Cristina Rivera Garza escribió el libro que miles de lectoras usan como espejo de su propio duelo y desconfía de que un libro pueda curar a nadie. Lo dijo en Buenos Aires, sentada en la biblioteca del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), la mañana anterior a la conferencia que cerraba su residencia en el museo. “Yo dudo de la capacidad terapéutica de la literatura. Creo que la sanación viene con la justicia, y me interesa mucho enfatizar que estamos en busca de justicia, que ese es un fin que no se nos olvida.”

La frase desarma buena parte de lo que se escribió sobre El invencible verano de Liliana desde que apareció, a fines de 2021, y sobre todo desde que ganó el Pulitzer en 2024. El libro reconstruye la vida de Liliana Rivera Garza, estudiante de Arquitectura de 20 años, asesinada por su exnovio en julio de 1990, a partir de sus cartas, sus cuadernos, las voces de sus amigos. La categoría con la que se lo suele leer —duelo, elaboración, reparación— es la que su autora acepta a medias. Lo que el libro transformó, dice, fue la calidad del duelo familiar: dejó de ser silencioso y pasó a hacerse en compañía. Sanar es otra cosa, y depende de un Estado.

Ese Estado sigue sin contestarle. En la entrevista contó el estado exacto del expediente. Existe una hipótesis de que Ángel González Ramos, sobre quien pesa una orden de aprehensión desde 1990, se ahogó el 2 de mayo de 2020 en California, bajo un nombre falso. Rivera Garza contrató a un detective, que confirmó que alguien con esas características murió ese día en esas circunstancias. Falta el paso que solo puede dar la justicia mexicana: comprobar que el hombre que murió con otro nombre era él. Escribió una carta oficial, larga, a la nueva fiscal. “No he recibido una respuesta ni positiva ni negativa, nada.” Su oferta era simple y le conviene a todo el mundo: confirmen la identidad y cerramos el caso.

Treinta y seis años después del femicidio, la familia no sabe si el acusado está vivo. La autora se negó a construir una posición sobre eso. “No puedo tener una posición respecto de algo que no ha ocurrido.” Y descartó de entrada la lectura personalizada del silencio: no es su caso, es el procedimiento. “De eso se hace la impunidad.”

Desde Argentina la escena se lee sin traducción. Acá también se cuenta el tiempo entre la denuncia y la sentencia en años, y también hay familias que aprendieron a redactar cartas oficiales que nadie contesta. La diferencia que ella marca no es entre países sino entre expectativas: pedirle a la literatura lo que se le está pidiendo a una fiscalía es una operación que a ella no la conforma.

De ahí viene lo más filoso de la conversación, que fue una discusión sobre la venganza. Ella contó que en el libro casi no aparece, porque su impulso entonces era esclarecer. Después siguió pensando. Cuando la impunidad es la única respuesta que ofrece quien podría dar justicia, la impotencia —personal y social— empuja hacia la venganza y hacia algo más viejo, la maldición. Citó una conferencia en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) donde escuchó una imagen que se le quedó: hay una bisagra que une a la víctima con el victimario, y mientras haya impunidad esa bisagra dura por los siglos de los siglos.

Le interesa la imagen y la rechaza al mismo tiempo, porque el castigo eterno ata a las dos partes. Lo que quiere para su hermana es lo contrario de una maldición: que Liliana, en su posvida, no tenga que estar nunca más cerca de la violencia ni del violentador. Y entonces desplaza la maldición a otro lado. “Creo que la maldición, en este caso, está encarnada en el libro mismo.” El libro obliga al victimario, a su familia, a los otros victimarios, a sus cómplices, a ver la historia desde un punto de vista que no eligieron. Es la única condena disponible, y no la dicta un juez.

El poder político del lenguaje

Nada de esto la lleva al territorio de la literatura como testimonio, que es donde el periodismo cultural tiende a ubicarla. Para ella el testimonio nunca es un original: viene mediado por acuerdos formales desde el primer minuto. Lo que le importa es otra cosa, más lenta y más técnica: la materia prima de este oficio es el lenguaje, y la escritura tiene la capacidad de subvertir narrativas que parecen establecidas. Habló de orfebrería. Habló de que ese trabajo minucioso sobre la forma produce efectos que exceden la forma, y que ahí la literatura se conecta con justicias que no son penales, las restaurativas, las que trabajan con la memoria colectiva.

Cuando le preguntaron si el poder político de un libro está en su mensaje, contestó que no. “No está en la elección obvia, no está en el mensaje, sino en esta cosa que es estructural, que es lo que está llamando a tu cuerpo: el lenguaje con sus ritmos, con sus espacios, con sus silencios.” Y remató con una definición de empatía que vale la pena discutir: si la empatía se produce así, deja de ser una cosa y adquiere rango de política.

Sobre la pregunta de quién tiene derecho a contar qué, dijo que la discusión se vuelve identitaria y que eso la empobrece. El permiso lo da la investigación, el cuidado puesto alrededor y a través de los materiales. No es el carácter personal lo que hace difícil un libro —todos sus libros son personales, incluidas las novelas—, es el terreno resbaladizo de escribir sobre la violencia. Su modo de no resbalar fueron las entrevistas, el trabajo de campo, los documentos, la decisión de estar físicamente en los lugares donde ocurrió lo que cuenta. Contó también la escena que organiza el libro entero, la de abrir las cajas con los papeles de su hermana y sentir que Liliana estaba al lado suyo. Se cuidó de que no se malinterprete: no era imaginación, no era realismo mágico, no era New Age. Estaba tocando documentos que Liliana había tocado. Cercanía material, no metafísica. Lo que quiso reproducir formalmente en el libro fue esa experiencia, no la historia.

