Una mujer fue brutalmente asesinada por su pareja en el asentamiento conocido como Panambí, en la provincia de Misiones. El femicida fue detenido horas después tras darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Silvana Báez, de 35 años, quien fue apuñalada por su novio, individualizado como J. R. V., de 59 años. Ambos habrían mantenido una discusión y esto fue lo que motivó el desenlace fatal.

El crimen ocurrió el sábado cerca de las de las 17:30, cuando efectivos policiales fueron notificados de lo que sucedía y acudieron al asentamiento ubicado en el kilómetro 2 de la Ruta Provincial N.º 5. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de Báez, tendido en el suelo y con varias lesiones compatibles con un arma blanca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición.

El sospechoso y presunto femicida se dio a la fuga en su moto tras concretar el crimen. En la escena, los peritos secuestraron un cuchillo como posible arma del crimen. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo con rastrillajes, controles y la participación de distintas dependencias policiales para cortar las vías de escape del hombre.

A partir de testimonios y tareas investigativas, los uniformados lo ubicaron en una zona de cultivo a unos tres kilómetros del lugar del hecho. Tras ser examinado por el médico policial, J. R. V. fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra.

Este no es el primer caso que se registra en Misiones en lo que va del mes, puesto que el 8 de abril una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y, por el hecho, la Policía detuvo a tres jóvenes.

El crimen ocurrió el 2 de abril, cuando encontraron a Claudia Gabriela Gómez, conocida como “Caí”, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad en una zona de eucaliptal de la reserva municipal sobre avenida Libertad de Puerto Iguazú.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el ataque habría ocurrido en el marco de un intento de robo, hipótesis que las autoridades aún evalúan.

Tras el hallazgo de Caí, se realizaron allanamientos simultáneos dispuestos por el Juzgado de Instrucción N.º 3. De esta manera, detuvieron a Axel Facundo M., alias “Chana”, de 20 años, y Bruno D., apodado “Nene”, de 18 años, a los que se sumó la demora de un menor de 17 años. Los tres fueron señalados como presuntos implicados en el hecho y quedaron a disposición de la Justicia. El adolescente fue derivado al Ce.Mo.A.S de Eldorado bajo resguardo institucional.

La víctima fue identificada, a partir de la documentación que portaba, una mujer trans, de 33 años y nacionalidad paraguaya. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital SAMIC local, donde permaneció internada en estado crítico durante varios días hasta que el 8 de abril, a las 13:30, murió a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

En consecuencia, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por odio a la identidad de género, en el marco de un transfemicidio, según la información oficial de la Policía de Misiones.

Desde el primer momento, la fuerza desplegó un operativo a cargo de la Unidad Regional V, con la participación de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el área de Cibercrimen, para relevar la zona, analizar testimonios y reconstruir los momentos previos al ataque. El cuerpo médico legal practicó la autopsia correspondiente para aportar nuevos elementos a la causa.

La Policía de Misiones confirmó que la investigación continúa con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del caso, que generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de los organismos judiciales de la provincia.

El principal y único acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras, José Eduardo Figueroa, se dirigió al tribunal este viernes durante la jornada del juicio oral en la ciudad de Salta. Tras la ronda de testigos, el acusado pidió la palabra para transmitir un mensaje personal, no una declaración formal, según aclaró ante los jueces.

Con visible emoción, Figueroa inició su intervención con un pedido de disculpas a sus hijos. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, expresó, y continuó: “Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño”.

“Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó el acusado durante el tramo final de la audiencia. Sin embargo, también expresó un pedido de disculpas a la familia Kvedaras y a quienes asumieron el cuidado de los menores tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, indicó,

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el imputado manifestó confusión acerca de su situación actual: “No puedo entender lo que estoy viviendo”. No obstante, se negó a hablar sobre el día del crimen, tras hacer referencia a que la declaración que brindó sobre los hechos “es lo que pasó” y que no repetiría el relato.

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

Al cierre de su exposición, Figueroa expresó su deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”. Luego de agradecer al tribunal, el imputado rompió en llanto.

Finalmente, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. Así, se espera que el juicio continúe en los próximos días con la declaración de nuevos testigos y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en el barrio privado El Tipal.

Los detalles del brutal femicidio

La mañana del 4 de agosto de 2023, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa, lesionado en el auto familiar. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hallazgo se produjo cuando un amigo del propietario del automóvil acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que este confesaba: “No podía con esto”. La intervención del allegado y la rápida acción de las autoridades permitieron encontrar el vehículo y a ambos ocupantes.

Mientras que la mujer ya no presentaba signos vitales, el hombre presentaba algunos cortes que les hicieron sospechar que había atentado contra su vida. Por este motivo, el acusado fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde permaneció internado un día tras comprobarse que las heridas no eran de gravedad.

En contraposición, las autoridades establecieron que la muerte de Mercedes Kvedaras fue considerada violenta, en tanto la secuencia de lesiones y el contexto en que fue encontrada descartaron tanto el accidente como el uso de un arma blanca como causa principal. El informe oficial sostiene que el golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de la víctima, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

Además, la autopsia detalló que la víctima presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos elementos, sumados a un golpe brutal en el rostro y la cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó en el ahorcamiento.

La Justicia de Mendoza imputó formalmente a Gabriel Eduardo Trejo como presunto autor del femicidio de Carla Johanna Magallanes, la mujer de 36 años que fue hallada sin vida en su domicilio de San Martín. El hecho fue calificado como un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su pareja, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

La investigación avanzó de manera decisiva tras conocerse los primeros resultados de la autopsia que le realizaron los expertos del Cuerpo Médico Forense. De esta manera, el informe determinó que Magallanes murió a causa de una herida cortopunzante en el cuello, ubicada entre el maxilar y la zona de la oreja.

Tras analizarse las características de la lesión, los peritos concluyeron que el ataque lesionó arterias vitales y provocó un shock hipovolémico y daño medular irreversible. Así, la brutalidad del corte causó la muerte de la víctima prácticamente en el acto.

De acuerdo con la información publicada por El Nueve de Mendoza, a partir de la reconstrucción preliminar de los hechos, los investigadores sostuvieron que la víctima estaba en una situación de indefensión al momento del ataque. Este elemento agravó la acusación y reforzó el marco de violencia de género en la imputación.

El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Montecaseros, San Martín, en la provincia de Mendoza. El descubrimiento se produjo cerca de las 13 horas del martes, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron al domicilio, situado en la intersección del carril Norte y el callejón Moreno, preocupadas por la ausencia de contacto durante varios días.

El cadáver se encontraba en una habitación precaria, en estado avanzado de descomposición y presentaba lesiones visibles. Además, en el lugar, reconocieron signos de violencia, manchas de sangre y evidencias de una posible lucha. De acuerdo con Los Andes, los forenses estimaron que la muerte podría haberse producido entre 48 horas y seis días antes del descubrimiento.

En los meses previos al crimen, Magallanes atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social. Solicitaba asistencia en la organización Red Puentes, que funciona en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde recibía acompañamiento debido a su situación de calle y problemas de consumo. Sin embargo, había dejado de asistir a este espacio desde septiembre del año anterior.

Además, Magallanes era madre de tres hijas que se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que evidenciaba la situación de alta vulnerabilidad de la mujer. El seguimiento institucional pretendía garantizar la protección de las menores ante el contexto en el que vivían.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Eduardo Trejo, con quien mantenía una relación caracterizada por frecuentes discusiones. Los vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte pelea la noche del viernes anterior al hallazgo, junto con gritos y ruidos provenientes de la vivienda.

Desde ese episodio, no se registraron movimientos ni sonidos procedentes del lugar, lo que generó inquietud entre los vecinos. Estos indicios llevaron a interpretar el viernes como el posible momento del ataque. La dinámica conflictiva y el aislamiento de la pareja en una habitación precaria reforzaron la hipótesis de un desenlace violento.

Luego de que se escuchara la pelea, no se dieron a conocer testimonios sobre lo que habría realizado el principal acusado del femicidio. No obstante, Trejo logró ser detenido el martes por la tarde, poco después de que las autoridades constataran el estado en el que se encontraba la víctima.

La aprehensión tuvo lugar en la calle Puebla, frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que los equipos policiales organizaron un operativo de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo. Trejo había permanecido prófugo durante varias horas.

De acuerdo con El Sol, sobre Trejo pesan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque fue sobreseído en ambos casos. Tras su detención, fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia, en espera de la evolución de la causa.

En una nueva audiencia por el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, una amiga de la infancia de la víctima, Carolina Wayar, brindó detalles sobre la dinámica de la pareja y los días previos al crimen cometido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en la ciudad de Salta.

Según el testimonio de la mujer, ambas mantuvieron un vínculo de larga data, con etapas de mayor o menor contacto, aunque siempre sostenido. No obstante, señaló que la relación con José Figueroa, el único acusado de haberla asesinado, afectó el lazo entre ambas. “Era el marido de mi amiga y nos imposibilitó compartir más tiempo”, afirmó.

A más de un año y medio del femicidio, Figueroa llegó al juicio oral imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal es representado por la titular de la Unidad de Femicidios, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

La mujer pidió que “se cumpla la condena que merece” y aportó nuevos detalles de los últimos días con vida de la víctima. Aunque la última vez que se habían visto de forma personal fue el 21 de julio, aseguró que la comunicación estuvo intacta hasta el día en el que fue brutalmente asesinada por su esposo y padre de sus hijos.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, Wayar relató que en ese último encuentro se habían encontrado con otra amiga para tomar el té. Además, confirmó que habían hablado sobre los deseos de Kvedaras de separarse de Figueroa.

“No podía separarse”, indicó la amiga de la víctima, tras reconocer que le había mostrado un mensaje que Mercedes le había escrito al acusado, en donde le había expresado que ya no lo quería “como un hombre”, sino como el padre de sus hijos.

Después de esa reunión, la conversación se mantuvo de forma virtual. Concretamente, Wayar recordó que el 3 de agosto le escribió y la notó “afónica”. Al día siguiente, el 4 de agosto a las 09:04 horas, le envió un mensaje que nunca fue escuchado. Este dato se integró a la reconstrucción temporal del hecho que realiza el tribunal, debido a que el crimen se cometió en las primeras horas de esa mañana.

Por otro lado, la testigo recordó a Mercedes como una persona “cálida y divertida” y diferenció su punto de vista respecto de la relación del matrimonio. “Siempre fue complicada”, apuntó, para luego manifestar que, en varias situaciones, había percibido un trato despectivo de Figueroa hacia Kvedaras.

“La menospreciaba”, sostuvo Wayar al reconocer que solía sentirse incómoda cuando tenía que compartir con su amiga y su esposo. “Cada vez que compartía tiempo con ambos me sentía nerviosa, en alerta”, describió. Asimismo, añadió que el acusado proyectaba hacia el exterior una imagen distinta: “Siempre se mostraba amable afuera”, por lo que lo calificó como un “hipócrita”.

Durante la audiencia, también rememoró un episodio en una finca, en el que Kvedaras fue demorada por personal policial tras olvidar la documentación del vehículo. En esa ocasión, al quedarse sin batería en su teléfono, utilizó el de Wayar para comunicarse con Figueroa, quien le recriminó la situación y le respondió: “Tampoco te vas a ocupar vos de pagar esto”. La testigo interpretó este gesto como una muestra del trato habitual del acusado hacia la víctima.

“Yo le decía que trabaje, no solo para tener libertad, sino para tener sus propios logros”, relató la mujer al señalar que, con el tiempo, se enteró de que su amiga había tomado la decisión de retomar sus estudios universitarios y tenía la intención de trabajar. Sin embargo, afirmó que la víctima nunca le habló de hechos de violencia física.

Luego de que la amiga de la víctima finalizara su declaración, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans escucharon el relato de dos policías que custodiaron a Figueroa desde el 5 de agosto de 2023 en el Hospital San Bernardo hasta la mañana del día siguiente.

Tras el crimen, el acusado fue hospitalizado, debido a que intentó atentar contra su vida. A raíz de su estado, indicaron que había sido atendido por médicos y enfermeras, no recibió visitas y permaneció dormido la mayor parte del tiempo.

De la misma manera, una enfermera y un médico traumatólogo responsables de la atención de Figueroa también se presentaron a brindar su testimonio. Ambos confirmaron que el imputado presentaba signos vitales normales, brindó sus datos personales y fue sometido a una intervención quirúrgica para toilette y cierre de heridas cortantes múltiples de carácter superficial, sin riesgo de vida.

Según el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta, el informe médico correspondiente a ese ingreso convalidó que el hombre no presentaba lesiones que comprometieran su salud de manera grave, limitándose el procedimiento a tratar heridas superficiales.

Finalmente, un médico psiquiatra del Hospital San Bernardo señaló que se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con juicio conservado y sin alteraciones psicomotrices. Además, afirmó que el acusado no tenía ideación suicida y explicó que, al consultar por insomnio, Figueroa atribuyó la dificultad para dormir a los ruidos del lugar y la incomodidad de la cama.

Tras considerar que se trataba de una queja “banal”, el psiquiatra reconoció que había recomendado que recibiera el alta médica. Finalmente, mencionó que le llamó la atención que el propio Figueroa preguntara si sería derivado al Hospital Ragone. Está previsto que el juicio se reanude este jueves a las 08:30 horas.

Un predio ubicado en Ecatepec, en donde dos feminicidas arrojaban a sus víctimas, será utilizado para construir un Centro de Atención a Mujeres con Violencia, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros.

Se trata de un terreno donde en 2018 las autoridades localizaron restos humanos de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas. Los responsables, detenidos ese mismo año, fueron Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, a quienes se les apodó “los monstruos de Ecatepec”.

El anuncio del gobierno municipal dio a conocer que está buscando adquirir el predio para recuperarlo y ocupar ese espacio. “Es una lucha frontal por el territorio. Esa es la verdadera atención a las causas”, enfatizó la presidenta municipal durante una conferencia de prensa.

“Un espacio de dolor lo vamos a convertir en un espacio de luz”, comentó la funcionaria, quien dijo que se está negociando con el dueño del predio para poder llegar a un acuerdo y que pase a ser parte del gobierno.

Comentó que aunque todavía se están realizando las negociaciones, utilizar el predio es una realidad y se estima una inversión de 5 millones de pesos aproximadamente.

La funcionaria comentó que el predio, ubicado en la calle Pie de la Cuesta de la colonia Jardines de Morelos, es un lugar tranquilo, por lo que no debe tenerse ningún estigma al respecto. Señaló que la transformación del predio busca romper ese estigma y reivindicar plenamente a la comunidad.

Se busca que el Centro de Atención a Mujeres con Violencia brinde una estrategia para ofrecer servicios de apoyo integral como psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social, dirigidos a niñas, jóvenes y mujeres en situación de riesgo.

El gobierno local enfatizó que convertir un espacio marcado por la violencia en un centro de atención representa una acción concreta para atender las causas y recuperar el territorio a favor de las mujeres y sus familias.

La obra forma parte de una política municipal orientada a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres en Ecatepec.

El predio cobró notoriedad nacional en 2018, tras la detención de Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, quienes fueron arrestados en la misma colonia cuando transportaban restos humanos en una carriola.

Ambos confesaron haber asesinado y desmembrado a varias mujeres, además de vender a una bebé y cometer desaparición forzada. Hasta ahora, suman más de diez sentencias que superan los 367 años de prisión, incluida una cadena perpetua.

La Policía Bonaerense detuvo a Brian L., de 30 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, quien fue hallada muerta y enterrada en el patio de su vivienda en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El caso salió a la luz este último domingo cuando el hijo menor de la víctima, de solo 12 años, descubrió el cuerpo al remover tierra en la casa de su madre, ubicada en la calle Nardo al 5800.

El procedimiento policial que llevó a la detención de Brian L. se produjo en la intersección de Juncal y Balbín. Un transeúnte que circulaba por la zona reconoció al hombre por la difusión de su imagen en canales televisivos. Ante este dato, efectivos policiales lo aprehendieron en el lugar, cumpliendo con la orden emitida por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de urgencia y su traslado a sede judicial.

La investigación comenzó el sábado 18 de abril, cuando una tía del menor se comunicó con el 911. La mujer relató que su sobrino había estado removiendo tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El niño identificó de inmediato a su madre por un tatuaje. Efectivos del Grupo Táctico de Operaciones, la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales acudieron a la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta, y comprobaron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Los peritos, al culminar la excavación, extrajeron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción, con un trapo en la boca, según confirmaron fuentes policiales.

El expediente judicial detalla que la última vez que el niño estuvo en la vivienda fue el 2 de abril. Aquel día, fue recibido por la pareja de su madre, quien le dijo que la mujer se había ido y que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente, el menor regresó a la casa y el hombre repitió la misma versión, agregando que “no la iba a volver a ver más”.

El chico, sin respuestas y con la sospecha generada por la tierra removida en el fondo, decidió excavar él mismo. Así, realizó el hallazgo que movilizó a la familia y a las fuerzas de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, que intervino de inmediato para activar las primeras medidas judiciales y policiales. El relato del menor y los testimonios de los familiares resultaron determinantes para orientar la investigación.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un robo y se enfocaron en el contexto de violencia de género. La autopsia será determinante para establecer la causa de muerte y la data del fallecimiento, así como para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Tanto la víctima como el sospechoso tenían antecedentes penales, información que ya forma parte del expediente. Mientras tanto, la Justicia y la Policía continuaron trabajando en la reconstrucción de los últimos movimientos de Gisela Alejandra Ruocco y del acusado.

El objetivo de la investigación es esclarecer la secuencia de los hechos y reunir pruebas que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

El caso mantiene la atención de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, que aguardan los resultados de las pericias forenses y la autopsia para sumar elementos concluyentes al expediente. El proceso judicial sigue bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora. El expediente, que fue calificado como homicidio en contexto de género, continúa con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras la familia de la víctima permanece bajo contención y acompañamiento.

Un niño de 12 años halló el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa, ubicada en la calle Nardo al 5800, en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, casi en el límite del municipio con San Francisco Solano.

La Policía tomó conocimiento del hecho este sábado por una llamada al 911 hecha por una tía del menor de edad. Al arribar al lugar, los agentes se encontraron con la mujer de 48 años, quien relató que su sobrino había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El chico, según el testimonio de la tía, reconoció un tatuaje que le permitió darse cuenta de inmediato que se trataba de su madre, una mujer de 35 años.

Según informó el medio local De Brown, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales se presentaron en la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta. El personal policial ingresó y constató la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Las fuentes señalaron que, al concluir la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción. Los peritos confirmaron que la víctima tenía un trapo en la boca.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia de Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal de turno, y se activaron distintos procedimientos para esclarecer el hecho. Los primeros testimonios recogidos en el lugar resultaron determinantes para orientar las pesquisas. El relato del chico aportó detalles sobre el contexto en el que se produjo el hallazgo.

Según consta en las declaraciones, el niño había ido a visitar a su madre el 2 de abril, fecha en la que fue atendido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años. El sospechoso le dijo al chico que la mujer se había ido y que estaba en la Capital. Pero lo que llamó la atención del menor fue que en el fondo de la vivienda había tierra removida.

Al día siguiente, el niño insistió en saber dónde estaba su madre. El hombre volvió a repetirle que la mujer se había ido y, según el testimonio, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”. Ante la falta de respuestas, el chico decidió remover la tierra por su cuenta este sábado y fue entonces cuando hizo el descubrimiento.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado para la autopsia, un examen que será clave para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

Por estas horas, los investigadores reconstruyen los últimos movimientos de la víctima y el principal sospechoso. La investigación se centra en la hipótesis de un homicidio en contexto de género. La mecánica del hecho y los testimonios descartan la posibilidad de un robo.

El hombre señalado como el principal sospechoso ya fue identificado y permanece prófugo. Tanto él como la víctima tenían antecedentes penales, información que ya fue incorporada al expediente judicial. La prioridad de la Justicia y la Policía en esta etapa es localizar al acusado y esclarecer la secuencia de lo ocurrido.

Actualmente la causa avanza también con distintas medidas judiciales y policiales para reunir pruebas que permitan reconstruir de manera precisa el caso.

El expediente permanece bajo la supervisión de la fiscalía especializada y, hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a la pareja de la mujer como autor del crimen. El avance de la autopsia y las pericias forenses serán determinantes para aportar elementos concluyentes a la causa. El hecho mantiene a la Policía y la Justicia abocados a la búsqueda del principal sospechoso.

En el marco de la investigación por el femicidio de Ramona Medina, la mujer que fue calcinada y desmembrada durante las celeberaciones de Carnaval en Santiago del Estero, la Justicia dictó prisión preventiva para el único detenido.

Se trata de L. R. B., alias “Chucky”, quien continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra. La decisión estuvo en manos de la jueza ad hoc Pamela Gadán.

La magsitrada asumió el caso tras la recusación de los dos jueces anteriores solicitada por la defensa del imputado, quien alegó que se encontraba en riesgo la imparcialidad de uno de ellos. Por esto mismo, se retrasó la prisión preventiva, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama.

En su pedido, la fiscal Dahiana Pérez Vicens y el fiscal coordinador Gustavo Montenegro aseguraron que existen pruebas contundentes para fundamentar la medida. Por su parte, la defensa, a cargo de Silvia Geréz, solicitó un cambio de calificación legal, la excarcelación o, en su defecto, que L. R. B. pueda cumplir con la preventiva de forma domiciliaria.

Sin embargo, todas estas opciones fueron rechazadas por la jueza al considerar la gravedad de los hechos y la solidez de los elementos probatorios.

El hallazgo del cuerpo Ramona Medina ocurrió tras el fin de semana largo de Caranval en un campo junto al cementerio de la zona. El cadáver estaba envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según el entorno familiar, Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero cuando se dirigía animada hacia los festejos de carnaval en el corsódromo. Su hija, Edith, relató que la mujer se encontraba “feliz” y vestía un short de jeans y una remera blanca. Entre sus planes figuraba encontrarse con L. R. B., con quien mantenía una relación.

El caso tomó un giro inesperado por la declaración de un remisero, quien relató haber visto a una mujer sentada en una galería y a un hombre que intentaba incorporarla en una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor decidió no tomar el viaje, ya que pensó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

A raíz de esa denuncia, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento de urgencia. Los efectivos detuvieron a L. R. B., de 38 años, e incautaron dos teléfonos, uno de ellos perteneciente a la víctima. En la comisaría, el sospechoso habría confesado el crimen y señaló el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Según fuentes policiales, el cadáver presentaba la ausencia de torso, brazos y cráneo. Las autoridades buscan determinar si el fuego o animales carroñeros provocaron esa destrucción. El avance de las pericias será clave para esclarecer los detalles finales del hecho.

En el marco de la causa, “Chucky” fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo para ser sometido a las primeras pericias psicológicas. Participaron peritos designados por la Fiscalía y la defensa.

Desde entonces, las hijas de Ramona han realizado reiteradas marchas para exigir justicia por su madre. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, declaró Edith tras el crimen.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró y agregó:“Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”. De esta manera, se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

En este contexto, en una audiencia realizada la semana pasada, la defensa del detenido apuntó contra ambas mujeres al acusarlas de utilizar estas movilizaciones para presionar a la Justicia para mantener a “Chucky” como sospechoso.

El Gobierno de la República ha puesto en marcha un proceso formal para modificar el Código Penal, con el propósito de endurecer la respuesta ante extorsión y femicidio, dos delitos identificados como amenazas prioritarias para la seguridad ciudadana y la estabilidad social.

La medida, impulsada por una estrategia gubernamental para robustecer el sistema de justicia penal, responde a la urgencia de mejorar la protección de la población y desarrollar mecanismos legales más eficaces, según lo informado por José Argueta, secretario de Comunicaciones.

Durante una sesión de trabajo y encabezada por el presidente de la República, diversas autoridades del Ejecutivo y representantes de organismos de seguridad y justicia discutieron reformas destinadas a enfrentar el avance del crimen organizado.

Argueta indicó que los ajustes legales propuestos obedecen a la gravedad de la extorsión, que compromete la economía nacional y produce consecuencias sociales y psicológicas en comerciantes, empresarios y ciudadanos.

El secretario agregó que la persecución más rigurosa de este delito, incluida la tipificación de sanciones más severas, figura entre los ejes centrales de la reforma.

La extorsión ha sido catalogada entre los delitos de mayor impacto en la ciudadanía, llegando a afectar tanto pequeñas tiendas de barrios y colonias como empresas de gran escala, al igual que a ciudadanos bajo amenaza.

El Gobierno plantea endurecer las penas y perfeccionar los mecanismos de persecución penal para contrarrestar este flagelo, conforme señaló Argueta al medio de comunicación. Simultáneamente, el fortalecimiento del marco sancionatorio frente al femicidio ocupa un lugar destacado en el plan de reformas.

“Hay un compromiso fuerte del Estado por la protección de la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia de género”, afirmó José Argueta.

Entre las propuestas está el aumento de las penas y el mejoramiento de las herramientas investigativas y judiciales que permiten sancionar con mayor efectividad estos crímenes. El Gobierno subraya que el objetivo principal es transmitir un mensaje institucional inequívoco de cero tolerancia ante la violencia de género.

La revisión integral de las medidas reguladoras de libertad también conformó uno de los puntos de debate en la mencionada sesión. Las autoridades consideran indispensable evitar abusos y asegurar que las medidas cautelares se apliquen con equidad y respeto al principio de legalidad, como parte de un esfuerzo por garantizar la eficacia y legitimidad del sistema penal.

Entre los mecanismos tecnológicos evaluados, la posible adopción de grilletes electrónicos busca mejorar el control sobre quienes cumplen medidas judiciales fuera de prisión.

Esta reforma permitiría reducir la sobrepoblación penitenciaria y aplicar restricciones de manera más selectiva en personas cuyo nivel de riesgo lo permite, según lo discutido en la reunión reportada por el Gobierno.

La sesión también dio lugar a la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, órgano clave para la articulación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y otras entidades responsables de la persecución de delitos.

El relanzamiento de esta comisión apunta a fortalecer la coordinación investigativa y agilizar los procedimientos judiciales, de acuerdo con información proporcionada por José Argueta.

Otro componente relevante de la agenda gubernamental es el fortalecimiento de la seguridad jurídica con el objetivo de garantizar la protección de la propiedad privada y combatir la usurpación.

Argueta puntualizó que estas medidas son fundamentales para generar condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera. Un marco de certeza legal es considerado imprescindible para atraer capital y promover el desarrollo económico.

Las reformas al Código Penal, enfatizó el secretario, forman parte del plan de gobierno planteado desde el inicio de la gestión. Esta postura, refuerza la premisa de que las medidas no responden a una coyuntura, sino que son parte de una política integral.

“Estamos claros que el delito de la extorsión es uno de los flagelos que afecta a la familia y al sector productivo del país, y por supuesto, tomar las riendas de los casos de los feminicidios, esos son los dos elementos que, por el momento, la noche de ayer, han sido establecidos con una línea de acción para hacerlo lo más pronto posible”, aseguró el funcionario.

El Gobierno de la República prevé una serie de cambios legales, institucionales y tecnológicos para combatir delitos como la extorsión y el femicidio, y fortalecer la seguridad jurídica y la coordinación interinstitucional.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea dictó este lunes la reclusión perpetua para Javier Cerfoglio por el asesinato de Magalí Vera. El fallo declaró culpable a Cerfoglio por el crimen ocurrido en diciembre de 2024, tras una investigación que desmontó la versión inicial de accidente y expuso una agresión con decenas de golpes y una muerte en las aguas del río Quequén.

La sentencia se conoció en una sala judicial presidida por la jueza Luciana Irigoyen Testa, acompañada por Ernesto Juliano y Diego Mónaco, en el edificio donde funcionó el Hotel Argentino, cerca de la playa de Necochea.

El fallo fue transmitido por el canal de la Suprema Corte bonaerense y seguido de cerca por familiares y allegados de la víctima, quienes aguardaron la resolución fuera del tribunal.

Durante el proceso judicial, la fiscalía y la querella solicitaron la pena máxima de reclusión perpetua, bajo la figura de homicidio cuádruplemente agravado: por vínculo, alevosía, ensañamiento y violencia de género. Por su parte, el defensor Javier Mengoechea intentó una reducción a 20 años, calificando el hecho como tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, una estrategia rechazada por el tribunal.

En la última audiencia, transmitida por la Suprema Corte bonaerense, Cerfoglio habló por primera vez desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece alojado. Ante el tribunal, expresó: “Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”.

Magalí, oriunda de Santo Tomé, Santa Fe, trabajaba en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Necochea y tenía un emprendimiento de pastelería.

El fallo del TOC N°1 de Necochea se dio de manera unánime, consolidando la calificación propuesta por la fiscalía y rechazando los planteos de la defensa. La sentencia de reclusión perpetua contra Cerfoglio representa el desenlace judicial de un caso que impactó a la comunidad local y que renovó los reclamos de justicia en contextos de violencia de género.

El fiscal que investigó el caso acusó a Cerfoglio del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género.

El caso

El 1 de diciembre de 2024, Magalí Vera y Javier Cerfoglio abandonaron abruptamente una fiesta de casamiento después de una discusión, según reconstruyó Infobae a partir de testimonios y fuentes judiciales. De acuerdo con la investigación, una cámara de seguridad captó el momento en que Cerfoglio golpeó a Vera de manera reiterada en la vía pública. El fiscal Marcos Bendersky y el querellante Juan Manuel Iovine sostuvieron que la víctima recibió al menos 30 patadas y más de 40 golpes, quedando inconsciente en la calle.

Tras la golpiza, Cerfoglio subió el cuerpo de Vera al baúl de un Honda Fit rojo y condujo hasta la orilla del Río Quequén Grande, en las inmediaciones del Club Necopesca y la terminal de ómnibus. Las cámaras registraron que, pasados 28 minutos, el acusado retiró a Vera del baúl y la dejó en el interior del automóvil antes de arrojar el vehículo al agua. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras la víctima aún estaba con vida cuando el auto fue hundido.

La noche de los hechos estuvo marcada por una intensa lluvia. Inicialmente, el evento fue presentado como un accidente vial, pero la investigación judicial y el informe forense descartaron esa hipótesis. El cuerpo de Vera fue hallado bajo el muelle del Club Necopesca, a unos 15 metros del auto sumergido. Las pericias revelaron fractura expuesta de tabique nasal, lesiones múltiples y una inflamación severa en la cabeza.

Cerfoglio fue detenido el 4 de diciembre de 2024, pocas horas después del hallazgo del cuerpo. Tras el hecho, llamó a su padre para informarle sobre el supuesto accidente. El testimonio del familiar permitió a la policía encontrar al acusado en la orilla del río. Cerfoglio relató a los agentes que la pareja había discutido al salir del casamiento y que Vera “le trabó el volante”. La investigación de la fiscalía, no obstante, determinó que la secuencia no se correspondía con un siniestro vial y que existían elementos que probaban una agresión letal y premeditada.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta sumó este jueves nuevas voces clave en la sala de audiencias. Un testigo del círculo íntimo de la víctima relató ante el tribunal los episodios de violencia psicológica y la situación de temor que vivía la mujer en los meses previos a su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 2023.

El proceso oral y público, que se desarrolla en la capital provincial, tiene como único acusado a José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al organismo en el debate. La jornada de este jueves dio paso a la declaración de cinco testigos, entre ellos un amigo de Figueroa, una amiga y una tía de la víctima, un amigo de la pareja y un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedaras poco antes de su muerte. La reconstrucción de los hechos y la exposición de testimonios buscan arrojar luz sobre el contexto de violencia en el que se desenvolvió la vida de la mujer durante el último año.

Durante la audiencia, la amiga de la víctima ofreció referencias sobre la personalidad de Mercedes Kvedaras y compartió confidencias que la mujer le había transmitido. La testigo contó que la víctima le había revelado su deseo de separarse de su esposo y sus proyectos personales, especialmente aquellos vinculados a su desarrollo laboral. Según la declaración recogida por el Ministerio Público Fiscal, la víctima buscaba independizarse y construir un futuro distinto para ella y sus hijos.

La tía de la víctima también prestó testimonio, enfocándose en la relación cercana que mantenía con su sobrina. Detalló que, poco antes de la muerte de Kvedaras, escuchó de su propia voz la decisión de separarse y la preocupación por el bienestar de sus hijos. Consultada sobre la actitud de Figueroa, la pariente afirmó: “Sabía que el acusado no tenía un trato apropiado con mi sobrina”, y relató situaciones concretas que le hicieron comprender la angustia que vivía la víctima al no poder concretar la separación por la negativa de su esposo.

Uno de los testimonios más significativos fue el de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Mercedes Kvedaras durante los meses previos al crimen. Este testigo explicó que, desde junio de 2023, la víctima había expresado ante el acusado su voluntad de separarse, pero Figueroa se opuso y manifestó su desacuerdo. El testigo relató que, a partir de julio, comenzó a notar a Kvedaras nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien incluso la seguía.

En palabras del testigo, “en el último tiempo la noté desbordada, sentía ‘pánico’ y sufría violencia psicológica por parte de su esposo, quien se mostraba renuente a la separación”. El hombre aseguró que le preocupaba el estado de la víctima, ya que incluso había perdido la voz casi por completo, y le recomendó buscar apoyo familiar y profesional. El testigo, visiblemente afectado durante su declaración, rememoró el último encuentro con Kvedaras el día previo a su muerte. La víctima manifestó sentirse atemorizada y le pidió permanecer en su domicilio, aunque finalmente decidió regresar a su casa para verificar el estado de sus hijos tras los insistentes llamados y mensajes de Figueroa.

El último contacto entre ambos se produjo la mañana del 4 de agosto de 2023, cuando la víctima le solicitó, con angustia, que acudiera a su domicilio. La comunicación se interrumpió de forma abrupta, según describió el testigo ante los jueces.

En el cierre de la audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al tribunal que dos hijos menores de la pareja fueran escuchados como víctimas directas. La petición, respaldada por la querella y la Asesora de Incapaces, se fundamentó en el derecho de los niños a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, conforme a tratados internacionales.

La defensa se opuso a la medida. Tras deliberar, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvieron no admitir el pedido, ordenando en cambio la reproducción de las declaraciones de los menores realizadas durante la investigación en cámara Gesell.

El proceso contra José Eduardo Figueroa se desarrolla en el contexto de una causa por homicidio doblemente calificado, con acusaciones centradas en la violencia de género ejercida sobre Mercedes Kvedaras en el entorno familiar. El tribunal, compuesto por Flores Toranzos, Sángari y Feans, continúa recibiendo testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta, la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de testigos del entorno más cercano de la víctima constituyen piezas fundamentales para comprender la dinámica de violencia previa al crimen. Las diligencias judiciales continuarán con la incorporación de nuevos testimonios y la evaluación de pruebas científicas y procesales, en un proceso que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal de Salta.

Durante la Semana Santa, al menos 36 personas murieron en Nicaragua por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según informaron autoridades y organismos de socorro.

El reporte oficial fue presentado por el gobierno nicaragüense, quien detalló que 21 de las víctimas fallecieron en accidentes viales, 12 por sumersión y 3 por homicidios. Las cifras fueron difundidas a través de los medios oficiales y replicadas por la agencia EFE.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que los accidentes de tránsito representaron la principal causa de mortalidad durante el asueto. Estos incidentes dejaron un saldo de 21 fallecidos, seis más que durante la Semana Santa del año anterior, cuando se registraron 15 muertes por esta causa.

Los datos oficiales también señalan que la mayoría de los homicidios y ahogamientos ocurrieron entre personas en estado de ebriedad, un factor recurrente durante los días festivos.

Según la información recogida por EFE, al menos 5.8 millones de personas se movilizaron durante la Semana Santa, principalmente hacia las playas del Pacífico, lo que incrementó la exposición a riesgos viales y acuáticos. La Cruz Blanca, organización de socorro nicaragüense, reportó 15 muertes por sumersión, un número superior al informado por la policía, e incluyó entre las víctimas a un menor de edad. Además, sus equipos rescataron con vida a 184 personas y atendieron a otras 86 que sufrieron heridas, cortes o golpes en los balnearios del país.

La prensa local, en su seguimiento extraoficial, elevó la cifra total de fallecidos a 42, con 23 muertes asociadas a accidentes viales, 15 a sumersión y 4 a homicidios. Estas divergencias en los conteos fueron reflejadas en distintas coberturas, que también subrayaron la intensidad de la movilidad interna y los desafíos para los servicios de emergencia.

El año pasado, las autoridades registraron 34 muertes durante la Semana Santa: 15 por accidentes de tránsito y 8 entre homicidios y ahogamientos, según los datos oficiales. La tendencia al alza en los incidentes viales se ha mantenido durante el primer trimestre de 2026. Solo en enero se reportaron 48 víctimas mortales en las carreteras, y el acumulado de enero y febrero alcanzó 151 muertes, de acuerdo con el monitoreo de reportes locales.

El balance de las festividades confirma que los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte accidental en Nicaragua en el inicio del año, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, la Cruz Blanca y la cobertura de la prensa local, citados por EFE.

Durante el primer trimestre de 2026, los accidentes de tránsito se consolidaron como una de las principales causas de muerte accidental en Nicaragua, de acuerdo con informes de medios locales y el seguimiento de fuentes oficiales. En enero se reportaron al menos 48 víctimas fatales en las carreteras del país, cifra que aumentó a 151 muertes acumuladas durante los dos primeros meses del año, según datos recopilados por la prensa nacional. Entre enero y mediados de marzo de 2026, al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio, según registros de medios locales. El primer caso ocurrió el 25 de enero en Managua.

La reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en un barrio privado de Salta, en 2023, se desarrolló este miércoles bajo una fuerte presencia mediática, tras la decisión del tribunal de trasladarse a la vivienda donde se produjo el crimen. La diligencia tuvo lugar en el barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad, y estuvo centrada en la exposición del acusado José Eduardo Figueroa, imputado por el delito de homicidio doblemente calificado.

La medida, dispuesta a solicitud de la defensa técnica del acusado, convocó a los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, así como a los representantes de las partes, quienes acudieron al lugar para observar la reconstrucción procesal.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza la representación fiscal en el proceso contra Figueroa, acusado por la muerte de su esposa el 4 de agosto de 2023.

La reconstrucción, según la defensa, tenía el objetivo de verificar si los hechos pudieron ocurrir según la versión del imputado. “Esto es una puesta en escena para ver si el hecho ocurrió o pudo ocurrir de la manera. Eso está absolutamente verificado el día de hoy”, declaró Casabella, defensor del imputado.

Añadió que “todo, absolutamente todo se fue confirmando con las pruebas científicas”. No obstante, aclaró que no se trató de una reconstrucción científica, sino procesal: “Es una representación de lo que cuenta el imputado, nada más”.

Desde la querella, el abogado Jorge Ovejero expresó cuestionamientos sobre la validez de la medida y sus resultados. En declaraciones recogidas por El Tribuno, afirmó: “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”. Hizo hincapié en que la causa de muerte establecida en la autopsia fue asfixia mecánica mixta, por obstrucción de las vías aéreas, nariz y boca, y del cuello, y destacó que “eso no es compatible con esta mecánica que se está proponiendo”.

Ovejero también señaló discrepancias en las características físicas de los participantes en la reconstrucción. “No coinciden las medidas, las alturas de las personas con las medidas y las mecánicas que se proponen en el informe de reconstrucción virtual”, afirmó. Subrayó además que “la teoría o la declaración del imputado tiene muchas inconsistencias con el resto del material probatorio, principalmente con la autopsia, con el informe anatomopatológico y con otros informes de criminalística”.

Toda la secuencia fue registrada para su posterior incorporación al debate oral. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la audiencia de debate se reanudará el jueves 9 con la declaración de cinco testigos del entorno más cercano a la pareja. Los especialistas deberán determinar si la mecánica recreada por el imputado resulta compatible con la evidencia reunida en la causa.

Cómo fue el femicidio

La autopsia que se practicó a Mercedes Kvedaras tras su hallazgo sin vida en 2023 reveló que su muerte fue precedida por un fuerte golpe en la cabeza y que la causa final fue ahorcamiento. El informe preliminar, detallado por el Ministerio Público Fiscal provincial, confirmó la hipótesis de “muerte violenta” y descarta versiones iniciales sobre una herida mortal con arma blanca. El esposo de la víctima, José Figueroa, quien ocupaba el automóvil junto al cuerpo cuando fue encontrado, quedó detenido en el momento.

La autopsia describe que Kvedaras presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda, producto de un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos hallazgos, junto al golpe brutal en el rostro y cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó con el ahorcamiento de la víctima.

El hallazgo del automóvil y ambos ocupantes se produjo tras la desaparición y la alerta del entorno. La reconstrucción de los hechos, basada en las fuentes judiciales, señala que un amigo del propietario acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que el agresor confesaba: “No podía con esto”.

Marisol García, una joven de 24 años de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, lucha por su vida en un hospital luego de ser víctima de un ataque que estremece: la raptaron mientras caminaba, la violaron y la prendieron fuego. Por el hecho, hay un remisero ilegal, de 34 años, que fue detenido el sábado pasado.

La víctima se encuentra en estado muy grave con más del 50 % del cuerpo quemado, internada en el Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Está bajo coma inducido y no ha podido declarar”, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

La agresión ocurrió el pasado 1 de abril, cuando la mujer regresaba a pie a su domicilio tras dejar a su hija en la escuela. La víctima fue abordada en inmediaciones de la esquina de la avenida La Bandera y Zegada por un vehículo, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial 46.

Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.

Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

Tras una rápida investigación, encabezada por la fiscal Romina Núñez, con la intervención de la ayudante fiscal Daniela Guerrero, y el trabajo coordinado de efectivos policiales de la División Homicidios y del Centro de Violencia de Género, el sábado pasado fue detenido L.S., un hombre de 34 años, como presunto autor del ataque.

El arresto se concretó en horas de la madrugada, alrededor de las 3, tras una serie de allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Pampa Blanca. Durante los procedimientos se ordenó el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado como remis, un teléfono celular y prendas de vestir del sospechoso, que son de interés para la causa.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el sospechoso tenía arañazos en el cuerpo y que en el momento del operativo, le descubrieron un tanque de nafta vacío. Se presume que fue usado al momento de incendiar a la víctima. Todo apunta a que actuó solo, aunque no descartan todavía la participación de otras personas.

“Se manejan todas las hipótesis. Es una investigación que recién comienza, aunque arrojó resultados muy rápido”, dijeron fuentes del caso a Infobae.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la imputación formal del detenido ante el juez de Control, por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras continúan las medidas investigativas para el esclarecimiento del hecho. El pedido fue avalado y estará preso preventivamente al menos por los próximos 120 días.

Respecto al acusado, las fuentes indicaron que se trata de un remisero interjurisdiccional sin los documentos que respalden su profesión. “Es un chofer trucho porque no se le encontraron los papeles que lo avalen”, señalaron. El acusado se abstuvo de declarar.

Conferencia de prensa de la familia

La abogada Mariana Vargas junto a la familia García se constituyeron como querellantes en la causa que se encuentra en investigación y esperan que la joven se recupere para aportar su testimonio.

“Está muy lastimada y es terrible lo que sucedió. Hay muchas pruebas y la detención del hombre. Hay que ampliar la imputación por abuso sexual”, detalló la letrada. También destacó el trabajo de la fiscal Núñez: “muy bien las medidas que ordenó, las pruebas, las imágenes de las cámaras”.

Respecto a L.S., el agresor, la abogada señaló que “se secuestraron sus celulares y también el teléfono de la joven fue aportado”. “No parece que lo conociera. Por ahora sería lo que ella le dijo a dos personas mientras estuvo consciente, al hombre que le pide ayuda y a un policía hasta que la llevan al hospital”, relató en conferencia de prensa.

Respecto al estado de salud de la víctima, la abogada dijo que “está evolucionando”, aunque su estado es aún grave.

“Todos los días viajamos a Jujuy a verla y recibir el parte médico todos los mediodías; de a poco se está despertando, aún sigue en estado crítico por las quemaduras. Estamos esperando que se recupere”, deslizó Antonela, una de las siete hermanas.

Asimismo, resaltó que “es importante que la justicia no se ha quedado quieta y esa persona está detenida”.

“Ella está luchando, está aferrada a la vida y más por sus hijitos, las mujeres que somos madres sabemos de esa fuerza. Mi mamá dice que de a poquito quiere mover su cuerpo” indicó.

Por otra parte, Antonela también comentó que desde el Consejo de la Mujer de la provincia se comunicaron con la familia: “Nos fueron a ver al hospital, están presentes”, publicó el diario Jujuy Dice.

