La comunidad de Sensuntepeque atraviesa un momento de conmoción tras el supuesto feminicidio de María Hildaura Callejas. Ante esto, la Asociación Comité de Proyección Social de Sensuntepeque (ACOPROSEN) emitió un pronunciamiento urgente después de que se conociera la muerte de la mujer, perpetrada por su compañero de vida, Fabricio Antonio Meza, quien falleció mientras huía tras cometer el crimen, de acuerdo con información oficial proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC).

En un comunicado oficial, ACOPROSEN destaca que este crimen afecta no solo a la familia de la víctima, sino que constituye una amenaza para toda la comunidad. De igual manera, el pronunciamiento pone el foco en la responsabilidad colectiva de enfrentar la violencia de género. “La violencia no es amor, no es control, no es normal. Es un delito y una responsabilidad de todos”, señala la asociación, donde también invita a la población a no guardar silencio: “Si conoces algún caso de violencia, no te calles, pide ayuda”.

Una de las preocupaciones centrales destacadas por ACOPROSEN es la situación de los cuatro hijos de María Hildaura, quienes, según la asociación, “necesitarán apoyo en todo sentido”. En su mensaje, la entidad expresa solidaridad con los hijos, familiares y seres queridos de la víctima, y solicita a las autoridades de manera respetuosa que la investigación se realice “con prontitud, transparencia y conforme a la ley, de manera que se haga justicia y prevalezca la verdad”.

Un llamado a la denuncia y la solidaridad

El llamado de la organización trasciende la denuncia y se dirige especialmente a las mujeres, niñas y niño. “Nuestras oficinas están a la orden para que den aviso de cualquier situación que atente contra la vida de las mujeres, niñas y niños y nosotros informar a las autoridades competentes”, afirma ACOPROSEN, que insta a la población a “denunciar” toda forma de violencia.

En los materiales divulgados por la asociación, se destacan mensajes orientados al empoderamiento y la solidaridad. Frases como “Juntas construimos un mundo sin violencia” y “No estás sola, estamos contigo” buscan fortalecer la red de apoyo comunitario y motivar a las víctimas o testigos a alzar la voz. El compromiso institucional se traduce en acciones concretas: promover el respeto, alzar la voz contra toda forma de violencia y apoyar a las mujeres y sus familias en la búsqueda de justicia, paz y esperanza.

“Alzar nuestra voz contra toda forma de violencia” es, segúnel mensaje de la asociación, una tarea colectiva que requiere la participación de todas las personas, especialmente de las mujeres, quienes son convocadas a no permanecer en silencio y a buscar apoyo cuando su integridad esté en riesgo.

Al final de su pronunciamiento, la asociación reafirma su compromiso de promover una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, con respeto, seguridad y oportunidades para desarrollarse plenamente. El llamado de ACOPROSEN a alzar la voz y denunciar se presenta como una invitación abierta a la acción y la solidaridad, en memoria de María Hildaura Callejas y en defensa de todas las mujeres salvadoreñas.

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 23 de julio de 2026 la condena contra el hombre que mató a Yulianies Caicedo en Cartagena. Tras un preacuerdo avalado por un juez, el sentenciado fue hallado responsable de feminicidio agravado y tiene que cumplir 31 años y 2 meses de prisión por el crimen ocurrido el 5 de diciembre de 2025 en el barrio Fredonia.

La decisión quedó en firme y cerró el proceso judicial para el condenado, de 41 años, luego de que admitiera su responsabilidad de manera libre y asesorado por su abogado. Sin embargo, en las audiencias preliminares no aceptó el cargo que le imputó el ente investigador, decisión que cambió tras la revisión de su situación.

Según la reconstrucción del caso, que fue publicada por el diario local El Universal, la víctima tenía 21 años, era madre de dos niños de 5 y 6 años y había decidido separarse de su pareja dos días antes del ataque por antecedentes de malos tratos.

Una pariente de la víctima aseguró que el hombre la buscó la tarde del crimen en la vivienda de su madre, la convenció de salir con el argumento de que hablaran y la llevó a su casa, donde la encerró y la atacó a muerte.

De acuerdo con el testimonio recogido por el medio local, Yulianies había terminado la convivencia para irse con sus hijos a la casa de su madre el 3 de diciembre de 2025, con el fin de comenzar una nueva vida.

Sin embargo, la Fiscalía indicó en su reporte oficial que, dos días después, el sujeto la engañó para encerrarla en su casa, donde le propinó nueve heridas con arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Testigos del hecho pidieron justicia tras el ataque

Una familiar de la víctima contó detalles de lo ocurrido al diario cartagenero: “Una sobrina estaba jugando en la calle y fue ella quien vio cuando ese hombre salió ensangrentado y gritando que la había matado para que lo respetara. Yuli estaba ya en el suelo”.

La Policía Metropolitana informó ese mismo 5 de diciembre de 2025 que el entonces presunto feminicida se entregó voluntariamente y confesó el crimen. En su reporte oficial, la institución indicó que el hombre expresó que le había causado varias lesiones a su compañera sentimental.

Cabe reiterar que en las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado y ese cargo no fue aceptado. Sin embargo, el organismo judicial precisó que, tras un preacuerdo se declaró al involucrado responsable del delito de feminicidio agravado.

Hombre que mató a una menor de edad fue condenado

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 22 de julio que un juez penal de conocimiento de Riohacha condenó a 43 años y 9 meses de prisión a un hombre que causó la muerte de una menor de 12 años en el barrio 2 de febrero de la capital de La Guajira.

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal seccional, el 14 de abril de 2025 el hoy sentenciado, esposo de una tía de la víctima, aprovechó su condición de cuidador de la niña para agredirla en una habitación.

La menor de edad intentó defenderse de las agresiones en su contra, siendo herida por el ahora condenado con un arma cortopunzante, en 48 oportunidades. La gravedad de las heridas provocó su muerte casi de forma inmediata.

Tras la investigación, el agresor fue encontrado responsable del delito de femicidio agravado y el juez confirmó que la pena tiene que ser cumplida en centro de reclusión.

Un tribunal de La Vega condenó a 30 años de prisión al exoficial policial Juan Luis Jiménez Adames por matar a tiros en enero de 2025 a su pareja y a su suegra, y por herir a un hombre cercano a las víctimas. El caso fue presentado por el Ministerio Público como feminicidio y violencia de género e intrafamiliar agravada con arma de fuego.

La condena, correspondiente a la pena máxima solicitada por la acusación, también ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El arresto formal del condenado se produjo el 24 de marzo de 2025, más de dos meses después de los crímenes, tras una búsqueda física y electrónica.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el 18 de enero de 2025 a las 23:15 en una vivienda de la calle Los Cajuiles, en el sector Los Robles de la ciudad de La Vega. Allí, Jiménez Adames, entonces miembro de la Policía Nacional con rango de segundo teniente, irrumpió armado con una pistola en la residencia de su suegra.

Cómo ocurrió el ataque y qué sostiene el expediente

El expediente judicial sostiene que asesinó a su pareja, Meylin Ariany Marte Rodríguez, madre de sus tres hijos, con ocho disparos. En el mismo ataque mató a su suegra, Marisela Rodríguez Marte, e intentó matar a Franklin Ruiz Inoa, quien sobrevivió pese a heridas de bala en ambos glúteos.

Según el expediente del órgano acusador, la mañana de ese mismo día Marte Rodríguez llamó a su madre para pedirle que fuera a buscarla porque su pareja la estaba maltratando. La víctima residía en Villa Altagracia junto al agresor y los hijos de ambos.

La madre fue a buscarla y la trasladó a su casa en el sector Los Robles, en el centro de La Vega. En esa vivienda se produjo el ataque horas después.

Los cargos y la investigación del Ministerio Público

El Ministerio Público procesó a Jiménez Adames al considerar que había pruebas suficientes de los feminicidios, así como de violencia de género y violencia intrafamiliar agravada por el uso de arma de fuego. La investigación también incluyó cargos por violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La fiscal investigadora Katherin Castillo sostuvo en el proceso la base jurídica de la acusación. Durante el juicio, la fiscal litigante Yamilka de la Cruz presentó las pruebas con las que pidió la pena máxima ante el Primer Tribunal Colegiado de La Vega.

Ese tribunal estuvo integrado por las juezas Kathia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez. La titular de la Fiscalía de La Vega, la procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, valoró la sentencia al afirmar que la ley fue aplicada de forma correcta y que se impuso la sanción máxima requerida por el Ministerio Público.

La captura del exoficial

Después de los hechos, el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional un operativo de búsqueda que incluyó múltiples allanamientos, rastreos con drones y sobrevuelos en helicóptero.

Las autoridades indicaron que el acusado se ocultó en una zona boscosa del municipio de Villa Altagracia, en el paraje El Mogote, para evadir la acción judicial.

La publicación oficial precisa que, tras varios intentos fallidos y al verse sin salida, el exoficial aceptó entregarse voluntariamente. Su entrega y arresto formal quedaron ejecutados el 24 de marzo de 2025.

La detención de Juan Manuel Reverter en el condado de Deschutes, Oregón, representó un paso central en la investigación internacional por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert.

La causa, que involucra cooperación entre agencias de México y Estados Unidos, cobró notoriedad por la gravedad de los hechos y el despliegue de recursos para capturar al sospechoso.

El operativo, realizado alrededor de las 7:30 de la mañana, fue posible gracias a la participación coordinada de la United States Marshals Service, Interpol Washington, Homeland Security Investigation y la Patrulla Fronteriza.

El arresto respondió a una notificación roja de Interpol, que activó la búsqueda internacional tras el crimen ocurrido en México.

El arresto de Juan Manuel Reverter se concretó en Oregón a partir de una notificación roja de Interpol vinculada al femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, según la acusación.

La captura fue ejecutada por agencias federales de Estados Unidos en coordinación con autoridades y mecanismos de cooperación internacional.

Una investigación que une a tres países

El caso comenzó el 18 de febrero de 2023, cuando la hermana de Jalabert halló el cuerpo en el departamento que la modelo compartía con Reverter en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La víctima tenía 31 años y, según la acusación, fue golpeada y estrangulada antes de que se montara una escena para simular un suicidio.

La fiscalía mexicana sostuvo que Reverter era el principal sospechoso, acusado de manipular la escena para encubrir el homicidio.

La notificación roja de Interpol permitió que la búsqueda trascendiera fronteras y derivara en la captura en territorio estadounidense.

Por qué lo detuvieron en Oregón

La orden de arresto internacional y la gravedad de la acusación, el asesinato de una mujer por razones de género, catalogado como femicidio, motivaron la acción conjunta de agencias federales estadounidenses.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos explicó que sus equipos actúan en colaboración con otras jurisdicciones para localizar y detener a prófugos de delitos graves y violentos.

La detención de Reverter no guardó relación con delitos cometidos en Oregón, sino que respondió al pedido de autoridades mexicanas.

El operativo expuso el nivel de coordinación que puede alcanzar la lucha contra el crimen internacional, en especial cuando se trata de delitos de alto perfil.

El proceso judicial y una posible extradición

Por el momento, las autoridades estadounidenses no brindaron detalles adicionales sobre el arresto ni sobre los próximos pasos judiciales.

El proceso podría incluir una solicitud formal de extradición por parte de México, donde se abrió la investigación por el femicidio de Jalabert.

El caso de Agostina Jalabert conmocionó a la sociedad argentina y mexicana, generando reclamos de justicia y visibilización de los femicidios.

La detención de Reverter, principal sospechoso, representó un avance relevante, aunque el desenlace judicial aún estaba pendiente.

Las autoridades instaron a la población a aportar cualquier información relevante sobre fugitivos buscados. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos puso a disposición su línea de comunicación nacional y el portal de reportes para quienes puedan colaborar con datos sobre casos similares.

La cobertura sobre el destino judicial de Reverter y el desarrollo de la causa continuará en las próximas semanas, con la atención puesta en la cooperación internacional y el reclamo de justicia para la familia de Jalabert.

Un caso de feminicidio conmocionó a la localidad de Juli, en la región Puno, tras la muerte de Yanet Jiménez Sanga, de 35 años, quien falleció en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón luego de una agresión brutal atribuida a su conviviente, Mauro Córdoba Jiménez, de 39 años.

Según la versión de los familiares, la agresión ocurrió después de que la pareja regresara de una fiesta comunal durante el último fin de semana, donde habrían tenido una discusión. El sujeto la atacó por varias horas dentro de la vivienda. Yanet alcanzó a pedir ayuda por teléfono a su madre. “Estoy muriendo, vente, apúrate”, se escucha en el audio difundido en medios locales como Pachamama Radio.

Minutos después, su madre la encontró inconsciente y con graves signos de violencia. Junto a otro familiar, la trasladó de inmediato a un hospital en Puno para que recibiera atención médica. Sin embargo, falleció por la gravedad de sus lesiones.

En un audio difundido por otro medio local, el agresor vinculó el ataque con lo ocurrido en la celebración de compromiso a la que asistieron. En esas grabaciones se le escucha decir “que se muera”, mientras intentaba justificar la agresión por celos y porque, según su versión, la víctima “malogró” la fiesta.

Víctima sufrió violencia por varios años

De acuerdo con el testimonio de los allegados, la violencia no habría sido un hecho aislado. La familia denunció que los maltratos físicos y verbales se extendieron durante aproximadamente 16 años, y que se agravaban con el consumo de alcohol por parte del agresor.

El caso deja a dos menores, de 17 y 10 años, hijos de la víctima, quienes quedaron bajo custodia provisional de su abuela materna. La familia pidió apoyo estatal urgente al señalar que los menores carecen ahora de sustento económico.

Feminicida quiso “maquillar” el crimen

Tras la agresión, siempre según los familiares, el hombre intentó sostener una versión falsa sobre un supuesto accidente de tránsito, pero esa coartada fue descartada por los deudos. El detenido fue capturado el sábado cuando intentaba huir y se habría escondido en la vivienda de sus padres.

El último miércoles, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juli declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Mauro Córdoba, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de Yanet Jiménez. La medida coercitiva fue impuesta mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento del caso y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

Canales de ayuda

• La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias policiales y denuncias de violencia las 24 horas marcando el 105, con equipos especializados en protección y auxilio inmediato.
• El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece orientación y ayuda integral a víctimas de violencia de género a través de la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, brindando apoyo psicológico, legal y social en todo el país.
• El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde a emergencias de salud, accidentes o crisis psicológicas llamando al 106, con ambulancias y personal capacitado.

Un trágico hecho de violencia machista ha conmocionado al municipio de Cabañas Este. María Hildaura Callejas, de 42 años de edad, fue asesinada la noche de ayer, 22 de julio, en el distrito de Sensuntepeque a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años. El agresor atacó a la víctima con un arma de fuego mientras ella se encontraba en el interior de un vehículo.

Tras perpetrar el crimen, Meza se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. Sin embargo, su huida culminó a pocos kilómetros, en el distrito de Dolores, donde sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el que perdió la vida de forma inmediata.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo para procesar e inspeccionar la escena del crimen en Sensuntepeque, confirmando posteriormente el deceso del responsable en el lugar del accidente vehicular.

Aunque el agresor no podrá ser procesado penalmente por las autoridades debido a su muerte, el hecho ha dejado una consternación para las familia y amigos de María tras revelarse la constante violencia psicológica y física que sufría por parte de Meza.

A través de redes sociales, el caso ha tomado una fuerte notoriedad pública no solo por el impacto del feminicidio, sino por los contundentes descargos de personas cercanas y de los propios hijos de la víctima. Un familiar cercano y allegados confirmaron que María Hildaura ya había acudido previamente a las instituciones correspondientes para denunciar el maltrato físico y psicológico que sufría a manos de Meza.

Uno de los cuatro hijos de la víctima publicó un mensaje en redes sociales que se volvió viral, en el que aclaró los hechos y visibilizó lo enfrentó su madre durante años:

“La mujer asesinada esta noche en Sensuntepeque es mi mamá, María Hildaura Callejas, a manos de mi padre o expareja de vida, Fabricio Antonio Meza... Lo ocurrido ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó”, manifestó el joven.

En su escrito, el hijo de la víctima enfatizó que el hecho no se trató de una tragedia fortuita, sino de un acto completamente planificado: “Esperamos resolución de lo que claramente fue un feminicidio con todas las letras; esto no fue un arranque de furia, fue premeditado. Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo. Me da mucha lástima y tristeza ver cómo 26 años de la vida de mi madre tuvieron que llegar a una conclusión como esta”.

La violencia de género: cómo denunciar y qué más hacer

La tragedia de María Hildaura expone una dura realidad: las órdenes de restricción suelen ser insuficientes si no se activan protocolos de seguimiento constante y redes de apoyo efectivas. La violencia de género ya sea física, psicológica, económica o sexual, no es normal en ningún entorno familiar ni debe ser tolerada.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de maltrato o amenaza, existen pasos clave y canales institucionales para actuar:

• Líneas de emergencia y denuncia:
• • PNC (911): Para atención inmediata ante situaciones de riesgo inminente.
  • Línea 126 (ISDEMU): Ofrece orientación legal, psicológica y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia las 24 horas.
  • Fiscalía General de la República (FGR): Permite interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas o agresiones.
• Construcción de una red de apoyo y plan de seguridad:
• • Romper el silencio: Hablar con personas de confianza (amigos, familiares o compañeros de trabajo) sobre las agresiones. Mantener a la red informada sobre la ubicación y estado de la persona en riesgo.
  • Documentar las agresiones: Guardar mensajes, audios, fotografías de lesiones o cualquier prueba que sirva al momento de presentar la denuncia.
  • Plan de emergencia: Mantener a la mano documentos personales importantes, un teléfono cargado y un lugar seguro a donde acudir en caso de que la violencia se intensifique.
  • Exigir seguimiento institucional: Al interponer una denuncia, es crucial dar seguimiento con las autoridades e informarlas inmediatamente ante cualquier incumplimiento de las medidas de protección.

El Juzgado Especializado de San Salvador condenó a Raúl Oswaldo Pérez a 35 años de prisión por el feminicidio de una joven cometido en Huizúcar, en La Libertad Este, en un fallo dictado en El Salvador tras un proceso en el que, según información publicada este miércoles por Centros Judiciales, resultaron decisivos los peritajes científicos y los testimonios.

El crimen ocurrió en septiembre de 2025, cuando la víctima asistió a una celebración en la que también estuvo Pérez. De acuerdo con Centros Judiciales, ambos se conocían y tenían amistades en común, un dato que explicó el contacto entre los dos durante la reunión y que luego permitió reconstruir el último tramo previo al asesinato.

La familia y los conocidos de la joven perdieron comunicación con ella después de que varios asistentes vieran al condenado ofrecerse a llevarla a su casa, ya que estaba bajo los efectos del alcohol y tenía dificultades para desplazarse sola. Tres días después, el cuerpo apareció en una zona al aire libre de Huizúcar, parcialmente enterrado, en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia sexual.

La prueba científica ubicó al acusado hasta el lugar

El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo de tipo contuso. Ese informe reforzó la hipótesis de un ataque directo y violento.

Durante el juicio, los testimonios situaron a Pérez en el lugar de los hechos y describieron la ropa que llevaba aquella noche, entre ella una gorra blanca. Varios declarantes dijeron que lo vieron salir abrazando a la víctima, mientras ella intentaba resistirse al contacto.

Pérez fue condenado porque la evidencia, según las autoridades judiciales, estableció un vínculo directo con la víctima y con el lugar donde fue hallado el cuerpo. La consecuencia inmediata del fallo fue una pena de 35 años de cárcel en un caso que volvió a exponer la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género en El Salvador.

La señal de los teléfonos siguió el mismo trayecto

Uno de los elementos centrales del expediente fue la evidencia digital. Centros Judiciales informó que la señal del teléfono móvil del acusado y la de la víctima se movieron de manera conjunta hasta el sitio donde después fue localizado el cadáver.

En la vivienda del imputado, además, los investigadores encontraron la gorra y la ropa que usó la noche del crimen. Los peritajes concluyeron que ambas prendas tenían rastros de sangre con perfil genético coincidente con el de la joven. “El desfile probatorio incluyó testimonios de personas que identificaron a Raúl Pérez, describieron la gorra blanca que portaba y la ropa que vestía ese día”, recalcó Centros Judiciales.

El tribunal sostuvo en su resolución que la víctima estaba en una situación de vulnerabilidad por su estado de ebriedad y que no pudo defenderse. También consideró acreditado el uso de violencia antes de la muerte.

Centros Judiciales señaló que el proceso puso de relieve la actuación coordinada entre autoridades judiciales, forenses y policiales. Los testigos también describieron la vestimenta que Pérez llevaba ese día.

En Chihuahua, las palabras de Ruth Sánchez Hernández, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia instalado por el gobierno panista de Marco Bonilla, ha causado indignación entre colectivos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) por la revictimización en contra de Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, víctima de feminicidio en 2008.

Panista causa indignación por comentarios que revictimizan a Marisela Escobedo

La mujer afirmó que Marisela Escobedo, asesinada en 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua tras años de exigir justicia, fue la culpable del crimen cometido en contra de su hija, arremetiendo en contra de la placa colocada en memoria de la madre buscadora de justicia:

“Me revienta ver la placa enfrente del gobierno de la señora ésta que estuvo ahí tanto tiempo manifestándose, cuando ella misma permitió que su hija menor de edad viviera con su propio agresor”.

La evangélica vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), intentaba dar consejos sobre la familia y en su intento de defender su postura, criticó la lucha de Marisela Escobedo, quien realizó una caminata de Ciudad Juárez a Chihuahua como protesta por la liberación del asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

“Qué vergüenza que como mamá haya tenido más fuerza de salir a marchar desnuda en las calles por su hija muerta; esa es una vergüenza y nos tiene que doler... Si no estás dispuesto a vivir correctamente por tus hijos, no vas a dar la vida por ellos, no queremos después que venga el remordimiento”.

Discurso solo aumenta estereotipos sobre las víctimas

Este y otros comentarios de Sánchez Hernández, fueron condenados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quien acusó que las expresiones constituyen actos de discriminación y violencia, subrayando que la culpa de un feminicidio siempre será del agresor y del Estado.

Ante una segunda declaración de la integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia, la CEDEHM emitió un posicionamiento:

“Lejos de rectificar frente al rechazo social, Ruth Sánchez agravó sus declaraciones: en esta segunda ocasión no solo sostuvo lo dicho, sino que llegó a atribuir a Marisela Escobedo la posible comisión de un delito —la omisión de cuidados—, imputándole así una responsabilidad penal por la violencia que otro ejerció contra su hija”.

El Centro de Derechos Humanos sostuvo que los dichos de la evangélica caen en “estereotipos sobre cómo deberían comportarse las mujeres”, ya que al tener un mayor eco ante la difusión de estos mensajes, la interpretación social gira en torno que las víctimas se “merecen” lo que les pasó.

“Si sirve para reprochar a una madre lo que le ocurrió a su hija, sirve igual para culpar a cualquier persona por cualquier violencia o violación de derechos humanos que padezca”, el mecanismo afirma que los dichos no son un tema aislado sino afirmaciones que podrían resultar peligrosas.

Centro de Derechos Humanos exige medidas a la Fiscalía de Chihuahua

Ante la indolencia y los dichos de quien es cercana al poder panista de Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado para la familia de Marisela Escobedo, por responabilizarla y revictimizarla. Ante esto, solicitaron el retiro de las emisiones de programas que constituyen el vehículo de revictimización.

Las medidas solicitadas se encuentran fundamentadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacó que las expresiones de Ruth Sánchez Hernández han causado rechazo entre madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad; adelantando que darán seguimiento a la actuación de las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso este martes 22 de julio la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, volverlo imprescriptible y fijar reglas nacionales de coordinación, atención a víctimas y reparación del daño.

Esta propuesta se realizan ante un crimen que, según la exposición de motivos de la reforma de feminicidio, no debe tratarse sólo como ilícito penal, sino como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con la CEPAL, citado en la reforma, en los últimos cinco años al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. Sólo en 2024 se registraron 3 mil 828.

En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2024 se registraron 855 feminicidios, en 2025 fueron 732 y en enero de 2026 hubo 94 casos. El documento sostiene que, aunque hay una reducción en la incidencia, la violencia letal contra las mujeres persiste y se concentra en entidades como Sinaloa, Estado de México, CDMX, Morelos y Chihuahua, que reúnen aproximadamente una tercera parte de los casos del país.

La iniciativa plantea un tipo penal único y que el feminicidio no prescriba

El eje central de la propuesta es expedir una ley general que armonice los marcos penales de las 32 entidades federativas. La Presidencia argumentó que hoy todas tipifican el feminicidio, pero con diferencias de fondo en las razones de género, las agravantes y las penas, lo que deriva en respuestas desiguales, dificultades para clasificar los delitos y subregistro.

La iniciativa también plantea que el feminicidio sea imprescriptible. La exposición de motivos señaló que este delito reúne rasgos similares a otras conductas que no deben extinguirse por el paso del tiempo, porque se comete en contextos estructurales de subordinación y discriminación, responde a patrones reiterados y su impunidad favorece la repetición.

El documento añadió que 18 estados ya reconocen la imprescriptibilidad del feminicidio en sus códigos penales: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Bajo ese argumento, la propuesta sostiene que aplicar prescripción a este delito sería una regresión en los estándares de protección.

Para justificar ese cambio, la iniciativa cita criterios de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos aparecen los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Digna Ochoa y otros, García Andrade y otros, y Ascencio Rosario y otros, así como los amparos en revisión 554/2013, directo 69/2015 y directo 30/2025.

Ley obligaría a investigar desde el inicio como feminicidio

La iniciativa responde de forma directa a una de las fallas que identifica en el sistema actual: las investigaciones que descartan de manera prematura la violencia de género. El texto propone fortalecer las responsabilidades de las autoridades investigadoras, los derechos de las víctimas y la aplicación de protocolos especializados homogéneos en todo el país.

Esos protocolos deberán incluir perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La reforma también incorpora datos del INEGI para describir el entorno de violencia previo al feminicidio. Según la ENDIREH 2021, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, equivalente a 70.1%, han vivido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminatoria a lo largo de su vida.

Con esa base, el proyecto entiende la violencia feminicida como la culminación de un continuo de agresiones que atraviesa los ámbitos familiar, comunitario, laboral e institucional. Por eso plantea que la respuesta del Estado no se limite al castigo, sino que combine prevención, investigación eficaz, sanción, atención y reparación integral del daño.

El proyecto crea registros nacionales para víctimas y menores en orfandad

Otro componente de la iniciativa es la consolidación de un registro interinstitucional de feminicidios. Su función sería integrar antecedentes de violencia, relación entre víctima y agresor, contextos de riesgo y circunstancias del delito para identificar patrones y activar intervenciones tempranas.

El documento sostiene que en múltiples casos se han documentado agresiones previas del mismo agresor, como violencia familiar, amenazas, golpes o agresión sexual, pero la información permanece fragmentada entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y atención a víctimas. Esa dispersión, añade, impide detectar a tiempo factores de riesgo y responder de forma preventiva.

La propuesta también crea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. La intención es identificar a las víctimas indirectas, generar estadística confiable, dar seguimiento a su situación social y jurídica y garantizar acceso a apoyo psicológico especializado, servicios integrales de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica y programas sociales.

Ese registro operaría con criterios estrictos de confidencialidad y protección de datos personales. También busca articular la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de las autoridades responsables de la protección de la niñez y la atención a víctimas.

En materia de prevención y atención, el proyecto ordena a la Federación, los estados, la CDMX y los municipios promover y fortalecer espacios especializados como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE.

La meta es ampliar la cobertura de servicios, facilitar la denuncia, coordinar a las instituciones y asegurar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición conforme a la Ley General de Víctimas.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que esta mañana recibieron la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que recientemente firmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, la senadora de Morena recordó que la propuesta busca homologar los protocolos de investigación de los casos de feminicidio y las sanciones por dicho delito a nivel nacional.

Castillo Juárez indicó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado.

¿Qué propone la iniciativa?

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la cual busca homologar la atención a los casos.

La iniciativa prevé un tipo penal único, definiendo el feminicidio como el homicidio de una mujer por razón de género, y establece diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o contextos de desigualdad de poder.

La sanción propuesta será de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que elevan la pena, como si la víctima es menor, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o si hay violencia extrema. La tentativa se sancionará con la mitad o dos terceras partes de la pena.

La ley también contempla sanciones complementarias: pérdida de derechos sucesorios, de patria potestad y de tutela, así como destitución e inhabilitación para servidores públicos responsables.

No habrá excusas absolutorias ni atenuantes y el delito será imprescriptible, sin acceso a criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistía.

Asimismo, señala que la investigación de toda muerte violenta de una mujer deberá iniciarse bajo el protocolo de feminicidio y las fiscalías deberán contar con unidades especializadas y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado.

El Ministerio Público podrá solicitar inteligencia y peritajes especializados, incorporando perspectiva de género y analizando antecedentes incluso sin denuncia previa.

La reparación integral del daño será obligatoria e incluirá atención médica, psicológica, restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica y servicios de traducción.

Y se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y se fortalecerán refugios y centros de justicia.

La iniciativa también obliga a medios y plataformas digitales a respetar la dignidad de las víctimas y amplía el derecho a la verdad para sobrevivientes e indirectos.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, en México se registraron 59 feminicidios, sumando 267 casos a nivel nacional entre enero y mayo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentraron el 34.5% de los feminicidios en ese periodo, con 92 víctimas. Sinaloa encabezó la lista con 34 casos, seguido por la Ciudad de México con 20, lo que significó un repunte para la capital, que pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia.

El Estado de México también reportó 20 feminicidios, ubicándose en tercer lugar, y Chiapas ocupó el cuarto puesto con 18 casos. Morelos registró 14 víctimas, mientras que Chihuahua y Tamaulipas reportaron 13 cada uno.

En contraste, estados como Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala tuvieron dos casos cada uno, mientras que Coahuila y Nayarit registraron solo uno.

El informe detalló que 219 de las 267 víctimas eran mujeres mayores de 18 años; el resto corresponde a menores de edad o casos donde no se precisó la edad.

El análisis municipal mostró que el 36.5% de los feminicidios se concentró en 20 municipios. Destacan Culiacán, Sinaloa, con 24 casos; Reynosa, Tamaulipas, con 9; Benito Juárez, Quintana Roo, con 5; y varias demarcaciones de la Ciudad de México como Venustiano Carranza, Iztacalco y La Magdalena Contreras, cada una con 3 a 5 casos.

El delito de narcomenudeo registró un incremento anual de 212% durante junio de 2026 en Irapuato, al contabilizarse 159 carpetas de investigación, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva elaborado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

El informe señaló que las investigaciones por este delito también presentaron un aumento de 5% respecto a mayo y, en el acumulado de enero a junio de 2026, reflejaron un crecimiento de 85% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante el primer semestre del año, Irapuato concentró 17% de las carpetas de investigación por narcomenudeo iniciadas en Guanajuato, de acuerdo con el análisis del organismo ciudadano.

El aumento en la venta de drogas al menudeo se registró en un periodo en el que otros delitos de impacto también mostraron variaciones al alza. La extorsión fue uno de ellos: durante junio se abrieron 21 carpetas de investigación, cifra que representó un incremento anual de 31%.

En el acumulado de 2026, este delito aumentó 23% respecto al mismo periodo del año anterior. El Observatorio detalló que 98% de las extorsiones fueron cometidas mediante llamadas telefónicas, mensajes u otros medios no presenciales, mientras que el 2% restante ocurrió de manera directa.

Con estas cifras, Irapuato concentró 24% de las carpetas por extorsión registradas en Guanajuato durante el periodo analizado.

Feminicidio y homicidio doloso mantienen tendencia al alza

En el caso del feminicidio, el Observatorio reportó una carpeta de investigación y una víctima durante junio. Aunque la cifra mensual fue menor respecto a otros delitos, el acumulado del año presentó un incremento de 50% frente al mismo periodo de 2025.

El municipio concentró 27% de las investigaciones por feminicidio iniciadas en Guanajuato, según los datos del reporte.

Respecto al homicidio doloso, durante junio se abrieron 13 carpetas de investigación por el asesinato de 14 personas. La cifra se mantuvo sin cambios frente al mismo mes del año anterior, aunque representó una disminución de 28% respecto a mayo.

Sin embargo, en el acumulado de enero a junio, los homicidios dolosos aumentaron 17% en comparación con el mismo periodo de 2025. El Observatorio indicó que en 95% de las investigaciones estuvo involucrada un arma de fuego.

Irapuato concentró 19% de las carpetas por homicidio doloso iniciadas en Guanajuato durante el primer semestre de 2026.

La violencia familiar también presentó un aumento. En junio se contabilizaron 255 carpetas de investigación y 344 víctimas, lo que representó un crecimiento anual de 4% y un incremento acumulado de 5% durante 2026.

Diez delitos registraron disminuciones durante junio

Aunque varios indicadores relacionados con violencia y delitos patrimoniales mostraron incrementos, el reporte del Observatorio Ciudadano identificó reducciones en 10 conductas delictivas durante junio.

El descenso más significativo correspondió al robo a transeúnte, con una disminución anual de 75%. Le siguieron el robo a casa habitación, con una reducción de 52%; la violación, con 47%, y el robo con violencia, con 43%.

También presentaron bajas el robo de motocicleta, con 38%; el homicidio culposo, con 31%; el robo a negocio, con 31%; las lesiones dolosas, con 16%, y el robo de vehículo, con 12%.

Durante junio no se registraron carpetas de investigación por secuestro, trata de personas ni robo a transporte público.

Entre los delitos con mayor número de investigaciones durante el mes se ubicaron la violencia familiar, con 255 carpetas; lesiones dolosas, con 160; narcomenudeo, con 159; robo con violencia, con 82, y robo a negocio, con 73.

Pese a la disminución de algunos indicadores, el Observatorio señaló que Irapuato mantuvo una participación relevante en la incidencia delictiva estatal. El municipio concentró 28% de los robos a transeúnte registrados en Guanajuato, 23% de los robos a negocio, 19% de los homicidios dolosos y 17% de los casos de violencia familiar, robo con violencia y narcomenudeo reportados en la entidad.

El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, joven de 21 años con un embarazo avanzado de ocho meses, conmocionó a la ciudad de Cali y reavivó los reclamos sociales contra la violencia de género.

El cadáver fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el sector conocido como Vagón, kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, sur de la ciudad, tras permanecer desaparecida desde el 16 de julio de 2026.

Según el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y evidentes signos de tortura, junto con múltiples heridas provocadas con arma blanca.

Las primeras diligencias apuntan a que el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar. El hallazgo movilizó a la Policía y la Fiscalía, que adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen que ha generado indignación en la opinión pública.

La noticia tuvo amplio eco en redes sociales y en las declaraciones de figuras políticas, quienes exigieron respuestas inmediatas y justicia.

Sondra Macollins, excandidata presidencial, expresó: “Qué impotencia da enterarse de esto. Le arrebataron la vida a Camila Potosí y a su bebé de ocho meses en Cali, después de engañarla dizque con unos regalos”.

En su mensaje, la dirigente subrayó el dolor e impacto que estos hechos generan en la sociedad: “Duele muchísimo ver que entre nosotras mismas pasen estas cosas, esto no se puede quedar así”.

Macollins instó a las autoridades a actuar con celeridad y transparencia: “Confiamos en que @FiscaliaCol y @PoliciaColombia hagan un trabajo riguroso y pronto nos den respuestas. Toda la luz para Camila y su pequeño. #JusticiaParaCamila”.

Por su parte, Jennifer Pedraza, senadora electa por el partido Dignidad y Compromiso, denunció la gravedad del caso y la necesidad de no naturalizar la violencia contra las mujeres.

“SECUESTRARON, TORTURARON Y ASESINARON A UNA MUJER DE 21 AÑOS EN EMBARAZO”, escribió en la red social X, acompañando su mensaje con llamadas directas a las autoridades locales y nacionales: “¡Y en este país no pasa nada! Qué impotencia. ¡No se puede convertir el feminicidio en un paisaje! Hagan algo @AlcaldiaDeCali. Exigimos JUSTICIA por María Camila Potosí. @FiscaliaCol”.

El caso fue igualmente condenado por Luis Gilberto Murillo, excanciller y exaspirante presidencial, quien expresó: “Esto no puede ser. El feminicidio de María Camila Potosí debe alertarnos a todos. Su vida y la de su hijo fueron arrebatadas de la forma más cruel”.

Murillo reiteró la urgencia de una respuesta institucional y de protección efectiva para las mujeres en Colombia: “Mi solidaridad con su familia. Exigimos una investigación pronta, justicia y cero impunidad. Proteger la vida de las mujeres es un deber inaplazable del Estado”.

Personería de Cali exigió justicia y condenó el feminicidio de María Camila Potosí en Cali: “De extrema gravedad”

La Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su rechazo absoluto ante el asesinato de María Camila Potosí, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras varios días desaparecida.

La entidad calificó el hecho como “de extrema gravedad” y recalcó que “no puede quedar en la impunidad”. El crimen conmocionó a la ciudad y generó una ola de indignación en la opinión pública.

Como organismo de control, la Personería exigió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades avanzar en una investigación “célere, exhaustiva y con enfoque de género” para esclarecer el caso, identificar y judicializar a los responsables.

El pronunciamiento incluyó un llamado urgente a fortalecer acciones de prevención, protección y atención integral ante episodios de desaparición y violencia hacia mujeres.

En su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, reiterando la importancia de evitar nuevos casos mediante políticas públicas efectivas.

“Acompañamos en su dolor a la familia y seres queridos de la víctima”, concluyó la Personería, mientras la ciudadanía exige justicia y garantías para la vida de las mujeres en Cali.

El caso de feminicidio de Frida Santamaría sigue en completa impunidad a cuatro años de la agresión perpetrada presuntamente por Juan Paulo Amezcua Gudiño, por quien la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información sobre su paradero y así se lleve a cabo su detención.

Irregularidades lleva a la apertura de carpetas de investigación

Ante lo anterior, este 21 de julio, las autoridades del estado detallaron que tiene información de que el acusado habría salido del país, sin precisar sobre el paradero para no comprometer la investigación:

“Se continúa con la línea de investigación bastante fuerte de que el responsable salió del país, hasta el momento no puedo mencionar hacia donde porque es algo que estamos intentando concretar para dar con el objetivo con la detención”.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, confirmó que aún no hay ninguna persona detenida por el feminicidio de la joven originaria de Sahuayo, el cual ocurrió en 2022, sin embargo, ha abierto investigaciones en contra de los servidores públicos que resulten responsables por las diversas omisiones e irregularidades en el caso:

“Posterior a la revisión de la carpeta, se observan diversas irregularidades y se han hecho de conocimiento a la vicefiscalía de Evaluación y Control Interno”.

Así habría sucedido el feminicidio de Frida Santamaría

La joven Frida Santamaría fue asesinada de un disparo en el hígado mientras trabajaba como organizadora de un bautizo en Sahuayo, Michoacán. Su ex pareja disparó contra ella frente a todos los invitados al evento, tomó su teléfono celular y huyó, dejándola moribunda en el lugar.

Su familia asegura que el feminicidio ocurrió en presencia de todos los asistentes al bautizo, quienes vieron al agresor y conocen su identidad. De ese grupo, solo una persona ha aceptado testificar ante las autoridades.

El silencio del resto no es casual. Según denuncia la familia, el asesino es pariente de un político del municipio, lo que habría generado una red de encubrimiento que mantiene al sujeto sin consecuencias legales hasta hoy.

Tras varios meses de lucha por parte de su familia, el caso de Frida Santamaría fue nuevamente clasificado como feminicidio, lo que obliga al presunto responsable, Juan Paulo, a regresar a prisión para continuar el proceso judicial, situación que hasta la fecha no se ha dado.

El juez Víctor Hugo Ortiz Margarito concluyó, tras una audiencia de tres horas, que el delito se tipifica como feminicidio, con esa resolución, modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo preciso de 24 horas para presentarse voluntariamente ante las autoridades, de lo contrario se giraría una orden de aprehensión en su contra.

El cambio de clasificación del delito a homicidio culposo le había permitido al acusado continuar el proceso sin estar recluido, una situación que agravó el caso y ha alargado el acceso de justicia. Esa condición se mantuvo durante meses, pese a que, según los padres de Frida, el resultado de la audiencia debió haberse ejecutado desde el 6 de mayo de 2025.

“Juan Paulo ha sido beneficiado innumerables veces para que continuara en libertad, pero por fin hoy damos un paso muy grande en la búsqueda de justicia para Frida”, expresaron los padres de la joven en un comunicado.

Entre las reformas con las que iniciarán las sesiones de septiembre en San Lázaro, están:

• Inteligencia Artificial
• Feminicidio
• Pueblos originarios
• Bienestar animal
• Seguros de gastos médicos mayores

Pese a que estos temas son planteados desde la agenda de Morena, Monreal Ávila afirmó que hay interés de todos los grupos parlamentarios para avanzar en cada una de las iniciativas planteadas. En materia de Inteligencia Artificial el legislador zacatecano ha advertido que al legislar se debe evitar caer en la prohibición del uso y la sobrerregulación.

