La estudiante Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, fue localizada sin vida la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportó su desaparición en la zona de Teotihuacán. Su caso quedó vinculado con el hallazgo, un día antes, de los cuerpos de Juan Carlos Ortiz Bravo y otro joven no identificado dentro de un automóvil en Otumba, Estado de México (Edomex).

Joselyn estudiaba Derecho en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Era la hermana de en medio y ayudaba a sus padres a vender frutas y verduras en Teotihuacán además realizaba su servicio en el DIF de Axapusco, relató una de sus tías a Nmás.

La joven conoció a Juan Carlos Ortiz Bravo en la universidad. Él tenía 25 años, había concluido la misma carrera, ejercía como litigante y trabajaba como conductor de una aplicación, mientras Joselyn.

De acuerdo con la información disponible, Ortiz Bravo invitó a Joselyn a comer en su casa de Otumba el lunes 21 de septiembre. Ambos salieron acompañados por otro hombre de entre 20 y 25 años, cuya identidad no se había dado a conocer.

Juan Carlos Ortiz Bravo fue hallado en un Aveo junto con otro joven

Los familiares de Joselyn perdieron comunicación con ella el 21 de septiembre e iniciaron su búsqueda. La ficha de búsqueda indicó que fue vista por última vez en el municipio de Otumba y precisó que vestía una blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige.

La mañana del martes 22 de septiembre, policías municipales acudieron a la calle Torres Adalid, en la colonia Centro de Otumba, tras recibir un aviso sobre un Chevrolet Aveo negro con placas PAE-876-B. Dentro de la unidad encontraron a dos hombres en los asientos traseros.

Uno de los cuerpos correspondió a Juan Carlos Ortiz Bravo, quien fue reconocido en el lugar por su padre, José Juan Ortiz Aguilar. El segundo joven permanecía sin identificar, según los primeros datos del caso.

Los dos hombres presentaban heridas producidas por arma de fuego. La calle fue resguardada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó diligencias dentro y alrededor del automóvil para esclarecer el doble homicidio.

El cuerpo de Joselyn fue localizado cerca de la carretera México-Tulancingo

La movilización por el hallazgo de Joselyn ocurrió alrededor de las 09:20 horas del miércoles 23 de septiembre. Servicios de emergencia acudieron tras el aviso de que había una mujer a un costado de una vialidad y, al revisarla, certificaron que ya no tenía signos vitales.

Una versión ubicó el cuerpo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otro reporte situó el hallazgo sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de la incorporación a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en Axapusco.

La joven fue localizada a un costado del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo. La información inicial señaló que presentaba una lesión en la cabeza, al igual que los dos jóvenes encontrados el día previo en Otumba.

Un reporte preliminar también indicó que el cuerpo habría presentado heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Ese dato debía ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación, pues hasta entonces no se había difundido una causa oficial de muerte ni las circunstancias previas a su localización.

Estudiantes universitarios víctimas de la delincuencia

En los últimos meses diversos estdudiantes han sido asesinados y secuestrados en varios estados de la república y han sido víctimas de la delincuencia imparable en el país.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió a la Fiscalía General de Justicia estatal esclarecer y no dejar impunes los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón (de 15 años), estudiantes de dicha institución que fueron asesinadas en 2025 y 2026.

En un comunicado, la universidad reconoció la detención de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio que fue asesinada el 12 de septiembre pasado en Cuautla.

En otro caso la Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

Karla, originaria de Irapuato, Guanajuato, permanecía desaparecida desde el lunes 14 de septiembre. Su cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue encontrado a pocos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado muerto este viernes 18 de septiembre luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa.

La familia del joven, de 21 años de edad, reportó su desaparición el pasado 5 de septiembre y, dos semanas después, fue localizado sin vida. La confirmación del hecho fue realizado por la institución educativa mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del alumno.

Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida en Cuautinchán, Puebla, cinco días después de haber desaparecido en Cuautlancingo. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la identidad de la docente e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.

González Montiel fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026 en el fraccionamiento San Miguel, ubicado en el municipio de Cuautlancingo. Tras perder comunicación con ella, sus familiares y personas cercanas comenzaron a buscarla.

La Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda para solicitar información a la ciudadanía sobre el paradero de la maestra. Durante los días posteriores, compañeros de trabajo, familiares y conocidos difundieron sus datos para tratar de localizarla.

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un camino de terracería que conecta Cuautinchán con la comunidad de Santa Cruz Alpuyeca. Después de las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron que los restos pertenecían a Alma González Montiel.

La maestra trabajó en una primaria de San Pablo del Monte

Alma González trabajaba como docente de Educación Física en la primaria Luz y Amor, situada en el barrio de Tlaltepango, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Su desaparición había movilizado a integrantes de la comunidad educativa y a personas cercanas a la profesora.

El gobierno municipal de Cuaxomulco también confirmó el fallecimiento mediante una esquela. La administración expresó condolencias a los familiares de la maestra y a la comunidad escolar a la que pertenecía.

El hallazgo ocurrió cinco días después de que la docente fue reportada como desaparecida. La ubicación del cuerpo se encontraba fuera de Cuautlancingo, municipio donde se le vio por última vez antes de que se perdiera comunicación con ella.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios periciales para establecer oficialmente las causas de muerte. Las autoridades no habían difundido los resultados de esas pruebas hasta el 23 de septiembre.

Fiscalía de Puebla mantuvo abierta la investigación por la muerte

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantuvo abierta la carpeta de investigación para esclarecer la agresión contra Alma González Montiel. Personal especializado en investigaciones de feminicidio intervino en las diligencias posteriores al hallazgo.

El caso fue investigado con perspectiva de género. Hasta esa fecha no se habían informado públicamente el móvil de la agresión ni la identidad de alguna persona detenida por los hechos.

La muerte de la maestra ocurrió en un año en el que Puebla acumuló siete carpetas de investigación por feminicidio entre enero y agosto de 2026. Los registros de la Fiscalía estatal señalaron que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 17 indagatorias por ese delito.

La diferencia entre ambos periodos representó una reducción de 58.8% en las carpetas iniciadas por feminicidio. El Gobierno de Puebla también informó en septiembre que los casos registrados entre enero y agosto habían disminuido alrededor de 58% frente al mismo lapso del año anterior.

Las cifras no incluyen todos los asesinatos de mujeres en Puebla

Las estadísticas correspondieron únicamente a los expedientes clasificados oficialmente como feminicidio. La cifra no representó el total de mujeres asesinadas en la entidad, debido a que otros casos pudieron ser registrados bajo distintas categorías delictivas.

Puebla mantuvo vigente una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El mecanismo estableció medidas de prevención, seguridad y justicia para atender la violencia contra las mujeres en municipios de la entidad.

Organizaciones civiles cuestionaron durante 2026 el avance en el cumplimiento de algunas de las medidas contempladas en la alerta. La investigación sobre el fallecimiento de González Montiel se sumó a los casos que permanecían bajo revisión de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía estatal informó en septiembre sobre su Programa de Identificación Humana. Entre enero y agosto de 2026, el organismo identificó y restituyó 167 cuerpos: 108 correspondieron a personas poblanas y 59 a personas originarias de otras entidades.

Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac N, conductor de motocicleta de la aplicación inDrive, por el feminicidio de la estudiante de Medicina Karla Margarita Pérez Jiménez. El juez segundo de lo penal, Luis Alberto Castellanos, dictó la resolución el 23 de septiembre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, tras un ataque ocurrido el 14 de septiembre cuando la joven abordó un viaje en motocicleta y fue conducida a un despoblado en Zapopan.

El juzgador impuso al acusado dos años de prisión preventiva oficiosa. Además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó registros de inDrive y videos del C5 contra Eduardo Isaac N

La audiencia se realizó en las salas 3 y 4 de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1. Comenzó a las 11:12 horas y concluyó a las 12:46 horas del 23 de septiembre.

Medios locales detallaron que la Fiscalía del Estado presentó registros de la plataforma inDrive, videos de cámaras privadas y del sistema C5. Estos elementos permitieron reconstruir los movimientos del acusado y de la motocicleta tras el abordaje de Karla Margarita.

Karla Margarita Pérez Jiménez desapareció el 14 de septiembre después de solicitar un viaje en motocicleta por inDrive en la colonia Prados Vallarta, Zapopan. Su cuerpo apareció sin vida dos días después en una brecha rumbo a Nextipac, con lesiones que un dictamen forense atribuyó a un agente punzocortante y a violencia sexual.

De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, la joven abordó el servicio a las 20:42 horas de ese día en la avenida Patria y Lázaro Cárdenas. La estudiante no llegó al destino solicitado.

Los registros de inDrive mostraron un desvío de la ruta original y una parada de 24 minutos en un punto fijo. Después, la motocicleta circuló sin la pasajera cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, según reconstruyó la publicación.

El dictamen de mecánica de lesiones estableció que Karla Margarita fue “sometida y arrastrada”. La estudiante presentó heridas en el tórax, los pulmones y el cuello, provocadas por un objeto punzocortante.

El informe forense confirmó además que la joven sufrió violencia sexual y fue despojada de sus prendas interiores. El Ministerio Público señaló que estos elementos permitieron acreditar agravantes del delito de feminicidio.

El acusado se quedó con el teléfono celular y la bolsa de la víctima, de acuerdo con la reconstrucción del caso. Asimismo, se agregó que Eduardo Isaac vendió el celular por 200 pesos a Rosalío Brandon, guardia de una fábrica de la zona.

La defensa de Eduardo Isaac N alegó un asalto, pero el juez Luis Alberto Castellanos desestimó la versión

El padre del imputado, Francisco Javier, declaró como testigo de la defensa durante la audiencia, según relató la publicación. El hombre contó que su hijo lo llamó el día de los hechos para pedirle ayuda tras un supuesto asalto.

Según el padre, dos hombres interceptaron a Eduardo Isaac y lo amenazaron mientras prestaba el servicio de transporte. Francisco Javier afirmó ante el semanario que su hijo “se asustó y huyó” del lugar

El padre contó que le exigió a su hijo regresar por la pasajera porque era “su responsabilidad”. Ambos intentaron ubicar el sitio de la agresión y después acudieron a presentar una denuncia.

Eduardo Isaac realizó una llamada al número de emergencias desde el teléfono de su padre. Posteriormente, Francisco Javier le sugirió guardar la ropa que llevaba puesta, la cual fue entregada a la pareja del acusado.

El juez Luis Alberto Castellanos cuestionó que el acusado no activara el botón de pánico disponible en la aplicación durante el supuesto asalto. También señaló que Eduardo Isaac tenía en su poder el celular de la víctima y no lo usó para pedir auxilio.

El imputado no presentaba lesiones ni contaba con un parte médico que respaldara la agresión relatada. El Ministerio Público calificó de inverosímil la versión de los dos hombres y sostuvo que el acusado buscaba “engañar” a la autoridad.

La Fiscalía incorporó el testimonio de Uriel, amigo de la víctima, quien declaró que la joven usaba con frecuencia motocicletas de aplicación como medio de transporte. El juez desestimó la versión de la defensa y resolvió vincular a proceso a Eduardo Isaac por el delito de feminicidio.

El acusado declinó hacer declaraciones durante la audiencia. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 22 de diciembre y la prisión preventiva oficiosa se extenderá hasta el 23 de septiembre de 2028.

El asesor jurídico de los padres de la víctima, Juan Gerardo de León Castro, dijo a Proceso que “había elementos muy fuertes” para lograr la vinculación exitosa. El abogado añadió que la familia de Karla Margarita atraviesa un momento de profunda afectación y pidió no ser contactada directamente.

Infobae documentó la búsqueda, la captura y la reacción de la familia de Karla Margarita Pérez

Infobae informó que la vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó el hallazgo del cuerpo en conferencia de prensa. La funcionaria explicó que la búsqueda incluyó un operativo con drones tras el reporte de desaparición de la joven.

El hermano de la víctima, Carlos Pérez, anunció la muerte de la joven a través de redes sociales y convocó a una marcha para exigir justicia. El medio detalló que Carlos Pérez escribió: “no me regresaba sin mi hermana”, antes de confirmar el hallazgo.

Infobae reportó que agentes de la Comandancia de Feminicidios detuvieron a Eduardo Isaac N un día después del hallazgo del cuerpo. La publicación precisó que la joven fue encontrada con el uniforme quirúrgico azul y la bata blanca que usaba en su internado en el Hospitalito de Zapopan.

Asimismo, se indicó que las autoridades localizaron una motocicleta calcinada cerca del sitio donde apareció el cuerpo. El teléfono celular de la víctima y el vehículo fueron incorporados como indicios para la investigación pericial.

El diario El Financiero reportó que la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) endureció los operativos contra el traslado de pasajeros en motocicleta tras el crimen. La dependencia aseguró 41 motocicletas y aplicó multas de hasta 22 mil 628 pesos a los infractores.

El artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe ese tipo de servicio, según precisó el diario. inDrive se comprometió ante la dependencia a retirar del estado la opción de traslado en motocicleta en un plazo de 24 horas.

La madre de Maydeleisis Rosales, una adolescente desaparecida en La Habana desde mayo de 2021, denunció un posible feminicidio tras recibir recientemente el testimonio de un hombre que atribuyó el presunto crimen a la expareja de la joven.

La información fue publicada por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), retomando una entrevista del medio elTOQUE, que recoge el testimonio de Isis Rodríguez Ameneiro y un reclamo sobre el cual continúa sin una resolución judicial más de cinco años después de la desaparición.

Isis relató que el 9 de agosto de 2026 un hombre identificado con la inicial C., cercano a quien fuera pareja de su hija, se presentó en su casa para hablar sobre el caso. De acuerdo con la denuncia, el hombre le dijo que Maydeleisis habría sido asesinada por R., la expareja de la adolescente.

La madre sostuvo que el hombre le confesó que temía por su seguridad. “C., cercano a la expareja de Maydeleisis, me hizo esa confesión y me dijo que no soportaba más los maltratos de R. hacia él”, declaró Rodríguez Ameneiro a elTOQUE, según reprodujo OGAT.

El testigo, siempre según la versión de la madre, aseguró que R. lo había amenazado para que no hablara sobre lo ocurrido.

La Policía detuvo a los dos hombres, pero luego los liberó

Tras recibir el relato, Isis acudió a la estación policial de Zanja para denunciar la supuesta confesión. Allí apuntó contra R. como presunto responsable de la muerte de su hija y pidió que las autoridades investigaran el testimonio.

Según contó la mujer, la Policía arrestó a C. y a R. después de su presentación. Ambos habrían negado cualquier vínculo con la desaparición o una posible muerte de Maydeleisis, tras lo cual fueron liberados.

“El trabajo de la Policía ha sido pésimo. He denunciado en varias oportunidades y ellos dicen que van a hacer, pero en la concreta no hacen mucho”, cuestionó la madre,

Isis afirmó que presentó quejas ante el Ministerio de Justicia y el Partido Comunista de Cuba el 28 de agosto, debido a la falta de avances en la investigación. Hasta el momento, la mujer indicó que no había recibido respuestas de esas instituciones.

La madre ya había advertido en marzo de 2024 que las personas a las que consideraba sospechosas permanecían en libertad. La nueva denuncia incorporó un elemento que, según ella, debía llevar a una revisión del expediente: la versión de una persona del entorno de la expareja de la adolescente.

Maydeleisis fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021

La joven tenía 16 años cuando desapareció el 30 de mayo de 2021 en Centro Habana. Su última ubicación conocida fue un parque de la zona de Campanario y Malecón, cerca de su vivienda.

El relato sobre el último avistamiento indica que la adolescente conversaba con su exnovio cuando un hombre mayor la habría tomado del brazo y se la habría llevado de forma abrupta. La familia denunció su desaparición ante la Policía y ofreció una recompensa a cambio de datos que permitieran ubicarla.

El caso impulsó la creación de la Alerta Mayde, una iniciativa promovida por la activista feminista Marta María Ramírez para difundir información sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Cuba. La propuesta tomó como referencia el sistema Alerta Amber de Estados Unidos.

El Observatorio de Alas Tensas indicó que su base de datos funciona como un “registro vivo”, ya que los casos pueden modificarse a medida que surgen testimonios, denuncias o nuevas pruebas. El organismo señaló que una desaparición puede incorporarse posteriormente a un registro de feminicidios si la información disponible permite documentarla bajo esa categoría.

La Fiscalía de Puebla confirmó mediante pruebas de ADN que los restos localizados el 10 de julio dentro de un tambo en Tehuacán correspondieron a Yasmín Altamirano Adán, adolescente indígena de 15 años, madre de un bebé y reportada como desaparecida desde el 21 de junio de 2026. La identificación permitió entregar el cuerpo a su familia, mientras la investigación continuó bajo el protocolo de feminicidio y sin que hubiera una detención oficial por el crimen.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:50 horas en la calle 9 Norte, esquina con 52 Oriente, en la colonia Observatorio, al norte de Tehuacán. El cuerpo estaba dentro de un tambo de plástico, envuelto en bolsas negras de basura, con las piernas atadas con un mecate y señales de violencia.

La condición de los restos impidió que los familiares hicieran un reconocimiento visual. La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó estudios de genética forense durante varias semanas hasta confirmar que se trataba de Yasmín a finales de septiembre.

La adolescente desapareció el 21 de junio en la colonia Tepeyac

Yasmín fue vista por última vez en la colonia Tepeyac de Tehuacán el 21 de junio. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió la ficha CBP-429/2026 para solicitar información que ayudara a localizarla.

El documento describía a la adolescente como una joven de aproximadamente 1.40 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara. También señalaba una cicatriz de cesárea como seña particular.

Al momento de su desaparición vestía pantalón deportivo, blusa negra y tenis blancos. Tras la confirmación genética, la ficha fue actualizada con la leyenda “localizada”, sin precisar que había sido encontrada sin vida.

La adolescente tenía una discapacidad intelectual, de acuerdo con los testimonios recabados durante su búsqueda. Comerciantes señalaron que esa condición no le impedía trabajar de manera informal en las inmediaciones del centro de Tehuacán para obtener recursos para ella y su hijo.

Locatarios del Mercado 16 de Marzo y del Mercado-Tianguis La Purísima dijeron que dejaron de verla desde mayo, antes de que se formalizara el reporte de desaparición. También participaron en recorridos por distintos puntos de la ciudad y reunieron información para apoyar en su localización.

Los comerciantes sospecharon que los restos hallados en la colonia Observatorio podían corresponder a Yasmín debido a su ausencia. Posteriormente contactaron a una familiar de la adolescente que vivía en el municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla.

La mujer acudió acompañada al anfiteatro municipal para intentar identificar el cuerpo. La descomposición avanzada de los restos hizo imposible el reconocimiento directo y obligó a esperar los resultados de las pruebas científicas.

La familia trasladó el cuerpo a Vicente Guerrero para el funeral

Luego de que la Fiscalía confirmó la identidad, los restos fueron entregados a los familiares de Yasmín. La familia previó trasladarlos a su comunidad de origen en Vicente Guerrero, donde serían velados antes de su sepultura.

Yasmín dejó a un bebé de ocho meses bajo el cuidado de familiares. Su madre había muerto y su padre se encontraba en Estados Unidos; además, se indicó que la adolescente presuntamente vivía con una tía en la colonia Tepeyac.

Comerciantes de Tehuacán exigieron a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar quiénes serían responsables. Las locatarias recordaron que Yasmín era menor de edad y pidieron que la investigación avanzara hasta identificar a los involucrados.

Los testimonios de personas cercanas señalaron que la adolescente habría sufrido agresiones físicas y abusos sexuales por parte de hombres que presuntamente se aprovechaban de su condición de vulnerabilidad. Estas acusaciones formaron parte de los señalamientos expuestos durante la búsqueda, pero no se informó de personas detenidas por esos hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la carpeta de investigación para establecer qué ocurrió antes de que Yasmín fuera localizada sin vida. El caso quedó bajo el protocolo de feminicidio debido a las condiciones en que fue hallado el cuerpo y a las señales de violencia que presentaba.

La muerte de Yasmín fue incluida en un conteo hemerográfico que registró 36 presuntos feminicidios en Puebla durante 2026. Entre los casos enlistados había víctimas localizadas en municipios como Huauchinango, Cuautlancingo, Venustiano Carranza, Chiautla de Tapia, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Quecholac, Cuetzalan y la capital poblana.

Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) de 21 años, fue localizada sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportara su desaparición en la zona de Teotihuacán; las autoridades ya investigan para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La movilización policiaca ocurrió alrededor de las 09:20 horas, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer a un costado de una vialidad que conecta con la carretera México-Tulancingo. Los servicios de emergencia acudieron en al sitio y, tras revisarla, certifican que ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes ubicaronn el hallazgo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otra versión lo situó sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de incorporarse a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en el municipio de Axapusco.

La información disponible también señala que Joselyn fue vista por última vez en el municipio de Otumba el pasado 21 de septiembre. Desde ese día, familiares de la joven iniciaron su búsqueda para conocer su paradero.

La joven estudiaba en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán

Joselyn Sandoval Calderón era alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Teotihuacán. La comunidad del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán expresa su solidaridad con la búsqueda de la estudiante antes de que se confirmara su localización sin vida.

Al momento de su desaparición, la joven vestía blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige. Su ficha de búsqueda señalaba que tenía 21 años.

La estudiante es encontrada dos días después de que se reporta su ausencia. Hasta el momento, no se difunden públicamente las circunstancias previas al hallazgo ni una causa oficial de muerte.

Un reporte preliminar indica que el cuerpo presentaría heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Este dato deberá ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación.

Policía y Guardia Nacional resguardan el área del hallazgo

Elementos de la Policía Estatal, policía municipal y Guardia Nacional llegan a la zona para resguardar el sitio y abanderar la vialidad. El perímetro queda acordonado para preservar posibles indicios relacionados con el caso.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias correspondientes en el lugar. También se espera la intervención del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y los estudios que permitan determinar las causas del fallecimiento.

La presencia de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia genera movilización durante la mañana de este miércoles en la zona cercana a la carretera México-Tulancingo. Las autoridades mantienen las labores de investigación para establecer dónde ocurrió la agresión, cómo llegó el cuerpo al sitio y quién o quiénes podrían estar involucrados.

La muerte de Joselyn Sandoval Calderón queda bajo investigación de las autoridades correspondientes. La carpeta deberá precisar las inconsistencias sobre el punto exacto donde fue localizada, pues los reportes iniciales mencionan municipios distintos: Teotihuacán de Arista y Axapusco.

La Fiscalía también deberá determinar si la desaparición de la joven, reportada el 21 de septiembre, está vinculada directamente con el hallazgo registrado dos días después. Hasta ahora no se informa sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación oficial.

La zona permanece bajo resguardo mientras se recaban indicios y se desarrollan los peritajes necesarios para esclarecer el caso.

Otros dos jóvenes desaparecidos fueron hallados en bolsas en Jalteco

Los jóvenes Brayan, de 17 años, y Leonardo “N”, de 21, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Nextlalpan, fueron encontrados sin vida dentro de bolsas negras un automóvil en Jaltenco, Estado de México.

Brayan Felisiano y Leonardo Augusto desaparecieron el sábado 19 de septiembre en Nextlalpan

Los reportes policíacos identificaron a dos de las víctimas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21, ambos con reporte de desaparición activo desde el sábado 19 de septiembre. Fueron vistos por última vez en calles del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Nextlalpan, ubicado en la zona norte del Estado de México.

La FGJEM y la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) emitieron fichas de localización con las características y señales particulares de los dos jóvenes. Los familiares difundieron esas fichas en la zona norte de la entidad antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

De acuerdo con las investigaciones, el reporte de desaparición de Brayan se registró el 18 de septiembre y el de Leonardo un día después. La confirmación oficial de su identidad quedó pendiente de los resultados de los estudios forenses.

La FGJEM informó que los trabajos periciales y de medicina forense continúan para identificar a las otras víctimas cuyos restos fueron hallados en el mismo vehículo. Las autoridades no descartaron que los demás cuerpos también correspondan a personas con reportes de desaparición activos en la región.

Un segundo hallazgo en Otumba ocurrió horas después, con menos de 12 horas de diferencia

Horas más tarde, durante la mañana del martes 22 de septiembre, autoridades localizaron dos hombres sin vida al interior de un Chevrolet Aveo con placas PAE-876-B, estacionado sobre la calle Torres Adalid, en la zona centro de Otumba. El vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal de ese municipio.

Según datos de medios locales, los reportes preliminares señalan que las víctimas son dos jóvenes de entre 18 y 20 años, y se investiga si corresponden a personas cuya desaparición fue reportada un día antes. Los dos casos —Jaltenco y Otumba— quedaron bajo investigación de la FGJEM con menos de 12 horas de diferencia entre sí.

Policías municipales de Otumba acordonaron el perímetro de la calle Torres Adalid y esperaron la llegada del personal pericial de la Fiscalía para el inicio de las diligencias ministeriales. Las autoridades no establecieron de manera oficial un vínculo entre ambos hallazgos, aunque los investigan en paralelo.

Paulina de 26 años también está desaparecida

Un grupo de amigos y familiares de Paulina Diozdado, de 26 años de edad, bloquean la tarde de este martes 22 de septiembre la avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, en Gobierno de Ecatepec de Morelos con dirección a Ciudad Azteca, exigen apoyo de las autoridades en su búsqueda.

El contingente exige la búsqueda de la mujer que desapareció el pasado 20 de septiembre en calles de la colonia Alfredo del Mazo.

Horas después, el cuerpo sin vida de Julieta fue encontrado en un canal de riego del barrio La Libertad, en el anexo de Miluchaca. El hallazgo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes 18 de septiembre, cerca de la iglesia matriz del sector. La Policía y el Ministerio Público iniciaron las diligencias para determinar qué ocurrió durante la madrugada y establecer responsabilidades.

El caso es investigado como un presunto feminicidio. Las primeras diligencias incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el análisis de los elementos encontrados en la escena.

Un adolescente sería el autor del feminicidio

Según la información recogida durante las investigaciones, Julieta acudió al evento junto con una amiga de 16 años. Ambas estuvieron en la celebración hasta que, cerca de la una de la madrugada, la joven salió del lugar junto al adolescente investigado.

La amiga declaró ante los investigadores que previamente habría ocurrido un altercado en el que el adolescente la golpeó. Después de ese episodio, Julieta se retiró con él. La declaración de la menor fue incorporada a las diligencias para reconstruir los últimos momentos en que la víctima fue vista con vida.

Cámaras de seguridad de la planta de chifles donde trabajaba Julieta también habrían registrado a ambos caminando por un pasaje en dirección a la zona próxima a la vivienda de la joven. Horas más tarde, el adolescente habría sido captado nuevamente en el mismo sector, esta vez sin compañía.

Estas imágenes, junto con los testimonios recogidos por los agentes, fueron utilizadas para identificar y ubicar al adolescente, según información policial difundida sobre el caso.

Hallaron a la joven en un canal de riego de Miluchaca

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo de la joven presentaba signos compatibles con estrangulamiento y una posible agresión sexual. También se informó que estaba semidesnuda y que algunas de sus prendas se encontraban rotas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación.

El celular de Julieta tampoco fue encontrado inicialmente en la escena. Los agentes hallaron únicamente el cargador, por lo que la ubicación del teléfono pasó a formar parte de las diligencias. Posteriormente, según la información policial difundida, el aparato habría sido encontrado oculto.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Hualhuas para la necropsia correspondiente.

Adolescente fue detenido durante la investigación

Tras revisar las cámaras y recoger declaraciones, agentes de la Divincri Huancayo ubicaron al adolescente de 17 años, identificado con las iniciales C.A.A., y lo intervinieron como parte de las investigaciones.

De acuerdo con la versión policial, el adolescente inicialmente negó haber participado en la muerte de Julieta. Posteriormente, durante las diligencias, habría reconocido haberla estrangulado. Reportes periodísticos señalan que también habría manifestado que actuó después de que la joven le advirtiera que lo denunciaría por una presunta agresión sexual.

Esa declaración corresponde a la versión atribuida al investigado durante las diligencias policiales y deberá ser contrastada con las pericias y demás elementos incorporados al expediente.

Los investigadores también observaron lesiones en una de sus manos que, según la información policial difundida, podrían ser compatibles con un posible intento de defensa de la víctima.

Familia de Julieta pide justicia

Los familiares de la joven llegaron hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo y posteriormente acudieron a la sede policial para pedir que se esclarezca su muerte.

La familia recordó que Julieta trabajaba en una planta de chifles y que contribuía con los gastos de su hogar. Sus padres señalaron que la joven ayudaba a sus hermanos menores.

“Ella era buena, trabajaba para ayudarnos”, manifestó uno de sus familiares durante el reclamo por justicia.

Los deudos también realizaron un plantón y solicitaron apoyo para afrontar los gastos derivados del sepelio. Los restos de Julieta fueron finalmente trasladados al cementerio de la comunidad de Miluchaca, donde recibió el último adiós el domingo 20 de septiembre.

La investigación continúa a cargo de la Policía y el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar, mediante las pericias y demás diligencias, cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad que corresponde al adolescente investigado.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

La detención ocurrió después de que las autoridades determinaran que María Cristina fue víctima de una muerte violenta.

María Cristina murió por asfixia, determinan forenses

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, María Cristina Muñoz fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una vivienda relacionada con Jorge “N”, en el puerto de Veracruz.

Tras el hallazgo, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, donde personal médico determinó que había llegado sin signos vitales.

La investigación continuó con los estudios correspondientes para establecer las causas de la muerte. Los resultados emitidos por médicos forenses determinaron que María Cristina falleció como consecuencia de una asfixia.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio.

El señalado acudió este lunes a la audiencia inicial en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, donde un juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada.

La medida permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Ciudad Judicial se encuentra a pocos metros del departamento ubicado en la calle Alvarado, en su cruce con Jiménez Sur, inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados por las autoridades.

María Cristina era economista y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, institución educativa del puerto de Veracruz.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Colectiva convoca a protesta por justicia para María Cristina

Tras la detención de Jorge “N”, la colectiva feminista Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por el caso de María Cristina.

La organización llamó a solidarizarse con la víctima y su familia este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas.

A través de su convocatoria, la colectiva señaló que la movilización tiene como propósito acompañar a los familiares de María Cristina y exigir que el caso se conduzca con apego a la ley, la verdad y la justicia.

El llamado ocurre mientras el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la Fiscalía de Veracruz continúa con las diligencias para integrar la investigación.

El caso de María Cristina se suma a las investigaciones por muertes violentas de mujeres en la entidad, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad penal de Jorge “N”.

Por ahora, el acusado permanece privado de la libertad como resultado de la medida cautelar dictada durante la audiencia inicial, mientras continúa el proceso por el delito de feminicidio.

Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras ser capturado en la colonia Popular 89 de esa ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lo señala como presunto responsable del feminicidio de Marlen Vázquez Saavedra, activista y agente inmobiliaria de 37 años estrangulada por su concubino cuatro días antes, el 17 de septiembre, en su propio domicilio de la colonia Ampliación Moderna.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, precisó que el cuerpo fue trasladado y abandonado junto al vehículo de la víctima en un paraje solitario de la carretera libre Ensenada-Tijuana.

Jonathan Paul reportó la desaparición de Marlen ante la FGE

Fue el propio imputado quien presentó el reporte de desaparición de Marlen ante las autoridades el jueves 17 de septiembre. La Unidad de Búsqueda de Personas de la FGE inició las diligencias a partir de ese aviso.

Conforme avanzó la investigación, la fiscalía recabó evidencias que apuntaron directamente al denunciante. Andrade Ramírez explicó a los medios: “No se trató de la intervención de un grupo criminal como originalmente se había mencionado, no fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”.

La fiscal detalló la mecánica del crimen ante la prensa: “Después de una discusión, según las causas de la muerte, presentó asfixia mecánica por estrangulación; consideramos que la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”. El cuerpo fue hallado al día siguiente, la tarde del viernes 18 de septiembre, en el kilómetro 3.6 de esa vía carretera.

El cuerpo de Marlen apareció en el kilómetro 3.6 de la carretera libre Ensenada-Tijuana

El automóvil de la víctima, un Mazda 3 color gris, modelo 2016, con placas ALL3761, fue localizado en el fondo de una pendiente entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel. El cuerpo de Marlen estaba a escasos metros del vehículo, fuera del habitáculo.

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 17.00 horas. El operativo de búsqueda fue simultáneo en distintos puntos del municipio y contó con la participación de elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE.

La ficha de búsqueda emitida por la fiscalía el mismo 17 de septiembre describía a Marlen con una estatura aproximada de 1,65 metros y complexión regular. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa blanca y sandalias.

La fiscalía habilitó los números 9-1-1, 089 y una línea directa al (646) 152-25-00 para recibir información ciudadana durante la búsqueda. Esos canales permitieron a la Unidad de Búsqueda de Personas concentrar datos sobre el paradero del sospechoso en la periferia de la ciudad.

María Elena Andrade Ramírez: “Este crimen no va a quedar impune”

A raíz de los hechos, la FGE obtuvo una orden de aprehensión contra Jonathan Paul con base en las evidencias reunidas durante las diligencias. La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada.

Andrade Ramírez afirmó en un comunicado: “Este crimen no va a quedar impune”. La fiscal sostuvo que la institución cuenta con los elementos suficientes para formular imputación y sostener el proceso penal por feminicidio ante un juez.

Jonathan Paul y Marlen Vázquez eran concubinos y compartían la misma propiedad en la colonia Ampliación Moderna. La relación de convivencia y confianza entre ambos fue señalada por la fiscalía como el factor que facilitó el crimen.

El caso pasó de una investigación inicial por desaparición a un proceso por feminicidio en menos de cuatro días. La FGE lo tiene a cargo de la Unidad de Homicidios desde que la necropsia descartó un accidente y estableció el estrangulamiento como causa de muerte.

Marlen Vázquez Saavedra era identificada simultáneamente como atleta, promotora ambiental y asesora inmobiliaria. Su trabajo de protección de la vegetación nativa de Baja California la había convertido en una figura reconocida en la comunidad regional.

El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora la señaló públicamente como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. El 17 de septiembre había salido de su domicilio en la colonia Moderna con destino a esa zona para mostrar una propiedad a un cliente, y nunca llegó.

Tras dar con el responsable, Jonathan Paul quedó a disposición de la autoridad judicial tras su ingreso al CERESO de Ensenada. El órgano jurisdiccional deberá determinar su situación jurídica una vez que la FGE formule la imputación correspondiente.

La Fiscalía General de la Nación adelantó la acusación formal contra Carlos Mario Rodríguez Rosas por el feminicidio agravado y acceso carnal violento de Ana María Meza Rodríguez en el norte de Bogotá, bajo la hipótesis de que la agredió sexualmente y la arrojó desde un quinto piso tras una discusión.

El ente judicial acusó al implicado por la muerte de la mujer de 36 años, que ocurrió entre la noche del 24 de enero y la madrugada del 25 de enero de 2026 en Bogotá. Según el reporte, no se trató de un accidente ni de un suicidio, sino de una agresión física y sexual previa a la caída del cuerpo.

La acusación formal indica que Rodríguez Rosas atacó a la víctima dentro del apartamento 501 del edificio Ana Carolina, la asfixió, la accedió sexualmente y después lanzó su cuerpo hacia la rampa de ingreso al sótano. Con esas pruebas se desestimaron los argumentos de la defensa sobre una caída accidental.

El fiscal del caso afirmó que las pruebas que respaldan la acusación por acceso carnal violento y feminicidio agravado son contundentes. Durante la audiencia, el ente acusador presentó la relación entre ambos como un vínculo atravesado por violencia basada en género.

La reconstrucción expuesta por la Fiscalía indica que la pareja asistió primero a una reunión social y luego se trasladó al apartamento de Rodríguez Rosas con otras personas que terminaron por irse del lugar: “Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión”, especificó el reporte del ente judicial.

El fiscal sostuvo que en ese momento el procesado atacó a Ana María, la golpeó y la sujetó por brazos y muñecas, en un contexto de dominación y reproche por cómo llevaba su vida, por lo que terminó lesionándola.

La Fiscalía también sostuvo que la mujer sufrió maniobras de asfixia por sofocación, con obstrucción de boca y nariz, lo que le causó hipoxia cerebral aguda y una disminución progresiva de su capacidad de resistencia.

“El hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble”, puntualizó el informe.

Las pruebas con las que la Fiscalía descartó un accidente o suicidio

Uno de los ejes de la acusación son los hallazgos forenses y los testimonios que, según La FM, descartan las hipótesis de suicidio o accidente. La jueza citada por esa emisora sostuvo que la muerte de la víctima no podía valorarse como una precipitación voluntaria o accidental por las lesiones documentadas por Medicina Legal.

Entre esos hallazgos se encuentran los signos de asfixia, de pelea y defensa física, lesiones compatibles con sujeción o inmovilización y señales recientes de actividad sexual violenta. El fiscal agregó que no se halló un solo hematoma, sino múltiples lesiones no compatibles con la caída y consistentes, según la acusación, con una modalidad homicida compleja.

La declaración de Nancy del Carmen Arciniegas, vecina del edificio, también forma parte del expediente citado por La FM. La testigo aseguró que a las 11:52 p. m. Ana María salió sola del apartamento al ascensor, manipulaba su celular y no mostraba alteración física visible, antes de regresar segundos después al inmueble.

El citado medio indicó que esa versión fue corroborada con cámaras de seguridad del edificio. Según el expediente citado, los registros videográficos ubican la caída a las 12:23 a. m. del 25 de enero de 2026 desde la parte alta del edificio hacia la rampa de ingreso al sótano.

Camila Andrea Quintero, que ocupaba la habitación desde donde habría sido lanzada la víctima, declaró que ese día estaba en Tunja. También informó que Santiago Rodríguez, compañero de apartamento del acusado, dijo que salió del lugar hacia las 9:00 p. m. del 24 de enero y regresó a las 7:30 a. m. del día siguiente.

El contexto de violencia de género en la relación

En medio de la audiencia, el fiscal describió la relación como un entorno de control, dominación y agresiones contra la víctima: “Durante esa relación, Carlos Mario ejerció sobre Ana María actos reiterados de control, dominación y violencia”, afirmó el delegado, que también habló de insultos denigrantes, humillaciones por apoyo económico y violencia física.

La emisora Blu Radio citó la afirmación del fiscal en la que indicó que Rodríguez Rosas no pidió ayuda, no informó a la familia ni a las autoridades y permaneció en el apartamento mientras realizó actos para ocultar lo ocurrido y presentar la muerte como un supuesto suicidio.

El asesinato de la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez Jiménez, ocurrido en el municipio de Zapopan, Jalisco, “vuelve a poner en evidencia la falta de resultados” de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), de acuerdo con un comunicado difundido este viernes por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Un mecanismo vigente desde 2018 bajo cuestionamiento

Según la organización, Jalisco cuenta con una AVGM activa desde noviembre de 2018, la cual debería operar de manera permanente. Sin embargo, el OCNF sostuvo que su seguimiento y evaluación “no han tenido la continuidad ni transparencia necesarias” frente a la violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.

El caso de Pérez Jiménez, de 22 años, reabrió el debate sobre la efectividad de este mecanismo de protección en el estado.

Hallazgo del cuerpo y denuncias previas de inseguridad

El cuerpo de la joven fue localizado en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con el OCNF, la comunidad estudiantil de ese plantel ya había señalado previamente “condiciones de inseguridad” en la zona.

Entre las problemáticas reportadas por estudiantes, la organización enlistó:

• Falta de iluminación en trayectos que deben recorrerse prácticamente a oscuras.
• Ausencia o insuficiencia de banquetas.
• Poca vigilancia en las inmediaciones.
• Dificultades para acceder a transporte seguro.

“Estas denuncias no pueden ser ignoradas ni consideradas un problema menor”, señaló el OCNF, al advertir que mujeres transitan diariamente por el sitio donde fue localizado el cuerpo de Pérez Jiménez el pasado 16 de septiembre, dos días después de haber sido reportada como desaparecida.

Cifras de violencia contra mujeres en Jalisco

La organización recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de 2026 se registraron en Jalisco:

• 57 muertes violentas de mujeres.
• 15 casos clasificados como feminicidio.
• 42 casos catalogados como homicidio doloso.

El OCNF subrayó que Zapopan forma parte de los municipios incluidos tanto en la AVGM como en la estrategia estatal orientada a mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y fortalecer el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.

Llamado a reactivar la evaluación del mecanismo

Para la organización, la desaparición y posterior asesinato de la estudiante “obligan a cuestionar qué medidas de prevención y protección se están implementando y qué resultados se están produciendo”.

El OCNF recordó además que, desde que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) evaluó el cumplimiento de la AVGM en 2024, no se ha convocado nuevamente a este mecanismo para revisar avances y pendientes de la Alerta.

Por lo anterior, la organización exigió:

• Que la Secretaría de las Mujeres del Gobierno mexicano convoque de manera inmediata al GIM.
• Garantizar la participación de organizaciones peticionarias y expertas en dicho proceso.
• Que las autoridades locales transparenten los informes actualizados sobre el cumplimiento de las medidas de la Alerta.

Detención de un presunto responsable

El mismo viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de un sujeto identificado como Eduardo Isaac, señalado en relación con el asesinato de Pérez Jiménez, quien era originaria de Irapuato, Guanajuato. Hasta el momento de esta publicación, no se ha reportado información adicional sobre el proceso legal contra el detenido.

Un caso más en medio de las demandas por violencia de género

El feminicidio de Pérez Jiménez se suma a un contexto de creciente presión social para frenar la violencia contra las mujeres en México, luego del asesinato de la ciudadana española Claudia Tacoronte en el estado de Morelos.

A nivel nacional, y de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año se contabilizaron:

• 1,250 muertes violentas de mujeres en todo el país.
• 380 investigadas como feminicidio.
• 870 catalogadas como homicidio doloso.

Estos datos, señaló el OCNF, refuerzan la urgencia de que las autoridades revisen la efectividad de los mecanismos de alerta y protección vigentes, no solo en Jalisco, sino en las demás.

En Guerrero, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación tras los ataques del 17 de septiembre en Mochitlán y Quechultenango, donde pobladores retuvieron y agredieron a elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El saldo fue de tres vehículos oficiales con impactos de bala, ocho policías lesionados y dos civiles heridos.

En Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una mesa de trabajo en Mazatlán junto con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, en respuesta al repunte de homicidios registrado en el puerto.

En la frontera norte, la Agencia Nacional de Aduanas de México decomisó más de 1.357 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, en un cargamento que tenía como destino Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional también reportó la inhabilitación de cuatro drones en el marco de la operación binacional “Águila Alta” y la detención de un presunto operador de cruce ilegal de migrantes.

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó las declaraciones patrimoniales del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán —que habían sido reservadas hasta 2030— y las de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. A continuación, las noticias de este sábado.

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Policías de la PBI resguardan serpiente en el CETRAM Pantitlán

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resguardaron una serpiente localizada en un andén del CETRAM Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, tras un reporte ciudadano. Los oficiales acudieron al sitio con las precauciones correspondientes y, después de asegurar al ejemplar, coordinaron su traslado con personal especializado. El operativo permitió resguardar al reptil sin que se registraran incidentes entre los usuarios del complejo de transporte.

El reporte llegó a los oficiales de la PBI mientras realizaban labores de vigilancia dentro de las instalaciones del centro de transferencia modal. La comunicación con la corporación indicaba que un reptil se encontraba sobre el piso del andén B, uno de los puntos con mayor tránsito de usuarios en ese complejo.

Con esa información, los policías se trasladaron de inmediato al lugar señalado para verificar el reporte y evitar cualquier contacto entre el animal y las personas que circulaban por el andén.

Al llegar al sitio, confirmaron la presencia del ejemplar y procedieron a contenerlo. La corporación detalló que el aseguramiento se realizó “con las debidas precauciones”, medida que permitió resguardar al reptil sin poner en riesgo a los oficiales ni a los usuarios del CETRAM.

Tras el aseguramiento del animal, los elementos de la PBI establecieron comunicación con la instancia especializada en el manejo de fauna silvestre para solicitar apoyo técnico. La solicitud tuvo como objetivo coordinar el traslado seguro del ejemplar fuera de las instalaciones del centro de transferencia modal.

El personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) arribó posteriormente al CETRAM Pantitlán para hacerse cargo de la serpiente. La brigada realizó el traslado del ejemplar conforme a los protocolos establecidos para la atención y manejo de fauna silvestre en la ciudad.

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Chats atribuidos a Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía, describen preocupaciones previas sobre el comportamiento de Shenner José Rojas Lárez hacia la niña de nueve años.

Las conversaciones, conocidas por El Tiempo, serían entregadas a la Fiscalía General de la Nación para verificar su autenticidad, contexto y posible aporte a la investigación.

Los mensajes fueron intercambiados entre Rusmeiri González, pareja de Rojas Lárez, y una familiar del procesado identificada como Nebraska.

Según la información, las conversaciones abarcan desde julio hasta el 12 de septiembre, dos días antes de que el cuerpo de Ana Lucía González fuera hallado el 15 de septiembre en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, Bogotá.

El contenido deberá ser sometido a verificación judicial ya que no determinan por sí solos responsabilidades ni permiten establecer qué conocía cada una de las personas involucradas antes de la muerte de la menor.