El asesinato con más de 40 disparos de Kimberly Nohemy Licona e Iris Yohana Lanza Martínez en Choloma, al norte de Honduras, reaviva el temor y la indignación frente a la exponencial vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante el avance del crimen organizado.

La saña del ataque —armas de fuego de corto y largo alcance, rostro desfigurado de una de las víctimas— pone en primer plano la ausencia de protección estatal y la impunidad, en una zona donde el aumento de la violencia de género y la letalidad contra jóvenes y niñas genera una profunda alarma social.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha vinculado directamente los hechos con estructuras criminales: ambas víctimas, primas entre sí, tenían lazos familiares con Johny Aguilar, conocido como “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18.

Este elemento, añade un matiz de posible “ajuste de cuentas”, según la investigación preliminar.

En el ataque también resultó herido un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, según las autoridades. Su traslado a un centro asistencial en San Pedro Sula amplía la escala del operativo criminal, que buscaba tanto infligir daño físico como enviar un mensaje de advertencia e intimidación en el territorio.

La imagen de este supuesto cabecilla ha circulado en redes sociales junto a las víctimas, lo que ha contribuido a reforzar la versión de las autoridades. Incluso, publicaciones previas de Kimberly en plataformas digitales mostraban fotografías con su hermano, acompañadas de mensajes afectivos como “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”, elementos que ahora forman parte del análisis investigativo.

En medio de la investigación, también han salido a la luz detalles personales sobre Kimberly Licona que han generado conmoción. Familiares confirmaron que la joven era madre de dos niñas pequeñas, lo que ha intensificado el impacto emocional del caso en su entorno cercano. Un mensaje difundido por su cuñada refleja el dolor de la familia tras la tragedia.

“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, expresó, evidenciando el profundo vacío que deja la pérdida.

Organizaciones sociales y familiares han solicitado celeridad y diligencia en la investigación, exigiendo que el Estado responda con políticas efectivas para proteger a las mujeres en contextos de riesgo.

El doble asesinato registrado en Choloma constituye una expresión extrema de la vulnerabilidad y exposición a la que se enfrentan las mujeres en territorios bajo influencia del crimen organizado. Más allá de la relación de las víctimas con líderes pandilleros, los hechos documentados subrayan el ciclo de desprotección y el impacto devastador sobre la infancia y las comunidades.

La Dipampco descartó, las versiones que afirmaban que las jóvenes colaboraban con la policía. En el sitio del crimen no se hallaron rótulos ni mensajes alusivos: la falta de pruebas respalda que se trató de un ataque planificado y dirigido a mujeres con lazos familiares con la organización criminal, no a informantes de las fuerzas del orden.

Criminologos advierten que Honduras atraviesa un momento de incremento en homicidios de mujeres: ataques armados, amenazas, desplazamiento forzado y violencia doméstica son frecuentes. La impunidad, multiplica el riesgo y perpetúa el ciclo de agresiones.

El Estado hondureño, a través de la Dipampco, mantiene la investigación abierta y continúa recabando pruebas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno en municipios como Choloma y otros del Valle de Sula, donde confluyen disputas entre pandillas.

La tensión en el vínculo -y particularmente en la convivencia- era notable, entre escenas de machismo explícito. Emily, para cualquier televidente con un poco de sensibilidad, parecía siempre en peligro.

Hoy, Martínez está preso en la Unidad N°59 de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. El Tribunal N°1 de Morón lo condenó el 25 de marzo último a 15 años de prisión por intentar matar a Emily, darle una golpiza y privarla de su libertad.

Martínez había sido detenido por la Policía Bonaerense el 7 de marzo del año pasado, tres semanas después de que Emily presentara una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó. Allí, la víctima afirmó que su pareja la había golpeado mientras la insultaba. “No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”, le gritó aquella vez.

El caso quedó en manos de la fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI de Violencia de Género de Morón, que pidió el arresto de Martínez tras una investigación minuciosa. La primera medida fue sobre el cuerpo de Emily, que atravesó una revisión forense en el Cuerpo Médico de Moreno-General Rodríguez. La última paliza que le dio Martínez le provocó lesiones en los brazos, cabeza, cara y cuello, con dos ojos en compota.

Así, el 30 de abril del año pasado, Martínez ingresó a un penal provincial. Un mes después, la fiscal Cristini pidió su elevación a juicio con un documento de 45 páginas. Lo que dice este documento es al menos revelador.

Martínez fue acusado de tres hechos; el que llevó a Emily a denunciarlo fue el último en la serie. El primero ocurrió el 11 de octubre de 2024, casi un mes antes del estreno de Love Is Blind. La pareja ya se había mudado a un departamento de Ituzaingó para ese entonces. Según el testimonio de Emily, la empujó contra un placard y la tomó del cuello. Se fueron de vacaciones a Villa Gesell en enero siguiente. Allí, tras una discusión, Martínez tomó a Emily del brazo y la lanzó contra la cama.

El 8 de febrero, de vuelta en el departamento de la pareja en Ituzaingó, el acusado comenzó a golpear a Ceco en la cabeza tras una discusión luego de que Emily regresara de la obra de teatro Sex, en el pico de su breve fama. La lanzó otra vez a la cama. Emily se defendió; lo pateó en los testículos. Enfurecido, Martínez comenzó a asfixiarla, de acuerdo al expediente. Emily mordió su mano. Así, logró zafar. “Hace dos horas no llorabas mientras movías el o... arriba del escenario”, le lanzó Santiago. Luego, la golpeó con el puño en la cabeza, otra vez, una y otra vez.

“Como consecuencia de su obrar disvalioso y para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido aquella madrugada y lograr su impunidad, le dio hielo a la víctima para que lo colocara en su rostro lesionado”, aseveró Cristini en su imputación. Allí, Martínez le dijo a Ceco: “Tranquila, mi amor, que esto en dos días se va a ir”.

Emily intentó irse. Le impidió salir de la habitación minutos más tarde, lo que le valió ser imputado del delito de privación ilegítima de la libertad. “Martínez le pidió perdón por lo que le había hecho y le pidió que se acostaran juntos, a lo cual la denunciante accedió. No durmió por temor”, continúa el expediente.

Al día siguiente, Martínez le rogó que lo perdonara. Le dijo que sería la última vez que la maltrataría. “La denunciante le hizo creer que lo perdonaba aun temiendo por su vida”, continuó la fiscal. Emily tomó su teléfono. Le pidió a su hermana que le enviara un auto de aplicación. Aprovechó una distracción de Martínez. Así, logró escapar.

Qué declaró Emily

La víctima se presentó en la fiscalía el 17 de febrero, menos de una semana después de su denuncia. La violencia latente en Love Is Blind fue parte de su relato. “Durante la grabación hubo situaciones que la hacían sentir incómoda, como agresiones verbales. Santiago le gritaba o le hablaba mal, la culpabilizaba por algunas situaciones, la agraviaba, le decía que esas agresiones eran porque estaba nervioso por la grabación o porque su papá estaba internado en ese entonces”, asegura una transcripción de su relato.

Luego, se mudaron juntos, primero a la casa de los padres de Santiago. Más tarde, a un departamento en Ituzaingó. La violencia verbal comenzó de inmediato. La transcripción sigue: “Era diario que la insultara, dándole a entender que si no se comportaba, la situación podía ponerse peor”. A fines de febrero, la pareja debía postear una story en sus redes para promocionar una pizzería de Caballito. Sin datos en sus teléfonos, buscaron un punto con wifi. El episodio disparó otro episodio de violencia: Martínez, siempre según el relato de su víctima, encerró a Ceco en su auto, para golpearla allí, luego de quitarle su teléfono.

Una noche, como tantas otras, Martínez estalló. Un mensaje de texto de una participante del reality que Emily recibió fue la causa. Según el relato de la víctima, el acusado tomó el teléfono de su pareja y lo rompió. Martínez reaccionó “culpándola y diciéndole que era un teléfono de mierda, que le compraría otro, que era una tarada, una mogólica, una pelotuda, mientras la sujetaba del brazo”. Se enojaba hasta cuando Ceco no limpiaba la caca del gato porque generaba olor. Le decía, según el expediente, “una mugrienta”.

Emily había decidido visitar la obra de teatro Sex para su despedida de soltera; a pesar de toda la violencia sufrida, planeaba casarse por iglesia con Martínez el 22 de febrero de 2025. Su pareja desaprobó la elección. Le aseguró que “era una puta y una pajera, que seguramente había ido a ver pitos y conchas y tetas, que era una degenerada”. Esta discusión, precisamente, llevó a la golpiza final.

La semana pasada, los padres de Martínez hablaron tras la condena. Cargaron contra Ceco en diversas declaraciones. Emily ya los había recordado en su propia declaración un año antes. La madre, dijo, le resultaba “bastante intensa”. El padre de Martínez -que según su hijo, lo crió con “mucho huevo”- era un tanto más inquietante. “Siempre contaba anécdotas haciendo alusión a que tenía armas de fuego en su domicilio... Si alguien le entraba a robar a casa, lo mataba directamente”.

La indagatoria de Martínez y la reacción de la fiscal

El acusado aceptó ser indagado tras su arresto por consejo de su defensa. Allí, reconoció que le preguntó varias veces a Ceco “si había hecho algo” en la obra Sex. Emily le admitió que sí, que la obra “era participativa”. “Me dijo que le tocó la cola a un chico, yo me imaginaba, pero quería que ella me lo contara”, siguió.

Martínez admitió la golpiza poco después, relativizándola, al hablar de “zamarreos”. Según la Justicia, intentó asfixiarla en ese momento, lo que le valió la imputación de tentativa de femicidio.

Su relato fue considerado por la Justicia como parcializado. El informe victimológico de la causa, que detalla “la violencia psicológica y emocional como despliegue de estrategias de control hacia la víctima”, lo contradijo fuertemente, así como el informe del Cuerpo Médico que describió los golpes sufridos por la víctima.

Cristini consideró su testimonio “una burla a la inteligencia; a poco que me remita al reconocimiento médico de la víctima, surge claramente que las lesiones allí descriptas no son producto de zamarreos y forcejeos, no solo por la cantidad que posee, sino por el modo de producción allí descripto”. Es decir, le dio una literal paliza. Luego, según la acusación, intentó matarla.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el testimonio de María Mercedes Ibarra aportó detalles clave sobre el hallazgo del cuerpo y la secuencia de hechos ocurridos el 4 de agosto de 2023 en el barrio El Tipal, provincia de Salta.

La mujer fue la primera en declarar durante la audiencia realizada este lunes. De esta manera, describió también las circunstancias en las que encontró al acusado del crimen, José Eduardo “Jota” Figueroa.

De acuerdo con el testimonio relevado por el medio local El Tribuno, al llegar a El Tipal, Ibarra relató que descendió del vehículo y se acercó al auto estacionado dentro del terreno de “Lalo” Figueroa, padre del implicado. Observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien llamó a la Policía para dar aviso de la situación. La búsqueda se había iniciado esa misma mañana, ante la falta de contacto con la joven y con Figueroa; el hallazgo confirmó la muerte de Kvedaras y desencadenó la intervención policial y judicial, con la investigación centrada en un contexto de violencia de género.

En su declaración, Ibarra explicó que su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y que el propio acusado era acreedor de su empresa. Detalló que en ocasiones trabajaban juntos y que Figueroa era cliente suyo, además de mantener una deuda económica con él. Con respecto al acusado aseguró que “era muy solidario, siempre fue amable” y que días antes del crimen se habían reunido para hablar sobre la situación crítica de su empresa.

Sobre la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía entre ambas familias. Durante su exposición, la testigo se mostró visiblemente afectada y lloró en reiteradas oportunidades.

En la misma jornada declaró Manuel Kvedaras, hermano de la víctima, quien relató el impacto al ver el cuerpo de Mercedes durante el sepelio. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, y señaló que la magnitud de las lesiones lo llevó a decidir que el velorio fuera a cajón cerrado tras advertir un moretón en la frente de su hermana.

Manuel aportó un dato clave a la investigación: durante la búsqueda, logró localizar el teléfono celular de Mercedes porque tenía la contraseña del dispositivo desde 2019, cuando ella le había pedido ayuda con un equipo perdido. Mientras trabajaba en Buenos Aires, utilizó esa información y avisó a su madre que el teléfono estaba en la zona de la casa de “Lalo” Figueroa, padre del acusado.

El hermano reconstruyó los días previos al crimen, describiendo un vínculo deteriorado entre Mercedes y Figueroa. En ese sentido, detalló que el 29 de julio la víctima le pidió apoyo para separarse y le comentó que Figueroa “estaba muy enojado”. Ese día, Mercedes le envió mensajes en los que relataba discusiones y humillaciones sufridas, y le pidió que la acompañara para no enfrentarlo sola. Manuel reconoció que no accedió a ese pedido.

Aclaró que durante años mantuvo una relación cercana con el imputado, a quien consideraba amigo y confidente, aunque observó malos tratos en la pareja, sin registrar agresiones físicas directas. Recordó que desde fines de 2022 Mercedes había comenzado a plantear la separación y había convocado a sus hermanos a conversar sobre el tema.

El debate se desarrolla ante un tribunal compuesto por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, la querella es representada por el abogado Jorge Ovejero y la defensa del imputado por Juan Casabella Dávalos. El juicio, que tiene como único acusado a José Eduardo “Jota” Figueroa por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días.

En un hecho que expone las limitaciones del sistema carcelario en el sur de la provincia, la Justicia de Neuquén dispuso prisión domiciliaria para un hombre acusado de intentar matar a su expareja al incendiar su vivienda en un paraje próximo a Villa Pehuenia, luego de que la fiscalía confirmara que no existen plazas para detenidos en la zona.

El episodio tuvo lugar la mañana del 5 de abril, cuando el imputado identificado por las siglas A.G.P. prendió fuego de manera deliberada la casa donde dormía la mujer, utilizando un bidón con combustible, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

De acuerdo con la acusación encabezada por el asistente letrado Gastón Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, el ataque fue calificado de modo provisorio como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La víctima logró despertar, escapar de las llamas y pedir ayuda a vecinos, lo que permitió frustrar el desenlace fatal.

El caso tiene indicios de violencia machista, debido a una frase que habría pronunciado el imputado y que consta en el expediente judicial. Según detalló el MPF, en el marco del hecho el agresor le recriminó: “esto es porque saliste”, una frase que, para los investigadores, refuerza el contexto de violencia de género.

La investigación sostiene que el incendio comenzó en el lateral de la construcción, ubicada sobre la ruta provincial 13. En el lugar, la policía incautó el bidón con restos de combustible utilizado durante el ataque, una prueba que ahora será sometida a pericias químicas. La denuncia de la víctima y los testimonios de terceros que acudieron en su auxilio forman parte del cuerpo de evidencia, junto con las actuaciones policiales, según expuso la fiscalía durante la audiencia.

Uno de los aspectos discutidos en la instancia judicial tuvo que ver con la jurisdicción aplicable al caso, dado que el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche. La fiscalía subrayó que la gravedad del hecho, encuadrado como tentativa de femicidio, excluye la posibilidad de un abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención de la justicia penal ordinaria. El juez de garantías Lisandro Borgonovo validó este criterio y consideró que la descripción inicial permite sostener la hipótesis de intento de homicidio agravado en el marco de violencia de género.

La fiscal Pizzipaulo explicó que desde el Ministerio Público Fiscal se evaluó solicitar prisión preventiva para proteger la integridad de la mujer, quien actualmente se encuentra “aterrorizada”, en situación de vulnerabilidad y sin vivienda tras el siniestro. Sin embargo, la funcionaria remarcó que en la región del Pehuén no existen plazas disponibles para alojar a nuevos detenidos, lo que imposibilitó la opción de un arresto en una unidad carcelaria convencional. Por este motivo y “con el fin de resguardar a la víctima”, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria del imputado por 30 días, que a la postre se benefició por las circunstancias de dificultades en la infraestructura del sistema carcelario en esa región del país.

El magistrado Borgonovo coincidió con este planteo y ordenó que A.G.P. permanezca bajo arresto domiciliario durante un mes, con autorización para salidas laborales bajo control policial. Además, le impuso prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio y dispuso medidas para garantizar su protección ante el riesgo de nuevos episodios.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la investigación continuará durante los próximos tres meses, periodo en el que se completarán las pericias químicas y bomberos elaborarán los informes técnicos para determinar el alcance del incendio y la peligrosidad del foco ígneo provocado. La fiscalía mantiene su calificación provisional de tentativa de femicidio y continuará recabando pruebas y testimonios que permitan llegar a juicio.

Mientras miles de ciudadanos participaban en procesiones, actividades religiosas o disfrutaban del turismo, distintos hechos sangrientos se registraron en varias regiones del país, dejando al descubierto una realidad persistente: la inseguridad continúa afectando a la población sin importar la fecha.

1. Mujer hallada calcinada en Choloma

2. Asesinan a mujer y luego hallan muerto al agresor

3. Exagente policial asesinado

4. Matan a conductor de transporte en San Pedro Sula

5. Encuentran cadáver envuelto en plástico en Choloma

6. Joven secuestrado y asesinado en la capital

7.Hallan cadáver de un joven en colonia Luisiana

8. Mujer asesinada con piedras en Tegucigalpa

9. Hombre degollado por un “amigo” en Copán

10. Ataque con machete en Lempira

11. Hallan cuerpo sin vida en una cuneta

Cada caso, desde asesinatos selectivos hasta ataques armados y hallazgos de cuerpos, refleja la urgente necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la acción de la justicia y proteger a los sectores más vulnerables.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la ciudadanía enfrenta un clima de temor e incertidumbre que pone de relieve los retos estructurales en materia de seguridad pública y prevención del crimen en el país.

La ciudad de Santa Fe se vio sacudida este viernes por la noticia de una reconocida investigadora del Conicet y su pareja hallados muertos en su domicilio, en el barrio Candioti Norte. La Justicia investiga el hecho bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, luego de que un familiar se acercara al domicilio ante la falta de respuestas de Silvina Rosa Drago, de 56 años, y Héctor Osvaldo Riego, de 63.

Al ingresar, el familiar encontró a ambos sin vida junto al cuerpo de uno de los perros del hogar. Tras ello dio aviso a las autoridades, que arribaron al lugar junto a peritos de la Policía de Investigaciones.

El reporte policial indica que ambos presentaban heridas de arma de fuego. Drago tenía al menos ocho disparos, mientras que Riego mostraba una sola herida compatible con suicidio. Junto a ellos, uno de los perros también apareció muerto por disparos, y otro can fue hallado herido con un golpe en la cabeza.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Estanislao Giavedoni, dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia y ordenó la asistencia veterinaria para el animal herido.

En el lugar, los peritos secuestraron una pistola calibre 6.35 debajo del cuerpo del hombre. Según las primeras estimaciones forenses, las muertes habrían ocurrido cerca de 24 horas antes del hallazgo, aunque la investigación sigue en curso para establecer la secuencia exacta de los hechos.

La noticia generó conmoción en el ámbito académico y científico. Silvina Drago era bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y se desempeñaba como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Había sido distinguida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal en 2023 por su trayectoria internacional y su aporte al desarrollo científico. En febrero de este año, había alcanzado el máximo escalafón dentro del Conicet.

Con más de 165 publicaciones en revistas científicas y libros internacionales, Drago dirigía las carreras de posgrado de la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su carrera se extendió a la dirección de proyectos de investigación nacionales, provinciales e internacionales, así como a la formación de numerosos profesionales y científicos.

La Facultad de Ingeniería Química de la UNL expresó su pesar a través de un comunicado: “Con profundo pesar les informamos del fallecimiento de la Dra. Silvina Drago, docente-investigadora de FIQUNL, Vicedirectora y Responsable del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Casa. Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico, participó en proyectos y redes internacionales y dirigió tesis doctorales, de maestría y trabajos finales de carrera”.

“También se desempeñó como Directora del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL. Recientemente, había sido declarada Santafesina Destacada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe y promovida a la categoría de Investigadora Superior de CONICET. Por este motivo, se decreta duelo institucional para el día de hoy (03/04/2026). Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, cerró el comunicado.

La investigación sigue para reconstruir lo sucedido.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

Jorge Javier Grasso, uno de los acusados en la causa por el femicidio de Milagros Micaela Basto, fue alojado en la cárcel de mujeres de Bouwer. Así lo decidió la Justicia porque figura con género femenino en su DNI, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El pabellón donde se encuentra Grasso fue creado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para personas que declaran autopercibirse mujeres, aunque hayan sido registradas varones al nacer.

En el documento de Grasso ya aparece el sexo femenino desde noviembre de 2024, aunque se mantiene su nombre legal. La decisión del traslado fue ordenada por la fiscalía a cargo de José Bringas.

Grasso está imputado por encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Milagros Basto, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un placard en un departamento del centro de Córdoba.

El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando albañiles hallaron el cuerpo mientras realizaban tareas en el departamento donde vivía Horacio Antonio Grasso, hermano de Jorge Javier y principal imputado por el crimen.

Horacio Grasso es un ex comisario con un oscuro prontuario: fue condenado en 2007 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos -quien fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una balacera entre bandas narco-, fue hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa y este año recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

Pese a todos estos antecedentes, habría conseguido el beneficio del arresto domiciliario, con tobillera electrónica. La cumplía en el departamento donde a principios de julio hallaron el cadáver de Milagros.

Actualmente está detenido, alojado en la cárcel de varones de Bouwer.

Su hermano Jorge Javier fue capturado el mes pasado en Tartagal, Salta, luego de permanecer prófugo durante meses. En esa oportunidad, intentó evitar ser identificado usando documentación en la que ya figuraba como mujer.

No era su primera vez bajo arresto: en 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoceTV.

Según trascendió, las autoridades provinciales evalúan pedir el traslado de los hermanos Grasso a una cárcel de máxima seguridad o a un penal de Buenos Aires.

“¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo Matías Alejandro Guiñazú (46) a uno de los vecinos, que logró ver desde la ventana parte del brutal ataque que culminó con la vida de María Soledad Ibañez el 31 de marzo de 2024 en la casa que ambos compartían en Merlo. Dos años más tarde, la Justicia de Morón resolvió condenarlo a prisión perpetua como autor del femicidio.

Este martes se dio a conocer el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, integrado por la jueza Mariela Moralejo Rivera, Federico Topino y Gabriel Tomassetti, quienes encontraron a Guiñazú culpable de homicidio agravado por vínculo y por mediar violencia de género. Se trató de una decisión unánime que no dejó dudas sobre la autoría y la intencionalidad del crimen.

La decisión del tribunal coincidió con la postura de la fiscal Graciela Biassotti, quien sostuvo la acusación durante el juicio, apoyada en la instrucción realizada por los fiscales María Laura Cristini y Hernán Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón.

Además, durante la lectura de la sentencia estuvo presente la madre de la víctima, Margarita Villarreal, los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, los familiares de otras víctimas que acompañaron la causa y los allegados a Soledad.

El eje central del juicio fue el testimonio de un vecino, quien llegó al domicilio, ubicado en la calle José Martí al 500, tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. Según relató ante el tribunal, vio a Ibañez ensangrentada y casi sin poder hablar, mientras Guiñazú sostenía una cuchilla. “¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo el acusado antes de arrojar a la mujer al suelo.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el testigo relató que continuó apuñalando a la mujer, incluso después de que arribara una patrulla policial. Todo quedó registrado en un video donde se observaba a Guiñazú mientras seguía atacando a la víctima ya sin vida. Al mismo tiempo, desafiaba a los policías: “Tírame, ¿qué esperás? Mátame de una vez”.

En paralelo, el informe pericial reveló que el ataque comenzó en la cocina y prosiguió en el dormitorio, lugar donde la víctima fue escuchada pidiendo ayuda. Los peritos describieron el escenario como un espacio “con manchas de sangre por todos lados”. Otro testigo presencial ratificó que Guiñazú sostenía el cuchillo y amenazaba con matar a cualquiera que intentara intervenir, mientras se negaba a soltar tanto el arma como a la víctima.

Luego de haber terminado con la vida de Soledad, Guiñazú intentó autolesionarse con la misma cuchilla tras el crimen, pero fue reducido por los efectivos policiales y hospitalizado en estado grave. Tras recuperarse, permaneció detenido en la Unidad Penal N° 34 de Melchor Romero.

Durante el juicio, los especialistas en salud mental calificaron al acusado como “celoso y controlador”. Por este motivo, el cuerpo médico descartó una reacción de emoción violenta y definió el hecho como un “acto premeditado y con alevosía”.

Incluso, las amigas de la víctima relataron que desde el inicio de la relación, en enero de 2023, notaron cambios en Ibañez: estaba aislada, temerosa y había dejado de ver a su entorno. Además, indicaron que el agresor controlaba sus redes sociales y que la joven había aparecido con moretones y signos de maltrato en varias ocasiones.

En alguna que otra oportunidad, la joven había reconocido que las cosas no iban bien en la relación y que quería terminar el vínculo, pero que el sospechoso se negaba a abandonar la casa. Allí también vivía la madre de Soledad, pero no se encontraba en la propiedad en el momento del ataque.

Por otro lado, se conoció que Guiñazú contaba con antecedentes de violencia de género. Se trató de una relación anterior, en la que terminó denunciado ante la Justicia y condenado a siete meses por desobediencia y violación de domicilio.

Desde ese entonces, el condenado se había quedado sin trabajo fijo y hacía changas para sobrevivir. Tampoco tenía un lugar en donde vivir, por lo que la joven lo había invitado a vivir con ella en su casa. No obstante, al haberle pedido de forma definitiva que se fuera de la propiedad, este decidió terminar con su vida.

Este miércoles, inicia el juicio oral y público contra José Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su esposa, Mercedes Jiménez Kvedaras, dentro del barrio cerrado El Tipal, en Salta el 4 de agosto de 2023. La apertura del proceso, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, marca un hito en la provincia, tanto por el despliegue técnico previsto como por la expectativa social en torno al caso.

La secuencia comenzó aquella mañana, cuando Figueroa, de 47 años y abogado, envió un mensaje de WhatsApp a un amigo íntimo: “No puedo con esto”. El destinatario, conocedor de la reciente separación de la pareja, acudió a la vivienda y, al no recibir respuesta, alertó al 911. La Policía desplegó un operativo cerrojo en el country hasta ubicar el Volkswagen familiar en un terreno baldío, colindante a una propiedad de la familia del imputado.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron a Mercedes Jiménez Kvedaras, de 37 años, sin vida en el asiento trasero, mientras que Figueroa se encontraba en estado crítico, con lesiones de arma blanca en el cuello y las muñecas. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la hipótesis inicial de un accidente doméstico fue refutada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica mixta, combinando estrangulamiento manual y sofocación. Los forenses documentaron un total de 40 lesiones, entre ellas un golpe en el rostro compatible con un puñetazo técnico, marcas de presión en el cuello, raspaduras en las rodillas y una herida punzante superficial en la zona lumbar. El informe permitió reconstruir que el ataque se originó en la vivienda y que Figueroa trasladó el cuerpo al automóvil, buscando ocultar el crimen.

El debate oral, que se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026, contará con la intervención de los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. El cronograma judicial prevé la citación de 80 testigos, incluyendo familiares, amigos, 10 efectivos policiales, 15 profesionales médicos y 18 peritos de distintas especialidades, desde criminalística hasta genética molecular. Además, especialistas en informática forense analizarán los dispositivos digitales de la víctima y el imputado. Según informó el medio tucumano La Gaceta, en el juicio cobrará centralidad el abordaje de la salud mental, con la intervención de 9 psicólogos y psiquiatras, quienes elaborarán informes sobre el perfil del acusado.

La protección de los hijos menores de la pareja constituye otro eje del proceso. Sus testimonios serán reproducidos mediante sistemas de circuito cerrado de televisión, con el objetivo de resguardar su integridad psicofísica y evitar la revictimización, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.

La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostiene la acusación de femicidio y solicita la pena de prisión perpetua para Figueroa. “La prisión preventiva sigue siendo la única vía para garantizar que el imputado comparezca al juicio, debido al peligro de fuga vinculado a la expectativa de una condena”, argumentó la representante del Ministerio Público. Tanto el abogado querellante Jorge Ovejero como la asesora de Incapaces Martha Bustos respaldaron la postura de la Fiscalía.

El proceso de llegada del imputado al banquillo no estuvo exento de debates técnicos. En febrero de 2024, la Sala IV del Tribunal de Juicio prorrogó la prisión preventiva del acusado por un año, medida que cumple en la Unidad Carcelaria 1 de Salta desde agosto de 2023. La defensa, a cargo de Juan Casabella Dávalos, solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y el pago de una caución, además de asumir los gastos de vigilancia policial, propuestas que fueron rechazadas por el tribunal. Los jueces consideraron que solo la privación de libertad efectiva garantiza la plena realización del juicio.

Durante la audiencia que definió la nueva integración del tribunal, se registraron tensiones y objeciones sobre la modalidad de sorteo que designó a Eduardo Sángari como presidente del tribunal, procedimiento objetado por la Fiscalía y la querella, aunque finalmente se desestimaron los reclamos, según consignó Infobae. Además, el debate estuvo atravesado por un incidente de violencia verbal entre el defensor Casabella Dávalos y la fiscal Sodero Calvet, episodio que motivó el llamado al orden por parte del tribunal.

La acusación sostiene que la evidencia científica reunida en agosto de 2023 permitirá esclarecer los hechos y transformar la investigación en una sentencia definitiva.

Después de que se cumpliera un mes del femicidio de Thania Santillán, la Justicia de Santiago del Estero ordenó dos años de prisión preventiva para su ex pareja, Cristian Salto, quien está acusado de haberle disparado mientras la tenía retenida en una zona montañosa de Las Tinajas.

En el cierre de la audiencia realizada este jueves, la jueza de Género Norma Morán resolvió que el único imputado por el crimen tendrá que pasar los próximos dos años en la cárcel previo a enfrentar un juicio oral. Para la decisión fueron claves los resultados de la autopsia practicada a la víctima.

Esta misma semana, se dio a conocer que el informe forense comprobó que Santillán murió producto de los dos disparos de arma de fuego que recibió ese 20 de febrero. Además, se constató que presentaba una costilla fracturada y que uno de sus pulmones había colapsado.

Bajo el punto de vista de los peritos, las heridas detectadas en el cuerpo de la joven fueron calificadas como fatales. Por este motivo, se reforzó la hipótesis de que, antes de ser asesinada, Thania sufrió un ataque violento mientras estuvo privada de su libertad.

Frente a esta decisión, la querella, representada por el abogado Gilberto Perduca, adelantó durante un diálogo con La Mañana de Info que pedirán que Salto sea condenado a la pena máxima, tras indicar que había nuevos elementos en la causa que agravarían la responsabilidad penal del acusado.

“La ejecutó a quemarropa. No estamos ante un simple homicidio agravado, sino ante un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía y por ensañamiento”, denunció al remarcar que le apuntó en la sien “para asegurar el resultado”. Incluso, alegó que habría pruebas para comprobar que la joven estaba inmersa en un contexto de amenazas previas y fallas en los sistemas de protección.

De la misma manera, el letrado aseguró que ninguna de las partes cuestionó los resultados de la autopsia, en donde señaló que se comprobó que la víctima primero recibió un disparo que causó lesiones internas graves y, ya caída en el suelo, fue ultimada con un tiro en la cabeza.

“No hubo emoción violenta. Hubo una ejecución. Primero la hiere y luego, cuando estaba indefensa, le coloca el arma en la sien y dispara para garantizar la muerte”, ratificó Perduca al indicar que iban a pedir una condena perpetua por la gravedad de los hechos.

Sumado a las pericias, el abogado de la familia remarcó en la audiencia que también había indicios que evidencian un escenario de hostigamiento y peligro. Como parte de los elementos que deberán ser analizados, mencionó la existencia de unos mensajes enviados por la joven a sus familiares en los que advertía sobre amenazas directas de su ex pareja.

Según el abogado, Thania alertó en esas conversaciones que Salto tenía la intención de matarla. Además, indicaron que la diferencia de este caso con otros similares sería que la joven había intentado denunciar la situación y solicitar medidas de protección. Sin embargo, no pudo concretar la denuncia ni acceder a la asistencia necesaria debido a obstáculos burocráticos y demoras administrativas.

“Ella había buscado ayuda para resguardar su integridad. Tenía intención de denunciar y hay elementos que lo acreditan, pero por distintas circunstancias no pudo acceder a esa protección. Lamentablemente, no llegó a tiempo”, apuntó el letrado al afirmar que la investigación, encabezada por la fiscal Lucía González Farías, avanzaría con rapidez debido a la contundencia de las pruebas.

Por este motivo, Perduca consideró que “el caso está prácticamente probado. Restan algunas pericias, pero entendemos que en poco tiempo estarán dadas las condiciones para pedir la elevación a juicio”. Mientras tanto, el acusado permanecerá alojado en el Centro Único de Detenidos, a la espera de que se completen las pericias psicológicas y psiquiátricas.

Aunque la causa estaría por ser elevada a juicio, el abogado relató que la familia de la joven estaría devastada, sobre todo, su madre. “Está destruida. La estamos acompañando y ofrecimos asistencia psicológica para atravesar este momento tan duro”, indicó al valorar el gesto de la jueza en manifestar sus condolencias a los familiares de Thania.

Luego de que se conocieran los resultados de la autopsia que le practicaron a Thania Santillán, la joven de 22 años que fue asesinada por su ex pareja en Santiago del Estero, se confirmó que este jueves Cristian Salto participará de una audiencia clave, en donde se definirá su situación procesal.

A poco más de un mes del brutal femicidio, el informe forense reveló que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego y lesiones fatales, como una costilla fracturada y el colapso de un pulmón. Este tipo de lesiones reforzaría la gravedad del ataque que sufrió mientras estuvo cautiva.

De la misma manera, el análisis determinó que uno de los disparos ingresó por la sien derecha, atravesó el encéfalo y quedó alojado en el parietal izquierdo, con una trayectoria de adelante hacia atrás. Por este motivo, los peritos precisaron que este último impacto podría haber sido realizado a quemarropa, lo que indicaría que se habría tratado de una agresión directa y sin posibilidad de defensa.

No obstante, el segundo disparo se habría efectuado a mediana distancia. A partir de esto, se decidió convocar a una audiencia para evaluar la situación procesal de Salta. Según la información publicada por Diario Panorama, el acto será encabezado por la jueza Norma Morán y no se descartaría la posibilidad de que le dictara una prisión preventiva al único acusado.

La ex pareja de Thania es el principal y único acusado por su muerte. Por este motivo, permanece detenido desde el 20 de febrero, luego de que fuera detenido tras estar más de seis horas atrincherado en la zona montañosa a donde había llevado a la fuerza a la víctima para asesinarla.

Durante el operativo coordinado por la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y el Cuerpo Guardia de Infantería, los efectivos desplegaron tácticas de contención, negociaron con el sospechoso e implementaron un cerco de seguridad. De acuerdo con la reconstrucción de Nuevo Diario, la tensión se extendió debido a que Salto amenazó con quitarse la vida mientras intentaban persuadirlo.

Una vez detenido, el hombre quedó imputado por el femicidio y fue trasladado a dependencias policiales. En la escena del crimen, encontraron el cuerpo de la joven junto a su motocicleta. Asimismo, las autoridades incautaron un rifle, que sería el arma empleada en el crimen y que será presentado como prueba central en la causa.

Poco después se conocería que la joven y su asesino le habían puesto final a su relación el año pasado, pero habrían mantenido el contacto debido al tiempo que estuvieron en pareja. Por este motivo, ambos habían planeado realizar un viaje en motocicleta.

Según reconstruyeron los investigadores, el día del crimen, Thania salió de su casa a las 05:00 horas, cuando Salto pasó a buscarla. Así, la víctima tomó su mochila y encendió su motocicleta Honda Wave 110. Desde ese punto, recorrieron unos 10 kilómetros, entre las 05:30 y las 09:00 horas.

Hasta el momento, lo que sucedió en ese lapso horario sería un misterio para la causa. No obstante, la Fiscalía sospecharía que ambos habrían discutido y, en ese momento, Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego hasta llevarla hacia la zona donde sería asesinada.

Desde ese momento, se encontraron registros de que la joven advirtió a su madre, su tía y su prima que temía por su vida porque su ex novio estaba armado. “Estoy con miedo, está armado”, escribió en los mensajes. Incluso, se contactó con la Policía para pedir auxilio, pero no habría obtenido respuesta.

Después de que concluyera el operativo y Salto quedara detenido, las autoridades informaron que había confesado ser el autor de los disparos que mataron a Thania. De hecho, la fiscal a cargo de la causa, Lucía González Farías, reveló que le había asegurado que estaba “muy triste” por lo sucedido. No obstante, se ordenó su traslado al Centro Único de Detenidos, donde permanece bajo custodia policial.

A más de dos meses del femicidio de Érika Antonela Álvarez, la Justicia de Tucumán reconstruyó cómo fue la ruta tomada por el principal acusado, Felipe Sosa, para deshacerse de su cadáver en un basural de la localidad de Yerba Buena. Además de identificarse una camioneta para el trasladado, plantearon la posibilidad de que el ex militar hubiera contado con la colaboración de uno de los detenidos.

A partir de los avances que hubo en la causa por medio de los peritajes, videos de seguridad y testimonios, se ordenó la detención de un total de cuatro personas que habrían estado involucradas en el hecho. No obstante, las autoridades evaluarían la posible participación de funcionarios vinculados al ámbito judicial que habrían encubierto la trama.

Hasta el momento, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave basado en el análisis minucioso de registros fílmicos y declaraciones. En el documento, indicaron que la ventana horaria en la que se habría cometido el crimen iría desde la noche del 6 de enero hasta la madrugada del 7.

Según reveló la autopsia, la víctima sufrió varios golpes en la columna vertebral, la cabeza y el rostro. Aunque, bajo el punto de vista de los forenses, la lesión letal fue producida en las vértebras del cuello. El contexto del ataque todavía estaría bajo evaluación por parte de los investigadores.

No obstante, las maniobras propias para poder deshacerse de su cuerpo habrían comenzado durante las primeras horas de la mañana. Un testigo clave, identificado como Navarro, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, previo a pedirle que fuera a su vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el conocido de Sosa arribó al domicilio cerca de las 09:00 horas y aseguró que el acusado se encontraba “nervioso”. Además, tenía una pala en la mano y le mostró un cuerpo que estaba en el interior de la casa. A pesar de esto, no manifestó haber reconocido a la víctima, ni siquiera verle el rostro.

A partir de esto, el ex militar habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo de la joven. Para el Ecif, el acusado diseñó un trayecto pensado para eludir calles y zonas, en donde hubiera cámaras de seguridad activas. Sin embargo, hubo algunos registros captados que permitieron trazar el recorrido que habría hecho esa mañana desde su vivienda hasta el basural.

La maniobra habría comenzado a las 10:33 horas, cuando una cámara documentó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. Posteriormente, el vehículo desaparece de los registros durante casi 23 minutos, periodo en el que se presume que Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, evadiendo zonas vigiladas y cargando finalmente el cuerpo en la caja del vehículo.

A las 10:57, la misma camioneta pasó nuevamente frente al domicilio; a las 11:09 se la registró en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permanece brevemente en la ubicación donde el cuerpo sería posteriormente hallado. Se calculó que el acusado solo habría requerido de unos 10 a 15 minutos para abandonar el cadáver de Erika.

El regreso del vehículo también quedó documentado en otro set de cámaras. Luego de que abandonara la zona descampada, un nuevo avistamiento se realizó del vehículo en el Camino de Sirga a las 12:08. Minutos más tarde, es decir, a las 12:11, volvió a ser visto por la Avenida Aconquija, tras lo cual retorna a las inmediaciones de la vivienda original.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal apuntó que los movimientos registrados reforzarían la hipótesis de planeamiento deliberado para ocultar evidencias, aportando elementos clave al avance del proceso penal. Además de Sosa y Navarro, hay otras dos personas detenidas. Una de ellas sería J. G., una empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

De acuerdo con la causa, la funcionaria pública aparece mencionada por presuntamente haber estado presente en el domicilio la noche de los hechos. Incluso, fue señalada como la supuesta responsable de haberle entregado las llaves de la camioneta Amarok, facilitando el escape de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, lo que abriría nuevas líneas de indagación sobre el posible encubrimiento institucional.

Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Panamá, sumando seis femicidios en lo que va del año y tres en lo que va de marzo.

Los cuerpos de las víctimas, que se presumen sean menores de edad, presentaban heridas de bala y fueron encontrados abandonados en una carretera que conduce de Kuna Nega a Chivo Chivo, en la ciudad capital, vía que en horas de la noche permanece desolada, según se informó.

Una de las mujeres fue encontrada en el medio de la vía, mientras que la otra estaba en una cuneta, al costado de la carretera.

De tez trigueña y contextura delgada, una de las féminas vestía suéter verde y pantalón corto negro. Presentaba una herida en la quijada y un impacto de bala en la muñeca izquierda. A un costado del cuerpo fue ubicada la parte frontal de una bala, como integrante de la escena. La segunda mujer, también de contextura delgada, llevaba abrigo azul oscuro y pantalón corto a rayas. Tenía hematomas en el cuerpo. Ambas mantenían pulseras en sus extremidades, informó el Diario Critica.

Estas dos muertes se suman a la de la abogada identificada como Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, a quien sicarios en moto la asesinaron el 7 de marzo en horas de la noche en el sector de Costa del Este, mientras iba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo camioneta.

Las víctimas de los seis femicidios registrados hasta el momento tenían edades comprendidas entre 18 a 44 años, y sus victimarios utilizaron armas blancas, de fuego e incluso incendiarismo.

Del 1 de enero al 28 de febrero de este año las estadísticas oficiales dan cuenta de tres femicidios y siete intentos de femicidio. Los asesinatos de registraron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá.

Un informe del Ministerio Público revela que durante el quinquenio 2019 - 2023 en el país se perpetraron 110 femicidios y 69 tentativas.

Durante el periodo de referencia el mayor número de víctimas se concentró en edades que oscilaban entre 18 a 49 años, observándose un incremento de víctimas en edades de 0-17 años.

Otro elemento que detalla el diagnóstico es que los femicidios fueron causados mediante el uso de arma blanca (46.4%), seguido por arma de fuego (19.0%), asfixia mecánica (13.6%), y el uso de objeto contundente (10.0%).

El uso de este tipo de armas también prevalece en las tentativas de femicidio.

En su informe, el Ministerio Público explica que los femicidios en Panamá son de carácter íntimo, es decir, se producen en contextos de relaciones de pareja, actuales o anteriores, aun cuando éstas fuesen ocasionales y en contextos de relaciones familiares.

La autoridad de investigación aclara que éstos no son los únicos espacios de ocurrencia de femicidios en el país.

Durante el quinquenio 2019 - 2023, las regiones con mayor número de femicidios fueron las provincias de Panamá (27.0%), Panamá Oeste (21.0%), Chiriquí y Colón (13.0%) cada una.

A esta lista se incorpora la comarca indígena Ngäbe Buglé, que en los últimos años ha aportado a los registros el 11.0% de las víctimas, aduce el documento.

Esto incide en que estas cinco provincias agrupen el 84.5% de los femicidios perpetrados durante el periodo en referencia, en tanto que el 15.5% restante corresponden a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

A poco más de dos semanas de la muerte de Iris Blanco, la mujer de 33 años que fue brutalmente golpeada por su pareja en Córdoba, la Fiscalía resolvió imputar a Ernesto David Romagnoli (36) por el femicidio de la enfermera.

La decisión fue confirmada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, de Alta Gracia, quien impuso la figura de homicidio doblemente agravado, es decir, femicidio al principal acusado de agredir a la víctima el pasado 14 de febrero en la ciudad de Pilar.

Para poder atribuirle los cargos mencionados, las autoridades consideraron que estaba probado que Blanco había sido víctima de violencia de género durante su vínculo con Romagnoli. Asimismo, apuntaron que los resultados de la autopsia fueron claves para modificar la carátula inicial por lesiones leves calificadas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los forenses determinaron que “los golpes que tenía la víctima fueron ocasionaron la muerte”. De la misma manera, indicaron que se encontró una fractura en la zona cercana al cráneo que sería un posible indicador de la agresión letal.

Iris Blanco era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera. Sin embargo, sus hijos eran producto de otro matrimonio anterior, ya que la relación con Romagnoli era reciente. Lo había conocido por una aplicación de citas, mientras el acusado se encontraba preso.

Luego de que el hombre recuperó la libertad en mayo de 2025, la pareja comenzó a convivir en la ciudad de Oncativo. En principio, el imputado compartía el mismo techo que los hijos de la víctima, pero el padre de los menores denunció que eran víctimas de violencia y le aplicaron una restricción judicial para que no pudiera acercarse a ellos.