Desde su planteamiento, es necesario el análisis de regulaciones internacionales como las de la Unión Europea, China o Estados Unidos, para elaborar una propia que vaya en beneficio de la ciudadanía, buscando explorar modelos flexibles.

En esto consiste la ley de feminicidio impulsada por Sheinbaum

El pasado 15 de julio, Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. La nueva legislación busca garantizar la cero impunidad a través de la homologación nacional de los mecanismos de investigación y sanción del feminicidio en México.

• La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y homologa esta definición en todo el país.
• Se reconocen 10 razones de género para tipificar el delito, incluyendo signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, motivos basados en estereotipos y contextos de desigualdad de poder.
• La pena base se fija en 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que pueden aumentar la condena a la mitad, como si la víctima estaba embarazada, era persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si hubo uso de ácido o sustancias inflamables.
• Además de la prisión, el responsable perderá derechos sucesorios, tutela, guarda y custodia, patria potestad y quedará inhabilitado para cualquier cargo público.
• No se permiten excusas absolutorias, atenuantes, ni beneficios procesales (como conmutación, libertad condicionada, amnistías o prescripción). El delito, la sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.

• La ley exige que la investigación y el proceso penal se realicen con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y análisis de contexto, desde la denuncia hasta la ejecución de la sanción.
• Se garantiza la reparación integral del daño para las víctimas, incluyendo acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, atención a víctimas indirectas y orfandad, y restitución digna del cuerpo.
• Se implementan políticas públicas de prevención, atención y erradicación del feminicidio, campañas de información, creación de grupos técnicos de apoyo y un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
• Todas las autoridades deberán garantizar el derecho a la verdad y promover la dignidad de las víctimas directas e indirectas, incluyendo acciones de bienestar integral para hijos e hijas de víctimas.

El próximo 1 de septiembre iniciará el periodo Ordinario en el Congreso de la Unión. En agosto, los grupos parlamentarios comenzarán los preparativos para la integración de la Mesad Directiva de ambas Cámaras.

La familia de Dafne Zapata Quintos busca impulsar la Ley Dafne tras la muerte de la adolescente de 13 años en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

La madre de la menor ha declarado en entrevistas que su objetivo al proponer esta ley sería prohibir novatadas, castigos físicos, tortura y ejercicios que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.

La exigencia ocurre mientras la carpeta de investigación sigue abierta sin órdenes de aprehensión conocidas ni personas en prisión preventiva. La demanda de la familia también incluye que el caso se investigue bajo protocolo de feminicidio.

El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. Ese documento es uno de los puntos centrales de la exigencia de justicia, porque la madre rechaza que el caso sea tratado como homicidio.

“No es homicidio, tiene que haber una corrección, es feminicidio… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta pero no hay detenidos”, dijo Quintos, citada por el medio.

La iniciativa busca prohibir tortura, novatadas y adiestramientos excesivos

La propuesta anunciada por la familia surge ante el vacío legal detectado en la supervisión de campamentos de verano e internamientos privados. La llamada Ley Dafne plantea establecer controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para instituciones que ofrecen actividades dirigidas a menores de edad.

La iniciativa pretende prohibir de forma expresa las novatadas, los castigos físicos, la tortura, los ejercicios desproporcionados y cualquier práctica presentada como disciplina o adiestramiento que pueda comprometer la integridad de los asistentes. El planteamiento abarca tanto institutos públicos como privados.

“No quiero nada más que una ley que ampare que ningún instituto militar público o privado lleve tortura, adiestramientos excesivos, novatadas y demás, porque en cuatro días me mataron a mi hija”, afirmó la madre de Dafne.

La respuesta directa a la muerte de la menor es doble: por un lado, la familia pide justicia penal y la reclasificación del caso; por otro, busca una reforma legal para impedir que academias militarizadas, campamentos de verano y centros similares operen sin reglas claras de supervisión y seguridad para menores.

Autoridades y legisladores ya revisan el caso en Tamaulipas

Después de los hechos, la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas pidió el cierre inmediato de la Academia Doenitz. Al mismo tiempo, autoridades municipales comenzaron una revisión de sus permisos de funcionamiento.

En el Congreso de Tamaulipas, legisladores ya comenzaron a plantear reformas para regular campamentos de verano y academias que mantienen menores bajo su cuidado. Estas propuestas surgen por la muerte de la adolescente y por los señalamientos sobre un vacío legal que habría permitido la operación de actividades sin vigilancia clara de autoridades educativas, municipales y de Protección Civil.

La presión pública también se apoya en testimonios de exalumnos de la institución. Esas denuncias señalan de manera consistente humillaciones, castigos físicos desmedidos y aislamiento psicológico dentro del plantel.

La familia ha pedido que esos señalamientos se integren a la investigación formal para deslindar responsabilidades penales.

Acusaciones que se suman a la exigencia de revisar a fondo el funcionamiento de la Academia Militarizada Doenitz y las condiciones en que permanecen menores bajo su cuidado.

La investigación por el asesinato de Natalia Santodomingo, una mujer trans de 33 años en Cajicá, entró en una zona de riesgo judicial: la familia y su abogado advirtieron que el hombre procesado por feminicidio agravado podría recuperar la libertad el próximo 20 de septiembre si no se instala a tiempo la audiencia de juicio oral por vencimiento de términos.

El caso sumó un dato que define la acusación. Según el abogado de las víctimas, un dictamen de Medicina Legal concluyó que las 68 puñaladas que recibió Natalia del tórax hacia arriba corresponden a patrones de crímenes de odio por identidad de género, un elemento que la justicia tomó para tratar el expediente como feminicidio pese a que la víctima era una mujer trans.

La alerta fue expuesta por la familia en declaraciones a Noticias RCN, cuando faltan menos de dos meses para que venza el plazo procesal. La principal exigencia está dirigida a la Fiscalía y a los jueces: que la etapa de juicio oral comience antes de esa fecha para evitar que el acusado salga de prisión.

Natalia Santodomingo fue asesinada en su vivienda en Cajicá hace poco más de un año. Ocho meses atrás fue capturado Carlos Fernando Castillo, que hoy responde ante la justicia por ocultamiento de material probatorio y por el cargo de feminicidio agravado.

El plazo procesal se convirtió en la mayor amenaza para el caso

Saúl León, abogado de las víctimas, situó el punto crítico en el calendario judicial. En ese marco, dijo que si en las próximas semanas no se instala la audiencia de juicio oral, “este sujeto podría quedar en libertad por vencimiento de términos”.

León sostuvo además que ese es el llamado que hacen las víctimas para evitar que la causa se descarrile antes del juicio. La advertencia no se centra en una discusión sobre el fondo del caso, sino en el riesgo de que una demora procesal permita la salida del acusado.

Diana Quintero, hermana de Natalia, precisó la fecha que hoy marca la preocupación de la familia. “Los términos se vencen en septiembre, como el 20 de septiembre más o menos”, afirmó, antes de resumir el pedido de su madre: que se haga justicia y que la muerte de Natalia no quede impune.

La acusación se apoya en un presunto móvil vinculado al género

De acuerdo con León, la tesis de la acusación es que el crimen se originó porque una relación no continuaría y por situaciones derivadas de envidias y animadversiones del presunto agresor contra Natalia. Esa reconstrucción se conecta con la calificación penal adoptada por la justicia.

El abogado explicó que el análisis forense no se limitó a describir la violencia del ataque. “El dictamen de medicina legal estableció que los patrones de las 68 heridas derivaban de una caracterización de crímenes de odio en razón a su identidad de género”, señaló.

Esa conclusión es uno de los soportes para que el caso sea tratado como feminicidio. En Colombia, según se indicó en el informe televisivo, ese delito también abarca a las mujeres trans cuando el crimen está motivado por razones de género o por prejuicio hacia su identidad.

La hermana de la víctima describió el proceso judicial como una “lucha constante” desde la captura del acusado. En su relato, una de las mayores dificultades apareció en la etapa de investigación, cuando la familia buscaba avances concretos del expediente.

Quintero dijo que debieron insistir ante la Fiscalía para que la investigación avanzara. Según su versión, la respuesta que recibían era que no había pruebas y que tampoco había cámaras, una situación que profundizó la sensación de desgaste en el entorno de la víctima.

La familia también expuso el impacto del crimen en el ámbito íntimo. “Mi mamita llora mucho desde el día” en que ocurrió el asesinato, contó Quintero, que recordó a Natalia como una hermana “excepcional”, servicial y cercana.

Ese nivel de violencia es parte central de la acusación y de la lectura forense del expediente. La familia sostiene ahora otra batalla: que el proceso llegue a juicio antes de que el calendario abra la puerta a la libertad del acusado.

Entre 2015 y 2022, más de 53,000 niños y adolescentes fueron asesinados en América Latina y el Caribe, según un informe publicado en enero de 2026 por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. El homicidio fue la primera causa de muerte entre los 10 y los 19 años en la región.

La cifra muestra una variación por sexo entre 2021 y 2022: mientras los homicidios de varones de 15 a 17 años bajaron de 17.63 a 10.68 muertes por cada 100,000 habitantes, los asesinatos de adolescentes mujeres en ese rango subieron de 2.13 a 5.1 por cada 100,000.

El hogar como escenario de violencia

Otro dato relevante es que más de seis de cada 10 niños y niñas de entre cero y 14 años sufren alguna forma de disciplina violenta en sus casas. El 46% padece agresión psicológica y el 38%, castigo físico.

Para la niñez con discapacidad, el riesgo es mayor: en la mitad de los países analizados, las probabilidades de recibir castigos físicos superan las de sus pares sin discapacidad. El informe indica que Honduras, Costa Rica y Nicaragua ya prohibieron por ley el castigo físico en todos los entornos, aunque la práctica persiste.

En Centroamérica, la tasa de disciplina violenta se ubica entre las más altas de la región, con Honduras entre los países con peores registros.

Feminicidio y violencia sexual desde la infancia

El documento de UNICEF advierte que el 20.3% de las víctimas de feminicidio registradas en 2023 en 11 países de la región tenían entre 15 y 29 años. El 3.4% eran niñas menores de 14.

La violencia sexual afecta a entre el 1% y el 25% de las mujeres jóvenes, según el país. En la región andina, el 28% de las mujeres sufrió violencia de pareja y casi el 20% de las mujeres de toda la región informó haber sido víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años.

Las adolescentes migrantes no acompañadas enfrentan los niveles más altos de exposición, con riesgos de agresión y trata por parte de grupos criminales durante el tránsito.

Pandillas y armas: reclutamiento desde los seis años

El crimen organizado recluta menores desde los 10 años, aunque el informe documenta casos desde los seis o siete, con roles que se agravan conforme avanza la edad.

El acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y las normas de género son los factores que UNICEF y la OPS identifican como impulsores de la violencia letal en algunas zonas de Centroamérica.

La subregión cuenta con una “Hoja de Ruta para Prevenir el Tráfico y Proliferación Ilícita de Armas”, pero ambas organizaciones advierten que su aplicación sigue siendo insuficiente.

Acoso escolar y violencia digital

Uno de cada cuatro estudiantes de la región sufre bullying. En Centroamérica, la cifra alcanza el 22.8%. El acoso sexual dentro de las escuelas afecta más a varones, con 15.3%, que a mujeres, con 10.8%, según el informe.

En los entornos digitales, el 20.4% de los jóvenes de 11 a 17 años informó haber sufrido ciberacoso en encuestas recientes realizadas en Argentina, Panamá y San Vicente y las Granadinas. En Uruguay, hasta el 61% de los jóvenes declaró haber enfrentado comportamientos ofensivos en línea.

El uso de inteligencia artificial para generar imágenes falsas, los llamados deepfakes, aparece en el documento como una forma emergente de agresión contra adolescentes.

Programas aplicados en la región

El informe identifica intervenciones con resultados comprobados. En Honduras y El Salvador, el programa Cure Violence aplica mediación comunitaria para interrumpir ciclos de violencia armada.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, los clubes de valores y de mindfulness en escuelas mejoraron el comportamiento estudiantil y redujeron los incidentes de violencia. El apoyo económico a familias también mostró efectos en la reducción de la delincuencia juvenil y en la permanencia escolar.

UNICEF y la OPS piden a los gobiernos que refuercen la legislación de protección a la infancia, amplíen el control efectivo de armas de fuego y capaciten al personal de salud, educación, policía y servicios sociales con enfoques centrados en el trauma. El informe fue validado durante una consulta ministerial regional realizada en octubre de 2025.

En la jornada del domingo 19 de julio de 2026, se confirmaron detalles de la muerte de una adolescente en Barranquilla (Atlántico), un caso que está bajo investigación de las autoridades, teniendo en cuenta que la menor de edad murió en confusos hechos en una vivienda ubicada en el sector de Villa Caracas, en el barrio El Bosque.

La víctima fue identificada como Herianny Carolay Montilla Rincón, una joven venezolana de 16 años, que murió por causa de un impacto de bala en el pecho. Aunque la adolescente fue trasladada al Hospital Camino el Bosque de María, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales, lo que desató una verificación de los hechos para establecer qué ocurrió.

La comunidad de Villa Caracas pide justicia por lo sucedido, debido a que se trataba de una menor de edad que cursaba décimo grado en la Institución Educativa Distrital América Latina, donde sus compañeros y docentes le rindieron homenaje y la recordaron en medio del luto.

Las horas previas al disparo

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la adolescente se había mudado tan solo unos días antes con su pareja sentimental, debido a que quería compartir con él la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, la convivencia no sería la más tranquila.

De acuerdo con versiones entregadas por los vecinos del lugar a los medios locales como El Heraldo, minutos antes de que la joven recibiera un disparo, se escuchó una fuerte discusión dentro de la vivienda. Esa versión forma parte de los testimonios recogidos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Del mismo modo, entre los allegados a la víctima mortal surgieron versiones que acusan a la pareja como responsable y exigen justicia. El señalado fue identificado como Wahinner Jesús Pareja Romero, de 20 años, que quedó en manos de la Policía.

Las autoridades no han definido todavía si el ataque fue intencional o accidental, teniendo en cuenta que la familia del joven asegura que el arma se disparó en medio de un forcejeo, por lo que la Policía sigue con la recolección de información en la zona para establecer responsabilidades y aclarar las circunstancias que rodearon la muerte.

Ante la gravedad del caso, las autoridades piden a la comunidad que denuncie cualquier señal de violencia por parte de sus parejas o allegados, debido a que actuar a tiempo podría evitar un desenlace fatal.

Entre los canales habilitados se encuentra la línea de emergencia 123 o pueden acudir de forma presencial a la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, o si el caso involucra a una menor de edad se puede comunicar al 141, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente”, indicó la entidad que vela por la seguridad de los menores de edad en el país.

Guía para denunciar casos de violencia de género

La Alcaldía de Barranquilla publicó una guía con el fin de que las mujeres sepan qué hacer en caso de un ataque en contra de su integridad:

Si fue agredida sexualmente:

• Llame a la línea de atención de emergencias 123.
• Acérquese a los servicios de urgencia del centro de salud más cercano.
• No se bañe y no cambie su ropa (Si lo hizo, lleve las prendas de vestir que tenía al momento de registrarse la violencia).
• ¡No espere! solo tiene máximo 72 horas para tratar de evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

Si fue agredida físicamente:

• Llame a la línea de atención de emergencias 123.
• Asista a los servicios de urgencia del centro de salud más cercano.
• Puede ir a la Fiscalía o Comisaría de Familia, para denunciar el hecho.

Si fue agredida con ácido o agente químico:

• Llame a la línea de atención de emergencias 123.
• Riegue agua en la parte del cuerpo afectada, intente que esta no caiga directamente sobre la herida ya que puede afectar otros tejidos.
• Corte y retire la ropa.
• Seque la piel.
• Pida ayuda. 

José “N” fue sentenciado a tres años de internamiento por el feminicidio de Britany Nahomi, una adolescente de 15 años asesinada en su propio domicilio en Monterrey, Nuevo León, con quien el agresor mantenía una relación sentimental.

La condena, dictada por un juez especializado, representa la sanción máxima que la ley permite para un adolescente de su grupo de edad, ya que el agresor tenía 14 años al momento de cometer el crimen. El fallo también incluyó el pago de reparación del daño por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

Autoridades determinaron cómo habría ocurrido el crimen

Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de enero de 2026, en la colonia Barrio La Industria de Monterrey. Según la carpeta de investigación, el adolescente ejerció violencia contra Britany y le disparó con un arma de fuego dentro del domicilio donde ambos se encontraban.

Tras causarle la muerte, el menor trasladó el cuerpo en una carretilla hasta otro punto de la misma colonia, cavó un pozo y lo enterró de forma clandestina para dificultar su localización.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, con apoyo de detectives de la Agencia de Investigaciones (AEI), quienes reunieron las pruebas que sustentaron la acusación.

Investigación se llevó a cabo por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León explicó que el delito se clasificó como feminicidio con base en varios elementos concurrentes:

• La relación de confianza previa entre el agresor y la víctima
• Las circunstancias de violencia con las que se le privó de la vida
• Las lesiones de carácter infamante
• El ocultamiento del cuerpo mediante sepultura clandestina

La resolución se emitió conforme al procedimiento que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Agresor recibió la pena máxima para adolescentes

Los tres años de internamiento en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores constituyen el techo legal para quienes integran el Grupo Etario 2, reservado a los casos de mayor gravedad. Esa categoría agrupa a adolescentes de entre 14 y menos de 16 años cumplidos.

La ley distingue tres rangos de edad para este sistema de justicia:

• Grupo Etario I: adolescentes con 12 años cumplidos y menos de 14
• Grupo Etario II: adolescentes con 14 años cumplidos y menos de 16
• Grupo Etario III: adolescentes con 16 años cumplidos y antes de los 18

Autoridades reconocen alza de feminicidios en el estado

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, admitió públicamente un repunte en los casos de feminicidio durante junio y julio de 2026, aunque minimizó la magnitud del fenómeno al compararlo con otras entidades del país.

“Por lo de los feminicidios, son cifras que se nos incrementaron en el mes de junio y julio”, declaró el funcionario, quien cifró en 7 los feminicidios parciales registrados en el año y sostuvo que el estado mantiene “un buen posicionamiento con la media nacional”.

El reconocimiento oficial llegó después de que legisladores del Congreso local expresaran su preocupación y exigieran mayor coordinación institucional para poner freno a la violencia de género. El caso de Britany se suma a esa serie de homicidios que encendió la alarma en el estado.

La agresión contra Arely, 10 años, en Tabasco, Zacatecas, dejó a la niña hospitalizada en estado grave y abrió un proceso penal contra un adolescente de 13 años por feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, aunque la ley vigente impidió que fuera privado de la libertad por su edad. El ataque ocurrió el 10 de julio, cuando la menor salió de la escuela y fue interceptada en el municipio; días después, el caso provocó exigencias de justicia en la comunidad.

La menor fue trasladada de urgencia en un helicóptero Black Hawk desde el Hospital Comunitario de Tabasco al Hospital General de Zacatecas por la gravedad de las lesiones. En un primer reporte oficial se informó que se encontraba estable, aunque delicada, pero después la familia y autoridades reportaron un estado reservado y crítico.

El adolescente quedó vinculado a proceso el 13 de julio y continuó sujeto a medidas de supervisión y seguimiento. La Fiscalía de Zacatecas sostuvo que la disposición legal que impidió su internamiento no significó impunidad.

La agresión ocurrió cuando la niña salió de la escuela en Tabasco

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incluida en el caso, Arely salió de la escuela cuando el adolescente la interceptó y se la llevó por la fuerza hacia un puente. Después la aventó y la arrastró hasta una huerta o un predio ubicado en un arroyo, donde fue abandonada inconsciente.

Otro niño de la comunidad observó parte de lo ocurrido y alertó a los habitantes. Vecinos iniciaron la búsqueda y siguieron un rastro de sangre hasta localizar a la menor con lesiones graves.

Durante una marcha realizada en el municipio, habitantes difundieron una versión según la cual la niña habría sido arrojada desde un puente y después arrastrada varios metros por un vehículo. Esa versión difirió de la información que había circulado al inicio del caso.

Guadalupe Muñoz, una de las personas que participó en la localización, explicó que hubo un momento en que el rastro desapareció y por eso pidieron apoyo a más vecinos. Minutos después encontraron a la menor y la llevaron al hospital del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desplegó ese 10 de julio un operativo de apoyo aéreo para concretar el traslado urgente. Arely ingresó después al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció en terapia intensiva e intubada.

La ley impidió que el adolescente fuera enviado a prisión

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que el adolescente fue sujeto a proceso penal, pero precisó que pertenece al Grupo Etario 1 previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esa norma estableció que los menores de entre 12 y menos de 14 años no pueden recibir medidas privativas de la libertad.

Por esa razón, el presunto agresor quedó bajo custodia y resguardo institucional, pero no detenido en prisión. La autoridad indicó que el procedimiento continuó conforme a derecho y que el menor quedó a disposición de las medidas que determinara la autoridad competente.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del SEDIF asumió el resguardo del adolescente en un espacio distinto a la Casa Hogar para Jóvenes. El titular de la institución, Álvaro García Hernández, explicó que fue alojado en otra sede para proteger también a quienes viven en ese albergue.

García Hernández añadió que se esperaba la determinación judicial sobre si el menor permanecería en alguno de los albergues de la Procuraduría. También señaló que el juzgador definiría si requería atención psicológica o psiquiátrica para evitar la repetición de conductas como las que motivaron el caso.

La asistencia social al adolescente podía extenderse durante varios meses mientras la Fiscalía concluía la investigación y reunía elementos para determinar su responsabilidad penal. El funcionario también dijo que la comunidad estaba alterada por la forma en que ocurrieron los hechos y porque al parecer existían indicios de otras agresiones.

El caso desató indignación social y coincidió con una propuesta federal sobre feminicidio

La agresión provocó un ambiente de enojo en Tabasco y en redes sociales comenzó a circular la fotografía del adolescente. También aparecieron comentarios de personas que hablaban de buscarlo para hacer justicia por su cuenta.

En el municipio se realizó una marcha multitudinaria en la que participaron familias, niñas, niños y otros habitantes para exigir justicia y un castigo ejemplar. La movilización ocurrió mientras la niña seguía hospitalizada y el proceso penal avanzaba bajo las reglas aplicables a adolescentes.

En paralelo, el 15 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa para homologar las sanciones por feminicidio en México. La propuesta fijó penas de 50 a 70 años de prisión, según las agravantes, aunque solo para personas mayores de edad y todavía debía ser revisada por el Congreso federal.

La Fiscalía de Zacatecas informó además que mantuvo coordinación con instancias especializadas para brindar atención integral a la víctima y a su familia. En esas acciones participaron la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas.

La institución también estableció comunicación con Beatriz Olívar Espinal, responsable del programa federal Reconecta con la Paz. Mediante ese esquema, el adolescente fue incorporado a un proceso sociocognitivo orientado a su reintegración integral.

• Arely, de 10 años, fue atacada el 10 de julio en Tabasco, Zacatecas, y permaneció hospitalizada en estado grave tras sufrir agresión física y sexual.

• El adolescente de 13 años fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, pero la ley impidió que fuera privado de la libertad por su edad.

• El caso derivó en marchas y exigencias de justicia, al tiempo que el gobierno federal presentó una iniciativa para establecer penas de 50 a 70 años por feminicidio en adultos.

La sentencia de tres años de internamiento impuesta a Osmar “N”, el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, generó cuestionamientos debido a la gravedad del crimen.

Sin embargo, la resolución no obedeció a una decisión discrecional del juez, sino a los límites que establece la legislación mexicana para adolescentes en conflicto con la ley.

El menor fue sentenciado este viernes por un juez especializado en justicia para adolescentes tras reconocer su responsabilidad en el asesinato de las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ocurrido el pasado 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko.

Además del delito de feminicidio, también aceptó su responsabilidad por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

¿Por qué Osmar “N” solo recibió tres años de internamiento?

La principal razón es que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece límites específicos para las sanciones que pueden imponerse a personas menores de edad.

En el caso de adolescentes de 14 y 15 años, la legislación contempla que la medida de internamiento no puede superar los tres años, incluso cuando hayan sido encontrados responsables de delitos considerados graves, como el feminicidio.

Por ello, el juez impuso la pena máxima permitida por la ley para el rango de edad de Osmar “N”.

La sentencia también fue resultado de un procedimiento abreviado, mecanismo legal mediante el cual el acusado reconoce su responsabilidad a cambio de concluir el proceso sin llegar a juicio oral.

La solicitud fue presentada por la defensa del adolescente y autorizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además de requerir el consentimiento de las víctimas indirectas, es decir, de los familiares de las docentes asesinadas.

Como parte de la resolución, el juez también ordenó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.

¿Dónde cumplirá la sentencia?

Debido a su condición de menor de edad, Osmar “N” no será enviado a un centro penitenciario para adultos.

La condena deberá cumplirla en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, antes conocida como Albergue Tutelar para Menores Infractores, ubicada en la ciudad de Morelia.

El internamiento se realizará conforme a las reglas previstas para adolescentes en conflicto con la ley, bajo supervisión de las autoridades especializadas.

Así ocurrió el ataque en la preparatoria

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mañana del 24 de marzo de 2026 Osmar “N” ingresó a la preparatoria Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, portando un rifle de asalto calibre 5.56 tipo AR-15, oculto dentro de un estuche para guitarra.

Al llegar a la recepción del plantel abrió fuego contra las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes murieron a consecuencia de las heridas.

Las investigaciones también señalan que el adolescente realizó un disparo contra un estudiante, quien logró ponerse a salvo al refugiarse en los baños de la escuela.

La agresión terminó gracias a la intervención de alumnos del plantel.

Según la Fiscalía, un estudiante consiguió desarmarlo y, con ayuda de otro compañero, lo sometió utilizando un lazo y cables mientras llegaban elementos de la Policía Municipal.

Las investigaciones continúan

La Fiscalía de Michoacán informó que el adolescente presuntamente planeó el ataque días antes y que en redes sociales se identificaba como simpatizante de grupos radicales autodenominados “incel”, término derivado del inglés involuntary celibate (“célibe involuntario”).

Antes del atentado, Osmar publicó un video en el que aparecía portando el rifle de asalto y utilizando la misma ropa que llevaba el día del ataque.

Las autoridades continúan investigando el origen del arma, ya que el propio adolescente declaró que la tomó de su domicilio, por lo que podría pertenecer a un familiar.

Asimismo, la Fiscalía mantiene la búsqueda del teléfono celular del menor para establecer si actuó solo o recibió apoyo de otra persona durante la planeación del ataque.

Con esta sentencia concluye el proceso penal contra Osmar “N” mediante procedimiento abreviado. Aunque la condena ha generado debate por su duración, el juez aplicó la pena máxima prevista por la legislación mexicana para adolescentes de su edad.

Así lo señaló la cabildante de la Unión Patriótica (coalición del Pacto Histórico) mediante un video que compartió el 18 de julio de 2026 desde su cuenta de Instagram.

Sánchez inició su intervención de esta forma: “Mientras todo el mundo habla de si se pide una hamburguesa triple o no, de si las mujeres que viajan más o menos consiguen o no pareja, resulta que hay una realidad que no podemos obviar y es el hecho de que las mujeres diariamente son víctimas de violencia y víctimas de feminicidio en este país".

La concejala capitalina recordó tres casos que no dejaron de retumbarle en su mente en esa misma semana.

“El primero de ellos es el de Alejandra Vergara (una ciudadana venezolana residente en Bogotá), una mujer que aceptó la salida, una invitación a una primera cita y que en esta primera cita este tipo decidió dispararle en la cara desfigurándole su rostro y que además la tiene amenazada de que si llega a denunciar, pues básicamente, pues terminará con su vida”, señaló Sánchez.

“El segundo caso de una mujer (identificada como Mónica Pérez) que se baja de un taxi el 15 de julio en el municipio de Fusagasugá y el taxista, que a pesar de que es testigo de que su pareja o expareja está agrediéndola, en lugar de bajarse a socorrerla o de salir con ella en el mismo vehículo, casi que sale con la puerta abierta huyendo del lugar”, relató la cabildante.

Por tal motivo, Sánchez expresó que “la insolidaridad, la apatía, la indiferencia mata a las mujeres diariamente”.

Mientras que el tercer caso que mencionó la concejala bogotana fue “el de Rosa Mayerly, una mujer que trabajaba en Homecenter (una de las sedes ubicada en el vecino municipio de Soacha), que había denunciado en varias oportunidades ser acosada por este personaje, que el tipo entra, la agrede en pleno establecimiento público”.

En este último caso la cabildante hizo una precisión sobre el feminicidio de Olaya.

“Yo aquí quiero saludar al señor, a la persona que cogió un tubo o algo parecido y que intentó apartar al feminicida de Rosa. Esto es una acción que salva vidas”, precisó Sánchez, al resaltar que “la indiferencia mata cotidianamente a las mujeres”.

Este elemento (la indiferencia), detalló la concejala, “es lo que permite que las mujeres sigan en ese círculo de violencia que no permite que tengan tornos cuidadores”.

El hecho de que haya personas a su lado que les estén apoyando permite que muchas salgan de ese círculo y no sean víctimas de feminicidio.

El 14 de julio, Sánchez compartió un mensaje en X en el que se sumó a la ola de rechazo e indignación por el caso de Olaya Coronado.

“Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas. Cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, escribió la cabildante.

Al final de su mensaje, Sánchez pidió acciones urgentes para que el crimen no quede impune.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cierra el mensaje de la concejala bogotana.

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, continúa generando indignación y nuevas denuncias, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del caso.

A la exigencia de justicia por parte de la familia de la menor ahora se sumó el testimonio público de un exalumno de la institución, quien aseguró que durante su estancia fue víctima de presuntos malos tratos físicos y psicológicos, por lo que afirmó que el fallecimiento de Dafne “no le sorprendía”.

Las declaraciones surgieron mientras agentes ministeriales continúan realizando diligencias en las instalaciones de la academia y otros padres de familia preparan denuncias penales contra los responsables del plantel.

¿Qué pasó con Dafne dentro del campamento?

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Quintos, madre de la adolescente, Dafne ingresó al campamento el pasado lunes con entusiasmo y disposición para participar en las actividades.

“Venía con una actitud muy positiva”, relató la mujer, quien explicó que su hija veía el curso como una oportunidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Sin embargo, apenas tres días después, la familia recibió reportes por parte de la academia en los que se señalaba que la menor se encontraba desmotivada y tenía una actitud considerada como insubordinada.

La madre aseguró que ese cambio de comportamiento le resultó inexplicable y considera que pudo estar relacionado con el trato recibido dentro de la institución.

“Yo siento en mi corazón de madre que de ahí se agarraron... porque el video es lo que dice”, declaró.

Según su versión, cuando intentó sacar a su hija del campamento recibió evasivas por parte de la administración.

Posteriormente, personal de la academia notificó a la familia que Dafne había fallecido, bajo el argumento de que la adolescente simplemente se había desvanecido.

La familia rechaza esa explicación. Alejandra Quintos afirmó que otra madre de familia le reveló que su hija presuntamente sufrió agresiones dentro del plantel.

“Esa mamá me dijo que le hicieron cosas horribles a Dafne hasta que la aislaron porque ella ya no podía”, aseguró.

Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales y forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Exalumno denuncia presuntos abusos en la academia

Mientras el caso cobraba relevancia nacional, un hombre identificado en Facebook como Charlie King, quien aseguró haber sido alumno de la academia militarizada, publicó un mensaje en el que afirmó que no le sorprendía lo ocurrido.

“Como ex alumno de esta supuesta institución debo decir que no me sorprende que haya pasado algo así. Lamento mucho lo sucedido, es muy triste, pero también invito a todos los ex alumnos a que platiquen los malos tratos físicos y psicológicos que recibieron”, escribió.

En su publicación, el exestudiante sostuvo que él y otros alumnos habrían sido víctimas de presuntos abusos cometidos por personas a quienes identificó como los hermanos Ponce.

Incluso aseguró que utilizaban diversos objetos para golpear a los estudiantes.

“Esas barras y paletas que usaban eran más un disfraz similar a los de un payaso”, señaló.

Asimismo, cuestionó el nombre y la imagen de la academia al afirmar que hacen referencia al almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió a Adolf Hitler durante los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, expresó sus condolencias a la familia de Dafne y manifestó su respaldo a las exigencias de justicia.

Hasta el momento, las acusaciones realizadas por el exalumno corresponden a señalamientos difundidos en redes sociales y no han sido confirmadas por la Fiscalía de Tamaulipas.

Fiscalía mantiene investigación por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que abrió una carpeta de investigación y que todas las diligencias se realizan bajo el protocolo de feminicidio.

Durante las primeras horas del viernes, agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género (FENAM) realizaron diligencias dentro de las instalaciones de la academia como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Hasta ahora, la autoridad ministerial no ha informado oficialmente la causa de muerte de la adolescente ni ha dado a conocer si existen personas detenidas.

Por su parte, Alejandra Quintos anunció que contratará peritos particulares para realizar una segunda necropsia, al considerar que es necesario contar con un análisis independiente.

Además, otros padres de familia comenzaron a organizarse para presentar denuncias penales contra el propietario y personal de la academia.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia insiste en que se esclarezca cómo murió Dafne dentro del campamento militarizado y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras las recientes denuncias de un exalumno agregan un nuevo elemento de contexto que las autoridades deberán valorar durante el desarrollo de la indagatoria.

Fofo Márquez publicó una carta en Facebook desde una cuenta que sigue activa mientras cumple una condena de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio, y la publicación reavivó las dudas sobre quién administra sus redes sociales y si el influencer tendría o no acceso indirecto a ellas desde prisión.

El mensaje apareció el jueves 16 de julio alrededor de las 21:30 horas como una fotografía de un texto escrito a mano sobre un pedazo de papel. En la publicación se lee la firma “atentamente el equipo de Fofo Márquez”.

El medio explicó que no es la primera vez que la cuenta oficial del influencer muestra movimiento desde que ingresó a prisión. Esa continuidad en Facebook es la que alimentó la controversia, más que la existencia de un solo mensaje.

Esto dice la carta del Fofo Márquez

En el escrito, Márquez insiste en que el delito que se le atribuye fue fabricado y sostiene que sus derechos no han sido respetados. El texto llamó la atención porque menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y retoma una declaración hecha por la mandataria en una conferencia matutina desde Palacio Nacional:

“Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes, que les den la misma pena y que aplique parejo para todos”.

La referencia surge después de que, el miércoles 15 de julio, la presidenta fijó postura sobre el caso del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, quien obtuvo recientemente la revocación de su prisión preventiva dentro del proceso que enfrenta por violencia familiar.

Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez definir el procedimiento, y recordó que en casos de violencia contra las mujeres pueden dictarse medidas cautelares como la reparación del daño o la prohibición de acercamiento a la víctima.

La presidenta también sostuvo que la detención de Rodríguez Padilla muestra que el gobierno no protege a nadie, y menos en asuntos de violencia contra las mujeres. Un clip con esas declaraciones fue retomado en la cuenta de Facebook de Fofo Márquez para sostener que, a su juicio, sus derechos no valen igual.

Un exreo dijo en marzo que Fofo Márquez tenía privilegios en el penal

Parte de la discusión en redes revivió por un testimonio difundido en marzo de este año en TikTok. Se trata de “El rey del fardo”, un exrecluso con arresto domiciliario que, de acuerdo coincidió con Fofo Márquez en el mismo penal cuando el influencer ingresó al área de población del reclusorio.

El exinterno relató que vio a Fofo Márquez caminar por una zona conocida como “Las Marraneras” con un control de Xbox y varios objetos personales. También afirmó que el influencer habría logrado publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal.

La publicación precisó que ese señalamiento corresponde solo al testimonio del exreo. De acuerdo con su propia versión, nunca tuvo trato directo con Fofo Márquez y su relato se limita a lo que observó y escuchó durante el tiempo en que compartieron estancia en el reclusorio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que respaldará la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión esta semana, para homologar la atención del delito a nivel nacional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, precisó que esto dependerá de si fortalece la protección de las mujeres y combate la impunidad, señalando que también debe de haber presupuesto para las fiscalías estatales.

López Rabadán afirmó que el objetivo de los legisladores “debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país; que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”.

La diputada se manifestó a favor de que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, para que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo.

También respaldó que, en estos casos, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

López Rabadán puntualizó que una buena ley es indispensable, pero no suficiente por sí sola, pues sostuvo que se requieren fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar, integrar correctamente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables.

La diputada enfatizó que el caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, no debe verse como un caso aislado, sino como una expresión de la violencia que padecen miles de mujeres en el país y de la percepción de impunidad entre muchos agresores.

“El video que conocimos es indignante, pero también lo es ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa”, lamentó.

Aseveró que los agresores deben tener la certeza de que sus actos tendrán consecuencias, que violentar a una mujer no quedará impune y que, cuando corresponda, recibirán una sanción proporcional a la gravedad de sus conductas.

“Debemos tener claro que cualquier acto de violencia contra una mujer puede escalar y desembocar en un feminicidio. Por eso, la violencia debe detenerse desde su primera manifestación, proteger inmediatamente a la víctima y evitar que la agresión se repita”, insistió.

López Rabadán recordó que, como legisladora, servidora pública y mujer, ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una causa central de su vida política.

Presentó y acompañó iniciativas de paridad que hoy garantizan la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión pública.

Reconoció que se han logrado avances, pero advirtió que la lucha está lejos de concluir.

“No puede haber igualdad plena mientras una mujer sea violentada, mientras una víctima tenga miedo de denunciar o mientras un agresor confíe en que puede evadir la justicia”.

Ante el anuncio de que la Presidencia de la República enviará al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, López Rabadán expuso que deberá analizarse con seriedad, responsabilidad y objetividad.

“Si lo que se busca es fortalecer la protección de las mujeres y combatir la impunidad contará con mi apoyo”, reiteró.

Un hijo del cantante de regional mexicano Arnulfo Jr. ha sido vinculado extraoficialmente a las indagatorias por el feminicidio de Yahaira Alvarado, una joven de 25 años que fue quemada viva en el municipio de Juárez, Nuevo León, el 10 de julio.

A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó la noche del jueves que agentes realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, “como parte de una investigación relacionada con el aseguramiento de un vehículo en la misma zona, derivado de un hecho delictivo”.

Telediario reportó en vivo las acciones operativas y señaló que una camioneta incautada está a nombre del hijo de Arnulfo Jr., cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

La unidad fue asegurada para realizar un peritaje y recabar indicios biológicos, documentales y tecnológicos necesarios para esclarecer la carpeta de investigación del feminicidio de Pamela Yajaira.

Paralelamente, agentes de la FGJNL catearon en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rincón de la Tierra y Rincón de la Basílica, situada en la colonia Rincón de Guadalupe, para ejecutar la orden judicial de inspección complementaria.

De acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre y una mujer fueron detenidos previamente por su probable participación en los hechos, versión que no ha sido confirmada por la dependencia.

Arnulfo Jr. es hermético ante las acusaciones

Por su parte, el cantante Arnulfo Jr. ha sido hermético ante las versiones que vinculan a su hijo con el feminicidio de Yahaira Alvarado. Sus últimas publicaciones en redes sociales se centran en la promoción de su presentación en la Feria de Santa Catarina, el sábado 18 de julio.

El caso de Yahaira Alvarado

El caso de Yahaira Alvarado ha generado indignación y consternación en el estado. La joven fue localizada con quemaduras severas el viernes 10 de julio en la colonia Lomas del Sol, en Juárez, después de asistir a una fiesta en Guadalupe con un hombre que conoció en redes sociales.

Según testigos, en el lugar fue atacada por dos hombres, quienes le rociaron gasolina. Fue trasladada al Hospital General de Juárez, donde falleció horas más tarde.

¿Quién es Arnulfo Jr., “El Pirata del Amor”?

Arnulfo López Gallegos, conocido artísticamente como Arnulfo Jr. “El Pirata del Amor”, ha construido una carrera dentro de la música regional mexicana inspirada por la tradición familiar. Es hijo de Arnulfo López Sánchez, exvocalista de Traileros del Norte, influencia que marcó su acercamiento a los escenarios desde temprana edad.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de agrupaciones como La Amenaza, El Golpe, El Tráiler de Lupe Villarreal y Los Arcángeles del Norte, experiencias que le permitieron consolidar un estilo propio dentro del género norteño.

Con el paso de los años, Arnulfo Jr. ganó reconocimiento gracias a su interpretación de temas de corte romántico y a una propuesta musical que le valió el apodo de “El Pirata del Amor”. Entre las canciones más conocidas de su repertorio destacan “Soy la calle”, “En tu basura” y “Abeja reina”, piezas que forman parte habitual de sus conciertos.

Uno de los momentos recientes más destacados de su carrera ocurrió el 20 de mayo, cuando compartió escenario con Luis Antonio López “El Mimoso” en el Domo Care de Monterrey. La presentación reunió a miles de asistentes que acompañaron al cantante durante buena parte del espectáculo.

