Una mujer murió en Kaukira, Gracias a Dios, y las autoridades investigan si se trató de un presunto feminicidio cometido por su pareja, identificado de forma preliminar como Alexis Fuentes. El hombre fue golpeado por familiares de la víctima tras el hecho y, según la Policía, seguía con vida cuando fue auxiliado.

De acuerdo con la información inicial, Fuentes habría sido retenido por familiares de la víctima luego del crimen. Según versiones preliminares, los parientes lo golpearon tras conocer lo sucedido.

En un primer momento circularon versiones sobre su supuesto fallecimiento. Agentes policiales que acudieron al lugar aclararon que Fuentes aún se encontraba con vida cuando fue auxiliado, aunque presentaba lesiones de gravedad por la golpiza.

Investigación del caso

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la mujer, determinar si se trata de un caso de feminicidio y establecer las responsabilidades penales derivadas tanto del crimen como de la agresión posterior contra el sospechoso.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni proporcionaron información adicional sobre el estado de salud del presunto agresor.

Este hecho ocurre en medio de la violencia que afecta a las mujeres hondureñas. Organizaciones de derechos humanos y observatorios especializados advirtieron que las muertes violentas de mujeres continúan entre las principales problemáticas sociales y de seguridad del país.

Datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) indican que entre el uno de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron más de 100 muertes violentas de mujeres y posibles feminicidios en Honduras. Además, el Sistema Nacional de Emergencia 911 informó más de 6.200 denuncias de violencia doméstica y más de 6.600 denuncias de maltrato familiar durante los primeros meses del año.

Por su parte, el OV-UNAH reportó recientemente que al menos 109 mujeres habían muerto de forma violenta durante los primeros cinco meses de 2026, lo que equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada 33 horas en el país.

La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió que muchos de estos casos presentan características asociadas a feminicidios y reflejan patrones de violencia ejercida por personas cercanas a las víctimas, incluidas parejas y exparejas.

Mujeres sin protección

Así mismo estas organizaciones alertaron que la impunidad continúa entre los principales obstáculos para combatir la violencia de género en Honduras y sostienen que una gran proporción de los casos de feminicidio no logra una sentencia condenatoria, lo que contribuye a la repetición de estos hechos.

Informes internacionales señalan que Honduras continúa registrando una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina, pese a reducciones observadas en algunos indicadores durante los últimos años.

Este nuevo hecho ocurre en un año particularmente preocupante para Honduras. El Observatorio de la Violencia reportó que el país se acerca al centenar de muertes violentas de mujeres en menos de cinco meses de 2026.

Expertos advierten que detrás de las cifras existe una problemática estructural vinculada a la violencia doméstica, las agresiones de pareja y la falta de mecanismos efectivos de protección para mujeres en situación de riesgo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una sentencia condenatoria de 32 años y un mes de prisión contra Emmanuel “N”, tras acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental.

La resolución judicial se logró luego de que el Ministerio Público presentara una serie de pruebas científicas, periciales y testimoniales que permitieron reconstruir los hechos ocurridos en julio de 2023 y demostrar la responsabilidad del acusado en el asesinato de la mujer.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Emmanuel “N” mantenía una relación caracterizada por la violencia constante hacia la víctima, situación que fue corroborada durante el proceso penal mediante diversos testimonios presentados por la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023 en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el ahora sentenciado atacó a la mujer con un arma blanca, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Intentó ocultar el crimen abandonando el cuerpo

Tras privar de la vida a su pareja, Emmanuel “N” intentó ocultar el crimen trasladando el cuerpo en un vehículo hasta una zona boscosa de la colonia San Lorenzo, en la alcaldía Cuajimalpa.

Según las investigaciones, el agresor abandonó el cadáver en dicho lugar con la intención de dificultar su localización e identificación.

Sin embargo, dos días después, vecinos de la zona encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió iniciar las diligencias ministeriales correspondientes.

A partir del hallazgo, personal especializado de la Fiscalía capitalina realizó trabajos de campo, entrevistas, análisis forenses y diversas diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y ubicar al responsable.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo para ingresar al domicilio que compartían la víctima y el agresor.

Durante la intervención se aseguraron diversos indicios que fortalecieron la línea de investigación y permitieron solicitar una orden de aprehensión contra Emmanuel “N”.

Inteligencia, videograbaciones y pruebas científicas fueron determinantes

La Fiscalía informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) desarrollaron labores de inteligencia para ubicar al presunto responsable.

Gracias a estas acciones, Emmanuel “N” fue localizado y detenido el 26 de julio de 2023 en la alcaldía Cuauhtémoc, apenas cinco días después del feminicidio.

Al día siguiente de su captura fue presentado ante un juez y vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Durante el juicio oral, la representación social presentó una sólida carga probatoria integrada por testimonios que acreditaron los antecedentes de violencia ejercida por el acusado, así como dictámenes periciales y evidencia tecnológica.

Entre las pruebas más relevantes destacó el análisis forense realizado al vehículo utilizado para trasladar el cuerpo, donde especialistas confirmaron la presencia de sangre de la víctima.

Asimismo, videograbaciones obtenidas durante la investigación permitieron reconstruir el trayecto realizado por Emmanuel “N” después del crimen y documentar el traslado del cuerpo hacia la zona donde finalmente fue abandonado.

La necropsia practicada por especialistas también fue fundamental para establecer con precisión la causa de muerte y corroborar la mecánica de los hechos expuesta por la Fiscalía.

Con base en este conjunto de elementos, la autoridad judicial concluyó que existían pruebas suficientes para acreditar plenamente la responsabilidad penal del acusado.

Reparación integral del daño para las víctimas indirectas

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal determinó que Emmanuel “N” deberá cubrir la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La Fiscalía capitalina destacó que la sentencia representa un avance en el combate a la violencia feminicida y en la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia de género.

La institución señaló que las investigaciones en casos de feminicidio se realizan bajo protocolos especializados, con perspectiva de género, sustento científico y rigor jurídico, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las familias afectadas.

El caso también pone de relieve la importancia de documentar y denunciar los antecedentes de violencia en las relaciones de pareja, ya que estos elementos pueden resultar fundamentales para acreditar patrones de agresión y fortalecer las investigaciones ministeriales.

Con esta sentencia, las autoridades consideran concluida una etapa judicial clave en el caso, aunque reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño.

La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos. Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.

La mayoría de los crímenes se registró en Santa Ana, con seis de los 13 feminicidios, seguida de San Salvador con tres casos. Cabañas, La Paz, La Libertad y Usulután reportaron un caso cada uno.

“La ocurrencia de estos casos reitera la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres. En ese contexto, es vital mantener estrategias de prevención, protección y atención integral dirigidas a las mujeres, así como mejorar los mecanismos de seguimiento y análisis de la violencia de género, con el fin de contribuir a la reducción de estos hechos”, destaca el informe.

Perfil de las víctimas y vínculo con los agresores

Las víctimas identificadas fueron principalmente adultas, con edades entre 26 y 65 años. Los grupos más afectados fueron los de 31 a 35 y 46 a 50 años. En cinco casos no se pudo determinar la edad por falta de datos periodísticos.

Al menos nueve de los casos fueron cometidos por personas conocidas: seis por la pareja, uno por la pareja y una persona conocida, uno por la pareja de una conocida y dos por personas conocidas de la víctima. En tres casos no fue posible identificar el vínculo.

“Los feminicidios de pareja evidencian control y violencia hacia las mujeres en el ámbito privado, mientras que los casos de otros agresores revelan que la violencia feminicida va más allá del hogar, vinculándose a factores estructurales de discriminación y desigualdad de género", instruye la organización ciudadana.

Tipología y causas de muerte

El informe de ORMUSA distinguió entre feminicidios de pareja, con siete casos, y muertes violentas perpetradas por otros agresores, con seis casos.

Los mecanismos de muerte más frecuentes fueron armas blancas, con tres casos, y asfixia, con dos. También se registró un caso por golpes y objetos contundentes, uno por armas de fuego y uno en circunstancias sospechosas. En tres casos no se pudo precisar la causa.

Indicios de violencia sexual

El observatorio identificó tres feminicidios con indicios de violencia sexual: un caso de violación, un intento de violación y otro en el que el cuerpo de la víctima fue encontrado semidesnudo.

El informe señaló la necesidad de profundizar las investigaciones con perspectiva de género para esclarecer esos hechos.

Respuesta institucional

Del total de agresores, 11 fueron capturados, uno se suicidó y en tres casos no se pudo establecer la situación.

El monitoreo advirtió sobre la concentración de casos en Santa Ana y la alta proporción de agresores conocidos. También planteó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación, además de mejorar el acceso a la justicia para garantizar respuestas institucionales.

La justicia salvadoreña impuso la pena máxima de 50 años de prisión a tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una mujer cuyo cuerpo fue hallado oculto en un pozo en Apopa.

El fallo se emitió este jueves tras acreditar la responsabilidad de Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez en los hechos ocurridos en febrero de 2022, según reportó el Centro Judicial de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

De acuerdo con la investigación, los condenados formaban parte de una estructura criminal que operaba en la zona de Apopa. La víctima había sido amenazada por rechazar una relación sentimental con Hernández Flores, alias Demente, y por tener una pareja ajena a la pandilla.

Por temor a represalias, tuvo que abandonar su vivienda y refugiarse en otra colonia cercana, según detalló el tribunal.

El 7 de febrero de 2022, la mujer acudió a la colonia San Carlos tras ser citada por Hernández con la promesa de discutir su posible regreso a casa.

Al llegar, fue interceptada por los pandilleros, quienes la obligaron a internarse en la colonia. Al no regresar, su pareja denunció la desaparición.

El cuerpo fue encontrado cinco días después, el 12 de febrero, dentro de un pozo en el terreno de una vivienda. La autopsia reveló heridas de bala, golpes y signos de violencia, confirmó el juzgado, según información oficial difundida por el Centro Judicial de El Salvador.

Durante la vista pública, la prueba testimonial acreditó que la víctima expresó sus temores y el motivo por el cual acudiría a la cita. El testimonio de Tomás Jiménez resultó clave al relatar cómo se planeó y ejecutó el crimen, identificando a los participantes y el lugar donde finalmente se localizó el cadáver.

El tribunal también procesó a Sandra María Alfaro Argueta, condenada a 15 años de cárcel por desaparición de personas tras comprobar su colaboración con los pandilleros en actividades delictivas vinculadas al caso.

La situación de la víctima fue descrita como de alta vulnerabilidad, pues antes de ser asesinada sufrió desplazamientos, amenazas y agresiones reiteradas por parte de los miembros de la MS-13. El tribunal concluyó que existió un patrón de control y violencia de género previo al crimen, según lo documentado por las autoridades judiciales.

En El Salvador, la violencia feminicida persiste pese a la reducción de los registros oficiales. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), en 2025 se reportaron 26 feminicidios, lo que representa un descenso del 33 % respecto a 2024, cuando se documentaron 38 casos. En lo que va de 2026, Ormusa contabiliza al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, con predominio de la violencia intrafamiliar y métodos letales como armas de fuego, asfixia y golpes.

Las sentencias por feminicidio agravado en el país han oscilado entre 30 y 50 años de prisión, aunque desde abril de 2026 nuevas reformas prevén la posibilidad de prisión perpetua para estos delitos. Recientemente, tribunales salvadoreños han dictado condenas de entre 30 y 50 años en casos similares, tanto por feminicidio como por homicidio agravado de mujeres en contextos de violencia doméstica o de pareja.

La condena dictada en Apopa constituye uno de los fallos más severos aplicados en 2026 y se suma a una serie de decisiones judiciales orientadas a combatir la impunidad en los crímenes de género, de acuerdo con las autoridades judiciales salvadoreñas.

Bogotá reportó un avance significativo en la reducción de asesinatos de mujeres entre enero y abril de 2026, al registrar una caída del 60% frente al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Durante dicho lapso, se reportaron 29 asesinatos de mujeres, comparados con los 72 casos de 2025, y entre ellos, cinco feminicidios tipificados, cifra también inferior a los siete feminicidios registrados en igual periodo del año anterior. Notablemente, en el mes de abril no se presentaron feminicidios en la capital, lo que marca un hito positivo en materia de prevención.

La tendencia a la baja es resultado de una política pública activa y de la articulación de entidades distritales y nacionales en la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, la Secretaría Distrital de la Mujer advierte que, junto a estos avances, han aumentado considerablemente las situaciones de riesgo y las solicitudes de valoración por posible feminicidio.

Y es que según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, el doble de las efectuadas en el mismo periodo de 2025. De estas, un preocupante 43 % fueron clasificadas con nivel de riesgo extremo.

Las valoraciones de riesgo extremo se concentran en cuatro localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, que en conjunto suman el 40% de los casos, lo que señala la persistencia de factores estructurales de violencia de género y la necesidad de focalizar la intervención institucional en estas zonas. El desglose de las valoraciones muestra el siguiente panorama: 546 con riesgo extremo, 231 grave, 279 moderado y 198 variable.

El fortalecimiento de la prevención ha sido una de las prioridades del distrito. En respuesta al aumento de las alertas por riesgo de feminicidio y a la necesidad de una acción más coordinada, la Administración Distrital expidió el Decreto 134 de 2026, que creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (Saat) – Alerta Naranja.

El sistema permite articular la acción de las entidades que integran la Ruta Única de Atención, realizar seguimiento a quienes han sido valoradas en riesgo, identificar barreras institucionales y activar respuestas inmediatas de protección. Para la entidad de la Mujer, el Saat se consolidó como una herramienta fundamental para la detección oportuna y la prevención del feminicidio en la ciudad.

En cuanto a la atención institucional, la secretaría reportó 119.213 atenciones entre enero y abril de 2026, de las cuales 75.464 (63%) estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Las localidades con mayor número de atenciones fueron Kennedy (10%), Suba (9%), Ciudad Bolívar (9%) y Bosa (9%), seguidas por Engativá (7%) y otras zonas urbanas y rurales.

El balance institucional destaca que, aunque los feminicidios han disminuido y en abril no se registró ninguno, el incremento en las valoraciones por riesgo extremo de feminicidio evidencia la urgencia de mantener y fortalecer las acciones de prevención, protección y atención integral.

La Secretaría Distrital de la Mujer intensificó el acompañamiento a mujeres en riesgo, así como la prestación de servicios de orientación y atención en sus diferentes puntos presenciales y canales oficiales.

Los asesinatos de mujeres y feminicidios tipificados entre enero y abril de 2026 ocurrieron principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén, y las víctimas tenían entre 17 y 34 años. La evolución mensual muestra que, aunque en abril no se reportaron feminicidios, sí se incrementó el total de asesinatos, lo que subraya la complejidad del fenómeno y la necesidad de mantener la vigilancia y la acción institucional.

Empero, la dependencia de la Mujer reiteró el llamado a todas las mujeres que requieran orientación o acompañamiento a acercarse a cualquiera de sus puntos de atención o comunicarse a través de sus canales oficiales. El boletín oficial puede consultarse en www.sdmujer.gov.co/omeg.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) la ubicación y captura de Franco Angulo Espinoza, estudiante de noveno ciclo de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quien es sindicado como presunto autor de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad.

A través de un pronunciamiento, el sector informó que viene brindando asistencia a la joven mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, que ofrece orientación legal, acompañamiento y seguimiento durante las diligencias relacionadas con el caso. El pedido de captura se produce mientras continúan las investigaciones sobre los hechos denunciados por la víctima.

Según el relato de la joven, el ataque ocurrió cuando ambos se encontraban en el dormitorio que compartían. La agraviada sostuvo que fue sorprendida mientras dormía y que el presunto agresor se abalanzó sobre ella con un cuchillo, causándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Víctima denunció ataque con cuchillo y golpes

En declaraciones recogidas por medios locales, la joven afirmó que logró defenderse y arrebatar el cuchillo a su atacante, lanzándolo debajo de la cama. Sin embargo, señaló que la agresión continuó con golpes y nuevas lesiones provocadas con un objeto de vidrio.

La víctima relató que recibió cortes en el brazo y el cuello, además de golpes en la cabeza tras ser impactada contra el suelo y la pared de la habitación. Asimismo, indicó que sufrió varias heridas adicionales durante el incidente.

Tras la agresión, la joven fue trasladada inicialmente al Hospital de Alta Complejidad de EsSalud. Posteriormente, fue derivada al Hospital Regional Docente de Trujillo, establecimiento del que fue dada de alta el martes 2 de junio.

Cuestionan atención médica y diligencias del caso

La agraviada manifestó su preocupación por el estado de salud en el que fue dada de alta. Según relató, no recibió algunos medicamentos ni se le practicó una tomografía pese a presentar una fractura en la clavícula y lesiones producto de los golpes recibidos durante el ataque.

La joven indicó además que mantiene molestias en uno de sus ojos y expresó preocupación por las consecuencias de los impactos sufridos en la cabeza. Sus declaraciones fueron difundidas luego de abandonar el centro médico donde permaneció internada.

Por su parte, la abogada de la víctima cuestionó las actuaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público. La letrada sostuvo que no se habrían efectuado adecuadamente las diligencias para preservar la escena del delito y recabar evidencia relevante para la investigación.

Exigen captura del agresor

La defensa legal de la joven señaló que el arma utilizada durante el ataque no habría sido incautada ni puesta bajo custodia, pese a que existirían registros audiovisuales donde se observa el objeto presuntamente empleado en la agresión.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes realizar las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y lograr la captura de Franco Angulo Espinoza, quien, según la información difundida, permanece prófugo mientras avanzan las investigaciones.

En paralelo, la Universidad Nacional de Trujillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y condena frente a todo acto de violencia contra la mujer y cualquier conducta que vulnere la integridad física, psicológica o emocional de las personas.

UNT condena el ataque

La casa superior de estudios informó que, tras conocerse los hechos denunciados, dispuso acciones de apoyo y acompañamiento a favor de la agraviada, quien tiene la condición de egresada de la universidad. Según precisó, personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y de Bienestar Universitario acudió al establecimiento de salud donde recibía atención médica.

La UNT indicó además que brindó orientación legal inicial a la joven y a sus familiares, así como apoyo profesional mediante personal de salud y especialistas encargados de realizar el seguimiento de su recuperación física y emocional.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continúa proporcionando orientación legal, acompañamiento y asistencia durante las diligencias del caso. Tanto el sector como la universidad reiteraron su rechazo a toda forma de violencia y señalaron que continuarán colaborando dentro del ámbito de sus competencias mientras las autoridades desarrollan las investigaciones correspondientes.

El Poder Judicial informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó prisión preventiva por homicidio calificado, en agravio del menor de seis años, y feminicidio, en agravio de Zoila Castillo Chanduco. En paralelo, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza obtuvo la medida cautelar en el marco de la investigación.

La jueza basó la decisión judicial en el cumplimiento de los presupuestos previstos por ley para una medida de coerción, de acuerdo con lo comunicado por el Poder Judicial.

El caso se investiga por la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de madre e hijo en la provincia de Tocache, departamento de San Martín. La medida busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso y proteger la obtención y preservación de elementos probatorios.

Nueve meses de prisión preventiva por doble crimen en Tocache

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, en la Corte Superior de Justicia de San Martín, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, investigado por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Zoila Castillo Chanduco y homicidio calificado en agravio del hijo de la víctima, un menor de seis años, según informaron el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según el detalle difundido por el Poder Judicial, la jueza Giovana Bautista Valencia basó su resolución en la concurrencia de los requisitos legales, entre ellos la prognosis de pena mayor de cinco años y la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y la obstaculización a la justicia.

Sujeto reconoció haber asesinado a madre e hijo

De acuerdo con el informe del caso, Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la PNP haber asesinado a la madre y al niño de seis años. La admisión de responsabilidad, según la información difundida por Latina Noticias, aún debía formalizarse ante el Ministerio Público como parte de las diligencias fiscales.

Hallaron los cuerpos en una zona rural de Uchiza tras una búsqueda en la que participaron la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas. Primero hallaron el cadáver del menor y luego, a pocos metros, el de su madre dentro de un saco negro, siempre según la narración del caso.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín indicó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a 100 metros (328 pies) de donde hallaron al niño. La necropsia de ley determinará la causa exacta de muerte, mientras la hipótesis preliminar que manejaban las autoridades era la de ahorcamiento, pendiente de confirmación forense.

Cronología de la desaparición de Zoila Castillo y su hijo

La secuencia que reconstruyen los familiares comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima, en Perú, hacia Tarapoto junto con su hijo para encontrarse con Alcántara. Según su entorno, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad.

Con el avance de los días y ante la ausencia de noticias, se activaron las acciones de búsqueda. Las rondas campesinas ubicaron primero el cuerpo del menor y luego el de su madre, lo que orientó la investigación hacia Alcántara como principal sospechoso.

Entre las diligencias, las autoridades evaluaron información vinculada a teléfonos celulares. La familia indicó que Zoila usaba dos equipos, uno laboral y otro personal. Cuando hallaron el cuerpo del niño, a su lado se encontró un teléfono calcinado, mientras los allegados advirtieron que desde el segundo celular se publicó un estado de WhatsApp con un paisaje de selva después del presunto deceso de la víctima, un dato que abrió nuevas líneas de verificación para los investigadores.

La familia de Michelle Itzayana confirmó su localización sin vida este martes 2 de junio, después de que autoridades hallaran el cuerpo de una mujer durante el operativo de búsqueda en Morelos; el caso mantiene en alerta a la comunidad la rama de Bachillerato del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma de Morelosde (UAEM).

La adolescente de 15 años desapareció el 24 de mayo, cuando salió por una cartulina para una tarea, según sus familiares y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Michelle es la tercera estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desaparecida y hallada sin vida en lo que va de 2026. Junto a los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, desaparecida el 20 de febrero, y Karol Toledo Gómez, desaparecida el 2 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el hallazgo ocurrió en uno de los polígonos de intervención en las inmediaciones de Tepoztlán, durante un operativo interinstitucional en el municipio de Yautepec y zonas aledañas. La institución precisó que el cuerpo corresponde a una mujer, pero en ese momento no confirmó públicamente la identidad.

El hallazgo ocurrió durante el operativo interinstitucional en Yautepec y Tepoztlán

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la búsqueda de este martes 2 de junio fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, SSPC Morelos, Guardia Nacional, Defensa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

La misma fiscalía señaló que personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realizó los servicios pertinentes para determinar causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del hecho. Los restos fueron trasladados al Semefo para continuar con los estudios conforme a los protocolos científicos.

La autoridad ministerial también indicó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio continúa con el desahogo de pruebas para esclarecer el caso.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM, desapareció desde el 24 de mayo y su familia confirmó en redes sociales que ya fue localizada sin vida, después del hallazgo de un cuerpo de mujer durante las jornadas oficiales de búsqueda en Morelos.

La desaparición movilizó a la comunidad universitaria de Morelos

Michelle Itzayana Fuentes Calderón tenía 15 años y fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kim, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

La magnitud del problema se evidencia en las cifras oficiales acumuladas desde 2009. Perú ha registrado 2.229 casos de feminicidio en los últimos diecisiete años, revelando una persistencia de la violencia letal contra las mujeres. El 56% de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, un dato que, según reportes de la Agencia Andina, refleja la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes ante la violencia machista.

Búsqueda permanente y difusión de rostros

La Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que mantiene una labor continua de investigación, inteligencia y rastreo para ubicar y detener a los acusados. En los últimos meses, las autoridades han difundido imágenes de los presuntos feminicidas más buscados y han reforzado el llamado a la ciudadanía para aportar datos relevantes a través de la línea gratuita 080040007. La recompensa ofrecida por información varía según el caso y puede llegar a 50.000 soles.

De acuerdo con la PNP, la mayoría de los feminicidios recientes involucran a agresores que formaban parte del círculo íntimo de las víctimas. Parejas, exparejas o personas del entorno cercano perpetraron gran parte de los crímenes, lo que transforma los espacios supuestamente seguros en escenarios de riesgo permanente. El informe policial subraya que muchos ataques ocurrieron en viviendas familiares o lugares frecuentados por las víctimas.

Víctimas jóvenes y patrones de agresión

Más de la mitad de las mujeres asesinadas este año tenían entre 18 y 29 años. Este patrón etario, constante en los registros anuales, ha motivado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de autoridades estatales. Según la Defensoría del Pueblo, la tendencia se mantiene desde hace al menos una década, lo que evidencia la necesidad de políticas de protección focalizadas en mujeres jóvenes y adolescentes.

Los agresores, en su mayoría, contaban con antecedentes de violencia física, psicológica o amenazas previas, de acuerdo con los expedientes judiciales. En varios casos, las víctimas habían realizado denuncias antes de ser asesinadas, lo que cuestiona la efectividad de los mecanismos de protección y prevención vigentes en el país.

Casos emblemáticos: Marisol Estela Alba, Erika Valdés y Kimberly Kasatkin

Uno de los crímenes más recordados es el de Marisol Estela Alba, quien fue asesinada por su pareja, el exoficial del ejército Luis Genaro Estévez Rodríguez. La investigación señala que Estévez apuñaló a Marisol y ocultó su cuerpo dentro de un cilindro, enterrándolo en una zona desolada de Villa El Salvador. Pese al tiempo transcurrido, Estévez Rodríguez sigue prófugo y la recompensa por información que conduzca a su captura asciende a 20.000 soles.

El caso de Erika Valdés también permanece sin justicia plena. Desde 2023, la familia aguarda la captura de Richard Montoya Calderón, acusado de golpear y atropellar a Erika antes de darse a la fuga. El monto de la recompensa por datos que permitan su ubicación se fijó en 50.000 soles. Detrás de cada feminicidio quedan hijos, hijas y familias marcadas por la ausencia y el dolor.

El caso Kimberly Kasatkin y fugas impunes

La muerte de la ciudadana canadiense Kimberly Kasatkin generó conmoción internacional. En 2016, Kasatkin fue asesinada por su esposo, el médico cirujano Christopher Franz Betoki, quien fue captado por cámaras de seguridad arrastrando un saco con el cuerpo de la víctima en Miraflores. Aunque Betoki fue detenido en 2017, recuperó la libertad un año después tras la aprobación de un habeas corpus. Desde entonces, permanece en paradero desconocido, y la recompensa por información sobre su ubicación también alcanza los 20.000 soles.

La persistencia de estos casos sin resolver ha motivado reclamos de organismos internacionales y colectivos feministas. Según Agencia Andina, la falta de captura de los feminicidas refuerza la percepción de impunidad y limita el efecto disuasorio de la ley.

Recompensas y participación ciudadana

Para las autoridades peruanas, la colaboración ciudadana resulta crucial en la localización de los feminicidas prófugos. El Ministerio del Interior habilitó el número 080040007 para recibir información confidencial y refuerza la difusión de los rostros de los acusados a través de plataformas digitales y medios tradicionales. Según el reporte policial, “cada dato aportado puede ser determinante para evitar nuevas víctimas”.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la tasa de captura se mantiene por debajo de las expectativas. De los 31 feminicidas buscados en la actualidad, varios permanecen prófugos desde hace años, lo que expone los desafíos logísticos y judiciales que enfrenta el sistema peruano.

Impacto social y desafíos institucionales

Cada feminicidio deja una secuela profunda en el entorno familiar y social. Detrás de cada caso hay hijos, padres y comunidades enteras que exigen justicia y reparación. Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección, mejorar la atención a las víctimas y garantizar la aplicación efectiva de las leyes existentes.

En el contexto actual, la difusión de información, la colaboración ciudadana y la acción coordinada de las autoridades representan las principales herramientas frente a una problemática que sigue marcando la agenda pública en Perú.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia Peravia han desplegado un riguroso proceso investigativo en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una joven mujer en esta demarcación del sur del país.

De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por las instituciones de seguridad, el trágico hecho apunta a un presunto envenenamiento en lo que se perfila como un nuevo y lamentable caso de violencia de género.

El cuerpo de la víctima fue localizado el día de ayer 1 de junio, por los contingentes policiales y de emergencia correspondientes en el interior de una de las habitaciones de las instalaciones de un motel conocido como "Ternura", un establecimiento de hospedaje ubicado en el municipio de Baní.

La fallecida fue identificada formalmente por los médicos legistas como Paola Lara Martínez, de 29 años de edad. Al momento del hallazgo, las autoridades recolectaron diversas evidencias en la escena para iniciar los peritajes de lugar. Por su parte, el presunto victimario y pareja de la joven responde al nombre de Neris Alexander Ciprian Gross, de 31 años de edad.

De acuerdo a los datos preliminares recolectados por los investigadores en el lugar del suceso, Ciprian Gross también habría ingerido la supuesta sustancia tóxica utilizada en el hecho, en un aparente intento de suicidio tras cometer el crimen.

Sin embargo, a diferencia de la joven de 29 años, Gross sobrevivió a la ingesta química. Actualmente, el sospechoso se encuentra ingresado y recibiendo atenciones médicas especializadas en un centro de salud de la localidad de Baní, donde su condición es monitoreada de cerca por el personal sanitario.

El imputado permanece bajo una estricta custodia por parte de los agentes del orden, a la espera de recibir el alta médica para ser presentado ante la acción de la justicia.

Los departamentos de investigación criminal de la Policía Nacional, en conjunto con los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), trabajan de manera coordinada en el análisis científico de la escena del crimen.

Asimismo, el cuerpo de Lara Martínez fue trasladado a la morgue forense para la realización de la autopsia de ley, un procedimiento indispensable para determinar científicamente las causas reales de la muerte y establecer de manera formal las responsabilidades penales del caso.

Caso similar en Puerto Plata

En un hecho que guarda similitudes por el trágico desenlace y el uso de sustancias nocivas, la Policía Nacional informó que, en una habitación de un hotel ubicado en el sector El Gualete, municipio de Villa Isabela, provincia de Puerto Plata, fue encontrado sin vida un hombre que era activamente buscado mediante una orden de arresto internacional y nacional por su presunta vinculación en la muerte de su compañera sentimental, en un hecho ocurrido recientemente en la zona turística de Verón, Punta Cana.

El occiso fue identificado como Leandro Almonte Lantigua, de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del 1 de junio de 2026 en la referida habitación de hotel en la costa norte del país.

De acuerdo con el acta del levantamiento del cadáver, el fallecimiento se produjo a causa de un envenenamiento por ingestión de una sustancia tóxica desconocida, por lo que las autoridades competentes investigan de forma preliminar el caso como un posible suicidio para evadir la justicia.

Almonte Lantigua era buscado de manera activa mediante la orden de arresto No. 02121-2026 por su presunta responsabilidad en las múltiples heridas de arma blanca que le ocasionaron la muerte a Yuri Ernestina Pichardo, en un sangriento hecho ocurrido el pasado 30 de mayo de 2026 en Verón.

El Ministerio Público y los organismos de investigación criminal de Puerto Plata realizaron el levantamiento correspondiente en el hotel, mientras que el cadáver fue trasladado al INACIF para los procedimientos de rigor, mientras las investigaciones en torno a ambos casos continúan abiertas.

Tras más de diez años de investigaciones, autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, caso que permanecía abierto desde hace más de una década.

El detenido fue identificado por las iniciales E.E.C.C., alias “El Chino”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido el 28 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Residencial San Felipe, en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en calles de esa zona habitacional cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El caso se mantuvo bajo investigación ministerial durante años, en los que las autoridades recabaron elementos para identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento a las líneas de investigación.

Luego de labores de localización, el sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el imputado fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y quedó a disposición del juez que lleva la causa.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la determinación sobre su situación jurídica fue aplazada.

Será en los próximos días cuando la autoridad judicial defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

El caso reabre la atención sobre los tiempos de resolución en investigaciones relacionadas con violencia feminicida, así como los procesos que enfrentan las autoridades para la localización y captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Oaxaca reporta cinco feminicidios en los primeros cuatro meses de 2026

Esta detención se produce en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema vigente en Oaxaca. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron cinco feminicidios en la entidad, lo que colocó al estado en el lugar 12 nacional por incidencia de este delito. Además, las autoridades reportaron al menos dos denuncias por tentativa de feminicidio durante el mismo periodo.

Los registros oficiales muestran que la violencia letal contra las mujeres sigue presente en distintas regiones del estado. Tan sólo durante enero de 2026 se contabilizaron cuatro mujeres asesinadas en Oaxaca; sin embargo, únicamente uno de esos casos fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que los demás fueron clasificados como homicidio doloso.

La diferencia entre los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio y aquellos clasificados como homicidio doloso ha sido uno de los temas recurrentes en el debate público y entre organizaciones civiles, debido a que la tipificación del delito determina los protocolos de investigación y las sanciones aplicables a los responsables.

Este contexto explica la relevancia de las investigaciones que permanecen abiertas durante años, como el caso ocurrido en Oaxaca de Juárez en octubre de 2015, cuyo proceso judicial continúa avanzando más de una década después de los hechos.

El mes de mayo, tradicionalmente consagrado a la exaltación mariana y a la celebración del amor materno en los hogares nicaragüenses, se despidió este año dejando una profunda estela de luto, horror y consternación en la comunidad de Villa El Carmen.

Apenas unas horas después de que los ecos de los festejos a las madres comenzaran a disiparse, la violencia machista volvió a asestar un golpe letal. Ana Yahoska Siézar Cortez, una abnegada mujer de 36 años, se convirtió en la víctima más reciente de una epidemia silenciosa pero voraz: el femicidio.

Trabajadora incansable, Ana se ganaba el sustento diario custodiando la seguridad de un concurrido parque en la capital del país. Su jornada estaba marcada por el esfuerzo y el sacrificio con un único propósito: garantizar el bienestar de sus dos hijas adolescentes, de 17 y 14 años.

Sin embargo, su historia y sus sueños fueron trágicamente truncados en el interior de su propia vivienda, una humilde casa de habitación ubicada en el casco urbano del municipio, del Parque de Feria dos cuadras al sur.

Los hechos, marcados por los celos y la incapacidad de asimilar la ruptura de una relación sentimental, se desencadenaron tras una acalorada discusión.

De acuerdo con los testimonios recabados en la escena del crimen, la pareja se había movilizado hacia la vivienda en medio de reclamos. Poco tiempo después, la alerta de un altercado doméstico movilizó a los familiares.

Al llegar al inmueble, la tía de la víctima descubrió una escena desgarradora: Ana Yahoska yacía inerte sobre su cama, con visibles marcas de violencia física.

El arma utilizada para acabar con su existencia se encontraba en el mismo entorno cotidiano. El agresor empleó una cuerda gruesa, la cual era utilizada habitualmente para sujetar una hamaca en el inmueble, para consumar una asfixia mecánica por estrangulamiento.

El agresor, identificado como José María Guido Mojica, de 30 años, perpetró el brutal ataque y huyó inmediatamente del lugar, abandonando el cuerpo inerte de quien fuera su compañera de vida.

No obstante, cercado por el peso de su acción y el inminente despliegue de las fuerzas del orden, el sujeto optó por entregarse de manera voluntaria ante las autoridades policiales poco tiempo después, quedando bajo custodia a la espera de su debido proceso judicial.

El dolor en el barrio Los Mangos es palpable. Los vecinos y familiares recuerdan la relación de la joven con Guido Mojica como un vínculo marcado por la hostilidad, los celos posesivos y un férreo intento de control sobre las actividades de la víctima.

Aunque fuentes iniciales señalaban que el vínculo se había disuelto formalmente hacía seis meses, allegados cercanos precisaron que existían intentos recientes de convivencia empañados por constantes fricciones. Días antes, un intento de agresión física hacia Ana Yahoska fue frustrado únicamente gracias a la valiente intervención de varias mujeres del sector, un antecedente que lamentablemente predecía el trágico desenlace.

Las autoridades policiales y los peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, trasladándolo al Instituto de Medicina Legal en una ambulancia para dictaminar los pormenores forenses, mientras las dos hijas de la víctima enfrentan ahora la dura realidad de la orfandad y el vacío irreparable de una madre ausente.

Un subregistro alarmante ante el hermetismo estatal

El crimen de Yahoska ocurre en un contexto de profunda opacidad institucional. Desde el año 2021, las dependencias gubernamentales de Nicaragua, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal, mantienen un hermetismo total en torno a las estadísticas de violencia de género, privando a la sociedad de datos oficiales actualizados.

Ante este vacío informativo, son las organizaciones independientes y plataformas feministas las que asumen la dolorosa tarea de documentar la violencia. De acuerdo con el monitoreo del blog independiente Intertextual, en lo que va del año 2026 ya se registran formalmente ocho casos de femicidios en el territorio nicaragüense.

La geografía del horror revela que la violencia es de carácter nacional: dos casos se concentran en el departamento de Managua, mientras que el resto se distribuye en León, Chinandega, Boaco, Granada y el municipio caribeño de Siuna (RACCN).

El caso inmediatamente anterior al de Villa El Carmen se remontaba al pasado 28 de abril en Sébaco, Matagalpa, donde la joven Marelyn Dayana González Centeno, de 19 años, pereció a cuchilladas bajo el mismo patrón fatal: negarse a restablecer una relación con su agresor.

La muerte de Ana Yahoska Siézar Cortez deja de ser una fría estadística para convertirse en el reflejo de una problemática estructural desatendida. Su nombre se suma a una lista que demanda urgentemente respuestas punitivas severas, pero, sobre todo, mecanismos preventivos capaces de proteger a las mujeres antes de que el lazo del control machista se vuelva, de forma literal, definitivo.

Yorleni Berenice Barragán García, estudiante de Psicología de 27 años, fue localizada muerta este lunes en Tangamandapio después de desaparecer el 31 de mayo tras un accidente en motocicleta en Tocumbo, cuando el conductor de un vehículo blanco que la impactó ofreció llevarla a un hospital y se la llevó del lugar.

El hallazgo ocurrió en el tramo carretero que comunica a las localidades de La Cantera y Huarachanillo, a la altura del huerto denominado La Falda de la Virgen, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente por este caso.

La desaparición de la joven provocó presión social durante varios días. Familiares, amigos y vecinos bloquearon desde temprana hora de este lunes la carretera Jacona–Los Reyes, a la altura de Tingüindín, para exigir su localización y avances en la búsqueda.

La protesta fue retirada después de que las autoridades estatales confirmaron que el cuerpo había sido encontrado. La movilización mantuvo cerrada la circulación durante varias horas y concentró la atención pública sobre el caso en la región de Los Reyes y Jacona, en Michoacán.

La desaparición ocurrió después de un choque cerca de una gasolinera en Tocumbo

Yorleni Berenice Barragán García desapareció durante las primeras horas del 31 de mayo. Ese día viajaba a bordo de una motocicleta junto con su novio cuando ambos fueron golpeados por un vehículo blanco cerca de una gasolinera en el municipio de Tocumbo.

