Esteban Ramón Delgado (51) volvió a ser detenido este viernes por la tarde en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, tras haber recuperado la libertad a comienzos de julio debido a un error procesal de la Fiscalía. Se trata del padre de Sofía Delgado, la joven que fue asesinada en 2024 por otras personas, quien se encuentra imputado por presuntamente haber abusado de sus hijas.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el nuevo arresto se debió a la “desobediencia” de reglas de conducta impuestas previamente por el Juzgado de Familia de San Lorenzo. Sin embargo, la detención fue solicitada por el fiscal Javier Paz, recientemente asignado a la causa, luego de que la exposición mediática del caso pusiera el foco en las circunstancias de la excarcelación.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Infobae, la defensa había solicitado una audiencia para pedir que el acusado continuara el proceso en libertad. Delgado había sido detenido en diciembre de 2024, después de que el femicidio de Sofía revelara que ella y su hermana habían denunciado a su padre por abusos que habrían ocurrido cuando tenían entre 9 y 13 años.

Los registros de la causa por abuso revelaron que el 26 de agosto de 2025 el juez Gustavo Salvador le había impuesto cumplir una prisión preventiva. El plazo de vencimiento había sido establecido para el 2 de julio, pero el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero no había solicitado la prórroga de la medida cautelar.

A raíz de esto, el juez Ariel Cattáneo se vio obligado a autorizar la liberación. Según la información obtenida por Rosario, el fiscal Paz se enteró de la resolución judicial a través de un correo electrónico. Tras este error, las actuaciones fueron remitidas a la Auditoría General de Gestión del MPA para evaluar el desempeño de los funcionarios intervinientes.

Luego de que volviera a ser arrestado, Delgado deberá esperar a la audiencia preliminar a juicio, la cual está prevista para el 28 de julio. Para esa instancia, la Fiscalía anticipó que solicitará una pena de 18 años de prisión por los hechos investigados.

Según reconstruyeron, las denuncias fueron realizadas en 2022, lo cual motivó el alejamiento de ambas jóvenes tanto de su madre como de su padre biológico. No obstante, la situación familiar y judicial tomó estado público durante la desaparición de Sofía, quien había sido vista por última vez el 30 de octubre de 2024 en San Lorenzo.

La joven fue asesinada esa misma noche después de que fuera pasada a buscar por Alejandro Bevilaqua, el principal sospechoso con quien mantenía una relación. Ambos se trasladaron en un Peugeot 308 a un taller en Puerto San Martín, propiedad de Eduardo Mordini, otro de los detenidos.

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue hallado el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone. De acuerdo con la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la muerte se produjo por asfixia mecánica.

La reconstrucción judicial apuntó que Brian Baumann, empleado del taller, habría atado el cuerpo y lo introdujo en una bolsa cubierta con material aislante. Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta una zona rural en “Camino de la Cremería”, donde lo descartaron.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza imputó a las tres personas por homicidio calificado, tras argumentar ante el tribunal que el crimen fue perpetrado “por placer”. Además, señaló la existencia de pruebas que sugieren coordinación entre los acusados. También se involucró a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento, quienes accedieron a la libertad condicional.

Según describió el fiscal, la secuencia de hechos estuvo marcada por la planificación y la dinámica de grupo, orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En su declaración pública, el fiscal subrayó la situación de vulnerabilidad de Sofía y las conversaciones entre los imputados, en las que mencionaban que nadie reclamaría por ella tras “sacrificarla” y descargar su ira. También hizo referencia a mensajes y enlaces de sitios web que contenían imágenes de mujeres atadas.

La violencia contra las mujeres continúa dejando un escenario preocupante en Honduras, donde 156 féminas han perdido la vida de forma violenta en lo que va del presente año, de acuerdo con las cifras citadas por organizaciones que dan seguimiento a esta problemática.

La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Cristina Alvarado, alertó que los niveles de violencia contra las mujeres continúan presentando escenarios que calificó como “dantescos”, al señalar que en Honduras una mujer pierde la vida de manera violenta aproximadamente cada 30 horas.

A su criterio, la frecuencia con la que ocurren estos hechos evidencia que la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática estructural que requiere una respuesta más contundente de las instituciones del Estado.

El más reciente caso se registró en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, donde una mujer identificada preliminarmente como Tania fue asesinada en una acera del barrio El Centro.

Según la información preliminar, la víctima caminaba por el sector mientras utilizaba su teléfono celular cuando fue interceptada por personas que le quitaron la vida.

Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, mientras agentes policiales se desplazaron hasta la zona para iniciar las primeras investigaciones.

Familiares de la víctima llegaron posteriormente al lugar y manifestaron a las autoridades que desconocían si la mujer tenía enemigos o había recibido amenazas previamente.

El asesinato ocurrido en Tocoa vuelve a poner sobre la mesa la situación que enfrentan las mujeres en diferentes regiones del país y se suma a una estadística que, según las organizaciones defensoras de derechos humanos, continúa siendo alarmante.

Para Cristina Alvarado, la violencia contra las mujeres en Honduras ha alcanzado niveles que deben generar una profunda reflexión en la sociedad y una respuesta más efectiva de las instituciones responsables de la seguridad y la investigación criminal.

“Son escenas dantescas, miembros cortados, personas quemadas. Creo que esto tiene que hacernos reflexionar como sociedad en su conjunto. Que las mujeres en este país no tenemos protección de ninguna naturaleza”, manifestó la defensora.

Alvarado también cuestionó que, pese a la cantidad de mujeres asesinadas, este tipo de hechos parezca estar siendo normalizado en la sociedad hondureña, mientras las víctimas continúan enfrentando ataques caracterizados, según sus declaraciones, por altos niveles de violencia y crueldad.

“Nos coloca a Honduras como el país más letal en América Latina para las mujeres. Es lamentable porque lo revisamos justo ayer con el Observatorio de la Violencia Nacional. Que cada vez más nos estamos enfrentando a escenarios muy crueles”, lamentó.

Ante este panorama, Alvarado consideró necesario que las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación fortalezcan las capacidades de sus agentes, especialmente en áreas relacionadas con la criminología forense y la aplicación de protocolos especializados para investigar las muertes violentas de mujeres.

A su criterio, estos casos deben recibir un tratamiento diferenciado desde el inicio de las investigaciones, debido a que un homicidio de una mujer puede estar relacionado con circunstancias de violencia de género que deben ser determinadas mediante un proceso investigativo adecuado.

“Son 15, 20 disparos, son 10, 15 puñaladas. Y creo que esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Porque esta es una expresión extrema de violencia en la vida de las mujeres”, subrayó Alvarado.

Asimismo, explicó que no todos los casos cuentan inicialmente con una clasificación definitiva, debido a que algunas muertes permanecen bajo investigación para determinar si se trata de un femicidio u otro tipo de delito.

En ese sentido, pidió a los cuerpos de investigación aplicar desde el inicio los protocolos correspondientes y analizar cada muerte violenta de una mujer bajo la posibilidad de que pueda tratarse de un femicidio.

“Es importante recordarle al cuerpo de investigación que toda muerte, la ley así lo establece, toda muerte violenta de mujeres debe ser tipificado por femicidio y luego con el proceso de investigación se constata si es o no es”, expresó.

La muerte violenta registrada en Tocoa representa así un nuevo episodio dentro de una problemática que continúa extendiéndose por diferentes zonas del país, mientras organizaciones de mujeres demandan mayores esfuerzos institucionales para garantizar la seguridad y protección de las hondureñas.

La violencia extrema contra las mujeres aumentó de forma significativa en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el Ministerio Público contabilizó 14 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, cifras que representan incrementos de 100% y 89%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior.

El informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación también registra siete muertes violentas de mujeres que, tras la valoración del fiscal encargado y la aplicación de la Ley 82, no fueron consideradas femicidios.

En conjunto, los tres tipos de hechos dejaron 38 víctimas durante los primeros seis meses del año. En el periodo comparable de 2025 fueron reportadas, según las cifras revisadas incluidas en el informe más reciente, siete víctimas de femicidio, nueve de tentativa y siete muertes violentas, para un total de veintitrés casos registrados.

Esto supone que la suma de femicidios, tentativas y otras muertes violentas de mujeres aumentó aproximadamente 65% en un año.

La escalada es todavía más evidente al comparar los datos actuales con el cierre de 2025. Durante todo el año pasado se registraron 20 femicidios, 18 tentativas y 15 muertes violentas. En apenas seis meses de 2026, Panamá ya acumuló el 70% de los femicidios y el 94% de las tentativas contabilizadas en los 12 meses anteriores.

Los datos mensuales muestran una violencia bastante sostenida. Enero comenzó con un femicidio y siete tentativas, la mayor cantidad de ataques no consumados del semestre. En febrero se registraron dos femicidios y dos tentativas; marzo fue el mes con más víctimas mortales, con cuatro femicidios, tres tentativas y una muerte violenta.

En abril hubo dos femicidios, una tentativa y dos muertes violentas. Mayo cerró con dos casos en cada categoría, mientras que junio sumó tres femicidios, dos tentativas y dos muertes violentas. A diferencia de junio de 2025, cuando no se registraron femicidios ni tentativas en el informe publicado entonces, junio de este año terminó con cinco víctimas entre ambas categorías.

La provincia de Panamá concentró tres femicidios, cuatro tentativas y seis de las siete muertes violentas del semestre. San Miguelito registró otros tres femicidios y dos tentativas, mientras que Panamá Oeste acumuló tres casos en cada una de esas categorías.

Chiriquí reportó dos femicidios y una tentativa; Coclé, un femicidio y una tentativa; Colón, un femicidio; y Veraguas, un femicidio y dos tentativas. Darién no registró femicidios, pero contabilizó tres ataques en grado de tentativa. Bocas del Toro concentró la restante muerte violenta.

Frente al primer semestre de 2025, los femicidios aumentaron 200 por ciento tanto en San Miguelito como en Panamá Oeste, al pasar de uno a tres casos en cada jurisdicción, según la serie revisada del Ministerio Público. En Chiriquí se duplicaron, de uno a dos; Panamá pasó de dos a tres, un incremento de 50%, mientras que Coclé pasó de cero a un caso. Colón y Veraguas mantuvieron un femicidio cada una.

Las armas de fuego fueron el mecanismo más utilizado en los femicidios: estuvieron presentes en siete de los 14 casos. Dos mujeres murieron por arma blanca, dos por asfixia mecánica y una mediante un incendiarismo. En otros dos expedientes el mecanismo permanecía sin determinar.

En las tentativas, las armas blancas encabezaron la estadística con ocho víctimas, seguidas por las armas de fuego, con cuatro; tres casos sin determinar y dos relacionados con incendiarismo. Cinco de las siete muertes violentas fueron cometidas con armas de fuego.

El rango de edad revela que la violencia alcanzó tanto a menores como a adultas mayores. Entre las víctimas de femicidio hubo una menor de 10 a 14 años y otra de 15 a 17. Tres mujeres tenían entre 18 y 24 años; dos, entre 25 y 29; tres, entre 35 y 39; y dos, entre 40 y 44. También se registraron víctimas entre sesenta y sesenta y cuatro años y de 80 años o más.

Las tentativas afectaron principalmente a mujeres de 18 a 24 años, con cuatro casos. Otros seis ataques se distribuyeron por igual entre los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Además, hubo dos víctimas de entre cinco y nueve años y dos de entre 70 y 74.

Los informes advierten que todas las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones. De hecho, el documento publicado en junio de 2025 reportaba inicialmente ocho femicidios y seis muertes violentas, mientras que la comparación incorporada al reporte de 2026 revisó esos resultados a siete casos en cada categoría.

El informe actual también presenta una diferencia bastante notoria: registra 17 tentativas en los cuadros mensuales y por edad, pero 16 al distribuirlas geográficamente. Esa inconsistencia deberá ser aclarada por el Ministerio Público.

En El Salvador, la violencia de género se mantiene como una de las principales amenazas para la vida de las mujeres. El Informe Anual 2025 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) revela que, durante ese año, se registraron 26 feminicidios, una cifra que representó una reducción del 33.3 % respecto a 2024, cuando se reportaron al menos 38 casos.

No obstante, la persistencia de estos crímenes y la tendencia de que más de la mitad de ellos se perpetren en el ámbito de relaciones de confianza reflejan la gravedad del problema.

De acuerdo con el OUDH, la mitad de los feminicidios de 2025 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Para la organización, este dato confirma un patrón que se ha mantenido durante los últimos años y que “refleja un patrón consistente con la situación nacional de altos niveles de violencia intrafamiliar contra las mujeres”.

Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios entornos familiares y demanda atención prioritaria por parte de las autoridades.

Las estadísticas reveladas en el informe muestran que agosto de 2025 fue el mes más violento, con ocho feminicidios reportados. En ese contexto, el 52 % de los casos se atribuye a la pareja o expareja de la víctima. El OUDH advierte que estos indicadores subrayan la urgencia de implementar acciones efectivas para la detección temprana de situaciones de peligro y la intervención oportuna por parte de las autoridades competentes.

La organización sostiene que estos datos subrayan la urgencia de fortalecer las acciones de protección y la detección temprana de situaciones de alto riesgo que permita a las autoridades actuar antes del feminicidio. El informe también alerta sobre la existencia de un subregistro en los casos de feminicidio, ya que muchos asesinatos de mujeres no son investigados ni clasificados bajo este delito, pese a la normativa vigente.

La disminución de feminicidios registrada en 2025 no representa una solución definitiva al problema, según el análisis del OUDH. El patrón de violencia dentro de relaciones de confianza y la ausencia de investigaciones eficaces y de rendición de cuentas perpetúan la impunidad y la vulnerabilidad de las mujeres salvadoreñas. El informe advierte que el desamparo institucional sigue siendo una constante para las víctimas y sus familias.

Lo que dice la ley tras cometer feminicidio en El Salvador

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres regula el delito de feminicidio en El Salvador desde 2011. Según esta normativa, el feminicidio se tipifica como el asesinato de una mujer por razones de género, es decir, cuando el crimen se comete por el hecho de ser mujer y mediando odio, menosprecio o discriminación por su condición de género.

La ley establece que será sancionada con prisión de 30 a 50 años la persona que, por razones de odio o desprecio a su condición de mujer, le cause la muerte a una mujer.

De acuerdo con el texto legal, se consideran agravantes factores como la existencia de una relación de pareja o expareja, antecedentes de violencia sexual o física, la comisión del hecho en presencia de hijos, o la existencia de amenazas previas. El objetivo de la ley es brindar una respuesta penal robusta y diferenciada a los crímenes de odio contra las mujeres.

A pesar de este marco legal, el informe del OUDH advierte que la falta de aplicación plena de la ley y la ausencia de estadísticas oficiales sobre feminicidios limitan su efectividad. La organización hace énfasis en que la sanción penal debe ir acompañada de políticas de prevención, protección y atención integral a las víctimas, además de campañas de sensibilización para erradicar la violencia de género.

Un hombre, identificado como M. T., fue detenido este jueves, luego de que intentara darse a la fuga después de asesinar de un disparo a su cuñada, Patricia Ibáñez, de 43 años. El femicidio se cometió en la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad Kilómetro 88, en el departamento Loreto de Santiago del Estero.

Todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 6. En ese momento, la mujer se encontraba en el patio de su casa cuando mantuvo una discusión con su cuñado, quien extrajo una escopeta y le disparó a quemarropa.

Pese a la gravedad de la herida, la víctima logró ingresar a su domicilio. Allí, se desplomó y perdió la vida frente a su hija de 27 años. Aunque la joven alertó a su abuela y solicitó asistencia médica, los servicios de emergencia confirmaron la muerte en el lugar.

Según la información suministrada por la Unidad Fiscal de Género de Capital, la secuencia se inició con un cruce de palabras entre la víctima y el señalado agresor. Tras el disparo, el acusado huyó hacia una zona de monte con el arma utilizada.

A raíz de esto, se desarrolló un intenso operativo policial encabezado por la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y el personal de otras dependencias, que lograron localizarlo y detenerlo en una vivienda de la zona horas después, de acuerdo con la información obtenida por El Litoral.

Desde el minuto cero, el caso es investigado bajo la calificación de femicidio. Actualmente, la Justicia de Santiago del Estero avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el contexto del crimen y definir la situación procesal del detenido.

De la misma manera, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Según relataron allegados, la mujer era conocida en la comunidad por su dedicación a sus hijos y su rutina diaria en labores domésticas. Asimismo, trascendió que dos de sus hijos residían en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Otra mujer en Jujuy fue asesinada a puñaladas y su cuñado fue detenido

El pasado 25 de junio, Nora Borda, de 47 años, fue asesinada de múltiples puñaladas en su domicilio del barrio Aeroparque de Alto Comedero, provincia de Jujuy. Por el crimen, la Policía detuvo a su cuñado, identificado como R. C., quien se encontraba residiendo en la misma vivienda junto a otros familiares.

El hecho ocurrió en la calle Teniente Vázquez al 800, donde la víctima vivía junto a su pareja, su hijo y el presunto agresor. Según la información recabada por Somos Jujuy, el ataque se produjo después de una conversación entre la víctima y el acusado.

En ese momento, el cuñado la habría atacado de manera imprevista. Fue así que le provocó una herida mortal en el cuello y otras lesiones que le causaron un shock hipovolémico. A pesar de esto, Borda logró pedir auxilio tras el ataque y fueron los propios familiares quienes lograron contener al agresor hasta la llegada de la Policía.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, constataron la muerte de la mujer. Por su parte, el sospechoso, de 35 años, fue asistido en el Hospital Pablo Soria debido a lesiones autoinfligidas antes de quedar alojado en una dependencia policial.

Aunque la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy inició las primeras actuaciones, la causa fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, bajo la dirección del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso nuevas medidas para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.

En la escena del crimen intervino personal de Criminalística, encargado del relevamiento pericial y la recolección de evidencias, así como efectivos de la División Homicidios, quienes participaron en las primeras diligencias. El cuerpo de Borda fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación, donde le realizarían la autopsia para aportar más datos a la investigación.

En diálogo con TN, Melisa Heredia habló sobre el trabajo del fiscal Raúl Garzón y apuntó contra los cuatro detenidos: el propio Barrelier, su pareja, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, quien vivía en la casa del acusado, y Soledad Andreani, otro ex vínculo amoroso del primer imputado.

“Les tienen que dar perpetua, porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más. La extraño todos los días de mi vida. Mi hija vivía conmigo desde los cuatro años”, apuntó Heredia.

También se refirió a los dichos sobre su vida como los de Agostina y afirmó: “Todo lo que se ha dicho son mentiras de mi hija. Me la han tratado de todo a mi hija. A mí también. La gente que opina por opinar sin saber la verdad, porque nadie sabe la verdad. Solamente yo, mi familia y mi abogado sabemos la verdad. No entiendo por qué han sido tan crueles conmigo y con mi hija. A mí me destrozaron la vida. Yo no le deseo a nadie pasar por lo que yo he estado pasando. No le deseo ni siquiera a mi peor enemigo que pase por esto”.

“Yo no sé detalles de lo que le pasó a mi hija. Solo sé que este tipo me la mató, me la violó. Pero más que eso, no sé. No quiero saber”, enfatizó.

El dolor de la madre se extendió también hacia el daño que el crimen provocó en toda su familia. “En mi casa estamos todos con tratamiento psicológico, porque yo era la única de mis seis hermanos que tenía hijos. Mi hija y mi hijo son los únicos dos sobrinos, únicos dos nietos. El daño que nos han hecho es irreparable, porque no vamos a ser nunca la misma familia que éramos”, señaló. Heredia también reveló que Agostina cumpliría sus 15 años este mes y que la fiesta ya estaba organizada: “Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido vestido. Y es algo muy doloroso”.

Para los investigadores, el femicidio fue construido sobre un vínculo de confianza que Barrelier había cultivado con Agostina, quien lo consideraba su “padrastro” dado el lazo que él mantenía con su madre. La reconstrucción judicial ubica el primer paso del plan durante la tarde del 23 de mayo, cuando Heredia, Agostina y su hermano de siete años fueron al complejo de canchas “Serpentina” a ver un partido de fútbol del acusado. Más tarde, los cinco se trasladaron al cumpleaños de un amigo en común en el barrio Villa Azalais, donde Barrelier aprovechó para convencer a la adolescente de que esa misma noche fuera a su encuentro con el pretexto de preparar un regalo para su madre.

A las 22.35, Agostina le dijo a Heredia que iba a la rotisería de su abuelo. En cambio, se subió a un remise —un Chevrolet Prisma verde de la empresa “Viaja Ya”— y le indicó al conductor, César Ariel Torres, que la llevara hasta la intersección de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo. La prueba más contundente del engaño quedó registrada en un audio que la joven envió a un grupo de amigas antes de salir: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se la escucha decir, según la reconstrucción a la que accedió Infobae.

Heredia describió en TN cómo fue que llegó a vincular a Barrelier con la desaparición de su hija. “Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado, que la había dejado a mi hija ahí, en esa ubicación... yo ahí nomás me fui a la comisaría y amplié la denuncia. Di nombre, di apellido. Di donde vivía, la dirección de él”, relató. La mujer también cuestionó los tiempos de la investigación inicial: “Me tuvieron de las cuatro y media de la mañana hasta casi las nueve de la mañana para tomarme la denuncia”.

Sobre Barrelier, Heredia admitió que lo consideraba un amigo y que nunca sospechó de él. “Vos podés pensar que es tu amigo, que nunca le va a hacer daño a tu hija, a tu hijo”, señaló. Explicó además que conocía su vínculo con Ricardo Moreno, a quien describió como la persona que “le pagaba todos los mocos que él se mandaba”, aunque aclaró que desconocía “toda esa oscuridad que él tiene”.

En ese sentido, sobre la denuncia previa por violencia de género que tenía Barrelier por otra mujer que sostuvo que estuvo retenida en su casa, este les había dicho a todos en su círculo que una detención previa era “una cama política”, y todos le creyeron.

Además, sobre el rol de los involucrados, el giro de la causa contra Palmero fue un mensaje que ella misma le envió a Barrelier durante la noche del crimen: “¿Qué fue ese grito?”. Para los investigadores, esa pregunta resulta incompatible con la versión que sostuvo ante la fiscalía, donde nunca mencionó haber escuchado ningún ruido extraño. Las pericias acústicas realizadas en la vivienda del barrio Cofico permitieron concluir además que desde distintos sectores de la casa era posible escuchar lo que ocurría en el dormitorio donde Agostina fue asesinada.

Heredia fue contundente sobre su posición respecto del conjunto de involucrados: “Para mí hay más involucrados. Mi hija pidió ayuda y nadie hizo nada. ¿Cómo nadie va a escuchar a una nena de catorce años los gritos?”, cuestionó.

La madre también apuntó directamente contra Moreno: “Al que más quiero preso es a Moreno, porque él le pagaba todo lo que él hacía, todas las maldades que él hacía se las pagaba a él”.

La violencia volvió a irrumpir a plena luz del día en las calles de Panamá. Una niña de 10 años y su padrastro fallecieron este martes tras un ataque armado perpetrado en las inmediaciones de la Escuela República de Japón, en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, un hecho que también dejó herida a la madre de la menor.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba la familia.

La niña recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Su padrastro también murió producto de múltiples heridas de bala.

La madre de la menor resultó herida durante el ataque y permanece bajo atención médica. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Policía Nacional confirmó que el hombre fallecido mantenía antecedentes penales. Según las autoridades, había sido condenado previamente por robo a mano armada y, aproximadamente hace un mes y medio, había sobrevivido a otro atentado con arma de fuego en el que también resultó herido.

“Queremos destacar que mantenemos una línea de investigación y férreos operativos en el sector para dar con la captura de los involucrados en este hecho de sangre", señaló el subcomisionado Demetrio Martínez.

El ataque ha generado conmoción no solo por la muerte de la menor, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente entre la población: el aumento de los llamados daños colaterales en hechos vinculados a la criminalidad organizada y los ajustes de cuentas.

En los últimos meses, varios ataques armados dirigidos contra personas con antecedentes o bajo seguimiento de grupos criminales han terminado cobrando la vida de personas ajenas a los conflictos que originaron la violencia.

Uno de los casos más recordados ocurrió recientemente cuando un conductor de plataforma digital fue asesinado mientras trasladaba a un pasajero que aparentemente era vigilado por estructuras criminales.

Las investigaciones apuntaron a que el verdadero objetivo del atentado era el ocupante del vehículo, quien mantenía antecedentes delictivos.

Otro caso que generó alarma fue el de un taxista que perdió la vida luego de que los pasajeros que transportaba fueran atacados por sicarios. Nuevamente, una persona cuya actividad estaba alejada de los conflictos criminales terminó convirtiéndose en víctima fatal de la violencia.

Ahora, la tragedia golpea a una familia y tiene como rostro a una niña de apenas 10 años que se encontraba dentro de un automóvil cuando ocurrió la balacera.

Incluso durante las primeras horas posteriores al atentado circularon versiones sobre una posible segunda menor fallecida, aunque hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado la muerte de la niña de 10 años y de su padrastro.

Las estadísticas oficiales muestran que los menores de edad continúan figurando entre las víctimas de homicidios en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron cuatro víctimas de entre 10 y 14 años y otras 17 entre 15 y 17 años, según cifras del Ministerio Público. En total, 21 menores de edad fueron asesinados durante los primeros cinco meses del año.

El informe también revela que Panamá registró 251 víctimas de homicidio entre enero y mayo de 2026, un incremento de 7% respecto a las 235 contabilizadas en el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentra el mayor número de casos con 112 víctimas, seguida por San Miguelito con 46 y Colón con 45.

Otro dato que preocupa a las autoridades es el predominio de las armas de fuego en estos hechos. De las 251 víctimas registradas este año, 213 murieron por disparos, lo que equivale al 85% de todos los homicidios reportados en el país.

La muerte de la menor en La Locería ocurre precisamente en medio de este escenario de violencia armada que sigue golpeando distintos sectores del país.

Aunque las investigaciones continúan y las autoridades mantienen hermetismo sobre los posibles responsables y móviles del ataque, el caso vuelve a evidenciar cómo las balas ya no solo alcanzan a quienes participan directamente en actividades criminales.

Cada vez con mayor frecuencia, conductores, familiares, pasajeros y personas que simplemente se encuentran en el lugar equivocado terminan atrapados en atentados dirigidos contra terceros.

Una realidad que incrementa la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y alimenta el temor de que cualquier trayecto cotidiano pueda convertirse en escenario de una tragedia.

La violencia contra las mujeres continúa mostrando señales de alarma en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 11 víctimas de femicidio, una cifra que representa un aumento de 57% en comparación con los siete casos reportados durante el mismo período de 2025, de acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

El documento también revela que durante los primeros cinco meses del año se contabilizaron 12 tentativas de femicidio y cinco muertes violentas de mujeres que, tras la evaluación de los fiscales y la aplicación de la Ley 82, no fueron clasificadas como femicidios.

Las estadísticas reflejan que marzo fue el mes más crítico, con cuatro femicidios registrados. En abril y mayo se reportaron dos casos cada mes, mientras que enero cerró con una víctima y febrero con dos.

En paralelo, las tentativas de femicidio alcanzaron su punto más alto en enero, cuando se documentaron seis casos.

Los datos oficiales muestran además que Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de víctimas. La provincia de Panamá acumula tres femicidios, cuatro tentativas y cuatro muertes violentas de mujeres.

Panamá Oeste registra tres femicidios y tres tentativas, mientras que San Miguelito suma dos femicidios y una tentativa. Chiriquí, Coclé y Colón reportan un femicidio cada una.

Al analizar las edades de las víctimas, el informe revela que los grupos de 18 a 24 años y de 35 a 39 años son los más afectados, con tres femicidios cada uno.

También se registraron víctimas adolescentes de entre 10 y 14 años y de 15 a 17 años. Las tentativas de femicidio se concentran principalmente entre mujeres de 30 a 34 años.

Otro aspecto relevante es el método utilizado para cometer estos delitos. Las armas de fuego fueron empleadas en seis de los once femicidios registrados, convirtiéndose en el principal mecanismo utilizado por los agresores.

Adicional, se reportaron dos casos por asfixia mecánica, uno con arma blanca, uno por incendiarismo y otro que permanecía sin determinar al momento de la elaboración del informe. En las tentativas de femicidio predominó el uso de armas blancas, presentes en ocho de los doce casos contabilizados.

El incremento observado durante 2026 se produce a pesar de los esfuerzos institucionales dirigidos a combatir la violencia de género.

Las cifras del Ministerio Público muestran que las tentativas de femicidio aumentaron 33% respecto al año anterior, al pasar de nueve a doce casos, mientras que los femicidios crecieron de siete a once.

La preocupación aumenta al considerar que junio ya registra nuevos hechos violentos contra mujeres. Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, pese a que existía una orden de alejamiento vigente en favor de la víctima.

El crimen volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo previamente identificadas.

A este caso se suma una investigación por femicidio y tentativa de femicidio ocurrida el pasado 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito. En ese hecho una mujer perdió la vida y otra resultó herida por impactos de arma de fuego.

Las autoridades informaron recientemente sobre la aprehensión de un quinto presunto implicado, quien fue capturado en el mismo distrito como parte de las diligencias desarrolladas por los organismos de seguridad y el Ministerio Público.

Las autoridades también mantienen investigaciones relacionadas con otras formas de violencia contra las mujeres. En el marco de la Operación Patiño, unidades policiales capturaron en el corregimiento de Las Cumbres a un hombre de 26 años requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones psicológicas.

La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento en la barriada Cumbres del Norte, donde además fue decomisado un teléfono celular vinculado a la investigación.

Especialistas en violencia de género han advertido que los femicidios representan el desenlace más extremo de un ciclo de agresiones que suele iniciar con violencia psicológica, amenazas, hostigamiento o agresiones físicas previas.

Por ello, insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento de medidas de protección y atención integral a las víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones de los casos recientes, las estadísticas oficiales reflejan que la violencia feminicida continúa siendo uno de los desafíos más complejos para las autoridades panameñas.

Las cifras de 2026 cobran mayor relevancia al compararse con el comportamiento observado durante todo 2025. El año pasado cerró con 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres no clasificadas bajo esta figura penal.

Aunque los femicidios disminuyeron 13% respecto a 2024, las tentativas se duplicaron al pasar de nueve a 18 casos, una señal que ya anticipaba la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

Con 11 víctimas registradas entre enero y mayo y nuevos casos reportados durante junio, el país enfrenta un panorama que mantiene encendidas las alertas sobre la protección de las mujeres y la necesidad de reforzar las acciones de prevención y justicia.

La violencia contra las mujeres en Honduras dejó 121 femicidios en lo que va de 2026, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su directora, Migdonia Ayestas, advirtió que estos crímenes responden a estructuras de poder y desigualdad arraigadas en la sociedad.

Ayestas sostuvo que estos hechos no pueden analizarse solo desde una perspectiva criminal, ya que detrás de cada caso existen patrones culturales vinculados al control, la dominación y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Según la directora del observatorio, la violencia de género se alimenta de normas sociales que históricamente han colocado a las mujeres en condiciones de subordinación, limitado su autonomía y reforzado prácticas machistas que se reproducen desde edades tempranas.

Qué planteó la directora del observatorio

Explicó que los agresores utilizan la violencia como una herramienta para imponer autoridad y control, no solo sobre las víctimas directas, sino también como una forma de enviar mensajes de poder a su entorno social.

“El cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es un mensaje de poder, una demostración de dominio que refleja una estructura de violencia mucho más amplia”, señaló Migdonia Ayestas.

Ayestas afirmó que los femicidios representan la manifestación más extrema de esta problemática y advirtió que detrás de cada caso existen historias marcadas por amenazas, agresiones previas, control psicológico, violencia económica y otras formas de abuso que muchas veces permanecen invisibilizadas.

También lamentó que gran parte de la sociedad continúe observando estas muertes únicamente como cifras estadísticas, cuando reflejan dinámicas complejas de misoginia, odio y control sobre la vida de las mujeres.

Los datos registrados en 2026

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, durante lo que va de 2026 se contabilizan 121 muertes violentas de mujeres clasificadas como femicidios, además de tres casos adicionales que continúan bajo análisis para determinar su tipificación.

Para Ayestas, la solución no depende solo de endurecer las leyes o aumentar las penas, sino de implementar estrategias integrales que permitan atacar las causas estructurales que generan la violencia.

En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos crímenes, mejorar la capacidad de respuesta de los operadores de justicia y garantizar recursos suficientes para la atención y protección de víctimas en todo el territorio nacional.

“De nada sirven las leyes si no hay recursos. Se necesitan jueces capacitados, investigación criminal científica, presencia institucional y una respuesta efectiva del Estado”, manifestó.

Prevención, educación e impunidad

La directora del Observatorio de la Violencia también remarcó la necesidad de trabajar en la prevención desde edades tempranas. A su juicio, el sistema educativo cumple un papel fundamental para desmontar patrones culturales de discriminación y violencia que se transmiten de generación en generación.

Además, consideró indispensable involucrar a los hombres en los procesos de transformación social, con modelos de convivencia basados en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

En Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que uno de los principales desafíos sigue siendo la impunidad.

Aunque se han registrado avances en materia legislativa y de atención institucional, especialistas coinciden en que persisten obstáculos relacionados con la investigación de los casos, el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.

Un juez de letras con jurisdicción en San Pedro Sula dictó detención judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como presunto responsable del femicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez.

La audiencia inicial fue fijada para el lunes 15 de junio a las 9:00, y el acusado será trasladado al centro penitenciario de El Progreso.

La medida fue impuesta tras la audiencia de declaración de imputado. El acusado permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.

La audiencia inicial será la etapa en la que el Ministerio Público presentará formalmente los elementos probatorios del caso.

La investigación y los indicios

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría mantenido una relación de pareja con la víctima, quien fue hallada sin vida en el interior de su vivienda en el municipio de Villanueva, Cortés.

Las indagaciones señalan que el crimen habría ocurrido por estrangulamiento dentro de la residencia, aunque las autoridades continúan recabando pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

En el proceso investigativo salieron a la luz videos, grabaciones de teléfono celular y otros indicios que, según fuentes judiciales, evidenciarían un patrón de violencia psicológica, amenazas e intimidaciones previas al asesinato.

Operativo judicial y captura

Durante su presentación ante los tribunales, el portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que agentes policiales intervinieron para evitar que el acusado fuera agredido por familiares de la víctima, quienes intentaron hacer justicia por sus propios medios.

El hecho obligó a reforzar las medidas de seguridad en el entorno judicial para garantizar el desarrollo de la audiencia y la integridad física del imputado.

El sospechoso fue capturado en el Valle de Sula por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de que se presentara voluntariamente ante las autoridades, según el informe oficial.

Su detención se produjo en el marco de las diligencias investigativas relacionadas con el crimen, que el Ministerio Público tipificó como femicidio agravado.

Familiares exigen justicia

Familiares de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez manifestaron su dolor y exigieron justicia por el crimen que ha conmocionado a su entorno cercano. Entre muestras de indignación, los parientes de la víctima reiteraron que esperan que el caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

Durante las diligencias judiciales, los allegados también expresaron su rechazo al hecho violento y pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer completamente lo ocurrido. Asimismo, insistieron en que la violencia contra la mujer debe ser castigada con firmeza para evitar que casos similares se repitan en el país.

Los parientes de la enfermera también hicieron un llamado a la sociedad a no normalizar la violencia contra las mujeres y a denunciar cualquier señal de agresión, aunque sea en sus primeras etapas. Afirmaron que el dolor de la pérdida se agrava al conocer que, según las investigaciones, ya existían antecedentes de amenazas e intimidaciones que podrían haber alertado sobre el riesgo que enfrentaba la víctima.

La justicia panameña condenó a 184 meses de prisión a una mujer de 27 años hallada culpable por el homicidio de su sobrina e hijastra, un caso ocurrido en la comunidad de Gasparillo, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe Buglé, que conmocionó a la población por la relación familiar existente entre la víctima y la agresora.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, integrado por las juezas Cristela Rodríguez, Alvinis Almengor y María De Gracia, luego de que un jurado de conciencia declarara culpable a la acusada por el delito de homicidio. Además, el tribunal la encontró responsable por violencia doméstica.

Los jueces impusieron una pena de 160 meses de prisión por homicidio y otros 24 meses por violencia doméstica, para un total de 184 meses. Como sanción accesoria, la condenada también fue inhabilitada para ejercer funciones públicas durante dos años una vez cumpla la pena principal.

La decisión fue adoptada de manera unánime luego de valorar 18 pruebas entre testimonios, peritajes y documentación presentada durante el juicio por la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público.

La investigación se originó por hechos ocurridos el 16 de julio de 2024 en la comarca Ngäbe Buglé, donde falleció la menor que era sobrina e hijastra de la acusada.

El caso se suma a otros procesos recientes relacionados con la violencia contra mujeres y niñas que actualmente son investigados por las autoridades judiciales panameñas.

Uno de ellos corresponde a la Operación Temis, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana en los sectores de Pedregal, Rana de Oro y San Miguelito, que permitió la captura de un hombre presuntamente vinculado al homicidio de una mujer de 37 años ocurrido el pasado 6 de marzo de 2026 en Costa del Este.

Según las investigaciones, la víctima transitaba en su vehículo por la Avenida Centenario cuando fue atacada. Durante los allanamientos realizados junto a la Dirección de Investigación Judicial se logró la aprehensión del sospechoso y la recopilación de indicios que serán incorporados al expediente.

Paralelamente, la Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de un hombre acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones una medida de protección dictada a favor de su expareja sentimental.

De acuerdo con la investigación, el imputado había sido notificado desde noviembre de 2025 sobre restricciones judiciales que le impedían acercarse a la víctima. Sin embargo, presuntamente incumplió las medidas en varias ocasiones e incluso ingresó nuevamente a la residencia de la mujer, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar una medida cautelar más severa.

Las cifras detrás de la violencia

Los casos ocurren en un contexto de incremento de los delitos relacionados con la violencia de género. Datos del Centro de Estadísticas del Ministerio Público muestran que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 9 víctimas de femicidio, 13 tentativas de femicidio y 3 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios conforme a la Ley 82.

Las cifras representan un aumento importante frente al mismo período de 2025. El informe señala que los femicidios pasaron de 4 casos a 9, lo que equivale a un incremento de 125%, mientras que las tentativas de femicidio aumentaron de 6 a 13 víctimas, un crecimiento de 117%. En contraste, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 6 a 3 casos.

El reporte también evidencia que Panamá Oeste concentra la mayor cantidad de femicidios registrados durante el año con tres víctimas, seguido por las provincias de Panamá y el distrito de San Miguelito con dos casos cada uno.

Además, la mayoría de las víctimas de femicidio tenían entre 18 y 39 años de edad, mientras que las armas de fuego fueron el principal mecanismo utilizado en estos delitos, presentes en cinco de los nueve casos reportados.

Desafío para las autoridades Los expedientes que actualmente investigan las fiscalías especializadas reflejan distintos niveles de violencia contra las mujeres: desde incumplimientos de medidas de protección hasta homicidios consumados.

Para las autoridades, la detección temprana de conductas violentas, la aplicación efectiva de medidas cautelares y la respuesta rápida ante denuncias continúan siendo herramientas fundamentales para evitar que situaciones de riesgo evolucionen hacia agresiones más graves.

No obstantes, la sociedad pide más medidas para prevenir actos violentos, ante la violación de las medidas de restricción por parte de los denunciados.

La Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará impulsando las investigaciones y acciones penales necesarias para sancionar a los responsables de delitos contra la vida y la integridad personal, especialmente aquellos que afectan a mujeres, adolescentes y niñas.

Mientras la condena emitida en Chiriquí representa el cierre judicial de un caso ocurrido hace casi dos años, las nuevas investigaciones y estadísticas oficiales reflejan que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los desafíos más complejos para el sistema de justicia panameño.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas) confirmó la captura de Joseph “N”, presunto responsable del feminicidio de Makala Marie Pendley, ciudadana de 30 años originaria de Indianápolis, Indiana, que fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en el paraje Elambó Bajo, a las afueras de la cabecera municipal de Zinacantán.

Las autoridades lo identificaron como pareja sentimental de la víctima de origen estadounidense y revelaron que cuenta con una ficha de búsqueda emitida por delitos en Alaska.

Tras un cateo simultáneo al barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas, agentes mexicanos también rescataron a los siete hijos menores de Makala, quienes se encontraban en el interior de una vivienda.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, fue el encargado de brindar la actualización del caso. En su mensaje, afirmó que la Fiscalía tiene 48 horas para acreditar la responsabilidad penal de Joseph “N” y presentarlo ante un juez. Anticipó que solicitaría la pena máxima de 100 años de prisión contra el hombre, también originario de Estados Unidos.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias que trajeron a Makala y a sus hijos a territorio mexicano.

Golpes en el cráneo causaron la muerte de Pendley, según la necropsia

El fiscal Abarca reveló este 9 de junio que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte de Makala fue un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas por arma corto-contundente.

El cuerpo de Pendley presentaba escoriaciones en diversas partes, aunque fueron las lesiones en la región del cráneo las que le provocaron la muerte.

Fue hallada desnuda en el paraje Elambó Bajo, en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán.

Elementos de la Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio, con un grupo especial de agentes desplegado desde el primer momento en San Cristóbal de las Casas.

La identificación de la víctima se realizó este 9 de junio con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Maurica Lambert, hermana de Pendley, declaró al medio IndyStar que la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes que las autoridades mexicanas les describieron.

“Es el peor día de mi vida, siento que una parte de mí está muerta”, dijo Lambert al medio estadounidense, quienes compartieron la declaración en su cuenta oficial de Instagram.

Joseph “N” tiene una orden de arresto en Alaska y antecedentes por violación

Al cruzar información con la Embajada de Estados Unidos tras la detención, la Fiscalía de Chiapas confirmó que Joseph “N” cuenta con antecedentes penales en aquel país por:

• Asalto
• Robo
• Fraude
• Posesión ilegal de armas
• Intimidación para causar daño corporal
• Delitos relacionados con producción y distribución de drogas
• Resistencia al arresto
• Uso de identidad falsa
• Violación

Además, fue revelado que cuenta con una orden de arresto activa en el estado de Alaska.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) publicó en febrero de ese año la ficha de búsqueda de los menores, de entre uno y 12 años de edad.

Los siete niños, rescatados en San Cristóbal de las Casas

Los menores fueron encontrados en el interior de una vivienda durante el cateo en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas. Sus identidades quedaron en reserva. Los siete se encontraron en buen estado y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía de Justicia de la Zona Altos, con traslado inmediato a una casa hogar.

El fiscal de Chiapas informó que la institución mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos para que algún familiar pueda viajar a México y hacerse cargo de los menores.

Las autoridades ministeriales continúan la recopilación de pruebas para fortalecer la investigación y acreditar plenamente la responsabilidad del imputado.

El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal que elevan las penas por femicidio en Honduras a entre 25 y 30 años de prisión, y a entre 30 y 40 años en casos agravados. La ley también contempla condenas de hasta 60 años de cárcel en determinadas circunstancias.

La iniciativa, respaldada por una comisión multipartidaria y presentada ante el pleno legislativo, modifica las sanciones vigentes para este delito e incorpora cambios en el sistema de justicia, como la creación de un circuito especializado para investigar y judicializar los femicidios.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, dijo que el Poder Legislativo busca enviar un mensaje de mayor dureza contra quienes ejercen violencia extrema contra las mujeres y aseguró que existe un compromiso para fortalecer las herramientas legales que permitan combatir estos crímenes.

Violencia e impunidad

La aprobación de penas más altas ocurre en un contexto de violencia contra las mujeres. Organizaciones feministas como el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla denunciaron que al menos 108 mujeres habían sido asesinadas de forma violenta hasta finales de mayo de 2026, -La cifra sigue en aumento-.

Además, esas organizaciones alertaron que cerca del 95% de estos casos permanece en la impunidad. Sus registros muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho concentran parte de los asesinatos de mujeres, aunque los casos se informan en casi todo el país.

El debate también incluye si el aumento de las penas alcanza para reducir los femicidios. Diversos sectores sostienen que la principal deuda del Estado sigue siendo la impunidad, ya que una gran cantidad de casos nunca llega a una sentencia firme, mientras muchas víctimas habían denunciado antes situaciones de violencia sin recibir una respuesta efectiva de las instituciones encargadas de protegerlas.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) señaló en análisis recientes que en el país una mujer pierde la vida de forma violenta aproximadamente cada 34 horas, un dato que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

Cambios en el sistema de justicia

Además del aumento de las penas, la reforma crea un circuito especializado para la investigación y judicialización de los femicidios, con juezas dedicadas exclusivamente a este tipo de procesos.

Según explicó Matute Cano, el objetivo es garantizar una atención especializada y con enfoque de género, para ampliar la capacidad de respuesta de los tribunales frente a delitos que suelen presentar altos niveles de complejidad.

La creación de instancias especializadas ha sido un reclamo recurrente de organizaciones de mujeres, que durante años señalaron deficiencias en los procesos de investigación, recolección de pruebas y judicialización de los casos.

Aplicación de las reformas

Durante la discusión de las reformas, Cano también destacó la necesidad de impulsar campañas permanentes de sensibilización para combatir las raíces culturales y sociales de la violencia contra las mujeres.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos, las reformas representan un avance en materia sancionatoria, pero advirtieron que los resultados dependerán de la capacidad de las instituciones para investigar, judicializar y castigar a los responsables.

La atención ahora está puesta en la implementación de los nuevos mecanismos aprobados por el Congreso y en la capacidad del sistema de justicia para responder a una problemática que sigue dejando víctimas de manera constante en Honduras.

El universo del arte presenta, en claroscuro, la historia delineada. Detalles, matices y pinceladas se mezclan entre subtítulos y abren espacio a sentimientos y emociones que deambulan cargados de ideales, mentiras, verdades, odio y pasión. Todo se perpetúa en el lienzo: la danza del postureo, la riqueza o el dolor en los rostros de pobreza. Sueños inconscientes, surrealistas, inhumanos. Políticos impolutos, estados absolutistas, botas sucias, guantes blancos, dioses enmascarados, fieles fanatizados.