En las últimas horas, el nombre de Arnulfo Jr. volvió a ocupar espacio en la conversación pública, aunque por motivos ajenos a su actividad artística.

Autoridades de Nuevo León mantienen investigaciones relacionadas con el feminicidio de Yahaira Alvarado, caso en el que su hijo es señalado como presunto implicado.

Hasta el momento, las indagatorias continúan y las autoridades no han informado una resolución definitiva sobre el caso.

Sandra Viviana Ravelo Murillo tenía 26 años, administraba un bar de música rock en Bosa y desapareció sin dejar rastro en la madrugada del 7 de enero de 2011. Ocho días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El hallazgo reveló un crimen de extrema violencia: el cadáver presentaba signos de agresión sexual múltiple, lesiones por arma blanca y una avanzada descomposición que dificultó el reconocimiento.

Lo que siguió fue una investigación plagada de vacíos, un condenado que eligió el silencio y un exnovio que pasó cinco años preso antes de ser declarado inocente.

El caso fue abordado en detalle por el pódcast Más Allá Del Silencio, conducido por Rafael Poveda, con la participación de Clariza Murillo, madre de la víctima; John Fabio Ravelo, su hermano y patrullero de policía; y John Alexander Quintero, exnovio de Sandra Viviana y también policía, quien estuvo detenido durante cinco años y fue absuelto en dos instancias judiciales —y participó en una charla separada de los familiares de la víctima—.

La última noche

El viernes 7 de enero, Sandra Viviana se fue a su negocio como de costumbre. Clariza Murillo esperó toda la noche. “Ella me comentaba. A pesar de que tuviera sus 26 años, yo siempre supe con quién estaba, menos esa noche”, relató la madre en el pódcast.

Al día siguiente, entre las 7:00 y las 7:30 a. m., llegó al apartamento John Alexander Quintero, quien era la pareja sentimental de Sandra Viviana desde hacía aproximadamente seis meses. Clariza lo describió como alguien que llegó “asustado”, y que corrió directo a la habitación de su hija a buscarla.

Quintero, por su parte, explicó que esa noche salió del trabajo en el aeropuerto El Dorado, pasó por el bar, le dijo a Sandra Viviana que volvería a la 1:00 a. m. para cerrar, y luego fue a encontrarse con una amiga llamada Norma en el Portal de la 80.

Según su versión, se les hizo tarde y no pudo regresar al bar, por lo que se fue a la casa de su tía, que vivía cerca del apartamento de Sandra Viviana, y al amanecer fue a verificar si ella había llegado. “Nada me retenía a quedarme donde mi tía. Me llamaba más ir a donde mi novia”, afirmó.

John Fabio Ravelo contó que ese mismo sábado se encontró con Quintero en el parqueadero del edificio, alrededor de las 8:00 a. m. y este le dijo que venía de donde su papá —versión que Ravelo acusó de modificar en la Fiscalía, donde declaró haber estado con su tía—. Ese sábado en la tarde, cuando Sandra Viviana no había abierto su bar, la preocupación creció.

A las 8:00 p. m. un amigo confirmó que el negocio seguía cerrado. A las 11:00 p. m., lo mismo. Esa noche, Quintero acompañó a John Fabio a una reunión en el club de la policía. El hermano lo describió tranquilo, bailando con otras personas y sentado en mesas con otras mujeres.

El domingo, Clariza rompió un vidrio del bar para entrar. Encontró manchas de sangre en el baño, pero aseguró no darles mayor importancia. Interpuso la denuncia en la Fiscalía y comenzó a llevar fotos de su hija a los medios de comunicación.

Por su parte, John Fabio intentó ingresar al Bronx —el sector de consumo de drogas más peligroso de Bogotá en esa época— con uniforme de policía y una moto prestada, impulsado por la angustia. John Alexander Quintero lo acompañó durante toda esa semana a repartir volantes, contactar a los CAI y llamar a los clientes del bar desde una libreta que encontraron en el local.

Fue en esas llamadas donde surgió el nombre de Néstor Yesid Sánchez, cliente frecuente del bar. Varios testigos dijeron que él había sido visto con Sandra Viviana la última noche. El propio Sánchez, cuando Quintero lo llamó, dijo que había tomado un taxi con ella y la había dejado en Bosa Centro.

El 15 de enero de 2011, una llamada de la jefa directa de Quintero los alertó: habían encontrado un cuerpo en Arborizadora Alta. Ravelo y Quintero fueron al CAI del sector. Los policías les mostraron fotografías. “Lo único que yo veo es un cuerpo, es medio gordito, y un zapatico al lado”, recordó Quintero. No hubo forma de identificarla por rasgos físicos. Fue una manilla que Sandra Viviana había mandado a hacer semanas antes para el bar —con la inscripción “I wish”— la que permitió confirmar que era ella. La carta dental completó el reconocimiento formal en Medicina Legal.

El cuerpo y las evidencias

El cadáver fue hallado en estado de semiesqueletización, con la cabeza separada del tronco, el miembro superior izquierdo ausente y el derecho bajo el cuerpo.

El médico forense Aníbal Navarro explicó en el pódcast que el proceso de necropsia involucró equipos de medicina forense, antropología forense y odontología forense, y que se encontraron signos de mordeduras de animales —perros, en la zona de los codos— compatibles con necrofagia.

“Estamos hablando de un lugar frío, una exposición al sol. La piel comienza a cambiar de color. Realmente nunca hubo una quemadura”, precisó Navarro, en referencia a versiones iniciales que circularon sobre el estado del cuerpo.

En el análisis genético, Medicina Legal encontró tres tipos de ADN mezclados: uno correspondiente a Quintero, otro a Néstor Yesid Sánchez, y un tercero sin identificar. También se hallaron trazas de ADN en las uñas de la víctima. La Fiscalía utilizó estas evidencias para imputar a Quintero, pero ante esto Navarro ofreció una lectura técnica distinta, pues reveló que el ADN de Quintero en los genitales y en la ropa interior de la víctima tenía explicación biológica.

Según explicó, el ADN de una pareja sexual puede persistir hasta 120 horas en el cuerpo de una mujer viva y transferirse a sucesivas mudas de ropa interior. El ADN de los otros dos individuos, en cambio, se encontró en los muslos, zona interna, pero no en el panty, lo que indicaría que la víctima no volvió a vestirse tras el ataque.

Un condenado que eligió el silencio, el otro demostró su inocencia

El 16 de mayo de 2014, la Fiscalía capturó a Néstor Yesid Sánchez y a John Alexander Quintero. Sánchez se declaró culpable y se acogió al derecho a guardar silencio. Nunca relató qué ocurrió esa noche, si hubo otros participantes ni quiénes fueron. La condena mínima por el delito era de veinte años, pero el allanamiento le redujo la pena. Cumplió diez años y actualmente se encuentra en libertad condicional.

“Me gustaría que él hablara, que dijera la verdad. Él debe saber en lo más profundo de su corazón quiénes fueron y quiénes estaban con él ese día para hacerle tanta cosa a mi hija”, dijo Clariza Murillo. John Fabio señaló que la familia nunca supo que Sánchez ya había salido de prisión, y que no han intentado contactarlo.

Quintero describió su detención como un quiebre total. Fue capturado en su oficina, esposado durante horas y llevado a los calabozos de la estación de los Mártires, donde pasó su primer año. “En la mañana era un policía bien normal trabajando para una institución y en la noche era un delincuente. Yo no podía creer eso”, relató.

Después de ese año, en el que llegó a ser testigo de un motín, lo trasladaron a La Picota, donde permaneció tres años más mientras las audiencias se dilataban.

Durante ese tiempo, su hija —que tenía ocho años cuando lo detuvieron— creía que su padre estaba en un curso de la policía. “Yo cuando venían los niños hacía juegos para ellos, muchas actividades recreativas, para maquillarle la situación, el lugar tan feo donde estábamos”, contó Quintero. Su padre, inicialmente sin certeza sobre su inocencia, terminó endeudándose para sostener su defensa. “Cuando me vio a los ojos dijo: ‘No, aquí me meto con toda por mi hijo’”, recordó.

Un juez de primera instancia lo absolvió en 2020. La Fiscalía apeló, pero el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca ratificó la sentencia absolutoria en 2024. Quince años después del crimen, Quintero dice que tanto él como la familia de Sandra Viviana son víctimas del mismo sistema. “Me tiraron la vida y la de esa familia también”, afirmó.

El perfil del agresor y las fallas de la investigación

El psicólogo forense Roberto Sicard analizó en el pódcast el tipo de violencia ejercida contra Sandra Viviana Ravelo.

“Estamos frente a un sujeto extremadamente violento, extremadamente impulsivo, muy probablemente de un gran carácter egocéntrico que no toleraba un no”, dijo.

Según Sicard, el expediente apuntó que esa noche hubo una discusión en el bar relacionada con celos y un posible enamoramiento no correspondido. “Una persona que no acepta un no como respuesta se vuelve violenta”, advirtió.

Sicard también cuestionó que no se haya recurrido a técnicas de perfilación criminal durante la investigación. “Si se hubiera aplicado la ciencia para entender la perfilación criminal, de cuál podría ser el tipo de delincuente que comete estos delitos, la eficacia del proceso hubiera sido mayor”, sostuvo. Sobre la posibilidad de que tres personas hayan actuado en conjunto, el psicólogo señaló que era posible, pero que sin perfiles psicológicos de los sospechosos resultaba imposible depurar responsabilidades con rigor.

El médico forense Aníbal Navarro, por su parte, identificó fallas técnicas concretas en el proceso forense: “Se comenzaron a presentar hipótesis sin bases técnicas y de lo poco que había técnico se hizo una interpretación por parte de la fiscal que estaba en su momento, pero sin apoyo de los especialistas forenses”, indicó. Uno de los errores de procedimiento más graves fue la afirmación de que el cuerpo había sido desmembrado intencionalmente, cuando la evidencia apuntaba a necrofagia animal, así como la ausencia de una interpretación adecuada de los ADNs mezclados en el cuerpo de la víctima.

Sobre este último punto, Quintero mencionó en el pódcast que entre los testigos se hablaba de un hombre llamado Raúl, descrito como obsesivo con Sandra Viviana y posiblemente presente la noche de su desaparición. A Raúl y a otro conocido llamado John Pacheco les tomaron muestras de ADN, pero ninguna coincidió y la investigación no avanzó más en esa dirección, señalando que debieron centrar las indagaciones en Néstor Yesid Sánchez.

Por su parte, Navarro confirmó que ese tercer perfil sigue abierto: “En el momento en que se llegue a vincular, habrá un proceso para esa persona”.

El caso de Sandra Viviana Ravelo Murillo precedió en un año y cuatro meses al de Rosa Elvira Celis, el femicidio que conmocionó a Colombia en 2012. A diferencia de ese caso, el de Sandra Viviana permaneció en la oscuridad durante casi tres años, hasta que la familia contrató una abogada que descubrió que el expediente estaba a punto de ser archivado. Fue ese movimiento el que reactivó la investigación y derivó en las capturas de 2014, así como el posterior seguimiento en medios de comunicación.

Este 16 de julio de 2026, Marlon Botas Fuentes fue sentenciado por el feminicidio de la joven Monserrat Bendimes, quien falleció tras sufrir una brutal agresión física en Boca del Río, Veracruz.

Familiares de la víctima confirmaron la pena de 70 años de prisión para el feminicida, a quien sus padres habrían encubierto provocando la dilatación del caso. Al salir del juzgado en Xalapa, la madre de Monserrat aseguró que “se hizo justicia para mi hija. Se demostró el grado de culpabilidad de quien fue su pareja”.

Familia de Monserrat Bendimes descarta emprender acciones contra padres de Marlon Botas

Agregó que la defensa podría volver a apelar la decisión del juez, detallando que en estos momentos aún no hay certeza sobre la medida de reparación del daño, mandando un mensaje claro sobre el tema: “No sé dónde va a terminar eso, no nos interesa tanto, si nos dijeran que esa reparación sería que mi hija va a revivir, felices de la vida, pero no”.

También compartió que han descartado la decisión de emprender más acciones legales en contra de los padres del feminicida, ya que “el responsable fue él (Marlon Botas), ya asumió su responsabilidad”.

La próxima audiencia será el 23 de julio, la cual tiene la finalidad de hacer la “lectura y explicación de sentencia”, y la siguiente etapa será la “ejecución de sentencia”; la defensa de la familia aseguró que el caso está debidamente sustentado, por lo que sería difícil que una apelación revoque lo dado a conocer este jueves.

La justicia se dilato por cinco años

El 17 de abril de 2021, Marlón Botas Fuentes golpeó a Montserrat Bendimes Roldán en el municipio de Boca del Río, hasta provocarle fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. La joven permaneció seis días en terapia intensiva y perdió la vida. Su madre, Cecilia Roldán, afirmó que Montserrat habría señalado a Botas Fuentes como el responsable antes de morir.

La fuga del feminicida, encubierta por su propia familia, retrasó el inicio del proceso judicial. La detención de los padres del agresor llegó en mayo de 2021, pero en julio de 2023, tras dos años en prisión, un juez de control les concedió suspensión condicional del proceso. Ambos quedaron en libertad con condiciones mínimas, una resolución que provocó indignación en colectivos feministas.

No fue sino hasta el pasado 9 de julio cuando un juez de Veracruz declaró culpable a Marlón Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán. Cinco años tardó el sistema en emitir una sentencia, mientras la familia de la víctima sostuvo la lucha sin tregua.

Complicidad familiar llevó a la Ley Monse

Los padres de Marlón Botas Fuentes sabían lo que su hijo había hecho: fueron ellos quienes avisaron a los padres de Montserrat. Aun así, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N” le brindaron apoyo económico, transporte y refugio para que permaneciera prófugo más de un año. Esa complicidad directa expuso un vacío legal que protegía a los familiares encubridores.

El colectivo feminista Brujas del Mar impulsó la iniciativa “Ley Monse” para cerrar esa vía de impunidad. La reforma, que el Congreso de Veracruz tardó en validar hasta noviembre de 2025, eliminó la protección legal que eximía de responsabilidad penal a familiares que encubrieran a feminicidas, y modificó los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal para que los lazos de sangre dejaran de ser escudo ante delitos graves.

La reciente iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a cuestionamientos sustanciales sobre su viabilidad operativa, de acuerdo con un informe publicado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Según el documento, esto se deberá a la falta de recursos previstos para las fiscalías y servicios periciales encargados de implementar la nueva legislación, en caso de que sea aprobada.

La propuesta legislativa, que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, endurece sanciones y amplía agravantes, exigiendo a los Ministerios Públicos y servicios periciales una serie de actos de investigación pericial obligatorios.

Sin embargo, no contempla un incremento presupuestal para dotar de mayores capacidades a estas instituciones que ya presentan signos de saturación.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 citado en el informe, en el país existen 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, con sólo 14 mil 466 personas peritas.

Este personal tuvo que atender en 2024 un total de 5 millones 069 mil 925 intervenciones periciales, de las cuales quedaron pendientes 557 mil 962.

Estos datos, señala el informe, muestran que el aparato de procuración de justicia opera con una sobrecarga estructural.

La exigencia de la ley de que los servicios periciales realicen identificación de víctimas mediante huellas dactilares, análisis genéticos, antropología forense y una variedad de dictámenes especializados, aunada a la creación de nuevas fiscalías especializadas en feminicidio, pone en jaque la sostenibilidad operativa del sistema, al no prever recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

El riesgo, advierte el documento difundido por México Unido Contra la Delincuencia, es que la creación de nuevas obligaciones sin un refuerzo presupuestal tenga el efecto contrario al buscado: debilitar tanto a las nuevas instituciones como a las ya existentes, fragmentando recursos humanos y financieros y comprometiendo la calidad y oportunidad en la atención a las víctimas.

Por su parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030, presentado en mayo de este año, sí reconoce explícitamente la necesidad de ampliar cobertura y fortalecer capacidades, pero pospone el compromiso presupuestal hasta las etapas finales del plan, proyectándolo incluso hacia 2030 y 2045.

“El establecimiento de actos de investigación obligatorios no está acompañado de un aumento presupuestal real de los servicios periciales ni de la infraestructura forense”, señala el informe difundido por México Unido Contra la Delincuencia.

El documento subraya también que no considerar estos retos operativos pone en riesgo toda la política pública de combate al feminicidio, pues las nuevas leyes pueden quedarse en el papel si carecen del soporte institucional y financiero para ser ejecutadas.

Además, el informe documenta que la sobrecarga actual de trabajo en ministerios públicos, peritos y médicos forenses no sólo implica retrasos, sino que puede propiciar simulaciones o incumplimientos en la aplicación de protocolos, sin que existan sanciones o consecuencias jurídicas claras en caso de omisión.

Finalmente, se recalca que para que la política pública sea efectiva, es indispensable que el fortalecimiento institucional vaya acompañado de presupuesto, reglas claras de asignación de recursos y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa para Ley General de Feminicidio

En julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esta propuesta busca homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ya que hasta ese momento cada estado tenía su propia normativa y sanciones, lo que generaba irregularidades y deficiencias en la investigación de estos delitos.

Entre los problemas señalados estaban la incorrecta clasificación de feminicidios, la falta de protocolos homologados, carencia de registros públicos y ausencia de perspectiva de género.

La iniciativa establece una pena de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio y contempla 19 agravantes, así como sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad.

Prohíbe beneficios como la amnistía o la conmutación de pena y estipula que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos nacionales obligatorios.

Se plantea también la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para armonizar la legislación y dar seguimiento a la aplicación de la ley, así como la implementación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y medidas de protección integral para mujeres sobrevivientes, priorizando el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

El presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ha causado conmoción por la violencia con la que fueron asesinadas dos mujeres y por el vínculo familiar que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

Las autoridades capitalinas detuvieron a Eduardo Uriel “N”, señalado como el probable responsable de privar de la vida a su madre y a su abuela utilizando un bat de béisbol que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido modificado con alambre de púas.

Conforme avanzan las investigaciones, han surgido nuevos detalles sobre el caso, incluidos testimonios de familiares y datos sobre el presunto agresor.

¿Qué ocurrió en la vivienda de la Gustavo A. Madero?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Pastora, donde presuntamente Eduardo Uriel “N” atacó a las dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del detenido, y Ana, su abuela.

Según los reportes preliminares, ambas fallecieron a consecuencia de los múltiples golpes que recibieron con un bat al que presuntamente el agresor le colocó alambre de púas, lo que incrementó la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble e iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable.

El hombre fue detenido posteriormente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una de las líneas de investigación señala que el detenido presuntamente consumía diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal, piedra y mariguana. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen si este aspecto tuvo alguna relación con los hechos.

La tía del presunto agresor narró cómo encontró a las víctimas

Uno de los testimonios que más ha impactado es el de Leticia, tía del detenido, quien relató los momentos posteriores a la agresión y cómo descubrió los cuerpos de su madre y de su hermana.

Según explicó, al llegar al domicilio observó a un familiar sentado, pero nadie le informó lo ocurrido.

“Ya cuando bajé, ya mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Ya cuando bajé no vi gente, y yo dije: ‘¡Mi mamá, mi mamá!’. Entré al cuarto de mi mamá y vi que mi mamá estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta”, narró.

Después del hallazgo, aseguró que el presunto responsable salió del inmueble y fue cuestionado por otro vecino sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Eduardo Uriel respondió de manera directa.

“¿Qué hiciste?”, le preguntaron.

“Pues las maté”, habría respondido el ahora detenido, según el relato de su tía.

Este testimonio forma parte de los elementos que las autoridades analizan dentro de la investigación.

La investigación continúa

Tras la detención de Eduardo Uriel “N”, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y reunir todos los elementos periciales y testimoniales necesarios.

Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y las responsabilidades penales que correspondan al detenido.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía debido a la extrema violencia del ataque y porque las víctimas eran familiares directas del presunto agresor.

El presunto doble feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que estos casos sean investigados con perspectiva de género y conforme al debido proceso, mientras las autoridades avanzan en la integración de la carpeta de investigación.

Se revelaron detalles de la muerte de Melanie Sarahi Fajardo Rincón, de 17 años, en el Parque de las Mascotas de Sabaneta (Antioquia). El caso es investigado como un presunto feminicidio cometido por un joven, identificado por los medios locales como Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, que sería la pareja sentimental de la adolescente y que después de cometer el ataque habría atentado contra su vida en el mismo lugar.

Según los datos de las autoridades, los jóvenes entraron en la noche del lunes festivo 13 de julio a una zona verde del parque, pero sus cuerpos fueron encontrados a las 11:00 a. m. del martes, después de que una persona que pasaba por el lugar alertara sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello, citado por el medio Alerta Paisa, la principal hipótesis apunta a un crimen motivado por un conflicto de pareja.

El oficial explicó que, tras atacar a la adolescente con un arma blanca, el presunto agresor se habría autolesionado a muerte allí mismo.

Los videos de seguridad son pieza clave de la investigación

Las cámaras de seguridad de Sabaneta registraron los últimos momentos de vida de la menor y del joven. El material muestra el recorrido que hicieron desde que salieron de sus viviendas hasta el lugar donde ocurrió el ataque y es material clave para los investigadores que buscan establecer con precisión la secuencia de los hechos.

La inspección judicial también permitió ubicar en la escena las pertenencias de ambos, entre ellas celulares, billeteras y documentos.

Por las características de las heridas, los investigadores descartaron en principio la participación de un tercero. Entre tanto, se sabe que la Policía Metropolitana y funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta realizaron las primeras diligencias en el lugar junto con personal judicial.

Además, el general Bello indicó que, después de conversar con los familiares de las víctimas, no encontraron denuncias previas. Aunque será la Fiscalía General de la Nación la que definirá las circunstancias finales del caso.

Las indagaciones preliminares, reveladas por Alerta Paisa, establecieron que Santiago Uribe Monsalve habría vuelto a Sabaneta hacía aproximadamente 15 días, pues al parecer estaba trabajando en Ciudad de México. En cuanto a la víctima, se indicó que se graduó del colegio y estaba avanzando con sus estudios en inglés.

Feminicidio en Medellín

El caso del municipio del Valle de Aburrá ocurrió días después de otro crimen contra una mujer que fue perpetrado en el barrio Popular número uno, un concurrido sector en el nororiente de la capital antioqueña.

Según las versiones, en ese momento fue asesinada Janeth Estela Álvarez Rivera, de 53 años, que también habría sido atacada por su expareja, Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45, que se quitó la vida en el lugar al autolesionarse con una herida en el pecho.

Sus familiares subieron al tercer piso del inmueble después de escuchar gritos y trasladaron a la mujer a un hospital cercano, en el que los especialistas confirmaron que ingresó sin signos vitales por 15 heridas con arma cortopunzante en el rostro, el cuello y la mano izquierda.

Según la investigación de las autoridades, en la escena del crimen fueron halladas tres armas blancas y dos celulares que hacen parte de la investigación para recolectar información que permita esclarecer los móviles del ataque.

Sobre el caso, el diario local confirmó que la relación entre la víctima y el agresor había terminado unos días antes del hecho, después de tres tormentosos años en los que la mujer vivió un constante ciclo de violencia.

Incluso, la Policía confirmó que el atacante tenía antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por hurto calificado, homicidio y tráfico de estupefacientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el delito de feminicidio en México ha disminuído desde el 2021, debido a diversos factores sociales, entre ellos, que por primera vez una mujer es la titular del Poder Ejecutivo Federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta explicó que el promedio diario de víctimas de feminicidio ha bajado 38% desde 2021.

En este sentido, también atribuyó la reducción tanto al trabajo de las fiscalías para combatir la impunidad como a los cambios culturales a favor de la igualdad y en contra del machismo, así como al movimiento feminista.

“Hay una disminución del 2021 a la fecha y tiene que ver con muchos temas. Uno, muchas fiscalías que actúan para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio, pero tiene que ver también con una cultura que se va promoviendo de igualdad.

“Si se promueve una cultura de discriminación, de machismo, pues hay cada vez más discriminación contra las mujeres, que se puede llegar a traducir en el peor de los delitos, que es el feminicidio contra una mujer. Entonces, todo lo que ha ocurrido, que haya una mujer presidenta ayuda. Y también el movimiento de las mujeres. (...) Todo ayuda en la sociedad a disminuir la violencia contra las mujeres”, dijo en Palacio Nacional.

A esto, según la mandataria, se sumará la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, iniciativa que firmó hoy y envió al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.

“Y ahora esta ley va a ayudar más, porque va a ser el mismo esquema de investigación y de sanción que haya en todo el país. Y eso es muy, muy importante. (La homologación)”, concluyó.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar los procesos de investigación y sanciones en todo México.

La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y define diez causales, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, prejuicios o asimetría de poder.

Propone una pena de 50 a 70 años de prisión e incluye 19 agravantes, como cuando la víctima es menor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si es atacada con ácido.

Además, contempla sanciones como la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad, e inhabilitación para funcionarios públicos.

El delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles y no habrá beneficios como libertad condicionada ni amnistía. Asimismo, exige que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio y mandata protocolos nacionales con perspectiva de género.

Se prioriza la reparación integral y el bienestar de víctimas indirectas, y se prevén registros nacionales, campañas de prevención y protección para sobrevivientes. El enfoque es garantizar acceso a la verdad, justicia y atención integral a víctimas en todo el país.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando un total de 267 feminicidios en lo que va del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentran el 34.5% de estos casos: Sinaloa con 34 víctimas, Ciudad de México con 20, Estado de México también con 20 y Chiapas con 18. La capital del país avanzó del cuarto al segundo lugar nacional en incidencia, lo que representa un retroceso en materia de seguridad para las mujeres.

Entre los estados con menor número de feminicidios están Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala, cada uno con dos casos, mientras que Coahuila y Nayarit reportan un caso respectivamente.

Según el informe, el 82% de las víctimas son mujeres mayores de 18 años, aunque también hay menores y casos donde la edad no se precisa.

El 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios, destacando Culiacán (Sinaloa) con 24 casos y Reynosa (Tamaulipas) con 9.

Además, el informe señala 658 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo, con Guanajuato a la cabeza (88 casos), y 1,251 homicidios culposos, concentrándose un tercio en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

Estos datos reflejan la persistencia del problema de la violencia de género en distintas regiones del país y evidencian un repunte preocupante en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.

Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recordó que actualmente cada estado tiene sus propias normativas para la investigación del feminicidio, así como diversas sanciones y agravantes, lo cual genera irregularidades en los procesos de investigación.

“Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios.

“Las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, explicó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

A esto se suma, según la funcionaria federal, la falta de mecanismos de información, de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica.

Alcalde Luján indicó que la iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso de la Unión, sin precisar a qué cámara.

¿En qué consiste la propuesta para crear la Ley General de Feminicidio?

La iniciativa homologa el tipo penal, al establecer que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.

Asimismo, se establecen 10 razones de género, entre ellos que haya signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.

¿Cuáles serían las sanciones?

La propuesta fija una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes para aumentar la sanción en distintas circunstancias. Entre ellas:

• Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
• Cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
• Cuando el delito lo cometa una persona servidora pública.
• Cuando la víctima presente signos de violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, se sanciona la tentativa con una pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes de la pena prevista de cincuenta a setenta años.

• Sanciones adicionales

Además de la prisión, la ley contempla sanciones complementarias:

• Pérdida de derechos sucesorios.
• Pérdida de tutela y de guarda y custodia.
• Pérdida de patria potestad.
• Destitución e inhabilitación, cuando se trate de personas servidoras públicas.

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio y establece que su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.

También señala que no proceden beneficios como criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni, en ningún caso, la vía de la amnistía.

• Protocolos obligatorios y enfoque de género en la investigación

La inicitiva señala que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio.

Para ello, las fiscalías (Federación y estados) deberán contar con unidades especializadas, y la Fiscalía General de la República expedirá un Protocolo Nacional Homologado para las investigaciones.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales especializados.

La investigación tendrá el deber de incorporar perspectiva de género y diligencia reforzada, así como analizar antecedentes aún si no existen denuncias previas.

El objetivo es una determinación de la verdad y reparación integral del daño. Se otorga especial protección a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

• Reparación integral y derechos para las víctimas

El régimen de reparación transformadora obligaría a todas las autoridades a garantizar el acceso a la verdad, justicia y medidas de bienestar.

Se prioriza la atención médica y psicológica urgente, sobre todo a sobrevivientes y víctimas indirectas.

La restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica gratuita y servicios de traducción e interpretación completan el catálogo de derechos, aplicable con énfasis en hijas e hijos en situación de orfandad.

Un elemento novedoso es el establecimiento de la Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, la cual supervisará la armonización legal, actualizará protocolos, impulsará registros nacionales y acompañará los procesos de investigación.

Asimismo, por primera vez se señala que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas y que la obligación de garantizar el derecho a la verdad se extiende a todas las autoridades.

• Prevención, registro y protección a sobrevivientes

La inicitiva también propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como la implementación de planes de protección integral para mujeres sobrevivientes.

Para ello, se fortalecerán Centros de Justicia para Mujeres, refugios, líneas de atención (#079-1), asesoría legal gratuita y campañas de concientización coordinadas entre la Federación y los estados.

La Ley General de Feminicidio, que será enviada este 15 de julio al Congreso de la Unión para discutir su aprobación, contempla proteger a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos para que, en caso de ser víctimas de feminicidio, la pena carcelaria del feminicida sea máxima.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, e Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres, compartieron los detalles de esta propuesta que buscará ser aprobada para su posterior aplicación en la República.

El principal objetivo de esta propuesta de ley, anunciada en marzo, es homologar las investigaciones de feminicidio en todo el país para que ahora, en todos los estados, se investigue de la misma manera y bajo los mismos parámetros para evitar impunidad y vacíos legales. De acuerdo a esta iniciativa, la persona que cometa este delito enfrentará una pena de 50 a 70 años de prisión, la cual será aplicada de manera uniforme en todo el país.

Prioridad a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos

Durante la participación de Luisa María Alcalde, quien presentó los detalles generales que contempla la ley, explicó que contempla 19 agravantes que aumentan la pena en las circunstancias específicas:

• Si la víctima es niña o adolescente
• Si es adulta mayor
• Si está embarazada
• Si vive con discapacidad
• Si es periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

En cualquiera de estos casos, el castigo para la persona feminicida se incrementará significativamente, de acuerdo a lo explicado por María Alcalde. Además, la pena será mayor cuando el feminicidio se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Entre las sanciones adicionales, la iniciativa incluye la pérdida de derechos sucesorios, de tutela, guarda y custodia, y patria potestad, así como la destitución e inhabilitación si el responsable es una persona servidora pública. Además, “también destacar que se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad a las dos terceras partes de esta pena de 50 a 70 años", puntualizó la consejera jurídica y ex dirigente de Morena.

La ley prohíbe cualquier excusa absolutoria o atenuante para el delito de feminicidio. El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles; además, no procede la amnistía, libertad condicionada ni otros beneficios legales.

Estas son las 10 razones de género que contempla la iniciativa de ley

La Ley General de Feminicidios establece 10 razones de género que determinan cuándo un homicidio cometido contra una mujer debe ser considerado feminicidio. Entre las principales razones destacadas por Alcalde se encuentran:

• Existencia de signos de violencia sexual sobre la víctima.
• El delito es motivado por estereotipos o prejuicios de género.
• Antecedentes de violencia contra la víctima, ya sea física, psicológica o económica.
• La víctima se encontraba en un contexto de asimetría de poder respecto al agresor.
• Otras razones de género incluidas en la legislación, todas con el objetivo de clarificar y evitar interpretaciones discrecionales en el proceso penal.

“Las 10 razones de género deberán estar presentes y reconocidas en todas las entidades federativas, eliminando criterios diferenciados entre estados y estableciendo un piso común para la impartición de justicia”, reiteró Luisa María Alcalde.

Las imágenes de seguridad, divulgadas en redes sociales muestran que el atacante se acercó a la trabajadora dentro del establecimiento del centro comercial Mercurio, al parecer con la intención de hablar con ella y apartarla del resto de personas. Segundos después comenzó la agresión con arma blanca delante de clientes y empleados.

En la grabación también se ve a un ciudadano que corre hacia el agresor para intentar frenarlo. Lo golpea y trata de separarlo de la víctima, pero no consigue detener el ataque; luego otras personas auxilian a la mujer mientras el señalado responsable intenta salir del almacén.

La Fiscalía sostiene que hubo acoso previo y rechazo sentimental

La respuesta central del caso es esta: la Fiscalía General de la Nación identificó al procesado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, y le imputó el delito de feminicidio agravado por la muerte de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada el domingo 12 de julio de 2026 mientras cumplía su jornada laboral en Soacha. El hombre no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la investigación del ente acusador, Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años. Después de manifestarle su interés en iniciar una relación sentimental y recibir una negativa, habría comenzado un asedio constante.

La Fiscalía expuso en audiencias que la Policía Nacional acompañó a la mujer en al menos dos oportunidades desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por la preocupación que generaba la situación. También documentó que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

La acusación sostiene que ese patrón terminó cuando ingresó al almacén y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas de gravedad. Aunque Rosa Mayerly fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones.

Una de las precisiones que dejaron las autoridades y la familia es que el agresor no era expareja sentimental de la víctima. Esa versión circuló en las primeras horas posteriores al crimen, pero luego fue desmentida.

Maira Yulieth Caballero, hermana de la víctima, dijo a Noticias RCN: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Según una investigación citada por Blu Radio, clientes y trabajadores del almacén retuvieron al presunto agresor inmediatamente después del ataque. Esa reacción permitió la llegada de la Policía y la formalización de la captura en flagrancia.

Homecenter negó vínculo laboral del agresor y anunció acompañamiento

Horas después de los hechos, Homecenter emitió un comunicado en el que confirmó que Rosa Mayerly hacía parte de su equipo de colaboradores y aseguró que el agresor no tenía ningún vínculo con la compañía. La empresa indicó que activó sus protocolos de atención y emergencia, brindó primeros auxilios y coordinó el traslado de la víctima a un centro asistencial.

La compañía señaló en su pronunciamiento: “Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”.

La empresa también informó que dará acompañamiento humano, psicológico y social a los familiares y compañeros de trabajo de la víctima, y que colabora con las autoridades judiciales. En otro de los apartes expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo”.

Tras el crimen, la Alcaldía de Soacha anunció acompañamiento integral para la familia a través de la Secretaría de Desarrollo Social y seguimiento al proceso judicial. La concejala de Bogotá Heidy Sánchez escribió en X: “Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”.

La familia confirmó además los actos fúnebres. La velación se realiza en la Funeraria Los Olivos de Soacha y las exequias están previstas para el jueves 16 de julio de 2026 a las 1:00 p. m. en la Parroquia San Bernardino, antes del traslado al Cementerio Campos de Cristo para la inhumación.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en una publicación previa, Soacha concentró el 32% de los feminicidios de Cundinamarca y cerró 2025 con 2.416 casos de violencia intrafamiliar. El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel también informó que en el municipio se registran más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres o la población Lgbtiq+.

El caso de Rosa Mayerly Olaya continúa generando impacto en el país, mientras la investigación por su muerte avanza después del trágico episodio ocurrido en una tienda de Homecenter en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

En los días recientes, un detalle en particular ha conmovido a quienes han seguido la historia: una publicación en su perfil de Facebook que, a la luz de los acontecimientos, ha cobrado un especial significado para familiares y usuarios de redes sociales.

Horas previas a los hechos, Rosa Mayerly compartió un video donde su hijo, de aproximadamente diez años, aparece montando a caballo con la música de fondo de la canción El complemento de mi vida, interpretada por Martín Elías.

El contenido, inicialmente inadvertido, se viralizó después de conocerse el desenlace de la jornada laboral de la mujer. Muchos usuarios, al conocer el caso, recorrieron sus publicaciones y encontraron mensajes, imágenes y grabaciones dedicadas en su mayoría al crecimiento y bienestar de su hijo.

Las redes sociales de Rosa Mayerly reflejaron una vida centrada en la crianza, marcada por experiencias familiares, paseos, celebraciones y momentos de alegría.

En sus publicaciones era frecuente observar fotografías y videos participando con su hijo en actividades al aire libre, celebrando logros escolares y compartiendo reuniones con seres queridos.

Así ocurrió el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en Soacha

El domingo 12 de julio de 2026, la vida de Rosa Mayerly cambió definitivamente cuando cumplía su turno en el establecimiento comercial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, ingresó al local con la intención de insistir nuevamente en una relación sentimental que ella había rechazado en repetidas ocasiones. Las autoridades señalaron que Marulanda no era pareja ni expareja de la víctima, sino alguien que habría ejercido un acoso persistente durante meses.

Según la investigación, tras un nuevo rechazo, el hombre la atacó con un arma blanca dentro de las instalaciones. Las cámaras de vigilancia captaron parte del incidente, mientras clientes y empleados intentaron socorrer a Rosa Mayerly.

Algunos testigos lograron retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía. La víctima fue llevada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció a causa de la gravedad de las cuatro heridas sufridas.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía detalló que el hostigamiento habría comenzado meses antes y describió una “obsesión” desarrollada por el procesado hacia Rosa Mayerly. El fiscal del caso explicó que el agresor llegó a considerarla un “objeto de su propiedad”, según los hallazgos de la investigación.

Óscar Giovanny Marulanda fue detenido en el lugar de los hechos, imputado por feminicidio agravado y enviado a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías, mientras continúa el proceso judicial por la muerte de Rosa Mayerly Olaya.

Video reveló intervención ciudadana durante agresión a Rosa Mayerly Olaya

Un video captado por cámaras de seguridad del establecimiento comercial en Soacha reveló el instante en el que la empleada fue atacada delante de clientes y colegas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al agresor acercándose a la víctima con aparente intención de conversar y apartarla del grupo. Segundos después, inició el ataque con arma blanca, generando pánico entre quienes presenciaron el hecho.

En la grabación se apreció cómo un ciudadano interviene rápidamente, enfrentó al agresor e intentó separarlo de la mujer. A pesar de los esfuerzos por detenerlo, el atacante continúa la agresión hasta que más personas acuden en auxilio de la víctima. El agresor intenta huir, pero es contenido por otros presentes en el lugar.

De acuerdo con la investigación citada por Blu Radio, la acción de clientes y empleados permitió que el presunto responsable fuera retenido hasta la llegada de la Policía, facilitando su captura en flagrancia.

El caso sigue bajo análisis de las autoridades, mientras la comunidad y los familiares de la víctima piden justicia y mayor protección frente a estos hechos violentos.

Esta noticia se dio a conocer por medio de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, quien aseguró que la iniciativa forma parte de una serie de acciones enfocadas en garantizar los derechos y la protección integral de las infancias que pierden a sus madres por este delito.

La funcionaria detalló que la nueva norma aborda aspectos como: acceso a la verdad, la justicia, atención médica y psicológica de urgencia y asistencia jurídica gratuita. Además, toma en cuenta la atención integral de los menores que quedan huérfanos, así como la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción para comunidades indígenas.

“Las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas”, señaló, resaltando la importancia de una reparación del daño que sea transformadora, adecuada, efectiva y proporcional.

Registro nacional y protección integral para orfandad por feminicidio

Este instrumento servirá para identificar cuántos menores atraviesan esta situación y en qué lugares se encuentran, con el propósito de brindarles protección y acompañamiento efectivo de parte del Estado. Asimismo, se está revisando y actualizando el protocolo de atención especializado para asegurar certeza jurídica y apoyo a quienes han sobrevivido a la violencia.

La reparación integral del daño es otro pilar del proyecto. La ley contempla que esta propuesta sea transformadora, adecuada, rápida y proporcional, atendiendo de forma prioritaria a las víctimas indirectas. Cada demarcación estará obligada a responder por el bienestar de los infantes en orfandad, además de asegurar servicios de traducción para comunidades indígenas y acompañamiento permanente durante todo el proceso judicial y administrativo.

Articulación institucional a favor de las infancias

Por otro lado, autoridades federales articulará las políticas públicas a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, instancia que reúne a la presidencia, gobernadores, fiscalías y autoridades de igualdad de género. El objetivo es que todos los estados homologuen el tipo penal de feminicidio y cuenten con estructuras normativas e institucionales para prevenir y atender estos delitos.

La estrategia incluye campañas de concientización, actualización de registros nacionales y el fortalecimiento de una red de servicios: más de mil centros libres, ochenta y cinco centros de justicia, casi cien espacios de refugio, la línea 079 y una red nacional de abogadas para acompañar a las familias. Todas estas acciones buscan garantizar protección, acceso a la verdad y reparación para las personas afectadas directas e indirectas del feminicidio en México.

Iniciativa en el Congreso busca proteger a niños huérfanos tras asesinato de sus madres

La diputada Valeria Cruz Flores propuso una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para garantizar atención psicológica y apoyos sociales a menores que quedan huérfanos tras el feminicidio de sus madres. La iniciativa busca modificar y adicionar artículos para que las autoridades activen mecanismos de atención integral, priorizando el acceso a servicios de salud física y mental, el acompañamiento durante el proceso de recuperación y la incorporación a programas de apoyo educativo y social.

Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, destacó la importancia de acompañar a la niñez y adolescencia en la reconstrucción de su futuro, señalando que “cuando una niña, niño o adolescente enfrente esta difícil situación, que las autoridades puedan activar mecanismos de atención integral que permitan proteger sus derechos y acompañarlos en su proceso de recuperación y desarrollo”. La propuesta recibió respaldo de diferentes grupos parlamentarios y fue turnada para su análisis a las comisiones correspondientes.

La capital del país se encuentra entre las entidades con mayor número de feminicidios en el país, lo que incrementa la urgencia de implementar medidas específicas para atender a las infancias en situación de orfandad por este delito, protegiendo su bienestar y desarrollo integral.

El hecho ocurrió cuando la mujer, de 29 años, cumplía su jornada laboral dentro del establecimiento ubicado en el centro comercial Mercurio, pero que fue abordada por un sujeto que la hirió en reiteradas oportunidades.

Aunque fue trasladada rápidamente al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas.

Mientras avanza la investigación del caso, se conoció el video registrado por cámaras de seguridad del sitio comercial donde se muestra el momento exacto en el que la empleada fue atacada.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran que el agresor se acerca a la víctima, al parecer con la intención de hablar con ella y apartarla del resto de personas. Segundos después, inicia la agresión con arma blanca delante de clientes y trabajadores.

En la grabación también se observa a un ciudadano que corre para intervenir y enfrenta al atacante en un intento por detenerlo. Aunque lo golpea y trata de separarlo de la víctima, no logra impedir que continúe el ataque; luego otras personas intentan auxiliar a la trabajadora mientras el señalado responsable intenta salir del establecimiento.

Según la investigación citada por Blu Radio, clientes y trabajadores del almacén retuvieron al presunto agresor inmediatamente después del ataque. Esa reacción permitió la llegada de la Policía al establecimiento y la formalización de la captura.

Investigación del caso

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, quien habría conocido a Rosa Mayerly en febrero de 2026 en el mismo lugar donde ella trabajaba.

El ente acusatorio sostiene que, después de expresarle su interés en iniciar una relación sentimental y recibir una respuesta negativa, comenzó una persecución constante.

La versión preliminar apunta a que el hombre la seguía hasta su vivienda, buscaba información sobre sus familiares y frecuentaba el sitio de trabajo de la víctima.

Las autoridades también precisaron que no era expareja sentimental de Rosa Mayerly, una versión que había circulado en un primer momento y que luego fue desmentida tanto por la Fiscalía como por la familia.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que al menos en dos oportunidades la Policía Nacional acompañó a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su casa por la preocupación que existía frente a la situación que enfrentaba. Familiares de la víctima también aseguraron que el señalado agresor la seguía con frecuencia y no aceptaba el rechazo.

Ante ello, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por Marulanda, lo que llevó al juez de control de garantías a ordenar medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Horas después de los hechos, Homecenter emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y confirmó que Rosa Mayerly hacía parte de su equipo de colaboradores.

La empresa señaló que el agresor no tenía vínculo con la compañía y explicó que, una vez ocurrió la emergencia, activó los protocolos de atención, brindó primeros auxilios y coordinó el traslado de la víctima a un centro asistencial.

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo”, indicó la compañía en un comunicado.

También informó que ofrecerá acompañamiento humano, psicológico y social a los familiares y compañeros de la víctima, y que colabora con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Entre tanto, la familia de Rosa Mayerly Olaya confirmó el sitio donde se adelantarán los actos fúnebres de la mujer de 26 años. La velación se realizará en la Funeraria Los Olivos de Soacha, mientras que las exequias se realizarán el jueves 16 de julio de 2026 a la 1:00 p. m. en la Parroquia San Bernardino del municipio cundinamarqués.

Posteriormente, será trasladada al Cementerio Campos de Cristo donde se dará la inhumación o entierro del cuerpo.

La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a Luis Ernesto “N” por el feminicidio de su pareja de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón, tras ser detenido en flagrancia el 8 de julio mientras intentaba ocultar el cuerpo de la víctima en una hielera. El juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió en un inmueble de la colonia Mártires de Tacubaya, luego de que una vecina llamó al 911 al escuchar gritos y golpes, y observó al imputado manipulando bolsas de plástico en el patio trasero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al domicilio ubicado en la intersección de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde lo detuvieron.

Cuerpo hallado en una hielera y machete asegurado

Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera. También localizaron un machete, que fue asegurado para los análisis periciales correspondientes. Los restos presentaban indicios de desmembramiento.

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) llegó al domicilio para realizar los peritajes en criminalística, mientras agentes de la Policía de Investigación resguardaron el lugar.

La investigación que sustentó la imputación

Tras la detención, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y coordinó entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias.

Los resultados de ese trabajo permitieron a la Fiscalía CDMX formular la imputación por los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de la joven de 19 años.

La institución informó que continuará desarrollando las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos y para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

Durante la audiencia celebrada este martes 14 de julio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Ernesto “N” con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía CDMX deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

La Fiscalía subrayó su compromiso de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres y de combatir la violencia feminicida en la capital del país.

Feminicidios en la Ciudad de México van al alza en 2026

El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se registraron 19 feminicidios en la Ciudad de México, frente a 14 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 35.71%.

El repunte contrasta con la caída registrada el año anterior. Durante todo 2025, la capital reportó 44 feminicidios, una reducción de 38% respecto a los 68 casos de 2024, según datos del SESNSP.

La alcaldía Álvaro Obregón acumuló cinco feminicidios durante 2025, lo que la ubicó como la segunda demarcación con más casos ese año, solo por detrás de Iztapalapa, con seis. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026, en Álvaro Obregón se han localizado 34 víctimas de feminicidio, según el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, elaborado por la Fiscalía capitalina.

A nivel nacional, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios, de los cuales 11 correspondieron a la Ciudad de México en ese mismo periodo de tres meses, lo que colocó a la capital en el tercer lugar del ranking estatal junto al Estado de México, por detrás de Sinaloa y Chiapas, de acuerdo con datos del SESNSP.

Luis Alonso “N” fue capturado por agentes de la Fiscalía del Estado al contar con una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, derivada de una investigación por hechos ocurridos en 2025 en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco.

La detención se cumplimentó ayer, 13 de julio, en calles de la colonia Zalatitán, en Tonalá, como parte de las diligencias para presentarlo ante la autoridad judicial que lo requería por su presunta responsabilidad en el ataque contra su pareja.

La orden de aprehensión había sido decretada por el Juzgado Segundo de Control y Juicio Oral Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, instancia que lo señaló como imputado en una causa penal por el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con las indagatorias, el caso se relacionó con una agresión registrada durante una fiesta de cumpleaños de la hija de ambos. En ese contexto, el hombre presuntamente ingirió bebidas embriagantes y, en un momento, reaccionó de manera violenta contra la víctima.

La investigación estableció que el ataque se habría cometido con un objeto punzocortante. La mujer resultó lesionada en distintas ocasiones, según lo asentado en los actos de investigación integrados en la carpeta correspondiente.

Antes de retirarse del lugar, Luis Alonso “N” presuntamente amenazó a la víctima. Según la indagatoria, le dijo que lo ocurrido era una muestra de lo que podía hacer, expresión incorporada al expediente como parte de los antecedentes del hecho investigado.

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones para reunir datos y solicitar un mandamiento judicial. Con esos elementos, la autoridad jurisdiccional decretó la orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada por personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión.

Luego de su captura en Tonalá, el hombre quedó a disposición del juzgado que lo requería. La autoridad debía definir los pasos procesales siguientes conforme a la causa por feminicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía del Estado señaló que mantuvo el seguimiento del caso con perspectiva de género, con el objetivo de evitar la impunidad en delitos donde se vulneraron los derechos y el bienestar de las mujeres. La institución afirmó que continuó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y fincar responsabilidades.

• Detuvieron a Luis Alonso “N” por una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa.

• La captura se realizó el 13 de julio en la colonia Zalatitán, en Tonalá.

• La investigación vinculó el caso con una agresión en 2025 durante una fiesta familiar en Santa Cruz del Valle, Tlajomulco.

Trasladaron a presunto abusador infantil de Nayarit a Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General del Estado de Nayarit capturaron a Natividad “N” en Tepic, señalado por abuso sexual infantil y con una orden de aprehensión vigente. La detención ocurrió el pasado 10 de julio, tras labores de inteligencia y coordinación entre ambas instituciones.

La orden de aprehensión fue decretada por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Décimo Segundo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, por hechos que habrían ocurrido en 2021, según el mandamiento judicial. La captura se realizó mediante la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la fiscalía jalisciense, en colaboración con la autoridad nayarita.

De acuerdo con las indagatorias, en 2021 el ahora detenido se encontraba en el domicilio de su pareja cuando llegó su cuñada acompañada de sus hijas menores de edad. En un momento de distracción de los adultos presentes, se presumió que Natividad “N” aprovechó para realizar tocamientos indebidos a una de las niñas.

La investigación estableció que, después de la agresión, el señalado habría amenazado a la menor para impedir que contara lo ocurrido. Al conocerse el hecho, se presentó una denuncia que permitió al Ministerio Público abrir la carpeta correspondiente e impulsar las diligencias para identificar al presunto responsable.

Con el avance de las investigaciones, se tramitó el mandamiento judicial que finalmente se ejecutó en Nayarit. Tras su aseguramiento, Natividad “N” fue trasladado a Jalisco y quedó a disposición del juzgado que lo requería para la continuación de su proceso legal.

La Fiscalía del Estado de Jalisco afirmó que mantuvo su postura de que no habría impunidad cuando se vulnerara el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes. También sostuvo que realizó las investigaciones necesarias para ubicar y detener a quienes fueran señalados por este tipo de delitos.

El panorama de violencia contra las mujeres en Colombia volvió a dar de qué hablar por la compleja situación que viven muchas víctimas que, pese a poner en conocimiento de las autoridades su caso, siguen sintiéndose inseguras. Uno de esos casos fue el de Rosa Mayerly Olaya Coronado.

La colaboradora de una reconocida cadena de almacenes (Homecenter) fue víctima de un nuevo caso de feminicidio cuando un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, llegó hasta la sede del lugar ubicado en un centro comercial de Soacha, el municipio vecino a Bogotá, y allí la atacó en cuatro ocasiones con un arma cortopunzante.

Pese a que la mujer oriunda del municipio de Natagaima (Tolima) alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Cardiovascular el domingo 12 de julio, el alcalde del municipio, Julián Sánchez Jr., confirmó su muerte.

Por este motivo, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Unión Patriótica y Coalición del Pacto Histórico) señaló con ahínco en un mensaje que compartió desde su cuenta en X la mañana del martes 14 de julio los riesgos que, como ella, corren las mujeres en la capital, y alrededor del mundo, solo por el simple hecho de ser mujeres.

“Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”, cuestionó la cabildante al principio de su publicación.

Para Sánchez, “cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, sigue el mensaje por parte de la concejala.

Al final, la cabildante por Bogotá se solidarizó la familia de Olaya Coronado (que se confirmó, será velada en Soacha) y pidió que se haga justicia para que los hechos no queden impune, teniendo en cuenta que se realizó la captura de Marulanda en el lugar de los hechos.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cerró Sánchez.

La Fiscalía sostiene que el ataque estuvo precedido por meses de hostigamiento

De acuerdo con el ente investigador, el hombre conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

Tras expresar interés sentimental y recibir una negativa, habría iniciado una secuencia de asedio y acoso permanente.

El proceso también registró dos episodios previos: el 10 de mayo y el 5 de junio, el señalado agresor se presentó en la vivienda de la madre de la víctima y en la de su excompañero sentimental para buscarla e intimidarla.

La acusación sostiene que ese seguimiento terminó con el ingreso al comercio donde ella trabajaba y el ataque con cuchillo.

Las autoridades identificaron a Marulanda como el presunto autor del crimen, y lo acusan de feminicidio agravado. Por tal motivo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

La Fiscalía afirmó que las pruebas recogidas muestran un patrón de persecución que culminó en el homicidio y reiteró que estos antecedentes deben ser atendidos con urgencia en los casos de violencia contra las mujeres.

La familia desmintió que el agresor fuera su expareja

En las primeras horas posteriores al crimen circuló una versión según la cual el atacante era la expareja de Olaya Coronado.

Esa información fue desmentida por su familia, que sostuvo que no existía una relación sentimental previa.

En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima, Maira Yulieth Caballero, dijo: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Caballero pidió que esa versión fuera corregida “por respeto a la memoria” de su hermana y reclamó una investigación rigurosa para esclarecer por completo los hechos.

Más de 2,000 presos comunes serán liberados en Nicaragua para pasar a régimen de convivencia familiar en sus domicilios, en coincidencia con el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista.

La medida, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, se inscribe en la política de excarcelaciones masivas que el Ejecutivo aplica en fechas conmemorativas a lo largo del año.

La excarcelación se formalizará durante un acto oficial en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, ubicada cerca de Managua y conocida como ‘La Modelo’, la prisión más grande del país.

De igual forma, la medida se implementará en otras siete cárceles distribuidas en diferentes regiones. Según datos proporcionados por EFE, con este grupo la cifra de presos comunes que han recibido este beneficio legal en lo que va del año asciende a 6,400.

En los meses recientes, el Gobierno ha realizado liberaciones similares en fechas simbólicas. El 30 de mayo, 2,000 prisioneros fueron excarcelados con motivo del Día de la Madre Nicaragüense.

Anteriormente, el 2 de febrero y el 1 de abril, 1,200 condenados en cada fecha accedieron al régimen de convivencia familiar, la primera vez por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en honor al cardenal Miguel Obando y Bravo, y la segunda durante la Semana Santa.

Las autoridades argumentan que estas medidas buscan favorecer la reintegración social de quienes han cumplido parte de su condena, además de permitir el reencuentro familiar en jornadas de relevancia nacional o religiosa.

Según la versión oficial, la política también pretende aliviar la carga que enfrentan las familias y contribuir a la reconciliación social.

En la última década, el Régimen de Nicaragua manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a 55,164 presos comunes para que cumplan el resto de sus sentencias bajo este régimen, de acuerdo con cifras oficiales.

De ese total, el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito tras su excarcelación. Según el reporte de EFE, el año con mayor cantidad de beneficiados fue 2025, cuando 9,900 personas accedieron a la medida.

El régimen de convivencia familiar permite que los excarcelados residan en sus hogares bajo condiciones y controles legales, continuando con el cumplimiento de sus condenas fuera de prisión. El Ejecutivo presenta esta modalidad como una alternativa para impulsar la reinserción y reducir la reincidencia, aunque reconoce que la política ha recibido críticas.

Algunas organizaciones feministas han expresado su preocupación por el impacto de estas excarcelaciones en la seguridad ciudadana. Señalan que tras la liberación de presos comunes se ha detectado un aumento de feminicidios y de la delincuencia general en Nicaragua.

Por ello, estos sectores solicitan la implementación de controles adicionales y medidas especiales de protección para las víctimas.

La práctica de excarcelar presos comunes en fechas señaladas se mantiene como una política recurrente del Gobierno. Mientras tanto, diferentes sectores sociales observan los resultados y debaten los posibles efectos sobre la seguridad ciudadana y la convivencia social, en un contexto donde el número de beneficiarios de este régimen sigue en aumento.

Homecenter se pronunció oficialmente luego del feminicidio de una de sus colaboradoras ocurrido en la tarde del domingo 12 de julio en una de sus tiendas ubicada en el centro comercial Mercurio, en Soacha (Cundinamarca). A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la empresa confirmó que el presunto responsable del crimen no tenía ningún vínculo laboral con la compañía, desmintiendo así versiones que circularon inicialmente en redes sociales.

El caso ha generado conmoción nacional debido a que la víctima, identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, fue atacada con arma blanca mientras cumplía su jornada laboral. Pese a que recibió atención médica de urgencia, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Homecenter lamentó el feminicidio y explicó las acciones que tomó

En el comunicado, la compañía expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas a la víctima, además de manifestar su rechazo frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”, indicó la empresa.

Asimismo, la organización explicó que activó inmediatamente los protocolos internos de emergencia para atender la situación.

“Desde el momento en que se presentó la situación activamos nuestros protocolos de atención y emergencia, brindamos los primeros auxilios y coordinamos su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, se dio el trágico desenlace”, señaló Homecenter.

La empresa agregó que puso a disposición de la familia y del equipo de trabajo de la víctima acompañamiento humano, psicológico y social, con el propósito de brindar apoyo durante este difícil momento.

De igual manera, informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

“Hay una persona que fue capturada oportunamente por las autoridades, quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”, indicó la compañía.

Finalmente, Homecenter reiteró su rechazo al crimen e hizo un llamado para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir la violencia basada en género.

“Reiteramos nuestro rechazo a este hecho y hacemos un llamado a que como sociedad sigamos trabajando para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencias”, concluyó el comunicado.

El presunto responsable fue capturado en flagrancia

De acuerdo con las autoridades, el señalado agresor es Óscar Giovanny Marulanda, quien fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha pocos minutos después del ataque.

Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para establecer las circunstancias exactas del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, las múltiples heridas ocasionadas con arma blanca provocaron su fallecimiento.

La Fiscalía reveló un presunto patrón de acoso previo al crimen

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Marulanda el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Según la investigación del ente acusador, el hombre conoció a Rosa Mayerly Olaya Coronado en febrero de este año en el establecimiento donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

La Fiscalía sostuvo que, después de manifestarle un interés sentimental y recibir una negativa, el hoy procesado habría iniciado un comportamiento constante de hostigamiento y persecución contra la mujer.

La investigación también estableció que en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañar a la víctima desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, debido al temor que generaban los actos de acoso.

Además, el ente investigador documentó que el 10 de mayo y el 5 de junio el señalado agresor habría llegado a la residencia de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

Finalmente, el domingo 12 de julio, según la hipótesis de la Fiscalía, Marulanda ingresó al almacén donde trabajaba Rosa Mayerly Olaya Coronado y la atacó con un cuchillo, ocasionándole cuatro heridas de gravedad que terminaron causándole la muerte.

La familia desmintió que el agresor fuera su expareja

En las primeras horas posteriores al crimen surgieron versiones según las cuales el atacante sería la expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, la familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado rechazó esa información y aseguró que el señalado responsable era un hombre que la acosaba de manera persistente.

Maira Yulieth Caballero, hermana de la víctima, explicó que el procesado no sostenía una relación sentimental con Rosa Mayerly, sino que era una persona que insistía en acercarse a ella pese a haber recibido un rechazo.

La familiar manifestó que el hombre mantenía una obsesión con la trabajadora y que esa situación terminó desencadenando el ataque ocurrido dentro del establecimiento comercial.

En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima señaló: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Tras el feminicidio, la Alcaldía de Soacha anunció acompañamiento integral para la familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y aseguró que realizará seguimiento permanente al proceso judicial para contribuir a que el caso avance y se garantice el acceso a la justicia.

Rosa Mayerly Olaya Coronado era oriunda de Natagaima, Tolima, madre de un menor de edad y, según sus familiares, era reconocida por su compromiso con su hijo y por la responsabilidad con la que desempeñaba sus labores.

La tarde del domingo 12 de julio se vio marcada por un trágico caso de violencia de género en Soacha, Cundinamarca, luego de que Rosa Mayerly Olaya Coronado fuera atacada con arma blanca en el reconocido almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio de esa ciudad.

La joven mujer, quien se encontraba cumpliendo su jornada laboral, recibió múltiples heridas que obligaron su traslado de urgencia al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades revelaron que el presunto responsable del feminicidio es Óscar Giovanny Marulanda, que fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de la Policía Metropolitana de Soacha. El hombre permanece bajo custodia de las autoridades judiciales, que adelantan la investigación para esclarecer el móvil y las circunstancias exactas del crimen, así como para garantizar que el caso no quede en la impunidad.

El rápido despliegue policial permitió la detención inmediata del presunto feminicida, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indicaron que ahora el proceso se centra en establecer con precisión qué ocurrió dentro del almacén y cuáles fueron los motivos detrás del crimen, mientras familiares, colegas y la comunidad de Soacha exigen justicia para Mayerly Olaya.

La Fiscalía detalló el acoso previo al feminicidio

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Óscar Giovanny Marulanda fue asegurado en centro carcelario como presunto responsable de causar la muerte de Rosa Mayerly Olaya Coronado en un almacén de Soacha, Cundinamarca.

La investigación reveló que el hombre, imputado por el delito de feminicidio agravado, habría ejercido un asedio y acoso permanente contra la víctima, a quien conoció en febrero de este año en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

Según la Fiscalía, tras manifestar su interés sentimental y recibir un rechazo claro, Marulanda inició una serie de episodios de hostigamiento en contra de la mujer. La situación se tornó tan grave que en dos ocasiones fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladar a la víctima desde su lugar de trabajo hasta su residencia, con el fin de protegerla del acoso.

El proceso judicial documentó que el 10 de mayo y el 5 de junio, el señalado agresor se presentó en la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla. Finalmente, el domingo 12 de junio, Marulanda habría ingresado al establecimiento de comercio en el que laboraba Rosa Mayerly y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas graves.

La captura de Marulanda se dio en flagrancia, y en las audiencias ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca, fue imputado por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Un juez penal de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía resaltó que las pruebas recabadas demuestran un patrón de acoso y persecución que culminó en el ataque fatal, subrayando la importancia de atender con urgencia las señales de violencia y hostigamiento en casos de violencia de género. La entidad reiteró su compromiso con la protección de las mujeres y el avance diligente de las investigaciones para garantizar justicia y evitar la impunidad en casos de feminicidio.

Familia de Rosa Mayerly asegura que fue asesinada por un acosador

En un primer momento, se informó que el ataque contra Rosa Mayerly Olaya Coronado habría sido perpetrado por su expareja. Sin embargo, esta versión fue desmentida posteriormente por un integrante de la familia, lo que dio un giro inesperado a la investigación y generó nuevos interrogantes sobre el entorno y las motivaciones del presunto agresor.

La familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado aclaró que el agresor no era su expareja, sino un hombre que la acosaba de manera persistente. En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima, Maira Yulieth Caballero, señaló: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Además, según testimonios de la hermana de Mayerly Olaya, publicados por otros medios, sostienen que el hombre capturado por las autoridades no mantenía una relación sentimental con la víctima, sino que era un compañero de trabajo que presentaba problemas psiquiátricos y mantenía una obsesión hacia ella.

Caballero pidió públicamente que esta información fuera corregida “por respeto a la memoria” de su hermana y solicitó una investigación rigurosa para esclarecer completamente los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente dicha versión.

Tras el crimen, la Alcaldía de Soacha anunció que brindará acompañamiento integral a la familia de la víctima a través de la Secretaría de Desarrollo Social y realizará seguimiento permanente al proceso penal para garantizar que el caso avance conforme a la ley.

Rosa Mayerly Olaya Coronado era oriunda de Natagaima, Tolima, madre y reconocida por su entrega tanto a su hijo como a sus responsabilidades laborales. Su familia la describe como una mujer trabajadora, dedicada y muy responsable en su empleo.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karen Miranda Ayala Torres, de 20 años, ocurrido en el municipio de Tonalá tras una convivencia en un balneario el pasado 7 de julio. El cuerpo de la joven fue hallado el 10 de julio en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, según informó la dependencia. El detenido fue trasladado a un complejo penitenciario y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco capturó a Iván “N” mediante una orden de aprehensión gestionada por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios. Según la dependencia, los hechos se remontan al 7 de julio, cuando el imputado y Miranda Ayala Torres se encontraban en un balneario del municipio de Tonalá.

“La disputa derivó en un forcejeo durante el cual Iván ‘N’ presuntamente empujó a la joven, quien se golpeó la cabeza y quedó inconsciente,” de acuerdo con lo que indicó la investigación ministerial.

Cuerpo abandonado en un barranco

Al creer que la víctima había fallecido, el imputado trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, en el mismo municipio de Tonalá, según se desprende de las indagatorias de la Fiscalía del Estado.

El cuerpo de Karen Miranda Ayala Torres no fue localizado de inmediato. Su familia había interpuesto una denuncia por desaparición ante las autoridades, lo que activó una carpeta de investigación paralela que contribuyó a dar con su paradero. El hallazgo se produjo el 10 de julio, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

De la denuncia por desaparición a la orden de aprehensión

Las investigaciones de campo y de gabinete desarrolladas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios permitieron identificar al presunto responsable a partir de los elementos recabados en ambas carpetas: la de feminicidio y la de desaparición. Con base en esos indicios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iván “N”, nombre que figura únicamente en el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía del Estado. Tras su captura, el imputado fue trasladado de inmediato a un complejo penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requería, según informó la dependencia.

Contexto de violencia de género en Jalisco

El caso se enmarca en un periodo de actividad sostenida de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. La dependencia vinculó a proceso a 127 personas por delitos cometidos contra mujeres en el estado, a partir de 122 carpetas de investigación integradas en distintas agencias del Ministerio Público, correspondientes al periodo del 15 al 30 de junio de 2026.

Entre los municipios atendidos figuraron Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta. Las presentaciones ante juzgados de control derivaron del cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión, 117 comparecencias por citación judicial y dos reactivaciones por reposición de procedimiento, de acuerdo con el mismo reporte.

La Fiscalía ratifica su postura ante la violencia de género

En su comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la captura de Iván “N” "ratifica su compromiso de trabajar de manera permanente en el combate a la violencia contra las mujeres" y en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

La situación jurídica definitiva del imputado será determinada por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de resolución constitucional correspondiente. La Fiscalía no informó sobre la fecha programada para dicha audiencia ni sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en su contra.

La Fiscalía de Jalisco imputó a Ernesto “N” por el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de Flor Leticia Aceves Cuevas, agente ministerial que se quitó la vida el pasado 30 de junio.

Durante la audiencia inicial, celebrada en los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que será el 15 de julio cuando un juez determine si existen elementos para vincularlo a proceso.

La investigación está a cargo de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género, que indaga las circunstancias que rodearon la muerte de la agente ministerial.

Ernesto “N” fue detenido en la colonia San Rafael, en Guadalajara, el pasado 10 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente fue trasladado al complejo penitenciario, donde quedó a disposición del juez.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía reunió datos de prueba que apuntan a que el imputado, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, presuntamente ejerció amenazas y violencia psicológica durante el tiempo que convivieron.

Las autoridades sostienen que ese contexto es uno de los elementos que sustentan la acusación por inducción o ayuda al suicidio feminicida, una figura penal prevista en la legislación de Jalisco para casos en los que una mujer se quita la vida tras sufrir violencia de género por parte de su agresor.

Jalisco tipificó el delito de inducción al suicidio feminicida desde 2020

El caso de Ernesto “N” se investiga con una figura penal incorporada al Código Penal de Jalisco mediante una reforma publicada el 7 de noviembre de 2020. El artículo 224 Bis establece que “comete el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida quien induzca o ayude a una mujer a suicidarse” cuando exista entre el agresor y la víctima una relación de pareja, confianza o subordinación y la conducta ocurra “en un contexto de violencia de género”.

La misma disposición señala que, “si la víctima ejecuta el suicidio, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión”. Asimismo, añade que “si el sujeto activo ejecuta la muerte de la víctima, la conducta será sancionada conforme al delito de feminicidio”.

También investigan señalamientos de violencia laboral

Tras la muerte de Flor Leticia Aceves, compañeros de la agente ministerial señalaron que también enfrentó un entorno de violencia laboral.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la víctima había denunciado conductas atribuidas a quien fue su superior, René “D”, a quien señalaron de minimizar su estado de salud mental e incluso exigirle una prueba antidopaje antes de permitir que recibiera atención médica cuando presentó una crisis durante 2025.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si esos hechos forman parte de la carpeta de investigación abierta por la muerte de la agente.

Otro caso reciente por este delito

La imputación contra Ernesto “N” ocurre semanas después de otro proceso penal iniciado en Jalisco por el mismo delito.

En junio, la Fiscalía informó la vinculación a proceso de Gabriel “N”, acusado de inducir al suicidio a su pareja en un caso ocurrido tres años atrás en Zapopan. Según la investigación, la mujer era víctima constante de insultos, amenazas y agresiones por parte del imputado.

Con ambos expedientes, la Fiscalía ha recurrido a la figura de inducción o ayuda al suicidio feminicida para investigar casos en los que existen antecedentes de violencia de género y la muerte de la víctima ocurrió por suicidio.

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un ataque contra una mujer en el distrito de Ciudad Delgado ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2025, informó Centros Judiciales El Salvador a través de sus canales oficiales.

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), la víctima permaneció hospitalizada durante más de un mes. Los peritajes establecieron que su vida estuvo en riesgo por quemaduras de segundo grado en el 25% del cuerpo y por lesiones compatibles con abuso sexual.

Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron tras una reunión en la vivienda del condenado, en la colonia San Fernando. En la madrugada del día siguiente, el agresor abusó sexualmente de la víctima mientras dormía y, cuando ella intentó irse, la sujetó por la fuerza y la amenazó con quemarla si seguía gritando.

¿Cómo fue el ataque?

El reporte indicó que Castillo Clavel roció gasolina sobre las piernas y el área genital de la mujer y le prendió fuego con un encendedor.

Una acompañante de la víctima logró rescatarla al regresar al inmueble. El juzgado concluyó, al valorar la prueba, que esa intervención evitó que muriera: “Con base en estos elementos, el juzgado impuso una condena de 25 años de prisión”, determina el reporte judicial.

Cifra alarmante de casos en El Salvador

Los feminicidios en El Salvadorsubieron18 %entre enero y mayo de2026, alcanzando13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. La organización ciudadana considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos. El año anterior se registraron 26 feminicidios en el territorio.

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador está habilitado para implementar la prisión perpetua o cadena perpetua para quienes cometan el delito de feminicidio, según lo establece la más reciente reforma Constitucional generada este año, así como lo establece ahora también la ley secundaria: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

Antes de este hito legal, las penas estipuladas para feminicidio simple en El Salvador oscilaban entre 20 y 35 años de prisión, mientras que para feminicidio agravado, el rango era de 30 a 50 años, de acuerdo con el texto de la LEIV. La nueva reforma, ya aprobada y publicada, permitirá sancionar ambas modalidades con condena de prisión perpetua.

El encubrimiento familiar en casos de violencia contra las mujeres repercute en la impartición de justicia y muchas veces, genera que la impunidad permee los casos. Lo anterior se vio reflejado en el feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, cuando los papás de su agresor decidieron ayudarlo para permanecer prófugo por más de un año.

Complicidad familiar que abona a la impunidad

El feminicidio de la joven ocurrió el 17 de abril de 2021 en el municipio de Boca del Río, Veracruz, Marlón Botas Fuentes la golpeó al punto de provocarle fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo, tras ser trasladada al hospital permaneció seis días en terapia intensiva, sin embargo, perdió la vida.

La madre de la víctima, Cecilia Roldán, afirmó que su hija habría señalado a Botas Fuentes como el responsable de lo ocurrido. Pese a que los papás del agresor sabían lo que su hijo hizo y fueron quienes avisaron a los padres de la víctima, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N” decidieron ayudarlo a huir, lo que prolongó el acceso a la justicia desde un inicio.

Los padres del feminicida le brindaron apoyo económico, de transporte y refugio, esa situación derivo en la detención de Diana y Jorge en mayo de 2021 en Ciudad de México, bajo acusaciones de encubrimiento.

Tras dos años en prisión, en julio de 2023, Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que un juez de control concedió la suspensión condicional “que, de no ser observadas, generarán la revocación de la misma, dando continuidad al proceso”.

Ambos quedaron en libertad bajo las siguientes condiciones impuestas en el proceso penal 289/2023:

• Residir en un lugar determinado.
• Someterse a tratamiento psicológico.
• Presentarse a firmar de manera periódica ante las autoridades.
• No consumir drogas.
• No portar armas.
• Abstenerse a salir del país, haciendo entrega de pasaporte y cisa.
• Así como no acercarse al domicilio de la víctima por dos años.

La medida causó indignación por parte de colectivos feministas, la organización Marea Verde México comentó en su momento:

“Ayudar a tu hijo a matar o a evadir su responsabilidad en un delito no es amor, es complicidad. Los padres de Marlon son feminicidas y no deberían estar libres”.

Pese a los esfuerzos de la familia de Marlon Botas Fuentes para que la justicia aplazara una sentencia para su hijo, el pasado 9 de julio, un juez de Veracruz lo declaró culpable por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, dando un paso más en la lucha que ha mantenido la familia de la víctoma por cinco años.

Ley Monse le hace frente al encubrimiento familiar

Tras el caso y el encubrimiento del feminicida, el colectivo feminista Brujas del Mar impulsó la iniciativa “Ley Monse”, la cual contempló reformas al Código Penal Local, su aprobación también fue dilatada por el Congreso de Veracruz, validándola hasta noviembre del 2025.

El dictamen aprobado, contempla:

• Eliminar la protección legal que eximía de responsabilidad penal a familiares que encubran a feminicidas o responsables de delitos graves en Veracruz.
• Modificó los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal para que los lazos familiares ya no sean motivo de impunidad en casos de encubrimiento.
• Permite sancionar penalmente a parientes que ayuden a ocultar a los responsables de feminicidio u otros delitos graves, cerrando una vía frecuente de evasión de la justicia.

A la fecha y pese a que los casos de feminicidio han incrementado de manera preocupante de 2021 a la fecha, solo Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz, han aprobado la legislación que castiga conductas de encubrimiento familiar en casos de feminicidio.

Una joven de 25 años quedó hospitalizada tras un ataque en el que dos hombres presuntamente la rociaron con gasolina y le prendieron fuego en Juárez, Nuevo León. La agresión la dejó con quemaduras consideradas de gravedad y su estado de salud fue reportado como delicado.

Durante las diligencias, la Fiscalía ubicó una quinta en la colonia Lomas del Sol como el posible sitio donde ocurrió la agresión. La autoridad mantuvo abierta la investigación para reconstruir la secuencia de lo ocurrido e identificar a los responsables.

El caso se conoció la mañana del viernes, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General de Juárez tras recibir el aviso del ingreso de una paciente con quemaduras severas. La mujer permanecía consciente al momento de ser atendida, según los primeros reportes recabados por los investigadores.

Las primeras indagatorias establecieron que policías municipales encontraron a la víctima sobre la calle Sección 123, en la colonia Lomas del Sol, y que después fue trasladada por elementos de Protección Civil al hospital. Ese hallazgo detonó la intervención de personal investigador y el inicio de los actos para documentar el hecho.

Ante los agentes, la joven declaró que había conocido a un hombre por medio de una red social y que él la invitó a una fiesta en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con su testimonio, al llegar fue atacada por dos sujetos, quienes presuntamente la bañaron con gasolina y después le prendieron fuego.

Las lesiones fueron clasificadas como de las que ponen en peligro la vida y que requerían más de 15 días para sanar. Con esos datos, la autoridad continuó con la recolección de información y la búsqueda de indicios para precisar el lugar exacto del ataque y la forma en que se cometió.

• La víctima, de 25 años, permaneció hospitalizada con quemaduras de gravedad tras un ataque con gasolina y fuego.
• La Fiscalía ubicó una quinta en Lomas del Sol como posible lugar de la agresión.
• La investigación se abrió luego del hallazgo en la calle Sección 123 y el traslado al Hospital General de Juárez.

Feminicidos en 2026

En los primeros cinco meses de 2026, Nuevo León registró 27 mujeres asesinadas. De estas cifras oficiales, 20 fueron tipificadas como homicidios dolosos y 7 como feminicidios. A pesar de los casos recientes, el estado mantiene una tendencia a la baja en este delito frente a las crisis de años anteriores.

Datos clave de la incidencia comparativa nacional: en el primer cuatrimestre, la entidad concentró un porcentaje menor de los casos a nivel nacional, manteniéndose lejos de las cifras críticas reportadas entre 2022 y 2024.

Zonas de Riesgo: históricamente, durante el año, municipios como Monterrey y García han concentrado una mayor incidencia de violencia letal contra las mujeres.Modalidad: Además de los feminicidios consumados, se han registrado agresiones graves investigadas como feminicidios en grado de tentativa, como el caso reportado en el municipio de Salinas Victoria.

Estadísticas: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica mes a mes las carpetas de investigación. Para cifras detalladas por municipio, puedes consultar los informes del Consejo Nuevo León.

Denuncia y Asistencia: ante situaciones de riesgo, el gobierno estatal pone a disposición herramientas de apoyo integral. Puedes verificar las dependencias de atención y el Banco Estatal de Datos en el portal oficial del Gobierno de Nuevo León.

Líneas de emergencia: recuerda que puedes reportar cualquier emergencia o situación de violencia llamando a los servicios de emergencia o a través de la línea de atención a la mujer (070) en el estado.

El caso de Blanca Zulema “N”, una mujer que hace algunos años encabezó un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en San Luis Río Colorado, Sonora, ha generado amplia atención luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado la señalara como presunta responsable, junto con otro hombre, de la desaparición y feminicidio de una joven de 19 años.

De acuerdo con la investigación ministerial, Zulema “N” y Jesús Guillermo “N”, de 26 años, fueron imputados por los delitos de desaparición cometida por particulares y feminicidio en agravio de Karla Yureth, cuyo cuerpo fue localizado días después de haber sido reportada como desaparecida.

La Fiscalía estatal sostiene además que, cuando ya existía una orden de aprehensión en su contra, la mujer presuntamente intentó fingir su propia desaparición para evitar ser localizada y detenida por las autoridades.

Así habrían ocurrido los hechos, según la Fiscalía

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas del pasado 15 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Reforma, en San Luis Río Colorado.

Las autoridades señalaron que los dos ahora imputados se encontraban conviviendo con la víctima mientras consumían bebidas alcohólicas y narcóticos, cuando se originó una discusión que habría estado relacionada con un presunto conflicto de carácter sentimental.

Según la versión presentada por la Fiscalía, uno de los implicados reaccionó de forma violenta al encontrar a la joven conviviendo con otro hombre.

Posteriormente, ambos imputados presuntamente privaron de la libertad a Karla Yureth, la golpearon en repetidas ocasiones y finalmente le provocaron la muerte por asfixia utilizando una bolsa de plástico.

Una vez consumado el crimen, agrega la investigación, el cuerpo fue colocado dentro de un contenedor de basura de color azul y trasladado hasta una zona desértica de San Luis Río Colorado, donde finalmente fue localizado por las autoridades el pasado 20 de junio.

Fiscalía afirma que simuló su desaparición para evitar ser detenida

La Fiscalía informó que desde el 6 de julio existía un mandamiento judicial de captura contra ambos imputados.

Sin embargo, sostiene que Blanca Zulema “N” presuntamente aprovechó el vínculo que mantenía con colectivos de búsqueda para fingir que ella también había desaparecido, con la intención de retrasar su captura y evadir la acción de la justicia.

Pese a ello, las investigaciones continuaron y durante la madrugada del 8 de julio agentes ministeriales lograron ubicar y detener a ambos en la colonia Solidaridad de San Luis Río Colorado.

Posteriormente fueron presentados ante un juez de control, donde el Ministerio Público formuló imputación en su contra y ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

Colectivo confirma que fue su líder, pero se deslinda

Tras la detención, el colectivo Buscando en San Luis R.C. emitió una postura para aclarar que Blanca Zulema “N” sí encabezó esa organización en 2021, cuando buscaba a su sobrino, Abisai Saucedo Valenzuela, desaparecido desde el 11 de julio de ese año.

No obstante, la actual representante del colectivo, Mónica Espinoza, explicó que Zulema dejó de participar hace varios años tras diferencias con otros integrantes de la organización.

“Yo tengo desde el 2023, y desde entonces ella nada que ver. Honestamente no la conocía, pero es verdad que sí fue líder, pero en 2021, cuando ella buscaba a su sobrino, quien hasta la fecha continúa desaparecido”, declaró.

Espinoza también explicó que el colectivo difundió la ficha de búsqueda de Zulema únicamente por solidaridad con sus familiares, quienes solicitaron apoyo tras perder contacto con ella.

Sin embargo, aseguró que la familia desconocía que existiera una orden de aprehensión en su contra y que, una vez que las autoridades dieron a conocer los motivos de su detención, ofrecieron disculpas al colectivo.

“Puedo decir que la familia de ella no estaba enterada, porque con mucha vergüenza se disculparon cuando ya salió todo a la luz”, comentó.

El caso ha generado un amplio debate en Sonora debido a que la ahora imputada participó años atrás en labores de búsqueda de personas desaparecidas. Mientras el proceso judicial continúa, corresponderá a las autoridades determinar su responsabilidad penal conforme avance la investigación y el desarrollo del juicio.

Más de cinco años tardó la justicia en llegar para Montserrat Bendimes Roldán. Este jueves 9 de julio, un juez en Veracruz declaró culpable a Marlon Botas Fuentes por su feminicidio. Afuera de los juzgados, su madre Cecilia Roldán esperaba con el rostro marcado por el cansancio de una batalla que, para empezar, nunca debió librar.

“Se nos dio la justicia, se le dio cargo de responsabilidad. Esperemos que con esto concluyamos lo que hemos estado pidiendo. Es lo que esperábamos, no un acto de venganza, solo que mi hija descanse en paz”, dijo Cecilia a la prensa a la salida de los juzgados.