En una conversación fechada el 27 de julio, Rusmeiri González manifestó preocupación ante una situación que ya la llevaba a considerar una denuncia.

“Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”, escribió.

En otro fragmento, la mujer aludió a la imagen que había proyectado de Rojas Lárez ante su entorno y al temor por la reacción de su familia.

“Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (...). Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”, señaló.

La familiar del procesado le propuso a Rusmeiri hablar con Ana Lucía para conocer qué ocurría. “Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”, le respondió, de acuerdo con los mensajes difundidos.

Rusmeiri sostuvo que ya había intentado conversar con la niña, pero que no logró avanzar por su reacción. “No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”, escribió.

Uno de los apartados que será objeto de análisis por parte de los investigadores contiene una apreciación de Rusmeiri sobre la conducta que atribuía a Rojas Lárez frente a Ana Lucía.

“Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”, manifestó en el intercambio conocido por el diario.

La Fiscalía deberá establecer si las conversaciones fueron enviadas por las personas que aparecen en ellas, cuál fue el contexto de cada mensaje y si existen otros elementos que permitan corroborar las situaciones descritas.

Parte de las conversaciones no fue divulgada por los medios que conocieron el material, con el fin de preservar la intimidad y dignidad de la niña.

Rusmeiri relató que Ana Lucía le habló de una presunta agresión

En una entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Rusmeiri González relató que notó a su hermana “rarita” y que le insistió para que le explicara qué ocurría. “Decime la verdad. Decime la verdad”, recordó que le dijo.

Según su versión, Ana Lucía tardó en hablar. Rusmeiri afirmó que la abrazó y trató de transmitirle seguridad: “Confía en mí, yo te voy a cuidar”.

La mujer aseguró que la niña le relató una presunta agresión ocurrida en el baño y que, después de escucharla, rompió en llanto. Por protección de la menor, este medio omite los pasajes de contenido sexual explícito relatados durante la entrevista.

Rusmeiri sostuvo que Ana Lucía le pidió no contar lo ocurrido. “Pero no le vas a decir que yo te dije”, habría expresado la niña, según el relato de su hermana. González afirmó que Ana Lucía le explicó que temía una represalia en caso de que revelara lo sucedido.

“Yo estaba en el baño”, me dijo (Ana Lucía). “Ajá”, le dije. “¿Qué pasó?” “Yo estaba en el baño y él entró. Yo había orinado ya, yo ya iba a salir. Cuando yo abrí la puerta, él entró y me empujó pa’l baño y me sentó en la poseta”, le había dicho la niña a Rusmeiri.

“Y yo como que mi cabeza enseguida explotó y yo quería saber ya todo rápido. Me dice: “Ya, me mostró su cosa”. Y yo ahí fue cuando reventé en, en llantos, porque yo nunca imaginé que él fuera capaz de hacer algo así“, relató Rusmeiri.

Rojas Lárez permanece privado de la libertad y enfrenta una imputación por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. No aceptó los cargos, según la información judicial conocida hasta ahora.

La Fiscalía sostiene que el hombre habría trasladado a Ana Lucía desde Mosquera hasta Bogotá tras una discusión con Rusmeiri González. Medicina Legal deberá establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existieron hechos de violencia sexual antes del fallecimiento.

La menor había viajado desde Ocosingo a la capital chiapaneca para pasar los días festivos con sus familiares. Se hospedaba en la casa de una tía, a unos 100 metros de la vivienda donde residía su hermana con el adolescente señalado por el crimen.

Jazmín salió alrededor de las 20:00 horas del miércoles y ya no regresó. Sus familiares iniciaron una búsqueda después de perder contacto con ella y la localizaron tirada, sin signos vitales, en un terreno baldío.

Los primeros informes indicaron que el joven merodeaba la vivienda de la tía antes de que la niña saliera. Las cámaras de vigilancia permitieron ubicar al probable responsable, quien fue detenido por las autoridades.

La Fiscalía indaga agresión sexual, golpes y estrangulamiento

El cuerpo de la víctima presentaba signos de agresión sexual, múltiples lesiones y marcas de estrangulamiento, de acuerdo con las autoridades que acudieron al sitio donde fue localizada. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió las indagatorias para esclarecer el asesinato.

Una versión inicial del caso identificó a la menor como Lizbeth, también de 12 años, y señaló a Agustín “N”, esposo de su hermana, como el agresor. La información posterior la nombró como Jazmín Alejandra y ubicó al probable responsable como un adolescente de 17 años.

La discrepancia en el nombre de la víctima y la identidad del detenido no había sido aclarada oficialmente. La Fiscalía tampoco había informado la imputación concreta ni los avances periciales sobre el caso.

De confirmarse la responsabilidad penal del adolescente, el proceso quedaría sujeto al sistema especializado para personas menores de edad. Las primeras versiones señalaron que podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión, aunque la autoridad no había confirmado esa posible sanción.

Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Chiapas

El asesinato de Jazmín Alejandra ocurrió durante un periodo en el que también fue localizada sin vida Elizabeth “N”, una joven originaria del barrio Santa Lucía, en el municipio de El Bosque. Ambos casos se registraron en menos de 24 horas durante los festejos por el Grito de Independencia.

Elizabeth salió de su casa para participar en las celebraciones, pero no regresó. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del panteón municipal con lesiones en distintas partes del cuerpo y señales de una presunta agresión sexual.

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas condenó los dos asesinatos y los calificó como parte de una “ola de violencia feminicida” en la entidad. La agrupación exigió justicia expedita y que los responsables no queden impunes.

La colectiva informó que, de enero a la fecha de los hechos, contabilizaba 29 feminicidios en Chiapas. La cifra incluye casos registrados antes del hallazgo de Jazmín Alejandra y Elizabeth.

Chiapas registró 27 casos de feminicidio hasta el 1 de septiembre

Durante todo 2025, la fiscalía chiapaneca abrió 31 carpetas de investigación por 32 víctimas de feminicidio. Tuxtla Gutiérrez concentró el mayor número de casos ese año, con cuatro mujeres asesinadas.

Entre enero y el 1 de septiembre de 2026, la misma dependencia registró 27 casos. Tapachula acumuló cinco víctimas en ese periodo, la cifra más alta entre los municipios del estado.

Con cuatro meses aún por transcurrir en el año, los registros de 2026 se acercaban a los contabilizados durante todo el año anterior. Los asesinatos de la niña en Tuxtla Gutiérrez y de la joven en El Bosque ocurrieron después del corte estadístico del 1 de septiembre.

Hasta ese momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no había esclarecido oficialmente ninguno de los dos asesinatos ni emitido un pronunciamiento público con los resultados de las investigaciones.

La detención de Francisco Javier “N”, presunto responsable del feminicidio de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, no resuelve las exigencias de justicia, seguridad y la violencia contra las mujeres en Morelos, acusaron organizaciones y colectivas vinculadas con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM).

En publicaciones difundidas en Instagram, 50+1 México, Colectiva Heóricas e Históricas y Morritas UAEM sostienen que el proceso debe continuar y exigen que la capacidad institucional se aplique antes de que otra mujer sea asesinada.

50+1 México reconoce la detención de Francisco Javier “N”, a quien las autoridades señalan como probable responsable del feminicidio de Claudia.

La agrupación indica que la investigación y el proceso deben continuar con debida diligencia, perspectiva de género y respeto al debido proceso hasta el esclarecimiento total de los hechos.

Las responsabilidades de la Universidad y el Estado

50+1 México plantea que el caso de Claudia no puede revisarse de forma aislada. La organización señala que, desde abril de 2025, Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia, estudiantes vinculadas con la UAEM, son víctimas de violencia feminicida.

La agrupación sostiene que esta realidad requiere respuestas estructurales y coordinadas. También coincide con el llamado de rectoras y mujeres universitarias del país para distinguir las responsabilidades de cada institución.

Según 50+1 México, la Universidad debe fortalecer sus mecanismos de prevención, protección, atención y acompañamiento. La seguridad pública, la investigación de delitos y la procuración de justicia corresponden a las autoridades del Estado.

La organización respalda la institucionalidad universitaria y el liderazgo de las mujeres. Aclara que esta postura no exime a la Universidad de sus obligaciones ni desconoce las demandas de las estudiantes.

“Cada institución debe responder por aquello que está bajo su responsabilidad, sin trasladar a una sola persona la carga de una crisis estructural”, expone la organización en su pronunciamiento.

Colectiva cuestiona que la captura sea un logro

Colectiva Heóricas e Históricas dirige un mensaje a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que las autoridades confirman la detención del presunto feminicida de Claudia.

La colectiva sostiene que la noticia no detendrá sus exigencias. “No piensen ni por un segundo que con esta noticia nos van a parar”, expresa en su publicación.

La agrupación cuestiona que la captura sea presentada como un logro. Para sus integrantes, un resultado sería que Morelos recupere la paz y que el estado deje de ser “un cementerio enorme”.

“La gente está harta de vivir con miedo y es su trabajo garantizar nuestra seguridad”, señala la colectiva al referirse a las autoridades.

También afirma que la detención muestra que las instituciones cuentan con recursos y capacidad cuando el caso recibe atención pública. La colectiva compara esta respuesta con el caso de Maylín, en el que, según su publicación, las autoridades tardaron un año en detener al agresor.

Morritas UAEM exige esclarecer la atención de emergencia

Morritas UAEM se suma a las exigencias de justicia y a que el proceso continúe con transparencia. La colectiva coincide en que la detención no elimina las preguntas formuladas desde el primer día.

La organización cuestiona que las autoridades les hayan informado sobre coordinación, patrullajes y atención inmediata mientras ellas salían a las calles para exigir respuestas, justicia y seguridad.

La colectiva refiere testimonios de personas que estuvieron en el lugar y hablaron de una espera de entre 25 y 40 minutos para la llegada de la ambulancia y la policía. “¿Entonces sí se podía?”, pregunta.

Morritas UAEM cuestiona por qué estudiantes y colectivas tuvieron que gritar, marchar, señalar y exigir para que las instituciones reaccionaran, si fue posible identificar, localizar y detener al presunto responsable.

La organización advierte que no permitirá que la detención se use para cerrar públicamente el caso ni para terminar con las preguntas pendientes. También plantea si la rapidez se relaciona con que Claudia era extranjera y el caso alcanzó una dimensión que las autoridades ya no pudieron ignorar.

“No lo sabemos”, señala la colectiva. “Pero sí sabemos que hay miles de mujeres víctimas de feminicidio en Morelos y en todo el país cuyas familias llevan meses o años esperando justicia, sin respuestas, sin detenidos y, muchas veces, sin siquiera ser escuchadas”.

Morritas UAEM sostiene que la detención no puede ser un instrumento para callarlas, tapar preguntas o hacer que dejen de exigir. La colectiva celebra que exista una respuesta para Claudia, pero pregunta cuándo llegará la justicia para las demás víctimas.

“Una detención no devuelve su vida. Una detención no explica las contradicciones sobre la atención de emergencia. Una detención no garantiza que ninguna otra estudiante sea asesinada”, expone.

La agrupación recuerda que, mientras Claudia era asesinada, hubo personas que salieron a perseguir al agresor y a pedir auxilio. Por ello, demanda que los testimonios públicos sobre lo ocurrido y los tiempos de respuesta sean esclarecidos.

“Nosotras no estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo que hagan su trabajo”, señala Morritas UAEM.

La colectiva exige que los recursos, la coordinación, las cámaras, la inteligencia y la capacidad para localizar a un presunto feminicida existan antes de que otra mujer sea asesinada.

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

Karla, originaria de Irapuato, Guanajuato, permanecía desaparecida desde el lunes 14 de septiembre. Su cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue encontrado a pocos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

La fiscalía estatal informó que el señalado es investigado por la muerte de Karla, a quien trasladó hasta una brecha en el poblado de Las Agujas, luego de brindarle un servicio de transporte privado mediante una plataforma digital. De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, el hombre realizó diversas acciones contra la víctima y posteriormente, le privó de la vida.

La detención fue resultado de un operativo que combinó labores de campo, acciones de inteligencia y trabajo de gabinete. Los agentes desplegaron las capacidades institucionales disponibles para ubicar al hombre señalado por el crimen, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal.

En el lugar del hallazgo, la víctima todavía vestía un uniforme quirúrgico azul y una bata blanca. Las autoridades también localizaron una motocicleta completamente calcinada, cuya relación con los hechos permanecía bajo análisis.

La investigación mantiene reservados detalles del caso

El teléfono celular de Karla y la motocicleta fueron incorporados como indicios para determinar cómo ocurrieron los hechos. El área pericial revisaba ambos elementos junto con el resto de las pruebas recabadas en el perímetro.

La captura estuvo a cargo de agentes de Investigación adscritos a la Comandancia de Feminicidios de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (ViEMNNA).

La Fiscalía de Jalisco no informó el punto exacto donde fue aprehendido Eduardo Isaac “N” ni dio a conocer el posible móvil del feminicidio. La dependencia explicó que mantendría bajo reserva esos datos para no afectar el debido proceso.

La Fiscalía señaló que ofrecería más detalles conforme avanzaran la investigación complementaria y el proceso judicial contra el imputado.

• La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez.
• La estudiante de Medicina fue localizada sin vida en Nextipac, Zapopan, tras permanecer desaparecida desde el lunes 14 de septiembre.
• Una motocicleta calcinada y el teléfono celular de la joven quedaron bajo análisis pericial.

Las palabras de su familia

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido en Cuautla, Morelos, después de que un ciudadano lo reconociera en la vía pública y alertara a la policía. La Fiscalía estatal anunció que buscará una pena de hasta 70 años de prisión.

El hombre, de 37 años, ya contaba con antecedentes ante las autoridades antes del asesinato de Claudia. De acuerdo con el historial criminal presentado tras su captura, había sido detenido en cinco ocasiones y había ingresado en igual número de veces a la cárcel distrital de Cuautla.

En 2007 fue detenido en dos ocasiones por el delito de robo calificado. Tres años después, en 2010, volvió a ser arrestado, esta vez por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.

En 2023 enfrentó una nueva detención por allanamiento de morada, lesiones y amenazas.

Ese historial antecede a la investigación que ahora enfrenta por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el sábado pasado en Cuautla.

Lo reconocieron en La Alameda

La captura de Meléndez ocurrió después de que un ciudadano asegurara haberlo identificado mientras caminaba por el centro de Cuautla.

El hombre publicó en Facebook un aviso en el que alertaba que había visto al presunto responsable del asesinato de la estudiante española en la zona de La Alameda. También proporcionó una descripción de su vestimenta y advirtió que el sospechoso se había rapado.

El mensaje fue publicado alrededor de las 17:24 horas y, cerca de las 18:00 horas, comenzó a difundirse información sobre la detención de Meléndez.

La captura fue confirmada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre el aseguramiento del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio.

Tras ser detenido, Meléndez quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Fiscalía señala el robo del celular como móvil

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, de acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el robo del teléfono celular de Claudia Tacoronte.

El fiscal explicó que la joven había acudido a la Casa de Cultura de Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional.

El sábado, alrededor de las 20:00 horas, Claudia salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue en ese lugar donde habría ingresado el ahora detenido y ocurrido la agresión que terminó con la muerte de la estudiante.

La Fiscalía descartó que, con base en las investigaciones realizadas hasta ese momento, se tratara de un ataque de índole sexual.

Blumenkron Escobar adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión, al considerar que en el caso se configuran las circunstancias de violencia extrema contempladas para el delito de feminicidio.

La solicitud de la Fiscalía deberá ser analizada dentro del proceso judicial y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal del acusado y, en su caso, la sanción aplicable.

“La detención no significa que el caso está cerrado”

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Claudia Tacoronte y señaló que la captura del sospechoso no representa el cierre de la investigación.

La mandataria sostuvo que deberán esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley.

En tanto, las autoridades estatales destacaron la coordinación con el gabinete de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, además de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, rechazó señalamientos relacionados con una supuesta respuesta tardía de la policía y de los servicios de emergencia, y afirmó que las corporaciones habían mantenido patrullajes de vigilancia en la zona.

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a Morelos para realizar el reconocimiento correspondiente y solicitar información sobre los últimos momentos de la joven. También se esperaba la presencia del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero.

Según la jurista, la eventual condena para el también venezolano podría llegar a 60 años de prisión si se prueban los delitos sexuales que investiga la Fiscalía General de la Nación.

El caso comenzó con la desaparición de la menor, informada el lunes 14 de septiembre en el sector de Porvenir Río, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. La investigación permitió reconstruir parte de sus últimas horas y llevó a la captura de Rojas Lárez, de 29 años, durante la noche del miércoles 16 de septiembre en Los Mártires (Bogotá), por orden judicial.

Castillo señaló que los delitos anunciados de forma preliminar por la Fiscalía son homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

No obstante, la abogada sostuvo que la edad de Ana Lucía tendrá un peso central en el proceso penal.

“Tratándose de una niña de tan solo nueve años, solo el homicidio puede representar una pena de hasta 50 años de prisión”, explicó Castillo al detallar que, si las autoridades acreditan las conductas sexuales, se aplicarían las reglas del concurso de conductas punibles, un mecanismo que permite acumular las sanciones dentro de los límites previstos por la legislación colombiana.

La penalista indicó que el eventual concurso de delitos podría elevar la pena hasta el máximo de 60 años de prisión. “Si además se acreditan los delitos sexuales, entrarían a operar las reglas del concurso de conductas punibles y la pena podría incrementarse hasta alcanzar el límite de 60 años de prisión”, afirmó.

Castillo también se refirió a una de las discusiones que surgieron tras conocerse el crimen y que confirmó la propia Fiscalía luego de la judicialización de Rojas Lárez: que la muerte de la menor sea investigada como feminicidio. En este punto, la jurista aclaró que la condición de mujer o niña de la víctima no basta, por sí sola, para que se configure ese delito.

De acuerdo con la abogada, el feminicidio exige demostrar que la muerte ocurrió por razones de género, por la condición de mujer de la víctima o por circunstancias asociadas a su identidad de género. El artículo 104A del Código Penal colombiano contempla varios escenarios para establecer dicho contexto.

Entre ellos figuran la existencia de una relación familiar, íntima o de convivencia con antecedentes de violencia; actos de dominación o instrumentalización; amenazas previas y la privación de la libertad antes del homicidio. “Los investigadores tendrán que reconstruir no solamente cómo murió la niña, sino qué ocurrió antes de su fallecimiento”, sostuvo la jurista.

La determinación dependerá de los elementos que recojan los investigadores, entre ellos los resultados de medicina legal, los registros de cámaras de seguridad, los testimonios y la información que permita establecer qué ocurrió entre la desaparición de Ana Lucía y el hallazgo de su cuerpo en Ciudad Bolívar.

Las cámaras registraron el recorrido previo a la desaparición de Ana Lucía González

Según los detalles conocidos del caso en diversas entrevistas que ofreció el alcalde de Mosquera Nelson Parra, Rojas Lárez sostuvo una discusión con su expareja Rusmery González, que es la hermana mayor de Ana Lucía González.

La mujer acudió a un Comando de Atención Inmediata (CAI) cercano para denunciar que el hombre se había quedado con documentos de ella, de su hijo de 2 años y de su hermana menor.

Durante ese lapso, de acuerdo con la información preliminar, el detenido se llevó a la niña en una motocicleta hacia el sector de Casandra, en la localidad de Fontibón, un punto limítrofe con Porvenir Río (entre Mosquera y Bogotá). Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que salió con la menor.

Minutos después, Rojas Lárez habría regresado a Mosquera en el mismo vehículo, pero sin Ana Lucía. Ese recorrido integra el material que deberán valorar la Fiscalía y la defensa dentro del proceso judicial.

Shenner José Rojas Lárez fue judicializado: por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años

La madrugada del viernes 18 de septiembre un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Shenner José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados.

Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, no aceptó los cargos durante la audiencia concentrada ante un juez de control de garantías.

El ente acusador sostuvo que el caso correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra la madre de la menor, que era pareja del procesado y hermana de la víctima. Esta conclusión hace parte de los elementos recogidos por los investigadores y deberá ser debatida durante el proceso judicial.

La decisión de privarlo de la libertad se produjo después de que la Fiscalía expuso ante el juez la reconstrucción preliminar de los hechos, los resultados de los análisis forenses y las actividades de policía judicial que vinculan al detenido con la desaparición y posterior muerte de la niña.

La Fiscalía señala que la niña fue llevada de Mosquera a Fontibón

De acuerdo con la información oficial, los hechos comenzaron el 14 de septiembre en un inmueble de Mosquera, Cundinamarca, donde residían Rojas Lárez, su pareja y la menor. Ese día, el hombre habría sostenido una discusión con la mujer, hermana de Ana Lucía González.

Según el ente acusador, durante el altercado el procesado asumió una actitud violenta y causó daños dentro de la vivienda. La mujer se dirigió a un Comando de Atención Inmediata (CAI) para pedir apoyo de la Policía Nacional.

En ese lapso, el hombre habría sacado a la niña del inmueble y la habría transportado en una motocicleta. La investigación indica que la llevó hasta un predio de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía sostiene que la menor permaneció allí antes de ser trasladada, al día siguiente, hacia el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. El cuerpo de Ana Lucía fue localizado durante la tarde del 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de ese sector.

Medicina Legal determinó que la muerte ocurrió por asfixia

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la niña murió por asfixia, según informó la Fiscalía. La entidad señaló que esa conclusión hace parte de los elementos que sustentaron la imputación por feminicidio agravado.

Las labores de los investigadores también permitieron establecer, de forma preliminar, que la menor habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual en ocasiones anteriores mientras se encontraba al cuidado de Rojas Lárez.

La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá asumió la judicialización del caso, y una fiscal de esa dependencia presentó al hombre ante el juez y formalizó la imputación.

El juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Shenner José Rojas Lárez, durante una audiencia, se declaró inocente de los cargos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Ana Lucía González. La menor, de 9 años, había sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, y su cuerpo fue encontrado 24 horas después dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que el crimen fue cometido como represalia contra la hermana mayor de la víctima, que mantenía una relación sentimental con el acusado. Las investigaciones también apuntan a que la menor habría sufrido agresiones y conductas sexuales durante ocasiones anteriores en las que estuvo bajo el cuidado de Rojas Lárez.

“Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez. Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera”, expuso el ente investigativo.

Según la acusación, el hombre de 29 años discutió con su pareja el 14 de septiembre de 2026 en la vivienda que compartían en Mosquera y ella acudió a un CAI tras un episodio de violencia. La Fiscalía afirma que él aprovechó su ausencia para llevar a la niña en motocicleta hasta Fontibón y que al día siguiente la trasladó al barrio JJ Rondón, donde la habría asfixiado.

“Subió a la niña en una moto desde Mosquera la trajo a Bogotá, en la localidad de Fontibón, en donde la deja esa noche del 14 de septiembre y después, el 15 de septiembre, recoge a la niña y la lleva al barrio JJ Rondón, en el sur de la capital, en donde perpetró el asesinato mediante asfixia”, explicó el organismo acusador durante la diligencia.

Rojas Lárez fue imputado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados, y la Fiscalía solicitó que sea enviado a prisión. Ante la petición, el juez del caso ordenó que el presunto responsable fuese recluido en un centro penitenciario.

Habló expareja del presunto asesino de la niña Ana Lucía González en Bogotá, reportada como desaparecida en Mosquera

Rusmery González, hermana de la víctima, señaló a José Rojas Lárez como la última persona que estuvo con Ana Lucía antes de que se perdiera su rastro. El hombre fue capturado el 16 de septiembre de 2026 en Bogotá y la Fiscalía General de la Nación investiga su posible responsabilidad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza los procedimientos para establecer la causa y la fecha de muerte de la menor. La investigación judicial también deberá reconstruir lo ocurrido desde la desaparición de la menor.

La niña vivía en Venezuela y estaba de vacaciones en Colombia desde hacía cerca de tres meses. La familia tenía previsto regresar a ese país durante la semana en que desapareció, relató Rusmery a Caracol Radio.

Conforme a sus declaraciones, las cámaras de seguridad registraron a Rojas Lárez mientras se desplazaba con Ana Lucía. “Yo tenía sospechas de él y ahora aclaró que sí fue él porque fue la última persona con la que fue vista la niña”, dijo.

La discusión por celos y la ruptura de la relación

Rusmery González afirmó que había terminado su relación con José Rojas Lárez cuatro semanas antes de la desaparición de su hermana. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2026 ambos discutieron por un mensaje que ella recibió de otro hombre y que, según su relato, su expareja leyó en su teléfono celular.

El hombre reaccionó con violencia y rompió objetos, dijo la mujer a Citytv frente a la sede de Medicina Legal en Bogotá: “Él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre, entonces él reacciona de una manera muy violenta, empieza a romper las cosas”.

Durante la discusión, Rusmery aseguró que Rojas Lárez tomó sus documentos, sus pertenencias, los documentos de Ana Lucía y de su hijo, además de su teléfono. También afirmó que le pidió varias veces que abandonara el apartamento, pero él se negó.

La mujer contó que bajó desde el cuarto piso con sus hijos y cargó en brazos al niño de dos años. A Ana Lucía le indicó que fuera a una panadería ubicada en una esquina, donde habitualmente había policías, y les pidiera ayuda.

“Yo le digo a la niña: Anda para allá y le dices al policía que te ayude”, recordó. Rusmery no alertó entonces sobre una posible desaparición porque planeaba viajar a Venezuela y no anticipó que el conflicto pudiera afectar a su hermana menor.

El cuerpo de una mujer reportada como desaparecida fue localizado dentro de costales en un área boscosa del municipio de San Juan Chamelco, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

La víctima fue identificada como Telma Estela Cuc Paau, de 44 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de septiembre.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de un río en la aldea Qeqxibaal, luego de que una llamada telefónica de emergencia movilizara a los socorristas de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd).

El portavoz de la entidad humanitaria, Edwin Xeper, detalló que tras verificar la presencia de los restos mortales en la zona, los socorristas coordinaron las acciones de los peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Familiares de la víctima habían difundido previamente una Alerta Isabel-Claudina en plataformas digitales para facilitar su búsqueda, un mecanismo oficial orientado a la ubicación expedita de mujeres adultas desaparecidas en la nación.

Las Alertas Isabel-Claudina registran un promedio de cinco desapariciones diarias de mujeres en Guatemala

La muerte de Cuc Paau en San Juan Chamelco pone de manifiesto la magnitud del problema en el país centroamericano. Según registros del Observatorio de la Mujer del MP, en Guatemala se activan cerca de cinco Alertas Isabel-Claudina cada día.

En lo que va del año se contabilizan más de 800 alertas, con un 89% de efectividad en la localización de mujeres con vida, mientras que un 2,3% aparecieron sin vida.

El departamento de Alta Verapaz figura entre los territorios del interior con mayor prevalencia de reportes, junto a Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.

La violencia intrafamiliar y los abusos de género constituyen las causas principales de desaparición y feminicidio

Los análisis de la Fiscalía de la Mujer revelan que la violencia intrafamiliar, las agresiones físicas y los abusos sexuales son los desencadenantes predominantes de las desapariciones de mujeres.

Los datos institucionales indican que más del 55% de los casos ocurren en contextos de violencia machista, y un 18% de las víctimas contaba con denuncias previas por maltrato.

Mandos de la PNC explicaron que en múltiples situaciones las mujeres optan por huir de sus viviendas, a menudo en compañía de sus hijos menores de edad, debido a agresiones constantes dentro del núcleo familiar.

Las autoridades atribuyen el hallazgo de cuerpos en costales y sábanas a la acción de estructuras criminales

La localización de restos ocultos en costales, bolsas de nailon y sábanas representa una tendencia recurrente en la actividad criminal guatemalteca.

Investigaciones del MP e informes de la PNC reportan más de 90 cadáveres encontrados en estas condiciones durante los últimos meses.

Las autoridades policiales vinculan el 99% de los casos identificados a rencillas internas, disputas territoriales y reestructuraciones ejecutadas por estructuras criminales ligadas al narcomenudeo, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Por su parte, los dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que la asfixia por estrangulación y los traumas contusos son las causas de muerte más comunes en este tipo de hallazgos.

Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, fue localizada sin vida la mañana del jueves 17 de septiembre dentro del departamento que rentaba mediante Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de un homicidio ni han informado una causa oficial.

Nataly Osma Pinilla salió con una amiga antes de morir

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Nataly salió con una amiga durante la tarde y noche del miércoles 16 de septiembre, en el contexto de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

Después de la salida, ambas regresaron al departamento donde se hospedaban. La mañana siguiente, Nataly fue encontrada sin vida sobre una cama del inmueble.

Los primeros reportes indican que la joven no presentaba lesiones visibles. Cerca de su cuerpo también fueron localizados restos de vómito, un indicio que deberá ser examinado por especialistas y que, por sí solo, no permite establecer qué provocó su muerte.

¿Qué encontraron en el Airbnb?

Durante la inspección del departamento, las autoridades localizaron el pasaporte, identificaciones y otras pertenencias personales de Nataly Osma Pinilla.

Los objetos permanecían dentro del inmueble, por lo que hasta ahora no existe información que confirme un robo como explicación del fallecimiento.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la joven colombiana, desde su salida con su amiga hasta el momento en que fue localizada sin vida.

La ausencia de lesiones visibles y los indicios encontrados en el departamento tampoco permiten determinar si se trató de una causa médica, un accidente o un hecho relacionado con algún delito. Para establecerlo serán fundamentales los estudios periciales y las diligencias ministeriales.

Fiscalía de CDMX investiga la muerte de la joven colombiana

La FGJCDMX realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

Hasta la publicación de esta información, la Fiscalía no había difundido una causa oficial de muerte. Por ello, las versiones que circulan sobre lo ocurrido deben considerarse preliminares hasta que las autoridades concluyan los estudios correspondientes.

También se estableció contacto con representantes de Colombia para atender los procedimientos derivados del fallecimiento de la ciudadana colombiana.

El caso de Nataly ocurre tras otros fallecimientos de extranjeros

La muerte de Nataly Osma Pinilla ocurre pocos días después de que otro caso involucrara a una ciudadana extranjera en México: Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos.

También se han registrado otros casos de extranjeros fallecidos en distintas circunstancias en el país, incluidos ciudadanos colombianos y una turista canadiense que murió durante un tiroteo en abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Sin embargo, no existe información pública que permita relacionar esos hechos con la muerte de Nataly Osma Pinilla.

La investigación permanece abierta. Hasta que concluyan los estudios periciales, las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió dentro del Airbnb de la alcaldía Cuauhtémoc ni cuál fue la causa del fallecimiento de la joven colombiana.

Francisco Javier “N”, alias El Trompas, se rapó la cabeza tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera para evadir a las autoridades, sin embargo, el sospechoso fue detenido el jueves 18 de septiembre en una frutería del centro de Cuautla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura y difundió una fotografía del detenido. “Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos”, señaló el funcionario federal.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar explicó en conferencia de prensa que el sospechoso se rapó tras el crimen como maniobra para evadir a las autoridades. “Consideramos que sí lo hizo. Las imágenes que nosotros teníamos en las cámaras, lo que teníamos en la investigación, sí, hizo esa maniobra, esa acción para poder tratar de evadir”, declaró.

La comparación entre la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y las imágenes de su detención confirma el cambio: en la ficha aparece con cabello abundante y barba de candado; al momento de su captura se le ve completamente rapado y sin vello facial.

Blumenkron confirmó que Meléndez Alguera ya contaba con antecedentes penales por robo y robo a casa habitación, con al menos cinco carpetas previas. La primera sentencia que compurgó data de 2010 o 2012 aproximadamente, cuando estuvo recluido en el penal de Cuautla.

“Considero por el récord criminal que hemos observado, que hemos checado con los registros oficiales, que empezó esta actividad delictiva ya hace muchos años”, explicó el fiscal.

Agregó que la Fiscalía evalúa si existen más carpetas de investigación abiertas contra el detenido para tramitar órdenes de aprehensión adicionales por otros delitos.

Confesó el robo pero dijo no recordar el ataque

El sujeto fue capturado mientras realizaba compras en la vía pública, en un local con lona naranja ubicado dentro del Mercado Hermenegildo Galeana, conocido como Mercado Nuevo de Cuautla, cerca de la avenida Insurgentes.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento de su traslado bajo custodia policial, atado de manos en la batea de una camioneta. El papel de los ciudadanos fue vital para la detención, luego de que testigos proporcionaran direcciones y señas a través de un canal de WhatsApp que se habilitó.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que al momento de la detención el sospechoso fue sometido a un examen físico y no se encontró que hubiera consumido drogas o alcohol. El funcionario también descartó de forma tajante cualquier móvil sexual en el ataque, luego de que un reportero cuestionara sobre versiones de medios españoles que hablaban de una “agresión machista”. “No hay ningún tema de carácter sexual, eso está descartado”, afirmó.

De acuerdo con información publicada por Carlos Jiménez, el detenido admitió haber asaltado a Claudia Tacoronte con el propósito de obtener dinero para comprar droga. Sin embargo, aseguró que no recuerda el momento en que la atacó con el arma blanca que le provocó la muerte.

El Trompas fue ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, donde permanece a la espera de su audiencia inicial. En dicha audiencia, el Ministerio Público especializado formulará la imputación formal en su contra por el delito de feminicidio en agravio de la estudiante española.

Así reconstruyó la Fiscalía la cronología del feminicidio

En la conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, Blumenkron detalló minuto a minuto la secuencia del ataque. Claudia llegó un día antes a la Casa de la Cultura de Cuautla, realizó actividades normales y permaneció en el recinto hasta la noche siguiente, cuando salió tras cenar, alrededor de las 20:00 horas.

La joven se dirigió al estacionamiento exterior del recinto, un espacio abierto donde se puso a fumar un cigarro y habló por teléfono. Fue en ese momento cuando Meléndez Alguera entró al estacionamiento y la atacó. El fiscal precisó que el móvil inicial fue el robo del teléfono celular de la víctima, pero que las lesiones infligidas permiten clasificar el crimen como feminicidio conforme al Código Penal del Estado.

Sobre el tiempo de respuesta de las autoridades, un representante de seguridad presente en la conferencia detalló que la patrulla tardó siete minutos en llegar tras recibirse la alerta en el C5, y que la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos después. Negó que la zona hubiera estado sin vigilancia, aunque reconoció la falta de alumbrado en el lugar.

“Esta detención no significa que el caso está cerrado. Se tiene que esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades conforme a la ley”, afirmó la gobernadora.

Blumenkron anunció que en las horas posteriores a la detención se realizarían cateos para buscar el arma homicida, el celular robado y prendas de la víctima como parte de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que buscará la pena máxima para el procesado, que podría alcanzar hasta 70 años de prisión conforme al Código Penal del Estado.

El cuerpo de Claudia será entregado a su familia este viernes

La Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo de la estudiante española será entregado a su familia este viernes 18 de septiembre.

Sobre las repercusiones dentro de la UAEM, la gobernadora aseguró no tener confirmación de que otras universidades, además de la Universidad de Granada, hayan manifestado intención de suspender sus programas de intercambio con la institución morelense. Destacó que la UAEM recibe alumnos de intercambio de distintas partes del mundo mediante múltiples convenios académicos.

González Saravia también reveló que se reunió con colectivos feministas que protestaron durante el desfile del 15 de septiembre, con el propósito de construir de manera coordinada un plan estatal de seguridad y protección para las mujeres.

Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La joven cursaba un intercambio académico en la UAEM desde mediados de agosto, como parte de su formación en Educación Infantil en la Universidad de Granada.

“Nos duele profundamente como Estado, como gobernadora”, afirmó la mandataria, quien señaló que el gobierno estatal ha hecho llegar sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de la joven.

Durante sus declaraciones, González Saravia destacó que la captura fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

Mencionó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Margarita González: la detención por el caso de Claudia Tacoronte no cierra el caso

La gobernadora insistió en que la detención de Francisco Javier “N”, identificado también como “El Trompas”, representa un avance, pero no el cierre del expediente.

González Saravia sostuvo que todavía deben esclarecerse las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y determinar las responsabilidades conforme a la ley. También afirmó que el gobierno estatal mantendrá la investigación y que en Morelos no habrá impunidad en los casos de feminicidio.

La mandataria agregó que cualquier caso de este tipo debe ser investigado y esclarecido para hacer justicia a las familias afectadas.

Tras sus declaraciones, cedió la palabra al fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien posteriormente dio detalles sobre el proceso contra el detenido.

Gobernadora señala que el ataque ocurrió durante un robo

En entrevista con EFE, González Saravia explicó que, de acuerdo con la información que las autoridades tienen hasta ahora, el presunto agresor no tendría vínculos con el crimen organizado.

La gobernadora señaló que se trataría de un “delincuente común” y planteó como posible móvil un robo. Según su explicación, habría ocurrido un forcejeo y, cuando la joven gritó, el hombre la habría agredido.

Estas declaraciones forman parte de la versión expuesta por la mandataria sobre las circunstancias del crimen, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer formalmente los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Claudia Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La estudiante española residía en Cuernavaca y el 12 de septiembre acudió a la Feria Nacional de Medicina Tradicional en Cuautla, donde fue asesinada con un arma blanca.

Entre los elementos utilizados para identificar al sospechoso estuvieron testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. En ellas habría sido captado un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos alejándose de la zona.

Estos son los principales datos del caso:

• Claudia Tacoronte tenía 21 años y era estudiante de intercambio de España.
• Llegó a México a mediados de agosto para estudiar en la UAEM.
• Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.
• Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue detenido el 17 de septiembre.
• La Fiscalía de Morelos informó que buscará la pena máxima prevista para este delito.

Fiscalía de Morelos busca hasta 70 años de prisión

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la institución solicitará la pena máxima contra Francisco Javier “N” si el proceso permite acreditar su responsabilidad.

De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía buscará una sanción de hasta 70 años de prisión, considerada la pena máxima que puede imponerse por un delito de esta naturaleza conforme al Código Penal del estado.

El fiscal también señaló que el detenido cuenta con antecedentes penales y que anteriormente cumplió una sentencia relacionada con robo y robo a casa habitación. La Fiscalía considera que esos antecedentes forman parte de los elementos que serán tomados en cuenta durante la investigación.

Respecto al posible móvil, Blumenkron Escobar indicó que el detenido habría tomado el celular de Claudia Tacoronte.

También explicó que las lesiones sufridas por la joven son parte de los elementos que permiten a la Fiscalía establecer la investigación bajo la clasificación de feminicidio, asunto que deberá plantearse durante la formulación de la imputación.

Caso Claudia Tacoronte mantiene seguimiento entre Morelos y España

La gobernadora informó que el gobierno de Morelos continúa en contacto con el Consulado de España en México para dar seguimiento al caso.

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a México el 18 de septiembre para recibir el cuerpo de la estudiante española.

El asesinato de la joven también generó protestas y paros estudiantiles en la UAEM debido a la preocupación por la inseguridad.

acoronte es la cuarta alumna de esa universidad asesinada en un periodo de siete meses, después de los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Mientras avanza el proceso contra Francisco Javier “N”, las autoridades estatales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del feminicidio y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

A seis días del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada en Cuautla, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que su cuerpo será entregado este viernes a la familia. El anuncio llega horas después de que las autoridades capturaran a Francisco Javier N, alias “El Trompas”, señalado como el presunto responsable del crimen.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que familiares de la joven viajan a la entidad para realizar diversas diligencias. Entre ellas, recibir el cuerpo de manos de la Fiscalía estatal.

“Tenemos conocimiento que el día de mañana vienen familiares de Claudia para diversas actividades, pero una de ellas es que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa ofrecida para revelar detalles sobre el feminicidio.

Cómo ocurrió el feminicidio

Tacoronte, de 21 años y originaria de Canarias, cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del sábado 12 de septiembre, la joven participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento organizado por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli, cuya sede fue la Casa de la Cultura de Cuautla.

Según el relato de la Fiscalía, Tacoronte salió del recinto alrededor de las ocho de la noche tras cenar. Se dirigió al estacionamiento exterior, donde fumó un cigarro y habló por teléfono.

Fue en ese punto donde, de acuerdo con la investigación, el atacante la abordó y le arrebató el celular. La joven pidió ayuda y corrió de regreso hacia el interior del inmueble, donde el agresor la alcanzó y la hirió con un arma blanca.

La hermana de Claudia relató públicamente que el hombre le clavó un cuchillo en el vientre varias veces mientras la perseguía. Las heridas resultaron mortales pese a la intervención de asistentes y servicios de emergencia.

Detención tras 24 horas de búsqueda

El miércoles 16 de septiembre, un juez especializado libró una orden de aprehensión contra Francisco Javier N tras el análisis de videos aportados por la ciudadanía y otros indicios recabados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Ese mismo día, la dependencia difundió una ficha de búsqueda y captura con la fotografía del sospechoso. La movilización derivó en aportes de información por parte de vecinos de Cuautla.

La detención se concretó este jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las seis de la tarde, en la avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales y detalló que la aprehensión fue producto de “un esfuerzo conjunto” que arrancó desde el momento en que se reportó el crimen.

Antecedentes del detenido y el móvil

Blumenkron reveló que Francisco Javier N contaba con antecedentes penales, particularmente por robo a casa habitación, con al menos cinco ingresos previos a prisión desde 2010. El sospechoso había compurgado sentencias en el penal de Cuautla.

El fiscal precisó que, según la investigación, el hombre se rapó la cabeza tras el ataque, presuntamente para modificar su apariencia y evadir a las autoridades. Al momento de su detención vestía playera azul marino, pantalón beige y tenis negros.

Sobre el móvil, Blumenkron descartó cualquier componente de carácter sexual. Explicó que las lesiones infligidas a la víctima permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal estatal.

El funcionario adelantó que en las próximas horas se realizarán cateos adicionales para buscar indicios relacionados con el delito, entre ellos el arma homicida y el celular sustraído, elementos que se presentarán ante el juez en la etapa de investigación complementaria.

Proceso judicial y contacto con el consulado de España

El detenido será puesto a disposición del juez que otorgó la orden de aprehensión. La Fiscalía buscará su vinculación a proceso y solicitará la pena máxima prevista para feminicidio en la entidad: 70 años de prisión.

La gobernadora Margarita González Saravia informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con el consulado español en México, a cargo de Marcos Rodríguez Cantero, a quien recibirá este viernes en Morelos.

González Saravia pidió al Poder Judicial que aplique “las sanciones más altas” que contempla la ley. La mandataria explicó que el seguimiento del caso busca acompañar el proceso “hasta que todo quede ya resuelto”.

El respaldo a la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, sumó nuevas adhesiones luego de las exigencias de renuncia surgidas tras los hechos de violencia que cobraron la vida de cuatro estudiantes vinculadas con la institución.

Cabe destacar que, estudiantes y colectivas feministas han exigido la salida de la rectora -tras el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte-, debido a que ven insuficientes los protocolos en materia de seguridad; los reclamos han puesto al centro la falta de acciones precisas en temas de acoso y violencia de género.

Por lo anterior, un pronunciamiento firmado por rectoras, exrectoras y representantes de instituciones académicas defendió la permanencia de la rectora y planteó que las responsabilidades frente a la violencia deben distinguirse entre las correspondientes a la universidad y las que competen a las autoridades del Estado.

Rectoras respaldan a la titular de la UAEM

El documento expresa solidaridad con las familias de las estudiantes asesinadas -Kimberly Joselín, Karol Toledo, Michelle Itzayana y Claudia Tacoronte-, y rechaza la violencia contra las mujeres.

Al mismo tiempo, sostiene que las universidades tienen responsabilidades específicas en materia de prevención, protección, atención y acompañamiento de su comunidad, pero que la investigación de delitos, la seguridad pública y la procuración de justicia corresponden a las instituciones estatales facultadas para ello.

Las firmantes señalaron que exigir cuentas a la Rectoría no debe confundirse con atribuirle responsabilidades que exceden sus facultades legales. En ese sentido, el respaldo a León Hernández se plantea como una defensa de la institucionalidad universitaria y no como una afirmación de que todas las decisiones de la administración sean necesariamente correctas.

Entre las personas que suscribieron el pronunciamiento se encuentran rectoras y exrectoras de instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora y distintas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El llamado a dividir responsabilidades

El posicionamiento plantea que la crisis de violencia requiere respuestas desde distintos ámbitos y que la universidad debe asumir aquello que está dentro de sus atribuciones, mientras las autoridades públicas deben responder por las funciones que constitucionalmente tienen asignadas.

El documento hace llamados concretos a:

• La Rectoría de la UAEM, para reforzar las medidas de prevención, protección, atención y acompañamiento.
• Las autoridades estatales y municipales, para asumir sus obligaciones en seguridad pública y prevención de la violencia.
• Las fiscalías, para investigar los feminicidios y otros delitos con perspectiva de género y respeto a las víctimas.
• La comunidad universitaria, para mantener abiertos los espacios de diálogo, participación y exigencia.
• Las mujeres universitarias, para evitar que el liderazgo femenino sea deslegitimado mediante criterios diferenciados.

Las firmantes también sostienen que la indignación provocada por las tragedias no debería profundizar la fractura dentro de la institución ni convertir a una sola mujer en responsable de una problemática que, de acuerdo con el documento, involucra a distintas instancias de la sociedad y del Estado.

Detienen al presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Este jueves 17 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, atacada con arma blanca el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales: “Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”. El operativo lo ejecutaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Morelos.

