir un largo historial de violencia doméstica, María, nombre ficticio para proteger su identidad, no pudo hacer más para defenderse. Tras dos días de agonía perdió la vida en un hospital de San Vicente.

El responsable fue identificado cómo José Antonio Osegueda Rodríguez, condenado a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un largo proceso judicial.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador también le ordenó pagar $4,364 por responsabilidad civil a las víctimas secundarias, además de cumplir medidas de reparación para los padres e hijos de María.

La historia entre ambos había comenzado en 2007, cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Desde entonces, según la investigación, María enfrentó agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales. Las autoridades encargadas del caso afirmaron que el condenado también la apartó de las personas cercanas a ella, limitó su uso de redes sociales y restringió sus posibilidades de comunicarse con otros.

Con el paso del tiempo, María buscó salir de esa relación. Inició un proceso judicial para separarse de Osegueda Rodríguez, pero el control no terminó. La Fiscalía señaló que el hombre mantuvo las presiones durante ese trámite a través de manipulaciones emocionales y promesas de cambio.

El 18 de diciembre de 2025, María fue citada con su esposo en un inmueble del barrio San Juan de Dios, en el distrito de San Vicente, donde funcionaba un taller de refrigeración. La noche avanzó hasta que la mujer quedó frente a una amenaza que, de acuerdo con el expediente fiscal, no le dejó margen para decidir.

Las autoridades explicaron que Osegueda Rodríguez le entregó un líquido que contenía sustancias tóxicas y le ordenó ingerirlo. Si se negaba, le dijo que la mataría con un bate. María tomó la sustancia bajo coacción y su condición de salud se desplomó en cuestión de horas.

No recibió atención médica de inmediato. Una persona que figura como testigo en el proceso la encontró al día siguiente y la llevó al Hospital Nacional Santa Gertrudis. Allí ingresó al área de máxima urgencia, pero murió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025.

La Fiscalía abrió la investigación por feminicidio agravado y presentó testimonios, documentos y peritajes ante el tribunal. Las autoridades señalaron que esas pruebas permitieron reconstruir los años de violencia que había vivido María y establecer la responsabilidad del acusado en la muerte.

“El caso permitió acreditar los antecedentes de violencia y la participación del imputado”, afirmaron las autoridades durante el proceso. La sentencia impuso la pena máxima prevista para el delito y reconoció a los familiares de la víctima como afectados por el crimen.

Al menos 17 mujeres fueron víctimas de feminicidio en El Salvador este año

El caso de María se conoce mientras organizaciones que monitorean la violencia contra las mujeres registraron al menos 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026.

De ese total, el 59% habría sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Los datos reflejan la persistencia de agresiones dentro de relaciones afectivas y familiares, donde el control, las amenazas y el aislamiento suelen aparecer antes de los ataques letales.

La condena contra Osegueda Rodríguez cierra el proceso judicial por la muerte de María, aunque sus padres e hijos continuarán bajo medidas de reparación ordenadas por el tribunal.

Una madre y su hija viajaban por Naucalpan, Estado de México (Edomex) cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra su automóvil alrededor de las 6:00 horas. La joven sobrevivió al ataque, pero la conductora recibió un impacto en el tórax y perdió el control del Volkswagen Jetta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Molinos del Viento, en la colonia La Mancha, Estado de México. La hija pidió ayuda a paramédicos y policías, mientras una decena de vecinos se acercó al vehículo para auxiliar a las mujeres.

La conductora aún presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia, pero murió antes de recibir atención médica. Los paramédicos confirmaron que el fallecimiento fue causado por las heridas de bala.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, aunque no detuvieron a los agresores. La zona quedó bajo resguardo y la sobreviviente fue trasladada a la agencia ministerial para declarar sobre el ataque.

El cuerpo de la víctima y el automóvil fueron llevados a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Las autoridades continuarían con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, quienes huyeron por calles del municipio.

Suman casi 400 feminicidios en México durante 2026: cinco estados encabezan 41% de los casos

La cifra de feminicidios en México ascendió a 380 durante julio del 2026, luego de que en ese mes se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El documento indicó que el 41.3% de los casos, equivalentes a 157 víctimas, se concentran en cinco estados: Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

No obstante, desde enero de este año Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos de feminicidio, al registrar un total de 54 casos, la mayoría de estos en el municipio de Culiacán.

Le sigue Estado de México, con 27 casos en total, de los cuales tres ocurrieron durante julio, mientras que Chiapas ocupó nuevamente el tercer lugar con 26 feminicidios a lo largo del año.

La Ciudad de México volvió a aparecer en cuarto lugar, al sumar 25 casos en los primeros siete meses del año, principalmente en dos alcaldías.

Tamaulipas también ha registrado 25 feminicidios en el mismo periodo, siete de estos en julio. De igual forma, según el informe, Morelos continuó en sexto lugar con 21 casos, cinco más respecto al mes anterior.

Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez

Entre lso estados con menos casos están: Aguascalientes, con tres casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos feminicidios cada uno, y Nayarit, con uno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las principales víctimas son mujeres de 30 a 60 años de edad, seguidas del sector entre 18 y 29 años.

Los 20 municipios con más casos de feminicidio

• Culiacan, Sinaloa: 34
• Reynosa, Tamaulipas: 12
• Chihuahua, Chihuahua: siete
• Benito Juárez, Quintana Roo: seis.
• Mazatlán, Sinaloa: seis.
• Centro, Tabasco: cinco.
• Escuinapa, Sinaloa: cinco.
• Mexicali, Baja California: cinco.
• Tapachula, Chiapas: cinco.
• Venustiano Carranza, Ciudad de México: cinco.
• Hermosillo, Sonora: cuatro
• Juárez, Chihuahua: cuatro
• Mérida, Yucatán: cuatro
• Acapulco de Juárez, Guerrero: tres
• Cajeme, Sonora: tres
• Cuauhtémoc, Chihuahua: tres
• Cuautla, Morelos: tres
• Fresnillo, Zacatecas: tres
• Gustavo A. Madero, Ciudad de México: tres.

Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez

Homicidio doloso de mujeres

En este apartado, el informe señala 870 víctimas de homicidio doloso, entre enero y julio de este año, la mayoria de los casos en Guanajuato, con 108 casos, Baja California, con 71, y Chihuahua, con 59.

Senado discute reformas para prevenir feminicidios y proteger a la niñez huérfana

El Senado analiza modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La propuesta, en revisión tras mesas de diálogo con especialistas y familiares de víctimas, busca que el Estado priorice la prevención, la atención a la niñez y la homologación nacional de criterios para combatir la violencia feminicida.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la muerte violenta de Yeni Lorena Manzo, de 30 años, ocurrida en la noche del lunes 12 de octubre de 2026 en Quinchía (Risaralda).

El caso es investigado como un posible feminicidio y quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de establecer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Manzo fue atacada con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, tras una discusión. La mujer fue trasladada al hospital del municipio, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, comandante del Departamento de Policía Risaralda, informó que los uniformados reaccionaron tras recibir el aviso de una riña y lograron interceptar al señalado agresor que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Según la Policía, el capturado registra anotaciones judiciales por lesiones personales. La Fiscalía tendrá que presentar los elementos de prueba ante un juez de control de garantías, que definirá las medidas que correspondan dentro del proceso.

Hipótesis sobre el ataque

Los reportes preliminares indican que la pareja habría sostenido una discusión relacionada, al parecer, con una escena de celos. La confrontación habría iniciado luego de que la pareja compartiera en un establecimiento público y continuó cerca de la vivienda de la víctima.

Según la información divulgada por medios regionales como La Patria, el ataque se registró en plena vía pública donde el agresor habría atacado a su pareja. Al parecer, la madre de la víctima también resultó lesionada cuando intentó intervenir para detenerlo.

Habitantes del sector habrían alertado a las autoridades y algunos intentaron parar al señalado atacante antes de que este huyera. La Policía lo interceptó poco después y efectuó la captura en flagrancia.

Quinchía registra su primer caso investigado como feminicidio en 2026

El homicidio de Yeni Lorena Manzo sería el primer caso de feminicidio registrado en Quinchía durante 2026. De acuerdo con información conocida, en Risaralda se han registrado tres feminicidios en el departamento en lo corrido del año, una cifra que mantiene en alerta a las instituciones encargadas de prevenir las violencias basadas en género.

La Alcaldía de Quinchía expresó sus condolencias a la familia de la mujer. En un mensaje público, la administración municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los allegados de la víctima durante el proceso de duelo.

“En estos momentos de dolor, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, reconociendo la huella que Lorena dejó en nuestra comunidad. Que encuentren fortaleza y consuelo en el cariño de quienes la recordamos con respeto y cariño. Estamos con ustedes”, indicó la administración municipal en su mensaje.

El hecho generó rechazo entre habitantes del municipio, quienes han pedido que se esclarezca lo ocurrido y que la investigación judicial avance con celeridad. Por su parte, la Policía reiteró el llamado a denunciar oportunamente amenazas, agresiones físicas, controles coercitivos y otras situaciones que puedan poner en riesgo a las mujeres en el entorno familiar o de pareja.

Colombia reportó 89 feminicidios hasta julio de 2026

El caso de Quinchía ocurre en medio de una persistente problemática nacional. Datos divulgados por la Defensoría del Pueblo señalan que Colombia registró 89 feminicidios consumados, 74 tentativas y 20 transfeminicidios entre enero y julio de 2026.

Las cifras oficiales pueden diferir de los registros de organizaciones sociales, debido a los tiempos de investigación, la clasificación judicial de los casos y el subregistro. Por esa razón, las autoridades y entidades de defensa de los derechos de las mujeres insisten en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención temprana y las rutas de protección.

Red Lupa, el proyecto de análisis de desapariciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), identificó al menos 100 municipios con más casos acumulados de personas desaparecidas en México y determinó que 38 de ellos superan la media nacional de 22% en casos de mujeres desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al 24 de agosto de 2026.

El informe, elaborado por la organización que desde 2022 estudia el fenómeno a nivel estatal, buscó entender por qué ciertos territorios concentran más desapariciones femeninas y qué otras violencias coexisten en ellos.

Esta nota incorpora al inicio un video explicativo y una infografía interactiva elaborados con la herramienta Scrib. Ambos recursos permiten visualizar la distribución geográfica de los municipios analizados y el peso relativo de los casos femeninos en cada territorio.

Red Lupa explicó que el ejercicio surgió de escuchar a las familias que conviven con la ausencia de sus seres queridos. Esa cercanía llevó a la organización a mirar el fenómeno más allá de los datos estatales y a preguntarse por la concentración de casos en municipios específicos.

México tiene 2,478 municipios, de acuerdo con el propio informe. La selección de los cien con mayor número de casos acumulados permite observar patrones que el promedio nacional suele diluir.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) fue la fuente oficial empleada para construir el listado. A partir de esa base, la organización comparó la proporción de mujeres desaparecidas en cada municipio frente al promedio nacional de 22%.

Álvaro Obregón, Tlalpan y Solidaridad encabezan los municipios con más mujeres desaparecidas

El informe destacó un grupo de municipios donde el porcentaje de mujeres desaparecidas alcanza o supera el 40% del total de casos. Entre ellos figuran Álvaro Obregón y Tlalpan, ambas alcaldías de la Ciudad de México.

A ese grupo se suma Solidaridad, en Quintana Roo, el único municipio fuera del centro del país que integra esta lista prioritaria. Red Lupa señaló que estos territorios requieren atención específica por la magnitud del fenómeno femenino dentro de sus cifras totales.

La proporción de 40% o más distingue a estos municipios del resto de los cien analizados. Se trata de los casos donde la desaparición de mujeres no solo es alta en términos absolutos, sino también en su peso relativo frente a los casos de hombres.

De acuerdo con Red Lupa, son Álvaro Obregón, Tlalpan, Solidaridad y seis municipios del Estado de México, todos con una proporción igual o superior al 40% sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Chalco, Tecámac y Chimalhuacán: el Estado de México concentra seis municipios en la lista prioritaria

El Estado de México aporta la mayor cantidad de municipios al grupo con 40% o más de casos femeninos. Chalco, Tecámac y Chimalhuacán forman parte de ese conjunto, según el informe.

A esos tres se suman Toluca, Cuautitlán Izcalli y Atlautla, lo que eleva a seis el número de municipios mexiquenses dentro de la categoría prioritaria. Ningún otro estado del país concentra tantos municipios en ese rango de porcentaje.

La presencia reiterada de municipios del Estado de México en este grupo llamó la atención de la organización. Red Lupa planteó que esa concentración territorial exige estrategias regionales y no solo intervenciones aisladas por municipio.

Entre los 100 municipios estudiados, 38 superan la media nacional de 22% en mujeres desaparecidas. Ese dato ubica al conjunto de territorios mexiquenses con 40% o más como un caso particularmente agudo dentro de ese universo más amplio.

El informe no detalló cifras absolutas adicionales sobre estos seis municipios del Estado de México. Red Lupa centró el análisis en la proporción relativa de casos femeninos frente al total de personas desaparecidas en cada territorio.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sostiene el estudio de los 100 municipios

La metodología de Red Lupa se apoyó en los datos acumulados del RNPDNO para construir el ranking de los 100 municipios. Esa base de datos oficial permite comparar la magnitud de las desapariciones entre distintos territorios del país.

Red Lupa aclaró que su interés no se limita a contar casos. La organización busca entender las diferentes modalidades de la desaparición, las lógicas que las perpetúan y los delitos que se relacionan con ellas en cada municipio.

Desde 2022, la organización realiza análisis estatales sobre la desaparición de personas en todo el territorio mexicano. El informe sobre los 100 municipios representa una escala distinta, más local, dentro de esa línea de trabajo.

El objetivo declarado del estudio es aportar información para el diseño de políticas públicas. Red Lupa planteó que esos datos deben traducirse en estrategias regionales que atiendan la particularidad de cada territorio.

La organización también señaló la necesidad de mejorar la atención que reciben las víctimas de desaparición. Ese componente de atención se suma al de prevención como uno de los ejes centrales del informe.

Red Lupa subrayó que la prevención de las desapariciones debe ser una prioridad en los municipios identificados. El informe sugiere que sin estrategias diferenciadas por territorio, la concentración de casos difícilmente se revertirá.

El estudio no ofreció como parte de su contenido disponible un desglose completo de los 100 municipios ni de sus cifras absolutas de casos. La información publicada se concentró en los municipios con mayor proporción de mujeres desaparecidas y en el dato general de 38 municipios por encima de la media nacional.

El informe quedó disponible para descarga en formato PDF a través del sitio de Red Lupa. La actualización más reciente del documento corresponde al 24 de agosto de 2026.

La organización planteó este trabajo como una herramienta para quienes diseñan política pública en materia de desaparición de personas. El enfoque municipal busca complementar los análisis estatales que Red Lupa realiza desde hace cuatro años.

La liberación de Pedro Tomás Serrate, uno de los implicados en el feminicidio de Melani García Lorenzo, reavivó la preocupación de la familia de la adolescente asesinada en La Habana entre el 15 y el 16 de diciembre de 2023: el juicio contra los presuntos responsables aún no tiene fecha y las autoridades justificaron el cambio de medida cautelar por un problema de salud, informó 14ymedio.

El conteo del medio registra 53 feminicidios en Cuba hasta el momento al que refiere su publicación. El caso más reciente fue el de Nilda Díaz Santana, de 58 años, atacada a tiros cuando intentaba defender a su hija de una agresión.

Yanet Lorenzo Villalba, madre de Melani, supo que Serrate estaba en libertad después de que su esposo lo viera en las calles de La Habana. “Mi esposo lo ve y me lo dice, entonces llamo a donde yo vivía y me lo confirmaron. Al otro día, automáticamente, fui a la Fiscalía para que me informaran por qué lo habían liberado y con qué justificación, porque no me lo podía creer”, relató a CubaNet.

La mujer afirmó que las autoridades le explicaron que el acusado había dejado la prisión por “una cuestión de enfermedad”. “Me dijeron que le habían cambiado la medida cautelar. No entiendo cuál es la enfermedad. Para mí, él no debe estar en la calle porque él también estuvo implicado en el asesinato de mi hija”, sostuvo.

La decisión tampoco habría sido comunicada al abogado de la familia. Lorenzo Villalba indicó que fue ella quien informó a su defensor sobre la liberación y que este considera que la Fiscalía debió notificarle la medida.

La madre añadió que el expediente será remitido a la Fiscalía General de la República para evaluar una petición de sanción que las propias autoridades calificaron como “muy alta”. “No sé a quién dirigirme y ya han pasado casi tres años y esto no termina”, lamentó.

La salida de prisión de Serrate elevó además el temor de la familia por el hijo de Melani. Lorenzo Villalba dijo que teme que el hombre pueda hacerle daño al niño o llevárselo: “Tengo miedo porque esa familia, como se puede ver, no es nada buena y es un peligro potencial para mi nieto”, afirmó.

La búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo

Melani García Lorenzo tenía 16 años cuando fue asesinada a golpes en el barrio La Palma, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Pedro Julio Serrate Corrales, su expareja, fue señalado como autor del crimen, mientras que su padre y un familiar identificado como Frank Mario fueron acusados de haber actuado como cómplices.

La adolescente había salido para visitar a su hermano, que tenía fiebre y padecía ataques epilépticos. Horas más tarde, una llamada alertó a su madre de que Pedro Julio la había sacado por la fuerza y se la había llevado en un carro de basura.

“A la una de la madrugada del 16 de diciembre me llaman y me dicen que Pedro Julio la había sacado a golpes de la casa y se la llevó en el carro de basura”, contó Lorenzo Villalba a CubaNet. Junto a su esposo, inició una búsqueda que incluyó llamadas al número de emergencias y visitas a varias estaciones policiales.

La madre denunció entonces que algunos agentes le dijeron que estaban ocupados con casos de robos y drogas y no atendieron su pedido. En la estación del Capri, un oficial tomó finalmente la denuncia, pero el procedimiento continuó demorándose hasta que ella mencionó el rumor de que su hija había sido asesinada.

Una patrulla se dirigió después al domicilio donde se encontraba la joven. “La habían dejado dentro de la casa, tirada; ya estaba muerta”, afirmó Lorenzo Villalba, quien agregó que Medicina Legal determinó que Melani murió a las 6:00 por los golpes recibidos.

El retraso judicial en este caso se suma a un escenario de violencia de género que los observatorios independientes siguen documentando en Cuba. En 2023, el año del asesinato de Melani, esos registros contabilizaron 90 feminicidios, la cifra anual más alta desde el inicio de su monitoreo en 2019.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, vinculado a la Oficina Nacional de Estadística e Información y a la Federación de Mujeres Cubanas, informó que 49 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de asesinatos por razones de género en causas juzgadas durante 2025.

El Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat) advirtió en marzo sobre la situación de niños, adolescentes y adultos mayores dentro de la crisis humanitaria que atraviesa el país, una realidad que también se expresa en los feminicidios.

El análisis del Ogat sobre los casos verificados en 2025 señaló que el 83.3% de los asesinatos registrados fue cometido por la pareja de la víctima. El observatorio concluyó que las relaciones afectivas continúan siendo el principal ámbito de riesgo y que los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención son insuficientes o inexistentes.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Dariana, adolescente de 15 años, murió por asfixia por estrangulamiento tras ser atacada en un inmueble abandonado de Teziutlán. La joven también presentó traumatismo facial y craneoencefálico, mientras un adolescente fue detenido por su probable participación y quedó bajo internamiento preventivo.

Dariana desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de asistir a clases en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac. La madrugada del martes 6 fue localizada sin vida en un inmueble abandonado del barrio de Xoloco.

La adolescente, originaria de San Juan Xiutetelco, salió de su casa con el uniforme deportivo de la institución: una sudadera blanca con detalles verdes y negros. Su familia perdió contacto con ella por la tarde e inició una campaña de búsqueda en redes sociales, a la que se sumaron amigos, vecinos y autoridades.

Familiares, conocidos y personal de seguridad recorrieron las inmediaciones de la secundaria y los trayectos que Dariana acostumbraba utilizar para volver a su hogar. La búsqueda concluyó durante la madrugada, cuando fue reportado el hallazgo del cuerpo en la comunidad.

Las indagatorias de la Fiscalía establecieron que la víctima habría sido citada por un menor identificado con las iniciales A. M. G., quien presuntamente la llevó al inmueble abandonado. Una vez ahí, la habría sometido y atado de las muñecas por la espalda con un cable.

La Fiscalía atribuyó la muerte a asfixia por estrangulamiento

La FGE señaló que el adolescente habría golpeado a Dariana con los puños y un bloque, lo que le ocasionó diversas lesiones. Como parte de la agresión, presuntamente utilizó una corbata escolar para estrangularla y le provocó lesiones en el pecho con unas tijeras.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para los estudios correspondientes. La información disponible también indicó que la joven presentaba heridas por arma blanca y que habría sido apuñalada en repetidas ocasiones antes de morir.

Agentes de la policía local resguardaron el perímetro donde fue localizado el cuerpo, al que acudieron familiares de la adolescente para reconocerla. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El 7 de octubre se cumplimentó una orden de aprehensión contra A. M. G. por su probable participación en el delito de feminicidio. Al día siguiente se realizó la audiencia inicial, durante la cual se formuló la imputación y se solicitó su vinculación a proceso.