Todo está retratado. Impregnado. Naturalizado.

Es en ese universo donde se puede descubrir todo cuanto se quiera, pues aun sin saber, se siente y se experimenta emoción. Más allá de los siglos, los velos de la maestría también están enmarcados.

Caminar por salas de museos, galerías o escenarios callejeros sitúa al espectador, a menudo de forma inconsciente, en una postura pasiva. Cuando un ámbito cultural abre sus puertas, da ingreso a nuevas culturas, enseñanzas e historias apasionantes; el tiempo otorgado será una decisión propia y claudicará en el instante en que la atención cambie su foco a la siguiente causa.

La mera observación, la descripción de los expertos, un guía políglota, colores vivos, la muerte dibujada tras las guerras, escenas cotidianas, amantes retratados que conviven en el mismo espacio del matrimonio real, y tanto más: todo convierte al visitante en sujeto dentro de la escena. La información abunda para deleitar y descubrir la expresión de los mundos que cada original expone y cobija con celo.

El universo cultural y, en especial, las obras pictóricas de los grandes maestros obligan a caminar en silencio pero con una actividad interna intensa, con sutileza y guardando las formas. Las conocidas órdenes de ceremonial así lo exigen, y solo de ese modo es permitida la presencia del visitante. Las imponentes salas, escoltadas por obras de gran magnitud, muestran entre luces y sombras los trazos más sublimes. Palacios, decorados y atuendos sofisticados atrapan las miradas, aunque no solo eso está representado.

En las obras hay historias y silencios, y es en ellos donde ni la más bella paleta podría anular la barbarie representada. Durante siglos, algunos grandes maestros utilizaron su posición y su técnica como un manto que cobijó escenas espeluznantes. Obras como testimonios de opresiones sistémicas que, al ser observadas, convierten al espectador en testigo; las mismas que, por momentos, se respiran cientos de años después y se replican fuera de las salas de museos.

La mención del virtuosismo o las fusiones del artista son términos utilizados con frecuencia en las descripciones oficiales de ciertas obras, pero no pueden ocultar la oscuridad que algunas representan. En esa observación silenciosa a la que el visitante se ve convocado, se exhibe cómo el arte ha servido históricamente para consolidar miradas a través del tiempo. Segmentos de poder absoluto, definidos generalmente por grupos masculinos, muestran al hombre en acción y a la mujer como un objeto visual destinado a embellecer.

Un ejemplo de esa historia es Susana y los viejos. Las versiones masculinas de Tintoretto o Rubens suelen presentar a una Susana vanidosa o coqueta, y transforman el acoso en un espectáculo erótico. La versión de Artemisia Gentileschi rompe ese patrón: su obra es un estudio psicológico del horror y la repulsión, con el foco puesto en la vulnerabilidad de la víctima y no en el placer del observador.

La estética de los abusos se extiende desde el origen. Los raptos mitológicos —como El rapto de las sabinas, de Jacques-Louis David, o El rapto de las hijas de Leucipo, de Rubens— disfrazan la violencia sexual de hazaña heroica o sacrificio necesario para el estado y el poder. Otro escenario se percibe en las obras de Edgar Degas, donde el voyerismo de ojo de cerradura reduce a las bailarinas —en su mayoría de clase humilde— a situaciones de explotación. Esas jóvenes, que podrían emerger de su condición original, conviven con otras que solo serían cuerpos descartables, mercancías. Las niñas, observadas detrás de cortinados por oscuros y parciales atuendos masculinos, remiten a una mirada que es menos la de un maestro que la de un depredador.

Si bien los movimientos por la igualdad cobraron fuerza organizada en los últimos años, la franja de mentalidad patriarcal resiste, se oculta y se apaña. Una creencia involucionada continúa viendo lo femenino como algo poseíble.

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo. El arte refleja esa lucha manifiesta y naturalizada desde hace siglos. La falta de conciencia colectiva, la ausencia de respeto, derechos y límites parecen emerger condensados, irresponsables, salvajes e inhumanos, protegidos en el anonimato de un poder ilimitado. Ya no es un lienzo: es la vida cotidiana. Es el día a día, y más que conocimiento, requiere acción y protección.

Hoy se está ante las mismas imágenes, varios siglos después, y han sido expuestas por convertirse en víctimas. Como aquellas pequeñas bailarinas y doncellas, también debían tener sueños que quedaron inconclusos y atrapados en la barbarie de un tiempo real.

Solo queda imaginar que la escena cambiará cuando se deje de ser visitante silencioso con la mirada difusa entre velos.

Durante tres días, Claudio Barrelier repitió la misma historia. Dijo que, la noche del femicidio, Agostina Vega se había bajado de un remís a menos de 200 metros de su casa en el barrio Cofico de Córdoba, que le pidió ayuda para encontrarse con un chico y que después la vio subirse a un auto rojo. Incluso aportó un nombre: dijo se iba a reunir con alguien llamado Franco.

Esa versión se la contó a la madre de Agostina horas después de la desaparición, se la sostuvo al padre -que lo enfrentó el lunes mientras buscaba respuestas por su cuenta- y la repitió frente a la fiscalía cuando lo indagaron por primera vez.

Pero todo empezó a desmoronarse cuando apareció el video de la cámara de seguridad que mostró a Agostina entrando a la casa del acusado y no saliendo nunca más. Ese fue la pista que dio vuelta la investigación y lo ubicó como principal sospechoso del caso.

La coartada inicial

Las primeras horas después de la desaparición de Agostina estuvieron marcadas por la confusión y los datos cruzados. La adolescente salió de su casa en el barrio General Mosconi de la ciudad capital el sábado 23 de mayo por la noche. Dijo que iba a lo de su abuelo. Pero nunca regresó. Se dirigió a una remisería cercana y tomó un auto hasta Cofico. Antes de irse, le había avisado a sus amigas que tenía que “escaparse” para organizarle una sorpresa a su mamá y que iba con el “novio” de ella. Al remisero le contó algo parecido. Más tarde, la familia materna comenzó a buscarla.

Agostina había estado ese sábado en un predio deportivo junto a su madre, Melisa Heredia, y su hermano menor. En ese mismo lugar también estuvo Barrelier. Todos coincidieron luego en un cumpleaños de un conocido en común de los adultos. No está claro si fue en ese momento o previamente, pero la víctima le pidió a su mamá el contacto telefónico del imputado. Por eso, en las primeras horas de la desaparición Melisa le escribió al detenido para preguntarle si sabía algo. La respuesta de Barrelier fue que su hija le había preguntado si podía llevarla a la casa de un amigo.

La denuncia por averiguación de paradero ingresó a las 8:42 del domingo a la mañana. La búsqueda y la foto de Agostina empezó a difundirse en redes sociales y medios de comunicación. El remisero la reconoció y, en horas de la tarde, aportó el primer dato clave: que había dejado a la chica en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, cerca de la casa de Barrelier.

Gabriel Vega, el padre de Agostina, se encontraba en San Luis cuando fue notificado. Viajó a Córdoba el lunes. Investigando por sus propios medios, llegó a Barrelier. Lo encontró junto a Soledad, la dueña del auto Ford Ka en el que fue trasladado el cadáver de la menor hasta el descampado donde se halló días más tarde. El relato que le dio el acusado fue el mismo: que Agostina le pidió ayuda para pagar el remís, que le habló de un tal Franco, que él la vio subirse a un auto rojo y después se fue.

La versión de Barrelier quedó registrada en un audio suyo. “Yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las diez y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”, aseguró.

El caso atrajo a la prensa nacional. Bajo secreto de sumario, se activó la Alerta Sofía y Barrelier fue detenido el martes. Recién al día siguiente la policía allanó su casa. La abuela de Agostina reclamó: “Todo hicieron mal desde el principio porque no nos tomaron en serio. No nos escuchaban, les dimos direcciones, horarios, les dimos el nombre de esta persona y no lo detuvieron”.

El cambio de versión

Mientras todavía se buscaba a Agostina con vida, las pruebas contra Barrelier fueron acumulándose. La triangulación de antenas telefónicas ubicó el teléfono de la víctima en esa casa del detenido durante tres horas hasta apagarse. Y al allanar la propiedad -hoy señalada como la escena del crimen- los peritos detectaron rastros de sangre y la posible limpieza de la escena.

Además, el jueves salió a la luz un video tomado por una cámara de seguridad que mostraba a Agostina entrando a la casa de Barrelier el sábado a la noche, junto con él. No hay registro de que saliera.

Esa secuencia desarmó la coartada del acusado, que hasta ese momento había negado que la chica hubiese ingresado a su domicilio, afirmando que la menor que se veía en las imágenes era su hija de 11 años.

Un día después de la difusión del video, el viernes, Barrelier modificó su declaración y reconoció que la adolescente asesinada estuvo en su vivienda, aunque insistió en que permaneció poco tiempo y que luego se fue con otra persona. “Mintió por temor, para proteger a su hija”, explicó Jorge Sánchez del Bianco, quien hasta entonces era su abogado defensor.

Paralelamente, se confirmó que Barrelier pidió prestado un Ford Ka negro a Soledad, su ex pareja, el lunes después de la desaparición. Una cámara registró el auto entrando al barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital, a las 11.45 de ese mismo día. Un rato después, a las 12.15, el mismo vehículo salió de la zona.

A partir de este dato, el viernes la policía comenzó a rastrillar un descampado de más de 200 hectáreas.

Tras más de 24 horas de trabajo, la búsqueda terminó de la peor manera: pasado el mediodía del sábado se hallaron los restos de Agostina enterrados y desmembrados en el lugar.

La autopsia posterior determinó que la muerte fue por asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba “posibles signos de abuso sexual”. El desmembramiento ocurrió después del deceso. Barrelier fue imputado por femicidio.

La fiscalía sospecha que hubo más personas involucradas y sostiene que Barrelier no actuó solo. La familia de la víctima también apunta a Soledad y a quienes compartían la casa con el principal acusado. En el domicilio vivían la pareja y la hija de Barrelier, un matrimonio en la parte superior y un amigo que ocupaba una habitación cercana a la puerta de ingreso, en la planta baja.

Este último fue detenido el jueves. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien está acusado de encubrimiento.

En una investigación que sigue avanzando a paso lento, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

A una semana de que el cuerpo de Dulce María Candia, la adolescente de 17 años que estaba desaparecida, fuera encontrado en una obra de construcción de Eldorado, provincia de Misiones, el único detenido por el caso fue imputado por femicidio.

Se trata de M. A. Y., el remisero de 46 años, que había sido detenido el lunes en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 de la ciudad. Durante una audiencia de imputación celebrada este viernes, el acusado se negó a responder preguntas y a ofrecer declaración alguna.

A raíz de esta postura, la jueza de Instrucción N° 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, formalizó la imputación por femicidio. La decisión se apoyó en los registros telefónicos que ubicaron su celular en las inmediaciones del lugar donde se halló el cuerpo de la víctima, según la información de El Litoral.

Horas más tarde, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Iturbe. Según Eldópolis Red, se secuestraron dispositivos electrónicos y tarjetas SIM que podrían aportar información relevante. Además, confiscaron una carcasa de teléfono celular Motorola, un teléfono LG y un teléfono Infinix, que serán sometidos a pericias técnicas.

El sospechoso había sido detenido el lunes por la mañana durante un operativo encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski, junto a personal de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

La investigación comenzó con la denuncia de desaparición presentada el 27 de mayo por la madre de la adolescente en la Comisaría de la Mujer de Eldorado. Sin embargo, se indicó que la menor llevaba desaparecida varios días antes de que el hecho fuera informado a las autoridades.

Desde ese momento, se activó el protocolo de búsqueda de menores y se desplegaron múltiples líneas investigativas. En el operativo participaron distintas dependencias policiales y áreas especializadas. A pesar de esto, vecinos y familiares criticaron la falta de difusión oficial e inacción estatal. “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”, sostuvo un vecino de Eldorado.

Fue así que el 28 de mayo, un día después de la denuncia, el cuerpo de la joven fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, a pocas cuadras del lugar donde había desaparecido. Según trascendió, la identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por parte de un familiar directo.

A partir de esto, la escena fue preservada por los efectivos policiales, quienes notificaron a la jueza de Instrucción y coordinaron las pericias junto al personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado, responsables de la extracción del cuerpo.

Poco después, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que orientó la investigación hacia un posible homicidio en las primeras horas. Asimismo, la pesquisa avanzó con relevamientos en la zona, análisis de registros, pericias y entrevistas.

Estos procedimientos permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y reunir pruebas fundamentales. Como resultado de estos elementos, la jueza Rodríguez ordenó la detención del remisero, quien permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el análisis pericial de dos teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento. Los resultados aportaron elementos determinantes, debido a que los resultados permitieron ubicar al sospechoso en las inmediaciones de la escena.

El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Eldorado. Una fuente consultada por El Territorio criticó: “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”. Por su parte, vecinos del barrio Avanti subrayaron la carencia de servicios en la zona: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”.

Por este motivo, vecinos y allegados manifestaron preocupación por la seguridad y denunciaron la falta de presencia estatal en la zona. Al mismo tiempo, reclamaron mejoras en infraestructura y controles para prevenir hechos similares.

Osvaldo Fassetta lleva casi 24 horas detenido en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Desde su entorno dicen que está “devastado” y no comprende por qué lo acusan de encubrir el crimen.

Mientras se esperaba su declaración indagatoria, en diálogo con América TV, su abogado, Eduardo Medina Allende, reconstruyó los movimientos de su defendido y rechazó todas las sospechas que pesan sobre él.

El defensor detalló que el nuevo sospechoso vivía en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado, hacía menos de un mes. Se había mudado a raíz de un problema personal y fue el propio dueño quien le ofreció una habitación de ese domicilio ubicado en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la ciudad capital.

Medina Allende describió que ambos no eran amigos íntimos, aunque compartían la pasión por el club Instituto y se habían conocido por ese motivo. Incluso dijo que Fassetta cumplió sus 47 años recientemente y no invitó al festejo al ex empleado municipal.

Fassetta también conocía a la madre de Agostina, Melisa Heredia. De hecho, el mismo sábado de la desaparición de la menor todos -incluidos la víctima y Barrelier- coincidieron en un predio deportivo donde se jugó un partido de fútbol y en un cumpleaños de otra persona.

Al caer la noche ese sábado, Fassetta salió de la casa para trabajar en un kiosco. De acuerdo con el relato, estuvo en el local desde las 21 hasta aproximadamente las “cinco o seis” de la mañana. El abogado afirmó que hay cámaras de seguridad en una panadería al lado del kiosco que confirman este movimiento y que los investigadores tienen en su poder esas imágenes.

Después, siempre de acuerdo a su versión, la madre de Agostina se contactó con él para contarle que no encontraba a la adolescente, por lo que Fassetta decidió acompañarla a realizar la denuncia en la unidad judicial.

Luego de ello, se dirigió a la casa en Juan del Campillo para supuestamente higienizarse y descansar, aunque finalmente se encontró con un amigo y se quedaron tomando cerveza durante unas horas. En ese momento ocurrió algo más: notó que su cama tenía un acolchado diferente al que había dejado.

“Mi cliente refiere que no había nadie en la casa. Y cuando entra a su habitación, había un acolchado color claro sobre la cama, le llamó la atención porque él había dejado la cama tendida con unas colchas de gris oscuro", contó Medina Allende.

Sobre la dinámica en la vivienda, el propio Fassetta relató en diferentes entrevistas que el ambiente era particular. Barrelier solía encerrarse en una habitación, escuchar música fuerte y no permitía que los demás entraran.

El abogado subrayó que su cliente nunca vio movimientos extraños ni situaciones violentas. También negó que Fassetta haya insistido con la hipótesis de un joven llamado Franco durante la búsqueda de la adolescente o que haya enviado un mensaje de relevancia a Melisa, como trascendió desde la familia de la víctima.

Ese supuesto mensaje decía: “No te preocupes, la nena está bien dormida”. El letrado puso en duda que exista.

En relación a la investigación, Medina Allende criticó la detención y sostuvo que su cliente entregó el lunes pasado el teléfono a la policía de manera voluntaria.

Por otra parte, aclaró que la presencia de rastros genéticos de Fassetta en la habitación se debe a que dormía allí y no a una participación en el crimen. Además, rechazó de plano que el detenido forme parte de la barra brava de Instituto y remarcó que solo es un simpatizante del club.

Para finalizar, volvió a cuestionar la actuación del fiscal y consideró que la detención fue una decisión tomada para mostrar avances en el expediente. “Los fiscales de Córdoba, en general, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que están haciendo y dictan prisión preventiva”, había disparado anoche.

“Me parece que, después de haber tenido demoras, como las 80 horas que pasaron para activar la Alerta Sofía o el tiempo que tuvo que esperar la madre para que le tomaran la denuncia, en el apuro están tratando de hacer algo”, insistió este viernes.

La fiscalía mantiene bajo secreto las actuaciones al menor por los próximos ocho días. Mientras tanto, la familia de la víctima sigue apuntando a que Barrelier no actuó solo y hubo más personas involucradas en el hecho.

El licenciado Joseph Rivera Cheves, abogado penalista y representante de la familia de Nadia Peraza —víctima de femicidio—, presentó ante la diputada Kattia Calvo, de la fracción Pueblo Soberano, el Proyecto de Ley Nadia, una iniciativa que busca endurecer las penas contra femicidas y eliminar los mecanismos que han permitido su excarcelación anticipada. El encuentro marca el inicio de una estrategia para construir respaldo parlamentario en todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa.

En la reunión estuvo presente el tío de Nadia Peraza, cuyo acompañamiento fue reconocido como clave en la promoción de esta reforma legal. El Lic. Rivera Cheves indicó que esta es la primera de una serie de visitas a representantes de las distintas bancadas legislativas, con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para que el proyecto avance en el Congreso costarricense.

Principales propuestas del Proyecto de Ley Nadia

La iniciativa promueve reformas de fondo en el tratamiento penal del femicidio y el homicidio calificado por razones de género. Entre sus puntos destaca el aumento de la pena máxima para estos delitos de 35 a 50 años de prisión. Además, introduce agravantes que fijarían la condena en su extremo máximo cuando se comprueben circunstancias como tortura, mutilación, embarazo o discapacidad de la víctima.

El proyecto elimina la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, como la ejecución condicional de la pena, descuento de días por trabajo o la conmutación. Para optar por la libertad condicional, se exigiría el cumplimiento de dos terceras partes de la condena, un dictamen que descarte peligrosidad y la realización de una audiencia oral con notificación obligatoria a la familia de la víctima.

La imprescriptibilidad del delito y de la pena, así como la prohibición de salidas alternativas al proceso —incluyendo conciliación, suspensión del proceso a prueba y criterios de oportunidad—, forman parte del paquete de reformas. Además, se plantea la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, portar armas o trabajar con mujeres, niños y adolescentes para quienes sean condenados por femicidio.

El proyecto también contempla la reparación integral a los hijos huérfanos, garantizándoles pensión alimentaria prioritaria, atención psicológica y acceso preferencial a becas y programas sociales. Se prevé la creación del Registro Nacional de Personas Condenadas por Femicidio y Violencia Extrema de Género para reforzar las medidas de control y prevención.

Financiamiento y registro: el Timbre Nadia

Una de las innovaciones del proyecto es la creación del Timbre Nadia, un tributo de recaudación específica cuyos fondos financiarían exclusivamente la reparación de las víctimas indirectas. Estos recursos serían gestionados por el IMAS en coordinación con el INAMU, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.

Respaldo legislativo y compromiso institucional

El Lic. Rivera Cheves confirmó que la reunión con la diputada Calvo es solo el primer paso de una ronda de encuentros con legisladores de todas las fracciones parlamentarias. El objetivo es sumar apoyos para que la propuesta reciba el trámite necesario en la Asamblea Legislativa y se convierta en ley.

La diputada Kattia Calvo manifestó que el sistema judicial costarricense aún no brinda al femicidio el tratamiento que la gravedad del delito exige, y subrayó la necesidad de aplicar la debida diligencia y la perspectiva de género en el abordaje de estos casos. “El feminicidio es un crimen atroz que aquí en Costa Rica no se maneja con la dureza que debería manejarse, ni se le da la importancia que las autoridades judiciales deberían darle implementando la debida diligencia ni la perspectiva de género a la hora de abordar este tipo de casos”, afirmó la legisladora.

Calvo se comprometió a mantener su despacho abierto para recibir propuestas en defensa de los derechos de las mujeres y expresó su disposición a trabajar en normativa concreta que combata la impunidad en el abordaje institucional de los femicidios.

El proceso legislativo apenas comienza, pero el Proyecto de Ley Nadia busca convertirse en un referente para la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia de género en Costa Rica.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, peritajes y medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente de 14 años desde que ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. En las últimas horas, nuevos relatos aportaron detalles sobre el funcionamiento interno de la casa donde se produjo el asesinato y sobre la conducta que mantenía el detenido con las personas de su entorno.

A la par de los avances de la causa, la familia de Agostina insiste en que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones. El expediente también mantiene bajo análisis los movimientos realizados por Barrelier tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de quienes tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

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Detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Barrelier

La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón. Según informó La Voz, su nombre es Osvaldo Fassetta, tiene 47 años y sería imputado por encubrimiento agravado.

La detención adquiere relevancia porque se trata del hombre que horas antes brindó una entrevista televisiva en la que aseguró haber convivido en la casa de barrio Cofico y haber participado de la búsqueda de Agostina junto a su familia.

En sus declaraciones, sostuvo que no sospechó de Claudio Barrelier hasta que se conoció el testimonio del remisero que ubicó a la adolescente junto al principal acusado. También afirmó que la madre de la víctima, Melisa Heredia, relacionó de inmediato esa descripción con su ex pareja. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó.

El hombre también había aportado detalles sobre la dinámica dentro de la vivienda. Según relató, Barrelier pasaba largas horas encerrado en una habitación que utilizaba de manera exclusiva, escuchaba música a alto volumen y restringía el acceso del resto de los ocupantes.

Córdoba creó una oficina especial para investigar desapariciones de niños y adolescentes

En medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la Fiscalía General de Córdoba creó una oficina especializada para intervenir en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Según informó La Voz, la nueva Oficina de Investigación de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos/as (OINNAD) tendrá alcance en toda la provincia y funcionará dentro del Ministerio Público Fiscal.

La medida fue formalizada mediante las resoluciones 20/26 y 21/26. Entre sus funciones estarán la coordinación de investigaciones, la centralización de información sobre personas desaparecidas, la asistencia a fiscales de instrucción y la articulación con organismos especializados como Alerta Sofía, Sifebu, Missing Children y el registro Nombrar.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución citados por La Voz, la creación de la oficina busca “construir capacidades institucionales para la toma de decisiones rápidas y adecuadas” frente a denuncias de desaparición de menores, además de garantizar un trabajo sostenido en aquellos casos de difícil resolución o que demanden largos períodos de investigación.

Habló la abogada de M., la primera denunciante de Claudio Barrelier

La letrada Mónica Picco aseguró que su clienta conoció a Barrelier en 2022 a través de una tía, durante una reunión familiar. Aunque al momento de los hechos investigados tenía 20 años, la abogada sostuvo que el vínculo entre ambos se remontaba a años anteriores.

“Se conocieron por intermedio de una tía, en una reunión”, explicó Picco. Y agregó: “Él buscaba víctimas. Claramente esto fue un secuestro”.

Según relató la abogada, el episodio ocurrió en mayo de 2025. “Mi clienta fue engañada por Barrelier”, sostuvo. De acuerdo con su reconstrucción, el acusado le pidió que le guardara una suma de dinero y le ofreció dos millones de pesos a cambio. “Barrelier le solicitó si le podía guardar dinero y a cambio le ofrecía 2 millones de pesos. Ella le dijo que no”, detalló.

Picco señaló que al día siguiente volvieron a encontrarse y que, mediante engaños, Barrelier logró llevar a la joven hasta su vivienda. “Cuando ingresan, Barrelier sacó un arma de una caja y le dijo: ‘¿A quién le pasaste la ubicación?’”, relató.

Siempre según el relato de la letrada, el hombre le quitó el celular y las llaves de la moto antes de obligarla a desnudarse. “Le dijo que se saque la ropa. La ata, le pone una cinta en la boca. Le dice: ‘Si te querés ir, te tenés que quedar así’”, afirmó.

La mujer logró liberarse por sus propios medios y escapar de la casa. “Ella se desata y logra salir corriendo como estaba. Se escondió en una barbería y ahí llamaron a la Policía”, agregó Picco.

La representante de la joven también se refirió al impacto que tuvo el caso en su clienta. “Ella tuvo mucho miedo. Me dijo: ‘Agostina podría haber sido yo’”, afirmó.

Por último, lanzó una dura definición sobre el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega: “Este tipo es un monstruo”.

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Habló un amigo de Claudio Barrelier

Un amigo de Claudio Barrelier y de Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, reveló detalles de las horas posteriores a la desaparición de la adolescente y aseguró que recién comenzó a sospechar del principal acusado cuando se conoció la declaración del remisero que ubicó a la menor junto a él.

“No sospeché de Barrelier hasta que conocí la declaración del remisero”, afirmó anoche en una entrevista con A24.

El hombre contó además que participó activamente de la búsqueda y que Melisa relacionó de inmediato la descripción aportada por el chofer con su ex pareja. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó.

También aportó datos sobre la dinámica dentro de la vivienda de barrio Cofico, donde la fiscalía cree que ocurrió el crimen. Según relató, nadie ingresaba a la habitación que utilizaba Barrelier de manera exclusiva y era habitual que escuchara música a alto volumen. Además, recordó un detalle que le llamó la atención cuando regresó a la casa tras la desaparición: “Había un acolchado blanco ahí que yo no tenía cuando me retiré el sábado a la mañana”.

Sobre la causa de 2025 por privación ilegítima de la libertad, el testigo aseguró que Barrelier siempre sostuvo que era víctima de una falsa acusación. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, señaló. También afirmó que, después de la desaparición de Agostina, el acusado lo llamaba con frecuencia para preguntarle dónde estaba y qué hacía. “Lo noté que hacía hincapié en saber cuál era mi ubicación”, sostuvo.

Clausuraron “Wachitas”, el bar donde trabajaba la dueña del Ford Ka

La Municipalidad de Córdoba ordenó la clausura del bar “Wachitas”, el local donde la dueña del Ford Ka con el que Claudio Barrelier habría trasladado los restos de Agostina Vega, aparentemente se desempeñaba como encargada de producción. Según indicaron medios locales, el local presentaba graves incumplimientos en la habilitación, higiene y seguridad.

La mujer, ex pareja del presunto femicida e identificada como Soledad Andreani, se presentó públicamente como productora de eventos del lugar. De acuerdo con el medio Cadena 3, el bar registra un extenso historial de incumplimientos. Fue inspeccionado en agosto y diciembre de 2025, y acumula tres clausuras desde marzo de 2025 por distintas infracciones.

En esta oportunidad, le encontraron irregularidades en las instalaciones eléctricas, falta de señalización adecuada, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales no declaradas.

Ante la aparición del nombre del bar “Wachitas” en medio de la investigación por el femicidio, el local emitió un comunicado en el que se desligó por completo del crimen.

“El bar “WACHITAS BAR” no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta”, expresaron.

“Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, continuaron.

La vida de Claudio Barrelier en la cárcel

El principal acusado del femicidio de Agostina permanece preso y alojado en el hospital modular del penal de Bouwer. Según dio a conocer el diario La Voz, desde que ingresó al penal, el presunto femicida se encuentra alojado en ese sector especial y bajo cuidados psiquiátricos y monitoreo con cámaras.

De acuerdo con lo que trascendió en base a fuentes del Servicio Penitenciario Cordobés reseñadas por ese medio, el hombre fue sujetado en varias oportunidades a lo largo de su internación. La explicación es que Barrelier tiene “brotes” o “crisis”. No está claro si psiquiátricas o de abstinencia.

El constante monitoreo incluye el uso de cámaras de seguridad. Lo primordial es que el imputado no vaya a atentar contra su vida ni contra otros, como así tampoco vaya a recibir agresiones de otros internos.

Está previsto que la semana próxima se inicien los peritajes psiquiátricos, por parte de peritos del Poder Judicial, para saber si Barrelier comprende la criminalidad de lo que presuntamente hizo.

“Es imposible que no lo hayan oído”, dijo la abogada del padre de Agostina

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, apuntó contra la dueña del Ford Ka en el que Claudio Barrelier habría llevado los restos de la adolescente luego de asesinarla y contra las personas que presuntamente estaban dentro de la casa de la calle Campillo 878, donde vivía el acusado.

En diálogo con Cadena 3, dijo que reveló que presentaron un audio en el que la mujer, que fue pareja de Barrelier, supuestamente intentó desviar la investigación. “Ella algo sabía, porque se nota en la charla como ella quiere dirigir la conversación”, dijo.

Alaniz se refirió a la posibilidad de que hubiera más personas en la vivienda. “Para mí es imposible que no escuche lo que pasó. Primero por la brutalidad, realmente jamás, jamás me imaginé ver algo de estas características. Es imposible que no lo hayan oído”, aseguró. Además, reiteró su apoyo al fiscal Raúl Garzón. “No acompañamos el pedido de jury. Nosotros ya fuimos muy claros que apoyamos al fiscal”, sentenció.

De igual manera, se mostró escéptica respecto a la carta que la familia materna de la nena entregó al fiscal, supuestamente escrita por Agostina: “Me resulta muy curioso que ahora aparezca una carta. Tendremos que ver si la escribió ella”, dijo.

Último adiós a Agostina Vega

Familiares y amigos de la adolescente asesinada en la ciudad de Córdoba despiden sus restos en una ceremonia íntima y alejada del ruido de los medios de comunicación y los curiosos. El velatorio se realizó en el cementerio privado en Colonia Tirolesa, en el Gran Córdoba.

Se prevé que el cortejo fúnebre se dirija al cementerio a las 11 para su entierro. Según indicaron medios locales, hay una fuerte presencia policial en la zona, donde los efectivos cortaron el tránsito para proteger a la familia.

El dato más significativo de la jornada es que Melisa Heredia, madre de Agostina, pudo participar tanto del velatorio como del entierro de su hija, pese a que permanece internada desde el sábado. De acuerdo con el diario cordobés La Voz, la mujer atraviesa un cuadro de deshidratación y complicaciones renales derivadas del impacto emocional provocado por el femicidio.

Siempre según La Voz, Melisa asistió durante algunos minutos y bajo estricta supervisión médica. Su presencia estuvo acompañada por personal de salud y custodia policial que monitoreó de cerca su estado durante la despedida.

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Elvia Mercedes Gómez, enfermera hallada muerta en su vivienda de San Manuel, Cortés, es investigada en un caso de posible feminicidio. La información preliminar indica que fue encontrada dentro de la casa con indicios de una posible muerte por estrangulamiento, mientras su pareja figura como principal sospechoso.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones y personal forense llegaron a la escena para levantar evidencias, inspeccionar la vivienda y recolectar indicios con los que buscan establecer la dinámica del crimen y las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron más detalles porque las diligencias siguen en desarrollo y forman parte de un proceso reservado mientras avanzan las pericias científicas y las entrevistas a personas cercanas a la víctima.

Entorno de la víctima

La muerte de Elvia Mercedes Gómez generó consternación entre familiares, amistades y compañeros del sector salud, que expresaron indignación y dolor por la forma en que murió la profesional.

En distintos espacios, allegados pidieron que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Mensajes de duelo y solidaridad también circularon en redes sociales, donde conocidos de la víctima la recuerdan como una profesional comprometida con su labor en el área de enfermería.

Las cifras de violencia

El caso se suma a un panorama de violencia de género. Según registros de organizaciones de monitoreo de violencia, en lo que va de 2026 al menos 112 mujeres murieron de forma violenta en Honduras.

Distintos sectores sociales advirtieron sobre la persistencia de patrones de violencia que afectan principalmente a mujeres en contextos domésticos y comunitarios, así como sobre la respuesta limitada en prevención y justicia.

Exigen protección

Organizaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres reaccionaron al nuevo caso y señalaron que la situación refleja una crisis sostenida de violencia de género en el país.

Los colectivos consultados reiteraron que los feminicidios continúan ocurriendo en un contexto marcado por la impunidad, la debilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos de protección para mujeres en riesgo.

También insistieron en que no basta con la reacción posterior a los hechos violentos, sino que es necesario fortalecer las políticas de prevención, la educación en igualdad de género y la respuesta inmediata de las autoridades de seguridad y justicia.

Advirtieron además que muchos de estos casos comienzan con señales previas de violencia en el entorno familiar o de pareja, por lo que consideran urgente mejorar los sistemas de alerta temprana y atención a víctimas.

Las organizaciones también reclamaron que las investigaciones se desarrollen con enfoque de género, para garantizar que los procesos judiciales no revictimicen a las familias y que los responsables enfrenten consecuencias legales efectivas.

Investigación abierta

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación en torno al caso. Entre ellas, analizan la posible participación de personas cercanas a la víctima, incluida su pareja sentimental, señalada preliminarmente como principal sospechoso.

Fuentes policiales indicaron que el análisis forense será determinante para confirmar la causa de muerte y establecer si existió participación directa de terceros.

Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo investigación y en reserva, a la espera de resultados técnicos y testimoniales que permitan sustentar una eventual acusación formal.

La polémica se desató luego de que Bullrich tomara la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendiera las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”.

“Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.

La funcionaria reconoció que el problema persiste, aunque destacó la reducción que, según indicó, reflejan los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.

Bullrich vinculó esa disminución con una política de endurecimiento de las penas y de fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.

En la misma intervención, reivindicó iniciativas como la ley antimafia y las reformas penales impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.

Bullrich también cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.

Tras su exposición, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le dio la palabra a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.

“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.

La legisladora consideró además que la intervención de la ministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.

Mientras hablaba, Di Tullio respondió a una interrupción proveniente de su banca vecina. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”, lanzó.

A continuación, destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.

La senadora también cuestionó la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.

En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.

Di Tullio también puso el foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, afirmó.

La Justicia de Oregón formuló un quinto cargo de asesinato en segundo grado contra Jesse Calhoun, quien ya enfrentaba imputaciones previas por el homicidio de cuatro mujeres en el noroeste del estado y en el sudoeste de Washington.

La acusación más reciente se vincula con el hallazgo del cuerpo de Ashley Real, de 22 años, localizado en mayo de 2023 en un estanque cercano a Portland, según información de NBC News. El caso generó inquietud en la región ante la posibilidad de que existiera un patrón de homicidios de mujeres jóvenes.

Cronología de los hallazgos y cargos

De acuerdo con NBC News, los restos de Ashley Real se encontraron junto a los de otras cuatro víctimas: Kristin Smith, de 22 años; Charity Perry, de 24; Bridget Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32.

Cuatro de los cuerpos aparecieron en áreas boscosas, una alcantarilla y otros puntos del noroeste de Oregón, mientras que el de Speaks fue hallado cerca de un granero abandonado en el sudoeste de Washington.

Las ubicaciones conforman un radio aproximado de 160 kilómetros (100 millas), según lo detallado por el medio estadounidense.

El proceso judicial se reforzó con la imputación más reciente luego de que un gran jurado formalizara la acusación por la muerte de Real.

En la audiencia celebrada en Portland, el abogado defensor de Calhoun ingresó una declaración de no culpabilidad, mientras el acusado permaneció en silencio.

La Fiscalía aspira a consolidar todos los cargos en un solo juicio y la defensa solicitó reprogramar la fecha prevista, según NBC News.

Impacto en las familias y antecedentes del caso

Familiares de las víctimas asistieron a la audiencia. José Real, padre de Ashley, se mostró visiblemente afectado al hablar con la prensa. “Nunca pensé ni imaginé que mi familia viviría algo así. Tenía un corazón de oro”, expresó a través de un intérprete, en declaraciones recogidas por NBC News.

Masciell Real, hermana de la joven, manifestó que ver al acusado tras las rejas le dio alivio, aunque la ausencia de su hermana permanece. “Eso tampoco cambia el hecho de que mi hermana ya no está aquí”, sostuvo.

En una denuncia previa, José Real relató a The Associated Press que en noviembre de 2022 su hija acudió a su casa llorando y con marcas en el cuello, acusando a Calhoun de estrangulamiento.

El caso fue transferido a otra jurisdicción, lo que complicó el seguimiento, según la reconstrucción de The Oregonian/OregonLive. El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación sobre la posible existencia de un asesino serial en la zona. // El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación y colocó a Jesse Calhoun como un posible asesino serial de la zona.

Trayectoria judicial y situación actual de Calhoun

Jesse Calhoun permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah. El acusado fue arrestado en junio de 2023 por órdenes de captura no relacionadas con los homicidios y más tarde imputado formalmente por las muertes de las otras cuatro mujeres en 2024 y 2025.

La primera acusación formal ocurrió poco antes de que pudiera salir en libertad, tras cumplir casi la totalidad de una condena por agresión a un agente policial, intento de estrangulamiento de un perro policía, robo y otros delitos.

Según NBC News, Calhoun había sido excarcelado en 2021, un año antes de lo previsto, por colaborar en el combate de incendios forestales en 2020 dentro de un programa penitenciario.

La entonces gobernadora Tina Kotek revocó esa conmutación en 2023, luego de que la policía lo investigara por los homicidios. Hasta el momento, no se fijó una nueva fecha para el inicio del juicio.

El caso Agostina debería obligarnos a hacer algo que como sociedad solemos evitar: detenernos a reflexionar. No sobre un expediente en particular, ni sobre una persona determinada, sino sobre qué clase de sistema queremos construir y cuál es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno para hacerlo posible.

Durante años, movimientos como Ni Una Menos y expresiones como “Hermana, yo te creo” surgieron para enfrentar una realidad que durante décadas fue ignorada: mujeres que sufrían violencia, abusos sexuales o situaciones de sometimiento y que encontraban enormes obstáculos para denunciar, ser escuchadas y obtener una respuesta estatal adecuada. Esas consignas permitieron visibilizar problemas estructurales y generaron avances que sería injusto desconocer.

El caso Agostina interpela especialmente porque expone una cadena de responsabilidades que trasciende a una persona o a un expediente. Detrás de cada hecho de violencia extrema suele haber señales previas, antecedentes, intervenciones estatales insuficientes o decisiones que, vistas en retrospectiva, aparecen como oportunidades perdidas. Y cuando una tragedia ocurre, la reacción habitual consiste en buscar un único responsable. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja.

Lo que este caso parece mostrar es que el desafío no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se consumó, sino en desarrollar instituciones capaces de detectar los riesgos antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando el Estado, la Justicia, los organismos de protección o el entorno social fallan en identificar situaciones verdaderamente peligrosas, las consecuencias pueden ser irreversibles.

Precisamente por eso resulta indispensable que el sistema conserve su capacidad de distinguir, investigar y priorizar adecuadamente. Cada recurso humano, económico e institucional destinado a intervenir en conflictos que no son reales es un recurso que deja de estar disponible para proteger a quienes efectivamente se encuentran en riesgo. Y cuando eso ocurre, las principales perjudicadas vuelven a ser las verdaderas víctimas de violencia de género.

El feminismo nunca tuvo como objetivo reemplazar la búsqueda de la verdad por consignas. Por el contrario, nació para visibilizar verdades que durante demasiado tiempo fueron ignoradas. Por eso, defender la importancia de las denuncias verdaderas, exigir investigaciones rigurosas y reclamar respuestas estatales eficaces no constituye una renuncia a las conquistas alcanzadas; constituye la mejor manera de preservarlas.

La consolidación de esos avances exige una reflexión adicional. Si verdaderamente queremos que las víctimas sean escuchadas y protegidas, debemos trabajar para que la confianza social en el sistema de denuncias sea cada vez mayor. Y para que esa confianza exista, el objetivo debe ser que las denuncias que llegan a la justicia sean ciertas y puedan ser acreditadas mediante investigaciones serias, rigurosas y responsables.

Por eso, el debate sobre las denuncias falsas no debería ser utilizado para desacreditar a las mujeres ni para relativizar la violencia de género. Tampoco debería ser apropiado por quienes pretenden instalar la idea de que las víctimas mienten sistemáticamente. El verdadero problema es otro: cada denuncia falsa, cada utilización indebida del sistema penal, cada acusación impulsada con finalidades ajenas a la búsqueda de justicia, erosiona la confianza pública y termina perjudicando precisamente a quienes más necesitan ser escuchadas.

La discusión no debería plantearse como una elección entre “Hermana, yo te creo”, “Ni Una Menos” y “No más falsas denuncias”. Por el contrario. Una sociedad madura debería aspirar a que esas tres ideas convivan, se complementen y se fortalezcan mutuamente.

Porque creer y escuchar a quien denuncia es indispensable para que las víctimas puedan hablar. Combatir las falsas denuncias es indispensable para preservar la credibilidad del sistema. Y sostener la lucha contra la violencia de género es indispensable para evitar que miles de mujeres continúen siendo víctimas de agresiones, abusos y femicidios.

Lejos de ser consignas incompatibles, deberían formar parte de una misma construcción colectiva. Cuanto más confiable sea el sistema, más protegidas estarán las víctimas reales. Y cuanto más protegidas estén las víctimas reales, más legitimidad tendrán las herramientas creadas para defenderlas.

También es necesario reconocer que, en algunos casos, las denuncias falsas o infundadas han generado un daño significativo. Aunque representan una minoría y no explican por sí solas los problemas actuales, no puede ignorarse que estas situaciones han contribuido a erosionar la confianza pública y, en cierta medida, han terminado perjudicando a las propias mujeres y a las víctimas reales. Cuando una denuncia se utiliza de manera indebida, el impacto trasciende el caso concreto: alimenta prejuicios, fortalece discursos que desacreditan a quienes sí sufrieron violencia y dificulta que otras personas sean escuchadas cuando necesitan acudir a la justicia.

Como abogada penalista, me ha ocurrido en más de una oportunidad que me ofrecieran dinero para impulsar querellas por supuestos abusos sexuales respecto de situaciones que no eran ciertas y que perseguían finalidades completamente ajenas a la búsqueda de justicia. Siempre me negué. No sólo por una cuestión ética o profesional, sino porque creo profundamente en las conquistas alcanzadas por el movimiento de mujeres. Y precisamente porque creo en ellas entiendo que deben ser protegidas de quienes intentan utilizarlas de manera oportunista.

El compromiso con las víctimas exige seriedad. Exige investigaciones responsables. Exige jueces imparciales, fiscales comprometidos, defensores preparados y políticas públicas eficaces. Pero también exige honestidad intelectual para reconocer errores cuando ocurren y corregir aquello que no funciona.

Pero sería un error pensar que la responsabilidad recae únicamente sobre quienes intervienen en una causa judicial. El problema es mucho más amplio. La responsabilidad también es del Estado cuando suscribe tratados internacionales de protección de derechos humanos y luego incumple las obligaciones asumidas. Es de los legisladores cuando producen normas simbólicas que generan titulares pero no soluciones reales. Es de los jueces cuando abandonan la imparcialidad. Es de los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas. Es de las fuerzas de seguridad. Es de los medios de comunicación. Y también es de quienes educan.

Las transformaciones profundas no nacen en los tribunales. Comienzan en las aulas, en las familias, en los espacios de trabajo y en la forma en que enseñamos a convivir con el otro. La prevención siempre será más eficaz que cualquier condena.

Quizás la principal enseñanza que deja el caso Agostina sea precisamente esa: que la lucha contra la violencia de género, la necesidad de escuchar a las víctimas y la obligación de evitar las denuncias falsas no son objetivos enfrentados. Son partes de una misma tarea.

Una tarea que busca construir un sistema más creíble, más justo y más humano. Un sistema que pueda detectar a tiempo a quienes representan un peligro real. Un sistema que proteja a las víctimas antes de que sea tarde. Un sistema que investigue con seriedad, que actúe con responsabilidad y que no pierda nunca de vista la búsqueda de la verdad.

Porque cuando la verdad importa, ganan las víctimas reales. Y cuando ganan las víctimas reales, gana toda la sociedad.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, pericias y nuevas medidas judiciales mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente de 14 años salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por el crimen, aunque los investigadores no descartan la posible participación de otras personas.

En las últimas horas, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de Agostina, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos que buscan aportar detalles sobre las horas clave del caso. La autopsia determinó que la adolescente murió por asfixia mecánica y los peritajes continúan para establecer todas las circunstancias del hecho y el recorrido posterior del imputado.

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La causa permanecerá bajo secreto de sumario por 10 días

La Fiscalía de Instrucción 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba informó esta noche que, en la causa en la que se investiga el femicidio de la menor Agostina Vega, se dispuso decretar el secreto de sumario por el término de 10 días a partir de éste 3 de junio de 2026.

La novedad fue dada a conocer por el Ministerio Público de Córdoba que, según explicó, se decidió en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso.

Asimismo informó que la fiscalía requirió la acumulación de la causa por “Privación Ilegítima de la Libertad” contra el imputado Claudio Barrelier del año 2025.

Se leyó un documento por Agostina Vega durante la marcha

Los abuelos y un tío de Agostina Vega participaron este miércoles de la movilización por Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba. Durante el acto central se leyó un documento en el que organizaciones feministas reclamaron justicia por la adolescente asesinada y apuntaron contra las autoridades provinciales.

“Basta de femicidios y crímenes de odio. Ni una menos. El Estado es responsable”, expresaron. Durante la lectura también se escucharon reclamos por la salida del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y del fiscal Raúl Garzón.

“Fuera Quinteros, fuera Quinteros”, coreó parte de la multitud mientras se desarrollaba el acto.

En el documento, las organizaciones señalaron: “En este nuevo 3 de junio nos encontramos todas en las calles con la misma fuerza con la que salimos el 8 de marzo y durante todos estos años. Hoy volvemos a decir que no estamos todas. Nos falta Agostina Vega y abrazamos a su familia en este duro momento”.