El detenido, conocido como “El Trompas” o “El Paco”, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el ataque. Según el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, el sospechoso cuenta con antecedentes penales por robo tanto en Morelos como en otras entidades, ya había sido sentenciado y encarcelado en el estado.

La investigación apunta a que actuó solo, sin cómplices, y que la misma mañana del ataque habría robado un par de tenis en un comercio cercano, vistiendo la ropa que después lo identificó en las cámaras de seguridad.

Claudia Tacoronte, de 21 años, cursaba una estancia de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos proveniente de la Universidad de Granada. La joven murió tras ser atacada con un cuchillo cuando huía de Francisco Javier “N”, quien intentó arrebatarle el celular durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El senador y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, adelantó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado de la República.

Corral Jurado comentó este jueves que el análisis busca ajustar la definición del delito y otorgar un nuevo enfoque de participación en las investigaciones a los familiares de las víctimas.

Corral adelantó que iniciativa de Sheinbaum sobre feminicidio tendrá modificaciones en el Senado

De acuerdo con el senador de Morena, las comisiones mantienen una discusión sobre el tipo penal de feminicidio, con el objetivo de establecer una definición precisa y mecanismos que permitan hacer más eficientes las investigaciones.

“Sí creemos que debe tener modificaciones la iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que se han sugerido, particularmente en los familiares de víctimas.

“Estamos teniendo una discusión enorme, pero muy importante en la definición propiamente de feminicidio”, dijo el exgobernador de Chihuahua ante medios de comunicación.

Cabe recordar que la iniciativa presidencial tiene como finalidad establecer bases generales para homologar en el país la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio.

Vital homologar protocolos para investigar feminicidios

Desde el punto de vista del legislador, el debate no debe limitarse a incrementar las penas por feminicidio, que con las agravantes vigentes pueden superar los 100 años de prisión. Planteó garantizar que los ministerios públicos cuenten con protocolos homologados para investigar y clasificar correctamente cada caso.

“Deben estar los mecanismos y protocolos para generar verdaderas investigaciones más que en las penas”, agregó.

El presidente de la Comisión de Justicia explicó que uno de los puntos en discusión es contar con protocolos homologados que permitan investigar y clasificar correctamente los casos desde el inicio.

También señaló que se analiza cómo diferenciar el feminicidio de otros hechos, como un accidente o un suicidio, para evitar errores en la clasificación de las indagatorias.

A discusión definición jurídica del este delito

Otro tema que será parte de la discusión, es la definición del feminicidio y los supuestos que deberán considerarse dentro del tipo penal.

En ese sentido, el senador morenista sostuvo que se busca incorporar las distintas circunstancias relacionadas con el género, pero al mismo establecer una definición clara que permita evitar interpretaciones que, de acuerdo con su planteamiento, puedan invisibilizar a las mujeres.

Asimismo, Corral Jurado reconoció que existen, actualmente, dificultades para clasificar como para desclasificar una investigación.

No se debe politizar el tema

Dada la relevancia del tema, Javier Corral llamó a evitar que el análisis sobre el feminicidio sea utilizado con fines partidistas.

Reiteró que la iniciativa contempla no solo una homologación de la definición y las sanciones, ya que también hace énfasis en las en los protocolos y procedimientos de investigación.

Por último, el senador recordó que el análisis continuará en la Cámara Alta, con el objetivo de definir los ajustes que tendrá la propuesta antes de avanzar en el proceso legislativo.

Corral admite que elección judicial dejó fuera a 60 por ciento de juzgadores capacitados

Javier Corral reconoció una consecuencia fuerte de la elección judicial de 2025.

Quien preside la Comisión de Justicia del Senado señaló que se perdió al 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados en el nuevo sistema de justicia civil y familiar, esto, durante la firma de un convenio de colaboración entre la Cámara de Senadores y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Corral votó a favor de la reforma judicial de 2024, que estableció la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros. Después de su aprobación, defendió que su comisión tenía la tarea de darle viabilidad al nuevo modelo.

En el país, millones de mujeres esperan que, por fin, sea aprobada una reforma integral contra el feminicidio, la cual podría ser la que presentó Sheinbaum; sin embargo, tendrá modificaciones en el Senado.

Este 17 de septiembre fue detenido por autoridades mexicanas Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, atacada con un arma blanca en el municipio de Cuautla el pasado sábado 12 de septiembre.

La aprehensión fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. El arresto fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado de Morelos, en el municipio de Cuautla.

La Fiscalía General del Estado de Morelos había difundido un día antes del arresto la ficha de búsqueda contra el presunto agresor, identificado extraoficialmente con el alias de “El Trompas”. La publicación se realizó horas después de que un juez especializado concediera una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal del estado Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida judicial antes de ser publicada la primera foto oficial del presunto criminal. “Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, declaró el funcionario ante medios el pasado 16 de septiembre, y adelantó que en las próximas horas se darían a conocer más detalles del caso, sin esperar que aproximadamente 24 horas después sería detenido el principal sospechoso.

Quién es el presunto asesino de Claudia Tacoronte

Francisco Javier “N”, conocido en su barrio como “El Trompas” o “El Paco”, presuntamente vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida de Claudia Tacoronte. Según reportes, vecinos de la colonia Emiliano Zapata lo reconocieron de inmediato después de que la Fiscalía difundió su ficha de búsqueda el 16 de septiembre.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Francisco Javier “N” cuenta con antecedentes penales por robo, tanto en Morelos como en otras entidades del país. “En Morelos incluso estuvo en prisión y fue sentenciado”, declaró el funcionario, quien añadió que la investigación apunta a que actuó solo, sin cómplices.

De acuerdo con videos analizados por la Fiscalía, la misma mañana del sábado 12 de septiembre el detenido habría robado un par de tenis en un comercio de la zona, vistiendo la misma bermuda y playera con logotipo deportivo que después se le identificó en las cámaras cercanas a la Casa de la Cultura.

Harfuch lamentó el feminicidio y confirmó la detención del responsable

Omar García Harfuch confirmó a través de sus canales oficiales, incluida su cuenta en la red social X, que el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera ya fue detenido. “Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, escribió el funcionario.

Harfuch detalló que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del feminicidio, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la propia SSPC y la Guardia Nacional iniciaron trabajos coordinados junto con la Fiscalía de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal para identificar, localizar y detener al responsable.

El mensaje incluyó una fotografía del “El Trompas”, en la que se observa sin cabello, a diferencia de la imagen difundida previamente en la ficha de búsqueda. El funcionario lamentó además “profundamente” el feminicidio de Claudia y envió un mensaje de solidaridad para su familia y seres queridos.

El secretario afirmó también que, para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad. Harfuch agregó que, cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, la obligación de las autoridades es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado.

Esto se sabe sobre el crimen contra la estudiante española

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, murió el sábado 12 de septiembre tras un ataque con arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven cursaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, proveniente de la Universidad de Granada, España.

Originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria, la estudiante avanzaba en el cuarto año del Grado en Educación Infantil y había llegado a territorio morelense a mediados de agosto como parte del convenio de movilidad entre ambas universidades. La noche del ataque, la joven se encontraba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, feria cultural que se desarrollaba en los alrededores de la Casa de la Cultura.

Según el relato de su hermana, Lara Tacoronte, difundido desde España, un hombre intentó arrebatarle el celular a Claudia, quien salió corriendo en busca de auxilio antes de ser alcanzada y herida con un cuchillo en repetidas ocasiones. La joven alcanzó a resguardarse en el interior del inmueble, donde perdió la vida minutos después, sin que los servicios de emergencia llegaran a tiempo.

El fiscal Blumenkron sostuvo una reunión de trabajo el 14 de septiembre con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, y la cónsul adjunta, María Prada González, en la sede de la FGE en Temixco. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también se reunió con representantes consulares e instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad para brindar apoyo a la familia de la víctima.

La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitó el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución. El rector Pedro Mercado calificó el crimen como un “acto brutal” y la universidad activó apoyo psicológico para los 27 estudiantes españoles que realizan estancias en centros mexicanos.

Luego de la gravedad del caso, la Academia Mexicana de Ciencias Penales emitió un comunicado el 15 de septiembre en el que lamentó el crimen y advirtió sobre los riesgos de la próxima Ley General en Materia de Feminicidio. El documento, firmado por su presidente, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que la legislación podría convertirse en “derecho penal simbólico” si no se acompaña de un modelo político criminal unificado entre los tres órdenes de gobierno.

La organización afirmó que ofreció en diversas ocasiones cooperación técnica y jurídica al gobierno federal, sin haber recibido respuesta hasta la fecha del comunicado. El caso de Claudia Tacoronte se sumó a los feminicidios de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, otras tres estudiantes vinculadas a la UAEM asesinadas en lo que va de 2026.

Videos habrían sido claves para la identificación del presunto asesino, pero necesitarían sustento ante un juez

En entrevista con medios de comunicación el pasado 16 de septiembre, el fiscal Blumenkron detalló que la Fiscalía Especializada en Feminicidios recabó del lugar de los hechos varios videos de cámaras de videovigilancia desde que tuvo conocimiento del caso. El funcionario señaló que parte de ese material se filtró después en medios de comunicación, tanto grabaciones de cámaras fijas como videos captados desde celulares.

“Esas cámaras o esos videos nos han servido también como indicios importantes”, afirmó el fiscal, quien subrayó el aporte de la ciudadanía en la integración de la carpeta de investigación. Blumenkron calificó esa colaboración como relevante para el avance del caso.

Pese a ese reconocimiento, el funcionario matizó el peso probatorio de las grabaciones. “Esa información nos sirve, pero también si esos videos o esa información no va acompañada de otras pruebas, no tendríamos éxito ante un juez en un proceso”, advirtió Blumenkron ante los reporteros presentes.

Un reportero preguntó al fiscal si el operativo se limitaba al territorio de Morelos o si se había extendido a otros estados de la República. “La búsqueda se hace en todos los estados. Incluso, obviamente, si nosotros tenemos información de que pudiera estar en otra entidad, se pide colaboración de esa entidad”, respondió Blumenkron, un día antes de la captura de Francisco Javier “N”.

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años de edad, fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, dos días después que su familia la reportó como desaparecida, sumándose a los casos de feminicidio de jóvenes universitarias que se han registrado este año en el país.

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

Familia convoca a marcha para exigir justicia

Esta mañana, Carlos convocó “a toda la comunidad” a realizar hoy una marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición y presunto asesinato de su hermana, al considerar isuficiente la actuación de las autoridades.

“Como hermano y familia directa de Karla, nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas.

“Convocamos a toda la comunidad a unirse a nuestra marcha para respaldar nuestra exigencia de justicia y demostrar que Karla no está sola. Vamos a exigir respuestas y resultados hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

La marcha iniciará en la salida a León, en el semáforo frente al cementerio Gayosso, a las 17:00 horas de este jueves 17 de septiembre.

Mencionó que quienes deseen asistir deberán vestir prendas blancas o moradas, veladoras y pancartas.

“Ayúdanos compartiendo esta publicación para que nuestra voz se escuche con fuerza y las autoridades actúen de inmediato. #JusticiaParaKarla #HastaDarConLosResponsables #NiUnaMenos #ExigimosResultados”, se lee en la publicación.

Caso Karla Margarita Pérez

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

Amnistía Internacional condenó el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera y exigió que el caso sea investigado como feminicidio, al advertir que la violencia contra las mujeres no puede asumirse como un hecho cotidiano en México. La estudiante española tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La organización señaló que el asesinato de Claudia ocurre en un país donde persiste la violencia feminicida y donde las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar las agresiones contra mujeres y niñas.

Claudia Tacoronte estaba en Morelos como parte de un programa de movilidad académica. Cursaba estudios de Educación Infantil y llevaba cerca de un mes en México cuando fue atacada en Cuautla, durante la noche del pasado 12 de septiembre.

La joven participaba en actividades de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada en la Casa de la Cultura de Cuautla. El ataque ocurrió al exterior del inmueble, donde Claudia recibió una agresión con arma blanca y después buscó auxilio dentro del recinto.

El ataque habría ocurrido alrededor de las 20:49 horas. Claudia alcanzó a entrar a la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero murió minutos después a causa de las heridas.

Testigos refieren que el reporte al 911 se realizó cerca de las 20:54 horas. También cuestionan el tiempo de llegada de la ambulancia, debido a que la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió la agresión.

Habitantes de la zona han señalado que el entorno de la Casa de la Cultura carecía de vigilancia permanente desde hacía varios años. Después del asesinato, trabajadores municipales colocaron luminarias en el área.

Amnistía Internacional exige una investigación con perspectiva de género

Amnistía Internacional demandó a las autoridades de Morelos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género. La organización pidió que la Fiscalía agote todas las líneas relacionadas con posibles razones de género.

El posicionamiento sostiene que las indagatorias deben realizarse con debida diligencia para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La exigencia incluye evitar fallas que puedan afectar el acceso de la familia a la justicia.

“La violencia feminicida no puede normalizarse. Justicia para Claudia”, señaló Amnistía Internacional al condenar el asesinato de la estudiante española.

La Fiscalía de Morelos informó que intervino desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio, al tratarse de una muerte violenta de una mujer. La investigación permanece abierta y las autoridades mantienen la búsqueda de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del crimen.

El hombre habría vivido a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, de acuerdo con testimonios de habitantes de la colonia Emiliano Zapata. Vecinos lo habrían reconocido tras la difusión de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía.

La familia debe recibir verdad, justicia y reparación

Amnistía Internacional también exige que las autoridades garanticen a la familia de Claudia Tacoronte sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La organización pidió que el proceso se lleve sin revictimización.

La demanda incluye evitar que la investigación reduzca el caso a una explicación inmediata sin examinar las condiciones en las que ocurrió la agresión ni los posibles elementos de género que rodean el homicidio.

El asesinato de Claudia genera condenas de instituciones académicas en México y España. La UAEM solicitó una investigación inmediata y exhaustiva, mientras la Universidad de Granada ha expresado solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de la estudiante.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para localizar al presunto feminicida y esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, en Cuautla, Morelos, reavivó el debate sobre la seguridad de los universitarios extranjeros en México, luego de que hombre la atacara con arma blanca dentro de una Casa de la Cultura, adonde ella había logrado refugiarse.

El crimen no es un hecho aislado. En dos décadas, al menos tres estudiantes extranjeros perdieron la vida durante estancias académicas en el país, en estados y circunstancias distintas.

Kristen Paige Deyell: la canadiense asesinada en Zapopan en 2004 y el vínculo con el hijo de “El Chapo”

Kristen Paige Deyell era una joven canadiense de 20 años, originaria de Calgary, Alberta. Estudiaba en el Mount Royal College y realizaba un intercambio académico en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Guadalajara, Jalisco.

La noche del 23 de abril de 2004, salió de un bar en Zapopan acompañada por varias personas. Al retirarse del establecimiento, un atacante la hirió con arma de fuego; murió junto con el mexicano César Augusto Pulido Mendoza, de 23 años.

El caso permaneció sin resolución pública por años. Tiempo después, las autoridades señalaron a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, como sospechoso del ataque.

La versión que circuló vinculó el crimen a un rechazo de la joven hacia el sospechoso en el centro nocturno. Esa hipótesis nunca derivó en una condena pública documentada por las fuentes consultadas.

Esteban Jiménez Arcos: el joven francés muerto en Gómez Palacio en 2013 y la aclaración del ITESM

Esteban Jiménez Arcos tenía 22 años y era de nacionalidad francesa. Murió el 6 de abril de 2013 en Gómez Palacio, Durango, tras recibir un disparo en la cabeza durante un presunto intento de robo en un bar.

Los primeros reportes lo identificaron como estudiante de intercambio vinculado al ITESM Campus Laguna. El Tecnológico de Monterrey aclaró después que Jiménez Arcos no era alumno de ninguno de sus campus, por lo que su relación académica exacta no está confirmada.

En 2014, las autoridades detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio. La investigación no generó el mismo seguimiento internacional que los otros dos casos.

Su perfil es el menos documentado de los tres. Las fuentes consultadas coinciden en los datos básicos del crimen, pero advierten la imprecisión sobre su vínculo institucional.

Claudia Tacoronte Aguilera: la estudiante española asesinada en Cuautla en septiembre de 2026

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada, en España. La joven llegó a México en agosto de 2026 para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Un hombre atacó a la estudiante con un arma blanca el 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos. La joven buscó refugio en una Casa de la Cultura de la ciudad después de la agresión.

Los testigos solicitaron una ambulancia tras el ataque. Esas personas denunciaron una presunta demora en la atención médica de emergencia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las diligencias bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades estatales también establecieron contacto con el Consulado de España para atender a la familia de la víctima.

La Fiscalía identificó a Francisco Javier “N” como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera. Un juez especializado emitió una orden de aprehensión contra el sospechoso, quien permanece bajo búsqueda de las autoridades.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitó la orden judicial. La dependencia reunió registros de cámaras de seguridad e información proporcionada por vecinos y testigos como parte de la investigación.

El asesinato tuvo repercusiones inmediatas en España. La Universidad de Granada condenó el crimen, canceló las estancias de tres estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos y gestionó el regreso de los alumnos que ya estaban en esa entidad.

El gobierno español pidió el esclarecimiento del caso. El cónsul de España en México sostuvo una reunión de emergencia con el gobierno de Morelos.

Tres casos en dos décadas que pusieron en cuestión la seguridad académica en México

Los tres homicidios ocurrieron en estados distintos: Jalisco en 2004, Durango en 2013 y Morelos en 2026. Cada uno involucró a una universidad o programa de intercambio y derivó en reacciones de los gobiernos o instituciones de origen de las víctimas.

El caso de Tacoronte es el único de los tres que la Fiscalía investiga formalmente como feminicidio. También es el único que provocó la suspensión oficial de un programa académico internacional por parte de la universidad de origen.

El asesinato de Deyell en 2004 es el único de los tres que las autoridades vincularon, años después, con un integrante de una organización criminal de alto perfil. El de Jiménez Arcos en 2013 es el único en el que la institución universitaria mencionada en los primeros reportes desmintió el vínculo con la víctima.

Los tres casos comparten una característica: ninguno ocurrió en una zona turística convencional ni en un contexto de violencia masiva. Los tres se registraron en entornos cotidianos —bares, calles, espacios culturales— durante la vida diaria de los estudiantes.

La muerte de Tacoronte sumó a España a la lista de países que han exigido respuestas a las autoridades mexicanas por el asesinato de sus nacionales en territorio mexicano, junto con Canadá, Francia, Australia y Estados Unidos.

La noche del miércoles 16 de septiembre, una niña de un año murió tras ser alcanzada por una bala perdida dentro de su casa en el sector Cristinita, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.

La menor, identificada como Naome Fleurante, quedó en medio de un tiroteo registrado cerca de su vivienda.

Testigos señalaron que en horas de la noche se produjo una balacera entre los ocupantes de un vehículo y personas que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los proyectiles ingresó a la casa donde estaba la niña y la impactó en el hemitórax izquierdo.

El hermano de Naome, un adolescente de 17 años identificado con las iniciales P. F., la trasladó en brazos al Hospital de Verón-Punta Cana cerca de las 21:45. Sin embargo, el personal médico confirmó que la menor había fallecido a causa de la herida provocada por el proyectil.

La muerte de la niña coloca de nuevo la atención sobre la exposición de familias y menores de edad a hechos armados en zonas residenciales. De forma inmediata las autoridades no han confirmado capturas relacionadas al tiroteo en La Altagracia.

En República Dominicana, los hechos de violencia armada y de violencia contra las mujeres forman parte de una preocupación que ha llevado diferentes organizaciones a insistir en la prevención y en una respuesta institucional más efectiva. El caso de Naome no ha sido vinculado a un hecho de violencia de género, pero ocurre en un contexto de asesinatos y agresiones que afectan a distintos sectores de la población.

República Dominicana registra 62 feminicidios en lo que va del año

Una ola de violencia contra las mujeres está sacudiendo el país caribeño. Datos actualizados por la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, informó que el país contabilizó 62 feminicidios durante los primeros meses de 2026. La funcionaria sostuvo que la incorporación del feminicidio como delito en la legislación es necesaria, aunque advirtió que las normas penales no bastan sin medidas de prevención, protección y acompañamiento para las víctimas.

Datos de la Procuraduría General indican que el 89% de las mujeres asesinadas no había presentado denuncias previas por violencia. Reynoso relacionó esa cifra con obstáculos que pueden impedir que las víctimas busquen ayuda, entre ellos el aislamiento, la presión psicológica y la falta de confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

La procuradora también señaló que el 25% de los agresores se suicida después de cometer el crimen. Durante 2025, el Ministerio Público recibió más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, una cifra que expone la dimensión de los casos que llegan al sistema judicial.

Uno de los episodios que reactivó el debate sobre las medidas de protección fue el de Nayely Altagracia Capellán, de 25 años. El 28 de agosto, su expareja la atacó con un arma blanca en su vivienda de Las Cabuyas, La Vega, frente a sus tres hijas.

Capellán sobrevivió a 26 heridas luego de que su hija mayor solicitó auxilio a los vecinos. La víctima tenía una orden de alejamiento vigente desde 2023. El acusado recibió 12 meses de prisión preventiva por tentativa de feminicidio.

Francisco Javier “N”, identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida de la joven.

De acuerdo con testimonios recabados por el medio El Universal, vecinos de la colonia Emiliano Zapata reconocieron plenamente al hombre después de que la Fiscalía difundió su ficha de búsqueda. En el barrio, aseguran, es conocido con los apodos de “El Trompas” o “El Paco”.

Los habitantes de la zona lo identifican como un hombre con presunta adicción al cristal y al que relacionan con robos y asaltos, principalmente contra mujeres. Uno de los elementos que llamó la atención de los vecinos fue la ropa que llevaba el sospechoso.

Vecinos lo reconocen por la ropa

La mañana del mismo día del crimen, un hombre fue captado en video cuando presuntamente robó unos tenis en una tienda. En las imágenes difundidas posteriormente aparece con una bermuda y una playera con el logotipo de una marca deportiva.

Testigos señalan que esa vestimenta coincide con la del hombre captado posteriormente en videos de la zona de la Casa de la Cultura.

“Yo digo que sí es porque tiene el short de ese mismo tono y la playera trae el mismo logotipo”, relató Alma, una de las mujeres que acudieron a auxiliar a Claudia después del ataque, en declaraciones citadas por El Universal.

La mujer aseguró que el sospechoso pertenece a la familia Meléndez, uno de los grupos familiares con mayor arraigo en la colonia Emiliano Zapata. Según vecinos, sus antepasados fueron ejidatarios y vendieron buena parte de los terrenos ubicados junto a la calzada Santa Inés.

Los habitantes también cuestionaron las condiciones de seguridad alrededor de la Casa de la Cultura. Señalaron que durante años hubo un policía encargado de vigilar el inmueble, pero su presencia habría desaparecido hace aproximadamente cinco años, durante la administración municipal de Rodrigo Arredondo, quien gobernó Cuautla entre 2022 y 2024.

Para los vecinos, la falta de vigilancia resulta especialmente relevante porque el homicidio ocurrió durante un evento de medicina tradicional al que acudirían personas procedentes de otros estados.

Testigos reconstruyen el ataque contra Claudia

Según los testimonios, Claudia salió al patio de la Casa de la Cultura para fumar y hablar por teléfono. El presunto agresor habría llegado desde un callejón oscuro y, después de observar el acceso al inmueble, aparentemente continuó su camino.

Sin embargo, los videos de la zona muestran, según los testigos, que el hombre se detuvo, regresó hacia el zaguán y entró.

El ataque habría ocurrido aproximadamente a las 20:49 horas. Alma llegó al lugar tres minutos después y encontró a Claudia gravemente herida. La mujer relató que intentó auxiliarla mientras otra persona rezaba y le tomaba el pulso.

“Le dije: ‘hija, tranquila’”, narró.

De acuerdo con los testimonios, el agresor habría utilizado un cuchillo y provocado una herida de gran magnitud en el abdomen. Alma describió la escena como particularmente traumática y explicó que Claudia tenía dificultades para respirar y prácticamente no podía hablar.

La mujer también relató que intentó tranquilizarla para evitar que respirara aceleradamente mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

El reporte de los testigos señala que el mensaje al 911 pudo enviarse alrededor de las 20:54 horas. La ambulancia habría llegado aproximadamente 20 minutos después.

Los vecinos cuestionaron el tiempo de respuesta debido a que, según su relato, la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras de la Casa de la Cultura. Alma consideró que una atención más rápida pudo haber cambiado el desenlace.

Tras el crimen, trabajadores del Ayuntamiento instalaron luminarias en la zona, de acuerdo con los habitantes. Sin embargo, los vecinos consideran que también es necesario recuperar la vigilancia policial permanente en los alrededores del inmueble.

Alma, quien estuvo entre las personas que acompañaron a Claudia durante sus últimos minutos, pidió que su testimonio llegara hasta los padres de la estudiante española.

“Nunca dejamos sola a su hija”, afirmó.

Explicó que alrededor de 10 personas participaron de distintas maneras: algunas llamaron a los servicios de emergencia, otras permanecieron en la entrada ante el temor de que el agresor regresara y varias acompañaron a Claudia mientras esperaban ayuda.

La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de Francisco Javier “N”, señalado como presunto feminicida de Claudia Tacoronte.

La comunidad de mexicanos residentes en Granada manifestó su pesar por el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante canaria de la Universidad de Granada (UGR), ocurrido el pasado sábado en Cuautla, Morelos. El caso sucedió durante un programa de intercambio entre la institución española y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La asociación Mexicanos en Granada trasladó sus condolencias a la familia y al entorno de la joven, y al mismo tiempo, expresaron el impacto que provocó que una alumna española viajara al país latinoamericano para estudiar y conocerlo, pero terminara asesinada.

Asimismo, la representante de la junta directiva del colectivo, Nikole Herrera, explicó a Europa Press que el hecho generó indignación entre la población estudiantil y connacionales de la ciudad andaluza. La portavoz consideró que la tragedia afecta a la imagen de México y expone una situación de violencia que parte de la sociedad ha llegado a normalizar.

Comunidad mexicana lamenta el asesinato de Claudia Tacoronte

Herrera afirmó que muchos mexicanos establecidos en esta zona viven el caso “como una vergüenza”, debido a que el crimen ocurrió en su país de origen. La dirigente remarcó reconoce los valores y la diversidad del país mexicano, aunque lamenta la persistencia de la inseguridad.

“Principalmente sentimos, lamentamos mucho la tragedia y mandamos nuestro más sincero pésame a la familia y a los seres queridos de la estudiante”, dijo la vocera, agregando que el suceso causó dolor entre sus compatriotas.

La representante sostuvo que Claudia Tacoronte llegó a territorio mexicano con la expectativa de cursar estudios y acercarse a la realidad del país, pero terminó siendo afectada por problemas que forman parte de la vida cotidiana de numerosos mexicanos.

El asesinato de la alumna de la UGR provocó una reacción de duelo e indignación entre mexicanos que viven en Granada, ya que la comunidad considera que la muerte de una participante de un intercambio universitario revela los riesgos existentes y cuestiona las condiciones de seguridad que rodearon su estancia en Morelos.

Siguiendo con este tema, se indicó que la distancia modifica la percepción de este tipo de noticias, debido a que quienes viven fuera de México reciben con mayor impacto hechos que dentro del país pueden percibirse como frecuentes.

La violencia y la imagen de México quedaron en el centro del debate

Tras estos hechos, se describió a la nación latinoamericana como un territorio extenso, con zonas que presentan mayores peligros que otras. Aun así la situación actual ha deteriorado la imagen internacional, y que hechos como el asesinato de Tacoronte profundizan ese daño.

La integrante de Mexicanos en Granada sostuvo que la violencia se ha vuelto una realidad habitual para parte de la población, esta normalización no implica indiferencia ni falta de respuesta social frente a los crímenes.

“México no es como que las personas nos guste estar con los brazos cruzados”, afirmó Herrera, destacando la existencia de movimientos feministas y de acciones contra la violencia hacia las mujeres.

También defendió la solidaridad de la sociedad mexicana ante situaciones de este tipo, pues a su juicio, la gravedad del problema supera en ocasiones la capacidad de reacción de las personas y las organizaciones que buscan enfrentarla.

Estudiantes cuestionaron el intercambio en Morelos

Entre el alumnado de la Universidad de Granada, la reacción incluyó críticas por la decisión de mantener el intercambio en un estado cuya situación de seguridad era conocida. Herrera dijo que existe malestar por no haber evaluado con suficiente atención los riesgos posibles.

La representante señaló que antes consideraba que los visitantes extranjeros podían sentirse más protegidos dentro de México. Su percepción se basaba en que las agresiones contra estudiantes o personas de otros países solían generar una respuesta más visible de las autoridades.

El crimen modificó esa mirada, debido a que el caso resulta especialmente impactante porque alcanzó a una estudiante española y europea que participaba en una experiencia académica.

Francisco Javier “N”, un hombre al que le apodan “El Trompas” se ha convertido en el principal sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y mantiene abiertas otras líneas, aunque el principal motivo que se especula hasta ahora sería un intento de robo.

Luego de que se revelaran videos del ataque y con los testimonios de los vecinos de la zona, habitantes de Cuautla han logrado identificar extraoficialmente al sospechoso, al que también llaman simplemente como Paco.

Las denuncias recabadas entre los pobladores describen al sujeto como un asaltante habitual en la zona, responsable de varios robos contra transeúntes. También lo vinculan con el hurto previo de una motocicleta y un par de tenis en dos comercios de la localidad.

La vestimenta, pieza clave

Antes de que ocurriera el ataque contra Claudia, una cámara de un negocio en Cuautla ya lo había captado en un intento de robo, a las 13:10 horas de ese mismo sábado. En esa grabación se le observa correr al notar la presencia de una patrulla policial.

El día del ataque, el sujeto vestía camiseta blanca, bermuda clara y una mochila negra. Ese mismo atuendo aparece descrito por los vecinos que auxiliaron a Claudia la noche del crimen y es el mismo que se le observa en las cámaras que documentaron el intento de robo horas antes.

Las autoridades también analizan si el mismo sospechoso participó en el robo de una bicicleta ocurrido en Casasano, otra zona de Cuautla, donde una cámara registró a un hombre con vestimenta similar.

La reconstrucción de los hechos, según su hermana

Claudia Tacoronte fue atacada minutos antes de las 20:50 horas del sábado, cuando se dirigía al sitio donde pernoctaba tras asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. De acuerdo con el relato de su hermana, el agresor la “apuñaló varias veces” en el abdomen.

La joven alcanzó a correr, pedir auxilio y refugiarse en la Casa de la Cultura. Varios vecinos acudieron al escuchar sus gritos; algunos intentaron perseguir al atacante sin lograr alcanzarlo.

La hermana de Claudia denunció además que ni ella ni sus padres habían recibido hasta ese momento contacto directo de las autoridades mexicanas para conocer las circunstancias del crimen. “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco”, afirmó, y cuestionó que nadie les advirtiera sobre las condiciones de seguridad en la zona antes del viaje de Claudia a Morelos.

Cuautla marcado por la violencia

El ataque ocurrió en un municipio de 183 mil habitantes que en los últimos meses vio la detención de su alcalde, el tesorero, el oficial mayor y el secretario municipal, todos acusados de colaborar con un grupo delictivo local vinculado al Cártel de Sinaloa.

Además, Cuautla figura entre los ocho municipios de Morelos con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El feminicidio de Claudia es el cuarto registrado entre estudiantes de la UAEM en lo que va de 2026. En febrero desapareció Kimberly Ramos, de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado diez días después en un polígono a las afueras de Cuernavaca. Ese mismo periodo se perdió el rastro de Karol Toledo, estudiante de Enfermería también de 18 años, localizada sin vida tres días después.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años e hija de una profesora de la UAEM, cuando salió de su casa en Yautepec para comprar cartulina. Su cuerpo se encontró diez días más tarde en Tepoztlán.

Estudiantes marchan y exigen justicia y seguridad

El martes 15 de septiembre, cerca de mil estudiantes de la UAEM marcharon desde el campus Chamilpa hasta la Plaza de Armas de Cuernavaca. Se sumaron alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública con reclamos similares sobre la inseguridad que enfrentan dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

Entre las consignas coreadas destacaron “¡Ni una más!”, “No estamos todas, nos falta Claudia” y “el gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas”. Al llegar a la Plaza de Armas, un grupo de manifestantes derribó vallas y causó destrozos en el Palacio de Gobierno estatal.

Al término del recorrido, los estudiantes colocaron un altar con flores, veladoras y el rostro de Claudia. La organización de madres y padres de la UAEM envió una carta a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Blumenkron para exigir justicia “para la familia de Claudia y para todos los casos que aún permanecen impunes”.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España incluyó a Morelos en su lista de destinos no recomendados para viajar, al advertir sobre “un incremento de la violencia ligada al narcotráfico así como de secuestros” en la entidad.

El canciller mexicano, Roberto Velasco, garantizó a su homólogo español, José Manuel Albares, “la máxima implicación de México” para esclarecer el caso. El gobierno mexicano informó que las autoridades federales colaboran con las estatales en la investigación.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, calificó el crimen como un “acto brutal” y habló de “rabia institucional” ante lo ocurrido.

La SEP condenó el asesinato de Claudia y anunció que dará seguimiento al caso en coordinación con la SRE para apoyar a la familia, a la UAEM y a la Universidad de Granada. Esta última canceló el intercambio a Morelos de otros tres estudiantes que tenían previsto viajar el próximo semestre.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio académico en el Estado de Morelos, fue localizada sin vida la noche del sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven, de 21 años, había sido atacada con un arma blanca cerca de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Los servicios de emergencia llegaron al sitio de la agresión cuando ya no presentaba signos vitales. Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio.

Tres días después, este 15 de septiembre, la Academia Mexicana de Ciencias Penales emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el hecho y se solidarizó con la familia de la víctima. El documento, firmado por Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la organización, no se limitó a expresar condolencias, sino que planteó una crítica directa al modelo de seguridad pública mexicano y advirtió sobre los riesgos de la legislación en materia de feminicidio que se prepara a nivel federal.

La Academia sumó el caso de Claudia a una lista de miles de feminicidios impunes en México

El comunicado señaló que la muerte de Claudia se unió “a la lista de miles de asesinatos de niñas y mujeres que cada año se verifican en México” sin que las instituciones de seguridad pública, en sus tres órdenes de gobierno, lograran contener lo que la organización describió como una “oleada criminal” que golpea desde hace años a la sociedad mexicana.

La Academia, constituida formalmente el 25 de enero de 1941, hizo referencia explícita a los grupos que enfrentan mayor situación de riesgo. El texto responsabilizó de manera conjunta a las autoridades municipales, estatales y federales por la falta de resultados frente a los homicidios de mujeres, en un señalamiento que no distinguió entre administraciones ni partidos.

La Academia advirtió que la nueva ley contra el feminicidio podría convertirse en “simulación”

El punto central del comunicado fue la advertencia sobre la próxima expedición de la Ley General en Materia de Feminicidio. Según la Academia, esa legislación “acabará siendo derecho penal simbólico, es decir, una simulación más”, si no se acompaña de “un modelo político criminal unificado a nivel nacional”.

La organización comparó el riesgo con el destino que, a su juicio, corrieron otras dos leyes generales ya vigentes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Ambas, sostuvo el comunicado, funcionaron hasta ahora como ejemplos de simulación normativa, sin capacidad real de modificar las condiciones de violencia que enfrentaron las mujeres en el país.

La crítica de la Academia no se dirigió al contenido específico de la ley en preparación, sino a la ausencia de un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Para la organización, sin ese modelo unificado, cualquier reforma legal quedaría reducida a un instrumento discursivo sin efecto en la práctica.

Desde su origen, la organización reunió a juristas, criminólogos y médicos legistas bajo el principio de agrupar “libre y abiertamente” a los penalistas mexicanos y extranjeros, sin distinción partidista ni de escuela. A lo largo de más de ocho décadas, la Academia incorporó entre sus filas a 16 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro procuradores generales de la República y varios rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber impulsado la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 1976.

Exigieron seriedad y corresponsabilidad al gobierno federal

El comunicado incluyó un reclamo directo a las autoridades federales. La Academia afirmó que, “en diversas ocasiones”, ofreció al gobierno de la República y a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia “cooperación técnica y jurídica” que, hasta el día de la publicación del documento, no había recibido respuesta alguna.

A partir de ese antecedente, la organización planteó una exigencia concreta: pidió al gobierno federal y a las instituciones de justicia “seriedad, corresponsabilidad y capacidad de organización” para diseñar un modelo político criminal que calificó como propio de “un Estado democrático y de derecho”.

El comunicado cerró con una distinción entre dos funciones del Estado frente a las mujeres: la Academia exigió que ese modelo político criminal “no victimice, sino que proteja y salvaguarde a las niñas y mujeres que sobreviven en México”, en referencia a la percepción de que las instituciones de seguridad, en su funcionamiento actual, contribuyeron a perpetuar la violencia en lugar de contenerla.

La Universidad de Granada manifestó “repulsa y absoluta condena” y convocó un minuto de silencio

Por su parte, la Universidad de Granada, emitió un comunicado el pasado 14 de septiembre en el que manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la institución que realizaba una estancia de movilidad académica en la UAEM.

La comunidad universitaria trasladó sus condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas y compañeros de Claudia. La institución reiteró “la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, en su calidad de universidad pública comprometida con la defensa de los derechos humanos.

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se puso a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven para prestar el apoyo necesario. La institución convocó un minuto de silencio en memoria de Claudia el lunes 14 de septiembre, a las 11:00 horas, en la puerta de todos sus centros de trabajo.

Como parte de las investigaciones tras el crimen, el fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo una reunión de trabajo el 14 de septiembre con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, y la cónsul adjunta, María Prada González. El encuentro se realizó en la sede de la FGE en Temixco.

Durante la reunión, Blumenkron Escobar reiteró la disposición institucional para garantizar justicia a Claudia Tacoronte, sus amigos y familiares. El fiscal señaló que existe una amplia colaboración entre instituciones estatales y federales para atender el caso registrado el sábado 12 de septiembre en Cuautla.

En el encuentro estuvieron presentes fiscales especializados y titulares de unidades de la Fiscalía de Morelos, de acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia estatal. Hasta el momento no hay personas detenidas.

El padre de la víctima, Pablo Muñoz, mantiene desde entonces una búsqueda constante de justicia. En diálogo con Latina Noticias, relató el estado actual del expediente y las irregularidades que, según sostiene, marcaron la investigación desde sus inicios.

Expediente fue archivado tres veces

El feminicidio ocurrió en diciembre de 2019, cuando Joshuany Muñoz fue encontrada sin vida en la habitación que alquilaba, cerca de su lugar de trabajo en Chorrillos. Desde entonces, la investigación fue cerrada en tres ocasiones distintas pese a contar con un sospechoso principal.

Actualmente, tras un escrito presentado junto a las organizaciones Familias por Justicia y Manuela Ramos, el expediente fue elevado a la Segunda Fiscalía Superior de Lima Sur, instancia que evalúa una eventual reapertura del proceso.

“Después de presentar un escrito ya se ha elevado los actuados al fiscal superior de Lima Sur para que él tome una decisión justa y reabra el caso”, afirmó Muñoz. “Ahorita estamos en espera de que el fiscal tome en cuenta y dicte o vea una solución que realmente mi hija alcance justicia”, agregó.

Pericia y cámaras de seguridad

En la escena del crimen, la policía halló un mensaje escrito en el espejo de la habitación: “No te metas con el Veneco”. Una pericia grafotécnica determinó que la escritura coincidía con la de un vecino del inmueble, identificado como Rodrigo Arístides Araujo Estrada, quien al momento de los hechos tenía 17 años.

“Según las investigaciones que hizo el policía de la avenida España, el que hizo todas las investigaciones, dio que la letra de la escritura que dejaba en el espejo coincidía con el menor de edad”, indicó el padre de la víctima a Latina Noticias.

Por su condición de menor de edad, el caso fue derivado a la Fiscalía de Familia de Chorrillos, instancia que no dispuso su detención ni procesamiento. Una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda registró además el ingreso y la salida reiterada del sospechoso en el horario del crimen, sin que se detectara el paso de personas ajenas al inmueble, mientras que la cerradura de la habitación no presentaba señales de haber sido forzada. “Sale, entra, vuelve a entrar, sale, varios movimientos sospechosos que realmente se piensa que él sabe todo”, relató el padre de la víctima.

Diligencias pendientes y otros posibles implicados

El padre sostuvo que, a su criterio, el joven no actuó solo en el crimen de su hija. Señaló como posibles implicados a la encargada del alquiler de las habitaciones y a su esposo, quien permaneció en la vivienda ese día. “Tengo bien claro que la persona que sabe también es la encargada de que alquilaba los cuartos. Y también ahí incluyo a su esposo, porque hay mucha coincidencia que en ese día él se queda haciendo trabajos en su vivienda”, afirmó.

A ello se sumaron fallas señaladas durante la entrevista con Latina Noticias: no se realizó el levantamiento de las comunicaciones telefónicas de la víctima, un procedimiento que habría permitido identificar contactos previos al crimen, y tampoco se convocó de manera efectiva a los testigos que vivían en el mismo inmueble al momento de los hechos.

Recurrirá a instancias internacionales

Pablo Muñoz dirigió un pedido directo a las autoridades judiciales y al Gobierno para que se agilicen las investigaciones en casos de feminicidio, incluidos aquellos cometidos por personas ajenas al entorno familiar de la víctima. “Pido a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, y también pido a la presidenta que realmente tomen en cuenta a todas las personas asesinadas por feminicidio, porque la muerte no puede ser tan solo por su pareja, por su esposo, por su enamorado, también puede ser por un desconocido”, declaró.

El padre de la víctima advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en el ámbito nacional, recurrirá a instancias de justicia internacional. “Si yo al momento no encuentro justicia y me niegan, diré a la justicia internacional”, sostuvo. Durante la transmisión, Latina Noticias vinculó además el caso de Joshuany Muñoz con otros procesos judiciales marcados por diligencias pendientes y demoras similares, entre ellos el de Sol Siret, en referencia a la reiteración de fallas en las investigaciones de feminicidio en el país.

Las autoridades panameñas investigan la muerte de Melany Cadavid Román, ciudadana colombiana de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 12 de septiembre en una zona cercana a una vía pública del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo, que han llevado a plantear como una de las hipótesis un presunto caso de abuso sexual y posterior homicidio.

El hallazgo se produjo hacia las 06:57 a. m., después de que residentes alertaran sobre una mujer tendida a un costado de la carretera, en un área con árboles y vegetación.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron que la joven estaba boca arriba y no tenía signos vitales.

La escena fue acordonada y puesta a disposición de la Fiscalía de Panamá Oeste, que asumió las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte, recoger pruebas e identificar a los posibles responsables.

De acuerdo con la información conocida, funcionarios de investigación y peritos llegaron al lugar hacia las 09:04 a. m. y el levantamiento del cuerpo concluyó alrededor de las 09:37.

La víctima fue identificada por documentos encontrados en un bolso

La identificación de Melany Cadavid Román como ciudadana colombiana se produjo tras el hallazgo de documentos personales dentro de un bolso que estaba en el lugar.

Vecinos del sector señalaron que la joven proveniente del departamento de Medellín (Antioquia) alquilaba una habitación en Burunga y trabajaba en un establecimiento nocturno de la zona. Esa información deberá ser verificada por las autoridades durante la investigación.

Las primeras inspecciones determinaron que el cuerpo presentaba traumatismos aparentes en el rostro y en otras partes del cuerpo.

El Ministerio Público de Panamá investiga el caso como un posible femicidio, de acuerdo con reportes de medios locales.

La Fiscalía espera los resultados forenses para establecer la causa de muerte

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado capturas ni han identificado a personas sospechosas por el homicidio de la colombiana.

Los estudios forenses serán determinantes para precisar la causa de muerte, el momento en que ocurrió el ataque y si existieron otros delitos relacionados.

La Fiscalía también deberá establecer los últimos movimientos de la víctima y recopilar testimonios de personas que la conocían o que estuvieron en cercanías del lugar.

El caso quedó bajo indagación preliminar mientras se analizan las pruebas recogidas en Burunga.

Criminal colombiano cayó en Panamá con identidad falsa

Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias Dimax, fue identificado en Panamá después de cumplir una condena por blanqueo de capitales bajo una identidad falsa.

Así lo informó el Servicio Nacional de Migración (SNM) del país centroamericano. El hombre es requerido en Colombia por su presunta relación con una estructura dedicada a homicidios, extorsiones, hurtos y secuestros en Cali.

Las autoridades panameñas indicaron que Castillo Vaca permaneció detenido durante 48 meses con el nombre de Gabriel Ángel Lozano Verona. Una vez terminó la pena, fue trasladado a un albergue migratorio para iniciar su proceso de deportación, debido a su condición de ciudadano extranjero.

Fue en esa etapa cuando las autoridades detectaron inconsistencias en sus datos personales. El SNM señaló que un intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Interpol y las autoridades colombianas permitió establecer que el hombre correspondía en realidad a Juan Carlos Castillo Vaca, alias Dimax.

La identidad se estableció cuando debía ser deportado de Panamá

De acuerdo con el comunicado de Migración Panamá, el colombiano tiene una orden de captura vigente en su país por el delito de fuga de presos.