Tras el percance, el conductor que los impactó ofreció trasladarlos a un hospital para que recibieran atención médica. Cuando la joven ya estaba dentro del automóvil y su pareja retiraba la motocicleta de la carpeta asfáltica, el hombre arrancó y se la llevó.

Desde ese momento se perdió contacto con ella. Esa secuencia derivó en una búsqueda urgente encabezada por familiares y acompañada por exigencias públicas para acelerar la intervención de las autoridades.

El caso generó consternación entre habitantes de la zona por la forma en que ocurrió la desaparición: después de un accidente vial y en medio de una supuesta oferta de ayuda. La confirmación del hallazgo llegó varios días después, tras la presión de personas cercanas a la víctima.

El caso de Yorleni coincidió con la localización de dos menores en Apatzingán

También este lunes fueron localizados Edgar Alejandro y Marco Antonio, ambos de 13 años, quienes habían desaparecido el 29 de abril después de abordar un taxi. Versiones de habitantes de las comunidades de Sicuicho y Pamatácuaro, en el municipio de Los Reyes, señalaban que los menores presuntamente serían reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A partir del 30 de mayo, habitantes de esas comunidades bloquearon la carretera Los Reyes-Peribán para exigir su localización. Los menores fueron encontrados en el municipio de Apatzingán, adonde habrían sido trasladados por un taxista identificado como Enrique con fines de reclutamiento.

Fueron las propias comunidades las que informaron sobre la localización de Edgar y Marco en el centro de Apatzingán por parte de la Fiscalía Regional. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los adolescentes con la cabeza rapeada.

La localización de los dos menores y el hallazgo del cuerpo de Yorleni ocurrieron el mismo día en una zona de Michoacán marcada por bloqueos carreteros de pobladores que exigían respuestas ante desapariciones. En ambos casos, la presión comunitaria apareció como parte del contexto inmediato de las acciones de búsqueda.

• Yorleni Berenice Barragán García, de 27 años, desapareció el 31 de mayo después de un accidente en Tocumbo y fue localizada muerta este lunes en Tangamandapio.
• Familiares y vecinos bloquearon la carretera Jacona–Los Reyes en Tingüindín para exigir su localización; la protesta se retiró tras confirmarse el hallazgo del cuerpo.
• Ese mismo lunes también fueron localizados en Apatzingán los menores Edgar Alejandro y Marco Antonio, de 13 años, desaparecidos desde el 29 de abril.

La propuesta de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), que plantea reemplazar el delito de feminicidio por el de “asesinato de pareja”, ha recibido el rechazo de diversas entidades estatales, que la consideran un retroceso en un país con altas tasas de violencia machista.

La abogada especialista en temas de la mujer, Jessica Cerna, señaló que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso ya cuenta con informes técnicos contrarios a la iniciativa presentada por la legisladora.

Uno de los pronunciamientos más relevantes corresponde al Poder Judicial, que recordó que el feminicidio está tipificado en el Perú desde 2013 como el asesinato de una mujer “por su condición de tal”. Según el informe, esta figura no se refiere solo a una diferencia biológica, sino a un contexto de violencia y desigualdad histórica que coloca a las mujeres en situación de subordinación frente a los hombres.

Cerna precisó que el documento advierte sobre la vinculación de estos hechos con estereotipos de género, es decir, roles y características asignados socialmente a mujeres y hombres, cuya transgresión suele desencadenar agresiones y violencia extrema.

Por su parte, la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial aclaró que no procede hablar de discriminación contra los hombres “por su condición de tales”, ya que los actos discriminatorios afectan a grupos históricamente subordinados y no a sectores con posición privilegiada dentro de las relaciones de poder.

La especialista subrayó que el feminicidio abarca no solo casos de violencia de pareja o familiar, sino todos los crímenes contra mujeres motivados por razones de género. Además, recordó que la ley vigente contempla la posibilidad de que una mujer sea sancionada por feminicidio si incurre en ese tipo de delito.

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo calificó la propuesta como “inviable”, porque sustituir el feminicidio por “asesinato de pareja” vulneraría el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“El informe advierte que dejar de reconocer el feminicidio impediría sancionar adecuadamente los asesinatos motivados por violencia y discriminación de género, generando además una sensación de impunidad frente a este tipo de crímenes”, sostuvo Cerna.

Por último, señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables y su Oficina General de Asesoría Jurídica, también manifestó una opinión negativa respecto a la propuesta legislativa.

Anteriormente, Jáuregui había generado una ola de repudio por jactarse de haber fundado un albergue donde se obliga a menores sobrevivientes de violación a continuar con sus embarazos.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a nueve miembros de la pandilla Mara Salvatrucha por feminicidio agravado, ocurrido en 2021.

El fallo, difundido este lunes por la cuenta Centros Judiciales, señala que los condenados asfixiaron a la víctima, abusaron sexualmente de ella y arrojaron su cuerpo semidesnudo a un pozo en la zona rural de San Ignacio, Chalatenango.

Según la información oficial, el tribunal encontró culpables a Víctor Manuel Rivera Vásquez, José Ignacio López Vásquez, Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez y Jonathan Antonio Ardón Rivera, así como a los imputados ausentes Óscar Armando Huezo Mena y Geovanni de Jesús Vásquez Chavarría.

Centros Judiciales explicó que todos los sentenciados formaban parte activa de la clica Hollywood, vinculada a la Mara Salvatrucha, dedicada a actividades ilícitas en el sector.

El proceso judicial reveló que Geovanni Vásquez, conocido como alias “Curra” y pareja sentimental de la víctima, la citó telefónicamente el 12 de octubre de 2021 en una vivienda apartada.

La joven acudió al lugar, donde otros pandilleros la esperaban ocultos. Según la información de Centros Judiciales, los agresores la acusaron de colaborar con la Policía y le anunciaron que perdería la vida. En ese contexto, la víctima fue sometida sexualmente antes de ser asesinada por asfixia.

Pruebas presentadas en el juicio permitieron identificar a los responsables

La investigación incluyó la presentación, durante la vista pública, de la bitácora de llamadas del teléfono de Vásquez. El registro demostró que existió contacto directo entre el imputado y la joven el día del crimen. Además, las antenas telefónicas confirmaron su presencia en el lugar y horario en que sucedieron los hechos.

En el juicio se expusieron pruebas testimoniales y periciales que permitieron identificar y vincular a los acusados. Los testigos individualizaron a los agresores por nombre, apellido, alias y función dentro de la estructura criminal. Centros Judiciales detalló que los sentenciados también se dedicaban a la venta de drogas en la zona, lo que servía para financiar sus operaciones delictivas como parte de la Mara Salvatrucha.

El tribunal consideró como agravante la situación de vulnerabilidad de la víctima. Los informes forenses confirmaron que la joven fue atacada por varios sujetos y no pudo defenderse. El cuerpo presentaba múltiples lesiones, lo que reforzó la calificación del hecho como feminicidio agravado.

“A través del desfile probatorio, incluyendo pruebas periciales sobre las lesiones que presentaron el cuerpo, el juzgado identificó la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien, al encontrarse en desventaja física, fue atacada y violada por varios agresores hasta quitarle la vida”, según expresa Centros Judiciales.

Por estos delitos, el juzgado impuso una condena de 50 años de prisión a cada uno de los nueve responsables. Además, para Oscar Huezo, Geovanni Vásquez, Víctor Rivera y José López, la sentencia incluyó un año adicional por el delito de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Estos cuatro deberán cumplir 51 años de privación de libertad.

En la jornada del 1 de junio de 2026 se confirmó la muerte de Wendy Sepúlveda Narváez, una mujer que fue rociada con gasolina por su expareja sentimental el 26 de mayo en Neiva (Huila). De acuerdo con el reporte oficial, la joven de 24 años fue trasladada hasta la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde luchó por su vida durante seis días, pero la gravedad de las lesiones terminaron por arrebatarle la vida.

Así lo confirmó Luz Nelly Narváez, madre de la joven, que estuvo acompañándola en todo el proceso, mientras pedía oraciones por su recuperación y, al mismo tiempo, exigía justicia a las autoridades en contra del agresor.

“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar, era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte”, dijo la mujer a Blu Radio.

El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación indica que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Obrero, donde la mujer acordó un encuentro con el señalado agresor. Sin embargo, al llegar al lugar, el sujeto la atacó.

“Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”, indicó el ente acusador.

Aunque la joven fue llevada a un centro de salud local, posteriormente tuvo que ser remitida a un hospital especializado en el que, finalmente, falleció.

Actualmente, las autoridades investigan el caso como un feminicidio, pues el reporte de la Fiscalía indica que esta no fue la primera vez que la joven fue víctima de un ataque: “Se evidenció que la mujer habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor”.

Consecuencias judiciales para el atacante

De acuerdo con el informe del caso, personal del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó en vía pública de Neiva al señalado responsable.

Al verificar las pruebas del caso, una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Huila le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, pues la joven todavía no había fallecido. En ese momento, el señalado aceptó los cargos, aunque las autoridades continúan trabajando para ratificar la sentencia por feminicidio.

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que el criminal debía cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Ante la gravedad del caso, los familiares exigieron que el sujeto tenga un castigo ejemplar: “Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena”, dijo Nelly Narváez.

Entre tanto, la concejal de Bogotá y abogada María Clara Name también se pronunció con un mensaje contundente en el que pide que las autoridades hagan su trabajo y dicten prontamente la sentencia para el acusado.

“Además de una vida arrebatada de manera cruel, queda un niño de 4 años huérfano, privado del amor, la protección y la compañía de su madre.
Ninguna mujer debería vivir con miedo de quien alguna vez dijo amarla. Este crimen evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, garantizar una respuesta efectiva de las autoridades y aplicar penas ejemplares contra los agresores”, puntualizó la cabildante.

La medida surge en un contexto marcado por la persistencia de la violencia contra las mujeres en el país. Las cifras oficiales muestran que los casos con características de feminicidio continúan registrándose cada año, mientras decenas de familias esperan avances en procesos judiciales que permanecen abiertos debido a la condición de prófugos de los acusados.

Durante la presentación de la campaña, autoridades de ambos sectores destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones públicas, medios de comunicación y población. El objetivo central consiste en aumentar la visibilidad de los requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y promover denuncias oportunas que contribuyan a su ubicación.

Una campaña enfocada en los feminicidas prófugos

La campaña denominada “QUE NO SE ESCONDAN MÁS: buscados por FEMINICIDIO” difundirá los rostros y datos de los acusados por este delito que continúan prófugos. Según información presentada por el MIMP, actualmente existen 31 feminicidas requeridos por la justicia que aún no han sido capturados.

Durante la actividad oficial, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, explicó que la iniciativa responde a una situación que demanda acciones concretas. “Actualmente, existen treinta y un feminicidas prófugos que continúan evadiendo la justicia, mientras familias enteras siguen esperando respuestas concretas”, señaló.

La ministra también recordó que detrás de cada caso existen consecuencias que afectan a los entornos familiares de las víctimas. En su intervención mencionó que hijas, hijos y otros familiares enfrentan las secuelas de una pérdida que permanece sin respuesta judicial definitiva mientras los responsables no sean ubicados.

Uno de los ejes principales de la campaña consiste en ampliar el alcance de la información sobre los requisitoriados. Para ello, las autoridades solicitaron el apoyo de la población y de los medios de comunicación en la difusión de la lista de los más buscados.

Edith Pariona indicó que durante sus recorridos por distintas regiones recibió pedidos de justicia relacionados con casos de feminicidio. En ese contexto, exhortó a la población a mantenerse alerta ante la posible presencia de los acusados en cualquier parte del territorio nacional.

“Hacemos un llamado firme a la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación para que se sumen a esta importante iniciativa y estos crímenes no queden impunes”, manifestó la titular del MIMP.

La lista de requisitoriados forma parte del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Las personas que reconozcan a alguno de los acusados pueden proporcionar información de manera confidencial mediante la línea gratuita 0-800-40-007. Durante la cobertura televisiva del lanzamiento también se informó que las recompensas por información vinculada a estos casos alcanzan hasta los 80 mil soles.

Capturas recientes como resultado de la articulación institucional

Durante la presentación de la campaña, las autoridades destacaron algunos resultados obtenidos en los últimos días gracias al trabajo coordinado entre entidades del Estado.

La ministra mencionó la captura de Luis Andrés Flores, realizada en Argentina. El investigado era buscado por el feminicidio de una joven cosmiatra. Asimismo, informó sobre la detención de Alexis Alcántara en el distrito limeño de Jesús María, acusado por el feminicidio de una joven madre y de su hijo de nueve años en la región Ucayali.

Según explicó Pariona, estos resultados muestran la importancia de mantener mecanismos de coordinación que permitan localizar a los investigados incluso cuando se encuentran fuera de sus regiones de origen o fuera del país.

Las cifras que reflejan la magnitud del problema

De acuerdo con datos del Programa Nacional Warmi Ñan, durante 2025 se registraron 134 casos con características de feminicidio. En lo que va de 2026, la cifra alcanza 49 casos, de los cuales 12 corresponden a Lima, región que concentra la mayor cantidad de reportes.

Las estadísticas oficiales también indican que entre 2009 y el 25 de mayo de 2026 se acumularon 2.229 casos con características de feminicidio en el país.

El informe del MIMP señala además que el 56 % de las víctimas registradas durante 2026 tenía entre 18 y 29 años. Otro dato muestra que el 62,2 % de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

La información también evidencia el impacto de estos crímenes sobre los menores de edad. Según el registro oficial, el 51 % de las víctimas tenía entre uno y tres hijos menores, situación que expone las consecuencias que la violencia feminicida genera en niñas, niños y adolescentes.

Durante el lanzamiento de la campaña participó también el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Carlos Guillén Enríquez, quien resaltó la necesidad de una respuesta firme frente a este tipo de delitos.

“El feminicidio indigna y detrás de cada caso hay familias afectadas, niñas, niños y adolescentes que enfrentan las consecuencias de la violencia. Como Estado tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza, articulación y decisión frente a estos crímenes”, sostuvo el funcionario.

Las autoridades informaron que la campaña permanecerá activa mediante la difusión permanente de la lista de requisitoriados, con el propósito de obtener información que facilite nuevas capturas y permita avanzar en los procesos judiciales pendientes.

Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) haber asesinado a la joven madre y a su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín. Ambos cuerpos fueron hallados con pocos días de diferencia, en una zona rural de Uchiza, tras una intensa búsqueda coordinada por la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas.

Todo comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima hacia Tarapoto junto a su hijo para encontrarse con Alcántara. Según la familia, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad. Días después, las rondas campesinas hallaron el cadáver del menor y, metros más adelante, el de su madre dentro de un saco negro.

La PNP detuvo a Alcántara como principal sospechoso del doble crimen. Tras permanecer bajo investigación, el hombre admitió ante los agentes su responsabilidad en la muerte de Zoila y el niño. De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, la confesión aún debe formalizarse ante el Ministerio Público como parte del proceso judicial.

Investigación y hallazgos

Las autoridades trabajan en el análisis de los dispositivos móviles relacionados con el caso. La familia de la víctima explicó que Zoila mantenía dos celulares, uno laboral y otro personal. Cuando fue hallado el cuerpo del menor, a su lado se encontraba un teléfono calcinado.

Sin embargo, los allegados detectaron que desde el segundo celular se subió un estado de WhatsApp con un paisaje de la selva, una publicación realizada después del presunto deceso de Zoila, lo que generó nuevas preguntas sobre el uso del dispositivo.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín informó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a unos 100 metros de donde se halló al niño.

La necropsia de ley determinará las causas precisas del fallecimiento, mientras las autoridades manejan la hipótesis de muerte por ahorcamiento, pendiente de confirmación por los forenses.

En estos momentos, Alexis Alcántara permanece detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), bajo una orden preliminar de siete días, mientras se desarrollan las pesquisas. Los investigadores analizan los registros de llamadas y mensajes entre Alcántara y la víctima, así como los movimientos realizados en los días previos a la desaparición.

Búsqueda de justicia

El caso conmocionó a la población de Uchiza, en San Martín, y a comunidades cercanas. Residentes y familiares participaron activamente en la búsqueda y apoyan las labores de la PNP y el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de madre e hijo.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para sustentar la acusación formal. El proceso sigue abierto, mientras los allegados de Zoila Castillo solicitan justicia y acompañamiento en medio de la consternación regional. Las diligencias incluyen el análisis de imágenes, conversaciones y todo rastro digital que permita reconstruir el recorrido de las víctimas y del detenido.

La investigación sobre este doble crimen se mantiene en curso, bajo la supervisión de la PNP y el Ministerio Público, que han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, adolescente de 15 años que desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida un día después; la investigación sigue abierta porque las autoridades tienen datos sobre la posible participación de más personas en el asesinato.

El caso ocurre mientras el gobierno estatal sostiene que en Michoacán hubo una reducción de 41.5% en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025. Aun así, de acuerdo con las cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se registraron nueve feminicidios en la entidad, lo que equivale a al menos una víctima cada 15 días.

La detención fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado. El arresto ocurrió en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Valeria fue vista por última vez la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, en la colonia 3 de Agosto, en Morelia. Después de perder contacto con ella, su familia presentó la denuncia ese mismo día, y por la noche se emitió la ficha de búsqueda junto con la activación de la Alerta Amber.

La víctima fue localizada con huellas de violencia en la zona norte de Morelia

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en una brecha de la periferia norte y oriente de la capital michoacana, en una zona cercana a La Nopalera, entre las inmediaciones de las colonias Lomas de la Aldea y Buenos Aires. También se informó que fue hallada entre la maleza y con visibles huellas de violencia.

Según la información del caso, la víctima estaba maniatada con cinta adhesiva color café y tenía el rostro completamente cubierto con el mismo material. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía inició las investigaciones y las autoridades municipales informaron que revisaban cámaras de vigilancia, registros telefónicos y otros indicios.

Uno de los datos bajo análisis fue que el teléfono celular de Valeria seguía registrando actividad después de que su cuerpo ya había sido localizado. Ese elemento abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido y sobre la posible intervención de otras personas.

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, informó que Alexander “N” fue la última persona con la que estuvo Valeria, según cámaras. También señaló que el joven ya habría aceptado su responsabilidad.

La Fiscalía precisó que las indagatorias continúan porque existen datos para establecer que en el asesinato habrían participado más personas. El crimen, según la información difundida, ocurrió en una zona marginada con alto consumo de drogas y narcomenudeo.

La familia denuncia que el celular habría sido usado para pedir dinero

Los padres y familiares de Valeria tenían previsto emitir un mensaje para pedir respeto a la memoria de su hija. También informaron que el detenido habría permanecido en posesión del teléfono de la adolescente para exigirles fuertes cantidades de dinero.

La captura de Alexander “N” no cerró el caso para familiares, activistas y colectivas feministas. La exigencia pública se mantiene centrada en que el delito no quede impune y en que se esclarezca si hubo más responsables.

Para este sábado 30 de mayo, organizaciones feministas, activistas defensores de derechos humanos y familiares convocaron a una marcha en la capital michoacana. La movilización saldrá a las 17:00 horas de la Plaza José María Morelos con dirección a Palacio de Gobierno.

La protesta busca exigir justicia para Valeria y presionar a las autoridades para que el crimen se investigue a fondo. La convocatoria surge en medio de la indignación que ha generado el asesinato de la adolescente en el estado.

• La Fiscalía de Michoacán detuvo en Tacámbaro a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, de 15 años.
• Valeria desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida al día siguiente, maniatada y con huellas visibles de violencia.
• La investigación sigue abierta por la posible participación de más personas y este sábado 30 de mayo habrá una marcha para exigir justicia.

Una mujer de al menos 30 años fue hallada muerta y envuelta en plástico la mañana de este jueves en Tlalnepantla, un caso que ya se investiga bajo protocolo de feminicidio y que ocurre a menos de 24 horas del hallazgo de dos hombres abandonados en condiciones similares en Tecámac.

El cuerpo fue localizado entre las 7:30 y las 8:00 horas en la esquina de las calles Cerezo y Pirul, en la colonia Arboledas Tenayuca, también referida en los reportes como El Tenayo. Vecinos alertaron a la policía después de ver sobre el asfalto y la banqueta un bulto cubierto con bolsas negras y plástico transparente, amarrado con cinta canela.

La víctima permanece sin identificar. Los reportes iniciales indican que estaba boca arriba, con huellas de violencia y golpes en distintas partes del cuerpo.

También se indicó que el cadáver estaba totalmente emplayado y que solo era visible parte del tobillo derecho, donde se apreciaba un lunar. Las primeras versiones señalan que se trataría de una mujer de al menos 30 años.

El hallazgo movilizó a policías, Guardia Nacional y Ejército

Las primeras autoridades en llegar fueron elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, quienes inspeccionaron el bulto y confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona. Después solicitaron apoyo de paramédicos, que corroboraron que ya no contaba con signos vitales.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía estatal, de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano. Las corporaciones acordonaron la calle y cerraron el paso peatonal y vehicular para resguardar la escena.

El hallazgo ocurrió en la zona limítrofe con las colonias San Lucas Patoni y Santa Cecilia. El reporte ciudadano ingresó al C4 del municipio, luego de que habitantes advirtieron que el bulto no parecía basura.

Peritos forenses y personal ministerial realizaron las primeras inspecciones en el lugar. Después se hizo el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro regional y al Servicio Médico Forense.

Los testimonios apuntan a disparos durante la madrugada

Aunque al inicio se manejó la posibilidad de que el cuerpo solo hubiera sido abandonado en el sitio, algunos vecinos aseguraron que durante la madrugada escucharon detonaciones de arma de fuego. Esa versión abrió la posibilidad de que la agresión ocurriera en el mismo punto donde fue encontrado el cadáver.

Una vecina relató: “Me asomé cuando se escucharon los disparos. Sé que hice mal, pero me dio curiosidad y salí a ver qué pasaba”. Otra habitante, identificada como Rebeca, dijo: “Me dio miedo, mucho miedo. Pasé, vi el cuerpo y marqué al 911”.

Los reportes preliminares también difieren sobre las lesiones por arma de fuego. Una versión menciona un disparo en la cabeza y otra habla de múltiples impactos en el cuerpo.

Los servicios de urgencias que revisaron a la víctima señalaron que presentaba lesiones visibles provocadas por balazos. Hasta ahora no se confirma si la mujer fue asesinada ahí o si solo dejaron el cuerpo en ese punto.

Habitantes de la colonia expresaron temor por lo ocurrido. Una vecina identificada como Cecilia dijo que la zona se había mantenido tranquila y pidió mayor presencia policial de manera permanente.

La Fiscalía mexiquense abrió una carpeta bajo protocolo de feminicidio

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la FGJEM procesaron la escena y reunieron indicios para integrarlos a la carpeta. El Ministerio Público inició formalmente la investigación bajo protocolo de feminicidio.

Tras confirmar que la víctima era una mujer, las autoridades notificaron a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México. También comenzó la revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar vehículos presuntamente relacionados con el abandono del cuerpo y ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Tampoco hay avances públicos sobre este caso ni sobre el doble homicidio registrado en Tecámac, donde dos hombres fueron encontrados emplayados y continúan sin ser identificados en instalaciones forenses.

El crimen en Arboledas Tenayuca se suma a esa secuencia reciente de hallazgos violentos en el Estado de México. En ambos casos, las víctimas fueron abandonadas envueltas en plástico y sin identificación confirmada.

• Una mujer de al menos 30 años fue encontrada muerta y emplayada este jueves en Arboledas Tenayuca, Tlalnepantla.
• La FGJEM investiga el caso bajo protocolo de feminicidio y analiza cámaras de seguridad para ubicar a los responsables.
• Vecinos afirmaron haber escuchado disparos durante la madrugada, por lo que no se descarta que la agresión haya ocurrido en el mismo sitio.

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio concentra 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de abril.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviado por fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, ubica además a Sinaloa como la entidad con la mayor tasa de víctimas de este delito por cada 100,000 mujeres, con 1.67 y 27 casos.

Homicidio, lesiones y extorsión muestran otros focos de violencia contra mujeres

La comunidad de Cali vive una ola de repudio y dolor tras conocerse el hallazgo de una joven desaparecida dentro de un costal, en un hecho que activó la alarma sobre la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, fue identificada como la víctima cuyo cuerpo apareció en la mañana del lunes 25 de mayo, frente a la estación del MÍO La Rivera, en el norte de la capital de Valle del Cauca.

Un crimen que sacudió a Cali

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el cuerpo de Marcela Gómez fue hallado por trabajadores de aseo en la calle 70, entre carreras 1J y 1H, envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal.

Los primeros indicios apuntan a que dos hombres abandonaron el costal la noche anterior y huyeron en un vehículo particular. Los trabajadores alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo durante sus labores matutinas.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el 21 de mayo, fecha en la que salió de su vivienda en el barrio Los Álamos, cerca de las 11:00 p. m. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron una búsqueda intensa.

La confirmación de su identidad llegó luego del análisis de Medicina Legal, que destacó características físicas como el cabello rubio y el tamaño de los pies, datos que coincidieron con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

La Personería de Cali exige justicia

La Personería de Cali expresó su “más enérgico rechazo y profunda consternación” por el crimen. Gerardo Mendoza, personero distrital, declaró: “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De igual modo, el organismo hizo un llamado urgente a las autoridades para que avancen con celeridad y transparencia en las investigaciones, solicitando que se garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En palabras del personero, “la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada”. Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad y para que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias”.

Hasta el momento, no se han realizado capturas ni se han esclarecido los móviles del crimen.

El panorama de la violencia en la ciudad

Es preciso mencionar que este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra mujeres en la ciudad. El 13 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas por sicarios en el Bulevar del Oriente, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de las mujeres en Cali. Sobre este caso, Gerardo Mendoza manifestó su dolor y rechazo, señalando el impacto devastador que estos crímenes provocan en las familias y la comunidad.

“No podemos acostumbrarnos a que las mujeres sigan siendo víctimas de hechos tan crueles. Detrás de cada vida apagada hay sueños, hogares y personas que hoy lloran una ausencia irreparable”, enfatizó el personero. La autoridad insistió en la urgencia de una respuesta contundente por parte de las instituciones para frenar la violencia de género en la región.

El asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda reavivó la conversación sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección para mujeres en riesgo en Cali. La Personería Distrital destacó la importancia de garantizar la reparación integral para las víctimas y sus familias, y reiteró que la violencia de género representa una violación grave a los derechos humanos. El Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante y acompañará a los familiares de Marcela Gómez Sepúlveda durante el proceso judicial.

La Ciudad de México es el cuarto estado con más casos de feminicidio a nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, a esto se suma que dos alcaldías ubicadas en la zona oriente de la capital, se mantienen en el listado de los 20 municipios con más casos en el país.

Esto, a pesar de que la Ciudad de México es la entidad con más políticas a favor de las mujeres y acciones en contra del feminicidio, entre estas la Fiscalía Especializada en dicho delito.

La Fiscalía fue la primera que se habilitó en el país y se tomará como referencia para impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Alcaldías de CDMX con más feminicidios

Según el mismo informe, de enero a abril de este años se han registrado cinco casos de feminicio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta alcaldía ocupa el tercer lugar en el listado de los 20 municipios con mayor incidencia, por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamulipas.

La alcaldía Iztacalco está en el lugar número 20 del listado, con dos feminicidios registrados en el mismo periodo.

Feminicidios en México

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio representó el 98.1% de los delitos cometidos contra mujeres en México, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación de las 32 entidades, destaca que Sinaloa encabeza tanto en número de víctimas (27 casos, 13% del total nacional) como en tasa por cada 100,000 mujeres (1.67).

El reporte muestra que 20 municipios concentran el 38.3% de los feminicidios del país, mientras el resto de los municipios acumula el 61.7%.

La mayoría de estos municipios se ubica en el norte del país, con entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas como focos principales.

El reporte señala que el 38.3% de los casos nacionales sucedió en ese grupo de municipios, mientras que el resto del país acumuló el 61.7% de los delitos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto el número de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres, con 27 casos y una tasa de 1.67%. Morelos, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también presentan tasas altas.

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 feminicidios, lo que representa el 10% del total nacional en el periodo analizado.

Le siguen Reynosa (Tamaulipas) y Venustiano Carranza (CDMX) con cinco casos cada uno.

El informe destaca que feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres (98.1%).

Otros delitos como rapto, corrupción de menores y trata de personas también afectan principalmente a mujeres.

La Fiscalía confirmó, el 27 de mayo de 2026, que Carlos Mario Rodríguez Rosas, que se desempeñaba como gerente corporativo del Banco de Bogotá, fue enviado a prisión por el delito de feminicidio agravado y acceso carnal violento en contra de Ana María Meza, la politóloga bogotana de 36 años que cayó del apartamento de su pareja en Bogotá el 25 de enero de 2026.

Según la información oficial, se confirmó la detención preventiva después de que la jueza descartara la hipótesis de la defensa, que sostenía que la caída había sido accidental o que la víctima se había arrojado al vacío tras una pelea con su novio.

Los elementos materiales probatorios permitieron determinar que en la noche del 24 de enero, la pareja acudió a una reunión y tras regresar a su casa tuvieron una discusión en la que Rodríguez Rosas la habría agredido sexualmente para después lanzarla por la ventana.

“El hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y nariz, y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria", indica el reporte oficial.

De acuerdo con Volcánicas, las cámaras de seguridad del edificio captaron a la joven cayendo sobre las 12:30 a. m. del domingo 25 de enero, y su cuerpo fue hallado a las 10:00 a. m. por un vecino que salía de su apartamento y dio aviso de inmediato.

De acuerdo con el reporte, la captura ocurrió el sábado 23 de mayo de 2026, cuatro meses después de la muerte de Meza. Durante la audiencia pública que se llevó a cabo el 26 de mayo, la defensa intentó desestimar los hallazgos del Cuerpo Técnico de Investigación, además de cuestionar la sexualidad y vida privada de la víctima.

Rodríguez Rosas afirmó, tras ser notificado de su detención, que estaba dormido y que no se dio cuenta de lo ocurrido. Su versión fue que Ana María pudo haber caído por la ventana de manera accidental o haberse arrojado después de una discusión, hipótesis que distan completamente de los resultados de la investigación.

Ana María tuvo una muerte violenta

Los dictámenes técnicos y médicos aportados por Medicina Legal, la Fiscalía y la representación legal de la familia señalaron que, durante el levantamiento del cadáver, testigos presenciales dijeron que Rodríguez Rosas tenía rasguños visibles en el rostro e intentó ocultarlos con maquillaje, de acuerdo con la información de Volcánicas.

“La víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género”, puntualizó el comunicado de la Fiscalía.

La familia y el entorno de la víctima denunciaron violencia psicológica

Pese a que el señalado agresor no aceptó los cargos, personas cercanas a Ana María Meza dijeron a Volcánicas que Rodríguez Rosas tenía comportamientos machistas, ejercía violencia psicológica de forma sistemática contra ella y la inducía a conductas que la ponían en situación de vulnerabilidad.

Tras estas declaraciones, los allegados a la víctima revelaron al medio que están seguros de que no se trató de un accidente, por lo que exigen justicia para la víctima.

Cabe mencionar que Ana María Meza era politóloga egresada de la Universidad del Rosario y había terminado recientemente una maestría en Administración de Empresas en España.

También trabajaba como artista del maquillaje de caracterización para cine y televisión. Incluso, sus familiares y amigos afirman que tenía muchos proyectos, razón por la que consideran que no habría pensado en suicidarse.

Banco de Bogotá se pronunció sobre lo ocurrido

La entidad para la que trabajaba el señalado agresor emitió un comunicado en la tarde del 27 de mayo, en el que lamentó lo sucedido con Ana María: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente aquella que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. La violencia de género no puede ser indiferente para la sociedad y nada justifica este tipo de hechos”.

Finalmente, aclaró que el sujeto fue desvinculado de su cargo: “El Banco de Bogotá se permite aclarar que los hechos mencionados son ajenos al ámbito laboral y no guardan relación con las funciones, actividades u operaciones de la entidad. Así mismo, la persona sindicada por los hechos que son materia de investigación no se encuentra actualmente vinculada a la entidad”.

En solo 11 días de mayo, tres mujeres fueron halladas sin vida en Puerto Vallarta, cada una con una causa de muerte diferente: una por heridas de arma punzocortante, otra con indicios de envenenamiento y la tercera por asfixia por inmersión. La Fiscalía del Estado de Jalisco sostiene que esta diversidad en los mecanismos letales descarta la presencia de un agresor serial de mujeres en el municipio.

La institución precisó que las indagatorias realizadas hasta ahora no arrojan patrones coincidentes entre los tres eventos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo, debido a que no hay evidencia que vinculen los casos.

De acuerdo con las autoridades, cada uno de los tres casos se investiga con apego a los protocolos correspondientes y bajo la perspectiva que el hecho particular requiere. El trabajo lo llevan a cabo de forma coordinada agentes del Ministerio Público, policías de investigación y personal pericial.

La Fiscalía también emitió un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no confirmadas. La institución advirtió que ese tipo de información puede generar desinformación y alarma entre la población.

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos. La Fiscalía reafirmó su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Los tres hallazgos que encendieron las alertas

El primer cuerpo apareció el 10 de mayo sobre la avenida Víctor Iturbide, en el rancho El Pirulí. La mujer vestía bermudas azules y una blusa blanca con líneas negras delgadas, y hasta la fecha no ha sido identificada.

El 15 de mayo, otro cuerpo fue localizado sobre la carretera federal 200, en el kilómetro 3.5, frente a Casa Salinas II y al hotel Hyatt Ziva. La mujer llevaba un short negro, blusa negra y un solo calcetín del mismo color; su identidad también permanece sin establecer.

El tercer hallazgo ocurrió el 21 de mayo en las inmediaciones del Fraccionamiento Parque Las Palmas, sobre la calle Camino Viejo a Mojoneras. Esa víctima fue identificada por el colectivo Una Luz Para Nuestros Desaparecidos Puerto Vallarta como Elizabeth Galindo Martínez, de 22 años.

Elizabeth había sido reportada como desaparecida el 29 de abril de 2026 en el Estado de México. El colectivo confirmó su identidad a través de sus tatuajes y características físicas.

La respuesta de los colectivos y las organizaciones

Ante los tres hallazgos, la agrupación Mujer Colibrí ONG México denunció en redes sociales que “la violencia está tomando Vallarta”. Más de diez organizaciones se sumaron a ese posicionamiento y publicaron un pliego petitorio dirigido a autoridades locales, estatales y federales.

De acuerdo con el portal Zona Docs, las organizaciones agrupadas en la Red Mujeres Distrito 05 Jalisco exigieron acciones preventivas inmediatas y sostenidas. Entre sus peticiones figuran la creación de un Mapa Municipal de Zonas de Riesgo, el fortalecimiento del presupuesto para atención a la violencia de género y la vinculación entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF, Protección Civil y la Fiscalía Regional.

Los colectivos cuestionaron los datos oficiales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que citó mil 670 medidas de protección activas en los últimos dos años. Para las organizaciones, esas cifras “maquillaron la imagen de la región” mientras la violencia avanzaba.

La mujer aún sin identificar y el llamado a buscarla

Los colectivos Jóvenes Buscadores de Jalisco y Jóvenes Buscadores de Sonora informaron que la víctima del 15 de mayo permanece sin identificar en el Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta. Sus señas particulares, incluidos dos tatuajes —uno de una figura similar a la Medusa y otro con las iniciales R y A sobre un electrocardiograma—, pueden consultarse en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ambos colectivos hicieron un llamado a compartir la información. “A veces, una publicación puede hacer la diferencia y ayudar a una familia a encontrar respuestas”, señalaron el 25 de mayo.

La autocuidado como respuesta ante la omisión del Estado

Ante lo que describieron como “la evidente omisión del Estado”, Mujer Colibrí ONG México y el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta publicaron una serie de recomendaciones de autocuidado colectivo. Entre ellas destacaron compartir ubicaciones y trayectos con personas de confianza, no trasladarse solas de noche y configurar el SOS de emergencia en el teléfono.

“La colectividad y la autodefensa en comunidad son nuestras herramientas más fuertes”, concluyeron en su posicionamiento público. Las organizaciones reiteraron que, mientras las instituciones no garanticen resultados, el cuidado mutuo entre mujeres seguirá siendo la respuesta más inmediata disponible.

Por medio de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de una ofrenda con flores, fotos, veladoras y mensajes en honor a Cielo López, una joven de 26 años de edad que fue asesinada el pasado viernes 22 de mayo en su hogar, en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), presuntamente por su pareja sentimental, un hombre de 37 años de edad, identificado como Hugo N.

En las imágenes, compartidas por el periodista Carlos C4 Jiménez, se pueden ver veladoras encendidas formando cruces, varios ramos de flores, coronas de flores, fotografías de la joven y un mensaje en el que se lee “En memoria de Cielo Beanjy López Cortés.

De acuerdo con el periodista de nota roja, la ofrenda la habrían colocado amigos de la joven, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, donde, ha trascendido, Cielo estudiaba la carrera de odontología.

Recapturan a Hugo N, pareja sentimental de Cielo López y presunto feminicida de la joven

El pasado martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que Hugo N fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la UAM Xochimilco.

La institución de justicia capitalina destacó, por medio de un comunicado, que los hechos ocurrieron el pasado viernes 22 de mayo cuando la víctima fue agredida en un inmueble ubicado en la colonia Ramos Millán, en Iztacalco.

“Las indagatorias establecen que, tras los hechos, el hoy imputado se comunicó vía telefónica con la madre de la víctima para informarle que había discutido con su hija y se encontraba inconsciente”, señaló la Fiscalía.

Un juez emitió la orden de aprehensión en contra de Hugo N debido a que el personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación recabaron las pruebas y dictámenes necesarios para acreditar si probable responsabilidad en el asesinato.

El sujeto fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Tras el hecho, la UAM lamento, por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, el feminicidio de su alumna.

“La violencia contra las mujeres constituye una grave problemática social que exige la actuación firme, responsable y decidida de las instituciones y de las autoridades encargadas de procurar justicia” señaló.

Cabe destacar que Hugo N fue detenido por las autoridades tras el hallazgo del feminicidio de la joven, sin embargo, de acuerdo con Carlos Jiménez, fue liberado porque no había flagrancia. Tras la liberación, las autoridades capitalinas volvieron a buscarlo.

De acuerdo con información extraoficial, Hugo N se habría entregado a las autoridades luego de enterarse que de nuevo era buscado.