El texto también incluyó cuestionamientos a la actuación de las autoridades. “Denunciamos la responsabilidad de la Justicia, los gobiernos y el Estado. Exigimos la destitución del fiscal Garzón y del ministro Quinteros por no activar los protocolos de seguridad y porque revictimizan a la víctima, a su madre y a toda su familia”, afirmaron.

Finalizaron los allanamientos en la casa de Barrelier: se llevaron un colchón y bolsas

En el operativo se rompieron pisos, se removió tierra y se hicieron nuevas pruebas con luminol.

Según supo Infobae, de fuentes de la investigación, se realizaron pruebas acústicas y edilicias para establecer si se podía escuchar desde los otros sectores de la casa.

“Vine a marchar por la memoria de Agostina”

En medio de la marcha de Ni Una Menos que se realizó este miércoles en la ciudad de Córdoba, una de las imágenes más significativas fue la presencia de Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada presuntamente por Claudio Barrelier.

A pocas horas del velorio de su nieta, Heredia decidió sumarse a la movilización acompañado por familiares y allegados. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

La jornada tuvo para él un componente especialmente doloroso. Mientras miles de personas marchaban por las calles del centro cordobés para reclamar el fin de la violencia de género, el abuelo de Agostina se preparaba para despedir a la adolescente. “Tuve un día largo y voy a tener un día bastante largo. De acá me voy al velorio de mi nieta”, señaló.

Durante la movilización, agradeció el acompañamiento recibido desde que se conoció el crimen y aseguró que seguirá participando de las convocatorias. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, sostuvo.

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien permanece internada desde el hallazgo del cuerpo. Según explicó, la mujer continúa atravesando un cuadro de fuerte afectación emocional, aunque tiene previsto participar de algunos momentos del velorio y del sepelio.

Antes de retirarse, dejó un mensaje que resumió el reclamo de la familia. “A marchar por la memoria de Agostina”, afirmó. Y agregó: “No me van a quebrar. Hasta el último momento. Que caiga el último hijo de puta, vamos a dar batalla”.

Trasladan los restos de la adolescente para el velorio

Los restos de Agostina Vega ya comenzaron a ser trasladados hacia una sala velatoria de Córdoba. Así lo confirmó el abogado querellante Carlos Nayi en diálogo con Cadena 3. La familia solicitó preservar la intimidad durante la despedida y el sepelio.

En esa entrevista, Nayi indicó que la madre de la adolescente, Melisa Heredia, evalúa asistir al velorio y luego regresar al centro de salud donde permanece internada días antes de que le comunicaron el hallazgo del cuerpo de su hija.

El abogado confirmó además que fue el fiscal interviniente quien dispuso la entrega de los restos a los familiares. “Acaban de disponer la entrega del cuerpo para que puedan darle sepultura cristiana y llevar adelante el velatorio”, señaló.

Nayi explicó que la familia pidió absoluta reserva durante la despedida. “Es un momento muy difícil y muy doloroso. Han solicitado que no haya prensa ni público”, agregó.

Más procedimientos: allanaron el domicilio donde se lavó el Ford Ka negro

Por disposición de la Justicia, un equipo de peritos científicos también allanaron el domicilio donde funciona el lavadero al que Barrelier llevó el Ford Ka negro en el que trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado de Ampliación Ferreyra. El establecimiento se encuentra a pocas cuadras de la casa del femicida.

Por el momento, se desconoce si la medida responde a un pedido específico de la querella o si forma parte de nuevas líneas de investigación impulsadas por la fiscalía. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el alcance de los procedimientos.

En diálogo con TN, José y Gabriel, los hermanos que están a cargo del lavadero, explicaron que los peritos secuestraron elementos utilizados habitualmente para la limpieza de vehículos. “Lo único que vinieron a buscar fueron los elementos con los que lavamos el auto. Se llevaron dos esponjas y una toalla”, señalaron.

Según relataron, el Ford Ka negro llegó al local el martes 26 de mayo cerca de las 18. “Se acercó Lautaro, el hijo de Soledad, como cualquier otro día. Nos dejó el auto y nos preguntó cuánto tardábamos. Le dijimos que una hora”, contaron. Los trabajadores aseguraron que realizaron únicamente una limpieza exterior. “No hicimos el interior porque no tenemos productos ni herramientas para lavar y limpiar adentro. Lo abrimos para ver si estaba sucio, pero como lo vimos limpio no hicimos nada”, explicaron.

Allanan otra vez la casa de Barrelier

Personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Científica de Córdoba, por orden del fiscal Raúl Garzón, allanó nuevamente la casa de Claudio Barrelier, el único acusado del femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Se trata de la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, lugar en el que estuvo la menor antes de ser asesinada. El operativo comenzó poco después de las 13 horas. El procedimiento tendría relación con la prueba que presentó esta mañana el abogado de la madre de la nena, Carlos Nayi, que en principio apuntaría a la presunta presencia de dos personas dentro de la casa al momento del hecho.

De acuerdo con lo que trascendió, los agentes buscan manchas hemáticas que hayan sido lavadas, entre otros peritajes.

Debido a los operativos que se llevan adelante en la casa desde la semana pasada, el tránsito fue cortado completamente.

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El tío de Agostina dio detalles del velorio y reclamó que entregarán el cuerpo a la hora de la marcha

Franco, el tío de Agostina Vega, contó que los restos de la menor van a ser despedidos de manera privada y aseguró que Melisa, su madre, va a estar presente acompañada por médicos.

No obstante, se quejó por la decisión de las autoridades: “Nos van a entregar a Agostina a la misma hora de marcha (de Ni Una Menos) para que nosotros no estemos presentes en marcha. Es apropósito”.

Y agregó: “Es todo un circo que están armando. Si la gente no nos ve es porque están haciendo lo imposible para que nosotros no estemos en la marcha.Nosotros queríamos estar, pero, bueno”

El recuerdo de un profesor de Agostina: “Era una piba muy cuidada”

El profesor de Historia de la Escuela N°169 y docente de Agostina, Diego Cortés, recordó a la menor, en una entrevista a C5N: “Agostina era una piba de promedio, muy vivaz y muy lúcida, con unos ojos brillantes, inquieta, que tenía una maduración por encima del promedio, pero sin calle. Era una piba muy cuidada, de hecho la madre le restringía el uso del celular, cosa que también hacemos en la escuela”.

Luego del femicidio, Cortés señaló que las chicas de su curso plantearon que sus padres “les habían restrigido comprar el pan por lo que pusieron en redes y en los noticieros”. Y que la escuela ahora tiene el rol de atender esa problemática y de “plantear la igualdad entre el hombre y la mujer dentro del territorio”.

Por último, el docente criticó a los medios de comunicación: “Hay un tratamiento inapropiado cuando se informa acerca de los menores. Se habló más de Agostina, su madre o las mujeres que de los varones. Casi que el rol de los varones quedó como una cuestión marginal, mientras las mujeres cargan con toda la responsabilidad. Como educador nos dejauna serie de preguntas, de responsabilidades y reforzar un trabajo que hacemos desde la escuela”.

El abuelo de Agostina reveló que la madre de la adolescente sigue internada: “El tema complicado es el psicológico”

Miguel Vega, abuelo de Agostina, contó este miércoles que Melisa, la madre de la adolescente asesinada, continúa internada mientras atraviesa las consecuencias emocionales provocadas por el crimen de su hija. Al ser consultado sobre su estado de salud, explicó que la situación más delicada no pasa por lo físico sino por el impacto psicológico de lo ocurrido.

“El tema de Melisa está un poquito complicado”, señaló en una entrevista televisiva. Ante una repregunta, confirmó que sigue hospitalizada y precisó: “Clínicamente está bien, pero el tema complicado es el psicológico”. La familia permanece acompañándola mientras avanza la investigación por el femicidio.

Garzón defendió la investigación y negó que Barrelier haya recibido protección: “La busqué como a una hija”

El fiscal Raúl Garzón salió este miércoles a responder las críticas que recibió la investigación por el femicidio de Agostina Vega y rechazó las acusaciones sobre una supuesta demora en el avance de la causa contra Claudio Barrelier. “A mí no me dijeron ‘Investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘Busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, sostuvo durante una entrevista con Cadena 3.

En ese sentido, explicó que las primeras actuaciones estuvieron enfocadas en localizar a la adolescente y afirmó que las sospechas sobre Barrelier surgieron a medida que avanzó la investigación. “A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, señaló. Además, negó cualquier tipo de favoritismo hacia el acusado. “De ninguna manera tuvo protección Barrelier. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”, aseguró.

Garzón también se refirió a los cuestionamientos sobre su actuación y a los pedidos de jury impulsados desde distintos sectores. “Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”, afirmó.

Durante la entrevista, el fiscal definió el expediente como “el caso más cruel” que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reveló el impacto personal que le produjo. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, expresó. Además, dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en la causa. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la difusión anticipada de información sensible sobre la investigación y lamentó que algunas novedades llegaran a la familia por los medios de comunicación. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.

El gobernador cordobés Llaryora garantizó recursos para el esclarecimiento del caso

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, garantizó recursos para la investigación sobre el femicidio de Agostina Vega: “Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”.

La afirmación ocurrió durante el acto por el Día del Bombero Voluntario y agregó: “Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”.

Por último, el gobernador concluyó: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

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Las manifestantes comenzaron la desconcentración

Los carteles de esta marcha dicen los nombres de Agostina y Dulce, pero también los de otras víctimas de femicidio asesinadas durante los últimos años en la Argentina. Son algunas de las más de 3.000 mujeres que fueron víctimas de la forma más extrema de la violencia de género desde 2015 a esta parte.

También mencionan el hartazgo, el cansancio, el miedo en la calle, la disponibilidad de miles de mujeres para seguir pasándose los pueblos que hagan falta hasta que la violencia contra ellas deje de ser sistemática.

Un grupo de ocho amigas se disuelve en la esquina de Paraná y Bartolomé Mitre. Cada una va a su colectivo, a su estación de subte o a caminar algunas cuadras.

“Avisen cuando lleguen”, dice una. Esa línea, tan habitual para las mujeres, condensa los peligros latentes. Que estaban ahí en 2015, y que siguen acá.

Algunas columnas desconcentran, otras bailan

Tras el acto central con la lectura del mensaje, liderado por Thelma Fardín, Liliana Daunes y Cazzu, algunas manifestantes comenzaron a desconcentrarse.

Sin embargo, otra parte de la marcha se encuentra aún reunida en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Se armaron batucadas y bailes, entre algunos cánticos clásicos. El clima es tanto de hartazgo como de reunión.

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“Mis nietas me abrieron los ojos”

Graciela tiene 77 años y camina despacio por Rodríguez Peña. Vive en Villa Crespo y ya vino a varias marchas de las que cada 3 de Junio, desde 2015, exigen la erradicación de la violencia de género.

“A mí me costó mucho entender que vivimos en una sociedad machista. Mi mamá crió cuatro hijos y nunca salió a trabajar. Yo crié tres y nunca salí a trabajar. Mis nietas me hicieron ver que esa crianza fue trabajo, y todas las violencias que padecemos las mujeres. Ellas me abrieron los ojos. ¿Pero qué mujer no sufrió esa violencia? ¿A qué mujer no la hicieron atravesar una o muchas veces algo que no quería vivir? Desde un momento horrible en la calle hasta una violación, estamos rodeadas”, reflexiona Graciela.

Sus nietas, las que le hicieron ver el mundo de siempre con ojos nuevos, le caminan cerca y le abren paso entre la multitud.

Las marchas de Ni Una Menos en el resto del país

La ciudad de Córdoba fue uno de los sitios de mayor concentración para la marcha. El motivo fue el reciente caso de Agostina Vega. La familia materna de la adolescente de 14 años estuvo presente.

Desde horas tempranas, diversos puntos de la ciudad comenzaron a recibir personas que se congregaban anticipando la convocatoria. Si bien el encuentro principal en Colón y Cañada tenía como horario las 17, ya para las 16 se observaban decenas de asistentes con banderas, carteles y pancartas, indicó Cadena 3.

La primera columna, compuesta por agrupaciones reunidas bajo el nombre Alerta Feminista, avanzará por avenida Colón, continuará por General Paz y luego seguirá por Vélez Sarsfield hasta alcanzar el Patio Olmos, escenario elegido para el acto central y la lectura del documento acordado.

En Rosario, la convocatoria se realizó para las 15:30 en la plaza 25 de Mayo. A la media hora, según indicó Rosario 3, las manifestantes comenzaron a marchar hacia la Plaza San Martín. En este destino final, se reunió una gran cantidad de mujeres con carteles y banderas.

En Mar del Plata, la movilización se realizó en el centro. Comenzó alrededor de las 17:30, con punto de reunión en el Monumento a San Martín. “¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “Somos el grito de las que faltan” y “Que ser mujer no nos cueste la vida”, se lee en algunos carteles, según Mi 8.

En Neuquén, la movilización comenzó 17:30, desde el Monumento al General San Martín, donde incluso acudieron agrupaciones de localidades vecinas, según Diario Río Negro.

Desde el colegio hasta el Congreso por la marcha de Ni Una Menos

Manuela y Emma son las que más agitan la ronda de amigas. Vinieron desde la escuela de Barracas en la que se conocieron, y ellas deciden cuál es la próxima canción a gritar sobre Hipólito Yrigoyen.

“Es el tercer año que venimos juntas. Para defender nuestros derechos, para que no maten más pibas y porque no queremos salir con miedo a la calle ni vivir con miedo”, dice Emma.

En algún lado de la Plaza de los Dos Congresos, la mamá de Emma marcha con sus compañeras de trabajo. “Mi abuela y mi tía abuela también están. Esta lucha es de todas las mujeres porque todas las mujeres sufrimos violencia machista”, sostiene.

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La familia de Agostina Vega marchó en Córdoba

En medio de la movilización de Ni Una Menos en Córdoba, la familia materna de Agostina Vega marchó y habló con la prensa, a días del caso que motivó la convocatoria feminista nacional.

“A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraron ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días, nos sigue torturando. A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también”, dijo Elizabeth, la abuela de Agostina.

“Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente”, agregó.

“Nosotros aportamos la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito que yo encontré esta mañana. Ella contaba todo lo que ella venía viviendo”, cerró.

A pocas horas del velorio de su nieta, el abuelo de Agostina Miguel Heredia decidió sumarse a la movilización acompañado por familiares y allegados. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

La jornada tuvo para él un componente especialmente doloroso. Mientras miles de personas marchaban por las calles del centro cordobés para reclamar el fin de la violencia de género, el abuelo de Agostina se preparaba para despedir a la adolescente. “Tuve un día largo y voy a tener un día bastante largo. De acá me voy al velorio de mi nieta”, señaló.

Durante la movilización, agradeció el acompañamiento recibido desde que se conoció el crimen y aseguró que seguirá participando de las convocatorias. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, sostuvo.

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien permanece internada desde el hallazgo del cuerpo. Según explicó, la mujer continúa atravesando un cuadro de fuerte afectación emocional, aunque tiene previsto participar de algunos momentos del velorio y del sepelio.

Antes de retirarse, dejó un mensaje que resumió el reclamo de la familia. “A marchar por la memoria de Agostina”, afirmó. Y agregó: “No me van a quebrar. Hasta el último momento. Que caiga el último hijo de puta, vamos a dar batalla”.

Las voces de las adolescentes

Un grupo de alumnas de 15 a 17 años, del colegio de danzas Aida V. Mastrazzi, hablaron sobre el caso de Agostina Vega y cómo viven ellas los casos de violencia de género a su edad.

“Era una chica que estaba en primer año o segundo, tenía toda una vida por delante”, dijeron en diálogo con un móvil de TN, respecto al femicidio ocurrido en Córdoba.

“A nosotros nos toca mucho porque la escuela es de danza, que se cree que es para chicas, entonces mayormente somos chicas. Un día volves y no sabes si tu compañera no va a aparecer”, agregó, y cerró: “Le puede tocar a una familiar, a una amiga o a vos”.

Una de las familias del triple femicidio de Varela en la marcha

Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron asesinadas, en un contexto de violencia de género, en septiembre del 2025.

Fueron llevadas bajo engaño a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Siguen llegando manifestantes a la zona de Congreso

Desde las 16:30 en adelante creció de forma exponencial la convocatoria de la marcha. En la última hora, muchas manifestantes se acercaron a las inmediaciones del Congreso de la Nación con sus carteles, banderas y pañuelos, en pedido de justicia por los casos de femicidios en el país.

Se retrasó para las 18:30 el acto central

En un principio se había pactado un acto central para las 17, pero finalmente se retrasó una hora y media, por lo que se realizará alrededor de las 18:30. Se leerá un documento.

Lola, de 6 años, decidió marchar al enterarse del caso de Agostina

Stefany vino a la marcha con su hija Lola, de 6 años. Durante todo el fin de semana, conversaron sobre el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Lola le fue preguntando a su mamá: “Yo estuve en el dilema entre contarle o no contarle, porque íbamos escuchando las noticias. Y decidí contarle, adaptado a su edad, qué es un femicidio porque finalmente es el mundo al que estamos expuestas las mujeres”, dice Stefany.

Lola quiso hacer su cartel y, cuando supo qué edad tenía Agostina, le dijo a su mamá: “Pero es una nena”.

La marcha de Ni Una Menos en la Ciudad de Buenos Aires atrae a mujeres de todo el país. También se movilizan agrupaciones y organizaciones políticas. Sobre Rivadavia se concentran las de izquierda y sobre Hipólito Yrigoyen, las peronistas.

Al ser miércoles, hay organizaciones de jubilados, que marchan todos los miércoles y en esta ocasión decidieron sumarse a la movilización. También se sumaron centros de estudiantes.

Así está el Congreso a una hora del acto central

Si bien el acto central está pactado para las 17, las primeras personas comenzaron a llegar alrededor de las 15 y, una hora después, ya se puede notar gran cantidad de concurrencia.

En las inmediaciones de la zona de Congreso se puede ver a varios familiares de víctimas, que reclaman justicia y recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

Hay venta de pañuelos y banderas durante la movilización

Los pañuelos se pueden comprar por un precio de $4000. El que más se vendió hasta el momento es el violeta, que es de Ni Una Menos, incluso por sobre el verde que se utiliza en visibilización por el aborto seguro, legal y gratuito. Igualmente, este último lo llevan varias manifestantes.

La bandera, por su parte, con el #NiUnaMenos y un diseño clásico de una mujer que se tapa la cara con una mano, cuesta $8000.

Pusieron custodia policial en la Casa de Córdoba

La Casa de Córdoba, ubicada en Callao al 300 se encuentra vallada y con custodia de la Policía de la Ciudad durante la movilización feminista.

El motivo está relacionado con el femicidio de Agostina Vega, ocurrido días atrás en la ciudad de Córdoba y que motivó las movilizaciones en todo el país.

Las primeras columnas comienzan a llegar a la zona

Si bien la marcha está prevista para que comience alrededor de las 17, a partir de las 15 comenzaron a llegar las primeras columnas a la zona de Congreso, donde se realiza la movilización.

Además, hay banderas instaladas en las rejas y muchas mujeres con carteles que recuerdan a distintas víctimas de femicidios, además de Agostina Vega, uno de los motivos de esta nueva convocatoria de Ni Una Menos.

Cortes y desvíos: así estará el tránsito durante la marcha

La movilización por el Ni Una Menos en la ciudad de Buenos Aires implicará cortes de calles, presencia policial reforzada y desvíos de tránsito en torno a la Plaza de Mayo, Congreso y zonas aledañas. Según la información difundida por el gobierno porteño, el despliegue contempla la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad en puntos neurálgicos. En la Plaza de Mayo, a la altura de la Pirámide, se encuentra instalada una mesa ecuménica, con fuerzas policiales apostadas en el lugar. En la intersección de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, sobre la vereda, se ubica la agrupación religiosa 12 Apóstoles, acompañada de personal de la PFA.

El esquema de vallado policial abarca las siguientes intersecciones: Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Solís, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, y Avenida Rivadavia y Avenida Callao.

En cuanto a los desvíos de tránsito, los cortes se aplican en Avenida Rivadavia y Solís, Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano, y Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia.

Las declaraciones, en la previa a la convocatoria

“Hace once años que salimos hartas y enbroncadas porque nos matan porque sigue habiendo un sistema que avala la violencia machista y patriarcal. Pero especialmente, bajo este gobierno, gobierna el odio y una política que nos sacó todas las políticas en relación a género”, determinó una de las manifestantes, en la previa a la convocatoria por Ni Una Menos.

También habló con Infobae la madre de Macarena Sánchez, una joven de 26 años que cursaba el séptimo mes de embarazo y fue asesinada el 12 de agosto de 2024 en la localidad de Wilde: “Estoy acá para pedir justicia por mi hija, la mató el padre de sus hijos y todavía estamos a la espera de un juicio. Queremos perpetua ya y que se haga justicia de una buena vez, por mi hija y por todas nuestras hijas muertas”.

Así está el Congreso ahora, en la previa a la marcha por Ni Una Menos

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/sociedad/2026/06/03/tenia-14-anos-su-novio-la-mato-y-la-enterro-en-su-casa-el-femicidio-que-sacudio-al-pais-y-encendio-el-grito-del-ni-una-menos/

El colectivo Ni Una Menos leyó este miércoles, ante la multitud reunida frente al Congreso de la Nación, un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género, a once años de la primera marcha originada por el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe.

El texto arranca con los tres femicidios que motivaron la convocatoria de este año. El más reciente, el de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, ocupa el centro de las demandas institucionales: el documento exige la renuncia del ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes responsabiliza de “la desidia organizada del poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”. A ese caso se suman el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero, en Temperley, provincia de Buenos Aires.

Sobre el caso Agostina, el escrito apunta directamente a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, a quien repudia por haber calificado ese crimen como “homicidio” en lugar de nombrar la figura de Femicidio, prevista en el Código Penal. Según el documento, esa decisión “no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad”.

El texto también reclama justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas, y exige una condena para Justo Fernando Barrientos con reconocimiento expreso del crimen como lesbicidio. Pide justicia y reparación para Sofía Castro Riglos, única sobreviviente de ese ataque. Además, reclama justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano, y condena efectiva a su agresor. Pide la búsqueda activa de Camila Maidana, de Comodoro Rivadavia (Chubut), y de Delicia Mamani, desaparecida en Córdoba desde hace seis meses, oriunda de Jujuy. El escrito también menciona a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y reclama justicia por Sofi Fernández y por Valeria Micaela Benítez.

Uno de los párrafos más contundentes del documento presenta la cifra acumulada desde la primera marcha: entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género, distribuidas en 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. “No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista”, afirma el texto.

Frente a esos datos, el documento denuncia que el gobierno de Javier Milei eliminó las políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género, y que la mayoría de los gobiernos provinciales retiraron o vaciaron sus propias políticas en la materia.

El escrito también denuncia la complicidad del Poder Judicial con las violencias de género, por la falta de respuestas, la revictimización y la demora en las investigaciones.

Otro bloque del texto se enfoca en la comunidad travesti y trans. El colectivo insiste en nombrar los travesticidios y transhomicidios, y reclama protocolos específicos para las desapariciones de personas trans y travestis, una demanda que el movimiento retoma desde el caso de Tehuel de la Torre. El documento pregunta: “¿Dónde está Tehuel?”. Reivindica la memoria de referentas como Diana Sacayán, Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco y Zoe López García.

El texto también se pronuncia contra el proyecto de la senadora Carolina Losada sobre las llamadas “falsas denuncias”, al que describe como un intento de “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”. Denuncia la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido por disposición del Poder Judicial de La Rioja, y la vinculación forzada con personas denunciadas por abuso sexual. Exige su restitución a su madre, y también la del niño M a su madre, Alexandra Sabio, de Neuquén, víctima de violencia vicaria según el documento.

En materia de derechos reproductivos, el escrito exige la plena implementación de la Ley de Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, el acceso a misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, y el fin de las barreras que limitan la autonomía de las mujeres. “Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal”, señala el texto. Rechaza también el intento de eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), y cita a las docentes de Vega: “la ESI salva vidas”.

El documento denuncia la deuda alimentaria de progenitores, que según el texto alcanza a 7 de cada 10 hogares monomarentales, y señala que las trabajadoras comunitarias de los barrios populares sostienen una triple jornada de trabajo —en el hogar, en el mercado laboral y en la comunidad— que llega a casi 14 horas diarias.

Frente a eso, el cierre del texto alerta sobre las amenazas de cierre del Programa Volver al Trabajo, que otorga 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 familias en todo el país.

En medio de una nueva multitudinaria movilización por el movimiento Ni Una Menos, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la marcha, habló de “partido feminista” y apuntó: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Además, por primera vez se refirió al caso Agostina y defendió las acciones que se llevaron a cabo para detener a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la nena de 14 años.

En sus redes sociales, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación realizó una extensa publicación en la que defendió la gestión del Poder Ejecutivo y apuntó, indirectamente, contra la oposición. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, afirmó en el inicio.

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, continuó en el posteo.

Y sumó: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

“Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, enfatizó en otra parte del mensaje.

En tanto, se refirió al caso de la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba y estuvo casi una semana desaparecida. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, completó la exministra de Seguridad.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta de X y citó con una de las frases típicas en sus publicaciones: “MASTERCLASS”.

El mensaje de Bullrich llegó en un momento de tensión con la plana mayor del Gobierno por las diferencias que marcó la propia senadora por el pliego de la jueza Michelli. Tras una cumbre con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la exministra publicó el comunicado.

Si bien en la previa de la manifestación desde el seno del Gobierno cuestionaron la “politización” de la movilización, lo cierto es que la brutalidad de los últimos casos de femicidios que se conocieron en los últimos días activó la presencia de más personas en el centro porteño.

En diálogo con Infobae, varias de las manifestantes que estaban en la zona del Congreso de la Nación afirmaron: “Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie”. Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

La movilización se realizó en la zona de Congreso y Plaza de Mayo, donde también se encuentran organizaciones políticas, de jubilados y hasta centros de estudiantes. También se replicó en todas las ciudades del interior del país, con especial foco en Córdoba donde los padres de Agostina Vega marcharon para pedir justicia.

La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

Infobae estuvo en la marcha y dialogó con algunas mujeres para consultarles lo que las motivó a acercarse al Congreso y unirse a la movilización.

“Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie”, expresó una de ellas a la cámara de este medio.

Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La cita se produce en un clima marcado por el impacto de los crímenes de Dulce María Beatriz Candia y Agostina Vega, este último ocurrió en la ciudad de Córdoba, días atrás. Si bien esto motivó este encuentro, muchas de las concurrentes insisten en la cantidad de casos de violencia que sufren.

“Vengo por todas. Por mí, por mi hija, por mi mamá, mis hermanas, por mis alumnas, para que podamos salir de casa sin tener miedo”, dijo otra mujer a Infobae.

“Vengo en nombre de todas las mujeres que fueron asesinadas, golpeadas, porque el machismo está en todos lados. Está en casa, está en el trabajo, está en el viaje común de día a día. Por eso vengo”, agregó otra.

La convocatoria se realizó para las 17, pero horas antes algunas mujeres ya se movilizaron y se comenzaron a reunir en las inmediaciones del Congreso. En ese momento de previa, también se obtuvieron algunos testimonios.

“Hace once años que salimos hartas y enbroncadas porque nos matan porque sigue habiendo un sistema que avala la violencia machista y patriarcal. Pero especialmente, bajo este gobierno, gobierna el odio y una política que nos sacó todas las políticas en relación a género”, determinó una de las manifestantes, en la previa a la convocatoria por Ni Una Menos.

También habló con Infobae la madre de Macarena Sánchez, una joven de 26 años que cursaba el séptimo mes de embarazo y fue asesinada el 12 de agosto de 2024 en la localidad de Wilde: “Estoy acá para pedir justicia por mi hija, la mató el padre de sus hijos y todavía estamos a la espera de un juicio. Queremos perpetua ya y que se haga justicia de una buena vez, por mi hija y por todas nuestras hijas muertas”.

Las agrupaciones de jubilados, que suelen manifestarse los miércoles, eligieron participar en esta ocasión junto a la movilización. Centros de estudiantes también se sumaron a la marcha. Sobre la avenida Rivadavia se agruparon organizaciones de izquierda, mientras que sobre Hipólito Yrigoyen lo hicieron las peronistas.

El femicidio de Agostina generó las movilizaciones en todo el país. Durante la protesta feminista en CABA, la sede de la Casa de Córdoba, ubicada en Callao al 300, permanece vallada y bajo vigilancia de la Policía de la Ciudad.

Los cortes de tránsito se establecen en Avenida Rivadavia y Solís, Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano, así como en Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia. El dispositivo de vallado policial comprende las intersecciones de Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Solís, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, además de Avenida Rivadavia y Avenida Callao.

Los femicidios de Agostina y Dulce María vuelven a exponer una realidad persistente: la violencia de género también atraviesa la infancia. Sin una figura autónoma de femicidio infantil y con registros insuficientes, muchas niñas desaparecen no solo de la vida, sino también de las estadísticas y de las políticas destinadas a protegerlas.

Durante años investigué la historia de Ana María Rivarola, una niña de ocho años agredida sexualmente y asesinada en las escaleras que conducen al campanario de la Iglesia San Marcelo, en Don Torcuato. Yo también tenía ocho años cuando ocurrió. Hasta entonces no sabía que las niñas podían morir, y mucho menos ser asesinadas.

En estos meses escribo sobre Candela Sol Rodriguez y sobre otras niñas, como Agostina y Dulce María que ocuparon los titulares en las últimas semanas. Todas fueron asesinadas y descartadas como quien se deshace de un estorbo, pero de forma cruenta, intolerable.

Quienes trabajamos desde hace décadas en prevención del maltrato y la violencia sexual contra la infancia sabemos que detrás de muchos de estos crímenes existe una historia previa de manipulación, amenazas, silencios. Situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes no son libres para contar, porque tienen miedo, porque no encuentran las palabras, porque están confundidos.

La investigación de numerosos casos de niñas y adolescentes asesinadas revela una constante: la presencia de violencia sexual previa o sospechas de violencia sexual asociadas al crimen. Ana María Rivarola, Candela Sol Rodríguez, Natalia Melmann, María Soledad Morales, Ángeles Rawson, Lola Chomnalez y muchas otras historias muestran que, con frecuencia, el femicidio aparece vinculado a una agresión sexual anterior o a un intento de garantizar el silencio y la impunidad de los agresores.

La violencia de género no comienza con la mayoria de edad, comienza en la infancia. Sin embargo, esta realidad sigue siendo difícil de dimensionar. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina informó, hace pocos días, que en 2025 el 6% de las víctimas directas fueron niñas y adolescentes menores de 17 años. Es un número que dice poco, sin contexto y sin registro de si existieron vulneraciones anteriores, y esta no es una omisión menor.

El femicidio infantil tampoco existe como figura penal autónoma en Argentina.No están tipifucados como delitos únicos. El artículo 80 inciso 11 del Código Penal tipifica el femicidio como el homicidio cometido contra una mujer mediando violencia de género. Las niñas no están nombradas de manera específica. Me parece que hace rato es necesario.

Muchos de estos casos quedan sujetos a la interpretación del magistrado interviniente, que puede aplicar o no una perspectiva de género y recurrir en cambio a otras figuras penales y agravantes. La discusión no pasa por reclamar penas más altas. En numerosos casos las condenas ya son las máximas previstas por la ley.

El problema es que las leyes no solamente castigan; también producen una narrativa y aportan visibilidad. Lo que la ley no nombra, los datos no lo miden, y lo que los datos no miden desaparece de las prioridades públicas, de la investigación y de las políticas destinadas a prevenir violencias.

Hace unos días escuché a Carola Labrador, la mamá de Candela Sol Rodríguez, decir: “Nosotras nos morimos cuando nos matan a nuestras hijas”, “Nosotras nos morimos el día que fuimos a reconocer el cuerpo”. También expresó su bronca porque nada cambió: ni la prensa, ni el periodismo, ni la Justicia, ni la policía en tantos años, dijo en un entrevista en Infobae.

Es cierto. La espectacularización del horror fue brutal estos dias. Se transformó el sufrimiento en consumo, multiplicando el daño y convirtiendo el dolor en un producto de circulación masiva.

Los feminicidios son crímenes sociales que expresan la ausencia de politicas de prevención de la violencia. El tratamiento irrespetuoso de los medios en búsqueda del impacto y de un fulgor pasajero, es una de esas ausencias y como secuela puede entumecer las conciencias de quienes lo consumen como una ficción. No lo son, son vidas truncadas para siempre, las de las victimas y sus deudos.

La ausencia de esas políticas de traduce también en la falta de Educación Sexual Integral, tan cuestionada por algunos sectores, pero que ha ayudado a muchos niños y niñas a poner en palabras lo que padecían. Sin embargo es insuficiente si no está acompñada de otras herramientas y mecanismos de protección.

No se les puede pedir a niñas, niños y adolescentes que se protegen solos de los adultos agresores. He acompañado a muchos niños que conocían perfectamente cuáles eran sus derechos y aun así fueron agredidos. Por supuesto que necesitamos la ESI pero acompañada de politicas de salvaguarda para todo el sistema de proteccion.

Una enfermera que detecte señales de negligencia. Un pediatra que reconozca indicadores de violencia sexual presenciales o digitales. Una docente que advierta cambios abruptos en la conducta de un alumno. Un club, una organización o una escuela capaces de actuar cuando algo no encaja, un psicólogo que no derive el tema que trae un paciente porque le resulta escabroso.

La prevención nunca depende de una sola persona, depende del estado y de una red de adultos dispuestos a intervenir antes de que sea demasiado tarde.

La violencia contra las niñas no se sostiene solamente por la acción de los agresores. Se sostiene también por las múltiples formas de desmentida que organizan la vida social: la desmentida familiar, la institucional, la judicial y la mediática. La de quienes prefieren creer que se trata de casos excepcionales antes que aceptar que la violencia forma parte de la experiencia cotidiana de demasiadas niñas y niños.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

De acuerdo con Bianco, la problemática de la violencia contra las mujeres continúa vigente. La referente cuestionó decisiones adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Según explicó, el cierre del Ministerio de las Mujeres y la transferencia de responsabilidades a las provincias afectaron las políticas destinadas a la protección de mujeres y niñas. “Cuando se denuncia o cuando hay una sospecha, se puede evitar llegar a esto”, afirmó la titular de FEIM.

“La política exterior feminista es un reflejo de la política interior. No solamente se acabó en el país la política exterior feminista, sino la interior”, afirmó. También indicó que los programas relacionados con mujeres y niñas perdieron apoyo institucional tras el cambio de gobierno.

En este sentido, la presidenta de FEIM señaló que la violencia de género continúa presente y expresó preocupación por la cantidad de casos registrados. “Esto es grave porque significa que esto es lo que vemos. Todos los otros casos que están por debajo y que no los vemos”, sostuvo.

Además, vinculó la situación actual con el aniversario de la movilización Ni Una Menos. “Tenemos que volver a la calle para exigir que el Gobierno nacional, que los gobiernos provinciales y que el gobierno municipal recuperen la actividad para defender los derechos de las mujeres”, afirmó.

El debate sobre las políticas públicas y los femicidios

Consultada sobre la postura del Gobierno nacional respecto de las estadísticas de femicidios, Bianco rechazó la idea de que las políticas implementadas en años anteriores no hayan tenido impacto.

“No porque haya un Ministerio de la Mujer y porque se empezaron actividades inmediatamente se debe bajar. Eso es lógico”, respondió. Sin embargo, consideró que actualmente existe un problema adicional vinculado con la falta de denuncias.

“Hay más casos, pero no se denuncian, porque ahora las mujeres tienen miedo, no se sienten acompañadas”, aseguró. También sostuvo que algunas víctimas encuentran obstáculos cuando buscan realizar denuncias.

Para Bianco, la disminución de herramientas institucionales afecta la confianza de las mujeres en los organismos estatales. “Las mujeres tienen miedo de denunciar, tienen terror y cuando denuncian no les atienden. Les posponen”, afirmó.

La dirigente sostuvo que las políticas de prevención requieren continuidad y que los resultados no aparecen de manera inmediata. Según indicó, la respuesta frente a la violencia de género necesita acciones sostenidas en el tiempo.

Responsabilidades de la Justicia y las fuerzas de seguridad

En estea misma línea, Bianco abordó el rol de la Justicia en casos de violencia de género. La presidenta de FEIM sostuvo que existen antecedentes que deberían generar mayores alertas dentro del sistema judicial.

“Esto se viene repitiendo. Esto nos está pasando muy a menudo”, afirmó al referirse a situaciones en las que acusados por hechos graves recuperaron la libertad antes de enfrentar nuevos delitos.

La referente consideró que parte de la Justicia aún presenta dificultades para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones. “La Justicia nuestra insiste en no reconocer, en no ubicarse en esto que es la violencia de género”, expresó.

Y cuestionó la actuación de organismos encargados de recibir denuncias. Según señaló, los protocolos deben aplicarse con rapidez cuando existe una sospecha sobre la desaparición de una persona. “Hay protocolos que tienen que existir, que se tienen que seguir, que estos casos se tienen que priorizar, porque horas pueden salvar una vida”, afirmó.

La discusión sobre la violencia de género

Al mismo tiempo, Bianco respondió a quienes sostienen que la violencia no tiene género. La presidenta de FEIM afirmó que existen investigaciones y evidencia que respaldan el concepto de violencia de género. “Hay evidencia científica de esto. Está estudiado en el mundo”, sostuvo. Según explicó, se trata de una forma específica de violencia que afecta a mujeres y niñas por su condición de género.

Bianco aclaró que también existen situaciones de violencia contra niños y varones, pero remarcó que los femicidios responden a dinámicas particulares que requieren análisis y respuestas específicas. “Esto es una condición de género que está estudiada, que está demostrada y que entonces se debe atender”, afirmó.

Además, mencionó la importancia de la educación sexual integral como herramienta preventiva. Según indicó, esos espacios permiten abordar temas vinculados con el consentimiento, el respeto y las relaciones interpersonales.

La figura del femicidio y los desafíos pendientes

Bianco también planteó que todavía existe resistencia para aplicar la figura de femicidio en algunas investigaciones judiciales. A su entender, esa situación se profundizó en el contexto político actual.

“Esa resistencia existe”, afirmó. Luego agregó que algunos sectores consideran que las muertes de mujeres deben investigarse únicamente como homicidios, sin contemplar el componente de género.

La presidenta de FEIM sostuvo que la capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad resulta clave para mejorar las respuestas institucionales. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la formación sobre violencia de género.

“Tenemos que reeducarnos. Entonces creo que es muy importante que esto se tome conciencia y se difunda”, señaló.

Al finalizar, Bianco pidió que la preocupación social por el caso de Agostina se traduzca en medidas concretas. “Hay que llorar, pero también hay que hacer. Porque si no vamos a seguir llorando nada más”, concluyó.

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En medio de la conmoción que despertaron los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Temperley (Buenos Aires), la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 casos en el país.

De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas. Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja, ex pareja o un familiar de la víctima.

La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país. Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida. Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.

El perfil de los femicidas

Según el informe de Mumalá, en la mayoría de los casos existía un vínculo previo. A la vez que reiteraron que el 60% era una pareja, ex pareja o un familiar de la víctima, destacaron que el 32% convivía con ellas al momento de cometerse el crimen.

Dentro de ese espectro, resaltaron que el 32% de los femicidas se dieron a la fuga tras haber consumado el crimen y que, de ese porcentaje, un 18% de los agresores todavía no logró ser localizado por las autoridades. Además, apuntaron que el 16% se suicidó y otro 9% intentó hacerlo, pero no tuvo éxito.

Al mismo tiempo que se dio a conocer que el 10% tenía antecedentes penales, subrayaron que el 6% pertenecía a una fuerza de seguridad. Asimismo, el 5% de los agresores asesinó a una tercera persona durante el femicidio.

En cuanto a la modalidad de los crímenes, el 32% de los femicidios se perpetró con arma de fuego, el 24% con arma blanca, el 13% mediante asfixia, el 11% por golpes y el 7% con otros métodos. El resto de los casos, es decir, el 13%, no especificó la modalidad.

Las provincias con las tasas de femicidios más altas

1. Chubut: 1,1%
2. Jujuy: 0,7%
3. Salta: 0,7%
4. Santiago del Estero: 0,6%
5. Catamarca: 0,6%
6. Neuquén: 0,6%
7. Río Negro: 0,6%
8. Chaco: 0,5%
9. Corrientes: 0,5%
10. Formosa: 0,5%
11. La Rioja: 0,5%
12. Santa Fe: 0,5%
13. Santa Cruz: 0,5%
14. Entre Ríos: 0,5%
15. Córdoba: 0,7%
16. San Juan: 0,3%
17. Mendoza: 0,4%
18. Misiones: 0,4%
19. Buenos Aires: 0,4%
20. Tucumán: 0,4%
21. San Luis: 0,4%
22. Tierra del Fuego: 0,7%
23. La Pampa: 0%

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos de prueba tras conocerse los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente hallado en Córdoba. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y detectó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas aclararon que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.

El caso conmociona a la provincia desde la desaparición de Agostina, quien fue vista por última vez cuando ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido en la causa. Mientras la fiscalía continúa reuniendo evidencia para reconstruir las circunstancias del crimen, familiares de la víctima mantienen sus reclamos por el avance de la investigación y esperan definiciones sobre la situación procesal del sospechoso.

El padre de Agostina: “Todos los que han estado implicados la van a pagar”

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, encabezó una conferencia de prensa convocada por el estudio jurídico que lo representa. Allí, pidió: “Que se sepa de la verdad y que caigan todos los que estuvieron implicados, más allá de este.. no sé cómo describirlo al psicópata, enfermo, hijo de mil puta”.

Tras pedir un minuto de silencio en memoria de su hija y solicitar respeto ante versiones sobre la menor que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación, el hombre agregó: “No voy a descansar, tienen que estar todos presos. Todos los que han estado implicados la van a pagar”.

“Para mí hay más gente implicada en todo esto. Yo sé que esta persona no actuó solo, mi corazón me lo dice así”, insistió, remarcando que hay una prueba que así lo refleja, aunque no dio detalles al respecto. Además, apuntó con todas las otras personas que estaban en el domicilio de Barrelier al momento del hecho.

En la rueda de prensa -que tuvo un lugar en un hotel de la ciudad de Córdoba- Gabriel estuvo acompañado de su abogada Fernanda Alaniz, quien por su lado pidió dejar de hablar de la intimidad de Agostina. “Basta de juzgar y de revictimizar”, dijo.

Luego, la letrada expresó su apoyo al fiscal Garzón: “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”. Y adelantó: “Vamos a pedir más imputaciones”.

Alaniz explicó que en los primeros dos días, la investigación se concentró en una persona que nombró Melisa Heredia, la madre de Agostina. Por eso, sostienen, el foco no se posó sobre el principal sospechoso, Barrelier.

“Hay una gran diferencia de la madre conmigo. Me contaba parte, yo necesitaba saber toda la verdad”, siguió Gabriel y subrayó que cuando surgió el nombre de Barrelier, “ya era tarde”.

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El video escolar de Barrelier: una encuesta sobre violencia de género

En 2015, Claudio Barrelier cursaba en el CENMA N°232, una escuela para adultos en Córdoba que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades e incluye Psicología Social en su programa.

Como parte de una actividad escolar, el detenido por el femicidio de Agostina Vega y dos compañeros grabaron un video en el que entrevistaron a personas en la vía pública y comercios, formulando tres preguntas sobre temas sociales: la posibilidad de que una pareja homosexual críe a un hijo, la legalización del aborto y la opinión sobre la violencia de género y familiar. El video se tituló “Tema: las actitudes”.

Tras la detención de Barrelier por el crimen de la adolescente, y en el marco de la repercusión pública, la grabación comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de mensajería.

La madre de Barrelier denunció haber recibido amenazas

Según pudo saber Infobae, la madre de Claudio Barrelier, Viviana Brizuela, denunció haber recibido amenazas. “Vecinos y personas que pasan por la zona la insultan o le gritan cosas”, indicaron fuentes del caso.

La denuncia dio origen a una investigación paralela que tramita por separado. En ese marco, no se descarta que Brizuela sea convocada a declarar como testigo en las próximas semanas.

Sigue el operativo en la casa de la madre de Barrelier

Desde horas de la tarde, la Policía de Córdoba realiza un operativo en la vivienda de la madre de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega.

La medida fue ordenada por la Justicia y tiene lugar en la esquina de Tucumán y Fray León Torres, en barrio Alta Córdoba. Al lugar también llegó una ambulancia.

Hasta el momento no trascendieron los motivos específicos del procedimiento. En el lugar permanece una guardia policial junto a una unidad especial de Canes de la Fuerza, mientras continúa la investigación y la recolección de pruebas vinculadas al caso.

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La madre de Claudio Barrelier afirmó que su esposa, una nieta y los inquilinos estaban en la casa: “No escucharon nada”

Viviana, la madre de Claudio Barrelier, aseguró que la esposa del acusado, una de sus nietas y un matrimonio que alquilaba en la planta alta de la vivienda se encontraban en el domicilio de barrio Cofico durante las horas que son investigadas por la Justicia en el femicidio de Agostina Vega. Según sostuvo, ninguno de ellos escuchó ruidos o situaciones que llamaran la atención.

“Sí, sí estaban. Estaban”, respondió al ser consultada sobre la presencia de su nuera en la casa. Ante una nueva pregunta, confirmó que también se encontraba una nieta. “Estaban en la cocina”, explicó. Además, señaló que en la parte superior de la propiedad vivía un matrimonio que tampoco advirtió movimientos extraños. “No escucharon nada”, insistió.

La mujer también rechazó que existiera una oficina en el frente de la vivienda, tal como trascendió en distintas versiones sobre el caso. Según relató, se trata de una casa antigua con garaje, comedor, galería, cocina y dormitorios. En ese contexto, afirmó que su nuera le contó que Barrelier se encontraba “jugando a la Play” mientras ella permanecía en el fondo de la propiedad cocinando.