Además, enfrenta una condena de 500 meses de prisión por su presunta vinculación con una organización criminal que opera en el departamento del Valle del Cauca.

Esa estructura es investigada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión. En Colombia, alias Dimax es señalado de liderar un grupo delincuencial al que se atribuyen acciones criminales en Cali, entre ellas asesinatos selectivos, cobros extorsivos, robos y secuestros.

La información divulgada por el SNM también relacionó a la organización con un ataque armado ocurrido el 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro. Según el reporte oficial, el hecho fue cometido por sicarios que utilizaron un fusil y otras armas.

Maximiliano “N”, de 44 años, fue detenido en Tlaquepaque, Jalisco, por su probable responsabilidad en un intento de feminicidio contra su expareja de 35 años, quien sufrió heridas tras una agresión con un objeto punzocortante dentro de un domicilio. Durante la intervención, un policía municipal también resultó lesionado por el señalado.

El hombre habría salido recientemente del penal de Puente Grande, donde presuntamente permaneció recluido por violencia familiar y lesiones contra la misma mujer. De manera preliminar, se informó que regresó al domicilio de la víctima después de recuperar su libertad y la atacó de nuevo.

La agresión ocurrió el 14 de septiembre de 2026 en calles de la colonia Jardines de San Martín, en el cruce de Azalea y Bugambilia, aunque los reportes policiales ubicaron la intervención en la colonia El Órgano, en San Pedro Tlaquepaque. El señalado habría llegado bajo los efectos de alguna sustancia, forzó la puerta de la vivienda y lesionó a la mujer.

Elementos del grupo motorizado Jaguares de la Policía de Jalisco acudieron tras recibir un reporte de violencia contra una mujer a través del número de emergencias 911, en coordinación con el C5 Jalisco. Al entrar al inmueble encontraron a la víctima con lesiones en varias partes del cuerpo y al hombre con una actitud agresiva ante la presencia de los agentes.

La víctima fue trasladada a la Cruz Verde Marcos Montero

Los oficiales activaron los protocolos de atención para mujeres víctimas de violencia familiar, aseguraron al presunto agresor y solicitaron atención médica para la mujer. Presentaba heridas en la nariz y una pierna; paramédicos la trasladaron a la unidad de la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica.

Los servicios médicos la reportaron estable, pese a que los primeros informes indicaron que sus lesiones eran de gravedad. Durante la revisión del domicilio, los agentes localizaron un objeto punzocortante que presuntamente fue utilizado en el ataque y lo aseguraron para integrarlo a la investigación.

Durante el procedimiento para detenerlo, Maximiliano “N” presuntamente agredió a uno de los policías municipales que acudieron al domicilio. El elemento resultó lesionado, pero los agentes lograron someter al hombre y mantenerlo bajo resguardo policial.

El detenido quedó a disposición de un agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, que realizaría las indagatorias por su probable responsabilidad en feminicidio en grado de tentativa, así como por las lesiones causadas a su expareja y al policía municipal. La Fiscalía de Jalisco determinaría su situación jurídica conforme avanzara la investigación.

Violentómetro

Más del 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han vivido violencia (según datos oficiales del INEGI, 2016). Y en el país más de 16.4 millones de mujeres no tienen ingresos propios o sus ingresos vienen de otras fuentes. Esto las lleva a depender de otras personas, para su manutención y el de sus familias e hijos.

Es por ello que estos factores pueden ser detonadores para ejercer violencia tanto intrafamiliar como en otros ámbitos, como escolares, laborales entre amigos o en unja relación de pareja.

Es por ello que The Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyado por uno de sus programas emblemáticos, el proyecto VIVE, distribuyeron el “Manual de Prevención de la Violencia contra Niñas y mujeres”, una guía práctica que permite identificar cuándo son víctimas de violencia de género y qué acciones pueden tomar para revertir la situación o salir de situaciones violentas.

La mayor parte de las veces ocurre en nuestros espacios más cercanos, es decir, en nuestra propia casa o familia. Así en México, 43.9% de las mujeres que afirmaron haber vivido violencia fueron atacadas por su propia pareja (ENDIREH, 2016).

A continuación, algunos extractos del “Manual de Prevención de la Violencia contra Niñas y mujeres”

La violencia comienza en casa

El problema es que, desde que somos niñas, nos enseñan que hay ciertas “conductas permitidas” para los hombres y para las mujeres, y dentro de estas conductas permitidas se encuentra la violencia. Desde que a un niño le dicen “los niños no lloran”, o “el último en llegar es niña”, hasta el “no te vayas a rajar”, los hombres han sido obligados a demostrar que “son fuertes”, que “no tienen miedo”, y sobre todo, a que usando la violencia van a demostrar su poder. Esta idea, totalmente equivocada, hace creer a muchos hombres que la violencia es la única forma para expresarse y manejar las emociones.

La violencia está sancionada en México. En el 2007, fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Esta ley es importante porque obliga a las autoridades a hacer acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres y las niñas.

Esta ley define por primera vez los tipos de violencia en física, psicológica, económica, patrimonial y sexual; con la finalidad de mostrar que muchas veces la violencia no se ve, es decir, puede darse mediante acciones como controlar el gasto, amenazar a la pareja, obligarla a hacer cosas que no quiere, etcétera.

En el 2011, hubo un cambio muy importante en nuestra Constitución que se le llamó “Reforma Constitucional”. Este cambio obligó a los estados del país a actualizar sus leyes para que obedecieran a esta Ley General en materia de violencia y a que tomaran en cuenta los tratados internacionales que México ha firmado para que se protejan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Además de nombrar qué es violencia y dónde puede ocurrir, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de los derechos que tenemos las mujeres y las niñas que hemos sufrido situaciones de violencia. Estos derechos son la la reparación del daño y la atención integral.

Se puede y debe denunciar

La atención integral: Tiene que ver con que el gobierno cree instituciones especializadas y capacite a quienes trabajan en sus diferentes áreas para que entiendan qué es la violencia hacia las mujeres y las niñas y sepan qué hacer para identificarla desde sus primeras señales, para reportarla, para atender a las mujeres y niñas que se atrevan a denunciar, y sobre todo, para garantizar que su vida no esté en riesgo y que este tipo de situaciones no le pasen a más mujeres o niñas.

Mientras que la reparación del daño tiene que ver con las acciones que el Estado, es decir el gobierno, tiene que hacer en caso de que una mujer o niña haya vivido una situación de violencia.

Es decir, no se trata únicamente de meter a una persona (o varias) a la cárcel, si no de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder y de que la mujer o niña que haya vivido esta situación cuente con los servicios necesarios para salir adelante, por ejemplo, atención médica o psicológica, asesoría jurídica, apoyos para su familia y para comenzar una nueva vida.

En el 2014, esta ley fue actualizada para incluir más formas de violencia hacia las mujeres. Entre éstas, la prohibición a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia. Esto sucede cuando un empleador/a no deja que una mujer que acaba de ser madre pueda estar con su hijo/a después del parto, o que no le dé tiempo para sacarse la leche.

Actualmente, todos los estados del país cuentan con su Ley en materia de violencia.

Tipos de violencia

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Violencia Laboral y Docente

El gobierno también tiene la obligación de generar mecanismos para la reeducación de los hombres violentos. Es decir, no solamente tiene que dar servicios a las mujeres que vivan violencia, si no a los hombres que la reproducen y utilizan para que se den cuenta de que están mal y modifiquen su manera de relacionarse. La idea es que con estos servicios, la persona agresora pueda reconocer su machismo, las ideas de que el hombre vale más que la mujer, y que vea que la violencia no es una forma válida de resolver los problemas o manejar las situaciones. Estos servicios tienen que ser gratuitos, profesionales, y tienen que estar disponibles.

Esta violencia es la que sucede en nuestros espacios de trabajo y en la escuela. Socialmente, debido al machismo, se ve como algo normal que las mujeres hayamos sufrido de jefes o compañeros que nos hacen insinuaciones de tipo sexual, o de profesores que nos “pueden ayudar” si “ponemos más de nuestra parte”: Anteriormente, estos actos no eran considerados como violencia. Ahora, la ley los sanciona y les pone nombre.

Aquí la idea es que hay un abuso de poder que atenta contra nuestra libertad, dignidad, autoestima, salud, seguridad e integridad. Muchas personas creen que para hablar de violencia laboral o docente tienes que haber sido víctima varias veces. Esto es un error, pues basta con una sola vez para que una mujer se pueda sentir amenazada, humillada, intimidada.

Violencia Comunitaria

Esta violencia es la que ejerce en los espacios en los que vivimos: nuestra colonia, comunidad, barrio, municipio, estado. Pueden ser actos de una sola persona o de varias, que tienen como objetivo limitar los derechos de las mujeres y que además arraigan la discriminación hacia nosotras haciéndonos menos, discriminándonos, excluyéndonos, ignorándonos, marginándonos o excluyéndonos en lo público.

Algunos ejemplos son: que las mujeres no puedan ser candidatas para puestos públicos. Que las mujeres no puedan participar en las asambleas de los pueblos para decidir cómo se van a usar los recursos. Que a las mujeres se les prohíba salir después de ciertas horas o que no puedan estar solas en la calle.

Reconocer la violencia

Tiene que ver con una situación que NO es igualitaria, donde hay un abuso de poder. Una persona manda, y la otra obedece. Esto genera tristeza, frustración, impotencia, y coraje. Es por eso que muchas veces, cuando alguien es violento con nosotras, nos desquitamos con una persona o cosa que consideramos más débil que nosotras. Por ejemplo, nuestros/ as hijos/as, una mascota. Hasta puede llevarnos a desquitarnos con nosotras mismas, abusando del alcohol p lastimando nuestro cuerpo.

Tiene una intensión, que es OBLIGARNOS a hacer algo que no queremos. De esta manera, nos vamos a sentir frustradas, solas, y a veces hasta podemos pensar que no hay nada que podamos hacer, porque nadie parece comprender nuestra situación o no parece haber una forma de cambiar las cosas. Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que en realidad no somos la única persona pasando por esto, y que hay una red de servicios dentro del gobierno, por parte de las organizaciones, y hasta redes de apoyo como amigas o familiares.

Y, aunque parezca muy difícil, HAY una manera de cambiar las cosas; este cambio no va a ser rápido o fácil, pero es básico y necesario.

La violencia hacia las mujeres y las niñas busca reforzar las ideas tradicionales sobre las mujeres y los hombres, de tal forma que nosotras tenemos que ser las débiles, las que necesitan de un hombre para sobrevivir, las que tienen que aguantar todo por amor y por la familia. Si nos atrevemos a salirnos de estas “cajitas” construidas por la sociedad desde hace muchísimo tiempo, la violencia aparece como una herramienta para regresarnos, para que aprendamos lo que podemos hacer y lo que NO podemos hacer.

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

El asesinato de la joven, quien se encontraba de intercambio desde la Universidad de Granada, ocurrió el pasado sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla por un presunto robo. El agresor, un hombre que vestía playera blanca y llevaba mochila negra, la atacó con un arma blanca que le provocó la muerte.

Casa de la Cultura no contaba con servicios de emergencias ni policías que brindaran seguridad

Tacoronte se encontraba en ese lugar porque asistió a la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se celebraba en ese centro cultural del 12 al 14 de septiembre. La estudiante pernoctaba allí porque el plan contemplaba la construcción del primer temazcal del municipio y les ofrecían pasar la noche en sus instalaciones.

Ante los hechos, el periodista especializado en crimen organizado y también escritor, Ricardo Ravelo, cuestionó la falta de protocolos implementados por el municipio de Cuautla para el desarrollo del evento cultural, ya que no contaba con seguridad ni elementos de emergencias en caso de presentarse un incidente.

Y es que la emergencia sucedió el primer día de actividades: la joven fue gravemente herida y no pudo recibir atención médica inmediata. Vecinos del lugar denunciaron que los servicios de emergencias y seguridad tardaron más de media hora en llegar al sitio para atenderla, y finalmente murió.

“Nunca está de más tenerlos ahí por si hay un desmayo, alguna persona sufre un infarto”, apuntó el experto en entrevista con Infobae México.

“Un territorio asediado por el crimen organizado”: Ravelo

Ravelo cuestionó la decisión de realizar la feria cultural en Cuautla al señalar que se trata de “un territorio asediado por la delincuencia organizada”, lo que ha quedado evidenciado desde la detención del alcalde, Jesús Corona Damián, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El periodista dijo no comprender la razón por la que las autoridades decidieron llevar a cabo el evento en un municipio bajo control de estructuras criminales, donde se ha implementado la Operación Enjambre y el llamado “Plan Cuautla” para desmantelar redes delictivas.

“Todavía no tiene condiciones, este territorio no tiene condiciones de seguridad al 100% porque están en pleno trabajo de ubicación de delincuentes, cómplices... Es una estructura criminal que no solamente tomó el control de municipios, sino que además también ha implementado secuestros, asesinatos, desapariciones, feminicidios”, explicó.

El experto planteó que los organizadores y el gobierno estatal buscaron aprovechar la fiesta de plantas medicinales para “proyectar una imagen diferente” de la región Oriente de Morelos. Sin embargo, remarcó que lo hicieron “sin llevar a cabo los protocolos mínimos necesarios de seguridad”.

El mapa criminal que opera en Morelos

Ravelo detalló que la región oriente del estado, donde se ubica el municipio de Cuautla, se encuentra en disputa por varios grupos delictivos, entre los que se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo de Los Tlahuica y Los Rojos, las cuales son las principales estructuras activas en la zona.

La delincuencia que afecta al estado también ha impactado a la comunidad de la UAEM, provocando los cuatro feminicidios que suman en siete meses. Al respecto, dijo que de manera directa los delitos que aquejan a los estudiantes es el tema del narcomenudeo y la trata de personas, que han sido denunciados desde meses atrás por los propios alumnos.

Además, subrayó que la falta de detenciones en los cuatro casos de feminicidio (de los que uno solo cuenta con un arresto) es una muestra de la impunidad que existe en Morelos.

“Si impera la impunidad, pues ahí se generan las condiciones para que florezca la delincuencia”, explicó.

Además, dijo que es necesario que las escuelas cuenten con un análisis de riesgo de las zonas con la que cuentan con colaboración para intercambios estudiantiles, ya que podría evitar nuevas tragedias como la del asesinato de Tacoronte.

Morelos continúa como uno de los estados con más feminicidios a nivel nacional, al ocupar el sexto lugar del listado en lo que va del 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, en la entidad se han reportado 21 casos de feminicidio al corte del 31 de julio de este año, entre los que destacan los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y el más reciente, Claudia Tacoronte Aguilera, alumna originaria de España.

Los feminicidios de Kimberly y Karol ocurrieron en marzo, en circunstancias separadas, pero sus cuerpos fueron hallados con tres días de diferencia, después de que ambas fueron reportadas como desaparecidas.

Estos dos casos provocaron una movilización estudiantil. Las protestas derivaron en tomas de instalaciones y en un paro que se prolongó durante varias semanas.

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después, el 2 de junio.

Con este caso, el asesinato de Claudia Tacoronte se convirtió en el cuarto caso de una estudiante vinculada con la UAEM asesinada o localizada sin vida durante los primeros nueve meses del año.

A esto se suma, que según el informe del Secretariado Ejecutivo, el estado registra la segunda tasa más alta de casos por cada 100 mil habitantes y del total de feminicidios, nueve corresponden a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad; y cuatro a mujeres de 30 a 60 años.

Ley General contra del Feminicidio es una campaña propagandística, acusa activista

Tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla, Morelos, la activista Yndira Sandoval exigió justicia por la estudiante española y cuestionó la respuesta de las autoridades estatales, municipales y federales ante la violencia contra las mujeres, al recordar que este es el cuarto caso de feminicidio relacionado a la UAEM.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, sostuvo que las mujeres no han sido prioridad ni para el gobierno estatal, encabezado por Margarita Saravia, ni para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, Sandoval calificó como una medida propagandística la iniciativa de una Ley General de Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la propuesta carece de presupuesto para cumplir sus obligaciones y que, sin recursos, persistirán las fallas en prevención, investigación y sanción de los feminicidios.

“La ley se propone más como una campaña propagandística”, dice en la publicación.

La activista recordó que Tacoronte estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y mencionó los asesinatos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, jóvenes vinculadas con esa institución.

“Extranjeras o no, resulta que el Estado mexicano, el estado de Morelos y las autoridades municipales no han sido capaces de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”, declaró.

Sandoval también cuestionó los anuncios oficiales sobre la detención del presunto feminicida de Andrea Maylín y calificó el Plan Cuautla como “un fracaso rotundo del Estado”.

Violencia contra las mujeres en Morelos

El Secretariado Ejecutivo señaló que en los primeros siete meses del 2026, Morelos también se colocó como el sexto estado con más homicidios dolosos de mujeres.

De acuerdo con el reporte, se registraron 48 casos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, los cuales representan 5.5% de los homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.

En este rubro, del total de víctimas 12 son mujeres de entre 18 y 29 años; y 19 más de entre 30 y 60 años.

Respecto al homicidio culposo de mujeres, el estado ocupa el lugar número 19, con 33 casos.

Asimismo, ocupa el lugar número 27 en cuanto a lesiones dolosas, con 147 víctimas registradas; y el cuarto lugar respecto a lesiones culposas, con mil 010 casos en el mismo periodo.

El informe de la dependencia indicó que Morelos se encuentra en el lugar 18 entorno a violación simple y equiparada, con 285 casos en el mismo periodo; y es el octavo estado en el que se registraron más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Según el mismo reporte, Morelos es el cuarto estado con más casos de secuestro de mujeres, con tres reportes.

Hasta el momento, el estado no ha registrado ningún caso de tráfico de menores, aunque es el número 13 en corrupción de menores, con 28 casos.

El caso se presentó el 7 de septiembre en una de las viviendas del barrio Betania, ubicado en la localidad de Usme, suroriente de Bogotá, pero los hechos salieron a la luz la noche del miércoles 9 de septiembre, cuando se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida alrededor de las 8:30 p. m., y justo en el kilómetro 17+300 de la vía al Llano, en el sentido Villavicencio-Bogotá, jurisdicción del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

De acuerdo con lo que señaló el comunicado de la Fiscalía General de la Nación emitido la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, el hoy procesado Dionnys David Fonseca Turizo, habría atacado primero a la menor, cuando se disponía a salir hacia el colegio.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el hombre la asfixió como represalia tras una discusión que había tenido con la madre de la niña.

Horas después, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor le habría dicho que tenía una sorpresa. Según la investigación, le vendó los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, lo que causó su muerte.

La Fiscalía asegura que el hombre intentó ocultar lo ocurrido dentro de la vivienda

El comunicado indicó que, después de los ataques, el exmilitar habría limpiado las manchas de sangre en el inmueble con el propósito de eliminar rastros de lo ocurrido.

La indagación también señala que, durante la madrugada del 9 de septiembre, cambió la ropa de las víctimas y trasladó los cuerpos en su vehículo.

Fonseca Turizo ubicó a una de ellas en el asiento delantero y a la otra en la parte trasera del automóvil.

Acto seguido, el exmilitar emprendió un viaje con destino a La Guajira, según la Fiscalía. Hacia el mediodía regresó a Bogotá y posteriormente tomó la vía hacia Villavicencio, capital del Meta.

Fonseca Turizo era soldado profesional retirado del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate n.º 59 y trabajaba como vigilante en una tienda ARA.

La menor era hija de Ortiz Salas e hijastra del hombre capturado, oriundo del departamento del Cesar.

La captura se produjo en Chipaque tras la alerta de varios ciudadanos

La captura ocurrió a la altura de Chipaque, Cundinamarca, luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades por la presencia de dos personas dentro de un vehículo que no respondían a sus llamados.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado aceptó los cargos de forma libre y voluntaria durante las audiencias preliminares, y por este motivo un juez de control de garantías ordenó que permanezca bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las verificaciones iniciales relacionan ese episodio con una alteración emocional y psicológica del hombre ante una presunta infidelidad, pero las autoridades no han confirmado que esa situación haya sido el móvil, destacó un informe del diario El Tiempo.

La hipótesis deberá ser contrastada mediante necropsias, testimonios, resultados forenses y otros elementos que sean incorporados al proceso judicial.

Los investigadores también intentan establecer cuánto tiempo permaneció el detenido en La Dorada, cuál era su destino final y qué hizo durante el trayecto.

El automóvil regresó hacia Bogotá y quedó estacionado en la vía al Llano durante la noche del miércoles. Cuando el supervisor de Coviandina pidió al conductor que retirara el vehículo, advirtió una actitud que consideró sospechosa.

Desde el exterior, el trabajador observó a una mujer aparentemente inconsciente en la parte delantera. En el sector posterior detectó objetos personales y una cobija, circunstancias que motivaron el aviso inmediato a las autoridades.

El vehículo avanzó algunos metros, pero fue interceptado para que los funcionarios verificaran su interior. Allí constataron que Ortiz Salas no presentaba signos vitales y encontraron el cuerpo de la niña en la parte trasera.

Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

La UAEM activa protocolos y descarta suspender el programa de intercambio

Alberto Gaytán Alegría, director de Extensión Universitaria y vocero de la UAEM, confirmó que el programa contaba con 20 estudiantes antes del asesinato: seis mexicanos de distintos estados y 14 extranjeros, entre ellos 11 colombianos y tres españoles. Claudia era una de esas tres estudiantes españolas.

Tras conocer el crimen, la UAEM convocó el domingo a una sesión de trabajo con los estudiantes extranjeros y activó un protocolo de atención psicológica. Los participantes del programa resolvieron continuar con sus actividades académicas en Morelos.

“Hasta el momento ellos han decidido permanecer en su programa de intercambio”, dijo Gaytán Alegría. El vocero agregó que la universidad no puede suspender el programa unilateralmente porque eso equivaldría a vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.

La UAEM precisó que el viaje de Claudia a Cuautla no formaba parte de su programa académico ni estaba registrado como actividad institucional. La universidad dijo desconocer las razones del traslado de la joven a ese municipio.

La Universidad de Granada cancela nuevos intercambios y ofrece repatriación a sus alumnos en México

La Universidad de Granada tomó una decisión opuesta a la de la UAEM. La institución andaluza suspendió los traslados de los tres estudiantes que tenían previsto incorporarse al programa en Morelos y les ofreció destinos alternativos según sus intereses académicos.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, informó que la joven llevaba tres semanas en la UAEM cuando fue asesinada. Mercado confirmó que la universidad activó su protocolo internacional para comunicarse con todos sus estudiantes en el extranjero y ofreció facilidades a quienes desearan regresar.

La UGR extendió además el ofrecimiento de repatriación a los 17 alumnos que realizaban estancias en distintas regiones de México. La institución aclaró que Morelos no figuraba en los reportes restrictivos del Ministerio al momento de estructurar la convocatoria de intercambio, en noviembre del año anterior.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, Katia Caballero Rodríguez, describió el impacto en la comunidad universitaria: “Estaba en sus últimos años, y hemos recibido la noticia con un jarro de agua fría”, dijo ante los medios. El vicerrector de Estudiantes, Juan Luis Benítez Muñoz, añadió que ningún protocolo resulta suficiente para afrontar el asesinato de un miembro de la comunidad universitaria.

Las universidades públicas de Andalucía convocaron para el martes 16 de septiembre un minuto de silencio conjunto en Granada. En total, las instituciones andaluzas tienen 171 estudiantes en México: la Universidad de Sevilla encabeza ese número con 100 alumnos distribuidos en 26 centros, seguida por la UGR con 27.

El cónsul de España se reúne con la gobernadora González Saravia y la Fiscalía avanza la investigación

La representación diplomática española en México activó sus mecanismos de apoyo consular desde el primer día. El cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió este lunes con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, junto al fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz.

“Estamos recibiendo una colaboración admirable, muy agradecidos de las autoridades del Estado, y esperamos que en los próximos momentos las cosas se vayan resolviendo y caminando”, dijo Rodríguez Cantero a Proceso. La gobernadora González Saravia había señalado previamente que las autoridades trabajan de manera coordinada desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El Gobierno de Canarias, comunidad autónoma de origen de Claudia, también intervino en la gestión del caso. José Téllez Ledesma, director general de Emigración del Ejecutivo regional, informó que las autoridades canarias trataban de localizar a los familiares de la víctima y que contactaron con la Fundación +34, organización que presta apoyo a españoles en situación de desamparo en el extranjero.

El fiscal Blumenkron declaró que la Fiscalía intervino desde el primer momento con protocolo de feminicidio en el levantamiento del cuerpo. La UAEM anunció que solicitará a esa institución una investigación exhaustiva y con perspectiva de género respecto a una versión difundida en video sobre una presunta falta de atención del número 911 durante la emergencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó públicamente a las autoridades mexicanas que investiguen el crimen. “Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia; el Gobierno de Andalucía está a su disposición”, afirmó Moreno, según informó Infobae con información de EFE.

El director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, Rodrigo Velázquez, describió el propósito que motivó a Claudia a viajar a México. “Por sus particularidades, buscaba expandir sus conocimientos, su aprendizaje y su visión en América Latina”, señaló el director ante Proceso. La joven había elegido cursar materias de filosofía como parte de su experiencia académica en la UAEM.

Sus compañeros del campus Chamilpa le rindieron homenaje este lunes con flores, veladoras e imágenes. La familia de Claudia mantiene contacto con la Embajada de España en México, y la UAEM informó que desconoce por el momento la fecha de arribo de los familiares y del traslado del cuerpo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de la Universidad de Granada que realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La dependencia federal difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia de la joven, sus amistades y las comunidades universitarias de la UGR y la UAEM, sumándose a los pronunciamientos de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y del Gabinete de Seguridad, que también prometieron esclarecer el crimen.

En el comunicado, la SEP aseguró que hace suyas las exigencias de las comunidades universitarias para que el homicidio de Claudia Tacoronte no quede impune. La dependencia pide una investigación exhaustiva y expedita por parte de las autoridades competentes.

Hay coordinación con la SRE

El comunicado detalla que la SEP se mantendrá atenta a las investigaciones y trabajará junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para brindar el apoyo necesario a la familia de Claudia, a la UAEM y a la Universidad de Granada.

Esta coordinación federal se suma a la que ya reportó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la SRE mantiene comunicación directa con el Consulado de España en México.

El cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió con el fiscal Blumenkron y la gobernadora González Saravia para tratar la entrega y repatriación del cuerpo de Claudia. Un familiar de la joven viajará a México para recibir los restos y trasladarlos a España, según confirmaron las autoridades estatales.

El Consulado de España en Ciudad de México aseguró que mantiene “en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos”. Sin embargo, la hermana de Claudia Tacoronte contradijo esta versión sobre el acompañamiento directo a la familia.

En un mensaje difundido en redes sociales, la joven aseguró que ni ella ni sus padres han recibido llamadas de las autoridades mexicanas para explicarles las circunstancias del crimen, más allá de contactos relacionados con trámites legales. “Perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, declaró.

La hermana también cuestionó que no se les haya advertido sobre las condiciones de seguridad antes del viaje de Claudia y mencionó los asesinatos previos de estudiantes en la UAEM. “¿Tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, preguntó.

El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio

Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La joven cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y llevaba cerca de un mes en Morelos como parte de un programa de movilidad académica.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado. Las cámaras vecinales captaron al presunto agresor huyendo con una mochila a las 20:50 horas. Claudia murió a las 21:10 horas, antes de que llegaran los servicios de emergencia, según el relato de testigos presentes en el lugar.

Vecinos denunciaron que las llamadas a los números de emergencia no fueron atendidas durante más de media hora. “Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera”, relató un testigo en un video difundido en redes sociales.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que la institución intervino desde el primer momento con el protocolo establecido para muertes violentas de mujeres. Las autoridades solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas y citaron a varios testigos para identificar al agresor, sin que hasta el momento se reporte algún detenido.

Testigos describieron al presunto atacante como un hombre de baja estatura, con sudadera blanca y mochila negra, que escapó por la calle Los Pinos rumbo a Santa Inés. El fiscal Blumenkron no descartó ninguna línea de investigación. “No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, señaló, luego de que circulara como hipótesis inicial un intento de asalto.

La UAEM registra cuatro asesinatos de estudiantes en 2026

El caso de Tacoronte se suma a los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, tres jóvenes vinculadas a la UAEM asesinadas entre febrero y mayo de este año.

La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitará el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución mexicana. La medida se limita a Morelos: la movilidad de otros 15 estudiantes andaluces en distintos destinos de México continúa activa.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, calificó el crimen como un “acto brutal” y expresó “rabia institucional” por lo ocurrido. La universidad activó ayuda psicológica tanto para los compañeros de Claudia en Granada como para los 27 estudiantes españoles que actualmente realizan estancias en centros mexicanos.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Caballero, señaló que la zona de Cuautla se caracteriza por “cierta peligrosidad” y que el alumnado que viaja a esas regiones recibe recomendaciones de seguridad antes de partir. “Nunca había pasado algo así en todos los años”, afirmó.

El Gabinete de Seguridad de México informó este 14 de septiembre el feminicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La SSPC, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza investigaciones para identificar, ubicar y detener a los responsables, según un mensaje publicado por el organismo. Las autoridades trabajan en coordinación con la Fiscalía de Morelos, las instituciones estatales y el resto del Gabinete de Seguridad.

El gobierno mantiene comunicación con la SRE y expresó sus condolencias a la familia, los seres queridos y la comunidad universitaria de Tacoronte. “Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune”, señaló.

Fiscalía de Morelos investiga como feminicidio el asesinato de la estudiante española en Cuautla

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la UAEM, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos; la Fiscalía General del Estado investiga el crimen como feminicidio y busca identificar al hombre que la atacó cuando se dirigía a dormir.

Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM rindieron homenaje a la joven este lunes 14 de septiembre en Cuernavaca. La comunidad universitaria organizó un pase de lista, guardó un minuto de silencio y colocó veladoras y fotografías para despedir a su compañera.

La Universidad de Granada, donde Tacoronte cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil, también realizó un acto a las 11:00 horas en las puertas de sus centros de trabajo. La comunidad guardó un minuto de silencio y expresó condolencias a los familiares, compañeros y personas cercanas a la estudiante.

Fiscal de Morelos afirma que el levantamiento se realiza con protocolo por muerte violenta de mujer

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, afirmó que la institución intervino desde el inicio bajo los protocolos para muertes violentas de mujeres.

Las autoridades solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de citar a varios testigos para recabar información que permita localizar al responsable. El fiscal sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación.

El cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió este 14 de septiembre con Blumenkron Escobar y la gobernadora Margarita González Saravia para hablar sobre la entrega y repatriación del cuerpo, así como de los avances de las indagatorias. Un familiar de Claudia viajará a México para recibir sus restos y llevarlos a España.

La agresión ocurrió afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, sede de la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. El encuentro se desarrolló del 12 al 14 de septiembre.

Tacoronte se hospedaba en el recinto junto con otros asistentes, quienes podían pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre debido a la construcción del primer temazcal del municipio. La estudiante caminaba hacia el lugar donde dormiría después de participar en las actividades de la feria.

Vecinos señalaron que un sujeto “chaparro y con una mochila” se acercó a ella y la hirió varias veces con un cuchillo. Tras el ataque, la joven entró a la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero murió minutos después.

El caso habría ocurrido durante un presunto asalto, de acuerdo con los reportes iniciales. La Fiscalía de Morelos mantiene la búsqueda para localizar e identificar al agresor.

Compañeros de la UAEM exigieron justicia por Claudia Tacoronte

Claudia Tacoronte había llegado a México semanas antes mediante un programa de intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Llevaba cerca de un mes en Cuernavaca y ya había formado amistades entre la comunidad universitaria.

Pamela Martínez, estudiante de la licenciatura en Docencia, expresó durante el homenaje el dolor y la exigencia de justicia de sus compañeros: “Además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia”.

Juan Rodrigo Velázquez Ángel, director del Instituto de Ciencias de la Educación, pidió solidaridad con la familia de la joven y el esclarecimiento del asesinato. La UAEM solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

La UAEM y la Universidad de Granada condenaron el homicidio de la alumna durante su estancia en México. Ambas instituciones informaron que mantenían comunicación con las autoridades consulares y manifestaron apoyo a familiares, amistades y compañeros.

El Instituto Tlahuilli A.C. describió a Claudia como una joven interesada en aprender, convivir y formar parte de una comunidad dedicada a los saberes sobre plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

Antes de ingresar a la Universidad de Granada, estudió el bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En sus redes sociales compartía imágenes de excursiones en la montaña, visitas a playas, sus mascotas y encuentros con familiares y amistades.

El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR), es la primera de este tipo en la historia del país.

El condenado también deberá pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

La víctima pidió auxilio antes de la agresión

La Fiscalía General de la República sostuvo que el hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda.

Según la investigación, el acusado le provocó heridas profundas en el tórax y el cuello, que causaron su muerte, y luego escapó del lugar.

La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes. El informe forense también detectó lesiones en los brazos de la víctima, compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa ante el ataque.

Presentación espontánea y condena a 42 días del crimen

Horas después del feminicidio, Urbina García acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y manifestó que era la persona buscada por el asesinato. Los agentes lo detuvieron en flagrancia.

Las autoridades señalaron que el condenado era vecino de la víctima y que desde hacía meses mostraba interés en ella. La negativa de la joven habría provocado malestar en el agresor, según la Fiscalía.

La sentencia se dictó 42 días después del crimen. Además de la prisión perpetua, el tribunal impuso al acusado el pago de la indemnización civil a favor de los familiares de la víctima.

En marzo de este 2026 la Asamblea Legislativa emitió una reforma constitucional (Artículo 27 de la Constitución) para que se pague con prisión perpetua el delito de feminicidio y otros delitos graves.

Ante ello, su vigencia entró el 3 de abril y se pueden condenar con esta medida los delitos de homicidio, terrorismo, violación y feminicidio. La medida convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves.

Alto índice feminicida en El Salvador

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador.

Diez de esos casos, equivalentes al 59%, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según el informe. La organización ubica a la violencia dentro de las relaciones íntimas como el principal ámbito vinculado a los crímenes analizados. El 41% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima.

Procesan a 15 presuntos integrantes de “Los Ardillos”

Un juez federal vinculó a proceso a 15 personas señaladas como presuntas integrantes del grupo criminal Los Ardillos, detenidas en el municipio de Acapulco, Guerrero, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La resolución se dictó en continuación de audiencia inicial, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba correspondientes.

Los imputados enfrentan cargos por acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos. Como medida cautelar, el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa y ordenó que los detenidos permanezcan en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo.

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Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM rindieron homenaje este lunes 14 de septiembre a Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, y exigieron justicia por su feminicidio. La comunidad realizó un pase de lista y guardó un minuto de silencio.

El cónsul Marcos Rodríguez Cantero se reunió este lunes con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y la gobernadora Margarita González Saravia para hablar sobre la entrega y repatriación del cuerpo, además del avance de las investigaciones.

La Fiscalía de Morelos solicitó videos de cámaras de seguridad oficiales y privadas, y citó a varios testigos para obtener información que permita localizar al responsable.

Claudia murió el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se hospedaba después de participar en la Feria Nacional de la Planta Medicinal.

Vecinos señalaron que un sujeto descrito como “chaparro y con una mochila” se acercó a ella y la hirió varias veces con un cuchillo.

La joven llevaba un mes en Cuernavaca y ya había establecido amistades en la comunidad universitaria. Durante el homenaje, Pamela Martínez, estudiante de la licenciatura en Docencia, afirmó:

“Además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia”.

El director del ICE, Juan Rodrigo Velázquez Ángel, pidió solidaridad con la familia y el esclarecimiento del caso. El fiscal sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación y explicó que un familiar viajará a México para recibir el cuerpo y realizar la repatriación.

Claudia Tacoronte participaba en una feria de medicina tradicional

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, fue asesinada la noche del sábado durante un presunto asalto afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, en Morelos, cuando se dirigía a dormir tras participar en una feria sobre plantas medicinales. La Fiscalía General del Estado investiga el caso como feminicidio y busca localizar e identificar al responsable.

La joven llegó a México semanas antes para realizar una estancia de intercambio académico entre la Universidad de Granada, donde cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al momento de su muerte, llevaba cerca de un mes en Morelos.

El ataque ocurrió durante la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. La actividad se desarrollaba del 12 al 14 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Tacoronte fue herida con un arma blanca por un hombre, de acuerdo con los reportes. Tras la agresión, entró al recinto cultural para pedir ayuda, pero murió minutos después.

Los asistentes a la feria podían pernoctar en el sitio desde la noche del viernes 11 de septiembre, debido a la construcción del primer temazcal del municipio. Claudia Tacoronte se dirigía a dormir cuando fue atacada al exterior de las instalaciones.

El Instituto Tlahuilli A.C. la describió como una joven interesada en aprender, convivir y formar parte de una comunidad enfocada en los saberes sobre plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

Antes de estudiar en la Universidad de Granada, cursó el bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En sus redes sociales compartía fotografías de excursiones en la montaña, visitas a playas, sus mascotas y convivencias con familiares y amistades.

Medios españoles informaron que participó en actividades de la Concejalía de Juventud, entre ellas labores voluntarias de apoyo en La Palma después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. También recibió formación Scout en Santa Brígida.

Amalia Fajardo, quien fue su docente en una Escuela de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recordó en redes sociales su paso por el aula. La profesora señaló que la estudiante quedó “encapsulada” en su memoria con el paso de los años.

“Recuerdo a una chica muy tímida, con una educación brillante, que participaba en las dinámicas y actividades, siempre acompañada de una sonrisa, incluso cuando la vergüenza podía más. Era una alumna que se esforzaba. Que estaba creciendo. Que tenía toda una vida por delante”, escribió Fajardo.

La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato como feminicidio

La UAEM y la Universidad de Granada condenaron el asesinato de Claudia Tacoronte durante su intercambio en México. Ambas instituciones expresaron solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros, además de informar que mantenían comunicación con las autoridades consulares.

La universidad morelense pidió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia en el caso.

La Universidad de Granada realizó un homenaje este lunes a las 11:00 horas en las puertas de sus centros de trabajo. Durante el acto, la comunidad universitaria guardó un minuto de silencio y transmitió sus condolencias a familiares, compañeros y personas cercanas a la joven.

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, explicó que el expediente se abrió bajo los protocolos establecidos para las muertes violentas de mujeres. “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”, declaró ante medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar al agresor.

El día de hoy, 14 de septiembre, se dio a conocer el asesinato de una joven española que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los reportes preliminares señalan que pudo tratarse de un asalto aunque la Fiscalía del Estado trabaja en esclarecer los hechos.

Claudia Tacoronte, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos como parte de una estancia de movilidad académica en la UAEM.

El hecho ocurre en un contexto de alta percepción de inseguridad que se vive en el estado, tal como revelan cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI.

De acuerdo con las estadísticas el Estado de México tiene la percepción de inseguridad más alta del país con 90.0% de la población que manifestó sentirse insegura; sin embargo, Morelos lo sigue de cerca, en el segundo puesto, por un 88.7% de percepción en inseguridad. En el tercer sitio se encuentra Tabasco con un 87.6%

Solo 32,8% de las personas mayores de 18 años en Morelos afirmó sentirse segura al caminar sin compañía por la noche cerca de su vivienda, de acuerdo con el reporte del INEGI. La entidad ocupó el penúltimo sitio nacional en ese indicador, por encima únicamente del Estado de México, donde la proporción fue de 30,0%.

La percepción de riesgo se mantuvo elevada, aunque los registros reportaron descensos en la ocurrencia de delitos dentro del estado.

Por un lado, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes cayó de 23 mil 812 en 2024 a 21 mil 635 en 2025, una reducción de 9,1% en la prevalencia delictiva.

De acuerdo con las cifras oficiales la incidencia total también disminuyó: Morelos pasó de 40 mil 229 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 34 mil 728 en 2025, lo que implicó una baja de 13,7%; sin embargo, los casos de violencia siguen siendo noticia en la localidad.

En el país, el fraude fue el delito más frecuente en 27 entidades federativas; la extorsión encabezó la lista en tres estados, mientras que el robo o asalto en calle o transporte público ocupó el primer lugar en dos.

La cifra negra nacional permaneció en 93,4%, ya que en esa proporción de delitos no se presentó denuncia o no se abrió una carpeta de investigación.

Feminicidios en la UAEM: van cuatro estudiantes asesinadas en lo que va de 2026

Cabe mencionar que el caso de la estudiante de España no es el primer para la UAEM, pues esta institución suma ya cuatro estudiantes asesinadas o localizadas sin vida durante los primeros nueve meses de 2026.

Tras el homicidio de la española Claudia Tacoronte Aguilera la noche del 12 de septiembre en Cuautla; los casos derivaron en protestas, un paro estudiantil y exigencias para reforzar la seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Las víctimas tenían entre 15 y 21 años y mantenían distintos vínculos académicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dos expedientes, los de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, son investigados como feminicidios; el asesinato de Claudia se indaga con ese protocolo, mientras que las autoridades no habían informado una clasificación definitiva para el caso de Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

Claudia Tacoronte, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos como parte de una estancia de movilidad académica en la UAEM.

La noche del 12 de septiembre fue atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Alcanzó a correr hacia el recinto para pedir ayuda, pero murió por las heridas.

La hipótesis difundida inicialmente apunta a un presunto asalto. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió la investigación bajo protocolo de feminicidio y estableció comunicación con autoridades consulares de España.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, explicó que la institución actuó desde el hallazgo del cuerpo: “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”.

La UAEM pidió una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. La Universidad de Granada condenó el asesinato y ofreció apoyo a la familia de Claudia y a las autoridades consulares españolas.

En Canarias, el Ayuntamiento de Santa Brígida, municipio donde residía la joven, expresó consternación e indignación por el crimen. Otras instituciones españolas también emitieron condenas.

Fue difundido un video en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera huyendo de la escena del crimen con una mochila, a las 20.50 horas del sábado pasado en Cuautla, Morelos. La grabación, captada por cámaras del vecindario, constituye hasta ahora la evidencia visual más directa sobre el responsable del feminicidio.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio y no ha descartado ninguna línea de investigación. La hipótesis del robo es hasta el momento la más robusta, aunque las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades.

La grabación de cámaras vecinales capta al sospechoso corriendo con una mochila lejos del lugar del ataque minutos después de que la joven fuera acuchillada e ingresara herida a la Casa de la Cultura de Cuautla en busca de auxilio.

Cronología del ataque

Tacoronte fue agredida alrededor de las 20.30 horas del sábado, en las cercanías de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento al que había asistido en el centro de Cuautla. Ante el ataque, la joven trató de resguardarse al interior de la Casa de la Cultura. El agresor la persiguió con una navaja hasta el interior del inmueble. Las cámaras del vecindario captaron al presunto atacante a la carrera a las 20.50 horas.

La estudiante falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia a auxiliarla, a las 21.10 horas.

La hipótesis del robo, la más robusta hasta ahora

La Fiscalía General del Estado de Morelos se pronunció este lunes sobre el móvil del ataque sin cerrar líneas de investigación. ‘“Lo han manejado como un posible robo, pero no descartamos tampoco otro móvil porque también había indicios, información de otra situación”’, señaló la dependencia estatal, sin ofrecer más detalles.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó además que la institución contactó “inmediatamente” al Consulado de España tras conocerse el crimen.

Claudia es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en siete meses

El caso de Claudia Tacoronte se suma a una lista de víctimas vinculadas a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde la joven realizaba su intercambio académico. Solo en lo que va del año, otras tres estudiantes de esa universidad han sido asesinadas.

En febrero, Kimberly Ramos, de 18 años, desapareció cuando iba a sus clases en el campus de Cuernavaca. Las protestas de sus compañeros obligaron al recinto a suspender actividades. Su cuerpo fue hallado diez días después en un polígono a las afueras de la ciudad.

Ese mismo período se perdió el rastro de Karol Toledo, estudiante de Enfermería de la misma universidad, también de 18 años. Su cuerpo fue encontrado tres días después, lo que reactivó las manifestaciones en la UAEM.

El 24 de mayo, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna de bachillerato de la UAEM e hija de una profesora de esa institución, salió de su casa en Yautepec para comprar cartulina y desapareció. Su cuerpo se halló diez días después en Tepoztlán.

En los tres casos anteriores, la universidad emitió el mismo reclamo que repitió tras el crimen de Tacoronte: ‘“La UAEM demanda a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”’.

En México, mil 250 mujeres fueron asesinadas en los primeros siete meses de este año. Morelos mantiene la segunda tasa más alta del país en homicidios de mujeres, y el 95% de esos crímenes queda impune.

Quién era Claudia y el testimonio de una compañera

Tacoronte era canaria, estudiante de la Universidad de Granada y llevaba apenas un mes en México. Residía en Cuernavaca, la capital de Morelos, donde se ubica el campus más grande de la UAEM, con 20 mil alumnos.

El sábado, Tacoronte se animó a asistir con un compañero de facultad a la feria de plantas medicinales en Cuautla, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahulli. La organización señaló en un comunicado que “Claudia llegó a este encuentro con el deseo de aprender, convivir y formar parte de una comunidad reunida alrededor de los saberes, las plantas medicinales, la salud y el cuidado colectivo”.

Reacciones en España tras el crimen

El crimen despertó indignación a ambos lados del Atlántico. En España, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con los ministros Diana Morant y José Manuel Albares, además del canario Ángel Víctor Torres, lamentaron el asesinato.