El reporte oficial señaló que durante el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2026, el procesado le propinó a la víctima más de diez heridas con arma blanca, por lo que la joven murió por la gravedad de las lesiones. De acuerdo con la investigación del ente judicial, los hechos se produjeron en medio de un episodio de celos y el agresor se entregó a la Policía Nacional poco después.

Después de estudiar el caso y por petición de una fiscal de la Seccional Bolívar, se confirmó que el sujeto sería enviado a un establecimiento carcelario. Del mismo modo, se indicó que el señalado aceptó su responsabilidad en el delito que le imputó el ente acusador: feminicidio agravado.

Antecedentes de violencia en la relación

El ataque fatal ocurrió en el barrio Tres Cruces de Simití, aunque esta no fue la primera vez que el sujeto tenía comportamientos agresivos, pues la investigación estableció que los episodios de violencia habrían sido reiterados durante el tiempo de convivencia.

Sobre la víctima, el informe indica que era oriunda de Montecristo y que fue atacada por el sujeto después de una intensa discusión.

La Alcaldía de Simití y la Policía pidieron denunciar la violencia de género

La Alcaldía de Simití rechazó el crimen y citó a una velatón en memoria de la víctima en la que se emitió un mensaje de solidaridad con los familiares y se pidió a las víctimas y testigos denunciar cualquier ataque.

“Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Wilman Elí Quintana González, rechazamos de manera contundente el feminicidio ocurrido en el municipio de Simití. Lamentamos profundamente este hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y los derechos de las mujeres. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y a no guardar silencio”, puntualizó el comunicado.

Por otra parte, el concejal de Simití José Fernando Mazo López, se refirió a lo sucedido en diálogo con el diario El Universal: “Rechazamos de manera categórica el feminicidio ocurrido en nuestro municipio. Simití no puede convertirse en un territorio donde se atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres ni de ningún ser humano. Hoy no solo pierde la vida una mujer; hoy parte una hija, una madre y un ser humano con sueños, historia y una familia que queda sumida en el dolor”.

Las autoridades piden construir un municipio en el que las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia. Además, se reiteró el llamado al respeto y a la protección de la vida de todas las personas que habitan allí.

La Policía Nacional también rechazó los hechos y afirmó que trabajará en coordinación con las demás instituciones y autoridades del municipio para fortalecer la seguridad en Simití.

Cabe mencionar que las autoridades mantienen su compromiso de protección, orientación y acompañamiento a las víctimas o personas que conozcan casos de violencia basada en género con el apoyo de la Patrulla Púrpura.

Para esos casos, las víctimas pueden comunicarse a la línea 155, con atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Este canal telefónico gratuito y confidencial fue creado para brindar orientación, apoyo y asesoría a las mujeres víctimas de violencia basada en género en todo el territorio nacional y evitar que terminen convirtiéndose en una víctima más.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia que rodea a la familia de Rosa Elvira Cely y al abogado Abelardo de la Espriella, luego de las denuncias públicas sobre el manejo de la indemnización entregada por el Estado colombiano tras el feminicidio ocurrido en 2012, es decir, hace 14 años.

El mandatario reaccionó por medio de su cuenta en la red social X, en la que cuestionó que gran parte de los recursos destinados a las víctimas terminaran, según las acusaciones de la familia, en manos del defensor. Su mensaje y la polémica como tal aparecen en un momento de alta tensión política, debido a la visibilidad que hoy tiene De la Espriella dentro del escenario presidencial de 2026.

Y es que el abogado figura entre los principales nombres en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, y esta controversia golpea su imagen en pleno escenario electoral, sobre todo por la dimensión del caso y por lo que representa que una familia lograra recibir una indemnización por parte del Estado colombiano.

El presidente escribió en sus redes sociales sobre el caso: “No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”.

Las declaraciones del jefe de Estado revivieron uno de los casos más dolorosos y simbólicos de violencia contra las mujeres en Colombia. El crimen de Rosa Elvira Cely no solo generó indignación nacional hace más de una década, también impulsó la creación de la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo.

Para el presidente Gustavo Petro, que mantiene una línea política de izquierda y respalda la aspiración presidencial de Iván Cepeda dentro del Pacto Histórico, este tipo de controversias también abren espacio para lanzar críticas contra figuras de la oposición como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que representan sectores políticos contrarios al oficialismo.

La polémica tomó fuerza después de que Adriana Cely, hermana de la víctima, y Juliana Cely, hija de Rosa Elvira, hicieran fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella. Ambas afirmaron que solo recibieron cerca del 10% de la compensación económica reconocida por el Estado colombiano.

Según expusieron públicamente, el contrato planteado por el abogado establecía que el dinero debía ingresar primero a una cuenta bancaria bajo su control. Las familiares sostienen que la mayor parte de los recursos terminó convertida en honorarios jurídicos.

Adriana Cely aseguró además que rechazó firmar dicho acuerdo; esa decisión, según su relato, produjo diferencias con el abogado y posteriores conflictos personales relacionados con el proceso judicial, según la revista digital Voces.

Hasta ahora, las acusaciones conocidas provienen exclusivamente de los testimonios entregados por la familia de Rosa Elvira Cely. No existe un pronunciamiento judicial que confirme esas afirmaciones ni una decisión oficial relacionada con los señalamientos hechos contra De la Espriella; sin embargo, estos señalamientos no son nuevos.

La historia detrás del crimen que cambió la legislación colombiana

El caso de Rosa Elvira Cely permanece como uno de los hechos más dolorosos y decisivos en la lucha contra la violencia de género en Colombia. Su asesinato, ocurrido en mayo de 2012 en Bogotá, provocó indignación nacional y abrió paso a cambios históricos en la legislación penal del país.

Rosa Elvira, de 35 años, salió del Colegio Manuela Beltrán junto a Javier Velasco, un compañero de estudios que luego la llevó al Parque Nacional. Allí sufrió una brutal agresión física y sexual. Aunque alcanzó a llamar al 123 para pedir ayuda y alertar que la estaban atacando, las fallas en la reacción de las autoridades retrasaron el rescate; la mujer murió cuatro días después en el Hospital San Ignacio.

El crimen desató movilizaciones y fuertes reclamos ciudadanos que exigieron castigos más severos para este tipo de violencia contra las mujeres. A raíz de ese caso nació la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que convirtió el feminicidio en un delito autónomo en Colombia y endureció las penas contra los responsables.

La familia de la víctima recibió representación legal del abogado Abelardo de la Espriella y de su firma jurídica. El jurista y hoy candidato presidencial asumió la defensa de manera gratuita —aunque luego salió a la luz su porcentaje en la indemnización estatal— y encabezó tanto el proceso penal contra Javier Velasco, condenado a 48 años de prisión, como las acciones legales contra el Estado por las fallas institucionales y por un concepto oficial que culpó a Rosa Elvira de lo ocurrido.

Ese episodio generó otro escándalo nacional, obligó al Distrito a retractarse públicamente, debido a que habían dicho que si Rosa Elvira “no hubiera salido con dos compañeros de estudio a altas horas de la noche”, no habría ocurrido el asesinato, y fortaleció el debate sobre la revictimización de las mujeres dentro de las instituciones estatales.

El periodista Carlos C4 Jiménez dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que Hugo Laredo, pareja sentimental y presunto feminicida de una joven de 26 años, identificada como Cielo Beanjy López Cortés, fue capturado y presuntamente liberado por las autoridades.

Esto, señaló el periodista, porque se justificó que “no había flagrancia”. Sin embargo, dijo Jiménez, ahora buscan recapturarlo con una orden de aprehensión.

“De burla! Buscal recapturar al feminicida que soltaron el domingo. Es Hugo Laredo. La @SSC_CDMX lo atrapó tras el asesinato de Cielo. Pero el Mp de @FiscaliaCDMX lo soltó que “porque no había flagrancia”. Hoy ya andan buscando atraparlo otra vez, con una orden de aprehensión", se lee en una publicación de Jiménez, en su cuenta de X.

Feminicidio de joven causa indignación en comunidad universitaria

El feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, provocó indignación y conmoción entre la comunidad universitaria, colectivos feministas y organizaciones civiles, luego de que la joven de 26 años fuera hallada sin vida dentro de su domicilio en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2026 en una vivienda ubicada sobre la calle Sur 153, en la colonia Gabriel Ramos Millán, donde autoridades capitalinas atendieron el reporte de una persona inconsciente.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, elementos policiacos acudieron al inmueble tras recibir el aviso a través de la frecuencia de radio.

Al llegar al lugar, una mujer que se identificó como madre de la víctima permitió el acceso de los oficiales al domicilio, donde encontraron a la joven tendida sobre el piso con visibles lesiones en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil que arribaron posteriormente confirmaron que la estudiante ya no contaba con signos vitales.

Pareja sentimental fue detenida

La SSC informó que, según los primeros reportes obtenidos por las autoridades, momentos antes de ser localizada sin vida, la joven habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, identificada como Hugo “N”, de 37 años de edad.

Las investigaciones señalan que el hombre salió del domicilio tras la discusión y posteriormente regresó para comunicarse con la madre de la joven y decirle que había encontrado a Cielo inconsciente dentro de la vivienda.

Ante las inconsistencias detectadas en los primeros testimonios y las circunstancias de los hechos, los oficiales procedieron a detener al hombre el mismo día del feminicidio.

La dependencia capitalina informó que al detenido se le leyeron sus derechos y posteriormente fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

UAM condena crimen y exige justicia

Tras darse a conocer el asesinato de la estudiante, la Universidad Autónoma Metropolitana expresó públicamente su condena y “profunda indignación” por el feminicidio de Cielo López.

A través de un comunicado difundido el pasado 24 de mayo, la institución reiteró su postura contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres y exigió que el crimen no quede impune.

“Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune”, señaló la universidad.

La UAM también informó que brindará acompañamiento legal y psicológico a los familiares de la estudiante para evitar actos de revictimización durante el proceso judicial.

“La Universidad acompañará a los familiares de nuestra alumna con asesoría legal y psicológica para que el desarrollo de los procesos judiciales ocurra con apego al estado de derecho”, indicó.

Asimismo, la institución educativa subrayó que el caso refleja la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México, tanto en espacios públicos como privados.

Exigen investigación con perspectiva de género

La universidad exigió a la Fiscalía capitalina que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y estricto apego a los protocolos establecidos para casos de muertes violentas de mujeres.

La institución sostuvo que el esclarecimiento del caso debe garantizar el acceso pleno a la justicia y medidas efectivas de no repetición.

El feminicidio de Cielo López también generó muestras de solidaridad y protestas entre integrantes de la comunidad estudiantil y colectivos feministas, quienes han exigido justicia y castigo para el responsable.

La violencia feminicida continúa siendo una de las principales problemáticas en México, donde universidades, organizaciones civiles y activistas mantienen constantes llamados para fortalecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género.

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio concentra 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de abril.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviado por fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, ubica además a Sinaloa como la entidad con la mayor tasa de víctimas de este delito por cada 100,000 mujeres, con 1.67 y 27 casos.

Homicidio, lesiones y extorsión muestran otros focos de violencia contra mujeres

El reporte también desagrega otros delitos por sexo. En rapto, 75.0% de las víctimas son mujeres, 16.7% hombres y 8.3% personas no identificadas. En corrupción de menores, 62.7% corresponde a mujeres, 28.8% a hombres y 8.5% a no determinado.

En trata de personas, 62.6% de las víctimas son mujeres, 15.3% hombres y 22% no determinado. En lesiones dolosas, 46.5% corresponde a mujeres, 51.0% a hombres y 2.5% a no identificado. En lesiones culposas, 32.7% fueron mujeres, 61.2% hombres y 6.1% no determinado.

Para secuestro, 18.6% de las víctimas son mujeres y 80.4% hombres. En homicidio culposo, 15.9% corresponde a mujeres y 69.8% a hombres. En homicidio doloso, 8.7% de las víctimas son mujeres y 88.8% hombres, de acuerdo con el mismo informe.

La concentración territorial también muestra focos definidos. Según el informe, 20 municipios reúnen el 38.3% de los delitos de feminicidio registrados a nivel nacional en el primer cuatrimestre de 2026, mientras el resto de los municipios acumula 124 casos, equivalentes al 61.7%.

Culiacán, en Sinaloa, encabeza esa lista con 20 delitos, que representan 10% del total nacional. Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en CDMX, con cinco casos cada uno y una participación de 2.5%.

Sinaloa encabeza la tasa de feminicidio y Culiacán concentra el mayor número de casos

En número absoluto de víctimas de feminicidio por entidad, Sinaloa ocupa el primer lugar con 13% del total nacional. Después aparecen Chiapas con 7.7%, Estado de México, Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%, según el documento oficial.

Cuando se mide la tasa por cada 100,000 mujeres, Sinaloa vuelve a colocarse en la primera posición con 1.67 y 27 casos. Morelos aparece en segundo lugar con 1.03 y 11 casos; Sonora en tercero con 0.64 y 10 casos; Chihuahua en cuarto con 0.54 y 11 casos, y Tamaulipas en quinto con 0.52 y 10 casos.

La respuesta directa al dato central es esta: el delito con mayor proporción de víctimas mujeres en el país durante los primeros cuatro meses de 2026 es el feminicidio, con 98.1%, muy por encima de otros ilícitos medidos por sexo en el mismo reporte del Secretariado Ejecutivo.

En el mapa municipal, además de Culiacán, Reynosa y Venustiano Carranza, figuran Benito Juárez, Quintana Roo, con tres casos; Centro, Tabasco, con tres; Chihuahua, Chihuahua, con tres; Cuauhtémoc, Chihuahua, con tres; Cuautla, Morelos, con tres; Hermosillo, Sonora, con tres, y Juárez, Chihuahua, con tres.

La misma relación incluye a Mexicali, Baja California, con tres; Tapachula, Chiapas, con tres; Toluca, Estado de México, con tres; Tuxtla Chico, Chiapas, con tres; Anáhuac, Nuevo León, con dos; Cajeme, Sonora, con dos; Cuernavaca, Morelos, con dos; Durango, Durango, con dos; Irapuato, Guanajuato, con dos, e Iztacalco, CDMX, con dos.

En víctimas mujeres de homicidio doloso por entidad, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos, equivalentes a 13.5%. Después se ubican Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; CDMX con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%, y Chihuahua y Veracruz con 25 cada uno y 4.7%.

Por tasa de homicidio doloso de mujeres por cada 100,000, Colima ocupa la primera posición con 7.96 y 31 casos. Le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos; Guanajuato con 2.12 y 72 casos; Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

En homicidio culposo de mujeres, cuatro entidades concentran 34.2% de las víctimas. Michoacán está al frente con 92 casos y 9.8%; Veracruz registra 80 y 8.5%; Guanajuato 77 y 8.2%, y Jalisco 73 y 7.7%. Puebla suma 50 casos; CDMX 49; Quintana Roo 47; Tamaulipas 41; Chiapas 40; Guerrero 33; Estado de México 30, y Zacatecas 28.

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas: Estado de México con 8,752 casos y 32.9%, y Guanajuato con 2,915 y 11.0%. Jalisco reporta 1,524 casos; Michoacán 1,428, e Hidalgo 987.

Por tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 mujeres, Estado de México aparece primero con 95.39; Guanajuato con 85.97; Aguascalientes con 83.46; Baja California Sur con 63.12, e Hidalgo con 56.80. En lesiones culposas, Morelos encabeza con 50.47 y 539 casos.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Tlaxcala reporta 0.26 con dos casos; Tabasco 0.16 con dos; Michoacán 0.12 con tres, y Guerrero 0.11 con dos.

En extorsión contra mujeres, Guanajuato encabeza tanto en número absoluto como en tasa. Registra 208 casos, equivalentes a 19.4%, y una tasa de 6.13 por cada 100,000 mujeres. CDMX suma 195 casos y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%, y Veracruz 54 y 5.0%.

Siete estados concentran 53.1% de las denuncias por violación simple y equiparada en México entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato perfila un mapa de concentración territorial en el que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León encabezan los registros absolutos, mientras Chihuahua aparece con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León con 449 y 6.9%; Chihuahua con 389 y 6%; Guanajuato con 372 y 5.7%; Hidalgo con 306 y 4.7%; y Baja California con 297 y 4.6%.

Esa suma coloca a esas siete entidades con poco más de la mitad de los casos denunciados en el país durante el primer cuatrimestre del año. La concentración muestra que el volumen del delito se acumula en estados con alta población, aunque la medición por tasa cambia el orden y exhibe otra dimensión del problema.

Chihuahua encabeza la tasa de violación por cada 100,000 habitantes

Cuando se observa la incidencia proporcional, Chihuahua aparece en primer lugar con una tasa de 9.52 y 389 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Después están Campeche con 9.25 y 89 casos; Hidalgo con 9.18 y 306; Querétaro con 8.33 y 225; y la Ciudad de México con 8.13 y 745.

En la misma medición siguen Colima con 7.98 y 165 casos; Baja California Sur con 7.81 y 72; Baja California con 7.09 y 297; y Nuevo León con 6.89 y 449. La diferencia entre volumen total y tasa revela que entidades con menos población pueden registrar una incidencia más alta frente a su tamaño demográfico.

El registro nacional también ubica a la violencia de género con fuerte concentración territorial. Veracruz encabeza los casos absolutos con 841, equivalentes a 54.5% del total reportado para ese delito en el periodo, mientras Querétaro suma 523 y 33.9%, y Guerrero 152 y 9.9%.

Más abajo aparecen Baja California Sur con 12 casos y 0.8%, y Aguascalientes con cinco y 0.3%, según el Secretariado Ejecutivo. En la tasa por cada 100,000 habitantes, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos; Veracruz se coloca después con 10.37 y 841; y Guerrero con 4.21 y 152.

Feminicidio y homicidio de mujeres muestran otro mapa de concentración

Entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% de las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Detrás se ubican Chiapas y el Estado de México con 7.7% cada uno, la Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%.

La tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca también a Sinaloa en el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Después están Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal concentra 38.3% de los delitos de feminicidio en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos y 10% del total nacional; Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, CDMX, aparecen entre los municipios señalados junto con Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula y Tuxtla Chico, Chiapas; Toluca, Estado de México; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato; e Iztacalco, CDMX.

Fuera de esos 20 municipios se contabilizan 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total, según el mismo registro. Ese reparto indica que, aunque hay focos municipales definidos, la mayor parte de los casos todavía se dispersa en el resto del país.

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 72 casos y 13.5%. Le siguen Guerrero con 39 y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; y Baja California y Jalisco con 29 cada uno y 5.5%.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima encabeza con 7.96 y 31 casos. Después se ubican Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

Lesiones, secuestro y extorsión amplían el patrón de violencia contra mujeres

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México está en primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, seguido de Guanajuato con 2,915 y 11%; Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%; e Hidalgo con 987 y 3.7%.

La tasa por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Después aparecen Guanajuato con 85.97 y 2,915; Aguascalientes con 83.46 y 667; Baja California Sur con 63.12 y 285; e Hidalgo con 56.80 y 987.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Le siguen Tlaxcala con 0.26 y dos; Tabasco con 0.16 y dos; Michoacán con 0.12 y tres; y Guerrero con 0.11 y dos.

En extorsión contra mujeres por entidad, Guanajuato encabeza con 208 casos y 19.4%; la Ciudad de México tiene 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%; y Veracruz 54 y 5%. La tasa por cada 100,000 mujeres vuelve a colocar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos, seguido de Colima con 5.91 y 23; Morelos con 5.90 y 63; Zacatecas con 4.87 y 43; y la Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

Casi 40% de los feminicidios registrados en México entre enero y abril de 2026 se concentra en sólo 20 municipios, y la mayor parte de esas demarcaciones se ubica en el norte del país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres con corte al 30 de abril de 2026. El reporte precisa que 38.3% de los casos nacionales ocurrió en ese grupo de municipios, un dato que perfila focos territoriales de alta concentración en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas.

El mismo documento señala que el resto de los municipios del país acumuló 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total nacional. Esa distribución muestra que, aunque el fenómeno está extendido, una parte sustancial de los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio se concentra en puntos específicos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto la proporción de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres entre enero y abril de 2026. El informe le asigna 13% del total nacional y una tasa de 1.67, con 27 casos registrados en ese periodo.

Morelos aparece en segundo lugar por tasa, con 1.03 y 11 casos. Después están Sonora con 0.64 y 10 casos, Chihuahua con 0.54 y 11 casos, y Tamaulipas con 0.52 y 10 casos.

Culiacán concentra el mayor número de feminicidios en el periodo

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 delitos de feminicidio, equivalentes a 10% del total nacional entre enero y abril de 2026. Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en CDMX, con cinco casos cada uno y una participación de 2.5%.

Con tres casos cada uno, el informe ubica a Benito Juárez en Quintana Roo, Centro en Tabasco, Chihuahua en Chihuahua, Cuauhtémoc en Chihuahua, Cuautla en Morelos, Hermosillo en Sonora, Juárez en Chihuahua, Mexicali en Baja California, Tapachula en Chiapas, Toluca en Estado de México y Tuxtla Chico en Chiapas. También identifica a Anáhuac, en Nuevo León, con dos casos y 1% del total, la misma cifra que Cajeme en Sonora, Cuernavaca en Morelos, Durango en Durango, Irapuato en Guanajuato e Iztacalco en CDMX.

Ese bloque de 20 municipios también coincide con los puntos que el reporte coloca entre las mayores tasas de feminicidio por cada 100,000 mujeres. La relación entre volumen de casos y tasas confirma una concentración simultánea en número absoluto y en incidencia relativa.

El documento detalla que las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviadas cada mes por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades. También aclara que se trata de presuntos hechos delictivos, por lo que los registros pueden actualizarse en meses posteriores.

El feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres

En la comparación nacional por delito y sexo de la víctima, el feminicidio ocupa el primer lugar con 98.1% de víctimas mujeres. Después aparece el rapto, con 75.0% de mujeres, 16.7% de hombres y 8.3% de personas no identificadas.

En corrupción de menores, 62.7% de los hechos corresponde a mujeres, 28.8% a hombres y 8.5% a no determinado. En trata de personas, 62.6% de las víctimas son mujeres, 15.3% hombres y 22% no determinado.

Para lesiones dolosas, el informe marca 46.5% de mujeres, 51.0% de hombres y 2.5% no identificado. En lesiones culposas, 32.7% corresponde a mujeres, 61.2% a hombres y 6.1% a no determinado.

En secuestro, 18.6% de las víctimas son mujeres y 80.4% hombres. En homicidio culposo, 15.9% corresponde a mujeres y 69.8% a hombres, mientras que en homicidio doloso 8.7% de las víctimas son mujeres y 88.8% hombres.

El informe también ubica otros focos de violencia letal contra mujeres fuera de la clasificación de feminicidio. En víctimas mujeres de homicidio doloso por entidad, Guanajuato ocupa el primer lugar con 13.5% y 72 casos, seguido por Guerrero con 7.3% y 39 casos, Morelos con 6.8% y 36 casos, Michoacán con 6.6% y 35 casos, y Colima con 5.8% y 31 casos.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima aparece en primer sitio con 7.96 y 31 casos. Después se encuentran Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

En lesiones dolosas contra mujeres, el Estado de México concentra 32.9% de las víctimas nacionales con 8,752 casos, y Guanajuato 11.0% con 2,915. Entre ambas entidades reúnen 43.9% del total nacional de ese delito.

• El 38.3% de los feminicidios de enero a abril de 2026 se concentró en 20 municipios.
• Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en víctimas y tasa de feminicidio, con 27 casos y una tasa de 1.67.
• Culiacán encabezó la lista municipal con 20 delitos, equivalentes a 10% del total nacional.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha emitido un informe que rechaza la iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), orientada a reemplazar el delito de feminicidio por el de ‘asesinato de pareja’ en el Código Penal.

El documento oficial, al que accedió Infobae, expresa una posición contraria al proyecto y recomienda no aprobarlo. “En la propuesta legislativa, al momento de tipificar el delito, se coloca como sujeto pasivo al cónyuge o su conviviente, no alterándose el resto del articulado, lo que conllevaría a dejar de tipificar el feminicidio como un delito en el Perú”, señala el texto.

El informe, dirigido a la Comisión de Justicia del Parlamento, advierte que esta modificación eliminaría el reconocimiento jurídico de un tipo penal específico para la violencia letal contra mujeres por motivos de género.

“El feminicidio es una forma de violencia que sufren las mujeres, habiéndosele considerado como la muerte violenta de una mujer por el solo hecho de ser mujer, y este no sólo puede ser cometido de manera directa, sino que también de manera indirecta y planificada por el feminicida”, indica el informe.

Para fundamentar la postura institucional, se incluyen referencias internacionales, como el “Estudio Global sobre el Homicidio, asesinato de mujeres y niñas por razones de género 2018” de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este estudio subraya que “el feminicidio es el único concepto que tiene una definición estándar en todos los países, factibles de su producción, disponibilidad y comparabilidad”.

“El documento incorpora dicho indicador en la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS), la cual identifica los delitos en base al comportamiento del autor de los hechos para una mejor comparabilidad”, añade.

El MIMP también menciona la Recomendación General N° 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que considera “violencia de género toda agresión contra la mujer por su condición de mujer y la reconoce como una violación de derechos humanos”.

Respecto a las cifras nacionales, el informe destaca que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022 la tasa de feminicidio en el país alcanzó 0,9 por cada 100.000 mujeres, ubicando a Perú en el puesto 15 entre 23 países de la región.

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que en 2023 el valor permaneció igual y que la mayoría de los feminicidios ocurrieron en el entorno doméstico, perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.

En el ámbito normativo, el informe resalta que la figura penal del feminicidio responde a compromisos internacionales y a la necesidad de subsanar desigualdades estructurales mediante la discriminación positiva, con el propósito de brindar mayor protección a las mujeres frente a la violencia extrema basada en el género.

“Por lo anteriormente expuesto, y sobre la base de lo señalado por el Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, esta Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión no favorable” respecto a la propuesta, concluye el texto.

Anteriormente, Jáuregui había generado una ola de repudio por jactarse de haber fundado un albergue donde se obliga a menores sobrevivientes de violación a continuar con sus embarazos.

Un ataque a balazos en la Central de Abasto dejó dos muertos en la alcaldía Iztapalapa, después de que la expareja de Andrea Alonso López presuntamente la buscó en un puesto de comida y disparó también contra su compañero de trabajo Jaime Paniagua frente a otros empleados durante la jornada laboral.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:07 horas sobre la calle Parían, entre Pochtecas y Tememes, en una zona de bodegas y empresas. Ahí convivían trabajadores de la empresa de abarrotes Los Anicetos cuando el agresor llegó hasta donde estaban sentados Andrea y Jaime y les disparó por la espalda.

Jaime tenía 48 años y murió en el lugar tras recibir impactos de bala en la espalda. Andrea, de 34 años, sufrió heridas en el tórax y en un antebrazo; servicios médicos la trasladaron al IMSS Troncoso en estado crítico, pero horas después murió por la gravedad de las lesiones.

El caso quedó bajo investigación como doble homicidio. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta para ubicar al responsable, quien escapó corriendo entre las calles después de la agresión.

El ataque ocurrió durante un convivio de cumpleaños de trabajadores

El convivio se realizaba en un puesto semifijo de comida cercano a los centros de trabajo de las víctimas. Lo que había comenzado como un festejo entre compañeros terminó en pánico cuando se escucharon los disparos y los asistentes corrieron sin entender de inmediato qué ocurría.

Andrea había salido a comer acompañada de Jaime, identificado como su compañero de trabajo. Ambos estaban con otros empleados cuando el hombre que sería la expareja de ella llegó directamente al sitio.

Las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que el agresor habría actuado por motivos vinculados con una relación sentimental previa. Esa línea se abrió porque, de acuerdo con la información inicial, el atacante buscó a Andrea de manera directa antes de abrir fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al sector Abasto acordonaron la zona después del ataque. Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo de Jaime y recabaron indicios balísticos en el lugar.

Andrea murió en el hospital y el agresor sigue prófugo

La respuesta directa al hecho central es esta: Andrea Alonso López y Jaime Paniagua fueron atacados a tiros mientras comían con compañeros de trabajo; él murió sobre la acera y ella falleció más tarde en el hospital. El presunto responsable sería la expareja de Andrea y hasta ahora no ha sido detenido.

Trabajadores que presenciaron las horas posteriores al crimen describieron a Jaime como una persona tranquila y trabajadora. También dijeron que no habían notado conflictos personales que anticiparan una agresión de ese tipo.

“Todos nos vemos diario y solo platicamos cosas del trabajo, nunca preguntamos cosas personales, aquí somos como una familia”, dijo uno de los empleados que permanecía cerca del acordonamiento policiaco.

La agresión ocurrió en una zona de alta actividad comercial, cerca de la Central de Abasto, donde durante el día hay movimiento constante de trabajadores, camiones de carga y clientes. El ataque frente a varios testigos convirtió un espacio de comida y convivencia en una escena bajo resguardo policial.

Familiares de Andrea ayudarían a las autoridades a identificar y ubicar al agresor. Esa colaboración forma parte de las acciones iniciales mientras la fiscalía integra testimonios y revisa la mecánica del ataque.

La investigación se centra en reconstruir cómo llegó el atacante al punto donde estaban las víctimas, cómo escapó después de disparar y cuál era la relación previa con Andrea. Hasta el momento, la autoridad mantiene abierta la búsqueda del hombre señalado como probable responsable.

• El ataque ocurrió a las 15:07 horas en la calle Parían, entre Pochtecas y Tememes, en la alcaldía Iztapalapa.
• Jaime Paniagua, de 48 años, murió en el lugar; Andrea Alonso López, de 34 años, falleció después en el IMSS Troncoso.
• La Fiscalía capitalina investiga el caso como doble homicidio y busca a la expareja de Andrea, señalada como presunto agresor.

Mario Alberto Sabag Corona fue declarado culpable por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, quien murió tras haber sido brutalmente agredida el 18 de marzo de 2019 por quien entonces era su pareja sentimental.

La resolución fue emitida este viernes 22 de mayo por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente, Antonio Cortés Mayorga, quien concluyó que la víctima “fue agredida de manera criminal y dolosa con la intención de causar daño y muerte”.

La decisión judicial marca un avance en un caso que permaneció durante años entre denuncias de impunidad, encubrimiento y retrasos judiciales, mientras la familia de la víctima, encabezada por su hija Austria Pamela Sánchez, emprendía una lucha para lograr justicia.

De acuerdo con el fallo, las pruebas y testimonios presentados durante el juicio permitieron acreditar la responsabilidad de Mario Alberto Sabag en la agresión que derivó en la muerte de Maciel Alejandrina, quien permaneció hospitalizada durante aproximadamente un mes y medio antes de fallecer.

Siete años de lucha y un feminicida prófugo

Durante la audiencia, el Tribunal valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, Juan Mota, así como los argumentos de la representación legal de Austria Pamela, reconocida como víctima indirecta en el proceso.

Según la investigación, Mario Alberto Sabag golpeó violentamente a Maciel Alejandrina y posteriormente le encajó un gancho en la garganta, provocándole lesiones que terminaron por causarle la muerte semanas después.

Las autoridades también acreditaron que el acusado abandonó a la víctima en un hospital y la registró bajo otro nombre para intentar ocultar su identidad y dificultar las investigaciones.

Tras cometer el crimen, Mario Alberto Sabag se dio a la fuga y logró permanecer prófugo durante cuatro años. De acuerdo con las indagatorias, durante ese tiempo recibió apoyo y encubrimiento por parte de sus padres, lo que le permitió evadir a la justicia hasta que finalmente fue capturado en Sinaloa en 2023.

La lucha de Austria Pamela Sánchez se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia para víctimas de feminicidio, luego de insistir durante años en la reapertura y judicialización efectiva del caso.

Protestas por prisión domiciliaria y suspensión de jueza

El caso volvió a tomar relevancia pública el pasado 27 de marzo de 2026, cuando la jueza electa Amarande Riojas Orozco modificó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó a Mario Alberto Sabag el beneficio de prisión domiciliaria.

La decisión provocó una fuerte reacción de colectivos feministas y organizaciones civiles, que realizaron protestas y bloqueos frente al Órgano de Control de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación para exigir la revocación de la medida.

Austria Pamela denunció públicamente que la resolución representaba un riesgo de impunidad y una revictimización para la familia de Maciel.

Tras las manifestaciones y la revisión del caso, Amarande Riojas Orozco fue suspendida de sus funciones como juzgadora por presuntas irregularidades graves relacionadas con su actuación en el proceso.

Pese a ello, la medida cautelar de prisión domiciliaria permanece vigente hasta el momento.

Mario Alberto Sabag Corona deberá comparecer el próximo martes 26 de mayo en la audiencia de individualización de sanciones, donde el Tribunal determinará la condena que deberá cumplir por el delito de feminicidio.

De acuerdo con el Código Penal vigente, la pena por este delito podría alcanzar entre 30 y 60 años de prisión.

Una joven identificada como Cielo Beanjy, de 25 años, fue encontrada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, en un caso que ya es investigado por la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México.

Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Hugo, de 37 años y pareja sentimental de la víctima, quien es señalado como el principal sospechoso de la agresión ocurrida dentro de la vivienda donde ambos habitaban.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el viernes alrededor de las 12:35 horas en el cruce de Oriente 110 y Sur 153, luego de que la madre de la joven solicitara apoyo de las autoridades tras recibir una llamada telefónica en la que se le informó que su hija se encontraba inconsciente.

Según las investigaciones iniciales, fue el propio Hugo quien contactó a la madre de Cielo para avisarle que la joven presuntamente “se había puesto violenta” y posteriormente perdió el conocimiento. Alarmada por la situación, la mujer acudió al inmueble y pidió la intervención de policías capitalinos.

Policías hallaron a la víctima con múltiples lesiones

Al arribar al domicilio, los elementos de la SSC ingresaron con autorización de la madre de la víctima y localizaron a Cielo Beanjy tendida sobre el piso del inmueble.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Además, detectaron que el cuerpo tenía diversos golpes y lesiones visibles, por lo que el caso fue tratado de inmediato como una posible agresión de género.

Los uniformados detuvieron a Hugo en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron ante el Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, la pareja mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente cuatro años y compartían el domicilio donde ocurrieron los hechos.

Fiscalía de Feminicidio abrió carpeta de investigación

Tras la muerte de la joven, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, instancia que se encargará de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Peritos y agentes de investigación realizaron diligencias dentro del inmueble para recabar indicios, testimonios y pruebas que permitan reconstruir lo sucedido durante las horas previas a la muerte de Cielo.

El caso ha generado indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes exigieron que las autoridades investiguen el hecho con perspectiva de género y que no quede impune.

La muerte de Cielo Beanjy se suma a los casos de violencia contra las mujeres registrados en la Ciudad de México y otras entidades del país, donde colectivos y organizaciones civiles han insistido en reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección para víctimas de violencia familiar y de pareja.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la declaración del detenido ni los resultados preliminares de la necropsia que determinará oficialmente la causa de muerte de la joven de 25 años.

Juliana Cely denunció que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella está instrumentaliza el feminicidio de Rosa Elvira Cely, a 14 años del crimen que dio origen a una ley en Colombia y en vísperas de un plantón y una velatón convocados para el sábado en el Parque Nacional de Bogotá, el mismo lugar en el que su madre fue asesinada el 24 de mayo de 2012, según relató a El Espectador.

Juliana afirmó que el Estado le falló por no darle garantías y por no reconocer el impacto que el crimen tuvo sobre ella como víctima indirecta.

También señaló que participó en el proyecto de ley de huérfanos por feminicidio que hoy está recogido en la ley 2530, una norma que, según dijo, contempla garantías mínimas en educación, salud mental y otras necesidades básicas.

La hija de Rosa Elvira respondió de ese modo a una publicación en redes sociales en la que Abelardo de la Espriella escribió: “Aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”.

“No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones. Sabía que el Estado tenía una responsabilidad y de allí se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia, y en especial hablo por mí, con el 10% de la reparación económica total”, dijo Juliana Cely.

Y agregó: “Mi abuelita tuvo que tener comunicación con él y ver que un día llegó llorando porque la revictimizó y la trató mal no se me va a olvidar. Una cosa fue la condena penal del feminicida y otra un proyecto de ley que no fue impulsado por él. La ley Rosa Elvira Cely es del 2015, y para ese momento nosotros ya habíamos cambiado de abogados y no teníamos comunicación con él”.

Juliana resumió su rechazo con una frase directa en su conversación: “Me da asco ver cómo está usando mi historia, la lucha feminista y un proyecto que impactó en la historia de Colombia y de las mujeres para limpiar su imagen en plena campaña. El dolor que he vivido por 14 años no puede ser un instrumento para que alguien logre llegar a la presidencia”.

La conmemoración de este año también está atravesada por el temor, dijo Juliana, después de que en el país buscaran a Yulixa Toloza y en esa búsqueda encontraran a otras dos mujeres desaparecidas.

“Esto me hace replantearme y entender que por eso es que tenemos que seguir luchando. Hay que dar visibilidad a las otras mujeres que el Estado no pudo proteger. Han sido 14 años en los que siento que tengo mucho miedo de ser mujer. Cada feminicidio es más cruel que el anterior”, expresó al medio El Espectador.

Conmemoración del feminicidio de Rosa Elvira Cely

La convocatoria será el sábado 23 de mayo a las 2:30 p. m. en la torre del reloj del Parque Nacional, en Bogotá. Juliana espera que la jornada sirva para recordar a su madre y para visibilizar que, este año, al menos 15 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia.

Dos días antes de que se cumplieran 14 años sin su madre, Juliana se graduó como profesional en Mercadeo y Publicidad en la universidad Ecci.

La ceremonia coincidió con los preparativos de la conmemoración y con una semana en la que, dijo, convivieron la alegría por el título, la tristeza por la ausencia de su madre y el recuerdo de su abuela María Aurora, ya fallecida.

“Creo que la memoria de mi mamá me ha dado la resistencia y la resiliencia. Ella, su memoria y todo lo que pasó con su historia me da fuerza, aunque muchas veces me haya querido rendir, porque la extraño”, dijo Juliana Cely.

El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely, de 35 años, fue atacada sexualmente, golpeada y herida en el Parque Nacional por Javier Velasco Valenzuela, uno de sus compañeros de colegio. Velasco Valenzuela fue condenado a 48 años de cárcel.

El caso conmocionó al país y convirtió a Cely en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. A partir de ese crimen se aprobó la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el delito de feminicidio en Colombia.