El proceso judicial duró más de cinco años. La defensa de Botas Fuentes sostuvo hasta el último momento que las lesiones que causaron la muerte de Montserrat fueron producto de un accidente.

El juez determinó que esa versión no pudo acreditarse y que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y la representación legal de la familia acreditan plenamente la responsabilidad del sentenciado.

La condena formal, que podría alcanzar hasta los 70 años de prisión, se determinará en una audiencia de individualización programada para el próximo 16 de julio.

Marlon Botas golpeó a Montserrat y huyó con ayuda de sus padres

El feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán ocurrió el 17 de abril de 2021 en el fraccionamiento Casas Tamsa, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Montserrat era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México. Tenía 21 años y llevaba un año de relación con Marlon Botas. La familia dice que nunca mostró señales de violencia: él siempre se presentó como amable y respetuoso.

Ese sábado, ambos estaban juntos en el domicilio de Montserrat. Una golpiza que recibió le provocó fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. Fue trasladada de emergencia a un hospital privado de la zona, donde permaneció seis días en terapia intensiva antes de morir.

Antes de perder la conciencia, Montserrat alcanzó a señalar directamente a Marlon como el responsable del ataque, según confirmó su madre Cecilia Roldán al medio La Silla Rota en octubre de 2021.

Los padres de Botas Fuentes, Diana y Jorge, notificaron a la familia de Montserrat que la joven estaba hospitalizada por un “supuesto accidente”. Lejos de entregar a su hijo a las autoridades, lo ayudaron a huir: le proporcionaron dinero, transporte y refugio. Marlon permaneció prófugo durante más de un año.

En mayo de 2022, mientras seguía sin ser capturado, Botas Fuentes apareció en un video difundido en medios de comunicación. En él aseguró que la muerte de Montserrat había sido “un lamentable accidente”. El video encendió la indignación pública.

Siete meses después de la muerte de Monse, autoridades ministeriales detuvieron en la Ciudad de México a Diana y Jorge por presunto encubrimiento. Ambos lograron salir de prisión mediante amparos en 2023. Finalmente, el 3 de junio de 2022, tras un cateo en un inmueble de Mérida, Yucatán, donde presuntamente se ocultaba, Marlon Botas se entregó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa.

Cinco años de amparos y una familia que no bajó la guardia

El proceso penal 387/2021 avanzó con lentitud. La defensa de Botas Fuentes promovió múltiples amparos ante instancias federales que retrasaron el juicio de forma reiterada. “Por cada veredicto que sale viene un amparo, por cada situación hay otro amparo, son infinitos. Pareciera que tiene más derecho el agresor que las propias víctimas”, dijo Cecilia Roldán al Diario de Xalapa mientras el caso seguía sin resolverse.

El juicio oral 14/2026 inició formalmente el 30 de abril de 2026, cinco años después del crimen. La audiencia de emisión de fallo se celebró este 9 de julio. Inició a las 6:10 de la tarde y concluyó alrededor de las 8:30 de la noche. Botas Fuentes participó vía remota desde el penal de Tuxpan, donde se encuentra detenido actualmente.

Ramar Mendoza Díaz, abogado de la familia Bendimes Roldán, explicó a E-Veracruz que la pena máxima establecida por la ley en Veracruz para el delito de feminicidio es de 70 años de prisión. “Basado en las circunstancias en que se llevó a cabo este hecho criminal, el juez va a determinar cuál es la sentencia justa. También está prevista por ley la reparación del daño”, señaló.

La defensa no logró sostener su teoría del accidente. “Se acreditó la forma salvaje, la forma excesivamente agresiva en que fue lesionada y que a la postre lamentablemente falleció”, afirmó Mendoza Díaz al mismo medio.

Leslie Bendimes, hermana de Montserrat, publicó en redes sociales antes del fallo: “Marlon, tú eres culpable de la muerte de Montserrat Bendimes Roldán y tu familia también fue cómplice”.

Cecilia Roldán cerró la noche con un mensaje dirigido a otras familias en la misma situación: “A veces la justicia tarda pero llega y uno no debe quitar el dedo del renglón”.

La Ley Monse

El feminicidio de Montserrat Bendimes no solo conmocionó a Veracruz. Detonó movilizaciones feministas y una exigencia sostenida de justicia que derivó en una reforma legal. La colectiva feminista Brujas del Mar encabezó la presión sobre el Congreso del Estado para cerrar el vacío legal que permitía que familiares de agresores quedaran protegidos automáticamente por su parentesco en casos de homicidio.

El Congreso de Veracruz aprobó la reforma al Código Penal conocida como Ley Monse, que establece sanciones para quienes encubran a responsables de delitos graves como el feminicidio, eliminando esa protección automática por vínculos familiares.

“La Ley Monse nació del dolor. Mi hija ya no está físicamente, pero es su granito de arena para sancionar el encubrimiento y fortalecer el acceso a la justicia”, dijo Cecilia Roldán al Diario de Xalapa tras la aprobación de la reforma.

Víctor Bendimes, padre de Montserrat, y Cecilia Roldán llegaron este jueves 9 de julio a los juzgados acompañados por su abogado. Salieron con el fallo de culpabilidad en la mano. La sentencia definitiva se conocerá el 16 de julio a las 15:00 horas.

El presunto feminicida de Surquillo, Luis André Flores Julca, será trasladado desde Argentina al Perú luego de que el Gobierno autorizara su extradición activa, un paso clave para que responda ante la justicia por el asesinato de su expareja, Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. La medida fue oficializada mediante una resolución suprema publicada este jueves y permitirá continuar el proceso penal por el presunto delito de feminicidio agravado.

El caso generó gran conmoción por la violencia con la que ocurrieron los hechos. La víctima fue hallada con múltiples heridas punzocortantes y graves quemaduras dentro de una vivienda en Surquillo, luego de un incendio que, según las investigaciones, habría sido provocado por el principal sospechoso. Tras permanecer hospitalizada durante 23 días, la mujer falleció a consecuencia de las lesiones, mientras el acusado abandonó el país hasta ser ubicado y capturado en territorio argentino.

La víctima fue apuñalada y quemada por su expareja

Los hechos se remontan al 11 de abril de 2026, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a una vivienda ubicada en el distrito de Surquillo para atender una emergencia por incendio.

Al ingresar al inmueble encontraron a Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, de 32 años, con severas quemaduras y múltiples heridas ocasionadas por un arma punzocortante en distintas partes del cuerpo. Las primeras diligencias apuntaron a que el fuego habría sido provocado después del ataque.

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde permaneció internada durante 23 días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el ataque, Luis André Flores Julca era investigado inicialmente por el delito de tentativa de feminicidio. Luego del fallecimiento de la víctima, el caso pasó a ser investigado como feminicidio agravado, mientras las autoridades emitieron una orden de prisión preliminar, el impedimento de salida del país y posteriormente solicitaron una captura internacional.

El 7 de mayo, el Ministerio del Interior (Mininter) decidió incorporar al investigado en el Programa de Recompensas, luego de una sesión extraordinaria de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri).

Como parte de esa medida, se ofreció una recompensa de S/ 50.000 a cualquier ciudadano que proporcionara información veraz, oportuna y útil que permitiera ubicar y capturar al prófugo. La recompensa buscaba facilitar su intervención por parte de la PNP y ponerlo a disposición de la justicia peruana.

En ese momento, el Ministerio del Interior informó que las coordinaciones con Interpol ya estaban en marcha para ejecutar una orden de captura internacional, debido a que existían indicios de que el investigado había salido del país.

La operación dio resultado en Argentina, donde Flores Julca fue localizado y detenido por las autoridades en el marco de un trabajo conjunto entre la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires y la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima. La captura se produjo después de que un ciudadano aportara información considerada clave sobre su paradero. Con esos datos, se logró ubicarlo en la provincia de Santa Fe, donde fue intervenido mientras se desplazaba en bicicleta.

Luego de la detención, el sospechoso quedó bajo custodia de la justicia argentina, mientras se iniciaban las coordinaciones diplomáticas y judiciales para su traslado al Perú. La investigación también permitió reconstruir parte de sus movimientos posteriores al crimen.

Gobierno autoriza la extradición de Luis André Flores Julca desde Argentina

El Ejecutivo aprobó la extradición activa de Luis André Flores Julca, de 32 años, para que sea procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 131-2026-JUS, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales.

La resolución se sustenta en la Resolución Consultiva emitida el pasado 16 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que declaró procedente el pedido de extradición presentado por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Con esta autorización, el Estado peruano continuará el procedimiento internacional para concretar el traslado del investigado desde Argentina, donde fue detenido tras una coordinación entre las autoridades peruanas e Interpol.

El documento lleva la firma del presidente de la República y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del ministro de Relaciones Exteriores, lo que permite avanzar con las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias para que el ciudadano peruano sea entregado a las autoridades nacionales.

La captura de Flores Julca se produjo semanas después de que abandonara el país. Su ubicación en territorio argentino fue resultado del trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y los organismos internacionales encargados de ejecutar las órdenes de captura fuera del territorio nacional.

Una vez concretada la extradición, el investigado deberá afrontar el proceso judicial en el Perú por el crimen que es materia de investigación y por el cual ya existían medidas restrictivas en su contra.

Luis Alberto “N”, de 28 años, fue detenido este miércoles en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo hallaran en el patio trasero de su domicilio intentando introducir una bolsa negra con los restos de una mujer de 19 años, presuntamente su pareja sentimental en una hielera.

La intervención policial se desencadenó tras una denuncia ciudadana por un presunto caso de violencia familiar en el predio ubicado en avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos. Una vecina del inmueble permitió el acceso a los uniformados y les relató que, momentos antes, había escuchado gritos y golpes.

Machete y restos hallados en el patio trasero

Al ingresar al predio, los agentes de la zona poniente de la SSC observaron a uno de los inquilinos cargando una bolsa de color negro que intentaba meter a una hielera. Los uniformados lo detuvieron de inmediato con las precauciones del caso.

Durante la inspección del sitio, localizaron un machete y los restos de la víctima, una joven de 19 años que, según el reporte policial, era pareja sentimental del imputado. El hallazgo se produjo en el mismo patio trasero donde fue arrestado Luis Alberto “N”.

Caso ante el Ministerio Público

Pérez fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica. La autoridad ministerial también tendrá a su cargo ordenar los peritajes correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.

Álvaro Obregón, segunda alcaldía con más feminicidios en la Ciudad de México

Álvaro Obregón es, de forma sostenida, una de las demarcaciones con mayor concentración de feminicidios en la Ciudad de México. En 2025, registró cinco casos, lo que la ubicó como la segunda alcaldía con más muertes de este tipo, solo detrás de Iztapalapa, con seis, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Juntas, ambas demarcaciones concentraron una cuarta parte del total registrado en la capital.

El historial de la alcaldía muestra una tendencia irregular: cuatro carpetas de investigación por feminicidio en 2020, cinco en 2021, siete en 2022, tres en 2023 y cinco en 2025, de acuerdo con documentos oficiales de la propia demarcación. En el primer trimestre de 2026, la alcaldía ya acumulaba un caso adicional.

Repunte de feminicidios en 2026 tras la baja del año anterior

A nivel ciudad, los feminicidios cayeron 35.3% entre 2024 y 2025, al pasar de 68 a 44 casos. No obstante, la tendencia se revirtió al inicio de este año: en el primer bimestre de 2026, las carpetas de investigación por este delito subieron 80% frente al mismo periodo de 2025, y en el primer trimestre el incremento llegó a 57.1%, según cifras del SESNSP publicadas en abril.

El arma blanca fue el instrumento más frecuente en los feminicidios registrados en la CDMX durante los primeros tres meses de 2026, con 36.3% de los casos. Le siguieron las armas de fuego, con 27.3%.

La pareja, el agresor más frecuente en casos de violencia familiar

La detención en Mártires de Tacubaya se enmarca en un patrón documentado. Entre 2024 y 2025, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió 62 mil 187 reportes de violencia familiar, un promedio de 53 llamadas de auxilio al día. En casi la mitad de esos casos, el agresor era la pareja sentimental de la víctima, según datos del propio organismo proporcionados por su directora general de atención ciudadana, Gabriela González.

Las principales víctimas fueron mujeres de entre 18 y 30 años, de acuerdo con el mismo reporte. Álvaro Obregón figura entre las cinco alcaldías con mayor número de solicitudes de auxilio, junto con Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan.

El crimen ocurrió la tarde del lunes en el fraccionamiento Santa Bárbara, al oriente de la capital de Coahuila. La víctima tenía 41 años y su cuerpo fue localizado dentro de su vivienda después de que uno de sus hijos, una persona con discapacidad, pidió ayuda a familiares al no poder comunicarse con ella.

La relación ya había quedado expuesta ante miles de personas el pasado 15 de septiembre, cuando ambos subieron al escenario instalado en la Plaza de Armas de Saltillo, antes del concierto del grupo Duelo, y él le entregó un anillo de compromiso frente al público reunido por la ceremonia del Grito.

La mamá de Diana explicó a medios locales que la relación con Fernando duró 10 años y era víctima de golpes, por lo que huyó del Estado de México para esconderse del sujeto pero él la encontró. Incluso ya tenía una oprden de restricción en su contra. Ahora quedaron sin su madre los hijos de Diana de 19, 17 y 13 años.

La propuesta pública ocurrió nueve meses antes del crimen

De acuerdo con testimonios de personas cercanas, esa propuesta no había sido acordada previamente y habría funcionado como una forma de presión social para obligarla a aceptar frente a la multitud. En redes sociales incluso se afirmó que el acto ocurrió frente a más de 30 mil personas, aunque esa cifra no fue corroborada por autoridades.

Las primeras investigaciones señalaron que Diana Marina fue golpeada y después asfixiada con una cadena de metal. Junto al cuerpo fue localizado ese objeto, que presuntamente fue utilizado para cometer la agresión, mientras el Servicio Médico Forense determinó como causa del fallecimiento la asfixia por estrangulamiento y dejó bajo análisis otras lesiones corporales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Después del reporte al 911, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona y personal especializado comenzó a recabar indicios, además de revisar grabaciones de cámaras de vigilancia de casas cercanas para reconstruir la ruta de salida del probable responsable.

La línea principal de investigación apuntó desde el inicio a Fernando “N”, pareja sentimental de la víctima y hombre con quien vivía en esa casa. En una versión de los hechos, la Fiscalía emprendió su búsqueda luego de que habría huido en motocicleta; en otra, autoridades informaron que fue ubicado y detenido minutos más tarde en inmediaciones de la Central de Autobuses de la ciudad y quedó a disposición del Ministerio Público.

Familiares describieron un entorno de celos, control y agresiones

Personas allegadas a Diana Marina sostuvieron que ella era originaria de Tapachula, Chiapas, y que se había mudado a Saltillo aproximadamente un año antes para vivir con su madre. Ese cambio, según su círculo cercano, respondió a su intención de alejarse de la Ciudad de México, donde conoció a Fernando “N” y donde habrían comenzado episodios constantes de celos, agresiones físicas y violencia psicológica.

Esos testimonios indicaron que el hombre la siguió hasta la capital de Coahuila poco tiempo después. También afirmaron que ejercía un control estricto sobre sus actividades, incluidas sus redes sociales, de las que presuntamente se habría apoderado para borrar contactos masculinos y publicar fotografías de ambos con el propósito de proyectar una relación estable.

Familiares y conocidos aseguraron además que la víctima ya había buscado asesoría y apoyo en Saltillo para denunciar formalmente a Fernando “N” antes del asesinato. Esos señalamientos todavía formaban parte de las indagatorias y no habían sido confirmados de manera oficial.

Vecinos entrevistados por autoridades declararon que la pareja se había mudado al domicilio de la colonia Santa Bárbara aproximadamente tres meses antes. Durante ese periodo, según esas versiones, mantenían problemas constantes.

Al lugar del hallazgo acudieron autoridades de distintas corporaciones, entre ellas elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. La presencia de fuerzas federales acompañó las diligencias realizadas dentro y fuera de la vivienda mientras continuaba la integración de la carpeta de investigación.

Coahuila acumulaba casi 5 mil denuncias por violencia familiar

El caso ocurrió en un contexto estatal en el que la violencia familiar era el delito más atendido en los Centros de Justicia. Hasta junio, las estadísticas reportaban casi 5 mil denuncias en Coahuila durante 2026.

En ese mismo corte se contabilizaban dos feminicidios en la entidad. También se registraban otras muertes de mujeres clasificadas como homicidio doloso, además del caso de Luisa Fernanda, cuya muerte seguía siendo considerada suicidio por la Fiscalía General de Coahuila pese a las protestas de su familia.

La pregunta central del caso tuvo una respuesta preliminar desde las primeras horas de la investigación: la autoridad señaló como probable responsable a la pareja de Diana Marina, el mismo hombre que meses antes la exhibió en una propuesta de matrimonio frente al público de la Plaza de Armas. La investigación quedó enfocada en establecer con precisión la secuencia de la agresión, la ruta de escape y las circunstancias previas al crimen.

• Diana Marina, de 41 años, fue hallada sin vida en su casa de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo, y la causa preliminar fue asfixia por estrangulamiento con una cadena de metal.
• El principal sospechoso fue Fernando “N”, su pareja, quien meses antes le había propuesto matrimonio en público durante el Grito de Independencia en la Plaza de Armas.
• Personas cercanas señalaron antecedentes de celos, control y agresiones, mientras Coahuila acumulaba casi 5 mil denuncias por violencia familiar hasta junio de 2026.

Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una joven de 19 años, cuyos restos fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la corporación, la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana por un posible caso de violencia familiar en un domicilio localizado sobre la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.

Una vecina alertó a policías tras escuchar gritos y golpes

Al llegar al inmueble, los oficiales fueron recibidos por una mujer, quien les permitió el acceso y les informó que momentos antes había escuchado gritos y golpes provenientes del domicilio.

La testigo también relató que, al dirigirse al patio trasero, observó a un hombre cargar una bolsa negra e intentar introducirla en una hielera, situación que motivó la intervención de los policías.

Ante el señalamiento, los uniformados aseguraron al hombre de 28 años y realizaron una inspección preventiva en el inmueble.

Localizaron un machete y restos humanos durante la revisión

Como resultado de la inspección, los policías localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que el sitio fue resguardado para permitir el procesamiento de la escena por parte de peritos y personal ministerial.

El hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni del detenido.

Feminicidios deben investigarse con perspectiva de género

De acuerdo con el protocolo vigente en México, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, con el fin de determinar si existen razones de género en la comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con protocolos especializados para este tipo de investigaciones, los cuales contemplan el procesamiento del lugar de los hechos, la recopilación de evidencia pericial y ministerial, así como la realización de diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y, en su caso, llevar a los responsables ante la justicia.

El aumento de adolescentes que cometen feminicidios obliga a las autoridades a generar diagnósticos específicos sobre este fenómeno y fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género desde edades tempranas, advirtió la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

De acuerdo con el portal de noticias Zona Franca, el pronunciamiento se dio después de que un adolescente de 17 años fuera sentenciado a tres años y seis meses de internamiento por el feminicidio de su pareja, Madeline Dhamar, de 21 años, crimen ocurrido en la colonia Nuevo Amanecer, en León, Guanajuato. Para la organización, el caso evidencia la necesidad de conocer con mayor precisión las causas que llevan a menores de edad a cometer este delito.

Estrada señaló que las autoridades deben incorporar estos casos en los diagnósticos oficiales sobre muertes violentas de mujeres y feminicidios, ya que actualmente no existe información suficiente que permita dimensionar la participación de adolescentes ni diseñar estrategias de prevención enfocadas en este sector.

“La autoridad está obligada a actualizar un diagnóstico de las muertes violentas y de los feminicidios, donde ya empiece a arrojar información sobre los menores infractores”, afirmó.

La justicia para adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento

La directora del OCNF explicó que el sistema de justicia para adolescentes establece un régimen especial para quienes cometen delitos antes de cumplir la mayoría de edad. En consecuencia, incluso en casos de feminicidio, la legislación prevé una sanción máxima de cinco años de internamiento.

De acuerdo con la activista, este límite ha sido motivo de preocupación para familiares de víctimas, quienes consideran insuficientes las consecuencias legales frente a un delito de esa gravedad.

“El problema es que en la legislación ellos tienen la protección por ser menores de edad y, en un feminicidio, la sanción máxima es de cinco años. Así está el estándar y es un tema que las madres de víctimas han cuestionado mucho”, señaló.

Aunque reconoció que el modelo de justicia para adolescentes privilegia la reinserción social, Estrada sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en las sanciones, sino también en la prevención y en la atención de los factores que favorecen la violencia contra las mujeres.

Piden atender las causas de la violencia desde edades tempranas

La activista afirmó que el contexto de Guanajuato, marcado por altos niveles de violencia y una cultura conservadora respecto a los roles de género, contribuye a la reproducción de patrones de control y dominación sobre las mujeres.

“Hace falta realmente todo un trabajo de prevención y, por el contexto de Guanajuato, con la violencia, una cultura muy conservadora y altos índices de criminalidad, a las mujeres y mucho más a las adolescentes se les sigue viendo como objetos”, expresó.

Añadió que muchos adolescentes reproducen conductas violentas aprendidas en sus entornos familiares y sociales, por lo que consideró indispensable intervenir desde la infancia para modificar esos patrones.

“Los adolescentes al final reproducen estos patrones de abuso y dominio. Eso es algo que se tiene que trabajar culturalmente”, dijo.

Finalmente, Estrada pidió que la Alerta de Violencia de Género incorpore este fenómeno dentro de sus líneas de acción para fortalecer las medidas de prevención, al considerar que las familias de las víctimas mantienen preocupación por la percepción de que algunos menores consideran reducidas las consecuencias legales de cometer un feminicidio.

“Nos preocupa que algunos adolescentes piensan que matar a una joven significa cumplir cinco años y salir. Eso es lo que preocupa a las familias y a las organizaciones. La alerta no va a resolver todo, pero sí debe mirar este problema para fortalecer toda su política de prevención de la violencia feminicida”, concluyó.

Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al expolicía Marco Antonio “N.” por el feminicidio de Rosaura, el asesinato de dos de sus familiares y el ataque contra otros dos en Azoyatla, Hidalgo, un fallo emitido el 7 de julio de 2026 que cerró la etapa de juicio oral y dejó para el 9 de julio la definición de la pena de prisión y la reparación del daño.

La resolución llegó un año y cinco meses después del ataque del 5 de febrero de 2025, cometido dentro de una vivienda en la comunidad de Azoyatla, en el municipio de Mineral de la Reforma. Ese día murieron tres personas y dos más sobrevivieron con lesiones.

La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el 9 de julio de 2026 a las 12:00 horas, en Pachuca. En esa diligencia se fijaría la pena por los delitos acreditados y también las medidas de reparación para las víctimas y sus familiares.

El fallo acreditó feminicidio, dos homicidios y dos tentativas

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca concluyó que Marco Antonio “N.” fue penalmente responsable de varios delitos derivados del ataque contra cinco integrantes de una misma familia. La decisión se emitió después de los alegatos de clausura del juicio oral.

La declaración de culpabilidad abarcó el feminicidio de Rosaura, el homicidio doloso calificado por la muerte de la madre y un hermano de la víctima, y el homicidio doloso calificado en grado de tentativa por las agresiones contra el padre y otro hermano, quienes sobrevivieron.

Ese fallo cambió la situación jurídica del exagente. Durante la investigación y el juicio enfrentó el proceso como acusado; después de la resolución ya quedó declarado culpable, aunque todavía faltaba conocer cuántos años debería permanecer en prisión por este caso.

La diferencia entre ambas etapas quedó marcada por el propio proceso judicial. El fallo condenatorio estableció la culpabilidad; la individualización de sanciones definiría la pena; y la reparación del daño fijaría las medidas ordenadas a favor de las víctimas.

El ataque ocurrió dentro de una casa de Mineral de la Reforma

Los hechos ocurrieron la mañana del 5 de febrero de 2025 en un domicilio de Azoyatla. De acuerdo con la investigación expuesta en el proceso, Marco Antonio “N.” ingresó a la vivienda y atacó con un arma punzocortante a cinco integrantes de la familia.

Como saldo de la agresión, Rosaura perdió la vida, al igual que su madre y uno de sus hermanos. Su padre y otro hermano sobrevivieron al ataque, aunque resultaron lesionados.

El expolicía fue detenido el mismo día de los hechos. Después quedó sujeto al proceso penal que concluyó en su fase de juicio oral con la emisión del fallo condenatorio.

El caso respondió también a la pregunta central que quedó abierta desde el inicio del proceso: por qué delitos fue declarado culpable el exagente. La respuesta judicial fue concreta: feminicidio, doble homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio contra dos sobrevivientes de la misma familia.

El crimen estuvo precedido por denuncias de violencia

El caso generó cuestionamientos en Hidalgo porque Rosaura había denunciado previamente hechos de violencia y había expresado temor por su seguridad. Esa discusión se mantuvo separada de la determinación penal por el ataque, pero siguió presente por la secuencia previa al crimen.

En 2024, Marco Antonio “N.” enfrentó un procedimiento por violencia familiar y permaneció en prisión del 21 de octubre al 15 de noviembre. Después, una jueza suspendió ese proceso y ordenó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Rosaura.

La víctima se opuso a que su expareja recuperara la libertad porque consideró que podía enfrentar una nueva agresión. También existió respaldo del Ministerio Público a esa postura durante ese procedimiento.

Los antecedentes no terminaron ahí. El 26 de enero de 2025, Marco Antonio “N.” volvió a privar de la libertad a Rosaura, y ella presentó una nueva denuncia por violencia familiar.

La audiencia relacionada con ese nuevo procedimiento fue aplazada a petición de la defensa. Antes de que se realizara la diligencia reprogramada, ocurrió el ataque del 5 de febrero en Azoyatla.

Esa secuencia detonó reclamos de familiares, amistades y colectivos, que pidieron revisar si las medidas adoptadas antes del feminicidio fueron suficientes para proteger a la víctima. El debate sobre una posible falla institucional quedó aparte de la responsabilidad penal ya acreditada por el Tribunal.

El expolicía ya tenía otras dos condenas

El proceso por el feminicidio de Rosaura y el ataque contra su familia no era el único frente penal de Marco Antonio “N.”. Antes de este fallo ya había recibido otras dos sentencias por hechos distintos.

Una de esas condenas fue de 10 años y seis meses de prisión por violencia familiar. La otra fue de nueve años, cuatro meses y nueve días por privación ilegal de la libertad.

Ambas sentencias correspondieron a procedimientos separados del juicio que concluyó el 7 de julio de 2026. La pena que se fijaría el 9 de julio sería exclusivamente por los delitos cometidos en el ataque de Azoyatla.

El juicio oral principal había iniciado en mayo de 2026. Tras la presentación de pruebas y testimonios, el Tribunal emitió el fallo condenatorio que declaró culpable al exagente por el feminicidio de Rosaura, el homicidio de dos familiares y la tentativa de homicidio contra otros dos.

• El Tribunal declaró culpable a Marco Antonio “N.” por feminicidio, doble homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio.
• La pena de prisión y la reparación del daño quedaron para audiencia del 9 de julio de 2026 a las 12:00 horas en Pachuca.
• El caso provocó reclamos en Hidalgo porque Rosaura había denunciado violencia previa y había advertido temor por una nueva agresión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofreció $500 mil pesos como recompensa a quien proporcione información para capturar a Juan Carlos García Sánchez, exdirector general de Amazon México señalado como el autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, perpetrado el 25 de noviembre de 2019. El prófugo acumula más de seis años fuera del alcance de la justicia mexicana y tiene ficha roja de Interpol.

La medida se formalizó este martes mediante el Acuerdo FGJCDMX/COR/EXTORD1/01/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El documento establece que la recompensa se entregará a quien aporte datos “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Juan Carlos García Sánchez, para su aprehensión y puesta a disposición ante autoridad judicial”. El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Los delitos imputados a García Sánchez

La FGJ le atribuye tres cargos. Por la carpeta de investigación CI-FAO/AOB-2Ul-1S/D/00032/01-2019, enfrenta feminicidio agravado en grado de tentativa. Por la carpeta CI-FAS/E/UI-1C/D/00180/02-2020, responde por asociación delictuosa y feminicidio.

Este último cargo corresponde directamente al asesinato de Abril Pérez Sagaón. Tres de los autores materiales del crimen ya fueron condenados: los sicarios Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez recibieron 52 años y 6 meses de prisión, y Amado Vicente Rodríguez García fue sentenciado a 39 años.

Quién era Abril Pérez Sagaón y cómo la asesinaron

Abril fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Viajaba en un vehículo hacia el aeropuerto de la Ciudad de México junto con dos de sus hijos menores de edad y su abogado, cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron a la ventanilla y le dispararon dos veces: un balazo en la cabeza y otro en el cuello.

Murió en el hospital al que fue trasladada con vida. Tenía casi 11 meses de haber denunciado a su entonces esposo por intento de homicidio.

El crimen que precedió al feminicidio

El 4 de enero de 2019, García Sánchez entró a la habitación donde Abril dormía y la golpeó en el cráneo con un bate de béisbol. La atacó de nuevo en el rostro, intentó cortarle el cuello con un objeto punzocortante y trató de asfixiarla. Uno de sus hijos irrumpió en el cuarto, rompió la puerta del baño donde la tenía encerrada y frenó la agresión.

Abril denunció el hecho ante la Fiscalía capitalina y presentó informes forenses y médicos. Pese a ello, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”, con el argumento de que el bate era “un juguete”. García Sánchez fue liberado el 8 de noviembre de 2019, 17 días antes del feminicidio.

El pago por el crimen y la fuga del imputado

Ante el juez, el sicario Rodolfo “N” declaró que García Sánchez contrató a la banda para asesinar a Abril y les pagó 180 mil pesos por el crimen. El exdirectivo ofreció además un bono de 50 mil pesos adicionales si el asesinato se ejecutaba antes de la siguiente audiencia judicial en su contra por el intento de feminicidio. García Sánchez huyó antes de que se consumara el crimen.

Familiares de Abril han señalado que el prófugo reside en Estados Unidos. Sobre él pesa una ficha roja de la Interpol, aunque hasta la fecha no ha sido capturado.

Cómo reportar información a la Fiscalía

El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial excluye del beneficio a servidores públicos con funciones en seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como a sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad, afinidad o vínculo civil.

Quien cuente con información puede contactar a la FGJ por tres vías:

Presencialmente: Dirección General de Derechos Humanos, República de Cuba 43, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Teléfono: 55 5345 5400

Con la decisión, contenida en la sentencia SP627-2026, la Corte dejó en firme el fallo que había sido proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja y posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Bucaramanga. El condenado fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa.

La defensa acudió al recurso extraordinario de casación alegando múltiples irregularidades durante el proceso, entre ellas supuestas fallas en la valoración de las pruebas, vulneraciones al debido proceso y la existencia de duda razonable sobre la autoría. Sin embargo, la Corte concluyó que ninguno de los cargos prosperaba, pues las decisiones de los jueces de instancia estuvieron sustentadas en un análisis integral del material probatorio.

El crimen ocurrió frente a la hija de la pareja

De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, el 25 de mayo de 2011, hacia las 5:30 a. m., Telma del Pilar Hernández Torres, de 32 años, esperaba junto a su hija de cinco años la llegada del transporte escolar frente a su vivienda, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Barrancabermeja.

En ese momento apareció Oscar Iván Hernández Bermúdez, quien era su expareja sentimental, padre de la menor y mayor retirado del Ejército Nacional. Según quedó acreditado en el proceso, el hombre la atacó repetidamente con dos armas blancas delante de la niña, causándole al menos doce heridas en distintas partes del cuerpo, una de ellas con compromiso del pulmón y del corazón.

La madre de la víctima, Sara Elena Torres Martínez, intervino para intentar proteger a su hija. El agresor también la apuñaló en el pecho antes de huir del lugar, acciones que igualmente fueron presenciadas por la menor. Aunque ambas mujeres fueron trasladadas a centros asistenciales, Hernández Torres falleció como consecuencia de un shock hipovolémico ocasionado por una lesión cardíaca, mientras que Sara Elena sobrevivió y recibió una incapacidad médico legal de diez días.

El proceso penal inició con la captura del militar el 30 de julio de 2011. Aunque inicialmente existió un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, este fue anulado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, lo que dio paso al juicio ordinario, desarrollado entre 2014 y 2020. Finalmente, en febrero de 2021 fue condenado a 500 meses de prisión, pena equivalente a 41 años y ocho meses, decisión que posteriormente fue ratificada en segunda instancia.

La Corte descartó la existencia de duda razonable

En casación, la defensa presentó ocho cargos mediante los cuales cuestionó la legalidad del proceso. Entre ellos sostuvo que las estipulaciones probatorias comprometían indebidamente la responsabilidad penal del acusado, que se le había impedido declarar durante el juicio, que existían irregularidades relacionadas con la imparcialidad de la jueza y que las pruebas científicas presentaban inconsistencias suficientes para generar duda razonable.

Uno de los principales argumentos hacía referencia al estudio lofoscópico realizado sobre las armas blancas utilizadas en el crimen. La defensa insistía en que el resultado negativo en la búsqueda de huellas dactilares del acusado debilitaba la hipótesis de la Fiscalía y debía conducir a una absolución.

Sin embargo, la Sala concluyó que ese elemento no tenía la capacidad de desvirtuar el conjunto de pruebas que sustentaban la responsabilidad penal del procesado.

Otro de los aspectos analizados por la Corte correspondió a las presuntas vulneraciones del debido proceso denunciadas por el condenado. La defensa sostuvo que el procesado no había podido declarar durante el juicio, que la jueza debía declararse impedida por un supuesto conflicto relacionado con una decisión previa adoptada por su cónyuge, que existieron problemas con la revocatoria del poder de sus abogadas y que la sentencia desconocía el principio de congruencia.

Tras revisar el expediente y las grabaciones de las audiencias, la Sala concluyó que el acusado tuvo varias oportunidades procesales para ejercer su derecho a declarar y no lo hizo, además de establecer que las recusaciones e impedimentos alegados carecían de fundamento jurídico.

Respecto de la actuación de la jueza, el alto tribunal explicó que no existía ninguna circunstancia que comprometiera su imparcialidad, pues la decisión anticipada proferida años atrás por quien entonces ocupaba el despacho había perdido efectos tras la nulidad decretada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, de manera que el juicio ordinario se desarrolló con un acervo probatorio completamente distinto.

Una mujer murió tras un ataque a balazos en Iztapalapa y la SSC detuvo a un hombre de 34 años señalado como probable responsable, luego de que la pareja de la víctima indicó la ruta de escape y permitió que los policías lo alcanzaran calles más adelante en la colonia San Juan Xalpa.

El caso ocurrió en el cruce de Carril y Laureles, donde operadores del C2 Oriente alertaron sobre una persona lesionada. Cuando los uniformados llegaron, hablaron con un joven de 23 años que se identificó como pareja sentimental de la mujer y relató que un sujeto se acercó y le disparó de forma directa sin mediar palabra.

Familiares de la víctima la trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano. Ahí murió después de recibir atención por las heridas de bala.

El agresor intentó escapar a pie y fue detenido con nueve dosis de aparente marihuana

De acuerdo con el testimonio recabado por los policías, el agresor trató de huir en un automóvil, pero no logró abordarlo. Después corrió por calles aledañas y esa ruta fue señalada por el denunciante, lo que permitió implementar un cerco de búsqueda.

Metros adelante, los agentes interceptaron al sospechoso y le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial. Durante esa inspección le encontraron nueve bolsitas de plástico con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público junto con lo asegurado. La autoridad ministerial quedó a cargo de definir su situación jurídica y de integrar la carpeta de investigación por homicidio calificado, además de los posibles delitos contra la salud.

La agresión fue presenciada por la pareja de la víctima, quien aportó la descripción física del hombre y explicó cómo había escapado. Ese dato fue el que activó la movilización policial inmediata en la zona de San Juan Xalpa.

El detenido ya tenía un ingreso previo al sistema penitenciario de la CDMX

Tras un cruce de información en bases de datos institucionales, la SSC informó que el hombre detenido registraba un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2011. Ese antecedente correspondía al delito de robo agravado.

La información oficial también indicó que el hombre fue enterado de sus derechos constitucionales al momento de su detención. Después quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes.

El caso podría ser investigado bajo protocolo de feminicidio debido a que la víctima fue una mujer asesinada con disparos de arma de fuego. Esa definición quedaría en manos del Ministerio Público conforme al avance de la indagatoria.

La detención ocurrió el 6 de julio de 2026, fecha en la que la SSC dio a conocer el comunicado del caso. En ese reporte, la dependencia precisó que el sospechoso fue capturado en posesión de aparente droga y que estaría relacionado con la agresión armada en la que la mujer perdió la vida.

El ataque se cometió frente a la pareja sentimental de la víctima, un elemento que quedó incorporado al primer recuento de los hechos hecho por la policía. También quedó asentado que el agresor no cruzó palabra antes de abrir fuego.

La secuencia reconstruida por los agentes señaló que primero llegó el aviso del C2 Oriente, luego la entrevista con el testigo y después el despliegue en las calles cercanas para localizar al probable responsable. Ese operativo concluyó con la captura del hombre y el aseguramiento de la presunta marihuana.

• La mujer fue atacada a balazos en calles de la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, y murió después en un hospital.
• La pareja de la víctima presenció la agresión, informó la ruta de escape y permitió la detención del hombre de 34 años.
• El sospechoso llevaba nueve bolsitas de aparente marihuana y tenía un antecedente penitenciario de 2011 por robo agravado.

El expediente contra el británico Matthew Foster por el feminicidio de la colombiana Natalia Villalba en Bogotá incluye indicios de otros hechos violentos previos que la Fiscalía deberá investigar, entre ellos una denuncia por presunto abuso sexual y testimonios que lo describen con expresiones de odio hacia las mujeres.

Según reveló Semana, el caso no se limita al asesinato por el que ya fue enviado a prisión: también abrió una línea sobre su conducta en Colombia desde marzo de 2026 y sobre posibles víctimas anteriores.

Uno de los datos que aparece en el proceso situó una fecha clave antes del crimen: el 31 de mayo de 2026, 18 días antes del feminicidio, Foster habría escrito a una entidad bancaria del Reino Unido que en Colombia lo habían drogado, golpeado y secuestrado, y que había visto cómo asesinaban a alguien. Esa conversación quedó incorporada al expediente después de que los anfitriones del lugar donde vivía empezaran a alertarse por sus comportamientos y por retrasos en el pago del alojamiento.

La Fiscalía lo señaló de golpear a Villalba en la cabeza hasta matarla, meter el cuerpo en una maleta y dejarlo en el baño, bajo la regadera abierta, durante cinco días. También le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

La investigación incluye una denuncia previa por presunto abuso sexual en Bogotá

De acuerdo con los documentos expuestos en audiencias y citados por Semana, en el expediente aparece una predenuncia que relaciona a al ciudadano extranjero con un presunto abuso sexual ocurrido en mayo de 2026. El británico estaba en Bogotá desde marzo y se había movido por hostales del centro histórico y por un apartamento alquilado por días a través de plataformas virtuales.

En mayo, compartió alojamiento con otro extranjero en un apartamento del norte de la ciudad. Ese hombre relató a funcionarios encargados un episodio que, según el documento, incluía dolores compatibles con un acceso carnal, aunque dijo no recordar con claridad lo ocurrido porque al parecer había sido drogado.

El texto consignó su versión así: “Reportó que mientras se estaba hospedando con Martinson Foster, en varias ocasiones se despertaba en las tardes y dormía más de 15 horas, lo que no es usual, y que cuando se despertaba, se sentía muy mareado y como si estuviera drogado; adicionalmente, reporta que sentía dolor en la parte perianal”.

Ese mismo testigo describió la convivencia con el británico en el apartamento de la calle 84 con carrera octava, cerca del sector donde después fue asesinada Villalba. Según su relato, el británico pasaba buena parte del día mirando perfiles de mujeres en aplicaciones como Tinder y Bumble.

La publicación indicó que el denunciante también lo retrató como un misógino. En el expediente quedó esta descripción: “Refiere que el lenguaje con el que Foster Martinson se expresaba sobre las mujeres era de odio, como si las tratara como objetos. También relata ocasiones en las que Foster Martinson se expresaba a las mujeres en Bogotá refiriéndose a los atributos físicos de forma irrespetuosa y vulgar”.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía señalan que el acusado entró el 18 de junio al apartamento que Villalba había alquilado desde el 13 de ese mes. El registro de ingreso del edificio marcó las 10:40 a. m. y, tres horas después, salió con ropa distinta y con una bolsa de la que, según una empleada de servicio, escurría un líquido sobre el piso.

La mujer relató que, tras ser advertido, el sospechoso limpió rápidamente el rastro. Cuando las autoridades reconstruyeron lo ocurrido, concluyeron que dentro del inmueble estaba el cuerpo de Villalba y que el británico habría alterado la escena: metió el cadáver en una maleta, lo llevó a la ducha y limpió piso y muebles manchados de sangre.