Por tratarse de un adolescente, la autoridad judicial impuso como medida cautelar el internamiento preventivo. Su responsabilidad deberá determinarse en el proceso ante un juez especializado en justicia para adolescentes.

El caso aún no fue clasificado oficialmente como feminicidio

Los familiares de Dariana señalaron que el detenido pertenecía a la misma secundaria que la víctima. También indicaron que cámaras de vigilancia habrían captado a la joven mientras caminaba acompañada por un adolescente de 17 años, quien presuntamente entró con ella al inmueble y salió después sin la menor.

El Ayuntamiento de Teziutlán emitió un comunicado para reprobar el crimen y pidió que las autoridades competentes investigaran conforme a derecho, además de garantizar el acceso a la justicia para la familia. El gobierno municipal también quedó a disposición de la Fiscalía estatal para colaborar en las diligencias.

La administración municipal precisó que la clasificación jurídica final de los hechos correspondía a la FGE. La Fiscalía aún no había clasificado oficialmente la muerte de Dariana como feminicidio.

El caso se conoció en un contexto en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres feminicidios en Puebla durante el primer trimestre de 2026. Con ese registro, la entidad ocupó el lugar 17 nacional; Sinaloa encabezó la lista con 15 casos y Chiapas registró 13.

Durante el primer semestre de 2026, el SESNSP registró cinco feminicidios en Puebla, cifra que colocó al estado en el sitio 21 del país. El Gobierno de Puebla informó una reducción de 66.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque la Fiscalía reconoció que hasta junio solo había iniciado cinco carpetas de investigación por ese delito.

El informe mensual sobre violencia contra las mujeres ubicó a Puebla en el lugar 11 nacional por homicidio doloso contra mujeres durante junio, con 36 víctimas. La entidad también ocupó el noveno sitio por violencia familiar y el octavo por violación simple y equiparada.

Una pareja fue sentenciada a 62 años y seis meses de prisión cada uno por el feminicidio de su hija, una niña de dos años, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un juez con residencia en Nezahualcóyotl su responsabilidad en el crimen, ocurrido en el municipio de Chimalhuacán.

El tribunal determinó la culpabilidad de Alma Sofía Pérez Ortega y Brayan Jesús Piña Juárez por agredir física y sexualmente a la menor hasta causarle la muerte, y por sepultar después su cuerpo dentro de la vivienda que la familia ocupaba como casa habitación.

Los hechos ocurridos en Chimalhuacán

De acuerdo con las pesquisas de la FGJEM, los hechos se registraron entre el 21 y el 24 de junio de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Corte Lomas de San Pablo, en Chimalhuacán.

En ese inmueble se encontraban Pérez Ortega y Piña Juárez junto con dos menores de edad, hijas de la mujer. La víctima del feminicidio era una de esas dos niñas, de dos años de edad.

En algún momento dentro de ese periodo de cuatro días, la madre y su pareja sentimental agredieron física y sexualmente a la menor. Las lesiones provocadas por ambos le causaron la muerte dentro del mismo domicilio donde residía la familia. Los responsables intentaron ocultar el crimen al sepultar el cuerpo dentro de la propia vivienda familiar antes de huir del lugar.

El ocultamiento del cuerpo y la fuga de los responsables

Tras causar la muerte de la menor, los hoy sentenciados optaron por sepultar el cuerpo dentro del mismo inmueble donde habían cometido la agresión. La intención, según las pesquisas de la Fiscalía, era evitar que el cuerpo fuera localizado.

Una vez concluido el entierro dentro de la vivienda, Pérez Ortega y Piña Juárez abandonaron el domicilio y huyeron del lugar, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal.

Investigación y captura de los responsables

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a las indagatorias correspondientes a partir del conocimiento del hecho. Las diligencias desarrolladas por la institución permitieron a la Representación Social identificar a los probables responsables del crimen: la madre de la víctima y su pareja sentimental.

Con los elementos de prueba reunidos durante esa primera etapa, la Fiscalía solicitó ante la autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión en contra de ambos.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía estatal, quienes lograron la aprehensión de Alma Sofía Pérez Ortega y de Brayan Jesús Piña Juárez.

Tras su detención, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Ahí quedaron a disposición del juez correspondiente, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de feminicidio en agravio de una menor de edad.

El desarrollo del proceso judicial

Durante la etapa de proceso, el agente del Ministerio Público adscrito al caso aportó elementos de prueba adicionales con el objetivo de demostrar la responsabilidad penal de ambos imputados.

Dichos elementos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, que procedió a su aceptación y análisis conforme al procedimiento penal correspondiente. Con base en ese material probatorio, el juez evaluó la participación de cada uno de los acusados en los hechos.

El análisis de las pruebas permitió al órgano jurisdiccional establecer la responsabilidad de Alma Sofía Pérez Ortega y Brayan Jesús Piña Juárez en el delito de feminicidio cometido en agravio de la menor de dos años.

La sentencia final

Como resultado del proceso judicial, cada uno de los sentenciados recibió una penalidad de 62 años y seis meses de prisión. La pena fue impuesta de manera individual tanto a la madre como a su pareja sentimental, al considerarse acreditada la participación de ambos en el crimen.

La resolución judicial incluyó, además de la pena privativa de la libertad, la suspensión de los derechos civiles y políticos de los dos sentenciados.

Eliseo “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravado en contra de su hija, una bebé de cuatro meses, en el municipio de Tonalá, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Prados de la Cañada, cuando el sujeto estaba tenía bajo su cuidado a la bebé.

La Fiscalía General del Estado señaló que Eliseo “N” habría retirado el pañalero y el pañal de la bebé antes de presuntamente cometer la agresión sexual en su contra en una habitación del domicilio.

Luego de los hechos, el hombre habría presionado el cuerpo de la niña contra el colchón, lo que le habría impedido despejar las vías respiratorias y, de manera posterior, provocarle la muerte por asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la que realizó las diligencias para identificar al presunto responsable y obtuvo una orden de aprehensión. Agentes investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial y pusieron al hombre a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, el personal de litigación de la Fiscalía presentó los datos de prueba que llevaron a la vinculación a proceso de Eliseo “N” por los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravo.

El juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanecerá bajo esa medida cautelar mientras la Fiscalía del Estado integra la carpeta para buscar una sentencia.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco aseguró que no habrá impunidad en ningún caso en el que se vulnere la vida de las infancias, por lo que continuará las investigaciones para lograr las sanciones correspondientes en caso de ser hallado culpable.

Eliseo “N” podría enfrentar penas por feminicidio y abuso sexual infantil agravado

El Código Penal del Estado de Jalisco contempla una pena de 40 a 70 años de prisión para quien sea declarado responsable de feminicidio. La sanción también incluye una multa de 500 a 1,000 UMA.

La legislación local establece sanciones diferenciadas para abuso sexual infantil, según la conducta que se acredite. Cuando se trata de actos erótico-sexuales sin cópula contra una persona menor de 12 años, el artículo 142-L fija una pena de 3 a 6 años de prisión.

El mismo Código Penal prevé agravantes cuando la víctima tiene menos de 12 años o existe una relación familiar, de cuidado, confianza o autoridad entre la persona imputada y la víctima. La sanción puede aumentar si el juez determina que alguna de esas condiciones quedó acreditada.

Las penas no se suman de forma automática en caso de una eventual condena por ambos delitos. El tribunal debe individualizar la sanción conforme a las pruebas, las circunstancias de los hechos, las agravantes aplicables y las reglas sobre concurso de delitos.

En los casos donde el Ministerio Público acredita cópula o cópula equiparada contra una persona menor de 15 años, el artículo 142-M establece una pena de 12 a 20 años de prisión. La clasificación jurídica definitiva depende de los elementos que se presenten durante el proceso.

Jalisco registra procesos recientes por abuso sexual infantil agravado

En las últimas semanas, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias por abuso sexual infantil agravado en varios municipios.

Juan Francisco “N” fue vinculado a proceso en Tepatitlán de Morelos por la probable comisión de ese delito en perjuicio de su hija. La Fiscalía señaló que los hechos investigados ocurrieron en 2018 y que el juez ordenó prisión preventiva oficiosa por seis meses, además de tres meses para la investigación complementaria.

En Guadalajara, Felipe Porfirio “N” recibió una sentencia de 4 años de prisión por abuso sexual infantil agravado. Según la Fiscalía, el hombre aceptó responsabilidad en un procedimiento abreviado y el juez ordenó el pago de 35 mil 500 pesos por reparación del daño.

La Fiscalía también informó sobre la vinculación a proceso de Julio César “N” por abuso sexual infantil agravado en Tonalá. El expediente se relaciona con una agresión presuntamente cometida contra su sobrino y el juez le impuso un año de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, ante la premura que existe por parte de las bancadas legislativas afines al gobierno mexicano para aprobar lo enviado por la mandataria mexicana, hay un tema que podría caer en ambigüedad y poner en mayor riesgo o vulnerar a las víctimas: la tentativa de feminicidio.

Si bien el proyecto enviado al Senado de la República reconoce que al menos en 14 países de la región se reportaron 5 mil 502 tentativas de feminicidio durante 2024, la iniciativa no desarrolla de manera específica cómo debe investigarse y sancionarse este delito.

Esta omisión, advierten integrantes de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), puede dejar la clasificación de las agresiones a criterio de las autoridades y limitar el acceso a la justicia para las mujeres que sobreviven a estos ataques.

En entrevista con Infobae México, Sabrina Gaucher Troncos, familiar de una víctima de feminicidio, y Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio en 2020 y activista, señalaron que las buenas intenciones no son suficientes para legislar en materia.

Desde su experiencia, la propuesta presidencial necesita modificaciones que contemplen las necesidades de las sobrevivientes, establezcan criterios claros para investigar las tentativas y eviten que los vacíos legales se traduzcan en nuevas formas de revictimización.

¿Qué dice la iniciativa de Sheinbaum sobre la tentativa de feminicidio?

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio plantea homologar el tipo penal en las 32 entidades federativas, fortalecer las investigaciones y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

El documento reconoce de manera parcial que la violencia feminicida no se limita a los asesinatos consumados; RENASE señala que reconocer estadísticamente estas agresiones no equivale a establecer garantías legales para quienes sobreviven a ellas.

Yeritza Bautista explicó en entrevista que la iniciativa menciona la tentativa en algunos apartados, pero remite de manera general a disposiciones aplicables al delito tentado, sin desarrollar con suficiente precisión cómo deben integrarse las investigaciones ni cuáles son los criterios que deben seguir las autoridades.

“Todo esto aplica para la tentativa”, es, en esencia, la respuesta general que se ha planteado durante las discusiones sobre la propuesta. El problema, advirtió, es que una tentativa de feminicidio requiere una integración, investigación y sanción que no son idénticas a las de un feminicidio consumado.

La diferencia resulta fundamental para las sobrevivientes, ya que si no existen criterios claros, la interpretación puede variar según la entidad, el Ministerio Público que reciba la denuncia o la persona juzgadora que conozca el caso.

Los vacíos legales pueden favorecer a los agresores

Uno de los principales señalamientos de las integrantes de RENASE es que la falta de una definición y de lineamientos específicos puede provocar que agresiones que ponen en peligro la vida de una mujer terminen investigándose bajo figuras como lesiones o violencia familiar.

Sabrina Gaucher, quien perdió a una prima víctima de feminicidio en noviembre de 2022, señaló que las dificultades para acceder a la justicia también se relacionan con la falta de claridad de las propias autoridades sobre lo que constituye una tentativa de feminicidio.

Durante la entrevista, las integrantes de la organización expusieron que existen situaciones en las que una agresión no llega a consumarse por la intervención de una tercera persona o por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor.

Yeritza Bautista ejemplificó el problema con casos en los que una mujer estuvo en peligro de muerte, pero el ataque se interrumpió porque el arma falló o alguien intervino. Para la activista, estos escenarios deben analizarse con criterios claros y no quedar sujetos a interpretaciones que minimicen el riesgo.

La falta de precisión también tiene consecuencias para las víctimas en distintos ámbitos:

• Acceso a la justicia: la clasificación inicial de los hechos puede determinar el rumbo de la investigación y las posibilidades de obtener una sanción acorde con la agresión.
• Reconocimiento como sobreviviente: la ambigüedad puede generar dudas y cuestionamientos sobre la violencia que vivió una mujer.
• Investigación del contexto: las autoridades deben considerar los antecedentes de violencia y los patrones de conducta del agresor, en lugar de analizar únicamente el episodio denunciado.
• Protección de las víctimas indirectas: las niñas, niños, adolescentes o familiares que presencian los ataques también pueden experimentar consecuencias que, según RENASE, no están suficientemente contempladas.

Para las entrevistadas, el problema no consiste en restar importancia a otras formas de violencia, sino en reconocer que una tentativa de feminicidio implica un riesgo específico para la vida de las mujeres y requiere una respuesta institucional adecuada.

Sobrevivientes piden investigar el contexto de violencia y homologar criterios

La iniciativa presidencial propone fortalecer las investigaciones mediante protocolos especializados, perspectiva de género, debida diligencia reforzada, preservación de indicios y coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia.

Sin embargo, las activistas sostienen que estos principios deben traducirse en procedimientos concretos que permitan investigar las tentativas de feminicidio de manera uniforme en todo el país.

Entre las propuestas que RENASE ha impulsado se encuentran:

• Definir de manera expresa qué constituye una tentativa de feminicidio y establecer criterios claros para su identificación.
• Precisar cómo deben integrarse las carpetas de investigación y cuáles son los elementos que deben recabarse.
• Homologar los criterios de investigación y sanción para reducir las diferencias entre las entidades federativas.
• Fortalecer la valoración del contexto de violencia previo a la agresión, incluidos los antecedentes de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.
• Garantizar que el testimonio de las sobrevivientes tenga un peso relevante en el proceso, sin trasladarles cargas que corresponden a las autoridades.
• Considerar las agravantes y las consecuencias de los ataques, incluidos los casos en los que niñas, niños y adolescentes presencian la violencia.

Uno de los elementos que Yeritza Bautista destacó es el peritaje de antropología social, mediante el cual se analiza el contexto de violencia en el que vivió la víctima, así como los patrones de conducta del agresor y las condiciones de su entorno.

La mujer señaló que el acceso a este tipo de peritajes puede representar una dificultad económica y de disponibilidad de especialistas. Durante la entrevista, refirió que sus costos pueden partir de los 10 mil pesos y superar los 15 mil pesos en evaluaciones más amplias o urgentes.

Para RENASE, el objetivo es que la investigación no dependa de los recursos económicos de la víctima ni de la disposición individual de los funcionarios, sino de procedimientos claros que garanticen el acceso a la justicia.

RENASE cuestiona la escucha a víctimas y pide cambios a la iniciativa

Las integrantes de la organización también cuestionaron la manera en que se han desarrollado las mesas de trabajo para analizar la propuesta presidencial.

Ya que acusan que durante estos encuentros, las autoridades y legisladores han reconocido que no tenían contemplado de manera específica el tema de la tentativa de feminicidio:

“Imagínate estar tantas horas escuchando tantas propuestas… Terminó su discurso protocolario y se retiraron (personal de fiscalías). O sea, no hubo una escucha activa a todas las que íbamos a presentar propuestas”.

Yeritza Bautista destacó que las “buenas intenciones” no bastan si las modificaciones legislativas se construyen sin incorporar de manera efectiva la experiencia de quienes enfrentan las consecuencias de la violencia.

Por su parte, Gaucher Troncos advirtió que la capacitación de los servidores públicos tampoco garantiza, por sí sola, una atención adecuada. Desde su experiencia, pueden existir diferencias entre contar con constancias de capacitación en perspectiva de género y aplicar esos conocimientos al recibir una denuncia o conducir una investigación.

La iniciativa de Sheinbaum plantea fortalecer la coordinación institucional, homologar protocolos y mejorar los mecanismos de atención y reparación integral del daño, por lo que las activistas señalan que estos objetivos deben acompañarse de disposiciones específicas para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y sus familias.

La organización recordó que ya había impulsado propuestas legislativas relacionadas con las sobrevivientes -Morelos y Guerrero-, ante la propuesta presidencial retomó ese trabajo para incorporar necesidades que no habían sido contempladas inicialmente, como las de niñas, niños y adolescentes que viven las consecuencias de estos ataques.

Activistas hacen un llamado preciso ante la propuesta de la presidenta de México

El llamado de la sobreviviente hacia la presidencia de México, al Congreso de la Unión y a las personas involucradas en la elaboración de la ley es ampliar el alcance de la iniciativa y asegurar que exista congruencia entre su propósito de prevenir la violencia feminicida y las herramientas legales que propone.

Para RENASE, homologar el delito de feminicidio representa una oportunidad para reducir las diferencias en la procuración de justicia en México. Sin embargo, advierte que esa oportunidad puede quedar incompleta si la tentativa continúa abordándose de manera general, sin criterios específicos para su investigación, sanción y atención a las sobrevivientes.

La discusión, sostienen las entrevistadas, no se limita a cómo sancionar los feminicidios consumados, debido a que implica establecer la respuesta debe recibir una mujer cuando sobrevive a un intento de asesinato por razones de género.

Según el comunicado oficial, la ubicación del hombre fue el resultado de labores de inteligencia, seguimiento e investigación desarrolladas con el apoyo de autoridades europeas.

La Policía indicó que Márquez Gómez presuntamente se ocultaba bajo una identidad falsa para evitar su localización. Además de ubicarse en lugares apartados, creyendo que así podría burlarse de la justicia.

Las autoridades colombianas indicaron, además, que el requerido habría alterado sus huellas dactilares, una maniobra que, según la investigación, buscaba dificultar los controles de identificación y su ubicación por parte de los organismos policiales.

El caso está relacionado con un crimen ocurrido en Francia en 1995

La solicitud judicial francesa está vinculada con el presunto homicidio y desmembramiento de Corinne Di Dio, expareja de Márquez Gómez. Un hecho que fue investigado por las autoridades y dio como responsable al sujeto que fue ubicado 31 años después en la población antioqueña.

Y es que su actuar criminal no solo estuvo determinado por el brutal ataque que cobró la vida de su pareja, debido a que la Policía también informó que el detenido enfrenta señalamientos por posibles vínculos con actividades de narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales con presencia en Europa y América Latina.

Las autoridades investigan posibles conexiones entre España y Marruecos

De acuerdo con la información recopilada durante las pesquisas, Márquez Gómez sería relacionado con redes delictivas que operarían entre España y Marruecos. Esas conexiones permanecen bajo investigación y se está a la espera de los resultados para determinar si se suman más cargos en contra del procesado.

Cabe mencionar que la circular roja de Interpol es una alerta internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia de otro país, a la espera de los procedimientos judiciales que correspondan.

Así, la cooperación internacional permitió localizar a un hombre buscado desde hace más de tres décadas que tiene un amplio historial criminal.

Autoridades internacionales luchan por hacer justicia en casos de violencia de género

A lo largo de la historia, los casos de violencia de género han causado indignación a nivel mundial, por lo que las autoridades de todos los países continúan trabajando para capturar a los responsables detrás de los atroces crímenes que han cobrado la vida de mujeres, adolescentes y niñas.

En Colombia, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta el 24 de julio de 2026, en la que advirtió sobre varios casos ocurridos en el territorio nacional que terminaron con la muerte de las víctimas.

“El feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, indicó el organismo.

En el llamado del ente de control se instó a las autoridades colombianas a dar prioridad a los casos y específicamente se pidió:

• A la Fiscalía General de la Nación, avanzar en las investigaciones penales sobre estos casos para que avancen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos y fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres.
• A las autoridades nacionales y territoriales, para que revisen y fortalezcan los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y libres de estereotipos de género.

Un hombre menor de edad fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Dariana Valencia Soriano, una adolescente de 15 años que estudiaba en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán, Puebla.

La joven desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de acudir a clases. Las autoridades localizaron su cuerpo durante la madrugada del martes 6 de octubre en el Barrio de Xoloco, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Los familiares de la víctima señalaron que el detenido pertenecía a la misma secundaria que Dariana. Las autoridades aún no han informado el posible móvil del crimen ni han divulgado más detalles sobre el sospechoso.

Dariana Valencia Soriano desapareció tras salir de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac

Dariana, originaria de San Juan Xiutetelco, salió de su casa el lunes para asistir a clases con normalidad. Vestía el uniforme deportivo de la institución, compuesto por una sudadera blanca con detalles verdes y negros.

Por la tarde de ese mismo día, sus familiares perdieron todo contacto con ella. Ante la falta de noticias, iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales y compartieron una fotografía de la adolescente.

La movilización no se limitó al entorno digital. Familiares, amigos, vecinos y autoridades recorrieron las zonas cercanas a la escuela y los trayectos que Dariana solía tomar para regresar a su hogar.

La búsqueda se extendió durante varias horas sin resultados. La incertidumbre terminó la madrugada del martes, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo en un terreno de la comunidad.