Visiblemente afectada, Viviana dijo que no logra comprender las acusaciones que pesan sobre su hijo y aseguró que la última vez que lo vio fue el lunes, un día antes de su detención. “Lo vi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por eso no puedo entender lo que pasó”, expresó. Además, sostuvo que desde entonces no volvió a tener contacto con él y afirmó que, si pudiera hablarle, le preguntaría: “¿Por qué hizo esta barbarie, esta monstruosidad? ¿Por qué?”.

“No sé en qué se convirtió. Lo crié bien, dentro de mis alcances. Le di lo que más pude”, continuó.

La mujer por último señaló que no conocía a Agostina, pero sí a la mamá de la nena: aseguró que su hijo se la había presentado como una amiga. También dijo que conocía a Soledad, la dueña del Ford Ka.

El padre de Agostina dará una conferencia de prensa

La representación legal de Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, anunció que este martes a las 20 se realizará una conferencia de prensa para los medios interesados en seguir el caso. El encuentro fue convocado por el estudio jurídico que lo representa y tendrá lugar en el Hotel King David, ubicado sobre avenida General Paz al 300, en la ciudad de Córdoba.

Se espera que Vega se refiera al avance de la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años y a las novedades que surgieron en las últimas horas tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

Los videos que ubicaron a Barrelier en el descampado donde descartó el cuerpo de Agostina

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, fue posible en gran parte a las imágenes de dos cámaras de seguridad que registraron al Ford Ka conducido por Claudio Barrelier en la zona aledaña al lugar donde descartó los restos de la víctima.

Las grabaciones en cuestión exhiben el vehículo que utilizó el imputado para trasladar a la víctima. Ese vehículo ya había sido individualizado en la causa: era el que le había prestado su amante a Claudio Barrelier, el único acusado del homicidio de la nena de 14 años.

El hombre de 32 años —que siempre fue sospechoso por haber sido el último en ver a la menor— fue captado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al lugar. Lo grabó una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, según explicaron fuentes del caso a Infobae. Para ese momento, Agostina ya llevaba más de un día desaparecida.

La grabación prueba que Barrelier entró al barrio a las 11.45 de ese día. Dentro de Ampliación Ferreyra no hay cámaras que pudieran tomar su recorrido. Pero sí a las 12.15, el mismo punto de seguridad volvió a filmarlo al salir de la zona.

Además, la triangulación de las antenas telefónicas también ubicó al imputado por el crimen en ese lugar, ese mismo día y en ese horario.

Fuerte operativo policial en la casa de la madre de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes un nuevo procedimiento judicial. Por orden de la fiscalía, efectivos policiales realizan un allanamiento en la vivienda de la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años.

El operativo se desarrolla mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir los movimientos del acusado durante los días posteriores a la desaparición de Agostina. Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos específicos de la medida ni si los agentes secuestraron elementos de interés para la causa.

El conmovedor escrito de Agostina Vega en la escuela: “Mi sueño es ser psicóloga”

Un manuscrito realizado por Agostina Vega durante una actividad escolar volvió a ponerle rostro e historia a la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El texto fue compartido por Ramiro, su profesor de música, y permite conocer algunos aspectos de la vida cotidiana, los gustos y los proyectos que la joven imaginaba para su futuro.

En la hoja, elaborada cuando cursaba tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti, Agostina respondió una serie de preguntas sobre sus preferencias y objetivos personales. Allí contó que su comida favorita era el asado, que disfrutaba de las películas animadas y de leer cuentos, y que su color preferido era el celeste. También escribió que uno de sus hobbies era hacer pestañas y que una de sus metas para 2026 era “pasar de año”. Sin embargo, la respuesta que más conmovió a quienes conocieron el documento fue la referida a su mayor sueño: “Ser psicóloga”.

El lavadero donde limpiaron el Ford Ka contradijo a la dueña del auto: “Por dentro estaba impecable”

Un nuevo testimonio incorporado a la causa por el femicidio de Agostina Vega puso el foco sobre el estado en que llegó el Ford Ka utilizado por Claudio Barrelier. Gabriel, encargado de un lavadero de barrio Yofre que ya declaró ante la Justicia, aseguró que el vehículo fue llevado al local el martes 26 de mayo por el hijo de la propietaria y que presentaba una situación que le llamó la atención: mientras la carrocería estaba cubierta de tierra, el interior se encontraba “limpio” y sin rastros de suciedad compatibles con el estado exterior.

“Estaba limpio el auto adentro. Lo único que le sacamos fueron las alfombras, que las lavamos y las volvimos a colocar”, afirmó el trabajador en declaraciones a Mitre Córdoba. Consultado sobre esa diferencia entre el exterior y el habitáculo, sostuvo que “puede haber habido una limpieza previa” porque no había tierra dentro del vehículo. El dato cobra relevancia porque días atrás la dueña del Ford Ka había asegurado públicamente que ella no lavó el interior del automóvil y que únicamente se había realizado una limpieza exterior.

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“Se había comprado a toda mi familia”: el arrepentimiento de la mujer que le prestó el Ford Ka

En uno de los tramos más emotivos de la entrevista, Soledad aseguró que con el paso de los días comenzó a replantearse toda la relación que mantuvo con Claudio Barrelier. La mujer afirmó que el acusado había logrado integrarse plenamente a su entorno familiar y que nadie sospechaba de él. “Ayudé a la persona que tenía al lado, que hoy me doy cuenta de que era un actor”, sostuvo.

Según relató, el hombre construyó vínculos de confianza con todos sus allegados, incluidos sus hijos. “Él se había comprado a toda mi familia. Mi hijo me mandaba mensajes diciendo: ‘Ma, me defraudó’. Mi hijo lo adoraba”, contó. Visiblemente afectada, reiteró que jamás imaginó que pudiera estar involucrado en un hecho de semejante gravedad y volvió a lamentar haberle prestado el vehículo que hoy forma parte de la investigación. “Si yo hubiera sospechado que él podía hacer esto, a mi casa ni entra”, afirmó.

La conversación con el padre de Agostina que hoy relee de otra manera

Uno de los momentos que más impactó a Soledad ocurrió el lunes, cuando Gabriel Vega, el padre de Agostina, llegó hasta su vivienda para hablar cara a cara con Barrelier mientras la adolescente era buscada intensamente. La mujer aseguró que presenció toda la conversación y que, con el paso de los días, comenzó a revisar cada detalle de ese encuentro.

Según relató, el acusado respondió todas las preguntas con absoluta seguridad y sin mostrar dudas o contradicciones. “No titubeó en ningún momento”, recordó. Incluso señaló que fue él quien condujo gran parte de la charla, aportando explicaciones y detalles sobre los últimos movimientos de la adolescente. “Me llamó mucho la atención todo lo que él le contó y la firmeza con la que hablaba. ¿Cómo no le iba a creer si parecía verdad todo lo que decía?”, sostuvo.

Soledad explicó que en aquel momento su preocupación estaba puesta en proteger a quien todavía consideraba su pareja, ya que temía que pudiera sufrir una agresión por parte de familiares o allegados de la joven desaparecida. Sin embargo, hoy observa la situación desde una perspectiva completamente distinta. “Uno se pone en el lugar de esa familia. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el padre de ella: salir a buscar por todos lados”, afirmó. Para la mujer, uno de los aspectos más perturbadores de aquel encuentro fue que Barrelier mantuvo la misma serenidad y convicción con las que, según ella, se manejó durante toda la relación. “La firmeza con la que habló parecía darle credibilidad a todo lo que decía”, concluyó.

Habló la dueña del Ford Ka que usó Barrelier para descartar el cuerpo de Agostina

Soledad contó que Claudio Barrelier utilizaba habitualmente su Ford Ka, por lo que el pedido de prestarle el vehículo no le resultó extraño en un primer momento. Sin embargo, aseguró que el contexto era diferente porque llevaban casi dos semanas distanciados y sin verse personalmente. Según relató, el acusado la llamó el domingo por la tarde para recomponer la relación y le propuso retomar una rutina que tenían antes de la pelea: pasarla a buscar después del trabajo para desayunar juntos.

Horas más tarde, Barrelier comenzó a insistir con el préstamo del auto bajo el argumento de que necesitaba llevarle ropa a un tío que había sido operado. Soledad afirmó que en ese momento no sospechó porque él solía ser una persona “muy intensa” y porque había logrado integrarse completamente a su entorno familiar. “Se ganó a toda mi familia”, recordó. Sin embargo, dijo que ahora identifica una serie de señales que entonces pasó por alto: un “silencio incómodo” durante una llamada telefónica, una sensación persistente de que algo no estaba bien y el impulso de intentar convencerlo para que no saliera de su casa al día siguiente. “No quería decirle que no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación, pero le insistí varias veces para que se quedara”, relató.

La mujer también recordó que Barrelier permaneció más de una hora con el vehículo y que durante varios minutos dejó de responderle llamadas y mensajes. “Llegó un momento en que pensé que me había robado el auto. Era la sensación que tenía en el estómago”, sostuvo. Aun así, explicó que cuando regresó no observó nada extraño en el interior del Ford Ka y que jamás imaginó que el vehículo terminaría siendo una pieza clave de la investigación. “Si hubiera sospechado algo, no lo dejo entrar a mi casa. Tengo hijos. Me arrepiento de haberlo ayudado y de haberle prestado el auto ese día”, afirmó.

Postergaron la asunción del fiscal Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto tras el impacto del caso Agostina Vega

La asunción del fiscal de Instrucción Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto de Córdoba quedó en suspenso en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega y las críticas dirigidas al accionar judicial durante las primeras horas de la investigación. Aunque la jura de las nuevas autoridades estaba prevista para finales de esta semana, fuentes judiciales señalaron que se resolvió aplazar el acto y que Rodríguez no asumirá hasta que se defina su situación.

La explicación oficial apunta a que aún restan finalizar obras en la nueva sede de la Procuración Penitenciaria. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Gobierno provincial consideraron que no era el momento adecuado para avanzar con la designación en medio del escándalo político y judicial desatado por el caso. En paralelo, sectores de la oposición impulsaron pedidos de jury de enjuiciamiento contra Rodríguez y también contra el fiscal Raúl Garzón.

El recuerdo de una docente de Agostina: “Era ingenua y alegre”

Beatriz, docente de Física de Agostina Vega, recordó a la adolescente como una nena “ingenua y alegre” y dijo que no tuvo inconvenientes con ella en el colegio. Adelantó que desde la escuela van a tener que mantener conversaciones con el resto de los alumnos para tratar de contenerlos, luego de la confirmación del femicidio de la menor.

“Hasta el viernes teníamos muchas esperanzas de que apareciera viva. Yo tengo clases con el curso de ella los viernes y los chicos tenían muchas esperanzas, porque como habían hecho un rastrillaje y no se había encontrado nada, entonces teníamos mucha fe de que apareciera viva. El sábado ya nos enteramos de esta noticia fatal. Estamos con mucha angustia, lo vivimos todos los miembros del colegio. Todo lo que están diciendo, no quiero escucharlo”, dijo la docente.

“La niña era una niña se desempeñaba de forma absolutamente normal, como una niña de 14 años que se portaba bien. No la conozco a la mamá porque no hubo necesidad nunca de llamarla por mala conducta, por ninguna razón. Conmigo tenía un diez en la materia de Física, que no es una materia fácil. Y todo lo que yo escucho, que no lo quiero escuchar, ya lo escuché lamentablemente. No es cierto porque ella era una niña que se comportaba de manera traviesa, como las niñas del curso, que es un curso bueno, un curso muy bueno”, añadió.

“Mi último recuerdo es que ella tenía que recuperar la materia y me había dicho que se iba a preparar para el siguiente recuperatorio, al cual, por supuesto, no asistió porque ya había desaparecido. Era una chica que se comportaba muy bien, muy aniñada”, recordó.

Agostina Vega “era muy divertida, porque con ese curso yo tengo una conexión muy linda. Era traviesa, juguetona, muy sonriente, muy alegre, muy niña, muy ingenua”, dijo Beatriz.

“Este tema ya lo estamos abordando desde el día que ella desapareció. Yo, por ejemplo, no tuve clase el viernes, estuvimos hablando con los chicos. Se va a abordar como se pueda, con el dolor que tienen los chicos, con el dolor que tenemos los docentes de ella. La preceptora también está muy afectada. Es un tema que se va a abordar definitivamente. Yo tenía entendido que había una suelta de globos, que parece que no se va a efectuar, porque la escuela está cerrada. Vamos a tener que hablar muchísimo con los chicos porque son chicos. Un chico de 14 años es una criatura que tiene que aprender a que no debe irse con nadie, a cuidarse, porque ellos ya se creen grandes, pero no es la realidad”, finalizó.

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Miles de personas volverán a salir a las calles bajo una consigna que, once años después, sigue siendo tan necesaria como dolorosa: Ni Una Menos.

Y mientras pensamos en las mujeres que ya no están, hay una imagen que no puedo sacar de mi cabeza.

La de nuestros hijos.

Los que hoy están sentados a nuestra mesa.

Los que mañana van a entrar a un aula.

Los que pasan horas encerrados en su habitación intentando descubrir quiénes son, qué sienten y cómo relacionarse con los demás.

Porque cada vez que una nueva historia de violencia nos conmueve, solemos hacernos las mismas preguntas.

¿Qué falló? ¿Quién no vio las señales? ¿Qué se podría haber hecho para evitarlo?

Pero tal vez exista otra pregunta, mucho más incómoda.

¿Qué conversaciones estamos teniendo con nuestros hijos?

Nos preocupa que aprendan matemáticas.

Nos preocupa que aprendan inglés.

Nos preocupa que tengan oportunidades, que ingresen a una buena universidad, que consigan un trabajo que los haga felices.

Y está bien que así sea.

Pero pocas veces nos preguntamos si están aprendiendo algo igual de importante.

Si están aprendiendo a construir vínculos sanos.

Si están aprendiendo a respetar límites.

Si están aprendiendo que nadie pertenece a nadie.

Si están aprendiendo a reconocer cuándo una relación deja de ser amor para convertirse en control.

Si están aprendiendo a expresar el enojo sin lastimar.

Si están aprendiendo a pedir ayuda.

Si están aprendiendo a decir “no”.

Y también a aceptar un “no”.

Como educadora, pero también como madre, veo con frecuencia adolescentes que saben resolver problemas complejos, pero tienen enormes dificultades para gestionar una frustración, sostener una diferencia o atravesar un conflicto sin sentirse devastados.

Y no porque sean peores que las generaciones anteriores.

Simplemente porque crecieron en un mundo que les enseñó muchas cosas, pero que muchas veces evitó las conversaciones más importantes.

Durante años pensamos que educar consistía principalmente en transmitir conocimientos.

Hoy sabemos que no alcanza.

Necesitamos enseñar a pensar, pero también a convivir.

Necesitamos formar jóvenes capaces de argumentar sin agredir.

De disentir sin humillar.

De amar sin controlar.

De poner límites y respetarlos.

De comprender que una persona no es una posesión.

Y esta no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. Tampoco de las familias. Es una responsabilidad compartida. Porque los jóvenes aprenden de lo que les enseñamos, pero también de lo que observan. Aprenden de cómo hablamos. De cómo discutimos. De cómo tratamos a quienes piensan diferente. De cómo ejercemos el poder en nuestras relaciones. De cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos.

Volveremos a marchar. Y debemos hacerlo. Pero quizás la mejor manera de honrar esa consigna sea empezar a hablar de aquello que solemos dejar para después. De los vínculos. Del respeto. De la empatía. De los límites. De la responsabilidad afectiva. De la manera en que habitamos nuestras relaciones con otros.

Porque la violencia no aparece de un día para otro. Y la prevención tampoco. La prevención empieza mucho antes. Empieza en casa. Empieza en la escuela. Empieza en cada conversación que ayuda a un niño o a un adolescente a comprender que el respeto no es una opción. Es la condición indispensable para convivir.

Y quizás esa sea una de las conversaciones más urgentes que todavía estamos postergando.

Mientras Argentina se apresta para conmemorar once años del Ni Una Menos, aparece el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Córdoba. Tenía 14 años. El sistema no la protegió.

El 3 de junio de 2015, más de 300.000 personas coparon las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. El grito era uno solo: paren de matarnos. Era invierno, era urgente, era inédito. Ese día, algo se rompió, o, mejor dicho, algo se nombró por primera vez con esa fuerza colectiva: matar mujeres no es un drama privado, sino un problema político.

Once años después, volvemos a salir. Y la pregunta que hoy no puedo eludir es: ¿por qué un sistema que recibe el mismo mensaje durante once años no cambia?

No es ingenuidad preguntárselo. Es Psicología Política.

Gregory Bateson, sistémico, lo formula de un modo que no deja escapatoria: un sistema que no procesa el feedback de su entorno no es un sistema que falla, es un sistema que eligió cerrarse. La información entra, el sistema la expulsa, el circuito se repite.

Aplicado este concepto a la violencia de género en la Argentina de hoy, la conclusión es imposible de “caretearla”: no estamos ante un Estado que no sabe, estamos ante un Estado que sabe y decide no actuar o, lo que es peor aún, actúa en sentido contrario.

Javier Milei no cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por razones presupuestarias. Lo dijo él mismo en agosto de 2024, con orgullo: lo llamó “siniestro”, dijo que era una “herramienta de persecución ideológica”. No es negligencia. Es programa. Es la decisión política de sacar del Estado la responsabilidad de interrumpir un circuito de violencia que lleva décadas matando mujeres.

Cuando el Estado nombra “enemigo” lo que debería proteger, el daño deja de ser colateral y se vuelve deliberado.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo salvadoreño asesinado por decir verdades que incomodaban al poder, nos enseñó que el daño psicosocial más profundo no lo produce el agresor individual, sino la institución que lo habilita. El trauma no es solo personal, es político.

Para Martín-Baró, una sociedad que normaliza la violencia contra las mujeres no está enferma por accidente, está organizada para tolerar esa violencia. Y, desmantelar las instituciones que interrumpen ese circuito no es reforma del Estado: es violencia institucional.

Dora Barrancos, quien lleva décadas cartografiando la historia del feminismo argentino, insiste en algo que conviene no olvidar en este aniversario: los derechos de las mujeres en este país no cayeron del cielo ni los otorgó ningún gobierno generoso. Fueron arrancados. Con organización, con cuerpo en la calle, con la acumulación paciente y furiosa de generaciones.

El “Ni Una Menos” no fue un estallido espontáneo, fue la expresión visible de un tejido social que venía tejiéndose en silencio desde mucho antes.

Por eso, once años no son derrota, son evidencia de que ese tejido resiste.

Pero resistir no alcanza si no nombramos una y otra vez lo que está pasando. Hoy, las mujeres víctimas de violencia de género en Argentina encuentran menos recursos, menos acompañamiento, menos Estado. Las políticas de protección fueron desarticuladas por convicción ideológica, no por ajuste. Y frente a eso, el grito del 3 de junio no puede ser solo conmemoración, tiene que ser diagnóstico.

Un sistema que llama “siniestro” a la protección no se reforma con buenas intenciones. Se transforma con consciencia crítica, con organización, con la decisión colectiva de no normalizar lo intolerable.

Once años gritando lo mismo no habla de nuestra debilidad. Habla de la magnitud de lo que enfrentamos. Y también de que seguimos en pie.

¿Nos pasamos tres pueblos? De ninguna manera. No nos pasamos: abrimos caminos que antes estaban cerrados. Nombramos lo que se escondía puertas adentro, hicimos visible lo que se naturalizaba en chistes, silencios, excusas y expedientes dormidos. Gracias a esa lucha colectiva, hoy existen registros sobre femicidios, leyes, capacitaciones, fiscalías especializadas, líneas de atención y herramientas para prevenir, asistir y reparar. Pero que existan no significa que que alcancen o que no puedan funcionar mejor: muchas veces llegan tarde, están desfinanciadas, no articulan entre sí o revictimizan a quienes deberían proteger. Por eso, el camino no puede ser desarmarlas, sino fortalecerlas, corregir lo que falla y exigir que respondan mejor. Porque cuando el Estado se retira, cuando recorta recursos, el panorama no mejora: deja a más mujeres y niñas libradas a su suerte.

Por eso indigna que, a once años del primer Ni Una Menos, todavía tengamos que explicar por qué el femicidio debe llamarse femicidio. Reconocerlo como tal no jerarquiza unas vidas sobre otras, sino que permite identificar una forma específica de violencia que no es un homicidio común, sino que visibiliza la expresión más extrema de una violencia estructural. Nombrarlo obliga al Estado a investigar con perspectiva de género, atender sus causas y actuar en consecuencia. El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, vuelve esa discusión todavía más urgente: ¿cómo puede ser que, frente a hechos de esta gravedad, haya quienes sigan insistiendo en que las políticas de género son una exageración?

Ante un problema grave y estructural, la respuesta oficial no puede ser relativizar desigualdades y presentar como “igualdad ante la ley” lo que en realidad es una decisión ideológica: desmantelar las herramientas que permitieron identificar y enfrentar una violencia basada en desigualdades históricas de poder.

Decir que si en 2025 bajó la cantidad de femicidios “ya no hacen falta políticas de género” es tan irresponsable como decir que se pueden abandonar las políticas de seguridad vial porque un año disminuyeron las muertes en accidentes. Ninguna política pública seria se mide por una variación aislada ni por la fantasía de erradicar de un día para el otro un problema estructural, sino por su capacidad de prevenir, reducir daños, acompañar a las víctimas, reparar y evitar nuevas violencias.

Los femicidios no son una estadística aislada ni un termómetro de campaña: son la expresión más brutal de una trama de violencias económicas, psicológicas, sexuales, digitales, institucionales y simbólicas que condicionan todos los días la libertad de mujeres, niñas y diversidades. Cuando el país sigue contando femicidios cada pocas decenas de horas, ninguna variación estadística puede usarse para relativizar la gravedad de la violencia.

El caso de Agostina, como tantos otros, nos toca una fibra profunda: una niña asesinada puede ser una hija, una hermana, una amiga, una compañera. Y entonces la pregunta vuelve con toda su crudeza: ¿cómo llegamos hasta acá? La violencia de género no es sólo un tema de mujeres ni una agenda sectorial. Es una responsabilidad social. También interpela a los varones, no desde la culpa individual, sino desde la pregunta por los silencios, las complicidades cotidianas y las formas en que aprendimos a mirar —o a no mirar— la violencia.

Cada femicidio deja expuesta una incomodidad: todavía hay muchos hombres que no saben qué decir, no comparten, no preguntan, no se pronuncian. A veces porque sienten que no les toca; otras, porque temen incomodar a sus pares. En los grupos de WhatsApp, en las charlas entre amigos, en los comentarios al pasar, muchas veces se minimiza, se duda de la víctima, se justifica al conocido, se pregunta “qué hacía ahí”, “por qué fue”, “por qué no denunció”. No todos ejercen violencia, pero todos pueden hacer algo frente a las culturas que la toleran.

Porque los pactos de silencio también educan.

Educar y construir masculinidades sensibles, atentas y responsables también es parte de la solución. No alcanza con pedirles a los varones que no ejerzan violencia: necesitamos enseñarles a registrar el miedo ajeno, a escuchar sin burlarse, a no confundir deseo con derecho, a no naturalizar el control como amor ni la insistencia como conquista. También a intervenir cuando un amigo humilla, acosa, amenaza o justifica lo injustificable.

Porque la violencia no empieza con el golpe ni con el femicidio. Empieza mucho antes: en el chiste que degrada, en el comentario que culpa a la víctima, en el grupo de WhatsApp donde se comparte intimidad sin consentimiento, en la incomodidad de quien ve algo y decide callar.

Criar varones capaces de mirar de frente esas señales, de incomodarse ante la crueldad y de romper pactos de silencio no es una consigna ingenua: es prevención.

Finalmente, cuando todo falla, aparece la Justicia. O debería aparecer. Pero demasiadas veces llega tarde, investiga mal, lento y no adopta las medidas de protección que son indispensables para salvar una vida. Revictimiza, descree, demora, no activa protocolos, interpreta alertas como caprichos adolescentes o conflictos familiares. La impunidad no empieza solo cuando no hay condena: empieza cuando una familia pide ayuda y la institución no está a la altura.

Los feminismos no se pasaron tres pueblos. Se adelantaron a una sociedad que todavía discute si nombrar la violencia de género es exagerado mientras otra familia entierra a una hija. No pedimos privilegios. Pedimos algo elemental: que vivir sin miedo no sea una conquista pendiente.

Horas después, todo un pueblo comenzó a buscarla en forma desesperada. Nadie imaginaba que su cuerpo ya estaba oculto bajo tierra, enterrado en el patio de la casa de su novio. Tampoco que aquel crimen, cometido con una violencia estremecedora, terminaría convirtiéndose en un punto de inflexión para la sociedad argentina.

El origen del Ni una menos

El asesinato de Chiara no fue un femicidio más. Fue el caso que atravesó al país entero. El que provocó indignación, dolor y una movilización inédita. El que dio origen al movimiento Ni Una Menos.

A once años del crimen, la historia sigue generando conmoción. Se trataba de una adolescente de 14 años con un embarazo de aproximadamente ocho semanas que había cambiado su vida. Chiara Albertina Páez vivía en Rufino, una ciudad de poco más de 20.000 habitantes ubicada en el extremo sur de Santa Fe. Su familia conocía la situación y había decidido acompañarla. Su estado, naturalmente, generaba incertidumbres y desafíos propios de la edad, pero Chiara quería seguir adelante. El progenitor del bebé era Manuel Mansilla, su novio, que tenía 16 años cuando comenzó la relación y 17 al momento del crimen.

Según reconstruyó la investigación judicial, el embarazo era motivo de tensiones. Mientras Chiara había encontrado apoyo en su entorno familiar y de sus seres queridos, en el círculo de Mansilla la noticia era vista como un problema. Con el paso de los meses surgirían elementos que revelarían la magnitud de esas presiones.

La última noche

El sábado 9 de mayo de 2015, Chiara salió con amigas. Como cualquier adolescente, compartió momentos, conversó y pasó parte de la noche fuera de su casa. En algún momento les dijo que iba a encontrarse con Manuel. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando no regresó a su hogar, la preocupación comenzó a crecer rápidamente. Su familia intentó localizarla y al comprobar que no aparecía radicó la denuncia.

Rufino entero se movilizó. Vecinos, policías, familiares y amigos participaron de los rastrillajes. Mientras tanto, Manuel Mansilla actuaba como si nada hubiera ocurrido. Uno de los aspectos que más indignó posteriormente a los padres de Chiara fue la conducta del joven tras el asesinato: la mentira.

De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, Manuel llegó incluso a comunicarse con ella para preguntarle si Chiara había regresado a su casa. Era una actuación fría y calculada. Según la reconstrucción judicial, para ese momento Chiara ya estaba muerta. El femicida intentaba instalar la idea de una desaparición y alejar cualquier sospecha sobre su persona. Sin embargo, las contradicciones comenzaron a acumularse. Los investigadores pusieron rápidamente el foco sobre el novio de la adolescente.

El horror enterrado en el patio

La verdad apareció pocas horas después. El cuerpo de Chiara fue encontrado enterrado en el patio de la vivienda donde vivía Manuel Mansilla junto a familiares. La escena era estremecedora. La autopsia reveló que la adolescente había sufrido una brutal agresión. Los peritajes determinaron la existencia de golpes en la cabeza y lesiones de extrema violencia. También se constató una herida cortante en el cuello.

Los pesquisas concluyeron que había sido asesinada dentro del entorno del agresor y posteriormente enterrada para ocultar el crimen. El embarazo de Chiara también quedó acreditado durante la investigación. La noticia generó una explosión y conmoción inmediata. Rufino y el país entero quedaron paralizados con los detalles que se iban conociendo.

¿Qué hizo el asesino mientras tanto? Frente a la evidencia acumulada, Mansilla terminó admitiendo su participación. La Justicia estableció que había actuado con plena conciencia de lo que hacía. Después de matar a Chiara, ocultó el cuerpo y procuró construir una coartada. Lejos de pedir ayuda o dar aviso, intentó borrar rastros y simular desconocimiento sobre el paradero de la adolescente.

Para los jueces que intervinieron posteriormente, su comportamiento fue incompatible con cualquier reacción. La sentencia destacaría años después la violencia ejercida sobre la víctima y la ausencia de un arrepentimiento genuino.

El dolor de los padres

Si el crimen impactó a la sociedad, para los padres de Chiara significó una herida imposible de cerrar. Verónica Camargo y Fabio Páez transformaron el dolor en una lucha permanente. Durante años encabezaron reclamos de justicia, participaron en marchas, dieron entrevistas y mantuvieron viva la memoria de su hija.

La madre de Chiara se convirtió en una de las voces más escuchadas en la lucha contra la violencia de género. En innumerables ocasiones recordó que no sólo le habían arrebatado a su hija. También le habían quitado la posibilidad de conocer al nieto o nieta que esperaba. Detrás de cada aparición pública estaba la misma pregunta: cómo era posible que una adolescente de 14 años hubiera sido asesinada con semejante brutalidad.

Como Manuel Mansilla era menor de edad cuando cometió el crimen, el proceso judicial tuvo características particulares. En 2016 fue declarado penalmente responsable por el homicidio agravado de Chiara. La etapa siguiente consistió en determinar la pena. Finalmente, en septiembre de 2017, el juez de Menores Javier Prado le impuso una condena de 21 años y seis meses de prisión por el femicidio de la adolescente. La sentencia fue considerada histórica.

Los magistrados entendieron que Mansilla había matado a Chiara despreciando su condición de mujer y con pleno conocimiento de que estaba embarazada. Para la familia de la víctima, aquella condena representó un alivio parcial. Nada devolvería a Chiara, pero al menos el Estado reconocía la gravedad extrema del crimen.

La polémica reducción de la pena

La historia judicial, sin embargo, estaba lejos de terminar. La defensa apeló. Años después, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la condena de 21 años y medio al considerar que, por tratarse de un menor al momento de los hechos, debían aplicarse estrictamente los principios del régimen penal juvenil. La decisión provocó indignación. Especialmente entre los familiares de Chiara, que consideraron que la resolución minimizaba la gravedad del femicidio.

La Corte ordenó dictar una nueva pena dentro de una escala de entre 10 y 15 años. Finalmente, en marzo de 2023, un nuevo tribunal fijó la condena definitiva en 15 años de prisión. Es decir, le redujo seis años y medio respecto de la sentencia original. La noticia cayó como un golpe para la familia y la sociedad en su conjunto. Verónica Camargo expresó públicamente su decepción y sostuvo que sentía que la Justicia volvía a fallarle a Chiara.

Mansilla permanece bajo custodia del sistema penitenciario santafesino cumpliendo la condena impuesta por la Justicia provincial. Debido a que se trata de un condenado que cometió el hecho siendo menor de edad, las condiciones de ejecución de la pena han estado sujetas a las disposiciones específicas del régimen penal juvenil y a sucesivas revisiones judiciales.

El crimen que hizo nacer Ni Una Menos

El homicidio de Chiara ocurrió en un contexto en el que los femicidios se acumulaban en las noticias, pero todavía no existía una reacción colectiva de la magnitud que vendría después. Su caso actuó como un detonante.

La imagen de una adolescente de 14 años embarazada, asesinada por su novio y enterrada en el patio de una casa resultó insoportable para millones de personas. La indignación se propagó por redes sociales, medios de comunicación, escuelas, universidades y organizaciones sociales. Entonces surgió una consigna. Simple. Contundente. Imposible de ignorar. Ni Una Menos.

Menos de un mes después del crimen, el 3 de junio de 2015, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país. La movilización fue histórica. Plazas colmadas. Avenidas desbordadas. Carteles con nombres de víctimas. Madres abrazadas. Jóvenes exigiendo cambios. Mujeres reclamando que la violencia machista dejara de ser una tragedia cotidiana. Aquella jornada marcó un antes y un después.

Un nombre que sigue interpelando

Los años pasaron. Las marchas se multiplicaron. La agenda pública incorporó debates que antes permanecían invisibilizados. Sin embargo, el nombre de Chiara Páez sigue apareciendo cada vez que la Argentina reflexiona sobre la violencia de género, como volvió a ocurrir en Córdoba con el brutal femicidio de Agostina Vega, también de 14 años, igual que Chiara. Porque detrás de las estadísticas había otra adolescente masacrada.

Una chica que escuchaba música, que iba a la escuela, que tenía amigas, que discutía con sus padres como cualquier adolescente y que imaginaba un futuro. Su asesino la enterró para ocultarla y callarla. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Su historia se volvió imposible de esconder.

El femicida intentó borrar toda huella aquella noche de mayo de 2015. Lo que no pudo prever es que el nombre de Chiara iba a trascender las fronteras de Rufino y convertirse en un símbolo nacional. Cada 3 de junio, cada marcha, cada reclamo de justicia y cada voz que se levanta contra la violencia machista vuelve, de alguna manera, a aquel patio donde encontraron su cuerpo.

Y recuerda que detrás de uno de los movimientos sociales más importantes de la Argentina hubo una adolescente de 14 años que nunca tuvo la oportunidad de crecer, de ser madre ni de cumplir sus sueños. A Chiara la mataron el 10 de mayo de 2015. Pero la pregunta que dejó abierta sigue resonando más de una década después: cuántas vidas más deberán perderse para que ninguna mujer tenga que ser la próxima.

Durante la conversación, las especialistas pusieron el foco en los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y en la necesidad de profesionalizar y despartidizar la respuesta estatal.

La violencia de género, la principal causa de muerte violenta de mujeres en Argentina

Carolina Barone fue contundente al exponer la dimensión del problema: “La violencia de género es la principal causa de muerte violenta de las mujeres en la Argentina”. Respaldó su afirmación con datos oficiales: “En 2023 se registraron 250 víctimas de femicidios directos, y en 2024 esa cifra bajó a 228. Sin embargo, los femicidios representan un porcentaje creciente respecto al total de homicidios dolosos de mujeres”.

Barone explicó que el 70% de los homicidios dolosos de mujeres se vinculan a la violencia de género y remarcó la diferencia con otros delitos: “No matan a las mujeres en el espacio público, en contextos de robo o secuestro; las matan principalmente en su hogar, con asfixia, estrangulamiento o arma blanca, lo que hay a mano en la casa”.

La exfuncionaria precisó que la forma de contar los casos no es menor y recordó: “Hace tiempo ya que se elige dejar de hablar de femicidios y hablar solamente de homicidios dolosos de mujeres”, lo que impacta en la estadística criminal y en la capacidad de diseñar políticas efectivas de prevención.

Políticas públicas, obstáculos institucionales y el desafío de la denuncia

María Florencia Freijo, desde su mirada politológica, advirtió sobre la fragmentación y falta de sistematicidad en la recolección de datos: “El instrumento de recolección guarda un error clave: no está sistematizada la forma de relevar el dato, porque la arquitectura jurídica nacional no está preparada para documentar todo el proceso anterior al homicidio”.

A su vez, Freijo subrayó: “Se llega al dato cuando ya el femicidio ocurrió. El sistema judicial y de seguridad en Argentina funciona sobre la situación ya realizada, lamentablemente. No hay una estructura de prevención”.

Ambas especialistas coincidieron en que la denuncia es un circuito incierto y desigual, atravesado por la autonomía de provincias y la interpretación judicial: “Cada jurisdicción puede tipificar los hechos de manera diferente, lo que genera subregistro y variabilidad en las cifras”, detalló Freijo.

Carolina Barone relató que en 2017 se creó un protocolo federal de investigación de femicidio, pero su aplicación fue discontinua por falta de voluntad política. “El dato muta porque se recolecta en distintas etapas y por diferentes organismos. Lamentablemente, la comparación nacional es muy difícil”, sentenció.

Educación, prevención y la urgencia de una transformación institucional

Consultadas sobre qué se puede hacer para evitar más casos como el reciente femicidio de Agostina en Córdoba, Barone no dudó: “La llave mágica para todo es la prevención, es la educación”. Llamó a involucrar a las instituciones educativas y comunitarias para detectar alertas tempranas: “Muchas veces, si falla la familia, la escuela es clave para intervenir”.

Freijo, en cambio, enfatizó el rol del Poder Judicial: “Argentina es un país muy politizado y el Poder Judicial es machista y sexista. No respeta ni siquiera la formación en perspectiva de género que exige la ley. Mientras no se cuestione a jueces y fiscales que incumplen su función, esto va a seguir ocurriendo aunque el sistema educativo mejore”.

Barone aportó el dato de la Encuesta de Victimización de la Ciudad de Buenos Aires: “Una de cada dos mujeres dijo haber sufrido violencia de género en 2018 y el mismo resultado se repitió en 2023. Lo que creció fue el acceso a la información y la búsqueda de ayuda: aumentó un 30% la cantidad de mujeres que se acercaron a pedir asistencia”.

En el cierre, ambas expertas llamaron a construir redes de cuidado y conciencia social, especialmente ante contextos de mayor riesgo como el Mundial de fútbol. Freijo alertó: “Hay evidencia de que en contextos de fútbol la violencia de género aumenta. Si estás en riesgo, armá redes de contención y buscá ayuda en tu círculo de confianza”.

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Como parte de una actividad escolar, el detenido y único imputado por el femicidio de Agostina Vega, grabó un video en el que entrevistó a personas en la vía pública, formulando tres preguntas sobre temas sociales: la posibilidad de que una pareja homosexual críe a un hijo, la legalización del aborto y la opinión sobre la violencia de género y familiar. El video se tituló: “Las actitudes”.

En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa a Barrelier recorriendo la calle y distintos comercios junto a otros estudiantes mientras realizan las entrevistas. En uno de los tramos del video, es él mismo quien formula la pregunta: “¿Qué opinas sobre violencia de género y la familia?”.

“No debería existir. Debería haber los medios para llegar a un entendimiento y no llegar a las manos o a agresiones”, reponde un hombre. Barrelier le da la mano y agradece. “La violencia solamente genera más violencia”, afirma otro hombre. “Es una aberración, no debería existir y debería estar más penalizado”, sumó una mujer ante la mirada atenta del joven Barrelier.

Aquella grabación que parecía perdida en el tiempo, comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de mensajería en las últimas horas, luego de la detención de Barrelier por el crimen de la adolescente, y en el marco de la repercusión pública del caso.

Una década después, su nombre quedó asociado a la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

De momento, la causa avanza sobre la hipótesis de que la adolescente fue asesinada en la casa de Barrelier, en el barrio Cofico de la capital cordobesa, donde ella había acudido con la excusa de buscar un “regalo sorpresa” para su madre.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la menor murió por asfixia mecánica y que luego fue desmembrada. Los forenses detectaron posibles signos de abuso sexual, aunque el estado de descomposición del cuerpo dificulta arribar a una conclusión definitiva.

Por ello, el fiscal Raúl Garzón ordenó estudios complementarios para definir si existió abuso, lo que podría modificar la calificación penal del único imputado.

La casa donde ocurrió el femicidio está construida sobre un terreno largo, con varios ambientes, un patio y una terraza. Allí, según supo Infobae, el imputado vivía con su novia, Marianela, y la hija de 11 años que ambos tienen en común. Además, la propiedad contaba con una habitación subalquilada ocupada por otras dos personas.

Viviana Brizuela, la madre de Barrelier, dijo este martes que ninguno de ellos escuchó ruidos o situaciones que llamaran la atención, algo que no le pareció extraño dada las dimensiones del domicilio, según sostuvo.

En la investigación se señala que la escena del crimen es un espacio que alguna vez fue un garaje, donde Barrelier acondicionó una pieza con una cama y un baño cercano. Esa habitación era utilizaba por él de manera exclusiva.

Allí, los peritos encontraron rastros de interés para la investigación. Aunque los investigadores creen que alguien intentó limpiar la escena, durante los allanamientos se levantaron muestras de sangre que ahora son sometidas a distintos análisis.

Según contó El Doce, además, la vivienda no tiene salidas hacia el sector trasero ni accesos a las calles linderas. El único ingreso y egreso identificado por los investigadores es el portón del frente, el mismo por el que Agostina fue filmada entrando junto a Barrelier.

Tras asfixiar a la víctima, siempre según la reconstrucción judicial, el hombre la desmembró, posiblemente con un cuchillo, cargó sus restos en tachos y bolsas a bordo del Ford Ka negro y los descartó en el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados una semana después durante los rastrillajes.

Por ahora, la principal sospecha es que Barrelier actuó solo.

El colectivo feminista Ni Una Menos realizará una movilización al Congreso de la Nación este miércoles 3 de junio para pedir justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia, y Noelia Carolina Romero, halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

La marcha, convocada en el marco de una nueva jornada del 3J contra la violencia de género, llevará como consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

De acuerdo con lo difundido por la organización, la concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso, donde se realizará el acto central. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

La convocatoria será luego de la habitual marcha de los jubilados del miércoles, que será acompañada en su reclamo por Ni Una Menos.

Además, participará la Confederación General del Trabajo (CGT), que concentrará en Yrigoyen y Solís. En sus redes sociales, anunciaron: “Este 3J volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmaron su presencia y expresaron en sus redes: “La marcha había sido resuelta en una asamblea que se realizó en la sede de la CTA hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”.

Las convocatorias por el 3J en el interior del país

Este 3J habrá convocatorias de Ni Una Menos en el interior del país, además de la jornada prevista en el Congreso Nacional, con concentraciones y marchas contra la violencia machista en distintas ciudades.

En la Ciudad de Córdoba, la cita es a las 17 h en Colón y Cañada; en la Ciudad de Mendoza, a las 18.30 h en el Kilómetro Cero. En la Ciudad de Santa Fe, la convocatoria es a las 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a la Plaza 25 de Mayo.

En Paraná, la movilización fue convocada para las 15 h en Plaza 1 de Mayo y marchará hacia Casa de Gobierno. En Neuquén Capital, la concentración será a las 17.30 h en el Monumento al General San Martín; en Bariloche, a las 18.00 en Moreno y Beschedt; y en Cutral Co – Plaza Huincul, a las 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca.

En Trelew, la concentración será desde las 17 h en la Plaza Independencia. En Comodoro Rivadavia, la jornada comenzará a las 15 h en Plaza Kompuchewe.

“Desidia organizada”

El colectivo también difundió un comunicado en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba y, de manera puntual, al fiscal Raúl Garzón, a quien señalaron por “misoginia y clasismo”.

En el texto, la organización sostuvo: “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”.

El documento, publicado en redes sociales, afirmó que “estas vidas para el Poder Judicial no importan” y describió la situación como una “desidia organizada”.

“Gracias a la militancia feminista, el fiscal quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”, agregaron, al tiempo que criticaron los recortes en políticas públicas destinadas a combatir las violencias de género.

El comunicado concluyó: “¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. ¡Justicia por Agostina, por Dulce, por Noelia y por todas las que nos faltan!“.

Los crímenes de Agostina, Dulce y Noelia

Tres femicidios ocurridos en distintas provincias argentinas generaron una fuerte conmoción nacional en las últimas horas.

Entre los casos que motivan la convocatoria se encuentra el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue estrangulada y desmembrada durante un posible intento de abuso sexual en la ciudad de Córdoba. Por el crimen se encuentra imputado Gabriel Barrelier, único acusado hasta el momento.

A ese caso se suma el de Dulce María Candia, la joven de 17 años que fue hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, luego de que su familia denunciara su desaparición el pasado 17 de mayo, en el barrio Avanti. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. En la causa también hay un detenido, identificado por las iniciales M. A. Y.

En medio de la conmoción por ambos hechos, la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del femicidio de Noelia Carolina Romero, de 30 años. Según la investigación, la mujer fue secuestrada y asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez, también de 30 años.

Tras varios intentos de negociación, efectivos de la Policía Bonaerense lograron ingresar a la vivienda de la víctima y encontraron una escena impactante: Romero ya había sido asesinada, mientras que el acusado presentaba heridas de arma blanca que se habría provocado durante un intento de suicidio.

Después de secuestrar y asesinar a puñaladas el pasado sábado a Noelia Carolina Romero (30), su novia, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, Tomás Adrián Núñez (30) intentó quitarse la vida del mismo modo: se autolesionó con una cuchilla de cocina en el cuello y ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó hospitalizado y detenido.

En ese contexto, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que este lunes Núñez fue indagado en la sala del Hospital Luisa C. de Gandulfo por el fiscal Jorge Grieco, quien tomó el caso luego de la intervención incial de su colega, Marcela Juan, pero se negó a declarar.

Ante las pruebas reunidas en su contra, el fiscal Jorge Grieco pidió que la aprehensión de Núñez fuera convertida en detención formal. El planteo fue avalado por el juez de Garantías Gustavo Gaig, quien ordenó que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación.

Núñez, quien según indicó ante los investigadores es empleado y realiza tareas de mantenimiento -aunque no especificó la empresa para la que trabaja- contaba con dos denuncias previas al femicidio de Romero. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, la primera de ellas, por el delito de violencia de género, fue presentada por una expareja anterior al vínculo que estableció con la víctima, quien lo acusó por presuntos maltratos.

La otra, radicada por Romero dos meses antes de ser asesinada, fue por hurto. Según precisaron fuentes con acceso al expediente, Núñez tomó el teléfono celular de su novia y, sin previo aviso, se transfirió dinero de ella a una cuenta propia.

Otro dato que pudo confirmar este medio es que, efectivamente, Núñez se comunicó con el 911 para advertir a la Policía que tenía secuestrada y planeaba matar a Noelia. Así, el fiscal Grieco ahora trabaja para conseguir la grabación que será de gran aporte para su investigación.

A la espera de recibir el alta médica, Núñez permanece internado en el hospital Gandulfo. Se encuentra estable y está fuera de peligro.

El femicidio de Noelia Romero

Este sábado la localidad de Temperley fue escenario del brutal femicidio de Noelia Carolina Romero, quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez, su novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló una escena terrorífica: la mujer ya estaba muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado por un llamado al 911. Luego, se corroboró que Romero era la persona que se había comunicado con la Policía para advertir sobre el secuestro de su novia.