La Universidad de Granada canceló la estancia de tres estudiantes que iban a viajar el próximo semestre a la Universidad de Morelos. La institución afirmó que no tenía conocimiento previo de la muerte de las otras tres estudiantes en los últimos siete meses.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, declaró que ‘“es un día de profunda tristeza y mucha rabia institucional al haber conocido el asesinato de nuestra estudiante Claudia Tacoronte”’.

Añadió que activaron “‘el protocolo internacional y nos pusimos en contacto con la embajada y la familia para conocer las circunstancias más en detalle y ponernos a disposición de sus familiares’”.

El Consulado General de España en Ciudad de México confirmó que se mantiene ‘“en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos”’, según fuentes del Ministerio de Exteriores español.

Noemí Pérez López, de 38 años, fue asesinada a puñaladas el 8 de agosto dentro de su vivienda en Paso Pata, una comunidad rural de Jesús Menéndez, en Las Tunas. El feminicidio, presuntamente cometido por su expareja, elevó a 52 los casos verificados en Cuba durante 2026 por el Observatorio de Alas Tensas, plataforma feminista independiente de seguimiento de la violencia de género en la isla.

La mujer era madre de un adolescente y de una niña con un estado de salud delicado que requería cuidados especiales. Ninguno de los dos hijos tenía vínculo con el sospechoso, quien permaneció prófugo durante casi un mes antes de ser detenido el 5 de septiembre en La Habana.

El registro del observatorio incluye, hasta el 14 de septiembre, 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida. La organización también investigaba 12 posibles feminicidios y 20 intentos alertados durante 2026.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando el presunto agresor ingresó al hogar de Pérez López y la atacó con un arma blanca. El Observatorio de Alas Tensas calificó el crimen como “un ataque de extrema crueldad”.

La familia de la víctima atravesó semanas de angustia mientras el hombre señalado como responsable permanecía prófugo. La agencia EFE informó que la detención se produjo en La Habana, tras casi un mes de búsqueda.

El sospechoso fue identificado en publicaciones de NiO Reportando un Crimen como José Luis Ávila Pérez, también mencionado como “El Pombo”. La información recopilada lo sitúa como expareja de la víctima.

Parejas y exparejas, el vínculo más frecuente en los casos verificados

Los asesinatos cometidos por parejas o exparejas constituyeron 40 de los 48 feminicidios verificados por el observatorio en 2025. En ese mismo período, 30 crímenes ocurrieron dentro de viviendas.

La muerte de Pérez López reúne ambas circunstancias: la presunta responsabilidad de una expareja y el ataque en el espacio doméstico. La plataforma ha advertido que la violencia extrema contra las mujeres persiste especialmente en relaciones formales y tras rupturas de pareja.

Las consecuencias alcanzan a hijos, familiares y personas cercanas a las víctimas. Durante 2025, 29 de las 48 mujeres asesinadas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijos e hijas menores de edad.

La organización señaló que la hija de Pérez López requería una atención mayor por su condición de salud: “Focalizamos la situación de la niña, de la que verificamos una salud delicada, que requería más cuidados por parte de su mamá”.

Reclamos por estadísticas oficiales y medidas de protección

Cuba no tipifica el feminicidio como delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez informan sobre estos asesinatos. Aunque el Gobierno cubano ha declarado “tolerancia cero” frente a la violencia machista, activistas cuestionan la falta de medidas concretas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.

Alas Tensas reclamó al Gobierno la publicación de estadísticas oficiales sistemáticas, la tipificación penal del feminicidio, protocolos de protección, refugios para mujeres en riesgo y líneas de emergencia eficaces. La plataforma sostiene que la crisis económica y energética incrementa la desprotección de mujeres y niñas.

El observatorio mantiene abiertas pesquisas sobre 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género alertados en 2025. También solicitó acceso a las investigaciones de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, mientras observa como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el encuentro compartió con el representante diplomático español avances que calificó como significativos dentro de la investigación en curso. También aseguró que las autoridades estatales mantienen coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México.

“Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, publicó González Saravia.

La reunión con el cónsul ocurrió mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió la estudiante y determinar quién fue responsable del ataque.

Margarita González Saravia promete esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte

Más tarde, la gobernadora se refirió públicamente al caso y expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros universitarios de Claudia Tacoronte.

En un mensaje, González Saravia señaló que el gobierno estatal comenzó a dar seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los hechos y afirmó que existe coordinación con la Fiscalía de Morelos y el Consulado de España.

“Como gobierno del estado, desde el primer minuto estamos dándole seguimiento para encontrar al culpable. Estamos en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, pero también con el consulado de España”, declaró.

La mandataria añadió que confía en que las investigaciones permitan identificar al responsable y que se haga justicia por la muerte de la joven.

La Fiscalía General del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que participa la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La aplicación de este protocolo corresponde a la forma en que se desarrolla la investigación y no establece por sí misma una resolución jurídica definitiva sobre el móvil o las circunstancias del crimen.

¿Qué se sabe del ataque contra la estudiante española en Cuautla?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, era originaria de Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. En agosto llegó a México para realizar una estancia de movilidad académica en la UAEM.

El ataque ocurrió el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un evento cultural relacionado con plantas medicinales.

De acuerdo con la información preliminar difundida sobre el caso, la joven sufrió diversas heridas provocadas por un arma blanca y murió a consecuencia de ellas.

Las autoridades todavía investigan la secuencia exacta de los acontecimientos, el móvil del ataque y la identidad de la persona responsable.

Entre las primeras versiones se encuentra la posibilidad de que la agresión estuviera relacionada con un intento de asalto que escaló hasta el ataque con arma blanca, aunque esta circunstancia continúa sujeta a la indagatoria.

Hasta el momento, no se ha informado de la identidad de un sospechoso.

Entre los datos conocidos sobre el caso se encuentran:

• Claudia Tacoronte tenía 21 años y era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria.
• Cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada.
• Llegó a México en agosto para realizar un intercambio académico en la UAEM.
• El ataque ocurrió el 12 de septiembre en Cuautla.
• La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

La identidad del responsable y las circunstancias exactas del ataque permanecen bajo investigación.

Gobierno de Morelos mantiene contacto con España por el caso Claudia Tacoronte

La reunión entre Margarita González Saravia y el cónsul general de España se suma al contacto institucional que el Gobierno de Morelos informó desde el día en que se conoció la muerte de la estudiante.

Un día antes del encuentro, la gobernadora había señalado que se estableció comunicación con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de Claudia Tacoronte.

También indicó que instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a proporcionar el apoyo que fuera necesario dentro de sus respectivas atribuciones.

En ese mismo mensaje, González Saravia informó que la Fiscalía General del Estado había iniciado la investigación y activado los protocolos correspondientes, y precisó que sería esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avanzara la indagatoria.

El caso también ha recibido atención de autoridades federales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el Consulado de España y que la investigación se desarrolla en Morelos bajo el protocolo de feminicidio.

También señaló que el asunto es atendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad.

Claudia Tacoronte realizaba un intercambio académico en la UAEM

La joven española llegó a Morelos como parte de un intercambio entre instituciones educativas. La Universidad de Granada confirmó que Claudia Tacoronte era estudiante de esa institución y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros.

La universidad también informó que puso sus recursos a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas en México.

Este lunes se realizó un homenaje en su memoria, con un minuto de silencio en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, también pidió a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer la muerte de la estudiante.

Por su parte, la UAEM expresó sus condolencias a la familia de Claudia, así como a sus amistades, compañeros y a la Universidad de Granada, institución de la que provenía.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mexicanas y españolas mantienen comunicación en torno al caso.

La Fiscalía de Morelos deberá establecer las circunstancias de la muerte, determinar las líneas de investigación correspondientes y deslindar responsabilidades conforme avance la indagatoria.

González Saravia reiteró que el gobierno estatal dará seguimiento al caso y que las distintas instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para esclarecer el asesinato de la estudiante española.

Fabiola “N” fue detenida por su presunta responsabilidad en el feminicidio de sus dos hijas de 1 y 6 años de edad, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la mujer tras la realización de las indagatorias.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron en el domicilio de la familia, ubicado en la comunidad de ejido San Pedro. Las menores se encontraban en compañía de su madre cuando esta las comenzó a agredir con un objeto punzocortante que las dejó gravemente lesionadas y les provocó la muerte.

Una vez cometida la agresión, según las autoridades, la mujer también se habría provocado lesiones con el mismo objeto punzocortante utilizado contra las niñas, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica antes de su ingreso al sistema penitenciario.

Las diligencias establecieron la probable intervención de Fabiola “N” en el crimen, lo que motivó a la institución a solicitar ante un juez la orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Fabiola “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, encargada de definir su situación legal.

Procesan a mujer que asesinó a su hija de 11 meses en Edomex

Un hecho similar ocurrió en el mes de agosto, cuando una mujer, identificada como Mirna Samary “N”, presuntamente agredió a su hija de 11 meses de edad con un objeto punzocortante y le provocó la muerte.

Los hechos se registraron el 23 de agosto en la colonia San Mateo, dentro del municipio de Tequixquiac. Según las indagatorias de la FGJEM, madre e hija se encontraban solas en el interior de un domicilio cuando la mujer habría agredido a la menor de edad.

Las heridas provocadas a la bebé le causaron la muerte. Tras el ataque, Mirna Samary “N” se infligió diversas lesiones en el cuello con la intención de quitarse la vida, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos por la Fiscalía del Estado.

La mujer fue auxiliada en el propio domicilio y trasladada de urgencia a un hospital de alta especialidad en el municipio de Zumpango, donde recibió atención médica. Su condición impidió que la detención se concretara de inmediato, por lo que los elementos de la Fiscalía debieron esperar a que recibiera el alta hospitalaria para ejecutar el mandato judicial en su contra.

Al tener conocimiento del suceso, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes, identificó a la probable responsable y, con base en las diligencias practicadas, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el homicidio de la menor.

La vinculación a proceso y la medida cautelar

Una vez que Mirna Samary “N” fue dada de alta, elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de captura y la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Ante el juez, la representación ministerial expuso el material probatorio reunido durante la etapa inicial de la investigación. El juzgador resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de homicidio en agravio de su hija y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Además, otorgó un plazo de tres meses para que la Fiscalía desarrolle la investigación complementaria del caso.

Qué es el filicidio y qué dice la evidencia sobre estos casos

El término filicidio designa la muerte de un hijo a manos de su padre o madre. Cuando la víctima es un bebé mayor de 24 horas, el Código Penal lo tipifica como homicidio calificado en razón de parentesco, la figura por la que fue procesada la imputada en este expediente.

Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos, no descartó ninguna línea de investigación en el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el sábado pasado en Cuautla a pocas semanas de haber ingresado como alumna de intercambio a la Universidad Autónoma del Estado (UAEM).

El funcionario reconoció que una primera versión del crimen fue un presunto asalto como móvil del ataque con arma blanca cometido en contra de la joven de 21 años; sin embargo, adelantó que existen otros indicios que aún falta por investigar.

“No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, explicó.

Blúmenkron reconoció que de manera previa ya se hablaba de una posible pareja o novio de la víctima como parte de las especulaciones del caso, pero detalló que continuarán investigando para dar con el móvil.

“Incluso ayer mismo circuló, como una especulación de que podría ser su pareja, su novio, el robo, en fin”, señaló sin dar más detalles.

Crimen se investiga como feminicidio: testigos fueron citados y se espera la repatriación del cuerpo de la joven

Blúmenkron reiteró que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, lo que permitirá hacer un amplio análisis de los hechos para determinar el móvil y dar con el responsable. Además, confirmó que se solicitó de inmediato la colaboración del Gobierno Federal para la investigación.

Por el caso, explicó que ya tomaron las declaraciones de varias personas y se revisaron cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió el ataque, incluidas aquellas pertenecientes a particulares aledaños al lugar.

Como parte de las acciones con las autoridades españolas, Blúmenkron sostuvo una reunión con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, y con el cónsul de España, Marcos Rodríguez Cantero, para informar los avances de la investigación.

Sobre la repatriación del cuerpo de Tacoronte, explicó que se espera la llegada de un familiar a México, por lo que se mantienen pendientes de si se concretará la entrega directa y si será la propia familia la que gestionará el proceso.

Claudia Tacoronte tenía pocas semanas de vivir México como parte de un intercambio estudiantil

El fiscal confirmó que Claudia Tacoronte llevaba casi un mes en México al momento del ataque como parte de un intercambio estudiantil de la Universidad de Granada -donde era alumna del cuarto curso del Grado en Educación Infantil- a la UAEM en Morelos.

Su presencia en la Casa de la Cultura de Cuautla respondía a su participación en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se celebraría en ese recinto cultural del 12 al 14 de septiembre.

El funcionario indicó que la joven se había inscrito a esa actividad y que, de acuerdo con la información disponible, se encontraba pernoctando en las instalaciones.

Su feminicidio ocurrió el primer día de actividades, a un costado del centro cultural y durante la noche, cuando se dirigía a dormir. Y es que en el sitio se realizaba la construcción del primer temazcal del municipio como parte del programa de actividades, por lo que tenían la oportunidad de quedarse.

Reportes indican que la joven fue atacada con un arma blanca por un hombre que presuntamente intentó asaltarla. Al resultar lesionada, buscó ayuda al interior del centro cultural, pero falleció minutos más tarde.

Vecinos de la zona reportaron que el sujeto escapó tras cometer la agresión, quien vestía una sudadera blanca y una mochila negra. Además, denunciaron que sus llamadas a los servicios de emergencias y seguridad no fueron atendidas durante más de media hora porque los enviaban a buzón o los mantenían en espera, por lo que su arribo se dio de manera tardía.

Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos y las investigaciones continúan.

El crimen se reportó por personas que se encontraban en el centro cultural al momento de los hechos. Un hombre compartió un video en el que de manera exaltada relató que la joven había entrado al centro cultural lesionada, pero que los servicios de emergencias tardaron mucho tiempo en arribar porque no les contestaban la llamada.

En las imágenes se observa que un grupo de al menos cuatro personas se encontraban alrededor de la mujer mientras estaba recostada en el piso con lesiones y se escucha decir a la persona que graba que tras el ataque la joven pudo correr y resguardarse en las instalaciones de la Casa dela Cultura.

Sin embargo, denunció que le marcaron en varias ocasiones a Seguridad Pública y de emergencia, pero no tuvieron respuesta durante más de media hora.

“Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia, estuvimos marcando, marcando y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera. No entiendo por qué no agilizan una línea donde pudieran entrar, yo sé que hay muchas llamadas, ¿pero dónde está el trabajo que vienen haciendo?“, cuestionó el hombre.

Una mujer que se encontraba en el sitio también refirió que lograron observar al responsable de la agresión, quien portaba una sudadera blanca y una mochila color negro. Los vecinos refirieron a las autoridades que llegaron en el momento de la grabación la calle por la que había escapado para que lo siguieran, pero hasta el momento no se ha informado de algún detenido.

“A los vecinos que vean a un sujeto con chamarra o sudadera blanca, mochila negra, por la calle de Los Pinos rumbo a Santa Inés, por favor, es un chaparro, denle aviso a las autoridades o deténganlo”, solicitó el hombre, que al momento se identificó como vecino de la zona.

El denunciante también refirió que el responsable de la agresión comenzó a correr tras cometer el crimen y, pese a que salieron e intentaron darle alcance, no pudieron hacerlo y el sujeto logró huir.

“Una señorita transitaba por esta calle, es atacada y ese pendej* y ese todavía corre como si nada, por más que intentamos darle alcance pues por demás ya nos llevaba ventaja cuando salimos, entonces ya no lo pudimos alcanzar”, reportó.

El hombre también repitió en varias ocasiones que la joven se encontraba “en muy mal estado” tras la agresión, por lo que instó a las autoridades a tomar acciones y prevenir nuevos hechos violentos.

Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos, informó que el caso se investiga como feminicidio conforme a los protocolos para muertes violentas de mujeres; sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos.

Joven española participaba en una feria de plantas medicinales cuando fue asesinada

Claudia Tacoronte llevaba cerca de un mes de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), proveniente del cuarto curso del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada, en España.

Como parte de su formación e intereses, decidió participar en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se realizaba en la Casa de Cultura de Cuautla del 12 al 14 de septiembre. Su feminicidio ocurrió el primer día de actividades.

Los participantes de la feria tenían la oportunidad de pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre para la construcción del primer temazcal del municipio, una actividad que estaba contemplada dentro del programa.

Las autoridades confirmaron que la joven pasaba la noche en el sitio, por lo que su presencia durante la noche y a un costado del centro cultural se debe a que iba a dormir.

Tras su asesinato, la UAEM y la Universidad de Granada lamentaron el crimen y detallaron que se encontraban en contacto con las autoridades consulares para los siguientes actos en el caso.

Además, se le rindió un homenaje y minuto de silencio la mañana de este lunes al exterior de la universidad española, en el que también extendieron sus condolencias a familiares, compañeros y allegados de la joven.

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad y originaria de España, fue asesinada la noche del sábado luego de un presunto asalto al exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla, ubicada en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, México.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron cuando la estudiante fue atacada con un arma blanca por un hombre. Al resultar lesionada, buscó ayuda al interior del centro cultural, donde falleció minutos más tarde.

La joven tenía pocas semanas de haber llegado al país como parte de un intercambio académico desde la Universidad de Granada, en la que cursaba Educación Infantil, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Tacoronte participaba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. y que se celebraba en la Casa de la Cultura de Cuautla del 12 al 14 de septiembre.

Su feminicidio ocurrió el primer día del evento, al exterior de las instalaciones del sitio cultural, en el que los participantes de la feria podían pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre para la construcción del primer temazcal del municipio. La joven se dirigía a dormir cuando la agredieron.

Tenía cerca de un mes viviendo en México

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida informó que Claudia Tacoronte cursaba el cuarto curso del Grado en Educación Infantil, y al momento de su muerte, estaba de movilidad en la UAEM en Morelos, donde llevaba cerca de un mes como estudiante de intercambio.

De manera previa a esta formación educativa, la joven cursó estudios de bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Instituto Tlahuilli A.C. la describió como una joven deseosa de aprender, convivir y formar parte de una comunidad con interés de los saberes en plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

En sus redes sociales, Claudia Tacoronte compartía su gusto por la naturaleza y por compartir momentos especiales con sus amigos. Solía subir imágenes de excursiones por la montaña, playas, junto a sus mascotas y de momentos compartidos con familiares y amistades.

De acuerdo con medios españoles, la joven participó en actividades organizadas por la Concejalía de Juventud, entre los que destacan su voluntariado en labores de apoyo en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, así como su formación como Scout en Santa Brígida.

La recuerdan como una joven tímida y alegre

Una mujer, de nombre Amalia Fajardo, detalló en redes sociales que la joven fue una de sus alumnas cuando ejerció por primera vez como docente en una Escuela de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante el crimen, dijo que la joven fue una de esas estudiantes que quedó “encapsulada” en su memoria con el paso de los años debido a su personalidad.

“Recuerdo a una chica muy tímida, con una educación brillante, que participaba en las dinámicas y actividades, siempre acompañada de una sonrisa, incluso cuando la vergüenza podía más. Era una alumna que se esforzaba. Que estaba creciendo. Que tenía toda una vida por delante”, recordó.

UAEM Morelos y la Universidad de Granada lamentaron su asesinato

Tanto la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como la Universidad de Granada condenaron el asesinato de Claudia Tacoronte en México durante sus estudios de intercambio.

Ambos se solidarizaron con familiares, amigos y compañeros de la joven e informaron que se mantenían en contacto con las autoridades consulares.

Por su parte, la universidad de Morelos exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia a la joven.

La Universidad de Granada realizó un homenaje para Claudia Tacoronte este lunes, en punto de las 11:00 horas en la puerta de los centros de trabajo de la institución. En el evento rindieron un minuto de silencio en su memoria y enviaron sus condolencias a familiares, compañeros y allegados.

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, informó que el caso se investiga como feminicidio conforme a los protocolos para muertes violentas de mujeres.

“La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”, declaró ante medios de comunicación.

Hasta el momento las autoridades continúan investigando el crimen para localizar e identificar al responsable del asesinato de la joven.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, volvió a colocar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) frente a una serie de hechos violentos que han marcado a su comunidad durante 2026.

La joven, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, fue asesinada la noche del 12 de septiembre tras ser atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Tras la agresión, Claudia alcanzó a correr hacia el recinto para pedir ayuda, pero murió a causa de las heridas. La principal hipótesis difundida inicialmente apunta a un presunto asalto. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio y estableció comunicación con autoridades consulares de España.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, declaró: “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”.

Los primeros días de marzo de 2026 marcaron el inicio de una crisis en la UAEM. Kimberly Joselín Ramos Beltrán fue localizada sin vida el 2 de marzo y, tres días después, el 5 de marzo, Karol Toledo Gómez también fue encontrada asesinada. Ambos feminicidios provocaron una movilización que derivó en tomas de instalaciones y un paro estudiantil que se prolongó durante semanas.

Dos meses después, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después, el 2 de junio. Así, el asesinato de Claudia se convirtió en el cuarto caso de una estudiante vinculada con la UAEM que fue asesinada o localizada sin vida durante los primeros nueve meses del año.

Aunque los cuatro expedientes tienen circunstancias y clasificaciones distintas, los casos provocaron movilizaciones, exigencias de justicia y reclamos para reforzar la seguridad de la comunidad universitaria.

Kimberly Joselín Ramos, el feminicidio que detonó las protestas

Kimberly Joselín Ramos Beltrán tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Desapareció el 20 de febrero y su familia inició la búsqueda después de perder contacto con ella.

El 2 de marzo, su cuerpo fue localizado en la zona norte de Cuernavaca. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos condenó públicamente el feminicidio y declaró que la comunidad universitaria se encontraba de luto.

Durante la investigación fue detenido Jared Alejandro “N”, también estudiante de la UAEM y señalado por las autoridades como probable responsable. La Fiscalía informó que durante las diligencias fueron localizadas pertenencias de Kimberly y el caso quedó bajo investigación judicial.

Mientras Kimberly permanecía desaparecida, estudiantes comenzaron a organizarse para exigir avances en su búsqueda. Tras la confirmación de su asesinato, la protesta escaló con la toma del edificio de Rectoría y el inicio de un plantón en Ciudad Universitaria, donde decenas de alumnos permanecieron durante la noche y convocaron a nuevas movilizaciones.

La respuesta también llegó desde el Gobierno de Morelos. La gobernadora Margarita González Saravia aseguró que daría seguimiento al caso y pidió que no hubiera impunidad en las investigaciones.

Karol Toledo desapareció el mismo día que fue localizada Kimberly

Karol Toledo Gómez, de 18 años y estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo, el mismo día en que fue localizado el cuerpo de Kimberly y mientras la comunidad universitaria comenzaba a movilizarse por el primer feminicidio. La crisis universitaria se profundizó de inmediato.

La UAEM exigió públicamente su localización y estudiantes, familiares y compañeros realizaron movilizaciones mientras continuaba su búsqueda.

Tres días después, el 5 de marzo, Karol fue localizada sin vida. Las autoridades confirmaron que su muerte era investigada como feminicidio y la Fiscalía de Morelos descartó posteriormente una relación entre su caso y el de Kimberly.

Su asesinato provocó una nueva reacción de alumnos, familiares y autoridades universitarias. La protesta que había comenzado con la exigencia de justicia para Kimberly se transformó en una movilización más amplia que exigía respuestas por ambas jóvenes, además de garantías de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Michelle Itzayana fue localizada sin vida nueve días después de desaparecer

El 24 de mayo, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM, desapareció en Yautepec.

Durante los nueve días posteriores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria realizaron acciones para difundir su ficha de búsqueda y exigieron avances en su localización. La propia UAEM expresó solidaridad y acompañamiento a su familia. El 2 de junio, Michelle fue localizada sin vida.

A diferencia de los casos de Kimberly y Karol, las autoridades no habían informado públicamente una clasificación definitiva como feminicidio en las actualizaciones disponibles. su asesinato volvió a provocar indignación y exigencias de esclarecimiento entre sectores de la comunidad universitaria.

La UAEM lamentó el hallazgo y exigió que los hechos fueran esclarecidos, además de expresar solidaridad con su familia.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada durante un intercambio

El cuarto caso ocurrió más de tres meses después de que Michelle fuera localizada sin vida. Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Había llegado a Morelos para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La noche del 12 de septiembre fue asesinada en Cuautla. La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras las autoridades españolas mantienen contacto con la familia y las autoridades judiciales mexicanas.

La UAEM exigió una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. La Universidad de Granada también condenó el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas su apoyo.

El crimen también provocó reacciones en Canarias. El Ayuntamiento de Santa Brígida, municipio donde residía Claudia, expresó su consternación e indignación por su asesinato, mientras otras instituciones españolas se sumaron a las muestras de condena.

El paro estudiantil que siguió a los feminicidios de Kimberly y Karol

Los feminicidios de Kimberly y Karol, localizadas sin vida entre el 2 y el 5 de marzo, no sólo provocaron pronunciamientos institucionales.

Desde los primeros días de ese mes, estudiantes de distintas unidades académicas iniciaron protestas que incluyeron la toma de instalaciones, un plantón en Ciudad Universitaria y la suspensión de actividades.

La UAEM abrió una serie de comunicaciones con el movimiento denominado Resistencia Estudiantil. Durante marzo se realizaron gestiones para establecer una mesa central de diálogo y la Rectoría entregó una Carta Institucional de Garantías para los alumnos que participaron en la protesta.

Para el 19 de marzo, cuando habían transcurrido más de 20 días de movilización, las demandas estudiantiles ya incluían justicia para Kimberly y Karol, garantías de seguridad y medidas para atender las condiciones de riesgo en los distintos espacios universitarios.

La institución mantuvo su exigencia de justicia con perspectiva de género por ambos feminicidios y aseguró que establecería mecanismos de atención para las demandas de los estudiantes.

La Universidad de Granada rinde homenaje a Claudia Tacoronte

Este lunes 14 de septiembre, mientras en Morelos continuaban las investigaciones por el asesinato de Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada realizó el homenaje que había convocado para las 11:00 horas, tiempo local de España.

Profesores, estudiantes y trabajadores guardaron un minuto de silencio en memoria de la joven en los accesos de distintos centros universitarios. El homenaje se replicó en la comunidad académica donde Claudia cursaba Educación Infantil antes de viajar a México, mientras compañeros y docentes expresaron su consternación por el asesinato de la estudiante durante su estancia de intercambio.

La violencia de género golpeó nuevamente a la población de República Dominicana, tras confirmarse la muerte de una adolescente de 17 años en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. Las autoridades mantienen abierta una investigación, pero las primeras investigaciones apuntan a un hombre de 40 años como presunto responsable.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como “Michel”. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en la calle A, detrás de un establecimiento comercial situado sobre la carretera Mella, en una zona transitada del municipio.

El informe preliminar del levantamiento estableció que la joven murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que presentaba. La Policía Nacional no ha divulgado el número ni la ubicación de las lesiones, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de videovigilancia del sector se sumaron a las pruebas revisadas por los investigadores. En los registros aparece un Mazda Demio blanco durante la madrugada de los hechos. El vehículo ha sido vinculado con el detenido, de acuerdo con la información policial.

Un destornillador podría ser el arma homicida

Por el caso fue detenido Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, quien es señalado de forma preliminar como el presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la adolescente. Las autoridades investigan si esas heridas fueron provocadas con un destornillador localizado dentro del vehículo que utilizaba el sospechoso.

El objeto fue incautado para someterlo a peritajes. Los análisis deberán establecer si tiene rastros que lo vinculen con la muerte de Fragoso Lizardo y si fue utilizado durante la agresión. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado de forma oficial que el destornillador haya sido el arma empleada.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido usadas por Santiago Guzmán. La ropa tenía manchas de un fluido rojizo, presuntamente sangre, por lo que fue enviada a análisis científicos.

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el ataque

La investigación está a cargo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo de técnicos de la Policía Científica y en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades deberán definir si la víctima y el sospechoso se conocían, cuál era su vínculo y qué circunstancias rodearon el ataque.

El Ministerio Público también tendrá que establecer la tipificación penal del caso. La muerte de la adolescente es investigada en un contexto marcado por los asesinatos de mujeres y las denuncias de agresiones de género en el país caribeño.

La Procuraduría General de la República informó a inicios de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas en República Dominicana durante 2026 en hechos atribuidos a parejas o exparejas. La cifra expone la persistencia de una violencia que afecta a mujeres de distintas edades y que suele quedar fuera del alcance de las instituciones antes de que ocurra un hecho fatal.

Las autoridades dominicanas también registraron alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. El dato refleja la presión que enfrentan los sistemas de protección, investigación y atención a víctimas en el territorio.

Mientras continúan los peritajes sobre el destornillador, las prendas incautadas y las grabaciones de seguridad, Santiago Guzmán será puesto a disposición del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una estudiante española de intercambio, localizada sin vida en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, en la colonia Emiliano Zapata.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que ya se realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a la persona que habría participado en la agresión y determinar su posible vínculo con la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, de 21 años y originaria de Salamanca, España, se encontraba en Morelos como parte de un programa de intercambio académico entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Cómo ocurrió la muerte de la estudiante española en Cuautla?

Según las versiones preliminares proporcionadas por autoridades y fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 12 de septiembre. La estudiante se encontraba en la zona de la Casa de la Cultura cuando habría sido interceptada durante un aparente asalto.

Una de las líneas iniciales señala que la joven habría intentado ponerse a salvo al ingresar al inmueble, pero el presunto agresor habría entrado detrás de ella y la habría atacado con un arma blanca.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio. Los paramédicos localizaron a la estudiante con lesiones de gravedad y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de las policías municipal y estatal desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al presunto responsable. Hasta los reportes proporcionados no se había informado sobre alguna detención relacionada con el caso.

Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar señaló que las autoridades desarrollarán las líneas de investigación necesarias para establecer con precisión lo ocurrido.

Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentra la identidad del probable responsable y si se trata de una persona originaria de Cuautla, de otro municipio de Morelos o de otra entidad.

Aunque el aparente asalto figura entre las primeras versiones sobre el caso, las autoridades mantienen abiertas otras hipótesis para establecer el posible móvil de la agresión. Por ello, no se han adelantado conclusiones sobre la responsabilidad de alguna persona ni sobre una posible relación sentimental con la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, que deberá reunir los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte.

• La víctima tenía 21 años.
• Era originaria de Salamanca, España.
• Se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio.
• El programa académico estaba relacionado con la Universidad de Salamanca y la UAEM.
• El caso ocurrió en Cuautla durante la noche del sábado 12 de septiembre.
• La Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio.
• Hasta los reportes proporcionados no se había informado de personas detenidas.

Gobernadora de Morelos lamenta muerte de estudiante

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó profundamente la muerte de la estudiante española y expresó su solidaridad con su familia, seres queridos y con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La mandataria señaló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada.

Precisó que la Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes, por lo que será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades.

González Saravia también indicó que el Ejecutivo estatal contribuirá, dentro de sus competencias, al esclarecimiento del caso.

Consulado de España recibe comunicación por el caso

Debido a la nacionalidad de la estudiante, las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de la víctima.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar explicó que la Fiscalía Especializada tuvo contacto con la representación consular y que este mecanismo permitirá mantener comunicación con los familiares de la joven y proporcionarles el apoyo necesario durante las diligencias.

La gobernadora, además, instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a brindar el apoyo que sea requerido y mantener comunicación con la UAEM, dentro de sus respectivas atribuciones.

Respecto a la posibilidad de trasladar los restos de la estudiante a España, la información proporcionada señala que la decisión corresponderá a sus padres.

Mientras tanto, la Fiscalía de Morelos continúa con las diligencias y la recopilación de datos de prueba para determinar qué ocurrió, identificar al probable responsable y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una menor de edad en el municipio de Teoloyucan.

Un juez con sede en Cuautitlán determinó iniciar proceso penal contra el individuo luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, relacionados con una agresión que habría ocurrido el pasado 26 de junio en un domicilio ubicado en el Barrio San Sebastián, en Teoloyucan, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, ese día la víctima, una menor de edad, se encontraba en el inmueble junto con otra menor y el ahora detenido, quien presuntamente habitaba en ese domicilio.

Menor habría sido agredida mientras lloraba

La FGJEM señaló que, en un momento determinado, la niña comenzó a llorar. Ante esta situación, Iván “N” presuntamente la tomó entre sus brazos y comenzó a sacudirla mientras le exigía que dejara de llorar.

La investigación establece que posteriormente el individuo habría colocado una de sus manos sobre la boca y nariz de la menor, con lo que aparentemente le impidió respirar de manera adecuada.

Según la Fiscalía, la agresión provocó que la pequeña comenzara a convulsionar. En ese momento, el probable responsable habría detenido la agresión.

La autoridad ministerial también investiga que los hechos presuntamente fueron grabados en video por Iván “N”. De acuerdo con la carpeta de investigación, el material habría sido enviado a la madre de la menor.

Presunta amenaza contra la madre de las niñas

La FGJEM indicó que, además de registrar la agresión, el detenido habría utilizado el video para advertir a la madre de las menores que presuntamente privaría de la vida a sus hijas.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar al probable responsable.

Como resultado de las indagatorias, el Ministerio Público reunió datos que permitieron solicitar ante un juez una orden de aprehensión contra Iván “N”.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Fiscalía mexiquense, quienes posteriormente trasladaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial, que llevó a cabo la audiencia correspondiente para determinar su situación jurídica.

Iván “N” permanecerá en prisión preventiva

Después de analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso a Iván “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía deberá continuar con las diligencias necesarias para fortalecer su investigación.

Asimismo, el juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que la investigación continúa y que será la autoridad judicial la encargada de determinar, con base en las pruebas que sean presentadas durante el procedimiento, si existe responsabilidad penal.

A más de un año del feminicidio de la joven Andrea Maylin Chino Ramos, las autoridades de Morelos dieron a conocer la captura de Ricardo “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia en el estado de Puebla.

Presunto feminicida evadió la justicia desde junio de 2025

La víctima de 22 años fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos, en julio del año pasado. En un inicio, Ricardo “N” reportó la desaparición de quien era su pareja sentimental, asegurando que “se había salido de su domicilio sin pertenencias, ni celular, dejando a su hija de año y medio, y que desde ese momento -20 de junio-” no sabía nada de ella.

El hombre huyó y en octubre de 2025, la Fiscalía de Morelos emitió la ficha de búsqueda del presunto feminicida. Casi un año después de haber emitido el boletín, las autoridades lograron la detención de Ricardo “N” en Puebla, tras la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y del apoyo de Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima.

Las autoridades de Morelos detallaron que mantienen un esquema de acompañamiento institucional para la familia de la víctima, junto a la Secretaría de las Mujeres.

Padres del acusado también fueron detenidos por encubrimiento

Desde el momento en que los familiares de Andrea Maylin tuvieron conocimiento de que había sido privada de la vida, solicitaron a las autoridades citar a los padres de Ricardo “N” para rendir declaración, ya que Chino Mauricio acusaba que el señalado por el feminicidio de su hija, habría huido con ayuda de su progenitor.

El comunicado compartido por la Fiscalía de Morelos, detalla que los padres del presunto feminicida fueron vinculados a proceso, imputándoles “el delito de encubrimiento por favorecimiento consistente en brindarle apoyo para que evadiera la acción de la justicia”, medida que se llevó a cabo el 23 de junio, luego de que fueran detenidos en el Estado de México y Veracruz.

Las autoridades trasladaron a Ricardo “N” a Morelos, donde comparecerá y llevará el proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Familia de la víctima exige pena máxima

Luego de que la dependencia estatal diera a conocer la detención de Ricardo “N”, el padre de la víctima agradeció a quienes han apoyado el caso, como lo ha hecho la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el papá de Maylin destacó la operación y advirtió que su lucha por justicia para su hija continuará, exigiendo sentencia máxima para el presunto feminicida y sus padres:

“Gracias a Dios y a todos los que me han apoyado en el caso de feminicidio de mi hija Andrea Maylin Chino Ramos hoy por fin el responsable está detenido y ahora vamos a luchar para que se le de la sentencia máxima a el y a sus padres por encubrimiento, gracias a todos por ayudarme a compartir la información hasta que por fin dimos con él”.

El secretario de Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la aprehensión de Ricardo “N”, donde participaron autoridades de Morelos Y Puebla, asegurando que “no habrá impunidad” en el caso.

Sergio “N” arrolló a su expareja frente al Mercado de Abastos de Guadalajara en la madrugada del 6 de septiembre, la dejó muerta sobre el asfalto de la colonia Jardines de la Cruz y huyó del lugar. La Fiscalía de Jalisco determinó que el hecho fue un feminicidio intencional, y el presunto responsable, de 30 años, ya se encuentra en un complejo penitenciario a disposición de un juez.

Lo que parecía un atropellamiento fortuito fue, en realidad, el desenlace de una discusión entre el hombre y su expareja. Sergio llegó al domicilio de la víctima, se produjo el enfrentamiento y después la embistió con un vehículo de manera deliberada.

La Vicefiscalía de Mujeres descartó la hipótesis del accidente desde el primer momento

Los policías municipales que llegaron primero al lugar solicitaron una ambulancia de inmediato. La mujer, de entre 20 y 25 años, ya no presentaba signos vitales a consecuencia de las fracturas y los golpes que sufrió.

Los indicios en la escena no eran compatibles con un accidente de tránsito ordinario. Por eso, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio desde los primeros minutos de la investigación.

La Vicefiscalía de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes rechazó la versión del atropellamiento accidental. El área de la Dirección de Feminicidios tomó el control de la carpeta de investigación.

Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recogieron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron al anfiteatro de la ciudad. En ese momento, la mujer aún no había sido identificada formalmente por ningún familiar.

Las cámaras del Escudo Jalisco C5 probaron que el atropellamiento fue intencional

La Vicefiscalía consultó las grabaciones del sistema Escudo Jalisco C5 y también las de cámaras de particulares instaladas en la zona. Esas imágenes quedaron integradas a la carpeta de investigación como prueba central del caso.

Los videos demostraron que Sergio “N” dirigió el vehículo contra la mujer de forma deliberada. La evidencia descartó cualquier posibilidad de que el impacto fuera producto de una distracción o un fallo mecánico.

Con ese material, el Ministerio Público de la Dirección de Feminicidios solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante un juez. La solicitud fue resuelta de manera favorable para que se procediera a la captura del sospechoso.

El operativo de detención fue conjunto: participaron elementos de la Policía de Guadalajara y del Ejército Mexicano. La coordinación entre ambas instituciones permitió localizar y asegurar a Sergio “N” en un tiempo relativamente breve tras los hechos.

Sergio “N”, de 30 años, quedó a disposición de un juez en un complejo penitenciario de Jalisco

El detenido fue trasladado directamente a un complejo penitenciario del estado. Un juez es el responsable de definir su situación jurídica y determinar si procede el proceso formal por el delito de feminicidio.

La clasificación del caso como feminicidio responde a la existencia de razones de género en la comisión del delito. La legislación mexicana contempla esa figura cuando concurren circunstancias específicas que vinculan el crimen con la condición de mujer de la víctima.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de uno de los corredores comerciales más transitados de Guadalajara. La zona del Mercado de Abastos, en la colonia Jardines de la Cruz, registró el crimen en plena madrugada del 6 de septiembre.

La investigación inicial partió de los testimonios de personas que presenciaron el atropellamiento. En esos primeros relatos, la versión predominante era que la mujer intentó cruzar la calle y un conductor no la vio, lo que retrasó brevemente la activación del protocolo específico.

Fue la revisión de las cámaras de vigilancia la que cambió el curso de la investigación. Sin ese material audiovisual, el caso podría haber quedado clasificado como un accidente de tránsito con fuga.

El caso pone en evidencia la importancia del sistema de videovigilancia del Escudo Jalisco C5 para la resolución de delitos de género en el estado. La tecnología fue, en este caso, el elemento que permitió a la Fiscalía sostener la acusación de feminicidio ante un juez.

La Fiscalía de Jalisco no ha difundido el nombre completo de la víctima ni otros datos de su identidad. La investigación continúa abierta mientras el juez define la situación legal de Sergio “N”.

Jalisco registró 12 feminicidios en el primer semestre de 2026

Sofía García Mosqueda, directora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco, informó que el estado acumuló 12 feminicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Esa cifra ubica a la entidad en el décimo lugar nacional en ese delito, de acuerdo con los datos que la propia funcionaria presentó públicamente.

En el mismo periodo, Jalisco registró 37 homicidios dolosos de mujeres, también en el décimo lugar del país. La cifra de lesiones dolosas contra mujeres fue de 2 mil 342 casos, con lo que el estado ocupó el tercer lugar nacional en ese rubro.

García Mosqueda reconoció ante Meganoticias que la meta institucional es llegar a cero casos. “Lo reitero, quisiéramos que fuera 0, pero estamos en el lugar a nivel nacional número 10”, declaró la funcionaria al referirse tanto a feminicidios como a homicidios dolosos de mujeres.

Las cifras de llamadas de emergencia complementan el panorama de violencia de género en el estado. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 20 mil 30 reportes por violencia de pareja, lo que colocó a Jalisco en el segundo lugar nacional en ese indicador.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) había informado en marzo que, al corte del 28 de febrero, Jalisco acumulaba tres feminicidios en los primeros dos meses del año. Fabiola Loya Hernández, titular de la dependencia, precisó en ese momento que dos de los presuntos agresores ya estaban detenidos, y que en 2025 los casos habían disminuido 5% respecto a 2024.

Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Gabriel “N” y Luis Enrique “N” por su probable participación en agresiones sexuales contra una mujer, quien además fue golpeada, encerrada y expuesta a un incendio provocado dentro de un puesto de periódicos en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que ambos procesos derivan de hechos ocurridos el 30 de agosto en la colonia Lomas de Santa Fe. Gabriel “N”, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. Luis Enrique “N” fue vinculado únicamente por el delito de violación.

Agresión sexual y encierro en el puesto de periódicos

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con ambos imputados dentro de un puesto de periódicos en Lomas de Santa Fe, donde presuntamente fue agredida sexualmente por los dos hombres.

Gabriel ‘N’, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras la agresión sexual, Gabriel “N” habría golpeado a la mujer y la encerró junto con Luis Enrique “N” dentro del establecimiento. Ahí, según la Fiscalía CDMX, prendió fuego a una cortina antes de cerrar el acceso desde afuera y retirarse del lugar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se percataron del humo proveniente del puesto, abrieron la cortina y pusieron a salvo a la víctima y a Luis Enrique “N”, quien también había quedado encerrado en el local.

Detención y vinculación de Luis Enrique “N”

Tras el rescate, Luis Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que la víctima lo señalara como uno de sus agresores.

Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía CDMX, el 1 de septiembre la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por el delito de violación. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Investigación y aprehensión de Gabriel “N”

La entrevista realizada a la víctima, junto con los dictámenes periciales en medicina y psicología, permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Gabriel “N”.

A solicitud de la autoridad ministerial, personal de la SSC analizó videograbaciones como parte de las acciones para localizar al imputado. El 5 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la SSC, lo aprehendieron en la alcaldía Álvaro Obregón y lo presentaron ante un juez.

Vinculación a proceso de Gabriel “N” por cuatro delitos

El 6 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados y obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N” por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras dure el proceso.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía CDMX deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación en la etapa intermedia.

Perspectiva de género y presunción de inocencia

La Fiscalía CDMX señaló que continuará la investigación con perspectiva de género y llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la dependencia precisó que las personas mencionadas serán consideradas inocentes respecto de los procesos que aún se encuentran en curso, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez Álvarez, una mujer de 46 años que fue encontrada sin vida en una residencia ubicada dentro de las instalaciones de una empresa en zona rural de Copacabana, Antioquia.

El caso se conoció después de que la pareja de la víctima, identificado como Juan Guillermo Dueñez Restrepo, presuntamente confesara a un amigo y jefe que había matado a su compañera sentimental.

El hallazgo ocurrió en la vereda Cabuyal, sector La Pola, también referida en algunos reportes como El Cabuya. La mujer permanecía en una habitación principal situada en el tercer piso de la empresa Plastic Futuro, donde, según la información preliminar, convivía con Dueñez Restrepo.

El informe inicial de las autoridades clasificó el hecho como una muerte violenta. La inspección técnica estableció de forma preliminar que Sandra Milena presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y que los golpes habrían causado su muerte.

El administrador encontró el cuerpo en una habitación de la empresa

De acuerdo con las versiones recogidas en el proceso, Dueñez Restrepo habría recurrido a un amigo para transmitirle un mensaje a su jefe. El hombre le habría dicho que mató a su pareja y que el cuerpo se encontraba en la residencia que ambos compartían dentro de la compañía.

Tras recibir esa información, el administrador se dirigió a la habitación ubicada en el tercer piso. Allí encontró a Sandra Milena tendida sobre una cama, sin signos vitales y con lesiones visibles en el cuerpo.

El testigo alertó de inmediato a las autoridades. Unidades policiales se desplazaron al lugar, acordonaron el área y realizaron los procedimientos necesarios para preservar la escena. Personal de criminalística efectuó la inspección al cadáver y recopiló elementos que serán incorporados a la investigación.