La Fiscalía de Puebla confirmó que Dariana fue apuñalada en repetidas ocasiones

Agentes de la policía local resguardaron el perímetro del lugar donde apareció el cuerpo. Los familiares de la adolescente acudieron al sitio para realizar el reconocimiento de la víctima.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro. El personal forense determinó que Dariana había sido apuñalada en repetidas ocasiones antes de morir.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación. El objetivo de la indagatoria es establecer la identidad completa de los responsables del crimen.

Tras las primeras diligencias, la familia de la víctima confirmó la detención de un hombre menor de edad. El detenido sería, de acuerdo con ese testimonio, compañero de la propia secundaria a la que asistía Dariana.

El Ayuntamiento de Teziutlán emitió un comunicado para reprobar el hecho. La administración municipal pidió a las autoridades competentes que investiguen el caso conforme a derecho y garanticen el acceso a la justicia para la familia.

El gobierno municipal también se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Esa institución será la encargada de determinar la clasificación jurídica final de los hechos.

Puebla registró entre tres y cinco feminicidios por trimestre durante 2026, según el SESNSP

El caso de Dariana se suma a un registro de violencia feminicida que el Gobierno de México documenta de manera periódica. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó tres feminicidios en Puebla durante el primer trimestre de 2026.

Con esa cifra, la entidad se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional en ese periodo. Sinaloa encabezó el listado nacional con 15 casos, seguido de Chiapas con 13.

Puebla, Puebla, registra entre tres y cinco feminicidios por trimestre durante 2026, de acuerdo con los informes mensuales del SESNSP. La cifra representa una disminución frente a años anteriores, aunque la entidad continúa entre los primeros 25 lugares del país en este delito.

Para el primer semestre de 2026, el SESNSP contabilizó cinco feminicidios en el estado, posición 21 a nivel nacional. Sinaloa volvió a encabezar la lista con 42 casos, y el Estado de México ocupó el segundo lugar con 24.

El Gobierno de Puebla informó que, durante el primer semestre de 2026, los casos de feminicidio disminuyeron 66.7% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reconoció que hasta junio solo se habían iniciado cinco carpetas de investigación por ese delito.

El Informe Mensual de Violencia contra las Mujeres del SESNSP también ubicó a Puebla en el lugar 11 nacional en homicidio doloso contra mujeres durante junio, con 36 víctimas. La entidad ocupó además el noveno lugar en violencia familiar y el octavo en violación simple y equiparada.

En la última década, Puebla acumuló 340 feminicidios, según el reporte histórico del SESNSP citado por medios locales. Esa cifra equivale a un promedio de 31 casos por año en el estado.

Durante 2024, la entidad registró 42 feminicidios, mientras que en 2025 la cifra bajó a 25 casos. El año 2026 arrancó con dos feminicidios contabilizados en enero, dentro de un total de mil 146 delitos cuyas víctimas fueron mujeres en ese mes.

La Fiscalía de Puebla aún no ha clasificado de manera oficial el homicidio de Dariana como feminicidio. Esa determinación corresponde a la FGE, de acuerdo con lo señalado por el propio Ayuntamiento de Teziutlán en su comunicado.

Nilda Díaz Santana, mujer de 58 años, murió el 2 de octubre en el barrio rural Merceditas, en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando intentó proteger a su hija de un ataque atribuido a la expareja de la joven. El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verificó el caso como el feminicidio número 57 en Cuba durante 2026.

Según la información recopilada por OGAT, el presunto agresor ingresó armado a la vivienda familiar con la intención de atacar a su expareja. Nilda intervino para defender a su hija y murió durante la agresión.

La hija de la víctima sufrió heridas. Otros integrantes de la familia también resultaron afectados, de acuerdo con fuentes familiares y comunitarias consultadas. El hombre señalado como responsable se entregó a la Policía el mismo 2 de octubre, indicó el Observatorio.

El ataque ocurrió después de antecedentes de violencia contra la hija

La organización informó que el presunto agresor tenía antecedentes de violencia contra la hija de Nilda Díaz Santana. El caso volvió a exponer el riesgo que enfrentan las mujeres tras la ruptura de relaciones marcadas por agresiones y amenazas.

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, destacó dos elementos del crimen: la intervención de una madre para proteger a su hija y el uso de un arma de fuego.

Álvarez sostuvo que las armas de fuego aún aparecen con poca frecuencia en los feminicidios que el Observatorio registra en Cuba, aunque su uso representa un factor de alto riesgo. En 2025, OGAT identificó armas de fuego en dos de los 49 feminicidios analizados, equivalente al 4.2%.

Durante 2026, el Observatorio también documentó el feminicidio de Mariolis López Silio, asesinada a tiros por su expareja en Güines, Mayabeque. Álvarez recordó, además, el asesinato de la doctora Damaris Rodríguez Domínguez en 2023. Su expareja, un policía, utilizó su arma reglamentaria para dispararle y también hirió a un paramédico que se encontraba con ella, quien murió después.

OGAT alertó sobre el impacto de la violencia feminicida en las familias

El caso de Nilda muestra que la violencia feminicida puede alcanzar a personas distintas de la mujer contra quien se dirige inicialmente el ataque. Familiares que intervienen, hijas e hijos presentes en la vivienda y personas cercanas pueden resultar heridos, muertos o quedar expuestos a las consecuencias del crimen.

“La violencia feminicida puede desbordar a la mujer contra quien inicialmente se dirige”, señaló Álvarez. La directora de OGAT indicó que las agresiones afectan también a menores de edad que presencian los hechos o pierden a sus madres.

Entre los casos registrados este año, el Observatorio incluyó el feminicidio de Yanelkys Alonso Valdés. Durante ese ataque, la madre de la víctima, de más de 75 años, sufrió heridas graves y otro familiar resultó lesionado al intentar intervenir.

OGAT también registró el caso de Arnelis Nancy Vega González, cuyo padre debió ser hospitalizado tras intervenir durante la agresión. Entre enero y agosto, 26 de las 49 mujeres cuyos feminicidios fueron analizados tenían menores dependientes a su cargo, según los datos citados por Álvarez. Al menos 40 menores quedaron directamente afectados por esas muertes.

El Observatorio investiga otros 11 posibles feminicidios en Cuba

Hasta el 5 de octubre, el Observatorio de Alas Tensas había verificado 57 feminicidios, 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida durante 2026.

La organización mantiene bajo investigación otros 11 posibles feminicidios y 11 intentos de feminicidio notificados este año. También analiza 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida reportados en 2025.

OGAT indicó que requiere acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, estudia como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años, murió el 29 de agosto de 2026, después de que una de sus hijas la encontrara inconsciente, desnuda y con graves lesiones. Los hechos tuvieron lugar en un terreno de su vivienda, ubicada en la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño.

La familia asegura que la mujer fue atacada y reclama a la justicia que se esclarezca quién fue responsable de las agresiones físicas y sexuales que, junto con la hipotermia, causaron su fallecimiento.

Los familiares la encontraron en un estado preocupante después de que dejara de responder las llamadas que mantenía a diario con sus familiares. Su hija Jenny reconstruyó los últimos contactos que tuvo con su madre durante una conversación difundida por el pódcast Vamos pa’ eso, que fue publicada el 5 de octubre.

De acuerdo del relato, Pardo había dedicado su vida al trabajo rural y a la crianza de sus seis hijos, en gran medida sin el acompañamiento de una pareja. Vivía con una de sus hijas y dos nietos, elaboraba quesos y los llevaba a clientes de Pasto, además de visitar a familiares y vecinos de la zona.

La última llamada y la búsqueda en el terreno

La familia mantenía comunicación constante con la mujer, especialmente después de dos accidentes ocurridos meses antes, pues en mayo se fracturó una muñeca tras caer cuando iba a alimentar unos patos y, unos 20 días después, una motocicleta la atropelló en Pasto y volvió a lesionarle la misma mano.

Pese a la recuperación, continuó trabajando en la casa y preparando quesos. Sus hijos contrataron a una mujer para ayudarla con las tareas domésticas, pero Pardo insistía en mantener su rutina y, según su hija, permanecer quieta no era una opción para ella.

La joven que vive en Bogotá solía visitar a su madre cada seis meses o una vez al año. El trayecto hasta San Bernardo podía durar 20 horas en chiva, el transporte colectivo que conecta distintas localidades de Nariño con la capital colombiana.

El jueves anterior al hallazgo, Pardo no llamó a Jenny como acostumbraba hacerlo cada noche. El viernes se comunicó con el nieto, pero cuando su hija vio la llamada perdida ya era cerca de las 9:40 p. m. y decidió llamarla a la mañana siguiente.

El sábado, Jenny intentó contactarla desde las 08:40 a. m. y volvió a marcar varias veces durante el día, sin obtener respuesta. Su hermana sugirió inicialmente que podía haber dejado el teléfono guardado para que un nieto adolescente no lo tomara.

La inquietud aumentó cuando una hermana llamó al celular del esposo de Jenny para advertirle que algo había ocurrido. Al encender su teléfono, encontró 77 mensajes en el grupo familiar y un video grabado por la hija que halló a Pardo en el predio.

La mujer había salido hacia el potrero después de las 08:00 a. m. con una ruana y un machete, según relató un vecino a la familia. Ante su ausencia, una de sus hijas comenzó a buscarla y la encontró con lesiones graves en el terreno de su propiedad.

Su familia reclama justicia

Pardo fue trasladada primero al puesto de salud de San Bernardo. Jenny relató que su hermana la vio con vida, pero desorientada, con frío intenso y sin poder explicar lo que había sucedido.

La familia describió lesiones en los brazos y la espalda, además de rasguños, mordiscos y señales de haber sido arrastrada. Personal médico examinó a la víctima y comunicó a los allegados que había sufrido abuso sexual, de acuerdo con el relato difundido por su hija en Vamos pa’ eso.

La gravedad de su estado obligó a remitirla a un hospital de alta complejidad en Pasto. Jenny viajó desde Bogotá junto con otros familiares y dijo que encontró a su madre con múltiples marcas de agresión en el cuerpo.

“Mi mamá no murió, mi mamá la mataron”, expresó Jenny Pardo al recordar que su madre no alcanzó a identificar a quien la atacó. La familia afirma que esa imposibilidad de conocer lo ocurrido mantiene abierta una incertidumbre sobre lo que pudo haberle ocurrido.

La mujer era reconocida por sus hijos, vecinos y familiares como una persona activa, dedicada a la producción de alimentos y al cuidado de su familia. Jenny recordó que Pardo guardaba comida para sus nietos cuando regresaban del colegio y llevaba productos como quesos y yogures a sus parientes en Pasto.

La última visita de Jenny había ocurrido poco antes de la muerte. La hija recordó que ayudó a su madre a subir sus cosas a un carro y que, antes de despedirse, recibió un abrazo y una frase que conserva como su último recuerdo: “Dios me la bendiga, mija”.

La detención ocurrió durante un allanamiento realizado a las 03:05 a. m. del 5 de octubre en una vivienda del barrio La Paz, en la capital del Cauca. En el procedimiento participaron tropas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal del Cauca, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la Policía Nacional.

Cuaspud Rodríguez deberá responder ante la justicia por el delito de feminicidio, de acuerdo con el boletín divulgado por la institución militar. Las autoridades no informaron si el capturado aceptó los cargos ni precisaron la fecha de las audiencias judiciales posteriores a su arresto.

La víctima fue hallada sin vida cuatro días después de su desaparición

La investigación se originó tras la denuncia por la desaparición de Cristina María Patiño Sandoval, que fue vista por última vez el 13 de septiembre de 2026 en Popayán. Cuatro días después, el 17 de septiembre, las autoridades localizaron su cuerpo en el sector de Florida II, en la vereda San Isidro.

Los investigadores centraron parte de las indagaciones en los desplazamientos del vehículo de la víctima durante la jornada en la que se perdió su rastro. Para ello, recopilaron registros de cámaras de seguridad, datos técnicos y elementos de georreferenciación que permitieron establecer movimientos considerados relevantes para el caso.

El Ejército indicó que las pruebas recolectadas permitieron avanzar en la identificación del hoy detenido y consolidar elementos para solicitar la diligencia de allanamiento y culminar el operativo con la captura del señalado feminicida.

El detenido fue ubicado con el automóvil y pertenencias de la víctima

Uno de los datos que incorporaron los investigadores al expediente corresponde a la ubicación del sospechoso el 14 de septiembre, un día después de la desaparición de la mujer. Con base en el reporte oficial, las autoridades lo encontraron en posesión del vehículo de la víctima, además de algunas pertenencias personales.

Esos objetos fueron incluidos como material probatorio dentro de la investigación, junto con las imágenes de vigilancia y los análisis sobre el recorrido del automóvil. Las autoridades sostuvieron que el conjunto de estos elementos fortaleció la hipótesis de la posible participación del capturado en los hechos que terminaron con la muerte de la mujer.

La Fiscalía General de la Nación deberá presentar los elementos reunidos ante un juez de control de garantías, que definirá de qué manera Cuaspud Rodríguez enfrentará el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el hombre tiene 16 anotaciones judiciales relacionadas con distintos delitos. Entre ellas figuran extorsión, homicidio, hurto, fuga de presos, calumnia y violencia intrafamiliar. El informe no detalló el estado procesal, las fechas ni los resultados judiciales de cada uno de esos antecedentes.

El caso quedó bajo la coordinación de las autoridades judiciales y de inteligencia que participaron en la recolección de información. Cabe agregar que en este caso no se dieron detalles sobre el vínculo que habría existido entre Patiño Sandoval y el capturado, ni sobre la hipótesis de móvil que se investiga.

El llamado a denunciar

Es preciso destacar que la operación fue liderada por el Gaula Militar Cauca, unidad que trabaja en investigaciones relacionadas con delitos que afectan la libertad personal y otros hechos de alto impacto. El Ejército señaló que el objetivo de las acciones conjuntas con la Fiscalía y la Policía es esclarecer hechos que afectan a las familias de la región.

La institución sostuvo que una denuncia oportuna puede facilitar la reacción de las autoridades en escenarios de violencia y desaparición: “Reiteramos la invitación a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación de amenaza, violencia, extorsión o riesgo a través de la Línea 147. Una denuncia a tiempo puede contribuir a proteger una vida”.

En entrevista con Exitosa, Nathaly Cruz, hermana de la víctima, exigió justicia. “Vengo a reclamar justicia por mi pequeña hermana, que fue brutalmente asesinada”, declaró Cruz, quien viajó desde Estados Unidos para seguir de cerca las investigaciones.

Pareja de la víctima es anestesiólogo

Según el relato de la hermana, Cortes mantenía una relación de convivencia de más de un año con su pareja, con quien compartía además el lugar de trabajo: ambos vivían en la tercera planta de la misma clínica donde trabajaban. Cruz indicó que, pese a que Junior Rodríguez declaró que la enfermera se suicidó, existen indicios preliminares de una sobredosis de fentanilo, fármaco de uso hospitalario restringido.

“Él es anestesiólogo de profesión, entonces el único que tiene acceso a fentanilo, a mucha medicina que han encontrado, es él. Todo está muy raro”, afirmó Cruz en declaraciones a Exitosa. La autopsia oficial aún no fue concluida, de acuerdo con lo expuesto por la familia.

Familia denuncia antecedentes de violencia y amenazas

La hermana de Sharol sostuvo que, durante los meses previos a su fallecimiento, notó cambios en su comportamiento y señales que, según su testimonio, evidenciaban una posible agresión física, como somnolencia recurrente, moretones y marcas de mordeduras.

“Mi hermana cambió totalmente de un momento a otro”, relató. Asimismo, señaló que encaró en varias ocasiones a Junior Rodríguez, quien, según afirmó, respondía con una actitud desafiante y hacía alusiones a su supuesto poder e influencias familiares.

Nathaly Cruz aseguró también que su hermana nunca presentó una denuncia formal por temor a represalias, dado que el acusado la habría amenazado de forma reiterada, además de advertir que podía dañar a la abuela de ambas, con quien la víctima vivía antes de mudarse con su pareja.

Detenido tendría parentesco con un senador

De acuerdo con la hermana, el detenido tendría parentesco con un senador de apellido Arista, lo que, según su versión, le otorgaría protección frente a las autoridades. Cruz indicó además que existiría una relación entre la médico legista a cargo del caso y el abogado defensor del detenido, situación que calificó como un intento de manipular el proceso.

Producto de esta sospecha, la familia presentó una denuncia por presunta mala praxis contra la médico legista, a quien acusan de no haber registrado de forma adecuada las lesiones corporales halladas en el cuerpo de la víctima. “Mi hermana está mordida, mi hermana está moreteada. Mi hermana no solamente está inyectada”, señaló Cruz.

Anestesiólogo acumularía 14 denuncias previas

La hermana de la víctima afirmó que el anestesiólogo cuenta con un historial de 14 denuncias por presuntos hechos de violencia y consumo de drogas. “¿Cómo no se va a tomar en cuenta, si estás viendo los antecedentes de un presunto asesino?”, cuestionó durante la entrevista con Exitosa.

Actualmente, el detenido cumple siete días de prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos, según precisó Nathaly Cruz, quien añadió que ese plazo será utilizado por la familia para recopilar pruebas, entre ellas fotografías, videos y testimonios que respaldarían la hipótesis de feminicidio.

Exigen nueva necropsia y respaldo del MMP

Cruz solicitó formalmente a la Fiscalía la realización de una nueva necropsia para esclarecer la causa exacta de la muerte de su hermana. Asimismo, hizo un llamado público al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que intervenga en el caso.

“Quiero que se escuche mi voz a nivel nacional. Si saben alguna información de esta persona, por favor, podrían ayudarme a buscar justicia para mi hermana, porque yo sé que ella no es la única persona violentada”, expresó la hermana de la víctima. La comunidad de Bagua Grande, de donde era oriunda la víctima, se movilizó en reclamo de justicia tras conocerse el caso.

Luego de tres años de que la justicia colombiana ordenara a la Subred Centro-Oriente de Salud de Bogotá responder a la familia de Rosa Elvira Cely, la mujer brutalmente violada y torturada en mayo de 2012, la familia víctima denuncia retrasos en el pago de la indemnización.

De hecho, aunque existe un acuerdo firmado el 27 de diciembre de 2023 en el que la subred se comprometió a pagar una millonaria suma por fallas en la atención de la mujer de 35 años, no habría una fecha clara en la que se haga efectivo el pacto monetario, según información conocida por El Tiempo.

La familia demandó en 2016 a la Nación, a la Fiscalía General y al Hospital Santa Clara por los hechos previos al ataque contra Cely y por la falta de atención integral en el centro asistencial, al que llegó gravemente herida y con vida. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Bogotá establecieron, en fallos de 2023 y 2025, la responsabilidad de las entidades según sus competencias.

La condena para la Subred, como entidad a cargo del Hospital Santa Clara, incluye atención médica especializada y una reparación económica por daños morales, materiales y a la salud. El acuerdo conciliatorio fijó un máximo de 70 días hábiles para efectuar los desembolsos, pero transcurrieron dos años y nueve meses sin que se hubiera realizado un pago.

La atención médica que precedió a la muerte

El Hospital Santa Clara mantuvo durante horas a Cely en una camilla de ambulancia ubicada en un pasillo, sin atención médica, según las conclusiones judiciales. Después fue obligada a permanecer sentada en una silla de ruedas, donde murió tras un paro cardiorrespiratorio y un cuadro de infección agravado por la demora en recibir servicios especializados.

Los jueces también determinaron que la Fiscalía incumplió su deber de investigar al no capturar a Javier Velasco Valenzuela, responsable del ataque. El hombre había sido denunciado años antes por conductas de acoso y abuso sexual contra otra mujer y contra sus propias hijas.

La primera sentencia fue emitida a comienzos de diciembre de 2023. Luego, durante la administración de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Secretaría Jurídica promovió una conciliación que quedó formalizada mediante la Resolución 673 del Distrito.

El equipo jurídico dhColombia, que representa a la familia, cuestionó el incumplimiento de la reparación. “Esto no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely, ni es el mensaje que se debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, sostuvo la organización.

Las conversaciones entre la familia y la Subred Centro-Oriente se retomaron en junio de 2026 para revisar un eventual pago, según información conocida por El Tiempo. Sin embargo, la entidad presentó una liquidación que, de acuerdo con dhColombia, estaba casi 37% por debajo de las pretensiones ordenadas por la justicia.

“Fue el propio Distrito quien hizo un acercamiento reconociendo su responsabilidad. No solo porque la sentencia así lo dispuso, sino porque verdaderamente dice buscar la transformación de la situación de las mujeres y la protección efectiva de sus derechos. Al no cumplir con estos fallos, se está enviando el mensaje de que el tema de los feminicidios y la protección a las mujeres en Bogotá no son prioritarios para el Distrito. Si no se cumple en el caso de Rosa Elvira, que tuvo tanta incidencia mediática e impacto en la opinión pública, ¿qué pueden esperar las demás mujeres en materia preventiva o respecto al cumplimiento de las órdenes que los jueces de la República le imparten al Distrito para la garantía efectiva de sus derechos?”, señaló la defensa de las víctimas.