Durante una de las movilizaciones convocadas para pedir justicia por Iris, su ex pareja y padre de los nenes, Sergio Vega, aportó detalles reveladores sobre el nivel de control y sometimiento que Romagnoli ejercía sobre la mujer. “No había un minuto para hablar con ella porque él la llamaba y le decía: ‘¿Qué es lo que hacés, qué es lo que no hacés?’“, describió.

El testimonio incorporó un dato inquietante relativo al acceso del acusado a videollamadas durante su tiempo en prisión, ya que para Vega esa posibilidad le permitió continuar con lo que describió como una “amenaza constante” a la víctima.

La relación con el detenido no solo rompió el vínculo familiar previo, sino que transformó profundamente la conducta habitual de la mujer. De acuerdo con el relato de Vega, hubo un cambio perceptible en Blanco, que pasó de intervenir activamente en los desacuerdos a permanecer en silencio y “apagada atrás de él, nunca dijo nada”, lo que evidenciaba un “estado de sometimiento”.

La dinámica de intimidación persistió incluso después de la liberación de Romagnoli, debido a que optó por cortar todo contacto directo con Blanco y limitó sus comunicaciones a través de los teléfonos de sus hijos. La decisión estuvo motivada por el temor a que la situación desembocara en incidentes de violencia, dado que “sabía que él era golpeador”.

“Pido justicia porque yo ahora al más grande lo tengo quebrado mal, hasta yo me he quebrado pero trato de ser fuerte. Como le ha hecho daño a ella, muchas más han pasado por eso”, reclamó el padre de los hijos de Iris.

A pesar de esto, la mujer continuó su relación y, en la semana del 9 de febrero, la pareja se mudó de nuevo a Pilar, luego de que la mujer fuera agredida. No obstante, el 14 tuvo lugar el ataque final. Ese día, los amigos de Blanco la hallaron en estado de inconsciencia y con el pulso prácticamente nulo en la vivienda que compartía con Romagnoli.

Después de que lograran rescatarla de la vivienda, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Misericordia. El 4 de marzo, la enfermera recibió el alta médica, pero su cuadro clínico se agravó. Tras practicarle estudios, los profesionales le diagnosticaron una afección neurológica de origen incierto, la paciente falleció al día siguiente.

Por su parte, Romagnoli fue detenido el 15 de febrero, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, pena que habría purgado mientras conocía a la víctima vía mensajes.

La investigación sobre la banda se inició en septiembre de 2024 cuando el fiscal de Homicidios Adrián Arribas solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza tras la desaparición de Vanesa Alejandra Lachmañuck (28) y Aylen Alejandra Benítez Medina (14).

Según información confirmada por Infobae, los primeros rastrillajes y tareas de campo permitieron vincular a ambas mujeres con una organización dedicada al narcomenudeo en la ribera del Río Matanza. Durante uno de estos operativos, el personal de la DDI fue atacado con armas de fuego por integrantes de la banda, lo que motivó una causa paralela por tentativa de homicidio agravado contra personal policial.

El 11 de septiembre de 2024, durante un operativo en la zona costera del arroyo Don Mario y el río Matanza, agentes de la DDI hallaron los cuerpos de Lachmañuck y Benítez Medina.

En ese momento, el hecho fue recaratulado como doble homicidio. Testimonios recogidos por los investigadores permitieron individualizar al presunto autor material: Hugo Steven Palacios Britez, alias “Panucha”, quien lideraba la organización conocida como la "Banda de Calderón" y se habría adjudicado ambos asesinatos.

Desde entonces, se realizaron varios allanamientos que culminaron con la detención de Palacios Britez y otros integrantes de la estructura. Las fuentes indicaron que Arribas, junto a la Unidad Temática de Estupefacientes, ordenó profundizar la investigación sobre la red narco y sus operaciones de comercialización en la región.

El 3 de abril de 2025, en un nuevo despliegue policial, se llevaron a cabo 11 allanamientos en distintos puntos de Vera del Río Matanza y zonas adyacentes. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el operativo utilizó vehículos aéreos no tripulados (VANT) para documentar maniobras de venta de estupefacientes. El resultado fue el secuestro de una cantidad importante de drogas, armas de fuego y la destrucción de campamentos empleados por la organización, además de la detención de cuatro miembros del grupo.

A partir de indagatorias, análisis de teléfonos y nuevas tareas de campo, los investigadores determinaron que la banda continuó sus actividades bajo el liderazgo de Cristaldo López Ivan Esteban, alias “Keloke”, y González Arnaldo Andres, alias “Meca”. Ambos se ocupaban de abastecer los puntos de venta y supervisar la distribución de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas —entre ellas, filmaciones de drones, seguimientos y registros de comunicaciones—, la Justicia autorizó nueve órdenes de allanamiento adicionales.

La DDI, con apoyo de grupos de irrupción, irrumpió en el punto de venta conocido como “Calderón” y detuvo a Cristaldo y a González. Durante el procedimiento, ambos dispararon contra los agentes, aunque no se registraron heridos.

Finalmente, “Keloke” y “Meca, luego de intentar escapar por una zona llena de vegetación y un basural, fueron arrestados. La intensa secuencia de la persecución a pie quedó registrada por la cámara corporal de uno de los policías.

En el procedimiento, además, los detectives hallaron un campamento narco utilizado como punto de venta y acopio.

Otras cuatro personas vinculadas a la organización también fueron aprehendidas y se incautaron armas, municiones, drogas fraccionadas, teléfonos y dinero.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de Cristaldo y González por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación ilegal de arma, tentativa de homicidio agravado contra personal policial y encubrimiento.

Durante los allanamientos realizados en la zona de Vera del Río Matanza, la DDI secuestró 315 dosis de pasta base (78 gramos), 302 dosis de pasta base (81 gramos), dos trozos de pasta base (209 gramos), 105 dosis de cocaína (35 gramos) y 12 trozos compactos de marihuana (605 gramos).

Además, se incautaron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, tres pistolas Bersa del mismo calibre (dos con numeración suprimida y una vinculada a un robo denunciado el 7 de marzo de 2013, perteneciente a la Policía Federal Argentina), una carabina Halcón calibre .22, 45 municiones de calibres 9 milímetros y .22, tres teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, dos bolsos y 300.000 pesos en efectivo.

En medio de la investigación por el femicidio de Ada Barroso Quilo, la mujer que habría sido estrangulada por su pareja en Caleta Olivia, su familia brindó detalles sobre cómo era el espiral de violencia en el que estaba inmersa la víctima. “Nunca nos escuchó”, lamentó su hija Valery.

“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba. Se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, reconoció la hija de la víctima, tras contar que había intentado convencerla de que abandonara esa relación, pero que nunca tuvo éxito.

Al mismo tiempo, la joven reconoció que para ella “fue muy chocante” ver el estado en el que había quedado su madre. “La encontraron con fracturas en las costillas, nariz, cortes visibles y estaba rasguñada en el rostro”, describió.

Tras contar que había declarado que Ada era víctima de violencia de género, indicó que se cruzó con el detenido en la dependencia policial. “Esta persona se juntó con mis tíos y dijo que tuvo un paro cardíaco y convulsiones, estuvo mintiendo en varias oportunidades”, denunció al contar que también habría mencionado que le habría mordido los dedos cuando intentaba ayudarla.

Desde que la autopsia revelara que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, su familia exigió justicia tras denunciar que el padre de la ex pareja y principal acusado del crimen, S. J. Navarro, sería un miembro de la fuerza policial local. “Queremos hacer justicia y que no quede en la nada”, reclamaron.

“Mi familia perdió una hermana, una madre, una hija”, lamentó Jheymi, sobrino de la víctima, tras recriminarle al acusado que hubiera mentido sobre las circunstancias en las que murió la mujer. “De forma cobarde difundió como que había pasado durante las relaciones sexuales, lo cual fue una mentira y con un descaro lo dijo en frente a mi familia”, apuntó.

De la misma manera, el sobrino de Barroso Quilo cuestionó que el detenido hubiera llamado a un amigo aparentemente antes de dar aviso a las autoridades. “Llamó a su amigo inventando una historia acerca de cómo mi tía había muerto”, acusó.

Según la entrevista que brindaron a La Opinión Austral, los familiares de Ada criticaron las faltas de certezas desde el minuto cero, ya que primero les habrían dicho que habría sufrido una convulsión y, luego, un supuesto paro cardíaco. No obstante, el rumbo de la causa dio un giro al conocerse los resultados del informe forense.

“No merecía esta muerte tan triste”, lamentó su hija, tras reiterar que todos los intentos de su familia para que se alejara de esa persona no dieron frutos. “Nunca nos escuchó”, insistieron al revelar que la mujer tenía planes para regresar a su tierra natal, Cochabamba, en Bolivia, con la intención de reencontrarse con su padre después de estar 20 años distanciados.

Finalmente, el sobrino de Ada manifestó que tenía certezas de que ella había luchado por seguir viva. “Estoy más que seguro que mi tía luchó hasta el final por su vida, no solo por ella, por su hija, por su madre, por todos”, cerró.

El caso

Ada Barroso Quilo fue encontrada sin vida en una vivienda de la calle Las Margaritas al 1500, tras un llamado de emergencia recibido por la Comisaría Quinta alrededor de las 02:00 horas del miércoles 11 de marzo. Esa madrugada, un amigo del acusado les habría dicho a los agentes que ambos participaron en los intentos de reanimación.

Según informaron las autoridades, el hombre de identidad desconocida contó que Navarro lo había llamado para pedirle ayuda porque la mujer supuestamente había sufrido una descompensación durante un encuentro sexual.

Finalmente, la mujer fue declarada muerta por los servicios de salud. Asimismo, la inspección médica realizada en el domicilio descartó que se tratara de un accidente, lo que derivó en el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial para su autopsia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia dispuso la apertura de una investigación por muerte dudosa y ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, así como la detención de Navarro, señalado como el único sospechoso. No obstante, aún sigue pendiente que el acusado sea llamado a indagatoria.

Los cuerpos sin vida de Juliana Frías, de 37 años, y de su hija de 17 fueron encontrados en el interior de la casa donde vivían en Quitilipi. Estaban tapadas con una frazada y por el hecho detuvieron horas después a la ex pareja de la mujer. Luego del hallazgo, ocurrido el martes, el fiscal brindó más detalles del brutal crimen. "Nos encontramos realmente con un escenario macabro", describió.

Aunque los motivos del doble femicidio aún no fueron determinadas, las autoridades establecieron que, en las horas previas al crimen, ambas mujeres participaron de un festejo de cumpleaños en la vivienda. Durante la reunión, el sospechoso, identificado como D. O., se presentó en el lugar en estado de ebriedad e intentó ingresar, pero no le permitieron.

Tras haber finalizado la celebración, “el sujeto ingresó de forma subrepticia al domicilio y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata”, añadió el Procurador General, Jorge Canteros. El arma homicida fue secuestrado en el lugar y analizado por los forenses.

“Posteriormente, el agresor se dirigió hacia la hija de la víctima” y ejerció violencia sexual contra la adolescente. “Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial”, confirmó Canteros a Diario Norte.

Por su parte, el titular de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña al frente de la causa, César Collado, relató al mismo medio local: “Nos encontramos realmente con un escenario macabro”, afirmó al referirse al ataque ocurrido en la propiedad ubicada en la avenida 25 de Mayo y calle Paraguarí. El fiscal dispuso el traslado del cuerpo de la menor para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas del fallecimiento. “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”, remarcó el funcionario en la escena del crimen.

Según describió Collado, “el agresor no tiene lesiones de que las otras personas hayan ofrecido resistencia, tampoco hay señal de pelea dentro de la habitación. Los cuerpos estaban tapados, evidentemente se tomó el trabajo después de cometer semejante tropelía de taparlos. No sabemos si él puso el aire a 17 grados centígrados o si ya estaba encendido”, explicó el fiscal.

A su vez, anticipó que este jueves podría contar con mayores precisiones que le permitan avanzar con las actuaciones judiciales y que está previsto tomar declaración de imputado, quien se encuentra detenido por el doble femicidio.

El sospechoso fue localizado mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, a pocos kilómetros de la escena del crimen. Durante su detención, el hombre habría intentado arrojarse a las vías del tren, pero fue contenido por los efectivos y trasladado para cumplir con los procedimientos de rigor, incluidos la identificación y la revisión médica.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de Chaco - a cargo de Hugo Matkovich- y la Jefatura de Policía provincial, bajo la supervisión del subjefe Manuel Victoriano Silva. En el procedimiento, la policía secuestró el teléfono celular del acusado, que fue incorporado a la investigación y será analizado en busca de pruebas.

“Gracias al rápido y eficaz accionar de la Policía del Chaco, fue capturado D. O., señalado como presunto autor del doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi”, destacó el titular de Seguridad en redes sociales. Tras indicar que todo fue posible por el operativo de localización, indicó: “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”.

La ciudad de La Rioja fue escenario este martes del femicidio de Jessica Verónica Mercado, una mujer de 34 años que fue asesinada a puñaladas por su expareja -y padre de sus tres hijos- en medio de una fuerte discusión. Luego de matar a la víctima, el asesino, identificado como Justino Miguel Ángel Ruarte (43), se provocó lesiones mortales y murió.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho fue reportado a las 3.15 de la madrugada por la llamada anónima que realizó una vecina al 911. En la denuncia dijo haber escuchado gritos en una casa lindera, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Al recibir el alerta, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial acudió al domicilio en cuestión. Una vez dentro de la vivienda, los agentes hicieron una recorrida y en una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Mercado, que presentaba heridas de arma blanca a la altura del cuello y en uno de sus hombros.

A la espera de los resultados de la autopsia, la jueza interviniente en la investigación, María Cecilia Córdoba, estima que la víctima habría muerto desangrada, como consecuencia de las graves lesiones que le produjo el femicida.

De las pruebas recabadas hasta el momento, se desprende que Ruarte atacó a Mercado ante la presencia de los tres hijos de ambos, dos niños, de 5 y 11 años, y una niña de 3. En medio de la desesperación, los menores corrieron hasta la casa de la vecina que denunció el hecho, donde se refugiaron hasta la llegada del personal policial.

Ruarte, por su parte, se autolesionó luego del ataque a su expareja y murió antes de llegar al hospital local. Según pudo saber este medio a través de fuentes del caso, la autopsia ordenada por la jueza Córdoba concluyó cerca de las 12 de este martes y se aguardaban los datos preliminares para conocer la causa de muerte del femicida.

Al realizar las pericias en el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de la Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja en la que Ruarte llegó al domicilio de la víctima.

Por orden de la jueza, personal de Asuntos Juveniles dispuso que los tres hijos de la víctima y el atacante, como así también la vivienda donde ocurrió el hecho, quedaran a cargo de la abuela materna de los menores, de 51 años.

A quince años del brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la provincia de Salta, la Justicia argentina volvió a poner el caso en movimiento. Este lunes, en el marco de la reapertura de la investigación impulsada por una Unidad Fiscal Especializada, volverá a declarar Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien viajó especialmente desde Francia con el objetivo de aportar nuevos elementos para esclarecer el crimen.

La declaración testimonial de Bouvier se realizará ante los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, integrantes del equipo que desde febrero de 2025 trabaja en reimpulsar la investigación del doble femicidio ocurrido en julio de 2011, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Por el hecho, la Justicia salteña había condenado a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera, quien fue liberado 10 años después, tras la anulación de su condena.

La audiencia podría extenderse durante dos jornadas debido a la cantidad de información y documentación que el padre de Cassandre pretende presentar.

El 1 de marzo de este año, el Ministerio Público Fiscal comunicó que gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación.

El exhorto internacional fue solicitado por la Unidad Fiscal el 5 de febrero de 2026 y autorizado y librado el 9 de febrero del mismo año por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino. A través de la Cancillería de la Nación, fue remitido ese mismo mes a las autoridades judiciales de Francia, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta formal.

El objetivo del viaje será revisar las pericias realizadas en Francia y contrastarlas con los análisis efectuados en Argentina. Entre las diferencias detectadas figuran discrepancias en los estudios genéticos y en las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas.

Los investigadores también buscan inspeccionar el laboratorio donde se realizaron los estudios originales y conocer en detalle las técnicas utilizadas en su momento. Además, no se descarta realizar nuevas pruebas genéticas si las muestras biológicas aún se conservan y los avances tecnológicos lo permiten.

Otra de las medidas solicitadas es la declaración de expertos que participaron en los análisis y de familiares de las víctimas. Asimismo, la Unidad Fiscal pidió la remisión de la copia completa del expediente judicial abierto en Francia, con el fin de verificar si contiene información que nunca fue considerada en la investigación argentina.

Uno de los puntos centrales que motivaron la reapertura del expediente tiene que ver con las pericias genéticas realizadas en Francia. De acuerdo con Bouvier, forenses franceses lograron recuperar tres perfiles de ADN que hasta ahora no fueron identificados y que, según denunció, nunca se incorporaron formalmente al expediente judicial tramitado en Salta.

La expectativa de la familia es que esos análisis puedan ayudar a identificar a otros posibles responsables del crimen. “Persigo con tenacidad y constancia el objetivo de ayudar a encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia”, expresó el padre de Cassandre, quien también remarcó que continúa con esta lucha pese a su delicado estado de salud. “Voy a cumplir 78 años, tengo diversas afecciones, pero resisto”, sostuvo ante medios franceses.

El caso

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ambas estudiantes de la Universidad de La Sorbona, habían llegado a Argentina en 2011 para realizar un viaje turístico por el norte del país. El 29 de julio de ese año sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad de Salta.

Las autopsias revelaron que las jóvenes habían sido brutalmente golpeadas, violadas y finalmente asesinadas con disparos de arma de fuego. El caso generó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Francia y derivó en una extensa investigación judicial que, con el paso de los años, fue cuestionada por las familias de las víctimas.

Para Jean-Michel Bouvier, la causa estuvo marcada desde el inicio por graves irregularidades. En declaraciones al medio francés, el padre de Cassandre sostuvo que durante años se enfrentó a lo que calificó como “una farsa policial y judicial”.

“Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, deficiente”, afirmó. Según explicó, las familias impulsaron acciones judiciales tanto en Argentina como en Francia para que el caso volviera a investigarse en profundidad.

Homenaje y reclamos de justicia

La presencia de Jean-Michel Bouvier en Salta coincidió con diversas actividades de memoria y reclamo de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un acto conmemorativo en el mirador de San Lorenzo, donde se levanta un monumento dedicado a las jóvenes francesas, obra del escultor salteño Alfredo Garzón.

Debido a problemas de salud, Bouvier no pudo asistir personalmente al homenaje. En su lugar, tomó la palabra el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, quien transmitió un mensaje del padre de Cassandre y destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas.

Del acto participaron autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún; la subsecretaria de Justicia, Agustina Rízzoli; y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia, quienes reafirmaron el compromiso institucional con el esclarecimiento del caso.

Además, organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron para este lunes por la tarde a una movilización en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. La marcha busca visibilizar reclamos vinculados a la violencia de género y exigir justicia por crímenes que permanecen impunes. Según fuentes cercanas a la familia, Jean-Michel Bouvier tenía previsto sumarse a la convocatoria junto a otros familiares de víctimas.

En la provincia de Buenos Aires, el 2025 cerró con una disminución de los femicidios respecto del año anterior, aunque los registros oficiales mostraron que las denuncias por violencia de género elevaron sus cifras.

Según el informe oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, durante el año pasado mataron a 78 mujeres, o sea, hubo tres asesinatos cada 15 días.

Mientras que se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a situaciones de violencia familiar y de género. Esta cifra representa el 14,1% de todos los procesos penales registrados en la provincia durante ese año. El documento detalla que el 73,9% de las víctimas fueron mujeres y que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados fueron hombres.

Comparado con el año previo, los datos muestran que en 2024 se habían iniciado 144.972 procesos penales de violencia familiar y de género, lo que indica un crecimiento de las denuncias.

La suba en la cantidad de denuncias implica un promedio de 400 causas iniciadas por día en 2025, una cifra que da cuenta del volumen de situaciones de violencia que llegan a conocimiento judicial en el principal distrito del país.

El análisis de los femicidios evidencia una baja respecto de 2024, cuando se reportaron 98 víctimas de femicidio y 94 causas judiciales.

No obstante, el informe oficial sostiene que la violencia de género fue el principal móvil en el 60,5% de los homicidios de mujeres consumados durante 2025.

El informe del Ministerio Público puntualiza que el 85,9% de los femicidios ocurrieron dentro de una vivienda, y que en la mayoría de los casos el agresor era conocido por la víctima. El 64% de los hechos involucró un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Por otra parte, el 35,9% de los crímenes se cometió mediante el uso de la fuerza física, mientras que el 23,1% involucró armas de fuego. La franja etaria más afectada fue la de mujeres de entre 18 y 40 años, que representó el 55,1% de las víctimas.

Al observar el comportamiento de las denuncias previas, el documento oficial revela que el 15,4% de las víctimas había realizado denuncias penales antes del crimen. En nueve de los casos existía un vínculo íntimo y en tres era de tipo familiar. Además, se registró que al menos 83 hijos e hijas resultaron víctimas indirectas de estos delitos, de los cuales 46 eran menores de 18 años.

En 2024, el número de femicidios fue levemente superior, aunque el patrón de las víctimas y de los victimarios se mantuvo estable. En ambos años, la mayoría de los agresores tenía entre 18 y 40 años.

La violencia de género no se limitó a los femicidios. El Ministerio Público informó que el 27,7% de las denuncias penales en 2025 correspondió a amenazas, el 24,5% a lesiones y el 12,3% a desobediencia judicial. Otros delitos denunciados con menor frecuencia incluyeron abuso sexual (7,8%) y daño a la propiedad (5,5%).

Respecto de las víctimas masculinas en contextos de violencia de género, el informe relevó 10 homicidios dolosos contra hombres, cometidos mayoritariamente dentro de una vivienda y con armas de fuego o arma blanca.

Durante los últimos 11 años, el registro del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires contabilizó 1.010 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. La persistencia de estos delitos llevó al organismo a subrayar la importancia de transparentar la información y de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia.

En la comparación histórica, las cifras muestran que la baja en los femicidios no se traduce en un descenso de la violencia de género en general. Por el contrario, el incremento de las denuncias y la judicialización de los casos reflejan que la problemática sigue siendo un desafío mayúsculo en la provincia de Buenos Aires.

Luego de haber permanecido internada casi tres semanas, el lunes se confirmó la muerte de Iris Blanco, la enfermera de 33 años que había sido brutalmente agredida por su pareja en la localidad de Pilar, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital de Córdoba. El principal acusado, Ernesto Romagnoli, se encuentra detenido.

El 14 de febrero, la víctima había sido ingresada con lesiones graves al Hospital Misericordia. Pese a que no se conocieron detalles sobre el momento del ataque, se confirmó que la mujer había sido golpeada por su pareja de 36 años.

Aparentemente, la golpiza se habría desencadenado en medio de una discusión entre la pareja. En principio, fue trasladada hacia el centro de salud de Pilar, en donde determinaron que lo mejor era enviarla a la institución médica ubicada en la capital cordobesa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el principal acusado fue arrestado un día después del ataque, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, aunque estaba en libertad en el momento de los hechos.

El día de su arresto había sido imputado por lesiones graves, pero la carátula se agravó producto de la muerte de Blanco. Así, la causa pasará a ser investigada como femicidio por la Fiscalía de Río Segundo, que encabeza Patricia Baulies. En paralelo, decenas de personas participaron en los homenajes y reclamos de justicia por Blanco tanto en Pilar como en Río Segundo.

La víctima era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera en el Hospital de Río Segundo. Asimismo, varios relatos difundidos en redes sociales y por personas del entorno familiar aluden a un posible historial de violencia previo en la relación.

Desde ese entonces, la familia Blanco enfrenta una realidad marcada por la pérdida y el trauma. El hijo mayor, de acuerdo con relatos de los allegados, se encuentra “quebrado mal” y manifiesta un profundo rencor, mientras que los dos menores aún no comprenderían plenamente lo sucedido. Incluso, indicaron que preguntan por su madre al no asimilar la magnitud de la ausencia.

Durante un diálogo con Telenoche, Lorena Vega, cuñada de Iris Blanco, relató que los niños se debaten entre la incredulidad y el dolor, mientras los adultos reclaman una acción judicial efectiva. “Queremos justicia por Iris porque ella era una gran amiga, comadre y madre”, afirmó.

Por otro lado, Sergio Vega, ex pareja de la víctima y padre de sus hijos, describió la gravedad del sometimiento al que era expuesta la madre de los menores. “No había un minuto para hablar con ella porque él la llamaba y le decía: ‘¿Qué es lo que hacés, qué es lo que no hacés?’“, describió sobre el constante control que sufría.

“Era un celoso compulsivo. Además, hacía videollamadas desde la cárcel. No sé cómo los dejan tener eso en la cárcel y amenazarla de esa manera”, recriminó el hombre al hacer referencia al período, en el que el acusado estuvo detenido.

En línea con esto, la ex pareja de Blanco aseguró que la relación que había entablado con Romagnoli había afectado el vínculo como familia que tenían. “No era ella porque ella, por lo menos, hubiera hecho problemas o hubiera tratado de decir: ‘Pará, David, no hagas problemas’, no. Estaba como apagada atrás de él, nunca dijo nada. Estaba sometida”, recordó.

No obstante, Vega interpretó que la relación se había puesto más tensa apenas el acusado salió de la prisión. “A la semana de que él salió de la cárcel, yo perdí todo contacto. Para evitar problemas con ella, la bloqueé y solamente hablaba ella con los teléfonos de los chicos. Corté todo contacto con ella por culpa de él, para que no tuviera problemas porque sabía que él era golpeador”, contó.

A pesar de que aseguró que sus hijos no relataron episodios de violencia física directa en su contra, sí indicaron que existió abuso verbal y amenazas, en particular en momentos sensibles como el velorio del abuelo paterno. “No me contaron nada ellos, pero maltrato verbal sí. Los amenazó para el velorio del abuelo de ellos, que yo los llevé como abuelo”, señaló.

A raíz de los acontecimientos, la ex pareja de Blanco hizo un contundente pedido a la Justicia reclamando que “no salga más” Romagnoli. “Pido justicia porque yo ahora al más grande lo tengo quebrado mal, hasta yo me he quebrado pero trato de ser fuerte. Como le ha hecho daño a ella, muchas más han pasado por eso”, concluyó.

Luego de que los familiares de Natalia Cruz, la mujer asesinada por su ex pareja en Campo Quijano, denunciaran que la Policía de Salta se habría negado a tomar su denuncia por violencia de género horas antes del crimen, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitó que se realizara un informe integral sobre cómo actuó el Estado respecto a su caso.

De esta manera, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tendrá la tarea de confeccionar el resumen de cada una de las acciones realizadas por el aparato estatal. Según explicó García Castiella, el objetivo será evaluar la actuación institucional en este caso y fortalecer la respuesta estatal ante hechos de violencia de género graves.

Previo a esto, la madre de Natalia denunció que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción en contra de su pareja. Ahora, ese hombre es el principal acusado de su femicidio, Daniel Orlando Serapio.

Durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, la mujer recriminó que nunca pudo solicitarla, ya que le habrían dicho que no había personal disponible para atenderla en ese momento. Así, regresó a su casa, en donde horas más tarde sería brutalmente atacada.

Sin embargo, esas no fueron las únicas denuncias por parte del entorno familiar de la víctima, debido a que también se cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. Sobre este punto, la madre de Cruz relató que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda en el momento que la trasladaban hacia el hospital local.

En línea con esto, criticaron el breve allanamiento que realizaron en la casa de los padres del acusado. Además, apuntaron que no se secuestraron los teléfonos celulares y tampoco se intentó rastrear las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió que había hablado con él antes de que se fugara. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.

A raíz de estos movimientos, la Fiscalía tendría como hipótesis que la fuga de Serapio no solo habría sido planificada, sino que habría recibido la ayuda de colaboradores. Sobre todo, porque se constató que el hombre se había escapado con su teléfono personal, ropa de abrigo y objetos personales.

A partir de esto, el 27 de febrero se concretó la detención de dos sospechosos, acusados de haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Por este motivo, fueron imputados de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.

En este contexto, el procurador General de Salta intentaría establecer cómo fueron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales. Así, se podría analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes, que deberían ser aplicados para asistir a las víctimas de violencia de género.

Uno de los ejes del informe solicitado será examinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada en el caso particular de Natalia Cruz, a la vez que se evalúan los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.

Según la información publicada por El Tribuno, la misión será señalar cuáles serían las áreas susceptibles de mejora y dejar asentados los estándares para investigaciones futuras de violencia de género de extrema gravedad. Asimismo, García Castiella afirmó que la revisión pretende consolidar procedimientos que aseguren una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho frente al femicidio y casos similares.

Actualmente, entre las herramientas que el Estado de Salta tiene disponibles para la prevención y el abordaje de la violencia de género, el procurador general mencionó el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado. También cuenta con la implementación de consigna policial y la incorporación de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación policial.

En la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, la muerte de Erika Antonela Cuellar, de 24 años, sacudió el barrio Las Mercedes. El martes, la joven fue hallada sin vida dentro del baño de su hogar tras recibir un disparo en la cabeza de un arma reglamentaria. La investigación, liderada por la fiscal de causas de violencia de género Luciana Escobar Cello, busca determinar si se trató de un femicidio o si la víctima se quitó la vida.

El episodio se conoció luego de que E. L., suboficial de 27 años de la Policía de Acción Táctica, realizara una llamada al 911. En ese contacto, el agente mencionó que había “tocado” el arma y, después, la guardó en un ropero. Los peritos constataron que la pistola reglamentaria de calibre 9 milímetros se hallaba encasquillada.

De acuerdo con información del medio local Rosario 3, en la escena, los investigadores encontraron un proyectil de ese mismo calibre, disparado desde el arma del uniformado.

La fiscal Escobar Cello ordenó la detención preventiva de E. L. y dispuso la realización de dermotest tanto sobre él como sobre la víctima, con el objetivo de determinar la presencia de residuos del disparo. También solicitó el secuestro de ambos teléfonos celulares, buscando profundizar las circunstancias previas al hecho.

Otro elemento central para la pesquisa es la declaración de un tercer empleado policial. Este habría recibido mensajes de Erika Antonela Cuellar poco antes de su muerte, lo que podría aportar información relevante para la causa. La Fiscalía puso el foco en el contenido del teléfono de ese agente, considerando que el intercambio previo puede ser clave para reconstruir lo ocurrido.

En el domicilio donde se produjo el hecho también se encontraban los dos hijos de la pareja, un niño de cuatro años y una niña de dos. Ambos quedaron bajo el cuidado de un familiar cercano, con la intervención del área de Niñez.

Imputaron por abuso al ex policía investigado por el crimen de Micaela Basto

El ex policía Horacio Antonio Grasso, actualmente investigado por el hallazgo de un cadáver oculto en un ropero de su departamento en Córdoba a mediados del año pasado, recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

El ataque hacia la mujer ocurrió en el mismo lugar donde un grupo de albañiles encontró el cuerpo de Milagros Micaela Basto, en julio de 2025, en avanzado estado de descomposición y envuelto en frazadas. De acuerdo con la atribución hecha por la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el hombre ahora fue acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.

Según el expediente, este último episodio ocurrió entre marzo y agosto de 2021 en el departamento de calle Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba. La víctima sostuvo que Grasso -quien cumplía prisión domiciliaria en ese momento por el crimen de Facundo Novillo Cancinos-, la habría convencido de su inocencia construyendo un vínculo de confianza. En ese contexto, la invitó a una cena en su domicilio, donde la habría drogado y posteriormente abusado sexualmente.

El abogado querellante Carlos Nayi sostuvo que su clienta fue “asaltada sexualmente luego de haber consumido una bebida”, y confirmó que la acusación quedó formalmente incorporada al expediente judicial, según informó El Doce. Esta acusación se suma a la ya existente por femicidio, a raíz del hallazgo del cuerdo de la joven de 22 años, conocida como “Pitu”, en el mismo departamento.

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para la banda narco Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua. Fue al término de un juicio en el que la Justicia santafesina lo consideró responsable de haber ordenado el 19 de julio de 2022 el secuestro y ejecución a tiros de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

La resolución fue dada a conocer esta tarde en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal, integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana, condenó a Camino y a otros tres imputados más: Melisa Negro (38), ex pareja del narco, y los integrantes de su organización Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22).

En tanto, los magistrados absolvieron por el beneficio de la duda a la presunta dealer de la banda Sandra Callegari (55), quien de todos modos seguirá presa por otro legajo por venta de droga.

Antes del juicio, el recluso acumulaba 40 años de prisión por causas por homicidio, balaceras y asociación ilícita.

Tras el veredicto, le quedan investigaciones abiertas muy resonantes, como en la que fue imputado como presunto instigador del ataque a tiros contra el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Según la acusación del fiscal Patricio Saldutti, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda del jefe de la célula de Los Monos de la zona oeste.

“El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el sicario de la estructura delictiva.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

Los femicidios

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste. Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación.

Por último, el dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

Según supo Infobae, el teléfono de la víctima formaba parte de sus pertenencias y los investigadores lo encontraron en la base de trabajo de los ahora detenidos. Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero, que están a disposición de la Justicia.

El hallazgo del celular ocurrió cuando las autoridades detectaron la ausencia del dispositivo de Malena Maidana, considerado clave para la causa, y la policía intentó rastrear la ubicación del aparato. Así, descubrieron que se encontraba en la sala de emergencias donde la médica, la enfermera y el ambulanciero prestaban servicio.

El hurto habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en el lugar del hecho, mientras certificaban el fallecimiento de la víctima, según la reconstrucción del caso.

El hecho

Malena Maidana, una joven de 26 años, fue brutalmente asesinada de al menos 10 puñaladas cuando salió a caminar por un barrio de Ezeiza, cerca de la medianoche de este domingo, indicaron fuentes del caso a Infobae. Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video acompaña esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el video que encabeza este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Femicidios

En los últimos días, se registraron femicidios en diferentes puntos del país. En Santiago del Estero, un hombre mató a su ex y se atrichero armado con el cuerpo durante seis horas. Tras una larga negociación, Cristian Salto aceptó entregarse por el crimen de Thania Santillán en una casa de Las Talitas.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien se fugó en una camioneta que hallada abandonada. Por otro lado, en Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue hallada asesinada Sofía González. Su ex fue hallado muerto, en una zona boscos, horas más tarde.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video acompaña esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el video que encabeza este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, através de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

Por el hurto del celular de la víctima, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Femicidios

En los últimos días, se registraron femicidios en diferentes puntos del país. En Santiago del Estero, un hombre mató a su ex y se atrichero armado con el cuerpo durante seis horas. Tras una larga negociación, Cristian Salto aceptó entregarse por el crimen de Thania Santillán en una casa de Las Talitas.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien se fugó en una camioneta que hallada abandonada. Por otro lado, en Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue hallada asesinada Sofía González. Su ex fue hallado muerto, en una zona boscos, horas más tarde.

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel confirmó el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de la muerte de Sofía González, la mujer de 35 años que había sido encontrada sin vida este sábado en su casa del barrio Villa Unión de esa ciudad de la provincia de Río Negro, en un caso que se investigaba como un femicidio.

El cadáver del principal sospechoso del crimen de Sofía fue localizado en una zona boscosa situada a unos cinco kilómetros de la ciudad de Choele Choel.

El operativo, que incluyó a canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural, permitió dar con el cuerpo del hombre que era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Sofía, según informaron fuentes policiales a Diario Río Negro.

La investigación se inició tras el descubrimiento del cuerpo de Sofía González, de 35 años, en una vivienda de la calle Avellaneda al 2300 del barrio Villa Unión. El hecho generó gran conmoción en la región, mientras las autoridades avanzan con distintas medidas para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con lo informado, agentes del Cuerpo de Criminalística y personal policial realizaron tareas de recolección de evidencia en la escena, complementadas con el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testigos.

El traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial y los resultados preliminares de la autopsia aportarán datos para determinar la causa del fallecimiento, según el Ministerio Público Fiscal.

Medios locales como Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) indicaron que los investigadores se abocaron inicialmente a entrevistar a las últimas personas que tuvieron contacto con González y comenzaron la búsqueda de una persona cercana. Posteriormente, el portal 7enpunto señaló que la persona buscada era la ex pareja de la víctima, señalada como presunto autor del hecho, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

No trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte del sospechoso y se encuentran en curso las pericias correspondientes.

Femicidio en Santiago del Estero

La fiscal que investiga el femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero tiene una certeza: la autopsia determinó que fue asesinada de dos disparos.

Ese dato será una de las claves este lunes cuando el detenido Cristian Salto enfrente a la funcionaria judicial en la indagatoria por el crimen de su ex pareja. Hay que recordar que el imputado se atrincheró en una zona montañosa, armado y junto al cuerpo de la joven, hasta que seis horas después los policías lograron que se entregara.

Según publicó Diario Panorama, Thania, de 22 años, fue asesinada por disparos de escopeta y la fiscal Lucía González Farías dispuso que, además de la declaración de testigos, la Policía provincial reconstruya los últimos días de la víctima.

Por lo pronto, este lunes a media mañana, la fiscal indagará al sospechoso del homicidio agravado de su ex. Salto será defendido por Paz y Mabel Navarro y permanece alojado en el Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según la causa, Salto y Thania compartieron la tarde previa al hecho en la casa de la tía de la víctima, donde tomaron mates y planearon un viaje juntos. Así, la madrugada del día del crimen, cerca de las 5, el acusado llegó en moto a la vivienda de la familia de la joven.

Allí, Thania lo esperaba lista, con una mochila al hombro y a bordo de su moto Honda Wave 110. Se fueron juntos y recorrieron cerca de 10 kilómetros. En ese lapso surgió una discusión y Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego.

Fue en ese contexto que Thania les envió mensajes de texto a su madre, a su tía y a una prima, alertando que su ex estaba armado y que temía por su vida. Incluso, se contactó con la Policía de Santiago del Estero para pedir auxilio, pero todo fue en vano.

La fiscal que investiga el femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero tiene una certeza: la autopsia determinó que fue asesinada de dos disparos. Ese dato será una de las claves este lunes cuando el detenido Cristian Salto enfrente a la funcionaria judicial en la indagatoria por el crimen de su ex pareja. Hay que recordar que el imputado se atrincheró en una zona montañosa, armado y junto al cuerpo de la joven, hasta que seis horas después los policías lograron que se entregara.

Según publicó Diario Panorama, Thania, de 22 años, fue asesinada por disparos de escopeta y la fiscal Lucía González Farías dispuso que, además de la declaración de testigos, la Policía provincial reconstruya los últimos días de la víctima.

Por lo pronto, este lunes a media mañana, la fiscal indagará al sospechoso del homicidio agravado de su ex. Salto será defendido por Paz y Mabel Navarro y permanece alojado en el Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según la causa, Salto y Thania compartieron la tarde previa al hecho en la casa de la tía de la víctima, donde tomaron mates y planearon un viaje juntos. Así, la madrugada del día del crimen, cerca de las 5, el acusado llegó en moto a la vivienda de la familia de la joven.

Allí, Thania lo esperaba lista, con una mochila al hombro y a bordo de su moto Honda Wave 110. Se fueron juntos y recorrieron cerca de 10 kilómetros. En ese lapso surgió una discusión y Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego.

Fue en ese contexto que Thania les envió mensajes de texto a su madre, a su tía y a una prima, alertando que su ex estaba armado y que temía por su vida. Incluso, se contactó con la Policía de Santiago del Estero para pedir auxilio, pero todo fue en vano.

Cuando las autoridades llegaron al lugar del hecho, Thania yacía sin vida junto a su moto, mientras Salto permanecía sobre el cuerpo, negándose a separarse. Fueron seis horas de negociación y contención de las fuerzas de seguridad, coordinadas por el grupo especial USAR, junto al Cuerpo Guardia de Infantería, para lograr que se entregue.

En la escena del crimen fue incautado un rifle y Salto fue trasladado a una dependencia policial, y luego derivado al Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según trascendió, la relación entre Thania y Salto había terminado el año pasado, después de haber mantenido un noviazgo de entre cuatro y seis años. A pesar de la ruptura, ambos mantenían hasta entonces un trato cordial.

Thania Santillán cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y, desde su infancia, residía junto a su familia en el barrio General Paz de la capital santiagueña, en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho. Pero tenía un fuerte lazo con el interior provincial, especialmente con Las Tinajas, donde viven parte de sus familiares. Fue a esa localidad donde viajó recientemente, aprovechando los corsos y la oportunidad de visitar a tíos y abuelos, con la intención de regresar a la capital en los días siguientes.

La víctima tenía pasión por la música. Disfrutaba cantar y, durante una reunión con compañeros en noviembre, se animó a tomar el micrófono y compartir su afición. Admiradora de Karina, guardaba con orgullo fotografías junto a la cantante, obtenidas en distintos recitales.

Las redes sociales se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de afecto, retratando a Thania como una persona alegre, solidaria y muy apreciada por quienes la rodeaban. Frases como “no hay consuelo para tanto dolor” y “que se haga justicia por vos” circularon entre los mensajes.

Luego de que Cristian Salto, el ex novio de Thania Santillán fuera detenido por haberla matado de dos disparos y atrincherarse con su cuerpo en Santiago del Estero, se conocieron nuevos detalles sobre las últimas horas con vida de la joven de 22 años. Incluso, se confirmó que había intentado pedir auxilio a la policía y a sus familiares momentos antes de ser asesinada.

Según trascendió, la relación entre Thania y Salto había terminado el año pasado, después de haber mantenido un noviazgo de entre cuatro y seis años. A pesar de la ruptura, ambos mantenían hasta entonces un trato cordial y compartieron la tarde previa al hecho en la casa de la tía de la víctima, donde tomaron mates y planearon realizar juntos un viaje.

De hecho, la madrugada del día del crimen, cerca de las 05:00 horas, el acusado llegó en motocicleta a la vivienda de la familia de la joven. Allí, Thania lo esperaba lista, con una mochila al hombro y a bordo de su moto Honda Wave 110.

A partir de ese encuentro, ambos recorrieron juntos cerca de 10 kilómetros. Lo que ocurrió entre las 5:30 y las 9:30 continúa bajo investigación. De acuerdo con las hipótesis, en ese lapso surgió una discusión y Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego.

En medio de la angustia y el miedo, la víctima intentó pedir ayuda. Según la información a la que accedió Diario Panorama, mandó mensajes a su madre, tía y prima alertando que su ex novio estaba armado y que temía por su vida. Incluso, se contactó con la policía para solicitar auxilio, pero ninguna de estas acciones logró impedir el desenlace fatal.

Horas más tarde, el hallazgo del cuerpo de la estudiante tuvo características estremecedoras. Thania yacía sin vida junto a su motocicleta, mientras el agresor permanecía encima de ella al momento de la llegada de los efectivos policiales, negándose a separarse aun después de perpetrar el homicidio.

Un operativo de las fuerzas de seguridad coordinado por el grupo especial USAR, junto al Cuerpo Guardia de Infantería, finalizó con la detención de un hombre que permanecía atrincherado en una zona montañosa armado y junto al cuerpo sin vida de la joven.

La acción demandó cerca de seis horas hasta que el sospechoso se entregó. Previo a esto, estuvo bajo estricta vigilancia, debido a que había amenazado con quitarse la vida. Durante el procedimiento, los agentes aplicaron tácticas de negociación, contención y controlaron de manera estricta el perímetro para evitar más hechos violentos.

En la escena, fue incautado un rifle que, según las autoridades, habría sido el arma empleada en el femicidio y fue incorporado como evidencia en la causa. Tras quedar formalmente imputado, fue trasladado a una dependencia policial, mientras la fiscal Lucía González Farías dispuso diversas medidas procesales para determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia de los hechos.

En el barrio General Paz, donde residía con su familia, la noticia dejó una huella de dolor irreparable. La joven había llegado a la ciudad de Santiago del Estero desde el interior provincial siendo aún niña, y mantenía fuertes raíces y vínculos con Las Tinajas, donde viven sus tíos y abuelos.

Su entorno la recuerda como una persona solidaria y sensible. Quienes compartían clases con Thania en el segundo año de Enfermería la definieron como una estudiante responsable y generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. También era amante de los animales, participaba en iniciativas de voluntariado y se caracterizaba por su sensibilidad hacia los más vulnerables.

“Era muy buena”, repiten con pesar quienes despidieron a la joven sin poder asimilar la magnitud de la pérdida. A sus inquietudes por la salud y la solidaridad se sumaba la pasión por la música. En noviembre, durante una reunión con compañeros, se atrevió a cantar en público y disfrutaba de estos momentos. Los allegados también resaltan que era conocida como “locutora” en su localidad de origen.