La Fiscalía sostuvo además que se llevó el celular de la víctima para impedir que se estableciera un vínculo entre ambos. El cuerpo fue encontrado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, que avisó a las autoridades.

Entre los testimonios que reforzaron la medida de aseguramiento figura el de una mujer que le alquiló un apartamento en el norte de Bogotá y también un espacio en un hostal del centro. Ella aseguró que Matthew se presentaba como médico, decía trabajar en el Hospital Militar y tenía videos en los que aparecía inyectando drogas o medicamentos a mujeres en los glúteos.

La predenuncia consignó su advertencia en estos términos: “Se presenta como doctor, les dijo que trabajaba en el Hospital Militar, pero su comportamiento no era de alguien que trabajara como doctor o médico; creen que esto es mentira, ya que sus comportamientos los califican de extraños. Adicionalmente, refieren que Foster Martinson maneja varios nombres y apariencias en sus redes sociales”.

Ese mismo relato menciona otro episodio ocurrido en mayo de 2026, cuando los anfitriones fueron informados de un escándalo que involucró al británico y a una mujer por un pago de dinero. El hombre dijo entonces que se trataba de una empleada de aseo, pero los testigos establecieron que eran servicios sexuales.

Foster no aceptó los cargos, se declaró inocente y una jueza de control de garantías ordenó su envío a prisión al considerar que representa un peligro para la sociedad. La Fiscalía deberá presentar la acusación por el feminicidio y avanzar en las indagaciones sobre la denuncia de mayo, mientras el expediente también señala que el británico es prófugo de la justicia de su país y tiene una condena por acoso en Reino Unido.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una pena de 50 años de prisión a cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en el distrito de Santiago Nonualco. El fallo, emitido tras un extenso proceso judicial, responde a un crimen cometido con extrema violencia en diciembre del año 2017, según informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

La investigación estableció que Héctor Fabricio Aguiluz Coreas, José Elías Henríquez Amaya, Marvin Alejandro Flores Rivas, Julio César Hernández Salinas y Francisco Javier Salinas Sánchez participaron en el asesinato de la menor, a quien consideraron sospechosa de mantener vínculos con una pandilla rival.

En su publicación, Centros Judiciales detalló que los sentenciados eran reconocidos integrantes de la MS-13, organización que operaba en la colonia Santa Inés, donde la víctima residía, según la investigación.

Condena por feminicidio agravado a pandilleros

El 13 de diciembre de 2017, la adolescente fue abordada por dos de los condenados. Tras conversar durante algunos minutos, accedió a acompañarlos. Al día siguiente, 14 del mismo mes, en un terreno del barrio San Juan, un grupo de ocho hombres armados, entre ellos los cinco acusados, acorraló a la joven, que fue hallada desnuda y sometida bajo amenazas. De acuerdo con Centros Judiciales, Héctor Aguiluz ordenó el ataque, tras lo cual el grupo comenzó a torturar a la víctima utilizando corvos.

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en el mismo sitio donde ocurrió el ataque. El informe del Instituto de Medicina Legal consignó 19 heridas profundas y 13 superficiales producidas con arma blanca, además de partes del cuerpo cercenadas, signos de abuso sexual y degollamiento como causa de muerte. Estos hallazgos fueron fundamentales para sustentar la acusación de feminicidio agravado.

De igual manera, Centros Judiciales documentó que la prueba presentada incluyó testimonios, peritajes y evidencia documental que permitieron reconstruir la secuencia de los fatales hechos. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que los agresores ejercieron violencia simbólica y física como mecanismo de control social sobre la víctima, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad, superada en número y sin posibilidad de defensa.

“Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima tenía 14 años de edad”, expresó Centros Judiciales.

En el fallo, el tribunal reconoció el impacto social del feminicidio en comunidades marcadas por la presencia de pandillas. Centros Judiciales remarcó que la respuesta judicial pretende fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y niñas, así como reafirmar el compromiso institucional con una vida libre de violencia.

“A través del desfile probatorio documental, pericial y testimonial, el juzgado identificó que las acciones de violencia simbólica que ejercieron a los agresores como mecanismo de control social; así como, la vulnerabilidad de la víctima quien era menor de edad, superada en número por sus atacantes, quienes además la torturaron hasta causarle la muerte”, señaló Centros Judiciales.

En consecuencia de todo ello, los cinco miembros de la estructura criminal fueron condenados a un total de 50 años tras las rejas.

Un mes después de su desaparición, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada de su domicilio en Veracruz el pasado 2 de junio, fue localizada sin vida, según confirmó este 3 de julio la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En su comunicado, la Fiscalía informó que el hecho es investigado como “delito de homicidio doloso calificado”. Ante ello, las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y Red Nacional de Periodistas exigieron a las autoridades investigar el asesinato de Roxana Berenice como un feminicidio y con perspectiva de género e interseccionalidad.

A través de un comunicado, los colectivos consideraron que la clasificación actual del caso como homicidio doloso calificado no contempla las condiciones de género ni el contexto de violencia que enfrentan las mujeres periodistas en la región.

Fiscalía de Veracruz confirma hallazgo del cuerpo tras un mes de búsqueda

El 2 de junio, un grupo armado ingresó al domicilio de Guzmán Ramírez en Nanchital y la secuestró frente a su familia, lo cual quedó grabado en video desde el celular de la comunicadora. Pasó un mes y un día antes de que las autoridades lograran localizar sus restos y detener a los presuntos responsables.

Durante ese periodo, la familia y organizaciones exigieron que la búsqueda se realizara con perspectiva de género, en un país donde existen más de 135 mil personas desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el 3 de julio que, tras la detención de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, se logró ubicar el rancho donde se hallaba el cuerpo de la periodista. Cadena Escayola, junto con otros tres presuntos responsables, habría participado directamente en la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Guzmán Ramírez. Otros cuatro detenidos, identificados como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente brindaron apoyo logístico al grupo delictivo.

En el operativo participaron la Marina, la FGE y la CONASE, logrando la detención del supuesto jefe operativo del grupo criminal conocido como “Delta 1”. Las autoridades aclararon que no hay relación entre este apodo y otros líderes criminales detenidos en el estado.

Organizaciones exigen reclasificación del caso a feminicidio

Las organizaciones CIMAC y la Red Nacional de Periodistas aseguraron en su posicionamiento, difundido en redes sociales, que es indispensable que se agoten todas las líneas de investigación y se sancione integralmente a quienes resulten responsables.

Lamentaron los hechos y que la Fiscalía haya optado por investigar el caso como homicidio doloso calificado y no como feminicidio. Enfatizaron que las desapariciones y asesinatos de mujeres periodistas presentan patrones de violencia de género que deben atenderse con protocolos especializados, respetando la dignidad de la víctima y su familia.

Las agrupaciones también rechazaron que autoridades estatales minimicen la violencia contra la prensa: “La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido que las agresiones registradas recientemente en la entidad ‘no son por su trabajo periodístico’ y ha rechazado la existencia de un patrón de violencia contra la prensa, afirmando que en su gobierno existe absoluta libertad de expresión”, citaron en su comunicado.

Violencia contra periodistas y antecedentes del caso

El asesinato de Roxana Berenice ocurre en un contexto nacional donde México se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2025, nueve periodistas fueron asesinados, y Veracruz destaca por su historial de agresiones y desapariciones de comunicadores.

El caso de Guzmán Ramírez tiene antecedentes de violencia: en 2017 su esposo fue ejecutado, hecho que la obligó a salir temporalmente del estado. Retornó en enero de 2026 para fundar el medio digital Pulso Informativo del Sureste, cubriendo temas comunitarios, sociales y de seguridad.

Las organizaciones condenaron también la difusión de versiones que buscan responsabilizar a la víctima o estigmatizarla. Adviertieron que ninguna circunstancia personal puede utilizarse para justificar la violencia sufrida e insistieron en que la cobertura mediática y la actuación institucional deben evitar cualquier forma de revictimización y priorizar el respeto a la dignidad de la periodista y su familia.

“Ningún acto de violencia contra las mujeres, y menos aún contra quienes ejercen el periodismo, puede quedar impune. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para Roxana Berenice Guzmán Ramírez y su famila”, aseveraron los colectivos.

Según el informe brindado por el vocero policial Diego Pesqueira, Cabral Batista era activamente buscado por las autoridades tras la emisión de una orden de arresto el primero de julio, bajo el número 2026-AJ-0055328, por su presunta vinculación con la agresión sufrida por Uribe Recio. La víctima resultó con múltiples heridas de arma blanca en el interior de su residencia, un episodio catalogado como tentativa de feminicidio bajo la legislación vigente.

La entrega del acusado se produjo en una oficina de abogados del sector Alma Rosa I, tras labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI). El reporte oficial asegura que, al momento de su entrega, se garantizaron la integridad física y los derechos fundamentales del detenido, quien fue trasladado a la unidad correspondiente para ser puesto a disposición del Ministerio Público y responder por los hechos imputados.

Luego de su entrega voluntaria, Osiris Manuel Cabral Batista quedó bajo custodia policial. Será el Ministerio Público el encargado de formalizar la acusación y solicitar medidas de coerción en una audiencia que debe celebrarse en las próximas horas. De confirmarse los cargos, Cabral Batista enfrentará un proceso penal bajo la figura de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, delitos que, según la legislación y la jurisprudencia reciente, pueden acarrear largas condenas de prisión.

El caso de Miguelina Uribe Recio visibiliza una problemática que continúa afectando a cientos de mujeres en el país. Las autoridades reiteraron el compromiso institucional de perseguir y sancionar a los responsables de hechos de violencia de género, a la vez que llamaron a la sociedad a denunciar y apoyar a las víctimas para evitar tragedias mayores.

Contexto legal: Código Penal dominicano

En República Dominicana, la violencia de género y las agresiones contra mujeres cuentan con un marco legal específico. El Código Penal establece sanciones severas para quienes incurren en delitos de lesiones personales, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar o de género.

El artículo 309-1 del Código Penal dominicano tipifica la violencia física, psicológica o sexual ejercida por un hombre contra una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas significativas. Cuando las lesiones ponen en peligro la vida de la víctima o constituyen tentativa de homicidio, la pena puede elevarse a veinte años de reclusión mayor.

En los últimos años, los tribunales dominicanos han emitido condenas ejemplares en casos de agresión y tentativa de feminicidio. En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a veinte años de prisión a un hombre acusado de tentativa de feminicidio contra su pareja, luego de un ataque con arma blanca que dejó a la víctima con secuelas físicas permanentes. En otro caso relevante, en 2024, un tribunal de Santiago impuso quince años de prisión por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, reforzando la tendencia judicial de castigar con severidad estos delitos.

Las organizaciones sociales y organismos internacionales han señalado que la persistencia de estos hechos requiere tanto la aplicación rigurosa de la ley como el fortalecimiento de las políticas de prevención y protección para mujeres en situación de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares y autoridades, los hechos ocurrieron la noche del domingo 28 de junio de 2026, minutos después de las 20:00 horas. Una cámara de videovigilancia vecinal captó el instante exacto en que un automóvil embistió a la joven en plena vía pública.

La difusión de las imágenes generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han exigido la pronta captura del conductor involucrado.

Familia de Brenda Michel acusa a expareja de la víctima

Familiares de Brenda Michel sostienen que el atropellamiento no habría sido un accidente, sino un acto motivado por conflictos personales ocurridos años atrás. Según su versión, el presunto responsable sería una persona conocida por la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar plenamente al conductor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

En entrevista con Nmás, Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, aseguró que vecinos de la zona habrían identificado al presunto responsable.

“Ya muchos vecinos lo reconocieron, es vecino de las mismas calles donde sucedió el accidente y ya lo tienen ubicado. Tuvo alguna situación con él hace muchos años”, indicó.

Entre lágrimas, exigió a las autoridades investigar el caso como homicidio para que no haya impunidad: “Que se haga justicia porque mi prima tenía una vida por delante. No se metía con nadie; sus papás no tenían problemas con nadie. La gente que los conoce sabe qué tipo de personas eran y queremos justicia”.

Subrayó que han recibido informes de que el presunto responsable ha puesto a la venta el automóvil en Marketplace, plataforma de venta de Facebook.

La declaración ha incrementado la presión social para que las autoridades avancen en la investigación y emitan las órdenes correspondientes en caso de acreditarse responsabilidades.

Video del atropellamiento se convierte en pieza clave

El video captado por una cámara vecinal se ha convertido en uno de los principales elementos de prueba dentro de la investigación. En las imágenes se observa a Brenda Michel caminando acompañada de su novio cuando, de manera repentina, un vehículo la embiste.

El joven pide auxilio a personas que transitaban por la vía, mientras intenta hacer que su pareja, quien yace inconsciente en el asfalto, reaccione.

Tras el impacto, la joven fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica durante varios días. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y habitantes de Tecámac han intensificado las exigencias de justicia para Brenda Michel Trujano, al tiempo que solicitan la pronta localización y detención del presunto responsable.

El caso ha generado conmoción entre los familiares de la víctima, quienes exigieron justicia y la identificación inmediata del responsable. De acuerdo con el testimonio del padre de la joven, la familia tomó conocimiento del crimen poco después de ocurrido el ataque.

Asesinada cuando volvía a casa

Según reportó Latina Noticias, la joven salió de su vivienda alrededor de las 7 de la noche llevando una bolsa con frutas y una laptop. Cámaras de seguridad registraron su recorrido antes de ser interceptada por un sujeto desconocido, en lo que se investiga como un posible ataque planificado.

“Me entero por intermedio de mi yerno… me llamó a las ocho de la noche dándome esa noticia del fallecimiento de mi hija”, relató el padre de la víctima, identificado como Marcelino.

Vecinos afirmaron haber visto a un individuo merodeando la zona minutos antes del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una vigilancia previa en el entorno.

Investigación descarta robo como móvil del crimen

De acuerdo con Latina Noticias, en la escena no se registró robo, ya que las pertenencias de la víctima quedaron intactas en el lugar. Esta situación ha llevado a descartar preliminarmente la hipótesis de un asalto como móvil del hecho.

El padre de la joven señaló que no existe un motivo confirmado. “Se creía que era un asalto, pero no le han robado nada”, indicó. La ausencia de robo abre nuevas líneas de investigación, entre ellas un posible caso de feminicidio, aunque aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Posible feminicidio en Ate

Los familiares de la víctima han planteado que el crimen podría tratarse de un caso de feminicidio, aunque también consideran la posibilidad de una extorsión previa. Según Latina Noticias, la familia sostiene que el agresor habría esperado a la joven antes del ataque.

“Esa persona estuvo merodeando por ahí media hora… y le han cortado el cuello y no se ha llevado nada”, declaró una de las hermanas. Asimismo, señalaron que existen cámaras de seguridad en la zona que podrían ayudar a identificar al responsable del hecho.

Ayuda para identificar al agresor

Los deudos solicitaron apoyo a los vecinos para entregar grabaciones que permitan identificar al responsable del asesinato en Ate. Indicaron que la zona cuenta con registros de videovigilancia que serían clave para la investigación.

“Queremos justicia. Les pedimos que nos ayuden con los videos, queremos saber la verdad”, expresaron los familiares de la víctima. Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen y dar con la identidad del responsable, mientras la familia insiste en que el caso no quede impune.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, lo que eleva a 27 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.368 desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003. Asimismo, el número de menores que han quedado huérfanos por esta violencia asciende a 14 en 2026 y a 524 desde 2013.

El primer caso corresponde a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. Además, la víctima malagueña tenía una hija menor de edad. Cabe destacar que en ninguno de los dos casos constaban denuncias previas por violencia de género contra los presuntos agresores.

Dos mujeres asesinadas y una herida

Una mujer de 55 años y su hija de 20 fueron asesinadas presuntamente a cuchilladas por el marido y padre de ambas en una vivienda de la partida de El Fenollar, en el término municipal de Alicante. Otra hija de la familia, de 26 años, resultó herida de gravedad tras ser atacada también con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron el jueves 2 de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada por el servicio de Emergencias 112. A su llegada, los agentes encontraron sin vida a la madre y a la hija, mientras que el presunto agresor y la otra joven herida fueron trasladados a un centro hospitalario. Según las autoridades, no constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el detenido y la mujer asesinada.

El presunto autor, de 53 años, permanece ingresado en el Hospital de Sant Joan d’Alacant bajo custodia policial. Aunque inicialmente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó de que había recibido el alta médica y sería trasladado a dependencias de la Guardia Civil, finalmente los facultativos decidieron mantenerlo hospitalizado para realizarle nuevas pruebas médicas.

La confesión permitió localizar el cuerpo

El Ministerio también ha confirmado como crimen machista el asesinato de Cristina Catalá, una mujer española de 35 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado mes de abril. Su cadáver fue localizado el miércoles 1 de julio en el interior de un pozo situado en una finca de Rincón de la Victoria (Málaga), tras la confesión de su expareja, de 49 años, que indicó a los investigadores el lugar donde había ocultado el cuerpo.

La autopsia preliminar, a la espera de los resultados definitivos, apunta a que la víctima presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento. Asimismo, la investigación llevó inicialmente a la detención de tres personas, entre ellas la actual pareja de la víctima.

Un juzgado de Málaga ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el presunto autor del crimen y para otro hombre acusado de haberle encubierto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El principal investigado está acusado inicialmente de un delito de homicidio, una calificación que podría modificarse conforme avance la instrucción.

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, el 22 de junio de 2026, dentro de una maleta gris en un apartamento de Chapinero, en Bogotá, abrió una investigación por presunto feminicidio contra el ciudadano británico Matthew Foster, mientras nuevos testimonios reconstruyen las horas previas a la muerte de la mujer de 36 años y el último contacto que tuvo con su entorno cercano.

Las primeras versiones de las autoridades indican que Villalba recibió cerca de 15 visitas en los días previos a su muerte. Su mejor amiga sostuvo que esos encuentros correspondían a familiares o personas allegadas. Según las labores forenses de Medicina Legal, la víctima sufrió un golpe contundente en la cabeza.

Identificada como Cristina relató en el pódcast Conducta Delictiva que la última vez que vio con vida a Villalba fue el jueves 18 de junio de 2026. Al día siguiente, dijo, perdió toda comunicación con ella.

La última conversación ocurrió antes de que el celular dejara de responder

De acuerdo con ese testimonio, en la última semana antes de su muerte, Villalba había viajado a Cúcuta para adelantar trámites relacionados con las votaciones y compartir con su familia. Después de regresar, planeaba permanecer en Bogotá y luego volver a su ciudad para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

Cristina contó en el mismo diálogo que, durante esos días, su amiga estaba enferma y algo desconectada de sus compromisos por el malestar físico. En los últimos chats hablaron de asuntos de trabajo y, pese a ese cuadro, la notó contenta.

En esos mensajes, Villalba le dijo que “estaba enferma por una virosis” y que tenía malestar estomacal y dolor de cuerpo. Cristina le respondió: “Nena, llama a la farmacia para que te lleguen los medicamentos allí y no tengas que levantarte, y pide algo de comida también”.

La víctima le contestó que haría eso y luego la llamó para decirle que había tomado unas pastillas y que “se sentía mejor”. Esa fue, según su amiga, una de las últimas señales de normalidad antes de que se cortara el contacto.

“Si seguía igual de maluca al día siguiente, era mejor que fuera al médico; pero ese viernes 19 de junio ella ya no contestó. Los mensajes no le entraban y su celular estaba apagado”, recordó Cristina en la conversación con Conducta Delictiva.

La amiga ubicó los dispositivos en el apartamento donde se hospedaba desde el 3 de junio

Ante la falta de respuesta, Cristina creyó en un primer momento que Villalba había viajado a Cúcuta y que devolvería la llamada cuando recuperara señal. El domingo 21 de junio de 2026 supuso que estaría descansando o acompañada por su familia.

“El domingo supuse que se iba a levantar un poco tarde y que estaría con su familia. El lunes le escribí y nada; entonces, me preocupé más”, afirmó. Cuando revisó la ubicación, encontró que los dispositivos personales de Villalba seguían en el apartamento tipo Airbnb donde se alojaba desde el 3 de junio de 2026.

Ese dato reforzó la preocupación de su entorno y se convirtió en una de las piezas que hoy ayudan a ordenar la secuencia previa al hallazgo del cadáver en el inmueble ubicado en el norte de Bogotá.

Sobre la presencia del británico identificado como Matthew Foster en la habitación en la que se encontraba Villalba, Cristina aseguró que la visita la tomó por sorpresa. Según su versión, la víctima nunca le había hablado de él ni lo había visto antes en fotografías.

El hombre, oriundo de Londres, en Reino Unido, habría ingresado al edificio el 17 de junio de 2026. Cámaras de seguridad lo captaron bajando una bolsa y unas sábanas hacia la zona de lavandería del lugar.

Durante el primer semestre de 2026, Fundación Vida Sin Violencia alerta que 47 mujeres fueron víctimas de feminicidio íntimo en la República Dominicana. Estas muertes han dejado en la orfandad a 68 niños, niñas y adolescentes. El conteo, presentado por la organización, revela un incremento del 74% respecto a los 20 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

“No estamos compitiendo con las cifras oficiales ni responsabilizando a ningún ministerio en particular, porque se trata de una problemática multicausal que exige acciones integrales”, afirmó Yanira Fondeur, directora de Fundación Vida Sin Violencia, durante la presentación de las estadísticas recogidas por la entidad.

El reporte señala que 38 mujeres fueron asesinadas en sus propias viviendas, lo que convierte al hogar en el espacio de mayor peligro para ellas. Además, 33 de las víctimas tenían 35 años o menos y 3 eran adolescentes de 15, 16 y 17 años. Entre los casos contabilizados, tres mujeres se encontraban embarazadas al momento de su asesinato y tres eran de nacionalidad haitiana.

Características de los agresores y distribución de los feminicidios

Las cifras de la organización también detallan el perfil de los agresores: dos pertenecían a la Policía Nacional y dos a las Fuerzas Armadas. El uso de armas resultó predominante en estos hechos, con 19 casos perpetrados con armas de fuego y 19 con armas blancas. Además, en 11 de los hechos los agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

El análisis geográfico indica que la provincia de Santo Domingo lidera la estadística nacional con 13 feminicidios, uno más que los registrados en todo el año anterior. Le sigue el Distrito Nacional con 7 casos, superando en 3 la marca de 2025, y la provincia de La Altagracia con 5 víctimas, dos más que en los doce meses previos. Para la entidad, estos registros constituyen “indicadores fundamentales para que las autoridades diseñen e implementen respuestas que salven vidas”.

De acuerdo con la Fundación, el periodo 2020-2026 contabiliza 511 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, lo que representa un promedio anual de setenta y ocho mujeres asesinadas en el ámbito íntimo. En este lapso, la organización estima que 473 menores han quedado huérfanos tras estos crímenes.

Fondeur compartió un paquete de propuestas destinadas a las autoridades. Entre las sugerencias, la fundación plantea la adopción de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres que denuncian violencia, la actualización de la Ley 24-97 sobre violencia de género, la incorporación en el currículo escolar de asignaturas vinculadas a la igualdad y la resolución de conflictos, y el desarrollo de campañas de sensibilización para promover una masculinidad empática y respetuosa.

La organización también solicita la instalación nacional de centros de atención a sobrevivientes y centros de intervención conductual para hombres, así como la creación de un registro nacional de huérfanos por feminicidio que garantice protección psicológica, económica y legal. Finalmente, la fundación impulsa la formación de una mesa nacional de prevención con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación, sociedad civil e iglesias.

La directora de la fundación insistió en que “cada cuatro días una mujer es asesinada en la República Dominicana por su pareja o expareja”, una estadística que, según la organización, exige una respuesta coordinada y sostenida de los distintos actores.

En el caso de Bogotá, el panorama tampoco es alentador, ya que las autoridades registraron siete feminicidios entre enero y mayo de 2026, una reducción del 30% frente al mismo período de 2025, mientras tanto, la ciudad mantuvo activas sus estrategias de prevención y atención, debido a que persisten altos niveles de riesgo para las mujeres, según el más reciente boletín del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer.

La respuesta de la Administración distrital se apoyó en el Sistema Articulado de Alertas Tempranas, que hace seguimiento a las mujeres valoradas por riesgo de feminicidio. Ese mecanismo articula a las entidades de la Ruta Única de Atención para activar medidas de protección y reducir barreras de acceso a los servicios.

Entre las señales de alarma que se detectaron entre enero y mayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio y 688 de ellas fueron clasificadas en riesgo extremo, un dato que demuestra que la disminución en los casos tipificados por la Fiscalía General de la Nación no elimina la presión sobre la red institucional de protección.

Del mismo modo, se informó que en el mismo lapso, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 172.311 atenciones a mujeres. El 64% de esos servicios estuvo relacionado con situaciones de violencia.

Localidades con mayor cantidad de actos de violencia contra la mujer

Los casos reportados en la capital se concentraron en tres localidades: Bosa registró tres situaciones, Ciudad Bolívar una y Usaquén una. Sin embargo, en dos expedientes no hay información disponible sobre el lugar de ocurrencia.

Además, se informó que la localidad con mayor demanda fue Kennedy, con 11.741 atenciones por violencia de género, lo que demuestra la necesidad de reforzar la presencia institucional en territorios donde se identifican mujeres en alto riesgo de feminicidio.

Ante las circunstancias, Ana María Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, señaló que pese a que solo en mayo se registró un feminicidio, frente a los tres reportados el mismo mes del año anterior, las alarmas siguen encendidas.

Y es que, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el 44% de las mujeres evaluadas está en alto riesgo de feminicidio: “Por eso, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Bogotá continúa con las acciones de prevención de violencias contra las mujeres”.

La Secretaría de la Mujer desplegó acciones en conciertos, barrios y zonas de rumba

La estrategia de prevención también se extendió fuera de las sedes de atención, teniendo en cuenta que entre enero y mayo, 2.172 mujeres recibieron información sobre la Ruta Única de Atención en festivales y conciertos a través de los Puntos Seguros, que se activaron con el fin de llegar a una mayor cantidad de personas.

A esa red se sumaron 530 establecimientos y 39 conjuntos residenciales integrados en Redes Seguras para las Mujeres. La entidad también realizó 34 jornadas en sectores y zonas de rumba para promover el acceso a la oferta institucional.

El despliegue incluyó cinco Megatomas Mujer y Género orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el acoso sexual callejero.

Cómo denunciar casos de violencia de género en Bogotá

La Secretaría indicó que las mujeres que necesiten orientación o acompañamiento pueden acudir a sus puntos de atención o comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137.

En situaciones de emergencia, la instrucción oficial es llamar de inmediato a la línea 123 para que las autoridades puedan responder en el menor tiempo posible.

Voceros de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que le imputaron, el miércoles 1 de julio de 2026, los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas al ciudadano británico Matthew Foster Martinson, señalado como presunto responsable de las agresiones físicas y posterior asesinato de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba Angarita en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, el 18 de junio.

Con un comunicado, desde el ente investigador se informó que a Foster Martinson se le atribuyó la autoría de los hechos, luego de que la mujer fue encontrada inerte en el interior de un apartamento del edificio Morph.

La investigación también ratificó que la víctima se hospedaba temporalmente en el inmueble y al momento de los hechos se encontraba sola. Las autoridades también establecieron que el sospechoso habría ingresado al lugar y la agredió con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

El reporte de Medicina Legal

El cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue hallado dentro de una maleta en el baño de la vivienda mencionada. Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó en una rueda de prensa que la víctima, tras recibir el golpe fuerte en la cabeza, fue desmembrada para introducir su cuerpo en la maleta.

“Pues el cuerpo cuando una persona llega en una maleta es porque generalmente la persona es descuartizada, por partes es incorporada a la maleta y pues eso fue lo que sucedió con ella”, sostuvo el funcionario.

Durante la necropsia, en Medicina Legal se estableció que el cuerpo de la modelo presentaba condiciones que aceleraron su descomposición y que, al parecer, fue intencional dejarla bajo el agua corriendo de la ducha del baño, hecho que dificultó el proceso de identificación.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, la descomposición del cuerpo es más rápida, lo que hace más difícil la determinación de temas como la toma de huellas dactilares”, detalló Cortés.

Por ende, el director de la entidad confirmó que la identificación de la víctima fue posible mediante técnicas forenses especializadas.

El proceso judicial contra Martinson avanza después de su captura en el aeropuerto de Quito, Ecuador. Según la Fiscalía, el extranjero fue identificado como principal sospechoso del crimen y detenido el 29 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras ser expulsado de territorio ecuatoriano. La detención se realizó en cumplimiento de una circular roja de Interpol.

Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición.

Los delitos y agravantes por los que responderá el europeo ante la justicia

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, al extranjero se le imputó formalmente el delito de feminicidio agravado, previsto en los artículos 104A y 104B del Código Penal colombiano.

Según la acusación, este delito se configura cuando se causa la muerte a una mujer por razones de su condición de género, o cuando concurren circunstancias como actos de instrumentalización de género, opresión o dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

En este caso, desde la Fiscalía se sostiene que la conducta imputada a Martinson incluyó elementos de sevicia y aprovechamiento de la situación de indefensión de Natalia Villalba.

De acuerdo con la normatividad vigente, el feminicidio agravado contempla penas que oscilan entre quinientos (500) y seiscientos (600) meses de prisión si se acredita la concurrencia de circunstancias agravantes, como la sevicia o el aprovechamiento de una condición de indefensión, señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 104 del Código Penal.

El hecho de que la víctima se encontraba sola en el apartamento donde se hospedaba temporalmente, según el ente acusador, colocó a la mujer en una condición de vulnerabilidad.

La Fiscalía imputará al británico Matthew Foster-Smith por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en el caso de Natalia Villalba, tras su captura en Ecuador y su posterior traslado a Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, el crimen ocurrió el 18 de junio de 2026, el mismo día en que Foster-Smith llegó al apartamento alquilado en el norte de la capital.

La investigación sostiene que la víctima permaneció en el edificio entre el 13 y el 22 de ese mes, cuando una empleada de servicios generales entró al inmueble y halló la escena.

La Fiscalía señaló que “las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta”.

También afirmó que después “ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.

Según la entidad, el extranjero fue aprehendido tras una orden judicial y una notificación roja de Interpol. A través de la Oficina de Asuntos Internacionales, las autoridades ecuatorianas lo expulsaron para su judicialización en Colombia.

“A su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y posteriormente puesto a disposición”, indicó.

El miércoles 1 de julio, la Fiscalía presentará ante un juez de control de garantías los elementos de prueba que, según el organismo, sustentan la responsabilidad del procesado y su intento por desaparecer evidencia: el ocultamiento del cuerpo en una maleta, que luego dejó en la ducha del apartamento.

El feminicidio agravado que se atribuye al sospechoso podría acarrear hasta 60 años de prisión

La Fiscalía General presentó el domingo 28 de junio ante un juez de Bogotá al británico Matthew Ashley Foster-Smith, investigado por el feminicidio de Natalia Villalba, y pidió que la audiencia se haga en forma reservada para proteger la integridad de la víctima y evitar su revictimización, en un caso por el que le imputará feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El proceso judicial comenzó después de su captura y deportación desde Ecuador. El sospechoso, de 43 años, fue detenido el viernes 26 de junio por las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto de Quito y la captura se materializó en la noche del sábado 27 de junio.

La fiscal del caso pedirá primero la legalización de esa captura. Después formulará la imputación y solicitará una medida privativa de la libertad en centro carcelario por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.

Si el juez avala la imputación por feminicidio agravado, el Código Penal colombiano prevé una pena máxima de 60 años de prisión. En ese delito, además, no proceden rebajas de pena ni beneficios judiciales si el procesado acepta su participación.

La investigación reúne testimonios, documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que, de acuerdo con la Fiscalía General, vinculan a Foster-Smith con la hora de la muerte de la joven modelo. El cuerpo de Natalia Villalba, de 36 años, fue hallado el lunes 22 de junio dentro de una maleta en el baño principal de un apartamento del barrio Chicó, en el norte de la capital.

Las autoridades establecieron que el cadáver permaneció dos días en ese lugar. El hallazgo se produjo cuando llegó personal de aseo, una vez terminó el tiempo del contrato de arrendamiento del inmueble, que había sido tomado por medio de una aplicación.

La publicación informó que revisó imágenes de cámaras de seguridad y minutas de ingreso al edificio en las que aparece el registro de Matthew Foster-Smith. Entre su entrada y su salida del inmueble hay una diferencia de dos horas, un lapso que la investigación ubica como el tiempo en que se habría cometido el crimen.

La Fiscalía sostuvo en un comunicado que las evidencias recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) muestran que el extranjero “presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.

La hipótesis del ente investigador es que Foster-Smith planeó lo ocurrido con detalle. El medio señaló que, por su formación como médico y con base en los hallazgos del caso, habría desmembrado el cuerpo, lo habría introducido en la maleta y habría abierto la llave de agua fría del baño para retrasar la descomposición y evitar que el olor alertara a los vecinos.

Esa maniobra, según la reconstrucción conocida por Semana, le habría permitido ganar tiempo para huir hacia Ecuador con documentos falsos. El mismo sospechoso tiene varias anotaciones judiciales en el Reino Unido por acoso a su expareja.

La ubicación del británico fue posible por un trabajo conjunto entre la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador. En ese mismo comunicado, el ente investigador indicó que adelantó los trámites para poner al extranjero a disposición de la justicia colombiana y judicializarlo por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Natalia Villalba, diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, fue hallada sin vida el 22 de junio de 2026 en un apartamento del norte de Bogotá. El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia.

Tras los peritos de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, director de la entidad, confirmó la causa de la muerte de la mujer. En rueda de prensa, el funcionario explicó que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. A la par, sostuvo que Villaba fue descuartizada con el fin de ocultar los restos en la maleta en la que fue encontrada.

“Le pegaron un golpe. En la cabeza, cuando una persona llega en una maleta, es porque generalmente la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, afirmó.

Cortés Martínez también explicó que el asesino dejó los restos en la ducha con el fin de que el agua acelerara la descomposición del cuerpo y dificultara las labores de reconocimiento las autoridades.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas, por ejemplo, de la ofoscopia, que es tomar las huellas dactilares y todo eso. Pero nosotros, a través de las técnicas que tenemos, logramos determinar que era Natalia Villalba”, expuso.

Y agregó: “Sí, pues en este momento el caso de Natalia Villalba nosotros lo abordamos hace aproximadamente unos quince días y entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación”.

Revelaron el historial delictivo del británico implicado en el crimen de Natalia Villalba en Chapinero, Bogotá

Matthew Ashley Foster-Smith fue condenado a dos años y dos meses en 2023 por acechar a su exnovia tras seguirla al gimnasio y publicar fotos íntimas luego de la ruptura. En el mismo expediente se señala que es médico y que debía presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.

El señalado de asesinar a Villalba, de 36 años, envió mensajes a su expareja reiterando su intención de conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”. Incluso, afirmó: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

El Tribunal de Magistrados de Poole dictó una orden de alejamiento indefinida por acoso contra Foster-Smith. La medida se adoptó tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, reportó BBC.

La orden obligaba al británico a mantener contacto regular con la Policía, incluido informar su domicilio y los datos de su vehículo. También le prohíbe cualquier comunicación con la víctima y limita el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

Según la Policía de Dorset, su Unidad de Alto Riesgo, creada en 2023 y dedicada a vigilar a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas en el condado, registró una caída del 59% en los delitos de las personas bajo supervisión en los últimos seis meses y del 40% en el último año.

El inspector Marcus McCorkell dijo que parte central del trabajo fue “gestionar a los delincuentes que representan el mayor riesgo y abordar las conductas delictivas”. Añadió: “La Unidad de Delitos Graves ha visto cómo un recurso especializado ha logrado resultados reales en esta área y seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir la reincidencia, así como para responder con rapidez para proteger y apoyar a las víctimas si se producen delitos”.

La muerte de la ciudadana Natalia Villalba en Bogotá sumó una nueva línea de duda después de que su madre revelara que el cuerpo fue hallado dentro de una maleta, en un baño y con el agua abierta, una condición que, según su testimonio, habría complicado la identificación y plantea si la escena fue alterada para ocultar rastros.

La joven, diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, fue hallada sin vida el 22 de junio de 2026 en un apartamento del norte de la capital del país. El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia.

Claudia Villalba, madre de la víctima, dijo en una entrevista con el pódcast Conducta Delictiva que solo cuando llegó a la Fiscalía General de la Nación conoció detalles del hallazgo. “Cuando llegué acá y estaba en la Fiscalía, me dijeron que la encontraron en la maleta, en el baño, con la llave abierta”.

El agua abierta y el estado de las manos abrieron dudas sobre la identificación

El testimonio de la familia incorporó un dato que no había sido expuesto de esa manera: las manos de Natalia presentaban afectaciones que, según el relato de su madre, dificultaron el reconocimiento. “Ella tenía las manitas quemadas, los deditos… tal vez del frío, no sé, porque imagina todo ese tiempo mojándose. Es horrible”, expresó.

A partir de esa declaración, quedó planteado un interrogante sobre si el agua pudo haber sido utilizada para entorpecer la identificación del cuerpo o modificar rastros dentro del apartamento. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente una conclusión definitiva sobre la intención detrás de esa escena.

Durante el mismo diálogo, Villalba sostuvo que a ella no le permitieron ver el cuerpo de su hija por el estado en que fue encontrado. Según su versión, solo pudieron hacerlo una amiga, una prima y su esposo.

“El señor me dijo que no la viera. Solo la vieron la amiga, mi prima y mi esposo, pero yo no la vi. No nos dejaron verla a nosotros”, relató la madre de Natalia.

A la par, relató que las investigaciones del ente acusador apuntan a que la modelo cucuteña recibió fuertes golpes que causaron su fallecimiento. “Hoy me dijeron. El tipo le dio muchos golpes, y ahí fue que la mató. No, no me dijo más porque, pues imagínate tú. Y cuando fuimos a, a qué, a Medicina Legal, hicimos todos los trámites y ya la llevaron”, explicó.

El principal señalado negó haber estado en el apartamento

El caso responde hoy a una pregunta central: qué ocurrió en el apartamento del norte de Bogotá y si hubo maniobras para esconder el crimen y dificultar la identificación de la víctima. Esa es la línea sobre la que insiste la familia mientras avanza el proceso judicial.

En la entrevista, Claudia Villalba recordó además que su hija atravesaba un momento de cambios personales y laborales. Según dijo, pocos días antes Natalia le había contado que estaba saliendo con un extranjero y que estaba ilusionada por un contrato con personas de Estados Unidos.

“Natalia me contó que estaba saliendo con un australiano, que era muy lindo, que la quería mucho. Ya tenía un contrato con unos gringos”, dijo.

El principal sospechoso es Matthew Foster-Smith, señalado por las autoridades y localizado luego en Ecuador. En declaraciones a un medio británico, el hombre aseguró que salió de Colombia porque supuestamente había recibido amenazas de muerte relacionadas con una deuda.

En esa misma versión, Foster-Smith negó haber estado en el apartamento donde fue hallado el cuerpo y afirmó que el día de los hechos veía un partido entre Inglaterra y Croacia en un establecimiento de la ciudad. Esa cronología, de acuerdo con la información del caso, no coincide con los hechos que investigan las autoridades.

Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el domingo 28 de junio en el centro de Santa María Huatulco, un crimen que elevó a 37 las muertes violentas de mujeres registradas en Oaxaca en lo que iba de 2026 y a cinco los casos ocurridos solo durante junio.

La víctima fue atacada en un bar de la cabecera municipal, en la región Costa. Versiones de vecinos señalaron que se escucharon al menos dos disparos antes de que la adolescente fuera hallada sin vida.

Perla era originaria de Barrio Nuevo en Huatulco y trabajaba como empleada de un centro comunitario de la localidad. Tras una confusión inicial sobre su identidad, autoridades y habitantes confirmaron que se trataba de la joven de 17 años, a quien también identificaban como Arisleydi.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar, pero al llegar solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Después, la zona quedó acordonada para permitir las diligencias ministeriales.

Junio acumuló cinco asesinatos de mujeres en Oaxaca

Con el asesinato de la adolescente, junio cerró con cinco muertes violentas de mujeres en Oaxaca. La región Costa concentró la mayor cantidad de casos de ese mes.

El registro de 2026 llegó a 37 mujeres asesinadas entre enero y junio. Las regiones señaladas con mayor violencia contra las mujeres fueron el Istmo de Tehuantepec, la Costa y los Valles Centrales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley. También intervinieron la Vicefiscalía Regional y especialistas del área de género, quienes recabaron indicios, entrevistaron a posibles testigos y comenzaron la reconstrucción de los hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación y hasta ese momento no informó sobre personas detenidas por el homicidio. Tampoco dio a conocer el móvil del ataque.

Habitantes de la zona dijeron que la agresión ocurrió sin que mediara palabra y que los responsables huyeron con rumbo desconocido. Otra versión local refirió múltiples detonaciones antes de que la menor fuera localizada.