Houston: el acoso y la violencia en los Estados Unidos

La segunda mitad de la entrevista transcurrió en otro registro, porque la escritora mexicana vive en Houston y dirige el primer doctorado en escritura creativa en español de los Estados Unidos, en una universidad pública cuyos estudiantes son latinoamericanos y, en buena parte, los primeros de sus familias en llegar a una universidad. Las autoridades les hicieron llegar un mensaje: si ICE se presenta en las puertas, hay que dejarlo entrar; si los agentes piden documentación, hay que dejarlos trabajar.

El 7 de julio, en Magnolia Park, un agente de ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, obrero de la construcción, 52 años, padre de tres hijos, que iba a una obra con su hermano y dos compañeros. La oficina forense del condado de Harris calificó la muerte como homicidio. “Ocurrió como a unas seis cuadras de donde yo vivo”, dijo Rivera Garza. La última vez que viajó, para el inicio del semestre, le recomendaron salir a la calle con el pasaporte encima. “Vivir así muestra el nivel de acoso y el nivel de violencia a los que se ha llegado en los Estados Unidos. Y eso que es Texas, un estado republicano, un estado rojo como el que más.”

Está con un año sabático, y explicó por qué con una frase que sonó familiar en el auditorio: el gobierno decidió que las universidades son “fábricas de izquierdistas”. Su diagnóstico de fondo no es sobre Trump sino sobre una demolición previa. El desmantelamiento de la educación pública y del espacio público fue, para ella, la pieza que hizo posible el ascenso de la derecha recalcitrante y de un racismo que es estructural en la historia norteamericana. En América Latina, dice, todavía discutimos de todo, todavía existe el cafecito de la esquina.

La entrevista terminó con una historia que ninguno de los presentes esperaba y que probablemente sea el próximo libro. Rivera Garza fue a Tijuana, se encontró por casualidad con un archivista y confirmó que Concha Urquiza, la poeta michoacana ahogada en Ensenada en 1945 a los 34 años, estuvo enterrada en Tijuana 25 años. Lleva un mes y medio de investigación en archivos.

“No sabía que iba a escribir un libro sobre esto, pero ahora estoy segura de que lo estoy haciendo.” La tradición archivó a Urquiza como poeta mística y religiosa, heredera de San Juan de la Cruz, la mejor después de Sor Juana según sus editores. Rivera Garza encontró otra cosa: una mujer sola, sin marido ni hijos, que vivía de lo que escribía, que se metió en problemas económicos, pidió ayuda a una congregación religiosa y aceptó un trabajo en Tijuana. En 1945 eso significaba un avión a Mexicali y 8 horas de tren. Como el colegio todavía no abría, se fue unos días a Ensenada y se ahogó en el mar. Al año siguiente un sacerdote armó la antología que fijó su imagen para siempre: sonetos religiosos y eróticos a la vez, de ahí la mística.

Lo que le interesa es lo que quedó afuera de esa antología, y sobre todo un texto en prosa, El reintegro, que ella describe como una novela inédita que solo tres investigadoras leyeron en la UNAM: multigénero, sin trama, con poesía y crónica y testimonio adentro, con escenas de lo que hoy llamaríamos sexualidad no binaria. Está gestionando su publicación. “Es el lado B de Concha.”

La operación es la misma que viene haciendo desde hace años, con su hermana y ahora con una poeta muerta hace ocho décadas. A las mujeres se las saca de circulación y además se las encierra en identidades muy chiquitas: la víctima, la mística. Sacarlas de ahí es un trabajo de archivo, no de consuelo.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

La adolescente de 14 años fue hallada sin ida el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de haber ingresado a la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800.

Luego de que la investigación apuntara a Barrelier, este fue imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. Desde ese momento, continúa detenido con prisión preventiva.

Horas después de que se confirmara el cierre de la etapa de instrucción, Garzón sostuvo que el expediente permitió reconstruir la secuencia de los hechos con registros informáticos, pericias genéticas, análisis químicos, testimonios y material audiovisual.

“Se reconstruyó lo que sucedió prácticamente minuto a minuto. La prueba lo ubica como exclusivo autor de este hecho”, afirmó. En este sentido, el fiscal indicó que ese conjunto de elementos descartó la participación de otras personas en el homicidio.

En declaraciones a Telenoche, Garzón destacó que Barrelier declaró durante la investigación, aunque sus explicaciones fueron contrastadas con los elementos incorporados a la causa. “Cada argumento expresado ha tenido una respuesta de la prueba de la causa”, sostuvo.

Por otro lado, el funcionario judicial describió que el principal acusado mantenía un vínculo cercano con Agostina y con su entorno familiar. “La jornada anterior al crimen compartió un partido de fútbol, un cumpleaños con Agostina y su madre. Era de confianza, vista como un referente casi paternal por la niña. Ese fue el contexto increíble del desarrollo. La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, mencionó.

Según la información publicada por El Doce.tv, Garzón sostuvo que la investigación detectó una conducta de captación y obsesión sobre la víctima. Además, planteó que el posible móvil del homicidio estuvo relacionado con la intención de impedir que se conociera un presunto ataque sexual cometido antes del crimen.