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida.

Por su parte, Núñez intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido.

Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

En medio de la conmoción que provocó el asesinato de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, este sábado la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del brutal femicidio de Noelia Carolina Romero (30), quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez (30), su propio novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló una escena dantesca: la mujer ya estaba muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado de la víctima al 911. “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, alcanzó a decirle Noelia a la operadora antes de ser asesinada, según confiaron a Infobae fuente con acceso al expediente. En paralelo, los investigadores explicaron que el propio asesino fue quien se comunicó con el servicio de emergencia y trabajan para determinar si, en medio de la violenta escena, hizo que sea la víctima quien hablara.

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior de la casa por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida.

Por su parte Núñez, el asesino, intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido. Como consecuencia de las heridas, fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde fue atendido de urgencia y, hasta este lunes, continuaba internado, pero fuera de peligro.

Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

La investigación para esclarecer el crimen de Romero está a cargo de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género. A cargo del expediente estará el fiscal Jorge grieco. Si bien los investigadores todavía trabajan en la recolección de pruebas y aguardan los resultados de las pericias, la principal hipótesis apunta a que el móvil del crimen sería una infidelidad.

En una extensa entrevista con TN, el funcionario reconstruyó paso a paso la investigación que llevó al hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, y dejó en claro que la causa dista de estar cerrada.

Quinteros explicó que Barrelier, al principio, había manifestado predisposición para colaborar con la Justicia. Esa actitud, sin embargo, se reveló falsa. Cuando trascendió en los medios que el imputado supuestamente se había “quebrado”, el fiscal Raúl Garzón lo convocó de inmediato a declarar. “Lejos de ayudar, volvió a mentir como lo hizo desde el día cero y en su primera declaración, razón por la cual el fiscal ordenó su detención”, relató el ministro. Esa secuencia de engaños fue, según Quinteros, uno de los elementos que terminó de consolidar la hipótesis sobre el imputado.

La reconstrucción de los movimientos del hombre de 33 años fue el eje de toda la pesquisa. Desde el primer día, la Dirección General de Investigación Criminal y la Policía Judicial de la provincia trabajaron sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del ejido urbano. El lunes posterior a la desaparición de Agostina, los registros mostraron al imputado en una casa del barrio Cofico, a bordo de un Ford Ka perteneciente a una persona de su entorno. Las imágenes lo captaron retirando del lugar elementos que, según Quinteros, “llamaron mucho la atención” a los investigadores.

El giro decisivo de la causa llegó el miércoles por la tarde. Los domos de la Policía detectaron que ese mismo vehículo había llegado al barrio Ampliación Ferreyra —a más de media hora de distancia— y había salido a los 30 minutos. “En ese momento todavía éramos optimistas de encontrarla con vida, pero mantuvimos absoluto secreto para no entorpecer la investigación”, afirmó Quinteros. Poder rastrear los movimientos de ese auto a lo largo de un ejido tan extenso como el de la capital cordobesa fue, en sus propias palabras, “la pista clave”.

A ese dato se sumó el entrecruzamiento de las antenas del teléfono del imputado. Los registros ubicaron a Barrelier en las inmediaciones del descampado el 25 de mayo, entre las 11:45 y las 12:15, con una permanencia de casi 40 minutos en el lugar. Según versiones del entorno de la investigación, el acusado conocía esa zona porque allí hay predios donde se practica fútbol. Con ese punto de referencia establecido, las autoridades rastrillaron 240 hectáreas con drones, el equipo táctico del DUAR y buzos para revisar lagunas y canales. El primer día se cubrió el 58% del terreno. Al día siguiente, cerca de la una de la tarde, apareció el primer elemento que confirmó las sospechas; hora y media después, los efectivos encontraron el cuerpo.

“Me eximo de dar detalles por respeto a la familia, pero nos encontramos con el peor escenario”, dijo el ministro. Quinteros también relató que el padre de Agostina, Gabriel Vega, quien formó parte de la fuerza policial, estaba presente en la zona durante el operativo: “Él me había pedido que la buscáramos; la noticia fue la peor, pero peor estaríamos si esta niña de solo 14 años aún siguiera desaparecida”.

Sobre la fecha de la muerte, el fiscal Garzón precisó que la data se ubica entre las 22:00 del sábado 23 de mayo y las 02:00 del domingo 24. Eso implica que, al momento en que se radicó la denuncia por la desaparición, Agostina ya no estaba con vida.

El ministro remarcó ese punto con énfasis: la investigación no partió de un dato externo ni de ninguna confesión, sino del trabajo territorial de la Dirección General de Investigación Criminal y la Policía Judicial, “siguiendo la línea del fiscal, sin depender de ningún dato externo”, según sus palabras.

Quinteros también abordó la situación de Barrelier en la cárcel. Tras manifestar intenciones de quitarse la vida en el complejo penitenciario de Bouwer, el imputado fue trasladado al módulo hospitalario, donde quedó sedado y con medidas de sujeción bajo control psiquiátrico. “Lo que menos queremos es que le pase algo al imputado, porque necesitamos llegar a la verdad”, subrayó el funcionario.

Frente a las críticas del arco político por el hermetismo durante la búsqueda, Quinteros no cedió terreno: “No me voy a detener en las miserias y mezquindades políticas. Acá lo importante no era hablar, era trabajar, y fue lo que hicimos incansablemente”. Rechazó también los cuestionamientos a su presencia en el territorio.

El titular de la cartera de Seguridad confirmó que la posibilidad de que el sospechoso haya contado con algún cómplice en la zona sigue siendo una línea de investigación activa. Garzón, además, ya incorporó a su expediente una causa previa contra el imputado por privación ilegítima de la libertad de mayo de 2025, cuyo archivo deberá ser explicado por el Poder Judicial cordobés.

Por último, Quinteros fue consultado sobre las expresiones del fiscal durante la conferencia de prensa y el ministro fue escueto: “Si el fiscal se expresó de esa manera, yo no tengo por qué dar demasiadas explicaciones al respecto”.

Ante las críticas a la comunicación institucional de ese encuentro, el ministro tampoco se extendió. “No se trata de si me sentí cómodo o incómodo en esa conferencia. Yo me siento cómodo haciendo mi trabajo. Esa es la única comodidad en la que verdaderamente quiero estar: la de tener la tranquilidad de saber que hice exactamente lo que tenía que hacer”, concluyó.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina informó que en 2025 se investigaron 204 causas judiciales por femicidios con 219 víctimas en todo el país, una baja del 12,3% en las víctimas directas respecto de 2024.

Este descenso que se inscribe en una tendencia de retroceso desde el pico de 2019 y que dejó un promedio de una víctima directa cada 44 horas.

De acuerdo con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, el año pasado hubo 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas. La tasa fue de 0,85 víctimas directas cada 100 mil mujeres, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), informe anual elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

El detalle por provincias

La provincia de Buenos Aires, la más habitada del país, concentró el 39% del total nacional, según el RNFJA.

Pero, observando el número de víctimas cada 100 mil mujeres, las tasas más altas se registraron en Chaco con 1,8%, Misiones con 1,77% y Neuquén con 1,69%, mientras que Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron casos.

Desde hace más de 10 años, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema elabora este registro estadístico sobre causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans y travestis por razones de género. Para construirlo, todas las jurisdicciones del país aportan información sobre expedientes, víctimas y sujetos activos.

28 casos menos frente a 2024

En la comparación interanual, las víctimas directas se redujeron en 28 casos entre 2024 y 2025, según el RNFJA. Entre 2017 y 2025, la caída acumulada fue del 20,6%, al pasar de 252 víctimas directas registradas a 200.

El informe de la Oficina de la Mujer indicó que el máximo de la serie reciente se alcanzó en 2019, con 260 víctimas directas. Después hubo un descenso leve en 2020, una baja más marcada en 2021 y 2022 hasta un mínimo de 226, un repunte en 2023 y una nueva reducción en los años posteriores.

Del total de víctimas directas de 2025, el 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans y travestis, de acuerdo con el registro. La edad promedio fue de 40,8 años.

Los casos según la edad

El grupo etario con más casos fue el de 25 a 34 años, con el 24% del total, seguido por el de 35 a 44 años, con el 22%, según el RNFJA. El 6% de las víctimas eran niñas o adolescentes de hasta 17 años, en tanto el 16% tenía 60 años o más.

El 15,5% de las víctimas había estado desaparecida, según el informe. También se contabilizaron al menos 130 hijos e hijas de las víctimas, de los cuales al menos 45 eran hijos en común con el agresor investigado.

Además, en al menos el 83% de los casos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor, de acuerdo con el registro.

Parejas, ex parejas y familiares

Según el informe difundido este viernes, el 59% correspondía a parejas, ex parejas u otra relación sexo-afectiva, el 11% a familiares y el 13% a otros vínculos, mientras que solo el 7% no se conocían entre sí.

El RNFJA señaló, además, que en el 36% de los casos la víctima convivía con el sujeto activo al momento del hecho y en el 53% no lo hacía. En el 11% restante no hubo datos disponibles.

En al menos 101 vínculos, equivalentes al 44%, se registraron antecedentes de violencia de género, según el informe. De ese total, 36 surgían de denuncias formales y 65 de otros elementos incorporados a la causa judicial.

Respecto del lugar donde se produjeron las agresiones, el 78% de las víctimas fueron atacadas en viviendas, de acuerdo con la Oficina de la Mujer. La vivienda compartida fue el lugar más frecuente, con el 35,5%, seguida por la vivienda de la víctima, con el 29%; el espacio público concentró el 15,5% de los casos.

El registro identificó 198 sujetos activos en los posibles femicidios investigados y consignó que al menos 12 seguían sin identificar a la fecha de corte del estudio, por lo que el total ascendía a al menos 210. La edad promedio de los agresores fue de 38,4 años.

El grupo más numeroso entre los sujetos activos fue el de 25 a 34 años, con el 26%, seguido por el de 35 a 44 años, con el 22%, según el RNFJA. Cinco, equivalentes al 2%, eran menores de dieciocho años.

Al menos 20 agresores habían integrado fuerzas de seguridad

Al menos 20 sujetos activos, el 9,5%, pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, de acuerdo con el informe. De ellos, 10 usaron armas de fuego reglamentarias y siete se suicidaron después del hecho.

El 22,4% de los sujetos activos, al menos 47 personas, registraba consumo problemático de sustancias, según el registro. La sustancia más frecuente fue el alcohol, seguido por la cocaína.

Después del hecho, el 17% de los sujetos activos se suicidó, al menos el 31% huyó y al menos el 33% intentó ocultar su autoría bajo alguna modalidad, de acuerdo con el RNFJA. Al momento del corte, el 65% estaba privado de la libertad en causas en investigación o con sentencia judicial.

Por último, un dato no menor que reveló el informe, es que el 15% restante estaba en libertad, había sido sobreseído, declarado inimputable, estaba en rebeldía o aún no había sido identificado.

Colectivos feministas en Honduras realizaron este miércoles un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir avances en las investigaciones de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Las organizaciones denunciaron que en 2026 se contabilizan más de 108 casos y reclamaron medidas de prevención, protección y sanción. La protesta fue pacífica.

Desde temprano, integrantes de organizaciones feministas se concentraron en las afueras del Poder Judicial con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades.

Según dijeron durante la manifestación, el reclamo apuntó a que el sistema de justicia acelere los expedientes y garantice resultados en los casos.

Las manifestantes sostuvieron que el registro de más de 108 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va del año muestra fallas en la respuesta estatal. Plantearon que la cifra se relaciona con demoras en investigar y con la falta de sanciones, lo que, a su juicio, alimenta la impunidad.

Reclamos por investigaciones

Durante el plantón, las organizaciones pidieron que las investigaciones por femicidio avancen con celeridad y que los responsables enfrenten procesos transparentes. También reclamaron que se evite la revictimización de las familias durante las diligencias y en el trato institucional.

Las participantes señalaron que la violencia contra las mujeres aparece en distintos ámbitos, desde el hogar hasta espacios públicos, y que en varios casos deriva en asesinatos. En esa línea, atribuyeron parte del problema a expedientes con avances limitados y a respuestas que, según afirmaron, no llegan a tiempo cuando existen denuncias previas.

Demandan mecanismos de protección

El reclamo incluyó la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género y el pedido de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en riesgo. De acuerdo con las organizaciones, hay casos de víctimas que denunciaron situaciones de violencia y no recibieron una respuesta estatal oportuna.

También recordaron que, según colectivos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres en Honduras se vincula con desigualdad y discriminación, con patrones que incluyen violencia doméstica, agresiones sexuales y femicidios. En la protesta, indicaron que el impacto alcanza a familias y comunidades, y que crece la desconfianza en las instituciones.

Emergencia por violencia de género

Según el monitoreo de organizaciones de mujeres, los femicidios y muertes violentas se mantienen en niveles altos, con reportes que ubican los casos como un hecho casi diario en distintas zonas del país. Ese seguimiento, afirmaron, sustenta los llamados a declarar una emergencia nacional por violencia de género.

El plantón se desarrolló de forma pacífica, con pronunciamientos dirigidos al Estado hondureño, al que responsabilizaron por no garantizar plenamente el derecho a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres.

Las organizaciones anticiparon que mantendrán acciones de protesta y acompañamiento a víctimas y familiares hasta que haya resultados en las causas y medidas de prevención y sanción.

En Honduras, cada cifra de femicidio no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de vidas interrumpidas y de un sistema que, según las organizaciones feministas, sigue sin dar respuestas suficientes frente a la violencia.

En ese contexto, los colectivos advirtieron que la falta de resultados concretos en la investigación y judicialización de estos crímenes profundiza la desconfianza en las instituciones y mantiene abierta una deuda histórica del Estado en materia de prevención, protección y justicia.

Los familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel confirmaron su muerte este 21 de mayo de 2026, tras acudir a identificar el cuerpo localizado en una zanja de la Colonia Santiago, en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

Florencio Ramos, esposo de la víctima, fue el primero en dar la noticia públicamente a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. El hombre gradeció el apoyo de medios de comunicación, sociedad, familiares y autoridades durante el proceso de búsqueda, y reconoció que la movilización colectiva fue determinante para llegar al hallazgo.

Posterior a la declaración del familiar, las autoridades confirmaron en sus canales oficiales la identificación.

La víctima desapareció tras acudir a una clínica estética en Puebla.

La Fiscalía de la entidad donde fue localizada abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento los encargados del local donde ocurrió el crimen no han sido capturados.

El caso tomó relevancia luego de las exigencias públicas de la familia y la difusión de un video en el que los presuntos responsables suben a Blanca a un vehículo para deshacerse de ella.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado detenciones vinculadas con la muerte de Blanca Adriana.

Florencio confirmó el deceso y agradeció el apoyo de la sociedad

“Lamentablemente no fue lo que quisiéramos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso”, dijo Florencio ante los medios.

Señaló que al momento de su declaración los trámites correspondientes aún estaban en curso.

El esposo de la víctima también subrayó la importancia del acompañamiento ciudadano: “Gracias a eso también se logró todo esto”, dijo. Además, extendió el agradecimiento a las autoridades que participaron en las diligencias.

Fiscalía de Tlaxcala confirmó la identidad de Blanca Adriana

Posterior a las declaraciones de Florencio Ramos, autoridades afirmaron que los restos localizados en la Colonia Santiago, en Atltzayanca, corresponden a Blanca Adriana Vázquez Montiel.

Según el comunicado, el Instituto de Ciencias Forenses de la dependencia, a través de su grupo de identificación humana, realizó las pruebas periciales que permitieron determinar la identidad.

La FGJE informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Blanca Adriana desapareció tras un procedimiento en clínica sin cédula en Puebla

Reportes periodísticos señalan que el pasado 18 de mayo, Blanca Adriana y Florencio Ramos llegaron al consultorio Detox, en calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana, con la intención de pedir informes sobre un tratamiento estético.

En el sitio, presuntamente la responsable del negocio los convenció de realizar la intervención ese mismo día.

El procedimiento al que fue sometida Blanca Adriana consistió en una eliminación de grasa abdominal. Una hora después de iniciada la intervención, el personal del consultorio habría enviado a Florencio Ramos a comprar una faja comprensiva, vendas y medicamentos a la plaza Galerías Serdán.

Al regresar, cerca de las 19:00 horas, encontró el local cerrado y sin rastro de su esposa ni del personal que la atendía.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento en que tres personas trasladaron a Blanca Adriana, aparentemente inconsciente, a un Mini Cooper rojo.

Autoridades confirmaron la ejecución de cateos tanto en el consultorio de la calzada Zavaleta como en una propiedad del fraccionamiento El Pilar de San Andrés Cholula, vinculada al hijo de la responsable del negocio. En ese último sitio fue encontrado el vehículo involucrado en el traslado de Blanca.

Quién es la falsa doctora detrás de la clínica

Diana Alejandra Palafox Romero dirigía el consultorio sin contar con cédula profesional registrada ante ninguna autoridad federal.

Pese a ello, el negocio ofrecía una amplia gama de procedimientos invasivos: liposucciones exprés por 14 mil pesos, implantes hormonales llamados “chips sexuales” y terapias con “ADN de salmón”.

Los detalles de la oferta del consultorio quedaron documentados en sus redes sociales, a las que tuvo acceso Diario CAMBIO antes de que fueran eliminadas.

Palafox Romero, su hijo Carlos Quezada Palafox y la recepcionista del establecimiento habrían huido luego del crimen.

A dos días del hallazgo del cuerpo de Margarita Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal encontrada calcinada en su casa de Junín, la Justicia de Mendoza ordenó una pericia clave para determinar cómo murió.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, como el cuerpo estaba en un avanzado estado de deterioro por el fuego, las muestras recolectadas fueron derivadas a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de establecer la causa concreta de muerte.

La medida es central para la investigación. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el resultado permitirá precisar si Margarita murió estrangulada, por un golpe, por acción del fuego o por otra causa. También será clave para reconstruir si el fuego fue posterior a la muerte o si formó parte del ataque. Se estima que los resultados estarán dentro de un mes.

Los especialistas también extrajeron muestras de ADN para cotejarlas con las tomadas en el lugar del hecho. Uno de los perfiles a cotejar corresponde al hijo mayor de Margarita, David Demaldé, que estuvo demorado algunas horas y con quien la mujer mantenía conflictos previos. La Justicia puso el foco sobre él en las primeras horas posteriores al hallazgo.

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Mientras tanto, los investigadores siguen recabando otras pruebas. De momento, se tomaron declaraciones a vecinos y familiares, además de revisar las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, la fiscalía no difundirá más detalles para resguardar la investigación.

Hatsa el momento, no descartan que quien cometió el crimen buscara montar una escena para simular un robo y así desviar la atención de la investigación. La instrucción está a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la coordinación del fiscal en jefe Mariano Carbajal.

El caso

Margarita Iris Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada. En el operativo participaron Policía Científica, un médico forense y personal del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

La noticia causó conmoción en la ciudad, ya que la víctima era una docente de un jardín de infantes donde, en vida, había sido homenajeada por sus servicios y enseñanzas. Además, Margarita era la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia, es por eso que la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino donde expresaron públicamente sus condolencias.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) de Chihuahua abrió una investigación con protocolo de feminicidio tras el asesinato de la dirigente municipal de Morena, Lucía Guadalupe Mora Ávalos.

El crimen ocurrió la noche del pasado 12 de mayo en el municipio de Valle de Allende, colonia Nicolás Fernández.

Lucía, de 53 años, fue hallada sin vida dentro de una camioneta Honda, modelo HR-V y de color azul, en la calle Benito Juárez.

Su cuerpo presentaba diversas heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital de la región.

Conocida en la zona como “Piña”, era también maestra de preescolar y figura reconocida en la estructura política local de Morena.

La FEM determina posible intervención de dos personas en el ataque

Según reportes oficiales, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena y aseguraron casquillos calibre .380 y 9 milímetros.

Los datos recabados por el Ministerio Público apuntan a que dos personas abordaron a la víctima, sostuvieron un intercambio de palabras con ella y luego dispararon sus armas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación atendieron el reporte en la colonia Nicolás Fernández, donde vecinos alertaron al 911 al escuchar las detonaciones.

Las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en las salidas del municipio y zonas aledañas. Hasta el cierre de esta nota no se han reportado personas detenidas ni móvil confirmado.

El cuerpo de Mora Ávalos fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Según datos compartidos por la FGE Chihuahua, la familia de Lucía recibe acompañamiento integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con apoyo jurídico, psicológico y asistencia victimal.

Sheinbaum pide investigar el caso sin vincularlo al contexto de la CIA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen y descartó que el asesinato de Mora Ávalos estuviera relacionado con la el polémico caso que destapó la posible intervención de agentes de la CIA en Chihuahua.

Lo dijo durante la mañanera del 13 de mayo, donde señaló que vincular ambos hechos sería precipitado. Exigió que la investigación avanzara sin impunidad y que las autoridades competentes determinaran las causas del homicidio con base en evidencias, no en especulaciones.

La muerte de la dirigente morenista se produjo en medio de una escalada política en el estado, donde Morena había anunciado acciones contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por permitir, presuntamente, la operación de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

Por otra parte, desde su cuenta de X, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, responsabilizó indirectamente a la gobernadora Campos Galván por el clima de violencia en Chihuahua.

Un hombre de 34 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de amenazar e intentar asesinar a su expareja en el barrio porteño de Almagro. El hecho es investigado bajo la carátula de tentativa de femicidio agravado.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, el episodio ocurrió en el domicilio de la mujer, quien es madre de los hijos del imputado. El hombre, que tenía vigente una orden de restricción de acercamiento producto de antecedentes previos, acudió al lugar con motivo del cumpleaños de la víctima y violó la prohibición judicial.

Horas después, el imputado exigió a la mujer que le entregara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a agredirla física y verbalmente, propinándole golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. De acuerdo con la información oficial, el ataque escaló cuando el agresor intentó cortarle el pelo con una tijera y le manifestó: “Si no sos mía, no sos de nadie”.

En ese contexto, el hombre tomó un cuchillo, cuya hoja medía 25 centímetros de largo, y amenazó de muerte a su expareja: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”. El intento de ataque con arma blanca ocurrió delante de la hija de 5 años de ambos, aunque la mujer logró esquivar la agresión y el cuchillo terminó incrustado en la pared del domicilio.

La víctima pudo escapar hacia la calle y pedir auxilio. Personal de la Policía de la Ciudad intervino rápidamente, redujo al imputado y procedió con su detención.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que dispuso las primeras medidas investigativas.

El auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, responsable de la UFLA Oeste, consideró desde el inicio que el caso encuadra en tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género. Así, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo de Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido.

El imputado, que continuará privado de su libertad mientras se desarrolle la investigación, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

Honduras vivió este sábado una nueva jornada de violencia contra las mujeres luego de que se reportara el hallazgo de dos féminas asesinadas en diferentes departamentos del país, hechos que han generado consternación entre familiares, vecinos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Uno de los casos ocurrió en el departamento de Colón, donde autoridades policiales confirmaron el hallazgo sin vida de Karla Yesenia Peña Cárcamo, de 42 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves.

La mujer fue encontrada muerta en una zona solitaria del sector de La Playa, municipio de Trujillo, específicamente en un área ubicada entre la carretera que conduce hacia Puerto Castilla y comunidades cercanas del litoral atlántico.

De acuerdo con información preliminar, Karla había salido de su vivienda presuntamente para realizar un mandado acompañada de un conocido.

Según el relato brindado por familiares, la víctima le comunicó a una de sus hijas que saldría por un momento, pero nunca regresó a casa.

La madre de la mujer relató que posteriormente el hombre que supuestamente la acompañaba negó haber estado con ella, lo que incrementó la preocupación entre sus allegados, quienes desde entonces iniciaron una intensa búsqueda en distintos sectores del municipio con la esperanza de encontrarla con vida.

El cuerpo de Karla Yesenia Peña Cárcamo fue localizado abandonado en una zona apartada, provocando dolor e indignación entre familiares y pobladores de Trujillo.

La víctima deja en la orfandad a tres hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida violenta de su madre en medio de la incertidumbre sobre las circunstancias del crimen.

Horas antes, otro crimen contra una mujer había sido reportado en el departamento de Yoro, específicamente en la comunidad de El Agricultor, municipio de Olanchito, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Marlen Paguada Rivera, conocida popularmente como “La Pioja”.

El cadáver de la mujer, de aproximadamente 50 años de edad, fue hallado a la orilla de la carretera RN-23 dentro de un costal y amarrado con cabuyas negras en ambos extremos.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del sector observaron un bulto sospechoso abandonado cerca de la carretera y dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.

Minutos después, agentes se desplazaron al lugar y confirmaron que dentro del costal se encontraba el cuerpo de una mujer. Posteriormente, se identificó a la víctima como Marlen Paguada Rivera, residente de la colonia Campo Nuevo, en Olanchito.

Elementos policiales procedieron a acordonar el área para permitir el trabajo de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Con ambos hechos registrados en un mismo día, ya serían dos mujeres asesinadas este sábado en diferentes sectores de Honduras, reflejando nuevamente la grave situación de violencia que afecta a la población femenina.

Las muertes han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas han denunciado reiteradamente el aumento de femicidios y muertes violentas de mujeres en el país, así como la impunidad que rodea muchos de estos casos.

Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), más de 85 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año, una estadística que mantiene en alerta a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

La Policía Bonaerense detuvo este sábado al hombre acusado de abusar de una nena de 9 años y asesinar a la madre cuando intentó defenderla en Los Polvorines. Esteban Lorenzo Amarilla fue capturado tras un operativo en un edificio de la peatonal Florida, en el centro porteño.

Según fuentes policiales, el arresto se produjo después de tareas investigativas que ubicaron al sospechoso en un departamento céntrico, donde frecuentaba a una pareja ocasional. En el procedimiento participaron efectivos del servicio externo de la Comisaría de Los Polvorines, agentes de la SDDI local y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Así, Amarilla, de 25 años, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género. En las próximas horas la fiscal Lorena Carpovich lo indagará. En principio, enfrenta cargos por homicidio agravado.

El caso comenzó el jueves a la madrugada. Tras un llamado al 911, personal policial acudió a una vivienda de la calle Velázquez al 4100, donde fue hallado el cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años. La mujer tenía un golpe en la cabeza y dos cortes a la altura del cuello.

Su hija de 9 años estaba en el lugar. La nena contó que despertó cuando Amarilla, al que conocía e identificó como un amigo al momento de irse a dormir, la manoseó, estando desnudo en su cama.

Relató que luego el agresor le tapó la boca para que no gritara y le ordenó que se vistiera. Después, le dijo que esperara unos cinco minutos antes de salir y se retiró de la habitación. Cuando la niña llegó a la cocina, vio a su madre tendida en el suelo, rodeada de manchas de sangre. Tras huir al exterior, pidió auxilio a vecinos, mientras el agresor escapó.

Durante la inspección, en la casa se incautó un cuchillo de cocina tipo Tramontina con manchas de sangre. No se detectaron faltantes, salvo el celular de la víctima, por lo que la hipótesis de un posible crimen en ocasión de robo se diluyó rápidamente.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se dio a la fuga. Permaneció oculto hasta este sábado.

La autopsia confirmó que la mujer murió tras recibir tres puñaladas, una de ellas mortal en el cuello. Según consta en el expediente judicial, la mujer fue atacada cuando intervino para frenar el abuso a su hija.

En la investigación se estableció que el hombre visitaba la vivienda habitualmente, tenía antecedentes de consumo problemático de drogas y solía pedirle dinero a Cáceres.

Hay un dato más: Amarilla ya había sido denunciado por abuso sexual el año pasado, cuando una prima de 16 años lo acusó de tocarla sin consentimiento en la localidad de Pablo Nogués. Esa causa fue archivada por falta de pruebas, según pudo saber Infobae.

El caso generó conmoción en la zona. Los vecinos se movilizaron con carteles y flores frente a la casa de la víctima. Los mensajes de apoyo a la familia también se replicaron en redes sociales.

Tras el hecho, la nena quedó bajo el resguardo de su tía materna y recibe acompañamiento profesional. La fiscal dispuso su declaración testimonial en Cámara Gesell.

Una mujer de 52 años fue asesinada este jueves en la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, cuando trataba de defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual.

El principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es un vecino de las víctimas. Hasta el momento, permanece prófugo.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. En la vivienda estaban Yolanda Raquel Cáceres y su hija menor. Durante la madrugada, Amarilla habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

El reporte policial indica que la propia niña, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino para detener al agresor, quien la atacó y le propinó dos puñaladas, de acuerdo a fuentes del caso.

En medio de la agresión, la nena salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo de Cáceres fue encontrado en el piso de la vivienda, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo. La investigación sigue en marcha para localizarlo.

Mientras sigue la búsqueda, en las redes sociales empezaron a circular mensajes reclamando justicia por el crimen.

“Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicás a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda Cáceres”, escribió una usuaria de Facebook.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija. Justicia por su hija que perdió a su mamá, que intentó salvar su vida! Justicia por esa nena a la que le robaron su inocencia”, publicó otra.

En la puerta de la casa donde sucedió el hecho, además, vecinos colgaron carteles alusivos y dejaron flores.

Eran las primeras horas de este jueves cuando una nena de 9 años salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos de la localidad bonaerense de Los Polvorines después de escapar de su casa, donde encontró a su mamá, Yolanda Cáceres, sin vida.

Según fuentes del caso, la menor relató a la policía que un hombre, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, al que señaló como vecino y conocido de su madre, había ingresado a la vivienda y la había manoseado mientras dormía.

El episodio terminó con el asesinato de Cáceres, de 52 años, quien aparentemente descubrió la situación y recibió varias puñaladas al intentar defender a su hija. Desde entonces, el sospechoso está prófugo y es buscado intensamente por la policía.

La secuencia comenzó cerca de las dos de la madrugada, en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. De acuerdo con el relato de la nena, se despertó y encontró a Amarilla desnudo junto a ella. El agresor le tapó la boca para que no gritara y le ordenó que se vistiera. Después, le dijo que esperara unos cinco minutos antes de salir y se retiró de la habitación.

Cuando la niña llegó a la cocina, vio a su madre tendida en el suelo, rodeada de manchas de sangre.

Desesperada, la menor escapó de la vivienda y pidió auxilio en la calle, donde fue socorrida por dos vecinos que llamaron al 911. El personal policial llegó minutos después y constató el fallecimiento de Cáceres, quien yacía en el piso con cortes en el cuello.

Una versión en análisis señalaba que el sospechoso podría haber ingresado por una ventana, pero esa hipótesis no fue confirmada por la investigación oficial: en la escena del crimen, los efectivos hallaron la puerta principal entreabierta y la llave puesta del lado de afuera.

Dentro de la casa, los agentes encontraron y secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre. Se cree que fue el arma utilizada por el criminal.

Los peritos revisaron el cuerpo de Cáceres y determinaron que no presentaba signos de defensa ni de abuso sexual. La víctima tenía dos heridas profundas en el cuello, una de ellas de unos 3 centímetros de profundidad sobre la carótida derecha, y un corte adicional por encima de la clavícula. Además, presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno.

El principal sospechoso, Amarilla, de 26 años, trabaja en la construcción según registros oficiales y vive a unas cinco cuadras de la casa de la víctima. Hasta el momento, no fue localizado por la policía. Se analizan cámaras de seguridad y se siguen recabando testimonios para dar con su paradero.

La menor, por su parte, quedó al resguardo de su tía materna y recibe acompañamiento por parte de profesionales.

Mientras sigue la búsqueda de Amarilla, en la puerta de la vivienda, los vecinos dejaron flores y carteles en reclamo de justicia. El caso generó conmoción en la zona y los mensajes de apoyo a la familia se replicaron en redes sociales.

“Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicas a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda Cáceres”, escribió una usuaria de Facebook.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija. ¡Justicia por su hija que perdió a su mamá, que intentó salvar su vida! Justicia por esa nena a la que le robaron su inocencia”, publicó otra.

Mientras que la Justicia de Tucumán continúa con la investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, este martes, se definió que Nicolás Navarro continúe detenido en el penal luego de que se le denegara el arresto domiciliario. Se trata de uno de los hombres acusados de haber ayudado al principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, a deshacerse del cadáver.

Después de que el tribunal de apelación rechazara el pedido presentado por la defensa, se confirmó que el acusado deberá cumplir con la prisión preventiva, en el marco de la investigación por el asesinato de la joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur, en la localidad de Yerba Buena.

La resolución fue dictada durante una audiencia oficial tras la apelación contra la decisión adoptada el 21 de abril, cuando ya se había denegado un planteo similar. En esta ocasión, la jueza del Tribunal Superior volvió a rechazar el requerimiento y dispuso medidas de seguimiento para asegurar el tratamiento médico del imputado.

De acuerdo con la decisión del tribunal, Navarro permanecerá privado de la libertad al menos hasta el vencimiento de la medida cautelar, previsto para dentro de aproximadamente tres semanas. Actualmente, se encuentra imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, en calidad de autor.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, con la intervención de la auxiliar de fiscal Carolina Brito en la última audiencia. Según la información publicada por Contexto Tucumán, en la causa también permanecen detenidos Felipe Sosa, Justina Gordillo y Jorge Orlando Díaz.

Hasta el momento, la acusación estableció que, durante la madrugada del 7 de enero de 2026, Sosa (con la participación de otras personas aún no identificadas) habría dado muerte a Érika Antonella Álvarez mediante violencia física, provocándole traumatismos cráneofaciales y cervicales. El cuerpo de la joven fue hallado al día siguiente en un basural, hecho que motivó la actual pesquisa penal.

Durante su declaración judicial, Navarro aseguró que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, para después solicitarle que acudiera a su vivienda en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con información publicada por La Voz del Interior, el acusado llegó al domicilio cerca de las 09:00 y encontró al militar “nervioso”, portando una pala y mostrando un cuerpo en el interior de la casa. Sin embargo, el por entonces testigo aseguró no haber reconocido a la víctima ni haberle visto el rostro.

En ese momento, indicó que Sosa habría iniciado un plan para deshacerse del cuerpo de la joven durante las primeras horas de la mañana. Según la información del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el recorrido fue diseñado para evitar calles y zonas con cámaras de seguridad activas, aunque algunos registros permitieron reconstruir parte del trayecto realizado hasta el basural.

A las 10:33, una cámara captó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. El vehículo desapareció de los registros por casi 23 minutos, período en el que, de acuerdo con la investigación, Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, eludiendo zonas vigiladas, y finalmente cargando el cuerpo en la caja del vehículo.

Minutos más tarde, precisamente a las 10:57, la misma camioneta fue vista de nuevo frente al domicilio. A las 11:09 fue registrada en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permaneció brevemente en la ubicación donde el cuerpo de Erika sería hallado posteriormente. Se estimó que el acusado solo habría necesitado entre 10 y 15 minutos para abandonar el cadáver.

Las cámaras también documentaron el regreso del vehículo. Tras abandonar la zona descampada, fue avistado nuevamente en el Camino de Sirga a las 12:08, y minutos después, a las 12:11, en la Avenida Aconquija, antes de regresar a las inmediaciones de la vivienda de Sosa.

Luego de que los registros de cámaras y el testimonio de Navarro permitieran a la Fiscalía reconstruir la secuencia de hechos y los movimientos del acusado durante la mañana en que se habría perpetrado el traslado y abandono del cuerpo, consideraron que el hombre colaboró en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros del hecho con el objetivo de favorecer la impunidad y entorpecer la investigación.

Un policía de la provincia de Chaco mató a su padre en la ciudad de Resistencia y luego asesinó a su ex pareja en localidad de Puerto Vilelas tras tomarla de rehén.

El agresor, identificado como Luciano Etudie, resultó gravemente herido y permanece internado bajo custodia tras ser baleado por fuerzas especiales.

Según fuentes policiales, todo empezó en la mañana de este martes. Etudie, cabo primero de la Policía del Chaco, fue hasta la casa de su padre, Alberto Etudie, ubicada en la calle Lestani al 600 de Resistencia.

Todavía no está claro si hubo una discusión entre ambos, una pelea o un ataque directo. Lo concreto, de acuerdo a la investigación inicial es que allí, el hijo disparó y mató a su propio padre, de 57 años.

La secuencia violenta continuó. Después de ese ataque, el cabo tomó un vehículo y se dirigió al domicilio de su ex pareja, Graciela Mabel López, de 33 años.

Etudie secuestró a la mujer y a un menor de edad, hijo de ella, y los llevó hacia el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. Vecinos del lugar alertaron a la policía.

Al llegar, los primeros agentes que se presentaron en el lugar hallaron al agresor: tenía a la mujer como rehén y le apuntaba a la cabeza con un arma.

El jefe de la policía chaqueña, Fernando Romero, contó a Norte Grande Federal que se intentó negociar durante varios minutos y, al no obtener resultados, se pidió apoyo al Cuerpo de Operaciones Especiales y a la fiscalía. Etudie manifestaba que había cometido un grave error, que se había mandado “una macana” y “estaba jugado”, y no pensaba deponer su actitud.

El parte oficial indica que, un rato más tarde, mediadores de la fuerza negociaron con el agresor y consiguieron poner a salvo al menor. Pero la situación se agravó cuando, tras varios minutos de diálogo, el policía disparó y mató a su ex pareja delante del personal policial, funcionarios judiciales y vecinos.

Frente a esta situación de peligrosidad, integrantes del COE intervinieron de inmediato y le dispararon en la cara a Etudie, quien cayó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando.

El operativo avanzó, ya que, atentos a las palabras del agresor, los policías comenzaron a investigar si Etudie realmente había hecho algo antes de secuestrar y asesinar a su ex pareja. Se centraron en su entorno. Fue así como personal de la Comisaría Octava de Resistencia encontró el cuerpo del padre en el domicilio de la calle Lestani, confirmando así la conexión directa entre ambos hechos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N°11, representada por Noelia Benítez, y la Fiscalía en turno de Resistencia, a cargo de Lilian Irala.

El parricida y femicida permanece internado, bajo custodia policial y en estado grave, según las autoridades. Mientras tanto, la investigación sigue en marcha para determinar las circunstancias y motivos de los crímenes.

Tras conocerse la noticia, una allegada lamentó en redes sociales: “Ese tipo no pensó en los tres niños que iba a dejar solitos. Dios te tenga en su santa gloria mi reina, tenías mucho por vivir”. “Gracias por todos los buenos momentos compartidos, por brindarnos todo de vos, la gran mujer y mamá que fuiste se recordará siempre”, escribió otra.

López estudiaba en el Instituto San Fernando Rey. Desde allí también se emitió un mensaje en redes sociales: “Levantamos la voz por Justicia y transformamos nuestro luto en compromiso: por ella y por todas, ni una menos”.

El 5 de mayo de 2016, la sala 106 del Tribunal Superior de Los Ángeles puso fin a una cacería que se extendió durante tres décadas. Lonnie David Franklin Jr., un recolector de basura de 63 años, fue declarado culpable de diez asesinatos y un intento de homicidio cometidos entre 1985 y 2007 en los barrios de South Central. Ante un jurado que durante meses escuchó las pruebas, el veredicto confirmó que el vecino que arreglaba autos en su jardín era, en realidad, el asesino serial que acosó a mujeres jóvenes en una época marcada por la violencia en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Esos crímenes siguieron un patrón geográfico y social definido: las víctimas eran, en su mayoría, mujeres negras de bajos recursos, cuyos cuerpos eran encontrados ocultos entre escombros en callejones olvidados.

El caso, conocido como el del “Grim Sleeper” (durmiente siniestro), estuvo marcado por una inquietante pausa de 14 años en la que el asesino pareció desvanecerse, dejando a la policía sin pistas mientras la lista de mujeres desaparecidas crecía en el anonimato. La justicia no llegó por una denuncia ni por un testigo presencial, sino por el rastro genético que Franklin no pudo borrar.

En una pizzería, un detective encubierto recuperó restos de su comida. El ADN presente en esos desechos coincidió con la evidencia recolectada en las escenas de los crímenes desde mediados de los años ochenta. Aquel resto se convirtió en la pieza clave que, finalmente, expuso al hombre aparentemente común que había logrado evadir a las autoridades de Los Ángeles durante dos décadas, ocultando su violencia tras la fachada de un vecino servicial.

Del pasado criminal a la cacería inconclusa

La vida de Lonnie David Franklin Jr. es la historia de una violencia que el sistema dejó pasar. Nacido en 1952, Franklin creció en el sur de Los Ángeles bajo la apariencia de un hombre común: tenía esposa, dos hijos y un trabajo. Pero su cara real —la de un abusador— apareció temprano cuando entró al Ejército de los Estados Unidos. En 1974, mientras estaba en Alemania, Franklin secuestró y violó en grupo a una chica de 17 años.

En un acto de resistencia frente al horror que padecía, la joven logró identificarlo, obligando a la justicia alemana a darle una condena de tres años. Pero el sistema fue demasiado benévolo con él: después de cumplir una pena corta, Franklin volvió a las calles de Estados Unidos como si nada hubiera pasado. Esa primera sobreviviente, a la que nadie cuidó, tuvo que esperar décadas para enfrentarlo cara a cara en un juicio y señalar al monstruo que el Estado no quiso frenar. Ya de vuelta en Los Ángeles, Franklin siguió sumando causas por robo y agresiones que la policía nunca se tomó en serio, mientras la ciudad se convertía en el escenario de una violencia que el poder decidió ignorar.

A mediados de los 80, los callejones y baldíos del sur de Los Ángeles empezaron a llenarse con los cuerpos de mujeres afroamericanas jóvenes. Eran chicas atrapadas en la pobreza y el consumo de drogas; mujeres a las que el sistema ya les había soltado la mano mucho antes de que un asesino las cruzara. El llamado “Asesino del Southside” las mataba a puñaladas o las estrangulaba, pero la policía no hizo nada para detenerlo.

Mientras los medios de comunicación y la policía dedicaban atención y recursos a crímenes con mayor cobertura pública, los asesinatos de mujeres afroamericanas del sur de Los Ángeles quedaban marginados. Las víctimas eran catalogadas con la frase “No hay humanos involucrados”, expresión de algunos agentes para desestimar los casos y mostrar el desprecio hacia mujeres pobres, con antecedentes de consumo o en situación de calle.

Frente a esa indiferencia, activistas como Margaret Prescod impulsaron protestas y exigieron justicia. Gracias a su presión, el Departamento de Policía de Los Ángeles formó un grupo especial de investigación, aunque con escasos recursos y respaldo institucional.

La investigación policial fracasó por la falta de interés y los errores en el enfoque: nunca lograron reconocer que la vulnerabilidad de las víctimas era, a la vez, carnada de varios asesinos en la misma zona. En 1987, ante la ausencia de resultados concretos, la policía disolvió el equipo especial destinado al caso. Años después, se confirmó que el criminal no actuaba solo, mientras el sistema judicial no daba respuestas.

En medio de todo ese caos y olvido, hubo un patrón que nadie vio: mujeres asesinadas con una pistola calibre .25, con disparos directos al pecho. La primera víctima fue Debra Jackson, en agosto de 1985. El sistema tardó veinte años en ponerle nombre a esa sombra y en ponerle un apodo que, más que un nombre, era una forma de admitir que no lo habían buscado: el “Durmiente Siniestro”. Un nombre que inventaron para decir que el asesino se había tomado un descanso, cuando lo que realmente pasó fue que tuvo vía libre para seguir matando durante dos décadas.

El Franklin que regresó de Alemania no era un marginal viviendo en las sombras; era un hombre que se mimetizó perfectamente en el paisaje urbano de Los Ángeles. Trabajó como recolector de basura para la ciudad y más tarde como mecánico. Usó la información de las calles, de los horarios y de los puntos ciegos de la vigilancia para moverse como un fantasma. Mientras formaba su familia y saludaba a sus vecinos en la calle 81, transformaba su rutina diaria en una logística del horror, eligiendo los callejones que conocía de memoria para descartar las vidas que planeaba arrebatar.

Cronología de una cacería fallida

La cacería comenzó a mediados de los años 80, mientras el sur de Los Ángeles se hundía en la violencia y el abandono. Entonces, los callejones de Manchester Square se convirtieron en un cementerio a cielo abierto. La justicia tardó décadas en confirmar lo que la calle ya gritaba: Lonnie Franklin Jr. era el responsable de una cacería sistemática contra mujeres negras y jóvenes; aunque también asesinó a hombres. Sus cuerpos eran descartados en contenedores de basura o tirados entre escombros, como si sus vidas no valieran nada para una ciudad que miraba para otro lado.

La marca del horror empezó con Debra Jackson, de 29 años. En agosto de 1985, fue asesinada de tres balazos en el pecho y fue tirada cerca de la avenida West Gage. Tres años más tarde, las pruebas de balística confirmaron que esa misma arma se había usado para matar al menos a otras siete mujeres. En agosto de 1986, encontraron a Henrietta Wright, de 35 años: su cuerpo estaba escondido abajo de un colchón viejo en un callejón de Hyde Park. Poco después apareció Thomas Steele en Harvard Park; aunque a Franklin nunca lo juzgaron por este crimen, para los investigadores su muerte siempre llevó la misma firma de desprecio.

En enero de 1987, el cuerpo de Barbara Ware, de 23 años, fue encontrado tirado en la calle 56. Un testigo anónimo llegó a ver una camioneta y hasta dio el número de patente, pero esa pista se perdió en los cajones de una comisaría que no tenía apuro por hacer justicia... Meses después, en abril de ese año, Bernita Sparks fue hallada en un tacho de basura en la avenida South Western. En octubre, Mary Lowe había sido escondida en otro callejón; en enero de 1988 fue el turno de Lachrica Jefferson, de solo 22 años, y en septiembre, la vida de Alicia “Monique” Alexander fue robada cuando apenas tenía 18 años.