La negociación quedó detenida por desacuerdos sobre los intereses de mora. En una reunión del 5 de agosto, presidida por la funcionaria Diana Carolina Bolaño en representación de la Subred, el acta conocida por el diario nacional da cuenta de que desde la entidad “se informó de las restricciones de acceder al pago de intereses y se acordó enviar propuesta de liquidación indexada al día siguiente”.

La Resolución 673 establece que las sumas pactadas no generan intereses durante los plazos acordados para el primer y segundo desembolso. Pero añade que, si los pagos se realizan después de la fecha convenida, “se generarán intereses moratorios desde el día siguiente al del vencimiento del plazo convenido”.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente aseguró que parte de la demora resulta de la intervención forzosa a la que fue sometida en 2024 y que la dejó sin autoridad para manejar los recursos de la red.

“En primer lugar, debe señalarse que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente permaneció bajo medida de intervención forzosa administrativa, adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025, periodo durante el cual la administración de la entidad estuvo sujeta a las disposiciones y decisiones propias de dicha medida por parte del entonces Interventor”, comentó la subred a El Tiempo.

Una vez levantada la intervención, la entidad afirmó que encontró un alto pasivo y que inició acciones para identificar, organizar y priorizar las obligaciones judiciales, además de gestionar fuentes de financiación dentro de sus posibilidades presupuestales.

“Dentro de este proceso de priorización y gestión se encuentra contemplado el pago correspondiente al caso de la familia Cely, respecto de la cual, la actual administración ha adelantado las actuaciones administrativas y financieras necesarias para procurar su atención en el segundo semestre de 2026. A la fecha de este artículo de prensa, se informa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. ha venido adelantando mesas de trabajo orientadas a revisar el estado y las condiciones de pago de la obligación a su cargo, en cuyo marco se han logrado avances significativos”, concluyó la red de salud.

Para dhColombia, resulta injusto que, después de 14 años de los hechos contra Rosa Elvira Cely y de tres años desde la conciliación, continúe pendiente la indemnización y el paquete de atención psicosocial ordenado para su familia. “Eso no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely ni es el mensaje que se le debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, concluyó la organización.

Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue capturado tras ser sorprendido intentando deshacerse de un cuerpo al interior de una finca de palma, en una comunidad rural del municipio de Sabá, departamento de Colón, en el norte de Honduras. El caso quedó rápidamente conmocionó a los residentes de la zona.

La Policía Nacional de Honduras identificó al detenido como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años. El hombre fue requerido este domingo 4 de octubre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de que vecinos de la aldea Golondrina alertaran sobre lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Yessenia Argentina Alfaro Turcios, una hondureña de 37 años, originaria de Gualaco, en el departamento de Olancho. Las primeras investigaciones indican que Ramírez Hernández habría tenido una relación sentimental con la víctima.

La hipótesis inicial señala una discusión por “celos”

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el posible móvil del hecho estaría relacionado con un conflicto interpersonal de carácter sentimental. La principal hipótesis sostiene que una discusión entre ambos derivó en una pelea y que, posteriormente, Ramírez Hernández habría causado la muerte de la hondureña.

A través de redes sociales medios locales señalaron que el desacuerdo entre la pareja habría iniciado por “celos” de Ramírez Hernández.

La investigación permanece en una etapa inicial. La Policía deberá establecer la secuencia de los hechos, determinar las circunstancias de la muerte y reunir los elementos que permitan definir una acusación formal contra el detenido.

Los agentes policiales llegaron a la zona tras recibir la alerta de habitantes del sector. Según los reportes preliminares, el sospechoso habría intentado trasladar el cuerpo de la mujer hacia el interior de una finca de palma para abandonarlo allí.

Medios hondureños informaron que el hombre fue interceptado cuando movilizaba el cadáver dentro del predio, una versión que coincide con la información difundida por la Policía sobre la captura en la aldea Golondrina.

El detenido fue trasladado ante las autoridades judiciales

Luego de su captura, Ramírez Hernández fue trasladado a las instancias judiciales de Tocoa, también en el departamento de Colón. Allí se iniciarán los procedimientos establecidos por la legislación hondureña, mientras continúan las diligencias de la DPI y del Ministerio Público.

La Policía Nacional confirmó el arresto a través de sus canales oficiales. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre otros posibles involucrados en la muerte de Alfaro Turcios ni han detallado los resultados de las pericias realizadas en la escena.

En redes sociales circuló un video que muestra la llegada del detenido a una delegación policial. En las imágenes, familiares de la víctima intentan arremeter contra Ramírez Hernández cuando descendía de una patrulla. Los agentes intervinieron y los retiraron del lugar.

También se difundieron publicaciones en redes sociales que señalaban que la víctima había regresado recientemente a Honduras desde Estados Unidos para reunirse con sus seres queridos. Esa versión no formó parte del comunicado oficial de la Policía y no había sido confirmada por las autoridades al momento de la captura.

La causa seguirá en manos de las autoridades judiciales de Colón, que deberán resolver la situación legal del ciudadano salvadoreño a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

Brenda del Carmen González, de 36 años, fue encontrada muerta este viernes en un potrero de la comarca Zapote de Oriente, en el municipio de La Libertad, Chontales. El principal sospechoso es su pareja sentimental, Óscar M., según la información divulgada por Punto Noticioso TV.

El cuerpo fue localizado en el sector conocido como El Cafetal, dentro de la comarca. Familiares de la víctima afirmaron que Brenda había sufrido episodios de violencia durante su relación, que se habría extendido por más de una década.

“Por más de 10 años, mi hija recibía maltrato por su pareja”, dijo la madre de la víctima en declaraciones recogidas por el citado medio. Además, la mujer destacó que el cuerpo de su hija presentaba golpes en el rostro y manifestó que una de las lesiones afectaba uno de sus ojos.

Brenda era originaria del municipio de San Pedro de Lóvago, también en el departamento de Chontales. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local, dejó cuatro hijos, entre ellos un niño de tres años.

La mujer había llegado a la zona de Zapote de Oriente el 30 de septiembre para participar en la celebración del cumpleaños de su suegro. Familiares relataron que la pareja salió desde su vivienda esa mañana y que, después de ese encuentro, perdieron contacto con ella.

La madre de Brenda sostuvo que la violencia formaba parte de la relación desde hacía años. “Toda la vida” la maltrataba, afirmó al ser consultada sobre los antecedentes de agresiones. La denuncia familiar incluye episodios previos que, según su versión, habían dejado secuelas físicas en la víctima.

La pareja de la víctima era buscada tras el hallazgo

Según la información inicial, Óscar Danilo M. no había sido detenido hasta el cierre de la nota. Familiares de la víctima señalaron que el hombre presuntamente huyó en una motocicleta tras el hecho.

Las circunstancias de la muerte deberán ser esclarecidas por las autoridades. Hasta ahora, la información disponible procede de los testimonios de familiares y de las versiones difundidas por el medio local, por lo que corresponde a la investigación oficial determinar la secuencia de los hechos, la causa de muerte y la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

La noticia generó consternación entre parientes y vecinos, quienes reclamaron justicia y recordaron los antecedentes de maltrato que padeció durante años.

Otra mujer murió este viernes en Managua

Este mismo viernes 2 de octubre se conoció la muerte de Meybol Palacios, de 39 años, en el sector de Loma Linda, en Managua. Según la información de Noticiero Acción 10, la mujer murió tras un ataque con arma blanca presuntamente cometido por su pareja sentimental.

En ese hecho también resultó herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima, quien habría intentado intervenir durante la agresión. El presunto atacante fue identificado de forma extraoficial como Luis C., de 42 años, y posteriormente fue detenido.

Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo investigación por la muerte de Meybol y las lesiones sufridas por su hermana.

Un hombre que ya había cumplido una condena por el asesinato de otra mujer en 2010 fue detenido como presunto responsable del crimen de Idania Castillo Sacre, de 58 años, en Taco Taco, municipio de San Cristóbal, Artemisa. El caso elevó a 56 los feminicidios verificados en Cuba durante 2026, según la última actualización del Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

La organización independiente informó que el asesinato ocurrió el 26 de septiembre. Idania Castillo, madre de cuatro hijos mayores de edad, fue interceptada durante la mañana por quien había sido su pareja, mientras realizaba actividades de predicación como Testigo de Jehová.

De acuerdo con OGAT, el hombre la habría trasladado hasta su vivienda, donde presuntamente la asesinó. Luego intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió y quedó detenido. Los hijos de la víctima no tenían vínculo de parentesco con el sospechoso.

El presunto agresor había sido condenado por otro asesinato

“Lo más alarmante es que el presunto agresor ya había cumplido una condena por matar en el 2010 a la madre de sus hijos”, señaló la directora de OGAT, Ileana Álvarez. A su vez, consideró que, si se confirma la acusación, se trataría de un caso de reincidencia feminicida.

Según su evaluación, estos episodios exponen la falta de mecanismos suficientes para determinar el nivel de riesgo de personas condenadas por violencia extrema contra mujeres antes de que regresen a la comunidad. También planteó la necesidad de medidas de protección para eventuales parejas posteriores.

Álvarez recordó otro caso que OGAT y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron en Pinar del Río en 2024: el feminicidio de Jessica Castillo. El presunto agresor había recibido una condena de 20 años por el asesinato, en 2011, de Emelinda Hernández Santiago, una adolescente de 16 años.

El hombre obtuvo la libertad condicional después de cumplir cerca de siete años de prisión y más tarde fue señalado por la muerte de Castillo. Para la directora de OGAT, ambos expedientes muestran que el castigo penal no resuelve por sí solo el riesgo de que se produzcan nuevos ataques.

“Hay agresores con antecedentes de violencia feminicida extrema que regresan a la sociedad sin mecanismos suficientes de control, evaluación de riesgo ni protección para sus futuras parejas”, afirmó Álvarez.

La organización reclamó al régimen cubano evaluaciones especializadas para los agresores condenados por delitos de violencia letal contra mujeres y que apliquen un seguimiento posterior a su salida de prisión.

Los 56 casos ya superan el registro anual de 2025

Hasta el 2 de octubre, OGAT verificó 56 feminicidios y 27 intentos de feminicidio en la isla. La entidad también documentó dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

La cifra de los primeros nueve meses de 2026 supera los 49 feminicidios verificados durante todo 2025 e iguala los 56 registrados en 2024. El observatorio mantiene bajo investigación otros 11 posibles feminicidios y 11 intentos ocurridos este año.

Además, analiza alertas correspondientes a 2025, entre ellas 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida. OGAT también solicitó acceso a informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, y estudia la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo aniversario del inicio de su gobierno destacando los avances en su agenda feminista que se han generado en el país, a partir de que se convirtió en la primera mujer en ser titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esto a pesar de que tanto activistas como el gobierno federal han reconocido pendientes en diversos temas como la igualdad salarial, el acceso al aborto y el combate a los feminicidios, entre otros tipos de violencias contra las mujeres.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria consideró que ser la primera mujer presidenta se convirtió en un “símbolo” para las infancias en general, pues anteriormente parecía “imposible” que una mujer gobernara y ahora se ha normalizado.

“Lo primero es, digamos, el símbolo y lo que significa para las nuevas generaciones. El que llegue una mujer presidenta y las niñas y los niños, porque no solo son las niñas, sino la infancia, sepa que eso es posible. Ya ese solo hecho cambia la mentalidad de los, de las niñas y los niños. Porque cuando yo crecí, pues parecía que era imposible, porque siempre eran hombres los presidentes.

“Entonces, pensar en una mujer presidenta, pues era como que no existía esa posibilidad. Ese solo hecho es muy importante y además repetirlo y decir lo que significa”, dijo en Palacio Nacional.

Agregó que a su vez, esto último también cambia la relación de los niños con las niñas, por tener presente que ambos pueden ser lo que quieran ser.

“Lo veo en las jóvenes, en las niñas, que cambia su visión ante el mundo. Y como decimos, las mujeres podemos ser lo que queramos ser y a los niños también, porque es su relación con las niñas lo que también cambia.

“Entonces, ese solo hecho es muy importante. Y además que haya muchas gobernadoras ahora, porque ya es normal ver a una mujer gobernando. Antes no”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que otro los avances son las políticas que se han implementado a favor de las mujeres como la pensión para adultas mayores, a partir de los 60 años y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México, por lo que incluso se añadieron al calendario cívico, al recalcar que anteriormente no se destacaban sus atribuciones en etapas como la Independencia.

“Mujeres en la historia, que ha sido muy importante, porque creo que hasta el presidente López Obrador, o no sé si antes, en el Grito de Independencia no se gritaba a las mujeres. En la educación no había el reconocimiento. Si acaso era de José Martís de Domínguez, pero era porque les había avisado a los insurgentes. Nunca se hablaba de la vida de Josefa y su dedicación por la independencia. Parecía que nada más había avisado y que ese era su gran papel en la historia.

“¿Cuántas son? 24 mujeres en el calendario cívico. No había una sola mujer en el calendario cívico. Solo hombres, como si solo hubiera héroes y no heroínas de la patria", agregó.

La presidenta indicó que también se han impulsado leyes para garatizar la igualdad a nivel Constitucional y actualmente el Congreso de la Unión analiza la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, lo cual dijo se “traduce en cambios jurídicos y el empoderamiento de las mujeres”

“Entonces, todo esto va a trascender para los derechos de las mujeres. Es un antes y un después en la vida pública. Y yo diría privada también de las mujeres. El reconocer la violencia y sancionarla. Todo eso es un cambio cultural muy profundo que se traduce también en cambios jurídicos y el empoderamiento de las mujeres al sentirse parte de la presidencia.

“Porque llegamos todas tiene que ver con eso, con ser presidenta en la casa, en la calle, en la escuela, en todos lados”, concluyó.

Feminicidios en México

Entre enero y agosto de 2026, México acumuló 440 víctimas de feminicidio, de acuerdo con el más reciente Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan sólo en agosto se registraron 60 nuevos casos, mientras Sinaloa se mantuvo como la entidad con mayor número de víctimas desde el inicio del año, al concentrar 74.

Dentro de ese estado, Culiacán encabeza la lista de municipios con más feminicidios en el país, con 38 víctimas. Mazatlán asciende al segundo lugar, con 13 casos, y Escuinapa llega a la cuarta posición, con 10. Los tres municipios sinaloenses aparecen entre los cuatro con más registros nacionales.

Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas concentran en conjunto 134 feminicidios, equivalentes al 30.5% del total nacional. El Estado de México suma 31 víctimas, Tamaulipas 29, Chiapas 27 y Ciudad de México 25 durante los primeros ocho meses del año.

A esto se suma, que el 18 de septiembre pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que el gobierno no ha logrado impedir todos los feminicidios, pero sostuvo que combatir la violencia contra las mujeres es una prioridad.

Esto, tras los asesinatos de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, y Karla Margarita Pérez, joven de 22 años localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Activistas acusan terminología excluyente en Ley contra feminicidio

Organizaciones feministas y de derechos humanos piden al Congreso eliminar cualquier definición legal de “mujer” en la Ley General contra el Feminicidio, al advertir que puede excluir a mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y trans.

Las agrupaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Fundar y EQUIS Justicia para las Mujeres, sostienen que el feminicidio debe analizarse por las razones de género, dominación y violencia, no por la identidad de la víctima.

También cuestionan medidas de mano dura, como prisión preventiva y eliminar beneficios procesales, pues consideran que no garantizan reparación integral ni reducen la violencia. Proponen prevención, refugios, atención, investigación eficaz y garantías de no repetición.

Una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles dentro de una camioneta en el municipio de Tecámac, Estado de México, mientras circulaba sobre la calle Valle San Miguel, entre los fraccionamientos Urbi y Héroes. En el lugar quedaron ocho indicios balísticos y un mensaje presuntamente vinculado a un grupo criminal que opera en la zona, de acuerdo con medios locales.

La víctima perdió el control del vehículo, una camioneta color arena, tras recibir los disparos y terminó sobre un camellón de la vialidad. El cuerpo de la mujer quedó dentro de la unidad sin signos vitales, de acuerdo con el reporte del diario.

La Fiscalía del Estado de México investiga el ataque armado en Tecámac

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Los peritos recolectaron los ocho indicios balísticos hallados junto al vehículo para su análisis. El mensaje localizado en el lugar también forma parte de las pruebas que revisa la autoridad ministerial.

Las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima. La Fiscalía tampoco ha reportado personas detenidas por el homicidio hasta el cierre de esta nota.

Tecámac forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, donde se han registrado hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales. El municipio colinda con otras demarcaciones mexiquenses que también han presentado actividad delictiva armada durante 2026.

El Estado de México acumula 31 feminicidios entre enero y agosto de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 440 feminicidios en México entre enero y agosto de 2026. El Estado de México ocupó el segundo lugar nacional en ese periodo, con 31 casos registrados.

México registró 440 feminicidios entre enero y agosto de 2026, según el SESNSP. El Estado de México figuró entre los tres estados con más casos del país, junto con Sinaloa y Tamaulipas, que en conjunto sumaron 134 víctimas en ese lapso.

Sinaloa encabezó la lista nacional con 74 feminicidios en el periodo analizado. Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 29 casos contabilizados hasta agosto.

Estas tres entidades concentraron el 30.5% del total nacional de feminicidios reportados hasta el octavo mes del año. El resto de los casos se distribuyó entre las demás entidades del país, con menor peso individual en el cómputo general.

La tasa de feminicidios coloca a Sinaloa, Morelos y Tamaulipas por encima del promedio nacional

La tasa nacional de feminicidio se ubicó en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres durante el periodo analizado. Sinaloa registró la tasa más alta del país, con 4.57 casos por cada 100 mil mujeres.

Morelos ocupó el segundo lugar en tasa, con 2.06 feminicidios por cada 100 mil mujeres, y Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 1.52. El Estado de México no figuró entre las entidades con las tasas más elevadas, pese a concentrar un número absoluto alto de víctimas.

El SESNSP también documentó 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres en el país durante los primeros ocho meses de 2026. Esta cifra se suma a los 440 feminicidios y refleja un promedio cercano a seis mujeres asesinadas por día entre ambos delitos.

El informe del organismo mostró una reducción respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 736 víctimas de feminicidio en el mismo periodo. La cifra de 2026 también se mantiene lejos del pico registrado en 2021, año en que el país superó las mil víctimas.

De acuerdo con reportes previos del SESNSP correspondientes a este año, las principales víctimas de feminicidio en el país son mujeres de entre 30 y 60 años. El segundo grupo más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años.

Asimismo, 9 mil 109 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México durante la última década. El dato refleja la magnitud histórica del delito en el país, más allá del comportamiento registrado en 2026.

Las cifras del SESNSP no incluyen los casos ocurridos durante septiembre de 2026, pues el corte oficial más reciente corresponde al 31 de agosto. Esto significa que el homicidio de la mujer en Tecámac no forma parte del último reporte publicado por el organismo.

Los feminicidios en el Estado de México se han distribuido entre distintos municipios de la entidad, según los reportes oficiales del SESNSP. El organismo no detalló, en su corte de agosto, cuáles municipios concentraron el mayor número de víctimas dentro de la entidad.

Las autoridades estatales no han vinculado públicamente el ataque de Tecámac con otros casos de mujeres asesinadas en la entidad durante 2026. La FGJEM continúa con las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las causas del ataque.

La Fiscalía no ha fijado una fecha para presentar avances en la investigación del homicidio de Tecámac. La identidad de la mujer permanece sin confirmarse de manera oficial hasta el momento.

El caso se suma al conteo de mujeres asesinadas en el Estado de México durante 2026, aunque las autoridades no lo han clasificado todavía como feminicidio. El SESNSP actualizará sus cifras en los próximos reportes mensuales, que podrían incluir este y otros casos ocurridos en septiembre.

Jonathan Paul Espinoza estranguló a Marlen Vázquez Saavedra el 16 de septiembre dentro de la vivienda que ambos compartían en la colonia Ampliación Moderna de Ensenada, Baja California. El hombre ocultó el cuerpo en el automóvil de la víctima, lo abandonó en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana y esa misma noche reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la desaparición de su pareja.

La fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó que el feminicidio ocurrió tras una discusión de pareja y que Marlen arrastraba un historial de violencia familiar previo al ataque. Marlen tenía 37 años, trabajaba como asesora inmobiliaria y era reconocida en el Valle de Guadalupe por su labor de protección ambiental.

Marlen Vázquez intentó denunciar violencia familiar antes de morir

Durante la audiencia inicial de imputación, celebrada el martes 22 de septiembre, trascendió que Marlen había intentado denunciar a Jonathan Paul por violencia familiar, según reportó el semanario Zeta. La denuncia, de acuerdo con la carpeta de investigación, la presentaría en la Ciudad de México, lugar de origen de ambos.

Las personas cercanas a la pareja conocían la relación conflictiva que llevaban desde tiempo atrás. Los amigos que tenían conocimiento de las agresiones no lograron impedir el desenlace, relató el medio.

Vecinos de la colonia Ampliación Moderna afirmaron que el matrimonio atravesaba problemas constantes. Marlen había confiado a sus amistades que ya no deseaba continuar la convivencia con su pareja.