De hecho, el fiscal recordó que, durante los primeros días de la búsqueda, circularon hipótesis que situaban a la adolescente fuera de su domicilio o en La Calera. Sin embargo, la progresión de la pesquisa, explicó, permitió dejar de lado esas versiones.

Además, recordó que los investigadores habían analizado desplazamientos vehiculares, comunicaciones y otros registros para determinar el recorrido previo y posterior al hecho. “La reconstrucción del desplazamiento de un auto fue calle por calle, momento por momento, diálogo por diálogo, minuto por minuto”, señaló Garzón.

Junto con Barrelier, serán juzgados otros cinco imputados, quienes fueron identificados como Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro utilizado para descartar el cuerpo de la menor; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos fueron acusados por el delito de encubrimiento.

Garzón explicó que la acusación se basa en conocimientos que, según la Fiscalía, esas personas habrían tenido antes, durante y después del crimen. No obstante, aclaró que hasta el momento no están imputadas como partícipes del homicidio.

Por otro lado, el fiscal hizo referencia a los datos que surgieron durante la investigación sobre presuntos delitos vinculados con narcotráfico, prostitución e irregularidades. Así, informó que esas actuaciones fueron remitidas a los fueros que correspondan, ya que no forman parte directa del expediente por el femicidio de Agostina Vega.

El fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien será juzgado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Los otros cinco imputados son Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos acusados por el delito de encubrimiento.

Además, según pudo saber este medio, se abrieron investigaciones separadas por otros hechos, con derivaciones que involucran de manera preliminar a Barrelier y Fassetta.

Fue Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, quien dio a conocer la resolución después de una audiencia a la que asistieron familiares de la víctima.

En declaraciones a El Doce TV, apuntó que la investigación estableció que Agostina ingresó a las 22.55 del 23 de mayo a la casa de Barrelier —en Juan del Campillo 878, barrio Cofico de la ciudad capital— y no salió de allí.

El letrado afirmó que el expediente reconstruyó una secuencia de violencia que habría comenzado después de la medianoche en una habitación de cuatro metros cuadrados.

También señaló que los investigadores hallaron manchas de sangre con el perfil genético de la adolescente en ese cuarto, la cocina y el baño de la casa.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo de Agostina fue desmembrado en el baño y sus restos permanecieron durante casi 37 horas en un freezer situado en el fondo de la vivienda.

La fiscalía sostiene que Barrelier trasladó luego los restos hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra en un Ford Ka negro de Andreani.

Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, alquilaba una habitación en la propiedad. Para la investigación, habría cumplido el rol de nexo entre el principal acusado y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de la víctima.

Soledad Andreani quedó acusada de haber facilitado el Ford Ka que se usó para trasladar los restos.

Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también quedó imputada por encubrimiento. Una pericia acústica fue uno de los elementos que complicó su situación, ya que al momento del crimen se encontraba en el domicilio. El estudio concluyó que desde distintos sectores de la casa podía escucharse lo que ocurría en la habitación donde, según la acusación, atacaron a Agostina.

Esa misma pericia resultó clave para las detenciones de Córdoba y Ascarruz, pareja y residentes de la planta alta de la vivienda. Las cámaras incorporadas al expediente ubicaron a ambos en el domicilio desde las 23.04 del 23 de mayo y durante nueve horas y cincuenta minutos. Garzón sostiene que también debieron haber escuchado algo aquella noche.

El abogado Carlos Nayi afirmó que quedaron descartadas las hipótesis planteadas por la defensa de Barrelier sobre una supuesta deuda de drogas, una venganza narco, la entrega de Agostina a un grupo criminal o la participación de una “mafia peruana”.

El abogado de la familia materna también informó quese elevó a juicio la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por la denuncia de una joven de 20 años. En ese expediente, el detenido enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada.

Tras la reunión con el fiscal, Miguel y Elizabeth, abuelos maternos de Agostina, dijeron que la decisión les genera tranquilidad porque consideran que la investigación avanzó sobre todas las personas que tuvieron intervención en el caso. “No sé si vamos a tener paz, pero vamos a estar tranquilos de que este tipo no va a estar en la calle y no va a haber otra Agostina”, expresaron.

Por el momento no hay fecha para el inicio del juicio.

Horas antes de ser aprehendido, Barrionuevo grabó un video en el que dio su versión de lo ocurrido y negó haberle disparado a Camila. “El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia”, afirmó al comienzo de la grabación que encabeza esta nota.

De acuerdo con su relato, el martes pasado por la tarde, alrededor de las 18.20, se dirigió hasta la casa de la joven para buscar a su perro. Una vez allí, comenzó una discusión con su novia porque, según dijo, ella no quería entregarle al animal. Cuando el padrastro de Camila, Jorge González (35) regresó del trabajo, la situación escaló.

Barrionuevo sostuvo que González intervino en la discusión y lo amenazó. “Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros”, afirmó. Siempre según su versión, mientras él y Camila estaban en la habitación de la joven, González bajó a la cocina y tomó un objeto. Cuando Barrionuevo salió de la pieza, el hombre se habría abalanzado sobre él.

El acusado aseguró que durante el forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, señaló. Según su relato, primero oyó dos detonaciones y luego, cuando Camila pasó cerca de ellos, se produjo una tercera. “Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, continuó.

Tras los disparos, siempre de acuerdo con la versión de Barrionuevo, Camila, que estaba herida y sangraba, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón. Mientras intentaba abrirlo para pedir ayuda, el acusado aseguró que González lo golpeó dos veces con el arma en la cara. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, dijo. Los golpes que habría recibido, sin embargo, no se ven en el video que grabó.

“Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo del lugar. Una cámara de seguridad de la zona resgistró el momento. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, añadió. También sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida de su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Y sostuvo: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Asimismo, los efectivos aprehendieron a otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al femicidio.

La causa continúa en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.

En Argentina hubo 169 víctimas de violencia de género desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2026, según “La Casa del Encuentro”. También se registraron 349 intentos de femicidio. En el monitoreo se contabilizaron 144 femicidios, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados (hombres asesinados por tener relación o querer defender a la mujer que se quería matar o causar dolor) de varones adultos y niños.

El Presidente Javier Milei dijo, ante una pregunta de Luis Majul, que le indicaba que las mujeres en Argentina rechazan sus formas violentas, que su gobierno “pulverizó la violencia contra las mujeres”. Pero la violencia no está pulverizada, sino que las pulverizadas son las víctimas de violencia de género.

La historia de la lucha contra los asesinatos, golpes y maltratos en Argentina tiene un largo recorrido y, aunque haya recortes, no desaparece de un suspiro. En el 2008 se implementó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se asistió a 600 personas durante las vacaciones de invierno. Entre las personas que acudieron a pedir ayuda 357 denunciaron violencia doméstica, un incremento del 8% respecto al mismo lapso del 2025.

Los peritajes arrojaron 491 evaluaciones que son catalogadas de riesgo y ese diagnóstico es un 15% mayor al del año pasado. La alarma puede costar la vida: en el 9% de los casos hubo amenazas de muerte.

Las normas contra la violencia de género no son actuales, sino que tienen casi dos décadas de historia. En el 2009 se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Se contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. También se admiten las distintas modalidades: domésticas, institucionales, obstétricas, reproductivas y mediáticas.

La legislación se fue aggiornando y se incorporó la violencia política en el 2019 (a través de la Ley 27.533) y el acoso callejero (a través de la Ley 27.501). La Ley Olimpia se sumó en 2023 y contempló la violencia digital.

En el 2012 se tipificó la figura de femicidio, mediante la sanción de la Ley 26.791 que reformó el artículo 80 del Código Penal para que se establezca como un agravante del homicidio. A pesar que Milei, con la palabra “pulverizó” quiere intentar mostrarse como un gobierno de mano dura y dijo que “agarraban de los pelos” a los violentos, las acciones buscaron minimizar las denuncias y suavizar las penas.

En realidad, el gobierno quiso derogar la figura de femicidio, por lo tanto, dejar de castigar particularmente a los asesinos de mujeres. No pudieron hacerlo. Pero la política de la actual gestión es negar la violencia de género, dejar sola a las víctimas y no perseguir a los violentos y abusadores.

El 3 de junio del 2015 el movimiento “Ni Una Menos” comenzó la liberación de la palabra y la cuarta ola feminista. Este año la marcha fue masiva y la discusión pública -que convocó a los varones a ser parte de la discusión- mostró la masividad del reclamo.

La violencia no solo no fue pulverizada, sino que afectó particularmente a las familias. A causa de los femicidios 203 hijos/as se quedaron huérfanos. Pero además, no solo no está bajando, sino que se registran aumentos en la crueldad de las agresiones.

“El Poder Ejecutivo insiste en la disminución de la violencia ignorando las cifras reales y, además, incumple leyes nacionales y convenios internacionales. La “pulverización” de la violencia no es verdadera; lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes”, señalaron en La Casa del Encuentro.

Por su parte, el informe de agosto del 2026, del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez señala que en lo que va del año hubo 154 femicidios y travesticidios; 154 tentativas de femicidios y 169 infancias que quedaron huérfanas.

No solo la violencia continúa, sino que la indignación social, las marchas y la demanda de las mujeres se ve en las calles. El Observatorio marca que se dieron 160 marchas que exigieron justicia, en todo el país, en 2026.

El Observatorio Lucía Pérez registra las denuncias de violencia de género a través de fuentes oficiales y relevaron que en Mendoza las denuncias por violencia de género aumentaron 8%, en la Provincia de Buenos Aires casi la mitad de los delitos contra las personas son por violencia de género y el 90% de la violencia digital está dirigida contra las mujeres.

Por otra parte, el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA). registra que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, a partir del análisis de los casos publicados en medios de comunicación, se contabilizaron 173 víctimas letales de violencia machista: 142 femicidios directos, 18 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios.

Una persona muere por violencia de género cada 34 horas y hay un intento de femicidio cada 25 horas. Lo grave es que no se frena a los asesinos potenciales, ni se los agarra de los pelos, sino que pueden actuar con impunidad, ya que el 13,9% de las asesinadas había denunciado antes y pedido una ayuda estatal que no les llegó para salvarles la vida.

Raquel Vivanco, de “Ahora que si nos ven” subraya: “El recrudecimiento de las violencias machistas ocurre en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei profundiza sus ataques contra el feminismo y desmantela políticas públicas fundamentales para prevenir y erradicar la violencia de género. Lejos de ‘pulverizar la violencia’, el gobierno la legitima a través de discursos de odio que desresponsabilizan al Estado y naturalizan las desigualdades”.

Según pudo saber Infobae, está acusado de ser el chofer de una banda de delincuentes que cometió una entradera en la ciudad.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, todo comenzó el 6 de agosto, cuando un hombre de 74 años fue víctima de un asalto en su casa, ubicada en la calle España al 1100. Allí, cuatro delincuentes armados y con los rostros cubiertos le sustrajeron $1.200.000 pesos. Tras el robo, se dieron a la fuga.