Vecinos dijeron que vieron a la mujer con golpes un día antes del crimen

Entre las indagaciones también se incluyeron los relatos de habitantes del sector. Algunos vecinos indicaron que un día antes de los hechos vieron llegar a la pareja a las instalaciones de la empresa, que además funcionaban como su lugar de residencia.

Según esas versiones, la mujer habría presentado golpes en el rostro y la cabeza cuando llegó al sitio. Este dato forma parte del material que las autoridades deberán verificar mediante testimonios, registros disponibles y análisis forenses.

Los residentes consultados por Q’hubo señalaron que no escucharon gritos ni ruidos inusuales durante el día en que se conoció el hecho. También indicaron que la pareja llevaba cerca de un año en ese lugar. Esas afirmaciones no constituyen aún una conclusión judicial sobre lo sucedido, pero serán tenidas en cuenta dentro de la reconstrucción de los hechos.

La investigación busca establecer si existieron episodios previos de violencia y determinar el momento en que Sandra Milena Sánchez Álvarez sufrió las lesiones que le causaron la muerte. Los resultados de Medicina Legal y de las demás diligencias permitirán precisar si se utilizó algún objeto contundente, como sugieren las versiones preliminares.

El señalado agresor fue ubicado en Medellín y quedó ante la Fiscalía

Luego de conocerse el caso, las autoridades desplegaron acciones para localizar a Juan Guillermo Dueñez Restrepo, que figura como indiciado por el crimen. Según la información recopilada, una patrulla lo ubicó en Medellín, adonde presuntamente se habría trasladado después de los hechos.

El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá presentar ante un juez los elementos recolectados durante la investigación. En esa etapa se definirá la situación jurídica del detenido y la conducta penal que podría atribuirle el ente acusador.

La muerte de Sandra Milena Sánchez Álvarez se suma a los casos de violencia contra las mujeres que son investigados en Antioquia.

Van cuatro las personas detenidas por el feminicidio de la docente Noemí Isabel Ríos Torres, profesora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (Isenco) en Manzanillo. Así lo confirmaron las autoridades estatales en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) de la capital colimense.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, y el fiscal general del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, informaron sobre la detención de dos nuevos sospechosos, con lo que se suman a los dos capturados días atrás por el mismo caso.

Quiénes son los cuatro detenidos por el feminicidio

Se trata de cuatro personas: Marco “N” y Paola “N”, señalados como presuntos autores materiales del ataque; Karla “N”, identificada como presunta autora intelectual; y Leonardo “N”, quien habría participado como enlace o intermediario en el crimen.

Ríos Torres fue asesinada a balazos la tarde del 2 de septiembre en el municipio de Manzanillo. Desde el inicio, la Fiscalía indicó que el caso se investigaba bajo protocolo de feminicidio.

Cómo se logró la detención de la pareja

Gómez Calcáneo explicó que la captura de la pareja sospechosa fue resultado de la reacción inmediata de las autoridades, del seguimiento continuo del sistema de videovigilancia y de un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El funcionario precisó que los indicios visuales resultaron determinantes para ubicar a los sospechosos. Entre ellos, tatuajes y calzado distintivo identificados a través de la tecnología del C5i permitieron reconstruir la ruta de escape de los presuntos ejecutores.

Gómez Calcáneo subrayó el trabajo coordinado entre instituciones de los tres órdenes de gobierno. Reafirmó, además, el compromiso de las fuerzas de seguridad estatales para actuar con firmeza ante hechos violentos de alto impacto y brindar garantías de tranquilidad a la población colimense.

Aseguramiento de vehículos y armas de fuego

El fiscal García Ramírez amplió el informe técnico-jurídico del caso. Detalló que durante los operativos de captura se logró el aseguramiento de una motocicleta, una camioneta pick-up Saveiro y armas de fuego que habrían sido utilizadas durante la agresión directa contra la catedrática.

El fiscal explicó que los peritajes biológicos y balísticos recabados en la escena y sobre los objetos asegurados se integraron a la carpeta de investigación penal. Esta evidencia, precisó, servirá para sustentar la acusación formal ante los tribunales.

Los elementos periciales forman parte de la estrategia de la FGE para consolidar el caso en su etapa judicial. La dependencia no detalló fechas específicas para las siguientes audiencias del proceso.

La investigación continúa abierta

García Ramírez puntualizó que, aunque las cuatro detenciones representan un paso decisivo para hacer justicia, las investigaciones del caso aún no concluyen. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de trabajo para esclarecer la totalidad de los hechos.

El fiscal indicó que la dependencia estatal garantiza un acompañamiento integral a los familiares de la víctima. Este acompañamiento se realiza mediante los protocolos de atención a víctimas correspondientes al tipo de delito investigado.

Las autoridades no revelaron un móvil específico del crimen durante la conferencia. Tampoco precisaron si existen más personas señaladas dentro de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

La conferencia contó con la presencia de representantes de la SSPC estatal y de la FGE, además de personal de las corporaciones que participaron en los operativos de captura. El caso continúa bajo perspectiva de género, conforme al protocolo de feminicidio aplicado desde el inicio de las indagatorias.

Cómo ocurrió el ataque contra la docente

El crimen ocurrió la tarde del miércoles 2 de septiembre sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago de Manzanillo. Según versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Noemí Isabel Ríos Torres, quien iba acompañada de sus hijos al momento de la agresión.

Los agresores se aproximaron al automóvil y dispararon de manera directa contra la docente. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar mientras la maestra perdía la vida al interior de la unidad, frente a sus hijos.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la escena para procesar el sitio del crimen. En el lugar fueron recabados diversos indicios que se incorporaron a la investigación, además de recopilarse versiones de personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, realizaron las primeras diligencias para establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque e identificar la ruta de escape de los agresores. Estas indagatorias iniciales sentaron las bases de lo que después permitiría reconstruir el movimiento de los responsables hasta su posterior detención.

Camila González Arias tenía 17 años cuando murió a golpes en La Habana, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 29 años. El caso, verificado este lunes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), elevó a 51 la cifra de feminicidios documentados en Cuba durante 2026, una marca que ya supera el total registrado en todo 2025.

Camila cursaba segundo año de preuniversitario y vivía en el barrio de Lawton con su abuela y su hermana menor, de 12 años. Su madre y su abuela atraviesan problemas de salud, según información recopilada por el observatorio, y la adolescente colaboraba en las tareas del hogar y en el cuidado de su hermana.

El 21 de junio, Camila asistió a una fiesta en una piscina junto a Carlos A., de 29 años, identificado por fuentes familiares como su pareja. Posteriormente, ambos se dirigieron a la vivienda de él, situada en el barrio de La Palma, municipio de Arroyo Naranjo, donde la adolescente habría sido asesinada a golpes.

Según los datos reunidos por OGAT, fue la madre del presunto agresor quien llamó a la policía tras intentar detener la agresión, en la que también resultó golpeada. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, Camila ya había muerto. El hombre fue detenido en las horas posteriores al hecho.

El crimen permaneció prácticamente en silencio fuera del círculo familiar. Solo dos días después, algunos allegados publicaron mensajes de despedida en Facebook. El observatorio describió como “prolongado y difícil” el proceso de verificación que le permitió incorporar el caso a su registro.

Con la inclusión de Camila, OGAT contabiliza 51 feminicidios en Cuba en lo que va de 2026, además de 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia de género. La adolescente es, además, la quinta niña o adolescente registrada como víctima de este tipo de violencia en el país durante el año, después de Katherine, de 14 años; Gabriela , de 7; Camila, de 12, y Merlin, de 17.

La diferencia de edad entre Camila y su presunta pareja, de 29 años, ocupa un lugar central en el análisis del observatorio. OGAT señaló que ese dato “no puede convertirse en una nota al margen” y advirtió sobre la normalización histórica en Cuba de relaciones entre adolescentes y hombres adultos, vínculos que calificó de “profundamente desiguales”.

Según fuentes familiares consultadas por el observatorio, ninguna institución del régimen se ha acercado hasta el momento a la familia de Camila para conocer su situación tras el crimen ni ha brindado acompañamiento a su hermana menor.

Uniones tempranas frecuentes

Un análisis de Alas Tensas sobre maternidad adolescente, basado en el Anuario Demográfico de Cuba de 2024, documentó que nacieron 11,962 bebés de madres menores de 20 años en el país. Entre las madres de 15 a 19 años, apenas el 12.05% de los padres pertenecía a ese mismo grupo etario, mientras que el 65.25% tenía 20 años o más.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha manifestado en informes previos su preocupación por la prevalencia de uniones de hecho antes de los 18 años en Cuba y por los efectos de esa práctica sobre la educación, la salud y la autonomía de las niñas.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, de carácter oficialista, reportó para 2025 un total de 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género, contabilizadas según el momento en que sus casos fueron juzgados, no según la fecha del crimen. Ese sistema no incluye un listado nominal público con nombre, fecha y circunstancias de cada víctima.

El Informe Anual de OGAT sobre 2025 había documentado inicialmente 48 feminicidios, cifra actualizada a 49 en agosto de 2026 tras la verificación tardía de un caso adicional. El mismo informe detalló que 40 de esos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y que en 46 de los 49 casos el agresor era una persona conocida por la víctima. OGAT calificó estas cifras como un subregistro, dadas las dificultades para acceder a información policial, judicial y forense en el país.

En el filme, Peterson encarna a Gladys McDonald, la esposa del asesino. La actriz repasó junto a Maru Duffard el proceso de construcción de su personaje, el trabajo del elenco y las reflexiones que la película despierta sobre la violencia de género. En la charla con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan y Fede Mayol, la actriz definió a la producción como un espejo social. “A mí lo que me interesa, pensando ahora que ya se estrenó la película y que hay mucha evolución, gente que sabía lo que había pasado, muchos que nos olvidamos lo terrible que fue, es como este espejo que nos pone la película en frente”, explicó. Agregó que se trata de “un espejo” con distintos ángulos, capaz de mostrar “más y mejor” la realidad social atravesada desde entonces.

Duffard aportó su experiencia al ver la película con motivo de la entrevista, dado que había nacido en 1984 y no tenía un recuerdo acabado del caso. Ambas coincidieron en la relevancia del apodo con el que se conoció a Barreda en la época. “Ese apodo del Conchita, que de alguna manera justificaba la masacre”, señaló Duffard, quien vinculó ese insulto con el quiebre del rol de proveedor que el propio Barreda reivindicaba como justificación de sus actos.

Peterson fue categórica al descartar cualquier justificación posible para el crimen. “Para donde sigas no hay justificación. ¿Cuál? ¿Qué violencia? La violencia que ejercían. Entonces, ¿la matás? No hay justificación”, sostuvo, en referencia a los argumentos que en su momento circularon para explicar el hecho.

La actriz relató además la repercusión internacional que generó el estreno de la película, disponible en 240 países. “Me escriben de España y me dicen: ‘¿Pero qué es Conchita?’. Es un nombre. Acá todas se llaman así”, contó, y remarcó que ese desconocimiento del insulto en otros países hace aún más difícil comprender que ese apodo haya derivado en el asesinato de cuatro mujeres.

Sobre el aporte del cine para reconstruir historias, Peterson explicó por qué considera que la película logra un efecto profundo en el espectador. “Yo puedo reconocer perfectamente el momento en que tu hija se va a casar, el momento en que uno se recibe, en que dos hermanas se despiden. A mí esa parte de la película me destroza el alma, porque vos no sabés cuándo va a ser el último día, tus últimos momentos con tu hermana”, relató, en referencia a las actuaciones de Margarita Páez y Maite Lanata en el papel de las hijas del matrimonio.

La actriz también se refirió a una escena particular protagonizada por Luis Machín, en el papel de Barreda, en la que su hija le pide un objeto personal y él se lo niega. “Es tan miserable que no se lo da”, describió, y valoró el trabajo actoral de su compañero de elenco: “Terminás odiando a Luis Machín, que no hay manera de odiarlo. Yo decía: ¿cómo actuó esto? Yo no creo”.

Peterson explicó también algunos aspectos de la vida cotidiana de su personaje que no llegaron a mostrarse en la película por cuestiones de tiempo. “Ella era odontóloga también, pero se dedicó a su familia y tomaba los turnos. Anotaba los turnos, sabía que atendía, llamaba a la gente, hasta le hacía algunas cosas si venía con urgencias a atenderse”, detalló sobre Gladys.

La conversación abordó también la manera en que la película pone el foco en las víctimas por sobre el victimario, algo que consideraron poco habitual en el tratamiento de casos de violencia. “Se escucha más la voz de las víctimas, algo que no siempre pasa. Y en este caso ves el costado más de las víctimas”, señaló Facundo Kablan, a lo que Peterson agregó: “Las ves vivas, las ves deseando”. Y señala que Barreda “odiaba verlas felices”.

Peterson destacó también el trabajo de la directora del filme, Daniela Goggi, y de la productora About. “Sabe muchísimo y nos hizo confiar en su mirada, porque ella tenía clarísimo cómo la iba a contar. La película tiene una edición fabulosa, el vestuario, el maquillaje de época, toda esta recreación”, enumeró.

La actriz también hizo referencia a las manifestaciones que rodearon el juicio a Barreda en su momento, con estampitas y consignas de apoyo hacia el condenado. “En la puerta de los tribunales, mientras había estampitas, había mujeres, había movimientos feministas que hicieron un montón de cosas. Pero solo era la cámara a Barreda, que era como un actor berreta”, describió.

Sobre el rol de las redes sociales en la actualidad, Peterson advirtió sobre los riesgos de construir figuras públicas a través de plataformas digitales, tal como ocurrió mediáticamente con Barreda en su momento. “Construyeron un personaje en aquel momento. Bueno, pasaba con el rating de la televisión. Ahora los algoritmos y todo ese mundo de red social. Ojalá que los jóvenes puedan construir de otra manera su vida y no a través de redes”, expresó.

Cuba registró 50 feminicidios verificados en 2026 antes de que avanzara el noveno mes del año. La cifra ya superó los 48 documentados en todo 2025 y volvió a poner el foco en la violencia machista, la situación de los hijos de las víctimas y las dudas sobre la seguridad penitenciaria tras uno de los crímenes más recientes.

Según el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas, además de esos casos confirmados este año hubo 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por motivos de género. La organización también investiga 15 posibles feminicidios y 20 intentos denunciados en 2026.

El caso más reciente ocurrió el 4 de septiembre en Sabana, La Caoba, cerca de El Cobre, en Santiago de Cuba. La víctima fue Yadelaine Roque Torres, de 25 años, asesinada frente a la puerta de su vivienda.

El crimen de Yadelaine Roque Torres

El presunto agresor fue su expareja, que había escapado de una prisión y llegó hasta la casa de la joven. Después de cometer el crimen, se suicidó, de acuerdo con la verificación realizada por el Observatorio tras un reporte publicado en Facebook por el periodista exiliado Yosmany Mayeta.

La hija de Yadelaine, de cinco años y nacida de una relación anterior, quedó huérfana de madre. La niña además presenció la muerte violenta.

El impacto en los hijos de las víctimas

Ese impacto sobre los hijos de las víctimas fue descrito por la jurista cubana Maylin Fernández Suris en declaraciones citadas por Diario de Cuba. “Cuando un hombre mata a la madre de un niño, puede destruir al mismo tiempo la organización familiar que sostenía su vida cotidiana. El menor pierde afectos, cuidados e ingresos; puede cambiar de vivienda o de escuela, puede separarse de hermanos, puede trasladarse al hogar de unos abuelos que no poseen recursos suficientes; en casos extremos, puede quedar al cuidado de instituciones estatales”, explicó.

Fernández Suris sostuvo además que “la orfandad provocada por un feminicidio no es ordinaria”. La especialista remarcó que no se trata solo de la pérdida de la madre, sino de una ruptura que altera de manera simultánea la red material y afectiva de los menores.

Como recordó el medio, el proyecto Casa Palanca entrevistó en 2024 a ocho familias de víctimas mortales de violencia machista en Cuba. En seis de esos hogares había algún integrante que recibía una pensión por viudez u orfandad, pero todas las familias denunciaron la falta de acompañamiento psicológico sistemático.

Otro caso confirmado y los que siguen bajo investigación

El otro feminicidio confirmado por el Observatorio fue el de Bertha Veitia López, una mujer de 64 años. El crimen ocurrió el 26 de agosto en Nuevitas, Camagüey.

En el caso de Bertha Veitia López, el sospechoso es un supuesto conocido que permanece bajo custodia policial. Su cuerpo fue hallado en un platanal en condiciones que, según el Observatorio, “muestran una gran crueldad y misoginia”.

El registro independiente que elabora OGAT busca cubrir la falta de información oficial sobre este tipo de crímenes en la isla. Para 2025, además de los 48 feminicidios ya documentados, la organización mantiene bajo investigación 12 posibles casos, cinco hechos que podrían constituir tentativas y el asesinato de un hombre probablemente vinculado a motivos de género.

La confirmación de dos nuevos feminicidios en Cuba elevó a 47 el número de crímenes machistas reportados en lo que va del año, de acuerdo con datos compilados por EFE a partir de los registros de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT).

Los casos corresponden a Yadelaine Roque Torres, de 25 años, asesinada en Santiago de Cuba, y Bertha Veitia López, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Nuevitas, Camagüey. La organización informó que mantiene abiertas investigaciones sobre otras alertas de posibles feminicidios e intentos de asesinato por motivos de género.

La plataforma independiente Alas Tensas confirmó que los dos crímenes se produjeron en circunstancias distintas, aunque ambos se incorporaron a su registro de violencia contra las mujeres. Según los datos reunidos por EFE, el conteo de la organización llegó a 47 feminicidios reportados durante este año.

Yadelaine Roque Torres, conocida como Yade, murió el 4 de agosto en La Caoba, una localidad rural situada cerca de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba.

La información divulgada por AT señala que la joven fue atacada frente a la puerta de su casa por su expareja. El hombre se había fugado de una prisión antes del hecho, según el reporte de la organización.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) indicó, con base en fuentes comunitarias, que el agresor se suicidó después del asesinato.

La hija de Roque Torres, de aproximadamente cinco años y nacida de una relación anterior, presenció el crimen contra su madre, según relataron las activistas.

El cuerpo de Bertha Veitia López fue hallado en un sembrado de plátanos

El segundo caso informado por Alas Tensas fue el de Bertha Veitia López, una trabajadora del hospital local de Nuevitas, en Camagüey. La mujer tenía 64 años.

El hecho ocurrió el 26 de agosto y, de acuerdo con el informe, el presunto agresor era una persona conocida de la víctima.

El cuerpo de Veitia López fue encontrado en un sembrado de plátanos. La organización sostuvo que las condiciones del hallazgo “muestran una gran crueldad y misoginia”.

El supuesto agresor permanece bajo custodia policial, según la información incluida en el reporte de la plataforma feminista.

La organización señaló que el aumento de la violencia en Cuba también ha sido advertido por observatorios que siguen este problema. AT expresó preocupación y tristeza por los hechos registrados.

Alas Tensas investiga alertas de posibles crímenes machistas

Además de los casos confirmados, Alas Tensas indicó que investiga doce posibles feminicidios alertados en 2025. La organización también analiza cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

El observatorio agregó que recibió alertas sobre 15 posibles crímenes machistas y 20 posibles intentos durante 2026. Esos expedientes aún se encuentran bajo investigación de la entidad independiente.

La plataforma había advertido sobre el incremento de los feminicidios en Cuba durante la primera mitad del año. Entre mayo y junio, su registro incorporó 17 casos.

En siete de esos hechos, los presuntos victimarios tenían antecedentes de violencia, de acuerdo con el registro citado por la agencia.

Alas Tensas planteó que la crisis económica y energética que atraviesa Cuba puede contribuir a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

La organización también denunció la persistencia de formas extremas de violencia contra las mujeres en la isla. Según su evaluación, una parte de los feminicidios ocurre dentro de relaciones formales y otra se produce tras la ruptura del vínculo con una expareja.

La plataforma afirmó que varios de esos ataques presentan altos niveles de brutalidad. La entidad ha insistido en la necesidad de visibilizar los casos y seguir su evolución.

El Código Penal cubano no tipifica el feminicidio como delito

Cuba no contempla el feminicidio como una figura penal específica dentro de su Código Penal. Los medios estatales, además, rara vez informan sobre estos casos, según el texto recopilado por EFE.

El Gobierno cubano ha declarado una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. Las autoridades también confirmaron que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género en los juicios realizados durante el año pasado.

Ese registro oficial incluye asesinatos cometidos por parejas, exparejas u otras personas. La cifra fue comunicada por el Gobierno en referencia a causas judiciales tramitadas el año anterior.

De acuerdo con la recopilación elaborada por la agencia a partir de los registros de las ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 feminicidios.

Juan “N” fue detenido por su presunta implicación en el feminicidio de Tatiana Vanessa Almanza García, joven colombiana de 32 años que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de agosto en la capital de San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto fue arrestado por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por lo que fue puesto ante el juez de control para que determine su situación jurídica.

Así fue la localización sin vida de Tatiana Vanessa

De acuerdo con las autoridades, la desaparición de la joven fue denunciada ante la Fiscalía del Estado el lunes 31 de agosto, por lo que se emitió una ficha de búsqueda un día después, el 1 de septiembre. Ese mismo día, agentes ministeriales y de la Policía de Investigación (PDI) localizaron sin vida a Tatiana Vanessa en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

Tras labores de investigación y trabajos de campo, así como de la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la joven fue reportada como vista por última vez, los agentes establecieron la identidad del posible responsable, por lo que se solicitó la orden de captura en contra de Juan “N”.

Aunque se reportó que la joven era buscada desde el 28 de agosto, la Fiscalía del Estado detalló que los familiares refirieron en su denuncia que dejaron de tener comunicación con Tatiana Vanessa a partir del 25 de agosto, por lo que decidieron contactar a las autoridades.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía del Estado determinó que la joven colombiana fue asesinada el 28 de agosto al interior de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital de San Luis Potosí, y posteriormente su cuerpo movido del sitio a bordo de un vehículo.

Desapareció un día después de llegar a SLP

La fiscal del estado, María Manuela García Cázares, detalló en días pasados que el cuerpo de Tatiana Vanessa fue localizado en la zona de Villa de Reyes, sobre la carretera 80, envuelto en un tapete y con signos de descomposición el pasado 1 de septiembre.

Respecto a la causa de muerte, García Cázares señaló que se trató de un estrangulamiento y descartó que la joven tuviera signos de violencia sexual.

“La causa fue una muerte por estrangulamiento, es lo que nos revela la necropsia; no tenía mayores datos de violencia, ni de violencia sexual, pero sí, un estrangulamiento”, afirmó ante medios de comunicación.

La fiscal sostuvo que las indagatorias ya iban avanzadas y que existían indicios sobre la identidad del presunto responsable, aunque no reveló detalles para no entorpecer la investigación. Fue así que dos días después se detuvo a Juan “N”.

Joven fue identificada por una de sus primas

La fiscal detalló que la identificación de Tatiana Vanessa se realizó por una prima hermana que viajó desde Colombia, así como por una amiga que arribó desde la Ciudad de México.

Según García Cázares, la joven llegó a San Luis Potosí el jueves al mediodía, es decir, un día antes de desaparecer y ser asesinada.

Tatiana Vanessa Almanza García nació el 29 de julio de 1994 en Colombia y cumplió 32 años un mes antes de su desaparición. La ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, identificada con el número CDB/CEBPSLP/ZC/VIII/598/2026, la describió con 1.70 metros de estatura, 72 kilogramos de peso, complexión robusta y tez morena clara, que contaba con un tatuaje en la columna con la frase “Made in Hell” además de que llevaba el nombre de “Jerónimo” en el brazo izquierdo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven vivió varios meses en la Ciudad de México antes de trasladarse a otros estados como Puebla, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, donde habría ofrecido servicios de acompañamiento a través del portal La Boutique VIP, aunque las autoridades no confirmaron que la joven colombiana formara parte de él.

Este portal, detalló el comunicador, es señalado como el sucesor de Zona Divas, un portal que cerró por vínculos con el tráfico de mujeres, desaparición de personas y grupos criminales.

La maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio de Manzanillo, Colima. El ataque ocurrió frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago, donde, de acuerdo con versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el automóvil en el que viajaba la profesora.

Según los primeros reportes, los agresores se aproximaron al vehículo y realizaron disparos de arma de fuego de manera directa contra la docente. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que la maestra perdió la vida al interior de la unidad.

El asesinato generó conmoción entre la comunidad educativa de Manzanillo, particularmente entre estudiantes, docentes, egresados y padres de familia vinculados con el ISENCO.

ISENCO exige esclarecer asesinato de la maestra

Luego de conocer el homicidio, el ISENCO Manzanillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo ante la violencia y exhortó a integrantes de la comunidad escolar a manifestarse de manera pacífica para exigir el esclarecimiento del caso.

La institución pidió a estudiantes, docentes, egresados y padres de familia sumarse a las acciones para demandar a la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) una investigación inmediata y el esclarecimiento del asesinato de Noemí Isabel.

La comunidad educativa señaló la gravedad del crimen, debido a que la docente fue atacada mientras se encontraba en su vehículo y en presencia de sus hijos.

El caso también generó preocupación entre integrantes del sector educativo, quienes demandaron que las autoridades investiguen los hechos y localicen a los responsables.

Fiscalía de Colima investiga ataque directo

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de una mujer ocurrido el miércoles 2 de septiembre en la Delegación Santiago, municipio de Manzanillo.

De acuerdo con la dependencia, la víctima fue atacada de manera directa con disparos de arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo.

Después de recibir el reporte, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena del crimen. En el lugar fueron recabados diversos indicios que serán incorporados a la investigación, además de que se obtuvieron versiones de personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, también realizaron las primeras diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque, identificar la ruta de escape de los agresores y determinar las circunstancias que rodearon el asesinato.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y localizar a quien o quienes resulten responsables del crimen para presentarlos ante la autoridad judicial.

Piden que el crimen no quede impune

La dependencia estatal aseguró que trabajará para esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad del ISENCO mantiene el llamado a una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de la maestra Ríos Torres.

El asesinato ocurrido en Manzanillo vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra las mujeres y la necesidad de que las autoridades esclarezcan los homicidios y garanticen que los responsables sean llevados ante la justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Colima no ha informado públicamente sobre personas detenidas por este crimen ni sobre una posible identificación de los agresores.

El asesinato de Noemí Ríos Torres se suma a los hechos de violencia que han generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad colimense, mientras las autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) obtuvo una sentencia condenatoria de 93 años y cuatro meses de prisión contra un hombre identificado como Gregorio “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de feminicidio agravado de su pareja sentimental. El caso ocurrió el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac.

El Tribunal de Enjuiciamiento que dictó el fallo, el 25 de agosto de 2026, también ordenó el pago de más de 1.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Además, se dispuso el decomiso del arma utilizada y la suspensión de los derechos políticos del sentenciado.

Ataque con arma blanca en San Andrés Mixquic

La investigación de la Fiscalía capitalina estableció que la víctima se encontraba junto a Gregorio “N” dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Ignacio de Loyola, en el pueblo de San Andrés Mixquic. Ahí, el hombre la agredió con un cuchillo de cocina.

El ataque le provocó una lesión en el pecho que resultó mortal. Los hechos se registraron dentro de la vivienda que la pareja compartía, según reconstruyó el Ministerio Público durante la etapa de investigación.

La escena del crimen fue procesada por peritos que documentaron tanto el lugar de los hechos como el arma utilizada, elementos que después sostuvieron la acusación formal contra el hoy sentenciado.

Detención en flagrancia y vinculación a proceso

Familiares de la víctima solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y detuvieron a Gregorio “N” en flagrancia el mismo día del ataque.

Con los datos de prueba reunidos tras la detención, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso del imputado el 31 de octubre de 2024, cinco días después de ocurridos los hechos.

Ese periodo entre la detención y la vinculación permitió al Ministerio Público consolidar los primeros elementos de la carpeta de investigación, que después se ampliaría con peritajes especializados hasta llegar al juicio oral.

Peritajes y testimonios que sostuvieron la acusación

Para esclarecer los hechos, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas indirectas y de los policías de la SSC que realizaron la detención del agresor.

La carpeta de investigación incorporó también peritajes en criminalística y fotografía, enfocados en el domicilio donde ocurrió el ataque y en el cuchillo utilizado como arma homicida.

A esto se sumaron dictámenes en medicina forense, mecánica de hechos y mecánica de lesiones, disciplinas que permitieron establecer la forma en que se produjo la agresión y la causa de muerte de la víctima.

El conjunto de estas pruebas fue el que el Tribunal de Enjuiciamiento valoró al concluir el proceso penal, casi dos años después de ocurrido el feminicidio, para declarar la responsabilidad penal de Gregorio “N”.

Plan de Política Criminal 2026 y combate a la impunidad

La obtención de esta sentencia responde a una de las prioridades del Plan de Política Criminal 2026 de la Fiscalía CDMX: fortalecer la investigación y el litigio para que los casos no se agoten con una detención o una vinculación a proceso.

El objetivo de esa estrategia es que las carpetas se sostengan ante los tribunales hasta obtener una resolución condenatoria, en lugar de quedar detenidas en etapas previas del proceso penal.

En los casos de feminicidio, este trabajo se plantea como central para combatir la impunidad y obtener sanciones acordes con la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía capitalina.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador.

Diez de esos casos, equivalentes al 59%, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según el informe elaborado a partir de un monitoreo de medios de comunicación e información policial y judicial.El documento ubica a la violencia dentro de las relaciones íntimas como el principal ámbito vinculado a los crímenes analizados.

Ormusa sostuvo que la proporción de hechos cometidos por parejas o exparejas muestra la persistencia de dinámicas de control, dominación y violencia contra las mujeres en el entorno afectivo y familiar.

El observatorio advirtió que el registro es aproximado, ya que se nutre de noticias publicadas en medios, así como de datos policiales y judiciales. La organización seleccionó los casos que presentaban indicios de feminicidio o de muerte violenta de mujeres durante el período examinado.

Santa Ana y San Salvador reunieron el 65% de los casos

La distribución territorial mostró una concentración de los hechos en seis departamentos. Santa Ana encabezó el registro con siete casos, el 41% del total, seguida por San Salvador, con cuatro asesinatos, el 24%.

Entre ambos departamentos sumaron 11 casos, el 65% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres documentados por ORMUSA entre enero y agosto. La Paz y Cabañas registraron dos casos cada uno, mientras que Usulután y La Libertad contabilizaron un hecho por departamento.

Los crímenes ocurrieron en los municipios y distritos de San Salvador, Guazapa, San Marcos y Nejapa, en el departamento de San Salvador. En Santa Ana, los registros correspondieron a Santa Ana, El Congo, Chalchuapa y Candelaria de la Frontera. También hubo casos en Zacatecoluca y Jerusalén, en La Paz; San Dionisio, en Usulután; Ilobasco y Sensuntepeque, en Cabañas; y Tamanique, en La Libertad.

El informe plantea la necesidad de medidas de prevención, atención y protección con alcance territorial. Aunque Santa Ana y San Salvador concentraron la mayor cantidad de casos, ORMUSA señaló que los feminicidios registrados en otros departamentos plantean retos para la cobertura institucional, en especial en zonas con mayor población rural.

La vivienda de la víctima fue el escenario de siete crímenes

El reporte indica que el 41% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, una proporción que equivale a siete de los 17 hechos registrados. Para ORMUSA, ese dato adquiere relevancia al observarse junto con el predominio de agresores que eran parejas, exparejas o personas cercanas a las mujeres asesinadas.

La organización también informó que en el 12% de los casos los agresores se suicidaron después de cometer el feminicidio. Además, tres presuntos responsables murieron tras los hechos: uno falleció en un accidente de tránsito cuando intentaba escapar y dos se quitaron la vida.

Hasta la fecha de elaboración del informe se habían informado 13 capturas vinculadas a los casos analizados. El documento no detalla la situación procesal de las personas detenidas.

En el 18% de los feminicidios se identificaron indicios de violencia sexual en los cuerpos de las víctimas.

En relación con los métodos empleados, Ormusa indicó que las armas de fuego, las armas blancas y la asfixia estuvieron presentes en el 59% de los casos. El reporte asoció este dato con la utilización de medios de alta letalidad en contextos de violencia de pareja, intrafamiliar o cometida por personas conocidas.

Las víctimas pertenecían a distintos grupos de edad, aunque predominó el rango de 26 a 35 años, que reunió el 30% de los casos. Le siguieron las mujeres de entre 41 y 50 años, con cuatro registros, equivalentes al 24%. En cinco casos, el 40%, no se pudo establecer la edad de la víctima.

Un Juez de Control determinó la segunda vinculación a proceso contra Estrellita “M”, esta vez la causa es por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de una adolescente en Ciudad Madero, Tamaulipas. La imputada ya enfrentaba una causa penal previa por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

El juzgador impuso a la mujer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, según se informó.

La primera causa se abrió por su probable responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años ocurrido en julio dentro de una academia militarizada. La segunda, más reciente, corresponde a un hecho distinto: violencia física y psicológica reiterada contra otra menor de edad, entre 2024 y 2026.

La primera causa: el feminicidio de Dafne Zapata

Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira. Cuatro días después, un Juez de Control la vinculó a proceso por primera vez, como presunta autora material del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la academia militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero.

Esa primera causa continuará hasta enero de 2027, de acuerdo con el plazo fijado por las autoridades judiciales. En caso de ser declarada culpable por feminicidio, la imputada podría enfrentar una pena de entre 40 y 60 años de prisión.

Estrellita “M” se encuentra recluida en el penal de Altamira desde su primera detención, a la espera de que avanzara ese proceso.

La segunda vinculación: violencia familiar equiparada

El 28 de agosto, elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una segunda orden de aprehensión contra la imputada, ahora por violencia familiar equiparada. El mandato judicial derivó de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (Fennam).

Sobre el lugar de los hechos existen versiones distintas. Según las indagatorias, la agresión ocurrió entre octubre de 2024 y julio de 2026 dentro del plantel ubicado en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero. También se señala que los hechos de esta segunda causa están relacionados con una institución educativa de Tampico. Ninguna versión ha sido confirmada hasta el momento. La identidad de la adolescente agraviada permanece en reserva.

Alumnos y exestudiantes han señalado a Estrellita “M” como encargada del área femenil de la academia “Marina Doenitz” y responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Han señalado a Estrellita “M” como responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Un proceso paralelo contra su hermano

El caso de Estrellita “M” corre en paralelo al de su hermano, Juan Jesús “M”, conocido como “Comandante Mora” e instructor de la academia “Marina Doenitz”. Un Juez de Control lo vinculó a proceso el 1 de septiembre por violación agravada, en agravio de una estudiante de 16 años, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Altamira.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) precisó que ambos procedimientos, el de Estrellita “M” y el de su hermano, corresponden a investigaciones distintas, aunque los hechos señalados en ambos casos tuvieron como escenario la misma institución educativa.

A Juan Jesús “M” también se le impuso prisión preventiva. El juez le concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 1 de diciembre.

El origen: el feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Todo el proceso contra Estrellita “M” comenzó a raíz de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio dentro de las instalaciones de la academia militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira, señalada como presunta autora material del feminicidio. Cuatro días después fue vinculada a proceso por primera vez, con prisión preventiva impuesta, y quedó recluida en el penal de Altamira.

Las imágenes del ataque, difundidas por Latina Noticias, contradicen esa afirmación. El registro muestra cómo el sujeto persiguió con el arma en mano a los miembros de su familia tras una discusión, mientras su hija menor lograba escapar de la escena.

Secuencia del crimen e intento de fuga de las víctimas

Según la reconstrucción del canal, la familia regresaba a su domicilio tras una reunión por el feriado cuando se desató una discusión entre Leonardi Vargas y su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo. El hijo de ambos intentó defender a su madre, momento en el que el agresor le disparó por primera vez en el hombro.

Tras ese primer impacto, el hombre persiguió a su esposa por una jardinera del sector hasta ultimarla, y luego regresó sobre sus pasos para rematar a su hijo, que había intentado huir corriendo.

Vecinos de la zona colocaron flores, velas y agua en el lugar donde cayó el cuerpo del joven, estudiante de marketing y negocios internacionales. El medio señaló que el sector, descrito como tranquilo y con poca afluencia de personas, permaneció hermético tras el hecho, sin testimonios directos de quienes presenciaron la persecución.

“Me querian matar”

Tras cometer el doble homicidio, Leonardi Vargas se dirigió a pie hacia su vivienda con aparente calma. Personal de serenazgo y agentes policiales llegaron al lugar, forzaron el ingreso y lo redujeron luego de varios intentos, según el registro del operativo transmitido por el canal.

Durante la intervención, el hombre intentó esconder el arma homicida entre las sábanas de su habitación antes de ser reducido y esposado. En medio del forcejeo, se le escuchó pronunciar dos frases: “yo te mato, yo te mato” y, minutos después, “he tenido que hacerlo en defensa, me querían matar, fue en defensa propia”, de acuerdo con el audio recogido por Latina Noticias.

El detenido fue trasladado primero a la comisaría del distrito y posteriormente a otra dependencia policial de la zona, donde permaneció bajo custodia mientras la Policía Nacional iniciaba las diligencias del caso.

Antecedentes de violencia

Las primeras investigaciones revelaron que Leonardi Vargas ya contaba con denuncias previas por presunta violencia psicológica presentadas por su esposa, hoy fallecida. El medio también reportó un episodio anterior en el que el hombre habría amenazado con su arma a una vecina y a la hija de esta.

Al cierre de la jornada del martes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en violencia contra la mujer de la Corte de Lima Este aceptó el pedido de la fiscalía y dictó siete días de prisión preventiva contra Leonardi Vargas por los delitos de parricidio y feminicidio.

Perfil psicológico del agresor

Consultada por Latina Noticias, la psicóloga Liseth Limas señaló que el comportamiento del agresor corresponde a rasgos de psicopatía, caracterizados por la ausencia de remordimiento, culpa y empatía. “Ve al hijo y a la esposa no como seres humanos a quien ama y defiende, sino como objetos de propiedad”, explicó la especialista en el programa.

La psicóloga precisó que este tipo de perfil no corresponde a una enfermedad mental como la esquizofrenia o la psicosis, sino a personas plenamente conscientes de sus actos y capaces de planificarlos. Según su análisis, la reacción del agresor se produjo en el momento en que perdió el control sobre su familia, cuando esta intentó huir de la escena.

Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. Desde entonces, su caso pasó de estar marcado por fallas en la investigación y casi una década de impunidad a convertirse en un referente para la lucha de las mujeres trans por el reconocimiento de la violencia que enfrentan y por cambios en la legislación de la Ciudad de México.

El asesinato de Paola y los primeros errores

Paola tenía 24 años, era originaria de Chiapas y se dedicaba al trabajo sexual. La madrugada del 30 de septiembre de 2016 se encontraba con sus compañeras en la zona de Puente de Alvarado, en la entonces delegación Cuauhtémoc, cuando abordó un automóvil después de que un hombre solicitara sus servicios.

De acuerdo con la investigación documentada posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), momentos después Paola pidió auxilio a sus compañeras. Kenya Cuevas, amiga y compañera de trabajo de Paola, acudió al vehículo y la encontró herida. El hombre que estaba dentro del automóvil tenía un arma de fuego. Paola murió a consecuencia de los disparos.

Arturo “N” fue detenido inicialmente, pero quedó en libertad dos días después por deficiencias en la integración de la investigación. Aunque posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, permaneció prófugo durante años. Las autoridades incluso ofrecieron una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizarlo.

La lucha de los colectivos trans por investigar el crimen con perspectiva de género

La respuesta de las compañeras de Paola no se limitó a exigir la captura del señalado. Kenya Cuevas y colectivos de mujeres trans comenzaron una lucha para que las autoridades reconocieran que el asesinato debía analizarse dentro del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres trans.

Uno de los principales reclamos fue que Paola fuera reconocida por su identidad de género y que la investigación no se redujera a un homicidio convencional. Las organizaciones también cuestionaron el trato recibido por sus compañeras y la falta de reconocimiento de la familia elegida de Paola, una red fundamental para las personas trans que no cuentan con respaldo de su familia biológica.

En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, la primera de ese organismo en reconocer un transfeminicidio. El documento estableció que en la investigación de la muerte de Paola no se actuó con la debida diligencia ni con perspectiva de género y enfoque diferenciado. También documentó violaciones relacionadas con su identidad de género y afectaciones a Kenya Cuevas como víctima.

La recomendación fue un punto central en la lucha de los colectivos: el caso dejó de ser únicamente una exigencia de justicia por una mujer asesinada y se convirtió en un reclamo para modificar la forma en que las instituciones investigaban la violencia contra mujeres trans.

La disculpa pública de la Fiscalía

La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aceptó en julio de 2019 la Recomendación 02/2019. Entre los compromisos asumidos estuvieron la reparación integral para Kenya Cuevas, un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, así como cambios en procedimientos para incorporar análisis de contexto y riesgo en investigaciones relacionadas con grupos de atención prioritaria.

También se planteó revisar el protocolo de actuación para la atención de personas de la comunidad LGBT+ y modificar criterios de actuación pericial para incorporar elementos que permitieran investigar adecuadamente delitos contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.

El 30 de septiembre de 2021, cinco años después del asesinato, la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy encabezó un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad ante Kenya Cuevas y la familia social de Paola, como parte de las medidas derivadas de aquella recomendación.

La lucha de Paola llegó a la legislación: de 35 a 70 años por transfeminicidio

La exigencia de los colectivos trans también se trasladó al Congreso de la Ciudad de México. Durante años, activistas como Kenya Cuevas impulsaron que la legislación reconociera de manera específica la violencia extrema contra mujeres trans.

En 2024, el Congreso capitalino aprobó reformas para tipificar el transfeminicidio y garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia transmisógina. El dictamen modificó disposiciones del Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, y fue planteado en memoria de Paola Buenrostro.

La reforma estableció el transfeminicidio como un delito específico en la capital y contempló penas de entre 35 y 70 años de prisión, además de circunstancias que permiten considerar el contexto de violencia por identidad o expresión de género.

El cambio legal representó uno de los principales resultados de una lucha iniciada tras el asesinato de Paola: que la violencia contra las mujeres trans tuviera un reconocimiento jurídico propio y que las investigaciones no ignoraran los elementos relacionados con la identidad de género.

Casi 10 años después, Arturo “N” fue detenido

El 31 de agosto de 2026, casi una década después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvieron a Arturo “N” en Nicolás Romero, Estado de México.

La FGJCDMX informó que para localizarlo se agotaron distintas líneas de investigación y se realizaron diligencias en la Ciudad de México y el Estado de México, además de solicitar colaboración a autoridades de Baja California. El hombre había permanecido prófugo desde que en 2016 se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La detención abrió una nueva etapa judicial para un caso que durante años permaneció sin una resolución sobre la responsabilidad penal del señalado.

La captura reactivó la protesta de los colectivos

La detención también generó un nuevo conflicto. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a Arturo “N” el delito de homicidio y no transfeminicidio, lo que provocó protestas de colectivos trans frente a instalaciones de la Policía de Investigación.

Las activistas exigieron que el asesinato sea investigado con perspectiva de género y que se valore su reclasificación. También denunciaron que durante la audiencia se volvió a desconocer la identidad de género de Paola mediante el trato utilizado por personal ministerial.

La FGJCDMX reconoció posibles errores en la forma en que su personal se dirigió a las víctimas y sostuvo que cualquier equivocación de ese tipo no corresponde con los estándares de atención de la institución. Al mismo tiempo, señaló que la clasificación jurídica del caso no está cerrada y que durante el proceso pueden aportarse elementos para valorar una reclasificación.

Las protestas incluyeron daños a instalaciones de la Policía de Investigación y un enfrentamiento con personal de la institución. Los colectivos anunciaron que mantendrán las movilizaciones y llevarán sus reclamos ante organismos de derechos humanos.

Casi 10 años después del asesinato de Paola Buenrostro, el caso enfrenta así una nueva etapa: el hombre señalado como responsable está nuevamente ante un juez, pero los colectivos que durante años impulsaron el reconocimiento del transfeminicidio reclaman que la investigación y el proceso judicial sean congruentes con el cambio legal que ayudaron a construir.

Kener Josué López Ruano, de 28 años, fue capturado tras el ataque armado que causó la muerte de su expareja, Reina Violeta Herrarte López, aparentemente por un caso de celos.

El hecho ocurrió este martes 1 de septiembre en el ingreso de campos de fútbol ubicados en la 33 avenida y 10a. calle de la colonia Justo Rufino Barrios, e la zona 21

La víctima, de nacionalidad hondureña, sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y el pecho, por lo que paramédicos de Bomberos Voluntarios nada pudieron hacer para salvarle la vida.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el detenido, ambos de 28 años, presuntamente intentaba escapar cuando agentes lo interceptaron. Durante el procedimiento, los policías le incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, fue utilizada para cometer el feminicidio.

La PNC investiga una discusión previa entre la víctima y el detenido

“Yo la caché hablando con otro y no respetó, lo que teníamos. Por eso hice esto”, afirmó López Ruano cuando era detenido por agentes de la Comisaría 14.

Las pesquisas preliminares indican que Herrarte López y López Ruano, ambos trabajadores de una empresa de seguridad privada, habían mantenido una relación sentimental y cada tarde se reunían en el campo de fútbol durante su hora de descanso.