A cuatro días del brutal femicidio de Natalia Cruz (35), la mujer que fue asesinada a golpes por su pareja O. S. en Salta, las autoridades del Valle de Lerma confirmaron el hallazgo de la camioneta vinculada a la fuga del principal acusado. Sin embargo, no se encontraron indicios de su paradero, por lo que continuará activo el operativo de captura.

El descubrimiento se dio el viernes, cuando la Ford EcoSport de color gris fue localizada entre los kilómetros 45 y 47 de la Ruta Nacional 51, en un tramo comprendido en la zona de Chorrillos. Según describieron los agentes policiales, el vehículo estaba oculto entre la vegetación y fue un baqueano quien advirtió su presencia e informó al puesto de Gendarmería de Ingeniero Maury.

Esta nueva evidencia permitió a los investigadores delimitar el área de rastrillaje, por lo que se intensificó el patrullaje en la zona. Mientras el operativo se profundiza, la familia de la víctima expuso públicamente las señales de alarma que precedieron el crimen.

Según relató la madre de Natalia durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, durante años mantuvo una relación de cordialidad con el acusado, pero comenzó a notar cambios en la situación doméstica de su hija. “Se veía que últimamente mi hija sufría mucho”, recordó.

Pese a los intentos de diálogo y acompañamiento que intentaban brindarle desde el entorno familiar, indicó que su hija minimizaba los hechos y expresaba confianza en que podría controlar la situación. “Siempre tratamos de hablar con ella. Yo no sé si vivía amenazada o lo quería mucho. Queríamos hablarle de él y ella decía que lo podía manejar. Quizás tenía la certeza de que cambiaría”, evaluó.

De hecho, Natalia contaba con una medida de restricción contra el hombre, quien buscaba dar una imagen de persona enamorada ante la familia. Según la mujer, en más de una ocasión le había dicho: “Yo la amo a su hija”.

No obstante, confirmó que el día del crimen la mujer tenía la intención de viajar a Salta capital para fortalecer la perimetral y pedir protección, pero que no le permitieron solicitarlo porque presuntamente no había personal disponible en ese momento.

Cerca de las 15:30 horas, recordó que Natalia había llamado a una de sus hermanas para pedirle una pastilla, debido a que tenía dolor de cabeza. “Sale Orlando de la casa y le dice a mi hija: ‘La loca se fue por allá’. Mi hija dice que lo sintió medio raro, que se le veían los ojos rojos y que temblaba”, describió sobre el estado en el que se encontraba el sospechoso antes del ataque.

Después de este episodio, la joven avisó a otra de sus hermanas y se dirigieron juntas a la vivienda. Al llegar, vieron que el hombre se retiraba en su camioneta y encontraron dificultades para ingresar. Sin embargo, lograron acceder por una puerta trasera entreabierta.

Al entrar al dormitorio, descubrieron a Natalia tendida en el piso, cubierta con una sábana y con signos visibles de violencia en el cuello. “Empezaron a gritar: ‘Mamá, llamen a la Policía. Natalia se está muriendo. O. S. le hizo daño’”, reconstruyó la mujer.

La familia se movió rápidamente para trasladar a Natalia al hospital. Fue así que consiguieron la ayuda de un vecino y subieron a la víctima a una camioneta. En esos minutos críticos, la familia también detectó la presencia de vehículos de allegados al acusado, lo que les dificultó el acceso y los obligó a buscar alternativas para entrar y salir de la vivienda.

“Subimos el cuerpo a la camioneta, todavía respiraba”, indicó la mujer sobre los leves signos vitales que presentaba su hija. No obstante, la madre de la joven rememoró: “Avanzamos con mucho apuro. Llegamos al hospital, la bajamos, la pusieron en la camilla y se fueron para adentro. Después pasamos y nos dieron la noticia de que ya no vivía”.

De acuerdo con los signos detectados por el personal médico, la víctima presentaba señales de lesiones, golpes y asfixia mecánica. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia que precisarán las causas y permitirán confirmar o descartar las primeras hipótesis.

Tras el suceso, las autoridades activaron el protocolo UFEM al constatarse la muerte de Natalia. Asimismo, la causa quedó a cargo del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso que la Unidad de Investigación UGAP del DIC se ocupe de la recolección de pruebas.

Luego de una extensa negociación que se prolongó cerca de seis horas, Cristian Salto, acusado por el femicidio de su ex pareja Thania Santillán, fue detenido por efectivos policiales en la localidad de Las Tinajas, en la provincia de Santiago del Estero.

El operativo, coordinado por el grupo especial USAR y el Cuerpo Guardia de Infantería, se desplegó en una zona montañosa donde el hombre permanecía atrincherado, armado y junto al cuerpo sin vida de la joven, indicó el medio local Diario Panorama.

Durante el procedimiento, la tensión marcó cada instante, ya que Salto amenazaba con suicidarse mientras los agentes intentaban persuadirlo, agregó Nuevo Diario.

La labor de los uniformados incluyó tácticas de contención, negociación y un control riguroso del perímetro, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia. Finalmente, tras unas seis largas horas de incertidumbre y bajo un fuerte despliegue de seguridad, el sospechoso depuso su actitud, permitiendo que los efectivos lo redujeran y lo trasladaran a una dependencia policial.

Allí, Salto quedó formalmente imputado por el femicidio. En el lugar, las autoridades secuestraron un rifle que habría sido utilizado en el hecho, elemento que será incorporado a la causa como prueba fundamental.

El hecho derivó en la intervención de la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso medidas procesales para reconstruir lo sucedido y definir las responsabilidades en el caso, indicó Nuevo Diario.

Quién era Thania y las despedidas en redes sociales

A sus 22 años, Thania Santillán cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería. Su historia, cruzada por proyectos y una sensibilidad especial, se vio truncada de manera abrupta, generando un profundo impacto tanto en su entorno más cercano como en la comunidad santiagueña y en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno.

Según Nuevo Diario, quienes la conocieron describieron a la joven como una persona solidaria y responsable, reconocida por su disposición para ayudar y su carácter amable. Vecinos, amigos y compañeros de estudio coinciden en destacar su sensibilidad hacia quienes atravesaban momentos difíciles. “Era una excelente persona”, expresan con dolor aquellas voces que hoy intentan comprender la magnitud de la pérdida y reconstruir su paso por la vida.

Desde su infancia, residía junto a su familia en el barrio General Paz de la capital santiagueña, en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho. Pero tenía un fuerte lazo con el interior provincial, especialmente con Las Tinajas, donde viven parte de sus familiares. Fue a esa localidad donde viajó recientemente, aprovechando los corsos y la oportunidad de visitar a tíos y abuelos, con la intención de regresar a la capital en los días siguientes.

El crimen de Santillán conmocionó rápidamente a la sociedad. Apenas trascendió la noticia, sus padres y una hermana se desplazaron hasta Las Tinajas, agregó el medio local. Allegados a la familia afirmaron que no conocían a Diego Salto, señalado como pareja de la joven y principal sospechoso de la investigación, y no tenían conocimiento del vínculo entre ambos.

Además de su vocación por la salud, Santillán tenía una pasión por la música. Disfrutaba cantar y, durante una reunión con compañeros en noviembre, se animó a tomar el micrófono y compartir su afición. Admiradora de Karina, guardaba con orgullo fotografías junto a la cantante, obtenidas en distintos recitales, recuerdos de momentos que la llenaban de alegría.

La reacción social no se hizo esperar. En Las Tinajas y en redes sociales, allegados y conocidos despidieron a la joven con mensajes cargados de dolor, incredulidad y reclamos de justicia. Las redes se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de afecto, retratando a Santillán como una persona alegre, solidaria y muy apreciada por quienes la rodeaban. Frases como “No hay consuelo para tanto dolor” y “Que se haga justicia por vos” circularon entre los mensajes, reflejando el estado de conmoción que invadió a la comunidad.

La violencia vuelve a situar a Honduras entre los países más afectados del continente, con casi 300 homicidios registrados en los primeros 50 días de 2026, una tendencia que amenaza con perpetuarse a menos que se implementen medidas contundentes y sostenidas.

A esta cifra alarmante de homicidios se suma un promedio diario de cinco muertes por accidentes viales y uno por suicidio, agravando la situación nacional y subrayando que el fenómeno de la violencia trasciende el ámbito criminal para instalarse como un verdadero problema multidimensional.

El impacto no solo golpea a las víctimas directas y sus familias, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo económico y social.

Los informes del OV-UNAH señalan que Yoro, Copán y Atlántida presentan los mayores índices de homicidios, mientras que los jóvenes son la población más afectada.

Factores estructurales como la exclusión social, la precariedad de oportunidades y la presencia del crimen organizado se suman a las deficiencias en la prevención y la investigación estatal.

La coordinadora del Observatorio, Migdonia Ayestas, comentó que el organismo sigue revisando caso por caso para determinar las características y patrones del fenómeno, y advirtió que las cifras preliminares son una señal de alarma para las autoridades.

Si el promedio de seis homicidios diarios se mantiene, el año podría cerrar con un saldo igual o peor que el de periodos anteriores.

Desde el inicio de 2026, el Observatorio ha enfatizado en la necesidad de mejorar los procesos de investigación criminal para garantizar justicia y combatir la impunidad, al señalar que la percepción de falta de castigo fomenta el descreimiento y la frustración ciudadana.

Ayestas afirmó: “La ausencia de esclarecimiento en numerosos casos de homicidio alimenta la percepción de que los responsables no enfrentan consecuencias, lo que debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.

El informe del OV-UNAH dedica un capítulo específico a la violencia contra las mujeres hondureñas. Ayestas indicó que en lo que va del año han sido asesinadas 26 mujeres, manteniéndose una tendencia mensual de 20 a 25 casos.

Las áreas más afectadas por feminicidios son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Olancho, mientras que, a nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Catacamas presentan las cifras más altas.

La coordinadora subrayó que muchas víctimas aparecen sin vida en espacios públicos o en sus propios hogares, demostrando que el peligro no distingue ámbito.

Entre las causas identificadas resalta la violencia de género, relacionada con el poder y control por parte de los agresores y una escalada de violencia física, psicológica o sexual a menudo sin respuesta institucional efectiva.

Se señala también que, además de feminicidios ligados a cuestiones de género, existen asesinatos motivados por robo, violencia doméstica o conflictos personales.

Esta diversidad exige intervenciones diferenciadas y políticas públicas enfocadas en la prevención, protección de posibles víctimas e investigación eficiente de los casos.

El panorama trazado por el Observatorio obliga a replantear las respuestas estatales ante una crisis que no se limita a los números. Especialistas en seguridad sostienen que la reducción sostenida de homicidios requiere acciones interinstitucionales, impulso a la educación y el empleo juvenil, y modernización de las capacidades de investigación y persecución penal.

Restaurar la legitimidad del sistema de justicia depende, según los expertos, de la transparencia, el control territorial y la depuración de organismos contaminados por redes criminales.

Mientras tanto, el Observatorio de la Violencia insiste en evitar la normalización de estos niveles de agresión, que tienen como principales víctimas a la juventud y a las mujeres hondureñas.

El reto inmediato para el Estado hondureño, con el equipo técnico analizando individualmente cada caso en los distintos departamentos, es que las estadísticas se traduzcan en acciones concretas orientadas a garantizar la protección de la vida y los derechos ciudadanos

“Teníamos miedo de que siga con esa seguidilla y que mate a alguien más”, resume un investigador del partido de Moreno ante Infobae el alivio tras la captura de Marcos Daniel Segovia, de 26 años, a quien lo apodan “El Sicario”.

Se trata de un presunto homicida que, antes de caer preso en las últimas horas, era buscado por haber intentado asesinar a su madre y a su ex pareja, y por el crimen de un hombre en el barrio Las Catonas; todos los hechos los cometió en un mismo día, según la causa en su contra.

La fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial General Rodríguez - Moreno, le endilga a Segovia una tentativa de femicidio, un homicidio tentado agravado por el vínculo, porque era la madre, y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La pena en expectativa no es otra más que una prisión perpetua.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Marcos Daniel Segovia fue detenido mientras caminaba tranquilamente por las calles del barrio Indaburu, en el partido de Moreno. El sospechoso cayó preso por tareas de las Comisaría 7ª y 8ª de la Policía Bonaerense, que realizaban rastrillajes y relevamientos por la zona del hecho.

En ese contexto, el homicida fue divisado en el interior de una casa e intentó darse a la fuga al detectar la presencia policial. Sin embargo, fue arrestado a los pocos metros.

“Estábamos todos asustados y desesperados por encontrarlo”, completaron las fuentes del caso el alivio de tenerlo tras las rejas.

A principios de febrero, la fiscal Saucedo imputó a “El Sicario” por tentativa de femicidio, luego de balear a su pareja y madre de su único hijo en medio de una fuerte discusión.

Según detalla el medio Semanario Actualidad, la mujer sufrió heridas de arma de fuego en el antebrazo derecho y en el abdomen, y fue trasladada de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

La víctima fue operada y estabilizada en el centro de salud, donde permanece internada con pronóstico reservado, pero estable. Por su parte, el atacante se fugó del lugar del hecho con su hijo en brazos.

Ese mismo día, justo antes de atacar a su pareja, Marcos Daniel Segovia le había disparado a una vecina que había salido de su domicilio al escuchar los gritos en la casa lindera. Por fortuna, la bala pegó en la mampostería y la mujer resultó ilesa.

Poco después, la madre de Marcos Daniel Segovia se presentó en la Comisaría 7ª de Moreno (La Reja) junto a su nieto, ileso, y lo entregó a los uniformados. También contó que ella había sufrido un intento de asesinato por parte de su propio hijo, pero la fortuna estuvo de su lado y ninguna de las balas que le gatilló salió del tambor de su revólver.

Durante esa misma jornada, pasado el mediodía, Marcos Daniel Segovia se vio involucrado en un caso de homicidio. En el barrio Satélite II, debajo del puente vehicular de Eva Perón y Joaquín V. González, Horacio Sena, de 53 años, fue baleado por el imputado, que lo acusó de haber intentado robar en su casa.

Sena, con graves heridas de arma de fuego, también fue trasladado al hospital local, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, murió pasada la medianoche.

Una vez arrestado, Marcos Daniel Segovia quedó a disposición de la justicia. Fuentes del caso indicaron a este medio que se negó a declarar durante la audiencia imputativa y permanece alojado en una dependencia policial de la zona.

Una mujer de 29 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió este domingo, alrededor de 23.45, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según pudieron reconstruir los agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años identificado como E.G.O., que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22 para dispararle a su pareja. Lo hizo frente a su hija de 2 años y a su bebé, que apenas tiene unos pocos meses de vida. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6 juninense y a cargo de la investigación, coordinó las actuaciones junto con efectivos de la policía científica y del Comando de Patrullas local. En este momento, según confiaron fuentes del caso a este medio, la investigadora aguarda por la grabación del llamado “confuso” que el imputado realizó al 911 para informar sobre el ataque que había recibido su pareja.

Al entrevistar a la víctima, que siempre estuvo consciente, a pesar del disparo que había recibido en la pareja, los investigadores percibieron algunos indicios compatibles con una situación de violencia de género. Ante ese escenario, la fiscal Sánchez ordenó la aprehensión preventiva de E.G.O., que se encontraba en el lugar del hecho junto a las hijas de ambos.

El reporte médico reveló que el acusado se encontraba alcoholizado al momento del hecho y que la bala quedó alojada cerca del parénquima cerebral de la víctima, una zona fundamental para las funciones neurológicas. Inicialmente, los profesionales advirtieron que el estado de la mujer implica riesgo de vida, ya que cualquier daño en esa área puede generar secuelas graves o, en el peor de los casos, la muerte.

La víctima, aún en estado de shock, aseguró ante las autoridades: “Mi marido no fue”, aunque no se descarta que la declaración esté vinculada a la dinámica de violencia previa reportada por los vecinos.

Este miércoles, la víctima había mostrado una evolución favorable y, según confiaron fuentes del caso a este medio, se encuentra estable y sin riesgo de vida. En cuanto a la bala que tiene alojada en su cabeza, los profesionales del hospital local optaron por no intervenirla, debido a que una cirugía en esa zona del cráneo implicaría un mayor riesgo de vida al que tiene actualmente.

Durante la intervención policial, los agentes secuestraron el arma utilizada, que estaba escondida en la chimenea de la propiedad, el teléfono celular del sospechoso, quien fue aprehendido y cuenta con antecedentes penales. Según pudo averiguar este medio, E.G.O. había recibido una condena en suspenso en una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo, debido a que la víctima había sido, nuevamente, su propia pareja.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”. El imputado, en tanto, se encuentra alojado en una dependencia policial de la ciudad de Los Toldos, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará durante este miércoles.

Salió a los corsos y no regresó: la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años, fue hallada desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La Justicia investiga un femicidio y hay un hombre de 38 años detenido.

Según medios locales, el hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda desplegada desde el domingo, cuando su familia denunció la desaparición. La mujer había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y no regresó.

A partir de ese momento, la Policía difundió su fotografía y solicitó colaboración de los vecinos, mientras que la división Búsqueda de Personas intensificó los operativos en la zona junto a personal de la Comisaría 50.

De acuerdo con el diario El Liberal, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en la casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Buscan determinar si Medina fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta allí posteriormente.

Además, se espera aún el resultado de la autopsia, que deberá esclarecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o mientras aún estaba con vida. Además, deberán establecer si L.R.B. actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

La investigación quedó bajo la supervisión del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, que continuará con nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años, fue hallada desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La Justicia investiga un femicidio y hay un hombre de 38 años detenido.

Según medios locales, el hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda desplegada desde el domingo, cuando su familia denunció la desaparición. Según dijeron, la mujer había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y no regresó.

A partir de ahí, la Policía difundió su fotografía y solicitó colaboración de los vecinos, mientras que la división Búsqueda de Personas intensificó los operativos en la zona junto a personal de la Comisaría 50.

De acuerdo con el diario El Liberal, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en la casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Buscan determinar si Medina fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta allí posteriormente.

Además, se espera aún el resultado de la autopsia, que deberá esclarecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o mientras aún estaba con vida. Además, deberán establecer si L.R.B. actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

La investigación quedó bajo la supervisión del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, que continuará con nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

Ataque a una mujer en Santiago del Estero

Una mujer de 47 años fue víctima de un violento asalto en la provincia de Santiago del Estero, cuando un hombre la golpeó para robarle una cartera con joyas valuadas en 700 mil pesos. El agresor resultó ser su propio cuñado.

El hecho ocurrió el pasado 3 de febrero, alrededor de las 23:30, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Según informaron medios locales, la mujer fue interceptada en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio San Martín.

De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante le dio golpes en el abdomen, la arrojó al suelo y aprovechó la situación para sustraerle la cartera. En su interior llevaba anillos, aros, pulseras y cadenas, cuyo valor fue estimado en 700 mil pesos.

Tras el ataque, la mujer regresó a su domicilio y radicó la denuncia, instancia en la que identificó al agresor como su cuñado.

La causa quedó a cargo del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y recuperar las joyas.

Yanina Belén Correa, de 30 años, desapareció el 24 de diciembre en la localidad de Abasto, en La Plata, donde convivía con su pareja. Esa Nochebuena, ambos se esfumaron sin dejar rastro. En realidad, en los días posteriores, el hombre llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Y se temió lo peor. En las últimas horas, se confirmaron las sospechas: un cotejo de ADN con restos hallados en la zona dieron positivo con el perfil genético de la mujer buscada.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes judiciales, los restos óseos encontrados a comienzos de año en la localidad de Abasto pertenecen a Yanina: se trata de un cráneo encontraro el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519.

El informe de esa confirmación de identidad genética fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, en un expediente que pasó de una “averiguación de paradero” a “averiguación de causales de muerte”.

En ese contexto, la familia de Yanina organizó una manifestación para exigir avances en la investigación y justicia por el caso para las 18:30 de este miércoles. Será en la intersección de calles 520 y 208.

El caso

Yanina mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, un hombre de la misma edad. Según reconstruyó la familia, la pareja tenía antecedentes de consumo problemático y la convivencia estaba atravesada por disputas y episodios de violencia.

A pesar de ese contexto, la familia desconoce si el novio está implicado y remarcaron que corresponde a la Policía determinar su posible responsabilidad.

No obstante, sospechan que pudo haber tenido algo que ver. ¿La razón? El único contacto con los parientes de la mujer que hizo días después de la desaparición. Llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Luego de eso, tampoco se volvieron a tener noticias de él.

El entorno más cercano de Yanina subrayaba durante la búsqueda que ella nunca antes se había alejado tanto tiempo de su familia ni había cortado el contacto con ellos.

Yanina era madre de cuatro hijos: tres niñas de 12, 8 y 2 años, actualmente a cargo de una tía, y un niño de 5 años, quien vive con su padre biológico.

El caso del nene desaparecido en Paraguay

Un nene de 12 años llamado Tobías y de nacionalidad argentina, lleva tres días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de que fuera arrastrado por un raudal en el barrio Tayuazapé durante un temporal de lluvias.

Pese a los operativos llevados a cabo por las autoridades, todavía no se pudo dar con el paradero del menor de edad.

El viernes fue la última vez que lo vieron, poco después de que se desataran unas intensas lluvias. Según relató su padre, Reinaldo Suárez, había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café.

“Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó el hombre.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra la última vez que se lo vio en la calle de la localidad que está a las afueras de Asunción, la capital paraguaya.

Según las imágenes de una cámara de seguridad de una estación de servicio, que difundió el medio local ABC, se puede ver como el menor, que estaba vestido con una remera celeste, shorts y ojotas, cruza una calle a las 8:20. No se alcanza a ver si tenía algo puesto en su cabeza.

Pablo Laurta, acusado de montar un macabro plan para asesinar a su expareja y suegra en Córdoba, fue trasladado este miércoles a la ciudad entrerriana de Concordia para responder por el otro crimen que se le adjudica: el del remisero Martín Palacio, a quien también habría asesinado mientras iba rumbo a cometer los femicidios.

Laurta llegó a la Jefatura Departamental local a las 18 horas en medio de un fuerte operativo de seguridad. Más tarde se lo trasladó a la Unidad Penal 3. El motivo del viaje era que este jueves a las 9 de la mañana tenía que presentarse en el juzgado de Garantías, a cargo de Gabriela Seró, para resolver su situación procesal, ya que se le vencía el plazo de la prisión preventiva por el homicidio de Palacio.

Al arribar a Concordia rodeado por agentes de policía, gritó a la prensa: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”, según registró el medio local Diario Río Uruguay.

Durante la audiencia, Seró decidió extender la prisión preventiva durante 90 días. Ese fue el pedido que hizo el Ministerio Público Fiscal. La defensa no se opuso.

En este sentido, la jueza Seró pidió a la justicia de Córdoba, donde se tramita la causa por el doble femicidio, las pruebas recolectadas en Gualeguaychú cuando lo detuvieron a Laurta. Además, dispuso que quede detenido en Entre Ríos hasta tanto comience el juicio en Córdoba.

El defensor del acusado, por su parte, solicitó una revisión psiquiátrica y psicológica para “evaluar su situación actual con una consultora técnica”, según indicaron a Infobae fuentes del caso. El análisis se realizará en Paraná entre el viernes y el lunes.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, está acusado de tres crímenes. En Córdoba irá a juicio por el doble femicidio de su expareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. En Concordia está procesado por el crimen de Palacio, un remisero de Buenos Aires que contrató para ir hasta la provincia mediterránea.

En el camino, Palacio fue brutalmente asesinado y descuartizado. Sus restos aparecieron desperdigados en zonas rurales de Entre Ríos.

Al ser detenido en Gualeguaychú, la Justicia de Concordia le dictó a Laurta prisión preventiva por 120 días. Ese plazo caducó en los últimos días. El acusado tiene defensor oficial en esta causa. Se trata de José Luis Legarreta. La fiscal que interviene es Daniela Montangie, pero hoy actuó Tomás Tscherning.

El acusador justificó el pedido de extensión de la prisión en que aún restan pruebas por producirse. También alegó que la investigación penal preparatoria todavía está en proceso. Legarreta avaló los argumentos. Laurta permanecerá detenido en Córdoba a la espera del juicio por el doble femicidio.

La ruta del crimen

El trayecto que recorrió Pablo Laurta en Entre Ríos tras haber subido al Toyota Corolla del remisero Martín Sebastián Palacio, quien luego fue asesinado, no fue producto del azar. Se trata de un prolijo trazado para no ser detenido por controles de las fuerzas de seguridad apostadas a la vera de las rutas principales. Así lo entienden los investigadores del caso.

En la causa se manejan datos concretos de cómo fue su raid delictivo para culminar con los femicidios en Córdoba de su ex Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio; y así llevarse a su hijo de 5 años.

Laurta comenzó su raid con el viaje en canoa desde Uruguay a Entre Ríos. Así logró que el ingreso a la Argentina no quede registrado en la Dirección de Migraciones. Luego, el 7 de octubre de 2025, a las 19:53, se subió al Toyota Corolla del remisero Palacio. Lo había contratado para viajar a la ciudad santafesina de Rafaela. El destino, sin embargo, fue otro.

Su cuerpo, sin brazos ni cabeza, apareció seis días después en un paraje rural cerca de Concordia, localidad ribereña al río Uruguay. Los otros restos se encontraron después en inmediaciones de la ciudad de Tala, en el centro de la provincia. El auto de Palacio fue encontrado incinerado en Córdoba. En esa ciudad, Laurta habría asesinado a las dos mujeres y secuestrado al menor.

Días después, la Policía detuvo a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos. Planeaba regresar a Uruguay. En la habitación que ocupaba con el niño se encontraron pertenencias del remisero.

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados este martes a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. La sentencia se conoció luego de que en noviembre un jurado popular los hallara responsables de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

También resultaron condenados Gustavo Obregón (a cinco años y diez meses de prisión) y Fabiana González (cinco años), ambos por encubrimiento agravado, y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.

La única de los imputados que fue declarada absuelta durante el proceso fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad al finalizar el juicio.

Para la Justicia de Chaco, el femicidio de Cecilia fue un crimen planificado. Y a lo largo del debate oral, la Fiscalía logró probar cuál fue el rol que tuvo cada uno de los condenados en el homicidio, que se produjo el 2 de junio de 2023 en la vivienda de la familia Sena, ubicada en Santa María de Oro 1460, en el centro de Resistencia.

El rol de César Sena

César Sena fue condenado como autor material del femicidio. En la mañana del 2 de junio de 2023, César llegó con Cecilia a la vivienda familiar en Resistencia bajo la promesa de que partirían juntos a Ushuaia para comenzar una nueva vida. Para la Fiscalía, una vez dentro de la casa y ya en una de las habitaciones, mató a Cecilia.

Si bien el modo exacto no pudo determinarse, la presencia de rasguños en su cuello sugiere que la víctima pudo haber sido estrangulada o sometida a una maniobra de ahorcamiento.

Tras el homicidio, Sena envolvió el cuerpo en una frazada y lo trasladó a una habitación contigua, donde permaneció hasta la llegada de los colaboradores. Posteriormente, participó en el traslado del cuerpo hasta el predio rural donde sería incinerado.

El rol de Marcela Acuña

Según la acusación, Acuña participó activamente en la planificación y el encubrimiento. Antes del asesinato, salió de la vivienda para no estar presente en el momento clave. Horas después, ya producida la muerte de Cecilia, ingresó a la habitación donde estaba el cuerpo y percibió un bulto sospechoso envuelto en una frazada.

Aunque declaró haber visto la escena de manera accidental, la fiscalía sostiene que inmediatamente recurrió a los colaboradores Fabiana González y Gustavo Obregón para que la asistieran en las maniobras tendientes a borrar pruebas y facilitar la desaparición del cuerpo.

Su rol también incluyó coordinar las tareas posteriores con los colaboradores y asegurar el silencio familiar sobre lo ocurrido.

El rol de Emerenciano Sena

El padre de César salió de la vivienda familiar temprano, antes del crimen, pero la fiscalía argumentó que fue parte fundamental en la planificación y preparación del escenario.

Emerenciano, líder piquetero y candidato político al momento del hecho, habría brindado apoyo logístico, generado un entorno de protección y autorizado a su familia a proceder con el plan.

Según la acusación, favoreció la ejecución del crimen y la tentativa de impunidad, influenciando decisivamente sobre su hijo y sobre la dinámica familiar, ya que era notoria su negativa a la relación entre César y Cecilia.

El rol de Gustavo Obregón

Él trabajaba desde hacía años como chofer y asistente privado de los Sena. El 2 de junio, Obregón acudió a la vivienda tras el llamado de Acuña.

Para la fiscalía, su labor resultó clave en las tareas de encubrimiento: colaboró en trasladar el cuerpo en la cajuela de la camioneta Hilux junto a César y en la remoción de muebles de la habitación donde ocurrió el crimen, que más tarde fueron hallados con rastros de sangre correspondiente a la víctima.

Su presencia en la vivienda y posterior participación en el traslado del cuerpo hasta el sitio de incineración lo ubicaron como un partícipe necesario en el proceso de ocultamiento.

El rol de Fabiana González

Era la secretaria y persona de extrema confianza de la familia, González llegó a la vivienda poco después de Obregón, también convocada por Acuña.

La justicia la ubicó como partícipe en el encubrimiento agravado, ya que colaboró en la limpieza de la escena y en las maniobras para hacer desaparecer pruebas.

La pesquisa determinó que ayudó en el traslado de objetos vinculados al hecho y en garantizar que no quedaran rastros que comprometieran a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

El rol de Gustavo Melgarejo

Melgarejo era casero del campo ubicado en Puerto Tirol, donde finalmente fue trasladado el cuerpo de la víctima. Melgarejo fue considerado por la fiscalía responsable de encargarse de mantener encendido el fuego para la incineración del cuerpo.

Griselda Reinoso, la única absuelta

Reinoso, también era cuidadora del predio rural junto a Melgarejo. A diferencia del resto, Reinoso fue absuelta por el jurado popular, ya que no se hallaron pruebas que confirmaran su presencia o participación durante la incineración del cuerpo o ningún otro aspecto del encubrimiento.

Reinoso sostuvo siempre que no estuvo en el predio mientras sucedían los hechos.

Desde la acusación nunca dudaron de la participación de Emerenciano y Marcela en el hecho. “El accionar de César no habría sido posible sin la participación activa y esencial de sus padres, quienes crearon un ambiente seguro y propicio, para asegurar un resultado exitoso. De lo contrario, nos preguntamos: si no fuera así, ¿por qué teniendo otras alternativas y tras pasar la noche del 1° de junio con Cecilia, no escogió otro sitio para llevar a cabo su acción?”, indicaron.

El móvil habría sido económico, pero también -como se dijo- motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César. “El joven se encontraba bajo un control significativo por parte de sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, no solo en aspectos financieros, sino también en decisiones cruciales de su vida. La influencia directa de sus padres sobre él estaba estrechamente relacionada con sus acciones, incluso en relación con su pareja”, apuntó la fiscalía.

El 8 de febrero de 2004 Julia Ferreyra vio a su hija Andrea López (24) por última vez. “Recuerdo que vino a casa con Emanuel —el hijo que tenía con Víctor Purreta, de apenas 4 años— y me dijo que le había comprado los útiles porque en unas semanas empezaba el jardín”, recuerda la mujer 22 años después. Es que entre el 9 de febrero y la madrugada del 10 de ese 2004, Andrea desapareció y nunca más se supo de ella. Pero alguien sí había sido testigo de lo que le había pasado a esa joven.

Pasarían tres años para que Emanuel contara lo que había sucedido con su madre en 2004: recordó que fue su papá quien mató a su mamá. Y pasaría un lustro más para que su relato ingresara a la justicia pampeana a través de una cámara Gesell.

Emanuel relató ante la Justicia que vio cómo su padre, luego de pegarle a su madre con un rebenque y ahorcarla, la acostó en una cama. Después la llevó a la rastra hasta el baño. Por la hendija de la cerradura, pudo observar que la había puesto debajo de la ducha. Quería reanimarla. Después, Purreta salió y lo mandó a dormir.

La coartada de Purreta fue débil. Dijo que discutieron con Andrea esa noche y que luego salió en su camioneta a comprar cigarrillos, y que cuando volvió ella ya no estaba. Pero el testimonio de Emanuel se volvió una pieza clave para que un tribunal hallara culpable a su padre del crimen y la desaparición de Andrea. Recibió una pena de 18 años de prisión por el homicidio de la madre de su hijo, aunque luego la condena se elevó a 25, al unificarse con causas por obligar a Andrea y a otras mujeres a ejercer la prostitución.

En 2004, la palabra femicidio no existía en los expedientes judiciales argentinos y, salvo los casos de lesa humanidad, no había habido condenas sin el hallazgo del cuerpo de la víctima. Sin embargo, la justicia pampeana fue pionera: el de Andrea López fue el primer caso en el país.

Para la Justicia, y en base al testimonio del hijo de la víctima, Andrea fue asesinada a golpes por el boxeador Víctor Purreta delante de Emanuel. Desde entonces, su cuerpo está desaparecido. En la actualidad, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmó el decreto mediante el cual se aumentó a 7 millones de pesos la recompensa para quien brinde datos concretos que permitan localizar sus restos.

“¿Dónde está mi hija?”

En el inicio de 2004, Andrea vivía con Purreta y su hijo de 4 años en una propiedad de la calle Maestros Puntanos, en el norte de la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa.

“Cuando me entero de que Andrea estaba desaparecida, fui a preguntarle dónde estaba mi hija. Y lo que más recuerdo es que mi nieto quiso decir algo… pero Purreta lo hizo callar y lo mandó para adentro. Yo le pregunté: ‘¿Qué le hiciste a mi hija?’, y Emanuel alcanzó a decir: ‘Mi papá…’”, recuerda Julia en diálogo con Infobae. Un dato que da escalofríos: para ese entonces, el Emanuel de 4 años dibujaba a su mamá con alas.

Julia, viuda, había visto a su hija llegar golpeada a su casa. Veía los moretones en su rostro. Sabía que Andrea era obligada a ejercer la prostitución. “Yo le decía que ese tipo iba a terminar con su vida. Y ella me respondía, como para calmarme: ‘Sí, sí, viejita’”.

Desde los 12 años, Julia trabajó limpiando casas en Santa Rosa. Se jubiló como ama de casa y su mayor capital fue enseñarles a sus hijos, y ahora a nietos y bisnietos, la cultura del trabajo. La del esfuerzo diario. La de no bajar los brazos.

Cuando Andrea desapareció, Julia se topó con una parte de la sociedad que la señaló con el dedo. “Di una entrevista de espaldas a la cámara. Era 2004, se hablaba de ‘crimen pasional’”, recordó y agregó que ese mismo año una mujer tocó la puerta de su casa en la calle Varela. Era Mirta Fiorucci, militante feminista. “Me dijo que tenía que dar la cara, que Andrea era obligada. Desde ese día empecé a luchar incansablemente por mi hija”, añadió.

Después llegaron otras mujeres, que también militaban por los derechos de las mujeres: “Para mí eran de oro. Juntaban el dinero para pagarle el tratamiento psicológico a Emanuel”, dice.

Emanuel tenía siete años cuando empezó a preguntar. Veía a su abuela ir y venir y un día, ya en la escuela, preguntó por qué Andrea no estaba en el cementerio. “Ahí empezó a contar. Lo primero que dijo fue que no le contáramos a nadie. Yo recuerdo que estaba con mi nuera y nos dijo lo que había pasado esa noche. Tenía siete años. Recién a los 12 la Justicia tomó su testimonio”.

Purreta siempre negó el crimen. En noviembre de 2015, se presentó esposado en el Registro Civil de Victorica para casarse. Afuera, una veintena de mujeres lo esperaba con una sola pregunta. Adentro, la jueza de Paz imprimía hojas tamaño A4 con letras negras que insistían: ¿Dónde está Andrea López? Ese día habló. El pasado lo acorraló: “Todos tenemos pasado… Hay que seguir adelante".

—¿Dónde está Andrea López?

—No lo sé. ¿Vos sabés? —repreguntó, desafiante.

En un campo

El 27 de julio de 2023, Purreta cambió el “no lo sé” y reconoció el homicidio: señaló un campo a unos 15 kilómetros del casco urbano de Santa Rosa. Hubo excavaciones. Andrea no apareció en ese predio rural llamado Monte Chue, ubicado a la vera de la ruta nacional 35.

Hoy, Julia y Emanuel siguen buscando una respuesta. Un lugar donde llevar una flor. Y, como en todos los aniversarios, hay un mensaje, un llamado. Días atrás, el hijo de Andrea, que ahora tiene 24 años, la misma edad que tenía su madre cuando fue asesinada, recibió una comunicación. Un hombre que dijo ser vecino de la casa de su infancia le remarcó que la noche del hecho la camioneta nunca salió del lugar, que había que buscar en la casa de Purreta o en la lindante, donde vivían su abuela paterna y sus tías: esa vivienda que fue demolida.

Aunque las esperanzas parezcan haberse diluido con el tiempo, Julia sigue buscando en la pregunta “¿Dónde está Andrea López?” una respuesta que la mantiene viva. “No la tengo, no sé dónde está, pero tengo a Emanuel, que también es Andrea”.

En 2025, Brasil registró una reducción de los homicidios por quinto año consecutivo, confirmando una tendencia positiva en el ámbito de la seguridad pública. En comparación con 2024, la caída fue del 11%, con alrededor de 34.000 víctimas, lo que equivale a un promedio de 93 muertes por día. Se trata del nivel más bajo de los últimos cinco años. En 2020, por ejemplo, las muertes violentas habían superado las 45.000. Los datos, recopilados por las secretarías estatales de Seguridad Pública y consolidados por el Ministerio de Justicia, aún no son definitivos, ya que algunos estados no han enviado las cifras completas correspondientes al mes de diciembre. Frente a esta mejora general, sin embargo, emerge un dato alarmante: los feminicidios alcanzaron un nuevo récord histórico. En 2025 fueron asesinadas 1.470 mujeres, un promedio de cuatro por día, superando ya el total de 2024, cuando los casos habían sido 1.459. En 2025, la ciudad de San Pablo, con 57 feminicidios, batió el récord desde 2015, año en que comenzaron a recopilarse datos sobre el tema, mientras que en todo el estado 207 mujeres fueron asesinadas, frente a las 191 del año anterior. Además, según el Mapa Nacional de la Violencia de Género, alrededor de 3,7 millones de mujeres brasileñas sufrieron uno o más episodios de violencia doméstica en los 12 meses finalizados en noviembre del año pasado.

Casi siempre los agresores o asesinos son parejas o, sobre todo, ex parejas que no aceptan la separación. “Aunque la crueldad ya es un rasgo distintivo típico de los crímenes de feminicidio, es el rechazo lo que en ese hombre despierta una rabia, un odio, hasta el punto de que marca ese territorio, ya sea con golpes repetidos o exhibiendo la violencia ante la sociedad como si fuera prácticamente una forma de trofeo. Una manera de decir: ‘Aquí mando yo; si no eres mía, no serás de nadie”, declaró al portal de noticias G1 Fabíola Sucasas, de la Fiscalía para la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de San Pablo. El pasado diciembre, una megaoperación de la Policía Civil arrestó en pocas horas, en todo el estado de San Pablo, a 233 agresores de mujeres acusados de crímenes de violencia doméstica y familiar. En total, se habían emitido 1.400 órdenes de arresto, lo que demuestra hasta qué punto la violencia doméstica sigue siendo un problema gravísimo en Brasil. Según los datos más recientes del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) —organización que reúne a expertos del ámbito académico, policial y de la sociedad civil—, el principal lugar donde se produjeron los feminicidios en 2024 sigue siendo la residencia de la víctima, que representa el 64,3% de los casos, la misma proporción observada en 2023. Solo el 21,2% de los homicidios se cometió en espacios públicos, donde es más fácil pedir ayuda.

Recientemente, algunos casos han generado una ola de profunda indignación en todo Brasil. Es el caso, por ejemplo, de Tainara Souza Santos, de 31 años, a quien le amputaron ambas piernas después de haber sido atropellada y arrastrada durante un kilómetro por su ex novio. Tras una hospitalización de 25 días, la mujer no resistió las heridas y falleció. Se trata de un caso que, según los expertos, encaja en la llamada dinámica del “overkill”, es decir, cuando el agresor mata simbólicamente a la víctima más de una vez, mediante mutilaciones crueles, múltiples golpes o disparos repetidos, como una forma de afirmar el control sobre la víctima incluso después de muerta. En muchos casos, las familias de las víctimas deben esperar años para obtener justicia. A finales de enero, tras casi 24 años, fue arrestado en Bahía el empresario de 61 años Sergio Nahas, sobre quien pesaba una condena por el asesinato de su esposa Fernanda Orfali, ocurrido en 2002.

Muy conocido es también el caso de 1976 de Doca Street y Ângela Diniz, al que incluso se le dedicó una serie para una plataforma internacional de streaming. La mujer, perteneciente a la alta sociedad brasileña, fue asesinada con cuatro disparos por su amante Doca Street en su casa de Búzios, en Río de Janeiro. Durante el juicio, la defensa invocó la tesis del “homicidio en legítima defensa del honor”, entonces aún socialmente aceptada. El caso se convirtió en símbolo del machismo y de la impunidad en los crímenes contra las mujeres y contribuyó a cambiar el debate público y jurídico en Brasil. “El honor del agresor parece valer más que cualquier otra cosa. Lo vimos en el caso de Doca Street. Sostenía que su honor valía más que la propia vida de la víctima, y esa narrativa sigue persistiendo en el imaginario popular. Permaneció hasta su muerte afirmando que la culpa era de Ângela, que se trataba de un amor loco”, declaró la fiscal Sucasas al portal G1.

Desde el punto de vista jurídico, el caso de Ângela Diniz marcó un punto de inflexión fundamental en Brasil. Tras una primera condena leve en 1979, obtenida gracias a la tesis de la “legítima defensa del honor”, la indignación de la opinión pública y la movilización del movimiento feminista llevaron a un nuevo juicio. En 1981, Doca Street fue condenado a 15 años de prisión, y la justicia rechazó de hecho la idea de que el “honor” pudiera justificar un homicidio. Desde entonces, la tesis de la defensa del honor perdió progresivamente legitimidad en los tribunales brasileños, hasta ser definitivamente declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2021, que prohibió su uso en casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.

Otro paso adelante importante fue la aprobación de la Ley Maria da Penha en 2006 (Ley n.º 11.340/2006), el principal instrumento jurídico brasileño contra la violencia doméstica y de género. La ley reconoce que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una violación de los derechos humanos, y define cinco formas de violencia doméstica y familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial y moral. La norma introdujo medidas urgentes de protección para las víctimas, como la expulsión inmediata del agresor, la prohibición de acercamiento y la protección del hogar y de los bienes de la mujer. También reforzó la responsabilidad del Estado, obligando a la policía y a la magistratura a intervenir con rapidez e impidiendo la conciliación entre víctima y agresor en los casos de violencia doméstica. La ley Maria da Penha surgió del caso real de Maria da Penha Maia Fernandes, una mujer brasileña que sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte de su esposo, y marcó un cambio cultural y jurídico: la violencia de género pasó a ser tratada como un fenómeno estructural, y no como un episodio aislado, sentando las bases para el combate al feminicidio en Brasil. Maria da Penha se convirtió en una activista reconocida a nivel nacional, hasta el punto de que en 2024 fue incluida en el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, debido a amenazas y ataques en línea relacionados con su labor en defensa de las mujeres.

La semana pasada, además, los tres Poderes de la República firmaron un pacto nacional para combatir el feminicidio. Los firmantes fueron el presidente del STF, Edson Fachin; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Davi Alcolumbre y Hugo Motta, respectivamente; y la ministra de las Mujeres, Márcia Lopes. El objetivo del pacto es un nuevo compromiso integrado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para combatir la violencia contra las mujeres, con acciones centradas en la prevención, la protección, la rendición de cuentas de los agresores y la garantía de derechos.

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, el camino sigue siendo cuesta arriba en Brasil. Aún faltan políticas públicas distribuidas de manera equitativa en todo el territorio nacional, así como son todavía pocas las comisarías especializadas en la defensa de las mujeres. Pero, sobre todo, el eslabón más débil de la cadena sigue siendo la falta de supervisión por parte de las autoridades del cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas que denuncian. También en el ámbito de la prevención falta un enfoque sistémico, empezando por programas en las escuelas que preparen a los hombres del futuro para una educación relacional, en un país donde —conviene recordarlo— muchos jóvenes aún se jactan de que su esposa o compañera no trabaja. “Si las mujeres evolucionan en la vida pública, los hombres pueden evolucionar en la vida privada”, ha declarado en varias ocasiones la exministra de las Mujeres del gobierno de Lula, Cida Gonçalves, subrayando cómo estas dinámicas, si no se abordan, pueden conducir con el tiempo a la violencia y a la subordinación familiar.