El cuerpo fue entregado a sus familiares al concluir las actuaciones ministeriales. El duelo se llevaba a cabo en su domicilio, en Barrio Nuevo, cerca de la alberca El Árbol, para después darle sepultura.

Los otros cuatro casos de junio seguían sin detenidos

La muerte de Perla se sumó a otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos en Oaxaca durante junio. En ninguno de esos casos se había informado de personas detenidas.

En Putla Villa de Guerrero fue asesinada Eloina, de 66 años, quien trabajaba en la farmacia Segura. Hombres armados ingresaron al negocio, le colocaron una bolsa en la cabeza y cintas adhesivas en la boca, y murió por asfixia a unos metros del parque central del municipio.

Dos días después, en Tehuantepec, fue localizada sin vida la maestra María de Jesús Olivera Hernández, asesinada con arma blanca. La información disponible indicó que dejó a una niña en la orfandad.

El 13 de junio fue asesinada Isela Lizeth González López, militante del PRD en la Costa. El 18 de junio fue localizada otra mujer sin vida en las riberas del río Atoyac, en Santa Lucía del Camino, en la zona centro del estado.

Familiares, amistades, activistas y habitantes de Huatulco exigieron que el caso de Perla se esclareciera y que se castigara a los responsables. También demandaron garantías de seguridad para las mujeres oaxaqueñas y una investigación exhaustiva para evitar que el crimen quedara impune.

• Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el 28 de junio en Santa María Huatulco.
• El caso elevó a 37 las muertes violentas de mujeres en Oaxaca en 2026 y a cinco las registradas en junio.
• Hasta ese momento no había personas detenidas por este crimen ni por los otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos ese mes.

Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años de edad, fue localizada sin vida luego de ser reportada como desaparecida el pasado 21 de junio tras salir de su turno como enfermera en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Ese día, la joven salió alrededor de las 08:00 de la mañana de su lugar de trabajo en la colonia Olivar de los Padres, donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería. Sus familiares reportaron ante las autoridades que no regresó a su domicilio, por lo que realizaron la denuncia de su desaparición.

Al salir de la unidad médica, la joven vestía uniforme quirúrgico color azul marino. De acuerdo con su ficha de desaparición, sus señas particulares eran una cicatriz en el codo izquierdo, así como un tatuaje de mariposa roja que tenía en el abdomen del lado derecho.

A partir de la denuncia, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal ministerial y pericial activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes que integraron la realización de entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo.

Familiares detallaron que el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitieron observar a la joven cuando salió del sitio y comenzó a caminar de manera normal, pero su rastró se perdió poco después.

Sin embargo, las acciones también permitieron a las autoridades establecer la posible participación de un hombre en su desaparición.

Un detenido en flagrancia y la posterior localización del cuerpo sin vida de la joven

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el pasado 23 de junio fue detenido Joel Ricardo “N”, señalado por su presunta participación en la desaparición y posterior localización sin vida de Fátima Ozoara Cid.

La investigación condujo al arresto en flagrancia del sujeto, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, un juez de control consideró legal la detención, por lo que la Fiscalía de CDMX formuló imputación contra el detenido por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio a las 14:30 horas para definir si será vinculado a proceso o no por este delito. Mientras tanto, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades del Estado de México y Morelos para determinar la responsabilidad en los hechos y fortalecer la acusación.

Hallan sin vida a Fátima Ozoara tras la detención del sujeto

Luego de poco más de una semana de búsqueda y de que sus familiares exigieran a las autoridades avances en el caso, la joven fue hallada en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México, donde las autoridades establecieron un polígono de interés.

Fue la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos la que encabezó las labores que permitieron localizar el cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua del municipio de Ocuilán.

Su identificación se llevó a cabo más tarde por parte de la familia de Fátima Ozoara en el Servicio Médico Forense del Estado de México, mediante personal de la Policía de Investigación y una célula de atención.

La Fiscalía de CDMX detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar a la familia de Fátima Ozoara acceso a la justicia.

Cabe señalar que de acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, Joel Ricardo “N” fue identificado como la pareja sentimental de Fátima Ozoara, quien sería el responsable tanto de la desaparición como el feminicidio de la joven.

Según los antecedentes preliminares, el presunto agresor es un ciudadano peruano que habría llegado hasta el inmueble y arrojado un líquido acelerante sobre la ventana de un departamento, para luego iniciar el fuego y huir del lugar. Las llamas se propagaron rápidamente desde el primer nivel hacia otros sectores del edificio.

Peruano en Chile es investigado como sospechoso

De acuerdo con la información policial y reportes de prensa local, el principal sospechoso del ataque sería un ciudadano peruano, expareja de una de las víctimas, quien fue detenido por Carabineros horas después del ataque y ahora es investigado por su presunta responsabilidad en el incendio.

El caso ha generado especial atención debido a los antecedentes de violencia intrafamiliar denunciados previamente y a la existencia de una orden de alejamiento vigente que, según la víctima, habría sido incumplida en varias ocasiones.

Sus hijos lo vieron

En el interior del inmueble se encontraba la víctima junto a sus hijos y los padres de ella, un matrimonio de adultos mayores. Todos lograron evacuar con apoyo de vecinos y no se registraron personas lesionadas.

“Lo primero que hicimos fue rescatar a los niños. Es lo más importante, que estuvieran bien, tranquilizarlos, porque no sabían si su mamá estaba bien”, relató uno de los residentes que participó en la evacuación.

Vecinos también señalaron que los menores habrían identificado al presunto responsable. “Los niños dijeron que su papá había sido”, indicó una vecina.

La abuela de los menores señaló: “Las cámaras muestran claramente quién fue la persona que hizo todo eso… Ese hombre ya está loco. Ni siquiera imagínese, estaban sus hijos ahí adentro y tenemos amenaza de muerte”, declaró.

Denuncian amenazas previas y violencia intrafamiliar

La víctima denunció que el presunto autor mantenía antecedentes de violencia y amenazas previas. Además, aseguró que contaba con una orden de alejamiento que no habría sido respetada.

“Es una persona que está mal de la cabeza, me amenaza de muerte, yo a veces ni salgo por miedo, pero hoy se suma esto”, declaró la mujer al medio 24 Horas, quien también sostuvo que el ataque habría sido motivado por el inicio de una nueva relación sentimental. “Se enteró que tenía nueva pareja e hizo esto”, afirmó.

Asimismo, indicó que el sujeto habría provocado daños en el inmueble antes de iniciar el incendio: “Él mismo rompió la ventana”, agregó.

Bomberos controló el incendio e investigan el caso

El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar el fuego tras varios minutos de trabajo, evitando que se extendiera a la totalidad del edificio. Las autoridades informaron que se están revisando cámaras de seguridad del sector para determinar la secuencia exacta de los hechos.

Carabineros indicó que el caso se encuentra en investigación bajo coordinación del Ministerio Público. El hecho es investigado como un presunto incendio intencional vinculado a violencia intrafamiliar, mientras la familia afectada permanece bajo resguardo tras perder su vivienda.

Se conoció también que el sujeto registra antecedentes por hurto, amenazas, desórdenes en la vía pública por consumo de alcohol.

Canales de atención en caso de violencia en Perú

El Estado peruano ofrece servicios gratuitos de atención, orientación y protección inmediata contra la violencia de género, disponibles las 24 horas. Los canales habilitados son:

• Línea 100: Servicio telefónico gratuito a nivel nacional que brinda información, orientación y soporte emocional para víctimas y testigos.
• Chat 100: Servicio de mensajería en tiempo real por internet. Puedes escribir desde tu celular a través de WhatsApp (número 01 743 8800) o acceder mediante el Enlace directo de Chat 100.
• Centros Emergencia Mujer (CEM): Espacios físicos para atención integral con asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social. Existen más de 430 a nivel nacional, incluyendo sedes dentro de comisarías.
• Comisarías: Todas las comisarías del país reciben denuncias por violencia de género las 24 horas del día.

Omar “N” fue condenado a 32 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental en Tonalá, Jalisco, luego de que la Fiscalía del Estado aportara las pruebas que lo llevaron a reconocer su culpabilidad ante un juez de control.

El crimen ocurrió el 15 de julio de 2025 al interior del domicilio que ambos compartían, en presencia de la hija de la pareja.

La víctima y Omar “N” mantuvieron una relación sentimental durante cinco años. Los últimos tres convivieron en unión libre en un inmueble de la colonia Urbi Villa del Río, en el municipio de Tonalá. Según las indagatorias, ese periodo estuvo marcado por agresiones físicas y verbales constantes que el agresor ejercía motivado por celos.

El ataque y la muerte de la víctima

Aquel 15 de julio, la mujer se encontraba en la cocina cuando Omar “N” la abordó por la espalda. Con un objeto punzocortante le infligió múltiples lesiones mientras profería insultos, todo frente a la hija de ambos, una niña que presenció el ataque.

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima logró salir del domicilio y llegó hasta la vivienda de una vecina para pedir auxilio. Paramédicos que acudieron al lugar la trasladaron a las instalaciones de una Cruz Verde, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El feminicidio ocurrió dentro del hogar que la víctima compartía con su agresor, en un contexto de violencia doméstica documentada. La pareja llevaba tres años en unión libre y cinco de relación, periodo durante el cual la mujer sufrió de forma reiterada agresiones físicas y verbales por parte de Omar “N”, impulsadas por celos.

La investigación con perspectiva de género

Una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, se abrió la carpeta de investigación con perspectiva de género. Bajo ese protocolo, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia condujo las diligencias que culminaron con la captura de Omar “N”.

El imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien analizó los datos de prueba aportados por la representación social. Ante la contundencia de las evidencias reunidas, el acusado reconoció su culpabilidad en los hechos.

Ese reconocimiento dio paso a un procedimiento abreviado, mecanismo del sistema penal acusatorio que permite resolver el caso de forma expedita cuando el imputado admite su responsabilidad y acepta los términos de la acusación.

La condena: 32 años y reparación del daño

El juez dictó una sentencia condenatoria de 32 años de prisión por el delito de feminicidio. Además de la pena privativa de libertad, Omar “N” deberá cubrir una multa de $45 mil 256 pesos y un pago por concepto de reparación integral del daño por $572 mil 488 pesos.

La cifra de reparación del daño busca resarcir económicamente a los familiares de la víctima, incluida la hija de ambos que presenció el crimen.

El compromiso institucional ante la violencia de género

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la obtención de esta sentencia refrenda su compromiso de perseguir, capturar y presentar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres.

La dependencia subrayó que los delitos cometidos por razón de género deben sancionarse con todo el rigor de la ley para evitar la impunidad. Tonalá está incluida en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que la Secretaría de Gobernación emitió el 20 de noviembre de 2018 para diez municipios de Jalisco, y desde 2016 también opera en el municipio una alerta de orden estatal.

Tonalá, un municipio bajo doble alerta de género

Tonalá opera bajo dos mecanismos de alerta simultáneos: la Alerta de Violencia contra las Mujeres de orden estatal, activa desde febrero de 2016, y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres federal, emitida por la Secretaría de Gobernación el 20 de noviembre de 2018. En 2024, el municipio registró un feminicidio dentro de los 27 casos documentados en todo Jalisco por la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

El estado cerró 2025 con 34 feminicidios, cuatro más que el año anterior. Organizaciones civiles e investigadoras advierten, no obstante, que la cifra real podría ser mayor: entre el 14% y el 20% de los asesinatos de mujeres en la entidad fueron clasificados como feminicidio durante ese año.

El proceso judicial por el crimen de Natalia Villalba avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como presunto responsable de la muerte de la mujer en Bogotá. La decisión fue adoptada por un juez de control de garantías, mientras las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedaron aplazadas.

La información publicada por Caracol Radio señala que el Juez 32 de control de garantías de Bogotá declaró ajustado a derecho el procedimiento de captura de Martinson. El ciudadano británico había sido detenido en Ecuador, país al que salió desde Colombia, y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades colombianas en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según ese reporte, Martinson fue recibido en la noche del sábado 27 de junio por personal de Migración Colombia, que le notificó la orden de captura vigente en su contra. Después fue entregado a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para adelantar el proceso de judicialización.

Cronología del crimen

La mamá de Natalia Villalba, la mujer de 36 años encontrada sin vida en un apartamento del norte de Bogotá, reveló nuevos detalles sobre los últimos días de su hija y sobre las dudas que aún rodean el caso. La información, conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, señala que Natalia, oriunda de Cúcuta, llevaba varios días hospedada en el apartamento 702 del conjunto Morph, ubicado en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero.

Según los registros mencionados en el reporte, la mujer llegó al inmueble el 3 de junio en compañía de un extranjero y el 7 de junio renovó su estadía hasta el 21 del mismo mes.

Sin embargo, su familia perdió contacto con ella desde el 17 de junio, cuando dejó de responder llamadas y mensajes. Claudia Villalba, madre de la víctima, aseguró que ese silencio empezó a generar preocupación entre sus allegados, especialmente porque Natalia solía comunicarse con frecuencia.

La familia también informó que Natalia tenía un celular y un computador que permanecían con ella, pero que hasta ahora no han sido ubicados. Para sus allegados, esos elementos podrían ser relevantes dentro de la investigación para establecer qué ocurrió en los días previos a su muerte.

En el podcast “Conducta Delictiva” se entregaron detalles sobre las últimas conversaciones de Natalia y sobre dos extranjeros que aparecen mencionados en el caso, aunque no han sido vinculados formalmente a la investigación.

Uno de ellos, de origen británico, habría ingresado al apartamento con la mujer el 17 de junio y luego permaneció en el lugar cerca de tres horas. Las autoridades también revisan videos para esclarecer la identidad y el recorrido de un ciudadano estadounidense que habría estado en el inmueble entre el 3 y el 7 de junio.

Claudia Villalba relató que su hija se fue muy joven de su casa, trabajó en un call center y asumió muchos de sus gastos mientras vivía cerca de una zona universitaria de Bogotá. Días antes del crimen, Natalia le contó que estaba ilusionada con un posible “contrato con unos gringos” y que esperaba que ese proyecto saliera adelante.

La madre contó que, al no tener noticias, acudieron a las autoridades, donde le confirmaron que el cuerpo de su hija había sido hallado. “Me la mataron”, recordó Claudia, al describir el impacto que recibió la familia al conocer la noticia.

De acuerdo con lo revelado en “Conducta Delictiva”, hacia el mediodía del jueves los mensajes ya no llegaban al celular de Natalia. También se indicó que el viernes no habría salido del edificio y que las cámaras captaron al hombre británico moviéndose hacia la zona de lavandería.

Versiones preliminares señalan que él no habría salido del edificio sino hasta el domingo 21 de junio, día en que vencía la reserva.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su profunda consternación por el asesinato de la madre buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el pasado martes 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato.

El organismo internacional se solidarizó con la familia y compañeras de la víctima, y realizó un enérgico exhorto a las autoridades para que el homicidio sea investigado de manera exhaustiva, exigiendo que se realice “con un enfoque que considere su labor y con perspectiva de género”.

Alerta ONU-DH por violencia contra madres buscadoras en Guanajuato

La ONU-DH destacó la urgencia de garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos y buscadoras de personas desaparecidas puedan realizar su labor libremente y con la protección ciudadana necesaria.

El panorama es alarmante: pues en un país donde según cifras oficiales existen más de 133 mil personas desaparecidas, el organismo subrayó que, en lo que va del año 2026, ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos en México. De estas víctimas, tres se dedicaban a la búsqueda de personas no localizadas específicamente en el estado de Guanajuato.

Así ocurrió el homicidio de Patricia Negrete en Pénjamo

El ataque armado en contra de la integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir se registró la noche del martes 23 de junio, en las inmediaciones de la entrada principal del Hospital Regional de Pénjamo, ubicado sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas.

• Los hechos: Patricia viajaba en motocicleta tras concluir su jornada laboral como parte del personal de intendencia del centro médico. Fue interceptada por sujetos armados, también a bordo de motocicletas, quienes abrieron fuego en su contra y huyeron de la escena.
• Atención médica: Los disparos dejaron a la mujer gravemente herida sobre la vía pública. Pese a que personal médico y de emergencias acudió de inmediato para auxiliarla debido a la cercanía con el hospital, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras la agresión, autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Durante las diligencias iniciales en la escena del crimen, las autoridades reportaron los siguientes avances:

1. Indicios balísticos: Peritos forenses aseguraron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga, los cuales fueron enviados a laboratorios especializados para su análisis.
2. Videovigilancia y testimonios: Agentes ministeriales recabaron declaraciones de posibles testigos y comenzaron la revisión de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas cerca del hospital.

La Fiscalía señaló que estos trabajos buscan establecer la mecánica del ataque, identificar el móvil del crimen y determinar la identidad de los agresores.

El legado en “Una Promesa por Cumplir” y la exigencia internacional de justicia

Patricia Negrete Tafoya era ampliamente conocida en Pénjamo por su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y su participación comunitaria. Su labor como buscadora comenzó en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese año.

Desde entonces, se integró a Una Promesa por Cumplir, participando constantemente en brigadas de búsqueda en campo, rastreos y manifestaciones para exigir avances a las autoridades.

Su asesinato ha generado profunda indignación entre familiares, activistas y la sociedad civil. A los reclamos de justicia se sumó Amnistía Internacional, organismo que condenó enérgicamente el asesinato de Negrete Tafoya y exigió a la Fiscalía de Guanajuato una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial.

Luego de que se conocieran declaraciones del ciudadano británico señalado por el feminicidio de la modelo cucuteña de 36 años, Natalia Villalba Angarita, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del extranjero Foster Martinson en el Aeropuerto Internacional de Quito, a manos de uniformados de la Policía Nacional de Ecuador.

La detención se logró tras la activación de una notificación roja de Interpol y una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá.

Según la información suministrada desde el ente investigador, Martinson es señalado como presunto responsable de la muerte de la ciudadana colombiana de 36 años, ocurrida el jueves 18 de junio de 2026, en un apartamento del edificio Morph, en el barrio Chicó, norte de Bogotá.

De acuerdo con los resultados de la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson habría ingresado al inmueble donde se hallaba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

El comunicado oficial de la Fiscalía señaló que el sospechoso ejecutó maniobras para ocultar el crimen, alterar la escena y luego huyó del lugar.

Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía ya inició los trámites para lograr la judicialización del extranjero en Colombia y su posterior extradición por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación y posterior captura de Martinson resultaron de un trabajo articulado entre la Fiscalía, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

“En Bogotá, el que la hace la paga”: así reaccionó el alcalde Carlos Fernando Galán a la captura

En sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras la notificación de la detención del ciudadano europeo: “Esta tarde una vez emitida la orden de captura por un Juez de la República y activada la circular roja para su captura internacional, el grupo de trabajo activó la operación para su detención, que fue completada de manera exitosa en el Aeropuerto Internacional de Quito gracias al esfuerzo de Interpol Ecuador”, dijo el jefe del Distrito.

Galán atribuyó los resultados a “la cooperación entre agencias de seguridad y justicia de los niveles nacional y local, así como la coordinación entre las Secretarías de Seguridad de las ciudades capitales de América Latina es una clave de éxito en la lucha contra el crimen. En Bogotá, el que la hace la paga”.

Por su parte, las autoridades británicas revelaron el historial delictivo del ciudadano británico de 46 años que llegó a la capital colombiana a comienzos de junio de 2026, tras evadir a las autoridades británicas y habría salido del país rumbo a Ecuador el 21 de junio, antes del hallazgo del cuerpo de Villalba en una maleta, en el baño del apartamento alquilado.

El expediente judicial indicó que el hombre fue condenado en 2023 en el Reino Unido a dos años y dos meses de prisión por acoso a su expareja, además de estar bajo una orden de alejamiento indefinida y medidas de vigilancia policial.

El británico debía informar regularmente a la policía sobre su domicilio y estaba restringido en el uso de dispositivos electrónicos.

No obstante, en declaraciones publicadas por el diario inglés The Sun, el hombre aseguró que no había matado a la víctima de 36 años, ya que en el momento en el que se supone que fue asesinada la modelo cucuteña, el hombre acudió a un bar irlandés en el norte de Bogotá para ver el partido Inglaterra-Croacia, que se transmitió en la noche del miércoles, 17 de junio de 2026.

María del Pilar, elemento de Sedena de 35 años, fue asesinada a puñaladas dentro de su casa en Naucalpan y la investigación apuntó de forma preliminar a su pareja sentimental, Daniel “N”, quien huyó y no había sido localizado, en un caso que también abrió una línea por posible violencia familiar previa.

El crimen ocurrió en la colonia Rincón Verde, en una vivienda de la calle Colorines. La mujer fue encontrada en una de las habitaciones con heridas visibles por arma blanca, después de que su hija se preocupara por no obtener respuesta y pidiera ayuda a su abuela para entrar a la recámara.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al domicilio tras el reporte al número de emergencias. Al revisar a la víctima, confirmaron que ya había muerto.

La última persona con ella habría sido su pareja de 42 años

De acuerdo con las primeras indagatorias, la última persona que habría estado con María del Pilar “N” fue Daniel “N”, de 42 años. Testimonios recabados durante la investigación señalaron que la noche anterior se escuchó una discusión dentro de la vivienda y que después el hombre salió del lugar.

Ese dato colocó al hombre como principal sospechoso del asesinato. Hasta el momento de la información disponible, las autoridades mantenían su búsqueda para esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades.

La casa quedó acordonada y bajo resguardo de corporaciones estatales y federales. Peritos en criminalística procesaron la escena para reconstruir la secuencia de los hechos y fijar los indicios localizados en el inmueble.

Uno de los hallazgos que complicó el caso apareció en el sistema de videovigilancia de la vivienda. Agentes ministeriales detectaron irregularidades en los registros y las primeras pesquisas indicaron que las grabaciones habrían sido eliminadas antes de que el principal sospechoso abandonara el domicilio.

Ese posible borrado de imágenes pasó a formar parte central de la investigación. La alteración de los registros de video podía dificultar la reconstrucción precisa de la línea de tiempo y la identificación de movimientos dentro y fuera de la casa.

La Fiscalía del Estado de México también analizó antecedentes de agresiones

Familiares declararon que la mujer presuntamente ya había sufrido agresiones y episodios de violencia por parte de su pareja. Esa información fue incorporada al expediente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que investigó si existían antecedentes que permitieran entender el contexto previo al asesinato.

La indagatoria también se concentró en el entorno inmediato del domicilio y en los testimonios de quienes habrían escuchado la discusión. Vecinos refirieron ruidos y forcejeo antes de que la situación terminara en la muerte de la militar.

El caso ocurrió en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y volvió a colocar la atención sobre la violencia contra las mujeres dentro del ámbito privado. También expuso que la víctima formaba parte activa de Sedena al momento de su asesinato.

Hasta entonces, la dependencia no había emitido un posicionamiento público sobre la muerte de su elemento. El cuerpo quedó a disposición de las autoridades competentes como parte de las diligencias ministeriales y periciales.

La búsqueda de Daniel “N” continuaba abierta. Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para aportar información que permitiera ubicarlo y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En el curso de las diligencias, los investigadores analizaron tanto la posible ruta de salida del sospechoso como la manipulación del sistema de cámaras. Esa combinación de fuga y alteración de registros se convirtió en uno de los puntos más sensibles del expediente.

El asesinato de María del Pilar “N” fue investigado como un hecho ocurrido dentro de un entorno presuntamente marcado por violencia previa. La información reunida hasta ese momento colocó en el centro del caso la discusión registrada horas antes, el hallazgo del cuerpo por parte de su hija y su madre, y la ausencia del hombre señalado.

• María del Pilar “N”, militar activa de Sedena de 35 años, fue hallada muerta con heridas de arma blanca en su casa de la colonia Rincón Verde, en Naucalpan.
• La última persona que habría estado con ella fue su pareja, Daniel “N”, de 42 años, quien salió del domicilio después de una discusión y no había sido localizado.
• La investigación detectó irregularidades en el sistema de videovigilancia y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también analizó denuncias familiares sobre presuntas agresiones previas.

Un juez vinculó a proceso a Rodolfo “N” por feminicidio en grado de tentativa, después de que la Fiscalía estatal lo señaló como probable responsable de rociar diésel a una mujer e intentar prenderle fuego en Temixco; además, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución se dictó durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec. Con esa determinación, el proceso penal avanzó a una nueva etapa mientras las autoridades continuaron la investigación sobre las circunstancias del ataque.

De acuerdo con las indagatorias, la agresión ocurrió el pasado 14 de junio, cuando la víctima llegó a su domicilio en Temixco. En ese lugar, el imputado presuntamente la agredió de forma verbal, le roció combustible y trató de prenderle fuego mientras la amenazaba con privarla de la vida.

Otra versión incluida en la carpeta refirió que los hechos ocurrieron el 7 de junio, cuando la mujer descansaba en su casa y el agresor, identificado también como Reynaldo “N”, le arrojó gasolina con la misma intención. En ambos señalamientos se mantuvo el mismo núcleo del caso: la presunta tentativa de quemar a la víctima dentro de su vivienda.

El ataque fue contenido por testigos antes de que encendiera el combustible

La agresión no se consumó porque varias personas que se encontraban cerca intervinieron y sometieron al hombre antes de que pudiera encender el combustible. Esa reacción frenó el ataque y permitió pedir ayuda de inmediato.

Según la investigación, el olor del combustible anticipó el riesgo que corría la mujer. Los testigos actuaron antes de que el presunto agresor concretara la amenaza, lo que evitó que el caso derivara en un feminicidio consumado.

Después de esos hechos, elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y realizaron la detención del señalado. Más tarde, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público especializado, que ejerció acción penal en su contra.

La autoridad ministerial integró los datos de prueba y presentó el caso ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para establecer la probable participación del imputado en los hechos.

La investigación quedó abierta y el imputado permanecerá en prisión preventiva

La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento. El juez también estableció un plazo de dos meses para que concluya la investigación complementaria.

Ese periodo servirá para ampliar la indagatoria y precisar cómo ocurrió el ataque, así como las condiciones en que fue contenida la agresión. La vinculación a proceso no implicó una sentencia, pero sí el inicio formal del juicio penal por un delito clasificado como feminicidio en grado de tentativa.

La intervención de ciudadanos resultó decisiva para que la víctima sobreviviera. La actuación de las personas que presenciaron la escena impidió que el agresor encendiera el combustible sobre el cuerpo de la mujer.

El caso expuso un episodio de violencia extrema contra una mujer dentro de su entorno inmediato. También mostró la secuencia institucional que siguió a la agresión: detención, puesta a disposición del Ministerio Público, judicialización y vinculación a proceso.

• Un juez vinculó a proceso a Rodolfo “N” por feminicidio en grado de tentativa y le impuso prisión preventiva oficiosa.
• La víctima habría sido rociada con diésel o gasolina dentro de su domicilio en Temixco, donde el agresor presuntamente intentó prenderle fuego.
• Testigos sometieron al hombre antes de que encendiera el combustible y la autoridad fijó dos meses para cerrar la investigación complementaria.

Las autoridades de Antioquia avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en medio de un cultivo de café en zona rural del municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño.

La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca y, de acuerdo con las primeras indagaciones, habría sido atacada con un machete.

El hallazgo se produjo específicamente en la vereda Verdún, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver entre los cafetales. La escena generó conmoción entre los residentes de esta zona rural, según confirmaron las autoridades locales, que ahora espera respuestas sobre lo ocurrido y la identificación de los responsables.

Los medios locales indicaron que tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron hasta el lugar para adelantar la inspección judicial, recopilar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo. Además, los investigadores iniciaron de inmediato las labores de recolección de testimonios y análisis de elementos probatorios que permitan reconstruir las circunstancias del crimen.

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la mujer presentaba varias lesiones de gravedad provocadas con un arma cortopunzante y las características de esas heridas llevaron a los investigadores a considerar que el ataque pudo haberse cometido con un machete, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los análisis forenses.

Uno de los principales retos de la investigación es establecer plenamente la identidad de la víctima, pues aunque de manera extraoficial se ha mencionado que podría tratarse de una mujer oriunda del municipio de Andes, esta información aún no ha sido corroborada oficialmente.

Por esta razón, peritos especializados continúan desarrollando labores de identificación mediante procedimientos tecnológicos, análisis forenses y estudios de dactiloscopia.

Mientras avanzan estas diligencias, las autoridades también trabajan para determinar los móviles del homicidio e indicaron que entre las líneas de investigación que se mantienen abiertas está la posibilidad de que el caso corresponda a un feminicidio, aunque tampoco se descartan otros escenarios relacionados con diferentes dinámicas de violencia.

Desde la administración municipal de Jardín expresaron su rechazo frente a este nuevo hecho violento y señalaron que existe articulación entre las autoridades judiciales y los organismos de seguridad para acelerar las investigaciones y lograr resultados que permitan esclarecer el crimen.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la región, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y por la incertidumbre que aún rodea la identidad de la víctima y las razones detrás del ataque.

Por su parte, los investigadores continúan recopilando información en la zona, revisando posibles testimonios y analizando evidencias que puedan conducir a la ubicación de los responsables. Asimismo, buscan establecer si la mujer fue atacada en el mismo lugar donde fue encontrada o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta el cafetal.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la vereda Verdún y de sectores cercanos para que suministren cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento de este homicidio. La información podrá ser entregada bajo estricta reserva, con el fin de proteger a quienes colaboren con las investigaciones.

Entre tanto, Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes para determinar con precisión la causa de la muerte y aportar elementos que permitan avanzar en la identificación de la víctima. El crimen mantiene en alerta a las autoridades del Suroeste antioqueño, que esperan esclarecer lo sucedido en los próximos días y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho que ha causado consternación en la comunidad..

Los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía Nacional o con los organismos de investigación a través de los canales oficiales, bajo absoluta reserva, para entregar datos, testimonios o pistas que permitan identificar a los responsables.

Un juez condenó a 35 años de prisión al hombre que atacó con gasolina a Wendy Sepúlveda Narváez en Neiva (Huila) y le causó la muerte días después, en un caso que la Fiscalía General de la Nación tipificó como feminicidio agravado y cuya sentencia ya quedó en firme.

Tras el ataque ocurrido el 26 de mayo de 2026 en el barrio El Obrero, la joven, de 24 años, fue trasladada primero a un centro asistencial de Neiva y luego a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde murió el 1 de junio por la gravedad de las quemaduras.

El ente acusador sostuvo que el ahora condenado conversó con su expareja y aprovechó su estado de indefensión para rociarle gasolina sobre el cuerpo, prenderle fuego y huir del lugar. La investigación también estableció que la joven había sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor.

De acuerdo con lo informado en las audiencias: “La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”.

Según la Fiscalía, el proceso judicial empezó a ser investigado como feminicidio agravado en grado de tentativa porque la víctima seguía con vida cuando fue capturado el señalado responsable. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, lo detuvo en una vía pública de Neiva.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Huila le imputó entonces ese delito. De acuerdo con el reporte oficial, el acusado aceptó los cargos en esa etapa inicial y quedó cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba la investigación.

La muerte de la joven cambió el desenlace del expediente. Con las pruebas presentadas por el organismo, el juez de conocimiento lo declaró responsable de feminicidio agravado.

La madre de la víctima relató las últimas horas que la joven pasó en el hospital

La muerte de Wendy Sepúlveda Narváez fue confirmada el 1 de junio, después de seis días de atención médica especializada. Citada por Blu Radio, su madre Luz Nelly Narváez contó cómo recibió la noticia en el hospital de Medellín.

“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar, era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte”, dijo a la emisora.

La mujer también pidió una sanción ejemplar contra el agresor: “Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena”.

En el momento en el que el caso se viralizó a nivel nacional, la concejal de Bogotá y abogada María Clara Name se pronunció sobre el caso y rechazó cualquier tipo de ataque en contra de las mujeres.

“Además de una vida arrebatada de manera cruel, queda un niño de 4 años huérfano, privado del amor, la protección y la compañía de su madre. Ninguna mujer debería vivir con miedo de quien alguna vez dijo amarla. Este crimen evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, garantizar una respuesta efectiva de las autoridades y aplicar penas ejemplares contra los agresores”, señaló.

La Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva contra un joven de 20 años investigado por la muerte de su madre en el distrito de Pichanaqui, región Junín. La medida fue solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por el presunto delito de parricidio, uno de los casos que mayor impacto generó en la localidad durante las últimas semanas.

La investigación fiscal sostiene que el hecho ocurrió en el interior de la vivienda de la víctima tras una reunión familiar que terminó en una discusión. A partir de testimonios, pericias y otros elementos reunidos por las autoridades, la Fiscalía presentó una reconstrucción preliminar de los acontecimientos que derivaron en la decisión judicial.

El caso también adquirió relevancia por los hechos posteriores al fallecimiento de la mujer. Según la información presentada por el Ministerio Público, el investigado habría realizado acciones para alterar la escena y, días después, habría revelado lo ocurrido a un familiar directo durante las exequias de la víctima.

Fiscalía sustenta hipótesis de un crimen planificado

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, dirigido por la fiscal provincial Patricia Ángela Toribio Rivera, obtuvo la medida de prisión preventiva contra Diego Yauri, investigado por la muerte de su madre, Alicia Gamarra, de 52 años.

De acuerdo con los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, el investigado habría adquirido una soguilla y guantes negros el 2 de junio de 2026. Ese mismo día se trasladó desde Huancayo hasta Pichanaqui.

La investigación fiscal también señala que, antes de llegar a la vivienda de la agraviada, el joven habría solicitado a su padre que no acudiera al inmueble porque deseaba mantener una conversación con su madre. Ese detalle forma parte de los indicios evaluados por la Fiscalía durante la etapa inicial del proceso.

La discusión que antecedió a la muerte

Según la tesis fiscal, Diego Yauri ingresó al domicilio con autorización de la víctima y permaneció conversando con ella durante varias horas.

Las investigaciones indican que aproximadamente a las 2:05 de la madrugada del 3 de junio ambos sostuvieron una discusión relacionada con asuntos familiares. En ese intercambio, la mujer habría expresado su intención de viajar al extranjero, vender la vivienda y retirar del inmueble al padre del investigado.

La Fiscalía sostiene que, cuando Alicia Gamarra se retiraba de la habitación, su hijo la sujetó por el cuello y ejerció presión hasta causarle la muerte por asfixia. Esta hipótesis se apoya en los elementos reunidos durante las diligencias preliminares y en los resultados de las pericias practicadas por las autoridades competentes.

Presunta alteración de la escena

La investigación también incluye hechos ocurridos después de la muerte de la víctima. De acuerdo con la versión fiscal, el investigado habría colocado una soguilla y una extensión alrededor del cuello de Alicia Gamarra.

Según el Ministerio Público, esa acción tuvo como finalidad desviar el curso de las investigaciones y presentar una causa distinta de muerte. Este aspecto constituye uno de los puntos examinados por los fiscales y peritos encargados del caso.

Los resultados de la necropsia fueron incorporados al expediente y formaron parte de los elementos valorados durante la audiencia judicial en la que se debatió el pedido de prisión preventiva.

Confesión durante las exequias y decisión judicial

Uno de los episodios más relevantes de la investigación ocurrió durante el entierro de Alicia Gamarra. Conforme a la información fiscal, Diego Yauri habría confesado lo sucedido a su padre, Alfonso Yauri Castro.

Ese hecho fue incorporado a la investigación junto con otras declaraciones y testimonios obtenidos por las autoridades. La Fiscalía consideró estos elementos dentro de la sustentación de su requerimiento ante el órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, la fiscal Patricia Toribio presentó la declaración del imputado, testimonios de testigos, el protocolo de necropsia y otros documentos reunidos durante las diligencias. Tras evaluar la información expuesta por el Ministerio Público, el juzgado declaró fundado el pedido de prisión preventiva.

Como resultado de la decisión judicial, Diego Fabricio Yauri Gamarra será internado en el establecimiento penitenciario de Chanchamayo mientras continúan las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de Alicia Gamarra.

Un juez condenó a Fisher Steven Novoa Duarte 19 años y 4 meses de prisión por matar a su suegra y herir a su esposa en Girón, Santander, en la madrugada del 26 de enero de 2026 dentro de una vivienda rural y en presencia del hijo menor de la pareja.

La sentencia se apoyó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró una declaración de culpabilidad por violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio tentado, todas las conductas agravadas, debido a que la suegra del agresor murió después de recibir 12 puñaladas cuando intentó defender a su hija.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la vereda Río Frío, en Girón, donde las dos mujeres descansaban cuando comenzó la agresión. La primera víctima fue Luz Marina Serrano Serrano, de 50 años, que murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

La otra persona que resultó lesionada fue Yamile Tatiana Ruiz Serrano, de 30 años y pareja del condenado, con el que mantenía una relación de 11 años. Sufrió lesiones en el mentón y el pecho con la misma arma cortopunzante con la que el criminal mató a su madre, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde lograron salvarle la vida.

El ataque fue presenciado por un menor

Según el boletín oficial sobre el caso, el ahora condenado llegó a la vivienda con el propósito de agredir a sus familiares. El ataque ocurrió en la finca La Santillana, situada en la vereda Río Frío, y fue presenciado por el hijo menor de la pareja.

La reconstrucción del caso indica que Novoa Duarte atacó primero a su esposa. Cuando Luz Marina Serrano Serrano intervino para proteger a su hija, él la hirió repetidas veces hasta causarle la muerte.

La captura se confirmó el 28 de enero de 2026, dos días después del crimen. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre de 33 años fue detenido en vía pública, en la calle 33 No. 26-48 del casco antiguo de Girón.

El operativo fue realizado por unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Tras su detención, quedó bajo custodia en la Estación de Policía de Girón mientras se definía su traslado a un centro de reclusión.

El acusado se presentó primero ante las autoridades, pero quedó libre hasta que se expidió la orden de captura

Horas después del ataque, Novoa Duarte se presentó voluntariamente ante las autoridades. En ese momento quedó en libertad porque no existía una orden de captura y tampoco se configuraba una situación de flagrancia.

Después de la verificación del caso, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga, con sede en Girón, emitió la orden de captura. Después de varios meses fue judicializado, aceptó su responsabilidad y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cabe mencionar que la investigación avanzó también con la información entregada por Yamile Tatiana Ruiz Serrano desde el centro médico al que fue trasladada. Su relato permitió identificar al responsable y fortaleció el proceso que terminó en su captura definitiva y en la condena.

El caso fue ampliamente rechazado entre la comunidad que pidió respeto por las mujeres en la región y en todo el territorio nacional ante la cantidad de casos que se han presentado en el país en los que las parejas o allegados a las víctimas deciden acabar con su vida.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier acto de violencia y amenaza en contra de las mujeres, con el fin de que se pueda actuar rápidamente y evitar más desenlaces fatales.

La madre de Natalia Villalba confirmó que la mujer de 36 años que fue hallada muerta el 22 de junio de 2026 dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, dejó de responder llamadas y mensajes desde el jueves 18 de junio.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación intenta reconstruir qué ocurrió en el edificio Morph, como se llamaba el lugar en el que la víctima se hospedaba, y los investigadores trabajan en la ubicación de los dos extranjeros que aparecen en los registros de ingreso al lugar.

Un dato que tomó relevancia en la investigación es que en el apartamento fue encontrado el computador de la víctima, pero su celular aún no aparece. Ese elemento fue revelado por su madre en diálogo con El Tiempo.

Claudia Villalba dijo al diario que su hija vivía en Bogotá desde hace mucho tiempo: “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”.

La mujer también explicó que la familia permanece a la espera de avances oficiales en la investigación: “Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”.

No era la primera vez que la víctima se hospedaba en el apartamento 702

Según relató la madre, Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta, estaba alojada desde hacía algunas semanas en el apartamento 702, mismo lugar en el que fue asesinada, aunque estaba en búsqueda de otro lugar para mudarse: “Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”.

Sobre la vida personal y laboral de su hija, Claudia Villalba señaló en diálogo con El Tiempo que no tenía pareja y que ella no sabe si era cercana a extranjeros que visitaban Bogotá. “Me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”, explicó.

De acuerdo con Noticias Caracol, una trabajadora del servicio del edificio llegó hasta la habitación, no obtuvo respuesta e ingresó al lugar. En un primer momento pareció que no había nadie, pero oyó la llave del agua abierta en el baño, se dirigió hasta allí y encontró una maleta de viaje con el cuerpo de la joven.

Los empleados del inmueble avisaron de inmediato a las autoridades y en la zona se desplegó un operativo para verificar la denuncia. Cuando los uniformados revisaron la maleta, confirmaron que dentro estaba el cuerpo de una mujer.

La Fiscalía rastrea a un estadounidense y a un británico

La investigación se concentró desde las primeras horas en dos ciudadanos extranjeros que figuran en los registros de ingreso al edificio donde se hospedaba la víctima. Se trata de un ciudadano estadounidense y de un británico.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación inició las primeras verificaciones en el apartamento y encontró varias pertenencias personales de la víctima. Entre ellas había dos pasaportes: uno vencido y otro vigente, ambos con sellos de salidas hacia España.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se trata de establecer la fecha exacta de la muerte mediante recolección de huellas, rastros e indicios. La revisión incluye también los movimientos de las personas que estuvieron con ella y el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del edificio.