La pareja había acordado distanciarse, pero quedaron que juntarse en el mismo lugar para hablar al respecto. Según afirmó el detenido a los agentes, cuando llegó al campo encontró a Herrarte López hablando con otro hombre, lo que provocó un arranque de celos y le disparó, narró el victimario.

No obstante, esa hipótesis debe de ser confirmada durante la investigación que realicen los fiscales del Ministerio Público (MP).

Los agentes localizaron a la mujer a unos 100 metros del punto en el que detuvieron al señalado. El arma decomisada quedó bajo resguardo como parte de los indicios que deberán ser analizados dentro del expediente.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal. La investigación busca determinar la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

La zona 21 acumula al menos tres cuerpos localizados en costales

La colonia Cerro Gordo, también ubicada en la zona 21, fue escenario de dos hallazgos de cadáveres durante agosto. El primero ocurrió el 2 de agosto, cuando las autoridades localizaron un cuerpo dentro de costales.

El 18 de agosto, los Bomberos Voluntarios encontraron otros dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en la 3a. avenida y 7a. calle también de Cerro Gordo. En ese momento no se conocían la identidad, el sexo ni la edad aproximada de las víctimas.

Dos días después, la PNC capturó a Elder “N”, alias El Chino, un presunto integrante del Barrio 18 requerido por asesinato. La investigación policial lo vinculó de manera preliminar con el abandono de cuerpos en distintos puntos de la capital, incluido el caso registrado en Cerro Gordo el 2 de agosto.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones sobre esos hallazgos. La información disponible no establece una conexión entre los crímenes de Cerro Gordo y el ataque contra Herrarte López en la colonia Justo Rufino Barrios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió el martes nueva información sobre la situación de Juan Manuel Reverter, señalado como principal sospechoso por la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, en 2023.

En ese comunicado, la agencia precisó que el argentino de 38 años quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). El mensaje oficial también incorporó datos sobre su situación en Estados Unidos, mientras el detenido espera su extradición a Quintana Roo.

Qué se sabe de la captura de Reverter y su situación migratoria en Estados Unidos

Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.

El comunicado no precisó si, al entrar a Estados Unidos, Reverter ya tenía una orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato” en referencia directa al caso.

La extradición a Quintana Roo

Tras la detención, la posibilidad de su traslado a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert, quedó atada a la evolución de los trámites migratorios y judiciales en Estados Unidos y México.

La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años.

Cómo murió Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Agostina Jalabert, modelo e influencer de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño de su vivienda en Playa del Carmen. Estaba ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo, según declaró su padre, Edgardo Jalabert, en una entrevista con Infobae. Las autoridades locales trataron el caso, en un primer momento, como un suicidio.

La joven había llegado a Playa del Carmen en septiembre de 2022 luego de poner fin a su relación con Reverter, con quien había comenzado a salir durante la pandemia de COVID-19. Según los familiares, el vínculo estuvo marcado por tensiones y peleas que llevaron a Agostina a intentar romperlo en más de una oportunidad. En diciembre de 2022, Reverter retomó el contacto con ella y la pareja volvió a estar junta.

La tarde previa al hallazgo del cuerpo, el 17 de febrero, la hermana de la víctima, Candela, salió del departamento alrededor de las cinco de la tarde. A la mañana siguiente, al regresar, encontró la puerta cerrada. El código de acceso habitual no funcionaba.

El guardia del edificio le informó que durante la noche había habido “disturbios” en el departamento. Tras insistir, consiguieron que Reverter abriera la puerta, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Agostina. Los presentes le practicaron maniobras de reanimación, pero la joven ya estaba muerta.

Las denuncias de la familia por irregularidades en la investigación mexicana

Desde el primer día, la familia de Jalabert denunció que las autoridades mexicanas no actuaron con los protocolos correspondientes. “La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena”, afirmó Edgardo Jalabert en declaraciones a Infobae.

El padre de la víctima también cuestionó el comportamiento de Reverter: “Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros?”.

Tras el fallecimiento, el paradero de Reverter se volvió incierto. La familia barajaba la posibilidad de que hubiera viajado a Canadá o a Nueva Zelanda. En agosto de 2024, según los datos de ICE, el hombre ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de visitante.

El peritaje independiente y los indicios que reforzaron la hipótesis de femicidio

Según el informe pericial de parte y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la desconfianza de la familia de la víctima en la investigación oficial los llevó a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio.

De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa.

Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación. El escrito sostiene que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un femicidio”.

La detención de Reverter en Estados Unidos es el primer avance concreto en la causa desde aquella denuncia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que buscará la reclasificación del delito por el que se procesa a Arturo “N”, después de las protestas registradas por la clasificación del delito como homicidio calificado. Arturo “N” es señalado como probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, mujer trans, ocurrido en 2016.

El anuncio se produjo después de que la Fiscalía capitalina localizara y aprehendiera a Arturo “N”, casi diez años después del crimen. El acusado fue presentado ante un juez, lo que la institución calificó como un avance para llegar a una resolución judicial.

Por qué el caso se abrió como homicidio y no como feminicidio

El caso de Paola Buenrostro se procesa como homicidio porque, según la Fiscalía, la orden de aprehensión contra Arturo “N” se obtuvo en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y el delito de transfeminicidio no existía todavía. Por esa razón, la primera audiencia se realizó bajo esa clasificación, aunque la posibilidad de reclasificar queda abierta en etapas posteriores.

Las víctimas y las activistas que acompañan el caso solicitaron que el delito se reclasifique como feminicidio, petición que la Fiscalía CDMX dijo reconocer y respetar.

Según el comunicado compartido por la dependencia, la investigación y judicialización del caso son prioridad para la institución y para las áreas especializadas en feminicidios y transfeminicidio. El objetivo, agregó, es que el probable responsable enfrente la justicia y que los hechos no queden impunes.

Durante las siguientes etapas del proceso, la institución señaló que fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para solicitar al juez que valore esa reclasificación, conforme a los hechos que se acrediten y al marco jurídico aplicable.

Identidad de género y diferencia legal entre homicidio y feminicidio

La Fiscalía CDMX afirmó que reconoce plenamente la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans. Precisó que la diferencia entre una acusación por homicidio y una por feminicidio no radica en el reconocimiento de esa identidad.

La distinción, según la institución, está en determinar si se actualizan los supuestos legales que permiten acreditar que la agresión ocurrió por la condición de mujer de la víctima. La Fiscalía mencionó que existen otros casos de mujeres víctimas en los que sus agresores son acusados por homicidio cuando no se acreditan las circunstancias específicas previstas para el feminicidio.

Sobre los señalamientos por el trato recibido durante la audiencia, la Fiscalía CDMX dijo tomarlos con seriedad. Añadió que cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no corresponde a los estándares de atención que exige a su personal.

La institución aclaró que esto no implica una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico. Sostuvo que mantiene una instrucción expresa de brindar atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género.

Manifestaciones y llamado al diálogo

El comunicado de la Fiscalía CDMX se dio en relación con las manifestaciones registradas este martes por parte de víctimas y activistas que exigen justicia para Paola Buenrostro. La institución dijo comprender el dolor y la indignación acumulados durante casi una década.

La Fiscalía reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y acompañamiento, aun cuando existan diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso.

Al mismo tiempo, la institución fue clara en que ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la fiscalía.

La Fiscalía CDMX indicó que su prioridad es cuidar el proceso, acompañar a las víctimas y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias jurídicas, y agregó que continuará trabajando para evitar la impunidad en el caso de Paola Buenrostro.

Una joven de 22 años fue brutalmente atacada con un corvo hasta quitarle la vida en el Caserío Los Romeros, distrito de Jerusalén, en La Paz. Esta figura como la séptima muerte violenta ocurrida solo en agosto, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) a través de las estadísticas de homicidios diarios.

La víctima fue identificada como Paulina Antonia Muñoz Rosales, quien habría sido atacada por su pareja sentimental, Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años. La joven presentaba varias lesiones, principalmente en la cabeza.

Vecinos del caserío Los Romeros alertaron a las autoridades después de la agresión. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a Muñoz Rosales sin vida.

De acuerdo con la información inicial, Zepeda Córdova había escapado antes de la llegada de la Policía. La PNC desplegó un amplio operativo en la zona para ubicarlo.

Horas después, el cuerpo de Zepeda Córdova fue encontrado suspendido de un árbol, en un predio baldío de una zona apartada.

Aunque el caso de Paulina no fue clasificado oficialmente como feminicidio, figura como el cuarto hecho cometido con arma blanca y el segundo en el que el presunto agresor se quitó la vida después del ataque, según datos de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Estas cifras no involucran el hallazgo de osamentas como el caso de un cuerpo encontrado el 11 de agosto en el occidente salvadoreño.

Agosto cerró con siete muertes violentas registradas por la PNC

El homicidio de Muñoz Rosales fue el último caso registrado durante agosto en las estadísticas diarias de la PNC. Con este hecho, el mes cerró con al menos siete muertes violentas reportadas por la institución.

El caso ocurrió en el distrito de Jerusalén, departamento de La Paz, durante las últimas horas de agosto. La investigación quedó bajo responsabilidad de las autoridades, que deberán determinar la clasificación penal del hecho y establecer todos los elementos relacionados con la agresión.

Al menos 18 capturados por homicidios a nivel nacional

Durante agosto de 2026, las publicaciones oficiales de la PNC permitieron identificar a nueve personas capturadas o puestas a disposición de las autoridades por homicidio. Entre esos casos aparece una persona investigada por homicidio culposo.

La institución también informó sobre cinco personas requeridas por homicidio agravado. Entre ellas estaba un hombre señalado por el asesinato de una mujer en San Salvador Centro.

A esos casos se suman cuatro detenidos que registraban antecedentes por homicidio u homicidio agravado, según las publicaciones divulgadas por autoridades de seguridad. Estas detenciones no necesariamente correspondieron a asesinatos cometidos en agosto.

Algunos procedimientos respondieron a órdenes de captura, acusaciones pendientes o antecedentes penales vinculados con ese delito.

Entre los casos divulgados hubo capturas efectuadas en controles dentro de El Salvador. También se incluyó a presuntos integrantes de pandillas entregados a las autoridades tras operativos migratorios y policiales coordinados con México y Guatemala.

Según la información oficial, algunas de esas personas enfrentarían procesos por pertenencia a organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, falsedad u otros delitos, además de los señalamientos o requerimientos relacionados con homicidios.

El recuento reúne 18 personas mencionadas en publicaciones oficiales entre el 1 y el 31 de agosto de 2026. La cifra incluye capturados, requeridos y detenidos con antecedentes por homicidio u homicidio agravado.

Kenia Os habría iniciado un procedimiento legal contra la página de Facebook ¿Sabías qué? – Versión Artistas por publicaciones que la vincularon con el feminicidio de Valeria Márquez y con presuntos nexos con el narcotráfico.

La cuenta informó el pasado domingo 30 de agosto de 2026 que fue notificada de la acción, que sería atendida por sus abogados y que no dará detalles para no intervenir en el proceso.

El comunicado atribuido al equipo de la página señala que las notificaciones fueron transmitidas “en el contexto de K Records y Sony Music”. La disquera Sony Music México respaldaría al equipo jurídico de Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombre completo de la cantante. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido el hecho.

La acción ocurre semanas después de que la artista mazatleca denunció una campaña digital de desprestigio. Kenia Os sostiene que su equipo detectó publicaciones especulativas y datos falsos que buscan dañar su imagen y minimizar su carrera.

“¿Sabías qué? – Versión Artistas" reconoce la notificación del proceso que habría emitido Kenia OS en su contra

En el texto, afirma que fue notificada de un procedimiento legal promovido por Kenia Guadalupe Flores Osuna.

“A nuestros seguidores y público en general: por medio del presente, hacemos de conocimiento público que hemos sido notificados de un procedimiento legal iniciado en nuestra contra por Kenia Guadalupe Flores Osuna”, expuso la cuenta.

Los administradores indicaron que ya atienden el asunto “por las vías legales correspondientes”. También señalaron que cualquier comunicación sobre el caso quedará en manos de los representantes de las partes involucradas.

El texto añade que la página no compartirá documentos, detalles ni comentarios sobre los hechos que originaron el procedimiento. La razón, según el comunicado, es evitar una intervención en el desarrollo de la controversia.

“Por respeto al proceso y con el objetivo de no interferir en el desarrollo del mismo, por el momento nos encontramos imposibilitados para emitir declaraciones”, señala la publicación.

La cuenta también manifestó su compromiso con “la legalidad, el debido proceso y el respeto hacia todas las partes involucradas”. Hasta ahora, no se conocen públicamente los alcances de la acción ni las medidas solicitadas por la defensa de la cantante.

La publicación vinculó a Kenia Os con el feminicidio de Valeria Márquez

El señalamiento legal estaría relacionado con una publicación difundida meses atrás por la misma página. En ese mensaje se difundió una acusación que relacionaba a Kenia Os con el feminicidio de Valeria Márquez.

La publicación sostuvo, sin mostrar pruebas en el contenido compartido, que “informes indican” que la cantante estaría involucrada en el asesinato. También afirmó que un supuesto responsable habría reportado que recibió un pago de un cártel que presuntamente financiaría carreras de figuras públicas, entre ellas la artista.

Esas afirmaciones colocaron a Kenia Os en una acusación de alta gravedad. La información proporcionada no incluye una carpeta de investigación, una autoridad ministerial, una denuncia oficial ni documentos judiciales que sostengan esa versión.

La cantante no ha sido señalada formalmente por una autoridad en el material disponible. Por ello, las acusaciones difundidas por la página deben tratarse como dichos no comprobados y no como hechos acreditados.

El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre publicaciones de entretenimiento que presentan señalamientos criminales sin respaldo público. La eventual vía legal buscaría responder a contenidos que, según la postura de la artista, afectarían su integridad, trayectoria e imagen pública.

Kenia Os denuncia una campaña de desprestigio en Instagram

Antes del comunicado de la página, Kenia Os expuso en su canal de difusión de Instagram que ella y su equipo detectaron un incremento de contenidos negativos en su contra. El espacio cuenta con 1.3 millones de miembros, de acuerdo con la información proporcionada.

“Últimamente mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando”, escribió la intérprete. La cantante explicó que al principio consideró normal recibir mensajes hostiles, hasta que identificó un patrón.

Kenia Os sostuvo que algunas publicaciones eran especulación y otras “simplemente no son ciertas”. También dijo que reporteros, creadores y colegas se acercaron a su equipo para explicar la forma en que se estarían construyendo algunas notas.

“Estoy consciente que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”, expresó la cantante en su mensaje.

La artista evitó mencionar nombres de personas, medios o cuentas que estarían detrás de esa presunta campaña. “No voy a señalar a nadie públicamente: no me corresponde a mí hacerlo”, afirmó.

Kenia Os también marcó distancia de los ataques que circulan entre comunidades digitales. “No soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré”, escribió.

La polémica con Belinda y Danna elevó la presión en redes

La denuncia de Kenia Os se dio después de la controversia que involucró a Belinda y Danna durante julio de 2026. El 21 de julio, Belinda habló con Vogue Latinoamérica sobre su colaboración con Danna y comentó que en México dos estrellas del pop no solían reunirse para hacer música.

Seguidores de Kenia Os interpretaron esas palabras como una exclusión. Belinda cuenta con la colaboración “Jackpot” junto a la cantante mazatleca, incluida en el álbum Indómita, lanzado en 2025.

La discusión se alimentó con un video grabado el 30 de junio durante el partido entre México y Ecuador, en el Estadio Ciudad de México, como parte del Mundial 2026. En las imágenes, Belinda y Kenia Os aparecen en palcos cercanos sin interacción.

Belinda respondió después que su comentario se refería a la rivalidad que se construyó entre ella y Danna. “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto”, escribió entonces.

El 23 de julio, Belinda afirmó que borró su comentario tras recibir amenazas de muerte. Danna también pidió a sus seguidores no responder a mensajes negativos y sostuvo que no existe una competencia entre colegas.

Kenia Os no emitió una postura pública durante los primeros días de esa polémica. Después, en su canal de difusión, insistió en que no puede ser responsable de los actos de otras personas ni de las consecuencias que generen.

Alan Gael “N”, identificado como conocido de la víctima, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio de Dianna Rivera Romero, estudiante de ingeniería de 18 años originaria de San Mateo Otzacatipan, asesinada el pasado 20 de agosto en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que derivó en su detención y traslado al penal de Lerma.

La tarde del 20 de agosto, Dianna salió de su comunidad hacia el centro de Toluca, donde se reunió con Alan Gael “N”. Según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos permanecieron en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, entre las 12:00 y las 21:00 horas. Fue en ese lapso cuando el investigado habría agredido físicamente a la joven a la altura de la cabeza hasta privarla de la vida, para después abandonar el lugar.

Al no tener noticias de ella, sus familiares acudieron a la FGJEM el 21 de agosto para reportar su desaparición. Las autoridades activaron de inmediato una ficha de búsqueda. Ese mismo día, vecinos y amigos de la joven realizaron un bloqueo sobre la avenida López Portillo, en Toluca, para exigir que se reforzaran las labores de localización.

Hallazgo del cuerpo y primeras diligencias

El 23 de agosto, durante la madrugada, el cuerpo de Dianna fue encontrado en un paraje boscoso de la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en las inmediaciones de La Marquesa, Ocoyoacac. Los primeros reportes indicaron que la joven presentaba huellas de violencia y tenía las manos atadas hacia la espalda.

Personal del área especializada en feminicidios de la FGJEM acudió al sitio para realizar las primeras diligencias, acordonar el lugar y preservar los indicios. La carpeta de investigación quedó abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e identificar a los responsables.

Identificación del sospechoso y orden de aprehensión

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar a Alan Gael “N” como probable responsable del feminicidio. Los trabajos de la FGJEM establecieron que él y Dianna se conocían, dato que orientó la línea de investigación sobre el vínculo entre ambos.

Con los elementos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente. Una vez emitido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía lo ejecutaron y procedieron a la detención del investigado.

Alan Gael “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.

Vinculación a proceso con prisión preventiva

Tras analizar los datos recabados y aportados por la FGJEM, el juez determinó la vinculación a proceso de Alan Gael “N” por el delito de feminicidio. La resolución establece un plazo de cuatro meses de investigación complementaria y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el investigado permanecerá recluido en el penal de Lerma durante ese periodo.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 70 años de prisión. La FGJEM precisó que, conforme al marco legal vigente, Alan Gael “N” debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia firme.

Un caso más en un mes con múltiples feminicidios en el Valle de Toluca

El crimen de Dianna Rivera Romero no ocurrió de forma aislada. El caso se suma a al menos otros cuatro feminicidios de jóvenes registrados en el Estado de México durante agosto de 2026.

El 17 de agosto, Aurora, paramédica de 26 años, fue asesinada dentro de su domicilio en San Mateo Mozoquilpan, municipio de Otzolotepec. Un día después, Sara Valeria, de 28 años, fue localizada sin vida sobre el camellón de Paseo Tollocan, en Toluca, luego de haber sido reportada como desaparecida. Con el hallazgo de Dianna el 23 de agosto, eran ya tres muertes violentas de mujeres en menos de una semana en el Valle de Toluca, de acuerdo con el portal Digital Mex.

La FGJEM habilitó canales de denuncia para que la ciudadanía pueda aportar información en caso de reconocer a Alan Gael “N” como probable implicado en otros hechos delictivos: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

Fue durante una entrevista realizada en el canal Los Reporteros MX, días después de que Francisco Álvarez Solorio diera su versión de los hechos, en donde el Secretario fue cuestionado sobre los dichos del hoy prófugo de la justicia.

“Pues primero, no entraría en un debate con él, se me haría una falta de respeto para la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, contestó tajantemente el funcionario.

Posteriormente pidió que las investigaciones sean las que hablen por sí mismas: “Dejemos que las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la República y nosotros como auxiliares den el resultado que tengan que dar, porque imagínate contestar a cada presunto que tengamos, pues sería muy complicado”, enfatizó.

El secretario aprovechó para reiterar el peso de la investigación que llevó a la captura de Ramón Ángel “N”, El R1, a quien describió como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. Sobre ese caso, precisó que al momento de la entrevista ya sumaban más de 30 detenidos.

“La investigación del R1 fue una investigación muy profunda, de mucho tiempo, de un caso que lastimó muchísimo a nuestro país y que conmocionó a todo México”, dijo García Harfuch, quien añadió que en esa indagatoria se detuvo no solo al jefe de célula, sino también a colaboradores, autores materiales, organizadores y personas que desde dentro del ayuntamiento de Uruapan habrían pasado información a la célula delictiva.

Lo que dijo Francisco Álvarez Solorio en su entrevista desde la clandestinidad

En la entrevista con Pie de Nota, Francisco Álvarez Solorio negó haber pedido a su padre que ordenara el feminicidio de Valeria Márquez, como lo reveló García Harfuch durante una mañanera, y se declaró inocente: “Es una acusación muy grave que se está haciendo en contra mía, de lo cual yo soy completamente inocente. No tengo absolutamente nada que ver. Ella fue mi pareja, no hay algo en el cual yo hubiera querido hacer una cosa de esa barbaridad”.

Confirmó que Valeria Márquez fue su pareja. Relató que la conoció en 2021, cuando ella trabajaba como imagen en antros de Guadalajara, y que la relación más formal arrancó hacia 2024, cuando incluso llegaron a vivir juntos. La relación terminó en enero de 2025. “De enero hasta abril yo ya no supe nada de ella”, dijo. En abril de 2025, ambos volvieron a coincidir en las fiestas de Teapa y retomaron la comunicación. “Teníamos planes a lo mejor de volver a intentar algo”, agregó. El feminicidio ocurrió el 13 de mayo de ese año.

Álvarez Solorio también se refirió a los mensajes públicos que Valeria publicó en redes sociales señalando a una expareja como responsable si algo le llegaba a pasar. Según dijo, esos mensajes surgieron tras una pelea en un antro posterior a su ruptura, pero aseguró que después se arreglaron: “Platicamos de las cosas y pues ya, otra vez quedamos bien. De que: ‘Bueno, ya no hay que estarnos molestando. Tú en tu rollo y yo en el mío’”.

Sobre su padre, el R1, fue categórico: “Mi padre nunca se metía como en cosas íntimas de uno. Si yo le presentaba a una mujer con la que estaba, pues ‘es simplemente la mujer de mi hijo’”.

El hijo de El R1 cuestionó directamente la lógica del señalamiento de Omar García Harfuch: “No entiendo cómo nos pueden acusar de cierta forma de decir: ‘Es que él le pidió el favor a su papá’, cuando no existe un argumento. La persona que se atreve a dar una declaración así, ¿él estuvo presente cuando yo supuestamente pedí ese favor? Claro que no”.

En la entrevista, Álvarez Solorio señaló directamente que las acusaciones de Harfuch responden a una estrategia del gobierno para fortalecer el caso contra su padre, detenido por el homicidio del exalcalde de Uruapan:

“El gobierno ya hizo sus declaraciones, detuvieron a mi papá, lo están acusando, a mi criterio, injustamente, porque no tiene un señalamiento en su contra, y yo creo que por eso metieron el caso de Valeria, para afectarlo. No por quererme afectar a mí, quizá lo quieren afectar a él”.

Añadió que una vez que el gobierno abre un caso mediático, busca cerrarlo lo antes posible: “Cuando el gobierno abre un caso, lo más pronto que quieran lo quieren cerrar. Son temas que yo lo veo a mi punto de vista, políticos, y como son muy mediáticos, lo que quieren es cerrar esos casos”.

La Fiscalía de Jalisco también responde

Hace unos días, el fiscal González de los Santos fue claro sobre el peso legal de la entrevista: “Cualquier declaración que haga una persona que tenga un valor jurídico tendría que ser ante un juez. Desde luego, nosotros recabamos entrevistas, recabamos datos de prueba, pero el valor real que se le da a cualquier dato de prueba, medio de prueba o prueba, va a ser consolidado una vez que sea presentado ante un juez”.

El fiscal precisó además que Francisco Álvarez Solorio no se ha presentado ante la Fiscalía del Estado para rendir declaración formal, y que hasta ese momento la dependencia no contaba con información que permitiera establecer su ubicación.

La Fiscalía tampoco ha confirmado que Álvarez Solorio haya sido responsable de enviar flores al salón de belleza donde ocurrió el asesinato días después del crimen, con la leyenda: “Perdón”.

En la entrevista con el periodista Luis Chaparro, el propio Álvarez Solorio dijo estar dispuesto a declarar ante las autoridades para aportar información sobre los hechos, aunque hasta ahora no ha comparecido.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo en TikTok que presenciaron más de 15,000 personas en tiempo real. El 30 de julio de 2026, las autoridades detuvieron al R1.

El 1 de agosto fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, ya vinculado a proceso y recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco. Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) informó que la muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, ocurrida el 27 de agosto en Güines, Mayabeque, eleva a 48 el número de feminicidios en Cuba durante el 2026. La adulta mayor falleció en el hospital tras haber sido operada a raíz de las graves heridas sufridas el 23 de agosto, cuando fue atacada en su domicilio.

Según OGAT, Lenia Valdés Amador era una mujer postrada en cama que resultó víctima de un episodio de violencia extrema. El observatorio señaló que el presunto agresor, identificado como la expareja de su hija, Yanelkys Alonso Valdés, ingresó armado a la vivienda familiar. Durante el ataque, el hombre terminó con la vida de Yanelkys (feminicidio 47), hirió gravemente a Lenia y lesionó a un familiar varón que acudió en auxilio de las víctimas. Posteriormente, el agresor intentó suicidarse sin éxito y actualmente se encuentra bajo custodia de la justicia.

OGAT lamentó el carácter particularmente brutal y misógino del caso, por tratarse de un ataque dirigido también contra una mujer en situación de vulnerabilidad. La organización envió condolencias al hijo de Yanelkys, quien perdió a su madre y abuela, así como a los demás familiares y allegados afectados por el hecho.

Cifras de feminicidios en Cuba

Hasta el 29 de agosto de 2026, el OGAT reportó que en el país se contabilizan 48 feminicidios, 21 intentos de feminicidio y 2 asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Además, la entidad independiente solicita acceso a los informes de investigación relacionados con los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. El observatorio señaló también la existencia de un posible suicidio feminicida en el caso de Bárbara Sánchez González.

OGAT detalló que mantiene bajo investigación 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre por motivos de género notificados en 2025. Para 2026, la organización da seguimiento a 14 posibles feminicidios y 18 intentos adicionales. La cifra de feminicidios confirmados, según el observatorio, representa una tendencia preocupante y pone en relieve la necesidad de acciones urgentes para abordar la violencia de género en el país.

A su vez, el observatorio hizo énfasis en la gravedad de los hechos ocurridos en Güines y reclamó mayor acceso a la información oficial sobre los casos investigados.

OGAT, que se especializa en la documentación y denuncia de la violencia de género en Cuba, reiteró la importancia de visibilizar estos crímenes y de exigir respuestas institucionales ante la persistencia de la problemática. La plataforma publica regularmente datos y alertas sobre feminicidios, intentos y otros delitos asociados, con el objetivo de promover la prevención y la justicia para las víctimas.

Según OGAT, el monitoreo independiente resulta clave para dimensionar el fenómeno de la violencia feminicida en la isla, donde las cifras oficiales suelen ser limitadas o de difícil acceso. La incidencia de casos como el de Lenia Valdés Amador y Yanelkys Alonso Valdés evidencia los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta.

La joven vestía un pantalón de mezclilla, una blusa oscura y traía aún puesta una mochila con alas tornasol, estaba descalza.

Las madres buscadoras hicieron un llamado a las autoridades para que fueran a levantar el cuerpo ya que no han recibido acompañamiento en la búsquedas que han realizado.

Hasta la mañana de este sábado la Fiscalía ni las autoridades se han manifestado al respecto y si se trata de otro probable feminicidio.

Encuentran cuerpo de una mujer flotando en Atenco

Apenas elmiércoles el cuerpo sin vida de una mujer que no pudo ser identificada fue encontrada dentro de un canal de aguas negras en estado de descomposición en el barrio de La Concepción en el municipio de San Mateo Atenco.

El hallazgo se registró antes de las 18:00 horas del jueves a un costado de la avenida Las Torres e Independencia junto abajo de las vías del Tren Interurbano al momento que se se observó el cadáver flotando boca arriba.

Al lugar llegaron elementos de seguridad pública y servicios de emergencias, luego de ser alertados a través de una llamada al 911, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales de la persona del sexo femenino.

La escena tuvo que ser resguardada, la víctima solo tenía una prenda interior en el pecho al momento de ser ubicada en el afluente, el Ministerio Público y personal forense se encargaron del levantamiento de los restos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México turno la carpeta de investigación al área de feminicidios para dar con los responsables y determinar el móvil de los hechos durante los próximos días.

Serían el feminicidio número 79 en lo que va del año según han contabilizado medios locales.

La Colectiva Ehécatl ha encontrado al menos ocho cuerpos

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado por lo menos ocho cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, en un conteo que arranca en noviembre de 2025.

Uno de los detonantes más reciente fue el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años, cayó accidentalmente al cauce de aguas negras mientras jugaba, y su madre, Luisa Valdez, solicitó el apoyo del colectivo para reforzar las labores de rastreo. Lo que empezó como la búsqueda de una menor expuso un canal que el colectivo señala como punto de disposición clandestina de cadáveres.

Las integrantes operan con trajes y guantes de látex —comprados con sus propios recursos— y revisan bolsa por bolsa los montones de residuos que una draga, gestionada ante el gobierno federal, extrae del cauce y deposita en el bordo de la comunidad Los Aguiluchos. Entre los desechos aparecen botellas de PET, troncos, tubos de PVC, llantas y prendas de ropa que las voluntarias apartan con palas, varillas y, en ocasiones, con sus propias manos.

Melissa, una niña de 4 años originaria de Santa Cruz Loxicha, murió el miércoles 26 de agosto en un ataque armado sobre el camino a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Costa de Oaxaca. Su asesinato, junto con el de Modesta R. A. y Rosa T. A. en ataques distintos, elevó a 50 el total de feminicidios registrados en el estado entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2026, de acuerdo con el observatorio de violencia feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer).

Los tres crímenes se cometieron en distintas regiones del estado con diferencia de horas. La violencia se extendió del Istmo de Tehuantepec a la Sierra Sur y la Costa en menos de 24 horas.

Los tres ataques del 25 y 26 de agosto en Oaxaca

El primero ocurrió el martes 25 de agosto en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. Un grupo armado ejecutó a Salvador M. P. y a Rosa T. A., ambos de aproximadamente 55 años, cuando el matrimonio viajaba en una camioneta Toyota Hilux blanca sobre la avenida La Luz, esquina con la calle Leandro Valle, en la colonia Hidalgo Sur.

Al día siguiente, la mañana del miércoles 26, sujetos armados interceptaron un vehículo en el camino a la comunidad de La Ceiba, en San Agustín Loxicha. El vehículo transportaba a tres adultos y dos menores, todos originarios de Santa Cruz Loxicha.

Mario L. R., de 20 años, y Melissa, de 4, murieron por los disparos. Briseida P. P., Roselia L. R. y el menor Axel L. S., de 8 años, resultaron heridos por impactos de arma de fuego.

Ese mismo miércoles, en el Barrio San Isidro de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Modesta R. A., de aproximadamente 35 años. La víctima presentaba signos de violencia.

GESMujer: 339 muertes violentas bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz

El observatorio de GESMujer documentó que, desde el inicio de la administración del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, el estado acumula 339 muertes violentas y feminicidios de niñas y mujeres. Los 50 casos de 2026 corresponden al periodo del 1 de enero al 27 de agosto.

La organización emitió un pronunciamiento en el que señaló: “Cada uno de estos casos provoca profunda indignación y nos recuerda que las niñas y las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia”. El texto también advirtió que las cifras documentadas “muestran una realidad que no puede ser ignorada”.

GESMujer rechazó que los crímenes se reduzcan a registros numéricos. “No se trata solamente de números, son 339 vidas interrumpidas, 339 familias enfrentando una pérdida y cientos de casos que exigen investigación, justicia y una respuesta efectiva del Estado”, precisó la organización.

El pronunciamiento incluyó una pregunta directa al gobierno estatal: “¿Qué está haciendo el gobierno de Salomón Jara para garantizar realmente el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia?” La organización no recibió respuesta pública de parte de las autoridades estatales al momento de la publicación de este artículo.

La exigencia de GESMujer al gobierno de Oaxaca

GESMujer demandó al ejecutivo estatal que abandone la normalización de estas cifras. “Ante las 339 muertes violentas y feminicidios, exigimos al gobierno de Oaxaca que deje de normalizar estas cifras y asuma su responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres y niñas”, subrayó la organización.

La agrupación también advirtió que la impunidad no puede ser la respuesta institucional. “La violencia feminicida no puede normalizarse, los asesinatos no pueden convertirse en estadísticas, la impunidad no puede ser la respuesta”, reiteró GESMujer en su pronunciamiento.

La organización confirmó que mantendrá la documentación sistemática de cada caso en el estado. El argumento que sostuvo fue que “visibilizar cada caso también es una forma de exigir que las instituciones cumplan con su responsabilidad, porque 339 mujeres y niñas son 339 razones para exigir prevención, justicia y resultados”.

El patrón de los ataques del 25 y 26 de agosto muestra que la violencia contra las mujeres en Oaxaca no se concentra en una sola región. Los crímenes se produjeron en tres municipios de tres regiones distintas: el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur.

Los datos del observatorio de GESMujer sitúan a Oaxaca como uno de los estados con mayor registro sostenido de feminicidios en México durante la actual administración estatal. El promedio que se desprende de las cifras disponibles equivale a aproximadamente 2 feminicidios por semana en lo que va de 2026.

La muerte de Melissa, con 4 años de edad, representa el caso de menor edad documentado en este conteo de 2026. Su asesinato se produjo en el mismo ataque en que también murió un adulto y tres personas más quedaron heridas, entre ellas otro menor de 8 años.

El jurado popular condenó a Iván Gabriel Juárez Cruz a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma, la joven de 24 años asesinada a puñaladas en diciembre de 2023 sobre la ruta 82, en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Los 12 ciudadanos que integraron el jurado deliberaron este viernes y dictaron un veredicto unánime de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, descartando así la hipótesis de la defensa, que buscaba encuadrar el caso como homicidio simple —figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión— para evitar la condena máxima.

La decisión se formalizó pasadas las 18 de este viernes en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza, donde la jueza técnica Mónica Romero, del Tribunal Penal Colegiado N°1, leyó el veredicto en público: “Imponer la pena de prisión perpetua con costas más inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, femicidio”. Con esas palabras quedó sellado el destino judicial de Juárez Cruz, de 27 años.

El debate, que se extendió durante cinco jornadas, jamás tuvo en discusión la autoría del crimen. Incluso los propios defensores, Ariel Benavídez y Gastón Nahman, lo admitieron desde los alegatos de apertura. La disputa central giró en torno a la calificación legal: si se trataba de un femicidio o de un homicidio sin agravantes de género. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo y el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo, sostuvieron durante toda la semana que el crimen estuvo atravesado por una relación de control, subordinación y desigualdad de poder. La querella, ejercida por Matías Salvi en representación de los padres de Malén Ledesma, acompañó esa postura en todo momento. El jurado les dio la razón.

En su alegato de cierre, Guzzo respondió punto por punto los argumentos de la defensa y acusó a esta de haber intentado “invisibilizar la verdadera violencia de género que sí existió en este femicidio”. Para el fiscal, no se requiere una historia prolongada de maltrato o control psicológico para que exista violencia de género: basta un solo acto que denote menosprecio hacia la mujer en un contexto de asimetría de poder. “La mató porque era la mujer a la que él pretendía dominar, limitar, manipular. Él sentía que le daba todo y a cambio no recibía nada”, afirmó Guzzo, según Los Andes, apoyándose en las pericias psicológicas incorporadas al debate.

Horas antes del veredicto, por primera vez en toda la causa, Juárez Cruz tomó la palabra frente al jurado. Reconoció el homicidio, pero rechazó la calificación de femicidio. “Yo sí le quité la vida a una persona. Pero no los acompaño en esto de que hablan del contexto de violencia de género. Porque fue una amistad”, dijo, de acuerdo con El Sol. Agregó que el día del hecho “no venía bien con la vida” y que todo comenzó con “una discusión por un motivo muy, muy tonto”. Admitió además que, tras la pelea, se alejó de la camioneta y buscó en su celular las palabras “aorta” y “arteria” antes de regresar. “Volvimos a discutir y le quité la vida”, confesó.

En un pasaje de su declaración, el acusado describió lo que ocurrió en los minutos que siguieron al ataque: “Lo único que hice fue agarrarle las manos con mis manos, su cuello, y ver cómo se desangraba, cómo se me moría mientras trataba de que no perdiera sangre”. Luego admitió que, al ver pasar un vehículo, huyó y la dejó tendida en la banquina. Se quebró al decirlo y el juicio se suspendió por unos minutos en medio de la conmoción general.

La reconstrucción de los hechos remite al 8 de diciembre de 2023. Ese día, Malén Ledesma y Juárez compartieron la tarde en la zona de las Termas de Cacheuta. A las 12.30, la joven le escribió a su padre que no podían encender el fuego. A las 19.20 respondió un mensaje de su papá —lo que resultó ser su última comunicación. A las 19.36 se sacó una selfie dentro de la Toyota Hilux blanca de Juárez: se la ve tranquila, con anteojos de marco oscuro y una remera azul. Once minutos después, a las 19.47, el teléfono de Juárez registró la búsqueda de “aorta, arteria”. Esa búsqueda se convirtió en una de las pruebas centrales del caso.

La reconstrucción forense determinó que Malén sufrió cuatro heridas punzocortantes en el cuello, algunas de hasta seis centímetros de profundidad. La causa de muerte fue un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre. Las primeras agresiones ocurrieron dentro del vehículo —las manchas de sangre en el asiento así lo acreditaron— y luego la joven logró salir a la banquina.

Una familia que transitaba por la ruta 82 a la altura del kilómetro 31 observó a un hombre golpeando a una mujer junto a una camioneta blanca. Al notar la presencia de los testigos, el atacante soltó a Malén, que cayó al suelo. Antes de huir, pasó con la rueda trasera de la Hilux por encima del cuerpo de la joven. Un testigo con formación en Policía Científica intentó asistirla, pero la joven se desvaneció y murió.

La fuga terminó minutos después en las inmediaciones de las calles Pueyrredón y Viamonte, en Chacras de Coria, donde efectivos policiales interceptaron la camioneta. Juárez tenía las manos ensangrentadas y dijo: “Decime que no la maté, dejé el cuchillo en el interior de la camioneta”. Dentro del vehículo encontraron el arma blanca de mango rojizo, ropa manchada de sangre, la billetera de Malén y otras pertenencias. Las pericias detectaron además lesiones defensivas en las manos de la víctima y material genético de Ledesma debajo de las uñas del acusado.

Malén y Juárez se habían conocido en 2019, cuando ambos cursaban carreras en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y compartían una residencia estudiantil, según indicó Mdz. Ella estudiaba Filología Inglesa; él, Traductorado de Inglés. Para la víctima era una amistad. Para la Fiscalía, Juárez esperaba algo más. El quiebre se produjo cuando Malén comenzó una relación sentimental con otro joven a mediados de 2023: al enterarse, Juárez la bloqueó en las redes sociales y cortó el contacto. Retomaron la comunicación el 4 de diciembre, apenas cuatro días antes del crimen.

Norma Da Fonseca, la madre de Malén, viajó más de 1.200 kilómetros desde Rawson, Chubut, para estar presente en cada jornada del juicio. Antes del debate, había dicho a El Sol que nunca tuvo dudas sobre el rol de Juárez: “La intuición de una madre no falla. Él estaba enamorado de ella”. Y añadió: “No la mataron las cuchillas, la mató la traición, que un amigo te clave un cuchillo”. Una pericia psiquiátrica incorporada durante el debate reforzó esa lectura: los profesionales indicaron que el acusado manipulaba y distorsionaba información de acuerdo con sus intereses, y que intentaba proyectar una imagen socialmente aceptable. La misma pericia cuestionó la versión de Juárez sobre una supuesta falta de memoria del crimen.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) reportó el asesinato de una doctora en Güines, lo que eleva a 47 el número de feminicidios en Cuba hasta el 24 de agosto de 2026. La organización independiente atribuye estos hechos a un contexto de crisis social y ausencia de leyes específicas para proteger a las mujeres.

El último caso confirmado corresponde a Yanelkys Alonso Valdés, médica de 55 años, quien murió en la madrugada del 23 de agosto en su vivienda en Güines, provincia de Mayabeque, según informó el observatorio.

La organización afirmó que la víctima fue atacada por su expareja, quien también provocó heridas graves a la madre de Alonso Valdés, mayor de 75 años, y lesionó a otro familiar que trató de defenderlas. El presunto agresor permanece detenido tras autolesionarse, de acuerdo con el reporte de OGAT.

La entidad también documenta 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres vinculados a contextos de violencia feminicida, cifras que la organización considera subregistros ante la falta de datos oficiales.

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, vinculó el crimen con el deterioro de las condiciones sociales en la isla. “Lo que estamos observando, queremos remarcar esto, es muy preocupante, porque esta violencia ocurre en medio de una depauperación general de la sociedad cubana. No solamente estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando también de una crisis política, de una dictadura que provoca todos estos problemas en la sociedad cubana”, manifestó Álvarez, citada por el Observatorio de Alas Tensas.

Crecen los feminicidios

Durante el primer semestre de 2026, OGAT reportó 37 feminicidios: 13 entre enero y marzo, y 24 entre abril y junio, lo que representa un incremento del 84.6 % de un trimestre al siguiente. El acumulado alcanzó 47 casos en agosto, según los datos verificados por el observatorio. La organización también registra 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

Álvarez advirtió que la violencia de género afecta a diferentes generaciones. El informe de OGAT señala que, entre las víctimas del primer semestre, las edades oscilaron entre los 7 y los 79 años. Tres de ellas eran menores, y al menos 32 niñas, niños o adolescentes perdieron a sus madres o cuidadoras como consecuencia directa de estos crímenes.

El Observatorio de Alas Tensas denuncia que Cuba no cuenta con una ley integral específica para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Tampoco existe una red pública suficiente de refugios para víctimas. El Código Penal cubano de 2022 incluye la muerte de una mujer en determinadas circunstancias de violencia dentro del delito de asesinato, pero no reconoce el feminicidio como delito autónomo ni utiliza los términos femicidio o feminicidio para identificar una figura penal concreta.

OGAT sostiene que la ausencia de marcos legales y recursos adecuados dificulta la prevención y la atención de la violencia de género en la isla. Según la organización, el subregistro de feminicidios es una consecuencia directa de la falta de transparencia y de estadísticas oficiales accesibles.

La entidad continúa con el monitoreo independiente de los casos y ha comenzado a registrar intentos de feminicidio, así como posibles suicidios feminicidas vinculados a antecedentes de violencia, una categoría que pretende visibilizar situaciones donde la presión y el maltrato reiterado conducen a la muerte de mujeres.

El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango en Guatemala dictó una sentencia de 110 años de prisión contra Jonathan Alexis Joachín Méndez y Débora Aracely Mejía Díaz por su responsabilidad en el asesinato de Miriam Sofía Odeth Osorio García, una niña de apenas 2 años.

El fallo se produjo después de que el tribunal estableció que la menor perdió la vida tras ser violentada física y sexualmente, descartando la versión inicial de un accidente doméstico.

Juicio y hallazgos periciales

Werner de Jesús Sac Hernández, juez presidente del Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, detalló que la investigación explicó que un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizado postmortem, reveló que el papá de la menor violentó físicamente y abusó sexualmente de su hija de 2 años.

La versión inicial presentada por los acusados señalaba que la niña había caído por las gradas de su vivienda en la calle Cajolá, zona 1 de Xela.

Sin embargo, el dictamen del Inacif documentó 39 lesiones en el cuerpo de la menor, incluyendo signos de maltrato infantil, desnutrición aguda y lesiones en sus partes íntimas.

El tribunal consideró estos hallazgos como prueba contundente para descartar cualquier accidentalidad y fue por ello que se establecieron las penas, afirmó Sac Hernández.

Responsabilidad penal y captura de los acusados

La pareja fue capturada el 26 de septiembre de 2025, a raíz de la investigación criminal que identificó a ambos adultos como responsables directos y por omisión en la muerte de la niña.

La Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP), realizó un operativo en la zona 1 de Quetzaltenango, donde fueron capturados el 30 de septiembre de ese año.

Durante la audiencia de primera declaración, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Quetzaltenango resolvió ligar a proceso penal a Joachín Méndez y Mejía Díaz.

La acusación estableció la participación activa del padre en los hechos y la responsabilidad de la madrastra por omisión.

Nunca la quisieron

La madre biológica de la niña sostuvo durante todo el proceso que las lesiones no podían explicarse por una caída accidental y demandó el esclarecimiento de los hechos.

“Ellos nunca quisieron a mi niña, pero me exigía que se las llevara. Yo acudí a las instancias legales para evitarlo, pero me dijeron que él era su papá y debía verla”, lamentó Maritza Osorio, madre de la menor, en declaraciones a medios locales.

Según comentó, desde que concibió a su hija ella se hizo cargo de todo como mamá soltera, porque el, ahora sentenciado, negó a la niña desde que nació.