En Brasil, los datos en este sentido son alarmantes. La participación femenina en el mercado laboral es significativamente menor que la masculina (alrededor del 41% frente al 68% en 2025), en gran medida debido a la concentración de las mujeres en trabajos de cuidado no remunerados y a la imposición de roles sociales desiguales. La región con mayor empleo femenino es el sudeste, seguida por el nordeste y el sur del país. Los datos del Ministerio de Trabajo de 2025 y los estudios basados en cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran también que las mujeres brasileñas enfrentan una mayor tasa de desempleo (6,9% frente al 4,8% de los hombres en el segundo trimestre de 2025) y una fuerte concentración en sectores de bajo salario, como los servicios. En cuanto a la brecha salarial, se trata de un fenómeno persistente a pesar de que la igualdad de remuneración está consagrada en la legislación laboral brasileña desde 1943. Hoy, las mujeres brasileñas ganan aproximadamente un 21% menos que los hombres. En 2023, la promulgación de la Ley 14.611/2023 representó un avance importante, ya que la norma busca promover una mayor transparencia salarial y combatir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. El problema, sin embargo, sigue siendo el de los controles, todavía insuficientes para modificar un escenario arraigado desde hace décadas.

Ricardo Adrián Rodríguez (36) y Leandro Joel Oses (27) fueron condenados este viernes a prisión perpetua por el femicidio de Zoe Pérez, la adolescente de 17 años que fue asesinada en febrero de 2024 en La Toma, provincia de San Luis.

El fallo fue dictado por unanimidad por un tribunal integrado por María Eugenia Zavala Chacur, Adriana Lucero Alfonso y Fernando Julio De Viana.

La audiencia se realizó en la ciudad de San Luis, donde los jueces leyeron la sentencia que declara a Rodríguez, de 33 años, y a Oses, de 26, culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

El Ministerio Público Fiscal informó que ambos seguirán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecen desde 2024.

El tribunal consideró como atenuante que ninguno tenía antecedentes condenatorios. En el caso de Rodríguez, se sumaron como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el aprovechamiento de la amistad con la víctima y la conducta posterior al crimen. Para Oses, también se tomaron como agravantes las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El crimen

La noche del 19 de febrero de 2024, Zoe fue al Club Pringles de La Toma con Rodríguez y Oses. Se quedaron tomando mate y mirando un partido de voley junto a una amiga. Después, los cuatro fueron hasta una plaza y más tarde la víctima y los dos acusados se dirigieron a la casa de Rodríguez.

En esa vivienda, ubicada en la calle Inti Huasi, del barrio Barrancas de La Toma, estuvieron tomando bebidas alcohólicas y jugando a la play. Se sacaron fotos y grabaron videos con el celular de Oses. En una de las grabaciones, Rodríguez le dijo a Zoe: “A mí no me incentives el demonio porque está todo mal. Es un consejo, no me provoques porque el demonio sale”.

Según la reconstrucción de la fiscalía, los tres estuvieron en la cama de Rodríguez hasta por lo menos las 4.30 de la madrugada. Minutos después, entre las 5 y las 7 de la mañana, la adolescente fue atacada. “Los imputados sometieron sexualmente a la adolescente”, sostuvo la fiscal a cargo de la investigación, Antonella Romagnoli.

Zoe intentó escapar, pero los acusados la alcanzaron y continuaron el ataque. La asfixiaron en el espacio entre la heladera y la mesa del comedor. Según la fiscal, Oses la tomó del cuello con un cordón mientras Rodríguez la inmovilizaba.

Los acusados no fueron a trabajar y se quedaron en el lugar. A las 8.50, Oses salió del domicilio con una mochila y Rodríguez trasladó el cuerpo de Zoe a la cama de la habitación. Cerca de las 10, el hermano de la víctima llegó al lugar y le dijeron que ella ya se había ido. Una amiga recibió la misma respuesta.

Más tarde, el profesor del gimnasio al que asistía la adolescente recibió un mensaje de Rodríguez pidiéndole que fuera urgente a su casa. Al llegar, el hombre encontró a Zoe sin vida en la cama y preguntó qué había pasado, pero no obtuvo respuesta.

Durante la investigación, la médica forense determinó que Zoe presentaba signos de asfixia en órganos internos, lesiones en los genitales compatibles con una agresión sexual y heridas en los brazos y piernas, que serían signos de defensa. Los peritajes también indicaron que los acusados tenían lesiones y escoriaciones.

Oses y Rodríguez dieron versiones distintas ante la Justicia. El primero contó que, cerca de las 7 de la mañana, salió de la casa de su cómplice junto a la víctima, pero después de una cuadra y media, Zoe decidió regresar. Él siguió camino a su casa. Más tarde, recibió mensajes del hermano de la víctima preguntando por ella. Según su relato, Rodríguez le pidió que fuera hasta su domicilio porque había encontrado a la chica “toda tajeada”.

Rodríguez, en cambio, dijo que cuando se fueron Zoe y Oses, él se acostó a dormir. Al rato, fue el hermano de la víctima y una amiga a buscarla y él les dijo que no estaba. Más tarde, antes de salir para lo de su madre, la vio tirada en el piso de su casa. “De la desesperación le tiré aire, le hablaba, y la levanté y la llevé a la cama. Llamé al profesor de kick boxing para que me ayudara y llamara a la policía”, aseguró.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Juicio N°2, Fernando Rodríguez, pidió tratar el caso con perspectiva de género. Sostuvo que se trató de un homicidio doblemente calificado criminis causa, figura que se aplica cuando se mata para cometer otro delito, facilitarlo, ocultarlo o asegurar la impunidad.

“La violencia de género quedó explicitada por las lesiones que poseía la niña víctima y los imputados. Claramente el delito precedente que fue el del abuso sexual con acceso carnal y luego de producido, con la resistencia de la víctima, la mataron para ocultar el abuso”, sostuvo el fiscal ante el tribunal.

El querellante, Esteban Bustos, compartió el planteo del fiscal y pidió exhibir una foto de Zoe con la remera de su promoción escolar. “Nos falta Zoe, pero siento que ella guió el camino para llegar hasta aquí. Fue golpeada salvajemente y torturada por personas a quien ella consideraba sus amigos”, declaró.

Finalmente, la condena del tribunal fue comunicada en la audiencia de este viernes. Los fundamentos del veredicto estarán disponibles en los próximos días, según informó el Poder Judicial de San Luis.

A dos años del femicidio de Fabiana Soledad Viyagra (30), una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), la jueza Carina Nancy Rodríguez resolvió que el inspector y pareja de la víctima, J. A. U. (33), deberá enfrentar un juicio oral. Se trata del único acusado en la causa. La principal hipótesis es que mató a quien era su pareja y luego intentó hacerlo pasar por un suicidio.

El expediente, elevado a juicio por pedido del fiscal Alberto Adrián María Gentili, reconstruyó que el 8 de diciembre de 2023, cerca de las 23:30 horas, la pareja mantuvo una discusión relacionada con su relación sentimental en la casa que compartían en el barrio porteño de Liniers.

En medio de la pelea, el inspector rompió el espejo del baño y, posteriormente, disparó a la oficial en el dormitorio en dos ocasiones. Mientras que la primera bala impactó en el rostro de la víctima y fue disparada desde más de cincuenta centímetros de distancia, ela segunda fue con el cañón apoyado en la región temporal derecha del cuero cabelludo.

Según el sitio Fiscales, la decisión judicial se basó en una serie de pruebas reunidas por la Fiscalía y por los peritos del Cuerpo Médico Forense, quienes consideraron improbable que la víctima pudiera haberse disparado a sí misma en dos oportunidades y desde distancias tan diferentes.

En este sentido, los especialistas explicaron que “las heridas provocadas por cada uno de los disparos, en forma aislada o individual, son idóneas para causar la muerte“, tras destacar la dificultad física para que, después de una lesión mortal en la cabeza, la persona pudiera efectuar un segundo disparo.

No obstante, uno de los datos claves fue obtenido por medio del análisis balístico, que determinó que ambos proyectiles procedían del arma reglamentaria que le habían asignado al inspector en 2017. A pesar de esto, el acusado siempre sostuvo la versión de que su pareja se había quitado la vida.

La tercera vez que prestó declaración, J. A. U. aseguró que, durante la pelea, Viyagra fue al dormitorio a preparar sus pertenencias para irse. Tras afirmar que había roto el espejo del baño de manera accidental, contó que había escuchado “dos detonaciones prácticamente simultáneas, con menos de un segundo de diferencia”.

Por este motivo, indicó que se dirigiró al cuarto y se encontró con la víctima tirada en el piso, con la cabeza dentro del placar. Así, planteó que ella misma había usado su arma reglamentaria para suicidarse. Sin embargo, los peritos y la investigación judicial terminaron por descartar esa hipótesis.

Además de las pruebas balísticas, apuntaron que los testimonios de vecinos que escucharon la pelea resultaban incompatibles con un suicidio.

De la misma forma, la autopsia reveló que la víctima presentaba lesiones en el antebrazo, manos y rodilla, producidas en el mismo momento de la muerte. Estos signos corroborarían la existencia de violencia física durante el episodio fatal entre ambos integrantes de la PFA.

Por esto, al fundamentar el pedido de juicio, el fiscal Gentili afirmó que “los elementos probatorios colectados descartan la posibilidad de que la víctima haya sido la autora de la conducta que finalizó con su vida, máxime teniendo en cuenta que cada una de dichas detonaciones, por separado, hubiesen provocado su deceso”. También remarcó la manipulación de la escena por parte del acusado, quien colocó el arma bajo el cuerpo de la víctima para reforzar la idea de suicidio.

Aunque la defensa del inspector había pedido el sobreseimiento por considerar que “la instrucción no se encontraba completa, que no se había acreditado, con el grado de probabilidad exigido, el hecho ni la autoría, y que subsistían dudas razonables no despejadas, derivadas principalmente de la omisión de producción de prueba”, el 29 de enero de este año la jueza rechazó la solicitud y declaró la clausura del proceso investigativo.

En este sentido, la magistrada remarcó que el ingreso de dos proyectiles en el cráneo de la víctima “echa por tierra la posibilidad de que la propia Viyagra haya sido la autora de la conducta que finalizó con su vida, tal como pretende esgrimir la defensa”.

De la misma manera, la jueza subrayó que las circunstancias previas, es decir, la pelea entre la pareja, “termina de conformar un cuadro que sindica al acusado como el autor del hecho”.

Un jefe narco preso, vinculado a Los Monos, comenzó a ser juzgado en Rosario por, presuntamente, haber ordenado el secuestro y la ejecución de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, respectivamente, el 12 de julio de 2022, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

Se trata de Pablo Nicolás Camino (31), quien acumula condenas por 40 años de cárcel por homicidio, balaceras y asociación ilícita y, en paralelo, está imputado por instigar la balacera contra el supermercado Único perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El debate oral y público se lleva adelante en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana.

El eje del debate es el rol que tuvo Camino y cuatro presuntos integrantes de su organización en el doble femicidio, quienes formaron parte, además, la estructura delictiva en el comercio de estupefacientes.

Junto al recluso son juzgados Melisa Negro (38) –expareja del preso–, la presunta vendedora de droga Sandra Beatriz Calegari (55), el presunto autor material del doble femicidio Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22), quien trasladó a las hermanas hasta el descampado donde las mataron. Todos afrontan un pedido de prisión perpetua.

Según la acusación, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda de Camino. “El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el presunto sicario.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular. Ese auto luego se dirigió hasta el domicilio de Sandra Calegari, donde descartaron elementos.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste.

Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación. Lo mismo, Calegari, quien fue arrestada por un legajo de narcomenudeo y posteriormente se la imputó por los asesinatos de Marianela y Estefanía.

El dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

“Acelerá, ahí viene mi ex”. Morena entendió todo cuando vio acercarse a toda velocidad a Abiel Salazar en un Fiat Mobi. La indicación de la chica de 17 años iba dirigida al conductor de la moto CG 150 cc que la llevaba a bordo. No se equivocaba al sentir pánico: la persecución fue demencial y se extendió por 20 cuadras. Durante todo ese tiempo, el auto que los acechaba llegaba a tocarlos, incluso en sus piernas, aunque no lograba desestabilizarlos. Hasta que sintieron el golpe final.

Ocurrió el 20 de enero pasado, en la intersección de Pedro Goyena y Almeida en Villaguay, una ciudad de Entre Ríos. La secuencia no terminó allí.

A raíz del impacto, ambos jóvenes salieron despedidos de la moto. El golpe contra el asfalto le provocó a Morena una contusión en el pulmón derecho, le dejó una pierna muy lastimada, hematomas y raspones por todo el cuerpo. También un golpe en la cabeza le provocó amnesia temporal. Su amigo sufrió fracturas de cadera y de tibia.

Pero la peor parte se la llevó un Renault 12 contra el que Salazar chocó de lleno en su loca carrera por alcanzar a su ex novia y madre de su beba. En ese vehículo viajaban cinco personas; cuatro terminaron con lesiones graves. Una de ellas murió.

Se trataba de Garay Roque Elesio, de 74 años. Por el homicidio culposo —matar sin intención—, Salazar fue detenido y, desde entonces, cumple prisión preventiva.

Ahora, Belén y su mamá, Mariana González, reclaman que sea, además, imputado por intento de femicidio. Tienen miedo de que lo liberen.

“Todo comenzó hace dos años. Él tenía 25 años cuando la conoció, ella 15. Me opuse a la relación, hice denuncias. Fui a la Comisaría de Familia y Minoridad de Villaguay varias veces, pero lo único que me respondían es que llevara al psicólogo a mi hija, que no podían hacer nada”, contó Mariana en diálogo con Infobae.

Pese a que intentó alejarlos, la relación continuó y, un año más tarde, nació la hija de ambos. Morena se fue a vivir con Salazar. “Descubrí que él era violento cuando no tuve noticias de ella durante dos días. No venía a casa, solo me enviaba mensaje de WhatsApp. La fui a buscar y encontré todo cerrado. Mi hija salió llorando. La había golpeado, insultado y hasta escupido. La había amenazado con sacarle a la beba, por eso no se escapaba. Me la llevé de ahí”, aseguró la mujer.

“A la semana, él volvió a buscarla, pese a que tenía orden de restricción y botón antipánico. La manipuló para que volviera. Le armó un lío en la cabeza. Otra vez, fui a la comisaría y denuncié que habían violado la orden. Esta vez, la trajo la policía a mi casa”, agregó.

“Morena comenzó terapia y, de a poco, pudo desprenderse. Él nunca dejó de insistir, pasaba por el frente de mi casa y se paraba en la esquina; las restricciones no sirven para nada”, relató.

Y siguió: “El día que intentó matarla, Morena salió a dar vueltas con un amigo a la noche. Él la vio y le gritó su nombre, como ella siguió, se subió al auto y comenzó a perseguirlos. Enloqueció, nunca la había visto con otra persona”.

“También recibimos amenazas de él y de su familia. Tenemos los audios y vamos a presentarlos a la Justicia, pero hay que esperar que termine la feria judicial para poder tener una fecha de audiencia y pedir la imputación por el intento de asesinarla”, contó resignada.

De acuerdo a Mariana, su hija está muy asustada y “habla todo el tiempo del accidente”. No tiene dudas de que la intención de su ex era matarla.

El gobierno uruguayo tiene dos formas de leer las cifras de delitos del 2025 que presentó este lunes 26. Si los datos informados se comparan con el 2024 son alentadores porque hubo menos delitos en el país: la baja fue de un 4,7% en total. Sin embargo, la cifra de la criminalidad en Uruguay sigue siendo alta si se la equipara con los niveles delictivos de países a los que el gobierno mira como ejemplo.

El informe elaborado por el Sistema de Gestión de Seguridad mostró que, en total, hubo en 2025 287.000 delitos, unos 14.000 menos en comparación al 2024. Sin embargo, si esta cifra se compara con los datos de hace una década el crecimiento fue del 23%.

El análisis de los datos realizados por las autoridades muestra que hubo una “evolución positiva”, según consideraron las autoridades: de 15 indicadores, en 13 se registraron descensos.

“Creo que es una buena noticia. Me parece que nadie en el Ministerio del Interior debe estar satisfecho porque tenemos que lograr resultados mejores, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos la tendencia es positiva. Los delitos van bajando poco a poco y eso es una buena evolución”, analizó Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior.

Uno de los delitos en los que la caída fue más marcada se dio en los homicidios: la reducción fue de un 3,4% en 2025 en comparación al mismo período del año anterior. En 2024 se registraron 382 asesinatos, al tiempo que en 2025 fueron 369. Las autoridades informaron en la presentación que en el año la tasa de homicidios fue de 10,3 cada 100.000 habitantes.

Las rapiñas también presentaron un descenso del 10%, al tiempo que el número de hurtos bajó un 3,8%, de acuerdo a la información oficial.

Bajó, a su vez, la cantidad de denuncias por estafas y fraudes informáticos un 16%. Este dato llamó particularmente la atención de las autoridades porque desde el año 2000 la cifra crecía de manera exponencial: hasta el 2024 incrementaron un 2.000%. “Por primera vez, en el año 2025 vemos una caída muy importante de casi el 17%”, dijo Sanjurjo en una rueda de prensa tras presentar los números.

Una de las razones que explican esta baja, según el jerarca, fue que el año pasado se puso “por primera vez” este delito “sobre la mesa”. Otro motivo es que se aprobó la Ley de Cibercrimen, que está “dificultando el procesamiento de las denuncias”.

Los abigeatos, en tanto, crecieron un 12% y rompieron así una racha a la baja que se había registrado en los últimos años.

En cuanto a los delitos de violencia basada en género, la cantidad de femicidios bajó un 18%, mientras que los de violencia doméstica y otros delitos asociados aumentaron un 1%. La cantidad de delitos sexuales, en tanto, descendió un 4,8%. El gerente del área de Estadística señaló que este registro de femicidios es “el más bajo de toda la serie” que se tomó en cuenta al elaborar las estadísticas.

Tras presentar la cifra de los delitos, Sanjurjo dijo que la situación de violencia y criminalidad de Uruguay sigue siendo “alta” pese a la baja de 2025.

“[La criminalidad en Uruguay] es relativamente baja para América Latina, pero si nos comparamos con países a los que nos queremos parecer es alta. En eso no hay vuelta que darle. Por tanto, el ciudadano, incluso si bajan los guarismos, seguramente no note en la calle una diferencia”, explicó.

“Pero, a su vez, lo que hay que decir es que por suerte están bajando y eso es una buena señal porque es lo que la ciudadanía nos exige”, dijo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la ciudad de La Plata habilitó la feria y dio curso al pedido de prisión domiciliaria del abogado Rubén Ernesto Carrazzone, condenado a perpetua por el femicidio de su esposa, Stella Maris Sequeira, cuyos restos son buscados desde 2016, cuando ocurrió el crimen.

El juez de feria en el TOF N° 2 platense Roberto Fernando Minguillon resolvió enviar la apelación presentada por los defensores del imputado -el mismo magistrado le había negado continuar cumpliendo la pena en su casa- a la Cámara Federal de Casación Penal.

Carrazzone fundamentó su planteo para acceder al beneficio en dos pilares principales: la edad y su estado de salud.

La defensa técnica sostuvo que su asistido cumplió 70 años en marzo de 2025, lo que lo ubica dentro del grupo etario contemplado por la ley para acceder a la morigeración del encarcelamiento. Además, enumeraron una serie de dolencias físicas que, según su criterio, no recibían el tratamiento adecuado dentro de la unidad penitenciaria. Mencionaron problemas de visión severos por cataratas, disminución auditiva, riesgos cardiovasculares y afecciones urológicas que requerían estudios complejos.

Los letrados defensores hicieron hincapié en que el Servicio Penitenciario Federal carecía de los recursos materiales y humanos para atender estas patologías. Describieron situaciones de riesgo, como caídas por pérdida de equilibrio y falta de lentes con aumento que le provocaron “la pérdida casi total de la visión” de su ojo derecho, según alegó el detenido.

Así, Carrazzone ofreció como nuevo lugar de encierro un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaría bajo la tutela de su hijo o su hermana, ofreciendo incluso la colocación de una tobillera de monitoreo electrónico para asegurar su sujeción al proceso.

Sin embargo, durante el trámite del incidente, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella se opusieron firmemente a la concesión del beneficio.

La fiscalía argumentó que alcanzar los 70 años no implica un pase automático a la prisión domiciliaria, sino que debe evaluarse si el encierro constituye un trato cruel o inhumano. Por su parte, la querella adhirió a esta postura y señaló que los informes médicos demostraban que las dolencias podían tratarse dentro de la cárcel.

Un elemento determinante para el rechazo en primera instancia fue el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. La perito oficial evaluó al paciente y concluyó que se trataba de un hombre con hipertensión y cataratas, pero que se encontraba compensado y sin signos de descompensación aguda. La profesional médica determinó que la privación de la libertad no impedía su recuperación ni el tratamiento adecuado de sus enfermedades, aunque recomendó la realización de consultas externas con especialistas en oftalmología y cardiología.

El juez Minguillon, al resolver el rechazo el 21 de enero, se alineó con la jurisprudencia que establece que la edad por sí sola no es suficiente para otorgar la domiciliaria. Explicó que la finalidad de la norma es humanitaria y que, en este caso, no se verificó que la permanencia en prisión agravara ilegítimamente la salud del interno. El magistrado destacó que el penal cuenta con médicos de guardia y la posibilidad de traslados de urgencia si fuera necesario.

A pesar de negar el traslado al hogar, el fallo ordenó a las autoridades carcelarias que gestionen con celeridad los turnos médicos pendientes para atender la visión y el corazón del recluso. El tribunal buscó así garantizar el derecho a la salud sin modificar la modalidad de encierro. Cabe recordar que Carrazzone cumple una condena a prisión perpetua impuesta en febrero de 2022 por el homicidio doblemente agravado de su pareja, Stella Maris Sequeira, y por falsa denuncia, encontrándose detenido desde marzo de 2018.

Hasta hoy permanece desaparecido el cuerpo de la víctima y, aún cuando se desconoce la mecánica empleada por el agresor, la Justicia tuvo por comprobada la muerte de Sequeira y responsabilidad de Carrazzone en base a pruebas científicas de carácter criminalísticas y numerosos testimonios.

Con la reciente concesión del recurso, la defensa tendrá un plazo de ocho días para presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal y sostener sus argumentos. Será este tribunal de alzada el que tendrá la última palabra sobre si las condiciones de salud y edad de Carrazzone justifican su salida de la prisión o si, por el contrario, debe continuar cumpliendo su pena máxima tras las rejas.

La silla eléctrica descargó 2.000 voltios sobre el cuerpo de Ted Bundy. Había más de 2.000 personas en las inmediaciones de la prisión estatal de Florida en la que Bundy permanecía detenido y en la que fue ejecutado. Cantaban cosas como “Burn, Bundy, burn” (“Quemate, Bundy, quemate”) y tiraron fuegos artificiales a primera hora de la mañana. La hora señalada para que uno de los mayores asesinos seriales de la historia recibiera la pena capital.

Estados Unidos había pasado más de una década en medio de la conmoción por los brutales crímenes de Bundy y por su actitud tan inexplicable como encantadora ante los tribunales. Y ese día, el de la ejecución, esa conmoción empezaba a terminar. Pero el rastro de su violencia ya estaba inscrito para siempre en el inconsciente colectivo.

Una mentira, un rechazo y un abandono

Theodore Robert Cowell nació en Vermont, en noviembre de 1946. Una mentira arrasó su primera infancia: creció convencido de que sus abuelos maternos eran sus padres, y que su madre, Louise, era su hermana mayor.

Cuando tenía cuatro años, su apellido cambió al de su padrastro. Su verdadera madre, Louise, había decidido casarse con Johnnie Bundy tras mudarse a Washington. Pero aunque Ted tomó el apellido, ese hombre nunca se acercó lo suficiente al chico ni le demostró cariño.

Nada de esa mentira y de ese rechazo por el hombre que le dio su apellido definitivo se le notaban a Ted durante sus años de juventud. En ese momento, se lo consideraba lo que a principio de los setenta se denominaba como “Golden Boy”, un muchacho estadounidense con todo por delante.

Estudió Psicología y se destacó con brillantez por sobre sus compañeros. Y una vez que obtuvo ese título fue por uno más, el de Abogacía. Mientras estudiaba Derecho empezó a involucrarse cada vez más activamente en el Partido Republicano, trabajando para sumar jóvenes a sus filas y pensando estrategias para campañas distritales. Pero el reconocimiento más resonante de esos años llegó por parte de la Policía de Seattle, que lo condecoró por salvar a un niño de tres años que estaba a punto de morir ahogado.

En medio de todo eso, Bundy se enfrentó a una crisis que lo corrió de su eje. Stephanie Brooks, su primera novia, lo dejó. Ella, una joven de clase alta, le dijo que él no tenía sus objetivos de vida claros, y que por eso se separaban. Esa ruptura, según sucesivas pericias que le harían después a Ted, habría sido uno de los detonantes clave para su conducta posterior.

Engañaba, violaba y asesinaba

Antes de morir ejecutado en la silla eléctrica, Ted Bundy confesó el asesinato de treinta mujeres. Los investigadores estimaron que sus víctimas fueron muchas más -algunos señalaron que podrían haber sido hasta cien-, pero sólo pudieron formalizar 36 casos. Bundy no era un improvisado, sino que ejecutaba técnicas perfectamente premeditadas para “bajar la guardia” de quienes serían sus víctimas.

La más frecuente era usar un yeso o un cabestrillo falso para fingir una lesión y pedir ayuda para llevar libros o mover algunos objetos dentro de su auto, un Volkswagen Beetle. Otra de sus técnicas de engaño incluía una falsa placa que usaba para hacerse pasar por oficial de Policía. Con esa identificación, convencía a quien estuviera en la mira de subir a su auto bajo el pretexto de servir como testigo en la investigación de un robo.

Todos los caminos conducían al Beetle, porque allí Bundy tenía el control total. Una vez que las víctimas estaban bajo su absoluto dominio, las golpeaba con barras de hierro, las violaba y las estrangulaba hasta causarles la muerte por asfixia.

Según se demostró en las investigaciones de sus asesinatos, en varias ocasiones volvía al lugar en el que había cometido el asesinato para abusar de los cuerpos: practicaba la necrofilia hasta que el nivel de descomposición de esos cadáveres lo impedía. En al menos doce casos, también decapitó a sus víctimas y guardó sus cabezas en su propio departamento.

Un asesino de mujeres jóvenes

El primer crimen que se le pudo probar a Ted Bundy fue en 1974 en Washington, donde vivía. Pero también violó y asesinó en Utah, Oregon, Idaho, Colorado, California y Florida. Derramó su baño de sangre en siete estados del país, casi siempre eligiendo como víctimas a mujeres de entre 15 y 25 años.

En 1978 entró por asalto a un departamento de la fraternidad universitaria Chi Omega, en Florida. En apenas quince minutos asesinó a dos jóvenes, Lisa Levy y Margaret Bowman, y dejó a otras con heridas de gravedad. Asesinó, incluso, a una nena de 12 años, Kimberly Leach, a la que secuestró de su escuela, en Lake City. Fue su víctima más joven entre las que lograron investigarse.

Un narcicista ante el tribunal

Así como no le faltaban ardides para engañar a sus víctimas hasta estar en completo control de ellas, tampoco le faltaron para huir de la cárcel y de los tribunales. En 1977, Bundy oficiaba como su propio abogado porque había despedido a los dos que se les había asignado: consideraba que él podía hacerlo mejor solo.

Durante un receso del juicio que afrontaba en un tribunal de Colorado, saltó desde la ventana de la biblioteca del edificio, en el segundo piso, y huyó. Fue recapturado en medio de las montañas, allí se había escapado. Pero seis meses después de que lo volvieran a encerrar, cortó un agujero en el techo de su celda y perdió todo el peso que fue necesario para caber a través de ese hueco y escaparse.

En medio de la violencia de sus crímenes y de la astucia de sus fugas, Ted Bundy se convirtió en un criminal que mantenía en vilo la atención de sus compatriotas. El juicio que tuvo que afrontar en Florida fue el primero en ser televisado a nivel nacional en los Estados Unidos.

En medio de ese proceso, que suscitaba la atención de millones de personas, fue que Bundy no dudó de hacer gala de todo su narcisismo. Mientras él mismo, en su condición de su propio abogado defensor, interrogaba a Carole Ann Boone, su novia, no dudó en proponerle matrimonio en plena sala judicial. Ella aceptó y se casaron legalmente en ese instante, ante la perplejidad de quienes estaban allí y de buena parte del país, que seguía el juicio por televisión.

Carole y Ted concibieron a Rose, la hija de ambos, cuando él ya cumplía sus condenas y estaba alojado en el llamado “Corredor de la Muerte”, ya que lo esperaba la pena capital. A través de distintos sobornos a los guardias de seguridad de la cárcel, lograron acceder a visitas conyugales íntimas, algo completamente prohibido para un preso de las características de Bundy.

La pornografía, culpable según Bundy

A lo largo de los procesos judiciales que se llevaron adelante por sus crímenes, el perfil psicólogico de Ted Bundy fue investigado por distintos expertos que debían peritar su capacidad de representarse la violencia que ejercía y las consecuencias de la misma.

Algunas de las conclusiones más frecuentes apuntaban a definir a Bundy como una persona que presentaba la “Tríada Oscura”, que combinaba la presencia de un narcisismo extremo, la predisposición a realizar “actos maquiavélicos” y ciertos rasgos de psicopatía.

Bundy mentía compulsivamente y no presentaba ningún viso de empatía o remordimiento. Nada de eso, no obstante, implicaba que tuviera una personalidad que le impidiera medir las consecuencias de los actos que realizaba.

A lo largo del cumplimiento de su condena, Bundy ofreció distintas entrevistas. En la última que le brindó a James Dobson, un psicólogo estadounidense ampliamente reconocido, intentó encontrar un responsable externo para los crímenes que había cometido y que lo convertían en uno de los asesinos seriales más salvajes del siglo XX: la pornografía.

Según le contó a Dobson, durante la adolescencia se había vuelto adicto a pornografía cada vez más violenta y eso lo impulsaba “a buscar estímulos cada vez más gráficos hasta ‘cruzar la línea’ a la realidad”. Nada de eso alcanzó para el objetivo que Bundy tenía: insistir con apelaciones y realizar confesiones de último momento para retrasar el momento de su ejecución.

Las últimas horas

La fecha para la pena capital se fijó para el 24 de enero de 1989. Bundy lloró y rezó durante sus últimas largas horas. Lo acompañó Fred Lawrence, un ministro metodista, y no comió su última cena, para la que había pedido carne y huevos.

Antes de que lo ejecutaran, les dijo al ministro y al guardia de seguridad que lo acompañaría hasta último momento, “Jim y Fred, me gustaría que dieran mi amor a mi familia y mis amigos”. Esas fueron las últimas palabras de Ted Bundy, que recibió la descarga eléctrica a las 7.06 de la mañana del día señalado, y que fue declarado muerto exactamente diez minutos después.

Cumpliendo una de sus últimas voluntades, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en la Cordillera de las Cascadas, nada menos que el lugar en el que había abandonado a muchas de sus víctimas tras violarlas, matarlas y volverlas a violar.

“Soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido”, había dicho Ted Bundy ante los tribunales. Esos tribunales que pudieron condenarlo por atacar salvajemente a treinta mujeres, incluida una nena de apenas 12 años, y que estaban seguros de que había decenas de víctimas más que nunca se le pudieron atribuir a ese chico que se mostraba débil o servicial hasta tener el control total de su presa. Ese monstruo que paralizó a un país y que nunca mostró el menor arrepentimiento.

Panamá cerró 2025 con un total de 20 femicidios registrados a nivel nacional, según cifras preliminares del Ministerio Público, una reducción de 13% frente a los 23 casos contabilizados en 2024.

Aunque el descenso marca un cambio en la tendencia interanual, los datos también reflejan un aumento significativo en las tentativas de femicidio, que pasaron de 9 a 18 casos, lo que representa un incremento de 100% en un solo año.

El informe oficial detalla que, además de los femicidios consumados, en 2025 se registraron 15 muertes violentas de mujeres que no fueron tipificadas como femicidio tras la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82.

En conjunto, estas cifras muestran que la violencia letal y extrema contra mujeres sigue siendo un problema estructural, con expresiones que van más allá de los casos formalmente clasificados como femicidio.

La distribución geográfica de los femicidios en 2025 evidencia cambios relevantes frente al año anterior. Panamá Oeste concentró 8 casos, un aumento de 700% respecto a 2024, cuando solo se había registrado uno.

En contraste, Bocas del Toro no reportó femicidios en 2025, frente a tres el año previo. Otras provincias con registros fueron Chiriquí (2), Coclé (1), Colón (1), Darién (2), Panamá (3), San Miguelito (1), Veraguas (1) y la comarca Ngäbe Buglé (1). Varias regiones, como Herrera, Los Santos, Guna Yala y la comarca Emberá, no reportaron casos.

Por edades, el grupo más afectado fue el de mujeres entre 18 y 24 años, con 6 femicidios, seguido por los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con 2 casos cada uno.

También se registraron femicidios en niñas de 0 a 4 años y en mujeres mayores de 60 años, lo que refleja que la violencia letal no se limita a un solo segmento etario.

En cuanto al tipo de arma utilizada, los datos muestran que 6 femicidios fueron cometidos con armas de fuego y 5 con arma blanca. También se documentaron 4 casos por asfixia mecánica, 2 con objetos contundentes y uno por incendiaria.

En dos casos no se pudo determinar el tipo de arma debido al estado de los cuerpos o a que las investigaciones seguían en curso. Este patrón coincide con una alta presencia de armas de fuego en hechos de violencia letal contra mujeres, tendencia que también se refleja en las muertes violentas no clasificadas como femicidio.

El incremento de las tentativas de femicidio es uno de los datos más relevantes del informe. En 2025 se registraron 18 intentos, el doble que el año anterior.

Estas cifras sugieren que, aunque algunos ataques no culminaron en muerte, la exposición de mujeres a agresiones de alto riesgo se ha intensificado, lo que plantea desafíos adicionales para los sistemas de prevención, protección y atención temprana.

A inicios de 2026, ya se ha reportado al menos un caso de femicidio en el país, lo que confirma que el fenómeno no ha desaparecido y que las dinámicas de violencia extrema continúan presentes.

Las autoridades han reiterado que estos primeros hechos del año están siendo investigados bajo los protocolos vigentes y que las cifras oficiales se consolidarán conforme avancen los procesos judiciales.

En el contexto regional, organismos multilaterales han advertido que América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones con mayores tasas de femicidio del mundo.

En 2025, países como México, Brasil, Honduras y Colombia mantuvieron cifras elevadas de asesinatos de mujeres por razones de género, según reportes de fiscalías nacionales y observatorios regionales.

Estos datos sitúan el problema como un fenómeno transnacional, vinculado a desigualdades estructurales, violencia doméstica, criminalidad organizada y fallas en los sistemas de protección.

En Panamá, el Ministerio Público ha subrayado que los datos presentados son preliminares y pueden variar conforme avancen las investigaciones. La clasificación de un homicidio como femicidio depende de la valoración fiscal y de la aplicación de los criterios establecidos en la Ley 82, que tipifica este delito cuando la muerte ocurre en un contexto de violencia de género.

Las autoridades también han señalado que la reducción en el número de femicidios consumados no puede interpretarse de forma aislada, dado el aumento paralelo de tentativas y la persistencia de muertes violentas de mujeres que no cumplen con la tipificación legal de femicidio.

Desde el punto de vista institucional, estos indicadores obligan a revisar la efectividad de las medidas de prevención, las órdenes de protección y los mecanismos de atención a víctimas de violencia doméstica.

Expertos en seguridad y derechos humanos han insistido en que la respuesta estatal no debe limitarse al ámbito penal. La detección temprana de situaciones de riesgo, el fortalecimiento de los servicios sociales, la educación en igualdad de género y la atención integral a víctimas son componentes clave para reducir la violencia letal contra mujeres.

Valeria Schwab, una joven de 38 años que era buscada desde el martes a la noche en Comodoro Rivadavia, fue encontrada sin vida este miércoles en las inmediaciones de los acantilados de la costanera de la ciudad. El día de su desaparición la joven había salido a caminar hacia la zona donde la hallaron, pero nunca regresó a su domicilio ni se comunicó nuevamente con su familia.

El hallazgo de su cuerpo se produjo esta madrugada, cerca de las 4. Estaba en un barranco ubicado antes del sector conocido como Eureka, en una zona que habitualmente es utilizada por personas que van a realizar actividad física. Según indicaron fuentes policiales, tenía signos de violencia, por lo que la Justicia investiga un posible homicidio, aunque no descartan ninguna hipótesis.

La búsqueda de Valeria se había activado luego de que su entorno notara su ausencia y la falta de respuestas a los mensajes enviados a su teléfono. Ante esta situación, familiares y amigos comenzaron a recorrer distintos puntos de la ciudad para dar con ella. Cuando lograron ubicar el cuerpo dieron aviso inmediato a la Policía, lo que generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el lugar.

En el sector, efectivos de la Policía del Chubut, personal de Bomberos Voluntarios y Criminalística trabajaron para preservar la escena y realizar el levantamiento de pruebas correspondientes para avanzar en la investigación.

En la zona también se hizo presente el fiscal Marcelo Crettón, que tomó intervención en la causa. En conferencia de prensa, detalló: “Nos hicimos presentes en el lugar y constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia, que se realizará en el día de la fecha, porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”.

La familia de Valeria dio detalles que son prueba fundamental en el expediente. Dijeron que la última comunicación que recibieron de la víctima fue un mensaje en el que avisaba que estaba cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo, y que, tras esa notificación, no hubo más respuestas.

Jessica, hermana de la víctima, habló con medios locales sobre los últimos movimientos de Valeria. “Ella llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche del martes por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”.

En este sentido, insistió en que su hermana no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares, y descartó que el hecho haya sido un robo. “Eso refuerza que no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”, señaló.

“Valeria era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”, detalló su hermana Jessica.

Y agregó: “Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador”.

Durante la jornada, la Policía continuó con las tareas de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Mientras tanto, el entorno de la joven reclama el esclarecimiento del caso y la familia exige justicia.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa, forma y circunstancias de la muerte de la víctima. Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de testigos que puedan aportar datos y testimonios que ayuden al esclarecimiento del hecho.

Tras casi tres años de reclamos, la Justicia ordenó la captura de Juan Manuel Reverter, el argentino considerado por el fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma (Río Negro), como el principal sospechoso de haber asesinado a la modelo argentina Agostina Jalabert, cuyo cuerpo fue encontrado en febrero del 2023 en el departamento en el que vivía en Playa del Carmen junto a su hermana y su exnovio.

Ante la solicitud del fiscal Escandell, que pidió tareas investigativas urgentes para dar con el paradero de Reverter, el juez federal de garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó este martes la resolución que ordena la captura del sospechoso “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”, según indica la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La resolución del juez Andreani se conoció dos semanas después de que Interpol emitiera una alerta roja para la captura internacional de Reverter, quien una vez que sea detenido tendrá que enfrentar un proceso penal. Según concluyeron los investigadores, Jalabert, la víctima, y el inculpado se encontraban en su domicilio ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, y Reverter comenzó a golpear a la víctima en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, según consta en la circular de la policía internacional, el presunto femicida tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima, con el objetivo de simular un suicidio.

Fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que el fiscal Escandell formuló el pedido de detención contra Reverter luego de que la familia obtuviera información sobre el posible paradero del prófugo, que según esa versión podría haber estado refugiado en un predio ubicado sobre la ruta provincial N° 1, entre la ciudad de Viedma y el balneario El Cóndor, a la vera del río Negro y en el límite con la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, hasta el momento las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Viedma, de la Policía Federal, no arrojaron el resultado esperado, y Reverter, hasta este jueves, continuaba prófugo de la Justicia.

Según se desprende de la investigación, el hombre de 37 años podría estar en Estados Unidos, Belice, Guatemala o, incluso, Argentina.

“AYUDANOS A ENCONTRARLO!!! Se busca por el femicidio de Agostina Jalabert. Necesitamos de tu ayuda, toda información es importante. WhatsApp +542920288994 o por E-mail: sfd-vdm@mpf.gov.ar. POR FAVOR COMPARTAN, SI TIENEN ALGUNA INFORMACIÓN NO DUDEN EN ESCRIBIR!!!”, reza el mensaje publicado este miércoles en la cuenta de Instagram @justiciaporagostina, mediante la cual familiares y amigos impulsan la búsqueda del presunto femicida.

El caso

Agostina Jalabert, una modelo e influencer argentina que tenía 31 años al momento de su muerte, fue encontrada sin vida el 18 de febrero de 2023 en un departamento de Playa del Carmen, México, y su familia comenzó a pedir que el caso se investigara como un posible femicidio.

Oriunda de Carmen de Patagones, Agostina fue hallada por su hermana Candela en el domicilio que compartían en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en el estado de Quintana Roo, en el que las hermanas vivían desde septiembre de 2022.

A fines de diciembre, “el exnovio de Agostina fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas”, detallaron en aquel entonces desde su entorno.

De acuerdo al relato que ofreció Candela luego del macabro hallazgo, esa mañana llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente. Según explicó Germán, tío de la víctima, en diálogo con este medio, la puerta se abre con un código. La joven lo ingresó una y otra vez y no pudo acceder. Preocupada, comenzó a golpear y a tocar el timbre. Incluso, llamó a su mamá para comunicarle la situación.

Minutos antes, el guardia de seguridad del condominio había advertido que los multarían debido a que esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.

Finalmente, la pareja de Agostina abrió la puerta desde adentro. El hombre dijo que estaba durmiendo y le preguntó por su hermana. “Ella le respondió que tenía que estar con él y comenzó a buscarla en las habitaciones. La encontró en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano”, relató Jalabert. “La llevó hasta ese lugar Bruna, la perrita de su hermana”, indicó.

“Candela le vio dos o tres magullones, pero no se detuvo en él porque al ver a su hermana en esa situación se desesperó e intentó reanimarla”, explicó Germán. En ese momento, Agostina ya estaba muerta.

Aunque la escena era compatible con un suicidio, la familia de la mujer reclamó ayuda a la Cancillería, en ese entonces a cargo de Santiago Cafiero, para que las autoridades mexicanas investigaran el caso como presunto femicidio.

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. Tampoco se tuvieron detalles sobre la edad aproximada, ni el tipo de lesiones que habría tenido en su cuerpo. Por este motivo, resultarían claves los resultados de la autopsia.

Según la información publicada por El Doce.tv, las autoridades focalizan ahora sus esfuerzos en obtener los resultados de las pericias clave que podrían esclarecer las circunstancias del deceso. Asimismo, la fiscal Maldonado dispuso la intervención de Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín para el relevamiento de la escena.

Otro antecedente en la provincia

A finales de noviembre, un trágico suceso tuvo lugar en Valle Hermoso. Se trató de un femicidio seguido de suicidio, en donde un hombre de 27 años asesinó a una mujer de 47 años. Tras cometer el crimen y quitarse la vida, ambos fueron encontrados en la habitación de un hotel alojamiento.

El hallazgo de los cuerpos en un albergue transitorio de la calle General Paz al 800 generó alarma entre los empleados, que recurrieron a la Policía al no obtener respuesta de la pareja ante los llamados de la administración. Fue así que los agentes confirmaron el fallecimiento de ambos, apenas ingresaron a la habitación, que tenía la entrada bloqueada desde adentro por la cama.

La Fiscalía había mantenido el expediente bajo secreto de sumario hasta reunir todos los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Hasta que los resultados de las autopsias revelaron las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

En el lugar, los investigadores encontraron un celular destruido, considerado un posible indicio de un conflicto previo. La revisión de este aparato se convirtió en una prioridad, en busca de comunicaciones o registros que permitan comprender el vínculo de la pareja antes del desenlace fatal. Además, indicaron que el próximo paso sería analizar los registros de ingreso al hotel, así como testimonios del personal.

A medida que avanzó la pesquisa, se verificó que existía una denuncia previa por violencia presentada por la mujer en contra del hombre y una restricción de contacto vigente. Las circunstancias del encuentro en el hotel, no obstante, desafían los controles judiciales, pues las autoridades no han determinado aún cómo pactaron la cita ni si alguna persona pudo haber facilitado u omitido controles en torno a la medida cautelar.