El día de la agresión, esos mismos vecinos escucharon a Marlen gritar “¡Déjame!” desde el interior de la vivienda. Minutos después, las cámaras de videovigilancia de la zona captaron a Jonathan Paul cuando conducía el Mazda 3 gris de la víctima hacia la carretera libre Tijuana-Ensenada.

Al revisar la vivienda, los agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas hallaron la bolsa, la cartera y las identificaciones de Marlen. “Si ella hubiera salido con un plan de trabajo, lo lógico era que hubiera llevado sus credenciales, pero al revisar estaban sus pertenencias; no cuadraba”, declaró un ministerio público a Zeta.

El juez de control que lleva el proceso determinó que el caso se resolverá con perspectiva de género. La resolución judicial reconoce la existencia de violencia y acoso previos dentro de la relación entre Marlen y su pareja.

La Fiscalía General del Estado reconstruyó la mecánica del feminicidio

La fiscal Andrade Ramírez descartó públicamente la hipótesis inicial de un grupo criminal detrás del crimen. “No fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”, declaró la funcionaria ante la prensa.

La fiscal detalló además la mecánica del ataque en la misma comparecencia. “Después de una discusión, la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”, explicó Andrade Ramírez.

Los peritos hallaron los zapatos de Marlen, tipo Crocs, acomodados debajo del acelerador del vehículo. Su cuerpo, con la blusa negra puesta y el torso descubierto, mostraba huellas visibles de estrangulamiento alrededor del cuello, según describió Zeta.

El vehículo cayó en el fondo de una pendiente ubicada entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel, en el kilómetro 3,6 de la vía. El hallazgo del cuerpo ocurrió la tarde del viernes 18 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas.

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el operativo de búsqueda se desplegó en distintos puntos del municipio. Elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE participaron de forma coordinada en las labores de localización.

La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura de Jonathan Paul el lunes 21 de septiembre en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada. El hombre quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esa ciudad tras la orden de aprehensión girada en su contra.

El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora señaló a Marlen como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. La víctima había salido de su domicilio el 17 de septiembre para mostrar una propiedad a un cliente y nunca llegó a su destino.

Marlen Vázquez lideraba la protección de vegetación nativa en Baja California

Marlen dedicaba parte de su labor como asesora inmobiliaria a la protección de la vegetación nativa del Valle de Guadalupe. Durante años contribuyó a preservar kilómetros cuadrados de esa vegetación al sensibilizar a los compradores de terrenos sobre los riesgos del desmonte, según relató Zeta.

Una amiga que encabeza el grupo ambiental Respira Bosque, en Ensenada, la describió como una profesionista comprometida con esa causa. La activista aprovechaba su actividad laboral para explicar a los nuevos propietarios el impacto de transformar los ecosistemas de la región.

Marlen participó durante cuatro meses en un programa semanal de acompañamiento grupal. En esas sesiones compartía reflexiones sobre el futuro y sobre la relación de las personas con su entorno.

En la última sesión, Marlen y otros integrantes del grupo realizaron un ejercicio para imaginar un futuro mejor. “Marlen no dudaba de que un futuro más hermoso es posible y que, si no lo imaginamos y no nos comprometemos con la visión, no podremos llegar a él”, relató quien coordinaba el programa al medio.

Decenas de personas en Ensenada y en otros estados del país compartieron mensajes de tristeza tras conocerse el caso. Muchos de esos mensajes también llamaron la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México.

La audiencia de vinculación a proceso contra Jonathan Paul Espinoza se realizará el 25 de septiembre. La Fiscalía General del Estado sostuvo que cuenta con elementos suficientes para sostener la imputación por feminicidio ante el juez de control.

La familia de Luz Mery Tristán volvió a enfrentarse al proceso judicial por el feminicidio de la deportista colombiana, asesinada en Cali en agosto de 2023. Esta vez, la atención se concentró en el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que mantuvo la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado, aunque excluyó el delito relacionado con el porte ilegal de armas.

Para Valeria Tristán, hija de la campeona mundial de patinaje, cada novedad judicial implica regresar a los días posteriores al crimen y a los detalles de una pérdida que todavía atraviesa a toda su familia.

“Nosotros solo queremos que ya se acabe esto”, expresó en diálogo con La FM. La joven sostuvo que las actuaciones judiciales han prolongado el impacto emocional que dejó el asesinato de su madre y recordó que, después de la condena inicial, la familia esperaba cerrar esa etapa.

La decisión de segunda instancia modificó la pena que había sido impuesta en primera instancia de 45 años y 9 meses de prisión. El ajuste ocurrió luego de que el Tribunal retirara la condena por porte o tenencia ilegal de armas, al considerar que Ricci tenía permiso para las armas registradas a su nombre.

De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, la pena definitiva quedó fijada en 42 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Luz Mery Tristán. Para sus hijos, el punto central de la decisión fue que la justicia mantuvo la calificación de feminicidio agravado.

La familia destacó que se mantuvo la condena por feminicidio agravado

Valeria Tristán señaló que el reconocimiento judicial de la violencia que sufrió su madre era uno de los aspectos principales para la familia. Según dijo, durante el proceso se acreditaron elementos que permitieron establecer que no se trató de un hecho aislado.

“Al fin y al cabo, lo más importante era el feminicidio agravado. Se dieron todas las pruebas de que fue así y quedó sin duda alguna que se probó toda la violencia que ella vivió durante hace años”, afirmó.

La joven explicó que la reducción de la condena generó malestar, aunque consideró que la confirmación de la responsabilidad por feminicidio preserva el resultado por el que la familia insistió desde el inicio del proceso.

Y es que el crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023, en una vivienda ubicada en el barrio Mameyal de Cali, donde Luz Mery Tristán convivía con Ricci. La pareja llevaba cerca de siete años de relación y tenía planes de casarse el 21 de octubre de ese año, según los antecedentes expuestos durante el proceso.

Las autoridades hallaron cinco armas en el inmueble: dos de fuego y tres traumáticas. La revisión de la situación legal de esos elementos llevó a que el Tribunal excluyera el delito de porte ilegal de armas de la sentencia contra Ricci.

Para Valeria, las consecuencias del caso no se limitan a la pena. También tienen que ver con la memoria pública de su madre, a quien definió como una mujer ejemplar y una figura central del deporte colombiano.

“Cada vez que pasa esto se remueven muchas cosas, es doloroso, pero hay que seguir intentando hacer lo que se pueda para que el nombre de mi mamá quede en alto”, dijo en la cadena radial.

“Nunca pidió perdón”, dijo Valeria Tristán sobre Ricci

Durante la entrevista, la hija de la patinadora relató que conoció a Ricci cuando tenía cerca de 15 años y que durante un largo período tuvo una relación cercana con él. Esa cercanía previa, explicó, hizo más difícil asimilar el crimen y los hechos posteriores.

Valeria contó que creció sin la presencia de su padre y que por esa razón llegó a tenerle afecto a Ricci: “Yo personalmente tenía una buena relación con él. Él llegó a mi vida cuando yo era muy joven”.

La joven cuestionó las apariciones públicas del condenado en videos, pódcasts y contenidos difundidos en internet desde prisión. A su juicio, esas intervenciones afectan el recuerdo de Luz Mery Tristán y contrastan con la ausencia de contacto con sus hijos.

“Muy duro que no haya podido poner un teléfono para decir perdón por haberle matado a su mamá”, expresó al referirse a la posibilidad de que Ricci se comunicara con la familia.

Ante la pregunta de si el condenado había pedido disculpas, la respuesta de Valeria fue directa: “Nunca”. Dijo que no recibieron una llamada, una carta enviada por abogados ni otro mensaje dirigido a ella o a sus hermanos.

Cabe destacar que Ricci permanece recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña, en Ibagué (Tolima).

Valeria Tristán pidió mayor atención ante las señales de violencia

La hija de la deportista también aprovechó la entrevista para hablar sobre los casos de violencia contra las mujeres y las dificultades que enfrentan quienes buscan denunciar.

Según contó, varias mujeres se acercaron a ella en los últimos años para compartir experiencias de agresiones y situaciones de maltrato. Algunas intentaron pedir ayuda, pero no encontraron una respuesta institucional que les permitiera salir de esos contextos.

“Los procesos son superrevictimizantes para las mujeres”, sostuvo Valeria, que pidió que las autoridades y la sociedad actúen antes de que las situaciones de violencia deriven en un feminicidio.

También cuestionó los señalamientos que suelen recibir las víctimas cuando se les pregunta por qué no denunciaron antes o por qué no abandonaron una relación violenta. “No es tan fácil”, afirmó.

Para la familia Tristán, el expediente judicial no puede reparar la ausencia de Luz Mery. Sin embargo, Valeria aseguró que continuará junto a sus hermanos con las acciones que consideren necesarias para defender la memoria de su madre y exigir respuestas ante los feminicidios.

“Nada va a poder devolver a nuestra mamá, pero si hay algo que podamos hacer para asegurar que se haga justicia no solo por ella, sino por todas las víctimas, aquí lo vamos a hacer”, concluyó en ducha entrevista.

El Ministerio Público solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional (PNP) Luis Felipe Sandoval Díaz, investigado por el presunto feminicidio de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, quien murió de un disparo en la cabeza el pasado 26 de septiembre en el distrito limeño de Ate.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate formalizó la investigación preparatoria y presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Violencia Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

De acuerdo con las diligencias fiscales, Peralta Muñoz falleció tras recibir un impacto de bala dentro de la habitación que alquilaba junto con Sandoval Díaz, en la asociación La Florida 1. El agente fue intervenido en el inmueble por sus propios compañeros y permanece bajo custodia judicial.

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva fue programada para este miércoles 30 de septiembre a las 15:00 horas.

El caso se inició la noche del sábado 26, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar una discusión y varios disparos. Los agentes llegaron al domicilio y, ante la imposibilidad de ingresar, rompieron los vidrios de la puerta. En el interior encontraron a la mujer sin vida y al suboficial junto al cuerpo, con un arma de fuego en la mano, según los reportes de la intervención.

La Policía aisló el lugar para realizar las diligencias de criminalística y balística, entre ellas la recogida de evidencias y el análisis de la trayectoria del proyectil. La necropsia estableció que Peralta Muñoz murió por un impacto de arma de fuego. La Fiscalía también tomó declaraciones a familiares, agentes que participaron en el operativo y otros testigos.

Entre las actuaciones pendientes se encuentra el resultado de la prueba de absorción atómica solicitada a la División de Criminalística de la PNP. El examen será incorporado al expediente para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Peralta Muñoz trabajaba en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se había casado con Sandoval Díaz pocas semanas antes de su muerte. Sus familiares han declarado que inicialmente desconocían los problemas que atravesaba la pareja y posteriormente señalaron presuntos episodios de violencia y amenazas.

Además, dos exparejas del suboficial lo denunciaron por presunta violencia física y psicológica en 2018 y 2023, según información difundida por medios locales. También se han mencionado otras denuncias e investigaciones previas, cuyos detalles deberán ser corroborados y valorados por las autoridades.

En 2025, Perú registró 133 feminicidios, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Ese año también se reportaron 270 tentativas de crímenes por violencia machista, de acuerdo con los registros oficiales de los Centros Emergencia Mujer (CEM).

Organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos exigen al Congreso de la Unión eliminar de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio cualquier definición legal de la categoría “mujer”, al considerar que puede producir exclusión y contradicciones con los principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad planteados en la iniciativa.

El posicionamiento, fechado en septiembre de 2026 y dirigido también a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado, plantea que la ley debe encauzar una respuesta integral y preventiva del Estado mexicano frente a la violencia feminicida.

Las organizaciones firmantes solicitan que la legislación fortalezca la prevención, la reparación integral y la protección de mujeres, niñas y adolescentes en sus diversidades. El documento cuestiona las medidas de mano dura porque, según las agrupaciones, obstaculizan la reparación y el acceso a la justicia de las víctimas.

Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento aparecen Amnistía Internacional, Fundar. Centro de Análisis e Investigación, EQUIS Justicia para las Mujeres, Documenta, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Clínica Jurídica de Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana.

La definición de “mujer” no es necesaria para acreditar feminicidio, sostienen

Las personas firmantes sostienen que una definición legal de “mujer” no es necesaria para configurar el delito de feminicidio.

Explican que el delito no se determina por la identidad de la víctima, sino por la motivación de dominación, degradación y odio por razones de género atribuida a la persona agresora.

El documento refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el sexo de la víctima, por sí solo, no determina la existencia de razones de género.

Para analizar esos casos, plantean, se debe revisar el contexto en que ocurrieron las violencias.

Los colectivos señalan que los criterios de la Corte reconocen la importancia de identificar relaciones de control y violencia previa para acreditar razones de género. Bajo ese planteamiento, el sexo de la víctima no constituye el elemento determinante.

El pronunciamiento también señala que la iniciativa define la violencia feminicida como un fenómeno ligado a relaciones de poder, desigualdad, subordinación, discriminación, dominación y estereotipos de género.

Las organizaciones afirman que una protección jurídica coherente con esa definición no puede limitarse a la identidad de la víctima ni a una concepción biológica y restrictiva de las personas a quienes la ley pretende proteger.

Colectivos advierten tensiones con el principio de no discriminación

La iniciativa incorpora los principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad, de acuerdo con el documento.

Las personas firmantes señalan que esos principios reconocen que distintas condiciones pueden aumentar la exposición a la violencia feminicida.

Aunque la propuesta contempla una definición amplia de “mujer”, las organizaciones sostienen que incluirla en una ley puede excluir otras concepciones individuales de esa categoría.

El posicionamiento advierte que una definición de ese tipo puede generar tensiones y posibles restricciones frente al marco de protección propuesto por la propia iniciativa.

También plantea que invisibilizaría experiencias de mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y trans, así como de quienes rompen con el orden de género impuesto.

Las agrupaciones señalan que el marco internacional de derechos humanos protege frente a la discriminación por identidad y expresión de género.

Añaden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que esas categorías están protegidas por la Convención Americana como prerrogativas individuales que no pueden predefinirse en una legislación.

Las organizaciones piden prevención y garantías de no repetición

El documento plantea que la protección ante las violencias debe entenderse como un conjunto de políticas, servicios e instituciones orientados a prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar.

Las personas firmantes señalan que la reparación integral no se limita a la sanción penal.

Plantean que debe restituir derechos, atender las consecuencias de la violencia, reconocer daños y establecer garantías de no repetición.

La propuesta pide incorporar de manera explícita esas garantías y un enfoque de reparación que modifique las condiciones que hicieron posible la violencia feminicida. Entre ellas menciona deficiencias en las investigaciones y prácticas de revictimización.

Las organizaciones sostienen que una ley general requiere obligaciones jurídicas claras, mecanismos efectivos de implementación y sistemas de rendición de cuentas. Bajo esta postura, la creación de nuevas obligaciones o la homologación del tipo penal no bastan para prevenir la repetición de las violaciones.

El texto también señala que la falta de prevención e investigación representa un incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional.

Cuestionan el aumento de penas y las restricciones procesales

El posicionamiento afirma que ampliar el uso del sistema penal o crear nuevos delitos no reduce la violencia letal contra las mujeres mientras persistan deficiencias en prevención, investigación y acceso a la justicia.

Los colectivos señalan que la persecución penal puede desplazar la atención y los recursos de medidas como órdenes de protección, refugios y atención integral.

También advierten que esa respuesta individualiza un problema sistemático al trasladar el castigo a una persona por una responsabilidad que también es estructural.

Las organizaciones cuestionan que la prisión preventiva y la eliminación de beneficios procesales y preliberacionales constituyan medidas de reparación integral.

De acuerdo con el documento, esas acciones no garantizan por sí mismas la seguridad ni la no repetición de la violencia.

El texto refiere que la SCJN ha señalado que, en casos de feminicidio, la respuesta debe garantizar los derechos a la verdad, a la dignidad y a la reparación integral, además de la sanción.

Las personas firmantes plantean que las víctimas deben decidir si continúan un proceso cuando consideran que la vía penal no reparará el daño.

El Estado debe continuar la investigación de oficio sin obligarlas a sostenerla.

La eliminación general de mecanismos como la terminación anticipada o el procedimiento abreviado puede prolongar los juicios, aumentar las cargas para las víctimas y limitar vías para reconocer la responsabilidad y facilitar la reparación del daño, sostienen las organizaciones.

Las relaciones afectivas y de convivencia representan el principal entorno de riesgo para las mujeres que buscan ayuda institucional en El Salvador. Entre enero y junio de 2026, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) atendió 1,863 casos de mujeres en situaciones de violencia o vulnerabilidad, y en el 73.3% de los registros con información del agresor, la violencia provino de una pareja, expareja o persona conviviente.

Así lo revela un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) elaborado a partir de los datos del ISDEMU. De los 1,849 casos que incluyeron el detalle del vínculo, 1.356 identificaron directamente a este tipo de agresores.

La categoría individual con mayor número de reportes fue la de exconviviente, con 571 registros, seguida por los esposos (419), convivientes (209), exnovios (67), novios (48) y exesposos (42). En menor proporción, la violencia también fue ejercida por otros familiares como padres (74 casos), padrastros (31), hijos (24) y hermanos (23), mientras que 46 casos correspondieron a desconocidos y 38 a vecinos.

En cuanto a las formas en que se manifestó este impacto, la violencia psicológica fue la agresión predominante al sumar 1,100 casos, lo que equivale al 59% de las atenciones de todo el semestre. Le siguieron la violencia económica (290 casos), física (201), sexual (193), patrimonial (66), violencia feminicida (11 casos), violencia simbólica (1) y otra vulneración (1). ORMUSA aclaró que una misma mujer puede atravesar simultáneamente por más de una forma de agresión.

El perfil de las mujeres atendidas por el ISDEMU durante el semestre

El perfil de las personas asistidas muestra que las mujeres adultas jóvenes son las más afectadas por este fenómeno. Las víctimas de entre 25 y 39 años concentraron el 44.1% de los registros nacionales (822 casos en total), con el grupo de 30 a 34 años a la cabeza (299 casos).

Asimismo, los datos revelan que la violencia ejercida en estos entornos alcanza a niñas y adolescentes: el 13.7% de los casos (255 atenciones) correspondió a menores de 19 años, incluyendo 161 adolescentes de entre 15 y 19 años y 79 niñas de entre 10 y 14 años.

Geográficamente, el mayor volumen de atenciones brindadas por el ISDEMU ante estas situaciones se concentró en la zona central y occidental del país. La Libertad (400) y San Salvador (357) reunieron más del 40% de los casos nacionales, mientras que al sumar Sonsonate (241), San Miguel (236) y Usulután (210), estos cinco departamentos acumularon el 77,5% de los registros del semestre.

ORMUSA precisó que estas cifras institucionales reflejan la demanda de asistencia y las rutas de atención disponibles, y no necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos en el territorio.

Además, la organización diferenció estos registros del monitoreo de feminicidios, que contabilizó 21 casos entre enero y septiembre de 2026, el 62% a manos de parejas o exparejas, e instó a fortalecer la prevención temprana, las medidas de protección y el acceso a la justicia para abordar las agresiones cometidas en el entorno cercano de las víctimas.

Fernanda Gastelum, una mujer embarazada de 22 años, murió el lunes 28 de septiembre tras recibir varios disparos frente a su domicilio en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa. El bebé que esperaba, de aproximadamente ocho meses de gestación, tampoco sobrevivió pese a una cesárea de emergencia practicada en un hospital privado, adonde su esposo la trasladó tras el ataque armado cuyo móvil las autoridades no han esclarecido.

Fernanda Gastelum murió cuando llegaba a su domicilio en Los Mochis

La agresión ocurrió alrededor de las 9:30 horas del lunes en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza. Fernanda llegó a bordo de un vehículo particular hasta la puerta de su casa, según reportó el diario Milenio.

Un hombre se aproximó al vehículo en ese momento y disparó en repetidas ocasiones contra la joven. El agresor huyó de la escena de inmediato, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el sitio Tribuna de la Bahía.

Medios locales identificaron a la víctima como Fernanda “N”, de 31 años, con un dato distinto sobre la edad respecto a otros reportes. Tribuna de la Bahía precisó que la mujer tenía entre siete y ocho meses de embarazo al momento del ataque.

La joven murió luego de recibir disparos frente a su casa en la colonia Ampliación 12 de Octubre. Su bebé, de ocho meses de gestación, falleció después de una cesárea de urgencia y las autoridades aún no identifican al responsable ni el motivo del crimen.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acordonó la zona minutos después del ataque. Peritos de la institución realizaron diligencias para recabar indicios que permitan reconstruir el episodio.

El esposo trasladó a la víctima a un hospital privado del sector Centro

El esposo de Fernanda acudió a auxiliarla apenas ocurrió la agresión. El hombre decidió trasladarla por sus propios medios hacia un hospital privado del sector Centro de Los Mochis, sin esperar una ambulancia.

La joven ingresó al nosocomio en estado grave por las heridas de bala. El personal médico del hospital intentó estabilizarla mientras evaluaba el riesgo para el embarazo avanzado.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos practicaron una cesárea de emergencia. El objetivo del procedimiento era salvar al bebé de ocho meses de gestación ante el deterioro de la madre.