A raíz de un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y se originó una persecución que culminó con la aprehensión de dos de los ladrones: Jonathan Pablo David Jofré, de 20 años, y Alan Nicolás Jofré, de 22.

Los otros dos sospechosos efectuaron disparos contra los policías y lograron escapar. Ningún efectivo resultó herido.

La causa quedó en manos de la UFI N° 13 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Mariano Moyano, que caratuló el caso como robo agravado. En el marco de la investigación, se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

A partir de esas medidas, personal de la DDI de Mar del Plata logró identificar el vehículo utilizado en el robo y a su propietario. Con esos elementos, la Justicia ordenó dos allanamientos.

Este miércoles, durante uno de los procedimientos, los efectivos aprehendieron a Antonich, identificado como el propietario y conductor habitual del vehículo. Para los investigadores, el hermano de Mailén habría actuado como chofer de la banda durante la entradera.

En los allanamientos, los agentes también secuestraron el vehículo utilizado en el asalto: un Peugeot 2008 negro que llevaba colocada una patente correspondiente a otro dominio y tenía un pedido de secuestro activo desde el 26 de septiembre de 2025, en otra causa tramitada en Mar del Plata.

Asimismo, del interior del rodado incautaron cuatro teléfonos celulares, dos pares de guantes, un pasamontañas, un cuello, una gorra, una cámara fotográfica, una impresora, un GPS y tres troqueles de telefonía.

Daniel Antonich quedó a disposición de la Justicia como presunto partícipe necesario del robo y también acusado de encubrimiento.

El hermano de Mailén tuvo una fuerte presencia pública durante los días posteriores al femicidio de la joven. Como contó este medio, Daniel encabezó las marchas en las que familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por el crimen y mayor seguridad en Mar del Plata.

La semana pasada, el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes se encuentran imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

Tras esa decisión, ambos permanecen detenidos en la Unidad Penal de Batán. Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo, continúa llevando a cabo las diligencias restantes antes de requerir la elevación a juicio del expediente.

Un adolescente de 17 años mató a una mujer de 69 en Cardal, un pequeño pueblo del departamento de Florida en Uruguay. El menor de edad fue imputado este lunes por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y estará en prisión en un centro de reclusión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La víctima era Elvira del Valle. El victimario, en tanto, era el nieto de una ex pareja de la mujer con la que seguía en contacto. El adolescente había llegado a la casa a pedirle dinero y la terminó agrediendo hasta matarla con una piedra y con una vasija de hierro.

Cardal es una localidad en la que viven algo más de 1.000 personas y está ubicada 92 kilómetros al norte de la capital del país, Montevideo. El nombre del pueblo se hizo conocido porque fue el primer lugar en el que se entregó una computadora del Plan Ceibal, el programa instalado por el gobierno de Tabaré Vázquez para que le llegue una PC a cada alumno de la educación pública.

El femicidio fue descubierto el sábado al mediodía aunque el crimen ocurrió en las últimas horas del viernes, según los detalles que informó este lunes el noticiero Telemundo de Canal 12.

Quien descubrió el crimen fue la pareja de la mujer, un hombre que tenía su misma edad y que trabaja en un campo de la zona. Del Valle lo había llamado el viernes de tarde, pero él no alcanzó a contestarle.

Cuando le devolvió la llamada, no le contestó y nunca más lo haría. La pareja de la mujer insistió y lo hizo por última vez el sábado de mañana. Fue entonces que decidió ir hasta la casa. Antes de ingresar vio que había mucho desorden en la vivienda y, como no se animó a entrar solo, llamó a la Policía.

Finalmente ingresó con los efectivos policiales y se encontró con una escena dantesca: la mujer estaba tirada en el piso, con abundante sangrado. Los médicos certificaron su muerte.

En la tarde del sábado el adolescente de 17 años llamó a la Policía de Florida para confesar lo que había hecho.

El asesino era nieto de una pareja que Del Valle tuvo hace muchos años. De hecho, habían vivido juntos. Cuando se separó de este hombre, decidió seguir en contacto con el adolescente: quiso criarlo porque lo veía desamparado. Pero no siguieron viviendo juntos.

El viernes se llegó al peor extremo de la violencia, pero había antecedentes de otras situaciones. Hace cerca de un año, por ejemplo, el joven había aparecido en su casa a buscar dinero y hubo agresiones hacia ella. Fue, prácticamente, un calco de lo que sucedió la semana pasada: el adolescente llegó buscando dinero y la golpeó brutalmente en la cabeza con una piedra y con una vasija de hierro hasta asesinarla.

Tras el crimen, este joven huyó del lugar aunque dejó rastros: quedaron marcadas las huellas de sus zapatillas y un buzo con manchas de sangre.

En la escena comenzó a trabajar la Policía, pero horas después el joven llamó para entregarse.

Este lunes hubo una audiencia en el juzgado de Florida, la capital del departamento que lleva el mismo nombre. La figura del femicidio se caratuló porque existía un vínculo entre ellos, más allá de que no era su nieto de sangre.

La Fiscalía de Florida de primer turno logró la imputación del adolescente, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Se determinó que como medida cautelar esté internado en el Inisa durante 150 días, mientras avanza la investigación y a la espera del juicio.

Los detalles de la declaración fueron dados a conocer por Carlos Argüello, el nuevo abogado de Barrelier, quien asumió recientemente su defensa y habló este martes con Canal 10 de Córdoba.