Con el tiempo, la policía empezó a decir que los crímenes no coincidían, que las descripciones eran distintas y que seguramente eran varios asesinos actuando a la vez. Era la excusa perfecta para diluir la responsabilidad. Sin embargo, había un hilo que unía todas estas muertes y que nadie quiso seguir: una pistola calibre .25, disparos a quemarropa y un ensañamiento feroz contra mujeres jóvenes, trabajadoras sexuales y negras. Eran las víctimas “perfectas” para un sistema que, al no darles protección en vida, decidió también negarles la justicia después de muertas.

En noviembre de 1988, Enietra Washington caminaba por una calle del sur de Los Ángeles cuando aceptó subir al auto de un desconocido. Lo que siguió fue una brutal agresión: Franklin le disparó en el pecho, la violó y la fotografió con una Polaroid antes de abandonarla, malherida, en un callejón. Contra todo pronóstico, Enietra logró arrastrarse hasta la calle y pedir ayuda. Su testimonio, el único de una sobreviviente, quedó archivado durante décadas mientras la policía ignoraba la evidencia que tenía en sus manos.

La caída del “durmiente”

Después de décadas de silencio, la ciencia llegó a donde la voluntad policial no había querido ir. En los años 2000, los avances en genética forense permitieron desempolvar esas muestras de ADN que habían estado guardadas en cajones durante años. Pero el rastro de Franklin era una sombra difícil de atrapar, hasta que un error de su propio linaje lo entregó: una búsqueda de ADN familiar detectó una coincidencia parcial con su hijo, que había sido arrestado por un delito menor. El círculo se empezó a cerrar sobre Lonnie.

Para confirmar la sospecha sin levantar alertas, los investigadores lo encontraron y siguieron hasta una pizzería. Un policía encubierto, disfrazado de mozo, recogió los restos de una pizza y una servilleta que Franklin había usado. Sus propios desechos fueron su sentencia: el ADN coincidía completamente con el perfil del asesino que había aterrorizado a la ciudad desde 1985. El 7 de julio de 2010, a los 57 años, el “vecino ejemplar” fue arrestado en su casa del sur de Los Ángeles.

La violencia de Franklin nunca se había detenido realmente. El juicio mostró que su supuesta inactividad era un mito: en 2002 mató a Princesa Berthomieux, una nena de apenas 15 años; en 2003 a Valerie McCorvey, y en 2007 a Janecia Peters, a quien dejó envuelta en una bolsa de basura como si fuera basura. Fue el cuerpo de Janecia el que permitió unir los crímenes actuales con los de los ochenta, confirmando que el “Durmiente” nunca había estado dormido, sino que simplemente el sistema se había olvidado de buscar.

A pesar de las pruebas irrefutables y el desfile de dolor en el tribunal, Franklin eligió el silencio como su última forma de crueldad. Nunca confesó, nunca pidió perdón y jamás mostró un gramo de arrepentimiento; incluso en sus últimas audiencias, apenas abrió la boca para negar conocer a las víctimas o para responder con frialdad los tecnicismos del juez. El juicio, que arrancó en febrero de 2016, fue un desfile de horror pero también de dignidad. La fiscalía reconstruyó cada crimen y el testimonio de Enietra Washington fue el clavo final. En mayo de ese año, el jurado no dudó: lo declararon culpable de 10 asesinatos, aunque todos sabían que la lista real superaba las 25 víctimas. En agosto, lo condenaron a la pena de muerte, poniéndole nombre y apellido a cada cargo en honor a las mujeres que intentó borrar.

Pero, Franklin nunca llegó al corredor de la muerte. El 28 de marzo de 2020 murió solo en su celda por causas naturales, llevándose con él el secreto de cuántas vidas más había terminado... Y en la sociedad quedó sin respuesta una pregunta que aún interpela: ¿cuántas de esas muertes se podrían haber evitado si la vida de una mujer negra en el sur de Los Ángeles hubiera importado igual que cualquier otra?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como David “N” por el delito de feminicidio agravado.

Según las indagatorias, el crimen ocurrió el 12 de octubre de 2025 en la colonia Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la víctima era su pareja sentimental.

Un juez de control determinó la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, la autoridad judicial valoró tanto las declaraciones de testigos como los análisis de videograbaciones que presentó la Fiscalía CDMX, según datos oficiales.

Así habría sido el feminicidio en la colonia centro de la CDMX

De acuerdo con datos presentados por el Ministerio Público dela Fiscalía capitalina, la víctima y el imputado se encontraban en una reunión cuando ingresaron juntos al baño y discutieron.

Un testigo declaró que, después de escuchar una detonación de arma de fuego, el hombre huyó del lugar mientras familiares intentaron auxiliar a la mujer.

Los paramédicos llegaron al sitio pero no pudieron hacer algo y confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden de aprehensión por feminicidio agravado, la cual fue concedida y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.

El 23 de abril de 2026, 192 días después del crimen, agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras ser detenido, David “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso se mantiene en investigación complementaria y la fiscalía continúa con el análisis técnico y científico de los hechos.

La carpeta de investigación con la que se logró la vinculación a proceso integrada con testimonios y pruebas de videograbaciones recabadas por la fiscalía.

El imputado permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía continuará con los trabajos periciales y de análisis para sustentar el caso.

CDMX ha enfrentado feminicidios mediáticos en los últimos meses

En los últimos meses, la Ciudad de México registró casos de feminicidio que han tenido fuerte resonancia pública por señalamientos e injusticias, como los de Edith Guadalupe y Carolina Flores.

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrió en Polanco y es investigado como feminicidio por la Fiscalía capitalina. Las autoridades abrieron la indagatoria tras una denuncia. El caso generó atención tanto por el perfil de la víctima como por las circunstancias del crimen, debido a un video que revela como su suegra le dispara al interior de su vivienda. La principal sospechosa escapó a Venezuela y fue capturada gracias a una ficha de Interpol.

Por otro lado, el feminicidio de Edith Guadalupe también provocó exigencias de justicia y cuestionamientos a la actuación de la fiscalía. La joven fue hallada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la zona del sótano y bajo un montículo de arena. Su familia denunció irregularidades en la investigación, incluyendo omisiones y presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos. Los reportes oficiales señalan que el principal sospechoso es el vigilante del inmueble, quien fue detenido por la Fiscalía CDMX. El caso se mantiene abierto mientras se revisan peritajes y pruebas.

Luego de la detención de Érika “N” en Caracas, Venezuela, se han revelado posibles detalles de la operación internacional que resultó tras el feminicidio de su nuera, Carolina Flores, en Ciudad de México el pasado 15 de abril.

La investigación señala que la principal sospechosa -quien quedó filmada disparándole a la exreina de belleza- habría abandonado México solo un día después del crimen, lo que activó la alerta de las autoridades mexicanas ante sus homólogos venezolanos.

Según declaraciones realizadas por un corresponsal del medio N+, las autoridades mexicanas habrían notificado extraoficialmente a Venezuela el caso, antes de que se giraran las ordenes correspondientes.

El aviso habría incluido que Erika “N”, de sesenta y tres años, podría ingresar a territorio venezolano y solicitó su retención preventiva en tanto avanzaban las diligencias por el asesinato de Flores.

La ruta de escape de la supuesta feminicida tuvo como primera parada Panamá y después se trasladó a Venezuela, donde la arrestaron el pasado 29 de abril.

Mexicó habría alertado a Venezuela antes de la alerta roja de Interpol

De acuerdo con el corresponsal de N+ en Venezuela, Norberto Mazza, las autoridades mexicanas habrían utilizado canales informales con Interpol para anticipar el posible ingreso de la sospechosa.

Esta coordinación habría permitido que la policía venezolana supiera con antelación quién era la persona buscada y por qué se le requería.

Mazza explicó que la notificación mexicana fue determinante para que las autoridades venezolanas actuaran rápido, incluso antes de recibir la alerta roja de Interpol.

Durante el operativo en Caracas, Erika “N” se habría negado a ser detenida.

La sospechosa presuntamente alegó que la policía venezolana no tenía autoridad para arrestarla por un delito cometido fuera del país y negó las acusaciones en su contra.

El altercado derivó en su detención bajo el cargo de desacato a la autoridad, lo que habría dado tiempo de recibir la ficha roja de Interpol.

Detención por desacato mientras se formalizaba la orden internacional

La figura de desacato a la autoridad habría permitido a la policía venezolana retener a Erika “N” hasta cuarenta y ocho horas mientras llegaba la documentación oficial de Interpol.

Este recurso legal se utiliza de forma habitual en detenciones callejeras en Venezuela, según relató Norberto Mazza en N+.

En ese periodo llegó la notificación del aviso rojo de Interpol México, lo que permitió formalizar la detención de Erika “N” bajo la presunción de feminicidio por el crimen realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La sospechosa fue recluida en las instalaciones de Interpol en el centro de Caracas, en una celda independiente del sistema penitenciario local, a la espera del proceso de extradición hacia México.

El retraso en la denuncia y las dudas sobre la actuación del hijo

La investigación destacó que Alejandro, hijo de la detenida y esposo de la víctima, tardó un día en acudir a la fiscalía tras encontrar el cuerpo de Carolina Flores en el departamento de Polanco.

Este lapso habría permitido que Erika “N” tuviera margen suficiente para salir de México y eludir la acción de las autoridades mexicanas.

Aunque ese retraso no ubica a Alejandro como cómplice, abrió interrogantes sobre posibles omisiones que facilitaron la huida de su madre.

Érika Herrera permanece bajo custodia de Interpol en Caracas, en espera de que se concrete su extradición para enfrentar cargos por el feminicidio de Carolina Flores.

Paula Lastiris, de 47 años, fue asesinada de un disparo dentro del local de cotillón en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. El presunto autor del ataque es el dueño del negocio, Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, quien fue detenido a pocas cuadras del lugar con un revólver. La hipótesis inicial apuntaba a un conflicto por el alquiler del local comercial, pero fuentes de la causa confirmaron a Infobae que no existe constancia de ninguna deuda en el expediente.

Según informaron fuentes policiales a este medio, el miércoles un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo en la zona.

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

En las últimas horas se produjo un giro en la causa: fuentes de la causa precisaron a Infobae que, de acuerdo con lo declarado por el propio Romero ante la Justicia, la víctima mantenía el alquiler al día y que el propietario no se había presentado a cobrar el pago correspondiente al mes de abril. Ante esa ausencia, los inquilinos le enviaron una carta documento para comunicarle que el dinero estaba a su disposición.

“En la causa no consta que hubiera una deuda. Le pagaban el alquiler en tiempo y forma y este mes no había ido a cobrarlo el día diez, como iba siempre, lo que motivó que le mandaran una carta documento para decirle que tenían el alquiler a su disposición”, precisaron las fuentes consultadas.

Con ese dato incorporado al expediente, las autoridades descartaron el móvil económico y evalúan otras líneas de investigación. La autopsia y las pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado serán determinantes para definir el nuevo rumbo del caso.

Araoz quedó formalmente detenido y fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar. El juez de Garantías Pablo Nicolás Raele consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.

La causa es instruida por la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Las autoridades no descartan que la carátula pueda mutar a femicidio, lo que agravaría la situación procesal del acusado.

El expediente también recoge el testimonio de Romero sobre una relación tensa entre su esposa y el propietario del local, con episodios de malos tratos en el marco del vínculo locativo. Fuentes judiciales remarcaron que esos antecedentes son materia de análisis y que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del crimen.

Quién era la víctima

Paula Lastiris llevaba cuatro años al frente del cotillón “Repostillón”, en el barrio Norte de La Plata, donde también ofrecía artículos de repostería. El local había permanecido cerrado cerca de 20 años antes de que ella lo pusiera en marcha.

Tenía planes de expandir el negocio y formalizar el contrato de alquiler. Estaba casada con el estilista Walter Romero y la pareja tenía una bebé de pocos meses.

Los vecinos de la cuadra la describieron como una persona muy querida en el barrio. Una vecina del barrio recordó a la víctima en declaraciones al portal platense El Día: “La verdad que la chica era macanudísima. Yo vine un montón de veces a comprar porque soy una vecina de acá a la vuelta”. Esa misma fuente detalló que, tras el disparo, Araoz salió corriendo con el arma.

Antes de ser detenido, intentó tomar un taxi frente al Hospital Español, a pocas cuadras del lugar del crimen, con destino a la localidad de Gonnet, pero el conductor se negó a llevarlo luego de que alguien le advirtiera que el hombre había matado a una persona y que iba armado.

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo este miércoles por la tarde dentro de un local de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. La víctima, Paula Lastiris, fue trasladada al Hospital San Martín en estado crítico tras el ataque y murió horas después a causa de la herida recibida. El presunto autor del disparo fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Del procedimiento participaron motos del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del comercio donde ocurrió el crimen. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. El acusado fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial.

La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

En el lugar se presentó Walter, quien se identificó como el esposo de la fallecida y aportó un dato a los investigadores: según su testimonio, L.O.A. sería el propietario del local de cotillón y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio, lo que habría desencadenado el violento episodio.

La causa quedó caratulada como “homicidio” y la Justicia avanza en la determinación de las circunstancias exactas del crimen.

Hace tres días, en la ciudad de San Pedro, de la provincia de Misiones, se registró un hecho similar. Un prestamista de la zona, identificado como Andrés Winck (46), discutió por una deuda con Daniel Kaiser (50), alias “Negro”, y lo asesinó a tiros en su propio taller de autos. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del domicilio de la víctima, cuyas imágenes fueron clave para individualizar y detener al asesino.

El episodio transcurrió en el barrio 29 de Junio y cerca de las 16. Minutos después, según precisaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona herida con arma de fuego. Al arribar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con múltiples lesiones.

El video muestra que Winck —quien aparece en pantalla al lado de una moto, vestido con una musculosa blanca, bermudas grises y zapatillas oscuras— y Kaiser mantenían una discusión sobre la vía pública.

El motivo, de acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, era una deuda que la víctima, es decir Kaiser, tenía con el asesino.

Pero en medio del debate, Winck perdió los estribos: extrajo un arma de fuego del morral negro que llevaba colgado en uno de sus hombros y efectuó cinco disparos contra Kaiser, cuyos gritos de dolor llegan a escucharse en la filmación.

No conforme con el violento ataque, Winck sacó otro cargador de su bolso y volvió a disparar en tres oportunidades contra el mecánico.

La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones y salió desesperada para ver qué había ocurrido. Al encontrar a su marido tendido en el suelo, y al agresor todavía enfrente de él empuñando un arma, corrió a pedir ayuda a los gritos.

Finalmente, Kaiser fue trasladado por personal policial y Bomberos Voluntarios al hospital local, donde el médico de turno constató su fallecimiento.

Una mujer fue brutalmente asesinada por su pareja en el asentamiento conocido como Panambí, en la provincia de Misiones. El femicida fue detenido horas después tras darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Silvana Báez, de 35 años, quien fue apuñalada por su novio, individualizado como J. R. V., de 59 años. Ambos habrían mantenido una discusión y esto fue lo que motivó el desenlace fatal.

El crimen ocurrió el sábado cerca de las de las 17:30, cuando efectivos policiales fueron notificados de lo que sucedía y acudieron al asentamiento ubicado en el kilómetro 2 de la Ruta Provincial N.º 5. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de Báez, tendido en el suelo y con varias lesiones compatibles con un arma blanca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición.

El sospechoso y presunto femicida se dio a la fuga en su moto tras concretar el crimen. En la escena, los peritos secuestraron un cuchillo como posible arma del crimen. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo con rastrillajes, controles y la participación de distintas dependencias policiales para cortar las vías de escape del hombre.

A partir de testimonios y tareas investigativas, los uniformados lo ubicaron en una zona de cultivo a unos tres kilómetros del lugar del hecho. Tras ser examinado por el médico policial, J. R. V. fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra.

Este no es el primer caso que se registra en Misiones en lo que va del mes, puesto que el 8 de abril una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y, por el hecho, la Policía detuvo a tres jóvenes.

El crimen ocurrió el 2 de abril, cuando encontraron a Claudia Gabriela Gómez, conocida como “Caí”, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad en una zona de eucaliptal de la reserva municipal sobre avenida Libertad de Puerto Iguazú.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el ataque habría ocurrido en el marco de un intento de robo, hipótesis que las autoridades aún evalúan.

Tras el hallazgo de Caí, se realizaron allanamientos simultáneos dispuestos por el Juzgado de Instrucción N.º 3. De esta manera, detuvieron a Axel Facundo M., alias “Chana”, de 20 años, y Bruno D., apodado “Nene”, de 18 años, a los que se sumó la demora de un menor de 17 años. Los tres fueron señalados como presuntos implicados en el hecho y quedaron a disposición de la Justicia. El adolescente fue derivado al Ce.Mo.A.S de Eldorado bajo resguardo institucional.

La víctima fue identificada, a partir de la documentación que portaba, una mujer trans, de 33 años y nacionalidad paraguaya. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital SAMIC local, donde permaneció internada en estado crítico durante varios días hasta que el 8 de abril, a las 13:30, murió a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

En consecuencia, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por odio a la identidad de género, en el marco de un transfemicidio, según la información oficial de la Policía de Misiones.

Desde el primer momento, la fuerza desplegó un operativo a cargo de la Unidad Regional V, con la participación de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el área de Cibercrimen, para relevar la zona, analizar testimonios y reconstruir los momentos previos al ataque. El cuerpo médico legal practicó la autopsia correspondiente para aportar nuevos elementos a la causa.

La Policía de Misiones confirmó que la investigación continúa con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del caso, que generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de los organismos judiciales de la provincia.

El principal y único acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras, José Eduardo Figueroa, se dirigió al tribunal este viernes durante la jornada del juicio oral en la ciudad de Salta. Tras la ronda de testigos, el acusado pidió la palabra para transmitir un mensaje personal, no una declaración formal, según aclaró ante los jueces.

Con visible emoción, Figueroa inició su intervención con un pedido de disculpas a sus hijos. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, expresó, y continuó: “Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño”.

“Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó el acusado durante el tramo final de la audiencia. Sin embargo, también expresó un pedido de disculpas a la familia Kvedaras y a quienes asumieron el cuidado de los menores tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, indicó,

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el imputado manifestó confusión acerca de su situación actual: “No puedo entender lo que estoy viviendo”. No obstante, se negó a hablar sobre el día del crimen, tras hacer referencia a que la declaración que brindó sobre los hechos “es lo que pasó” y que no repetiría el relato.

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

Al cierre de su exposición, Figueroa expresó su deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”. Luego de agradecer al tribunal, el imputado rompió en llanto.

Finalmente, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. Así, se espera que el juicio continúe en los próximos días con la declaración de nuevos testigos y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en el barrio privado El Tipal.

Los detalles del brutal femicidio

La mañana del 4 de agosto de 2023, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa, lesionado en el auto familiar. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hallazgo se produjo cuando un amigo del propietario del automóvil acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que este confesaba: “No podía con esto”. La intervención del allegado y la rápida acción de las autoridades permitieron encontrar el vehículo y a ambos ocupantes.

Mientras que la mujer ya no presentaba signos vitales, el hombre presentaba algunos cortes que les hicieron sospechar que había atentado contra su vida. Por este motivo, el acusado fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde permaneció internado un día tras comprobarse que las heridas no eran de gravedad.

En contraposición, las autoridades establecieron que la muerte de Mercedes Kvedaras fue considerada violenta, en tanto la secuencia de lesiones y el contexto en que fue encontrada descartaron tanto el accidente como el uso de un arma blanca como causa principal. El informe oficial sostiene que el golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de la víctima, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

Además, la autopsia detalló que la víctima presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos elementos, sumados a un golpe brutal en el rostro y la cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó en el ahorcamiento.

La Justicia de Mendoza imputó formalmente a Gabriel Eduardo Trejo como presunto autor del femicidio de Carla Johanna Magallanes, la mujer de 36 años que fue hallada sin vida en su domicilio de San Martín. El hecho fue calificado como un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su pareja, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

La investigación avanzó de manera decisiva tras conocerse los primeros resultados de la autopsia que le realizaron los expertos del Cuerpo Médico Forense. De esta manera, el informe determinó que Magallanes murió a causa de una herida cortopunzante en el cuello, ubicada entre el maxilar y la zona de la oreja.

Tras analizarse las características de la lesión, los peritos concluyeron que el ataque lesionó arterias vitales y provocó un shock hipovolémico y daño medular irreversible. Así, la brutalidad del corte causó la muerte de la víctima prácticamente en el acto.

De acuerdo con la información publicada por El Nueve de Mendoza, a partir de la reconstrucción preliminar de los hechos, los investigadores sostuvieron que la víctima estaba en una situación de indefensión al momento del ataque. Este elemento agravó la acusación y reforzó el marco de violencia de género en la imputación.

El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Montecaseros, San Martín, en la provincia de Mendoza. El descubrimiento se produjo cerca de las 13 horas del martes, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron al domicilio, situado en la intersección del carril Norte y el callejón Moreno, preocupadas por la ausencia de contacto durante varios días.

El cadáver se encontraba en una habitación precaria, en estado avanzado de descomposición y presentaba lesiones visibles. Además, en el lugar, reconocieron signos de violencia, manchas de sangre y evidencias de una posible lucha. De acuerdo con Los Andes, los forenses estimaron que la muerte podría haberse producido entre 48 horas y seis días antes del descubrimiento.

En los meses previos al crimen, Magallanes atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social. Solicitaba asistencia en la organización Red Puentes, que funciona en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde recibía acompañamiento debido a su situación de calle y problemas de consumo. Sin embargo, había dejado de asistir a este espacio desde septiembre del año anterior.

Además, Magallanes era madre de tres hijas que se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que evidenciaba la situación de alta vulnerabilidad de la mujer. El seguimiento institucional pretendía garantizar la protección de las menores ante el contexto en el que vivían.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Eduardo Trejo, con quien mantenía una relación caracterizada por frecuentes discusiones. Los vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte pelea la noche del viernes anterior al hallazgo, junto con gritos y ruidos provenientes de la vivienda.

Desde ese episodio, no se registraron movimientos ni sonidos procedentes del lugar, lo que generó inquietud entre los vecinos. Estos indicios llevaron a interpretar el viernes como el posible momento del ataque. La dinámica conflictiva y el aislamiento de la pareja en una habitación precaria reforzaron la hipótesis de un desenlace violento.

Luego de que se escuchara la pelea, no se dieron a conocer testimonios sobre lo que habría realizado el principal acusado del femicidio. No obstante, Trejo logró ser detenido el martes por la tarde, poco después de que las autoridades constataran el estado en el que se encontraba la víctima.

La aprehensión tuvo lugar en la calle Puebla, frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que los equipos policiales organizaron un operativo de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo. Trejo había permanecido prófugo durante varias horas.

De acuerdo con El Sol, sobre Trejo pesan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque fue sobreseído en ambos casos. Tras su detención, fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia, en espera de la evolución de la causa.

En una nueva audiencia por el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, una amiga de la infancia de la víctima, Carolina Wayar, brindó detalles sobre la dinámica de la pareja y los días previos al crimen cometido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en la ciudad de Salta.

Según el testimonio de la mujer, ambas mantuvieron un vínculo de larga data, con etapas de mayor o menor contacto, aunque siempre sostenido. No obstante, señaló que la relación con José Figueroa, el único acusado de haberla asesinado, afectó el lazo entre ambas. “Era el marido de mi amiga y nos imposibilitó compartir más tiempo”, afirmó.

A más de un año y medio del femicidio, Figueroa llegó al juicio oral imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal es representado por la titular de la Unidad de Femicidios, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

La mujer pidió que “se cumpla la condena que merece” y aportó nuevos detalles de los últimos días con vida de la víctima. Aunque la última vez que se habían visto de forma personal fue el 21 de julio, aseguró que la comunicación estuvo intacta hasta el día en el que fue brutalmente asesinada por su esposo y padre de sus hijos.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, Wayar relató que en ese último encuentro se habían encontrado con otra amiga para tomar el té. Además, confirmó que habían hablado sobre los deseos de Kvedaras de separarse de Figueroa.

“No podía separarse”, indicó la amiga de la víctima, tras reconocer que le había mostrado un mensaje que Mercedes le había escrito al acusado, en donde le había expresado que ya no lo quería “como un hombre”, sino como el padre de sus hijos.

Después de esa reunión, la conversación se mantuvo de forma virtual. Concretamente, Wayar recordó que el 3 de agosto le escribió y la notó “afónica”. Al día siguiente, el 4 de agosto a las 09:04 horas, le envió un mensaje que nunca fue escuchado. Este dato se integró a la reconstrucción temporal del hecho que realiza el tribunal, debido a que el crimen se cometió en las primeras horas de esa mañana.

Por otro lado, la testigo recordó a Mercedes como una persona “cálida y divertida” y diferenció su punto de vista respecto de la relación del matrimonio. “Siempre fue complicada”, apuntó, para luego manifestar que, en varias situaciones, había percibido un trato despectivo de Figueroa hacia Kvedaras.

“La menospreciaba”, sostuvo Wayar al reconocer que solía sentirse incómoda cuando tenía que compartir con su amiga y su esposo. “Cada vez que compartía tiempo con ambos me sentía nerviosa, en alerta”, describió. Asimismo, añadió que el acusado proyectaba hacia el exterior una imagen distinta: “Siempre se mostraba amable afuera”, por lo que lo calificó como un “hipócrita”.

Durante la audiencia, también rememoró un episodio en una finca, en el que Kvedaras fue demorada por personal policial tras olvidar la documentación del vehículo. En esa ocasión, al quedarse sin batería en su teléfono, utilizó el de Wayar para comunicarse con Figueroa, quien le recriminó la situación y le respondió: “Tampoco te vas a ocupar vos de pagar esto”. La testigo interpretó este gesto como una muestra del trato habitual del acusado hacia la víctima.

“Yo le decía que trabaje, no solo para tener libertad, sino para tener sus propios logros”, relató la mujer al señalar que, con el tiempo, se enteró de que su amiga había tomado la decisión de retomar sus estudios universitarios y tenía la intención de trabajar. Sin embargo, afirmó que la víctima nunca le habló de hechos de violencia física.

Luego de que la amiga de la víctima finalizara su declaración, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans escucharon el relato de dos policías que custodiaron a Figueroa desde el 5 de agosto de 2023 en el Hospital San Bernardo hasta la mañana del día siguiente.

Tras el crimen, el acusado fue hospitalizado, debido a que intentó atentar contra su vida. A raíz de su estado, indicaron que había sido atendido por médicos y enfermeras, no recibió visitas y permaneció dormido la mayor parte del tiempo.

De la misma manera, una enfermera y un médico traumatólogo responsables de la atención de Figueroa también se presentaron a brindar su testimonio. Ambos confirmaron que el imputado presentaba signos vitales normales, brindó sus datos personales y fue sometido a una intervención quirúrgica para toilette y cierre de heridas cortantes múltiples de carácter superficial, sin riesgo de vida.

Según el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta, el informe médico correspondiente a ese ingreso convalidó que el hombre no presentaba lesiones que comprometieran su salud de manera grave, limitándose el procedimiento a tratar heridas superficiales.

Finalmente, un médico psiquiatra del Hospital San Bernardo señaló que se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con juicio conservado y sin alteraciones psicomotrices. Además, afirmó que el acusado no tenía ideación suicida y explicó que, al consultar por insomnio, Figueroa atribuyó la dificultad para dormir a los ruidos del lugar y la incomodidad de la cama.

Tras considerar que se trataba de una queja “banal”, el psiquiatra reconoció que había recomendado que recibiera el alta médica. Finalmente, mencionó que le llamó la atención que el propio Figueroa preguntara si sería derivado al Hospital Ragone. Está previsto que el juicio se reanude este jueves a las 08:30 horas.

Un predio ubicado en Ecatepec, en donde dos feminicidas arrojaban a sus víctimas, será utilizado para construir un Centro de Atención a Mujeres con Violencia, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros.

Se trata de un terreno donde en 2018 las autoridades localizaron restos humanos de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas. Los responsables, detenidos ese mismo año, fueron Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, a quienes se les apodó “los monstruos de Ecatepec”.

El anuncio del gobierno municipal dio a conocer que está buscando adquirir el predio para recuperarlo y ocupar ese espacio. “Es una lucha frontal por el territorio. Esa es la verdadera atención a las causas”, enfatizó la presidenta municipal durante una conferencia de prensa.

“Un espacio de dolor lo vamos a convertir en un espacio de luz”, comentó la funcionaria, quien dijo que se está negociando con el dueño del predio para poder llegar a un acuerdo y que pase a ser parte del gobierno.

Comentó que aunque todavía se están realizando las negociaciones, utilizar el predio es una realidad y se estima una inversión de 5 millones de pesos aproximadamente.

La funcionaria comentó que el predio, ubicado en la calle Pie de la Cuesta de la colonia Jardines de Morelos, es un lugar tranquilo, por lo que no debe tenerse ningún estigma al respecto. Señaló que la transformación del predio busca romper ese estigma y reivindicar plenamente a la comunidad.

Se busca que el Centro de Atención a Mujeres con Violencia brinde una estrategia para ofrecer servicios de apoyo integral como psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social, dirigidos a niñas, jóvenes y mujeres en situación de riesgo.

El gobierno local enfatizó que convertir un espacio marcado por la violencia en un centro de atención representa una acción concreta para atender las causas y recuperar el territorio a favor de las mujeres y sus familias.

La obra forma parte de una política municipal orientada a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres en Ecatepec.

El predio cobró notoriedad nacional en 2018, tras la detención de Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, quienes fueron arrestados en la misma colonia cuando transportaban restos humanos en una carriola.

Ambos confesaron haber asesinado y desmembrado a varias mujeres, además de vender a una bebé y cometer desaparición forzada. Hasta ahora, suman más de diez sentencias que superan los 367 años de prisión, incluida una cadena perpetua.

La Policía Bonaerense detuvo a Brian L., de 30 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, quien fue hallada muerta y enterrada en el patio de su vivienda en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El caso salió a la luz este último domingo cuando el hijo menor de la víctima, de solo 12 años, descubrió el cuerpo al remover tierra en la casa de su madre, ubicada en la calle Nardo al 5800.

El procedimiento policial que llevó a la detención de Brian L. se produjo en la intersección de Juncal y Balbín. Un transeúnte que circulaba por la zona reconoció al hombre por la difusión de su imagen en canales televisivos. Ante este dato, efectivos policiales lo aprehendieron en el lugar, cumpliendo con la orden emitida por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de urgencia y su traslado a sede judicial.

La investigación comenzó el sábado 18 de abril, cuando una tía del menor se comunicó con el 911. La mujer relató que su sobrino había estado removiendo tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El niño identificó de inmediato a su madre por un tatuaje. Efectivos del Grupo Táctico de Operaciones, la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales acudieron a la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta, y comprobaron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Los peritos, al culminar la excavación, extrajeron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción, con un trapo en la boca, según confirmaron fuentes policiales.

El expediente judicial detalla que la última vez que el niño estuvo en la vivienda fue el 2 de abril. Aquel día, fue recibido por la pareja de su madre, quien le dijo que la mujer se había ido y que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente, el menor regresó a la casa y el hombre repitió la misma versión, agregando que “no la iba a volver a ver más”.

El chico, sin respuestas y con la sospecha generada por la tierra removida en el fondo, decidió excavar él mismo. Así, realizó el hallazgo que movilizó a la familia y a las fuerzas de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, que intervino de inmediato para activar las primeras medidas judiciales y policiales. El relato del menor y los testimonios de los familiares resultaron determinantes para orientar la investigación.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un robo y se enfocaron en el contexto de violencia de género. La autopsia será determinante para establecer la causa de muerte y la data del fallecimiento, así como para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Tanto la víctima como el sospechoso tenían antecedentes penales, información que ya forma parte del expediente. Mientras tanto, la Justicia y la Policía continuaron trabajando en la reconstrucción de los últimos movimientos de Gisela Alejandra Ruocco y del acusado.

El objetivo de la investigación es esclarecer la secuencia de los hechos y reunir pruebas que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

El caso mantiene la atención de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, que aguardan los resultados de las pericias forenses y la autopsia para sumar elementos concluyentes al expediente. El proceso judicial sigue bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora. El expediente, que fue calificado como homicidio en contexto de género, continúa con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras la familia de la víctima permanece bajo contención y acompañamiento.

Un niño de 12 años halló el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa, ubicada en la calle Nardo al 5800, en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, casi en el límite del municipio con San Francisco Solano.

La Policía tomó conocimiento del hecho este sábado por una llamada al 911 hecha por una tía del menor de edad. Al arribar al lugar, los agentes se encontraron con la mujer de 48 años, quien relató que su sobrino había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El chico, según el testimonio de la tía, reconoció un tatuaje que le permitió darse cuenta de inmediato que se trataba de su madre, una mujer de 35 años.

Según informó el medio local De Brown, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales se presentaron en la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta. El personal policial ingresó y constató la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Las fuentes señalaron que, al concluir la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción. Los peritos confirmaron que la víctima tenía un trapo en la boca.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia de Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal de turno, y se activaron distintos procedimientos para esclarecer el hecho. Los primeros testimonios recogidos en el lugar resultaron determinantes para orientar las pesquisas. El relato del chico aportó detalles sobre el contexto en el que se produjo el hallazgo.

Según consta en las declaraciones, el niño había ido a visitar a su madre el 2 de abril, fecha en la que fue atendido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años. El sospechoso le dijo al chico que la mujer se había ido y que estaba en la Capital. Pero lo que llamó la atención del menor fue que en el fondo de la vivienda había tierra removida.

Al día siguiente, el niño insistió en saber dónde estaba su madre. El hombre volvió a repetirle que la mujer se había ido y, según el testimonio, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”. Ante la falta de respuestas, el chico decidió remover la tierra por su cuenta este sábado y fue entonces cuando hizo el descubrimiento.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado para la autopsia, un examen que será clave para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

Por estas horas, los investigadores reconstruyen los últimos movimientos de la víctima y el principal sospechoso. La investigación se centra en la hipótesis de un homicidio en contexto de género. La mecánica del hecho y los testimonios descartan la posibilidad de un robo.

El hombre señalado como el principal sospechoso ya fue identificado y permanece prófugo. Tanto él como la víctima tenían antecedentes penales, información que ya fue incorporada al expediente judicial. La prioridad de la Justicia y la Policía en esta etapa es localizar al acusado y esclarecer la secuencia de lo ocurrido.

Actualmente la causa avanza también con distintas medidas judiciales y policiales para reunir pruebas que permitan reconstruir de manera precisa el caso.

El expediente permanece bajo la supervisión de la fiscalía especializada y, hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a la pareja de la mujer como autor del crimen. El avance de la autopsia y las pericias forenses serán determinantes para aportar elementos concluyentes a la causa. El hecho mantiene a la Policía y la Justicia abocados a la búsqueda del principal sospechoso.

En el marco de la investigación por el femicidio de Ramona Medina, la mujer que fue calcinada y desmembrada durante las celeberaciones de Carnaval en Santiago del Estero, la Justicia dictó prisión preventiva para el único detenido.

Se trata de L. R. B., alias “Chucky”, quien continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra. La decisión estuvo en manos de la jueza ad hoc Pamela Gadán.

La magsitrada asumió el caso tras la recusación de los dos jueces anteriores solicitada por la defensa del imputado, quien alegó que se encontraba en riesgo la imparcialidad de uno de ellos. Por esto mismo, se retrasó la prisión preventiva, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama.

En su pedido, la fiscal Dahiana Pérez Vicens y el fiscal coordinador Gustavo Montenegro aseguraron que existen pruebas contundentes para fundamentar la medida. Por su parte, la defensa, a cargo de Silvia Geréz, solicitó un cambio de calificación legal, la excarcelación o, en su defecto, que L. R. B. pueda cumplir con la preventiva de forma domiciliaria.

Sin embargo, todas estas opciones fueron rechazadas por la jueza al considerar la gravedad de los hechos y la solidez de los elementos probatorios.

El hallazgo del cuerpo Ramona Medina ocurrió tras el fin de semana largo de Caranval en un campo junto al cementerio de la zona. El cadáver estaba envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según el entorno familiar, Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero cuando se dirigía animada hacia los festejos de carnaval en el corsódromo. Su hija, Edith, relató que la mujer se encontraba “feliz” y vestía un short de jeans y una remera blanca. Entre sus planes figuraba encontrarse con L. R. B., con quien mantenía una relación.

El caso tomó un giro inesperado por la declaración de un remisero, quien relató haber visto a una mujer sentada en una galería y a un hombre que intentaba incorporarla en una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor decidió no tomar el viaje, ya que pensó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

A raíz de esa denuncia, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento de urgencia. Los efectivos detuvieron a L. R. B., de 38 años, e incautaron dos teléfonos, uno de ellos perteneciente a la víctima. En la comisaría, el sospechoso habría confesado el crimen y señaló el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Según fuentes policiales, el cadáver presentaba la ausencia de torso, brazos y cráneo. Las autoridades buscan determinar si el fuego o animales carroñeros provocaron esa destrucción. El avance de las pericias será clave para esclarecer los detalles finales del hecho.

En el marco de la causa, “Chucky” fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo para ser sometido a las primeras pericias psicológicas. Participaron peritos designados por la Fiscalía y la defensa.

Desde entonces, las hijas de Ramona han realizado reiteradas marchas para exigir justicia por su madre. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, declaró Edith tras el crimen.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró y agregó:“Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”. De esta manera, se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

En este contexto, en una audiencia realizada la semana pasada, la defensa del detenido apuntó contra ambas mujeres al acusarlas de utilizar estas movilizaciones para presionar a la Justicia para mantener a “Chucky” como sospechoso.

El Gobierno de la República ha puesto en marcha un proceso formal para modificar el Código Penal, con el propósito de endurecer la respuesta ante extorsión y femicidio, dos delitos identificados como amenazas prioritarias para la seguridad ciudadana y la estabilidad social.

La medida, impulsada por una estrategia gubernamental para robustecer el sistema de justicia penal, responde a la urgencia de mejorar la protección de la población y desarrollar mecanismos legales más eficaces, según lo informado por José Argueta, secretario de Comunicaciones.

Durante una sesión de trabajo y encabezada por el presidente de la República, diversas autoridades del Ejecutivo y representantes de organismos de seguridad y justicia discutieron reformas destinadas a enfrentar el avance del crimen organizado.

Argueta indicó que los ajustes legales propuestos obedecen a la gravedad de la extorsión, que compromete la economía nacional y produce consecuencias sociales y psicológicas en comerciantes, empresarios y ciudadanos.

El secretario agregó que la persecución más rigurosa de este delito, incluida la tipificación de sanciones más severas, figura entre los ejes centrales de la reforma.

La extorsión ha sido catalogada entre los delitos de mayor impacto en la ciudadanía, llegando a afectar tanto pequeñas tiendas de barrios y colonias como empresas de gran escala, al igual que a ciudadanos bajo amenaza.

El Gobierno plantea endurecer las penas y perfeccionar los mecanismos de persecución penal para contrarrestar este flagelo, conforme señaló Argueta al medio de comunicación. Simultáneamente, el fortalecimiento del marco sancionatorio frente al femicidio ocupa un lugar destacado en el plan de reformas.

“Hay un compromiso fuerte del Estado por la protección de la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia de género”, afirmó José Argueta.

Entre las propuestas está el aumento de las penas y el mejoramiento de las herramientas investigativas y judiciales que permiten sancionar con mayor efectividad estos crímenes. El Gobierno subraya que el objetivo principal es transmitir un mensaje institucional inequívoco de cero tolerancia ante la violencia de género.

La revisión integral de las medidas reguladoras de libertad también conformó uno de los puntos de debate en la mencionada sesión. Las autoridades consideran indispensable evitar abusos y asegurar que las medidas cautelares se apliquen con equidad y respeto al principio de legalidad, como parte de un esfuerzo por garantizar la eficacia y legitimidad del sistema penal.

Entre los mecanismos tecnológicos evaluados, la posible adopción de grilletes electrónicos busca mejorar el control sobre quienes cumplen medidas judiciales fuera de prisión.

Esta reforma permitiría reducir la sobrepoblación penitenciaria y aplicar restricciones de manera más selectiva en personas cuyo nivel de riesgo lo permite, según lo discutido en la reunión reportada por el Gobierno.

La sesión también dio lugar a la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, órgano clave para la articulación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y otras entidades responsables de la persecución de delitos.

El relanzamiento de esta comisión apunta a fortalecer la coordinación investigativa y agilizar los procedimientos judiciales, de acuerdo con información proporcionada por José Argueta.

Otro componente relevante de la agenda gubernamental es el fortalecimiento de la seguridad jurídica con el objetivo de garantizar la protección de la propiedad privada y combatir la usurpación.

Argueta puntualizó que estas medidas son fundamentales para generar condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera. Un marco de certeza legal es considerado imprescindible para atraer capital y promover el desarrollo económico.

Las reformas al Código Penal, enfatizó el secretario, forman parte del plan de gobierno planteado desde el inicio de la gestión. Esta postura, refuerza la premisa de que las medidas no responden a una coyuntura, sino que son parte de una política integral.

“Estamos claros que el delito de la extorsión es uno de los flagelos que afecta a la familia y al sector productivo del país, y por supuesto, tomar las riendas de los casos de los feminicidios, esos son los dos elementos que, por el momento, la noche de ayer, han sido establecidos con una línea de acción para hacerlo lo más pronto posible”, aseguró el funcionario.

El Gobierno de la República prevé una serie de cambios legales, institucionales y tecnológicos para combatir delitos como la extorsión y el femicidio, y fortalecer la seguridad jurídica y la coordinación interinstitucional.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea dictó este lunes la reclusión perpetua para Javier Cerfoglio por el asesinato de Magalí Vera. El fallo declaró culpable a Cerfoglio por el crimen ocurrido en diciembre de 2024, tras una investigación que desmontó la versión inicial de accidente y expuso una agresión con decenas de golpes y una muerte en las aguas del río Quequén.

La sentencia se conoció en una sala judicial presidida por la jueza Luciana Irigoyen Testa, acompañada por Ernesto Juliano y Diego Mónaco, en el edificio donde funcionó el Hotel Argentino, cerca de la playa de Necochea.

El fallo fue transmitido por el canal de la Suprema Corte bonaerense y seguido de cerca por familiares y allegados de la víctima, quienes aguardaron la resolución fuera del tribunal.

Durante el proceso judicial, la fiscalía y la querella solicitaron la pena máxima de reclusión perpetua, bajo la figura de homicidio cuádruplemente agravado: por vínculo, alevosía, ensañamiento y violencia de género. Por su parte, el defensor Javier Mengoechea intentó una reducción a 20 años, calificando el hecho como tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, una estrategia rechazada por el tribunal.

En la última audiencia, transmitida por la Suprema Corte bonaerense, Cerfoglio habló por primera vez desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece alojado. Ante el tribunal, expresó: “Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”.

Magalí, oriunda de Santo Tomé, Santa Fe, trabajaba en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Necochea y tenía un emprendimiento de pastelería.

El fallo del TOC N°1 de Necochea se dio de manera unánime, consolidando la calificación propuesta por la fiscalía y rechazando los planteos de la defensa. La sentencia de reclusión perpetua contra Cerfoglio representa el desenlace judicial de un caso que impactó a la comunidad local y que renovó los reclamos de justicia en contextos de violencia de género.

El fiscal que investigó el caso acusó a Cerfoglio del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género.

El caso

El 1 de diciembre de 2024, Magalí Vera y Javier Cerfoglio abandonaron abruptamente una fiesta de casamiento después de una discusión, según reconstruyó Infobae a partir de testimonios y fuentes judiciales. De acuerdo con la investigación, una cámara de seguridad captó el momento en que Cerfoglio golpeó a Vera de manera reiterada en la vía pública. El fiscal Marcos Bendersky y el querellante Juan Manuel Iovine sostuvieron que la víctima recibió al menos 30 patadas y más de 40 golpes, quedando inconsciente en la calle.

Tras la golpiza, Cerfoglio subió el cuerpo de Vera al baúl de un Honda Fit rojo y condujo hasta la orilla del Río Quequén Grande, en las inmediaciones del Club Necopesca y la terminal de ómnibus. Las cámaras registraron que, pasados 28 minutos, el acusado retiró a Vera del baúl y la dejó en el interior del automóvil antes de arrojar el vehículo al agua. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras la víctima aún estaba con vida cuando el auto fue hundido.

La noche de los hechos estuvo marcada por una intensa lluvia. Inicialmente, el evento fue presentado como un accidente vial, pero la investigación judicial y el informe forense descartaron esa hipótesis. El cuerpo de Vera fue hallado bajo el muelle del Club Necopesca, a unos 15 metros del auto sumergido. Las pericias revelaron fractura expuesta de tabique nasal, lesiones múltiples y una inflamación severa en la cabeza.

Cerfoglio fue detenido el 4 de diciembre de 2024, pocas horas después del hallazgo del cuerpo. Tras el hecho, llamó a su padre para informarle sobre el supuesto accidente. El testimonio del familiar permitió a la policía encontrar al acusado en la orilla del río. Cerfoglio relató a los agentes que la pareja había discutido al salir del casamiento y que Vera “le trabó el volante”. La investigación de la fiscalía, no obstante, determinó que la secuencia no se correspondía con un siniestro vial y que existían elementos que probaban una agresión letal y premeditada.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta sumó este jueves nuevas voces clave en la sala de audiencias. Un testigo del círculo íntimo de la víctima relató ante el tribunal los episodios de violencia psicológica y la situación de temor que vivía la mujer en los meses previos a su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 2023.

El proceso oral y público, que se desarrolla en la capital provincial, tiene como único acusado a José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al organismo en el debate. La jornada de este jueves dio paso a la declaración de cinco testigos, entre ellos un amigo de Figueroa, una amiga y una tía de la víctima, un amigo de la pareja y un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedaras poco antes de su muerte. La reconstrucción de los hechos y la exposición de testimonios buscan arrojar luz sobre el contexto de violencia en el que se desenvolvió la vida de la mujer durante el último año.