Rosa Elvira era madre soltera y había terminado el bachillerato para cumplir su meta de convertirse en psicóloga. Murió pocos días antes de recibir su diploma, y su hija quedó al cuidado de su abuela mientras la batalla judicial permaneció en manos de su hermana Adriana Cely y del resto de la familia.

Juliana tenía 12 años cuando asesinaron a su madre. Con el paso del tiempo, dijo al medio citado, comprendió que la orfandad por feminicidio no era solo la pérdida de una persona, sino una marca que alteró su infancia, sus proyectos y su relación con el Estado.

“Ser huérfano por feminicidio nunca deja de doler. Es algo que impacta toda la vida. Al ser víctima indirecta sentí que en algún momento se me invisibilizó y el Estado nunca preguntó por mí, ni por los niños que quedan huérfanos. Me preguntaba por qué si mi mamá estaba en la ley, el Estado no se preguntó qué pasó conmigo. Con un feminicidio no solo apagan una vida, se rompen sueños, se frustran infancias y juventudes. Por eso, tomé la fuerza no solo para ser profesional, sino para seguir creciendo y visibilizar lo que viví durante tantos años en silencio”, dijo Juliana Cely a El Espectador.

Carmen Becerra enfrenta una nueva disputa judicial después del feminicidio de su hija de 15 años Leyla Monserrat por parte de sus “amigas”, de 13 y 15 años: otra de las personas que, según su testimonio, participó en las agresiones previas contra su hija la denunció, en un caso que vuelve a exhibir la distancia entre las sanciones impuestas a las responsables y la exigencia de justicia de la familia.

La madre de la adolescente asesinada en Sonoyta, Sonora, sostiene que la denuncia en su contra avanzó con rapidez mientras ella esperó semanas para que las autoridades atendieran las alertas relacionadas con la desaparición y el crimen de su hija. Según su relato a Infobae México, policías acudieron a notificarle el recurso legal y le advirtieron sobre sus declaraciones públicas.

El expediente se da en medio de la inconformidad por las sentencias ya dictadas: la menor de 13 años recibió 11 meses de libertad asistida, sin ingreso a un centro de internamiento, mientras su cómplice de 15 años fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento. La reparación del daño quedó fijada en $5,657, una cifra que, de acuerdo con Carmen Becerra, no cubre ni los gastos funerarios, que superaron los $30 mil.

Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años y era originaria del municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora. Carmen Becerra ha dicho que su hija desapareció el 25 de septiembre de 2025 y que su cuerpo fue hallado el 2 de octubre, enterrado en el patio de una vivienda vinculada con una de las adolescentes implicadas.

La denuncia contra la madre reabre el conflicto alrededor del caso

Carmen Becerra dijo a Infobae México que la mujer que la denunció comienza con la letra Y, a quien señaló como la persona que agredió a su hija un día antes del asesinato. La madre sostuvo que esa joven ya es mayor de edad y que el recurso legal en su contra se presentó bajo el señalamiento de presuntas amenazas.

“Ella fue la que me demandó, que porque según yo la ando amenazando de muerte, pero ni siquiera he estado aquí. Pues le digo: ‘¿En qué momento?’”, relató Carmen Becerra a este medio. También describió que la medida habría incluido restricciones de acercamiento: “Dice que yo no me puedo acercar. Le dije: ‘Si ni siquiera me he acercado a ella, ¿qué voy a acercarme a ella?’”.

Detalló que fue ella quien un dpía antes del asesinato de su hija la acompañó a su casa y convivió con ella, incluso que le sacó una fotografía que le mandó a las jóvenes que la asfixiaron para burlarse del tono de su piel.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia le abrió un nuevo frente legal cuando todavía busca revertir la sentencia dictada contra las menores. Carmen Becerra explicó a Infobae México que su abogado esperaba conocer si habría careos, presentación de pruebas u otras diligencias derivadas del procedimiento.

“Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.

La madre también afirmó que esta nueva controversia le afectó en su agenda y en sus actividades de protesta. Según el texto fuente, esa situación incluso le impidió viajar a la Ciudad de México para participar en una marcha el pasado 10 de mayo.

Carmen Becerra acusa que Y. hostigó a Leyla antes del crimen

En la entrevista con Infobae México, Carmen Becerra describió la implicación de esta joven mayor de edad en hechos previos al feminicidio. Según su versión, la joven acudió a su casa un día antes de que asesinaran a Leyla, llevó consigo a la menor de 15 años sentenciada y ambas entraron al patio.

“Fue a la casa, llevó a la de quince años y se metieron al patio de mi casa, quemaron llantas y todo”, dijo Carmen Becerra. Añadió que, pese a esos señalamientos, “a esa no le hicieron nada”.

La madre de Leyla afirmó además que Yamileth se burló del color de piel de su hija y que incluso la fotografió sin consentimiento para compartir la imagen. “Le tomó una foto a mi hija cuando iba a la tienda y se la mandó a la de quince años, burlándose del color de piel de mi hija”, declaró Carmen Becerra a Infobae México.

Ese señalamiento forma parte de la secuencia de agresiones que, según la madre, antecedieron al asesinato. Carmen Becerra sostuvo que expuso esos antecedentes ante el Ministerio Público, pero aseguró que la autoridad no procedió pese a la información que ella entregó sobre amenazas, hostigamiento y la cercanía de las personas implicadas.

La menor de 13 años sacó a Leyla con engaños

Uno de los puntos centrales del caso, según el testimonio de Carmen Becerra, es la participación de la menor de 13 años ya sentenciada. La madre afirmó que esa adolescente fue quien convenció a Leyla de salir de su casa con el argumento de que le tenían una sorpresa.

“Ella la sacó de la casa con mentiras”, dijo Carmen Becerra a Infobae México al referirse a la menor de 13 años. Luego detalló: “Fue y la metió a la casa de la de quince años. Allí entre las dos acabaron con la vida de mi hija”.

La descripción de la madre coincide con la versión incluida en el texto fuente: horas después de sacar a Leyla de su casa, la víctima fue inmovilizada, asfixiada y enterrada en el patio de una vivienda. Carmen Becerra insistió en que la conducta posterior de las adolescentes muestra frialdad frente al crimen.

“Yo duré seis días para poder encontrar a mi hija y ellas como si no hubieran hecho nada”, expresó Carmen Becerra a Infobae México. Sobre la adolescente de 15 años, agregó: “Hasta dormía en su casa sabiendo que mi hija estaba enterrada ahí”.

La madre también cuestionó el tratamiento judicial de la menor de 13 años. “La de trece años, según que víctima, pero esa joven va a salir muy pronto y ya sabe matar, qué se espera de una joven así”, dijo a Infobae México, en rechazo a cualquier intento de minimizar su responsabilidad en los hechos.

La madre de la menor de 13 años también habría tenido conocimiento, según el testimonio

Carmen Becerra sostuvo que la madre de la menor de 13 años también tuvo información sobre lo ocurrido antes y después del feminicidio. En la entrevista con Infobae México, la identificó como Karina y dijo que, a su juicio, debió ser investigada por lo que sabía desde un principio.

“Estoy segura que Karina sí. ¿Por qué? Porque ella fue y recogió a su hija ese día y ella sí supo desde un principio lo que su hija le hizo a la mía, pero prefirió callarse”, declaró Carmen Becerra a Infobae México. La madre de Leyla añadió que, para ella, guardar silencio frente a esos hechos equivale a encubrir.

“Al momento que tú sabes lo que hizo tu hijo y prefieres quedarte callado, te convierte prácticamente en cómplice”, afirmó Carmen Becerra a Infobae México. También sostuvo que las autoridades no han querido proceder contra esa mujer.

El caso volvió a provocar discusión sobre el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, porque la familia de la víctima impulsa amparos para revocar la sentencia abreviada firmada el 23 de febrero de 2026. Carmen Becerra explicó a Infobae México que aceptaron ese procedimiento bajo presión, porque les dijeron que, si no firmaban, las responsables prácticamente saldrían libres.

“Sacaron un abreviado y que si no firmábamos, las chamacas prácticamente salían libres. Fue la presión que ellos usaron”, relató Carmen Becerra a Infobae México. La madre dijo que ahora espera que esos recursos permitan revisar tanto las condenas como la actuación de las personas adultas que, según su versión, conocieron el contexto previo y posterior al feminicidio.

Según el portal Ambas Manos, el cuerpo de Blanca Adriana fue localizado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, en territorio tlaxcalteca.

Infobae México consultó a funcionarios de la Fiscalía de Tlaxcala, quienes confirmaron el hallazgo. De acuerdo con la dependencia, policías municipales identificaron el cadáver en un tramo carretero de Altzayanca.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos al anfiteatro para practicar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

La dependencia informó que dará a conocer los resultados de la causa de muerte e identidad de la víctima a través de sus cuentas oficiales.

La Fiscalía de Puebla informó que colabora de manera coordinada en la investigación y permanece a la espera del resultado de la necropsia.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que fue localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”, indicó la dependencia en un comunicado.

Así operaba la clínica donde desapareció Blanca Adriana

Blanca Adriana Vázquez desapareció desde el pasado 18 de mayo, cuando acudió junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”, ubicado sobre la calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana. Según las investigaciones, el establecimiento operaba con procedimientos invasivos pese a que su responsable, Diana Alejandra Palafox Romero, no cuenta con cédula profesional registrada.

Las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla avanzaron tras el análisis de cámaras de seguridad. Las grabaciones muestran a personal del consultorio subiendo un bulto voluminoso a un Mini Cooper rojo, vehículo posteriormente localizado en un inmueble relacionado con Carlos Quezada Palafox, hijo de la supuesta doctora.

La familia de Blanca Adriana acusó directamente a Diana Palafox de engañar al esposo de la víctima para sacarlo del lugar durante el procedimiento. Minutos después, el consultorio quedó vacío.

Adrián, hijo de Blanca Adriana, declaró a Radio Fórmula que su madre solo acudiría a una valoración médica. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, afirmó.

En videos promocionales recuperados antes de que las cuentas fueran eliminadas, Diana Palafox defendía los procedimientos estéticos realizados en el lugar. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente… menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, aseguraba.

La Fiscalía de Puebla confirmó cateos tanto en el consultorio de Zavaleta como en una vivienda del fraccionamiento El Pilar, en San Andrés Cholula. Ahí localizaron el automóvil utilizado presuntamente para trasladar a la víctima.

Mientras tanto, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y la recepcionista del establecimiento permanecen prófugos. Las fiscalías de Puebla y Tlaxcala mantienen operativos conjuntos para capturarlos y esclarecer el caso que comenzó como una supuesta cirugía estética y terminó con el hallazgo del cuerpo abandonado en una zanja.

El caso de Rosa Elvira Cely, asesinada en mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, volvió al debate público después de que Abelardo de la Espriella se atribuyera en redes sociales un papel central en la defensa del caso y en el impulso de leyes contra la violencia de género.

En una entrevista con El País, Adriana Cely, hermana de la víctima, sostuvo que el abogado y candidato presidencial “nunca participó en la redacción ni en el impulso legislativo” de la Ley Rosa Elvira Cely, y relató episodios de maltrato y desacuerdos contractuales posteriores al juicio, según reconstruyó el medio español.

De la Espriella, hoy candidato presidencial, publicó en X: “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”.

De acuerdo con el medio español, la familia Cely y algunas de las principales impulsoras del proyecto en el Congreso cuestionaron la veracidad de esas afirmaciones. En esa reconstrucción periodística, Adriana Cely aseguró: “Él sí nos trató mal. Y si tan feminista es, ¿por qué nos trató así?”, al referirse al trato del abogado hacia su familia tras el crimen.

Según el relato recogido por El País, en los meses siguientes al crimen varios abogados ofrecieron sus servicios, hasta que De la Espriella formalizó su participación en el proceso penal.

En el fallo, Adriana Cely planteó que la jueza reprochó que la acusación no invocara el agravante de la Ley 1257 de 2008, que contemplaba el asesinato de una mujer por razón de género, como base de su crítica: “Si de verdad tenía un enfoque de género, ¿por qué nunca utilizó el agravante del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer?”.

Denuncias de maltrato y desacuerdos contractuales

Las diferencias entre el relato público del abogado y la versión de la familia se extendieron al vínculo personal. En declaraciones citadas por el medio de comunicación que abordó la situación, Adriana Cely describió un trato que consideró irrespetuoso hacia su madre: “Él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”.

Tras la etapa penal, la familia evaluó la posibilidad de presentar una demanda contra el Estado por presuntas omisiones en el proceso. Adriana Cely afirmó que De la Espriella le propuso un contrato con condiciones que consideró abusivas, entre ellas impedir que se mostrara el documento a medios y exigir que el dinero de una reparación destinada a la sobrina de la víctima se depositara en una cuenta del abogado.

Finalizada la causa penal, surgieron nuevos desacuerdos ante la posible demanda al Estado por omisiones en el proceso. Cely relató a El País que De la Espriella le propuso un contrato con condiciones que consideró abusivas, como la imposibilidad de mostrarlo a medios y la obligación de depositar a su cuenta el dinero de la reparación dirigida a la sobrina de la víctima.

Tras consultar con otra abogada, de acuerdo con lo expresado al medio español, rechazó firmar. El desenlace fue abrupto: el candidato presidencial, molesto por la postergación y sabiendo que Adriana estaba recién operada, cortó vínculos y dejó el expediente en la portería de su edificio.

Temor de represalias y denuncia pública

Con la difusión de estos hechos, Cely reconoció ante el medio de comunicación español que tomó la decisión de hablar pese al temor de posibles represalias. “En este momento, me da terror pensar que por hablar pueda pasarme algo a mí o a mi familia, y lo hago responsable de cualquier cosa que nos llegase a pasar”, concluyó.

El 4 de diciembre de 2016, en Bogotá, Yuliana Samboní, una niña de siete años, fue agredida sexualmente y asesinada por Rafael Uribe Noguera. El sujeto fue condenado a 58 años de cárcel por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado.

Juvencio Samboní, padre de la menor, se pronunció luego de casi 10 años del crimen en el pódcast Más allá del silencio, dirigido por Rafael Poveda. En la entrevista, expresó su dolor por los hechos de violencia que sufrió la niña, recordando que, de estar con vida, estaría próxima a culminar sus estudios de bachillerato, como lo están haciendo sus compañeras de colegio.

“Este año ya se graduaría del colegio, porque sobrina, la compañera de ella y las amigas de ella que comenzaron el estudio junto, ya este año se gradúan de 11 en este diciembre, si Dios quiere. Ella ya habrá cumplido los 15 años (...), pero lastimosamente no la podemos tener presente”, explicó.

Según detalló, Yuliana tenía pensado un futuro próspero, en el que se formaría como enfermera, aunque también pensaba en estar en el mundo del modelaje, algo que ensayó la noche antes de ser agredida sexualmente y asesinada por Noguera.

“En la foto que quedó en todos los medios, que ella está con una corona (...), ella ensayó eso. En la foto que quedó con la corona, estaba ahí en la cama ensayando eso”, detalló.

Desde entonces, la familia vive con el dolor de su pérdida, pero también con el miedo de que alguno de sus otros hijos pase por una situación similar.

El papá de la víctima recuerda con detalle lo que pasó ese 4 de diciembre de 2016 en el que su hija fue asesinada. Según contó, Yuliana estaba jugando en el segundo piso de una vivienda, cuando Rafael Uribe Noguera llegó al sitio en una camioneta, preguntó por una dirección y llamó a la menor: “Dijo: ‘Venga, niña’”; ella bajó y el agresor se la llevó a la fuerza.

Según explicó el padre de la niña, tiene dudas sobre si en el crimen participó otra persona, porque el sobrino de Yuliana se encontraba con ella y, al parecer, fue empujado por alguien. Además, cree que a la menor le taparon la boca para evitar que sus gritos se escucharan y los familiares se alertaran.

“Seguro, ahí la entra para el carro, la jala y la entra seguro a la fuerza. Por eso, ahí también me he quedado como con una de si él fue solo o fue alguien, algún otro que le ayudó, no sé, porque el niño dizque a él lo alcanzó a empujar con la mano para un lado y él cayó así a sus pies. Y a Yuliana la oyó gritar y seguro, no sé, se le tapó la boca, porque ella gritaba duro”, contó.

El sobrino, que también tenía siete años, entró a la vivienda para advertir a todos lo que había pasado. Dijo que se habían llevado a Yulinana, pero, debido al nivel de conmoción en el que estaba, no pudo decir con claridad las características de la camioneta en la que habían subido a la víctima.

“De pronto la hubiéramos alcanzado a recuperar así con vida, porque él decía que era una camioneta blanca, otra vez que era una camioneta gris y que era así de las cuatro ruedas que tienen como platón atrás. Y entonces no hallábamos qué carro parar”, explicó Juvencio Samboní en el pódcast.

Ante lo sucedido, se comunicaron con las autoridades e iniciaron las labores de búsqueda, mientras la familia también hacía lo propio, recorriendo el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron que habían encontrado muerta a la menor. “Tocó andar así en las vueltas para ir a hacer el reconocimiento y esperar, pues así que hicieran la autopsia y todo eso”, dijo.

En su momento, la Fiscalía investigó por complicidad a Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos del asesino de la menor, pero fueron absueltos.

Este martes 19 de mayo, las lágrimas corrieron por el mismo pavimento donde la mañana del pasado domingo la vida de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, fue truncada de golpe.

En la casa materna, justo al lado de la vivienda que se convirtió en escena del crimen, familiares, amigos y vecinos velan sus restos en medio de un dolor que se propaga por toda la comunidad de Santo Domingo Este.

Entre el llanto inconsolable de los presentes, los adjetivos para describir a Indhira se repiten como un eco de justicia: trabajadora, tranquila, una madre completamente dedicada a sus dos hijas menores de edad. Hoy, esas dos niñas se asoman a un futuro de orfandad, cobijadas por una familia que intenta asimilar una traición que no vieron venir.

“Tanto que uno quería a ese hombre y nos traicionó”, repetían algunos parientes mientras observaban el ataúd descender a la fría tierra del cementerio Cristo Salvador, en San Luis.

El rostro de la traición tiene nombre: Camilo Rodríguez, de 52 años, su expareja. A pesar de estar separados, mantenían un trato aparentemente cordial.

Sin embargo, los informes preliminares revelan que esa cordialidad se disolvió bajo la furia de un arma blanca.

Tras el ataque, Rodríguez huyó hacia el sector Riviera del Caribe, donde la Policía Nacional lo apresó horas más tarde.

Mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva en la Oficina de Atención Permanente, el barrio se queda con las preguntas sin respuesta y un luto difícil de digerir.

El trágico espejo de Esmeralda

La tragedia de Indhira Carolina no es un hecho aislado; es el síntoma de un sistema que parece resquebrajarse ante los gritos de auxilio de las mujeres dominicanas. Apenas unos días antes, la indignación colectiva ya había alcanzado su punto más álgido con el brutal asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, en el sector Alma Rosa, también en Santo Domingo Este.

Tanto la bala que mató a Esmeralda y el puñal que terminó con Indhira provienen de la misma raíz: la alarmante desprotección de las víctimas. De acuerdo con datos recientes de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en lo que va del año 2026, las cifras de violencia intrafamiliar y de género evidencian una crisis profunda en la sociedad dominicana:

• Aumento alarmante: Los feminicidios íntimos se incrementaron en un 36.4 % en lo que va de año, en comparación con el mismo período del año anterior.
• El balance mortal: Hasta el 17 de mayo de 2026 se registraron 30 feminicidios íntimos en el país, superando los 22 casos reportados en el mismo lapso de 2025 (ocho muertes más).
• Falla en la prevención: Solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores. Esto evidencia que el 87 % de las mujeres asesinadas no acudió al sistema o quedó desprotegido antes de que las autoridades pudieran intervenir.

Ante la magnitud de esta emergencia social, el Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, evalúa de urgencia nuevas estrategias y vías de protección para frenar la ola de violencia machista.

Mientras las estadísticas siguen sumando dígitos, en Las Toronjas y Alma Rosa las familias entierran a sus muertas. La sociedad dominicana clama por algo más que expedientes mal redactados o promesas de prisión preventiva; exige un Estado que actúe antes de que el agresor levante el arma.

Una madre y su hija fueron privadas de la libertad por un grupo armado y posteriormente asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz, en un nuevo hecho de violencia que ha generado temor entre los habitantes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, y Ana Lilia González Mateos, de 42, quienes de acuerdo con reportes policiacos eran comerciantes y residentes de ese municipio conurbado con Minatitlán.

Según la información preliminar, ambas mujeres habrían sido privadas de la libertad durante la tarde del domingo 17 de mayo presuntamente por hombres armados. Horas después, durante los primeros minutos delm lunes, sus cuerpos fueron abandonados sobre una calle del Barrio Cuarto de Cosoleacaque.

De acuerdo con el parte oficial, las víctimas fueron arrojadas desde una camioneta en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Vicente Guerrero y la carretera Transístmica, a la altura del segundo puente peatonal.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cuerpos sobre la vialidad.

Presentaban impactos de bala y huellas de violencia

Elementos de seguridad que acudieron al sitio confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego, además de visibles huellas de tortura y violencia física.

La escena fue acordonada por corporaciones policiacas mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, autoridades informaron que la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas era una Toyota con placas XY-8628-B del estado de Veracruz, propiedad de Ana Lilia González Mateos.

Según versiones recabadas en la zona, el vehículo fue abandonado en el mismo lugar donde otros sujetos esperaban para facilitar la huida de los agresores, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Habitantes exigen mayor seguridad en el sur de Veracruz

El doble homicidio provocó preocupación entre habitantes de Cosoleacaque, quienes denunciaron el incremento de hechos violentos en la región sur de Veracruz, particularmente en municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Tras el hallazgo de las dos mujeres asesinadas, vecinos de la colonia señalaron sentir temor ante la presencia constante de grupos armados y exigieron a las autoridades estatales y federales reforzar la seguridad en la zona.

Algunos habitantes indicaron que durante los últimos meses han aumentado las ejecuciones, desapariciones y ataques armados, situación que mantiene a la población en un clima permanente de incertidumbre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado sobre personas detenidas ni sobre alguna línea de investigación específica relacionada con el crimen.

El caso se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en el sur del estado, una región golpeada por la disputa entre grupos criminales y los delitos de alto impacto.

El viernes 15 de mayo, las manecillas del reloj marcaban aproximadamente las 2:00 de la tarde cuando el silencio habitual de un apartamento en el populoso sector 24 de Abril, en el Distrito Nacional, se rompió de forma definitiva.

En el interior de la vivienda fue hallado el cuerpo sin vida de Jhorgely Reynoso Montero, una joven de apenas 25 años cuya existencia se apagó de manera abrupta, dejando tras de sí un denso manto de interrogantes que las autoridades intentan descifrar con precisión quirúrgica.

La noticia corrió con la rapidez de la pólvora por las calles del barrio. En los primeros instantes, la confusión se apoderó del entorno. De boca en boca circuló con fuerza una versión inicial que sugería que la joven se había quitado la vida mediante envenenamiento, un rumor alimentado por la supuesta existencia de una carta de despedida que habría sido enviada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Para muchos, aquella explicación parecía cerrar de forma rápida el doloroso suceso, presentándolo como una tragedia íntima y solitaria. Sin embargo, en el ámbito de la investigación criminal, las primeras impresiones suelen ser espejismos, y el caso de Jhorgely no tardaría en demostrarlo.

Desde el momento del hallazgo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo la vocería del coronel Diego Pesqueira, adoptaron una postura de estricta prudencia. Agentes policiales acordonaron la escena e iniciaron de inmediato las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias reales del deceso.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense con el objetivo prioritario de practicarle la autopsia de ley. Pesqueira fue enfático desde sus primeras declaraciones ante la prensa: hasta ese momento, la institución no dispone de datos concluyentes sobre la presencia de signos evidentes de violencia física, por lo que resultaba imperativo esperar los resultados forenses oficiales y definitivos antes de emitir cualquier dictamen.

No obstante, de acuerdo con algunos medios dominicanos enfatizan que el certificado preliminar del médico legista introdujo un giro radical en la narrativa del caso, al señalar de manera inicial que la causa del fallecimiento fue una anoxia cerebral (falta de oxígeno en los tejidos del cerebro) provocada presuntamente por compresión en la estructura del cuello.

Este hallazgo preliminar, si bien técnico, enciende las alarmas de los investigadores y de los familiares de la fallecida. La anoxia cerebral, es la falta casi total de oxígeno en el cerebro, asociada a una compresión en la zona del cuello, apartaba de forma inmediata los reflectores de la hipótesis del envenenamiento que había circulado en las redes y corrillos vecinales.

Entre sospechas familiares y el rigor de la presunción de inocencia

Los expertos en criminalística recuerdan que este tipo de hallazgos médicos preliminares requieren una confirmación histopatológica y un análisis macroscópico detallado por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar con certeza jurídica el mecanismo y la etiología médica de la muerte, por lo que las conclusiones oficiales siguen pendientes.

En medio del torbellino de informaciones, las miradas de los allegados se dirigieron hacia Christopher Benjamín Ramírez, quien fuera la pareja sentimental de Jhorgely durante aproximadamente siete años de una relación en la que no procrearon hijos.

Los padres de la víctima, Yrena Montero y Juan Reynoso de los Santos, residentes en el sector El Libertador de Los Alcarrizos, expresaron públicamente sus sospechas basándose en supuestas amenazas previas que, según afirmaron, el hombre habría hecho contra la joven en diversas ocasiones.

Del mismo modo, los tíos de la fallecida, Thema y Thomas Montero, alzaron su voz exigiendo que las autoridades profundicen las indagatorias y apliquen todo el peso de la ley contra quien resulte responsable, siempre y cuando se compruebe de forma irrefutable su culpabilidad en los tribunales.

Actualmente, Christopher se encuentra bajo custodia policial, detenido para fines de investigación por el Ministerio Público junto a otras personas del entorno de la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de Sergio N, identificado como el presunto responsable del feminicidio de Araceli, una joven asesinada en la playa Aragón, en el municipio de Santa María Tonameca, en la región de la Costa.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el crimen ocurrió durante las primeras horas del pasado 10 de mayo en la zona de Arroyo Tres. La Fiscalía señaló que la víctima se encontraba con el ahora detenido, quien habría atacado a la joven con un objeto punzocortante.

La carpeta de investigación establece que Araceli sufrió múltiples lesiones en el pecho que le provocaron la muerte en el lugar. Después de la agresión, el presunto responsable escapó y dejó el cuerpo abandonado sobre la arena.

Las autoridades detallaron que la víctima mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente cuatro años con Sergio N, aunque las indagatorias apuntan a que el caso estaría relacionado con violencia de género.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa inició las diligencias correspondientes en la playa Aragón. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos realizaron la inspección de la escena y recabaron indicios biológicos y materiales bajo cadena de custodia.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley, mientras familiares realizaron la identificación legal de la víctima.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales entrevistaron a personas cercanas a Araceli y desarrollaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto agresor. Con los datos obtenidos, un juez de control con sede en Tanivet emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal 206/2026 por el delito de feminicidio agravado.

La captura se concretó durante un operativo llevado a cabo por elementos ministeriales en Santa María Tonameca. La FGEO informó que el imputado fue localizado sobre la calle Revolución, frente a la iglesia de la Asunción, donde los agentes ejecutaron la orden judicial.

Después de su detención, Sergio N fue trasladado ante el Ministerio Público adscrito al área de delitos contra la mujer por razón de género en San Pedro Pochutla, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El caso generó atención en la región de la Costa de Oaxaca debido a la violencia con la que ocurrió el crimen y a la búsqueda desplegada por autoridades estatales para localizar al presunto responsable tras permanecer varios días prófugo.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio y feminicidio de una pareja ocurrido en el municipio de Elota, Sinaloa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos fueron identificados como Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez de control de la Región Sur, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía estatal, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando un hombre y una mujer acudieron a un punto acordado en Elota para concretar la supuesta entrega de un refrigerador.

Según la relatoría oficial, ambas personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por varios sujetos una vez que llegaron al sitio pactado.

La primera víctima fue localizada sin vida un día después. El cuerpo del hombre fue hallado el 1 de mayo en el río Elota, mientras que la mujer fue encontrada sin vida el 6 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la autopista Mazatlán-Culiacán.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que las investigaciones permitieron identificar y detener a los tres presuntos implicados en el caso, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio y feminicidio.

Tras su captura, los señalados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales y posteriormente fueron trasladados ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.

Será esa autoridad judicial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por estos hechos.

Fiscalía mantuvo abiertas las investigaciones tras localización de las víctimas

La dependencia estatal no detalló si existen más personas involucradas en el crimen ni precisó el móvil del ataque, aunque confirmó que las indagatorias permanecen abiertas.

El caso ocurrió en medio de diversos hechos violentos registrados en Sinaloa durante las últimas semanas, principalmente en municipios del sur y centro del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni si existía algún vínculo previo entre ellas y los detenidos.

El principal sospechoso del feminicidio de la cosmiatra Yajaira Sígueñas fue capturado en Argentina tras semanas prófugo. Luis André Flores Julca, de 33 años, fue localizado por las autoridades en la provincia de Santa Fe luego de que un ciudadano aportara información clave sobre su paradero. La detención se da tras una extensa búsqueda internacional abierta luego del crimen que conmocionó al distrito limeño de Surquillo.

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, junto a la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima, ejecutó el operativo en virtud de una orden de detención internacional emitida el 19 de abril. Flores Julca fue interceptado cuando circulaba en bicicleta por la ciudad de Corona. Actualmente, permanece bajo custodia de la justicia argentina, mientras se tramita su extradición a Perú para ser juzgado por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

La fuga de Flores Julca dejó rastros en ambos países. Fotografías tomadas en Buenos Aires y mensajes enviados a contactos en Perú confirmaron que el acusado había logrado salir del país poco después del ataque a su expareja. Movimientos bancarios y la compra de un teléfono móvil en Argentina formaron parte del seguimiento realizado por las autoridades, que finalmente permitieron su captura tras la alerta ciudadana.

Presunto feminicida de cosmiatra fue detenido tras permanecer prófugo

Luis André Flores Julca fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior una semana antes de su detención, con una recompensa de S/50.000 ofrecida por su paradero. La colaboración de un ciudadano argentino, que aportó datos concretos, resultó fundamental para que las fuerzas de seguridad de ambos países coordinaran el operativo. La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, en conjunto con la Interpol Lima, confirmó la ubicación de Flores Julca en la ciudad de Corona.

El arresto se produjo mientras el acusado se desplazaba en bicicleta, intentando pasar desapercibido. Las autoridades argentinas actuaron en cumplimiento de la orden internacional de detención y pusieron a Flores Julca bajo custodia. En estos momentos, se coordina su extradición a Perú, donde enfrenta cargos formales por feminicidio.

“En este momento, el sujeto se encuentra en manos de la justicia argentina, y se está coordinando el proceso de extradición para ponerlo a disposición de nuestras autoridades, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que ha requerido su detención preliminar”, precisó el Ministerio del Interior.

Sospechoso envió mensajes desde Argentina un día después del crimen

Flores Julca logró salir de Perú después del ataque, sin dejar registro migratorio oficial. Una fotografía tomada en una cervecería de la avenida Juan de Garay, en Buenos Aires, lo mostró relajado junto a un grupo de amigos pese a la gravedad del delito que se le imputa. Testigos indicaron que fue visto en la galería comercial Abasto Center, donde anteriormente había instalado un local de tatuajes.

La investigación reveló que el sospechoso envió mensajes a conocidos en Perú apenas un día después del ataque, confirmando su presencia en Argentina y solicitando ayuda para adquirir un chip telefónico local. Las autoridades detectaron también movimientos bancarios y la adquisición de un teléfono celular y pesos argentinos utilizando recursos de la víctima. El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, reconoció que la falta de registros migratorios dificultó el rastreo inmediato, pero la coordinación con Interpol y la policía argentina permitió finalmente su captura.

Joven cosmiatra fue atacada por su pareja dentro de su vivienda en Surquillo

El 11 de abril, Yajaira Yanet Sígueñas Urbano fue hallada en su vivienda de Surquillo con graves quemaduras y heridas punzocortantes. De acuerdo con la investigación policial y fiscal, Flores Julca habría forzado la cerradura, ingresado a la habitación, apuñalado a su expareja y luego prendido fuego. Las cámaras de seguridad registraron su entrada y posterior salida del edificio con una maleta y objetos personales de la víctima.

La joven cosmiatra, de 32 años, sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo, daño pulmonar severo y lesiones cerebrales, falleciendo tres semanas después en un hospital local. La familia responsabilizó inmediatamente a Flores Julca, quien tenía antecedentes de violencia y de no aceptar la separación. El Ministerio Público dispuso la orden de detención preliminar y formalizó la investigación por feminicidio.

El caso provocó indignación en la sociedad peruana y reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2025 se registraron más de 130 casos de feminicidio y más de 6.000 denuncias por tentativa de feminicidio en el país. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia y la cooperación ciudadana como herramientas clave para combatir estos delitos.

El pasado martes 12 de mayo se registró un fuerte accidente en el que un automóvil Chevy de color guinda se estrelló contra un poste sobre Paseo Tollocan, en Toluca, capital del Estado de México (Edomex).

Sin embargo, lo que parecía un simple accidente, se convirtió en un caso que investigan las autoridades de la entidad, debido a que al llegar para verificar lo que había ocurrido, notaron que no había ninguna persona dentro del automóvil a quien pudieran auxiliar, y al inspeccionar a fondo el coche, encontraron el cuerpo de una mujer con marcas de violencia, por lo que se investiga si se trata de un caso de feminicidio.

En un principio, la mujer no fue identificada, sin embargo, de acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, por medio de sus redes sociales, ya se logró saber de quién se trata.

Según el periodista, la mujer fue identificada como Wuendy Saraí Pavón, una joven de 32 años de edad que fue reportada como desaparecida en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información del reportero, la familia de la mujer denunció, hace unos días, que había salido de su hogar, sin embargo, no volvió a su casa.

Identifican a presunto responsable

También Carlos Jiménez compartió una imagen del rostro del presunto responsable, así como información para identificarlo. Según el periodista de nota roja, en una publicación de su cuenta de la red social X, se trata de Mario Hernández Vega, un presunto ex reo, quien, señala, es acusado de desaparecer, asesinar y abandonar el cuerpo de Wuendy Sarai Pavón Torres tras chocar el automóvil en el que llevaba su cadáver, en Toluca, capital del Estado de México.

Además, el periodista también compartió la ficha de búsqueda de la joven. Según lainformación de dicha ficha, la joven fue vista por última vez el pasado 11 de mayo en la colonia Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX).

Además, se detalla, al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, una blusa negra sin mangas, y una chamarra negra de vinipiel, así como tenis negros.

Como señas particulares, se menciona que la joven tiene un tatuaje en la mano derecha, en la parte de la muñeca, en forma de corazón, en el dedo medio también se señala que cuenta con un tatuaje en forma de anillo y una perforación en la nariz del lado derecho.

José C., ciudadano salvadoreño de 43 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado tras ser extraditado desde El Salvador a Estados Unidos, donde se investiga su presunta responsabilidad en la muerte de su esposa, Eullaia Castellón, ocurrida en octubre de 2023 en el condado de Palm Beach, Florida, según FOX WFLX 29.

La investigación, realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, citada por el mencionado medio, comenzó el 22 de octubre de 2023, cuando familiares reportaron la desaparición de la pareja. La última vez que se vio con vida a Eullaia Castellón, de 32 años, fue la noche del 20 de octubre, en su vivienda de Lake Worth Beach. A la mañana siguiente, testigos declararon que José C. llevó desayuno a la casa y se retiró poco después, sin regresar.

Ese mismo día, el hombre habría abandonado Estados Unidos. Registros del Aeropuerto Internacional de Miami documentan que José C. adquirió un boleto de estacionamiento a las 10:06 y tomó un vuelo hacia El Salvador a las 14:10, de acuerdo con los datos recogidos por FOX WFLX 29. Paralelamente, el cuerpo de la víctima fue hallado el 22 de octubre en una furgoneta azul, oculta bajo cajas y estacionada en la estación de tren ligero Tri-Rail de Lake Worth. La autopsia reveló que los restos ya mostraban un avanzado estado de descomposición.

Las autoridades estadounidenses dieron rápidamente con la furgoneta Ford blanca del sospechoso en el estacionamiento del aeropuerto, mientras que grabaciones de seguridad captaron el momento en que un hombre, abandonaba la camioneta azul en la estación ferroviaria. La policía encontró pruebas adicionales, como la llave de la furgoneta en el vehículo del hombre y el bolso de la víctima bajo el asiento.

El contexto detrás del crimen

Durante la investigación, familiares y amigos de Eullaia Castellón informaron a los detectives sobre un patrón de violencia física, emocional y psicológica sostenido por parte de su marido. Testimonios recogidos en la declaración jurada refieren que la víctima manifestó a su entorno estar “exasperada” por los episodios de abuso. Una semana antes del crimen, agentes respondieron a una disputa doméstica en la residencia de la pareja. Si bien la mujer solicitó que su esposo fuera escoltado fuera de la vivienda, no se presentaron cargos en ese momento.

Según documentó FOX WFLX 29, testigos relataron a la policía que José C. había advertido a su esposa: “Te voy a matar y regresaré a El Salvador”. Esta amenaza resuena ahora en el proceso judicial, al haberse materializado la huida del acusado a su país de origen tras el hallazgo del cuerpo.

La detención de José C. se concretó en El Salvador a finales de abril de 2024, donde permanecía desde su fuga. Posteriormente, fue extraditado a territorio estadounidense el 13 de mayo de 2026, en un procedimiento coordinado por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), que indicó que el delito atribuido al acusado, según la legislación salvadoreña, es equivalente a feminicidio agravado.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador autorizó la extradición y asignó al Juzgado Sexto de Paz de San Salvador la gestión del proceso, con el objetivo de garantizar “el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres”, según informaron fuentes oficiales.

Antes de la extradición, la FGR verificó que el imputado no tuviera causas pendientes en la justicia salvadoreña. Ya en Florida, José C. comparecerá por primera vez ante el Tribunal del Condado de Palm Beach y permanece detenido sin derecho a fianza, señalaron medios locales.

En el Perú, la violencia contra la mujer por razones de género es una crisis persistente. Más de 2 mil mujeres han sido asesinadas desde 2009, de acuerdo con información reportada por el Ministerio Público. A ello se suman 38 casos registrados en lo que va de 2026, según Amnistía Internacional. Pese a ello, la congresista Milagros Jáuregui, del partido Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N° 10342/2024-CR, que propone eliminar del Código Penal el delito de feminicidio (artículo 108-B) y reemplazarlo por la figura de “asesinato de la pareja”.