En su intento por desvincularse del crimen, Barrelier fue más allá: sostuvo que Agostina había llegado hasta su vivienda en el marco de una supuesta deuda por drogas que mantenían su madre, Melisa Heredia, y Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y otro de los detenidos en la causa. Su defensa planteó que la adolescente habría sido entregada “en garantía” a personas vinculadas con esa presunta deuda.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio rechazaron la hipótesis planteada por el acusado. “Toda su posición exculpatoria tendrá respuesta”, señalaron y remarcaron que “no tiene respaldo probatorio”.

Argüello, por su parte, aseguró que los dichos de su defendido podrán ser corroborados a partir de las comunicaciones y otros elementos incorporados a la causa. “La declaración de él comienza desde que estaban en un partido de fútbol, de las comunicaciones que ella tuvo, de amenazas, de plata que debía por drogas. Se habló de todo”, afirmó.

Ante la pregunta concreta de si la hipótesis de Barrelier era que Agostina había sido asesinada por una deuda vinculada con drogas, el abogado respondió: “Debían plata, exactamente”.

El defensor aseguró que Barrelier no pertenecía a ninguna organización dedicada al narcotráfico y sostuvo que recién aquel día habría conocido la existencia de la presunta deuda. También involucró a Fassetta: “Fassetta también lo sabía”, afirmó.

Qué dijo sobre la noche del crimen

Uno de los aspectos más relevantes de la declaración es que Barrelier reconoció el ingreso de Agostina a Juan del Campillo 878.

Hasta allí, la adolescente había llegado en un remise. Según la reconstrucción judicial, Barrelier la esperaba cerca de su casa, completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó con ella hasta la propiedad.

“Nosotros fuimos y dijimos que la nena se baja en esa esquina, él la busca, le paga lo que le faltaba del remis y la acompaña caminando. Ingresan al domicilio, están cuarenta minutos dentro del domicilio, entre treinta y cuarenta minutos”, relató Argüello.

La versión cambia a partir de ese momento. Barrelier sostuvo que, mientras estaban dentro de la vivienda, Agostina recibió una llamada de una mujer que él cree que era su madre. Luego, siempre según su relato, ambos salieron y encontraron un Volkswagen Gol rojo esperando en la calle.

El acusado aseguró que vio a la adolescente subir al vehículo y marcharse. La hipótesis contradice frontalmente la reconstrucción de la fiscalía, que sostiene que Agostina ingresó a la propiedad a las 22.55 y nunca volvió a salir con vida.

Barrelier también negó haber utilizado como engaño la supuesta sorpresa que Agostina iba a preparar para su mamá. Poco antes de salir, la adolescente había enviado un audio a sus amigas en el que decía: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.

Según Argüello, sin embargo, aquello habría sido una mentira de la propia Agostina.

El defensor introdujo además en su relato a Franco, un adolescente con quien Agostina había mantenido una relación, y sostuvo que se había montado la versión de que la joven iba a encontrarse con él. Sin embargo, el propio abogado reconoció que el chico estaba detenido esa noche y recuperó la libertad recién durante la madrugada.

Argüello aseguró que Barrelier conocía la existencia de un conflicto relacionado con la supuesta deuda, aunque negó que formara parte de quienes comercializaban drogas. De acuerdo con su relato, las personas que reclamaban el dinero habrían exigido que Agostina fuera entregada como garantía.

No existe, por el momento, evidencia conocida que acredite esa hipótesis.

La acusación contra Barrelier

La nueva declaración deberá ahora ser contrastada con el conjunto de pruebas acumuladas durante más de tres meses de investigación.

Para la fiscalía, Barrelier engañó a Agostina para que fuera hasta su casa, aprovechándose de la relación de confianza que había construido con ella por haber sido pareja de su madre. Una vez allí, según la acusación, abusó sexualmente de la adolescente y posteriormente la asesinó para evitar que pudiera denunciarlo.

La investigación sostiene además que el cuerpo fue desmembrado dentro de la propiedad y permaneció allí hasta que Barrelier consiguió el Ford Ka negro de Soledad Andreani. El lunes 25 de mayo, siempre según la reconstrucción judicial, utilizó ese vehículo para trasladar los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados.

En la casa de Cofico, las pericias con Luminol detectaron rastros de sangre en distintos sectores. A eso se suman las cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas, movimientos de los involucrados y otros elementos que la fiscalía utilizó para reconstruir las horas posteriores a la desaparición.

La historia del auto rojo, además, no es nueva. Barrelier ya se la había dado al padre de Agostina, Gabriel Vega, cuando este lo enfrentó durante la búsqueda de su hija. En aquella conversación —que el hombre grabó y luego fue incorporada al expediente— el acusado aseguró que la adolescente se había retirado en un Volkswagen Gol rojo y negó conocer qué había ocurrido después.

Ahora, más de tres meses después del crimen y ya detenido con prisión preventiva, Barrelier llevó formalmente esa versión ante el fiscal Garzón.

Su defensa solicitó además que se realicen careos con Melisa Heredia y Osvaldo Fassetta. Será ahora la investigación la que deberá determinar si alguno de los elementos aportados por el acusado encuentra respaldo en la evidencia o si, por el contrario, se trata de una estrategia destinada a desvincularlo del femicidio.

El ensañamiento y el silencio se apoderaron del municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, tras la trágica confirmación del asesinato de Sindy Loany Matute Morales.