Durante la audiencia, la amiga de la víctima ofreció referencias sobre la personalidad de Mercedes Kvedaras y compartió confidencias que la mujer le había transmitido. La testigo contó que la víctima le había revelado su deseo de separarse de su esposo y sus proyectos personales, especialmente aquellos vinculados a su desarrollo laboral. Según la declaración recogida por el Ministerio Público Fiscal, la víctima buscaba independizarse y construir un futuro distinto para ella y sus hijos.

La tía de la víctima también prestó testimonio, enfocándose en la relación cercana que mantenía con su sobrina. Detalló que, poco antes de la muerte de Kvedaras, escuchó de su propia voz la decisión de separarse y la preocupación por el bienestar de sus hijos. Consultada sobre la actitud de Figueroa, la pariente afirmó: “Sabía que el acusado no tenía un trato apropiado con mi sobrina”, y relató situaciones concretas que le hicieron comprender la angustia que vivía la víctima al no poder concretar la separación por la negativa de su esposo.

Uno de los testimonios más significativos fue el de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Mercedes Kvedaras durante los meses previos al crimen. Este testigo explicó que, desde junio de 2023, la víctima había expresado ante el acusado su voluntad de separarse, pero Figueroa se opuso y manifestó su desacuerdo. El testigo relató que, a partir de julio, comenzó a notar a Kvedaras nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien incluso la seguía.

En palabras del testigo, “en el último tiempo la noté desbordada, sentía ‘pánico’ y sufría violencia psicológica por parte de su esposo, quien se mostraba renuente a la separación”. El hombre aseguró que le preocupaba el estado de la víctima, ya que incluso había perdido la voz casi por completo, y le recomendó buscar apoyo familiar y profesional. El testigo, visiblemente afectado durante su declaración, rememoró el último encuentro con Kvedaras el día previo a su muerte. La víctima manifestó sentirse atemorizada y le pidió permanecer en su domicilio, aunque finalmente decidió regresar a su casa para verificar el estado de sus hijos tras los insistentes llamados y mensajes de Figueroa.

El último contacto entre ambos se produjo la mañana del 4 de agosto de 2023, cuando la víctima le solicitó, con angustia, que acudiera a su domicilio. La comunicación se interrumpió de forma abrupta, según describió el testigo ante los jueces.

En el cierre de la audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al tribunal que dos hijos menores de la pareja fueran escuchados como víctimas directas. La petición, respaldada por la querella y la Asesora de Incapaces, se fundamentó en el derecho de los niños a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, conforme a tratados internacionales.

La defensa se opuso a la medida. Tras deliberar, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvieron no admitir el pedido, ordenando en cambio la reproducción de las declaraciones de los menores realizadas durante la investigación en cámara Gesell.

El proceso contra José Eduardo Figueroa se desarrolla en el contexto de una causa por homicidio doblemente calificado, con acusaciones centradas en la violencia de género ejercida sobre Mercedes Kvedaras en el entorno familiar. El tribunal, compuesto por Flores Toranzos, Sángari y Feans, continúa recibiendo testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta, la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de testigos del entorno más cercano de la víctima constituyen piezas fundamentales para comprender la dinámica de violencia previa al crimen. Las diligencias judiciales continuarán con la incorporación de nuevos testimonios y la evaluación de pruebas científicas y procesales, en un proceso que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal de Salta.

Durante la Semana Santa, al menos 36 personas murieron en Nicaragua por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según informaron autoridades y organismos de socorro.

El reporte oficial fue presentado por el gobierno nicaragüense, quien detalló que 21 de las víctimas fallecieron en accidentes viales, 12 por sumersión y 3 por homicidios. Las cifras fueron difundidas a través de los medios oficiales y replicadas por la agencia EFE.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que los accidentes de tránsito representaron la principal causa de mortalidad durante el asueto. Estos incidentes dejaron un saldo de 21 fallecidos, seis más que durante la Semana Santa del año anterior, cuando se registraron 15 muertes por esta causa.

Los datos oficiales también señalan que la mayoría de los homicidios y ahogamientos ocurrieron entre personas en estado de ebriedad, un factor recurrente durante los días festivos.

Según la información recogida por EFE, al menos 5.8 millones de personas se movilizaron durante la Semana Santa, principalmente hacia las playas del Pacífico, lo que incrementó la exposición a riesgos viales y acuáticos. La Cruz Blanca, organización de socorro nicaragüense, reportó 15 muertes por sumersión, un número superior al informado por la policía, e incluyó entre las víctimas a un menor de edad. Además, sus equipos rescataron con vida a 184 personas y atendieron a otras 86 que sufrieron heridas, cortes o golpes en los balnearios del país.

La prensa local, en su seguimiento extraoficial, elevó la cifra total de fallecidos a 42, con 23 muertes asociadas a accidentes viales, 15 a sumersión y 4 a homicidios. Estas divergencias en los conteos fueron reflejadas en distintas coberturas, que también subrayaron la intensidad de la movilidad interna y los desafíos para los servicios de emergencia.

El año pasado, las autoridades registraron 34 muertes durante la Semana Santa: 15 por accidentes de tránsito y 8 entre homicidios y ahogamientos, según los datos oficiales. La tendencia al alza en los incidentes viales se ha mantenido durante el primer trimestre de 2026. Solo en enero se reportaron 48 víctimas mortales en las carreteras, y el acumulado de enero y febrero alcanzó 151 muertes, de acuerdo con el monitoreo de reportes locales.

El balance de las festividades confirma que los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte accidental en Nicaragua en el inicio del año, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, la Cruz Blanca y la cobertura de la prensa local, citados por EFE.

Durante el primer trimestre de 2026, los accidentes de tránsito se consolidaron como una de las principales causas de muerte accidental en Nicaragua, de acuerdo con informes de medios locales y el seguimiento de fuentes oficiales. En enero se reportaron al menos 48 víctimas fatales en las carreteras del país, cifra que aumentó a 151 muertes acumuladas durante los dos primeros meses del año, según datos recopilados por la prensa nacional. Entre enero y mediados de marzo de 2026, al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio, según registros de medios locales. El primer caso ocurrió el 25 de enero en Managua.

La reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en un barrio privado de Salta, en 2023, se desarrolló este miércoles bajo una fuerte presencia mediática, tras la decisión del tribunal de trasladarse a la vivienda donde se produjo el crimen. La diligencia tuvo lugar en el barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad, y estuvo centrada en la exposición del acusado José Eduardo Figueroa, imputado por el delito de homicidio doblemente calificado.

La medida, dispuesta a solicitud de la defensa técnica del acusado, convocó a los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, así como a los representantes de las partes, quienes acudieron al lugar para observar la reconstrucción procesal.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza la representación fiscal en el proceso contra Figueroa, acusado por la muerte de su esposa el 4 de agosto de 2023.

La reconstrucción, según la defensa, tenía el objetivo de verificar si los hechos pudieron ocurrir según la versión del imputado. “Esto es una puesta en escena para ver si el hecho ocurrió o pudo ocurrir de la manera. Eso está absolutamente verificado el día de hoy”, declaró Casabella, defensor del imputado.

Añadió que “todo, absolutamente todo se fue confirmando con las pruebas científicas”. No obstante, aclaró que no se trató de una reconstrucción científica, sino procesal: “Es una representación de lo que cuenta el imputado, nada más”.

Desde la querella, el abogado Jorge Ovejero expresó cuestionamientos sobre la validez de la medida y sus resultados. En declaraciones recogidas por El Tribuno, afirmó: “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”. Hizo hincapié en que la causa de muerte establecida en la autopsia fue asfixia mecánica mixta, por obstrucción de las vías aéreas, nariz y boca, y del cuello, y destacó que “eso no es compatible con esta mecánica que se está proponiendo”.

Ovejero también señaló discrepancias en las características físicas de los participantes en la reconstrucción. “No coinciden las medidas, las alturas de las personas con las medidas y las mecánicas que se proponen en el informe de reconstrucción virtual”, afirmó. Subrayó además que “la teoría o la declaración del imputado tiene muchas inconsistencias con el resto del material probatorio, principalmente con la autopsia, con el informe anatomopatológico y con otros informes de criminalística”.

Toda la secuencia fue registrada para su posterior incorporación al debate oral. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la audiencia de debate se reanudará el jueves 9 con la declaración de cinco testigos del entorno más cercano a la pareja. Los especialistas deberán determinar si la mecánica recreada por el imputado resulta compatible con la evidencia reunida en la causa.

Cómo fue el femicidio

La autopsia que se practicó a Mercedes Kvedaras tras su hallazgo sin vida en 2023 reveló que su muerte fue precedida por un fuerte golpe en la cabeza y que la causa final fue ahorcamiento. El informe preliminar, detallado por el Ministerio Público Fiscal provincial, confirmó la hipótesis de “muerte violenta” y descarta versiones iniciales sobre una herida mortal con arma blanca. El esposo de la víctima, José Figueroa, quien ocupaba el automóvil junto al cuerpo cuando fue encontrado, quedó detenido en el momento.

La autopsia describe que Kvedaras presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda, producto de un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos hallazgos, junto al golpe brutal en el rostro y cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó con el ahorcamiento de la víctima.

El hallazgo del automóvil y ambos ocupantes se produjo tras la desaparición y la alerta del entorno. La reconstrucción de los hechos, basada en las fuentes judiciales, señala que un amigo del propietario acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que el agresor confesaba: “No podía con esto”.

Marisol García, una joven de 24 años de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, lucha por su vida en un hospital luego de ser víctima de un ataque que estremece: la raptaron mientras caminaba, la violaron y la prendieron fuego. Por el hecho, hay un remisero ilegal, de 34 años, que fue detenido el sábado pasado.

La víctima se encuentra en estado muy grave con más del 50 % del cuerpo quemado, internada en el Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Está bajo coma inducido y no ha podido declarar”, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

La agresión ocurrió el pasado 1 de abril, cuando la mujer regresaba a pie a su domicilio tras dejar a su hija en la escuela. La víctima fue abordada en inmediaciones de la esquina de la avenida La Bandera y Zegada por un vehículo, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial 46.

Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.

Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

Tras una rápida investigación, encabezada por la fiscal Romina Núñez, con la intervención de la ayudante fiscal Daniela Guerrero, y el trabajo coordinado de efectivos policiales de la División Homicidios y del Centro de Violencia de Género, el sábado pasado fue detenido L.S., un hombre de 34 años, como presunto autor del ataque.

El arresto se concretó en horas de la madrugada, alrededor de las 3, tras una serie de allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Pampa Blanca. Durante los procedimientos se ordenó el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado como remis, un teléfono celular y prendas de vestir del sospechoso, que son de interés para la causa.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el sospechoso tenía arañazos en el cuerpo y que en el momento del operativo, le descubrieron un tanque de nafta vacío. Se presume que fue usado al momento de incendiar a la víctima. Todo apunta a que actuó solo, aunque no descartan todavía la participación de otras personas.

“Se manejan todas las hipótesis. Es una investigación que recién comienza, aunque arrojó resultados muy rápido”, dijeron fuentes del caso a Infobae.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la imputación formal del detenido ante el juez de Control, por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras continúan las medidas investigativas para el esclarecimiento del hecho. El pedido fue avalado y estará preso preventivamente al menos por los próximos 120 días.

Respecto al acusado, las fuentes indicaron que se trata de un remisero interjurisdiccional sin los documentos que respalden su profesión. “Es un chofer trucho porque no se le encontraron los papeles que lo avalen”, señalaron. El acusado se abstuvo de declarar.

Conferencia de prensa de la familia

La abogada Mariana Vargas junto a la familia García se constituyeron como querellantes en la causa que se encuentra en investigación y esperan que la joven se recupere para aportar su testimonio.

“Está muy lastimada y es terrible lo que sucedió. Hay muchas pruebas y la detención del hombre. Hay que ampliar la imputación por abuso sexual”, detalló la letrada. También destacó el trabajo de la fiscal Núñez: “muy bien las medidas que ordenó, las pruebas, las imágenes de las cámaras”.

Respecto a L.S., el agresor, la abogada señaló que “se secuestraron sus celulares y también el teléfono de la joven fue aportado”. “No parece que lo conociera. Por ahora sería lo que ella le dijo a dos personas mientras estuvo consciente, al hombre que le pide ayuda y a un policía hasta que la llevan al hospital”, relató en conferencia de prensa.

Respecto al estado de salud de la víctima, la abogada dijo que “está evolucionando”, aunque su estado es aún grave.

“Todos los días viajamos a Jujuy a verla y recibir el parte médico todos los mediodías; de a poco se está despertando, aún sigue en estado crítico por las quemaduras. Estamos esperando que se recupere”, deslizó Antonela, una de las siete hermanas.

Asimismo, resaltó que “es importante que la justicia no se ha quedado quieta y esa persona está detenida”.

“Ella está luchando, está aferrada a la vida y más por sus hijitos, las mujeres que somos madres sabemos de esa fuerza. Mi mamá dice que de a poquito quiere mover su cuerpo” indicó.

Por otra parte, Antonela también comentó que desde el Consejo de la Mujer de la provincia se comunicaron con la familia: “Nos fueron a ver al hospital, están presentes”, publicó el diario Jujuy Dice.

El asesinato con más de 40 disparos de Kimberly Nohemy Licona e Iris Yohana Lanza Martínez en Choloma, al norte de Honduras, reaviva el temor y la indignación frente a la exponencial vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante el avance del crimen organizado.

La saña del ataque —armas de fuego de corto y largo alcance, rostro desfigurado de una de las víctimas— pone en primer plano la ausencia de protección estatal y la impunidad, en una zona donde el aumento de la violencia de género y la letalidad contra jóvenes y niñas genera una profunda alarma social.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha vinculado directamente los hechos con estructuras criminales: ambas víctimas, primas entre sí, tenían lazos familiares con Johny Aguilar, conocido como “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18.

Este elemento, añade un matiz de posible “ajuste de cuentas”, según la investigación preliminar.

En el ataque también resultó herido un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, según las autoridades. Su traslado a un centro asistencial en San Pedro Sula amplía la escala del operativo criminal, que buscaba tanto infligir daño físico como enviar un mensaje de advertencia e intimidación en el territorio.

La imagen de este supuesto cabecilla ha circulado en redes sociales junto a las víctimas, lo que ha contribuido a reforzar la versión de las autoridades. Incluso, publicaciones previas de Kimberly en plataformas digitales mostraban fotografías con su hermano, acompañadas de mensajes afectivos como “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”, elementos que ahora forman parte del análisis investigativo.

En medio de la investigación, también han salido a la luz detalles personales sobre Kimberly Licona que han generado conmoción. Familiares confirmaron que la joven era madre de dos niñas pequeñas, lo que ha intensificado el impacto emocional del caso en su entorno cercano. Un mensaje difundido por su cuñada refleja el dolor de la familia tras la tragedia.

“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, expresó, evidenciando el profundo vacío que deja la pérdida.

Organizaciones sociales y familiares han solicitado celeridad y diligencia en la investigación, exigiendo que el Estado responda con políticas efectivas para proteger a las mujeres en contextos de riesgo.

El doble asesinato registrado en Choloma constituye una expresión extrema de la vulnerabilidad y exposición a la que se enfrentan las mujeres en territorios bajo influencia del crimen organizado. Más allá de la relación de las víctimas con líderes pandilleros, los hechos documentados subrayan el ciclo de desprotección y el impacto devastador sobre la infancia y las comunidades.

La Dipampco descartó, las versiones que afirmaban que las jóvenes colaboraban con la policía. En el sitio del crimen no se hallaron rótulos ni mensajes alusivos: la falta de pruebas respalda que se trató de un ataque planificado y dirigido a mujeres con lazos familiares con la organización criminal, no a informantes de las fuerzas del orden.

Criminologos advierten que Honduras atraviesa un momento de incremento en homicidios de mujeres: ataques armados, amenazas, desplazamiento forzado y violencia doméstica son frecuentes. La impunidad, multiplica el riesgo y perpetúa el ciclo de agresiones.

El Estado hondureño, a través de la Dipampco, mantiene la investigación abierta y continúa recabando pruebas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno en municipios como Choloma y otros del Valle de Sula, donde confluyen disputas entre pandillas.

La tensión en el vínculo -y particularmente en la convivencia- era notable, entre escenas de machismo explícito. Emily, para cualquier televidente con un poco de sensibilidad, parecía siempre en peligro.

Hoy, Martínez está preso en la Unidad N°59 de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. El Tribunal N°1 de Morón lo condenó el 25 de marzo último a 15 años de prisión por intentar matar a Emily, darle una golpiza y privarla de su libertad.

Martínez había sido detenido por la Policía Bonaerense el 7 de marzo del año pasado, tres semanas después de que Emily presentara una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó. Allí, la víctima afirmó que su pareja la había golpeado mientras la insultaba. “No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”, le gritó aquella vez.

El caso quedó en manos de la fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI de Violencia de Género de Morón, que pidió el arresto de Martínez tras una investigación minuciosa. La primera medida fue sobre el cuerpo de Emily, que atravesó una revisión forense en el Cuerpo Médico de Moreno-General Rodríguez. La última paliza que le dio Martínez le provocó lesiones en los brazos, cabeza, cara y cuello, con dos ojos en compota.

Así, el 30 de abril del año pasado, Martínez ingresó a un penal provincial. Un mes después, la fiscal Cristini pidió su elevación a juicio con un documento de 45 páginas. Lo que dice este documento es al menos revelador.

Martínez fue acusado de tres hechos; el que llevó a Emily a denunciarlo fue el último en la serie. El primero ocurrió el 11 de octubre de 2024, casi un mes antes del estreno de Love Is Blind. La pareja ya se había mudado a un departamento de Ituzaingó para ese entonces. Según el testimonio de Emily, la empujó contra un placard y la tomó del cuello. Se fueron de vacaciones a Villa Gesell en enero siguiente. Allí, tras una discusión, Martínez tomó a Emily del brazo y la lanzó contra la cama.

El 8 de febrero, de vuelta en el departamento de la pareja en Ituzaingó, el acusado comenzó a golpear a Ceco en la cabeza tras una discusión luego de que Emily regresara de la obra de teatro Sex, en el pico de su breve fama. La lanzó otra vez a la cama. Emily se defendió; lo pateó en los testículos. Enfurecido, Martínez comenzó a asfixiarla, de acuerdo al expediente. Emily mordió su mano. Así, logró zafar. “Hace dos horas no llorabas mientras movías el o... arriba del escenario”, le lanzó Santiago. Luego, la golpeó con el puño en la cabeza, otra vez, una y otra vez.

“Como consecuencia de su obrar disvalioso y para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido aquella madrugada y lograr su impunidad, le dio hielo a la víctima para que lo colocara en su rostro lesionado”, aseveró Cristini en su imputación. Allí, Martínez le dijo a Ceco: “Tranquila, mi amor, que esto en dos días se va a ir”.

Emily intentó irse. Le impidió salir de la habitación minutos más tarde, lo que le valió ser imputado del delito de privación ilegítima de la libertad. “Martínez le pidió perdón por lo que le había hecho y le pidió que se acostaran juntos, a lo cual la denunciante accedió. No durmió por temor”, continúa el expediente.

Al día siguiente, Martínez le rogó que lo perdonara. Le dijo que sería la última vez que la maltrataría. “La denunciante le hizo creer que lo perdonaba aun temiendo por su vida”, continuó la fiscal. Emily tomó su teléfono. Le pidió a su hermana que le enviara un auto de aplicación. Aprovechó una distracción de Martínez. Así, logró escapar.

Qué declaró Emily

La víctima se presentó en la fiscalía el 17 de febrero, menos de una semana después de su denuncia. La violencia latente en Love Is Blind fue parte de su relato. “Durante la grabación hubo situaciones que la hacían sentir incómoda, como agresiones verbales. Santiago le gritaba o le hablaba mal, la culpabilizaba por algunas situaciones, la agraviaba, le decía que esas agresiones eran porque estaba nervioso por la grabación o porque su papá estaba internado en ese entonces”, asegura una transcripción de su relato.

Luego, se mudaron juntos, primero a la casa de los padres de Santiago. Más tarde, a un departamento en Ituzaingó. La violencia verbal comenzó de inmediato. La transcripción sigue: “Era diario que la insultara, dándole a entender que si no se comportaba, la situación podía ponerse peor”. A fines de febrero, la pareja debía postear una story en sus redes para promocionar una pizzería de Caballito. Sin datos en sus teléfonos, buscaron un punto con wifi. El episodio disparó otro episodio de violencia: Martínez, siempre según el relato de su víctima, encerró a Ceco en su auto, para golpearla allí, luego de quitarle su teléfono.

Una noche, como tantas otras, Martínez estalló. Un mensaje de texto de una participante del reality que Emily recibió fue la causa. Según el relato de la víctima, el acusado tomó el teléfono de su pareja y lo rompió. Martínez reaccionó “culpándola y diciéndole que era un teléfono de mierda, que le compraría otro, que era una tarada, una mogólica, una pelotuda, mientras la sujetaba del brazo”. Se enojaba hasta cuando Ceco no limpiaba la caca del gato porque generaba olor. Le decía, según el expediente, “una mugrienta”.

Emily había decidido visitar la obra de teatro Sex para su despedida de soltera; a pesar de toda la violencia sufrida, planeaba casarse por iglesia con Martínez el 22 de febrero de 2025. Su pareja desaprobó la elección. Le aseguró que “era una puta y una pajera, que seguramente había ido a ver pitos y conchas y tetas, que era una degenerada”. Esta discusión, precisamente, llevó a la golpiza final.

La semana pasada, los padres de Martínez hablaron tras la condena. Cargaron contra Ceco en diversas declaraciones. Emily ya los había recordado en su propia declaración un año antes. La madre, dijo, le resultaba “bastante intensa”. El padre de Martínez -que según su hijo, lo crió con “mucho huevo”- era un tanto más inquietante. “Siempre contaba anécdotas haciendo alusión a que tenía armas de fuego en su domicilio... Si alguien le entraba a robar a casa, lo mataba directamente”.

La indagatoria de Martínez y la reacción de la fiscal

El acusado aceptó ser indagado tras su arresto por consejo de su defensa. Allí, reconoció que le preguntó varias veces a Ceco “si había hecho algo” en la obra Sex. Emily le admitió que sí, que la obra “era participativa”. “Me dijo que le tocó la cola a un chico, yo me imaginaba, pero quería que ella me lo contara”, siguió.

Martínez admitió la golpiza poco después, relativizándola, al hablar de “zamarreos”. Según la Justicia, intentó asfixiarla en ese momento, lo que le valió la imputación de tentativa de femicidio.

Su relato fue considerado por la Justicia como parcializado. El informe victimológico de la causa, que detalla “la violencia psicológica y emocional como despliegue de estrategias de control hacia la víctima”, lo contradijo fuertemente, así como el informe del Cuerpo Médico que describió los golpes sufridos por la víctima.

Cristini consideró su testimonio “una burla a la inteligencia; a poco que me remita al reconocimiento médico de la víctima, surge claramente que las lesiones allí descriptas no son producto de zamarreos y forcejeos, no solo por la cantidad que posee, sino por el modo de producción allí descripto”. Es decir, le dio una literal paliza. Luego, según la acusación, intentó matarla.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el testimonio de María Mercedes Ibarra aportó detalles clave sobre el hallazgo del cuerpo y la secuencia de hechos ocurridos el 4 de agosto de 2023 en el barrio El Tipal, provincia de Salta.

La mujer fue la primera en declarar durante la audiencia realizada este lunes. De esta manera, describió también las circunstancias en las que encontró al acusado del crimen, José Eduardo “Jota” Figueroa.

De acuerdo con el testimonio relevado por el medio local El Tribuno, al llegar a El Tipal, Ibarra relató que descendió del vehículo y se acercó al auto estacionado dentro del terreno de “Lalo” Figueroa, padre del implicado. Observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien llamó a la Policía para dar aviso de la situación. La búsqueda se había iniciado esa misma mañana, ante la falta de contacto con la joven y con Figueroa; el hallazgo confirmó la muerte de Kvedaras y desencadenó la intervención policial y judicial, con la investigación centrada en un contexto de violencia de género.

En su declaración, Ibarra explicó que su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y que el propio acusado era acreedor de su empresa. Detalló que en ocasiones trabajaban juntos y que Figueroa era cliente suyo, además de mantener una deuda económica con él. Con respecto al acusado aseguró que “era muy solidario, siempre fue amable” y que días antes del crimen se habían reunido para hablar sobre la situación crítica de su empresa.

Sobre la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía entre ambas familias. Durante su exposición, la testigo se mostró visiblemente afectada y lloró en reiteradas oportunidades.

En la misma jornada declaró Manuel Kvedaras, hermano de la víctima, quien relató el impacto al ver el cuerpo de Mercedes durante el sepelio. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, y señaló que la magnitud de las lesiones lo llevó a decidir que el velorio fuera a cajón cerrado tras advertir un moretón en la frente de su hermana.

Manuel aportó un dato clave a la investigación: durante la búsqueda, logró localizar el teléfono celular de Mercedes porque tenía la contraseña del dispositivo desde 2019, cuando ella le había pedido ayuda con un equipo perdido. Mientras trabajaba en Buenos Aires, utilizó esa información y avisó a su madre que el teléfono estaba en la zona de la casa de “Lalo” Figueroa, padre del acusado.

El hermano reconstruyó los días previos al crimen, describiendo un vínculo deteriorado entre Mercedes y Figueroa. En ese sentido, detalló que el 29 de julio la víctima le pidió apoyo para separarse y le comentó que Figueroa “estaba muy enojado”. Ese día, Mercedes le envió mensajes en los que relataba discusiones y humillaciones sufridas, y le pidió que la acompañara para no enfrentarlo sola. Manuel reconoció que no accedió a ese pedido.

Aclaró que durante años mantuvo una relación cercana con el imputado, a quien consideraba amigo y confidente, aunque observó malos tratos en la pareja, sin registrar agresiones físicas directas. Recordó que desde fines de 2022 Mercedes había comenzado a plantear la separación y había convocado a sus hermanos a conversar sobre el tema.

El debate se desarrolla ante un tribunal compuesto por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, la querella es representada por el abogado Jorge Ovejero y la defensa del imputado por Juan Casabella Dávalos. El juicio, que tiene como único acusado a José Eduardo “Jota” Figueroa por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días.

En un hecho que expone las limitaciones del sistema carcelario en el sur de la provincia, la Justicia de Neuquén dispuso prisión domiciliaria para un hombre acusado de intentar matar a su expareja al incendiar su vivienda en un paraje próximo a Villa Pehuenia, luego de que la fiscalía confirmara que no existen plazas para detenidos en la zona.

El episodio tuvo lugar la mañana del 5 de abril, cuando el imputado identificado por las siglas A.G.P. prendió fuego de manera deliberada la casa donde dormía la mujer, utilizando un bidón con combustible, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

De acuerdo con la acusación encabezada por el asistente letrado Gastón Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, el ataque fue calificado de modo provisorio como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La víctima logró despertar, escapar de las llamas y pedir ayuda a vecinos, lo que permitió frustrar el desenlace fatal.

El caso tiene indicios de violencia machista, debido a una frase que habría pronunciado el imputado y que consta en el expediente judicial. Según detalló el MPF, en el marco del hecho el agresor le recriminó: “esto es porque saliste”, una frase que, para los investigadores, refuerza el contexto de violencia de género.

La investigación sostiene que el incendio comenzó en el lateral de la construcción, ubicada sobre la ruta provincial 13. En el lugar, la policía incautó el bidón con restos de combustible utilizado durante el ataque, una prueba que ahora será sometida a pericias químicas. La denuncia de la víctima y los testimonios de terceros que acudieron en su auxilio forman parte del cuerpo de evidencia, junto con las actuaciones policiales, según expuso la fiscalía durante la audiencia.

Uno de los aspectos discutidos en la instancia judicial tuvo que ver con la jurisdicción aplicable al caso, dado que el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche. La fiscalía subrayó que la gravedad del hecho, encuadrado como tentativa de femicidio, excluye la posibilidad de un abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención de la justicia penal ordinaria. El juez de garantías Lisandro Borgonovo validó este criterio y consideró que la descripción inicial permite sostener la hipótesis de intento de homicidio agravado en el marco de violencia de género.

La fiscal Pizzipaulo explicó que desde el Ministerio Público Fiscal se evaluó solicitar prisión preventiva para proteger la integridad de la mujer, quien actualmente se encuentra “aterrorizada”, en situación de vulnerabilidad y sin vivienda tras el siniestro. Sin embargo, la funcionaria remarcó que en la región del Pehuén no existen plazas disponibles para alojar a nuevos detenidos, lo que imposibilitó la opción de un arresto en una unidad carcelaria convencional. Por este motivo y “con el fin de resguardar a la víctima”, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria del imputado por 30 días, que a la postre se benefició por las circunstancias de dificultades en la infraestructura del sistema carcelario en esa región del país.

El magistrado Borgonovo coincidió con este planteo y ordenó que A.G.P. permanezca bajo arresto domiciliario durante un mes, con autorización para salidas laborales bajo control policial. Además, le impuso prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio y dispuso medidas para garantizar su protección ante el riesgo de nuevos episodios.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la investigación continuará durante los próximos tres meses, periodo en el que se completarán las pericias químicas y bomberos elaborarán los informes técnicos para determinar el alcance del incendio y la peligrosidad del foco ígneo provocado. La fiscalía mantiene su calificación provisional de tentativa de femicidio y continuará recabando pruebas y testimonios que permitan llegar a juicio.

Mientras miles de ciudadanos participaban en procesiones, actividades religiosas o disfrutaban del turismo, distintos hechos sangrientos se registraron en varias regiones del país, dejando al descubierto una realidad persistente: la inseguridad continúa afectando a la población sin importar la fecha.

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Cada caso, desde asesinatos selectivos hasta ataques armados y hallazgos de cuerpos, refleja la urgente necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la acción de la justicia y proteger a los sectores más vulnerables.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la ciudadanía enfrenta un clima de temor e incertidumbre que pone de relieve los retos estructurales en materia de seguridad pública y prevención del crimen en el país.

La ciudad de Santa Fe se vio sacudida este viernes por la noticia de una reconocida investigadora del Conicet y su pareja hallados muertos en su domicilio, en el barrio Candioti Norte. La Justicia investiga el hecho bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, luego de que un familiar se acercara al domicilio ante la falta de respuestas de Silvina Rosa Drago, de 56 años, y Héctor Osvaldo Riego, de 63.

Al ingresar, el familiar encontró a ambos sin vida junto al cuerpo de uno de los perros del hogar. Tras ello dio aviso a las autoridades, que arribaron al lugar junto a peritos de la Policía de Investigaciones.

El reporte policial indica que ambos presentaban heridas de arma de fuego. Drago tenía al menos ocho disparos, mientras que Riego mostraba una sola herida compatible con suicidio. Junto a ellos, uno de los perros también apareció muerto por disparos, y otro can fue hallado herido con un golpe en la cabeza.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Estanislao Giavedoni, dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia y ordenó la asistencia veterinaria para el animal herido.

En el lugar, los peritos secuestraron una pistola calibre 6.35 debajo del cuerpo del hombre. Según las primeras estimaciones forenses, las muertes habrían ocurrido cerca de 24 horas antes del hallazgo, aunque la investigación sigue en curso para establecer la secuencia exacta de los hechos.

La noticia generó conmoción en el ámbito académico y científico. Silvina Drago era bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y se desempeñaba como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Había sido distinguida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal en 2023 por su trayectoria internacional y su aporte al desarrollo científico. En febrero de este año, había alcanzado el máximo escalafón dentro del Conicet.

Con más de 165 publicaciones en revistas científicas y libros internacionales, Drago dirigía las carreras de posgrado de la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su carrera se extendió a la dirección de proyectos de investigación nacionales, provinciales e internacionales, así como a la formación de numerosos profesionales y científicos.

La Facultad de Ingeniería Química de la UNL expresó su pesar a través de un comunicado: “Con profundo pesar les informamos del fallecimiento de la Dra. Silvina Drago, docente-investigadora de FIQUNL, Vicedirectora y Responsable del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Casa. Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico, participó en proyectos y redes internacionales y dirigió tesis doctorales, de maestría y trabajos finales de carrera”.

“También se desempeñó como Directora del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL. Recientemente, había sido declarada Santafesina Destacada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe y promovida a la categoría de Investigadora Superior de CONICET. Por este motivo, se decreta duelo institucional para el día de hoy (03/04/2026). Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, cerró el comunicado.

La investigación sigue para reconstruir lo sucedido.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

Jorge Javier Grasso, uno de los acusados en la causa por el femicidio de Milagros Micaela Basto, fue alojado en la cárcel de mujeres de Bouwer. Así lo decidió la Justicia porque figura con género femenino en su DNI, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El pabellón donde se encuentra Grasso fue creado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para personas que declaran autopercibirse mujeres, aunque hayan sido registradas varones al nacer.

En el documento de Grasso ya aparece el sexo femenino desde noviembre de 2024, aunque se mantiene su nombre legal. La decisión del traslado fue ordenada por la fiscalía a cargo de José Bringas.

Grasso está imputado por encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Milagros Basto, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un placard en un departamento del centro de Córdoba.

El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando albañiles hallaron el cuerpo mientras realizaban tareas en el departamento donde vivía Horacio Antonio Grasso, hermano de Jorge Javier y principal imputado por el crimen.

Horacio Grasso es un ex comisario con un oscuro prontuario: fue condenado en 2007 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos -quien fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una balacera entre bandas narco-, fue hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa y este año recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

Pese a todos estos antecedentes, habría conseguido el beneficio del arresto domiciliario, con tobillera electrónica. La cumplía en el departamento donde a principios de julio hallaron el cadáver de Milagros.

Actualmente está detenido, alojado en la cárcel de varones de Bouwer.

Su hermano Jorge Javier fue capturado el mes pasado en Tartagal, Salta, luego de permanecer prófugo durante meses. En esa oportunidad, intentó evitar ser identificado usando documentación en la que ya figuraba como mujer.

No era su primera vez bajo arresto: en 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoceTV.

Según trascendió, las autoridades provinciales evalúan pedir el traslado de los hermanos Grasso a una cárcel de máxima seguridad o a un penal de Buenos Aires.

“¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo Matías Alejandro Guiñazú (46) a uno de los vecinos, que logró ver desde la ventana parte del brutal ataque que culminó con la vida de María Soledad Ibañez el 31 de marzo de 2024 en la casa que ambos compartían en Merlo. Dos años más tarde, la Justicia de Morón resolvió condenarlo a prisión perpetua como autor del femicidio.

Este martes se dio a conocer el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, integrado por la jueza Mariela Moralejo Rivera, Federico Topino y Gabriel Tomassetti, quienes encontraron a Guiñazú culpable de homicidio agravado por vínculo y por mediar violencia de género. Se trató de una decisión unánime que no dejó dudas sobre la autoría y la intencionalidad del crimen.

La decisión del tribunal coincidió con la postura de la fiscal Graciela Biassotti, quien sostuvo la acusación durante el juicio, apoyada en la instrucción realizada por los fiscales María Laura Cristini y Hernán Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón.

Además, durante la lectura de la sentencia estuvo presente la madre de la víctima, Margarita Villarreal, los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, los familiares de otras víctimas que acompañaron la causa y los allegados a Soledad.

El eje central del juicio fue el testimonio de un vecino, quien llegó al domicilio, ubicado en la calle José Martí al 500, tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. Según relató ante el tribunal, vio a Ibañez ensangrentada y casi sin poder hablar, mientras Guiñazú sostenía una cuchilla. “¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo el acusado antes de arrojar a la mujer al suelo.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el testigo relató que continuó apuñalando a la mujer, incluso después de que arribara una patrulla policial. Todo quedó registrado en un video donde se observaba a Guiñazú mientras seguía atacando a la víctima ya sin vida. Al mismo tiempo, desafiaba a los policías: “Tírame, ¿qué esperás? Mátame de una vez”.

En paralelo, el informe pericial reveló que el ataque comenzó en la cocina y prosiguió en el dormitorio, lugar donde la víctima fue escuchada pidiendo ayuda. Los peritos describieron el escenario como un espacio “con manchas de sangre por todos lados”. Otro testigo presencial ratificó que Guiñazú sostenía el cuchillo y amenazaba con matar a cualquiera que intentara intervenir, mientras se negaba a soltar tanto el arma como a la víctima.

Luego de haber terminado con la vida de Soledad, Guiñazú intentó autolesionarse con la misma cuchilla tras el crimen, pero fue reducido por los efectivos policiales y hospitalizado en estado grave. Tras recuperarse, permaneció detenido en la Unidad Penal N° 34 de Melchor Romero.

Durante el juicio, los especialistas en salud mental calificaron al acusado como “celoso y controlador”. Por este motivo, el cuerpo médico descartó una reacción de emoción violenta y definió el hecho como un “acto premeditado y con alevosía”.

Incluso, las amigas de la víctima relataron que desde el inicio de la relación, en enero de 2023, notaron cambios en Ibañez: estaba aislada, temerosa y había dejado de ver a su entorno. Además, indicaron que el agresor controlaba sus redes sociales y que la joven había aparecido con moretones y signos de maltrato en varias ocasiones.

En alguna que otra oportunidad, la joven había reconocido que las cosas no iban bien en la relación y que quería terminar el vínculo, pero que el sospechoso se negaba a abandonar la casa. Allí también vivía la madre de Soledad, pero no se encontraba en la propiedad en el momento del ataque.

Por otro lado, se conoció que Guiñazú contaba con antecedentes de violencia de género. Se trató de una relación anterior, en la que terminó denunciado ante la Justicia y condenado a siete meses por desobediencia y violación de domicilio.

Desde ese entonces, el condenado se había quedado sin trabajo fijo y hacía changas para sobrevivir. Tampoco tenía un lugar en donde vivir, por lo que la joven lo había invitado a vivir con ella en su casa. No obstante, al haberle pedido de forma definitiva que se fuera de la propiedad, este decidió terminar con su vida.

Este miércoles, inicia el juicio oral y público contra José Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su esposa, Mercedes Jiménez Kvedaras, dentro del barrio cerrado El Tipal, en Salta el 4 de agosto de 2023. La apertura del proceso, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, marca un hito en la provincia, tanto por el despliegue técnico previsto como por la expectativa social en torno al caso.

La secuencia comenzó aquella mañana, cuando Figueroa, de 47 años y abogado, envió un mensaje de WhatsApp a un amigo íntimo: “No puedo con esto”. El destinatario, conocedor de la reciente separación de la pareja, acudió a la vivienda y, al no recibir respuesta, alertó al 911. La Policía desplegó un operativo cerrojo en el country hasta ubicar el Volkswagen familiar en un terreno baldío, colindante a una propiedad de la familia del imputado.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron a Mercedes Jiménez Kvedaras, de 37 años, sin vida en el asiento trasero, mientras que Figueroa se encontraba en estado crítico, con lesiones de arma blanca en el cuello y las muñecas. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la hipótesis inicial de un accidente doméstico fue refutada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica mixta, combinando estrangulamiento manual y sofocación. Los forenses documentaron un total de 40 lesiones, entre ellas un golpe en el rostro compatible con un puñetazo técnico, marcas de presión en el cuello, raspaduras en las rodillas y una herida punzante superficial en la zona lumbar. El informe permitió reconstruir que el ataque se originó en la vivienda y que Figueroa trasladó el cuerpo al automóvil, buscando ocultar el crimen.

El debate oral, que se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026, contará con la intervención de los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. El cronograma judicial prevé la citación de 80 testigos, incluyendo familiares, amigos, 10 efectivos policiales, 15 profesionales médicos y 18 peritos de distintas especialidades, desde criminalística hasta genética molecular. Además, especialistas en informática forense analizarán los dispositivos digitales de la víctima y el imputado. Según informó el medio tucumano La Gaceta, en el juicio cobrará centralidad el abordaje de la salud mental, con la intervención de 9 psicólogos y psiquiatras, quienes elaborarán informes sobre el perfil del acusado.

La protección de los hijos menores de la pareja constituye otro eje del proceso. Sus testimonios serán reproducidos mediante sistemas de circuito cerrado de televisión, con el objetivo de resguardar su integridad psicofísica y evitar la revictimización, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.

La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostiene la acusación de femicidio y solicita la pena de prisión perpetua para Figueroa. “La prisión preventiva sigue siendo la única vía para garantizar que el imputado comparezca al juicio, debido al peligro de fuga vinculado a la expectativa de una condena”, argumentó la representante del Ministerio Público. Tanto el abogado querellante Jorge Ovejero como la asesora de Incapaces Martha Bustos respaldaron la postura de la Fiscalía.

El proceso de llegada del imputado al banquillo no estuvo exento de debates técnicos. En febrero de 2024, la Sala IV del Tribunal de Juicio prorrogó la prisión preventiva del acusado por un año, medida que cumple en la Unidad Carcelaria 1 de Salta desde agosto de 2023. La defensa, a cargo de Juan Casabella Dávalos, solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y el pago de una caución, además de asumir los gastos de vigilancia policial, propuestas que fueron rechazadas por el tribunal. Los jueces consideraron que solo la privación de libertad efectiva garantiza la plena realización del juicio.

Durante la audiencia que definió la nueva integración del tribunal, se registraron tensiones y objeciones sobre la modalidad de sorteo que designó a Eduardo Sángari como presidente del tribunal, procedimiento objetado por la Fiscalía y la querella, aunque finalmente se desestimaron los reclamos, según consignó Infobae. Además, el debate estuvo atravesado por un incidente de violencia verbal entre el defensor Casabella Dávalos y la fiscal Sodero Calvet, episodio que motivó el llamado al orden por parte del tribunal.

La acusación sostiene que la evidencia científica reunida en agosto de 2023 permitirá esclarecer los hechos y transformar la investigación en una sentencia definitiva.

Después de que se cumpliera un mes del femicidio de Thania Santillán, la Justicia de Santiago del Estero ordenó dos años de prisión preventiva para su ex pareja, Cristian Salto, quien está acusado de haberle disparado mientras la tenía retenida en una zona montañosa de Las Tinajas.

En el cierre de la audiencia realizada este jueves, la jueza de Género Norma Morán resolvió que el único imputado por el crimen tendrá que pasar los próximos dos años en la cárcel previo a enfrentar un juicio oral. Para la decisión fueron claves los resultados de la autopsia practicada a la víctima.

Esta misma semana, se dio a conocer que el informe forense comprobó que Santillán murió producto de los dos disparos de arma de fuego que recibió ese 20 de febrero. Además, se constató que presentaba una costilla fracturada y que uno de sus pulmones había colapsado.

Bajo el punto de vista de los peritos, las heridas detectadas en el cuerpo de la joven fueron calificadas como fatales. Por este motivo, se reforzó la hipótesis de que, antes de ser asesinada, Thania sufrió un ataque violento mientras estuvo privada de su libertad.

Frente a esta decisión, la querella, representada por el abogado Gilberto Perduca, adelantó durante un diálogo con La Mañana de Info que pedirán que Salto sea condenado a la pena máxima, tras indicar que había nuevos elementos en la causa que agravarían la responsabilidad penal del acusado.

“La ejecutó a quemarropa. No estamos ante un simple homicidio agravado, sino ante un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía y por ensañamiento”, denunció al remarcar que le apuntó en la sien “para asegurar el resultado”. Incluso, alegó que habría pruebas para comprobar que la joven estaba inmersa en un contexto de amenazas previas y fallas en los sistemas de protección.

De la misma manera, el letrado aseguró que ninguna de las partes cuestionó los resultados de la autopsia, en donde señaló que se comprobó que la víctima primero recibió un disparo que causó lesiones internas graves y, ya caída en el suelo, fue ultimada con un tiro en la cabeza.

“No hubo emoción violenta. Hubo una ejecución. Primero la hiere y luego, cuando estaba indefensa, le coloca el arma en la sien y dispara para garantizar la muerte”, ratificó Perduca al indicar que iban a pedir una condena perpetua por la gravedad de los hechos.

Sumado a las pericias, el abogado de la familia remarcó en la audiencia que también había indicios que evidencian un escenario de hostigamiento y peligro. Como parte de los elementos que deberán ser analizados, mencionó la existencia de unos mensajes enviados por la joven a sus familiares en los que advertía sobre amenazas directas de su ex pareja.

Según el abogado, Thania alertó en esas conversaciones que Salto tenía la intención de matarla. Además, indicaron que la diferencia de este caso con otros similares sería que la joven había intentado denunciar la situación y solicitar medidas de protección. Sin embargo, no pudo concretar la denuncia ni acceder a la asistencia necesaria debido a obstáculos burocráticos y demoras administrativas.

“Ella había buscado ayuda para resguardar su integridad. Tenía intención de denunciar y hay elementos que lo acreditan, pero por distintas circunstancias no pudo acceder a esa protección. Lamentablemente, no llegó a tiempo”, apuntó el letrado al afirmar que la investigación, encabezada por la fiscal Lucía González Farías, avanzaría con rapidez debido a la contundencia de las pruebas.

Por este motivo, Perduca consideró que “el caso está prácticamente probado. Restan algunas pericias, pero entendemos que en poco tiempo estarán dadas las condiciones para pedir la elevación a juicio”. Mientras tanto, el acusado permanecerá alojado en el Centro Único de Detenidos, a la espera de que se completen las pericias psicológicas y psiquiátricas.

Aunque la causa estaría por ser elevada a juicio, el abogado relató que la familia de la joven estaría devastada, sobre todo, su madre. “Está destruida. La estamos acompañando y ofrecimos asistencia psicológica para atravesar este momento tan duro”, indicó al valorar el gesto de la jueza en manifestar sus condolencias a los familiares de Thania.

Luego de que se conocieran los resultados de la autopsia que le practicaron a Thania Santillán, la joven de 22 años que fue asesinada por su ex pareja en Santiago del Estero, se confirmó que este jueves Cristian Salto participará de una audiencia clave, en donde se definirá su situación procesal.

A poco más de un mes del brutal femicidio, el informe forense reveló que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego y lesiones fatales, como una costilla fracturada y el colapso de un pulmón. Este tipo de lesiones reforzaría la gravedad del ataque que sufrió mientras estuvo cautiva.