De esta manera, el informe forense y los últimos elementos recopilados terminaron por confirmar la secuencia de los hechos. Así, quedó respaldada la hipótesis inicial de las autoridades.

Ambos habían ingresado al hotel el sábado 22 de noviembre por la tarde, no realizaron pedidos adicionales y no mantuvieron contacto posterior con el personal del establecimiento.

La identidad de las víctimas permaneció resguardada a petición del proceso judicial y en respeto a sus familiares. No obstante, se conoció que la mujer era residente de Villa Giardino, localidad vecina a Valle Hermoso, y que el hombre pertenecía a la misma región. También se ratificó que ambos habían mantenido una convivencia de cerca de un año.

La causa continuará bajo secreto de sumario, mientras la Fiscalía recaba nuevos testimonios y examina antecedentes de denuncias previas.

Este martes, Manuel Alberto Norry se negó a declarar ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, quien le imputó el femicidio de Janet, la mujer con la que mantenía una relación sentimental clandestina.

Norry había sido detenido este lunes por la Policía Bonaerense también en Lomas del Mirador: los agentes de la DDI de La Matanza montaron guardia en su domicilio y lo atraparon en las inmediaciones.

La Justicia para ese entonces ya había podido determinar que la madrugada del crimen había ido a bailar a un boliche del barrio porteño de Liniers con Janet y una amiga de la mujer que es, justamente, su cuñada.

Luego del femicidio, el ahora detenido se fue a trabajar. De eso también hay videos.

Y una clave del caso fueron las imágenes de las cámaras de seguridad. Así, los investigadores pudieron tener certezas de qué había pasado con la mujer que los vecinos hallaron fallecida en la esquina de Huergo y Sáenz Peña el domingo bien temprano y luego de que sus pedidos de auxilio los despertaran y alertaran.

La otra clave para esclarecer el femicidio fue el perro que se ve en el primer video que se conoció del caso, donde se la ve pasar a Janet y luego al acusado, con su mochila: ahí llevaba la cuchilla de carnicero con la que mató a su amante.

Los investigadores notaron al ver las imágenes que el perro no sólo seguía a Janet, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Eso sumado a que lo primero que se descartó tras el hallazgo del cuerpo fue un homicidio en ocasión de robo, ya que la víctima tenía su celular, entre otras pertenencias, como su tarjeta SUBE; la investigación viró hacia un homicida conocido por la víctima.

No pasaron desapercibidos los mensajes que Janet había dejado en sus redes sociales días antes del crimen. “Sola… pero segura”, compartió en su cuenta de Instagram dos semanas antes de ser degollada.

Entre el 9 y el 10 de diciembre, Janet compartió selfies y fotos con sus amigas con las siguientes reflexiones: “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio”, escribió en uno de los posteos, mientras que en otro mensaje expresó: “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”.

En menos de 48 horas, todo cerró con la identificación de Norry. Fuentes del caso dijeron que el imputado, antes de caer preso, se había quebrado ante sus familiares y les confesó el crimen. Tiene 46 años y padre de una nena. Ahora enfrenta una prisión perpetua.

El que tendrá una ausencia perpetua será el hijo de Janet, que en las redes sociales despidió a su madre: “Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”.

“Sola… pero segura”. Karina Janet Arotinco Palomino, la mujer de 44 años asesinada este domingo por la madrugada en Lomas del Mirador, compartió ese inquietante mensaje en su cuenta de Instagram dos semanas antes de ser degollada cuando regresaba de un boliche en Liniers.

Ese posteo no fue el único que realizó la víctima. De forma solapada, las publicaciones en la red social parecen tener un destinatario concreto y ponen en evidencia la existencia de un conflicto en su vida emocional.

El principal sospechoso del crimen, Manuel Alberto Norry, amante y cuñado de una amiga de la mujer de 44 años, fue arrestado este lunes por la DDI de La Matanza, tras una orden de detención solicitada por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas.

Entre el 9 y el 10 de diciembre, Janet compartió selfies y fotos con sus amigas con las siguientes reflexiones: “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio”, escribió en uno de los posteos, mientras que en otro mensaje expresó: “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”.

El hijo Arotinco también usó las redes sociales para despedir a su mamá con un mensaje emotivo: “Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”.

El crimen

Arotinco fue degollada por un hombre en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña. Según pudo reconstruir Arribas, la víctima había regresado a su domicilio luego de salir a bailar.

Cámaras de seguridad la captaron caminando por las calles del barrio junto a un perro y, poco después, registraron a un hombre siguiéndola.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. A causa de las graves heridas sufridas, Janet falleció en el acto. La autopsia determinó que una lesión de doce centímetros de largo en el cuello. Fue degollada de lado a lado.

La hipótesis de un homicidio en ocasión de robo fue rápidamente descartada: la víctima tenía su celular con ella, entre otras pertenencias, como su tarjeta SUBE. Los ladrones matanceros, por otra parte, no estilan degollar a sus víctimas.

Sin embargo, la calificación de femicidio no fue aplicada desde el comienzo, al no existir un sospechoso vinculado a Janet. Con la aparición de Manuel Norry, el escenario cambió.

El perro

La clave para esclarecer el hecho -además del rastro de cámaras de seguridad- fue el perro que se ve en el video que acompaña a esta nota.

Los investigadores notaron al ver las imágenes que no sólo seguía a Arotinco, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Los detectives de la DDI de La Matanza descubrieron que, tras el crimen, Norry asistió a su trabajo. Un video registró su ingreso. Los agentes montaron guardia en su domicilio y lo atraparon en inmediaciones a su domicilio.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. La mujer, de 44 años, oriunda de Perú, que regresaba a su casa de bailar en una discoteca en la zona de Liniers, falleció en el acto.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, que encabezó la investigación del triple crimen narco de Florencio Varela junto a sus compañeros Diego Rulli y Claudio Fornaro, ordenó la autopsia al cuerpo.

Los resultados del estudio, a los que accedió Infobae, fueron reveladores. Janet fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, literalmente degollada de lado a lado, lo que le provocó un shock hipovolémico.

La mecánica de la muerte lleva a pensar al instante en un femicidio. Sin embargo, Arribas mantiene abiertas todas las hipótesis a 24 horas del hecho, con una calificación de homicidio a secas, aseguran fuentes del caso a Infobae.

Por lo pronto, el caso no se considera un femicidio. La toma de testimonios inicial no lleva a ningún sospechoso o a ninguna situación en la vida de Janet que apunte a ese delito. El ex marido de Arotinco se presentó en la escena, un hombre de 56 años. Allí, identificó a la víctima con nombre y apellido. Otros testimonios en la causa no apuntaron a otro hombre en la vida de Janet.

¿Fue un homicidio en ocasión de robo? Los ladrones matanceros que matan para robar no atacan al cuello. Policía Científica revisó el cuerpo en la escena; Janet tenía consigo su celular Motorola, su tarjeta SUBE, dinero en efectivo, así como las llaves de su casa.

Entonces, Arribas toma el camino de la lógica para su actual hipótesis, una que podría durar poco en el expediente: a Janet, el delincuente intentó robarle, no pudo. Luego, la mató.

El fiscal encargó tareas a la Policía Bonaerense, con personal de Seguridad y de la DDI local, que rastrea las cámaras de seguridad de la zona para seguir tanto a la víctima como al victimario.

Mercado Central: el femicida del camión

El crimen de Janet Arotinco es el segundo asesinato de una mujer que Arribas investiga en el lapso de una semana.

Una dantesca escena tuvo lugar este martes en las inmediaciones del Mercado Central. Allí, un hombre discutió con su pareja, la golpeó durante largos minutos en la calle y luego la arrolló con su camión, con el que transportaba bananas. El dramático episodio quedó grabado por una cámara de seguridad.

La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana. El sospechoso fue detenido en el acto.

La jueza Silvana Cabrera dispuso que Norberto Gustavo Brondino continué 90 días más alojado en la cárcel de Gualeguay mientras sigue la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue denunciada como desaparecida por sus familiares y fue encontrada asesinada en un aljibe de un paraje rural. El único imputado por el crimen había mantenido una relación sentimental con la víctima y se resistió al arresto.

La magistrada resolvió en las últimas horas la prórroga de la prisión preventiva del imputado, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº7 Dr. Casiano Calderón de la ciudad de Gualeguay. La decisión se tomó en una audiencia realizada este lunes.

Al único detenido en el caso se lo acusa de homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real.

La magistrada, a cargo del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, también hizo lugar a la solicitud de la fiscal Emilce Paola Reynoso y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria por el plazo de 90 días, desde el 23 de enero de 2026.

La medida contó con la conformidad del abogado Claudio Manfroni, quien ejerce la defensa técnica del imputado.

¿Cómo se encontró a la víctima?

La joven de 22 años fue hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos el 7 de octubre. Había desaparecido el viernes 3 por la tarde. Tras la denuncia que presentó la familia, la Policía de Entre Ríos realizó una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada y realizando allanamientos a personas vinculadas con la joven.

La investigación abarcó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos. El hallazgo del coche de Daiana con las llaves puestas fue un indicio de que algo no estaba bien.

Así, cuatro días después de su desaparición, el cuerpo de Daiana apareció en la zona rural de Gobernador Mansilla, una localidad ubicada en el centro de la provincia. El sitio donde había sido arrojado el cadáver estaba camuflado entre ramas, raíces y hojas, y a unos 10 metros de profundidad.

El aljibe donde se la localizó está en un predio de una calle perpendicular a la Ruta Nacional 12, cerca del club de campo El Silencio. Entre la vía principal y el lugar donde estaban los restos de Daiana había una distancia de 500 metros. Sólo un baqueano de la zona podía dar con ese sitio para descartar el cuerpo.

A las 19:45 de aquel viernes 3 de octubre, la joven salió de su casa en el Chevrolet Corsa de la familia. Poco después se perdió todo contacto. La investigación se enfocó pronto en Brondino, un hombre de 55 años con el que Daiana habría tenido algún tipo de vinculación sentimental.

Durante el lunes siguiente a la denuncia, se realizó un allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso. Estaba ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.

En el procedimiento, que se realizó bajo la orden de la jueza Cabrera, Brondino intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. Desde entonces quedó detenido. En la primera instancia que tuvo de declarar ante la jueza Cabrera, se abstuvo.

Por su actuación en el caso, el comisario Marcelo Hoffman y el sargento José Morillo fueron reconocidos por el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el gobernador Rogelio Frigerio.

¿Quién era Daiana?

La víctima se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora. De hecho, tenía un perfil privado dedicado solamente a compartir sus escritos con algunos pocos seguidores.

También era estudiante de astrología, según ella misma daba a conocer en Instagram. Pero sus días pasaban en el campo: oriunda de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, Daiana se crio junto a su familia entre pastizales, tractores, granjas y huertas.

En 2024, la joven víctima se había recibido de Perito Clasificadora de granos, una profesión de la agroindustria que se encarga de supervisar la calidad de los granos en todas las etapas de la poscosecha hasta su entrega.

El femicidio ocurrió este domingo por la mañana en la esquina de Huergo y Sáenz Peña. El atacante no le robó nada: cuando la Policía llegó al lugar la mujer, de 44 años, todavía tenía en su poder su teléfono celular, dinero en efectivo, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

La alerta la dio una vecina que escuchó los gritos de la víctima. Llamó al 911 luego de observar por la ventana que Arotinco Palomino estaba tendida sobre el asfalto.

Casi de manera simultánea al arribo de la ambulancia llegó su marido, Américo Isaias C.C., de 56 años, de nacionalidad peruana, como su esposa.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el crimen de momento como un homicidio, no está claro, por ahora, si el atacante conocía a su víctima. Intentan individualizarlo.

Se constató una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax que, según los informes forenses preliminares, no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, se presume que un puñal.

Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste la gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

Arribas está dedicado a revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas del asesino y de su víctima. De momento no se sabe si entre ellos existía algún tipo de relación o conocimiento mutuo.

“En la zona hay muchas fábricas y seguramente mañana tendremos un panorama mejor”, comentó una fuente del caso a Infobae.

Un bombero mató a una pareja de ladrones en Quilmes

De franco y vestido de civil, un bombero de la Ciudad de Buenos Aires mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes. Este domingo se conocieron las imágenes del hecho y, para la Justicia, ese video le da la derecha al fiscal del caso, que lo consideró como legítima defensa.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los ladrones que atacaron al bombero venían de cometer otro robo. “Incluso, la mujer fallecida tenía encima el celular que habían sustraído esa misma mañana también en Quilmes”, ampliaron.

Las mismas fuentes contaron a este medio que esa misma mujer “había salido de la cárcel hacía unos seis meses”. Se investigan los antecedentes de su cómplice.

El intento de robo sucedió a las 11.40 del día de Nochebuena en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste.

El oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Ciudad se subió a su Peugeot 207, pero no arrancó enseguida. Se quedó en el interior del coche al menos un minuto más. Fue entonces que fue interceptado por los ladrones.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la mujer apareció por el lado del acompañante caminado. Llevaba el caso puesto. Bordeó la trompa del Peugeot 207 y se acercó a la ventanilla del conductor, mientras el otro ladrón a bordo de la moto ya se había puesto a la par de la puerta donde estaba bombero al volante del coche. Tenía un arma en la mano.

Mientras el sospechoso en la moto amedrentaba al bombero con su arma, la mujer hacía lo imposible para obligar a su víctima a salir del vehículo: hasta que logró abrir la puerta del conductor y se metió en el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. Incluso corriéndose hacia el asiento del acompañarte, repelió la agresión disparando contra los atacantes.

“Le disparó al de la moto, la cómplice quedó en la línea de fuego y recibió un tiro en el cuello que puede haber sido directo o de rebote porque el auto tiene varios impactos”, describieron las fuentes del caso.

Tras más de dos años de búsqueda, las autoridades detuvieron en las últimas horas a Enrique Hugo Saavedra, el hombre acusado de asesinar a su hijastra de 19 años y atacar a su pareja con un cuchillo en el domicilio familiar en Florencio Varela. El imputado se hallaba escondido en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

El operativo se realizó a partir de una investigación conjunta de la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El arresto tuvo lugar en la intersección de las calles Iguazú e Iriarte, después de que los policías confirmaron que el buscado vivía oculto y alternaba su estadía entre centros comunitarios y comedores.

Además, había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido.

Saavedra permanecía prófugo desde el 12 de octubre de 2023. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente, con una recompensa de $5.000.000 ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aportara información que condujera directamente a su arresto.

La orden de detención había sido emitida por la Justicia bonaerense, desde el Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

El caso, que generó conmoción en el sur del conurbano, se remonta a las primeras horas de aquel jueves 12 de octubre. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una violenta disputa familiar en una vivienda ubicada en la calle 1236, entre 1252 y 1254, en el barrio El Parque de Ingeniero Allan, dentro del partido de Florencio Varela.

Al llegar, los agentes hallaron sin vida a Yanet Saavedra, de 19 años, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello. Su madre, Edith Nancy Roldán, de 36 años, fue encontrada gravemente herida, con lesiones en el abdomen y el rostro. La mujer fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, donde la operaron.

Según la reconstrucción del caso aportada en su momento, todo comenzó por una discusión entre Saavedra y su pareja. En medio de la pelea, el hombre tomó un cuchillo con la intención de atacar a Roldán. Yanet intervino para proteger a su madre y terminó apuñalada en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el agresor escapó de la vivienda antes de que llegara el patrullero y desde entonces había logrado mantenerse al margen de la Justicia.

En los días siguientes, vecinos y familiares de las víctimas relataron que Saavedra, padre de 11 hijos, tenía antecedentes por violencia y controlaba la vida de su pareja, aislándola del entorno familiar. También contaron que solía movilizarse en un carro por el barrio.

“Me la mató el hijo de mil p... del padrastro, un chabón drogadicto, borracho, haragán, de todo; él nunca quiso a la piba”, había dicho la madre de Edith y abuela de Yanet, en declaraciones televisivas.

Los años pasaron hasta que las autoridades obtuvieron el dato de que el prófugo se escondería en la Villa 21-24 Zavaleta. Así, la División Homicidios de la policía porteña, con la colaboración de la División Unidad Táctica de Pacificación II y la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la bonaerense, comenzaron a trabajar en el lugar hasta hallarlo.

Al momento del arresto, el hombre se encontraba indocumentado.

Así las cosas, Saavedra está ahora encerrado en una celda, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Florencio Varela.

Se encuentra imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Una polémica resolución judicial en la causa por la muerte de Macarena Sorrentino y de su hijo León, ocurrida en mayo de 2024 en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, generó una profunda indignación en la familia de las víctimas. Los allegados se enteraron de que el único imputado, Pedro Ernesto Fernández —expareja de la mujer y padre del niño—, acordó con la fiscalía un juicio abreviado tras una drástica reducción de la calificación legal del hecho y, en consecuencia, de la pena que podría recibir.

Macarena, de 37 años, y León, de 7, quien tenía un autismo severo, no verbal y sin autonomía, fueron hallados sin vida el 30 de mayo de 2024 dentro de la vivienda familiar tras un incendio desatado en el living.

Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis apuntó a un doble homicidio agravado por el vínculo: se sospechaba que Fernández había iniciado el fuego y luego los había dejado encerrados, impidiéndoles escapar.

Sin embargo, a más de un año del hecho, la instrucción judicial no logró reunir pruebas suficientes para sostener esa acusación. Lo que sí pudo comprobarse fue que madre e hijo se encontraban privados ilegítimamente de su libertad, indicó Primer Plano Online.

Según consta en el expediente, Fernández cambiaba de manera habitual los candados de la vivienda y mantenía a Macarena y al niño encerrados durante días, en un contexto de violencia física, económica y psicológica.

El acuerdo de juicio abreviado, alcanzado entre la Fiscalía —a cargo de Carlos Luppino— y la defensa del imputado, establece una pena de siete años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. El convenio deberá ser convalidado este lunes por el juez Matías Deane, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Matanza.

En diálogo con Infobae, Zulaica Sorrentino, hermana de Macarena y tía de León, expresó su rechazo: “Es una vergüenza. Teníamos fecha de juicio para el 16 de marzo y el fiscal decidió ir a un abreviado, con todas las pruebas que presentamos. Pasamos de una expectativa de condena de hasta 50 años a siete”, indicó.

“El Estado los abandonó antes y después de muertos”, sentenció.

La jornada comenzará a las 10, con el descargo de Zulaica ante el juez que debe definir si avala el acuerdo en una audiencia pactada para la 11. La familia de las víctimas estará acompañada en una movilización frente a Tribunales por distintas organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género.

La última comunicación de Macarena con su familia había sido el 25 de mayo, cinco días antes de que encontraran los cuerpos. León dependía completamente de los cuidados de su madre. No hablaba, no controlaba esfínteres y no tenía posibilidades de escapar por sus propios medios.

“Encerrarlos a los dos fue condenarlos a morir”, sostuvo Zulaika, quien también denunció que su hermana había sido aislada de su entorno y que el Estado falló en protegerla pese a las denuncias previas por violencia de género.

Durante la instrucción, el fiscal Matías Folino determinó que el incendio no fue accidental. Las pericias descartaron un cortocircuito o una pérdida de gas y concluyeron que el fuego se inició en un sillón colchón mediante un “aporte de energía externo”, es decir, de manera intencional. No obstante, la investigación no logró establecer quién lo provocó. Esa falta de certeza es la que llevó a descartar la acusación por homicidio.

Un intento de femicidio sacudió este domingo a la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, cuando un hombre le disparó a su ex pareja y luego se quitó la vida.

El hecho, que ocurrió en una vivienda del sector Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas, activó un amplio operativo policial y sanitario tras la alerta emitida por el Botón de Alerta Personal (B.A.P.). La víctima fue trasladada en estado crítico al hospital Castro Rendón de Neuquén.

Según informó LM Neuquén, la secuencia comenzó a las 15:40, cuando el sistema B.A.P. registró una activación S.O.S. Tres minutos después, a las 15:43, un móvil de la Comisaría Quinta recibió la notificación y se dirigió al domicilio. A las 15:50, el personal policial reportó detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda y solicitó una ambulancia con urgencia. Al ingresar, los efectivos constataron que la mujer presentaba una herida de bala, mientras que el hombre yacía sin signos vitales.

El parte médico detalló que la víctima ingresó al hospital con un disparo en la cabeza y fue derivada de inmediato al área de Shock “B” para ser intervenida quirúrgicamente. Ahora, se encuentra en estado crítico.

Mientras tanto, el hombre fallecido fue identificado como Fernando Gabriel Gómez. Además, las autoridades confirmaron que la mujer había realizado una activación S.O.S. previa ese mismo día, a las 13:07, informando que su agresor se encontraba fuera de su domicilio.

En esa oportunidad, personal de Comisaría Quinta se entrevistó con la víctima, quien refirió que Gómez se había retirado del lugar a bordo de un auto Renault y que no presentaba heridas, motivo por el cual manifestó que no realizaría el escrito correspondiente.

El Botón de Alerta Personal había sido entregado a la usuaria el 12 de diciembre, y en el sistema figuraba como usuaria activa, mientras que el agresor ya estaba identificado.

Personal de Criminalística y autoridades judiciales intervinieron en el lugar, mientras continuaron las actuaciones para esclarecer los hechos.

Condenaron a prisión perpetua a José Luis Rodríguez por el femicidio de su ex

José Luis “Puma” Rodríguez fue condenado el lunes pasado a prisión perpetua por el femicidio de Patricia Aybar, en un fallo que fija un mínimo de 40 años de encierro efectivo antes de poder solicitar la libertad condicional.

Según informó el portal local 0221, en una de las audiencias del juicio que se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, el propio Rodríguez sorprendió a quienes seguían el debate al asumir su responsabilidad sin atenuantes, ante la mirada atónita de familiares y público: “Me tengo que pudrir en la cárcel”, afirmó ante los presentes, en un acto que concluyó con una sala conmovida y en silencio absoluto.

El tribunal dispuso que Rodríguez solo podrá solicitar un régimen de libertad condicional al cumplirse 40 años de encierro, reforzando el mensaje de estricta rigurosidad para los crímenes que se enmarcan en violencia de género.

Los magistrados respaldaron la solicitud de la Fiscalía, encabezada por Leila Aguilar, quien a lo largo del juicio detalló el contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Aybar y remarcó la reiteración de situaciones de maltrato sufridas por la víctima.

El femicidio de Patricia Aybar ocurrió el 2 de mayo de 2022, en el domicilio de la víctima, ubicado en 80 entre 118 y 118 bis del Barrio Jardín de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata.

Ese día, José Luis Rodríguez, de 62 años, se acercó hasta la vivienda y atacó a su ex pareja, causándole la muerte.

Desde su detención esa jornada, Rodríguez permaneció privado de su libertad bajo prisión preventiva durante el proceso judicial.

A lo largo de las audiencias, la fiscal Aguilar expuso un cuadro probatorio sólido e hizo foco en la condición de indefensión de la víctima al momento del ataque. “Se ha probado la existencia de un vínculo previo, la planificación del ataque y el ataque ejecutado con total desprecio por la vida de Patricia Aybar”, expresó, según constancias incorporadas en el expediente.

El Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra Pablo Laurta por el doble femicidio de la madre y de la abuela de su hijo de 5 años, Luna Giardina y Mariel Zamudio, respectivamente.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Hay que recordar que Laurta además enfrenta otro cargo de homicidio ante la Justicia de Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien contrató cuando llegó a la Argentina de forma clandestina con el objetivo de viajar a Córdoba y llevarse a su hijo de 5 años.

El día de los femicidios, Laurta accedió armado al domicilio de su ex y mamá de su hijo. Una vez en el interior de la propiedad, atacó a Luna y a su suegra Mariel a tiros hasta matarlas. Así, escapó y se llevó consigo al niño de 5 años, desencadenando un operativo de búsqueda que culminó con su captura en la provincia de Entre Ríos.

Laurta fue atrapado el pasado 12 de octubre en el hotel Berlín de Gualeguaychú. El chico de 5 años estaba junto a su padre y los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

El arresto de Laurta, uno de los creadores de la comunidad digital que defendía los derechos de los hombres y cuestionaba las políticas de género; desnudó además el plan criminal urdido por el uruguayo, que incluyó el crimen de Palacio, su desmembramiento y la dispersión de los restos.

Fue la noche del 7 de octubre, cinco días antes de que lo capturaron y previo a los femicidios. Laurta y Palacio se encontraron en la terminal de Concordia. Le había pedido que lo lleve hasta la provincia Santa Fe. Por este viaje, el pasajero ofreció 1,5 millones de pesos, una suma que el conductor comunicó a su hermana durante una conversación habitual antes de iniciar el trayecto.

Las cámaras de seguridad de un maxikiosco registraron el momento en que Laurta abordó el vehículo de Palacio. El análisis de estos registros permitió establecer que el Toyota Corolla se dirigió inicialmente hacia el sur de la provincia de Entre Ríos, tomó la ruta 22 en dirección a la ciudad de Federal y, tras un giro inesperado, regresó a la autovía ruta 14.

A la altura de Estancia Grande, el automóvil abandonó la ruta principal y se internó por un camino de ripio, continuando por vías secundarias hasta llegar a General Campos. Desde allí, salió a la ruta 18, que cruza Entre Ríos de manera perpendicular, y retomó el rumbo oeste hacia Córdoba, donde finalmente se perdió su rastro. Tras matar a las mujeres, se llevó a su hijo en un taxi y se hospedó en Gualeguaychú, donde lo atraparon.

Pero nada se sabía de Palacio. La investigación determinó que Laurta habría asesinado al chofer en ese sinfín de vueltas por la provincia de Entre Ríos y antes de partir a Córdoba. También en ese recorrido ocultó parte del cuerpo del remisero en las inmediaciones de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del teléfono móvil de la víctima.

Más restos de Palacio se encontraron tras un llamado anónimo que dirigió a los investigadores a un punto de la ruta en dirección a Sauce Sur, a 1.5 kilómetros del camino a Gobernador Echague. Es decir, en el corazón de la provincia. Tras largas semanas de análisis, los peritos lograron determinar que pertenecían al remisero desaparecido.

Fue a fines de julio pasado. La violencia intrafamiliar mezclada con la virulencia narco de la zona de Villa Trujui, en el partido de Moreno, terminó en un tiroteo en el que mataron a Daniela Abigaíl Góngora (17). Justamente, los homicidas eran defendidos por el padre de la víctima, a quien sus hijas le recriminaban que no se ponía del lado de ellas y que las maltrataba. Esta madrugada detuvieron al último de los prófugos del caso, según contaron fuentes de la investigación a Infobae.

Se trata de Jonathan Eduardo G., de 28 años, quien era buscado por el delito de homicidio agravado en una causa que comenzó a investigar la fiscalía de Moreno a cargo de Luisa Pontecorvo, con el secretario fiscal Pablo Córdoba, y ahora lleva la UFI N°12 de Drogas de Ezequiel Freydier.

Jonathan Eduardo G. fue atrapado de la DOE Capturas de la Policía Bonaerense luego de un allanamiento en la localidad de Merlo, ampliaron las fuentes del caso.

El día que la bala le atravesó la cabeza a la adolescente, durante el tiroteo un vecino que fue a rescatar a su hijo que jugaba a la pelota en la vereda recibió un tiro en un pie; y una hermana de la víctima fue baleada en el glúteo. Todos fueron trasladados de inmediato por particulares al hospital de Moreno, pero Abigaíl no sobrevivió.

Por el crimen de la adolescente y los otros dos intentos de homicidios,ya había tres detenidos y se buscaba al último prófugo: el novio de la hermana de la víctima. El contexto de la disputa: conflictos de antigua data relacionados a la comercialización de estupefacientes.

La locura se desató el pasado 20 de julio, un domingo de invierno, en la esquina de Ozanam y Tablada del barrio San Cayetano. Pero la génesis había comenzado mucho antes.

“Las hijas hacía como tres meses que estaban distanciadas de su padre porque el hombre tenía problemas de consumo y las maltrataba. Justamente, el día del crimen hubo un zamarreo de su parte a una de las chicas y una discusión que fue escalando”, comentaron las fuentes del caso por ese entonces.

La discusión involucraba un problema entre el novio de una de las hermanas de Abigaíl -el último detenido- y una banda narco de la zona que era defendida por el padre de la víctima. Todo terminó a los tiros, con el progenitor de parte de los cuatro que decidieron dirimir a balazos los conflictos que tenían con el joven.

En ese contexto fue que Abigaíl recibió el balazo en la cabeza. Pero como la situación se dio en el marco de un cuadro de violencia intrafamiliar y los homicidas eran amparados por su padre, la fiscalía de Moreno había imputarles a los primeros detenidos el delito de femicidio agravado. Además, les endilgaron la doble tentativa de homicidio por las heridas al vecino y a la hermana de la víctima.

Las tareas de investigación fueron encomendadas, en un primer momento, a personal de la Comisaría 8ª de Moreno (Catonas) y a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Ellos fueron los que primero buscaron a los otros dos hombres que estaban con el padre de la víctima y también al novio de la hermana de Abigaíl con el que se pelearon.

El progenitor de la chica asesinada estuvo demorado, pero fue liberado, luego de que se confirmara por los testigos que no estaba armado al momento del tiroteo.

Ahora, a más de cuatro meses del crimen, los investigadores dieron con el último prófugo que tenía la causa.

Lo cierto es que detrás del crimen de Abigaíl hubo un contexto de marginalidad y para muesta de ello basta mencionar que ni siquiera hay imágenes de Google Street View en esa zona: la imagen que ilustra esta nota fue tomada a dos cuadras de distancia, en una zona de barrios tomados por bandas que se disputan la venta de drogas al narcomenudeo y matan sin piedad.

Eduardo Vásquez podría regresar a la calle en un futuro próximo. El ex baterista de Callejeros, condenado a perpetua por el crimen de su pareja, Wanda Taddei, y a cuatro años de prisión por el incendio culposo de la tragedia de Cromañón, intenta lograr sus salidas transitorias en la Justicia de ejecución penal.

En octubre último, luego de repetidos rechazos, el juez Axel López autorizó su ingreso al período de prueba en el sistema, lo que lo habilitaría a salidas transitorias. Los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha se opusieron, la familia de la víctima también.

Vásquez se encuentra detenido en la cárcel de Devoto desde 2023, tras pasar varios años en Ezeiza: el propio Consejo Correccional de la prisión, que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), consideró “desaconsejable” que se le conceda el beneficio al músico, hoy de 50 años.

Un informe de abril de 2024 destacó sus avances, con una nota de 10 en conducta y una marcada estabilidad psicológica. El SPF, sin embargo, evaluó esos avances insuficientes.

Así, 15 años después del femicidio, Vásquez redobló su buena letra penitenciaria. Realiza talleres y se convirtió en secretario general del Centro Universitario Devoto. En agosto último, aconsejado por su defensa, decidió enfrentar al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación.

El Equipo resaltó el progreso de Vásquez en su dictamen posterior, aunque dejó en claro que su opinión no es vinculante.

Ante un psiquiatra y un trabajador social, en una serie de entrevistas, Vásquez, que perdió a su madre en el incendio de Once, tomó una decisión inédita hasta hoy: finalmente, confesó el crimen de su pareja, al que fue consideró “el peor error de su vida”.

Tenía un motivo particular para confesar. Su actual novia, que lo visita con frecuencia en Devoto -una mujer de 37 años a la que conoció antes de la tragedia de Cromañón, en el momento más alto de la popularidad de Callejeros- está embarazada. Vásquez será padre el año próximo.

No es la primera vez que el asesino de Wanda Taddei habla del crimen con cierta franqueza. Lo hizo en junio de 2022, cuando decidió publicar, desde la cárcel, de forma privada, su libro de 356 páginas, editado por una docente universitaria, con 200 ejemplares impresos. Lo llamó “Callejero de la vida”.

En la portada, bajo un logotipo que imita al de su vieja banda, dos pies caminan, con las zapatillas tipo Topper que se convirtieron en el símbolo de las víctimas de Cromañón. “Si este libro ha llegado a sus manos, significa que usted ha sido parte de mi vida”, aclara Vásquez.

Allí, le dedicó un curioso mensaje a su ex suegro, Jorge Taddei. A ese capítulo, Vásquez lo llamó “Pedir perdón”.

“Pedir perdón”

“El tiempo pasó y, al final del 2015, la respuesta de la Corte Suprema hizo visible una bajada de línea por la que resolvían como ‘inadmisible’ el pedido de revisión de mi caso. Así, se cerraba un ciclo que anulaba toda esperanza de justicia. Aquel final anunciado despertó lo que me quedaba dentro de impotencia y congoja, para convertirse, paulatinamente, en una sensación de reconciliación”, afirmó en la página 330 de su libro, refiriéndose a la confirmación de su condena a cargo del máximo tribunal.

“Puedo decir que fue un proceso interno y silencioso que continuaba su curso. En ese momento comencé a notar indicios de la sanación de aquellas heridas que me lastimaban tanto... En la escuela que significó para mí Cromañón, había aprendido bien acerca del morbo de los medios y el usufructo del dolor”, continuó.

A fines de 2016, preso en Ezeiza, Vásquez despertó de un sueño. “Me dejé fluir, todavía entredormido, y, como pude, escribí, de alguna manera rompiendo el silencio”, marcó.

La definición que sigue es mecánica y fría, extraña para un hombre que fue parte de su vida. “Encabecé aquel borrador con la carta que dirigí al representante de la familia querellante, Jorge Taddei”, continuó y agregó: “Sin saberlo, la expresión de mis sentimientos sería importantísima en la curación de mis heridas, pero también las de ellos”.

“Jorge, siempre anhelé acercarme a vos”

Vásquez aseveró:

“Jorge, siempre anhelé acercarme a vos, por ser el más cercano a nosotros, y del único del que sentimos un apoyo genuino a nuestro proyecto de familia. Desde lo que nos pasó, no me dejaron acercarme, porque ‘no me querían ver’... Quedé en la vereda de enfrente, ignorando todo lo que iba a venir. En ningún momento sentí bronca o resentimiento, o rencor hacia vos por haber dudado de mí, ya que no sé lo que hubiera hecho en tu lugar. Pude entenderte y comprenderte, bajar la cabeza y aceptar una vez más lo que, por destino, me toca vivir”.

El texto es insólito. Vásquez, aquí, se victimiza, a años luz de una confesión, un mea culpa. Para Jorge Taddei, el ex baterista de Callejeros no es otra cosa que el asesino de su hija, a la que mató de una forma absolutamente cruel, con un baño de alcohol y una chispa.

El músico continuó: “Nunca es tarde, dicen, y hoy te quiero decir gracias, por ser quien me abrió formalmente la puerta en tu familia, y no te equivocaste, ya que Wanda es el amor de mi vida y yo lo soy para ella, desde chicos tuvimos el sueño de estar juntos para siempre y formar nuestra propia familia. Con mis errores y virtudes, di lo mejor de mí a tu hija... Hasta que un accidente repentino e inesperado nos arrebató toda nuestra felicidad y todos perdimos... No pretendimos arruinarles, ni arruinarnos la vida, en nombre de los dos, perdonanos”.

Es decir, para Vásquez, en su cabeza, en su celda del penal de Ezeiza en 2022, matar a su mujer fue un accidente.

Luego, cerró el mensaje de esta carta que, aparentemente, nunca envió: “Mis más sinceros respetos hacia vos. Creo que nos debíamos este contacto”.

A 15 años del crimen de Wanda, el juez de ejecución penal Axel López habilitó para Vásquez la posibilidad del beneficio de las salidas transitorias, tras rechazarlo tres veces en la última década.

Para Vásquez, hoy preso en el penal de Devoto tras años de encierro en la cárcel de Ezeiza, sin duda, es una buena noticia. Para la familia de Taddei, a quien roció con alcohol y encendió con un encendedor en febrero de 2010, ciertamente no. Para el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tampoco.

A pesar de encontrarse en la fase de confianza, el SPF no lo considera listo. En abril de 2024, el Consejo Correccional de la cárcel de Devoto consideró “desfavorable” que Vázquez (50) pasara al período de prueba que le permitiría las salidas transitorias. El área de Psicología del Hospital Penitenciario Central II dio el visto bueno. “En este tiempo, el interno puede adaptarse al encuadre propuesto, con buena predisposición”, se aseveró al no encontrar signos de agresividad hacia otros.

Tampoco registra sanciones por incidentes, con un 10 en conducta determinado en diciembre de 2024.

Sin embargo, otras áreas como el sector criminológico le bajaron el pulgar. “Es necesario que el interno no solo cumpla con los requisitos formales sino que haya incorporado las herramientas que posibilitan su autorregulación dentro de un régimen de tipo abierto”, se aseguró.

Un visto bueno total del SPF suele ser condición clave para que un preso pise la calle. Sin embargo, una alta fuente en el sistema de cárceles, al tanto de los detalles del encierro de Vásquez, comentó: “Tiene los informes del servicio negativos. Para poder pasar al periodo de confianza hizo algunos cursos y se sometió a tratamiento psicológico, pero para el Servicio no está apto. El juez López se apartó del criterio y lo pasó al periodo de confianza, por ende, puede salir con transitorias”.

En prisión, Vásquez hace terapia y estudia en el Centro Universitario de Devoto, donde cobra un sueldo penitenciario como secretario general; además se incorporó a talleres como el de higiene de alojamiento. La buena letra básica de un detenido.

Los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha, por su parte, rechazaron la solicitud de las transitorias, ya que, “a la luz de la evolución de Vásquez en el régimen progresivo, de la gravedad del delito cometido y de la pena impuesta; no quedan dudas que continúa sin cumplir acabadamente con los objetivos propuestos".

En el medio está su expediente penitenciario. Sus informes elaborados por juntas interdisciplinarias entre 2022 y comienzos de este año, a los que accedió Infobae, cuentan su historia reciente. Vásquez, para empezar, tiene nueva novia, con la que será padre el año próximo.

En agosto último, para acceder a las salidas transitorias, el ex baterista de Callejeros enfrentó al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por una trabajadora social y una psiquiatra. Allí, en un movimiento sorprendente, confesó el crimen de Wanda Taddei.

La nueva novia

Su actual pareja es la segunda que tiene durante su encierro. Antes mantuvo una relación con otra mujer dentro de la cárcel, también detenida, con la que se casó en 2018 y con quien, reconoció, tenía una suerte de “sociedad”. La había conocido en su adolescencia, era “del barrio”, afirmó: “Por estar muchos años encerrado, tenés miedo de quedarte solo”.

La relación se disolvió cuando su mujer recuperó la libertad. El músico dijo que ella jamás volvió a visitarlo. “Me sentí engañado, estafado”, aseveró.

Vásquez y su actual pareja comenzaron su relación en 2023, cuando el baterista fue trasladado desde el penal de Ezeiza a Devoto. La mujer de 37 años, llamada E., “sería quien se constituya en su referente en el medio libre”, continúa el informe.

Y sigue: “Si bien manifestó conocerla desde hace muchos años, comienzan el vínculo afectivo cuando es trasladado a este establecimiento penal, por lo que se considera fundamental poder abordar el diseño de su proyecto de vida junto a ella”.

Así, E. se convirtió en una visitante regular del penal. La lista de visitantes de Vásquez incluye también a dos amigos, a su madre, a su hermana y, curiosamente, a “un primo de Wanda Taddei”, su víctima. Su hija, hoy de 19 años, que vive fuera del país, lo llama por teléfono con frecuencia.

Su pareja ya se encontraba embarazada al momento de sus dos entrevistas con el Equipo Interdisciplinario en agosto de 2025. Vásquez mismo relató la historia. Aseguró que la conoció 20 años atrás, en el momento más convocante de la carrera de Callejeros, previo a las muertes de Callejeros, sin entablar una relación. E. era menor de edad en ese entonces. “Nos parece un milagro, ella nunca había quedado embarazada, mi psicóloga siempre me decía que ella es vida”, dijo y siguió: “Ella es complemento, elección”.

Luego de hablar de su presente, Vásquez recordó a Wanda Taddei.

La confesión del crimen de Wanda Taddei

En sus conclusiones, el Equipo Interdisciplinario determinó que Vásquez “ha presentado avances en tanto la implicancia subjetiva y revisión crítica de su accionar, así como en la adquisición de herramientas educacionales y afectivas, comparativamente con encuentro previo”. Sin embargo, el organismo que depende de la Cámara Federal sigue sin “poder afirmar/negar que este sea un motivo suficiente para promocionarlo al período de prueba”.

Entre esos avances, el psiquiatra y la trabajadora social consideraron positivo el siguiente punto: el ex baterista de Callejeros “reconoce su responsabilidad en los hechos por los que se encuentra condenado, mostrando esfuerzos -que se infieren genuinos- a adoptar una posición de implicancia subjetiva con respecto a los mismos”. Al hacerlo, consideraron los especialistas, “intenta avanzar en la búsqueda de nuevas reflexiones y profundizar en la revisión de sus actos”.

“Pienso que fue el error más grande de mi vida. Por ahí tendría que haber sido consciente de que yo no estaba capacitado para abordar esa relación, pero yo sentía mucho amor”, aseguró el baterista y continuó: “No la quería dejar porque yo la amaba”.

Ante el Equipo Interdisciplinario, Vásquez relató qué pensó y sintió el día del asesinato de Taddei. Leer cómo admite haber incendiado a su ex mujer es escalofriante.

El 21 de febrero de 2010, el día del crimen, Vásquez se encontró con un amigo. Era una situación límite: el hombre sostenía que su hijo había sido abusado sexualmente.

Su amigo “quería ir a ajusticiar a la persona que había abusado” a su hijo. “Después del ensayo yo me fui con él y me quedé para tratar de contenerlo. Wanda llamaba y sospechaba que yo estaba con minas tomando merca. Eso a Wanda le molestó mucho... Me había agitado mucho, me había sacado de un estado de paz”, continuó.

Luego, finalizó: “Me parece que no queda claro mis sentimientos respecto de la pérdida que ocasioné... Tuve muchos obstáculos para verme como responsable por el profundo amor que le tenía a Wanda. Estuve muchos años negando eso por culpa, por haber arruinado la vida de la familia de ella, la misma mía. Me costó mucho posicionarme como responsable”.

Se espera que el juez López firme las posibles salidas transitorias en un futuro cercano. El magistrado ya lo benefició en el pasado, cuando en febrero de 2021 permitió que Vásquez sea trasladado en medio de la pandemia del coronavirus por el SPF a la fiesta de 15 de su hija en La Matanza, en un operativo de seguridad propio de un capo narco, con casco, escudos tácticos y un móvil con ventanas tapiadas con papel de diario.

Sin embargo, no es un preso difícil, coinciden fuentes en torno a su encarcelamiento, al menos en términos de conducta, con un 10 en el boletín, más un concepto general de siete puntos.

*/Producción audiovisual, entrevista, guion y narración: María Belén Etchenique / Realizador: Juan Novelli / Edición: María Florencia Montenegro y Leonardo Senderovsky

El evento contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el jefe de Policía, Claudio González, e integrantes de la plana mayor policial.

La ceremonia puso en relieve el trabajo articulado de varias áreas operativas, como la Dirección de Inteligencia Criminal y la División Cibercrimen.

Por la investigación del femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, fueron distinguidos los comisarios Marcelo Hoffman y José Morillo, junto al sargento Fernando Salomón.

El cuerpo de la joven fue hallado en un aljibe de unos 10 metros de profundidad tras sufrir un traumatismo de cráneo causado con un objeto contundente en la nuca. Por este hecho, la policía detuvo a Gustavo “Pino” Brondino.

En el caso de la captura de Pablo Laurta, quien se encontraba prófugo por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Sebastián Palacio en Entre Ríos, recibieron reconocimiento los comisarios Alejandro Cardozo y Miguel Martina, el sargento ayudante Alfredo Velázquez, la cabo Ana Cano, el oficial principal José Vallecillo y el sargento Mauricio Ruiz Díaz.

El femicida fue apresado en Entre Ríos y permanece imputado por los tres crímenes en ambas provincias.

Durante el acto, el gobernador Frigerio expresó: “Para nosotros es muy importante reconocer la valía, la preparación y el compromiso de nuestra Policía en general; en particular en estos hechos que se hicieron de público conocimiento, que aparecen en la tele; pero todos los días. Nuestra Policía, con su compromiso, con su esfuerzo, con su dedicación, le brinda paz y tranquilidad a los entrerrianos; y este es un reconocimiento puntual, pero que se extiende a toda la fuerza”.