El feminicidio fue incorporado al ordenamiento penal peruano en 2013 como respuesta a una forma específica de violencia ejercida contra las mujeres en contextos de discriminación de género. En esa línea, el artículo 108-B del Código Penal sanciona el asesinato de una mujer “por su condición de tal” cuando el hecho ocurre en escenarios de violencia familiar, hostigamiento, abuso de poder o discriminación.

Cabe resaltar que el término “por su condición de tal” no hace referencia a una realidad meramente biológica ni supone que las mujeres sean asesinadas únicamente por el hecho de haber nacido mujeres. Tampoco equivale automáticamente a misoginia. En realidad, alude a contextos en los que la violencia se produce como manifestación de dinámicas estructurales de subordinación y de imposición de estereotipos de género que históricamente han colocado a las mujeres en una posición de desigualdad.

Por ello, la autonomía de este tipo penal encuentra fundamento, precisamente, en el reconocimiento de que determinadas formas de violencia contra las mujeres no pueden analizarse prescindiendo de los contextos de discriminación.

Según el registro oficial del Ministerio Público, entre 2009 y enero de 2025, el 78% de las víctimas de feminicidio fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Sin embargo, ello no significa que la violencia feminicida se limite únicamente a relaciones sentimentales. Existen casos en los que las mujeres son asesinadas en contextos de violencia de género por familiares, conocidos, amigos, o personas de su entorno cercano. Reducir el feminicidio a la categoría de “asesinato de la pareja” implica desconocer precisamente la diversidad de contextos en los que esta forma de violencia se manifiesta.

Por esta razón, la propuesta de Jáuregui descansa en una lectura superficial del principio de igualdad formal: si existe un delito que protege específicamente a las mujeres, argumenta, se estaría discriminando a los hombres. Sin embargo, la iniciativa de la referida congresista no ofrece data ni evidencia objetiva que permita afirmar que el delito de feminicidio vulnere el principio de igualdad ante la ley.

Las razones por las que este proyecto no debería aprobarse son, principalmente, dos. En primer lugar, porque parte de una visión ideológica conservadora del principio de igualdad, asumiendo erróneamente que reconocer formas específicas de violencia contra las mujeres equivale a discriminar a los hombres. En segundo lugar, porque desconoce que el delito de feminicidio no busca proteger “más” a las mujeres, sino reconocer contextos históricos de violencia y subordinación en los que muchas de ellas son sancionadas socialmente por incumplir determinados roles o estereotipos de género.

Bajo esa lógica, la propuesta sostiene que el feminicidio supone sancionar con mayor severidad a los hombres por el solo hecho de ser hombres. Sin embargo, ello no se desprende del texto vigente del artículo 108-B del Código Penal. El tipo penal no establece “aquel hombre que mata” será sancionado por feminicidio, sino que utiliza la expresión “el que mata”, lo que permite comprender que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Lo relevante para la configuración del delito no es el sexo biológico del agresor, sino el contexto de violencia y discriminación de género en el que ocurre el hecho.

La discusión trasciende el plano estrictamente terminológico y técnico-penal. El nombre importa porque permite reconocer un fenómeno específico de violencia contra las mujeres y comprenderlo desde el contexto estructural en el que ocurre. Sustituir el feminicidio por una categoría aparentemente neutra no elimina dicha violencia; únicamente dificulta su identificación y debilita la capacidad del derecho penal para responder frente a ella.

El Congreso de la República tiene en sus manos una decisión con consecuencias que trascienden el plano estrictamente penal. Aprobar este proyecto significaría un notable retroceso de años de construcción normativa orientada a reconocer la violencia de género como un problema estructural y no como un simple conflicto interpersonal o “conflicto de pareja”. La “neutralidad” normativa no puede convertirse en un mecanismo de invisibilización.

Erika María ‘N’, señalada por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, afirmó que el ataque mortal contra su nuera fue un “accidente”.

Douglas Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, explicó que la detenida aseguró haber agredido a Carolina únicamente con un “juguetito”, en referencia al arma de fuego utilizada en el crimen.

El 15 de abril, Erika María ‘N’ atacó a Flores en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

Tras cometer el homicidio, la acusada huyó a Venezuela, donde fue captada por cámaras de seguridad en la casa de la víctima.

La presunta feminicida, de 63 años, fue localizada el 28 de abril en Venezuela, durante un operativo conjunto entre autoridades locales y mexicanas.

¿Dónde quedó el arma? Policía de Venezuela detalla declaraciones de Erika “N” tras detención

En ese país, primero se alojó en el hotel Eurobuilding, en La Guaira, para después trasladarse a Caracas y alojarse dos días en un hotel de La Candelaria, terminando finalmente en una residencia en El Cierra.

Al ser interrogada por el paradero del arma, Erika María ‘N’ no pudo precisar su ubicación.

De acuerdo con González, la mujer “no recuerda” y mantuvo una actitud firme ante los cuestionamientos. Actualmente, permanece detenida en Venezuela en espera de su extradición a México.

Datos de la policía de Venezuela coincide con filtración sobre las cartas de Erika “N”

Según la creadora de contenido colombiana “La Parcera Justin”, quien afirma haber accedido a documentos encontrados en dispositivos electrónicos de Erika “N”, la acusada sostiene en cartas dirigidas a familiares que “el arma se disparó casi sola, casi automáticamente”, en referencia al homicidio de Carolina Flores.

Entre los escritos divulgados, la misma fuente señala que Erika “N” detalla su ubicación en la fuga: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”. Los textos, enviados como fotografías a través de celular, incluyen mensajes para su hijo Alejandro Sánchez y una carta para su hermana.

Las cartas también aluden a conflictos previos entre la víctima y la imputada, relacionados con decisiones sobre el cuidado del bebé y restricciones en la vivienda.

El caso Valeria Márquez, a un año de su feminicidio en Zapopan, continúa sin detenidos y con la investigación abierta.

Las autoridades han reiterado que existen avances, pero la falta de cooperación de algunos testigos ha dificultado el esclarecimiento del crimen que fue presenciado por miles de personas a través de una transmisión en vivo.

El día 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer de 23 años, fue asesinada en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok.

Dicho espacio de estilista sigue asegurado, aunque el sello de la Fiscalía ya luce deslavado.

Un hombre disfrazado de repartidor ingresó al local, preguntó por su nombre y le disparó en al menos dos ocasiones, acabando con su vida en el lugar.

Qué ha pasado con el caso

La investigación permanece estancada desde hace meses. Pese a las exigencias de justicia y la presión pública, la Fiscalía de Jalisco no ha logrado identificar a un autor material ni ha emitido órdenes de aprehensión.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en enero de 2026 que el caso seguía abierto y que “no ha dejado ver avances”, reconociendo la falta de resultados concretos.

Actualmente, la indagatoria sigue activa, pero la principal dificultad radica en la renuencia de personas allegadas a la víctima para brindar declaraciones que puedan aportar datos relevantes.

El fiscal Salvador González de los Santos admitió que “cierta resistencia” de los testigos ha impedido profundizar en las líneas de investigación más prometedoras.

Cronología del caso de Valeria Márquez

• 13 de mayo de 2025: Valeria Márquez es asesinada durante una transmisión en vivo en su salón de belleza en Zapopan.
• Horas antes, la joven recibe un café y un peluche de un repartidor, lo que genera comentarios en la transmisión.
• Cerca de las 18:30 horas, un hombre disfrazado de repartidor ingresa, pregunta por Valeria y le dispara.
• El video del ataque se viraliza, provocando indignación y presión social.

• 15 de mayo de 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el inicio de una investigación y expresa solidaridad con la familia.
• Semanas después, aparece una corona de flores con la palabra “Perdón” fuera del local, integrada a la carpeta de investigación.
• El establecimiento de Valeria permanece asegurado y sin actividad comercial desde entonces.
• Enero de 2026: Autoridades reconocen públicamente que no hay avances significativos ni personas detenidas.
• 13 de mayo de 2026: Se cumple un año del asesinato sin que se haya identificado al responsable.

Líneas de investigación descartadas e informe más reciente de la fiscalía

La Fiscalía de Jalisco descartó la implicación de Ricardo Ruiz Velasco “El Doble R” y cualquier vínculo directo con el crimen organizado.

Todas las personas cercanas a Valeria han rendido declaración, pero no existe un sospechoso formal ante la autoridad.

En el informe más reciente, el fiscal general explicó que la falta de avances se debe principalmente a la resistencia de testigos clave para aportar información.

El luchador Cuatrero podrá recuperar su libertad y regresar al cuadrilátero, a pesar de haber sido declarado culpable por tentativa de feminicidio y violencia familiar en agravio de Stephanie Vaquer.

Un juez de la Ciudad de México resolvió que el integrante de la Dinastía Dinamita continuará su proceso en libertad supervisada, mientras se resuelven los recursos legales interpuestos por su defensa.

Aunque la sentencia establece 12 años y 8 meses de cárcel, la resolución aún no es definitiva. El proceso de apelación y posibles amparos puede extenderse durante meses o incluso más de un año, periodo en el que Cuatrero no pisará la cárcel salvo que la sentencia quede firme.

El caso judicial de Cuatrero: cronología y sentencia

El caso inició en marzo de 2023, cuando la luchadora Stephanie Vaquer denunció agresión física por parte de Cuatrero en un domicilio de la Ciudad de México.

• En marzo de 2023, fue detenido y vinculado a proceso.
• Permaneció casi dos años en prisión preventiva antes de obtener un amparo para enfrentar el juicio en libertad.
• El 12 de mayo de 2026, recibió sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio y violencia familiar.
• La sentencia incluye reparación del daño y medidas de protección a la víctima.

Por otro lado, la defensa legal de Cuatrero anunció que agotará todos los recursos para revertir o modificar la sentencia.

Condiciones del juez para la libertad supervisada

Durante el tiempo que duren las apelaciones y recursos, Cuatrero deberá cumplir estrictas medidas cautelares:

• Presentarse a firmar cada tres semanas ante la autoridad.
• Reparar el daño a la víctima según lo determine el juez.
• No acercarse a la víctima ni ejercer actos violentos.
• Permanecer bajo vigilancia judicial.

De esta manera, estas condiciones buscan proteger a la víctima y garantizar el seguimiento del proceso mientras no haya sentencia firme.

¿Qué sigue para Cuatrero y el proceso legal?

El resultado final dependerá de los recursos legales que actualmente se encuentran en trámite. El tiempo que Cuatrero ya estuvo en prisión preventiva será descontado si la sentencia queda firme.

• Si el fallo es ratificado, aún restarían alrededor de 10 años y 8 meses por cumplir en prisión.
• Si la sentencia se modifica o revierte, el panorama podría cambiar de manera significativa.
• Mientras tanto, el luchador podrá volver al ring y desarrollar su carrera profesional, siempre bajo las restricciones judiciales establecidas.

En este sentido, la resolución definitiva del caso se mantiene pendiente y el proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades judiciales.

A semanas del feminicidio de Carolina Flores en Polanco, siguen surgiendo datos sobre su suegra, la sospechosa de haberla asesinado.

De acuerdo con la creadora de contenido colombiana “La Parcera Justin”, quien asegura haber accedido a documentos localizados en dispositivos electrónicos de la acusada, Erika “N” aseguró que el arma con la que habría matado a su nuera se disparó sola.

Erika “N” habría escrito esto

Según la creadora de contenido, tuvo acceso cinco cartas escritas por Erika N: cuatro para su hijo Alejandro Sánchez y una dirigida a su hermana, redactadas desde la fuga tras los hechos del 15 de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo, y enviadas mediante fotografías tomadas con celular.

Entre los escritos, Erika “N” describió su situación señalando: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

En otro mensaje dirigido a su familia sostuvo: “Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”. Sobre el crimen, en un fragmento escribió: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

Estos textos también refieren a conflictos previos entre Carolina Flores y la madre de su pareja por decisiones relacionadas con el bebé de la pareja y restricciones dentro de la vivienda.

Hasta ahora no hay autenticidad oficial de los mensajes.

La relación entre Carolina Flores y su suegra: todo empeoró tras el embarazo

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, dijo a Univisión que las fricciones entre Carolina y su suegra se volvieron irreparables tras el embarazo.

Reyna Gómez Molina dirigió un mensaje directo a la presunta responsable cuando aún no había sido detenida : “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

En un video publicado por el periodista Carlos Jiménez, se observa el momento en que la agresora conversa con la víctima momentos antes del crimen, según la grabación.

Una amiga cercana relató en el programa Siéntese quien pueda de Univisión: “Amaba a su suegra”. La misma testigo puntualizó que la relación entre ambas cambió desde que Carolina Flores quedó embarazada: “Desde que ella se embarazó todo cambió”, señaló.

Reconocida por obtener el título Miss Teen Universe Baja California 2017, Carolina Flores también destacó como creadora de contenido en TikTok y otras plataformas, donde abordaba temas de moda y asuntos personales.

Los casos de violencia contra la mujer siguen preocupando a las autoridades, debido a que ocurren casi a diario en el territorio nacional; sin embargo, muchos de ellos no son registrados ante las autoridades, teniendo en cuenta que las víctimas no denuncian a sus agresores. Uno de los casos que tiene en alerta a la comunidad ocurrió durante la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026, en Medellín.

La víctima del ataque mortal fue identificada como Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, que fue asesinada a golpes en la madrugada frente a su hijo de ocho meses en una vivienda ubicada en el barrio La Libertad, al oriente de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió a la 1:54 a. m. en la diagonal 17E con calle 56B, después de una violenta discusión con su pareja sentimental. La joven convivía con él desde que quedó embarazada y los allegados aseguraron a los medios locales que la relación estaba basada en un patrón de control ejercido por el señalado atacante.

“Es una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”, indicó el reporte policial citado por el medio local El Colombiano.

Después del operativo, el hijo de la víctima fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que se encargó de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, según reportaron las autoridades, teniendo en cuenta que la pelea ocurrió cuando el niño estaba en el lugar.

Tras la intervención de los uniformados, se dio a conocer que el menor quedó bajo protección institucional hasta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) determine si la custodia será otorgada a alguno de sus familiares, pues lo más importante es garantizar que esté en un lugar en el que se garanticen sus derechos fundamentales.

Antecedentes de problemas entre los involucrados

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la pareja mantenía una relación conflictiva, que estaba caracterizada por frecuentes episodios de violencia, aunque ninguna de las personas que tenía conocimiento de la situación se esperaba que la situación escalara a tal punto.

Vecinos y autoridades relataron que, tras la agresión mortal, el hombre salió de la vivienda con el bebé en brazos y se entregó a la Policía. Sin embargo, fue dejado en libertad mientras avanza la investigación y se emite la orden de captura correspondiente.

Testigos señalaron a los agentes que están al frente de la investigación que, en las últimas semanas, Juliana no salía de su casa, situación que los vecinos atribuyen a restricciones impuestas por su pareja, que es reconocido como una persona controladora y que sometía a la joven a seguir sus determinaciones.

Uno de los residentes del popular barrio, situado en la Comuna 8 (Villa Hermosa), precisó: “Hace muchos días que no la veíamos salir de la casa. Incluso, la abuela del niño le daba la comida por la ventana, pero no podía sostener contacto con nadie porque eso se prestaba para problemas”.

La pareja era oriunda de Pereira (Risaralda) y de acuerdo con las primeras versiones del caso, llegaron a Medellín hace poco más de un año tras confirmarse el embarazo de la víctima, con el fin de iniciar una nueva vida.

Sobre el presunto agresor, de 23 años, se confirmó que vivía junto a la joven y su bebé en una casa que pertenecía a su familia. Las autoridades además investigan si existe relación con el consumo de estupefacientes por parte del señalado agresor, teniendo en cuenta que fue señalado como una persona muy agresiva por aquellos que lo conocían.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, como parte de la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe, se determinó que la joven no acudió a una oferta de trabajo cuando se dirigió al edificio donde fue localizado su cuerpo en la alcaldía Benito Juárez, tras el análisis de teléfonos celulares y cámaras de videovigilancia.

La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que existe evidencia adicional que fortalece la imputación contra Juan Jesús N, detenido el mismo día en que fue hallado el cuerpo de la víctima. Indicó que ambos tuvieron contacto previo y que acordaron encontrarse en el inmueble por motivos personales, por lo que descartó que se tratara de una entrevista laboral o de un esquema de trata, como se había difundido en algunos reportes.

“Esta fiscalía cuenta con evidencia adicional muy importante que nos permite fortalecer la imputación contra Juan Jesús N, persona que se aprehendió el mismo día en el que encontramos el cuerpo de Edith en la alcaldía Benito Juárez. En términos generales, sabemos que hubo un contacto previo, que Juan Jesús la contactó previamente, que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales y que no está relacionado a una entrevista de trabajo o un esquema de trata como se manejó en algunos medios de comunicación”, explicó Alcalde Luján durante el informe mensual de seguridad de la Ciudad de México, este martes.

Cronología del feminicidio

Edith Guadalupe desapareció la mañana del 15 de abril de 2026, luego de salir de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, con dirección a un edificio ubicado sobre Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco. Cámaras de seguridad confirmaron que ingresó sola al inmueble a bordo de una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte y desde entonces no volvió a ser vista.

La familia denunció su desaparición entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril; sin embargo, familiares señalaron que inicialmente les pidieron esperar antes de activar la búsqueda. Ante ello, amigos y familiares realizaron recorridos por cuenta propia, recopilaron grabaciones de cámaras vecinales y encabezaron protestas para exigir la intervención de las autoridades.

Hallazgo del cuerpo y resultados de la necropsia

El cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado durante la madrugada del 17 de abril en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena, luego de que la presión social y la reconstrucción de la ruta realizada por sus familiares impulsaran las diligencias ministeriales.

De acuerdo con la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, la joven murió a consecuencia de una herida punzocortante en el pecho que perforó un pulmón y provocó una hemorragia interna. Los estudios forenses también documentaron golpes severos en el rostro y otras partes del cuerpo. La Fiscalía capitalina indicó que la agresión habría ocurrido en la caseta de vigilancia del inmueble, donde fueron encontrados restos hemáticos.

Imputan al vigilante del edificio

Ese mismo 17 de abril fue detenido Juan Jesús N, vigilante del edificio y señalado como probable responsable del feminicidio. El imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente y presentado ante un juez, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas y material audiovisual.

La familia de Edith Guadalupe ha señalado presuntas omisiones tanto de la administración del edificio como de las autoridades, al acusar que inicialmente se negó que la joven hubiera ingresado al inmueble y se restringió el acceso a grabaciones de seguridad.

Tras el caso, mujeres difundieron testimonios en redes sociales sobre presuntas convocatorias a entrevistas laborales en ese mismo edificio para vacantes como niñera, limpieza o modelaje, bajo la condición de acudir solas y sin identificación oficial. Pese a ello, la Fiscalía capitalina aseguró que no existen denuncias formales previas relacionadas con ese inmueble.

La madrugada del 11 de mayo, Geraldín Velásquez murió en el barrio La Industrial, en el municipio de El Doncello, Caquetá, tras recibir una herida con arma de fuego en una vivienda donde se encontraban dos policías activos junto a otras dos mujeres.

La noticia, confirmada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desató investigaciones paralelas por la posible implicación de uniformados en el caso. Las autoridades informaron que en el lugar donde ocurrió el hecho se hallaron indicios materiales clave, entre ellos un arma de fuego, que fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal para los análisis técnicos y científicos correspondientes.

Según reseñó la Policía, la investigación busca esclarecer quién accionó el arma y bajo qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida de Velásquez.

Testimonios y primeras hipótesis sobre la muerte

De acuerdo con lo señalado por la teniente coronel Carolina Jaramillo, comandante encargada del Departamento de Policía de Caquetá, algunos testimonios sugieren que la lesión podría haber sido autoinfligida.

“Informaciones preliminares darían cuenta de que esta persona pudo haber resultado lesionada con un arma de fuego institucional. Algunos testimonios iniciales podrían inferir que esta persona pudo haberse causado dicha lesión. Sin embargo, no somos nosotros los que vamos a determinar la causa de la muerte”, explicó Jaramillo.

En el inmueble se encontraban departiendo dos mujeres y dos hombres, estos últimos miembros activos de la Unidad Básica de Carabineros de El Doncello. El informe oficial también hace referencia a la posible existencia de una relación sentimental entre la víctima y uno de los policías presentes.

“Algunas otras personas que se encontraban en el lugar sugieren que podía haber una relación sentimental entre alguno de los uniformados y la persona que falleció, pero también será parte de la investigación”, detalló la oficial.

Investigación penal y disciplinaria sobre los uniformados

La presencia de dos policías en la escena del suceso motivó el inicio de una investigación interna por parte de la Policía Nacional, así como una indagación de la Justicia Penal Militar por el delito de abandono del puesto. Los uniformados, adscritos a la Unidad Básica de Carabineros de El Doncello, habrían salido de la zona donde debían prestar servicio para reunirse en la vivienda de los hechos.

“En el lugar se encontraban unos uniformados, los cuales en este momento fueron dejados a disposición de la autoridad competente y para el caso de nuestro Código Penal Militar, se pretende aclarar cuáles fueron las circunstancias por las cuales estos policías no se encontraban en ese momento en la Estación”, afirmó la teniente coronel Jaramillo.

El reporte señala que el suceso fue notificado hacia las 2:00 a. m., momento en el que un equipo de investigación criminal y disciplinaria se desplazó hasta el sitio para realizar la inspección judicial.

Indagaciones sobre consumo de licor y posible feminicidio

Las primeras diligencias incluyen la recolección de pruebas sobre el posible consumo de bebidas alcohólicas por parte de los presentes. “Algunas entrevistas sí dan lugar a que pudo haber consumo de bebidas embriagantes, pero esto hace parte de la inspección judicial que se hizo al lugar de los hechos por parte de las unidades de investigación criminal”, agregó la comandante.

Además, la Fiscalía General de la Nación analiza el caso bajo la hipótesis de un posible feminicidio, dado que la víctima fue identificada como una mujer de 34 años que trabajaba en una joyería del municipio y se encontraba en compañía de los policías el día de los hechos.

El arma encontrada en el sitio sería de uso oficial, lo que refuerza la necesidad de esclarecer el papel de los uniformados en el desenlace. El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer con total claridad las circunstancias que rodearon la muerte de Velásquez. De manera paralela, la Justicia Penal Militar avanza en la investigación por el abandono de puesto de los policías involucrados.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó este 12 de mayo en conferencia de prensa que sigue el proceso para extraditar a Erika Guadalupe “N” desde Venezuela a México, tras ser señalada como responsable del asesinato de su nuera Carolina Flores en un departamento en Polanco.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque el caso es competencia de la Fiscalía capitalina, su administración mantiene respaldo y coordinación institucional para agilizar la extradición.

El asesinato de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril de 2026 en una vivienda de Polanco. Por supuesto, encontrar justicia para la joven ha sido un proceso lento debido a la complejidad de la situación.

El escape a Venezuela que retrasó la detención de Erika “N”

Según la grabación de una cámara de seguridad, la suegra disparó 12 veces —seis impactos en la cabeza y seis en el tórax— tras intercambiar algunas palabras con la víctima. El esposo de Carolina y el bebé de ambos se encontraban en la casa al momento del ataque mortal.

Tras el crimen, Erika María Guadalupe “N” huyó y fue rastreada internacionalmente. De acuerdo con lo que se difundió, viajó más de 2,800 km desde Ensenada a la Ciudad de México días antes del asesinato, y posteriormente escapó a Venezuela, donde agentes la ubicaron en una zona exclusiva gracias a una ficha roja de Interpol.

La ciudadanía expresó indignación y exigencia de justicia para la víctima, quien había sido modelo y exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California. Distintas voces cuestionaron que el esposo de Flores tardó un día en denunciar a su madre ante las autoridades, lo cual, afirmaron, pudo dificultar la localización inmediata de la sospechosa.

Resistirse a la detención y cambiar de apariencia: los métodos con los que Erika “N” trató de evadir a la justicia

La llegada de Erika “N” a Venezuela ocurrió apenas veinticuatro horas después del asesinato de Carolina Flores. La acusada utilizó una ruta aérea que incluyó una escala en Panamá, lo que, según la información disponible, facilitó su desplazamiento fuera de México.

En cuanto las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la posible huida, la Fiscalía contactó a funcionarios venezolanos a través de INTERPOL para notificar que Erika “N” podía ingresar a territorio venezolano.

Según N+, la detención inicial ocurrió bajo la figura de desacato, permitiendo retenerla hasta 48 horas mientras se tramitaba la documentación necesaria para iniciar el proceso formal por el presunto feminicidio.

Durante el arresto, Erika “N” negó ante los agentes venezolanos haber cometido el delito y cuestionó la autoridad policial, lo que motivó la aplicación de la figura de desacato, común en detenciones de calle.

La periodista Ana María Alvarado afirmó que tras salir de México, Erika “N” optó por modificar su apariencia física. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, detalló en su canal de YouTube.

La situación de Erika “N” permanece en suspenso: está retenida y no podrá abandonar Venezuela hasta que finalicen los trámites judiciales o medie una disposición judicial extraordinaria, aseguró Ana María Alvarado. Estos procesos pueden durar semanas o hasta meses.

Los cómplices de Erika “N”, un giro más en el caso

La investigación en torno al feminicidio de Carolina Flores ha revelado nuevas hipótesis sobre posibles actos de encubrimiento y apoyo económico a la principal sospechosa, Erika “N”, mientras permanecía prófuga en Venezuela.

Supuestamente, las autoridades sospechan que Erika “N” mantuvo comunicación constante con su hijo Alejandro Sánchez y con otros familiares tras el homicidio.

Según la creadora de contenido “La Parcera Justin”, quien accedió a información extraída de los dispositivos de la acusada, la mujer recibió transferencias de dinero enviadas desde México por sus hermanos, lo que le habría permitido ocultarse en un fraccionamiento residencial de alto nivel en Caracas.

De acuerdo con la misma fuente, Erika “N” envió por lo menos cinco cartas digitales: cuatro para su hijo y una para su hermana. Los mensajes fueron redactados en una tablet y enviados mediante fotografías, lo que ayudó a mantener la comunicación sin ser detectada fácilmente por las autoridades.

En una de estas supuestas cartas, la acusada describió su situación tras escapar de México: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

Según estos textos, Erika “N” expresó sentirse excluida por decisiones relativas al cuidado del bebé de la pareja y por restricciones impuestas en el hogar. En una de las cartas, la acusada escribió: “Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”.

En otro supuesto mensaje, Erika “N” habría afirmado: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que continúa el proceso para extraditar a México a Erika “N”, quien se encuentra en Venezuela luego de que presuntamente asesinara a su nuera Carolina Flores en Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina del 12 de mayo, el funcionario dio a conocer que desconoce si el caso está siendo tratado como feminicidio. Explicó que lo investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sin embargo, puntualizó que se está trabajando en el proceso de extradición.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aunque el caso es llevado por la Fiscalía capitalina, el gobierno federal respalda las acciones necesarias para que se extradite a México y sea juzgada como corresponde en el país.

“Lo lleva la Fiscalía de la Ciudad de México y estamos apoyando en lo que podemos”, indicó la mandataria desde Palacio Nacional, subrayando que la administración a su cargo mantiene una coordinación institucional con las autoridades capitalinas.

Caso Carolina Flores: asesinada presuntamente por su suegra, culpan también a su pareja

Carolina fue asesinada en su vivienda de Polanco el 15 de abril de 2026, presuntamente por su suegra Erika María Guadalupe “N”. Cuando ocurrieron los hechos, se encontraban en el lugar el esposo y la hija de Carolina cuando fue atacada a balazos.

Gracias a una cámara de seguridad, se sabe que la suegra le disparó varias veces tras una breve conversación. El esposo, al escuchar los disparos, entró al cuarto y preguntó a su madre “¿Qué hiciste?“, quien respondió fríamente: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. La necropsia reveló 12 disparos (seis en cabeza y seis en tórax).

El caso conmocionó a la ciudadanía, quienes exigieron justicia para Carolina, quien había sido una joven modelo y exreina de belleza oriunda de Ensenada, Baja California.

Erika “N” huye y es ecocontrada en Venezuela

Luego de difundido el video, trascendió que el esposo de Carolina tardó un día en denunciar a su madre por asesinar a su esposa, tiempo que pudo haber sido vital para dar con su paradero y castigarla por sus actos.

Días después, se supo que Erika “N” huyó tras el crimen y fue buscada internacionalmente. Se descubrió que viajó más de 2,800 km desde Ensenada hasta Ciudad de México solo unos días antes del crimen para, supuestamente, visitar a su hijo. Luego, se supo que escapó a Venezuela, donde fue capturada en una zona residencial exclusiva gracias a una ficha roja de Interpol.

Es en ese contexto en el que surge las declaraciones del secretario de Seguridad y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes aseguraron que se continúa en espera de la extradición de Erika “N” de Venezuela a México.

Con los reportes de la localización de manchas de sangre en un auto relacionado con Fernando Yael “N”, el estudiante que fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de su madre, Teresa Guadalupe de 55 años, el caso complica la situación del joven.

Lo anterior se suma a los informes del hallazgo de sangre en el domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde vivían la mujer y el ahora detenido.

La información reciente fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien, a través de sus redes sociales, publicó el 11 de mayo imágenes que muestran la unidad vehicular investigada.

Según los datos ofrecidos por Jiménez, los peritajes por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), resultaron en el hallazgo de restos de sangre en los tapetes de la unidad, un auto Ibiza de color negro.

Denunció la desaparición; autoridades contradicen versión

Cabe destacar que el sujeto ahora investigado, en un primer momento, reportó la desaparición de su madre, alegando que la mujer había salido de la casa con dirección al Centro Histórico, sin que regresara.

“El imputado refirió que ella había salido de su domicilio y no había regresado. No obstante, las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación (PDI) permitieron obtener datos que contradicen esa versión”, es parte del informe de la Fiscalía de la CDMX del 9 de mayo.

Mientras que, días antes, el 5 de mayo fue realizado un cateo en el inmueble de interés y el cual resultó en el hallazgo de “indicios biológicos relevantes”, según expuso la FGJ-CDMX.

Es decir, tras la identificación de sangre en el predio comenzó a generarse una hipótesis con la cual la mujer habría sido atacada en el domicilio.

Además, según destaca Jiménez, es posible que el auto revisado haya sido propiedad de Teresa Guadalupe y posteriormente usado por Fernando Yael.

Detención de Fernando Yael

El estudiante fue detenido el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc y un día después fue realizada la audiencia en la que el sujeto fue vinculado a proceso y se le impuso la medida de prisión preventiva, además de que fue determinado el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

Fernando Yael fue capturado por las autoridades luego de que estas últimas detectaron inconsistencias en las declaraciones del joven. Lo anterior generó análisis de cámaras de vigilancia y registros telefónicos.

Además, los reportes periodísticos indican que Fernando Yael mantuvo una conversación con un amigo a través de una aplicación mensajería. En la conversación el estudiante señalaba que su madre se había molestado con él por temas escolares, por lo cual no le habían dado permiso de salir.

Una mujer, identificada como Miladis Moreno Torres, fue asesinada durante la noche del 10 de mayo de 2026 en Cartagena. Su pareja sentimental fue señalada como el agresor, pues testigos revelaron que la atacó a puñaladas tras asistir a una celebración por el Día de las Madres y después de una acalorada discusión en su casa, ubicada en el barrio San Pedro Mártir, donde vivieron por más de 14 años.

De acuerdo con datos entregados en rueda de prensa por el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el presunto feminicida fue capturado y permanece bajo custodia policial en un centro asistencial.

Del mismo modo, el oficial informó que la intervención de los uniformados fue posible gracias al aviso de los vecinos que presenciaron el suceso, por lo que el señalado responsable ya fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado y ahora debe esperar a las audiencias que definirán su condena.

La hija menor de Miladis Moreno relató al diario local El Universal que desconocía la causa precisa de la discusión, pero detalló que el violento acto se produjo después de que compartieran en una reunión típica de la fecha: “Estuvieron tomando en la casa y ya en la noche se fueron a la calle donde yo vivo a una fiesta familiar. Allí estuvieron bien hasta que comenzaron a discutir”.

Del mismo modo, la joven aseguró que el señalado atacante actuó cuando su madre se hallaba dormida: “Mi mamá se emborrachó más que él y por eso él se la llevó a su casa. Allá aprovechó que estaba dormida para acuchillarla”.

El presunto agresor fue identificado por la joven como Juan Carlos, que se desempeñaba como soldador y albañil. Además, la familiar indicó que el sujeto le propinó más de 10 puñaladas a Moreno y que sus gritos alertaron a los vecinos que acudieron al lugar sobre las 10:00 p. m. A pesar de que la víctima fue trasladada a la Clínica Blas de Lezo, los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar su vida ante la gravedad de las heridas.

Miladis Teresa era madre de cuatro hijas y cumpliría sus 48 años en septiembre de 2026, lo que incrementa el dolor de sus familiares, que están a la espera de la condena en contra del señalado atacante.

El comandante Gelver Yecid Peña Araque reiteró la indignación por lo ocurrido con la siguiente frase: “Una persona que llevaba compartiendo con su homicida 14 años y en un evento de violencia intrafamiliar acaba con la vida de esta mujer. Este hombre fue capturado por parte de la Policía Nacional”.

El primer feminicidio de 2026

La muerte de Miladis Moreno Torres eleva a cuatro el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en Cartagena y sus corregimientos. Sin embargo, este es el primer caso tipificado como feminicidio este año en la ciudad. En 2025, 19 mujeres fueron víctimas de homicidio y de ese total 4 casos se clasificaron como feminicidio.

Las otras mujeres asesinadas en Cartagena en 2026 han sido: Esilda del Carmen Reyes Martínez, de 67 años, baleada en un atraco en el barrio Ternera; Damaris Marrugo Cabarcas, de 50 años, que murió por una bala perdida en La María; y Elismeys del Carmen Villa Miranda, de 43 años, asesinada en un hecho aún por esclarecer en el barrio 7 de Agosto.

El caso de Miladis Moreno Torres provocó una reacción inmediata de la comunidad, pues los vecinos del sector intentaron agredir al presunto feminicida con objetos contundentes y armas blancas, hasta que llegó la Policía Nacional, que logró trasladarlo en patrulla hasta un centro médico.

Por ahora, las autoridades informaron que el hombre permanece bajo atención médica y vigilancia policial, a la espera del inicio del proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa registró 14 homicidios dolosos entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo de 2026, distribuidos en tres jornadas consecutivas que dejaron además un caso de feminicidio y el hallazgo de restos óseos en dos municipios.

El fin de semana también sumó tres denuncias por privación de la libertad personal y ocho reportes de robo de vehículo, todos concentrados en la Región Centro del estado.

Los cuatro muertos del viernes en Culiacán y Navolato

El viernes 8 de mayo, la FGE abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de cuatro cuerpos. Tres de ellos aparecieron en colonias de Culiacán: Esthela Ortiz de Toledo, Palmito Viejo y el fraccionamiento Horizontes.

El cuarto hallazgo ocurrió fuera de la capital. En el municipio de Navolato, una persona fue encontrada sin vida en el ejido Aguascalientes.

Ese mismo día, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió siete denuncias. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos casos por privación de la libertad personal en la misma región.

El sábado, el día más violento del período

El sábado 9 de mayo concentró la mayor cantidad de víctimas del fin de semana. La fiscalía abrió cinco carpetas por homicidio doloso y una por feminicidio, con ocho personas sin vida localizadas en total.

Seis de los ocho cuerpos aparecieron en Culiacán: uno en la colonia Antonio Toledo Corro, dos en la colonia Providencia, dos más en la misma colonia Antonio Toledo Corro, y uno en la colonia CNOP. Una persona más murió tras resultar herida en la carretera Culiacán–Guachapori.

El caso de feminicidio se registró en la localidad de El Diez. Una mujer fue hallada sin vida en ese punto, y su caso quedó clasificado bajo esa figura penal.

Osamentas en Concordia y Mazatlán

El sábado también trajo hallazgos de restos humanos fuera de Culiacán. En El Verde, Concordia, se localizaron tres osamentas; en un lote baldío de Mazatlán, se encontraron restos óseos adicionales.

Ese día, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió una denuncia. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas anotó un caso por privación de la libertad personal en la Región Centro.

Cinco homicidios el domingo en tres municipios

El domingo 10 de mayo, la FGE abrió cinco nuevas carpetas por homicidio doloso. Tres cuerpos aparecieron en distintos puntos de Culiacán: uno en la carretera Eldorado–Culiacán, otro en la sindicatura de Costa Rica y un tercero en un camino de terracería con dirección a la colonia El Ranchito.

Los otros dos hallazgos se distribuyeron entre la costa y el sur del estado. En Mazatlán, una persona fue localizada en la colonia El Venadillo; en Escuinapa, otra apareció en la localidad de El Palmito del Verde.

Sin denuncias por robo ni desaparición el domingo

El domingo no se registraron denuncias en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro. Tampoco hubo reportes por privación de la libertad personal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en la Región Centro.

La FGE precisó que todos los datos provienen de denuncias formalizadas ante las Unidades y Agencias del Ministerio Público. La institución reiteró su compromiso de informar a la sociedad con cifras oficiales.

A casi tres semanas del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, la investigación sobre la fuga de Erika “N” abrió nuevas líneas relacionadas con posibles actos de encubrimiento y apoyo económico mientras permanecía prófuga en Venezuela.

La principal sospechosa del crimen, detenida recientemente en Caracas, habría mantenido contacto constante con familiares y con su hijo Alejandro Sánchez después del asesinato ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cartas y depósitos revelan posible red de apoyo

La creadora de contenido colombiana conocida como “La Parcera Justin”, quien asegura tener acceso a documentos hallados en dispositivos electrónicos de Erika “N”, afirmó que la mujer recibía dinero de sus hermanos para mantenerse escondida en un fraccionamiento residencial de lujo en Venezuela.

“Le enviaba cartas a su hijo y estas cartas fueron incautadas en su teléfono y una tablet (…) Mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos que le seguían enviando dinero a Venezuela”.

Según esa versión, Erika “N” escribió al menos cinco cartas: cuatro dirigidas a su hijo y una más a su hermana. Los mensajes habrían sido redactados en una tablet y enviados mediante fotografías tomadas con celular.