La joven de apenas 21 años y madre de una pequeña de cuatro años fue localizada sin vida y con severos signos de calcinación en las inmediaciones del cementerio y la zona costera de la localidad.

Este atroz hecho no solo destruyó el futuro de una familia, sino que dejó expuesto el drama de la violencia impune que asola a la región. El rastro de Sindy Loany se perdió la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. Según relató su familia, la joven salió de su residencia con la intención de reunirse con conocidos y asistir a una fiesta.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que regresara a su hogar ni respondiera a las llamadas de sus allegados. De acuerdo con el testimonio de su madre, Marlen Yesenia Matute Morales, la joven habría sido asesinada ese mismo sábado, antes de que sus agresores decidieran prenderle fuego a su cuerpo para borrar evidencias del crimen.

La zozobra terminó de la peor manera posible la noche del domingo, alrededor de las siete de la noche, cuando el cuerpo fue descubierto en una solitaria zona costera, cerca del camposanto local.

A las 11:00 de la noche, los restos de la joven ingresaron a la morgue móvil instalada en la ciudad de Tocoa, donde se le practicaron las primeras periciales. El cadáver presentaba un estado avanzado de calcinación, confirmando la extrema crueldad ejercida por los perpetradores antes y después del deceso.

Un oscuro historial de persecución y presagios

El desgarrador testimonio de la madre refleja que el ataque no fue un evento fortuito, sino el desenlace de una persecución que ya se venía gestando. Entre lágrimas y visiblemente abatida, Marlen recordó las inquietantes palabras que su hija le repetía de manera constante: “Mamá, yo no te voy a durar. Yo sé que yo no voy a ser eterna”. Un presagio que atormenta a la familia y que delata el constante temor en el que vivía la joven madre.

Sindy Loany había tomado medidas en el pasado para protegerse. Meses atrás renunció a su empleo con un comerciante local tras notar la presencia constante de individuos sospechosos en su lugar de trabajo.

Posterior a ello, se mudó a la colonia Salomón, donde alquilaba una vivienda junto a su pequeña hija. A pesar de los cambios de domicilio, la sombra del acoso continuó. La madre denunció que en una ocasión ambas fueron seguidas por un vehículo tipo Hilux en pleno centro de la ciudad, viéndose obligada a esconderse dentro de una vivienda ajena para ponerse a salvo.

En las afueras de la morgue móvil de Tocoa, la conmoción familiar se tradujo en una desesperada petición hacia el personal forense. Marlen Yesenia solicitó con vehemencia que no trasladaran el cuerpo de su hija hasta la morgue judicial de San Pedro Sula, proceso que extendería la entrega de los restos por varios días y que dificultaría el trámite debido a sus escasos recursos económicos y a la responsabilidad de cuidar a sus otras tres hijas menores.

De momento las autoridades policiales y de investigación forense continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del suceso, reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento no se registran personas detenidas en relación con este hecho que ha generado consternación e indignación entre los habitantes del departamento de Colón.

Un hombre de 27 años fue condenado a 30 años de prisión por el femicidio de su expareja, una joven de 21 años asesinada con un cuchillo en Pocrí, distrito de Aguadulce. El sentenciado aceptó su responsabilidad durante la audiencia intermedia celebrada en la provincia de Coclé.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena, equivalente a 360 meses, fue validada después de que la Fiscalía imputara los delitos de femicidio y violencia de género. El tribunal también prohibió al agresor portar armas de fuego durante 10 años después de cumplir la sanción principal.

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El hombre citó a la víctima en el parque de Pocrí con el argumento de conversar y, una vez reunidos, la atacó con un arma blanca. La joven murió mientras era trasladada al Hospital Rafael Estévez.

La Fiscalía señaló los celos como el detonante del ataque, aunque esa referencia no reduce ni justifica la responsabilidad del agresor. La violencia ejercida contra parejas o exparejas constituye uno de los elementos considerados para clasificar una muerte como femicidio, cuando existe una relación de poder o discriminación basada en el género.

La pena impuesta se encuentra en el límite máximo del rango ordinario establecido para el femicidio en Panamá. El artículo 132-A del Código Penal contempla entre 25 y 30 años de cárcel cuando la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja o intimidad afectiva con el agresor.

Panamá acumuló hasta el 31 de julio de 2026 13 víctimas de femicidio, frente a nueve durante igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 44%. El Ministerio Público también contabilizó 17 tentativas, casi el doble de las nueve reportadas un año antes, y 10 muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios.

Los meses con mayor incidencia fueron marzo, con cuatro víctimas, y junio, con tres. En enero se registró un caso; febrero y mayo sumaron dos cada uno, mientras abril reportó uno y julio cerró sin nuevos femicidios confirmados. Las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales.

La distribución territorial muestra tres casos en la provincia de Panamá y otros tres en San Miguelito, contabilizado separadamente en el informe. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos cada uno, mientras Coclé, Colón y Veraguas reportaron una víctima respectivamente. En San Miguelito, el número se triplicó frente al mismo periodo de 2025.

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados hasta julio, mientras dos mujeres murieron por ataques con armas blancas. Otros tres casos fueron causados por asfixia mecánica, uno por incendiarismo y otro permanecía sin determinar, de acuerdo con la clasificación preliminar del Ministerio Público.

Las estadísticas muestran que la violencia femicida alcanza a mujeres de edades muy diferentes. Hasta julio de 2026, las víctimas incluían dos jóvenes de 18 a 24 años, tres mujeres de 35 a 39 y dos de 40 a 44, además de dos menores de edad y dos adultas mayores.