Frigerio subrayó que el trabajo policial se centra en la prevención y la investigación, como en los casos que han permitido esclarecer delitos resonantes. Resaltó que su presencia en la ceremonia tenía como objetivo visibilizar “la tarea silenciosa de nuestra Policía” y transmitir que “hay una tarea adicional, que es que todos conozcan que tenemos la mejor policía de la Argentina”.

Por su parte, Néstor Roncaglia agradeció el acompañamiento del Gobernador y resaltó la distinción otorgada “a este grupo de policías, que es un reconocimiento a toda la Policía, porque en la acción explícita de la Policía también hay un grupo por detrás que trabaja, la parte administrativa, criminalística, hay mucho apoyo logístico”.

El funcionario señaló que el plan de gestión implementado desde hace dos años apunta a una policía “empática, cerca de la ciudadanía, expuesta, que trabaje, dinámica, no paralizada, que sea protagonista de estas acciones; y eso creo que lo logramos”.

En la jornada, los funcionarios valoraron la coordinación entre las distintas áreas policiales, enfatizando la importancia del equipamiento y la capacitación, aun con recursos limitados. Destacaron la adquisición de chalecos antibalas, patrulleros, armamento y tecnología como herramientas esenciales en la labor de quienes “cuidan a los que nos cuidan” y reiteraron la voluntad de sostener a Entre Ríos como “la provincia más tranquila y con más paz de la Argentina”.

A medio año de que ocurriera el femicidio de Leonela Giménez en Chaco, se conoció que las pericias científicas arrojaron resultados negativos respecto a la presencia de material genético. Asimismo, indicaron que la investigación estaría avanzada y pronta a pedirse la elevación a juicio.

“Hay informes periciales que dieron resultados negativos, como la cuestión vinculada con el ADN”, anticipó el abogado Miguel Lukach, quien se encuentra a cargo de la defensa de uno de los imputados por el crimen. No obstante, indicó que aún estarían pendientes ciertos actos procesales.

Por este motivo, el defensor adelantó: “Creo que ya estamos en condiciones de comenzar a transitar el camino del cierre de la investigación y la clausura”. En este sentido, la Fiscalía a cargo del caso estaría cerca de solicitar la elevación a juicio.

De acuerdo a la consulta realizada por Diario Chaco, Lukach señaló que había pedido a los investigadores que continuaran con la requisitoria para iniciar con los preparativos del proceso judicial, pero que se había optado por esperar a que se conozcan todos los resultados de las pericias.

Respecto a la situación de su cliente, el defensor reconoció que el panorama arrojado por los estudios científicos “impactan favorablemente”. Sobre todo, porque indicó que estos demostrarían las contradicciones del segundo imputado.

En línea con esto, el abogado acusó al coimputado de brindar un relato, en el que pudiera ubicar a su cliente en situaciones que no habrían ocurrido. “No se sostienen. La pericial dio negativa y eso da por tierra todas las manifestaciones del imputado”, apuntó.

Previo a esto, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña ordenó modificar la imputación contra uno de los acusados. Así, la jueza Rosana Glibota solicitó al fiscal Gustavo Valero que readecue los cargos contra C. R. A., al considerar que la acusación inicial carecía de precisión suficiente.

La modificación se dio a comienzos de septiembre, luego de que la defensa del acusado argumentara que no existen pruebas que demuestren que su cliente haya planificado, ideado o tenido conocimiento previo del crimen de la joven de 25 años.

En respuesta a este planteo, la magistrada anuló la imputación y los actos procesales derivados, aunque rechazó la solicitud de excarcelación. Por este motivo, el acusado, de 42 años, continuará detenido hasta que el Ministerio Público Fiscal reformule los cargos en su contra.

El fiscal Valero había imputado inicialmente tanto a C. R. A. como a E. G., de 31 años, por homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género, es decir, por femicidio. Ambos, un comerciante y un vendedor de autos, que fueron vistos por última vez junto a la víctima a bordo de un Audi A4 gris. Por esto, fueron detenidos pocos días después del crimen, en la intersección de Avenida 1 y calle 0 del barrio Belgrano, en la capital provincial.

En línea con esto, la defensa pidió que la conducta de su representado sea reclasificada como encubrimiento agravado, al sostener que “no existen pruebas que acrediten su participación en el hecho ni su autoría”. No obstante, la investigación se fundamentó en los registros de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir los movimientos de la víctima y de los imputados.

El cuerpo de Leonela fue hallado con un disparo en el pecho a la vera de la Ruta Nacional N° 95. Horas después, su teléfono celular apareció en un canal de desagüe cercano, frente al Zoológico de Sáenz Peña, y fue sometido a peritaje por el Poder Judicial.

A partir de las tareas de la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y el Departamento de Estrategias Técnicas Investigativas se permitió establecer que la joven viajaba con los dos acusados la noche anterior al hallazgo del cuerpo.

Durante la requisa del vehículo implicado, las autoridades encontraron un aro, un par de zapatillas, restos de droga, cabellos y muestras biológicas en una de las alfombras. Además, en la ropa de uno de los sospechosos se halló un proyectil sin percutar. Estos elementos constituyen parte de las pruebas que aún deben ser analizadas para determinar el grado de participación de cada imputado.

Por este motivo, el fiscal Valero reiteró que ambos hombres “estuvieron en el lugar del hecho, realizaron los actos endilgados y las pruebas pendientes de producción van a determinar” la responsabilidad de cada uno.

El crimen de Gabriela Picciuto, la mujer que fue encontrada sin vida dentro de un tanque de agua en la provincia de Tucumán en 2023, quedó impune: un Tribunal de Impugnación de esa provincia revocó la condena contra Leonardo Salomón, el único acusado del femicidio, y lo absolvió.

La resolución, que lleva la firma de los jueces María Jimena Suárez, Facundo Maggio y Agustín Puppio, indica que no existían pruebas materiales que vincularan al presunto asesino, expareja de la víctima, con el hecho. Salomón había sido condenado en mayo de este año.

Los jueces argumentaron que no se pudo acreditar la autoría del acusado ni demostrar cómo falleció la víctima, a pesar de los elementos presentados durante la instrucción. Además, subrayaron que la investigación no arrojó rastros genéticos, arma homicida ni pruebas directas que ubicaran al acusado en la escena del crimen.

El hallazgo del cuerpo de Picciuto se produjo alrededor del mediodía del 12 de mayo de 2023 en una casa situada en la calle Chacabuco, cuando un albañil sintió un olor intenso y encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición, tapado con acolchados en una cisterna.

La autopsia determinaría más tarde que la mujer murió violentamente a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Las pericias determinaron que fue asesinada entre el 9 y el 11 de marzo anterior.

En la primera etapa de la investigación, varios nombres se barajaron como posibles sospechosos, incluido su ex marido José Luis Fumero, así como Sofía Di Cianni, Alfredo Socci y Natalia Liberman, inquilinos en la vivienda donde residía Gabriela.

Sin embargo, la pesquisa luego se centró en Salomón, quien fue pareja de la víctima y permaneció prófugo durante varias semanas.

Durante su declaración, Salomón incurrió en inconsistencias y la fiscalía remarcó su habilidad en albañilería, además de su salida de la provincia el mismo día de la desaparición de Picciuto.

El fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios II,Carlos Sale, sostuvo en su alegato que había suficiente prueba para señalar a Salomón como autor del crimen, calificando el caso como “un hecho macabro que casi queda impune”. En mayo, dos de los tres jueces del tribunal condenaron al sospechoso a 15 años de prisión.

La hipótesis que no se investigó

La defensa del acusado apeló la sentencia. A raíz de ello, la Cámara revisó nuevamente el expediente y los magistrados determinaron que ni la Fiscalía logró probar el lugar del homicidio ni la autoría del acusado.

El tribunal también destacó la ausencia del arma homicida y que los rastros genéticos recolectados no correspondían al imputado. Asimismo, consideraron que la investigación no profundizó en otras hipótesis, como los conflictos por la ocupación ilegal de la vivienda ni el posible móvil económico ligado a la venta del inmueble. Los magistrados señalaron que el rol de los inquilinos tampoco se indagó a fondo.

Uno de los inquilinos, Socci, quedó apuntado con mayor fuerza en el fallo por varios detalles que -a juicio de los magistrados- deben ser investigados. Por ejemplo, quedó en control del inmueble y a cargo de la mascota de la víctima, además de disponer de las llaves del inmueble y de ser visto con una maza que no apareció.

También fue quien vinculó por primera vez a Salomón con una supuesta discusión. El tribunal observó, de igual manera, inconsistencias en las acciones de Liberman y Di Cianni, quienes eran poseedoras de pertenencias personales de la víctima, como su documento de identidad y una tarjeta de débito. Estas circunstancias no fueron investigadas, según los jueces.

Tras la absolución, Salomón fue liberado después de pasar más de dos años detenido y, según trascendió, se trasladó a Buenos Aires.

La causa vuelve así a su punto de inicio, sin un solo responsable. En tanto, familiares y allegados de Picciuto aseguran que la víctima se sentía amenazada y desconfiaba de su entorno, en especial por conflictos relacionados con la propiedad.

En declaraciones a TN, Ana, amiga cercana, expresó que la víctima le había advertido sobre su temor por perder la casa y que solía quedarse cerrada en su vivienda por largos periodos.

“Todos mienten, es muy extraño todo lo que pasó con la casa. Se la denigró mucho a ella, se dijeron cosas que no eran. Como amiga, estoy muy triste. Me tocó avisar al 911 cuando salió lo del cuerpo... Era parte de mi familia”, afirmó.

Luego de que se celebraran dos audiencias de cesura y no se llegaran a definir las penas del clan Sena y el resto de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se espera que la decisión final se alcance este viernes. Previo a esto, la jueza técnica, Dolly Fernández, rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas.

Tal como había adelantado Infobae, el debate comenzó apenas pasadas las 09:30 horas. Inicialmente, la sala se había reservado para las 10:00 horas, pero la magistrada pidió adelantar las citaciones, con la intención de evitar mayores demoras en el proceso. De igual forma, una vez definidas las penas, la jueza tendrá 15 días hábiles para darlas a conocer.

La audiencia comenzó sin la presencia de César Sena ni su padre Emerenciano, dos de los principales acusado. Según explicó el abogado de este último, el líder piquetero no pudo concurrir a la audiencia por problemas de salud. En el caso de César, su abogada dijo que el femicida le pidió no asistir, aunque no dio mayores motivos de la solicitud.

Luego, la jueza dio paso a los alegatos. Los primeros en hablar fueron los integrantes del equipo del equipo fiscal, quienes pidieron que el clan Sena sea condenado a prisión perpetua. Para Fabiana González y Gustavo Obregón, declarados culpables del delito de encubrimiento agravado, pidieron 5 años y 10 meses, mientras que para Gustavo Melgarejo, el sexto responsable pidieron una pena de 2 años y 10 meses por el delito de encubrimiento simple.

El fiscal Martín Bogado describió el asesinato de Cecilia como un hecho “planificado” que “nació en el fuero interno de la familia Sena, con una coartada —el viaje al sur— que ya formaba parte del diseño criminal”. “En todos los lugares donde la familia podía ejercer su poder, se encontraron rastros del delito que pretendieron encubrir”, sostuvo.

Dijo que la segunda parte del plan arrancó con el encubrimiento y que “truncaron la vida de una joven con muchos sueños por cumplir”. “Su familia incluso tuvo que irse a vivir fuera de la provincia”, añadió.

El segundo turno fue para el abogado querellante Gustavo Briend, quien pidió prisión perpetua para el clan Sena, seis años de cárcel para González y Obregón y 3 años para Melgarejo. Después del alegato, se decretó otro cuarto intermedio.

Después del receso comenzó el alegato de Juan Ignacio Díaz, representante del Estado. En esta segunda parte de la audiencia, César Sena se conectó a través de Zoom desde su lugar de alojamiento. Lo mismo hizo Emerenciano Sena.

Díaz pidió prisión perpetua para el clan por ser culpables de un “femicidio extremo”, en el que “la quisieron borrar”. En medio del alegato del letrado, la jueza interrumpió la sesión por unos segundos para pedirle a Sena padre que dejara de exhibir un cartel a través de la videollamada. El letrado del Estado pidió seis años para González y Obregón.

Durante la audiencia ayer, Fernández ratificó el rechazo a los pedidos de las defensas para que los imputados sean sometidos a pericias físicas y psíquicas antes de la fijación de las penas. Esta resolución fue comunicada al inicio de la jornada, por lo que marcó el rumbo de la sesión y dejó en claro los límites procesales de la etapa actual.

La magistrada fundamentó su negativa al señalar que “dichas medidas y dichos informes exceden el marco de esta etapa del proceso”, pero aclaró que autorizará la realización de los peritajes una vez concluida la audiencia de cesura. “Voy a disponer la realización de todas esas medidas solicitadas por las partes, pero no a los fines de esta audiencia, sino simplemente a los fines del control y el seguimiento que se debe tener de las personas detenidas a mi cargo”, precisó.

La estrategia de los abogados defensores apuntaba a obtener elementos que permitieran solicitar una eventual prisión domiciliaria para sus representados, una vez que se fijaran las condenas. Sin embargo, la jueza también desestimó los pedidos de nulidad presentados por las defensas, quienes argumentaban que se verían afectados principios fundamentales del proceso penal.

De este modo, la magistrada estableció que cualquier evaluación sobre la salud física o mental de los acusados solo tendrá lugar tras la determinación de las penas y descartó su incidencia en la definición inmediata de las condiciones de detención.

“No voy a hacer lugar a ese pedido, por cuanto esta garantía constitucional no se vería afectada en esta etapa, teniendo en cuenta que nos encontramos en el mismo proceso penal, donde todavía no se ha dictado sentencia. Entonces, no podemos hablar de un non bis in idem en esta etapa”, señaló, respecto al planteo sobre las presuntas presiones producidas por la cobertura mediática del caso.

La jueza profundizó en su argumentación al precisar: “Sabemos cuáles son los requisitos y uno de ellos no es solamente la identidad de personas y la identidad de objetos, sino también la identidad de la causa, la misma pretensión y, en el caso, que tendríamos para poder determinar ello una sentencia que haya resuelto esa situación”.

En este sentido, reiteró que la sentencia “todavía no se determinó, por cuanto en la etapa que estamos es la etapa de mensuración o de poder determinar cuál sería la pena aplicable a cada uno de los imputados”. La resolución fue escuchada por todos los imputados, salvo Emerenciano Sena, quien nuevamente no asistió a la sala por problemas de salud.

Tras la intervención de la jueza, la audiencia prosiguió con la declaración de testigos propuestos por la abogada Elena Puente, defensora de Gustavo Obregón y Fabiana González, dos de las personas halladas culpables en el caso.

En este tramo, brindaron testimonio una docente de la escuela del barrio Emerenciano Sena, la hermana de Obregón y la niñera del hijo de la pareja. Estas testigos aportaron información sobre la relación entre los colaboradores, su desempeño como padres y aspectos de su vida familiar, además de responder a las preguntas formuladas tanto por las querellas como por la Fiscalía.

Al momento de los hechos, la pareja eran empleados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Mientras que Obregón había sido contratado como chofer, González fue señalada como secretaria de los dirigentes sindicales. Ambos fueron condenados por el delito de encubrimiento agravado.

Según reconstruyó la investigación, los dos fueron partícipes claves en la tarea de deshacerse del cuerpo de la joven. Una vez que César Sena —pareja de Cecilia y el autor material del crimen— la asesinó en una de las habitaciones de la casa familiar, el hombre se encargó de envolverla en una frazada y depositarla en otro espacio hasta que llegaran sus padres.

Por este motivo, César fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo. Sus padres fueron considerados como partícipes necesarios del crimen, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple. Para los investigadores, fue el responsable de controlar que los restos de la joven sean consumidos por completo por el fuego.

Frente a esto, la madre de Cecilia, Gloria Romero, manifestó en redes sociales que esperaba que los Sena recibieran la pena máxima, es decir, un total de 35 años. “Estoy conforme y creo que no le cabe otra sentencia que no sea perpetua, de 35 años a los tres”, apuntó.

“Con respecto a Obregón y a Fabiana sé que se va a pedir la máxima, sé que eso va a ser la parte que se pelea”, evaluó la mujer, tras valorar que los datos que aportó el chofer en su confesión fueron vitales para poder reconstruir lo que había pasado con su hija.

La segunda audiencia de cesura para definir las penas de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, comenzó esta mañana, poco después de las 10, luego de que no se llegara a culminar el trámite durante la jornada del miércoles. Tal como se esperaba, este jueves tampoco se logró terminar y continuará el viernes desde las 9 de la mañana.

La cita de hoy comenzó con la resolución de la jueza técnica Dolly Fernández a los planteos presentados por las defensas en el día de ayer. En ese sentido, la magistrada denegó el pedido que elevaron para que sus clientes sean sometidos a pericias físicas psíquicas para eventualmente pedir un cambio o morigeración en las condiciones de detención.

Es decir, la estrategia de los letrados tiene como objetivo solicitar una eventual prisión domiciliaria para sus defendidos, una vez fijadas las penas.

“Dichas medidas y dichos informes exceden el marco de esta etapa del proceso”, sostuvo la magistrada, quien autorizó dichos peritajes una vez concluya la audiencia de cesura. “Voy a disponer la realización de todas esas medidas solicitadas por las partes, pero no a los fines de esta audiencia, sino simplemente a los fines del control y el seguimiento que se debe tener de las personas detenidas a mi cargo”, aseguró.

De igual manera, rechazó los pedidos de nulidad realizados por los defensores. La resolución fue escuchada por todos los imputados, a excepción de Emerenciano Sena, que, al igual que el martes, no asistió a la sala por problemas de salud.

“Esas oposiciones se basaron porque entendían que se vería afectado el principio de congruencia, que variaría la base fáctica y probatoria del juicio y que afectaría el principio del non bis in idem (principio para no ser juzgado dos veces por el mismo delito). No voy a hacer lugar a ese pedido, por cuanto esta garantía constitucional no se vería afectada en esta etapa, teniendo en cuenta que nos encontramos en el mismo proceso penal, donde todavía no se ha dictado sentencia. Entonces, no podemos hablar de un non bis in idem en esta etapa", señaló la jueza.

Y agregó: “No podemos hablar de un non bis in idem en esta etapa. Sabemos cuáles son los requisitos y uno de ellos no es solamente la identidad de personas y la identidad de objetos, sino también la identidad de la causa, la misma pretensión y, en el caso, que tendríamos para poder determinar ello una sentencia que haya resuelto esa situación. Cuestión que todavía no se determinó, por cuanto en la etapa que estamos es la etapa de mensuración o de poder determinar cuál sería la pena aplicable a cada uno de los imputados, lo cual se va a determinar a través de una sentencia que es la sentencia de condena", agregó.

“La etapa anterior, que fue la etapa del juicio popular, donde se valoró la culpabilidad de los imputados, pero no se determinó la condena de ellos, que recién se realiza a través de la sentencia con la determinación de la pena. Por lo cual, y es una garantía que no puede ser conculcada porque todavía no se dio el supuesto, voy a rechazar también ese planteo”, explicó.

Después, la sesión continuó con la declaración de testigos ofrecidos por la abogada Elena Puente, defensora de Gustavo Obregón y Fabiana González, dos de las culpables del femicidio.

En ese marco, hicieron su declaración testimonia una docente que trabajó en la escuela del barrio Emerenciano Sena, la hermana de Gustavo Obregón y la niñera del hijo que tiene la pareja. Aportaron información sobre el vínculo de los colaboradores, su rol como padres y aspectos de su vida familiar. También respondieron preguntas de las querellas y de la Fiscalía.

La audiencia de cesura

Según adelantaron fuentes oficiales a Infobae, estaba previsto que el proceso pudiera durar más de una audiencia. Por este motivo, se había reservado el espacio para este jueves, a partir de las 09:00 horas, y viernes, desde las 10:00 horas. Para acelerar el trámite, la jueza Dolly Fernández pidió adelantar la cita de mañana para las 9.

Apenas una semana después de que el jurado popular dictara su veredicto, la defensa de César Sena, encabezada por Celeste Segovia, solicitó la nulidad tanto del proceso de deliberación como de la resolución. Como argumento, sostuvo que el jurado popular tomó su decisión en un contexto de fuerte presión social y mediática, que habría afectado la imparcialidad de los jurados.

“Fue muy alta la hostilidad pública y el ambiente de contaminación en el que deliberó el jurado. Es imposible sostener que un ciudadano común que oficia de jurado vuelva a su casa todos los días, tenga acceso a su celular, a los medios y considerar o presumir que puede estar intacta su neutralidad o parcialidad”, fundamentó la defensora.

Por su parte, los abogados del resto de los imputados adhirieron a este planteo. Frente a estos pedidos, el fiscal Jorge Bogado, quien lideró la acusación, rechazó de manera categórica la pertinencia de estos reclamos en la instancia de cesura.

“Lo que no pudieron hacer es convencer al jurado y ahora vienen con estos planteos, tratando de poner este manto de duda y de sospecha, que lo vinieron haciendo durante todo el juicio, para tratar de ganar esta conmoción”, apuntó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En la audiencia del miércoles y del jueves, Emerenciano Sena fue el único de los imputados que no estuvo presente, ni de manera presencial ni por videoconferencia. Su abogado justificó la ausencia tras alegar que presentaba un malestar estomacal.

El veredicto del jurado

En el caso de la ex pareja de Cecilia, el tribunal resolvió condenarlo por homicidio doblemente agravado por violencia de género y vínculo, y le atribuyó la responsabilidad penal a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios del crimen.

El fallo del jurado también determinó que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo incurrieron en encubrimiento agravado, mientras que Griselda Reynoso fue la única imputada absuelta y se encuentra en libertad desde el veredicto. No obstante, la defensa de González y Obregón anunció que solicitará el beneficio de prisión domiciliaria para ambos.

En el caso de Melgarejo, el tribunal lo consideró culpable de encubrimiento simple, pero le concedió la libertad condicional al haber cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva. Por esto, aguardó el inicio de la jornada en un café cercano al tribunal.

Previo a que se conocieran los planteos, la madre de Cecilia, Gloria Romero, manifestó en redes sociales que el clan Sena debería ser condenado a prisión perpetua. “Estoy conforme y creo que no le cabe otra sentencia que no sea perpetua, de 35 años a los tres”, sostuvo Romero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Con respecto a Obregón y a Fabiana sé que se va a pedir la máxima, sé que eso va a ser la parte que se pelea”, consideró la mujer, luego de señalar que la declaración del chofer de los Sena fue clave para conocer qué había sucedido con su hija. Asimismo, aportó los datos necesarios para saber a donde habían sido llevados sus restos.

Y sostuvo: “Obregón fue el único que se quebró, el único que dijo dónde estaban las bolsas. Si él no hablaba y él no decía dónde estaban las bolsas y exactamente mostraba dónde estaban las bolsas, la palabra de Ceci no iba a ser escuchada”.

Finalmente, concluyó que, para ella, “Ceci se expresó a través de su dije, a través de su anillo, dijo: ‘Acá estoy, no me desaparecieron, acá estoy’”. Además, pidió que la impunidad de los Sena termine en prisión y que “no tengan control de la gente aún en la cárcel”.

“Estoy conforme y creo que no le cabe otra sentencia que no sea perpetua, de 35 años a los tres -por César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña-”, sostuvo Romero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Romero se refirió a la situación del resto de los imputados, como Gustavo Obregón y Fabiana González. “Con respecto a Obregón y a Fabiana sé que se va a pedir la máxima, sé que eso va a ser la parte que se pelea”, expresó.

Sobre Obregón -persona de máxima confianza del clan piquetero y chofer de César Sena- la madre de la víctima recordó que su declaración testimonial en medio de la investigación fue clave para conocer qué había ocurrido con su hija y dónde trasladaron su cuerpo hecho cenizas.

“Obregón fue el único que se quebró, el único que dijo dónde estaban las bolsas. Si él no hablaba y él no decía dónde estaban las bolsas y exactamente mostraba dónde estaban las bolsas, la palabra de Ceci no iba a ser escuchada”, subrayó.

Y con evidente emoción, agregó: “Ceci se expresó a través de su dije, a través de su anillo, dijo ‘acá estoy, no me desaparecieron, acá estoy’. Pero el nexo de esa palabra fue Gustavo Obregón, él fue el único que se quebró y dijo algo, al menos”.

A continuación, Romero imploró por qué los Sena “no pasen a ser los Sala del Chaco”, en referencia a la dirigente social de Jujuy, Milagro Sala, también detenida. “Espero que no tengan ese control de la gente aún en la cárcel. Porque acuérdense que los audios de Emerenciano pasando lista y eran como soldados que tengan en cuenta que esa gente tiene quemada la cabeza”, planteó.

Las defensas de los imputados pidieron la nulidad del proceso

El testimonio de la progenitora de Cecilia se conoció unos minutos antes de que comenzara la audiencia de cesura, durante la cual Celeste Segovia, defensora de César Sena, pidió la nulidad del proceso de deliberación y del veredicto, alegando que el jurado popular resolvió sobre las pruebas presentadas en el juicio en un ambiente contaminado. Los abogados de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y del resto de los imputados adhirieron al planteo.

“Fue muy alta la hostilidad pública y el ambiente de contaminación en el que deliberó el jurado. Es imposible sostener que un ciudadano común que oficia de jurado vuelva a su casa todos los días, tenga acceso a su celular, a los medios y considerar o presumir que puede estar intacta su neutralidad o parcialidad”, dijo la defensora de Sena al plantear la nulidad.

El fiscal Jorge Bogado, que encabezó la acusación, reclamó que la audiencia de cesura no es lugar para hacer estos planteos y fue contundente: “Lo que no pudieron hacer es convencer al jurado y ahora vienen con estos planteos, tratando de poner este manto de duda y de sospecha, que lo vinieron haciendo durante todo el juicio, para tratar de ganar esta conmoción”.

Al finalizar el juicio por jurados, la magistrada Dolly Fernández se había referido públicamente al caso y dijo: “Este veredicto es el resultado de un hartazgo social" y (el crimen) fue la gota que rebalsó el vaso... La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer”.

Debido a que la audiencia se extendió más de lo esperado, la jueza Fernández anunció un cuarto intermedio para este jueves a las 9. “Cada una de las partes traigan sus testigos mañana si los pueden tener preparados, en el que caso de que se haga lugar para poder avanzar con la audiencia”, cerró la magistrada.

La audiencia para conocer las penas a los integrantes del clan Sena, hallados culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski por un jurado popular, continuará este jueves. Así lo comunicó la jueza Dolly Fernández, quien llevó adelante el juicio por jurados en Chaco y que este miércoles dio inicio a la jornada de cesura donde iba a leer la sentencia para cada uno.

Como era una posibilidad que hoy no se pudiera culminar el trámite, ya se había reservado la sala también para este jueves y viernes, desde las 9 y 10 horas, respectivamente; para darle fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de la provincia.

La audiencia de cesura comenzó con algunos planteos de la defensa. Celeste Segovia, defensora de César, pidió la nulidad del proceso de deliberación y del veredicto, alegando que el jurado popular resolvió sobre las pruebas presentadas en el juicio en un ambiente contaminado. Los abogados de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y del resto de los imputados adhirieron al planteo.

“Fue muy alta la hostilidad pública y el ambiente de contaminación en el que deliberó el jurado. Es imposible sostener que un ciudadano común que oficia de jurado vuelva a su casa todos los días, tenga acceso a su celular, a los medios y considerar o presumir que puede estar intacta su neutralidad o parcialidad”, dijo la defensora de Sena al plantear la nulidad.

El fiscal Jorge Bogado, que encabezó la acusación, reclamó que la audiencia de cesura no es lugar para hacer estos planteos y fue contundente: “Lo que no pudieron hacer es convencer al jurado y ahora vienen con estos planteos, tratando de poner este manto de duda y de sospecha, que lo vinieron haciendo durante todo el juicio, para tratar de ganar esta conmoción”.

Emerenciano Sena fue el único de los imputados que no estuvo presente en la audiencia ni de manera presencial ni por zoom. Su abogado alegó un malestar estomacal.

Gustavo Melgarejo, por su aparte, quien está con libertad condicional, esperó el inicio de la jornada en un café de la zona.

Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios del femicidio de su nuera.

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Una semana después del veredicto, la defensa de Fabiana González y Gustavo Obregón anticipó que presentará una solicitud para que los ex empleados de los Sena puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Respecto de Gustavo Melgarejo, fue considerado culpable de encubrimiento simple y se le otorgó la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva.

En tanto, Griselda Reynoso resultó la única imputada declarada no culpable por el jurado y fue absuelta, por lo que está en libertad desde el veredicto.

El caso

“El cuerpo de Cecilia muerta, mutilada, quemada, convertida en cenizas, habló. Nos marcó lugares: el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró el dije que fue una prueba fundamental en este proceso, se encontró su valija quemada que contenía los sueños de una chica emprendedora... Una chica muy joven a la que le habían prometido otra vida en el sur del país”, fue la síntesis del procurador Jorge Canteros sobre el caso.

Cecilia el 2 de junio de 2023 entró viva a la casa de la familia Sena de las afueras de Resistencia y, posteriormente, fue retirada sin vida, “envuelta en una manta, en una camioneta y cubierta con bolsas de basura”.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros con la ayuda de los empleados del clan.

El sexto informe anual de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) reveló que, en la ciudad de Buenos Aires, más del 50 por ciento de los homicidios de mujeres cometidos con violencia de género que derivaron en una condena judicial fueron calificados como femicidios. El informe se presentó en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Los datos, difundidos este lunes a través del portal Fiscales.gob.ar, corresponden al seguimiento realizado entre 2015 y 2024 por el organismo encabezado por la fiscal Mariela Labozzetta.

Según indica el documento, UFEM analizó 192 causas judiciales en las que se investigaron 199 homicidios de mujeres en CABA a lo largo de una década. En el 62% de esos casos se contabilizaron indicadores preestablecidos de violencia de género, por lo que fueron clasificados desde un inicio como femicidios. De todas las causas, el 55% alcanzó sentencia en primera instancia.

En relación con los fallos, 96 causas concluyeron con condena y 10 con absoluciones. De ellas, el 53% de los hechos reconocidos por UFEM originalmente como femicidio obtuvieron en la sentencia la agravante específica por violencia de género. Además, en 11 sentencias se aplicó el agravante por vínculo, sin incluir la motivación de género, mientras que 10 hechos se calificaron como homicidios simples.

El registro sistematizado de la UFEM incluyó femicidios y transfemicidios, como así también otros homicidios dolosos de mujeres.

El informe permite dimensionar la respuesta judicial frente a la expresión más extrema de las violencias. Además, el relevamiento arrojó que en el 88% de las causas el o la autora fue identificada, cifra superior en los femicidios (95%) que en homicidios de mujeres sin componentes de género (76%).

En cuanto a los plazos procesales, el proceso judicial demoró en promedio nueve meses entre el hecho y la elevación a juicio, y poco más de dos años hasta la sentencia de primera instancia.

Según informaron, el 84% de las sentencias fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que amplió los tiempos hasta un promedio de siete años en los procesos recorridos hasta la Corte Suprema.

Respecto de las penas, el 63% de los condenados por homicidios dolosos de mujeres en la ciudad recibió prisión perpetua.

Las agravantes más reiteradas hicieron referencia al vínculo entre agresor y víctima, la violencia de género, el propósito de encubrir otro delito, la alevosía o el uso de arma de fuego.

En el estudio, UFEM contempló casos de víctimas cis y trans género. Entre 2015 y 2024, se registraron 123 muertes de mujeres bajo la tipificación de femicidio, con un porcentaje de sentencias condenatorias que resultó superior al de los homicidios sin componente de género.

El trabajo destaca la relevancia de contar con datos sostenidos a lo largo del tiempo para analizar el alcance del fenómeno y evaluar la eficacia de las políticas judiciales.

La fiscalía subrayó la importancia de este seguimiento para futuras recomendaciones institucionales y la promoción de medidas de prevención.

Tres de cada diez mujeres no reconocen espontáneamente las agresiones que sufren

En 2024 se produjeron 283 femicidios en la Argentina. En 2023, la forma más extrema de la violencia de género produjo la muerte de 307 mujeres. Durante esos dos años, 759 hijas e hijos perdieron a sus madres porque fueron asesinadas en medio de un crimen de odio por ser mujeres. Las estadísticas son de La Casa del Encuentro, una organización que desde hace casi veinte años lucha para erradicar estas formas de la violencia. En el país se produce un femicidio cada 29 horas.

Así lo demuestra la primera edición del Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres que elaboró la Fundación Instituto Natura y Avon, que se elaboró a partir de encuestas a 1.612 personas de más de 18 años entre junio y julio de este año. Se trata de una investigación a la que accedió Infobae que, instrumentada por la consultora de opinión pública Quiddity, se repetirá periódicamente para medir la evolución de determinados indicadores. El estudio es regional: se lleva a cabo también en Brasil, Perú, Chile, Colombia y México.

Las encuestas revelaron que sólo el 27% de los argentinos se atribuyen a sí mismos niveles altos y muy altos de concientización sobre la violencia contra las mujeres. Con los datos desagregados, la brecha de género se hace notar respecto de estas variables. Cuatro de cada diez mujeres creen tener un nivel alto o muy alto de conocimiento sobre el tema, mientras que los varones que se ven a sí mismos con ese mismo nivel de información sobre la violencia de género son sólo el 16,2% del total.

A la vez, la proporción de varones que dicen saber poco o muy poco sobre el tema triplica a la proporción de mujeres que se identifican con ese mismo nivel de conocimiento. Aunque queda por delante un largo camino para que la concientización sea más profunda en la población en general, la diferencia entre varones y mujeres es parte del problema.

La erradicación de la violencia de género depende de que la mayor cantidad de personas sepan cómo escuchar y acompañar a una víctima, a qué vías de denuncia y ayuda se puede recurrir, y qué acciones y actitudes se deben evitar para no reproducirla.

Yonatan Ariel Da Silva era buscado desde el domingo pasado por las autoridades misioneras, luego de que se fugara del Servicio Penitenciario Provincial de Puerto Rico, donde estaba preso desde 2020 por el crimen de su madrastra. Al prófugo la vida en la clandestinidad le duró exactamente una semana: en las últimas horas fue detenido en Yatytay Bonanza, Paraguay, tras un operativo coordinado entre la Policía de Misiones y la Policía Militar paraguaya.

La operación de captura de Da Silva se desarrolló este domingo, luego de un intercambio de información clave entre los organismos, según datos aportados por agentes de Inteligencia Criminal de Frontera de la provincia argentina.

La investigación comenzó tras la evasión de Da Silva, cuando tareas encubiertas y de inteligencia permitieron establecer que el prófugo había cruzado la frontera hacia territorio paraguayo.

A partir de estas averiguaciones, la fuerza provincial emitió una alerta internacional y remitió al país vecino el contenido completo del legajo identificatorio del sospechoso. Allí se mencionaba que Da Silva, de 1,72 metro de alto, luce un tatuaje de un águila de unos 15 centímetros en el antebrazo izquierdo.

La cooperación internacional se intensificó con la intervención de un agente encubierto de la Policía de Misiones, quien mantuvo comunicación directa con el personal actuante en Paraguay.

Así, en las últimas horas las autoridades paraguayas confirmaron la correcta identificación del detenido, ratificando que se trataba de Da Silva. Las actuaciones quedarán ahora sujetas a las directivas de las autoridades superiores, a la espera del inicio de los procedimientos internacionales correspondientes, que podrían incluir la extradición o el traslado del detenido conforme a la normativa vigente.

Da Silva, de 34 años, se encontraba detenido desde 2020 en la Unidad Penal VII de Puerto Rico por el crimen de Patricia Fixa Mereles (31), su madrastra.

Según la causa, el 6 de agosto de 2020 Da Silva se presentó en la vivienda de su padre, ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de Puerto Iguazú, con un revólver calibre .38 en una de sus manos. Tras ingresar al domicilio, discutió brevemente con su madrastra y la mató de un balazo en la cabeza.

En ese momento, en la misma habitación estaban presentes una de las hijas adolescentes de la mujer y su abuelo paterno. Ambos fueron testigos directos del crimen. Pero, al dar testimonio durante el juicio, el padre del imputado afirmó que a su hijo “se le escapó el tiro”, dando a entender que se trató de un accidente.

El 19 de mayo de 2022, casi dos años después del crimen, Da Silva fue condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio en el Tribunal Penal de Eldorado.

No obstante, el defensor oficial de Da Silva apeló el fallo en casación y, una vez revisada la sentencia por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, los jueces ordenaron que se fije una nueva condena.

Concretamente, para el máximo órgano judicial de la provincia no se trató de un femicidio, ya que los magistrados consideraron que no tiene las características. Por ello, se debió determinar una nueva condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal. Aún no tiene sentencia firme.

La fuga

En ese contexto, el domingo pasado el Servicio Penitenciario de Misiones detectó la ausencia de Da Silva en la cárcel mientras realizaban rondas de control por el complejo.

El detenido no estaba presente en el pabellón de población general, donde se encontraba alojado, y los guardias dieron el aviso correspondiente. Así, personal de la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda para lograr la recaptura del evadido.

Mientras se desarrolla la investigación para intentar dar con el paradero del prófugo, las autoridades de la Policía provincial dispusieron el pase a disponibilidad de los nueve penitenciarios que estaban de guardia este domingo.

La investigación judicial sobre el femicidio de Soledad Machuca en la ciudad de Posadas, en Misiones, ingresó en su etapa final luego de que las pericias forenses establecieron que la víctima fue asfixiada por su esposo, Gustavo Cardozo, un suboficial de la Policía provincial.

La información fue confirmada por fuentes judiciales y detallada a El Territorio por Nancy Jara, abogada de la familia de Machuca, una docente y preceptora de 35 años.

La mujer fue encontrada sin vida el 25 de febrero en su domicilio del barrio Acaraguá. Desde ese día, la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, dirigido por Fernando Verón, se centró en determinar la causa del fallecimiento y la posible responsabilidad penal de Cardozo, quien permanece en prisión preventiva desde septiembre.

El Territorio consignó que también está imputada Teresa Correa, madre del acusado, sospechosa de colaborar en la manipulación posterior a los hechos.

La abogada querellante subrayó que el dictamen de la autopsia permitió autorizar la cremación del cuerpo por disposición judicial, destacando que “el informe completo confirmó la muerte por compresión cervical generada por el antebrazo de Cardozo, una maniobra ejercida con extrema violencia”. Según fuentes citadas por el medio misionero, los resultados del examen forense resultaron determinantes para la instrucción y para profundizar el análisis de pruebas genéticas y rastros en la escena.

El expediente judicial contiene testimonios y pericias técnicas que complican la situación procesal de los imputados. El barrido de luminol evidenció una “escena cruda” con múltiples rastros de sangre en paredes y mobiliario, lo que motivó la recolección de prendas y dispositivos electrónicos para estudios complementarios.

El material genético hallado resultó compatible con el perfil de Cardozo, mientras la ropa y el cuerpo de la víctima presentaban marcas de violencia y huellas compatibles. La suegra de la víctima fue señalada como partícipe por haber limpiado la escena con un trapo, después corroborado por declaraciones de testigos y familiares.

Las próximas etapas procesales incluyen la ampliación de la indagatoria de los dos principales acusados y la revisión de informes particulares solicitados recientemente por la defensa.

La familia de Machuca solicitó la restitución de objetos personales, aunque los dispositivos electrónicos permanecerán en manos de la justicia para eventuales pericias adicionales. “El caso está prácticamente resuelto y solo faltan cuestiones técnicas para su elevación a juicio”, indicó la abogada.

El juez Verón resolvió la prisión preventiva a fines de septiembre, decisión que la familia de la víctima consideró relevante y que interpretó como señal de avance judicial en la causa. Sin embargo, la querella mantiene preocupación por la revictimización de los allegados ante un posible llamado a reconstrucción presencial en la vivienda, ya que “la familia no está en condiciones de atravesar una experiencia de ese tipo”.

Las fuentes ligadas al expediente también apuntaron que hay elementos en estudio que podrían corresponder a la intervención de más personas, aunque por ahora solo Cardozo y Correa tienen acusación formal.

La coartada del femicida

Al inicio del caso, la muerte de Soledad Machuca, encontrada sin vida en su domicilio el 25 de febrero de 2025, fue atribuida a un posible desmayo originado por un virus que habría contraído en un reciente viaje a Brasil.

Esa era la principal hipótesis policial alimentada por Cardozo, el presunto femicida. Se hablaba de causa natural como consecuencia de una deshidratación o cuadro viral.

Las autoridades secuestraron el arma reglamentaria de su esposo y recabaron testimonios. Fue el informe preliminar de la autopsia, que marcaba un traumatismo de cráneo, lo que hizo sospechar a los investigadores y los motivó a profundizar la investigación sobre el entorno.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Daniela Mamani en una vivienda del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, llevó a la detención de su ex pareja, Matías Manuel Tinte, de 36 años, quien quedó imputado por el femicidio. La autopsia determinó que la muerte ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 del martes, al menos dos horas después de que la Policía acudiera al lugar tras varios llamados de emergencia, aunque no ingresaron al domicilio.

La secuencia de los hechos comenzó la noche del lunes 10 de noviembre, cuando vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima, ubicado a pocos metros de la avenida El Éxodo.

Al menos dos llamados de emergencia fueron registrados, uno de ellos realizado por un estudiante que residía en las inmediaciones y que advirtió que una mujer pedía auxilio.

La policía provincial acudió al lugar alrededor de las 23:06, pero, según relataron las hermanas de Daniela, Elizabeth y Gisela Mamani, a Radio 2, los efectivos no ingresaron al inmueble, no forzaron la entrada ni permanecieron para verificar la situación denunciada. Se retiraron a las 23:39, argumentando que no podían entrar sin una orden judicial y que el dueño del inquilinato, quien podría autorizar el acceso, no se encontraba presente.

La autopsia practicada al cuerpo de Daniela determinó que la muerte se produjo entre la 1:00 y las 3:00 del martes, es decir, al menos dos horas después de la llegada de la policía al lugar, según informó Jujuy al Momento.

Este dato se volvió central en las críticas de la familia, que sostiene que la joven aún estaba con vida cuando los efectivos se presentaron en el domicilio. “Tocaron la puerta y se fueron. No ingresaron, no rompieron la puerta, nada. Si hubieran entrado, capaz, hoy mi hermana estaría viva”, afirmó Elizabeth.

El inquilinato donde residía la víctima se caracteriza por un pasillo angosto y monoambientes donde, según los vecinos, “todo se escucha”. Pese a la insistencia en los llamados, la intervención policial no se concretó a tiempo. El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el propietario del inmueble notó la puerta entreabierta y decidió ingresar, encontrando a Daniela sin vida.

La investigación judicial avanzó rápidamente hacia la hipótesis de un hecho violento, luego de que las autoridades confirmaran que se trató de una muerte traumática.

La ex pareja de la víctima, Matías Manuel Tinte, de 36 años y residente en el barrio El Chingo, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

La familia relató que Daniela y Tinte mantuvieron una relación durante una década, pero que ella se había separado hacía cuatro meses debido a episodios de acoso constante. “Él nunca trabajó, no estudiaba y la molestaba todo el tiempo. Mi hermana trabajaba todo el día y cuidaba a mi papá. Él no aceptó la separación”, explicó la hermana de la víctima. Aunque no existían denuncias formales recientes, la familia confirmó antecedentes de violencia en años anteriores.

El momento en que la Policía finalmente ingresó al departamento fue posterior a la confesión del propio Tinte, quien se presentó en la comisaría y admitió haber matado a Daniela.

La familia de Daniela dirigió sus críticas tanto al accionar policial como a la demora en la respuesta del fiscal de turno, señalando un posible incumplimiento de los protocolos de violencia de género. “Pedimos la pena máxima. Él lo planeó, lo hizo frío, tuvo tiempo de cambiarse y entregarse. Y también pedimos que se investigue a los policías y al fiscal. No atendieron llamados, no ingresaron, se fueron como si nada”, reclamaron las hermanas.

“En Jujuy ya vimos casos donde los culpables salen libres a los pocos años. No queremos que esto quede en el olvido”, añadió Gisela.

Dos días después del fallo que marcó el final del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, el Equipo de Fiscales Especiales de la provincia del Chaco señaló que la condena al clan Sena “marcó un antes y un después en la Justicia y en la sociedad” y remarcó que “el fallo es un ejemplo para el mundo”.

“Es la primera vez que en un juicio por jurados hay una condena sin un cuerpo y sin un certificado de defunción previo”, afirmó el procurador general Jorge Canteros en conferencia de prensa, ante una sala colmada de funcionarios y la prensa. “Hubo otras en juicios técnicos, con jueces técnicos, pero en juicios por jurados esta es la primera vez que se obtiene una condena”, aclaró. Al mismo tiempo, indicó que se entregará un certificado de defunción como “muestra de acompañamiento del Ministerio Público de Chaco”. “Es un reconocimiento a Gloria Romero (su mamá) y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, agregó.