Según las autoridades citadas por el noticiero nacional, la primera reserva del alojamiento quedó registrada entre el 3 y el 7 de junio. En ese periodo aparece el ingreso de un ciudadano estadounidense oriundo del estado de Texas, en Estados Unidos.

Villalba renovó después su estadía entre el 7 y el 21 de junio. Durante ese segundo lapso quedó registrado el ingreso de un ciudadano británico, que llegó el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente, el 18 de junio. Esta fecha llama la atención, pues fue el mismo día en el que la joven dejó de contactarse con sus seres queridos.

Jesús Alexis Álvarez Ortiz y su madre, María Isabel Ortiz Minor, fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por el feminicidio de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de inglés de 30 años asesinada en Ecatepec en noviembre de 2022.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) obtuvo la sentencia condenatoria ante una autoridad judicial tras acreditar la responsabilidad de ambos en el crimen. La condena se suma a penas previas que ya cumplían por el delito de desaparición de persona en el mismo caso.

El crimen en Jardines de Ecatepec

El 3 de noviembre de 2022, Mónica Citlalli se encontraba en su domicilio de la colonia Jardines de Ecatepec junto a su pareja sentimental y su suegra cuando ambos comenzaron a agredirla físicamente hasta privarla de la vida.

Tras el crimen, Álvarez Ortiz trasladó el cuerpo en una camioneta gris hasta el kilómetro 40+800 de la carretera con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, donde lo abandonó envuelto en bolsas de basura entre unos arbustos, de acuerdo con El País.

El encubrimiento y el hallazgo del cuerpo

Mientras el hombre se deshacía del cuerpo, Ortiz Minor limpió el domicilio donde ocurrió el feminicidio para entorpecer las investigaciones.

El cadáver de la maestra fue hallado el 9 de noviembre de 2022, es decir, seis días después del crimen. La FGJ Edomex cateó dos inmuebles en Jardines de Ecatepec y encontró indicios criminalísticos, así como objetos personales de la víctima.

Operativo de detención coordinado

Madre e hijo fueron detenidos el 12 de noviembre de 2022 por elementos de la FGJ Edomex en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y células de búsqueda municipales de San Salvador Atenco y Ecatepec, de acuerdo con un documento de la SSPC.

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Un proceso judicial en tres etapas

La condena por feminicidio es la tercera sentencia que reciben en el marco del mismo caso, ya que en octubre de 2023, Álvarez Ortiz fue condenado a 25 años de prisión por desaparición de persona; en aquella sentencia, el juez también le fijó una multa de 130 mil 320 pesos y 39 mil pesos por concepto de reparación del daño moral, de igual manera en abril de 2025, Ortiz Minor recibió 37 años y 6 meses por el mismo delito.

La FGJ Edomex procesó el feminicidio de forma separada y obtuvo 70 años de prisión para cada uno de los sentenciados tras presentar las pruebas ante el órgano judicial.

Canales de denuncia ciudadana

La FGJ Edomex pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 702 8770 para que, en caso de reconocer a los sentenciados como probables implicados en otro hecho delictivo, sean denunciados. La institución también cuenta con la aplicación FGJ Edomex, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

El historial de feminicidios del Estado de México

El Estado de México acumula más de una década como la entidad con mayor número de feminicidios en el país. Entre 2021 y 2025, la entidad registró una caída progresiva en sus cifras, aunque sigue sin ceder el primer lugar nacional en números absolutos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde 2015, la entidad mexiquense acumula mil 74 casos, lo que representa más del 10% del total nacional en ese periodo.

La búsqueda de Jessica Magdalena López Ramos terminó de la peor manera. La mujer, de 33 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en la ciudad de León, Guanajuato, fue localizada sin vida luego de varios días de incertidumbre y de una intensa exigencia de sus familiares para que las autoridades esclarecieran su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este lunes que el cuerpo localizado días atrás en una zona cerril corresponde a Jessica Magdalena, quien presentaba huellas de violencia y había sido encontrada calcinada.

La dependencia informó que la identificación fue posible gracias a la aplicación de diversos estudios científicos y forenses, debido al estado en que fue hallado el cuerpo.

El caso ha generado indignación entre familiares y colectivos de búsqueda, especialmente porque la familia sostiene públicamente que la expareja sentimental de la víctima estaría relacionada con su desaparición y posterior asesinato.

Salió con su expareja y nunca regresó

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Jessica Magdalena salió de su domicilio el pasado 10 de junio, alrededor de las 12:30 horas, a bordo de una camioneta tipo Jeep.

La mujer iba acompañada de su expareja sentimental, identificada como Julián Montelongo Solís, originario del estado de Michoacán.

Horas después, la camioneta regresó al domicilio familiar, pero Jessica ya no se encontraba en ella.

Sus familiares señalaron además que al revisar el vehículo se percataron de la desaparición de diversos objetos de valor y documentación relacionada con la unidad.

Las autoridades informaron que la última vez que Jessica fue vista se encontraba en el paradero de camiones Europlaza, ubicado en la colonia Valle de León, en el municipio de León.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba con el folio GTO-0592/2026.

Desde ese momento, familiares y amigos emprendieron una intensa campaña de búsqueda y difusión en redes sociales con la esperanza de localizarla con vida.

El cuerpo fue localizado en una zona cerril

El domingo 14 de junio, habitantes de la comunidad de La Loma, ubicada entre los municipios de León y San Francisco del Rincón, reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija y parcialmente calcinado.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba evidentes huellas de violencia y le faltaba una extremidad.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que el hallazgo ocurrió en una zona cerril cercana a la carretera León-Aguascalientes, a la altura de la comunidad de La Loma.

Debido al avanzado estado de deterioro del cuerpo, las autoridades realizaron diversas diligencias periciales y estudios especializados antes de poder confirmar la identidad de la víctima.

Fue hasta la tarde del domingo 21 de junio cuando la familia de Jessica Magdalena fue notificada oficialmente de que el cuerpo localizado correspondía al de la mujer desaparecida.

En un comunicado, la Fiscalía informó que la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas logró establecer plenamente la identidad de la víctima mediante la aplicación de pruebas científicas de genética forense, lofoscopía, antropología y odontología forense.

Una vez confirmada la identidad, el Ministerio Público activó el Protocolo de Notificación de Alto Impacto para informar a los familiares sobre los avances de la investigación y la correspondencia del perfil genético.

La dependencia estatal informó que el cuerpo ya fue entregado a sus seres queridos.

Investigación por feminicidio continúa abierta

La Fiscalía de Guanajuato aseguró que mantiene abierta la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y desaparición de personas y que se están agotando todas las líneas de investigación para identificar, capturar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

“La Fiscalía agota de forma prioritaria todas las líneas de análisis para identificar, capturar y presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este atroz crimen”, indicó la dependencia.

El caso ha causado una fuerte conmoción en León y en otros municipios de Guanajuato, particularmente porque Jessica Magdalena era madre de un adolescente de 14 años que dependía económicamente de ella y que ahora ha quedado huérfano.

La familia de la víctima ha insistido en que las autoridades investiguen a profundidad las circunstancias en que desapareció y las personas con las que tuvo contacto antes de ser localizada sin vida.

Mientras la investigación avanza, el feminicidio de Jessica Magdalena vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrentan las mujeres en Guanajuato y las dificultades que muchas familias atraviesan en la búsqueda de personas desaparecidas y en la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género.

Una mujer fue encontrada muerta dentro de una maleta en una habitación de un edificio en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el 22 de junio de 2026. El hecho causó revuelo y exigencias de justicia entre los habitantes del sector que recordaron el caso de la DJ Valentina Trespalacios.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la joven fue identificada como Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta. El hallazgo ocurrió en la jornada del lunes en el momento en el que estaba a punto de acabarse el tiempo de la reserva pagada, por lo que los empleados intentaron comunicarse con los huéspedes.

Fue una de las trabajadoras de servicio la que llegó hasta la habitación y al no obtener respuesta decidió ingresar, según lo informado por Noticias Caracol. Aparentemente, parecía que no había nadie en el lugar, pero escuchó la llave del agua abierta en el baño y se dirigió hasta allí, donde encontró una maleta de viaje con el cuerpo de la joven.

Tras el macabro hallazgo, los empleados del edificio dieron aviso inmediato a las autoridades, por lo que se desplegó un operativo en el sector para verificar la denuncia. Al llegar, los uniformados verificaron la maleta y confirmaron que estaba el cuerpo de una mujer.

Ante la gravedad del caso, las autoridades abrieron una investigación y ahora están tras la pista de dos extranjeros que figuran en los registros de ingreso al edificio donde se hospedaba la víctima. El reporte del noticiero nacional indica que se trata de un estadounidense y un británico.

Entre tanto, se dio a conocer que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inició las primeras verificaciones en el lugar y halló las pertenencias personales de la víctima, entre las que se encontraban dos pasaportes, uno de ellos estaba vencido y el otro aún vigente. Los dos tenían sellos de salidas hacia España.

Tras las primeras verificaciones, el cadáver fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal, donde los expertos forenses intentan establecer la fecha exacta de la muerte mediante recolección de huellas, rastros e indicios y verificación de movimientos de las personas que estuvieron con ella con el apoyo de las cámaras que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del edificio.

Según se puede apreciar en las imágenes de seguridad y en los registros del lugar, la primera reserva se registró entre el 3 y el 7 de junio, periodo en el que aparece el ingreso de un ciudadano estadounidense oriundo del estado de Texas (Estados Unidos).

Luego, Villalba renovó su estadía entre el 7 y el 21 de junio. En ese segundo lapso, se registró el ingreso de un ciudadano de nacionalidad británica, que llegó el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente, según las autoridades citadas por Noticias Caracol.

En videos del edificio, se puede observar al hombre inglés trasladando sábanas hacia la zona de la lavandería, por lo que las autoridades están adelantando su búsqueda.

Cabe mencionar que el hallazgo ocurrió en inmediaciones del CAI Virrey, en la calle 95 con carrera 21, donde se encuentran varios edificios que funcionan como oficinas, aunque algunos de ellos son residenciales y hay apartamentos que se alquilan mediante plataformas digitales para el alojamiento de locales y turistas, modalidad que habría utilizado la joven para reservar el lugar durante unos días en los que se encontró con los dos extranjeros.

Por ahora, continúa avanzando la investigación y se está a la espera de una actualización en el reporte que permita determinar qué fue lo que ocurrió dentro de la habitación y cuál es la responsabilidad de los sujetos que visitaron a la víctima.

Una mujer fue hallada muerta dentro de una maleta en la jornada del lunes 22 de junio de 2026 en un alojamiento tipo Airbnb que se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El caso quedó bajo investigación por tratarse, al parecer, de una muerte violenta.

El Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantó los actos urgentes para el levantamiento del cuerpo y para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como encontrar nuevos detalles que permitan dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, el hallazgo ocurrió en inmediaciones del CAI Virrey, en la calle 95 con carrera 21, donde se encuentran varios edificios que se alquilan mediante plataformas digitales para el alojamiento de locales y turistas.

Precisamente, el presunto ataque habría ocurrido en una de las edificaciones ubicadas en esa zona, pues el cadáver estaba en una habitación del séptimo piso que la víctima y su acompañante habrían alquilado.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, aunque se informó que era una persona oriunda de Cúcuta, en Norte de Santander.

También se señaló que habría ingresado al lugar acompañada de una persona que, al parecer, es de nacionalidad estadounidense, sin que se conozca si es hombre o mujer ni su paradero.

Valentina Trespalacios fue hallada en una maleta

Este caso recuerda el asesinato de la DJ e “influencer” colombiana Valentina Trespalacios el 22 de enero de 2023. La víctima estaba dentro de una maleta y, de acuerdo con los elementos del caso, había sido estrangulada.

La investigación policial avanzó con rapidez después del hallazgo. Ese proceso permitió identificar y capturar al responsable del crimen, el ciudadano estadounidense John Poulos. Tras la investigación, las autoridades determinaron el crimen fue cometido “solo por el hecho de ser mujer” y las pruebas del juicio acreditaron un ciclo de violencia, control y discriminación dentro de la relación.

El caso fue revisado por la Procuraduría General, que afirmó que en las audiencias se permitió establecer que Poulos ejerció distintos mecanismos de control sobre Valentina Trespalacios. Entre ellos, mencionó el acceso a sus redes sociales para revisar quién la seguía y a quién seguía.

La funcionaria a cargo del caso también aseguró que el procesado contrató a un investigador privado para vigilarla y reportarle sus movimientos. Ese comportamiento, se expuso en la audiencia, hizo parte del hostigamiento que sufrió la víctima durante la relación sentimental.

En su intervención, la procuradora sostuvo que las pruebas “permitieron ver que Valentina abandonó el seno de su hogar para construir uno propio, pero allí, tras un solo día de convivencia, fue violentada por su pareja sentimental, y no solo eso, sino que su cuerpo fue empacado en una maleta de viaje y arrojado en un contenedor de basura, mientras su agresor huía del país”.

Después de que el sujeto fuera condenado a 42 años y 8 meses de prisión, se decidió que debía cumplir su pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, donde volvió a ser noticia por su comportamiento y constantes discusiones con los guardias.

Ante el nuevo caso que se presentó en Bogotá y que se dio a conocer el 22 de junio, las autoridades continúan en la búsqueda del acompañante de la cucuteña y en la revisión de las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero y hacer justicia.

La jueza María Lorena Cortez liberó de cargos al pastor Deliso Alberto Ramírez Cifuentes por el femicidio de Paola Azucena Pérez Meza, en una resolución dictada tras una audiencia a puerta cerrada el 18 de junio. El expediente mantiene recursos pendientes que aún podrían modificar esa decisión.

Un día antes, personal del juzgado había asegurado a La Hora que la diligencia estaba suspendida por un amparo pendiente. Según el diario, mientras se impedía el ingreso de los medios de comunicación, la audiencia sí se desarrolló y concluyó con una falta de mérito a favor del acusado.

Cortez sostuvo que no encontró “suficientes indicios” contra Ramírez y dejó constancia de que la decisión no cerraba de forma irrevocable el proceso. También ordenó que el pastor se presente cada 15 días a firmar el libro de asistencia en la sede del Ministerio Público de San Miguel Petapa, bajo advertencia de declararlo en rebeldía y ordenar su captura inmediata si incumple.

El Movimiento Justicia por Paola reaccionó este domingo: “A veces las personas buenas están cubiertas de tatuajes y a veces las peores están en un domingo de iglesia”.

¿Cómo se originó la investigación?

Paola Pérez Meza, estudiante universitaria, fue informada como desaparecida el 16 de mayo de 2019 después de no regresar a su casa. Una semana más tarde, su madre la identificó en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses por unos aretes que le había regalado en la niñez, cuando revisaba fotografías de cadáveres que permanecían sin identificar.

El cuerpo había sido localizado cerca del cementerio de la aldea La Mesilla, en Amatitlán, con señales de estrangulamiento, sin indicios de violencia sexual y sin documentos que permitieran reconocerla de inmediato. Hasta entonces, la familia no encontraba una explicación para el crimen ni para la forma en que el cadáver fue abandonado.

Según los registros citados por La Hora y Prensa Libre, la investigación del Ministerio Público condujo a Ramírez Cifuentes, pastor evangélico vinculado a la iglesia Ministerio Rey de Gloria en la colonia La Florida, zona 19. El expediente estableció que ambos se conocieron en 2012, cuando él dirigía una iglesia en ese sector, y que después iniciaron una relación sentimental que mantuvieron oculta.

La publicación consignó que la familia desconocía ese vínculo y que la víctima ofrecía versiones distintas a su entorno. A algunas personas les decía que el pastor era su padre; a otras, les negaba cualquier cercanía. Una amiga aseguró que Paola le había confesado que eran pareja. La investigación también atribuyó a la joven apoyo económico al religioso. De acuerdo con registros bancarios y testimonios reunidos por la fiscalía, solicitó préstamos para entregarle dinero y compró tres teléfonos celulares registrados a su nombre que él utilizaba.

¿Qué elementos reunió la fiscalía?

Uno de los elementos que reactivó el caso fue la activación de un teléfono celular vinculado con el pastor, cuya señal se detectó cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo, según Prensa Libre. Otro testimonio recogido en el expediente describió llamadas en las que Ramírez trataba a la joven de forma agresiva hasta hacerla llorar.

La fiscalía también incorporó la declaración de otra mujer que mantenía una relación sentimental con Ramírez. Según esa línea de investigación, cuando Paola se enteró de esa situación le reclamó el engaño y le exigió el dinero que le había prestado, discusión que el Ministerio Público considera el desencadenante del crimen.

El avance del expediente

Aunque la investigación apuntaba al pastor desde años atrás, la orden de captura fue solicitada por el MP hasta mayo de 2025. Ramírez no fue localizado entonces y su detención ocurrió el 1 de febrero siguiente, cuando fue identificado en un retén montado tras un ataque armado de pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil.

Después de varias suspensiones atribuidas a carga laboral en el Juzgado Penal de Amatitlán, la primera audiencia se realizó el 2 de marzo. En esa diligencia fue ligado a proceso por femicidio y se decidió trasladar el caso a un juzgado especializado en esa materia.

La defensa sostuvo desde entonces que no existía prueba documental sobre la supuesta deuda ni prueba directa de la relación sentimental entre ambos. Con esos argumentos presentó una apelación ante la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio, que dejó sin efecto la resolución inicial y ordenó repetir la primera declaración.

Carlos Antonio Henríquez Cornejo pasará los próximos 50 años en un centro penitenciario de El Salvador, tras ser declarado culpable de feminicidio agravado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

La sentencia responde al asesinato de su esposa, a quien quitó la vida al obstruirle las vías respiratorias de manera intencional en un hecho ocurrido en Santa Tecla.

Las investigaciones establecieron que la relación de pareja, que duró más de tres décadas, estuvo marcada por episodios reiterados de violencia psicológica, física y económica ejercida por Henríquez Cornejo contra la víctima.

El expediente judicial detalla que el agresor consumía bebidas alcohólicas en exceso y que, bajo los efectos del alcohol, agredía a su esposa. La noche del 25 de agosto, luego de asistir a un evento familiar y regresar a la vivienda que compartían, la pareja protagonizó una nueva agresión. Testigos señalaron que alrededor de las 10:00 p. m. se escuchó a la víctima llorar y suplicar a su agresor que cesara el ataque, mientras él le ordenaba callarse.

Al día siguiente, Henríquez Cornejo comunicó la muerte de su esposa. Al llegar a la escena, los agentes policiales hallaron el cuerpo cubierto con una sábana, sin ropa, sobre el suelo y con señales evidentes de violencia. El informe forense confirmó lesiones físicas y la causa de muerte fue la obstrucción de las vías respiratorias, lo que provocó un síndrome asfíctico.

El proceso judicial comprobó que la víctima había sido sometida a un ciclo constante de violencia, lo que derivó en el desarrollo del síndrome de la mujer maltratada, una condición que la llevó a justificar y excusar las agresiones, imposibilitada para abandonar la relación.

El tribunal también reconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y la forma en que el agresor abusó de la confianza derivada de los años de convivencia. Esta confianza fue utilizada para violentarla en la intimidad de su hogar hasta culminar con el feminicidio. Por estos hechos, Henríquez Cornejo recibió la pena máxima prevista por la ley.

El contexto de los feminicidios recientes en El Salvador

El caso de Santa Tecla se suma a una preocupante tendencia en El Salvador, país donde la violencia contra las mujeres mantiene cifras alarmantes.

Según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos, durante 2025 se reportaron más de 60 feminicidios en el país, lo que representa un incremento respecto a los años anteriores. El Observatorio de Violencia de Género ha advertido que la mayoría de las víctimas son asesinadas por parejas o exparejas, y que en muchos casos las agresiones previas no son denunciadas por temor, dependencia económica o por la normalización de la violencia en el entorno familiar.

A pesar de la creación de juzgados y fiscalías especializadas para atender estos delitos, los mecanismos de protección siguen resultando insuficientes para muchas víctimas. Organizaciones feministas insisten en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo, mejorar la respuesta institucional y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en situación de riesgo.

El Salvador mantiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina. A lo largo del último año, hechos como el de Santa Tecla han encendido el debate público sobre la urgencia de reforzar las políticas de prevención y sanción. Los expertos coinciden en que la violencia feminicida es el resultado de patrones culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y la discriminación de género.

Mientras la sentencia contra Henríquez Cornejo representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad, la realidad evidencia que aún queda mucho por hacer para erradicar la violencia de género en El Salvador. Las familias de las víctimas y las organizaciones sociales demandan acciones más contundentes para proteger la vida e integridad de las mujeres.

Una mujer, identificada como Eliana Raquel Medrano Soto, de 31 años, murió el miércoles 17 de junio de 2026 tras ser atacada con un arma cortopunzante dentro de su vivienda en el suroccidente de Barranquilla, en un caso que las autoridades investigan como feminicidio y por el que su pareja, Deivin Aníbal Mercado Mendoza, quedó capturado.

La víctima era madre de cuatro hijos: un niño de diez años, otro de cuatro y unas gemelas que tenían un año y un mes, según versiones de allegados a la familia. Incluso, Néstor Julio Medrano Arrieta, padre de la mujer, dijo al diario local Zona Cero que uno de los menores presenció el ataque.

Según el reporte, el hecho ocurrió sobre las 4:00 p. m. en una vivienda ubicada en la calle 85B con carrera 14A, en el barrio Ciudad Modesto, situado al suroccidente de Barranquilla (Atlántico). Familiares que estaban en el lugar escucharon una discusión, seguida por gritos de auxilio, por lo que decidieron entrar a la habitación.

Al ingresar, encontraron a la víctima mientras era atacada. De inmediato, sus seres queridos la trasladaron de urgencia al Camino La Manga, aunque la gravedad de las lesiones en el tórax fueron determinantes.

La Policía capturó en flagrancia a la pareja de la víctima

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el presunto agresor fue identificado como Deivin Aníbal Mercado Mendoza, de 39 años, compañero sentimental de la víctima. El hombre habría llegado a la vivienda pocas horas antes de cometer el ataque, después de finalizar su jornada de trabajo y en medio de la discusión con su pareja utilizó un arma para lesionarla sin importar la presencia de sus demás familiares y de uno de sus hijos.

Así lo confirmó el padre de la víctima en diálogo con Zona Cero, portal en el que aseguró lo siguiente: “El niño de cuatro años presenció el brutal ataque que recibió su mamá. Quiero que la muerte de mi hija no quede impune y se haga justicia contra el asesino”.

Tras la alerta de los familiares, patrullas de la Policía acudieron al inmueble y lo dejaron bajo custodia policial. Las autoridades informaron que la captura se produjo en flagrancia y que el detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla.

El caso será llevado ante un juez de la República en las próximas horas para que defina la situación judicial del señalado agresor. Las autoridades confirmaron que la investigación avanza por el delito de feminicidio.

Las autoridades buscan establecer si había antecedentes de violencia

Por ahora, no se conocen mayores detalles de las condiciones de la relación entre Medrano Soto y Mercado Mendoza, aunque allegados a la familia afirmaron a los medios locales que la pareja atravesaba dificultades desde hacía varias semanas, presuntamente relacionadas con la custodia de sus hijos.

Las autoridades continúan con las labores para establecer con precisión las circunstancias del crimen y determinar si existían antecedentes de violencia en la relación. También intentan reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido dentro de la vivienda.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial del cuerpo y recogieron elementos materiales probatorios en el lugar.

El caso, que en un primer momento fue abordado de manera preliminar como una posible agresión intrafamiliar, quedó después confirmado como feminicidio dentro del proceso penal, aunque se está esperando el avance de las audiencias para conocer la condena en contra del responsable, mientras que la comunidad pide apoyo psicológico para los familiares de la víctima mortal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Francisco Iván “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 23 años identificada como Miriam “N”, quien era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y ex pareja sentimental del imputado.

La determinación fue emitida por un juez con sede en Nezahualcóyotl, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que permitieron acreditar la posible intervención del acusado en los hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán.

Las indagatorias señalan que la víctima y Francisco Iván “N” se encontraban en el inmueble cuando comenzó una discusión. Durante el altercado, el ahora imputado presuntamente agredió a la joven con un objeto punzocortante.

Como consecuencia de las lesiones, la víctima perdió la vida debido a una hemorragia aguda secundaria a la sección del paquete vascular del cuello del lado izquierdo, según los datos obtenidos durante la investigación ministerial.

Tras la agresión, el presunto responsable habría abandonado el lugar para evadir la acción de la justicia.

Operativo permitió localizar y detener al sospechoso

Luego de reunir diversos elementos de prueba, la Fiscalía del Estado de México solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Francisco Iván “N”.

Las autoridades realizaron labores de inteligencia y análisis de geolocalización celular, lo que permitió establecer que el sospechoso se encontraba en la colonia San Nicolás Tlaminca, en el municipio de Texcoco, sitio al que presuntamente huyó después de cometer el crimen.

Con esta información, policías de investigación de la FGJEM, en coordinación con elementos de la policía municipal de Chimalhuacán, desplegaron un operativo que culminó con la captura del probable responsable.

Posteriormente, el detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Juez mantiene prisión preventiva y fija plazo para investigación

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso a Francisco Iván “N” por su probable participación en el delito de feminicidio.

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos que fortalezcan la carpeta de investigación.

Como medida cautelar, se determinó mantener la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Chimalhuacán, municipio con doble alerta de género

El feminicidio es considerado uno de los delitos de mayor impacto social y gravedad jurídica en México. En el Estado de México, las autoridades han reforzado las acciones de investigación y persecución de este tipo de conductas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias en los 11 municipios que tienen Alerta de Género desde 2015.

De hecho, Chimalhuacán es uno de los municipios que tienen doble alerta de género; la primera fue por violencia y la segunda, es por la desaparición de mujeres y niñas desde 2019, sin que se vean resultados positivos.

La FGJEM recordó que, en caso de que Francisco Iván “N” sea encontrado culpable mediante sentencia condenatoria, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

No obstante, la institución precisó que el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una resolución judicial definitiva que determine su responsabilidad penal, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana.

Con esta vinculación a proceso, las autoridades continúan el procedimiento legal para esclarecer el feminicidio de la estudiante de la UAEMéx y determinar las responsabilidades correspondientes.

Laura Cadena murió la tarde del domingo 15 de junio de 2026 en Ciudad Acuña después de que su hijo Salvador “N”, de 23 años, presuntamente la atacó con un arma blanca dentro de su casa en la colonia Atilano Barrera; el caso quedó bajo investigación mientras autoridades definían si los hechos se perseguirían como feminicidio o como matricidio.

La víctima tenía 43 años y, de acuerdo con los reportes preliminares, sufrió al menos tres lesiones, una de ellas en el cuello, que fue señalada como la herida fatal. La agresión ocurrió en una vivienda de la calle Campeche, donde madre e hijo habrían sostenido una discusión que escaló hasta el ataque.

La investigación también incorporó versiones extraoficiales que señalaban que el joven presuntamente estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento de la agresión. Esa versión no fue confirmada por ninguna autoridad de Coahuila.

Salvador “N” quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía estatal integró la carpeta

Tras una llamada de emergencia, elementos de seguridad municipal acudieron al domicilio y confirmaron que Laura Cadena ya no tenía signos vitales. Después solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal de la Zona Norte II para iniciar las diligencias.

Agentes de investigación acordonaron el área y restringieron la circulación en calles cercanas para facilitar el trabajo pericial. Policías municipales resguardaron el sector mientras especialistas levantaron evidencias y procesaron la escena.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La Fiscalía estatal confirmó la detención de Salvador “N”, quien permaneció bajo resguardo mientras avanzaban las indagatorias para determinar responsabilidades legales.

El dato central del caso fue ese: Laura Cadena murió dentro de su vivienda y su propio hijo quedó señalado como el principal sospechoso del ataque. Las primeras líneas de investigación apuntaron a un conflicto familiar ocurrido dentro del domicilio.

En redes sociales circularon mensajes de despedida y versiones no confirmadas sobre antecedentes

La muerte de Laura Cadena provocó reacciones entre familiares y amistades en redes sociales. Algunas publicaciones señalaron que la mujer también era madre de una niña, aparentemente menor de edad.

Una usuaria escribió: “No lo puedo creer, apenas te vi el jueves y tú tan sonriente y feliz”. Otra persona publicó: “Amiga, vuela alto. Sé que Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Voy a extrañar nuestras pláticas”.

Ana Cadena, identificada como prima de la víctima, pidió respeto para la familia en un mensaje difundido en redes sociales. Escribió: “Nadie conoce completamente las luchas, los dolores o las circunstancias que viven otras familias. Hoy no necesitamos más críticas ni especulaciones. Necesitamos respeto, compasión y oraciones”.

De forma paralela, en redes sociales circularon señalamientos sobre un presunto antecedente de violencia de género atribuido al joven en mayo de 2024 contra una expareja sentimental. Esa información tampoco recibió confirmación oficial.

La sepultura de Laura Cadena fue anunciada por familiares para este 16 de junio en el Panteón Jardines de la Luz, ubicado en el centro del municipio. Mientras tanto, la carpeta siguió abierta para esclarecer cómo ocurrió la agresión y definir la clasificación legal del caso.

• Laura Cadena, de 43 años, murió el 15 de junio de 2026 en su casa de la colonia Atilano Barrera, en Ciudad Acuña, tras una agresión con arma blanca.
• Salvador “N”, de 23 años e hijo de la víctima, fue detenido y quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía estatal integró la investigación.
• El caso incluyó una discusión familiar como línea inicial de investigación, además de versiones extraoficiales sobre consumo de sustancias y antecedentes de violencia que no fueron confirmadas por autoridades.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá entregar, en un plazo máximo de 15 días, las grabaciones de las llamadas realizadas a la línea de emergencias 123 por Rosa Elvira Cely el día en que fue atacada, en mayo de 2012.

La decisión fue adoptada tras resolver una insistencia presentada por Adriana Aranda Cely, hermana de la víctima del feminicidio.

La solicitud se originó luego de que la entidad distrital negara el acceso a las grabaciones requeridas por la familiar. Ante esa respuesta, Adriana Aranda Cely acudió a la justicia para insistir en la entrega de los audios, argumentando su condición de víctima indirecta y el derecho a acceder a información relacionada con los hechos que rodearon la muerte de su hermana.

La petición presentada buscaba obtener la “copia íntegra del cd que contiene la grabación en audio de las dos llamadas hechas por mi hermana” a la línea de emergencias 123 el día de la agresión. Según expuso ante las autoridades judiciales, el propósito de la solicitud estaba relacionado con aspectos personales y con los derechos que le asisten como familiar de la víctima.

“Poder oír la voz de mi hermana y oír sus últimas palabras. Me gustaría poder oír la voz final de mi hermana”, manifestó Adriana Aranda Cely dentro de la insistencia estudiada por el tribunal.

Asimismo, señaló que “el acceso a estos audios forma parte de mis derechos a la verdad y a la reparación. Oírlas, por fuerte que sean, es algo que permite que la memoria del trauma no me ancle al pasado”.

Argumentos del tribunal sobre el acceso a la información

Al resolver el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la hermana de Rosa Elvira Cely tiene derecho a acceder a las grabaciones. En su decisión indicó que la solicitante posee la calidad de víctima indirecta y, además, es cotitular de la información requerida.

La providencia señala que “la peticionaria es cotitular de la misma en calidad de víctima y hermana de la persona asesinada, por lo cual tiene derecho a acceder a la misma”.

El fallo también abordó los argumentos relacionados con la confidencialidad de los audios, planteados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sobre ese punto, el tribunal sostuvo que la invocación de confidencialidad equivale a alegar una reserva legal para restringir el acceso a información pública.

No obstante, la decisión autorizó a la entidad distrital a suprimir los nombres de los funcionarios que atendieron las llamadas, en caso de que estos no otorguen autorización para revelar su identidad.

Otro de los elementos analizados por los magistrados fue el tiempo transcurrido desde la culminación del proceso penal. El tribunal destacó que la investigación y el juicio concluyeron hace más de 13 años con una sentencia ejecutoriada, por lo que la entrega de los audios no representa una afectación para el interés público ni para el desarrollo de actuaciones judiciales.

En ese sentido, la decisión indica que “ya no constituiría daño a intereses públicos ni a personas naturales ni se pone en peligro la investigación que ya terminó, y con su entrega no se viola reserva alguna pues no comprometen derechos a su privacidad e intimidad”.

El caso que marcó un cambio en la legislación colombiana

El feminicidio de Rosa Elvira Cely ocurrió en mayo de 2012 y se convirtió en uno de los casos más conocidos de violencia contra las mujeres en Colombia. Los hechos generaron una amplia reacción ciudadana y dieron origen a cambios en el marco jurídico relacionado con este tipo de delitos.

Rosa Elvira Cely, de 35 años, salió del Colegio Manuela Beltrán junto a Javier Velasco, compañero de estudios. De acuerdo con los antecedentes del caso, posteriormente fue llevada al Parque Nacional de Bogotá, donde fue víctima de una agresión física y sexual.

Durante el ataque, la mujer alcanzó a comunicarse con la línea de emergencias 123 para solicitar ayuda y advertir que estaba siendo agredida. Sin embargo, según se conoció posteriormente, se presentaron fallas en la respuesta institucional, situación que fue objeto de debate público y de procesos judiciales posteriores.

Rosa Elvira Cely falleció cuatro días después en el Hospital San Ignacio como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

El impacto social del crimen derivó en movilizaciones ciudadanas y en exigencias de reformas legales para fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Como resultado de ese proceso fue expedida la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely.

La norma convirtió el feminicidio en un delito autónomo dentro de la legislación colombiana y estableció sanciones específicas para quienes cometan este tipo de conductas.

En el ámbito judicial, Javier Velasco fue condenado a 48 años de prisión por los hechos relacionados con el asesinato de Rosa Elvira Cely.

El episodio también impulsó discusiones sobre la revictimización de las mujeres dentro de las instituciones estatales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y protección frente a las denuncias de violencia basada en género.

Esta semana fue reportado el feminicidio de Susana Vázquez Morales, de 34 años, quien murió tras ser atacada con un arma punzocortante presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla. Después de la agresión, el señalado intentó lesionarse en el cuello antes de ser detenido por elementos de la Policía Municipal.

El caso, ocurrido en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, que determinará la situación jurídica del presunto responsable y la tipificación definitiva del delito.

La tarde del domingo 14 de junio, una discusión entre la pareja habría derivado en un ataque con arma blanca que dejó gravemente herida a Susana Vázquez Morales. Familiares y vecinos la auxiliaron y la trasladaron a un hospital de la región, donde posteriormente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen ha causado indignación en la Sierra Nororiental de Puebla y se suma a los casos de violencia contra las mujeres registrados en la entidad durante 2026. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Reportes sobre el feminicidio de Susana

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar una fuerte discusión dentro de una vivienda ubicada cerca del Juzgado de Paz de Santa Cruz Xaltetela, en el municipio de Zacapoaxtla.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a Marco Antonio N., de 31 años, presuntamente involucrado en la agresión. Testigos señalaron que momentos antes había atacado a su pareja con un cuchillo durante una pelea.

Mientras tanto, familiares de la víctima la trasladaron de emergencia al Hospital General del IMSS de Zacapoaxtla. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció debido a las heridas provocadas por el arma blanca.

Él intentó quitarse la vida tras el ataque

Las autoridades informaron que el presunto responsable presentaba lesiones en el cuello que aparentemente se provocó él mismo después de atacar a la víctima.

Paramédicos le brindaron atención médica en el lugar antes de que fuera puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, agentes ministeriales realizaron diligencias tanto en el domicilio donde ocurrieron los hechos como en el hospital al que fue llevada la víctima para recabar evidencias y testimonios.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará con las indagatorias para esclarecer el caso y definir la situación jurídica del detenido.

98% de delitos contra mujeres en México fueron feminicidios en lo que va de 2026

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad y derechos humanos en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la mayoría de los delitos letales cometidos contra mujeres durante los primeros meses de 2026 correspondieron a casos investigados como feminicidio.

Datos sobre los feminicidios en México durante 2026

• El 98.1% de los delitos letales cometidos contra mujeres en México durante los primeros meses de 2026 fueron investigados como feminicidio.
• Las cifras corresponden a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
• Los datos abarcan el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.
• Diversas entidades del país continúan registrando altos niveles de violencia feminicida, entre ellas Sinaloa, que figura entre las que presentan mayores tasas.
• Además de feminicidios, las autoridades contabilizan delitos contra mujeres como trata de personas, corrupción de menores, lesiones dolosas, secuestro y homicidio doloso.
• Organizaciones civiles y especialistas han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, atención a víctimas e investigación con perspectiva de género.

Las estadísticas cobran relevancia en medio de casos como el de Susana Vázquez Morales, ocurrido en Zacapoaxtla, Puebla, donde las autoridades investigan la muerte de la mujer para determinar si se configura el delito de feminicidio. Casos como este mantienen encendidas las alertas sobre la violencia que enfrentan miles de mujeres en todo el país.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el caso de Valeria, adolescente de 15 años hallada sin vida en Morelia el 26 de mayo pasado, reveló una red criminal dedicada al secuestro y extorsión que ya acumulaba al menos tres antecedentes de víctimas documentados por las autoridades.

En conferencia de prensa, realizada este martes 16 de junio, el funcionario detalló que ya se tenía conocimiento de tres víctimas que estarían relacionadas con la red integrada por Alexander “N”, Rigoberto “N” y Rigoberto “N”, los tres integrantes de una familia.

Los caso previos eran dos secuestros de menores de edad -que lograron escapar- y el homicidio de Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales, Sonora, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2025 en la misma zona donde apareció el cuerpo de la joven.

Por estos hechos, el fiscal anunció que un agente del Ministerio Público enfrentará este martes una audiencia judicial por omisiones en relación con dichas investigaciones.

Integrantes de una familia formaron la red de secuestro: este es su historial criminal previo al asesinato de Valeria

Las investigaciones permitieron identificar que la banda está integrada por 3 hombres que comparten vínculos familiares directos: Alexander “N”, señalado como el agresor principal, material e intelectual del crimen; y dos personas identificadas ambas como Rigoberto “N”, uno de ellos padre de Alexander y el otro su hermano.

De acuerdo con el fiscal, la primera carpeta vinculada a la banda corresponde al secuestro de una menor de edad, por cuya liberación los agresores exigieron 300 mil pesos, y en el que la víctima logró escapar por sus propios medios.

La segunda carpeta involucra a Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales que llegó a Morelia para reunirse con integrantes de la banda, a quienes conocía. Durante su recorrido, los captores comenzaron a enviar mensajes a su hermana -con residencia en Estados Unidos- para solicitarle un pago de 25 mil dólares a cambio de liberarlo.

La familia presentó la denuncia al sexto día, pero el 9 de octubre de 2025 Roosevelt “N” fue hallado sin vida en las inmediaciones de La Nopalera, a la altura de La Aldea. En la misma zona donde se localizaría meses después a Valeria “N”.

La tercera carpeta refiere el secuestro de otra menor de edad, por quien la banda exigió 250 mil pesos, y al igual que en el primer caso, la joven logró escapar de sus captores.

El fiscal Torres Piña subrayó que la acumulación de estas carpetas pone en evidencia una falla institucional, por lo que un ministerio público que estuvo al frente de estas investigaciones fue acusado de omisiones.

“Si un ministerio público, un perito, un policía de investigación no solicita de inmediato algunos temas, se pueden escapar algunas informaciones fundamentales que podemos evitar y prevenir”, advirtió el fiscal.

El caso Valeria: la cuarta víctima de la misma banda

Valeria, de 15 años y vecina de Morelia, fue la cuarta víctima documentada del grupo. Sus captores contactaron a la familia en distintos momentos para exigir 300 mil pesos por su liberación. El 26 de mayo fue hallada sin vida en la misma zona donde meses antes apareció el cuerpo de Roosevelt “N”: La Nopalera, a la altura de La Aldea.

La investigación del caso de Valeria fue la que llevó a la Fiscalía a cruzar datos de carpetas diversas y descubrir el patrón criminal de la banda. “Al meternos a la revisión y al cotejo de información, nos ha llevado a que esta banda delincuencial tenía tres antecedentes”, explicó Torres Piña.

Fue la vicefiscal de Alto Impacto, identificada como Cristy, quien informó al fiscal el día previo a la conferencia sobre la incorporación de una carpeta adicional al historial delictivo de los implicados.

Alexander “N” pretendía tener una relación con Valeria

De acuerdo con la información previa brindada por las autoridades, Alexander “N” trabajaba en el corte de aguacate en la región de Tacámbaro y había establecido contacto con Valeria con la intención aparente de mantener una relación sentimental con ella. El día de su desaparición, el 25 de mayo, se ofreció a llevarla a la escuela en su motocicleta.

Durante las investigaciones, Alexander fue detenido inicialmente por el delito de cohecho luego de que intentó sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado.

El 2 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.

Su padre, Rigoberto “N”, fue detenido ese mismo día, señalado como presunto responsable del secuestro y homicidio de Roosevelt en 2025, aunque las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en el caso Valeria.