De la misma manera, el análisis determinó que uno de los disparos ingresó por la sien derecha, atravesó el encéfalo y quedó alojado en el parietal izquierdo, con una trayectoria de adelante hacia atrás. Por este motivo, los peritos precisaron que este último impacto podría haber sido realizado a quemarropa, lo que indicaría que se habría tratado de una agresión directa y sin posibilidad de defensa.

No obstante, el segundo disparo se habría efectuado a mediana distancia. A partir de esto, se decidió convocar a una audiencia para evaluar la situación procesal de Salta. Según la información publicada por Diario Panorama, el acto será encabezado por la jueza Norma Morán y no se descartaría la posibilidad de que le dictara una prisión preventiva al único acusado.

La ex pareja de Thania es el principal y único acusado por su muerte. Por este motivo, permanece detenido desde el 20 de febrero, luego de que fuera detenido tras estar más de seis horas atrincherado en la zona montañosa a donde había llevado a la fuerza a la víctima para asesinarla.

Durante el operativo coordinado por la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y el Cuerpo Guardia de Infantería, los efectivos desplegaron tácticas de contención, negociaron con el sospechoso e implementaron un cerco de seguridad. De acuerdo con la reconstrucción de Nuevo Diario, la tensión se extendió debido a que Salto amenazó con quitarse la vida mientras intentaban persuadirlo.

Una vez detenido, el hombre quedó imputado por el femicidio y fue trasladado a dependencias policiales. En la escena del crimen, encontraron el cuerpo de la joven junto a su motocicleta. Asimismo, las autoridades incautaron un rifle, que sería el arma empleada en el crimen y que será presentado como prueba central en la causa.

Poco después se conocería que la joven y su asesino le habían puesto final a su relación el año pasado, pero habrían mantenido el contacto debido al tiempo que estuvieron en pareja. Por este motivo, ambos habían planeado realizar un viaje en motocicleta.

Según reconstruyeron los investigadores, el día del crimen, Thania salió de su casa a las 05:00 horas, cuando Salto pasó a buscarla. Así, la víctima tomó su mochila y encendió su motocicleta Honda Wave 110. Desde ese punto, recorrieron unos 10 kilómetros, entre las 05:30 y las 09:00 horas.

Hasta el momento, lo que sucedió en ese lapso horario sería un misterio para la causa. No obstante, la Fiscalía sospecharía que ambos habrían discutido y, en ese momento, Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego hasta llevarla hacia la zona donde sería asesinada.

Desde ese momento, se encontraron registros de que la joven advirtió a su madre, su tía y su prima que temía por su vida porque su ex novio estaba armado. “Estoy con miedo, está armado”, escribió en los mensajes. Incluso, se contactó con la Policía para pedir auxilio, pero no habría obtenido respuesta.

Después de que concluyera el operativo y Salto quedara detenido, las autoridades informaron que había confesado ser el autor de los disparos que mataron a Thania. De hecho, la fiscal a cargo de la causa, Lucía González Farías, reveló que le había asegurado que estaba “muy triste” por lo sucedido. No obstante, se ordenó su traslado al Centro Único de Detenidos, donde permanece bajo custodia policial.

A más de dos meses del femicidio de Érika Antonela Álvarez, la Justicia de Tucumán reconstruyó cómo fue la ruta tomada por el principal acusado, Felipe Sosa, para deshacerse de su cadáver en un basural de la localidad de Yerba Buena. Además de identificarse una camioneta para el trasladado, plantearon la posibilidad de que el ex militar hubiera contado con la colaboración de uno de los detenidos.

A partir de los avances que hubo en la causa por medio de los peritajes, videos de seguridad y testimonios, se ordenó la detención de un total de cuatro personas que habrían estado involucradas en el hecho. No obstante, las autoridades evaluarían la posible participación de funcionarios vinculados al ámbito judicial que habrían encubierto la trama.

Hasta el momento, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave basado en el análisis minucioso de registros fílmicos y declaraciones. En el documento, indicaron que la ventana horaria en la que se habría cometido el crimen iría desde la noche del 6 de enero hasta la madrugada del 7.

Según reveló la autopsia, la víctima sufrió varios golpes en la columna vertebral, la cabeza y el rostro. Aunque, bajo el punto de vista de los forenses, la lesión letal fue producida en las vértebras del cuello. El contexto del ataque todavía estaría bajo evaluación por parte de los investigadores.

No obstante, las maniobras propias para poder deshacerse de su cuerpo habrían comenzado durante las primeras horas de la mañana. Un testigo clave, identificado como Navarro, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, previo a pedirle que fuera a su vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el conocido de Sosa arribó al domicilio cerca de las 09:00 horas y aseguró que el acusado se encontraba “nervioso”. Además, tenía una pala en la mano y le mostró un cuerpo que estaba en el interior de la casa. A pesar de esto, no manifestó haber reconocido a la víctima, ni siquiera verle el rostro.

A partir de esto, el ex militar habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo de la joven. Para el Ecif, el acusado diseñó un trayecto pensado para eludir calles y zonas, en donde hubiera cámaras de seguridad activas. Sin embargo, hubo algunos registros captados que permitieron trazar el recorrido que habría hecho esa mañana desde su vivienda hasta el basural.

La maniobra habría comenzado a las 10:33 horas, cuando una cámara documentó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. Posteriormente, el vehículo desaparece de los registros durante casi 23 minutos, periodo en el que se presume que Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, evadiendo zonas vigiladas y cargando finalmente el cuerpo en la caja del vehículo.

A las 10:57, la misma camioneta pasó nuevamente frente al domicilio; a las 11:09 se la registró en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permanece brevemente en la ubicación donde el cuerpo sería posteriormente hallado. Se calculó que el acusado solo habría requerido de unos 10 a 15 minutos para abandonar el cadáver de Erika.

El regreso del vehículo también quedó documentado en otro set de cámaras. Luego de que abandonara la zona descampada, un nuevo avistamiento se realizó del vehículo en el Camino de Sirga a las 12:08. Minutos más tarde, es decir, a las 12:11, volvió a ser visto por la Avenida Aconquija, tras lo cual retorna a las inmediaciones de la vivienda original.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal apuntó que los movimientos registrados reforzarían la hipótesis de planeamiento deliberado para ocultar evidencias, aportando elementos clave al avance del proceso penal. Además de Sosa y Navarro, hay otras dos personas detenidas. Una de ellas sería J. G., una empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

De acuerdo con la causa, la funcionaria pública aparece mencionada por presuntamente haber estado presente en el domicilio la noche de los hechos. Incluso, fue señalada como la supuesta responsable de haberle entregado las llaves de la camioneta Amarok, facilitando el escape de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, lo que abriría nuevas líneas de indagación sobre el posible encubrimiento institucional.

Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Panamá, sumando seis femicidios en lo que va del año y tres en lo que va de marzo.

Los cuerpos de las víctimas, que se presumen sean menores de edad, presentaban heridas de bala y fueron encontrados abandonados en una carretera que conduce de Kuna Nega a Chivo Chivo, en la ciudad capital, vía que en horas de la noche permanece desolada, según se informó.

Una de las mujeres fue encontrada en el medio de la vía, mientras que la otra estaba en una cuneta, al costado de la carretera.

De tez trigueña y contextura delgada, una de las féminas vestía suéter verde y pantalón corto negro. Presentaba una herida en la quijada y un impacto de bala en la muñeca izquierda. A un costado del cuerpo fue ubicada la parte frontal de una bala, como integrante de la escena. La segunda mujer, también de contextura delgada, llevaba abrigo azul oscuro y pantalón corto a rayas. Tenía hematomas en el cuerpo. Ambas mantenían pulseras en sus extremidades, informó el Diario Critica.

Estas dos muertes se suman a la de la abogada identificada como Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, a quien sicarios en moto la asesinaron el 7 de marzo en horas de la noche en el sector de Costa del Este, mientras iba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo camioneta.

Las víctimas de los seis femicidios registrados hasta el momento tenían edades comprendidas entre 18 a 44 años, y sus victimarios utilizaron armas blancas, de fuego e incluso incendiarismo.

Del 1 de enero al 28 de febrero de este año las estadísticas oficiales dan cuenta de tres femicidios y siete intentos de femicidio. Los asesinatos de registraron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá.

Un informe del Ministerio Público revela que durante el quinquenio 2019 - 2023 en el país se perpetraron 110 femicidios y 69 tentativas.

Durante el periodo de referencia el mayor número de víctimas se concentró en edades que oscilaban entre 18 a 49 años, observándose un incremento de víctimas en edades de 0-17 años.

Otro elemento que detalla el diagnóstico es que los femicidios fueron causados mediante el uso de arma blanca (46.4%), seguido por arma de fuego (19.0%), asfixia mecánica (13.6%), y el uso de objeto contundente (10.0%).

El uso de este tipo de armas también prevalece en las tentativas de femicidio.

En su informe, el Ministerio Público explica que los femicidios en Panamá son de carácter íntimo, es decir, se producen en contextos de relaciones de pareja, actuales o anteriores, aun cuando éstas fuesen ocasionales y en contextos de relaciones familiares.

La autoridad de investigación aclara que éstos no son los únicos espacios de ocurrencia de femicidios en el país.

Durante el quinquenio 2019 - 2023, las regiones con mayor número de femicidios fueron las provincias de Panamá (27.0%), Panamá Oeste (21.0%), Chiriquí y Colón (13.0%) cada una.

A esta lista se incorpora la comarca indígena Ngäbe Buglé, que en los últimos años ha aportado a los registros el 11.0% de las víctimas, aduce el documento.

Esto incide en que estas cinco provincias agrupen el 84.5% de los femicidios perpetrados durante el periodo en referencia, en tanto que el 15.5% restante corresponden a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

A poco más de dos semanas de la muerte de Iris Blanco, la mujer de 33 años que fue brutalmente golpeada por su pareja en Córdoba, la Fiscalía resolvió imputar a Ernesto David Romagnoli (36) por el femicidio de la enfermera.

La decisión fue confirmada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, de Alta Gracia, quien impuso la figura de homicidio doblemente agravado, es decir, femicidio al principal acusado de agredir a la víctima el pasado 14 de febrero en la ciudad de Pilar.

Para poder atribuirle los cargos mencionados, las autoridades consideraron que estaba probado que Blanco había sido víctima de violencia de género durante su vínculo con Romagnoli. Asimismo, apuntaron que los resultados de la autopsia fueron claves para modificar la carátula inicial por lesiones leves calificadas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los forenses determinaron que “los golpes que tenía la víctima fueron ocasionaron la muerte”. De la misma manera, indicaron que se encontró una fractura en la zona cercana al cráneo que sería un posible indicador de la agresión letal.

Iris Blanco era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera. Sin embargo, sus hijos eran producto de otro matrimonio anterior, ya que la relación con Romagnoli era reciente. Lo había conocido por una aplicación de citas, mientras el acusado se encontraba preso.

Luego de que el hombre recuperó la libertad en mayo de 2025, la pareja comenzó a convivir en la ciudad de Oncativo. En principio, el imputado compartía el mismo techo que los hijos de la víctima, pero el padre de los menores denunció que eran víctimas de violencia y le aplicaron una restricción judicial para que no pudiera acercarse a ellos.

Durante una de las movilizaciones convocadas para pedir justicia por Iris, su ex pareja y padre de los nenes, Sergio Vega, aportó detalles reveladores sobre el nivel de control y sometimiento que Romagnoli ejercía sobre la mujer. “No había un minuto para hablar con ella porque él la llamaba y le decía: ‘¿Qué es lo que hacés, qué es lo que no hacés?’“, describió.

El testimonio incorporó un dato inquietante relativo al acceso del acusado a videollamadas durante su tiempo en prisión, ya que para Vega esa posibilidad le permitió continuar con lo que describió como una “amenaza constante” a la víctima.

La relación con el detenido no solo rompió el vínculo familiar previo, sino que transformó profundamente la conducta habitual de la mujer. De acuerdo con el relato de Vega, hubo un cambio perceptible en Blanco, que pasó de intervenir activamente en los desacuerdos a permanecer en silencio y “apagada atrás de él, nunca dijo nada”, lo que evidenciaba un “estado de sometimiento”.

La dinámica de intimidación persistió incluso después de la liberación de Romagnoli, debido a que optó por cortar todo contacto directo con Blanco y limitó sus comunicaciones a través de los teléfonos de sus hijos. La decisión estuvo motivada por el temor a que la situación desembocara en incidentes de violencia, dado que “sabía que él era golpeador”.

“Pido justicia porque yo ahora al más grande lo tengo quebrado mal, hasta yo me he quebrado pero trato de ser fuerte. Como le ha hecho daño a ella, muchas más han pasado por eso”, reclamó el padre de los hijos de Iris.

A pesar de esto, la mujer continuó su relación y, en la semana del 9 de febrero, la pareja se mudó de nuevo a Pilar, luego de que la mujer fuera agredida. No obstante, el 14 tuvo lugar el ataque final. Ese día, los amigos de Blanco la hallaron en estado de inconsciencia y con el pulso prácticamente nulo en la vivienda que compartía con Romagnoli.

Después de que lograran rescatarla de la vivienda, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Misericordia. El 4 de marzo, la enfermera recibió el alta médica, pero su cuadro clínico se agravó. Tras practicarle estudios, los profesionales le diagnosticaron una afección neurológica de origen incierto, la paciente falleció al día siguiente.

Por su parte, Romagnoli fue detenido el 15 de febrero, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, pena que habría purgado mientras conocía a la víctima vía mensajes.

La investigación sobre la banda se inició en septiembre de 2024 cuando el fiscal de Homicidios Adrián Arribas solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza tras la desaparición de Vanesa Alejandra Lachmañuck (28) y Aylen Alejandra Benítez Medina (14).

Según información confirmada por Infobae, los primeros rastrillajes y tareas de campo permitieron vincular a ambas mujeres con una organización dedicada al narcomenudeo en la ribera del Río Matanza. Durante uno de estos operativos, el personal de la DDI fue atacado con armas de fuego por integrantes de la banda, lo que motivó una causa paralela por tentativa de homicidio agravado contra personal policial.

El 11 de septiembre de 2024, durante un operativo en la zona costera del arroyo Don Mario y el río Matanza, agentes de la DDI hallaron los cuerpos de Lachmañuck y Benítez Medina.

En ese momento, el hecho fue recaratulado como doble homicidio. Testimonios recogidos por los investigadores permitieron individualizar al presunto autor material: Hugo Steven Palacios Britez, alias “Panucha”, quien lideraba la organización conocida como la "Banda de Calderón" y se habría adjudicado ambos asesinatos.

Desde entonces, se realizaron varios allanamientos que culminaron con la detención de Palacios Britez y otros integrantes de la estructura. Las fuentes indicaron que Arribas, junto a la Unidad Temática de Estupefacientes, ordenó profundizar la investigación sobre la red narco y sus operaciones de comercialización en la región.

El 3 de abril de 2025, en un nuevo despliegue policial, se llevaron a cabo 11 allanamientos en distintos puntos de Vera del Río Matanza y zonas adyacentes. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el operativo utilizó vehículos aéreos no tripulados (VANT) para documentar maniobras de venta de estupefacientes. El resultado fue el secuestro de una cantidad importante de drogas, armas de fuego y la destrucción de campamentos empleados por la organización, además de la detención de cuatro miembros del grupo.

A partir de indagatorias, análisis de teléfonos y nuevas tareas de campo, los investigadores determinaron que la banda continuó sus actividades bajo el liderazgo de Cristaldo López Ivan Esteban, alias “Keloke”, y González Arnaldo Andres, alias “Meca”. Ambos se ocupaban de abastecer los puntos de venta y supervisar la distribución de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas —entre ellas, filmaciones de drones, seguimientos y registros de comunicaciones—, la Justicia autorizó nueve órdenes de allanamiento adicionales.

La DDI, con apoyo de grupos de irrupción, irrumpió en el punto de venta conocido como “Calderón” y detuvo a Cristaldo y a González. Durante el procedimiento, ambos dispararon contra los agentes, aunque no se registraron heridos.

Finalmente, “Keloke” y “Meca, luego de intentar escapar por una zona llena de vegetación y un basural, fueron arrestados. La intensa secuencia de la persecución a pie quedó registrada por la cámara corporal de uno de los policías.

En el procedimiento, además, los detectives hallaron un campamento narco utilizado como punto de venta y acopio.

Otras cuatro personas vinculadas a la organización también fueron aprehendidas y se incautaron armas, municiones, drogas fraccionadas, teléfonos y dinero.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de Cristaldo y González por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación ilegal de arma, tentativa de homicidio agravado contra personal policial y encubrimiento.

Durante los allanamientos realizados en la zona de Vera del Río Matanza, la DDI secuestró 315 dosis de pasta base (78 gramos), 302 dosis de pasta base (81 gramos), dos trozos de pasta base (209 gramos), 105 dosis de cocaína (35 gramos) y 12 trozos compactos de marihuana (605 gramos).

Además, se incautaron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, tres pistolas Bersa del mismo calibre (dos con numeración suprimida y una vinculada a un robo denunciado el 7 de marzo de 2013, perteneciente a la Policía Federal Argentina), una carabina Halcón calibre .22, 45 municiones de calibres 9 milímetros y .22, tres teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, dos bolsos y 300.000 pesos en efectivo.

En medio de la investigación por el femicidio de Ada Barroso Quilo, la mujer que habría sido estrangulada por su pareja en Caleta Olivia, su familia brindó detalles sobre cómo era el espiral de violencia en el que estaba inmersa la víctima. “Nunca nos escuchó”, lamentó su hija Valery.

“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba. Se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, reconoció la hija de la víctima, tras contar que había intentado convencerla de que abandonara esa relación, pero que nunca tuvo éxito.

Al mismo tiempo, la joven reconoció que para ella “fue muy chocante” ver el estado en el que había quedado su madre. “La encontraron con fracturas en las costillas, nariz, cortes visibles y estaba rasguñada en el rostro”, describió.

Tras contar que había declarado que Ada era víctima de violencia de género, indicó que se cruzó con el detenido en la dependencia policial. “Esta persona se juntó con mis tíos y dijo que tuvo un paro cardíaco y convulsiones, estuvo mintiendo en varias oportunidades”, denunció al contar que también habría mencionado que le habría mordido los dedos cuando intentaba ayudarla.

Desde que la autopsia revelara que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, su familia exigió justicia tras denunciar que el padre de la ex pareja y principal acusado del crimen, S. J. Navarro, sería un miembro de la fuerza policial local. “Queremos hacer justicia y que no quede en la nada”, reclamaron.

“Mi familia perdió una hermana, una madre, una hija”, lamentó Jheymi, sobrino de la víctima, tras recriminarle al acusado que hubiera mentido sobre las circunstancias en las que murió la mujer. “De forma cobarde difundió como que había pasado durante las relaciones sexuales, lo cual fue una mentira y con un descaro lo dijo en frente a mi familia”, apuntó.

De la misma manera, el sobrino de Barroso Quilo cuestionó que el detenido hubiera llamado a un amigo aparentemente antes de dar aviso a las autoridades. “Llamó a su amigo inventando una historia acerca de cómo mi tía había muerto”, acusó.

Según la entrevista que brindaron a La Opinión Austral, los familiares de Ada criticaron las faltas de certezas desde el minuto cero, ya que primero les habrían dicho que habría sufrido una convulsión y, luego, un supuesto paro cardíaco. No obstante, el rumbo de la causa dio un giro al conocerse los resultados del informe forense.

“No merecía esta muerte tan triste”, lamentó su hija, tras reiterar que todos los intentos de su familia para que se alejara de esa persona no dieron frutos. “Nunca nos escuchó”, insistieron al revelar que la mujer tenía planes para regresar a su tierra natal, Cochabamba, en Bolivia, con la intención de reencontrarse con su padre después de estar 20 años distanciados.

Finalmente, el sobrino de Ada manifestó que tenía certezas de que ella había luchado por seguir viva. “Estoy más que seguro que mi tía luchó hasta el final por su vida, no solo por ella, por su hija, por su madre, por todos”, cerró.

El caso

Ada Barroso Quilo fue encontrada sin vida en una vivienda de la calle Las Margaritas al 1500, tras un llamado de emergencia recibido por la Comisaría Quinta alrededor de las 02:00 horas del miércoles 11 de marzo. Esa madrugada, un amigo del acusado les habría dicho a los agentes que ambos participaron en los intentos de reanimación.

Según informaron las autoridades, el hombre de identidad desconocida contó que Navarro lo había llamado para pedirle ayuda porque la mujer supuestamente había sufrido una descompensación durante un encuentro sexual.

Finalmente, la mujer fue declarada muerta por los servicios de salud. Asimismo, la inspección médica realizada en el domicilio descartó que se tratara de un accidente, lo que derivó en el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial para su autopsia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia dispuso la apertura de una investigación por muerte dudosa y ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, así como la detención de Navarro, señalado como el único sospechoso. No obstante, aún sigue pendiente que el acusado sea llamado a indagatoria.

Los cuerpos sin vida de Juliana Frías, de 37 años, y de su hija de 17 fueron encontrados en el interior de la casa donde vivían en Quitilipi. Estaban tapadas con una frazada y por el hecho detuvieron horas después a la ex pareja de la mujer. Luego del hallazgo, ocurrido el martes, el fiscal brindó más detalles del brutal crimen. "Nos encontramos realmente con un escenario macabro", describió.

Aunque los motivos del doble femicidio aún no fueron determinadas, las autoridades establecieron que, en las horas previas al crimen, ambas mujeres participaron de un festejo de cumpleaños en la vivienda. Durante la reunión, el sospechoso, identificado como D. O., se presentó en el lugar en estado de ebriedad e intentó ingresar, pero no le permitieron.

Tras haber finalizado la celebración, “el sujeto ingresó de forma subrepticia al domicilio y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata”, añadió el Procurador General, Jorge Canteros. El arma homicida fue secuestrado en el lugar y analizado por los forenses.

“Posteriormente, el agresor se dirigió hacia la hija de la víctima” y ejerció violencia sexual contra la adolescente. “Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial”, confirmó Canteros a Diario Norte.

Por su parte, el titular de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña al frente de la causa, César Collado, relató al mismo medio local: “Nos encontramos realmente con un escenario macabro”, afirmó al referirse al ataque ocurrido en la propiedad ubicada en la avenida 25 de Mayo y calle Paraguarí. El fiscal dispuso el traslado del cuerpo de la menor para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas del fallecimiento. “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”, remarcó el funcionario en la escena del crimen.

Según describió Collado, “el agresor no tiene lesiones de que las otras personas hayan ofrecido resistencia, tampoco hay señal de pelea dentro de la habitación. Los cuerpos estaban tapados, evidentemente se tomó el trabajo después de cometer semejante tropelía de taparlos. No sabemos si él puso el aire a 17 grados centígrados o si ya estaba encendido”, explicó el fiscal.

A su vez, anticipó que este jueves podría contar con mayores precisiones que le permitan avanzar con las actuaciones judiciales y que está previsto tomar declaración de imputado, quien se encuentra detenido por el doble femicidio.

El sospechoso fue localizado mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, a pocos kilómetros de la escena del crimen. Durante su detención, el hombre habría intentado arrojarse a las vías del tren, pero fue contenido por los efectivos y trasladado para cumplir con los procedimientos de rigor, incluidos la identificación y la revisión médica.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de Chaco - a cargo de Hugo Matkovich- y la Jefatura de Policía provincial, bajo la supervisión del subjefe Manuel Victoriano Silva. En el procedimiento, la policía secuestró el teléfono celular del acusado, que fue incorporado a la investigación y será analizado en busca de pruebas.

“Gracias al rápido y eficaz accionar de la Policía del Chaco, fue capturado D. O., señalado como presunto autor del doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi”, destacó el titular de Seguridad en redes sociales. Tras indicar que todo fue posible por el operativo de localización, indicó: “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”.

La ciudad de La Rioja fue escenario este martes del femicidio de Jessica Verónica Mercado, una mujer de 34 años que fue asesinada a puñaladas por su expareja -y padre de sus tres hijos- en medio de una fuerte discusión. Luego de matar a la víctima, el asesino, identificado como Justino Miguel Ángel Ruarte (43), se provocó lesiones mortales y murió.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho fue reportado a las 3.15 de la madrugada por la llamada anónima que realizó una vecina al 911. En la denuncia dijo haber escuchado gritos en una casa lindera, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Al recibir el alerta, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial acudió al domicilio en cuestión. Una vez dentro de la vivienda, los agentes hicieron una recorrida y en una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Mercado, que presentaba heridas de arma blanca a la altura del cuello y en uno de sus hombros.

A la espera de los resultados de la autopsia, la jueza interviniente en la investigación, María Cecilia Córdoba, estima que la víctima habría muerto desangrada, como consecuencia de las graves lesiones que le produjo el femicida.

De las pruebas recabadas hasta el momento, se desprende que Ruarte atacó a Mercado ante la presencia de los tres hijos de ambos, dos niños, de 5 y 11 años, y una niña de 3. En medio de la desesperación, los menores corrieron hasta la casa de la vecina que denunció el hecho, donde se refugiaron hasta la llegada del personal policial.

Ruarte, por su parte, se autolesionó luego del ataque a su expareja y murió antes de llegar al hospital local. Según pudo saber este medio a través de fuentes del caso, la autopsia ordenada por la jueza Córdoba concluyó cerca de las 12 de este martes y se aguardaban los datos preliminares para conocer la causa de muerte del femicida.

Al realizar las pericias en el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de la Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja en la que Ruarte llegó al domicilio de la víctima.

Por orden de la jueza, personal de Asuntos Juveniles dispuso que los tres hijos de la víctima y el atacante, como así también la vivienda donde ocurrió el hecho, quedaran a cargo de la abuela materna de los menores, de 51 años.

A quince años del brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la provincia de Salta, la Justicia argentina volvió a poner el caso en movimiento. Este lunes, en el marco de la reapertura de la investigación impulsada por una Unidad Fiscal Especializada, volverá a declarar Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien viajó especialmente desde Francia con el objetivo de aportar nuevos elementos para esclarecer el crimen.

La declaración testimonial de Bouvier se realizará ante los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, integrantes del equipo que desde febrero de 2025 trabaja en reimpulsar la investigación del doble femicidio ocurrido en julio de 2011, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Por el hecho, la Justicia salteña había condenado a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera, quien fue liberado 10 años después, tras la anulación de su condena.

La audiencia podría extenderse durante dos jornadas debido a la cantidad de información y documentación que el padre de Cassandre pretende presentar.

El 1 de marzo de este año, el Ministerio Público Fiscal comunicó que gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación.

El exhorto internacional fue solicitado por la Unidad Fiscal el 5 de febrero de 2026 y autorizado y librado el 9 de febrero del mismo año por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino. A través de la Cancillería de la Nación, fue remitido ese mismo mes a las autoridades judiciales de Francia, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta formal.

El objetivo del viaje será revisar las pericias realizadas en Francia y contrastarlas con los análisis efectuados en Argentina. Entre las diferencias detectadas figuran discrepancias en los estudios genéticos y en las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas.

Los investigadores también buscan inspeccionar el laboratorio donde se realizaron los estudios originales y conocer en detalle las técnicas utilizadas en su momento. Además, no se descarta realizar nuevas pruebas genéticas si las muestras biológicas aún se conservan y los avances tecnológicos lo permiten.

Otra de las medidas solicitadas es la declaración de expertos que participaron en los análisis y de familiares de las víctimas. Asimismo, la Unidad Fiscal pidió la remisión de la copia completa del expediente judicial abierto en Francia, con el fin de verificar si contiene información que nunca fue considerada en la investigación argentina.

Uno de los puntos centrales que motivaron la reapertura del expediente tiene que ver con las pericias genéticas realizadas en Francia. De acuerdo con Bouvier, forenses franceses lograron recuperar tres perfiles de ADN que hasta ahora no fueron identificados y que, según denunció, nunca se incorporaron formalmente al expediente judicial tramitado en Salta.

La expectativa de la familia es que esos análisis puedan ayudar a identificar a otros posibles responsables del crimen. “Persigo con tenacidad y constancia el objetivo de ayudar a encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia”, expresó el padre de Cassandre, quien también remarcó que continúa con esta lucha pese a su delicado estado de salud. “Voy a cumplir 78 años, tengo diversas afecciones, pero resisto”, sostuvo ante medios franceses.

El caso

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ambas estudiantes de la Universidad de La Sorbona, habían llegado a Argentina en 2011 para realizar un viaje turístico por el norte del país. El 29 de julio de ese año sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad de Salta.

Las autopsias revelaron que las jóvenes habían sido brutalmente golpeadas, violadas y finalmente asesinadas con disparos de arma de fuego. El caso generó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Francia y derivó en una extensa investigación judicial que, con el paso de los años, fue cuestionada por las familias de las víctimas.

Para Jean-Michel Bouvier, la causa estuvo marcada desde el inicio por graves irregularidades. En declaraciones al medio francés, el padre de Cassandre sostuvo que durante años se enfrentó a lo que calificó como “una farsa policial y judicial”.

“Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, deficiente”, afirmó. Según explicó, las familias impulsaron acciones judiciales tanto en Argentina como en Francia para que el caso volviera a investigarse en profundidad.

Homenaje y reclamos de justicia

La presencia de Jean-Michel Bouvier en Salta coincidió con diversas actividades de memoria y reclamo de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un acto conmemorativo en el mirador de San Lorenzo, donde se levanta un monumento dedicado a las jóvenes francesas, obra del escultor salteño Alfredo Garzón.

Debido a problemas de salud, Bouvier no pudo asistir personalmente al homenaje. En su lugar, tomó la palabra el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, quien transmitió un mensaje del padre de Cassandre y destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas.

Del acto participaron autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún; la subsecretaria de Justicia, Agustina Rízzoli; y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia, quienes reafirmaron el compromiso institucional con el esclarecimiento del caso.

Además, organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron para este lunes por la tarde a una movilización en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. La marcha busca visibilizar reclamos vinculados a la violencia de género y exigir justicia por crímenes que permanecen impunes. Según fuentes cercanas a la familia, Jean-Michel Bouvier tenía previsto sumarse a la convocatoria junto a otros familiares de víctimas.

En la provincia de Buenos Aires, el 2025 cerró con una disminución de los femicidios respecto del año anterior, aunque los registros oficiales mostraron que las denuncias por violencia de género elevaron sus cifras.

Según el informe oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, durante el año pasado mataron a 78 mujeres, o sea, hubo tres asesinatos cada 15 días.

Mientras que se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a situaciones de violencia familiar y de género. Esta cifra representa el 14,1% de todos los procesos penales registrados en la provincia durante ese año. El documento detalla que el 73,9% de las víctimas fueron mujeres y que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados fueron hombres.

Comparado con el año previo, los datos muestran que en 2024 se habían iniciado 144.972 procesos penales de violencia familiar y de género, lo que indica un crecimiento de las denuncias.

La suba en la cantidad de denuncias implica un promedio de 400 causas iniciadas por día en 2025, una cifra que da cuenta del volumen de situaciones de violencia que llegan a conocimiento judicial en el principal distrito del país.

El análisis de los femicidios evidencia una baja respecto de 2024, cuando se reportaron 98 víctimas de femicidio y 94 causas judiciales.

No obstante, el informe oficial sostiene que la violencia de género fue el principal móvil en el 60,5% de los homicidios de mujeres consumados durante 2025.

El informe del Ministerio Público puntualiza que el 85,9% de los femicidios ocurrieron dentro de una vivienda, y que en la mayoría de los casos el agresor era conocido por la víctima. El 64% de los hechos involucró un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Por otra parte, el 35,9% de los crímenes se cometió mediante el uso de la fuerza física, mientras que el 23,1% involucró armas de fuego. La franja etaria más afectada fue la de mujeres de entre 18 y 40 años, que representó el 55,1% de las víctimas.

Al observar el comportamiento de las denuncias previas, el documento oficial revela que el 15,4% de las víctimas había realizado denuncias penales antes del crimen. En nueve de los casos existía un vínculo íntimo y en tres era de tipo familiar. Además, se registró que al menos 83 hijos e hijas resultaron víctimas indirectas de estos delitos, de los cuales 46 eran menores de 18 años.

En 2024, el número de femicidios fue levemente superior, aunque el patrón de las víctimas y de los victimarios se mantuvo estable. En ambos años, la mayoría de los agresores tenía entre 18 y 40 años.

La violencia de género no se limitó a los femicidios. El Ministerio Público informó que el 27,7% de las denuncias penales en 2025 correspondió a amenazas, el 24,5% a lesiones y el 12,3% a desobediencia judicial. Otros delitos denunciados con menor frecuencia incluyeron abuso sexual (7,8%) y daño a la propiedad (5,5%).

Respecto de las víctimas masculinas en contextos de violencia de género, el informe relevó 10 homicidios dolosos contra hombres, cometidos mayoritariamente dentro de una vivienda y con armas de fuego o arma blanca.

Durante los últimos 11 años, el registro del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires contabilizó 1.010 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. La persistencia de estos delitos llevó al organismo a subrayar la importancia de transparentar la información y de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia.

En la comparación histórica, las cifras muestran que la baja en los femicidios no se traduce en un descenso de la violencia de género en general. Por el contrario, el incremento de las denuncias y la judicialización de los casos reflejan que la problemática sigue siendo un desafío mayúsculo en la provincia de Buenos Aires.

Luego de haber permanecido internada casi tres semanas, el lunes se confirmó la muerte de Iris Blanco, la enfermera de 33 años que había sido brutalmente agredida por su pareja en la localidad de Pilar, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital de Córdoba. El principal acusado, Ernesto Romagnoli, se encuentra detenido.

El 14 de febrero, la víctima había sido ingresada con lesiones graves al Hospital Misericordia. Pese a que no se conocieron detalles sobre el momento del ataque, se confirmó que la mujer había sido golpeada por su pareja de 36 años.

Aparentemente, la golpiza se habría desencadenado en medio de una discusión entre la pareja. En principio, fue trasladada hacia el centro de salud de Pilar, en donde determinaron que lo mejor era enviarla a la institución médica ubicada en la capital cordobesa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el principal acusado fue arrestado un día después del ataque, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, aunque estaba en libertad en el momento de los hechos.

El día de su arresto había sido imputado por lesiones graves, pero la carátula se agravó producto de la muerte de Blanco. Así, la causa pasará a ser investigada como femicidio por la Fiscalía de Río Segundo, que encabeza Patricia Baulies. En paralelo, decenas de personas participaron en los homenajes y reclamos de justicia por Blanco tanto en Pilar como en Río Segundo.

La víctima era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera en el Hospital de Río Segundo. Asimismo, varios relatos difundidos en redes sociales y por personas del entorno familiar aluden a un posible historial de violencia previo en la relación.

Desde ese entonces, la familia Blanco enfrenta una realidad marcada por la pérdida y el trauma. El hijo mayor, de acuerdo con relatos de los allegados, se encuentra “quebrado mal” y manifiesta un profundo rencor, mientras que los dos menores aún no comprenderían plenamente lo sucedido. Incluso, indicaron que preguntan por su madre al no asimilar la magnitud de la ausencia.

Durante un diálogo con Telenoche, Lorena Vega, cuñada de Iris Blanco, relató que los niños se debaten entre la incredulidad y el dolor, mientras los adultos reclaman una acción judicial efectiva. “Queremos justicia por Iris porque ella era una gran amiga, comadre y madre”, afirmó.

Por otro lado, Sergio Vega, ex pareja de la víctima y padre de sus hijos, describió la gravedad del sometimiento al que era expuesta la madre de los menores. “No había un minuto para hablar con ella porque él la llamaba y le decía: ‘¿Qué es lo que hacés, qué es lo que no hacés?’“, describió sobre el constante control que sufría.

“Era un celoso compulsivo. Además, hacía videollamadas desde la cárcel. No sé cómo los dejan tener eso en la cárcel y amenazarla de esa manera”, recriminó el hombre al hacer referencia al período, en el que el acusado estuvo detenido.

En línea con esto, la ex pareja de Blanco aseguró que la relación que había entablado con Romagnoli había afectado el vínculo como familia que tenían. “No era ella porque ella, por lo menos, hubiera hecho problemas o hubiera tratado de decir: ‘Pará, David, no hagas problemas’, no. Estaba como apagada atrás de él, nunca dijo nada. Estaba sometida”, recordó.

No obstante, Vega interpretó que la relación se había puesto más tensa apenas el acusado salió de la prisión. “A la semana de que él salió de la cárcel, yo perdí todo contacto. Para evitar problemas con ella, la bloqueé y solamente hablaba ella con los teléfonos de los chicos. Corté todo contacto con ella por culpa de él, para que no tuviera problemas porque sabía que él era golpeador”, contó.

A pesar de que aseguró que sus hijos no relataron episodios de violencia física directa en su contra, sí indicaron que existió abuso verbal y amenazas, en particular en momentos sensibles como el velorio del abuelo paterno. “No me contaron nada ellos, pero maltrato verbal sí. Los amenazó para el velorio del abuelo de ellos, que yo los llevé como abuelo”, señaló.

A raíz de los acontecimientos, la ex pareja de Blanco hizo un contundente pedido a la Justicia reclamando que “no salga más” Romagnoli. “Pido justicia porque yo ahora al más grande lo tengo quebrado mal, hasta yo me he quebrado pero trato de ser fuerte. Como le ha hecho daño a ella, muchas más han pasado por eso”, concluyó.

Luego de que los familiares de Natalia Cruz, la mujer asesinada por su ex pareja en Campo Quijano, denunciaran que la Policía de Salta se habría negado a tomar su denuncia por violencia de género horas antes del crimen, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitó que se realizara un informe integral sobre cómo actuó el Estado respecto a su caso.

De esta manera, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tendrá la tarea de confeccionar el resumen de cada una de las acciones realizadas por el aparato estatal. Según explicó García Castiella, el objetivo será evaluar la actuación institucional en este caso y fortalecer la respuesta estatal ante hechos de violencia de género graves.

Previo a esto, la madre de Natalia denunció que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción en contra de su pareja. Ahora, ese hombre es el principal acusado de su femicidio, Daniel Orlando Serapio.

Durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, la mujer recriminó que nunca pudo solicitarla, ya que le habrían dicho que no había personal disponible para atenderla en ese momento. Así, regresó a su casa, en donde horas más tarde sería brutalmente atacada.

Sin embargo, esas no fueron las únicas denuncias por parte del entorno familiar de la víctima, debido a que también se cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. Sobre este punto, la madre de Cruz relató que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda en el momento que la trasladaban hacia el hospital local.

En línea con esto, criticaron el breve allanamiento que realizaron en la casa de los padres del acusado. Además, apuntaron que no se secuestraron los teléfonos celulares y tampoco se intentó rastrear las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió que había hablado con él antes de que se fugara. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.

A raíz de estos movimientos, la Fiscalía tendría como hipótesis que la fuga de Serapio no solo habría sido planificada, sino que habría recibido la ayuda de colaboradores. Sobre todo, porque se constató que el hombre se había escapado con su teléfono personal, ropa de abrigo y objetos personales.

A partir de esto, el 27 de febrero se concretó la detención de dos sospechosos, acusados de haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Por este motivo, fueron imputados de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.

En este contexto, el procurador General de Salta intentaría establecer cómo fueron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales. Así, se podría analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes, que deberían ser aplicados para asistir a las víctimas de violencia de género.

Uno de los ejes del informe solicitado será examinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada en el caso particular de Natalia Cruz, a la vez que se evalúan los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.

Según la información publicada por El Tribuno, la misión será señalar cuáles serían las áreas susceptibles de mejora y dejar asentados los estándares para investigaciones futuras de violencia de género de extrema gravedad. Asimismo, García Castiella afirmó que la revisión pretende consolidar procedimientos que aseguren una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho frente al femicidio y casos similares.

Actualmente, entre las herramientas que el Estado de Salta tiene disponibles para la prevención y el abordaje de la violencia de género, el procurador general mencionó el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado. También cuenta con la implementación de consigna policial y la incorporación de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación policial.

En la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, la muerte de Erika Antonela Cuellar, de 24 años, sacudió el barrio Las Mercedes. El martes, la joven fue hallada sin vida dentro del baño de su hogar tras recibir un disparo en la cabeza de un arma reglamentaria. La investigación, liderada por la fiscal de causas de violencia de género Luciana Escobar Cello, busca determinar si se trató de un femicidio o si la víctima se quitó la vida.

El episodio se conoció luego de que E. L., suboficial de 27 años de la Policía de Acción Táctica, realizara una llamada al 911. En ese contacto, el agente mencionó que había “tocado” el arma y, después, la guardó en un ropero. Los peritos constataron que la pistola reglamentaria de calibre 9 milímetros se hallaba encasquillada.

De acuerdo con información del medio local Rosario 3, en la escena, los investigadores encontraron un proyectil de ese mismo calibre, disparado desde el arma del uniformado.

La fiscal Escobar Cello ordenó la detención preventiva de E. L. y dispuso la realización de dermotest tanto sobre él como sobre la víctima, con el objetivo de determinar la presencia de residuos del disparo. También solicitó el secuestro de ambos teléfonos celulares, buscando profundizar las circunstancias previas al hecho.

Otro elemento central para la pesquisa es la declaración de un tercer empleado policial. Este habría recibido mensajes de Erika Antonela Cuellar poco antes de su muerte, lo que podría aportar información relevante para la causa. La Fiscalía puso el foco en el contenido del teléfono de ese agente, considerando que el intercambio previo puede ser clave para reconstruir lo ocurrido.

En el domicilio donde se produjo el hecho también se encontraban los dos hijos de la pareja, un niño de cuatro años y una niña de dos. Ambos quedaron bajo el cuidado de un familiar cercano, con la intervención del área de Niñez.

Imputaron por abuso al ex policía investigado por el crimen de Micaela Basto

El ex policía Horacio Antonio Grasso, actualmente investigado por el hallazgo de un cadáver oculto en un ropero de su departamento en Córdoba a mediados del año pasado, recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

El ataque hacia la mujer ocurrió en el mismo lugar donde un grupo de albañiles encontró el cuerpo de Milagros Micaela Basto, en julio de 2025, en avanzado estado de descomposición y envuelto en frazadas. De acuerdo con la atribución hecha por la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el hombre ahora fue acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.

Según el expediente, este último episodio ocurrió entre marzo y agosto de 2021 en el departamento de calle Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba. La víctima sostuvo que Grasso -quien cumplía prisión domiciliaria en ese momento por el crimen de Facundo Novillo Cancinos-, la habría convencido de su inocencia construyendo un vínculo de confianza. En ese contexto, la invitó a una cena en su domicilio, donde la habría drogado y posteriormente abusado sexualmente.

El abogado querellante Carlos Nayi sostuvo que su clienta fue “asaltada sexualmente luego de haber consumido una bebida”, y confirmó que la acusación quedó formalmente incorporada al expediente judicial, según informó El Doce. Esta acusación se suma a la ya existente por femicidio, a raíz del hallazgo del cuerdo de la joven de 22 años, conocida como “Pitu”, en el mismo departamento.

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para la banda narco Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua. Fue al término de un juicio en el que la Justicia santafesina lo consideró responsable de haber ordenado el 19 de julio de 2022 el secuestro y ejecución a tiros de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

La resolución fue dada a conocer esta tarde en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal, integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana, condenó a Camino y a otros tres imputados más: Melisa Negro (38), ex pareja del narco, y los integrantes de su organización Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22).

En tanto, los magistrados absolvieron por el beneficio de la duda a la presunta dealer de la banda Sandra Callegari (55), quien de todos modos seguirá presa por otro legajo por venta de droga.

Antes del juicio, el recluso acumulaba 40 años de prisión por causas por homicidio, balaceras y asociación ilícita.

Tras el veredicto, le quedan investigaciones abiertas muy resonantes, como en la que fue imputado como presunto instigador del ataque a tiros contra el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Según la acusación del fiscal Patricio Saldutti, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda del jefe de la célula de Los Monos de la zona oeste.

“El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el sicario de la estructura delictiva.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

Los femicidios

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste. Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación.

Por último, el dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

Según supo Infobae, el teléfono de la víctima formaba parte de sus pertenencias y los investigadores lo encontraron en la base de trabajo de los ahora detenidos. Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero, que están a disposición de la Justicia.

El hallazgo del celular ocurrió cuando las autoridades detectaron la ausencia del dispositivo de Malena Maidana, considerado clave para la causa, y la policía intentó rastrear la ubicación del aparato. Así, descubrieron que se encontraba en la sala de emergencias donde la médica, la enfermera y el ambulanciero prestaban servicio.

El hurto habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en el lugar del hecho, mientras certificaban el fallecimiento de la víctima, según la reconstrucción del caso.

El hecho

Malena Maidana, una joven de 26 años, fue brutalmente asesinada de al menos 10 puñaladas cuando salió a caminar por un barrio de Ezeiza, cerca de la medianoche de este domingo, indicaron fuentes del caso a Infobae. Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video acompaña esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el video que encabeza este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Femicidios

En los últimos días, se registraron femicidios en diferentes puntos del país. En Santiago del Estero, un hombre mató a su ex y se atrichero armado con el cuerpo durante seis horas. Tras una larga negociación, Cristian Salto aceptó entregarse por el crimen de Thania Santillán en una casa de Las Talitas.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien se fugó en una camioneta que hallada abandonada. Por otro lado, en Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue hallada asesinada Sofía González. Su ex fue hallado muerto, en una zona boscos, horas más tarde.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video acompaña esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el video que encabeza este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, através de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

Por el hurto del celular de la víctima, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Femicidios

En los últimos días, se registraron femicidios en diferentes puntos del país. En Santiago del Estero, un hombre mató a su ex y se atrichero armado con el cuerpo durante seis horas. Tras una larga negociación, Cristian Salto aceptó entregarse por el crimen de Thania Santillán en una casa de Las Talitas.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien se fugó en una camioneta que hallada abandonada. Por otro lado, en Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue hallada asesinada Sofía González. Su ex fue hallado muerto, en una zona boscos, horas más tarde.