Los esfuerzos médicos no lograron evitar el desenlace fatal. Tanto Fernanda como su bebé murieron pese a la intervención quirúrgica, según coincidieron medios locales.

Hasta el cierre de los reportes consultados, ninguna autoridad había anunciado detenciones por el homicidio. Tampoco se dio a conocer de forma oficial la identidad del agresor ni el posible móvil del ataque, de acuerdo con Tribuna de la Bahía.

Los Mochis figura entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome y de la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la zona tras el crimen. Agentes investigadores revisaron cámaras de videovigilancia cercanas para intentar identificar al presunto responsable.

El homicidio de Fernanda y su bebé ocurre en un municipio que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. Un 19,2% de la población de Los Mochis consideró insegura su ciudad durante el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana citada por Infobae.

Ese mismo reportaje precisó que el promedio diario de homicidios en México bajó a 59,5 en septiembre de 2025. La cifra representó una reducción del 32% frente a los 86,9 casos diarios del mismo mes de 2024, de acuerdo con datos oficiales recogidos por Infobae.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 un conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha elevado la violencia en varios municipios, incluido Ahome. Infobae documentó, en un texto de la periodista Ingrid Scarlet Rubi Resendiz, que ese enfrentamiento cumplió casi dos años y que sus efectos alcanzaron incluso la salud mental de la población joven de Los Mochis.

La escalada de violencia en la entidad también generó episodios de saldo especialmente alto. Infobae reportó, en un artículo del periodista Fabián Sosa, que la muerte de un operador criminal identificado como “El Morral” desató una respuesta armada con casi 40 homicidios en una sola semana en distintos puntos de Sinaloa.

Ese reporte de Infobae detalló que los casos diarios en la entidad oscilaron entre tres y once homicidios durante los siete días posteriores al hecho. El recuento incluyó municipios como Culiacán, Navolato, Guasave y Mazatlán, aunque el texto no desglosó cifras específicas para Ahome en ese periodo puntual.

Ninguno de los artículos de Infobae consultados ofrece un conteo exclusivo y actualizado de homicidios dolosos para Los Mochis en septiembre de 2026. La cobertura disponible sitúa al municipio dentro del contexto de violencia estatal derivado de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, sin precisar una cifra propia y verificada para la ciudad en la fecha del ataque contra Fernanda Gastelum.

La investigación por la muerte de la mujer embarazada y su bebé permanece abierta. La Fiscalía de Sinaloa no había reportado, hasta el último dato disponible en las fuentes consultadas, avances sobre la identidad del agresor ni sobre el móvil del crimen ocurrido en la colonia Ampliación 12 de Octubre.

Se trata del tercer detenido en 48 horas por este caso de feminicidio, que también dejó afectaciones a otras cuatro personas. La captura se produjo gracias al trabajo de inteligencia y la coordinación entre distintas dependencias federales y estatales.

La detención de Primitivo “N”

La aprehensión de Primitivo “N” resultó de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la policía estatal de Guerrero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, Primitivo era esposo de una prima de Margarita. Testimonios recabados desde 2022 lo situaron como el hombre que llevó el recipiente de gasolina y se acercó a la víctima para rociarla con el combustible antes de prenderle fuego.

Primitivo “N” habría rociado con gasolina y prendido fuego a Margarita Seceña Martínez el 1 de julio de 2022 en Cuautla, Morelos. Permaneció prófugo cuatro años hasta su captura en Guerrero.

Los hechos del 1 de julio de 2022

Según las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de julio de 2022, cuando Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N” acudieron al domicilio de la víctima, en el municipio de Cuautla.

En el lugar, el grupo amenazó y golpeó a Margarita. Posteriormente la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Las llamas también alcanzaron el negocio de la víctima, que resultó incendiado.

Margarita Seceña Martínez, madre de tres hijos, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en alrededor del 70% de su cuerpo. La mujer murió 24 días después, a consecuencia de las lesiones. Su madre y uno de sus hijos, presentes durante la agresión, no resultaron alcanzados por el fuego, aunque el ataque también dejó afectaciones en otras cuatro personas.

El origen del conflicto y una denuncia previa desatendida

El conflicto entre Margarita y sus agresores se originó por la disputa de una casa que un familiar radicado en Estados Unidos había dejado a su cargo. Este grupo ya había agredido a la víctima en mayo de ese año por el mismo motivo.

Margarita denunció aquel primer ataque ante la Fiscalía Regional Oriente. Sin embargo, no se le otorgaron las medidas de protección necesarias para evitar que el conflicto escalara.

El fuego también alcanzó a un menor de 14 años presente en el lugar, y que las lesiones cubrieron el 80% del cuerpo de la víctima. Margarita fue trasladada primero al Hospital General de Cuautla y después al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, donde murió el 24 de julio de 2022.

Las detenciones previas de 48 horas

La captura de Primitivo “N” se suma a las de Karen Jaqueline “N” y Nataly “N”, arrestadas un día antes en territorio de Guerrero. Ambas mujeres eran buscadas desde julio de 2022 y contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su presunta participación en el ataque.

Este sábado 26 de septiembre, ambas fueron vinculadas a proceso y quedaron en prisión preventiva. En la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincularlas por el delito de feminicidio en agravio de Margarita Seceña Martínez, así como por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de otras dos víctimas identificadas con sus iniciales.

Además, ambas enfrentan la acusación de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos personas más. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Situación de los prófugos restantes

Con la detención de Primitivo “N”, suman tres las personas capturadas de la lista de seis señaladas como responsables del ataque contra Margarita Seceña. Hasta el momento, la FGE de Morelos no ha reportado nuevas actualizaciones sobre la situación de María de la Cruz “N”, Leobardo “N” y Ramiro “N”.

Las autoridades continúan las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para localizar a las personas restantes que cuentan con órdenes de aprehensión pendientes por su probable participación en el feminicidio de Margarita Seceña Martínez y los delitos cometidos contra las otras cuatro víctimas del ataque ocurrido en Cuautla.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de un hombre identificado como Óscar “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de quien fuera su pareja sentimental, ocurrido en el municipio de Toluca, Estado de México. La resolución judicial se dio a conocer este 28 de septiembre de 2026 a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Como medida cautelar, el sujeto permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria.

Los hechos del feminicidio en Toluca

De acuerdo con las primeras pesquisas de la Fiscalía estatal, el crimen ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en un domicilio ubicado en la localidad de La Palma Toltepec, dentro del municipio de Toluca.

La víctima se encontraba en ese lugar en compañía de Óscar “N”, quien en ese entonces era su pareja sentimental. Según la reconstrucción de los hechos, en algún momento el sujeto inició una discusión con la mujer.

La discusión escaló hasta convertirse en una agresión física. El sujeto la privó de la vida mediante asfixia mecánica y después huyó del domicilio, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía.

El sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión y permanecerá en prisión preventiva justificada durante el proceso.

La investigación y la detención del responsable

Tras el hallazgo, el Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Esas diligencias permitieron identificar a Óscar “N” como probable responsable del feminicidio.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó a una autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del sujeto por el delito de feminicidio, orden que fue otorgada.

Elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y detuvieron a Óscar “N”. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, donde quedó a disposición de un juez.

La vinculación a proceso y la medida cautelar

Una vez que el detenido quedó a disposición judicial, un juez analizó las pruebas presentadas por la representación social. Con base en ese análisis, determinó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, el juzgador impuso a Óscar “N” la prisión preventiva justificada. Esto implica que el imputado continuará recluido en el penal de Almoloya de Juárez mientras se desarrolla la etapa de investigación.

Además, la autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sostener la acusación en las siguientes etapas del proceso penal.

El estatus legal del imputado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que Óscar “N” debe considerarse inocente hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

En caso de que dicha sentencia se emita, el sujeto podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio, de acuerdo con lo señalado por la dependencia estatal.

El caso se suma a los procesos que la FGJEM impulsa en el Estado de México en materia de feminicidio, delito que continúa bajo investigación y seguimiento por parte de las autoridades ministeriales de la entidad.

El feminicidio en el contexto de la violencia de género en el Edomex

El caso de Óscar “N” se suma a un panorama de violencia contra las mujeres que persiste en el Estado de México. La entidad encabeza la lista nacional de feminicidios durante 2026, con 74 víctimas registradas entre enero y agosto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el mismo periodo, a nivel nacional se contabilizaron 440 víctimas de feminicidio. El Estado de México, Sinaloa y Tamaulipas concentran en conjunto el 30.5% de los casos registrados en el país.

Pese a liderar en número absoluto de víctimas, la entidad mexiquense no figura entre los estados que superan ampliamente el promedio nacional de feminicidios por cada 100 mil mujeres, indicador en el que Sinaloa encabeza con 4.57 casos, seguido de Morelos con 2.06 y Tamaulipas con 1.52.

El municipio de Toluca, donde ocurrió el crimen atribuido a Óscar “N”, forma parte de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Durante 2025 y 2026, el municipio impulsó estrategias de prevención y seguridad derivadas de esa declaratoria.

Entre las acciones implementadas se encuentra la creación de senderos seguros en distintas zonas del municipio y el fortalecimiento de la policía de género, de acuerdo con la misma fuente.

Llamadas de auxilio y atención a víctimas en la entidad

La magnitud de la violencia contra las mujeres en el Estado de México también se refleja en los reportes a líneas de emergencia. Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 24 mil 860 incidentes relacionados con violencia contra la mujer en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, de acuerdo con datos del SESNSP.

Esa cifra ubica al Estado de México entre las entidades con mayor número de llamadas relacionadas con este tipo de violencia, únicamente detrás de la Ciudad de México, con 40 mil 40 incidentes, y Chihuahua, con 38 mil 598.

Como parte de las estrategias de atención a víctimas, la Secretaría de las Mujeres incorporó recientemente la Línea 079, opción 1, a la red social TikTok.

El mecanismo permite que, ante búsquedas con términos como “feminicidio” o “violencia de género”, la plataforma despliegue de forma automática una tarjeta de ayuda con acceso directo a orientación especializada. El servicio opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, según se informó.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este lunes un nuevo feminicidio en Cuba, que elevó a 50 el total de crímenes machistas reportados este año, de acuerdo con los datos compilados por la agencia EFE.

La víctima fue Didianny Barreto Palmero, una trabajadora de la educación de 34 años, asesinada el 25 de septiembre por su expareja en Ceballos, una localidad de la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) calificó el caso como un hecho de “extrema violencia”. Según las verificaciones realizadas con fuentes familiares y comunitarias, el agresor se suicidó después del crimen.

Barreto Palmero era madre de dos niñas, fruto de una relación anterior, que quedaron huérfanas. La organización envió sus condolencias a las hijas de la víctima, a sus familiares, allegados y a la comunidad rural donde residía.

El observatorio investiga otros 22 posibles feminicidios en dos años

AT mantiene abiertas investigaciones sobre 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre en contexto feminicida reportados en 2025. A esa lista se suman once posibles feminicidios y diez intentos denunciados durante 2026.

El registro de la plataforma documentó diez feminicidios durante julio y agosto de este año. Ocho ocurrieron en julio y dos en agosto, en hechos distribuidos entre siete provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

La provincia de Mayabeque concentró tres de esos casos, la cifra más alta entre los territorios identificados durante esos dos meses. Los datos del observatorio indican que seis de los diez agresores eran exparejas de las víctimas y dos mantenían una relación de pareja con ellas.

Las víctimas tenían entre 17 y 81 años. El grupo etario de 31 a 45 años reunió cuatro de los diez casos documentados en julio y agosto.

Las organizaciones advierten sobre antecedentes de violencia en varios casos

Alas Tensas advirtió que los crímenes aumentaron durante la primera mitad del año. Entre mayo y junio, su conteo registró 17 feminicidios, siete de los cuales tuvieron como presuntos agresores a hombres con antecedentes de violencia.

La organización considera que la crisis económica y energética que atraviesa la isla ha ampliado la desprotección de mujeres y niñas. También alertó sobre la continuidad de agresiones letales dentro de relaciones formales y después de separaciones.

AT denunció “la persistencia de la violencia extrema” contra las mujeres en Cuba y señaló que los feminicidios vinculados con parejas y exparejas aún presentan “altos niveles de brutalidad”.

El régimen cubano no reconoce el feminicidio como una figura penal específica dentro de su Código Penal. Los medios estatales, además, informan de forma limitada sobre estos hechos.

Las autoridades han afirmado que existe una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. El régimen confirmó recientemente que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género durante los juicios realizados el año pasado. Esos casos involucraron a parejas, exparejas u otras personas.

De acuerdo con las cifras elaboradas por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas, en 2025 hubo al menos 46 asesinatos machistas en Cuba.

Un hombre identificado como Luis Lorenzo Correa Baracaldo, vinculado al proceso judicial por la muerte de su pareja, Yenny González Castro, en Subachoque (Cundinamarca), quedó en libertad por vencimiento de términos.

El sujeto es investigado por su presunta responsabilidad en el ataque con fuego que ocurrió en 2024. La decisión judicial desató un reclamo de justicia de la madre de la víctima, Pastora Castro, en diálogo con el Noticiero Alerta 104.4 FM.

Después de conocer la decisión del juez sobre el procesado, la madre cuestionó que quedara en libertad y pidió que el caso siga avanzando: “Lo dejaron libre porque por vencimiento de términos (...) pero me parece muy injusta la justicia de Colombia, muy injusta, porque esto no se puede quedar así, no se puede quedar impune este delito”.

Según el relato de Pastora Castro, su hija de 35 años estuvo cerca de dos meses hospitalizada por las quemaduras que sufrió después de que el señalado le rociara un líquido inflamable y le prendiera fuego.

Del mismo modo, aseguró que su hija permanecía en la relación por temor a las amenazas que recibía, que no solo eran contra ella. Según relató, el acusado también amenazaba a la hija de la víctima y a su madre, por lo que la mujer le habría expresado que temía que el hombre pudiera hacerles daño si decidía separarse.

En la entrevista, la madre de la víctima reconstruyó las horas previas a la emergencia. Contó que durante el fin de semana de la tragedia compartía con su hija y su nieta en la vivienda, mientras que el señalado agresor había salido a beber con un amigo y continuó consumiendo alcohol al regresar.

La madre explicó que decidió salir de la casa con la niña rumbo a El Rosal: “Ya llegó el domingo, ese domingo a mediodía y yo ‘que me voy para la casa, que la niña tiene que estudiar mañana, me voy para la casa’”. Sin embargo, recordó que su hija le respondía: “Espérese otro momentico, mami, espérese otro momentico”.

Cerca de las 2:00 p. m., recibió la noticia de que Yenny había resultado herida y era trasladada en ambulancia. Castro relató que intentó que fuera trasladada a un hospital de alta complejidad: “No hubo cupo llevarla al Simón Bolívar, y no hubo cupo temprano, hasta medianoche nos fuimos para Simón Bolívar, ella vendada totalmente inconsciente, entubada y todo”.

La madre indicó que tuvo que buscar un vehículo para acompañar a su hija y, al mismo tiempo, encontrar quién cuidara de su nieta. Después, se dio cuenta de la gravedad del ataque y afirmó que su hija alcanzó a declarar ante la justicia antes de morir.

Antecedentes de violencia en la relación

Antes del hecho por el que Correa Baracaldo fue procesado, Yenny había sufrido una lesión en una pierna y recibió atención médica en Facatativá, de acuerdo con su madre que reveló al Noticiero Alerta que ese episodio también ocurrió en medio del consumo de alcohol y una discusión.

Pastora afirmó que recibió una llamada para encontrarse con su hija y llevarla al centro asistencial, mientras le pedían que dejara a la niña en la vivienda. Según su relato, el hombre aseguró entonces que Yenny se había causado la lesión.

La mujer señaló que, con el tiempo, comprendió que su hija evitaba hablar abiertamente sobre lo que ocurría en la relación: “Porque la tenía amenazada, si ella lo dejaba (...) Ella no me contaba nada ni nada cuando venía ni compartíamos”.

Castro aseguró que Yenny permanecía con su pareja por temor a que las amenazas se cumplieran contra su hija y su madre: “Ella me dijo: ‘Mamá, yo no quiero que le pase nada a la niña’. Yo por eso me toca estarme allá, porque él me dijo que acababa conmigo y acababa con sumercé y acababa con la niña’”.

Una mujer de 44 años fue hallada sin vida este domingo 27 de septiembre de 2026 en una vivienda del barrio La Pradera, en Villavicencio. La víctima, identificada como Yelitza Parra Prada, presentaba una herida causada por un arma cortopunzante, según las primeras informaciones conocidas tras el hecho.

El crimen ocurrió durante la tarde y generó alerta entre los habitantes del sector. De acuerdo con las versiones de miembros de la comunidad, el hijo de la mujer salió de la casa y pidió ayuda a gritos, lo que llevó a varios vecinos a acercarse al inmueble.

Las autoridades recibieron el reporte y acudieron a la residencia, donde confirmaron el fallecimiento de la mujer. El caso quedó bajo investigación para establecer la secuencia de los hechos y recopilar los elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Como presunto responsable fue señalado Elkin Mauricio Gómez Vargas, también de 44 años. Las informaciones iniciales indican que el hombre era expareja de Yelitza Parra Prada y que habría abandonado la vivienda poco después del ataque a bordo de una motocicleta.

Algunos residentes del barrio grabaron con sus teléfonos el instante en el que el señalado salió del sitio. Esos registros quedaron en manos de las autoridades y podrían formar parte de las diligencias dentro del proceso.

El material audiovisual muestra a un hombre que se retira del sector tras la emergencia. Los investigadores deberán determinar su relevancia dentro de la indagación y contrastarlo con otros testimonios, así como con las pruebas recopiladas en la vivienda.

Un plan candado permitió la captura horas después

Tras conocer la denuncia, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad para ubicar al hombre mencionado por los vecinos. La búsqueda se extendió durante varias horas, con controles en vías y sectores cercanos a La Pradera.

Más tarde, las autoridades informaron sobre la captura de Gómez Vargas, quien quedó a disposición de las instituciones competentes. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el lugar exacto de la detención ni sobre los elementos incautados durante el procedimiento.

El caso será presentado ante la justicia para definir la situación judicial del capturado. Los investigadores también buscarán establecer si existían antecedentes de conflictos entre la víctima y el señalado, un aspecto que aún no ha sido confirmado oficialmente.

Defensoría alertó por 96 feminicidios y más de 17.000 delitos sexuales contra mujeres en Colombia

La Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 recibió 295 noticias criminales por violencias contra mujeres en Colombia, entre ellas 96 feminicidios, 74 tentativas de feminicidio y 23 transfeminicidios.

El informe, expuso la continuidad de agresiones letales y otras vulneraciones contra mujeres, niñas y adolescentes en distintas zonas del país. La entidad precisó que Putumayo, Quindío, Guaviare y Nariño tuvieron las mayores tasas de casos por cada 100.000 habitantes: 3,02; 2,77; 2,50 y 2,28, respectivamente.

En 2025, el registro institucional había contabilizado 191 feminicidios, 113 intentos de feminicidio y 26 transfeminicidios. La comparación permite dimensionar la persistencia de hechos que afectan la integridad, la vida y la seguridad de las víctimas.

Durante los ocho primeros meses del año, la Defensoría registró 17.639 delitos sexuales contra mujeres. De ese total, 13.261 víctimas eran niñas y adolescentes, mientras que 3.921 correspondieron a mayores de edad.

Otros 202 hechos afectaron a mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como a lesbianas, bisexuales y personas trans. Por tasa de población, Guaviare encabezó la lista, con 265,28 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Vaupés, con 140,72; Amazonas, con 114,79, y Putumayo, con 109,75.

El reporte incluyó 164 situaciones de explotación sexual de niñas y adolescentes. Guaviare presentó el indicador más alto, con 17,52 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por Antioquia, Bolívar y Vichada.

La entidad también identificó 156 mujeres afectadas por trata de personas. Entre ellas había 91 mayores de 18 años y 39 niñas o adolescentes; dos casos involucraron a mujeres lesbianas, bisexuales, trans o con identidades de género no hegemónicas.

El 26 de septiembre de 2026 se confirmó que Daniel Fernando Illera Rojas, de 34 años, fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de su prima Jova Núñez Rojas que fue asesinada el 12 de diciembre de 2021 en su vivienda ubicada en Paicol, Huila.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante cuando intentaba defenderse de su primo, que la habría obligado a tener relaciones sexuales con él.

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías tras la recolección de elementos materiales probatorios durante casi cinco años de investigación. El informe del ente judicial indicó que Illera Rojas no aceptó el cargo que le imputó un fiscal de la Seccional Huila.

En cuanto a la víctima, se confirmó que tenía 36 años, trabajaba en servicios generales de una entidad local y vivía en el barrio Las Delicias. El presunto agresor habría llegado a su residencia con la intención de accederla sexualmente y, ante la resistencia de la mujer, la habría atacado en distintas partes del cuerpo con un puñal antes de escapar para evadir a las autoridades.