En uno de los textos, la mujer describió su situación tras escapar de México: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

Erika “N” habló sobre el crimen en los escritos

Los documentos también exponen presuntos conflictos previos entre Carolina Flores y su suegra. Erika “N” afirmó sentirse desplazada por decisiones relacionadas con el bebé de la pareja y por restricciones dentro del hogar.

“Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”, escribió en otra de las cartas.

En otro fragmento sostuvo que la agresión ocurrió tras una discusión y afirmó: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni autoridades venezolanas han confirmado oficialmente la autenticidad de esos escritos.

Posible delito de encubrimiento

Especialistas señalan que ayudar económicamente a una persona prófuga puede configurar el delito de encubrimiento. El Código Penal Federal establece sanciones de tres meses a tres años de prisión y multas para quien “preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito” con conocimiento de los hechos.

En caso de comprobarse que familiares de Erika María “N” enviaron recursos para facilitar su permanencia fuera de México, las autoridades podrían ampliar la investigación contra posibles colaboradores relacionados con la fuga de la acusada.

Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas la tarde del sábado 9 de mayo en Salamanca, Guanajuato, horas antes de la movilización convocada por madres buscadoras para este 10 de mayo.

Madre e hija se desplazaban en motocicleta por calles de la colonia 18 de Marzo cuando fueron interceptadas por hombres armados que dispararon en su contra. Vecinos de la zona reportaron las detonaciones a los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad y personal de auxilio acudieron al cruce de las calles Estado de México y Estado de Durango, donde localizaron a las dos mujeres sin vida. Los responsables escaparon y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Buscaban a familiar desaparecido en 2024

Patricia Acosta y Katia Citlalli se integraron al colectivo de búsqueda luego de la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui, hijo y hermano de las víctimas, ocurrida el 8 de febrero de 2024. Aunque posteriormente fue localizado muerto, ambas continuaron participando en actividades de búsqueda y acompañamiento a otras familias.

Tras confirmarse el doble homicidio, integrantes de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos difundieron mensajes de despedida en redes sociales junto con fotografías de Patricia, Katia y Miguel Ángel.

El colectivo también confirmó que mantendrá la marcha programada para este domingo 10 de mayo en Salamanca. La movilización recorrerá las principales calles de la ciudad y concluirá con una protesta frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y avances en la localización de personas desaparecidas.

“Nada qué festejar, mucho porque luchar”, señalaron las buscadoras en la convocatoria difundida para las actividades del Día de las Madres.

El asesinato ocurrió en vísperas de las protestas nacionales encabezadas por madres buscadoras, quienes cada 10 de mayo salen a las calles en distintas ciudades del país para exigir respuestas sobre sus familiares desaparecidos.

Asesinatos y desapariciones de buscadoras marcaron los últimos años en Guanajuato

El asesinato de Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui se suma a una serie de ataques contra personas buscadoras en Guanajuato, estado que organizaciones civiles y organismos internacionales identificaron como uno de los más peligrosos para familiares de desaparecidos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó asesinatos de personas buscadoras en la entidad desde 2020. Entre los casos reportados aparecen Rosario Zavala Aguilar, Francisco Javier Barajas Piña, María del Carmen Vázquez, Ulises Cardona Zavala y Teresa Magueyal Ramírez, esta última asesinada en Celaya en mayo de 2023 mientras buscaba a su hijo desaparecido.

A la violencia contra madres buscadoras se sumaron desapariciones de integrantes de colectivos. Uno de los casos que provocó mayor impacto fue el de Lorenza Cano Flores, integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien desapareció en enero de 2024 después de que hombres armados ingresaron a su domicilio en Salamanca. Durante ese ataque también fueron asesinados su esposo e hijo.

Organizaciones y medios locales señalaron que Guanajuato acumuló al menos nueve buscadoras asesinadas en los últimos años, además de varios familiares desaparecidos vinculados a colectivos de búsqueda. Colectivos denunciaron que las agresiones ocurrieron en un contexto de amenazas constantes, falta de protección y altos niveles de impunidad.

La detención de Erika María “N” en Caracas el 29 de abril, identificada por las autoridades como la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores Gómez, agrega una nueva dimensión al proceso judicial por el caso.

La captura de Erika María “N” se registró en un departamento de lujo de la zona La Cigarra, en el municipio El Hatillo.

Después del asesinato ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, la mujer habría abandonado México el 16 de abril y viajó a Venezuela tras hacer escala en Panamá.

Reyna Gómez Molina describe las brechas familiares

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, contó a Mafian TV, la extraña relación que su hija tenía con su suegra y habló de los insultos que le lanzaba meses antes de lo ocurrido.

“Los problemas fueron escalando cuando mi hija puso límites para cuando iba a nacer el bebé”, contó la madre de Carolina “El niño nació en Estados Unidos, en el mismo hospital donde ella nació. Ella me dijo que cuando naciera el bebé no iban a recibir visitas, yo siempre respeté su manera de pensa”.

Sin embargo, “La señora lo tomó a mal”, y comenzó a fracturarse la relación, a tal punto que la mujer, hoy detenida y acusada de feminicidio, empezó a llamar a Carolina “perrucha”.

La madre de la víctima le aconsejó que no tomara a mal los insultos de su suegra, que lo tomara “por otro lado” y que no se “enganchara con eso”. En paralelo a esto, Erika “N” comenzó a quejarse de su nuera a través de mensajes de texto que le mandaba a su hijo. Estos mensajes eran leídos por la víctima, causándole tristeza. Reyna Gómez Molina también le aconsejó que no leyera los mensajes.

La personalidad de Erika “N”

Reyna Gómez Molina explicó también a a Mafian TV que conoció poco a Erika María “N”, suegra de su hija. El primer encuentro se dio en febrero del año anterior, durante la compra del vestido de novia de Carolina Flores.

El carácter reservado y distante de Erika María “N” fue retratado por Gómez Molina al reconstruir sus intentos por acercarse a ella.

Narró que buscó insistentemente a Carolina para formalizar una relación familiar más sólida, pero su hija le negaba ese acercamiento porque su suegra era “bien prudente y bien callada”.

Las frases de la víctima, según su madre, fueron: “Ay, no, es que tú eres bien platicadora. Al rato te la vas a querer llevar de compras”. Carolina Flores remarcaba que su suegra prefería la discreción y por eso nunca se consolidó la relación.

Algunas semanas después del primer encuentro, Gómez Molina tuvo un saludo breve con Erika María “N”. Relató que la saludó de forma efusiva, identificándose como la mamá de Carolina, pero recibió una respuesta seca: “‘Hola’, pero seria. Le dije: ‘¿No me recuerda? Soy la mamá de Carolina’ y me dijo: ‘Ah, hola’. Yo soy muy efusiva, pero a la señora la agarré en curva. Me saludó, pero seria. No lo tomé a mal, no lo tomé como grosería”.

La detención de Erika María “N” en Caracas marca un nuevo capítulo en la investigación del feminicidio de Carolina Flores. La captura ocurrió el 29 de abril en un departamento de lujo ubicado en la zona de La Cigarra, municipio El Hatillo, en la capital venezolana.

La acusada de feminicidio y suegra de la víctima habría llegado a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Carolina Flores, tras realizar una escala en Panamá.

Actualmente, Erika María “N” permanece bajo custodia mientras se concluyen los trámites diplomáticos entre la Fiscalía capitalina, la FGR y Venezuela, para asegurar su extradición a México.

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, modelo y exreina de belleza, tuvo lugar el 15 de abril en la colonia Polanco. La supuesta agresora habría huido sin que su hijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima y padre del bebé de la pareja, lo impidiera.

La relación que tenía Erika “N” y la madre de Carolina Flores

En entrevista con Mafian TV, la madre de Carolina Flores, Reyna Gómez, relató cómo era su relación con la presunta asesina de su hija y narró los breves encuentros que tuvo con ella.

“La conocí una vez solamente, en febrero del año pasado. Los acompañamos la señora y yo a comprar el vestido de novia para mi hija. Esa fue la única vez que la conocí. Después fuimos al restaurante El Rodeo en Tijuana”, relató.

Reyna Gómez quería tener una relación más cercana con la suegra de su hija; sin embargo, por el carácter de la mujer, fue imposible:

“Le decía a Carolina que me presentara a su suegra, pero ella me decía: ‘Ay, no, es que tú eres bien platicadora. Al rato te la vas a querer llevar de compras’. Y yo le decía: ‘Sí, me la llevo’. Pero me decía: ‘No, la señora es bien prudente y bien callada’. Nunca se dio”.

Finalmente, narró un encuentro extraño e incómodo que tuvo con la mujer, a la que describe como “muy seria”:

“Después yo me la encontré como a las tres semanas. Yo, bien buena onda, le dije: ‘Hola, señora, ¿cómo está?’ y me dijo: ‘Hola’, pero seria. Le dije: ‘¿No me recuerda? Soy la mamá de Carolina’ y me dijo: ‘Ah, hola’. Yo soy muy efusiva, pero a la señora la agarré en curva. Me saludó, pero seria. No lo tomé a mal, no lo tomé como grosería”.

La madre de Carolina Flores sostiene el vínculo con su yerno pese a las acusaciones

En medio del proceso judicial y social que rodea el caso, la mamá de Carolina Flores, Reyna Gómez Molina, opta por mantener contacto con su yerno Alejandro Sánchez.

En entrevista con Mafian Tv, Reyna Gómez Molina explica que el motivo de seguir en comunicación es preservar la cercanía con su nieto: “Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”.

Alejandro Sánchez enfrenta cuestionamientos públicos por la demora en notificar el crimen y por supuesta complicidad en la huida de su madre. Reyna Gómez Molina reconoce que, en su caso, habría actuado distinto y dado aviso inmediato a las autoridades.

Llama la atención sobre el hecho de que fue Alejandro Sánchez quien la alertó telefónicamente desde la fiscalía capitalina, el 16 de abril. Durante la llamada, Gómez Molina escuchó a una mujer de fondo y preguntó si era Carolina. Sánchez contestó que no, que estaban en la fiscalía porque su madre había disparado contra Carolina.

Rogelio Reyes, mejor conocido en la lucha libre como “Cuatrero”, volvió a aparecer públicamente luego de que autoridades de la Ciudad de México lo encontraran responsable por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar contra su ex pareja, la luchadora Stephanie Vaquer.

El integrante de la “Nueva Generación Dinamita” utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el proceso legal que enfrenta y enviar un mensaje a sus seguidores.

A través de una serie de historias publicadas en Instagram, el gladiador mexicano confirmó que la resolución judicial difundida en distintos medios es real, aunque aclaró que su defensa todavía cuenta con recursos legales para continuar el caso. Además, señaló que más adelante saldrá a la luz información que, según él, cambiará la percepción pública sobre su situación.

“Qué tal gente, aquí hablándoles de frente, a final de cuentas ya se vio mucho la nota de lo que está circulando y no es que vaya a desmentir algo, simplemente son procesos que llevan ciertas etapas, pasos y todavía hay camino, todavía hay cosas a las que poder recurrir, entonces no me queda más que decirle a toda la afición de la Lucha Libre y a la gente Dinamita que aún faltan cosas y ni modo, yo no puedo hablar, explayarme por el momento”.

En el mismo mensaje, Cuatrero agradeció el respaldo que ha recibido de algunos aficionados y aseguró que por ahora no puede revelar detalles adicionales debido al proceso legal en curso. También pidió que las críticas y ataques en redes sociales no involucren a sus familiares, pues reconoció que el caso ha provocado momentos difíciles para su entorno cercano.

“Les puedo decir que gracias por la confianza de algunos que todavía me depositan y a los que no pues no tengo nada que decir, al final de cuentas se entiende, es algo que no se sabe, no se expone todo todavía, no sale a la luz pública todo el proceso y en su momento, cuando sea debido, va a tener que salir todo y esperemos estar en otro panorama”.

Asimismo, el luchador insistió en que no es la persona que algunos señalan públicamente y reiteró que espera que el panorama cambie conforme avance el procedimiento judicial.

“Van a salir los odiadores, los que me apoyan, a ellos gracias, de verdad no saben lo que significa para mí y a los que me quieran insultar, que me digan a mí, pero no se metan con mi familia, pero no soy esa persona que les hacen creer”.

El caso se remonta a marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer denunció a Rogelio Reyes por intento de feminicidio y violencia familiar. La entonces estrella del CMLL difundió imágenes de las lesiones sufridas en el cuello, asegurando que había sido agredida físicamente.

Días después, Cuatrero fue detenido en Aguascalientes y trasladado a la Ciudad de México, donde fue vinculado a proceso y enviado al Reclusorio Oriente bajo prisión preventiva. Permaneció encarcelado hasta marzo de 2025, cuando obtuvo la posibilidad de continuar el proceso en libertad. Su situación jurídica definitiva se conocerá el próximo 12 de mayo.

La periodista Ana María Alvarado aseguró que la mujer modificó su apariencia física después de salir del país. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, declaró en su canal de YouTube.

Detención en Caracas, Venezuela

Erika “N” fue detenida en Caracas luego de que autoridades mexicanas emitieron una ficha roja de la Interpol. La captura ocurrió tras investigaciones relacionadas con el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza atacada en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Alvarado, la solicitud formal de extradición ya fue presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque el procedimiento podría extenderse varias semanas o incluso meses. “Por el momento, Erika no puede salir de Venezuela, ni ser liberada, salvo por una resolución judicial extraordinaria”, explicó.

El caso mantiene atención pública debido a la difusión de videos y evidencias relacionadas con el crimen, además de los cuestionamientos sobre la actuación de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina e hijo de la acusada.

Madre de Carolina Flores explica por qué mantiene relación con su yerno

En medio de las críticas en redes sociales, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, defendió su decisión de conservar contacto con Alejandro Sánchez pese a las sospechas de presunto encubrimiento.

En entrevista con Mafian TV, explicó que su prioridad es el hijo de Carolina. “Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”, afirmó.

Usuarios en plataformas digitales han cuestionado que Alejandro Sánchez notificó los hechos un día después del asesinato, situación que presuntamente facilitó la salida de Erika María “N” de México. A pesar de ello, Reyna Gómez insistió en que busca mantener cercanía con su nieto mientras avanza la investigación.

La madre de la víctima también relató cómo recibió la noticia del crimen. Según su testimonio, Alejandro la llamó desde instalaciones ministeriales el 16 de abril. Durante la conversación, escuchó una voz femenina al fondo y preguntó si se trataba de su hija. Él respondió que estaban en la fiscalía porque su madre le había disparado a Carolina.

Aunque evitó acusar directamente a su yerno, Gómez Molina reconoció que ella habría actuado de otra manera tras el ataque: llamar de inmediato a emergencias y solicitar ayuda médica.

En el sector de Barrio Nuevo, a la altura del kilómetro 13 de la carretera Sánchez, la normalidad tenía una forma muy específica: la de una pareja joven, sociable y aparentemente enamorada. Sin embargo, la madrugada de ayer 6 de abril, esa imagen se hizo añicos con el eco de tres detonaciones.

Yésica Álvarez Jiménez, de 26 años, no murió en un asalto ni por un accidente fortuito; murió en el lugar donde debía estar más segura, a manos de quien portaba un uniforme de la Policía Nacional para, irónicamente, proteger la vida.

Para los vecinos de Santo Domingo Oeste, Railin de la Rosa Moquete, un sargento de 32 años, era un hombre tranquilo. “Parecían novios”, repetían los allegados tras conocer la noticia.

Pero la realidad intramuros era un guion de terror que Yésica había empezado a escribir en voz baja, mediante susurros y advertencias que hoy queman en la memoria de sus familiares.

La noche transcurría con la pesadez habitual de la madrugada hasta que, pasadas la 1:00 AM, el vehículo de la pareja se detuvo frente a la vivienda.

Según versiones de quienes aún transitaban por la zona, la violencia ya se había desatado dentro del habitáculo. Se habla de golpes, de una agresión física que fue el preludio de lo que ocurriría apenas cruzaran el umbral.

Dentro de la casa, el sargento no actuó bajo el arrebato de una discusión acalorada. La escena que encontraron los investigadores y el testimonio de la familia apuntan a algo mucho más oscuro: la premeditación.

Mientras Yésica intentaba rehacer su vida y ya había trasladado a su hijo un pequeño con condiciones especiales a casa de su madre para protegerlo mientras ella se “ubicaba”, el sargento preparaba su salida.

“Él lo tenía todo planeado”, asegura María Jiménez, prima hermana de la víctima. “Tenía su maleta lista para irse. Esperó que ella llegara para matarla. Sus maletas estaban ahí y su familia las sacó después de que se llevaron el cuerpo”.

El estruendo que rompió el engaño

Un vecino cuya habitación colinda con la escena, fue testigo auditivo del horror. El primer disparo ocurrió adentro; fue el que segó la vida de Yésica. Luego, el caos se trasladó al exterior. El hermano de la víctima, un joven de apenas 18 años que se había mudado con ella hace un mes para ayudarla en su proceso de separación, se convirtió en el segundo objetivo.

En un acto de supervivencia desesperada, el joven corrió bajo la luz de los postes mientras el sargento gatillaba su arma de reglamento. Dos disparos más impactaron en el entorno, pero la intervención de una vecina, que logró refugiar al muchacho y cerrar la puerta a tiempo, evitó que la cifra de muertos aumentara. Los casquillos quedaron esparcidos en el pavimento como evidencia de una cacería humana en pleno Barrio Nuevo.

La casa donde residían, ahora cerrada y bajo vigilancia silenciosa de los curiosos, era un foco de tensión que pocos conocían. María Jiménez relata que Yésica vivía en un entorno hostil, rodeada por la familia del agresor que residía en el segundo nivel.

“Ellos eran enemigos de ella”, afirma, describiendo un ambiente de presión constante que la joven de 26 años intentaba abandonar.

Yésica era “la más chiquita” de su casa, la que siempre sacaba una sonrisa en las reuniones familiares. Era la mujer que, hace apenas dos meses, le confesó a su prima: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”.

Esa frase, que en su momento pareció una queja de pareja, hoy cobra un peso judicial devastador. La joven ya había inscrito a su hijo en un nuevo colegio y tenía planes de mudanza inminentes. Estaba a las puertas de la libertad cuando el sargento decidió que, si no era con él, no sería con nadie.

El peso de la ley y el dolor de una orfandad

El informe preliminar de la Policía Nacional confirma que la detención de Railin de la Rosa Moquete se produjo alrededor de las 2:52 de la madrugada. El sargento pasó de ser un agente del orden a un detenido por homicidio y tentativa de homicidio. Se le ocupó el arma con la que cometió el crimen, una herramienta del Estado utilizada para un fin privado y letal.

Hoy, la comunidad de Las Caobas y Barrio Nuevo guarda un silencio cómplice con el luto. La familia de Yésica es tajante: no aceptarán nada menos que la pena máxima. El dolor es doble, no solo por la pérdida de una vida joven y trabajadora, sino por el futuro de un niño que, por su condición especial, dependía enteramente de la alegría y el esfuerzo de su madre.

Mientras tanto, en el kilómetro 13, la puerta de la vivienda de Yésica sigue cerrada, guardando el eco de unos disparos que recordarán por siempre que la violencia de género no siempre grita; a veces, espera con las maletas listas detrás de una puerta.

La mamá de Carolina Flores ha roto el silencio ante las críticas originadas en redes sociales y la controversia por su decisión de mantener la relación con su yerno, señalado por diversas voces de posible complicidad en el caso del asesinato de la joven modelo en Polanco.

Reyna Gómez Molina ha dado diversas entrevistas a medios de comunicación. En charla con Mafian Tv, la madre de la exreina de belleza asesinada presuntamente por su suegra explicó la poderosa razón por la que ha decidido alejarse de la narrativa que colocan a Alejandro, esposo de la joven, como cómplice de su madre.

Las acusaciones de complicidad y el debate público

El asesinato de Carolina Flores mantiene la polémica encendida después de que la presunta responsable, Erika “N” —suegra de la víctima— huyera a Venezuela tras salir de México y fuera detenida.

En redes sociales, el yerno de Carolina, Alejandro Sánchez, enfrenta señalamientos recurrentes por su actuar tras la muerte y por haber demorado un día en informar a las autoridades mexicanas, lo que habría dado tiempo para que la presunta responsable escapara del país.

Este retraso alimenta la sospecha de complicidad o encubrimiento en la conversación pública, con usuarios y comentaristas que acusan a Alejandro Sánchez de colaborar o favorecer la huida de su madre.

Por qué la mamá de Carolina Flores no rompe la relación con su yerno

Al explicar la decisión de mantener el contacto con su yerno, Reyna Gómez Molina es clara:

“Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”.

Para ella, el aspecto esencial es su nieto, el hijo de Carolina Flores, y considera imprescindible no perder la cercanía con el pequeño mientras se desarrolla el proceso judicial.

El aviso de Alejandro sobre el asesinato de su esposa

Fue Alejandro Sánchez quien notificó a Reyna Gómez sobre la muerte de Carolina el 16 de abril, mediante una llamada telefónica desde la fiscalía capitalina.

Durante esa llamada, Gómez Molina escuchó una voz de mujer de fondo y preguntó si era su hija, obteniendo como respuesta que estaban en la fiscalía porque la madre de Alejandro le había disparado a Carolina.

A pesar de la presión pública, Reyna Gómez Molina sostiene que, en su lugar, habría reaccionado diferente: llamando a las autoridades y solicitando una ambulancia de inmediato.

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decidió confirmar en segunda instancia la condena de 24 años de prisión impuesta a Jaime Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre, rechazando de manera definitiva la solicitud de prescripción del caso.

Con este fallo, el tribunal obliga a Saade a cumplir la totalidad de la pena por el crimen cometido en 1994, al tiempo que establece un precedente sobre la imposibilidad de que los delitos graves de este tipo queden impunes por el simple paso del tiempo.

El fallo del tribunal desestimó las alegaciones de la defensa, que sostenía que los términos procesales para ejecutar la condena ya se habían cumplido.

El tribunal precisó que el cómputo debe realizarse en función de la pena impuesta, no de la pena ejecutable. En la sentencia, se lee: “El penado fue liberado por autoridades de Brasil el 9 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual se reanudó el término prescriptivo por el término que faltare por ejecutar de la sanción impuesta, atendiendo al artículo 89 de la Ley 599 de 2000, que para el caso serían 23 años, 3 meses y 19 días, siendo recapturado el 1 de mayo de 2023, por lo tanto, no se superó el término que faltaba por cumplir de la condena”, según se observa en el documento judicial.

Esta decisión implica que Saade, que permaneció prófugo durante casi tres décadas y llegó a vivir en Brasil bajo el falso nombre de Henrique Dos Santos, deberá continuar su reclusión en un centro carcelario de máxima seguridad en Colombia.

El tribunal consideró infundada la petición de la defensa de extinguir la pena, dejando en claro que “la condena contra Jaime Saade Cormane está vigente y debe cumplirse a cabalidad”, como señaló Raúl Romero del Río, abogado de la familia Mestre, a través de su cuenta en X.

El caso de Nancy Mestre: un crimen impune durante 30 años y una extradición compleja

El crimen por el que fue condenado Saade ocurrió la madrugada del 1 de enero de 1994 en el norte de Barranquilla. Nancy Mestre, entonces de 18 años, fue víctima de abuso sexual y recibió un disparo en la cabeza.

Falleció días después en una clínica de la ciudad. La relación entre víctima y victimario se limitó a un breve vínculo, pero Saade pretendió desviar la investigación inicial con rumores de accidente e incluso de suicidio, según detalló Semana en su reportaje de abril de 2024.

En 1996, la justicia colombiana condenó a Saade a 24 años de prisión por homicidio agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, para entonces el condenado ya había huido del país rumbo a Brasil y adoptado una nueva identidad.

Durante 26 años, el caso se mantuvo sin resolución judicial efectiva, mientras la familia Mestre, especialmente el padre de Nancy, Martín Mestre, persiguió incansablemente al fugitivo a través de todos los canales legales posibles.

La recaptura del prófugo fue posible recién el 1 de mayo de 2023 en Porto Alegre, Brasil, donde fue detenido portando documentación falsa. Tras su detención, el 11 de abril de 2024 se concretó su extradición a Colombia, un proceso que enfrentó múltiples obstáculos jurídicos tanto en Colombia como en Brasil.

Un punto determinante fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, la cual, tras una votación dividida, accedió de forma inédita a la extradición solicitada por el Estado colombiano, acogiendo la petición directa de la familia Mestre. El tribunal brasileño planteó una condición: la condena no incluiría el delito de acceso carnal violento, ya que en Brasil ese tipo penal ya había prescrito para la fecha de la extradición.

Por su parte, la familia de la víctima, representada por Raúl Romero del Río, expresó que la decisión “cierra un ciclo de años de lucha judicial” y remarcó que este avance hacia la justicia se produce en el cumpleaños 51 de Nancy Mestre.

El abogado Romero resaltó: “Las personas que cometen feminicidios o delitos contra las mujeres deben saber que, sin importar cuánto tiempo pase o dónde se oculten, serán encontradas y sometidas a la justicia”, dijo a Semana.

Agregó que, más allá de los intentos reiterados de forzar la prescripción, la justicia confirmó la vigencia de la sanción, evitando beneficios que la defensa buscaba obtener por la vía del tiempo transcurrido.

A mediados de 2023, mientras Saade permanecía detenido en Brasil pendiente de extradición, la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla negó la prescripción de la pena e insistió en la vigencia de la condena de 24 años, ratificando que el proceso había seguido su cauce regular y que las estrategias dilatorias en distintos países resultaron infructuosas.

Saade había reconstruido una vida en el extranjero, formando una familia bajo su nueva identidad. Pero la Interpol y las autoridades colombianas lograron finalmente ubicarlo y traerlo de regreso, materializando una de las extradiciones más difíciles por violencia de género de la historia judicial colombiana.

La decisión final del tribunal, con fecha del 3 marzo de 2026 elimina cualquier margen de interpretación jurídica sobre la continuidad de la pena y consagra la respuesta institucional frente a las fugas prolongadas en casos de feminicidio y homicidio sexual.

El caso de Carolina Flores, modelo y exreina de belleza asesinada en un departamento de Polanco, sigue arrojando nueva información tras la detención de la presunta responsable, su suegra Erika “N”, quien había escapado del país para esconderse en Venezuela.

Ahora, los tíos de la joven sugirieron que el móvil del crimen tiene otros matices que van más allá del desprecio de su suegra: consideran que el ataque habría sido planeado por Erika “N” y su hijo Alejandro para apoderarse de una millonaria herencia.

Familiares de Carolina Flores afirman que la motivación fue la herencia millonaria

Los tíos de Carolina Flores, Cinthia y Javier Flores, en entrevista con el canal Mafian TV, aseguraron que la modelo habría recibido más de dos millones de dólares como indemnización tras la muerte de su padre, Jorge Flores.

A pesar de la existencia de esa suma, la madre de Carolina, Reyna Gómez, también en entrevista con Mafian TV, confirmó que su hija “sí recibió en su momento” un monto considerable por la pérdida de su padre, aunque se reservó revelar la cifra exacta porque, según sus palabras, “No me siento segura para darte esta respuesta, la verdad ”.

Nuevas acusaciones sobre los posibles autores del crimen

Los tíos de Carolina sugiere que el viudo, hijo de Erika “N”, podría haber actuado en complicidad con su madre debido al interés por la herencia.

Javier Flores argumentó que la reacción de Alejandro, captada en un video difundido en redes sociales tras la agresión, fue insensible, al señalar: “Esa no fue una reacción de alguien que te ama, de alguien normal... reaccionó como si la mamá hubiera tirado un plato.”

Y acusó: “Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice”.

En la grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez, se observa que, luego de seis disparos contra la modelo, Alejandro le recrimina a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, y Erika responde que Carolina la hizo enojar. Posteriormente, el viudo expone: “¿Qué te pasa? Es mi familia.” Erika “N” sigue la discusión con: “La familia es mía, tú eras mío y ella te robó.”

El destino de la herencia: el hijo de Carolina Flores

Respecto al destino de la herencia, Reyna Gómez aseguró que su deseo es que el dinero sea entregado íntegramente al hijo de Carolina, de acuerdo con la voluntad de la víctima. “El dinero es del niño”, declaró, aunque reconoció que desconoce quién lo recibirá formalmente.

Hasta hoy, no existe confirmación oficial de que la hipótesis del móvil económico sea investigada por la autoridad competente. Por ahora, la única persona detenida es Erika “N”, capturada días atrás en Venezuela y en espera de ser juzgada en México.

El sábado 2 de mayo, el silencio habitual de la cuadra 14200 de la calle Texarkana, en la zona de Cloverleaf al este de Houston, se rompió de forma definitiva a la 1:00 p.m. Dentro de una de esas viviendas, lo que parecía ser una vida familiar de esfuerzo y unidad forjada durante años de migración desde El Salvador se desmoronó en un instante de violencia inexplicable.

Yanira Elizabeth Marín de Romero, de 39 años, fue asesinada a tiros por su esposo frente a una de sus hijas, dejando un vacío que hoy su familia intenta llenar con peticiones de justicia y ayuda humanitaria.

La causa detrás del feminicidio, según los reportes del Sheriff del Condado de Harris, Ed González, resulta tan absurda como dolorosa. José Arquímedes Romero, de 43 años, confesó haber disparado contra su esposa porque, presuntamente, ella no se estaba tomando “lo suficientemente en serio” un dolor de espalda que él padecía.

Sin embargo, desde El Salvador, la familia de Yanira ofrece una perspectiva distinta que profundiza el misterio de la agresión. Mery Marín, hermana de la víctima, describe a José no como un hombre violento, sino como un “buen padre y esposo” hasta ese fatídico sábado.

Según relata la familia, el agresor ya se había recuperado de sus problemas de salud. “Ella lo cuidó mucho. Él ya no tenía nada porque ya se había curado”, afirma Mery, sugiriendo que el ataque fue un arranque de ira irracional más que el desenlace de una enfermedad física.

La crueldad del acto se magnifica por la presencia de los cuatro hijos de la pareja. En el momento del ataque, Yeimi, de 13 años, fue testigo ocular de cómo su padre le disparaba a su madre en la habitación, sin que mediara una discusión previa. El reporte inicial indica que los niños corrieron a esconderse para salvar sus vidas.

Los hijos, cuyas edades oscilan entre los 20, 13, 8 y apenas 2 años, resultaron físicamente ilesos, pero con una herida emocional que marcará el resto de sus vidas. Actualmente, se encuentran bajo el cuidado de una tía materna en Estados Unidos, mientras la familia en El Salvador clama para que la custodia legal permanezca en el círculo familiar y no pase a manos del Estado, o peor aún, quede bajo la influencia legal del agresor, quien permanece arrestado en la cárcel del condado de Harris.

Un duelo en espera y un llamado a la solidaridad

A pesar de lo que circuló inicialmente en redes sociales, el cuerpo de Yanira aún no ha sido entregado a sus familiares. El proceso forense y legal ha sido lento, prolongando la agonía de una madre y una hermana que esperan desde Santa María, en Usulután Este, para darle el último adiós.

La meta de la familia Marín es clara: repatriar los restos de Yanira a su natal. El costo de este proceso, asciende a un mínimo de $15,000, una cifra inalcanzable para una familia de escasos recursos que perdió a su principal sustento emocional.

“No queremos nada de las autoridades, solo queremos traerla a casa y que mis sobrinos estén bien”, expresó Mery Marín a Infobae con una resignación que quiebra el alma.

La familia ha sido enfática en aclarar que, debido a complicaciones con plataformas digitales como GoFundMe, la ayuda se está canalizando directamente a través de contactos telefónicos y transferencias directas para evitar estafas. Han habilitado las siguientes vías de contacto para quienes deseen colaborar con los gastos de repatriación y el sustento de los cuatro menores huérfanos:

• Contacto en EE. UU. (Zelle/Información): +1 (415) 240-5618
• Contacto en El Salvador: 7117-4726

Yanira Marín vivió nueve años en los Estados Unidos, dedicada por completo a su hogar y a sus hijos. Su historia es ahora un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de cómo la violencia doméstica puede esconderse tras la fachada de una familia “normal”.

Mientras José Arquímedes Romero enfrenta cargos por asesinato, una familia entera en dos países distintos se une en un solo ruego: llevar a Yanira de vuelta a la tierra que la vio nacer.

La rápida acción policial, sumada a la colaboración de la comunidad y el respaldo de la Administración municipal, permitió la detención del atacante en menos de 24 horas. Sin embargo, la comunidad aún está a la espera de los resultados del proceso judicial.

Al revisar los antecedentes, los uniformados confirmaron que el detenido tenía una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía Seccional 18 de Bucaramanga desde el 23 de julio de 2014, por el delito de homicidio agravado relacionado con hechos ocurridos en La Esperanza, Norte de Santander. Este dato, confirmado por la Policía Nacional, agrava su situación judicial.

La secuencia del ataque fue reconstruida por las autoridades a partir de información de la comunidad. Según detalló el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía Santander, Luisa Esteban Mota regresaba a su vivienda junto a su hijo de 15 años cuando fue interceptada por el agresor.

Versiones preliminares indican que minutos antes se había producido una discusión entre ambos en un establecimiento, donde la víctima se enfrentó al hombre. Tras el altercado, el sujeto esperó a la mujer en una esquina cercana a la finca El Oso, donde la atacó con un arma blanca causándole la muerte en el lugar, mientras que el menor resultó herido en un brazo.

La captura se realizó sobre las 6:00 p. m. del lunes 4 de mayo, según confirmó el alcalde de Suratá, Ecxon Jerónimo Pabón, citado por el medio local Alerta Bucaramanga. El operativo, liderado por la Policía Nacional permitió ubicar al presunto homicida en el sector de Puente Bajaloma, zona rural comprendida entre la vereda San Ignacio y el Filo de Turbay, en los límites con el municipio de El Playón.

“El hombre, al verse cercado, decidió entregarse voluntariamente en inmediaciones del río Cachirí. De inmediato, fue puesto bajo custodia, se le brindaron las medidas de protección correspondientes y posteriormente fue trasladado a Bucaramanga para avanzar en su proceso de judicialización”, según explicó el teniente coronel Francisco Albeiro Avendaño Flechas, comandante encargado del Departamento de Policía Santander.

Durante el procedimiento, se presentaron inconsistencias en la identificación del detenido, lo que motivó la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para la plena confirmación de su identidad. Este proceso permitió establecer el antecedente previo de homicidio agravado.

Piden investigar el caso como un feminicidio

Ante la gravedad del caso, la Fundación Mujer y Futuro exigió en un comunicado difundido en redes sociales que el asesinato sea investigado como feminicidio y no solo como homicidio, citando la Directiva 0004 de la Fiscalía General de la Nación: “Nombrarlo como feminicidio no es un detalle jurídico: es un acto de justicia”.

La organización también mostró su inquietud ante posibles fallas en la debida diligencia y solicitó garantías para evitar la repetición de hechos similares.

Las autoridades informaron que el proceso de judicialización ya está en marcha, y se está a la espera de las audiencias tras los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de imputar cargos y esclarecer los móviles del crimen.

Entre tanto, se recordó la importancia de la colaboración ciudadana y se reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo para evitar que los criminales continúen atentando en contra de la vida de los ciudadanos sin recibir ningún tipo de sanción.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia en Bucaramanga mientras que la Policía Nacional reiteró que mantiene su compromiso de fortalecer la seguridad y de garantizar justicia para las víctimas en todo el departamento.

El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez conmocionó a la sociedad por la violencia que quedó registrada en el video de la cámara del monitor de su bebé de 8 meses, filtrado en X un día después del asesinato.

Erika “N”, quien en los registros visuales dispara a quemarropa contra su nuera, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

La prensa local reportó detalles de la aprehensión, como declaraciones preliminares y registros de anotaciones escritas un día después del crimen.

Ambos elementos han centrado la conversación digital en la salud mental de Erika “N”, dando visibilidad a términos como enmeshment y el complejo de Yocasta.

Erika “N” niega los hechos durante su arresto

La detención se concretó 13 días después del incidente en Polanco, Ciudad de México, como resultado de una solicitud de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General de la República y la Interpol.

De acuerdo con Norberto Mazza, corresponsal de N+, Erika “N” opuso resistencia a elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). “Ella se negó a ser detenida. Dijo que por qué, que estaba en otro país, que no tenían autoridad como para detenerla por un delito que ella no había cometido. Incluso lo negó”, señaló durante un enlace.

Además de la negación del delito, otro factor difundido por medios locales centró la atención en la salud mental de Erika “N”. Jostin Montilla, una creadora digital más conocida como La Parcerita Postin, aseguró haber tenido acceso a notas de texto escritas por la sospechosa días después del homicidio de Carolina Flores.

En una transmisión en sus cuentas oficiales, Montilla leyó fragmentos de las anotaciones, donde se destaca que Erika “N” no veía a Carolina como la esposa de su hijo o la madre de su nieto, sino como una ladrona de su propiedad afectiva.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

La psicología detrás de Erika “N”

Al margen de la investigación en curso y su proceso de extradición, las frases documentadas en el video del crimen, así como las supuestas notas de texto halladas por la policía de Caracas, permiten identificar una asociación en la dinámica que tenían Erika “N” y su hijo con el complejo de Yocasta.

¿Qué es el complejo de Yocasta?

Su origen mitológico deriva de Yocasta, reina de Tebas en la tragedia griega Edipo Rey, quien se casa con su propio hijo, Edipo, sin saber su verdadera identidad.

Este concepto psicológico se manifiesta en la frase que la suegra le dijo a su hijo tras disparar: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”.

Erika “N” no veía a Carolina como la esposa de su hijo o la madre de su nieto, sino como una “intrusa” o una ladrona de su propiedad afectiva. Al decir “tú eres mío”, revela una incapacidad total para reconocer la autonomía de su hijo como hombre adulto.

Otros complejos con vínculos en el caso

Aunque el complejo de Yocasta llevado al extremo describe elementos clave en la percepción que Erika “N” tenía sobre su relación con su hijo, hay otros conceptos que, con base en los testimonios, se alinean al caso.

Otro complejo es conocido como enredo o amalgama (enmeshment). La dinámica familiar descrita muestra una falta absoluta de límites emocionales.

De acuerdo con los testimonios, la suegra mostraba hostilidad si Carolina no “atendía” correctamente a su hijo (como hacerle de comer), lo que indica que la madre seguía operando bajo la creencia de que ella debía controlar cada aspecto del bienestar de su “hijo-niño”, anulando el rol de la esposa.

En la mente de la agresora, el hijo es un objeto de su pertenencia. La formación de una nueva familia por parte del hijo es vista como un “robo” de su sustento emocional.