“Siempre me dijo que no era de él y nunca se hizo responsable”, detalló Osorio.

Sin embargo, él la denunció en un juzgado, acusándola de abandono de la menor, debido a que cuando salía a trabajar la niña quedaba en resguardo de una familiar.

Al final, después de pruebas de paternidad, un juzgado le dio la guardia custodia temporal de la niña. Se supone que la tendría seis meses, pero después de 20 días, la niña falleció bajo su cuidado.

“Yo la crié. Él me peleó a la niña en el juzgado. Yo nunca se la quise dar, pero eso decidieron los jueces y ahora mi bebé está muerta”, lamentó la madre biológica de la menor, quien agradeció la condena.

La joven Evelyn Aguilar, de 20 años y estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el Estado de México, informó el gobierno de Tlaxcala.

El titular de la Coordinación de Comunicación del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, señaló que el caso fue abordado este jueves durante la mesa de seguridad y precisó que la investigación corresponde a las autoridades mexiquenses, debido a que la joven era originaria del municipio de Texcoco.

El funcionario explicó que las instituciones de Tlaxcala mantienen disposición para colaborar con las autoridades del Estado de México en caso de que sea necesario durante las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la estudiante.

“Es algo que lleva el Estado de México, precisamente porque el origen de esta chica es de Texcoco y la ficha de búsqueda; la investigación se está llevando” en aquella entidad, indicó el vocero estatal.

Fiscalía del Estado de México investiga el caso de Evelyn

Martínez Velázquez agregó que la instrucción para las instituciones estatales correspondientes consiste en mantener coordinación con el Estado de México y brindar apoyo en caso de que sea solicitado por las autoridades encargadas de la investigación.

“Generar colaboración con el Estado de México, en caso de que lo requieran para la investigación, pero lo lleva específicamente la Fiscalía” de aquella entidad, explicó.

La joven Evelyn estudiaba en la Facultad de Psicología de la UATx, en el Campus Calpulalpan. De acuerdo con información proporcionada por autoridades universitarias, realizaba diariamente el traslado entre el Estado de México y Tlaxcala para acudir a sus actividades académicas.

Su desaparición fue reportada el 21 de julio de 2026, después de que familiares y personas cercanas perdieran contacto con ella desde un día antes.

Ante la denuncia, autoridades del Estado de México activaron el Protocolo Alba, mecanismo destinado a fortalecer la búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas.

La ficha de búsqueda establecía que Evelyn había sido vista por última vez en la colonia San Jerónimo Amanalco, en el municipio de Texcoco, Estado de México.

La desaparición generó preocupación entre integrantes de la comunidad universitaria de la UATx, particularmente entre profesores, amigos y compañeros del Campus Calpulalpan, quienes lamentaron el fallecimiento de la estudiante.

Comunidad universitaria expresa consternación

Tras conocerse el hallazgo sin vida de Evelyn, integrantes de la comunidad universitaria expresaron su consternación y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y personas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las circunstancias exactas del fallecimiento ni han dado a conocer si existe alguna persona detenida relacionada con el caso.

El gobierno de Tlaxcala reiteró que sus instituciones permanecerán atentas para colaborar con las autoridades del Estado de México si así lo requiere la investigación.

La Fiscalía mexiquense será la instancia encargada de continuar con las indagatorias correspondientes para determinar qué ocurrió con la joven desde el momento en que fue reportada como desaparecida hasta su localización sin vida.

El caso vuelve a poner atención en la problemática de las desapariciones de mujeres y en la necesidad de mantener una coordinación efectiva entre autoridades de distintas entidades cuando las víctimas se trasladan cotidianamente entre estados por motivos académicos, laborales o personales.

En un caso que ha provocado indignación y repudio por parte de los habitantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó por parte de la Fiscalía General de la Nación la judicializó de Cristian Leonardo Pinzón Méndez por su presunta responsabilidad en el abuso sexual y asesinato de su propia madre, una mujer de 64 años.

El caso se presentó el 14 de julio, pero solo hasta el miércoles 26 de agosto se revelaron los detalles inéditos del crimen que cometió el joven, y las maniobras de las que se valió para hacerles creer a sus familiares que su mamá seguía con vida, cuando ya había acabado con la vida de su progenitora.

De acuerdo con lo que se reveló por parte del fiscal del caso en medio de la audiencia de imputación de cargos, el procesado habría tratado de engañar a los familiares de la víctima manipulando su teléfono celular para hacerles creer que se encontraba enferma y aún con vida.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue sometida durante un tiempo a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo, que la intimidaba y le exigía dinero.

La Fiscalía determinó que la noche del 14 de julio, Pinzón Méndez habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le causó la muerte luego de golpearla en repetidas ocasiones.

“Al parecer, está referenciado de aproximadamente unos diez años atrás que (Pinzón Méndez) la intimidaba incluso en algunas oportunidades con el elemento cortopunzante o arma blanca a la ciudadana, (...) la maltrataba de forma verbal y de manera repetitiva”, describió el funcionario en representación del ente investigador.

En medio de la diligencia judicial se explicó que “esto acreditaba que (la madre y víctima) accediera en primer lugar, no solo por el cariño, sino por el temor que se empezó a dar (...) que ella ya tenía por parte de su hijo Cristian (...)”, y al final le terminaba dando dinero a su hijo.

Los elementos recopilados en el proceso permitieron establecer que, después de los hechos, el procesado intentó ocultar las pruebas y construir una versión falsa para familiares y autoridades.

Según la investigación, incluso utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía, con el propósito de respaldar la versión de que la mujer aún permanecía con vida.

El fiscal describió estas artimañas y contó que Pinzón Méndez enviaba desde el celular de “la persona fallecida vía WhatsApp” las fotos, describe el funcionario, pero la mamá siempre aparecía “con un tapabocas”.

“Y el tapabocas era con la finalidad de que no se mostrara el rostro, que ya estaba totalmente golpeado de la ciudadana fallecida, dándole a entender a sus familiares que ella se encontraba evidentemente enferma, pero que no tenía ningún tipo de situación que haya afectado su vida o a lo menos su integridad personal”, continúa la reseña del expediente.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

El ente acusador detalló en su comunicado que la captura de Pinzón Méndez se produjo el viernes 21 de agosto en una de las calles del barrio Las Margaritas (Kennedy), en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance de la investigación.

Líneas para denunciar casos de violencia contra la mujer en Bogotá

Las mujeres en Bogotá tienen derecho a vivir una vida libre de violencias y a recibir atención y acompañamiento oportuno por parte de entidades distritales y nacionales. Con el objetivo de prevenir y atender las violencias basadas en género (VBG), se ha fortalecido la articulación de servicios y rutas de atención para garantizar los derechos de las mujeres víctimas.

Si una mujer está en situación de riesgo, puede comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 123, que funciona todos los días, las 24 horas, en Bogotá. Esta línea ofrece orientación jurídica y en salud, sensibiliza sobre los diferentes tipos de violencias y brinda instrucciones precisas sobre cómo denunciar ante las autoridades competentes.

Adicional a lo anterior, existen servicios de acompañamiento psicosocial y orientación sobre derechos, mecanismos y rutas para hacer efectivos los derechos de las mujeres víctimas. Estos servicios también informan sobre la oferta institucional disponible para la atención y protección integral de las mujeres en la ciudad.

Para aquellas que buscan espacios de encuentro, empoderamiento y asesoría, Bogotá cuenta con una red de puntos de atención y orientación gratuita, disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. En estos lugares, las mujeres pueden acceder a orientación socio jurídica y psicosocial, así como participar en actividades de conocimiento de derechos y procesos de fortalecimiento social.

A continuación, se presentan los puntos de atención por localidad, con sus respectivas direcciones y números de contacto:

• Usaquén: 601 316 9092 / Cr. 7 F # 155-71 Barrio Barrancas
• Chapinero: 601 359 9555 / Calle 62 # 5-85 Frente al Club del Comercio
• Santa Fe: 601 439 9997 / Cr. 6 #14-98, piso 4 Barrio La Nieves
• San Cristóbal: 601 359 9502 / Cr. 8 # 15-72 sur Barrio Quinta Ramos
• Usme: 601 359 9505 / Cl. 78 Sur # 10-28 Barrio Andrea
• Tunjuelito: 601 359 9514 / Dg. 45B sur # 52A-82 Barrio Venecia
• Bosa: 601 316 9098 / Cl. 59 Sur #78C-29 Barrio Andalucía
• Kennedy: 601 316 9099 / Cl. 3A #71A-54 Barrio Américas Occ.
• Fontibón: 601 359 9500 / Carrera 98 # 18-19 Barrio Fontibón Centro
• Engativá: 601 359 9515 / Cr. 70D # 51-66 Barrio Normandía
• Suba: 601 359 9523 / Cl. 128B # 58A-37 Barrio Las Villas
• Barrios Unidos: 305 8165101 / Carrera 46 # 91-34 Barrio La Castellana
• Teusaquillo: 601 359 9544 / Cl. 43 # 27-25 Barrio La Soledad
• Los Mártires: 601 555 3029 / Cr. 29 # 1D-38 Barrio Santa Isabel
• Antonio Nariño: 601 359 9539 / Cl. 11 Sur # 11B-31 Barrio Caracas
• Puente Aranda: 601 359 9542 / Calle 5C # 53F-60 Barrio San Rafael
• La Candelaria: 601 359 9539 / Cl. 12C # 8-39 Piso 5 / Edificio Sabana Royal
• Rafael Uribe Uribe: 601 359 9543 / Cr. 24 # 27-65 sur Barrio Centenario
• Ciudad Bolívar: Calle 64 Sur # 70G - 61 Barrio Perdomo
• Sumapaz: 601 316 4690 / Cl. 78 Sur # 10-28 Barrio Andrea

Estos espacios y líneas de atención constituyen una red de apoyo para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia, acceder a información sobre sus derechos y recibir acompañamiento integral.

Fugitivos estadounidenses buscan una nueva vida en Jalisco, pero la Policía del Estado los detiene antes de que puedan ocultarse. En lo que va de 2026, al menos 14 ciudadanos estadounidenses buscados por el FBI fueron capturados en territorio jalisciense, de acuerdo con información publicada por Milenio.

Los reportes señalan que los prófugos huyen de cargos graves como homicidio, feminicidio, narcotráfico y delitos sexuales, y eligen Jalisco por su alta movilidad, sus destinos turísticos y su numerosa comunidad extranjera.

La estrategia no depende de agentes del FBI ni de los U.S. Marshals en las calles del estado. La búsqueda la encabeza exclusivamente personal operativo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, con sus propios drones, aeronaves y herramientas de inteligencia.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco lidera las capturas sin agentes del FBI en campo

El comisario general Juan González Castañeda reveló a Milenio que el proceso arranca cuando el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara envía fichas de búsqueda por correo institucional a la corporación estatal. A partir de esa información, los policías jaliscienses procesan los datos, cruzan registros y despliegan personal para localizar a los objetivos.

“La tecnología es propia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco”, afirmó González Castañeda en entrevista con Milenio. La corporación utiliza sus propios recursos tecnológicos, entre ellos drones y aeronaves, sin intervención operativa de ninguna agencia federal estadounidense.

“Ellos no trabajan con nosotros en campo, las autoridades de Estados Unidos”, reafirmó el comisario. “Cien por ciento lo trabajamos con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad”.

El modelo es claro en su división de responsabilidades: Estados Unidos aporta la información y Jalisco ejecuta la búsqueda. Ningún agente extranjero participa en los operativos de campo.

Puerto Vallarta, Zapopan y Ameca: los municipios donde caen los prófugos

Las detenciones no se concentran en un solo punto del estado. Según los registros de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, los arrestos se han producido en Puerto Vallarta, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Zacoalco de Torres, Ocotlán, Yahualica y Ameca.

El 27 de marzo fue detenido Enrique “N”, de 42 años, en Zacoalco de Torres. El 4 de junio cayó Cristian “N”, de 21 años, en Puerto Vallarta.

El 10 y el 17 de junio, en Tlajomulco de Zúñiga, fueron arrestados Emanuel “N”, de 32 años, y Micha “N”, de 49 años. El 29 de julio se registraron dos capturas simultáneas: Brandon “N”, de 21 años, en Ocotlán, y Julio “N”, de 34 años, en Yahualica.

El 7 de agosto fue detenido Michael “N”, de 35 años, en Zapopan. El 13 de agosto cayó Jorge Luis “N”, alias “Coke”, en Ameca.

El caso más reciente, según Milenio, ocurrió el 18 de agosto en Puerto Vallarta, donde fue localizado Antoni “N”, de 41 años, señalado en Estados Unidos por presunta participación en un homicidio en segundo grado. Su detención eleva el total a 14 capturas en lo que va del año.

Jalisco supera a Sinaloa, Sonora y Michoacán en detenciones de buscados por el FBI

Un conteo realizado por Milenio ubica a Jalisco muy por encima de los demás estados en este rubro. Sinaloa ocupa el segundo lugar con apenas tres capturas, mientras que Sonora y Michoacán registran dos detenciones documentadas cada uno.

La diferencia es de casi cinco veces entre Jalisco y el segundo lugar de la lista. Esa brecha refleja tanto la concentración de fugitivos en el estado como la capacidad operativa de la corporación jalisciense.

González Castañeda aseguró que “hemos tenido una efectividad de cien por ciento” en las solicitudes atendidas. Todos los objetivos cuya ficha llegó formalmente a la Policía de Jalisco fueron localizados.

La operación tampoco se detiene con las 14 capturas ya registradas. El comisario reveló que al menos cinco fichas adicionales están activas y en proceso de atención por parte de la corporación.

“Todo lo que llega se trabaja en el momento, en el mismo instante”, sostuvo el funcionario. Cada nueva alerta del consulado se convierte de inmediato en una línea de investigación.

Los perfiles de los detenidos varían: van desde personas acusadas de homicidio y feminicidio hasta otras señaladas por narcotráfico y delitos sexuales. Algunos intentaron establecerse en zonas turísticas; otros, en municipios del interior del estado.

Las autoridades jaliscienses no han detectado vínculos entre los detenidos y organizaciones del crimen organizado en México. “Simplemente son personas que tratan de huir de la justicia de su país por algún delito grave”, explicó González Castañeda a Milenio.

Una vez concretada la captura, los detenidos son puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para iniciar el trámite de deportación. Si alguno enfrenta además cargos por delitos cometidos en México, primero responde ante la justicia nacional y después se procede con la deportación.

Jalisco reúne condiciones que lo hacen atractivo para quienes buscan desaparecer: alta presencia de ciudadanos estadounidenses, destinos turísticos internacionales como Puerto Vallarta, Ajijic y Chapala, y una amplia movilidad entre municipios. Sin embargo, esas mismas características facilitan el trabajo de inteligencia de la corporación estatal, que conoce el territorio y sus dinámicas de población.

Mientras el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara continúe enviando fichas, la Policía de Jalisco seguirá procesándolas y desplegando personal. La colaboración no tiene fecha de cierre.

Cada vez más niñas, niños y adolescentes en Cuba quedan sin madre debido a la violencia de género. Un total de 162 menores han perdido a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025, en un contexto marcado por el deterioro económico, la falta de recursos básicos y la presión social que vive la población en la isla.

El dato, publicado por el Diario de Cuba, expone una realidad que afecta a familias en distintas provincias. En 2023 se registraron 38 casos, en 2024 la cifra ascendió a 70 y en lo que va de 2025 se han reportado 54 menores huérfanos de madre por este tipo de crímenes. Las estadísticas corresponden a procesos judiciales, por lo que pueden incluir feminicidios perpetrados en años anteriores, una característica que refleja las dificultades para obtener información actualizada y precisa sobre estos hechos en el país.

La situación se agrava en un entorno donde la crisis económica golpea a la mayoría de los hogares cubanos. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos limita las posibilidades de respuesta de las familias y de las instituciones. Cuba enfrenta restricciones materiales que complican la atención a los menores afectados, quienes en muchos casos deben cambiar de hogar o entorno familiar tras la pérdida de su madre.

El impacto de estos feminicidios no se limita a la pérdida de la figura materna. La estructura familiar se ve alterada, en ocasiones, los menores quedan bajo el cuidado de abuelos u otros parientes que no siempre cuentan con recursos suficientes. Existen también situaciones en las que los niños son testigos directos de los crímenes, lo que añade una dimensión traumática a su experiencia. En julio de 2026, se documentaron dos episodios donde adolescentes y niños presenciaron la muerte violenta de sus madres, lo que deja secuelas emocionales y sociales difíciles de superar.

De acuerdo con el reporte los datos oficiales no informan sobre el destino posterior de los menores afectados. No se conoce cuántos permanecen con sus padres, cuántos reciben atención psicológica continua ni cuántos acceden a prestaciones económicas o asistencia social específica. Esta ausencia de información impide dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y las necesidades reales de los niños y adolescentes huérfanos de madre a causa de la violencia de género.

En la isla existen normas legales que buscan proteger a la infancia y a las víctimas de la violencia de género. La Constitución, el Código de las Familias y la Ley de Niñez, Adolescencias y Juventudes establecen mecanismos de protección general, pero no se ha identificado un protocolo nacional específico para casos en los que menores quedan huérfanos por feminicidio. Tampoco existen prestaciones económicas diferenciadas para estos menores; las ayudas actuales se enmarcan en el sistema general de seguridad social y no consideran el daño particular que produce el feminicidio en la vida de los hijos de las víctimas.

Un estudio realizado por el proyecto Casa Palanca, recogió testimonios de familias afectadas por feminicidios en Cuba. Seis de las ocho familias entrevistadas recibían algún tipo de pensión, pero ninguna accedió a prestaciones específicas derivadas del feminicidio ni a acompañamiento psicológico regular. En la mayoría de los casos, el cuidado de los menores recayó de forma abrupta en abuelos u otros familiares, quienes asumieron la responsabilidad sin preparación ni apoyo suficiente.

En un contexto de crisis económica y social, la falta de mecanismos diferenciados para proteger a los menores huérfanos por feminicidio evidencia la complejidad del problema. Las cifras oficiales y los testimonios reunidos muestran que la violencia de género tiene consecuencias profundas y duraderas para la infancia cubana, en un país donde los recursos institucionales y familiares resultan cada vez más limitados.

El caso comenzó el 20 de agosto, cuando Dianna y Alan Gael se vieron en Toluca. Según las primeras indagatorias de la Fiscalía, ambos se encontraban aparentemente en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, entre las 12:00 y las 21:00 horas. Fue ahí donde el investigado habría agredido a la joven a la altura de la cabeza hasta privarla de la vida, para después huir del lugar.

Al no tener noticias de ella, los familiares de Dianna acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 21 de agosto para reportar su desaparición. Las autoridades activaron de inmediato una ficha de búsqueda. Horas más tarde, el cuerpo de la joven fue localizado en la misma colonia.

Quién era Dianna Rivera Romero

Dianna Rivera Romero tenía 18 años y estudiaba Ingeniería Industrial. También competía en el programa BAJA SAE México, una competencia universitaria de ingeniería de alto nivel. Quienes la conocían la describieron como una joven con grandes planes.

Según su ficha de búsqueda, Dianna vestía con, tenis blancos, pantalón de mezclilla azul cielo y un suéter blanco, además traía consigo una mochila rosa pequeña.

La investigación que llevó a la detención

Las diligencias realizadas por la FGJEM permitieron identificar a Alan Gael “N” como el probable responsable del crimen. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez emitido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía lo ejecutaron y procedieron a la detención del sujeto. Las investigaciones establecen que Alan Gael y Dianna se conocían, dato que orienta la línea de investigación sobre el vínculo entre ambos.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional, que será el encargado de definir su situación legal y conducir el proceso penal en su contra.

Qué pena enfrenta el detenido

En caso de ser declarado culpable, Alan Gael “N” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio.

La FGJEM precisó que, conforme a derecho, debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia firme.

El perfil del crimen y el contexto en Edoméx

El caso de Dianna Rivera Romero se inscribe en un panorama que, pese a mostrar una reducción estadística, sigue registrando casos de violencia extrema contra mujeres en la entidad.

Datos presentados por el Gobierno del Estado de México en la Mesa de Paz estatal, publicados el 25 de agosto, indican que del 1 de enero al 24 de agosto de 2026 los feminicidios disminuyeron 24% en comparación con el mismo periodo de 2025. Los homicidios dolosos de mujeres registraron una baja de 59% en el mismo lapso.

Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 26 de agosto, fechas que enmarcan tanto el crimen como la detención del probable responsable, y que las familias de las víctimas y los organismos de derechos humanos siguen con atención como indicador de la respuesta institucional.

Cómo denunciar

La FGJEM habilitó varios canales para que la ciudadanía pueda aportar información si reconoce a Alan Gael “N” como probable implicado en otro hecho delictivo.

Las vías disponibles son: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) logró la vinculación a proceso de Sergio “N”, alias “El Búho”, por su presunta responsabilidad en delito de homicidio doloso calificado en contra de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste.

Según reportes, el imputado era expolicía de la extinta Fuerza Civil y escolta de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste al que el Congreso de Veracruz retiró el fuero por su presunta participación como autor intelectual del mismo crimen.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 448/2026, con lo que suman nueve personas detenidas y procesadas por el caso.

“El Búho” fue capturado el 24 de julio en la colonia Petrolera del municipio de Minatitlán por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con el Ejército Mexicano, aunque su detención no se hizo pública sino hasta el 11 de agosto, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la confirmó durante la conferencia mañanera. En el cateo le aseguraron un arma calibre .223, siete cargadores, cartuchos, dosis de cristal, marihuana y un radio de comunicación. Harfuch lo identificó como coordinador operativo del Grupo Sombra, señalados como responsables del crimen.

Sergio “N” era expolicía de Fuerza Civil y escolta del alcalde desaforado

Las investigaciones ubicaron a “El Búho” como nexo entre el Grupo Sombra y el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste. De acuerdo con documentos ministeriales citados por el medio Reforma, el edil habría dado la orden tras enterarse de que Raúl Guzmán Ramírez tenía en su poder una fotografía donde él aparecía con un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de Raúl González Martínez el 5 de agosto con 40 votos a favor y 8 en contra. El alcalde no se presentó ante los diputados; su equipo legal compareció en su lugar. La defensa rechazó los señalamientos, sostuvo que no hay pruebas suficientes y adelantó que las acusaciones responden a un trasfondo político. Hasta el momento el alcalde González Martínez no ha sido imputado.

Delta 1, Delta 7, La Hiena y policías municipales, entre los imputados previos

Antes de la vinculación de “El Búho”, un juez había procesado el 9 de julio a ocho personas dentro del proceso penal 365/2026. Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, identificado como líder del Grupo Sombra; José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “El Pelón”, y Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, enfrentaron cargos por la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio de la comunicadora.

Según reportes previos, fue “Delta 7” quien, tras ser detenido en Coatzacoalcos, condujo a las autoridades al rancho de Moloacán donde estaban los restos de la periodista.

Los otros cuatro —Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”— eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste al momento del crimen. Son señalados como probables responsables de abastecer de recursos y apoyo logístico al Grupo Sombra. Todos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa.

Roxana Guzmán fue secuestrada en su casa y hallada muerta 24 días después

La mañana del 2 de junio, cerca de las 6:00 horas, un grupo armado forzó la entrada del domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Los agresores golpearon a su padre, quien intentó interponerse y terminó hospitalizado.

La periodista grabó con su celular los primeros segundos del asalto antes de que se lo arrebataran; las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación nacional.

Según la indagatorias, la llevaron al predio “El Limonar”, en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste, donde habría sido interrogada, golpeada, asesinada, desmembrada e incinerada. Sus restos fueron identificados el 3 de julio, un mes después de su desaparición.

Una adolescente de 15 años fue asesinada dentro de su vivienda en Cancún, Quintana Roo, después de que presuntamente sorprendiera a un hombre que había entrado al domicilio para robar. El sospechoso, identificado como Miguel Salvador “N”, fue detenido y es investigado por el feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto en un domicilio de la Supermanzana 225, en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría ingresado a la vivienda con la intención de sustraer objetos.

La adolescente habría descubierto al sujeto y gritó para pedir ayuda, momento en que el hombre presuntamente la atacó físicamente. De acuerdo con los resultados de la necropsia, primero la habría estrangulado con las manos y posteriormente habría utilizado un cinturón para obstruir sus vías respiratorias.

Después del ataque, el sospechoso habría tomado una televisión y el teléfono celular de la adolescente y abandonado el inmueble.

Vendió los objetos que habría robado

Las investigaciones permitieron establecer que los objetos sustraídos de la vivienda habrían sido vendidos después del crimen. De acuerdo con la información de la Fiscalía de Quintana Roo, la televisión terminó en una casa de empeño, mientras que el teléfono celular fue vendido en una tienda de celulares.

Estos movimientos forman parte de los elementos que fueron considerados durante las primeras indagatorias para identificar y localizar al sospechoso.

La investigación también estableció que el ingreso al domicilio habría tenido como finalidad cometer un robo y que el ataque contra la adolescente ocurrió después de que ella descubriera al presunto intruso.

El cuerpo de la menor fue localizado dentro de la vivienda el 25 de agosto. Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia correspondiente.

El estudio determinó que la causa de muerte fue la obstrucción de las vías aéreas provocada por un cinturón, después de que previamente la adolescente habría sido estrangulada con las manos.

Detienen al sospechoso en El Crucero

Las investigaciones permitieron ubicar a Miguel Salvador “N” en el parque de la zona conocida como El Crucero, en Cancún, donde fue detenido durante un operativo.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante el Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica dentro del plazo establecido por la ley.

La investigación está a cargo del área especializada en delitos de feminicidio, debido a las circunstancias en las que murió la adolescente.

Otros casos de feminicidio han sido judicializados en Cancún

La captura de Miguel Salvador “N” ocurre mientras la Fiscalía de Quintana Roo mantiene durante 2026 distintas investigaciones y procesos por feminicidio y tentativa de feminicidio en Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún.

El 9 de enero, la dependencia informó la detención de tres personas por su probable participación en un feminicidio ocurrido cuatro días antes. La víctima fue localizada sin vida, envuelta en una sábana y dentro de un carrito de supermercado, en las inmediaciones de un parque de la Supermanzana 68.

En marzo, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Luis “N” por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, por una agresión ocurrida contra una adolescente en 2023, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Kukulcán. El imputado quedó sujeto a prisión preventiva durante el proceso.

Más recientemente, el 22 de julio, un juez dictó una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión contra Ángel Rubén Salaya Gómez por feminicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en marzo de 2024 en la Supermanzana 525. Según la Fiscalía, el agresor ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la atacó después de ser descubierto.

Estos expedientes forman parte del trabajo de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, área que ahora investiga la muerte de la adolescente de 15 años localizada en la Supermanzana 225.

Un lamentable suceso ha consternado la mañana de este martes 25 de agosto a los residentes del sector Hainamosa, donde dos personas perdieron la vida en el interior de su vivienda en un aparente caso de feminicidio y posterior suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Ramonita Aquino («Ramona»), de 39 años, y Jesús Jáquez, de 50 años, un militar retirado (pensionado del Ejército de la República Dominicana).

Según los datos preliminares por parte de las autoridades policiales e investigativas indican que el hombre habría atentado contra la vida de su cónyuge y posteriormente contra la suya propia utilizando su arma de reglamento.

De acuerdo con declaraciones brindadas a los medios locales por parte de la hermana de Jesús, Dominga Jáquez, la pareja mantuvo una convivencia de alrededor de dos décadas y deja en la orfandad a dos hijos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 14.

Dominga, también abogó sobre la tensión e inestabilidad emocional que se vivía en el hogar previo a la tragedia. La hermana del agresor reveló que la pareja tenía un par de meses atravesando por una grave crisis matrimonial e incluso estaban llevando a cabo un proceso formal de divorcio. Sin embargo, pese al distanciamiento, continuaban cohabitando en la misma casa pero en habitaciones separadas, ya que Ramona no deseaba mantener ningún vínculo afectivo con él.

Problemas de salud mental, ceguera y alertas no escuchadas

La hermana del difunto también detalló que Jesús Jáquez padecía de episodios severos de depresión clínica, trastornos psiquiátricos y sufría además de una condición visual grave (ceguera). Aunque mantenía un tratamiento médico psiquiátrico prescrito y registraba internamientos previos por su condición, presentaba constantes recaídas caracterizadas por llanto desconsolado, falta de apetito y angustia extrema.

Dominga acudía diariamente a la residencia a llevarle comida y acompañarlo. No obstante, las conversaciones previas manifestaban pensamientos violentos e ideas recurrentes que encendieron las alarmas de la familia.

“Él me decía que el enemigo le decía que matara a los hijos y se matara él. Yo le decía: ‘No haga eso, vete para mi casa, que en mi casa hay una habitación vacía’.

Un elemento clave abordado en el testimonio de Dominga radica en la presencia del arma de fuego en la casa. La familiar explicó que la familia asumía que la pistola no estaba al alcance de Jáquez, debido a que la esposa la tenía bajo resguardo considerando su estado de ceguera y su condición de salud mental. La propia hermana había ido a la vivienda a buscar el arma para entregársela a un oficial militar amigo de la familia y así evitar cualquier riesgo.

“Nosotros pensábamos que el arma no estaba en la casa porque la esposa la tenía guardada”.

La muerte de Ramonita Aquino se suma a una preocupante cadena de hechos violentos contra la mujer en el país. Con este nuevo caso registrado en Hainamosa, suman al menos 54 las mujeres que han sido víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas en lo que va del presente año 2026 en la República Dominicana.

Las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía continúan realizando las investigaciones técnicas correspondientes para determinar fehacientemente la cronología y circunstancias definitivas de este trágico suceso.

Respecto a los menores de edad, las autoridades precisaron que fueron trasladados a un centro hospitalario para ser evaluados tras el impacto emocional, confirmando que no resultaron heridos físicamente.

Fernando Cerimedo, el consultor político argentino, afronta ahora tres investigaciones penales simultáneas en Bolivia, tras la apertura de oficio de una nueva causa por violencia familiar y doméstica contra su ex pareja, Nadia Beller. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz confirmó el martes la medida, que se suma a los procesos ya abiertos por tentativa de feminicidio y por presunto enriquecimiento ilícito.

El director departamental de la Felcv, coronel Edson Fernández, explicó que la denuncia se inició a partir de publicaciones difundidas en redes sociales el 18 de agosto, un día después del atentado armado contra Beller. En esas capturas de pantalla, la mujer habría mostrado lesiones en su cuerpo que, según ella, Cerimedo le habría ocasionado en julio pasado. “Ha sido de conocimiento público, salió una publicación por redes sociales y, en coordinación con los fiscales adscritos a la Felcv, se ha abierto una denuncia por violencia familiar”, señaló Fernández.

Cerimedo permanece recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva de 180 días. La Fiscalía lo imputa por “feminicidio en grado de tentativa” al considerar que existen indicios que lo señalan como presunto instigador de un ataque armado contra su expareja, acusándolo de haber enviado “sicarios” para matarla.

El proceso principal se originó el 17 de agosto, cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en motocicleta a inmediaciones de un hotel ubicado entre el quinto anillo y el canal Isuto, en Santa Cruz, y dispararon contra Beller, quien recibió tres impactos de arma de fuego. La mujer fue internada y recibió el alta médica posteriormente; actualmente se encuentra en su domicilio. Junto al argentino, fueron enviadas a detención preventiva otras dos personas: un hombre acusado de haber proporcionado el arma a los atacantes y la pareja de este. La Policía indicó que ya tiene identificados preliminarmente a los presuntos autores materiales y mantiene su búsqueda.

Uno de los primeros pasos de la nueva investigación por violencia doméstica será recoger la declaración de Beller. Fernández precisó que la fecha y modalidad aún deben definirse en función del estado de salud de la víctima, y dejó abierta la posibilidad de que personal de la Felcv se traslade hasta su domicilio. “Hay que tener un criterio legal y, en virtud de eso, asumo que va a ser de esa manera”, indicó. La investigación deberá determinar si existieron hechos de violencia, cuándo habrían ocurrido y las circunstancias en que se produjeron.

El segundo proceso contra Cerimedo se tramita en La Paz y está relacionado con presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Durante allanamientos vinculados a esa causa se secuestraron Bs 500.000, billetes en dólares y euros, teléfonos celulares y otros elementos que permanecen bajo análisis pericial. Entre los hechos que forman parte de esa investigación figura la fuga de un ex militar identificado como Fritz Junior G. A. durante un operativo policial, quien fue capturado posteriormente y afirmó haber perdido USD 700.000 que llevaba consigo. Un juez determinó 45 días de detención preventiva para él, mientras que su esposa, Claudia Inés L. C., recibió detención domiciliaria con arraigo; la Fiscalía apeló ambas resoluciones.

El caso proyectó una sombra sobre el entorno político de Cerimedo en la región. En Bolivia, los detractores del presidente Rodrigo Paz —entre ellos el ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara— aseguran que Cerimedo fue asesor personal del mandatario, relación que el Gobierno boliviano niega y sostiene que el argentino no formó parte de la estructura del Estado.

Paz se solidarizó con Beller y le ofreció “garantías” para la investigación, pero ha evitado pronunciarse sobre su vínculo con Cerimedo. La defensa del argentino, por su parte, calificó el proceso por tentativa de feminicidio de “show político” destinado a “desestabilizar” al Gobierno de Paz, argumentando que la causa estaría motivada por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Morales.

Nueve años después del crimen que conmocionó a República Dominicana, el rostro de Emely Peguero, la adolescente de 16 años asesinada en 2017, sigue presente en la memoria colectiva.

Su muerte mientras estaba embarazada, según reportó BBC Mundo en aquel momento, desató una ola de indignación y puso en discusión la fragilidad de la protección institucional ante la violencia de género.

Hoy, el país cuenta con un nuevo Código Penal que tipifica el feminicidio y agrava las penas cuando la víctima es una menor de edad o está en estado de gestación.

El caso de Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017, marcó un antes y un después en la justicia dominicana. La joven desapareció el 23 de agosto de ese año, y días después su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda.

De acuerdo con BBC Mundo, “la desaparición de Emely movilizó a toda la sociedad, dejando en evidencia deficiencias en la respuesta de las autoridades y generando un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres”.

El proceso judicial concluyó con una condena de 30 años contra Marlon Martínez, mientras que su madre, Marlin Martínez, recibió una pena reducida a dos años y recuperó su libertad en 2020.

El marco legal vigente en 2017, un Código Penal heredado de 1884, no reconocía el feminicidio como delito autónomo. Nueve años después, la República Dominicana ha experimentado cambios sustanciales.

El nuevo Código Penal, que entró en vigor este mes, incorpora la figura de feminicidio y establece penas de entre 30 y 40 años de prisión mayor.

El artículo 94 dispone que, si la víctima es niña, adolescente o se encuentra embarazada, la sanción máxima asciende a 40 años, acompañada de una multa de mil salarios mínimos del sector público. “Si un crimen como el de Emely sucediera hoy, la nueva legislación contemplaría la pena más alta prevista”, detalló el medio dominicano El Día.

La reforma legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los delitos cometidos bajo la legislación anterior mantienen las penas entonces vigentes. Esto impide modificar la condena de los implicados en el caso Emely Peguero, aunque sí permite observar la evolución del sistema penal dominicano.

De acuerdo con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la versión consolidada del Código Penal publicada este mes eleva también las sanciones para otras formas de violencia de género y delitos sexuales, reforzando la protección jurídica de mujeres y adolescentes.

El asesinato de Emely Peguero no fue un hecho aislado. Durante el mismo agosto de 2017, el país se vio sacudido por otros crímenes contra jóvenes, como el de Fernelis Carrión, de 16 años (por cuya muerte fue condenado a 30 años de prisión el sacerdote Elvin Taveras); y los de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, ambas de 18 años.

Según informó El Día, “los cuatro nombres quedaron asociados a una de las sucesiones de asesinatos de jóvenes que estremecieron al país en cuestión de semanas”.

El impacto social del caso de Emely Peguero se reflejó también en cifras de salud pública. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2017 se registraron 35,461 embarazos en adolescentes, mientras que en 2025 la cifra bajó a 16,481, una reducción superior al 50%. No obstante, el fenómeno persiste y afecta principalmente a adolescentes de 15 a 19 años, además de niñas menores de 15, segmento que en 2025 representó el 5.01% de los casos reportados.

Las modificaciones legales y la disminución de embarazos adolescentes son avances reconocidos por las autoridades, pero no agotan el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia.

La historia de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada seis años después, evidencia la continuidad del problema. Su caso, desarrollado todavía bajo el antiguo Código Penal, terminó con la ratificación de una condena de 20 años para John Kelly Martínez en 2026, pocos meses antes de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionatorio.

La cobertura de BBC Mundo remarcó que “la conmoción por la muerte de Emely abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, protección y justicia para evitar nuevas tragedias”.

El país ha incorporado herramientas jurídicas más estrictas y ha logrado avances en algunos indicadores, pero la discusión se extiende a la capacidad institucional para detectar y atender la violencia antes de que derive en crímenes irreparables.

El recuerdo de Emely Peguero continúa presente en la sociedad dominicana, ahora bajo un contexto legal distinto y con el desafío de evitar que otras adolescentes compartan su destino.

La transformación normativa y la reducción de embarazos constituyen pasos hacia adelante, aunque la pregunta sobre la suficiencia de las medidas adoptadas sigue abierta.

Nadia Beller, víctima de un intento de feminicidio por el que acusa a su ex pareja Fernando Cerimedo, asesor presidencial de Rodrigo Paz y actualmente detenido, pidió frenar los ataques en redes contra terceros que no están siendo investigados y advirtió que se está usando su caso para disputas políticas.

En un texto de aclaración, Beller cuestionó el señalamiento contra el periodista Javier Negre y el medio La Derecha Diario, a partir del vínculo empresarial previo entre Negre y Cerimedo. “No me parece justo el ataque que están recibiendo algunas personas a raíz de lo ocurrido con Fernando Cerimedo y la tentativa de feminicidio que sufrí”, afirmó.

Sobre Negre, sostuvo que no lo conoce y que el hostigamiento no se basa en información directa del caso. “Un ejemplo de esto es el acoso que está recibiendo el señor Javier Negre, a quien no conozco personalmente, simplemente porque ha manifestado que rompió vínculos empresariales con Cerimedo hace algún tiempo”, escribió.

Beller también defendió que esa versión no debería leerse como una reacción posterior a la denuncia. “Me parece injusto que esa afirmación sea cuestionada como si se tratara de un intento de desligarse de él después de lo ocurrido”, agregó.

En su aclaración, introdujo un dato sobre el proceso societario de Cerimedo y el motivo que, según dijo, conocía con anterioridad. “En honor a la verdad, yo sí sabía que Fernando había vendido sus acciones como parte del proceso de finiquitar o saldar sus empresas para llevar adelante su proceso de divorcio”, indicó.

Beller remarcó que esa información no la incorpora para beneficiar a ninguna de las partes. “Esto no es algo que esté diciendo ahora para favorecer a nadie: es algo que me consta”, señaló.

Con ese argumento, reclamó que no se transforme la relación comercial ya finalizada en un disparador de sospechas. “Me parece completamente injusto que se pretenda convertir una relación empresarial que ya había terminado en motivo de sospecha, señalamiento o acoso hacia una persona que no tiene relación alguna con los hechos que se investigan”, sostuvo.

En el cierre, pidió que su denuncia no sea usada como herramienta en conflictos ajenos al expediente. “También creo que deberían dejar de instrumentalizar un tema tan delicado como el sicariato, la violencia de género y el feminicidio para llevar adelante revanchas políticas o disputas personales”, advirtió.

“No se puede utilizar el dolor y la gravedad de estos hechos como herramienta para atacar a personas que no tienen nada que ver, simplemente porque resultan convenientes dentro de una determinada narrativa política”, concluyó.

La desvinculación

Cerimedo, detenido desde el martes 18 de agosto en Bolivia acusado de enviar sicarios para asesinar a su ex pareja, Nadia Beller, decidió desvincularse de La Derecha Diario, el medio de ideología liberal-libertaria que fue fundado en la Argentina, pero que tiene presencia en otros ocho países, entre ellos España y Estados Unidos.

Según pudo saber Infobae, Cerimedo llegó hace un tiempo a un acuerdo con Negre, el otro accionista del medio, para venderle el 50% que era de su propiedad. Así, Negre es el propietario absoluto del portal.

Las conversaciones para que el consultor del presidente de Bolivia se desligara de la marca habían comenzado a principios de este año. La decisión era parte de una serie de desvinculaciones que Cerimedo estaba haciendo de otras compañías en las que tenía participación en la Argentina.

Sin embargo, no fue hasta la semana pasada, justo antes de las complicaciones judiciales, que ese proceso se había acelerado. Con la detención de Cerimedo, las negociaciones se atrasaron, pero este viernes Negre pudo ratificar el acuerdo. El trato ya estaba hecho de palabra entre Negre y Cerimedo, pero ahora quedó firmado por escrito.

El mensaje de Beller

Sobre Javier Negre y la Derecha Diario:

No me parece justo el ataque que están recibiendo algunas personas a raíz de lo ocurrido con Fernando Cerimedo y la tentativa de feminicidio que sufrí.

Un ejemplo de esto es el acoso que está recibiendo el señor Javier Negre, a quien no conozco personalmente, simplemente porque ha manifestado que rompió vínculos empresariales con Cerimedo hace algún tiempo. Me parece injusto que esa afirmación sea cuestionada como si se tratara de un intento de desligarse de él después de lo ocurrido.

En honor a la verdad, yo sí sabía que Fernando había vendido sus acciones como parte del proceso de finiquitar o saldar sus empresas para llevar adelante su proceso de divorcio. Esto no es algo que esté diciendo ahora para favorecer a nadie: es algo que me consta.

Por eso me parece completamente injusto que se pretenda convertir una relación empresarial que ya había terminado en motivo de sospecha, señalamiento o acoso hacia una persona que, no tiene relación alguna con los hechos que se investigan.

También creo que deberían dejar de instrumentalizar un tema tan delicado como el sicariato, la violencia de género y el feminicidio para llevar adelante revanchas políticas o disputas personales. No se puede utilizar el dolor y la gravedad de estos hechos como herramienta para atacar a personas que no tienen nada que ver, simplemente porque resultan convenientes dentro de una determinada narrativa política.

Dayana Rodríguez Bohórquez, de 24 años, fue asesinada en la vereda Villas del Socorro, ubicada en zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Su compañero sentimental, Leonel Darío Mendoza Gómez, es investigado por el crimen, pues horas después se presentó ante la Policía en Planeta Rica, Córdoba.

Después de su confesión, las autoridades avanzan con el proceso judicial bajo la hipótesis de feminicidio agravado y violencia de género.

El caso se presentó el viernes 21 de agosto en una vivienda ubicada a unos 45 minutos del casco urbano de Caucasia. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal de ese municipio y el cuerpo fue trasladado a la morgue municipal para los procedimientos forenses.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven murió por lesiones graves causadas con un objeto contundente. Tras el ingreso del cuerpo a la morgue, el medio local Minuto30 reveló que los expertos lograron establecer que presentaba un trauma craneal severo, una herida abierta con exposición de masa encefálica y una fractura multifragmentaria en el hueso occipital, lesiones que le causaron la muerte inmediata en el lugar.

El presunto agresor confesó

Según la información conocida por las autoridades, Leonel Darío Mendoza Gómez llegó de manera voluntaria a la estación de Policía de Planeta Rica, municipio del departamento de Córdoba del que es natural, y allí le contó a los uniformados presentes que tuvo una discusión con su compañera sentimental durante la madrugada antes de agredirla.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas para responder por el delito de feminicidio agravado. La investigación busca establecer en detalle las circunstancias del ataque y la responsabilidad penal del señalado.

La información policial indica que la discusión habría estado relacionada con celos y conductas de control sobre la víctima. Por su parte, el diario El Colombiano señaló que la brutal agresión se habría desencadenado después de que el hombre revisó el celular de Dayana y encontró conversaciones con otro hombre.

El caso se investiga como violencia de género y se suma a otras muertes recientes

La víctima, oriunda de Zaragoza, Antioquia, fue hallada dentro de la vivienda con múltiples heridas en la cabeza producidas por un arma contundente, según las versiones preliminares recogidas en el caso, en las que se indicó que el elemento usado en la agresión habría sido un tubo que se encontraba en el hogar de la pareja.

El medio local El Colombiano también informó que allegados de la joven sostuvieron que en la relación ya existían episodios recurrentes de violencia de género. Según esas versiones, el hombre controlaba las relaciones personales de la víctima y revisaba con frecuencia su teléfono móvil, elementos que serán indagados dentro del proceso judicial.

Este nuevo feminicidio encendió las alertas entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres en Antioquia, que reclaman medidas urgentes del Estado ante una secuencia de violencia de género que, de acuerdo con cifras oficiales, dejó tres mujeres asesinadas en menos de 72 horas en el departamento.

Los internautas reaccionaron pidiendo justicia ante este hecho repudiable y asegurando que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por un desacuerdo o por celos.

“Eso no le daba derecho a matarla, así ella haya cometido ese error. El machismo ciega a los hombres, ella también déjelo si se ve que era una porquería de hombre y si ella lo hizo es porque no era feliz con él” y “Dios nos guarde a todas las mujeres del mundo de todo peligro”.