El fiscal Juan Martín Bogado indicó que el acta debe realizarlo un juez una vez “pasados los tres meses del fallecimiento de una persona”. Adelantó que pedirán a la jueza Dolly Roxana Fernández “que disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio”, durante la audiencia de cesura.

Ocurrirá el 26 de noviembre a las 9 de la mañana, cuando se fijen las penas de los condenados por el crimen: César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Otros tres acusados fueron hallados culpables por encubrimiento.

El caso de Cecilia Strzyzowski movilizó a la provincia del Chaco y al país desde su desaparición en 2023. Pruebas obtenidas posteriormente, y relatadas en detalle por el equipo fiscal, demostraron que el cuerpo de la joven fue mutilado y quemado, arrojando apenas cenizas y algunos restos personales —como un dije y una valija— que resultaron esenciales en la reconstrucción de los hechos. “La reconstrucción probatoria, sistematizada sin la presencia física de la víctima, fue determinante en la decisión final del jurado”, dijo Canteros.

El Procurador General de Chaco también insistió en la importancia del apoyo institucional logrado a través de la Oficina de Juicios por Jurados y la intervención continua del Superior Tribunal de Justicia, que adaptó la sala y acompañó el proceso de cerca, según sus propias palabras. “Nos dijeron que sin el cuerpo no habría sentencia, pero las pruebas hablaron. Hoy Cecilia va a tener su certificado de defunción”.

El equipo fiscal incluyó a Miguel Fonteina, procurador adjunto, quien durante la conferencia reconoció el impacto doctrinario del fallo. “Este caso se va a analizar como un caso emblemático”, expresó.

“El profesionalismo del Ministerio Público quedó reflejado. Todo el trabajo colectivo durante dos años y medio, tres, llevó a esta sentencia sin precedentes, a partir del trabajo incansable en la obtención y análisis de pruebas. Este fallo será materia de análisis en las facultades de derecho del mundo”, insistió, remarcando el orgullo institucional ante la magnitud del desafío.

La experiencia de los fiscales y el reconocimiento al jurado

Por su parte, el coordinador del Equipo Fiscal Especial, Juan Martín Bogado, relató el desafío desde otra perspectiva, reconociendo el apoyo de jefes, colegas y, especialmente, la persistencia de sus familias. “Fue fundamental el apoyo del doctor Cantero y del doctor Fonteina. Nuestros equipos fiscales y colaboradores trabajaron hasta la madrugada. Fue una investigación ardua, compleja. Gracias a los que nos cubrieron en las tareas diarias pudimos dedicarnos al juicio. Nuestros familiares fueron la columna fundamental para sostenernos”, expuso Bogado, quien admitió que asumir la causa, con varios cuerpos de expediente, impuso una exigencia formidable desde lo profesional y lo humano.

Durante el juicio, la fiscal Nelia Yael Velázquez aportó la experiencia especial en delitos de género. Se sumó, también, la labor de Jorge Omar Cáceres Olivera, quien ponderó la capacidad de resistencia que mostró todo el equipo ante la presión social, la exposición pública y la respuesta institucional. “Sin el apoyo de nuestros jefes y de toda la estructura del Ministerio Público Fiscal, la investigación no hubiese llegado al destino que hoy todos conocemos. Hay mucha gente detrás de todo esto: del personal policial, gabinete científico, gendarmería, al servicio penitenciario”, remarcó Cáceres Olivera.

Entre los momentos más destacados, los fiscales recordaron la importancia de las pruebas materiales y ambientales recolectadas: el hallazgo del dije de la víctima marcando puntos clave en la reconstrucción, la valija calcinada en el barrio Papa Francisco, la identificación de trayectos y zonas de interés sobre el terreno. Cada elemento —coincidieron todos los fiscales— permitió quebrar la incertidumbre y consolidar la convicción del jurado, que evaluó cada pieza a partir de un trabajo multidisciplinario en el que el gabinete científico y los peritos jugaron un papel central, tal como relató Jorge Canteros.

La emotividad dominó la conferencia cuando los fiscales cedieron un espacio para saludar, a través de la prensa, a la madre y a la tía abuela de Cecilia, Gloria Romero y su familiar directa, señaladas como símbolos de la lucha incansable en busca de justicia. “Para ellas va nuestro reconocimiento”, cerró Canteros, unísono a Fonteina, Bogado, Velázquez y Cáceres Olivera.

La condena dictada el 17 de noviembre implica un antes y un después para la aplicación del juicio por jurados en el país, así como para el abordaje de los crímenes femicidas en los que la ausencia del cuerpo había sido, hasta ahora, un límite insalvable.

El reconocimiento final estuvo dirigido al jurado, piezas centrales —según los fiscales— en la toma de una decisión sin precedentes. Se les definió como “incólumes e imperturbables” frente a la presión social, garantizando que el debate se ciñera a los hechos y las pruebas presentadas.

Así, el mensaje de este tribunal de ciudadanos, junto a la labor multidisciplinaria del Ministerio Público Fiscal y el acompañamiento social, dejó a Cecilia Strzyzowski inscrita no sólo como víctima sino como símbolo de un cambio irreversible en la administración de justicia en el país, repitiendo el equipo fiscal que “hoy, Cecilia descansa en paz”, según palabras reiteradas por Jorge Canteros y ratificadas por el resto de los fiscales durante la histórica conferencia de prensa.

Yonatan Ariel D., de 34 años, quien se encontraba detenido desde 2020 en la Unidad Penal VII de Puerto Rico (Misiones) por el crimen de Patricia Fixa Mereles (31), su madrastra, escapó de prisión este domingo y ahora es buscado intensamente por la Policía provincial. Mientras continúa la investigación, las autoridades del Ministerio de Seguridad misionero dispusieron el pase a disponibilidad del personal de guardia que trabajaba en la prisión al momento de la fuga del interno.

Fuentes del Servicio Penitenciario de Misiones consultadas por Infobae precisaron que la ausencia de Yonatan fue detectada por los penitenciarios en horas de la tarde, mientras realizaban rondas de control por el complejo. El detenido no estaba presente en el pabellón de población general, donde se encontraba alojado, y su desaparición encendió las alarmas del complejo.

Al notar que el recluso no se encontraba en su celda, los guardias dieron el aviso correspondiente y de inmediato se adoptaron las medidas de seguridad para contener a los detenidos y resguardar el establecimiento.

Ante esta situación, personal de la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda para lograr la recaptura del evadido, con la distribución de agentes en puntos estratégicos de la provincia, el refuerzo de controles policiales y la coordinación de distintas acciones con otras fuerzas de seguridad para su localización.

Yonatan D., de nacionalidad argentina, mide 1,72 m y luce un tatuaje de un águila de unos 15 centímetros en el antebrazo izquierdo. El detalle grabado en su piel lo distingue y es el dato que dieron los investigadores para llegar a su reconocimiento.

Mientras se desarrolla la investigación para intentar dar con el paradero del prófugo, las autoridades de la Policía provincial dispusieron el pase a disponibilidad de los nueve penitenciarios que estaban de guardia este domingo, “Se realizan las actuaciones internas administrativas para determinar responsabilidades de cada uno”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El crimen que derivó en su detención

Según consigna el diario misionero Primera Edición, Yonatan Ariel D. se presentó el jueves 6 de agosto de 2020 en la vivienda de su padre, ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de Puerto Iguazú, con un revólver calibre .38 en una de sus manos. Tras ingresar al domicilio, discutió brevemente con Patricia Fixa Mereles, su madrastra y, acto seguido, la mató de un balazo en la cabeza.

Yonatan D. asesinó a la pareja de su padre frente a una de las hijas adolescentes de la mujer y su abuelo paterno. Al brindar su testimonio durante el juicio, el progenitor del imputado afirmó que a su hijo “se le escapó el tiro”, dando a entender que se trató de un accidente.

El jueves 19 de mayo de 2022, casi dos años después del crimen, el imputado fue condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio en el Tribunal Penal de Eldorado.

No obstante, el defensor oficial de Yonatan D. apeló el fallo en casación y, una vez revisada la sentencia por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, los jueces ordenaron que se fije una nueva condena.

Concretamente, para el máximo órgano judicial de la provincia no se trató de un femicidio, ya que los magistrados consideraron que no tiene las características. Por ello, se debió determinar una nueva condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal.

Tras el juicio, dos de los tres camaristas del Tribunal de Eldorado que condenaron al imputado consideraron que el hecho se dio “en un contexto de violencia de género y desigual de poder”.

Para los jueces “se trató de un conflicto familiar que terminó con una vida por motivos absurdos e injustificables, y que se habla de vulnerabilidad de la víctima sin describir las características que la colocan en ese estado más allá de recurrir a enunciados meramente dogmáticos y genéricos, ejemplificando que aseveraciones como las del caso, colocarían a todos los actos de violencia dolosa que culminen en la muerte de una mujer en la condena máxima y la figura prevista por el artículo 79 del Código Penal quedarían reservadas exclusivamente a casos de homicidios de personas del género masculino”.

Ante el cambio de carátula de la causa, fuentes penitenciarias explicaron a este medio que Yonatan D., al día de hoy, aún no tiene condena firme.

“Eran personas públicas, candidatos a posiciones políticas importantes”, señaló la magistrada de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia en diálogo con TN luego de que un jurado popular declarara culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el crimen cometido en junio de 2023.

“Este veredicto es el resultado de un hartazgo social” y (el crimen) “fue la gota que rebalsó el vaso”, resumió. “La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer”, destacó.

Fernández subrayó que “hubo recursos del Estado mal utilizados” y que esa red brindó protección al grupo familiar durante años. “Muchas personas colaboraron para que eso ocurriera”, afirmó la jueza, al referirse a la estructura de apoyo y silencio que rodeó a los Sena.

En su análisis del juicio, consideró que la causa adquirió “una trascendencia notoria”. La magistrada destacó especialmente la labor tanto de los fiscales, que condujeron la investigación desde 2023, como de los doce integrantes del jurado popular, quienes analizaron cientos de pruebas y testimonios antes de resolver, de modo unánime, la culpabilidad de seis de los siete imputados.

La jueza insistió en que la condena al clan Sena no solo se explica por el hecho puntual del asesinato, sino también por “el rechazo social a años de irregularidades y manejos ilícitos vinculados con los acusados”. Recordó que, para la comunidad chaqueña, el fallo evidenció el cansancio colectivo frente a un fenómeno delictivo repetido y tolerado en la provincia. “La gente dijo basta”, añadió.

Fernández explicó además que el tribunal debió manejar el caso con estricta reserva para resguardar la independencia del jurado y garantizar un proceso apegado a derecho. Nadie tuvo acceso a las deliberaciones, precisó, y cada situación se estudió de manera exhaustiva ante la multiplicidad de imputados y escenarios posibles.

Al mismo tiempo, indicó que el juicio por el crimen de Cecilia se dio en un contexto de crecimiento en los números de femicidio en la provincia de Chaco. “Es un caso que tuvo una trascendencia que superó el objeto del proceso, que es el crimen. Lamentablemente, estamos viviendo con frecuencia este tipo de delitos”, dijo.

Asimismo, la jueza hizo un llamado de atención sobre la falta de perspectiva de género en los funcionarios judiciales. “Vienen mujeres a hacer denuncias, no se las atiende como corresponde, ni se les da la contención necesaria. Y luego terminamos en hechos más graves”, expresó.

Por otro lado, fue consultada por la duda que tuvo el jurado durante la deliberación y confirmó que se trató de un pedido sobre unas pruebas relacionadas a Emerenciano Sena. “Eran unos mensajes y un audio que se habían secuestrado cuando él estaba detenido. Quisieron volver a escuchar el audio y leer los mensajes”, explicó.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023 y desencadenó repercusiones de gran alcance en Chaco, donde miles de personas reclamaron justicia y exigieron transparencia en el accionar estatal. El fallo marcó un hito por el protagonismo del jurado popular y por la visibilidad política de los condenados, quienes ocuparon durante años roles de liderazgo en organizaciones sociales y partidarias.

El veredicto

Tras una deliberación que comenzó el viernes y se extendió por más de un día, el tribunal anunció el sábado por la tarde que César Sena fue hallado responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la calificación de partícipes primarios por el mismo delito.

El resto de los acusados, vinculados al clan Sena, obtuvieron distintas imputaciones por encubrimiento, con excepción de Griselda Reynoso, quien fue absuelta por decisión de la jueza.

Un jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, hallándolos responsables de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. También resultaron condenados Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos por encubrimiento agravado, y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple. En tanto, Griselda Reinoso fue absuelta tras ser declarada inocente.

La acusación reconstruyó la intervención de cada uno en el caso y aseguró que se trató de un hecho planificado. Según los investigadores judiciales, el crimen se produjo el 2 de junio de 2023 en la vivienda de la familia Sena, ubicada en Santa María de Oro 1460, en el centro de Resistencia.

El rol de César Sena

César Sena fue señalado como autor material del femicidio. En la mañana del 2 de junio de 2023, César llegó con Cecilia a la vivienda familiar en Resistencia bajo la promesa de que partirían juntos a Ushuaia para comenzar una nueva vida. Para la Fiscalía, una vez dentro de la casa y ya en una de las habitaciones, mató a Cecilia.

Si bien el modo exacto no pudo determinarse, la presencia de rasguños en su cuello sugiere que la víctima pudo haber sido estrangulada o sometida a una maniobra de ahorcamiento.

Tras el homicidio, Sena envolvió el cuerpo en una frazada y lo trasladó a una habitación contigua, donde permaneció hasta la llegada de los colaboradores. Posteriormente, participó en el traslado del cuerpo hasta el predio rural donde sería incinerado.

El rol de Marcela Acuña

Según la acusación, Acuña participó activamente en la planificación y el encubrimiento. Antes del asesinato, salió de la vivienda para no estar presente en el momento clave. Horas después, ya producida la muerte de Cecilia, ingresó a la habitación donde estaba el cuerpo y percibió un bulto sospechoso envuelto en una frazada.

Aunque declaró haber visto la escena de manera accidental, la fiscalía sostiene que inmediatamente recurrió a los colaboradores Fabiana González y Gustavo Obregón para que la asistieran en las maniobras tendientes a borrar pruebas y facilitar la desaparición del cuerpo.

Su rol también incluyó coordinar las tareas posteriores con los colaboradores y asegurar el silencio familiar sobre lo ocurrido.

El rol de Emerenciano Sena

El padre de César salió de la vivienda familiar temprano, antes del crimen, pero la fiscalía argumentó que fue parte fundamental en la planificación y preparación del escenario.

Emerenciano, líder piquetero y candidato político al momento del hecho, habría brindado apoyo logístico, generado un entorno de protección y autorizado a su familia a proceder con el plan.

Según la acusación, favoreció la ejecución del crimen y la tentativa de impunidad, influenciando decisivamente sobre su hijo y sobre la dinámica familiar, ya que era notoria su negativa a la relación entre César y Cecilia.

El rol de Gustavo Obregón

Él trabajaba desde hacía años como chofer y asistente privado de los Sena. El 2 de junio, Obregón acudió a la vivienda tras el llamado de Acuña.

Para la fiscalía, su labor resultó clave en las tareas de encubrimiento: colaboró en trasladar el cuerpo en la cajuela de la camioneta Hilux junto a César y en la remoción de muebles de la habitación donde ocurrió el crimen, que más tarde fueron hallados con rastros de sangre correspondiente a la víctima.

Su presencia en la vivienda y posterior participación en el traslado del cuerpo hasta el sitio de incineración lo ubicaron como un partícipe necesario en el proceso de ocultamiento.

El rol de Fabiana González

Era la secretaria y persona de extrema confianza de la familia, González llegó a la vivienda poco después de Obregón, también convocada por Acuña.

La justicia la ubicó como partícipe en el encubrimiento agravado, ya que colaboró en la limpieza de la escena y en las maniobras para hacer desaparecer pruebas.

La pesquisa determinó que ayudó en el traslado de objetos vinculados al hecho y en garantizar que no quedaran rastros que comprometieran a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

El rol de Gustavo Melgarejo

Melgarejo era casero del campo ubicado en Puerto Tirol, donde finalmente fue trasladado el cuerpo de la víctima. Melgarejo fue considerado por la fiscalía responsable de encargarse de mantener encendido el fuego para la incineración del cuerpo.

Griselda Reinoso, la única absuelta

Reinoso, también era cuidadora del predio rural junto a Melgarejo. A diferencia del resto, Reinoso fue absuelta por el jurado popular, ya que no se hallaron pruebas que confirmaran su presencia o participación durante la incineración del cuerpo o ningún otro aspecto del encubrimiento.

Reinoso sostuvo siempre que no estuvo en el predio mientras sucedían los hechos.

Desde la acusación nunca dudaron de la participación de Emerenciano y Marcela en el hecho. “El accionar de César no habría sido posible sin la participación activa y esencial de sus padres, quienes crearon un ambiente seguro y propicio, para asegurar un resultado exitoso. De lo contrario, nos preguntamos: si no fuera así, ¿por qué teniendo otras alternativas y tras pasar la noche del 1° de junio con Cecilia, no escogió otro sitio para llevar a cabo su acción?”, indicaron.

El móvil habría sido económico, pero también -como se dijo- motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César. “El joven se encontraba bajo un control significativo por parte de sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, no solo en aspectos financieros, sino también en decisiones cruciales de su vida. La influencia directa de sus padres sobre él estaba estrechamente relacionada con sus acciones, incluso en relación con su pareja”, apuntó la fiscalía.

Los tres escucharon la resolución desde el banquillo de acusados de la sede del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, donde se llevó adelante el debate oral. Al momento de la lectura, tanto ellos como los otros cuatro colaboradores imputados debieron levantarse de la silla y oír la decisión final.

Los Sena fueron condenados por 12 representantes del pueblo chaqueño elegidos para integrar el tribunal. Comenzaron a deliberar el viernes al mediodía, pero como no llegaron a un acuerdo unánime para la tarde, el proceso se reanudó esta mañana.

Durante las últimas 24 horas hubo una fuerte expectativa por el veredicto, que también fue de culpabilidad para sus colaboradores Gustavo Obregón y Fabiana González -responsables de encubrimiento agravado- y Gustavo Melgarejo, considerado culpable del delito de encubrimiento simple. Griselda Reynoso fue la única absuelta y se ordenó su inmediata libertad.

La lectura de la resolución fue reproducida en alta voz en las inmediaciones del lugar, donde desde temprano hubo una gran aglomeración de personas que se acercaron con banderas y carteles que pedía justicia por Cecilia.

Al escuchar que la familia Sena había sido hallada culpable del femicidio, los manifestantes celebraron: lloraron, se abrazaron y gritaron Justicia por Cecilia mientras aplaudían conformes con el veredicto.

A finalizar la audiencia, la magistrada les informó a los jurados que la ley les impone que no revelen jamás lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones. En línea con ello, les pidió que eviten contacto con la prensa. “No les deben ninguna explicación o justificación a nadie”, les indicó.

Las penas que cumplirán cada uno serán determinaras en una audiencia de cesura que convocará la jueza Fernández en los próximos días.

La deliberación del jurado

El jurado popular comenzó a deliberar el viernes al mediodía. Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas de ayer. Sin embargo, no llegaron a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta hoy sábado, en horas de la mañana, para continuar.

“En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.

En la jornada de ayer, la última del juicio, la jueza técnica Dolly Fernández le leyó al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una. Luego, el jurado popular comenzó a deliberar.

Según lo establecido, el tribunal popular tiene un mínimo de dos horas para debatir y llegar a un resultado. “El veredicto al que llegue el jurado debe ser unánime”, dice la Justicia. Sin embargo, ante la complejidad del caso, la expectativa y la cantidad de acusados, la decisión tardó más de lo esperado y se postergó hasta hoy.

El final del juicio llegó tras casi dos semanas en las que el tribunal popular escuchó testimonios, aportes de pruebas materiales y cruces entre la fiscalía, la querella y las defensas.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, había pedido la condena de los principales acusados. Puso el foco en la conflictiva relación entre Cecilia y los Sena, y sostuvo que existió una maniobra deliberada para manipular y engañar a la víctima.

En sus palabras, la joven “creía que iba a ser feliz con César Sena”, pero “lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas”. La fiscalía reconstruyó el contexto de violencia y los últimos días de la víctima, respaldándose en mensajes, testimonios y pericias.

Los imputados, por su parte, siempre buscaron desligarse de las acusaciones. Emerenciano negó toda responsabilidad y sostuvo ante el jurado: “No tuve absolutamente nada que ver”. Además, relató su trayectoria social y los orígenes del barrio que lleva su nombre.

Acuña, en cambio, admitió haber intentado proteger a su hijo, reconociendo que actuó “como mamá”, aunque reiteró su inocencia respecto del crimen. Ayer, horas antes del veredicto, pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño y denunció manipulación política en la causa.

“Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia”, dijo la dirigente piquetera.

El tribunal popular escuchó a todos los acusados, quienes tuvieron la chance de dar sus últimas palabras. César Sena optó por guardar silencio hasta el final del proceso. Ahora son ellos, quienes deberán hablar.

Las imputaciones

Cesar Mario Alejandro Sena, ex pareja de Cecilia, está acusado del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, están acusados del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios.

Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso están en el sillón de los acusados por el delito de encubrimiento agravado.

César Sena, ex pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable en carácter de partícipe primario del mismo delito, al igual que Emerenciano Sena, padre del principal acusado.

De los otros cuatro colaboradores del clan imputados, Gustavo Obregón fue declarado culpable de encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González. Gustavo Melgarejo, por su parte, fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple.

Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable. Antes de finalizar la audiencia, Celeste Ojeda, la abogada de Reynoso, pidió que se dicte la absolución de su asistida. La jueza técnica Dolly Fernández accedió y ordenó su inmediata libertad.

Tras la lectura del veredicto, la magistrada les informó a los jurados que la ley les impone que no revelen jamás lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones. En línea con ello, les pidió que eviten contacto con la prensa. “No les deben ninguna explicación o justificación a nadie”, les indicó.

Las penas que cumplirán cada uno serán determinaras en una audiencia de cesura que convocará la jueza Fernández en los próximos días.

La deliberación del jurado

El jurado popular comenzó a deliberar el viernes al mediodía. Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas de ayer. Sin embargo, no llegaron a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta hoy sábado, en horas de la mañana, para continuar.

“En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.

En la jornada de ayer, la última del juicio, la jueza técnica Dolly Fernández le leyó al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una. Luego, el jurado popular comenzó a deliberar.

Según lo establecido, el tribunal popular tiene un mínimo de dos horas para debatir y llegar a un resultado. “El veredicto al que llegue el jurado debe ser unánime”, dice la Justicia. Sin embargo, ante la complejidad del caso, la expectativa y la cantidad de acusados, la decisión tardó más de lo esperado y se postergó hasta hoy.

El final del juicio llegó tras casi dos semanas en las que el tribunal popular escuchó testimonios, aportes de pruebas materiales y cruces entre la fiscalía, la querella y las defensas.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, había pedido la condena de los principales acusados. Puso el foco en la conflictiva relación entre Cecilia y los Sena, y sostuvo que existió una maniobra deliberada para manipular y engañar a la víctima.

En sus palabras, la joven “creía que iba a ser feliz con César Sena”, pero “lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas”. La fiscalía reconstruyó el contexto de violencia y los últimos días de la víctima, respaldándose en mensajes, testimonios y pericias.

Los imputados, por su parte, siempre buscaron desligarse de las acusaciones. Emerenciano negó toda responsabilidad y sostuvo ante el jurado: “No tuve absolutamente nada que ver”. Además, relató su trayectoria social y los orígenes del barrio que lleva su nombre.

Acuña, en cambio, admitió haber intentado proteger a su hijo, reconociendo que actuó “como mamá”, aunque reiteró su inocencia respecto del crimen. Ayer, horas antes del veredicto, pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño y denunció manipulación política en la causa.

“Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia”, dijo la dirigente piquetera.

El tribunal popular escuchó a todos los acusados, quienes tuvieron la chance de dar sus últimas palabras. César Sena optó por guardar silencio hasta el final del proceso. Ahora son ellos, quienes deberán hablar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo de la víctima sucedió en las primeras horas de la mañana del sábado pasado. Todo comenzó cuando el padre del acusado llegó a la vivienda y encontró a los cuatro chicos solos. Eso le llamó la atención.

Lo primero que hizo el hombre fue trasladar a los chicos a la casa de su ex pareja, abuela de los menores, en el conurbano bonaerense. Luego, regresó a la propiedad a ver si podía localizar a su ex nuera. Enseguida notó algo extraño: el galpón donde funcionaba el taller de chapa y pintura se encontraba cerrado. Entonces, usó una amoladora para abrir la puerta y allí encontró el cuerpo sin vida de la mujer.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, que dispuso distintas medidas de urgencia. Investigadores analizaron cámaras de seguridad y detectaron al sospechoso llegando y saliendo minutos después del lugar en el auto de su padre. Además, realizaron un seguimiento de su teléfono celular, lo que permitió reconstruir el recorrido realizado tras el hecho.

Detectives de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la policía porteña ubicaron al acusado en el partido de Esteban Echeverría. Cuando lo encontraron circulando en el vehículo de su padre, los agentes intentaron interceptarlo. El sospechoso intentó fugarse y se produjo una persecución, que finalizó con su detención a menos de 24 horas del crimen.

Las fuentes revelaron que el acusado y la víctima mantenían “una relación de conflicto de vieja data”. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51 ordenó la detención luego de reunir los registros fílmicos y el resto de la información analizada por los investigadores. Así, el hombre permanece a disposición de la Justicia, acusado del homicidio de su ex pareja.

Intento de femicidio en Dock Sud

Ayer miércoles, en un domicilio del barrio Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, una mujer de 44 años fue atacada por su pareja en medio de una discusión ocasionada por un episodio de celos.

La víctima, identificada como M., relató que había ido al domicilio de su novio, J.L.R., de 59 años, quien empezó a exigirle explicaciones sobre su ausencia durante el día. La discusión subió de tono y el hombre la empujó, la tiró al piso y la agredió con patadas.

En medio del forcejeo, la mujer trató de refugiarse en otra habitación, pero su pareja tomó un cuchillo. Utilizó el mango de madera como arma y le provocó una fractura y cortes en uno de los brazos. Luego, el agresor empleó una sartén y la golpeó en el cuerpo y el rostro.

La víctima consiguió huir al patio de la casa y, tras limpiarse la sangre, escapó hacia una remisería del barrio para pedir ayuda. Luego se presentó en la seccional policial para hacer la denuncia.

Tras las primeras averiguaciones, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Avellaneda-Lanús solicitó una orden de allanamiento para buscar al atacante, que fue firmada luego por el Juzgado de Garantías N°3.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo y la Unidad de Policía de Prevención Local participaron del operativo, que culminó con la detención de J.L.R. y el secuestro de tres armas blancas, aunque no encontraron armas de fuego, a pesar de que la víctima había señalado que su pareja poseía al menos una en la casa.

Para este jueves se esperaba que el acusado sea indagado por la fiscal Mercedes Dudan, a cargo de la causa.

El primero en hacerlo fue el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, quien luego de hacer un repaso por todas las pruebas que expuso en el juicio, le pidió al jurado que declaren culpable a todos los acusados.

“Gloria y Mercedes pidieron justicia. Justicia por su hija y por su nieta. Y hoy yo le voy a pedir el veredicto de culpabilidad en contra de todos los imputados”, dijo el funcionario.

“En contra de César Sena, culpable por ser el autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio. Marcela Acuña y Emerenciano Sena, partícipes necesarios del homicidio de Cecilia y por encubrimiento agravado a Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo. Muchas gracias, señores del jurado”, pidió.

Bogado comenzó su alegato final con un agradecimiento a los miembros de jurado. Después comenzó con un repaso de cómo fue el fallido matrimonio entre Cecilia y César Sena, acusado de ser el autor material.

En ese sentido, expuso que el principal motivo del fracaso en la relación fue que sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, jamás la aceptaron como pareja de su hijo. Hizo foco en el conflictivo vínculo entre la joven y la mamá de César.

“Cecilia creía que iba a ser feliz con César Sena. Estaba enamorada. Lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena nunca la aceptaron porque no quiso ser piquetera como ellos ni quiso colocarse la remera del ”Che” Guevara“, dijo el fiscal.

Después, continuó con la exposición de los mensajes en los que Cecilia le expresó a su amigo Ronald Amarilla la frustración que le despertaba que un día después de casarse, Sena hijo le pidió el divorcio por pedido expreso de su madre.

“Cesar Sena le dijo a Cecilia que la que imponía el divorcio era Marcela Acuña. La engañaron, la manipularon, le inventaron una falsa herencia, le dijeron que le ayudarían para un tratamiento para el embarazo. Todo para firmar el divorcio.

“Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y estoy cansada de estar en el medio”, le dijo la joven a su amigo. Durante el alegato, el fiscal Bogado también recordó el supuesto engaño a la joven con la falsa propuesta de un viaje al sur del país para rehacer su vida.

Después, volvió a mostrar mensajes de Emerenciano con Obregón, explicó el supuesto rol del líder del clan de los Sena y de Marcela Acuña, así como del resto de los acusados, en el crimen.

El funcionario del Ministerio Público habló del traslado del cuerpo y de cómo lo prendieron fuego. A la vez, mostró fotos de los rasguños en el cuello de Sena, mencionó las conexiones de los celulares de Cecilia y César, las imágenes de cámaras de seguridad de la zona en la que prendieron el cadáver, el crucifijo de la joven que fue encontrado, mensajes de texto entre los acusados, entre otras pruebas.

Recordó, incluso, cómo la madre de César Sena admitió que encubrió a su hijo. “Dijeron que quien lo haya hecho que se haga cargo, pero no explicaron qué pasó. Nadie se hace cargo. Nadie demostró arrepentimiento", señaló.

Y remarcó: “Emerenciano Sena sabía lo que había pasado. Si Gustavo Obregón estaba involucrado es porque lo mandó su jefe". Subrayó que no hubo autopsia porque “la dejaron en cenizas”.

El abogado querellante Gustavo Briend se sumó al pedido del fiscal y le solicitó al jurado que declaren culpable a todos los acusados del crimen.

“Cecilia no puede desaparecer. Cecilia no fue borrada del mapa. Cecilia habló en este proceso, a todos nos indicó y nos pide justicia. Así que compartiendo los dichos del fiscal respecto a la calificación jurídica, yo entiendo que debe condenarse con un veredicto de culpabilidad a César Mario Alejandro Sena, al delito de homicidio doblemente agravado en calidad de autor material. Veredicto de culpabilidad también para Marcela Acuña, en carácter de cómplice primario. Veredicto de culpabilidad también para Emerenciano Sena, en carácter de cómplice primario”, dijo el letrado.

Asimismo, pidió que “a las cuatro restantes personas”, se las declare culpables del delito de encubrimiento agravado. “Solamente desde la familia digo que esperamos justicia”, concluyó.

Juan Ignacio Díaz, en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad, pidió que declaren culpable a todos los imputados. “Cecilia está gritando que este hecho lo cometió por una organización delictiva. no puede quedar impune (...). Esta querella del Estado que representa a Cecilia le pide al jurado que utilice el sentido común y dicte un veredicto de culpabilidad para todos los acusados”, dijo Díaz. Una vez finalizada su intervención, se dictó un cuarto intermedio.

Poco antes de las 13 se retomaron los alegatos. Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena fue el primero en hablar luego de la receso. Como era de esperar, intentó desacreditar las pruebas de la parte acusatoria y aseguró que no pudieron comprobar que su defendido hizo parte del plan para encubrir el crimen de Cecilia.

Cuestionó a la Fiscalía y a la querella por no hacerle preguntas en la jornada de ayer a Sena ni a Acuña. “Quisieron construir un hombre de nieve que no existe”, dijo el letrado. Luego hizo un repaso por todas las pruebas que presentó el MPF y nuevamente insistió que no está probado el hecho.

“Si no están seguros, les pido que le pidan a la Fiscalía que les ponga en una bolsa todas las pruebas. Que resuelvan a conciencia y les voy a pedir que emitan un veredicto de no culpabilidad”, concluyó.

Las declaraciones de Emerenciano y Marcela Acuña

Durante la jornada del miércoles se escucharon las declaraciones de los suegros de Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Ambos están imputados en la causa como partícipes primarios. Su hijo y ex esposo de la víctima, César Sena, es el principal acusado: está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.

Por su parte, Emerenciano negó cualquier vinculación con los hechos por los que su hijo está acusado de ser el autor material.

“Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, expresó ante el tribunal. En un testimonio que duró 35 minutos, repasó su vida, los orígenes humildes que compartió con su familia y la construcción del barrio que llevaba su nombre, una obra impulsada desde la organización social que lideraba y que, según sus palabras, buscó brindar techo a personas en situación de vulnerabilidad.

“El único delito que cometí fue construir casas para la gente humilde”, afirmó en medio de su exposición. Negó rotundamente su implicancia en el hecho por el cual se lo juzga, señalando que no existen pruebas en su contra y que su conducta aquel día se limitó a cumplir con su rutina habitual.

“Ojalá que lleguen a hacer justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso, no hice nada y no porque yo lo diga, sino porque tampoco está en la investigación”, declaró.

Acuña, por su parte, admitió nuevamente que encubrió a su hijo y prácticamente lo acusó del asesinato. Brindó una extensa declaración en la que hizo un recuento de lo que pasó el día que desapareció la víctima hasta cómo fue su relación con la joven asesinada. Al igual queEmerenciano Sena, dijo entre lágrimas que es inocente y le pidió al jurado “por su hijo”.

“Se me hace muy difícil declarar después de Emerenciano.Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”, dijo, al referirse que quiso encubrir de alguna manera a César.

La audiencia número 12 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski estuvo marcada por una declaración muy esperada: la de Emerenciano Sena, imputado como partícipe primario del crimen por el que su hijo, César Sena, está acusado de ser el autor material.

El líder del clan de los Sena, quien comenzó su declaración con un repaso de su vida y sus orígenes humildes. También hizo mención a la construcción del barrio que lleva su nombre y que construyó la organización social que lidera.

Dijo que “el único delito” que cometió fue construir casas para la gente humilde. Sin embargo, en medio de su alocución, el otrora dirigente social más poderoso del Chaco negó su participación en el crimen en medio de lágrimas.

“Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, aseguró.

“Ese día hice mi rutina y no cometí ningún delito”, dijo Sena. “Ojalá que lleguen a hacer justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, aseguró.

“Ese día entregué mi celular, entregué mi camioneta, que quedó ahí. No la vi nunca más. No hice nada. No investigaron para atrás, que hacía los días anteriores, que mensajes mandé. No sé por qué padezco esta situación. Nunca debí haber estado preso. Después del cambio del fiscal parecía el asesino más grande del mundo. De un día para el otro empezaron a pedir cadena perpetua para mí. No sé por qué, ni basado en qué. Miren con perspectiva. No se olviden de esa palabra”, dijo el acusado.

“No le deseo a nadie que lo acusen de algo de lo que no se puede defender. No me puedo defender. Ojalá lo hubiese sabido. Nunca defendí a alguien. El que cometió el delito que se haga cargo de su delito. Puedo demostrar lo que hice porque el barrio está ahí. “Señores del jurado, yo no hice nada”, concluyó.

El imputado, además de negar su participación en el hecho, también hizo mención que en su organización se le dio el mismo trato y posibilidad de participación tanto a hombres como a mujeres. “Las mujeres son las mejores trabajadoras. Me dio satisfacción encontrar personas que se comprometen”, dijo Sena, para explicar que dentro de su agrupación el trato a las mujeres era bueno.

“Las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia”, dijo en otro momento de su alocución. “Por supuesto, las mujeres no saben hacer nada porque no les dan la oportunidad, pero son seres humanos. Tienen cabeza, o sea, tienen cerebro, tienen manos, tienen pies, tienen todo. Lo que no tienen es la fibra, la fuerza que tenemos nosotros los hombres. Es la única diferencia. Porque no crean fibra, no crean, no producen fibra, porque el cuerpo de la mujer no está hecho para el trabajo rudo que hacemos nosotros los hombres”, añadió.

“Yo logré tener ahí en el barrio mujeres especializadas en electricidad, en carpintería. De obra estamos hablando. Pisos, o sea, colocación de cerámico, revestimiento, en la parte de todo lo que sea la cañería que va subterránea y que después quedan solamente los caños afuera para poner los inodoros, los bidés, las bañeras”, sostuvo el ex dirigente piquetero, quien insistió que dentro de su organización siempre se le dio lugar a la mujer.

En el recuento de su vida, Sena mencionó insistentemente sus orígenes humildes y que siempre, pese a su evolución económica, se quiso mostrar frente a sus compañeros como uno más. Como alguien que aprendió de construcción y que quiso enseñarles a sus pares a salir de la pobreza y tener su casa propia.

“Le dije siempre a los compañeros, “véanme como el rey de los crotos, porque ustedes son crotos, yo también soy croto”. Soy el croto que más entendió, nomás, de la cuestión de nuestro verdadero problema. Es así que nos juntamos, nos fuimos juntando durante años, durante décadas, hasta que nos juntamos, hicimos una simbiosis en el tiempo, hasta que tomamos la decisión de ocupar un lugar para construir el barrio. No para hacer un asentamiento, sino construir y mostrar y demostrar de que nosotros éramos capaces de hacer eso", indicó.

Al finalizar, visiblemente emocionado, Emerenciano Sena aceptó a contestar preguntas aunque aclaró que no tenía nada más para aportar. Al ser consultados los abogados si querían indagar al acusado, se abstuvieron.

También declararon -después del líder del clan Sena- los acusados Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo. La primera no aceptó preguntas y negó su participación en el crimen. Reinoso y Melgarejo también aseguraron que no tienen relación con el hecho, aunque sí aceptaron preguntas. Relataron qué hicieron el día del hecho y pidieron que “el verdadero culpable” pague por lo que hizo.

Luego fue el turno de Marcela Acuña, madre de César Sena y también imputada por el mismo delito que su ex marido, Emerenciano Sena.

Visiblemente emocionada hizo una reconstrucción sobre su vínculo con la víctima, su hijo y su ex. Contó que se enteró por redes sociales que su hijo César y Cecilia se casaban. “El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó. “Me duele mucho esto”, añadió.

“Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable”, agregó. “¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía?. Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea”, agregó.

Las jornadas se vienen desarrollando desde el pasado 28 de octubre en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, y en las recientes declaraciones estuvo un médico de la Policía del Chaco; un agente de Inteligencia Criminal; un perito de Gendarmería Nacional;y dos policías. Uno de ellos había participado de los allanamientos en la vivienda de los Sena, días después de la desaparición de Strzyzowski.

Tras el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio Del Valle, enterrado en cercanías al Lago de los Cisnes, en Necochea, su madre, María Luisa Del Valle, recurrió a las redes sociales para despedir a su hija y expresar el dolor que atraviesa la familia.

A través de su cuenta personal de Facebook, Del Valle compartió un mensaje en el que evocó la memoria de Débora y la despidió con palabras cargadas de afecto y espiritualidad. “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”, escribió.

En su carta, la madre de Débora rememoró las cualidades que definieron a su hija, destacando su generosidad y su disposición para acompañar a quienes la rodeaban.

“Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo, Dios nos prestó por un ratito tu vida”, continuó Del Valle en su publicación, resaltando el legado afectivo que deja la joven.

El texto también abordó el doloroso antecedente de otras pérdidas familiares. “Dámaris Debora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”, expresó la mujer.

La madre de la víctima manifestó su compromiso con la búsqueda de justicia y la promesa de mantener viva la memoria de Débora. “Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, tenlo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, afirmó en su mensaje, dejando en claro la determinación familiar ante el crimen.

En el cierre de la carta, Del Valle hizo referencia al intento del femicidia de ocultar el cuerpo.

“Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”, concluyó, subrayando la trascendencia de Débora más allá de la tragedia.

En publicaciones recientes, Del Valle también se refirió a Ángel Gutiérrez, a quien calificó de “asesino” y reclamó justicia por la muerte de su hija, intensificando el pedido de esclarecimiento y castigo para el responsable del femicidio.

El caso

El informe preliminar de la autopsia reveló diversos detalles sobre la causa de la muerte de Débora Damaris Bulacio Del Valle, cuyo cuerpo fue hallado a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo de Necochea, donde se la vio con vida por última vez el sábado.

Según pudo averiguar Infobae, la necropsia determinó que la víctima fue estrangulada por el agresor y golpeada. El informe forense también identificó lesiones que podrían ser defensivas, lo que sugiere una pelea a corta distancia antes del crimen.

El sábado pasado, testigos observaron una discusión entre la pareja, aunque no presenciaron agresiones físicas. Ese mismo día, Débora se comunicó por última vez con su familia y, según los indicios recogidos por el fiscal Walter Pierretégui y la jueza de Garantías Aida Ihuez, le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente.

El cuerpo de la víctima, de 39 años,fue encontrado este martes semienterrado en la arena, en una zona lindera al Lago de los Cisnes, a pocos metros del acceso al camping en el que había sido vista por última vez el sábado. El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar.

La zona elegida por Ángel Andrés Gutiérrez para ocultar el cadáver de su pareja, según la investigación, queda a muy pocos metros del perímetro del camping Miguel Lillo, donde ambos habían llegado para disfrutar del fin de semana. La mujer fue vista por última vez el sábado pasado en ese mismo lugar. Este martes, la encontraron dentro de una bolsa de consorcio y en posición fetal en un pozo realizado por el femicida.

Las imágenes fueron determinantes para acotar el radio de búsqueda. La grabación que encabeza esta nota, tomada desde una cámara instalada sobre la calle 101 -que está entre el camping y el lago, donde fue hallado el cuerpo-, a la altura de donde se encontró un alambre perimetral cortado y signos de arrastre.

El video muestra a una persona que sostiene una linterna -o un teléfono celular- mientras traslada un elemento de gran porte.

Eran las 4 de la madrugada cuando el asesino de Débora logró cruzar desde el camping hacia el lago de los Cisnes.

Una vez allí, descartó el cuerpo y lo dejó enterrado en la arena. El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar.

La causa está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y de la jueza de Garantías, Aida Ihuez.

Las claves del caso

Según pudo averiguar Infobae, la autopsia preliminar determinó que Bulacio fue estrangulada por el agresor y golpeada. El informe forense también identificó lesiones que podrían ser defensivas, lo que sugiere una pelea a corta distancia antes del crimen.

El principal sospechoso es Ángel Andrés Gutiérrez, pareja de la víctima, quien fue detenido e imputado por femicidio.

Ambos habían llegado a Necochea desde Villa Cacique -localidad ubicada a unos 123 kilómetros de la ciudad balnearia- para pasar unos días de descanso en el camping Miguel Lillo.

El último sábado, testigos observaron una discusión entre la pareja, aunque no presenciaron agresiones físicas. Ese mismo día, Débora se comunicó por última vez con su familia y le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente.

La desaparición de Débora fue denunciada el domingo por la mañana por el sereno del camping, quien declaró que durante su ronda de las cuatro no vio a nadie en la zona donde acampaban, pero sí observó al detenido solo por la mañana.

Esta situación, sumada a la discusión previa, motivó la denuncia y el inicio de un operativo de búsqueda que involucró a unos ochenta agentes de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica.

Durante el rastrillaje, los equipos hallaron prendas de vestir dispersas, incluidas calzas específicas, zapatillas —una en lo alto de un árbol y otra en la base— y prendas de Débora manchadas con lo que sería sangre, todos elementos que ahora se encuentran bajo análisis.

La carpa de la pareja, en tanto, fue localizada oculta entre matorrales sobre un médano, cerca del muelle de los pescadores, en una zona de unos tres kilómetros.

La ventana temporal en la que se habría producido el crimen se sitúa entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores y confirmada por el fiscal Pierrestegui, quien detalló: “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”.

La detención del sospechoso

Gutiérrez fue detenido el lunes mientras intentaba abandonar la ciudad haciendo dedo sobre la ruta. Al ser interrogado, se mostró evasivo y afirmó no recordar nada. Además, se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, actitud que el fiscal calificó de “llamativa”.

El detenido entregó el patrón de su celular, y en el dispositivo se encontraron registros de llamadas a Débora en la madrugada del domingo 9 de noviembre, que, según el fiscal, “parecería ser que fueron posteriores a haber cometido el hecho”.

Al momento de su detención, Gutiérrez presentaba lesiones compatibles con rasguños, lo que refuerza la hipótesis de que la víctima se defendió.