Es importante destacar que, aunque la psicología establece análisis que pueden asociarse al caso de Erika “N”, hay profesionales en la salud que subrayan que el origen de acciones extremas tiene un origen multifactorial: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, señaló el psicólogo David Márquez Verduzco a UNOTV.

¿Cuándo será extraditada Erika “N”?

Tras su arresto en Caracas, Erika “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se cumplen los procedimientos requeridos.

El proceso puede extenderse desde algunas semanas hasta varios meses, en función de la rapidez del sistema judicial venezolano y de los recursos legales que presente la defensa.

Durante este periodo, Erika “N” no podrá abandonar Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.

La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), quien en el pasado generó una ola de repudio por jactarse de haber fundado un albergue donde se obliga a menores sobrevivientes de violación a continuar con sus embarazos, plantea eliminar el delito de feminicidio y sustituirlo por la figura de “asesinato de pareja”, una propuesta que, según asociaciones judiciales y colectivos feministas, constituye un “grave retroceso” que favorece la impunidad.

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) difundieron un comunicado en el que rechazan la iniciativa, al subrayar que el feminicidio responde a una violencia estructural contra las mujeres en contextos de discriminación y subordinación.

De acuerdo con el pronunciamiento, “la sustitución del delito por una figura de aparente neutralidad, como el ‘asesinato de la pareja’, implica invisibilizar la especificidad de la violencia de género, así como desarticular un sistema normativo que no solo sanciona el hecho, sino que permite comprenderlo, investigarlo y juzgarlo adecuadamente en su contexto”.

En la misma línea, Promsex expresó preocupación por el avance del proyecto de ley 10342/2024-CR, al señalar que excluiría situaciones clave, como crímenes perpetrados por exparejas o desconocidos, y reforzaría la impunidad.

La organización destacó que el feminicidio sanciona asesinatos “motivados por razones de género en distintos contextos” y que su eliminación “agravaría las limitaciones del sistema de justicia para identificar y sancionar estos delitos como expresión de desigualdad y discriminación de género”.

Ambos comunicados coinciden en que el feminicidio “no es una categoría arbitraria, sino una respuesta técnica y jurídica reconocida a nivel nacional e internacional”. En ese sentido, advierten que su supresión “debilitaría la respuesta institucional frente a la violencia machista, pondría en riesgo los avances en justicia social y obstaculizaría el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

“Eliminando el feminicidio no solo se pierde información clave para dimensionar la violencia, sino que se agrava la desprotección y el riesgo para la vida de las mujeres”, alertó Promsex.

Por su parte, la directora del feminista Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, señaló en Exitosa que esta propuesta forma parte de “un paquete de medidas que la congresista ha impulsado en los últimos años para retroceder en materia de igualdad”.

Recordó que el delito de feminicidio se incorporó al Código Penal en 2011, en un inicio limitado a relaciones de pareja, y que en 2013 se amplió debido a estadísticas que evidencian que la violencia letal contra mujeres ocurre tanto dentro como fuera de esos vínculos.

“Las estadísticas señalan que las mujeres asesinadas en un contexto de violencia machista no necesariamente lo son solo en relaciones de pareja. Hay casos emblemáticos como el de Eyvi Ágreda, quien fue atacada por un acosador”, explicó.

El proyecto de ley de Jáuregui busca, en rigor, “sancionar por igual al hombre o mujer que asesina a su pareja cuando existen contextos similares, no haciéndose diferenciaciones en base al sexo de las víctimas, sino en base a la gravedad del delito cometido”.

Sin embargo, Meléndez cuestionó ese enfoque. “Lamentablemente, esta congresista niega que exista lo que conocemos como violencia machista o violencia de género. Para su pensamiento, es lo mismo lo que sufren las niñas que luego son asesinadas, o la violencia sexual en las calles, que una persona asesinada por un robo. No es lo mismo. La violencia contra las mujeres basada en relaciones de género tiene que ver con un contexto de exclusión que se mantiene y se reproduce”, sostuvo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Pedro Jared “N”, investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, una enfermera identificada con las iniciales W.G.H.T., por hechos ocurridos en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la agresión se registró el pasado 10 de marzo de 2026 al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Guadalupana, donde el imputado se encontraba en compañía de la víctima. En un momento determinado, cuando la mujer intentaba salir del inmueble, el sujeto presuntamente la atacó con un objeto punzocortante, provocándole diversas heridas.

La FGJEM detalló que, durante la agresión, el ahora detenido también profirió amenazas verbales en contra de la víctima y de otras personas que arribaron al lugar, lo que incrementó la gravedad de los hechos. Tras cometer el ataque, el individuo huyó.

Víctima teme por su vida

Debido a la severidad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde recibió atención médica especializada; incluso, perdió el conocimiento a consecuencia de las heridas, lo que encendió las alertas de las autoridades sobre la posible comisión de un delito de alto impacto.

Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inició una serie de actos de investigación que permitieron identificar a Pedro Jared “N” como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida.

Las indagatorias también revelaron que, tras la agresión, el sospechoso habría sido ingresado a un centro de atención psiquiátrica en la Ciudad de México, donde permaneció aproximadamente siete días. Posteriormente, se trasladó al municipio de Atlacomulco, donde se internó en un centro de rehabilitación conocido como “anexo”, ubicado en la colonia San José el Tunal, presuntamente con la intención de evadir la acción de la justicia.

Elementos de la Fiscalía mexiquense se movilizaron hasta dicho sitio y, con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), lograron ubicar y detener al individuo. Tras su captura, fue trasladado al municipio de Ecatepec.

Luego de ser certificado médicamente en instalaciones ministeriales, Pedro Jared “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, al considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, periodo en el que se recabarán más pruebas que permitan fortalecer el caso.

Cabe destacar que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Este caso se suma a los casos de violencia de género que ocurren en el Edomex, sobre todo en municipios como Ecatepec, donde se han implementado diversas estrategias de seguridad ante la incidencia de delitos de alto impacto.

Entre flores y clamor de justicia, familiares y amigos dan el último adiós a Omar, Alejandra, Valentina y Romina, víctimas del multihomicidio cometido en Azcapotzalco, alcaldía de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre inició este 1 de mayo de 2026 en un velatorio de la colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, para terminar en el Parque Memorial Gayosso, Naucalpan, Estado de México, donde sepultaron a la pareja y sus dos hijas.

En la ceremonia, marcada por el dolor y la exigencia de “justicia sin impunidad”, el entorno refleja el impacto que ha generado la violencia ejercida contra una familia descrita como discreta por sus vecinos. Cuatro carrozas blancas encabezan la procesión, que avanza por Circuito Interior y Ejército Nacional. Bajo toldos, los ataúdes descienden ante la mirada incrédula de los presentes.

El ataque ocurre días antes en la calle Guanábana, colonia Nueva Santa María, domicilio familiar donde las víctimas pierden la vida. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan como presunto responsable a Emiliano “N”, joven de 19 años que habría planeado y ejecutado el delito. El móvil se relaciona con una relación sentimental mantenida con Valentina, la hija mayor, de 17 años.

La tía de las víctimas, al tomar la palabra durante la despedida, denuncia entre lágrimas la dimensión de la tragedia: “Nunca esperé que este caso se fuera a dar en mi familia y menos con niñas”, exige que autoridades y ciudadanía no permitan el olvido y reclama la máxima condena para los responsables.

“Mi sobrina Valentina tenía 17 años y él, al parecer 19, pero era muy violento y su padre no aprobaba la relación. Simulaba ser de una familia bien… yo creo que si hubiera pedido algo, no hubiera habido necesidad de matarlas. Pedimos justicia, agradecemos la rápida acción de las autoridades y manifestamos también nuestro temor a represalias y garantizar la situación de nuestra familia”, reveló al periodista Carlos Jiménez.

Según la familia de las víctimas, el señor Omar había manifestado oposición al noviazgo debido al carácter violento de Emiliano. El presunto responsable, identificado por autoridades, presumía armas y vínculos delictivos en sus redes sociales, asimismo se le veía manejando camionetas de alto costo. Habría conocido a Valentina en el Tec de Monterrey donde la joven estudiaba.

En el día de los hechos, logra ingresar al domicilio sin forzar cerraduras, presuntamente con consentimiento de la adolescente.

Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y esclarecer el nivel de planeación en el crimen, mientras la comunidad insiste en la exigencia de justicia para las cuatro víctimas.

• Cuatro integrantes de una familia son asesinados en Azcapotzalco; la procesión y sepelio reúne a decenas de personas que exigen justicia.
• La SSC identifica a Emiliano “N”, de 19 años, quien mantenía una relación con Valentina, como presunto responsable.
• Vecinos y familiares describen a la familia como tranquila y piden la sentencia máxima para los autores del crimen.

Emiliano engañó a Valentina para acceder a su casa pero él la mató y a su familia

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados el pasado 28 de abril en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque tuvo como uno de sus elementos cruciales el engaño a la adolescente Valentina, de 17 años, a quien un sujeto, identificado como Emiliano “N”, habría convencido de permitir el ingreso de los agresores. La familia nunca imaginó que se llevaría a cabo la ejecución múltiple, que cobró la vida de Valentina, su hermana de 12 años y sus padres, en un crimen que evidencia la violencia social y los riesgos asociados a vínculos personales manipulados.

Las investigaciones iniciales ubicaron como víctimas a Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años; y sus dos hijas, de 12 y 16 años. De acuerdo con reportes oficiales, la familia fue privada de la vida dentro de su domicilio, en un acto que los investigadores vinculan con un robo violento.

El saldo policial revela la magnitud del caso: hasta ahora las autoridades detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos camionetas de lujo robadas, así como 95 dosis de droga y varias armas de fuego. Las camionetas aseguradas a los presuntos responsables incluyen una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en $2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i, cuyo precio asciende a $2 millones 264 mil 900 pesos. También fueron recuperadas prendas personales de las víctimas, entre otros objetos sustraídos.

El crimen y el perfil de las víctimas: vínculos personales y un móvil por pago

El desarrollo del multihomicidio tendría origen, según las primeras pesquisas, con la relación entre Emiliano y Valentina. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría querido ser pareja de la mayor de las hijas. Las versiones preliminares sostienen que la relación fue aprovechada por la célula delictiva para ejecutar el crimen: Valentina habría facilitado el acceso al hogar bajo engaños, situación que derivó en el asesinato de toda la familia.

Reportes atribuyen a Emiliano la confesión de haber recibido la oferta de $40 mil pesos de una banda presuntamente identificada como “Los Julios” para cometer el homicidio. Hasta el momento, las autoridades mantienen esa versión en reserva. Las pesquisas señalan que el vínculo entre Valentina y Emiliano habría iniciado en el Tec de Monterrey, una escuela privada de la Ciudad de México. Según los documentos analizados, el padre de la joven se oponía a la relación, lo que incrementó la tensión alrededor de la familia.

Durante el aseguramiento, los investigadores incautaron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares y varias dosis de marihuana y cocaína en piedra. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue para identificar a otros involucrados y establecer las motivaciones finales del multihomicidio.

Un juez del Estado de México dicta prisión preventiva a Pedro Jared ‘N’, enfermero de 23 años, tras encontrar elementos suficientes para vincularlo a proceso por el intento de feminicidio en contra de su esposa Wendy, también enfermera, ocurrido el pasado 10 de marzo de 2026 en Ecatepec.

El caso toma relevancia no solo por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, sino porque la autoridad judicial aplica una metodología con perspectiva de género, reconoce antecedentes de violencia y establece prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones durante un plazo de tres meses.

Presuntamente la familia del hombre habría amenazado a Wendy para no denunciarlo o si no sacaría a la luz fotos íntimas que Pedro guardaba debido a que era su esposo. Este hombre se escondía en un anexo para no ser encontrado.

La Fiscalía ubica, detiene y presenta a Pedro Jared tras días de fuga

De acuerdo con las investigaciones, tras la agresión, Pedro Jared ‘N’ habría buscado evadir la acción de la justicia. El enfermero se interna primero en un centro psiquiátrico en la Ciudad de México por aproximadamente siete días y luego se traslada a un centro de rehabilitación en la colonia San José el Tunal, en Atlacomulco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicita la orden de aprehensión y, con el apoyo de la Secretaría de Marina y la policía municipal de Ecatepec, logra su detención e ingreso al Centro Penitenciario de Chiconautla.

La audiencia judicial se realiza en los juzgados penales anexos al penal de Chiconautla. Durante la comparecencia, la defensa de Pedro intenta desestimar la gravedad del ataque y busca que enfrente el proceso en libertad con el uso de brazalete electrónico. Argumenta que las lesiones no ponían en riesgo la vida de Wendy. El juez, sin embargo, rechaza esta solicitud y señala como relevante la violencia previa y el uso desmedido de fuerza.

En esta audiencia, Pedro mantiene la mirada baja, a diferencia de ocasiones anteriores cuando, según los relatos, adopta una actitud retadora y burlona mientras escucha la resolución que lo mantiene privado de la libertad.

Violencia extrema y consecuencias médicas severas para Wendy

El ataque tiene lugar en un domicilio del fraccionamiento La Guadalupana, en Ecatepec. Según el testimonio de Wendy, la agresión ocurre después de manifestarle a Pedro su intención de terminar la relación por situaciones de control y violencia. El imputado utiliza un arma blanca y le asesta más de 25 puñaladas dirigidas al rostro, cuello, tórax y abdomen.

Ambulancias trasladan a Wendy al hospital regional. Los médicos detectan perforaciones graves en órganos vitales: hígado, pulmones, riñones, esófago y tráquea, además de fracturas en costillas y daños permanentes en los nervios de la mano derecha. Permanece en coma durante cuatro días y es dada de alta tras una intervención quirúrgica compleja en el Centro Médico Nacional La Raza.

Actualmente, Wendy cuenta con medidas de protección y acompañamiento psicológico. La próxima audiencia está programada para el 28 de junio.

Hostigamiento y amenazas contra la víctima tras la agresión

La familia de Wendy denuncia que durante el ataque, los familiares de Pedro —su madre, hermano y tía— no la auxiliaron y cerraron la puerta, dejándola expuesta a nuevos golpes. Además, tras la detención de Pedro Jared, los parientes del imputado la habrían amenazado con difundir contenido íntimo si no retira los cargos y han impulsado campañas de desprestigio en redes sociales.

La madre de Wendy declara: “Mi hija va a tener secuelas de por vida... Justicia es que él se quede en la cárcel.”

Cierre del proceso y medidas judiciales

La autoridad judicial determina que la medida cautelar ideal es la prisión preventiva justificada, con un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El acusado permanece en el penal de Chiconautla.

La FGJEM reitera que Pedro Jared ‘N’ debe ser considerado inocente mientras no exista condena en su contra y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de denuncia y atención.

• Pedro Jared ‘N’ es vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por intento de feminicidio en Ecatepec.
• El ataque deja a Wendy con lesiones en órganos vitales y secuelas permanentes; ella recibe acompañamiento psicológico y medidas de protección.
• El agresor habría intentado evadir la justicia internándose en un “anexo”; su familia enfrenta denuncias por omisión de auxilio y amenazas hacia la víctima.

La justicia peruana autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso del triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Buenos Aires. El acusado llegará en los próximos días al país, donde será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. La decisión pone fin a una investigación internacional que se extendió durante más de siete meses, tras un caso que conmocionó por la brutalidad del crimen y el despliegue transnacional de los implicados.

Según fuentes judiciales, Valverde Victoriano será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y posteriormente comparecerá ante la justicia argentina. Se lo acusa de haber participado en una represalia vinculada a una organización narcocriminal, tras la sustracción de varios kilogramos de cocaína. La causa involucra a al menos once imputados y sumó detenciones en Argentina, Bolivia y Perú.

Triple feminicidio en Florencio Varela

El 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron en la localidad de Ciudad Evita. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El vehículo se dirigió a una vivienda en la calle Chañar 702, Florencio Varela, donde fueron sometidas a golpizas, torturas y asesinadas.

Las autopsias confirmaron que las víctimas sufrieron violencia extrema, con mutilaciones, asfixia y heridas de arma blanca. Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa y el vehículo fue incendiado para borrar pruebas. Un dato que agravó el impacto del caso fue la transmisión en vivo de parte del crimen a través de redes sociales para un grupo privado, conformado por al menos 45 personas, hecho que autoridades bonaerenses calificaron como un acto de disciplinamiento mafioso.

La investigación determinó que la orden para ejecutar a las víctimas fue motivada por el supuesto robo de droga perteneciente a la banda de “Pequeño J”. Testimonios recogidos en la causa indican que las jóvenes fueron engañadas y llevadas al lugar del asesinato.

Fuga de “Pequeño J” y alerta de Interpol

Tras el hallazgo de los cuerpos y la identificación de varios sospechosos, la justicia argentina emitió una alerta roja de Interpol para la captura internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano. El joven, de nacionalidad peruana, logró evadir los controles migratorios saliendo del país por pasos fronterizos clandestinos hacia Bolivia.

Durante los días posteriores al crimen, ‘Pequeño J’ utilizó múltiples teléfonos y tarjetas SIM para dificultar su rastreo, pero un error en una comunicación con una de sus parejas permitió a los investigadores triangular su ubicación. La colaboración entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú resultó clave para avanzar en la búsqueda internacional.

Las autoridades argentinas detectaron que el sospechoso pretendía ingresar a Perú y que su destino era la ciudad de Lima. El seguimiento incluyó tareas de inteligencia y cooperación entre los equipos de ambos países.

Ingreso a Perú y captura

El ingreso de “Pequeño J” a Perú se concretó mediante el uso de documentos apócrifos y la colaboración de una red criminal. Se desplazó desde Bolivia en buses interprovinciales y finalmente se ocultó en un camión de carga para eludir los controles.

El 30 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Perú interceptó el vehículo en el distrito de Pucusana, al sur de Lima. El operativo se llevó a cabo tras un bloqueo de pescadores en la Panamericana Sur, lo que permitió a los agentes actuar sin generar enfrentamientos. En paralelo, el principal colaborador de Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio, fue detenido en la capital peruana.

El comunicado oficial de la policía peruana confirmó que la detención obedeció a la notificación de Interpol y a la coordinación directa con la justicia argentina. El detenido fue puesto bajo custodia en una comisaría de Chilca, a la espera de la resolución judicial sobre su extradición.

Durante su aprehensión, Valverde Victoriano negó toda responsabilidad, manifestando: “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”. La defensa del acusado sostiene que no existen pruebas directas en su contra, mientras que la investigación judicial argentina afirma que lideraba una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Proceso judicial y extradición

El expediente judicial sostiene que el triple homicidio se cometió en el marco de una represalia narco, con privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y violencia de género. Además de Tony Janzen Valverde Victoriano, la causa incluye a otros diez imputados con distintos grados de participación.

La extradición de “Pequeño J” fue confirmada por la justicia peruana tras un proceso que incluyó evaluaciones de seguridad y cooperación bilateral. El traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y una vez en territorio argentino, el imputado será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.

El caso permanece abierto, con varias líneas de investigación sobre la posible participación de otros miembros de la organización y la localización de prófugos. La extradición marca una etapa clave para la justicia argentina en la búsqueda de respuestas ante uno de los crímenes más violentos y organizados de los últimos años.

La intervención se realizó en el sector de Pichu Alto, en Cusco, donde agentes policiales ubicaron al investigado durante un operativo coordinado con autoridades bolivianas. Según información policial, el hombre fue encontrado bebiendo licor junto a otras personas cuando fue interceptado y reducido por efectivos de la Policía Nacional.

En declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial de Cusco, general PNP Carlos Guizado, informó que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Asimismo, indicó que el detenido era requerido por un caso de feminicidio registrado en Bolivia y que también presentaba antecedentes en territorio peruano.

Investigación por feminicidio y fuga hacia el Perú

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen ocurrió el lunes 27 de abril en Cochabamba. Las autoridades bolivianas sostienen que Jonathan Ángel Mormontoy habría agredido físicamente a su pareja, Elizabeth Villa Jiménez, hasta causarle la muerte por asfixia.

Tras el presunto feminicidio, el hombre habría ocultado el cuerpo de la víctima y posteriormente huyó del país llevándose a dos de sus hijos. Según la Policía, los menores tienen 10 años y seis meses de edad, respectivamente.

Según informó Unitel, las autoridades bolivianas emitieron una alerta de fuga luego de detectar la salida del acusado hacia territorio peruano. En menos de 48 horas, la Policía peruana logró ubicarlo en Cusco mediante acciones de seguimiento y geolocalización coordinadas con sus pares bolivianos.

Coordinación internacional para extradición

El general Carlos Guizado explicó que las diligencias continúan en coordinación con la Policía Boliviana e Interpol para agilizar el proceso de extradición del detenido. En paralelo, las autoridades gestionan la activación de una alerta roja internacional para formalizar su requerimiento ante la justicia peruana.

Desde Bolivia, el fiscal departamental Osvaldo Tejerina señaló que la captura fue posible gracias a convenios de cooperación y al intercambio de información migratoria y digital entre ambos países. En conversación con Unitel, indicó que el rastreo permitió establecer que el investigado había cruzado la frontera y se encontraba en Cusco.

Además del caso de feminicidio, las autoridades peruanas confirmaron que el detenido tenía antecedentes por hurto agravado y una requisitoria vigente en el Perú por ese delito. Por ello, permanecerá bajo custodia mientras avanzan las coordinaciones judiciales internacionales.

Situación de los menores y proceso judicial

La Policía informó que actualmente se realizan coordinaciones con instituciones correspondientes para garantizar la protección y custodia de los dos menores que ingresaron al Perú junto al detenido.

El acusado será puesto a disposición del Poder Judicial peruano mientras se desarrollan los procedimientos relacionados con el pedido de extradición formulado por Bolivia. Las autoridades estiman que, tras la activación de la alerta roja de Interpol, el ciudadano peruano podría ser entregado a la justicia boliviana en los próximos días.

Entretanto, el caso continúa siendo investigado por las autoridades de ambos países, que mantienen comunicación permanente para esclarecer los hechos y avanzar con el proceso judicial correspondiente contra el presunto responsable del crimen.

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un punto clave en la investigación por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza que fue privada de la vida en Polanco.

La detención internacional impulsó el inicio de un proceso de extradición que, aunque ya está en marcha, aún no tiene una fecha definida y depende de múltiples factores legales y diplomáticos.

El caso ha despertado una gran expectativa social y mediática, con la atención puesta en los pasos que restan para que la acusada sea trasladada a territorio mexicano y enfrente la justicia por uno de los crímenes de género más impactantes de los últimos años.

¿En qué etapa está el proceso de extradición?

Tras su arresto en Caracas, Erika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se desahogan los procedimientos requeridos.

• La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ya formalizó la solicitud de extradición.
• La petición debe ser revisada y validada por los tribunales venezolanos, quienes analizarán la documentación y los cargos.
• El tratado de extradición entre México y Venezuela, firmado en 1998, obliga a la entrega mutua de personas requeridas por la justicia, salvo excepciones muy específicas.
• Durante este periodo, Erika María “N” no podrá salir de Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.

Este proceso puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la agilidad del sistema judicial venezolano y de los recursos legales interpuestos por la defensa.

Factores que pueden influir en el plazo de extradición

El tiempo que tome concretar la extradición de Erika María “N” depende de diferentes variables institucionales y legales.

• Las autoridades venezolanas deben analizar la solicitud mexicana y asegurarse de que el delito imputado también sea perseguible en su país.
• La defensa de la acusada tiene derecho a presentar recursos legales, lo que podría retrasar su entrega.
• La carga de trabajo en los tribunales y los trámites diplomáticos también pueden extender los tiempos.

Sólo tras cumplirse todos estos requisitos legales, se autorizará el traslado de Erika María “N”, hasta ese momento, la acusada permanecerá bajo resguardo en territorio venezolano, sin una fecha específica para su extradición.

¿Qué ocurrirá cuando Erika “N” llegue a México?

Una vez que se concrete la extradición, el proceso penal contra Erika María “N” se desarrollará en territorio mexicano.

• A partir de su llegada, la justicia mexicana tomará el control total del proceso legal.
• Será presentada ante un juez, quien determinará su situación jurídica y resolverá sobre su vinculación a proceso.
• En México enfrentará cargos por feminicidio, delito que puede ser castigado con hasta 70 años de prisión.

De esta manera, el desenlace judicial dependerá de las pruebas presentadas y del desarrollo del juicio, pero la extradición representa un paso fundamental para que la acusada responda ante la ley.

Erika María “N” suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores y acusada de su feminicidio, se encuentra detenida en Caracas, Venezuela.

La mujer habría sido aprehendida inicialmente por desacato a la autoridad, en espera de la alerta roja de INTERPOL solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México.

Según información de N+, la Fiscalía contactó a funcionarios venezolanos a través de INTERPOL para reportar que la sospechosa podía ingresar a su territorio. Las fuentes del medio explicaron que el arresto por desacato permitió retenerla hasta 48 horas en lo que se recibía la documentación para procesarla formalmente por el presunto homicidio.

La acusada de feminicida llegó a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Carolina Flores, utilizando una ruta que incluyó una escala en Panamá. El reporte añade que Alejandro Sánchez, hijo de Erika María, tardó un día en notificar a las autoridades mexicanas sobre el homicidio de su esposa, lo cual facilitó la huida de la presunta responsable.

Durante su detención, Erika “N” alegó ante agentes venezolanos que estaba en otro país y negó los cargos, cuestionando la autoridad de los policías y rechazando haber cometido el delito. Por esta actitud, la policía venezolana la aprehendió por desacato, una figura utilizada en arrestos “callejeros”.

Actualmente, la detenida permanece en instalaciones de INTERPOL a la espera de los trámites diplomáticos para su extradición.

La supuesta carta de Erika “N” encontrada tras su detención

Una supuesta carta atribuida a Erika María “N”, señalada como la principal sospechosa del homicidio de la modelo Carolina Flores Gómez, circula días después de su captura en Venezuela. La detención ocurrió el 29 de abril en un departamento ubicado en La Cigarra, municipio El Hatillo, en Caracas; autoridades mexicanas ya iniciaron el proceso de extradición para que enfrente cargos en México vinculados con el feminicidio de su nuera.

El documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) ni por autoridades venezolanas, revela supuestos detalles personales previos y posteriores al crimen cometido el 15 de abril en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Aquí parte del texto proveniente de la supuesta carta: “Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”.

“Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito”.

Eduardo Enrique Pérez Barros, ciudadano de nacionalidad chilena, recibe sentencia de 50 años de prisión por el delito de feminicidio cometido contra su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad alemana cuya identidad permanece reservada.

La resolución deriva de un juicio oral realizado en Isla Mujeres, Quintana Roo, y contempla, además, el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de cubrir 717 mil pesos por reparación del daño material.

Según la investigación judicial, durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, Isla Mujeres, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían. Las autoridades identifican que en algún momento de esa noche la agredió físicamente en el abdomen, cuello y otras partes del cuerpo, ocasionándole asfixia por trauma laríngeo severo, lo que provocó su muerte.

El dictamen del tribunal establece como elementos de contexto que la violencia letal surgió a partir de un desgaste progresivo en la relación de pareja. Las pesquisas detallan conflictos previos, dependencia económica y una dinámica de control instauradas por Pérez Barros, lo cual habría generado un entorno de tensión en el que la víctima manifestó su propósito de terminar la relación y recuperar su autonomía. Este escenario, concluye la investigación, desencadenó la agresión mortal.

Una vez perpetrado el feminicidio, Eduardo Enrique Pérez Barros trasladó el cuerpo de la mujer hasta una embarcación y lo arrojó al mar, donde fue localizado al poco tiempo. Las autoridades dieron inicio al proceso que culminó con la actual condena, resultado de la coordinación entre diversas instancias de justicia de Quintana Roo.

En la audiencia de sentencia, además de la pena corporal de 50 años de prisión, el sentenciado recibió como condena accesoria el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de proporcionar 717 mil pesos por concepto de reparación del daño material.

La resolución judicial detalla la dinámica de los hechos y considera el contexto de violencia y control que caracterizó la relación. El fallo se establece de conformidad con la normatividad de Quintana Roo en materia de delitos de feminicidio y justicia para las víctimas.

El tribunal subraya que la decisión responde al principio de protección a los derechos de la víctima, así como a la sanción ejemplar ante actos de violencia letal contra mujeres en el estado. La identidad de la mujer fallecida se mantiene resguardada en atención a las disposiciones legales de privacidad y protección de datos personales.

• Sentencia de 50 años de prisión para Eduardo Enrique Pérez Barros por feminicidio en Isla Mujeres, Quintana Roo.
• El tribunal impone multas y reparación del daño: 288 mil 860 pesos de multa y 717 mil pesos por daño material.
• El fallo judicial reconoce el contexto de violencia de pareja, control y dependencia económica como elementos centrales en los hechos.

Sergio Arturo Alanís Ríos, feminicida de la joven de 17 años, Alexis Gabriel García, asesinada en Monterrey, se encuentra en libertad y diversos colectivos han denunciado que actualmente utiliza aplicaciones de citas.

Colectivos como Amicus Feminismo han reportado la existencia de un perfil en aplicaciones de citas con el nombre y fotografías de este hombre responsable del feminicidio de Alexis y agresiones físicas contra la madre y la hermana de la joven.

La alerta comenzó en una publicación de Facebook donde una joven denunció que se encontró con el perfil de Sergio en Bumble y Badoo, dos conocidas aplicaciones de citas por internet.

“Un día as3sinas a tu ex novia y al otro día estás ofreciéndote en una app de citas como si fueras un gran partido”, se lee en el post de la joven.

El caso generó alerta e indignación entre mujeres y colectivas feministas, quienes alertaron para que jóvenes no se dejen engañar por ese perfil y tengan cuidado, debido a que tiene un gran historial de violencia.

Por su parte, la colectiva Werwomenonfire reportó el caso bajo el título “ALERTA: un feminicida está libre”, advirtiendo lo peligroso que es que se encuentre libre y en busca de pareja después de haber asesinado Alexis García.

“Una vez más, las autoridades dejaron en libertad a un feminicida. Y una vez más, somos nosotras quienes tenemos que cuidarnos entre todas”, denunció la colectiva.

Pidió a las mujeres tener cuidado, “si llegan a tener contacto con él, manténganse alerta y prioricen su seguridad. Si lo identifican, reporten su perfil y alerten a otras mujeres”, escribieron a través de sus redes sociales.

Feminicidio de Alexis Gabriela García en 2016

En 2016 la joven Alexis Gabriela García, de 17 años, fue víctima de feminicidio por su expareja sentimental, Sergio Arturo Alanís Ríos, quien también agredió a la mamá y a la hermana de la joven.

Sergio Arturo Alanís Ríos huyó en una camioneta luego de asesinar a su expareja y fue detenido horas después por autoridades locales. Fue procesado y sentenciado a 19 años de prisión por el delito de homicidio calificado y lesiones.

El 12 de febrero de 2026, salió libre del Penal de Cadereyta luego de que su juicio sea abreviado debido a que se comprometió a pagar los gastos médicos de las víctimas, la mamá y la hermana de la joven a las que agredió cuando intentaron defenderla.

Con esto, Sergio fue puesto en libertad condicional, sin embargo, la razón para que la familia aceptara este trato pudo haber sido por necesidad económica más que por querer negociar con él.

De ahí el énfasis de colectivos feministas y mujeres usuarias de estas aplicaciones, en alertar a otras usuarias a tener cuidado con él y denunciar su perfil en caso de encontrarlo.

El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez sumó un nuevo elemento tras la difusión de una presunta carta atribuida a Erika “N”, principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

La mujer fue detenida el 29 de abril en Caracas, Venezuela, en un operativo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tras una solicitud de cooperación internacional gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Interpol.

Exponen presuntas notas escritas por Erika “N”

La controversia surgió luego de que el analista Federico Alvez retomó información difundida por la creadora de contenido Jostin Montilla, conocida como La Parcerita Postin, quien reveló el contenido de una nota supuestamente escrita por la imputada un día después del asesinato.

En el texto, Erika “N” describe tensiones personales con la víctima y deja entrever un sentimiento de desplazamiento dentro del entorno familiar. “Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses”, se lee en el fragmento difundido.

La nota también incluye una referencia directa al impacto del conflicto: “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante”.

El contenido no ha sido confirmado por autoridades mexicanas ni venezolanas. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha validado la autenticidad del documento ni su incorporación formal a la investigación.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió dentro del domicilio familiar y fue captado por una cámara de seguridad. Tras los hechos, la acusada salió del inmueble y abandonó el país al día siguiente.

FGR solicita la extradición al gobierno de Venezuela

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el proceso de extradición ya se encuentra en marcha. La dependencia señaló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso fue reclasificado como feminicidio y cuenta con una orden de aprehensión vigente. La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, reiteró su exigencia de justicia: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

La posible existencia de la carta introduce una línea adicional en la investigación, centrada en el estado emocional de la imputada y su relación con la víctima, en un expediente que continúa bajo análisis de autoridades ministeriales.

La paz de la comunidad de Molino Sur, en el municipio de Sébaco, no se perdió de forma gradual; se quebró de golpe, como un cristal golpeado por una piedra, la mañana del martes 28 de abril.

El eco de unos gritos de auxilio y el rugir de una motocicleta marcaron el inicio de una secuencia de horror que terminaría, apenas veinticuatro horas después, con dos cuerpos en ataúdes y una sensación de impunidad flotando en el aire húmedo de Matagalpa.

Marelyn Dayana González Centeno tenía solo 19 años y una vida estructurada en torno al servicio y la responsabilidad. Ese martes, como cada mañana, caminaba por los senderos de tierra roja de Molino Sur. Su destino era la casa de dos niños a los que cuidaba con esmero para llevarlos al preescolar de la zona. Era una joven de Potrero Redondo cuya única “culpa” fue haber decidido terminar una relación sentimental con un hombre que no entendía de libertades.

Henry Sequeira, su expareja, la acechaba. A bordo de una motocicleta, el sujeto le cerró el paso en un tramo solitario del camino. Lo que comenzó como una discusión cargada de violencia psicológica escaló rápidamente a la agresión física. Según los informes, Sequeira intentó subirla a la motocicleta por la fuerza, pretendiendo quizás un secuestro o un último intento de dominación. Marelyn, en un acto final de dignidad, resistió.

Esa resistencia fue respondida con una saña desmedida. Sequeira desenfundó un arma blanca y, ante la mirada impotente del paisaje rural, le propinó cinco puñaladas mortales en el pecho. La joven cayó al suelo, su sangre empapando la tierra, mientras el agresor huía a toda velocidad, dejando tras de sí una vida que se apagaba. Marelyn fue encontrada aún con signos vitales y trasladada de urgencia al hospital, pero el daño en sus órganos vitales era irreversible. Falleció poco después, dejando a una familia sumida en un luto que rápidamente se transformó en un clamor de justicia nacional.

La cacería en el río

El día de ayer 29 de abril, el sol sobre Matagalpa no trajo consuelo, sino el inicio de una cacería humana impulsada por la indignación. La Policía Nacional, en un operativo conjunto con pobladores de Sébaco que conocían cada rincón y cueva de la zona, rastreó sin descanso a Henry Sequeira. El asesino de la joven Marelyn Dayana ya no era solo un fugitivo; era un hombre marcado por el repudio de toda una comunidad que exigía justicia.

El rastro de la huida condujo a las autoridades hasta la comunidad Labranza, específicamente al sector del río conocido como Poza Azul. Allí, acorralado por el cerco policial y consciente de que su destino eran los tribunales, Sequeira optó por la salida más cobarde. En lugar de enfrentar la ley por las cinco puñaladas que le arrebataron la vida a su expareja, el sujeto ingirió una sustancia tóxica en un último intento por evadir sus responsabilidades.

Los agentes lo localizaron oculto en el fondo de un pozo profundo, ya bajo los efectos del veneno. “¡Ahí está vivo! ¡Ahí lo llevan!”, gritaban los testigos mientras tres oficiales forcejeaban para extraer su cuerpo moribundo de la cavidad.

Entre gritos y desesperación, Sequeira fue subido a una patrulla en una carrera contra el tiempo que el químico terminó ganando. Durante el trayecto, el victimario se retorcía en agonía, manifestando incluso su deseo de no ser auxiliado: prefería la muerte antes que la celda.

Finalmente, antes de que los médicos pudieran intervenir, se confirmó su fallecimiento. Con su último aliento, Sequeira evitó la condena de treinta años establecida por la ley nicaragüense, dejando a la familia de Marelyn Dayana con un vacío de justicia imposible de llenar.

El 28 de abril se perdió una vida inocente de forma atroz; el 29 de abril, el culpable huyó por la puerta trasera de la muerte, cerrando un círculo de sangre que deja una cicatriz imborrable en la memoria de las zonas rurales de Matagalpa.

La muerte violenta de Yolet Saray Manzanares de la Cruz, una menor de 13 años originaria de Amanalco de Becerra, ha provocado luto y una creciente indignación social en el municipio del Estado de México.

La noche del sábado 25 de abril de 2026, la adolescente fue atropellada, privada de la libertad mientras caminaba en compañía de dos niñas frente al campo deportivo de la comunidad de San Jerónimo, segunda sección, y finalmente localizada sin vida la mañana siguiente, con rastros de brutal violencia, sin ropa y con el rostro quemado.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando un individuo a bordo de un Chevy blanco, sin placas, con la fascia negra caída y una mancha distintiva en el lado del conductor, interceptó a la menor y sus acompañantes. El agresor, descrito como hombre menor de 30 años, tez morena, complexión delgada, bigote, cabello largo chino, gorra roja con blanco, playera deportiva de rayas blancas, rojas y verdes, pantalón de mezclilla ajustado y rasgado y tenis negros, atropelló intencionalmente a Yolet, la dejó inconsciente y posteriormente la subió a su vehículo, ante la mirada atónita de quienes la acompañaban.

Horas después del secuestro, vecinos y familiares de Yolet Manzanares formaron brigadas de búsqueda. La familia manifestó su inconformidad por lo que calificó como falta de reacción inmediata por parte de las autoridades locales y estatales. Las acciones comunitarias permitieron recabar descripciones y datos sobre el automóvil y el responsable. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) difundió una ficha con las características físicas de la menor: 1.20 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, vestía playera blanca de manga corta y pantalón negro de mezclilla.

El domingo 26 de abril, la búsqueda terminó en tragedia: el cuerpo de Yolet Saray fue hallado sin vida. La Cobupem confirmó la identidad mediante los rasgos visibles y la vestimenta reportada por la familia. El hecho desató protestas y reclamos dirigidos a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que respondan ante lo que habitantes consideran una grave vulnerabilidad en la región.