La investigación arrojó que el familiar era el responsable por los rastros biológicos y cámaras de seguridad

Una prueba de genética habría sido uno de los elementos que permitió identificar al sospechoso, de acuerdo con un familiar de Núñez Rojas que fue entrevistado por el diario local La Nación: “Recolectaron información, las personas colaboraron y prueba de ADN”.

Incluso, el capitán Hernán Mena López, comandante encargado del Distrito de Policía La Plata, confirmó al mismo medio que el reporte indicó que el detenido habría llegado a la casa de su prima e intentado agredirla sexualmente y, al poner resistencia, fue atacada con el arma cortopunzante.

Otro de los allegados a la víctima señaló al diario que el día del crimen, Núñez Rojas fue encontrada boca arriba sobre su cama y en ropa interior, con una herida profunda en el cuello que habría sido la causante de su muerte. La misma persona también aseguró que había rastros de sangre en una pared de la habitación y en el lavadero del patio, donde el agresor habría intentado eliminar huellas que lo vincularan al caso.

Entre tanto, se confirmó que una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró a un hombre en inmediaciones de la vivienda con una actitud considerada sospechosa. Esa imagen dio lugar a verificaciones de las autoridades para establecer o descartar su participación en el asesinato.

Tras el homicidio, el entonces alcalde de Paicol, Jhon Jairo Perdomo, ofreció una recompensa de $10 millones por información que permitiera ubicar al señalado.

“Este hecho no puede quedar en la impunidad y haremos hasta lo imposible por identificar al feminicida; rechazamos con vehemencia lo ocurrido y no vamos a permitir que actos como este se sigan repitiendo”, expresó en su momento.

El informe de la Fiscalía indicó que la captura del primo de la víctima por su presunta responsabilidad en el ataque mortal se llevó a cabo en la vereda Matanza de Paicol, donde investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden expedida por un juez de garantías.

Según los registros que se encuentran en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), Illera Rojas tiene tres anotaciones como indiciado por delitos relacionados con explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, además de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Debido a que el sujeto no aceptó el cargo por su responsabilidad en el feminicidio de su prima, sus familiares siguen pidiendo justicia.

María de Jesús Vázquez Orduña, conocida como “Chuya”, fue asesinada a tiros afuera de su domicilio en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, mientras participaba en la búsqueda de Miguel Ángel Rocha Ríos, el novio de su hija, desaparecido desde el 3 de septiembre.

La mujer fue atacada la mañana del 23 de septiembre en el Barrio de San José. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una motocicleta se acercaron al domicilio y le dispararon antes de escapar.

El asesinato ocurrió el mismo día en que familiares de Miguel Ángel y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenían previsto realizar una nueva jornada de búsqueda en distintos puntos del municipio. La actividad fue suspendida por motivos de seguridad tras el homicidio.

En los días posteriores, la investigación sobre la desaparición del joven continuó. Héctor Edgar Mar del Ángel, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó que la Fiscalía General del Estado realizó detenciones y aseguró un vehículo presuntamente relacionado con los hechos. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que esos elementos estén relacionados con el asesinato de María de Jesús.

María de Jesús participaba en la búsqueda de su yerno

Miguel Ángel Rocha Ríos, de 21 años, fue visto por última vez el 3 de septiembre en el Barrio de Santiago, en San Ciro de Acosta. La ficha de búsqueda señala que el joven trabajaba como barbero.

Desde su desaparición, sus familiares comenzaron a realizar movilizaciones para exigir su localización y difundir información que pudiera ayudar a encontrarlo.

María de Jesús se sumó a esas acciones como madre de la novia del joven. El 4 de septiembre encabezó una caminata por las calles de San Ciro de Acosta y durante la movilización se realizó un bloqueo temporal para llamar la atención de las autoridades.

La búsqueda continuó durante las siguientes semanas. El 22 de septiembre, los padres de Miguel Ángel acudieron a Rioverde durante la presentación del informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para solicitar apoyo en la localización de su hijo.

Ese mismo día, Mar del Ángel declaró que existían avances en las investigaciones para encontrar al joven, aunque hasta entonces no había sido localizado.

Al día siguiente, María de Jesús fue asesinada.

La jornada de búsqueda quedó suspendida tras el homicidio

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenía previsto acompañar a los familiares de Miguel Ángel el 23 de septiembre para recorrer diferentes puntos de San Ciro de Acosta y repartir volantes con sus datos.

La actividad no llegó a realizarse. El asesinato de María de Jesús llevó a los buscadores a suspender la diligencia ante las condiciones de seguridad.

Tere Medina, integrante del colectivo, confirmó el homicidio y lamentó tanto la muerte de María de Jesús como la desaparición de Miguel Ángel. La activista señaló que desconoce si ambos hechos están relacionados.

Hasta la información disponible, tampoco existe un pronunciamiento público de la Fiscalía estatal que establezca una relación entre ambos casos.

El gobierno municipal de San Ciro de Acosta fue la primera autoridad en pronunciarse públicamente sobre el homicidio mediante una esquela a nombre del alcalde Luis Carlos Pereyra Govea. La hermana de María de Jesús es servidora pública municipal.

Fiscalía reporta detenciones y un vehículo asegurado

Después del homicidio, las autoridades mantuvieron las acciones para localizar a Miguel Ángel.

El comisionado estatal de Búsqueda informó que las diligencias se extendieron a San Ciro de Acosta y a zonas cercanas al límite con Querétaro. También confirmó que la Fiscalía General del Estado había realizado detenciones y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

La información difundida por el funcionario no precisó públicamente cuántas personas fueron detenidas ni su situación jurídica.

Tampoco se estableció que esas personas hayan sido detenidas por el asesinato de María de Jesús. La investigación de la desaparición de Miguel Ángel y la indagatoria por el homicidio de su suegra deben mantenerse diferenciadas mientras las autoridades no informen una conexión entre ambos expedientes.

Qué se sabe de la desaparición de Miguel Ángel Rocha

La ficha oficial establece que Miguel Ángel Rocha Ríos desapareció el 3 de septiembre en San Ciro de Acosta.

La familia ha mantenido las acciones de búsqueda durante las semanas posteriores, con movilizaciones y recorridos en distintos puntos de la región.

La desaparición también llevó a sus padres a buscar apoyo directamente ante autoridades estatales. El 22 de septiembre acudieron a Rioverde, donde solicitaron intervención para localizar al joven.

Colectivos advierten sobre desapariciones en la Zona Media y la Huasteca de San Luis Potosí

El asesinato de María de Jesús ocurrió mientras colectivos de la región mantienen actividades para localizar a personas desaparecidas.

Tere Medina, de Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media, señaló que existe preocupación por la desaparición de jóvenes tanto en la Zona Media como en la Huasteca. La activista sostuvo que algunas personas son privadas de la libertad durante el día, aunque ese señalamiento no establece una relación específica con el caso de Miguel Ángel.

El propio comisionado estatal de Búsqueda reconoció esta semana que la Huasteca concentra la mayor cantidad de casos de personas no localizadas en San Luis Potosí, aunque indicó que todavía no contaba con una cifra exacta. También señaló que algunos expedientes corresponden a ausencias voluntarias.

La región ha mantenido otras búsquedas recientes. Entre los casos reportados se encuentra el de Luz Odette Loera Molina, de 19 años, vista por última vez el 18 de septiembre en Matehuala.

San Luis Potosí registra más de mil 200 personas desaparecidas o no localizadas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza mil 257 registros en San Luis Potosí, de acuerdo con los datos citados en la información sobre el caso.

Los colectivos han cuestionado la metodología utilizada para integrar las cifras oficiales y han señalado que los registros pueden no reflejar toda la dimensión de las desapariciones.

La consulta de las fichas de personas desaparecidas en el sitio de la Fiscalía General del Estado tampoco se encontraba disponible en los últimos días, debido a trabajos de mantenimiento del portal.

Mientras la investigación por el asesinato de María de Jesús continúa, la búsqueda de Miguel Ángel Rocha sigue activa en San Ciro de Acosta y zonas cercanas a Querétaro. La Fiscalía ya reportó detenciones y el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, pero las autoridades no han informado públicamente que exista una conexión entre esos elementos y el homicidio de la mujer.

Un hombre señalado por la muerte de su expareja en la comunidad El Tablón, en Bayaguana, habría ingerido una sustancia tóxica mientras era buscado por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de acuerdo con lo informado este sábado por Noticias SIN.

El sospechoso fue trasladado a centros de salud de la provincia de Monte Plata y permanece bajo custodia policial, según informaciones preliminares.

El caso tiene como víctima a Nicauris de los Santos. La mujer murió el viernes tras un ataque con un arma blanca tipo machete que, según la versión de sus allegados, fue cometido por su expareja dentro de la comunidad El Tablón.

Noticias SIN informó que el presunto agresor fue identificado como Jesús S., de 40 años. El medio indicó que las primeras versiones apuntan a que el hombre habría insistido en retomar la relación, aunque la víctima se habría negado.

Familiares de la victima afirmaron que ella había denunciado amenazas previas y que había solicitado una orden de alejamiento contra su expareja luego de un episodio anterior de violencia. Delia Ferreira, hermana de Nicauris, sostuvo que el hombre ya había intentado agredirla de gravedad.

“Él una vez intentó matarla y ella fue y le puso una orden de alejamiento”, afirmó en declaraciones recogidas tras el hecho. Delia describió que su hermana sufrió heridas de extrema gravedad durante la agresión. Ese testimonio deberá ser contrastado con las conclusiones de la investigación y los resultados del examen forense.

Otro de los parientes cuestionó la respuesta de las autoridades ante las denuncias previas y aseguró que el agresor mantenía conductas de hostigamiento.

Según el relato de sus allegados, Nicauris se dirigía a una consulta médica cuando el hombre presuntamente la acechó. Ellos sostienen que el ataque ocurrió cuando ella llegó a su vivienda.

Los familiares también aseguraron que, después del ataque, el sospechoso habría herido con el machete a su propio padre. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe oficial con detalles sobre ese segundo episodio ni sobre el estado de salud del hombre lesionado.

La víctima permanecía en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras sus parientes preparaban el velatorio en su residencia. Luego, sus restos serían sepultados en el cementerio municipal de la comunidad, según informó la familia al citado medio.

El sospechoso fue trasladado a dos hospitales de Monte Plata

Luego del crimen, Jesús S. fue localizado tendido en una vivienda, de acuerdo con las informaciones preliminares. En ese lugar habría ingerido una sustancia venenosa, aunque las autoridades todavía no establecieron qué compuesto consumió ni en qué cantidad.

El señalado fue llevado primero al Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana. Más tarde, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibió atención médica.

La Policía Nacional mantiene bajo vigilancia al hombre señalado por la muerte de su expareja, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque, confirmar los antecedentes de violencia denunciados por la familia.

La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón Pat, denunció el retiro de las medidas de protección que un juez le otorgó a raíz de las amenazas que ha recibido tras la desaparición y feminicidio de su hija, Francisca Mariner, señalando que fue decisión de la gobernadora Mara Lezama.

“Fueron órdenes de la gobernadora, fueron órdenes de la secretaria Cristina Torres. Toda seguridad, en ese momento no había ninguna patrulla”, destacó.

La activista afirmó que la falta de seguridad ocurrió mientras mantiene una protesta pacífica en la entrada a la zona hotelera de Cancún, situación que, de acuerdo con su denuncia, estuvo seguida por un ataque a balazos registrado durante la madrugada del viernes 25 de septiembre.

Patrón Pat explicó que, luego de las amenazas de muerte que recibió, un juez determinó otorgarle custodia policial las 24 horas, los siete días de la semana, tanto en su domicilio como durante sus desplazamientos. La protección también fue extendida a sus hijas.

“A raíz de la desaparición y feminicidio de mi hija, así como de las constantes amenazas de muerte, un juez me otorgó custodia policial para mí y mi familia; sin embargo, en diversas ocasiones me la han retirado”, denunció.

María Patrón asegura que hombres armados dispararon durante la madrugada

La presidenta de Madres Buscadoras relató que durante el periodo en que se quedó sin seguridad, hombres armados que viajaban en un vehículo negro pasaron frente al lugar donde se encontraba sentada y realizaron cuatro disparos al aire, cerca de la medianoche del viernes.

Según su relato, el hecho ocurrió después de que varias mujeres acudieran al sitio donde el colectivo mantiene su manifestación y, presuntamente, las agredieran.

Patrón Pat señaló que estos acontecimientos forman parte de una serie de situaciones que considera extrañas y que han ocurrido durante su protesta.

La activista recordó que el 12 de diciembre de 2025 recibió medidas de protección después de que dos hombres armados la amenazaran durante una audiencia judicial.

Posteriormente, aseguró, se presentó otro episodio de intimidación durante una audiencia reciente, en esta ocasión dirigido contra sus testigos. A partir de ello, sostuvo que el juez estableció la custodia permanente para protegerla a ella y a sus familiares.

Exige protección tras caso de Francisca Mariner

El caso de Francisca Mariner ha mantenido a María Patrón durante años en una lucha por justicia. La joven desapareció el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años. Su cuerpo fue localizado e identificado hasta diciembre de 2024, después de permanecer durante años en instalaciones del Servicio Médico Forense de Quintana Roo.

El caso derivó también en investigaciones contra exfuncionarios de la Fiscalía estatal por presuntas omisiones y negligencia durante la búsqueda de la joven. En 2025, una ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en esos hechos.

Más recientemente, el proceso por el feminicidio de Francisca Mariner avanzó a la etapa de juicio, luego de que una audiencia intermedia que había sido aplazada en tres ocasiones finalmente se reanudara y fueran admitidas las pruebas presentadas por las víctimas.

En este contexto, Patrón Pat aseguró que las amenazas y los incidentes registrados durante sus protestas buscan intimidarla y evitar que continúe denunciando las irregularidades que, según sostiene, ocurrieron en el caso de su hija.

“Quieren callarme”, afirmó la activista, al señalar que ha documentado ante las autoridades lo que considera fallas institucionales relacionadas con la desaparición y feminicidio de Francisca.

Finalmente, María Patrón responsabilizó directamente a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, por la falta de garantías para su seguridad y la de su familia.

La denuncia ocurre mientras el colectivo mantiene acciones de protesta para exigir justicia por Francisca Mariner y atención a las demandas de las familias de personas desaparecidas en Quintana Roo.

Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac N, conductor de motocicleta de una plataforma inDrive, por el feminicidio de la estudiante de Medicina Karla Margarita Pérez Jiménez. El juez segundo de lo penal, Luis Alberto Castellanos, dictó la resolución el 23 de septiembre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, tras un ataque ocurrido el 14 de septiembre cuando la joven abordó un viaje en motocicleta y fue conducida a un despoblado en Zapopan.

El juzgador impuso al acusado dos años de prisión preventiva oficiosa. Además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó registros del viaje y videos del C5 contra Eduardo Isaac N

La audiencia se realizó en las salas 3 y 4 de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1. Comenzó a las 11:12 horas y concluyó a las 12:46 horas del 23 de septiembre.

Medios locales detallaron que la Fiscalía del Estado presentó registros del viaje, videos de cámaras privadas y del sistema C5. Estos elementos permitieron reconstruir los movimientos del acusado y de la motocicleta tras el abordaje de Karla Margarita, sin embarco, aún no se ha confirmado si el sujeto pertenecía a dicha aplicación.

Karla Margarita Pérez Jiménez desapareció el 14 de septiembre después de solicitar un viaje en motocicleta por una app en la colonia Prados Vallarta, Zapopan. Su cuerpo apareció sin vida dos días después en una brecha rumbo a Nextipac, con lesiones que un dictamen forense atribuyó a un agente punzocortante y a violencia sexual.

De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, la joven abordó el servicio a las 20:42 horas de ese día en la avenida Patria y Lázaro Cárdenas. La estudiante no llegó al destino solicitado.

Los registros que reportan medios locales mostraron un desvío de la ruta original y una parada de 24 minutos en un punto fijo. Después, la motocicleta circuló sin la pasajera cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, según reconstruyó la publicación.

El dictamen de mecánica de lesiones estableció que Karla Margarita fue “sometida y arrastrada”. La estudiante presentó heridas en el tórax, los pulmones y el cuello, provocadas por un objeto punzocortante.

El informe forense confirmó además que la joven sufrió violencia sexual y fue despojada de sus prendas interiores. El Ministerio Público señaló que estos elementos permitieron acreditar agravantes del delito de feminicidio.

El acusado se quedó con el teléfono celular y la bolsa de la víctima, de acuerdo con la reconstrucción del caso. Asimismo, se agregó que Eduardo Isaac vendió el celular por 200 pesos a Rosalío Brandon, guardia de una fábrica de la zona.

inDrive confirmó la colaboración con la Fiscalía y el bloqueo del conductor

La empresa inDrive emitió un comunicado el 24 de septiembre en el que lamentó el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez y rechazó “categóricamente cualquier acto de violencia”. La plataforma confirmó así, de forma directa, su vínculo con el caso.

inDrive informó que bloqueó a Eduardo Isaac N como conductor registrado en la aplicación. La empresa precisó que el acusado no contaba con reportes ni incidentes previos antes de este hecho.

La compañía también reveló que inhabilitó la cuenta de la usuaria como medida de seguridad preventiva. El objetivo, según el comunicado, fue evitar cualquier uso indebido por parte de terceros.

inDrive detalló que entregó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco una Carta de Colaboración con la totalidad de la información y los registros técnicos disponibles. La empresa afirmó que colaboró “de manera inmediata, exhaustiva y transparente” desde que tomó conocimiento de la investigación.

La plataforma enumeró los mecanismos de seguridad que opera en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Entre ellos mencionó la verificación de antecedentes penales mediante Truora, la prueba de vida o Liveness Check, la grabación de audio durante el viaje, el monitoreo en ruta y el botón de emergencia.

Asimismo, argumentó “estricto apego a las reservas del debido proceso legal” y respeto a la memoria de la víctima y su familia.

La defensa de Eduardo Isaac N alegó un asalto, pero el juez Luis Alberto Castellanos desestimó la versión

El padre del imputado, Francisco Javier, declaró como testigo de la defensa durante la audiencia, según relató la publicación. El hombre contó que su hijo lo llamó el día de los hechos para pedirle ayuda tras un supuesto asalto.

Según el padre, dos hombres interceptaron a Eduardo Isaac y lo amenazaron mientras prestaba el servicio de transporte. Francisco Javier afirmó ante el semanario que su hijo “se asustó y huyó” del lugar

El padre contó que le exigió a su hijo regresar por la pasajera porque era “su responsabilidad”. Ambos intentaron ubicar el sitio de la agresión y después acudieron a presentar una denuncia.

Eduardo Isaac realizó una llamada al número de emergencias desde el teléfono de su padre. Posteriormente, Francisco Javier le sugirió guardar la ropa que llevaba puesta, la cual fue entregada a la pareja del acusado.

El juez Luis Alberto Castellanos cuestionó que el acusado no activara el botón de pánico disponible en la aplicación durante el supuesto asalto. También señaló que Eduardo Isaac tenía en su poder el celular de la víctima y no lo usó para pedir auxilio.

El imputado no presentaba lesiones ni contaba con un parte médico que respaldara la agresión relatada. El Ministerio Público calificó de inverosímil la versión de los dos hombres y sostuvo que el acusado buscaba “engañar” a la autoridad.

La Fiscalía incorporó el testimonio de Uriel, amigo de la víctima, quien declaró que la joven usaba con frecuencia motocicletas de aplicación como medio de transporte. El juez desestimó la versión de la defensa y resolvió vincular a proceso a Eduardo Isaac por el delito de feminicidio.

El acusado declinó hacer declaraciones durante la audiencia. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 22 de diciembre y la prisión preventiva oficiosa se extenderá hasta el 23 de septiembre de 2028.

El asesor jurídico de los padres de la víctima, Juan Gerardo de León Castro, dijo a Proceso que “había elementos muy fuertes” para lograr la vinculación exitosa. El abogado añadió que la familia de Karla Margarita atraviesa un momento de profunda afectación y pidió no ser contactada directamente.

Infobae documentó la búsqueda, la captura y la reacción de la familia de Karla Margarita Pérez

Infobae informó que la vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó el hallazgo del cuerpo en conferencia de prensa. La funcionaria explicó que la búsqueda incluyó un operativo con drones tras el reporte de desaparición de la joven.

El hermano de la víctima, Carlos Pérez, anunció la muerte de la joven a través de redes sociales y convocó a una marcha para exigir justicia. El medio detalló que Carlos Pérez escribió: “no me regresaba sin mi hermana”, antes de confirmar el hallazgo.

Infobae reportó que agentes de la Comandancia de Feminicidios detuvieron a Eduardo Isaac N un día después del hallazgo del cuerpo. La publicación precisó que la joven fue encontrada con el uniforme quirúrgico azul y la bata blanca que usaba en su internado en el Hospitalito de Zapopan.

Asimismo, se indicó que las autoridades localizaron una motocicleta calcinada cerca del sitio donde apareció el cuerpo. El teléfono celular de la víctima y el vehículo fueron incorporados como indicios para la investigación pericial.

El diario El Financiero reportó que la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) endureció los operativos contra el traslado de pasajeros en motocicleta tras el crimen. La dependencia aseguró 41 motocicletas y aplicó multas de hasta 22 mil 628 pesos a los infractores.

El artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe ese tipo de servicio, según precisó el diario. inDrive se comprometió ante la dependencia a retirar del estado la opción de traslado en motocicleta en un plazo de 24 horas.

Karen Jaqueline “N” y Nataly “N” fueron detenidas el viernes 25 de septiembre en Guerrero por su probable responsabilidad en el feminicidio de Margarita Ceceña Martínez, quien murió tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego el 1 de julio de 2022 en Cuautla, Morelos. La víctima permaneció hospitalizada durante 24 días por quemaduras que cubrieron 70% de su cuerpo y falleció el 24 de julio de ese año en la Ciudad de México.

La captura derivó de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal de Guerrero, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Margarita Ceceña tenía 30 años, era originaria de Morelos y madre soltera de tres hijos. Su muerte ocurrió en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, donde fue atendida después de que su condición requirió cuidados especializados y terapia intensiva.

El ataque habría sido cometido por integrantes de su propia familia durante una disputa por una propiedad de un familiar ubicada en Estados Unidos. Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N” acudieron al domicilio de la mujer, donde presuntamente la amenazaron, golpearon y agredieron con combustible.

El ataque ocurrió en la vivienda de Margarita Ceceña en Cuautla

La agresión ocurrió en la casa de Margarita Ceceña, ubicada en Ex Hacienda El Hospital, municipio de Cuautla. De acuerdo con los señalamientos del caso, algunos de los presuntos cómplices llegaron con un machete y un bidón de gasolina, mientras la víctima era agredida verbalmente.

Primitivo “N”, esposo de una prima de Margarita, fue señalado como la persona que presuntamente se acercó a ella para rociarla con gasolina y prenderle fuego. La agresión le provocó quemaduras de segundo y tercer grado, además de lesiones que más tarde derivaron en un paro cardiaco.

La mujer fue trasladada inicialmente a un hospital de Morelos, pero la gravedad de sus heridas obligó a su envío a la Ciudad de México. Permaneció en terapia intensiva hasta que murió la noche del 24 de julio de 2022.

Una tía de la víctima explicó que el conflicto familiar se originó por el control de una casa que un pariente dejó encargada. “Ellos tenían problemas por una casa que un familiar en común dejó a cargo, primero de aquellas personas, para que le dieran mantenimiento, pero estas personas la empezaron a rentar y el dueño se enteró y se las quitó para que Margarita la ocupara. Ese es el coraje que ellos le tenían a mi sobrina”, relató.

Margarita Ceceña había denunciado amenazas antes de la agresión

La familiar añadió que, un mes y medio antes del ataque, Margarita le llamó durante la madrugada para contarle que esas personas la habían golpeado. La víctima también habría presentado denuncias por amenazas, aunque sus familiares afirmaron que las autoridades no actuaron antes de la agresión.

Andrea Martínez, madre de Margarita Ceceña, sostuvo que ella y uno de sus nietos también habrían sido víctimas de un intento para rociarlos con gasolina. Tras la muerte de la joven, los presuntos responsables habrían huido al enterarse de que las lesiones ocasionadas por el ataque habían sido mortales.

Las fichas de búsqueda y los datos de la Fiscalía de Morelos identificaron como probables involucrados a María de la Cruz Martínez Cervantes, Nataly Carreño Martínez, Leobardo Celón Cortés y Primitivo Rangel Atempa. Las dos detenidas, Karen Jaqueline “N” y Nataly “N”, quedaron relacionadas con la investigación por el feminicidio ocurrido en Cuautla.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) informó este viernes el feminicidio de Yusinay “Yusy” Capetillo Martínez, una mujer de 41 años que fue atacada presuntamente por su exyerno durante un apagón en su vivienda del barrio Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre de La Habana. El crimen ocurrió el 19 de septiembre y elevó a 53 los feminicidios documentados en Cuba durante 2026.

La víctima se encontraba en su casa cuando el supuesto agresor aprovechó la falta de electricidad para atacarla, de acuerdo con OGAT. La entidad clasificó el caso como un feminicidio de índole familiar.

Hasta el cierre del reporte, el observatorio no había podido confirmar la detención del sospechoso. Las últimas informaciones disponibles lo ubicaban prófugo varios días después del asesinato. Esa situación, señaló la organización, se suma a denuncias de familiares de víctimas sobre demoras en las capturas de presuntos feminicidas.

Los apagones forman parte de la vida cotidiana de buena parte de la población cubana y el 19 de septiembre coincidió con una interrupción eléctrica de alcance nacional.

OGAT alertó por la situación de la hija y la nieta de la víctima

El observatorio puso el foco en la seguridad de una hija y una nieta de la víctima. Ambas podrían encontrarse en riesgo mientras no se confirme que el hombre fue localizado y detenido.

“Focalizamos la situación de la hija y la nieta de Yusy relacionadas con el presunto agresor“, indicó OGAT. La organización consideró que la falta de confirmación sobre su arresto exige atención sobre el entorno familiar de la mujer asesinada.

Yusinay Capetillo tenía tres hijas mayores de edad. El observatorio transmitió sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima.

El caso de Capetillo Martínez volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios hogares, un escenario recurrente en los registros de violencia feminicida elaborados por plataformas independientes en Cuba.

Contabilizan 53 feminicidios y 27 intentos en lo que va del año

Con datos actualizados a este viernes, OGAT contabilizó un total de 53 feminicidios, 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en Cuba durante 2026.

La cifra de feminicidios documentados por OGAT ya superó el total de 49 casos que la propia organización registró durante todo 2025. El conteo se basa en información reunida a partir de denuncias de familiares, reportes en redes sociales y verificaciones posteriores de las plataformas que siguen la violencia contra las mujeres en la isla.

El observatorio también solicitó acceso a los informes de investigación relacionados con las muertes de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, señaló que analiza como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.

Además, OGAT investiga 12 posibles feminicidios, cinco tentativas y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la entidad recibió reportes sobre otros 11 posibles feminicidios y 10 intentos que aún se encuentran bajo verificación.

Un ciudadano peruano requerido por la justicia de Brasil fue capturado en Cusco luego de permanecer prófugo desde enero de 2024. Se trata de Jorge Darwin Villalobos Cruz, quien era buscado por las autoridades de Curitiba, en el estado de Paraná, por los delitos de asesinato y feminicidio agravado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la intervención se realizó mediante acciones de búsqueda y captura internacional coordinadas con la OCN Interpol Lima. Villalobos Cruz tenía una Notificación Roja de Interpol y fue ubicado en el distrito de San Mateo, provincia de Chumbivilcas.

El detenido era requerido por el crimen de su exesposa, la brasileña Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 años, asesinada en enero de 2024. Según la información difundida por La República sobre el caso, la mujer fue atacada después de reclamar a su expareja el pago de la manutención de sus hijos.

Sujeto buscado por la justicia de Brasil fue ubicado en Chumbivilcas

La captura de Jorge Darwin Villalobos Cruz ocurrió alrededor de las 8:30 a. m. del jueves, en las inmediaciones del jirón Siglo XXI, en el distrito de San Mateo, provincia de Chumbivilcas, Cusco. Los agentes de la Interpol Perú habían realizado acciones de seguimiento para determinar su ubicación.

La PNP precisó que el ciudadano peruano figuraba en una Notificación Roja de Interpol, identificada con el número A-2449/2-2026. La medida respondía al requerimiento de las autoridades judiciales de la Región Metropolitana de Curitiba-Paraná, Brasil.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la OCN Interpol, bajo coordinación de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. Esta dependencia canaliza y coordina las acciones de cooperación policial internacional relacionadas con personas buscadas por autoridades extranjeras.

De acuerdo con la Policía, este tipo de coordinación permite intercambiar información con organismos policiales y agregadurías de otros países para localizar a personas requeridas internacionalmente. En este caso, las labores permitieron establecer que Villalobos Cruz se encontraba en territorio peruano.

Exesposa fue asesinada tras exigir el pago de la manutención

De acuerdo con información difundida por La República, el requerimiento judicial contra Villalobos Cruz está relacionado con el asesinato de Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 años. La mujer fue atacada el 6 de enero de 2024 en el barrio Campo de Santana, en Curitiba, estado de Paraná.

Según la investigación policial brasileña citada en la información sobre el caso, Patrícia había reclamado a su exesposo por una deuda correspondiente a la manutención de sus hijos. La familia de la víctima también señaló que ella había recibido amenazas antes del crimen.

El ataque ocurrió frente al hijo de la víctima, quien entonces tenía 10 años. Patrícia fue agredida con un cuchillo en la puerta de su vivienda y murió a consecuencia de las heridas.

Las autoridades brasileñas sostienen que Villalobos Cruz habría actuado con la participación de su nueva pareja y la hija adolescente de esta. La investigación también tomó en cuenta registros de cámaras de seguridad obtenidos en la zona donde ocurrió el crimen.

Investigación en Brasil y fuga del principal sospechoso

Las cámaras de seguridad registraron a Villalobos Cruz, su pareja y la adolescente cuando se dirigían hacia la vivienda de Patrícia. Después del asesinato, según la investigación policial, los tres regresaron a su domicilio y posteriormente volvieron al lugar de los hechos con otra vestimenta.

Las autoridades señalaron que, al regresar, intentaron aparentar ser personas que se acercaban al lugar como curiosos. Sin embargo, fueron identificados y detenidos durante las diligencias iniciales relacionadas con el asesinato.

Villalobos Cruz quedó en libertad ese mismo día. La Fiscalía del Estado de Paraná solicitó posteriormente su detención, mientras continuaban las investigaciones por la muerte de Patrícia. El ciudadano peruano permaneció prófugo desde entonces.

Con su captura en Cusco, Villalobos Cruz quedó nuevamente bajo custodia de las autoridades peruanas. El requerimiento internacional corresponde a la justicia brasileña, por lo que ahora deberán continuar los procedimientos establecidos para atender la solicitud de las autoridades de ese país.

El pasado 18 de agosto, el Senado de la República arrancó con las mesas de diálogo sobre la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la Ley contra el Feminicidio, la cual ha sido señalada por el uso de términos ambiguos que podrían limitar el acceso a la justicia de las víctimas.

Kenia López Rabadán cuestiona iniciativa de Sheinbaum

El tema ha dejado ver mayor división tras la postura emitida el 23 de septiembre por parte de la diputada conservadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien señaló como “preocupante” parte del Artículo 6 en su fracción octava:

“Artículo 6. Para efectos de esta Ley se entenderá por: VIII. Mujer: a toda persona que se identifique como mujer”.

Durante la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, la expresidenta de San Lázaro reconoció las diferentes posturas que el tema puede generar, ya que a decir de la legisladora la respuesta desde el Congreso de la Unión “no puede ser invisibilizar a las mujeres”.

López Rabadán remató su declaración exclamando cuestionamientos que han sido calificados como faltos de criterio jurídico, así como transfóbicos:

“¿Cómo le preguntarán a la mujer asesinada si se identifica como mujer? ¿El feminicida podrá argumentar que antes de matarla ella no se identificó como mujer?”.

“Mujer”, un tema discutido en las reuniones con colectivas y organizaciones

Infobae México buscó a Yeritza Bautista, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), quien ha formado parte de las mesas de trabajo en la Cámara Alta, donde la terminología ha sido tema de debate en las reuniones con legisladoras.

El cambio del término “mujer” ha sido planteado por colectivas, organizaciones y especialistas, pero no con los planteamientos que la panista López Rabadán mostró en días recientes, sino como parte de una palabra que incluya a las identidades sexogenéricas.

Respecto a lo que la presidenta envió al Senado de la república, la mujer que sobrevivió a un feminicidio en 2020 concuerda en la ambigüedad del término usado en el artículo 6, refiriendo que la propuesta realizada por colectivos apunta a usar la siguiente expresión: “Toda persona de sexo femenino”.

Desde su perspectiva, usar solo “mujer” en la legislación que busca homologar la investigación y persecución del feminicidio a nivel nacional, “da un amplio espectro y las investigaciones son muy diferentes del tema de feminicidio, transfeminicidio y ataques por odio”.

La preocupación nace de las repercusiones legales que tienen las autoridades en la investigación, la integración de la carpeta y por supuesto, en las sentencias emitidas; por lo que también se ha propuesto que se esclarezca el significado de feminicidio, agregando “toda muerte violenta del sexo femenino”.

La violencia patriarcal y los riesgos a los que se enfrentarían las víctimas si persisten imprecisiones en la Ley contra el feminicidio

También puntualiza que en el “sexo femenino... viene implícito la violencia patriarcal, el tema machista, todo lo que arroja un peritaje de antropología social que habla de tu contexto de violencia por el hecho de ser mujer en el entorno en el que naciste”.

Entre los riesgos que la activista menciona se encuentran uno fundamental que impediría la justicia para las víctimas, ya que “se corre el riesgo de que al momento de integrar una carpeta de feminicidio no se integre de forma correcta, atacando peritajes o minimizando el poder que tiene un peritaje como es el de antropología social o trabajo social en un feminicidio o en una tentativa de feminicidio”.

Yeritza Bautista señala que “es complejo demostrar o acreditar” el delito de feminicidio en el proceso penal, ahora, si se suma la amplitud de términos o se deja a la “interpretación” de las autoridades, el acceso a la justicia se verá más entorpecido.

La activista hidalguense, Ninde Molre, mostró su disgusto ante los dichos de López Rabadán, a través de un mensaje en sus redes sociales:

“Transfobia, cisexismo y me queda claro que sin ningún criterio jurídico, feminista y de derechos humanos. De verdad que ni siquiera vale la pena argumentar con personas que no tienen ni una base para su argumento más que pánicos morales, discriminación y odio”.

Ocho menores murieron de forma violenta en Cuba durante el primer semestre de 2026, casi el triple que los tres registrados en igual período de 2025.

Ese incremento, del 166.7%, es el mayor entre todos los grupos de víctimas analizados por el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), presentado el 22 de septiembre.

La cifra se conoce apenas días después de que la isla atravesara su octavo apagón nacional del año, ocurrido el 18 de septiembre y que dejó sin electricidad a más de nueve millones de personas durante 32 horas, según informó la Unión Eléctrica.

El propio OCAC advierte que ese tipo de cortes prolongados y las fallas de conexión a internet dificultan documentar los delitos, por lo que sus cifras representan un subregistro basado en lo que logra hacerse público.

El organismo documentó 102 víctimas mortales entre enero y junio, 33 más que en el mismo semestre de 2025, pese a una caída del 25.3% en el número total de delitos reportados. El índice de letalidad, que mide muertes por cada 100 delitos, pasó de 5.23 a 10.35.

El deterioro alcanza a mujeres, ancianos y menores

Los ancianos fallecidos pasaron de seis a nueve entre un semestre y otro, un 50% más. Las mujeres muertas subieron de 24 a 37, un incremento del 54.2%.

Esas cifras se suman a los 48 hombres y los ocho menores que completan el total de 102 víctimas mortales documentadas entre enero y junio.

Los feminicidios ocupan un capítulo aparte dentro de ese deterioro. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), organización cubana de monitoreo de violencia de género, contabilizó 37 casos en el primer semestre, frente a 16 en igual lapso de 2025, un salto del 131.3%.

La organización detectó además una aceleración dentro del propio período: 13 feminicidios ocurrieron entre enero y marzo y 24 entre abril y junio.

Al 14 de septiembre, el acumulado anual ya superaba los 52 feminicidios, una cifra que dejó atrás los 49 documentados durante todo 2025 y que convierte a 2026 en el segundo año más letal desde que el observatorio comenzó su trabajo en 2019, solo detrás de los 90 casos de 2023.

Menos delitos reportados, pero más muertes

El volumen general de delitos documentados por el OCAC bajó de 1,319 a 985 entre ambos semestres, una caída del 25.3%. El organismo insiste en que esa reducción no equivale a menos inseguridad: aunque en 2026 se pudieron documentar 334 delitos menos que en el mismo período de 2025, hubo 33 víctimas mortales más.

Esa combinación, según la organización, refleja una violencia que se volvió más letal aun con menos hechos registrados.

Los crímenes con víctimas múltiples ganan terreno

El informe atribuye parte del salto en el número de fallecidos a la aparición de hechos con más de una víctima, un fenómeno hasta hace poco excepcional en los registros del observatorio.

De los delitos de 2026 en los que pudo determinarse la modalidad, 278 fueron cometidos por dos o más personas, el 33.7% del total.

Los asesinatos totales pasaron de 63 a 90 entre ambos semestres, un 42,9% más, y devolvieron a Cuba casi al nivel de 2024, cuando se habían contado 91 casos, tras una baja transitoria en 2025.

La violencia se aceleró mes a mes

Dentro del propio 2026, la letalidad se intensificó a medida que avanzó el semestre. Los asesinatos subieron de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo, un 50% más. Abril, mayo y junio registraron 19, 17 y 18 asesinatos respectivamente; cada uno de esos meses superó el peor registro de 2025, que había sido marzo con 13 casos.

El OCAC advierte que esa tendencia hacia una violencia más letal, que golpea con particular fuerza a mujeres, menores y ancianos, se sostuvo pese a la caída de las fuentes disponibles para documentarla.

El organismo sostiene que ese patrón no puede interpretarse como resultado de un país más tranquilo, en momentos en que la crisis energética y las restricciones de Estados Unidos al combustible profundizan las dificultades para dar seguimiento a lo que ocurre en la isla.

La estudiante Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, fue localizada sin vida la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportó su desaparición en la zona de Teotihuacán. Su caso quedó vinculado con el hallazgo, un día antes, de los cuerpos de Juan Carlos Ortiz Bravo y otro joven no identificado dentro de un automóvil en Otumba, Estado de México (Edomex).

Joselyn estudiaba Derecho en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Era la hermana de en medio y ayudaba a sus padres a vender frutas y verduras en Teotihuacán además realizaba su servicio en el DIF de Axapusco, relató una de sus tías a Nmás.

La joven conoció a Juan Carlos Ortiz Bravo en la universidad. Él tenía 25 años, había concluido la misma carrera, ejercía como litigante y trabajaba como conductor de una aplicación, mientras Joselyn.

De acuerdo con la información disponible, Ortiz Bravo invitó a Joselyn a comer en su casa de Otumba el lunes 21 de septiembre. Ambos salieron acompañados por otro hombre de entre 20 y 25 años, cuya identidad no se había dado a conocer.

Juan Carlos Ortiz Bravo fue hallado en un Aveo junto con otro joven

Los familiares de Joselyn perdieron comunicación con ella el 21 de septiembre e iniciaron su búsqueda. La ficha de búsqueda indicó que fue vista por última vez en el municipio de Otumba y precisó que vestía una blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige.

La mañana del martes 22 de septiembre, policías municipales acudieron a la calle Torres Adalid, en la colonia Centro de Otumba, tras recibir un aviso sobre un Chevrolet Aveo negro con placas PAE-876-B. Dentro de la unidad encontraron a dos hombres en los asientos traseros.

Uno de los cuerpos correspondió a Juan Carlos Ortiz Bravo, quien fue reconocido en el lugar por su padre, José Juan Ortiz Aguilar. El segundo joven permanecía sin identificar, según los primeros datos del caso.

Los dos hombres presentaban heridas producidas por arma de fuego. La calle fue resguardada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó diligencias dentro y alrededor del automóvil para esclarecer el doble homicidio.

El cuerpo de Joselyn fue localizado cerca de la carretera México-Tulancingo

La movilización por el hallazgo de Joselyn ocurrió alrededor de las 09:20 horas del miércoles 23 de septiembre. Servicios de emergencia acudieron tras el aviso de que había una mujer a un costado de una vialidad y, al revisarla, certificaron que ya no tenía signos vitales.

Una versión ubicó el cuerpo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otro reporte situó el hallazgo sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de la incorporación a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en Axapusco.

La joven fue localizada a un costado del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo. La información inicial señaló que presentaba una lesión en la cabeza, al igual que los dos jóvenes encontrados el día previo en Otumba.

Un reporte preliminar también indicó que el cuerpo habría presentado heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Ese dato debía ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación, pues hasta entonces no se había difundido una causa oficial de muerte ni las circunstancias previas a su localización.

Estudiantes universitarios víctimas de la delincuencia

En los últimos meses diversos estdudiantes han sido asesinados y secuestrados en varios estados de la república y han sido víctimas de la delincuencia imparable en el país.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió a la Fiscalía General de Justicia estatal esclarecer y no dejar impunes los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón (de 15 años), estudiantes de dicha institución que fueron asesinadas en 2025 y 2026.

En un comunicado, la universidad reconoció la detención de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio que fue asesinada el 12 de septiembre pasado en Cuautla.

En otro caso la Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

Karla, originaria de Irapuato, Guanajuato, permanecía desaparecida desde el lunes 14 de septiembre. Su cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue encontrado a pocos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado muerto este viernes 18 de septiembre luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa.

La familia del joven, de 21 años de edad, reportó su desaparición el pasado 5 de septiembre y, dos semanas después, fue localizado sin vida. La confirmación del hecho fue realizado por la institución educativa mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del alumno.