En Amanalco, el mensaje de “ni una menos” se ha multiplicado, sumando voces que demandan la intervención de autoridades estatales y federales en un contexto donde los feminicidios y ataques violentos a mujeres no ceden. Habitantes y organizaciones civiles exigen que el caso de la menor no quede impune y que haya acciones concretas para garantizar la seguridad y protección de niñas y adolescentes del municipio y el Estado de México.

El vehículo involucrado, un Chevy blanco con características específicas y el retrato hablado del posible responsable, forman parte de la información recabada que la comunidad ha compartido para agilizar la identificación, localización y detención del agresor. La ficha elaborada por la autoridad estatal circula como elemento clave en la colaboración ciudadana.

Vecinos de San Jerónimo y comunidades cercanas continúan activamente con labores de documentación y denuncia, mientras se mantienen en espera de respuestas y avances en las investigaciones, al tiempo que realizan vigilias por Yolet Saray y otras víctimas de violencia de género.

La demanda central en Amanalco se concentra en dos ejes: que la muerte de la menor de 13 años sea esclarecida, y que la respuesta institucional garantice que ninguna niña o adolescente vuelva a estar desprotegida al transitar por las calles del municipio.

• Yolet Saray Manzanares de la Cruz, menor de 13 años, fue atropellada, secuestrada y hallada sin vida en Amanalco de Becerra el 25 y 26 de abril de 2026.
• La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México identificó el cuerpo por señas particulares y vestimenta, mientras la comunidad y familiares iniciaron la búsqueda tras denunciar falta de reacción de autoridades.
• La población exige justicia y acciones inmediatas a Delfina Gómez Álvarez y Claudia Sheinbaum Pardo, reclamando el esclarecimiento del feminicidio y seguridad para niñas y adolescentes.

La detención de Erika María “N” en Venezuela cierra una de las búsquedas internacionales más extensas tras el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza.

La emisión de una ficha roja por parte de Interpol movilizó a autoridades de casi 200 países, activando redes de colaboración inéditas para un caso de este tipo.

La notificación roja representa el máximo nivel de alerta internacional y permite que cualquier país miembro de Interpol colabore con la localización y detención provisional de personas buscadas por delitos graves. En el caso de Erika “N”, la emisión de esta alerta significó que su búsqueda pasó a ser global y no se limitaría al territorio mexicano.

¿Qué es una ficha roja de Interpol y cómo funciona?

La ficha roja es una herramienta clave en la cooperación policial internacional:

• Permite a los países miembros de Interpol identificar y detener provisionalmente a personas buscadas por delitos graves, como feminicidio.
• No es una orden de arresto automática, pero sí una solicitud formal para localizar y retener a la persona mientras se tramita la extradición.
• Cada país decide, de acuerdo con su legislación, si procede con la detención y bajo qué condiciones legales.
• La notificación roja incluye detalles físicos, datos personales y fotografía de la persona buscada.

De esta manera, la emisión de la ficha roja fue determinante para que la búsqueda de Erika María “N” traspasara las fronteras mexicanas y se convirtiera en un caso de alcance global.

Países en los que se buscaba a Erika Guadalupe “N”

La localización de la suegra de Carolina Flores se realizó dentro de una red internacional que abarca:

América: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Europa: Alemania, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Vaticano.

Asia: Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Baréin, Birmania (Myanmar), Brunéi, Bután, Camboya, Catar, China, Chipre, Corea (Rep. de), Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.

África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Congo (Rep. Democrática del), Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Oceanía: Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

En total, 196 países integran la lista de naciones donde se activó la alerta. Esto significa que Erika “N” podía ser localizada y detenida en cualquier punto del planeta donde opere la red de Interpol.

La amplitud de esta red internacional hizo prácticamente imposible que la sospechosa pudiera evadir la acción de la justicia mexicana.

Extradición y consecuencias judiciales

Tras su captura en Venezuela, las autoridades del país notificaron formalmente a México y comenzaron los procedimientos de extradición.

• La Fiscalía General de la República coordina el proceso de extradición, siguiendo los protocolos internacionales.
• El caso de Carolina Flores continúa bajo investigación en México, con la expectativa de que la responsable enfrente la justicia lo más pronto posible.

Así, el traslado de la detenida en la próximas horas dependerá de acuerdos y del cumplimiento de requisitos legales tanto en ambas naciones

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, informó que ya se encuentran trabajando para lograr la extradición de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores señalada por su feminicidio, luego de que fue detenida en Venezuela.

La Fiscalía Capitalina detalló que el arresto de la mujer se logró debido al trabajo en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue capturada en Caracas luego de haber ingresado por Panamá desde el pasado 16 de abril, un día después de que se cometió el crimen.

Hasta el momento, Erika María “N” se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México para enfrentar el proceso penal en su contra.

Así fue el ataque a balazos contra de la exreina de belleza

Carolina Flores fue atacada el pasado 15 de abril cuando se encontraba en su departamento en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su bebé de ocho meses y su suegra.

Una cámara colocada por la propia exreina de belleza captó el momento en el que Carolina fue atacada a balazos por su suegra, quien le disparó en al menos seis ocasiones.

Minutos antes del crimen, ambas conversaban en la sala, mientras dos perros permanecían en la habitación. Erika María “N” le pidió a Carolina que buscara un producto en otra recámara y la siguió hasta ese espacio. Fuera del ángulo de la cámara, se escucharon las detonaciones.

Alejandro Sánchez confrontó a su madre tras el ataque. En el video se le escucha decir: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Erika respondió “Nada, me hizo enojar”, a lo que el hombre le responde que se trataba de su familia.

Después de los hechos, Erika María “N” salió del departamento y abordo un taxi, lo cual su hijo no impidió. Alejandro Sánchez denunció los hechos hasta el día siguiente y el guardia de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones ni movimientos atípicos esa noche.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, fue notificada del asesinato de su hija un día después de los hechos, y aunque cuestionó el actuar de su yerno por permanecer en el departamento junto al cuerpo de su hija, afirmó que no tiene ningún conflicto con él.

“Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, declaró la mujer al finalizar una manifestación en Ensenada, Baja California, con el objetivo de exigir justicia para la joven.

Luego de que se reclasificó la investigación por el asesinato de Carolina Flores como feminicidio, a Erika María “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por este delito.

La detención de Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, marca un giro definitivo en el feminicidio que ha causado conmoción en México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la noche del miércoles su captura en Venezuela, tras una búsqueda internacional coordinada con Interpol y autoridades venezolanas.

Así fue el ataque

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La joven madre de 27 años fue asesinada a balazos presuntamente por su suegra, en presencia de su esposo, Alejandro Sánchez, y su hija de ocho meses. El crimen quedó registrado parcialmente por una cámara de seguridad instalada en el área de cunero para vigilar a la bebé, la cual captó los momentos previos y posteriores al ataque.

El video deja ver que, minutos antes del ataque, Carolina y su suegra conversaban en la sala, mientras dos perros jugaban en la habitación. Erika le pidió un producto y Carolina accedió a buscarlo en otra habitación. La cámara registró cómo la suegra siguió a Carolina hasta ese cuarto y, fuera del ángulo de la cámara, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Alejandro Sánchez, esposo de la exreina de belleza, confrontó a su madre mientras tenía a su bebé en brazos: “¿Qué hiciste, mamá?“, a lo que ella respondió “nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. La necropsia reveló que Carolina recibió doce disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi. Su hijo no la detuvo y denunció los hechos hasta el día siguiente. El guardia de seguridad del edificio declaró que no escuchó detonaciones ni movimientos extraños esa noche, lo que generó dudas sobre las circunstancias del crimen y el tiempo que transcurrió antes de la llegada de las autoridades.

La ruta de escape: de México a Venezuela

La investigación reveló que Erika “N” había salido desde Ensenada, Baja California, el sábado 11 de abril, manejando cerca de 2,826 kilómetros hasta la Ciudad de México, a donde llegó el 15 de abril, día del crimen.

En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron varias paradas antes de llegar al departamento de la pareja.

Tras cometer el asesinato, Erika Herrera ya se encontraba fuera de México el 16 de abril, apenas un día después del crimen.

De acuerdo con el periodista Norberto Mazza, corresponsal en Venezuela para el medio Nmás, “la señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato”.

Mazza subrayó que fue la Fiscalía mexicana quien habría notificado, por los contactos que generalmente se tienen a través de Interpol, que posiblemente podría entrar al país una señora de nombre Erika María Guadalupe “N”, de 63 años, “y que le urgía, por lo menos, detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera”.

Según la versión del periodista, para ganar tiempo la mujer fue arrestada en Caracas bajo la figura de desacato a la autoridad. La medida permitió a las autoridades venezolanas retenerla por al menos 48 horas hasta la recepción formal de la alerta roja.

Fue hasta este 29 de abril que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió oficialmente una ficha roja para la captura de Erika “N”.

Mazza describe: “En esas 48 horas llegaron precisamente las informaciones oficiales de la tarjeta roja de Interpol que autorizan a actuar y a detenerla por la presunción de homicidio”. Según el periodista, “ella se negó a ser detenida, dijo que estaba en otro país, que no tenían autoridad para detenerla por un delito que no había cometido, o incluso lo negó”.

Actualmente, Erika “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, en espera del proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano.

El entorno familiar y social de Carolina Flores ha advertido sobre malos tratos y tensiones con su suegra, confirmando a medios que “la suegra la menospreciaba, la atacaba y pues problemáticas hacia Carolina”. La relación entre ambas se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y la mudanza a Ciudad de México.

La presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en la colonia Polanco de la Ciudad de México, fue detenida este miércoles 29 de abril en Venezuela, luego de que autoridades mexicanas solicitaran la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización y captura.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la detención de Erika María Guadalupe N fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional activados por la Fiscalía General de la República (FGR), que permitieron ubicarla fuera del país tras varios días prófuga.

El caso, que ha generado indignación social y cobertura internacional, se remonta al pasado 15 de abril, cuando Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio en Polanco.

La joven, originaria de Baja California, era conocida por haber sido reina de belleza y por su presencia en redes sociales.

Un crimen que estremeció al país

Las investigaciones señalan que la agresión ocurrió al interior del departamento que compartía con su esposo y su bebé de apenas ocho meses de edad. Según reportes, el ataque fue perpetrado con arma de fuego presuntamente por su suegra, Erika “N”, quien posteriormente huyó del lugar.

El feminicidio quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad del domicilio, lo que incrementó la presión pública para esclarecer los hechos y detener a la responsable.

Además, la denuncia del crimen se realizó un día después, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación de las personas presentes y posibles omisiones en la reacción inmediata ante el ataque.

Ficha roja y detención internacional

Tras confirmarse la identidad de la presunta agresora, la FGR solicitó el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para emitir una ficha roja, instrumento que permite la búsqueda y detención de personas en más de 190 países.

Gracias a esta alerta internacional, las autoridades lograron ubicar a Herrera Coriand en Venezuela, donde finalmente fue detenida. Ahora, el siguiente paso será iniciar formalmente el proceso de extradición para que enfrente la justicia en México.

Fuentes oficiales indicaron que la FGR deberá notificar a las autoridades capitalinas para coordinar los trámites diplomáticos correspondientes, los cuales pueden prolongarse dependiendo de los acuerdos bilaterales y procedimientos legales entre ambos países.

Investigación en curso

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras se analizan todas las circunstancias que rodearon el caso, incluidas las relaciones familiares y los antecedentes de conflicto entre la víctima y la presunta agresora.

Carolina Flores Gómez no solo destacaba por su participación en certámenes de belleza, sino también por su vida como madre reciente. Su asesinato ocurrió en presencia de su hijo menor, lo que ha generado una profunda indignación social.

Con la detención de la presunta feminicida, las autoridades mexicanas dan un paso importante en este caso mediático; sin embargo, el proceso legal apenas comienza y será clave para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

La Interpol emitió formalmente una ficha roja para localizar y detener a Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, por el presunto feminicidio ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco.

La mujer permanece prófuga, y es altamente probable que haya, por lo menos, intentado salir del país.

El día del ataque, una cámara en el inmueble registró el momento en que su suegra atacó a la joven, disparándole en varias ocasiones. Tras los hechos, Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, presenció el cuerpo de Carolina y cuestionó a su madre por lo sucedido. La agresora le respondió: “Tu familia es mía, tú eres mío, ella no”.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un día después. Sánchez Herrera argumentó que priorizó el cuidado de su hija de ocho meses antes de presentarse ante las autoridades. Al cierre de esta edición, la madre de Flores Gómez, Reyna Gómez Molina, sostiene: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

¿Cómo funciona la ficha roja de la Interpol?

La ficha roja emitida por la Interpol es una solicitud formal dirigida a las fuerzas del orden de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición, entrega o de una acción judicial similar.

No es una orden de detención internacional, sino una alerta que indica que una persona es buscada por un país o por un tribunal internacional por delitos graves como asesinato, violación o fraude.

Por qué no garantiza la captura inmediata:

• Cada país miembro de Interpol decide, según su legislación, si detiene o no a la persona señalada en una ficha roja.
• La notificación roja es solo una base para solicitar la detención; no obliga legalmente a ningún país a arrestar automáticamente al individuo.
• Hay países que no reconocen la ficha roja como fundamento suficiente para detener a una persona, especialmente si hay consideraciones legales, políticas o de derechos humanos.
• Interpol prohíbe el uso de la ficha roja para ciertos delitos (por ejemplo, controversias culturales, delitos administrativos o litigios privados) y revisa las solicitudes para evitar abusos políticos o persecuciones indebidas.

Los países que forman parte de la Interpol suman un total de 196

• Afganistán
• Albania
• Alemania
• Andorra
• Angola
• Antigua y Barbuda
• Arabia Saudí
• Argelia
• Argentina
• Armenia
• Aruba
• Australia
• Austria
• Azerbaiyán
• Bahamas
• Bahréin
• Bangladesh
• Barbados
• Belarrús
• Belice
• Benín
• Bolivia
• Bosnia-Herzegovina
• Botsuana
• Brasil
• Brunéi
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Bután
• Bélgica
• Cabo Verde
• Camboya
• Camerún
• Canadá
• Catar
• Chad
• Chile
• China
• Chipre
• Colombia
• Comoras
• Congo
• Congo (Rep. Democrática del)
• Corea (Rep. de)
• Costa Rica
• Croacia
• Cuba
• Curazao
• Côte d’Ivoire (Costa de Marfil)
• Dinamarca
• Dominica
• Ecuador
• Egipto
• El Salvador
• Emiratos Árabes Unidos
• Eritrea
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Estado de la Ciudad del Vaticano
• Estado de Palestina
• Estados Unidos
• Estonia
• Eswatini
• Etiopía
• Filipinas
• Finlandia
• Fiyi
• Francia
• Gabón
• Gambia
• Georgia
• Ghana
• Granada
• Grecia
• Guatemala
• Guinea
• Guinea Bissau
• Guinea Ecuatorial
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Hungría
• India
• Indonesia
• Irak
• Irlanda
• Irán
• Islandia
• Israel
• Italia
• Jamaica
• Japón
• Jordania
• Kazajstán
• Kenia
• Kirguistán
• Kiribati
• Kuwait
• Lesoto
• Letonia
• Liberia
• Libia
• Liechtenstein
• Lituania
• Luxemburgo
• Líbano
• Macedonia del Norte
• Madagascar
• Malasia
• Malaui
• Maldivas
• Malta
• Malí
• Marruecos
• Marshall (Islas)
• Mauricio
• Mauritania
• Micronesia (Estados Federados de)
• Moldova
• Mongolia
• Montenegro
• Mozambique
• Myanmar
• México
• Mónaco
• Namibia
• Nauru
• Nepal
• Nicaragua
• Nigeria
• Noruega
• Nueva Zelanda
• Níger
• Omán
• Pakistán
• Palaos
• Panamá
• Papúa Nueva Guinea
• Paraguay
• Países Bajos
• Perú
• Polonia
• Portugal
• RDP Lao
• Reino Unido
• Rep. Centroafricana
• Rep. Checa
• Rep. Dominicana
• Ruanda
• Rumania
• Rusia
• Salomón (Islas)
• Samoa
• San Cristóbal y Nieves
• San Marino
• San Martín
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Santo Tomé y Príncipe
• Senegal
• Serbia
• Seychelles
• Sierra Leone
• Singapur
• Siria
• Somalia
• Sri Lanka
• Sudáfrica
• Sudán
• Sudán del Sur
• Suecia
• Suiza
• Surinam
• Tailandia
• Tanzania
• Tayikistán
• Timor-Leste
• Togo
• Tonga
• Trinidad y Tobago
• Turkmenistán
• Túnez
• Türkiye
• Ucrania
• Uganda
• Uruguay
• Uzbekistán
• Vanuatu
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen
• Yibuti
• Zambia
• Zimbabue

La Secretaría de las Mujeres celebra la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esto, luego de que ayer el Congreso emitió la declaratoria tras recibir el aval de 27 congresos locales.

¿Qué falta?

El poder legislativo cuenta ahora con un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la Ley General, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados.

¿Qué cambiará?

La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión. El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías.

El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.

La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación.

Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.

Las políticas de prevención de la violencia feminicida quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.

El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, lo que incluye la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Con esta declaratoria, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal y una condición indispensable para lograr la igualdad sustantiva.

Según las pesquisas preliminares, el hombre trasladó a la víctima hasta un centro de salud y aseguró que había caído por las escaleras y sufrido un accidente doméstico. Sin embargo, las pericias médico-legales detectaron signos de asfixia en el cuerpo de la joven, incompatibles con la versión inicial.

El jefe de la Divincri Huaraz, Percy Chacón Zevallos, informó que tras los primeros hallazgos el personal policial y el Ministerio Público acudieron al inmueble donde residía la pareja, en la comunidad de Vicos. Durante la inspección se encontraron restos de sangre en el interior de la vivienda, elemento que reforzó las sospechas sobre un crimen ocurrido dentro del domicilio.

De acuerdo con la Policía, el investigado fue sometido a diligencias preliminares y, ante los elementos reunidos por los agentes y la Fiscalía, terminó modificando su declaración inicial. “Frente a las pruebas, no ha tenido más que señalar los hechos como ocurrieron”, sostuvo Chacón.

Las investigaciones también establecen que, horas antes del crimen, la pareja había participado en una reunión social donde ambos habrían consumido bebidas alcohólicas.

Sus hijos lo delataron

El crimen ocurrió delante de sus dos hijos menores de edad. Según las investigaciones, la niña de 8 años fue quien dio aviso a sus familiares sobre lo sucedido.

Luego del hecho, la víctima fue llevada al Hospital de Carhuaz, donde los médicos confirmaron su deceso. Para ese momento, de acuerdo con las indagaciones, la escena ya había sido manipulada para aparentar una caída accidental.

Los testimonios de los familiares y los resultados de las pericias médico-legales fueron presentados por la Fiscalía como principales elementos de prueba. Con base en ello, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el investigado.

Prisión preventiva

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Wilder Orlandini Quinto Colonia mientras continúan las investigaciones por la muerte de Jésica Carolina Cruz Colonia. El caso ha generado conmoción en Carhuaz y vuelve a poner en agenda la violencia contra la mujer en el país.

La Fiscalía argumentó que existe una alta probabilidad de una pena severa, que podría alcanzar la cadena perpetua, además de un riesgo procesal debido a la falta de arraigo laboral y familiar del imputado.

Mientras el proceso avanza, los hijos de la víctima han quedado bajo el cuidado de familiares.

Canales de ayuda

Si conoces un caso de violencia o desaparición, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en castellano, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día y se puede llamar desde cualquier teléfono fijo o celular.

También está disponible el Chat 100, un servicio confidencial y especializado por internet, donde profesionales ofrecen atención en tiempo real ante casos de violencia en el entorno familiar o de pareja. Puedes acceder al portal chat100.aurora.gob.pe desde cualquier parte del país.

Para niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, abandono o cualquier forma de desprotección, se encuentra habilitada la línea ANNA 1810.

El MIMP formalizó la Línea ANNA 1810 como canal gratuito para atender casos de riesgo infantil en todo el país.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) brindan atención legal, psicológica y social gratuita. Existen 245 CEM regulares que atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:15 p. m., y 185 CEM ubicados en comisarías, que operan a toda hora del día. Puedes comunicarte con la central telefónica del Ministerio de la Mujer al (01) 419-7260.

La paz de la comunidad de Molino Sur se quebró la mañana de ayer 28 de abril, bajo el eco de gritos de auxilio y la desesperación de un pueblo que presenció lo impensable.

Bajo la sombra de la violencia machista que no da tregua en el país, Marelyn Dayana González Centeno, una joven de apenas 19 años, se convirtió en una víctima más de feminicidio en Nicaragua.

El principal sospechoso es su expareja, Henry Sequeira, quien según testigos la interceptó en un camino rural y acabó con su vida con una saña indescriptible.

La mañana para Marelyn comenzó con un propósito noble. La joven, originaria de Potrero Redondo, se desplazaba por un sendero de la comunidad Molino Sur con un objetivo claro: iba a traer a dos niños pequeños para luego acompañarlos hacia su centro escolar de educación preescolar.

Como cada mañana, su labor era garantizar la seguridad de esos menores, sin imaginar que sería ella quien se encontraría en una situación de total vulnerabilidad. Fue en ese trayecto, a plena luz del día y en la vía pública, donde Sequeira la estaba esperando.

Sin mediar palabra y aprovechando la soledad de ciertos tramos del camino, el agresor la interceptó. Según los reportes médicos y policiales, el sujeto la acuchilló en cinco ocasiones, dirigiendo los ataques hacia zonas vitales del cuerpo.

La brutalidad del ataque dejó a la joven desplomada sobre la tierra, mientras el agresor huía del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad La Labranza.

“Se está desangrando”: el video de la angustia

La comunidad no tardó en reaccionar. A través de videos que han circulado en redes sociales, se puede palpar el horror del momento. En las imágenes, se escucha el grito desgarrador de los lugareños: “¡Se está desangrando!”, mientras intentan desesperadamente aplicar presión sobre las heridas para contener la hemorragia.

La solidaridad de los vecinos fue inmediata; en medio de la conmoción, lograron levantarla y coordinar su traslado de emergencia.

Marelyn fue llevada al Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa. Sin embargo, la pérdida de sangre y la profundidad de las cinco estocadas fueron determinantes. A pesar de que los médicos intentaron estabilizarla, la joven falleció poco después de ingresar al quirófano. La noticia de su muerte corrió como pólvora, encendiendo la chispa de la indignación en todo el departamento.

Detrás de este crimen hay una historia de acoso y resistencia. Allegados a Marelyn relataron que ella ya había tomado la valiente decisión de separarse de Sequeira meses atrás, precisamente debido a los constantes maltratos y su comportamiento violento. Sin embargo, en un patrón típico de los agresores feminicidas, Sequeira no aceptó la autonomía de la joven.

El sujeto la acosaba constantemente, insistiendo en retomar la relación sentimental. Marelyn, firme en su decisión de vivir una vida libre de violencia, se negó en repetidas ocasiones. Este rechazo fue, según las investigaciones preliminares, el detonante para que el agresor planeara el ataque mortal, esperando el momento en que ella saliera a realizar su labor diaria con los niños para atacarla por sorpresa.

El asesinato de Marelyn Dayana no es un caso aislado, sino un síntoma de una crisis profunda. Este hecho ocurre apenas días después de que el país viviera 22 días de angustia por la desaparición de otra mujer, quien finalmente fue hallada sin vida y cuyo principal sospechoso es también su pareja. Estos casos demuestran que, para las mujeres en Nicaragua, el peligro acecha incluso en los círculos más cercanos.

De acuerdo con los registros del blog especializado La Lupa Feminista, con el asesinato de Marelyn ya se contabilizan 8 casos de feminicidio en lo que va del año Esta cifra es un llamado de alerta para las autoridades y la sociedad civil.

El Senado de la República emitió este 28 de abril la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de feminicidio, tras el aval de 27 congresos estatales.

Con ello, se cumple el procedimiento establecido en la ley para modificar la Carta Magna y se da paso a la construcción de un nuevo marco jurídico nacional.

El dictamen fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, lo que permitirá su entrada en vigor y habilitará al Congreso de la Unión para legislar en la materia con alcance nacional.

Nueva ley general de feminicidio: objetivos y alcances

La reforma abre la puerta para crear una Ley General en materia de feminicidio que unifique criterios en todo el país.

Actualmente, existen diferencias entre estados en la forma de investigar, tipificar y sancionar este delito, lo que ha generado inconsistencias e impunidad.

Con esta nueva legislación se busca establecer bases comunes que garanticen justicia efectiva para las víctimas y sus familias, además de fortalecer la prevención de estos crímenes.

De qué trata la reforma sobre feminicidio

• Se faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley General aplicable en todo el país.
• Se homologará el tipo penal de feminicidio para evitar diferencias entre estados.
• Se establecerán sanciones uniformes, con penas que podrían ir de 40 a 70 años.
• Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo protocolo de feminicidio.
• Se estandarizarán las razones de género y agravantes del delito.
• Se fortalecerá la reparación del daño y la atención a víctimas indirectas.

Plazo de 180 días para expedir legislación nacional

De acuerdo con los artículos transitorios, el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la nueva ley.

Durante este periodo, se deberán definir los lineamientos que regirán en todo el país, incluyendo protocolos de actuación, sanciones y mecanismos de reparación del daño.

Uno de los cambios más relevantes será que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, lo que busca evitar omisiones o malas clasificaciones.

Cifras de feminicidio en México evidencian urgencia de la reforma

Datos oficiales indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque se reconoce que la cifra real podría ser mayor.

En tanto, durante el primer trimestre de 2026 se han reportado 148 casos a nivel nacional.

Estas cifras reflejan la gravedad de un problema estructural que ha sido señalado como una de las formas más extremas de violencia de género, afectando directamente los derechos humanos de mujeres y niñas.

Senado destaca enfoque de justicia con perspectiva de género

Desde el Senado se subrayó que esta reforma permitirá avanzar hacia una justicia más efectiva, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.

Legisladoras destacaron que no basta con reconocer la violencia estructural, sino que es necesario traducir ese reconocimiento en acciones concretas dentro de las instituciones.

También se enfatizó la importancia de garantizar investigaciones sólidas, procesos rigurosos y sentencias que respondan a la gravedad del delito.

Congresos estatales que aprobaron la reforma

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Estado de México
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Con este respaldo mayoritario, la reforma constitucional en materia de feminicidio avanza hacia su implementación, con la expectativa de establecer un sistema más uniforme y eficaz para combatir este delito en todo el país.

La Fiscalía General de la República habría solicitado a Interpol la emisión de una ficha roja para localizar a Erika María “N”, de 63 años, presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada el 15 de abril en la colonia Polanco. La mujer permanece prófuga desde el día de los hechos, registrados en video por una cámara de seguridad.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, marchó el 26 de abril en Ensenada, Baja California, para exigir el esclarecimiento del caso: “Tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

Imágenes de la cámara de seguridad mostraron el momento del ataque. En la secuencia, Erika María “N” habría huido con maletas a bordo del taxi momentos después del asesinato.

Parte de la declaración del hijo de Erika N a las autoridades

Ahora, han salido más detalles del caso a la luz. El periodista Carlos Jiménez, quien fue el que reveló las imágenes del ataque en primer lugar, volvió a utilizar sus redes sociales para informar sobre nuevos avances en la investigación.

Según el periodista, el esposo de Carolina Flores contó a las autoridades, cuando rindió su declaración, que su madre le pidió dejarla a solas con su pareja para “hablar”.

Recordemos, que ha trascendido que la relación nuera-suegra no era la mejor, y que Erika tenía un intenso coraje con la esposa de su hijo. En el video del asesinato, se escucha claramente como la presunta feminicida suelta “me hizo enojar (...) tú eres mío” a su hijo, después de disparar varias veces contra la joven.

“Contó el por eso se quedó con su bebé, hasta que escuchó un sonido muy fuerte”, contó Carlos Jiménez en su cuenta de X. El esposo de la modelo habría dicho en su declaración: “Escuché un sonido muy fuerte, como de un cuete”.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado a la presunta asesina, pero ya es buscada en más de 190 países a lo largo del mundo.

Cronología del caso Carolina Flores

• 15 de abril: Feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza, en la colonia Polanco. El hecho queda registrado por una cámara de seguridad.
• Erika María “N”, de 63 años, es señalada como probable responsable. Tras el crimen, se da a la fuga y es considerada prófuga de la justicia.
• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia investigación bajo el protocolo de feminicidio, un día después, tras la denuncia presentada por Alejandro, pareja de la víctima.
• Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, señala que el esposo de su hija no denunció de inmediato. Ella afirma que él le explicó que su propia madre, Erika María “N”, fue quien disparó a Carolina.
• 26 de abril: Reyna Gómez Molina participa en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Declara no tener conflictos con su yerno y reitera la demanda de justicia.
• Se identifica el taxi en el que Erika María “N” habría escapado. La Fiscalía localiza al taxista, lo que podría ayudar a determinar si la sospechosa sigue en México o salió del país, ya que huyó con maletas.
• La Fiscalía General de la República solicita a Interpol una ficha roja para localizar y detener a Erika María “N” a nivel internacional, ante la posibilidad de que intente salir del país.

Durante el 27 de abril de 2026 se dio a conocer el caso de una mujer de 23 años que fue hallada muerta en el barrio Villa Cindy, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. La víctima, identificada como Blanca Neris de Lagos, vivía en el sector junto a su pareja y sus dos hijos menores de 6 y 3 años, de acuerdo con la denuncia de sus allegados.

Ante la gravedad del caso, las autoridades trabajan para investigar si se trató de un homicidio o un feminicidio, debido a que las primeras indagaciones apuntan a signos de violencia en el cuerpo y que la posible causa del deceso sería asfixia mecánica, aunque esta hipótesis tendrá que ser ratificada por el Instituto de Medicina Legal en los próximos días.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. de la madrugada del viernes 24 de abril, cuando la hija de la víctima gritó para pedir ayuda a los vecinos, que de inmediato se acercaron hasta el inmueble, se encontraron el cadáver de la joven madre y se comunicaron con las autoridades para dar a conocer la situación.

Uno de los familiares relató detalles del caso al medio local CityTv: “Encontraron su cuerpo sin vida en el apartamento. La niña de ella, de seis años, fue quien salió a donde los vecinos a darles la noticia, como a pedir ayuda. Inmediatamente, los vecinos se acercaron y efectivamente encontraron que la mujer estaba muerta”.

La persona entrevistada indicó que la joven compartía la vivienda con sus dos hijos y su compañero sentimental que, al parecer, se encontraba en su trabajo al momento del suceso. Además, en su relato aseguró que no solo el cadáver tenía señales de violencia, sino que la hija de la víctima también presentaba lesiones en su cuerpo.

Del mismo modo, el familiar reveló que la pareja de la joven fallecida regresó a su casa después de la jornada laboral y se encontró con el operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación: “Un forense de Medicina Legal les dijo que no lo dejaran ir porque la niña tenía signos de violencia en el cuello, en el abdomen y en otras partes de su cuerpo”.

La denuncia hecha por uno de los allegados a la víctima preocupó a la comunidad, pues se estima que la menor también habría sufrido de violencia intrafamiliar, por lo que el sujeto es sospechoso de atacar tanto a su pareja como a sus hijos.

Por ahora, las pesquisas avanzan bajo la dirección del CTI, que asumió el caso y se encuentra recolectando pruebas y testimonios en el lugar de los hechos. La Policía explicó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia a través de la línea 123, dirigiéndose a un domicilio donde hallaron el cadáver de una mujer.

A la espera del informe definitivo de Medicina Legal, la familia de la joven exige justicia y reclama celeridad en el esclarecimiento del caso. Además, sus allegados confirmaron que el cuerpo de Blanca Neris de Lagos será trasladado a Valledupar, su ciudad de origen, donde se realizarán las exequias.

El caso de la joven tiene en alerta a la Policía que reiteró que la posible responsabilidad penal del compañero sentimental se determinará después de que se realicen los peritajes en curso y reiteró la importancia de las pruebas recopiladas por el CTI para la tipificación del delito.

Cabe mencionar que en 2026 se han reportado 344 homicidios en Bogotá, una cifra que representa una reducción del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, hasta el momento, las autoridades han efectuado más de 70 capturas relacionadas con este delito.

Por otro lado, la Policía confirmó que se han registrado 5 feminicidios comprobados en la capital desde enero.

La Fiscalía General de la República habría solicitado a la Interpol una ficha roja para localizar a nivel internacional a Erika María “N”, de 63 años, señalada como la probable responsable del feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco.

La petición a la policía internacional respondería a la posibilidad de que la mujer intente salir del país. Desde que habría cometido el crimen —documentado en video— se dio a la fuga y las autoridades la consideran prófuga de la justicia.

El feminicidio que quedó grabado y la posible condena de Erika “N”

El caso desató indignación pública al quedar registrado en imágenes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio y mantiene activas las diligencias para dar con el paradero de la sospechosa.

Si un juez la declara culpable, Erika María “N” enfrentaría una condena de hasta 70 años de prisión, conforme al Artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México.

Aparece el taxi en el que Erika “N” habría escapado tras asesinar a su nuera

De acuerdo con Carlos Jiménez, periodista especializado en seguridad, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ya identificó al taxista que trasladó a Erika “N” tras los hechos. La ubicación de este conductor podría revelar si la sospechosa permanece en México o logró salir del país, ya que huyó con maletas poco después del crimen.

El caso cuenta con imágenes captadas por una cámara de seguridad, que registró el momento del ataque. La madre de la víctima participa en una marcha el 26 de abril en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Destaca no tener conflictos con su yerno y afirma: “Tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

En su momento, el esposo de Carolina le habría dicho a la madre de ésta sus razones para no denunciar el crimen el mismo día que sucedió:

“Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’, declaró Reyna Gómez Molina, en entrevista con Univision.

El feminicidio de Carolina Flores: cronología de los hechos

• 15 de abril: Ocurre el feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza, en la colonia Polanco. El hecho queda grabado por una cámara de seguridad.
• Erika María “N”, de 63 años, es señalada como probable responsable. Tras el crimen, se da a la fuga y es considerada prófuga de la justicia.
• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia investigación bajo el protocolo de feminicidio, un día después del ataque, tras la denuncia de Alejandro, pareja de la modelo.
• Reyna Gómez Molina, madre de la víctima- relata que el esposo de Carolina no denunció de inmediato. Afirma que él le explicó que la madre de él (Erika María “N”) le disparó a Carolina.
• La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, participa el 26 de abril en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Declara no tener conflictos con su yerno y reitera la búsqueda de justicia.
• Se identifica el taxi en el que Erika María “N” habría escapado. El taxista es localizado por la Fiscalía, lo que podría ayudar a determinar si la sospechosa sigue en México o salió del país, ya que huyó con maletas.
• La Fiscalía General de la República solicita a Interpol una ficha roja para localizar y detener a Erika María “N” a nivel internacional, ante la posibilidad de que intente salir del país.

La incertidumbre de 22 días terminó bajo el sol inclemente del occidente de Nicaragua, no con el reencuentro esperado, sino con el silencio de una escena custodiada por cintas amarillas.

Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años, cuya fotografía circuló en redes sociales y carteles desde el pasado 2 de abril, fue localizada sin vida el 24 de abril en el sector de La Pedrera, a la altura del kilómetro 104 de la carretera que une León con Chinandega.

El hallazgo, ocurrido en jurisdicción del municipio de Telica, ha rasgado el tejido social de una comunidad que se resistía a aceptar el peor de los desenlaces.

El cuerpo de Maricela, en avanzado estado de descomposición, yacía a varios kilómetros de donde fue vista por última vez, un detalle que desde el primer momento sembró dudas sobre la intervención de terceras personas en su desaparición.

La desaparición de Maricela comenzó como una ausencia inexplicable en el municipio de Telica. Durante tres semanas, su familia recorrió calles, hospitales y delegaciones policiales, alimentando una esperanza que se fue marchitando conforme pasaban las horas. El reporte de un cuerpo en el sector conocido como “El 104” movilizó de inmediato a las fuerzas de la Policía Nacional y a peritos de Medicina Forense.

Mientras los forenses realizaban el levantamiento de los restos para determinar las causas exactas del fallecimiento, los peritos recolectaban indicios en una zona árida y apartada. Sin embargo, lo que inicialmente se manejaba como una “investigación de causas de muerte”, pronto tomó un giro oscuro y definitivo: la captura de un sospechoso.

Un nombre detrás del horror: Francisco José Ríos Duarte

De acuerdo con las primeras indagaciones y testimonios recabados en el entorno de la víctima, el crimen habría sido motivado por el rechazo. Presuntamente, Francisco José Ríos Duarte acabó con la vida de Maricela porque ella ya no quería continuar con la relación sentimental.

Esta negativa de la víctima a seguir bajo el mismo vínculo con el agresor se convirtió en la sentencia de muerte que hoy enluta a una familia nicaragüense, evidenciando una vez más el patrón de control y posesión que caracteriza a los feminicidios en el país.

La rapidez de las diligencias posteriores al hallazgo permitió a las autoridades judiciales poner bajo custodia a Francisco, señalado directamente por la Policía Nacional como el presunto autor del crimen, Ríos Duarte enfrenta ahora la justicia bajo la sombra del delito más atroz contra una mujer: el feminicidio.

El caso de García no es un hecho aislado. Su muerte resuena con una fuerza dolorosa en las estadísticas de violencia de género en el país. Según los registros del blog especializado La Lupa Feminista, antes de este hallazgo se contabilizaban al menos 6 casos de feminicidio en lo que va del año. Con la confirmación de este crimen en Telica, la cifra asciende, evidenciando una urgencia de protección y justicia para las mujeres que parece no llegar a tiempo.

Los vecinos, que recordaban a Maricela como una mujer de su comunidad, hoy se debaten entre el luto y la indignación. Tanto familiares como conocidos de las víctimas esperan que en las próximas horas las autoridades brinden un informe pormenorizado sobre el modo de operar del agresor y las circunstancias que rodearon la desaparición de Maricela desde aquel fatídico 2 de abril.

Mientras el departamento de León intenta asimilar la noticia, el nombre de Maricela se convierte en un símbolo más de la lucha contra la violencia machista. Su historia, que comenzó con una desaparición forzada de 22 días, termina con la exigencia colectiva de que el peso de la ley caiga sobre su agresor, para que el silencio de La Pedrera no sea la última palabra en la vida de una mujer que solo quería volver a casa.