Durante 2026 también se han dictado otras condenas relevantes. El mismo 7 de septiembre, un tribunal impuso 25 años de cárcel por el femicidio de una joven de 20 años ocurrido en Altos de Los Lagos, Colón. La víctima recibió múltiples disparos en febrero de 2023, y el responsable fue declarado culpable durante un juicio oral.

En marzo, otro hombre fue sentenciado a 25 años por matar mediante asfixia a una mujer costarricense cuyo cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Golfito, Costa Rica. El agresor, de nacionalidad panameña, fue capturado en Chiriquí y aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena.

La justicia también condenó en abril a un hombre a 14 años de prisión por intentar asesinar a su expareja con un cuchillo en Belisario Frías, San Miguelito. La víctima sufrió heridas en la mano, el rostro y el cuello, pero sobrevivió al ataque, mientras el agresor terminó entregándose a las autoridades.

La dimensión del problema supera las fronteras panameñas. Los datos regionales más recientes indican que al menos 3,770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o violencia letal de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe durante 2024, equivalente a por lo menos 11 muertes cada día.

En los últimos cinco años, la región acumuló más de 19,200 asesinatos de mujeres por razones de género. Las diferencias legales y estadísticas entre países impiden comparaciones completamente uniformes, pero el volumen muestra que las condenas, aunque necesarias, deben acompañarse de prevención, protección temprana y atención efectiva de las denuncias.

En diálogo con los medios en la puerta de la vivienda donde ocurrió el femicidio, Ernesto, hijo de la víctima y del acusado, reconstruyó cómo descubrió el crimen. “Mi papá me llamó y me dijo: ‘Se nos fue la vieja’”, recordó.

Según contó, el domingo al mediodía había salido a pasear con su hija y su sobrina. Tras recibir el llamado, regresó inmediatamente al domicilio ubicado sobre la calle Asunción al 2400, entre Operativo Cóndor y Dalton, en el partido bonaerense de Merlo.

“Cuando entré a la habitación vi a mi mamá con un corte en el cuello bien calculado”, relató. Dijo que no llegó a tomarle el pulso porque vio un gran charco de sangre que ya estaba coagulado y entendió que había muerto.

Ante la escena, llevó a su hija y a su sobrina a la casa de un vecino. Luego regresó a la vivienda y advirtió un detalle que, según dijo, no había visto al entrar por primera vez a la habitación: “El cuchillo estaba cerca de la mano de mi mamá”.

Ernesto aseguró que el arma blanca no estaba allí cuando encontró el cuerpo y deslizó sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido mientras él estuvo afuera de la casa. Según su hipótesis, su padre pudo haber colocado el cuchillo junto a la víctima para intentar sostener que había sido atacado por ella.

“Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano”, fue otra de las explicaciones que, según Ernesto, le dio su padre. También sostuvo que Tesio tenía lesiones en el pecho y en un brazo. “Mi papá dice que mi mamá lo atacó y que él se defendió”, contó.

Sin embargo, Ernesto puso en duda esa versión. “No puede ser que los cortes se los haya hecho mi madre. Para mí se autolesionó”, afirmó.

De acuerdo con su relato, después de contarle lo que había ocurrido, Tesio se acostó en una cama y le pidió que llamara a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el acusado fue detenido. “Yo calculo que fue premeditado”, expresó el hijo de la víctima, aunque hasta el momento esa hipótesis no fue confirmada por los investigadores.

Ernesto también habló sobre los antecedentes de violencia en la relación de sus padres. Según contó, durante años hubo episodios de agresiones físicas, aunque aseguró que en el último tiempo esas situaciones habían cesado. “Discutían por pavadas nada más”, indicó.

El hombre señaló que, pese a haber atravesado situaciones de violencia durante su infancia, en los últimos años había decidido volver a vivir con sus padres. “Incluso me había amigado con mi mamá y había aceptado que él era mi padre”, agregó.

Sobre la relación entre ambos, Ernesto sostuvo que su madre era manipulada psicológicamente por su marido. “El tipo le hacía una psicológica y se hartaba”, dijo. También señaló que ella no le tenía miedo y que en algunas oportunidades respondía a las agresiones. “A veces ella empezaba con las agresiones físicas, pero era para defenderse”, sostuvo. Según su hijo, Mina nunca había denunciado a Tesio.

“Mi papá es un psicópata”, sentenció Ernesto. Además, lo describió como “un tano loco” con quien había logrado recomponer el vínculo en los últimos años. “Yo estoy como se puede”, expresó. Y agregó: “Todo fue una sorpresa”. Finalmente, dijo que espera que se haga justicia por su madre.

El caso

El crimen ocurrió este domingo al mediodía en una vivienda de Merlo. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 6ª de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, donde encontraron a Silvia Beatriz Mina sin vida y detuvieron a Tesio.

Debido a las lesiones que presentaba, el acusado fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.

La investigación está a cargo de la UFI N°11 de Morón, especializada en violencia familiar y de género. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo (femicidio) y Tesio será indagado en las próximas horas.

Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo enfrentarán a los investigadores encabezados por el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, acusados en el expediente que investiga los femicidios Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, así como la privación ilegítima de la libertad que sufrieron, por una supuesta venganza por el robo de droga.

Para la Justicia federal, los cuatro sospechosos -todos ellos argentinos- integran, en mayor o menor medida, la banda de traficantes del Bajo Flores que protagonizó el caso, como posibles miembros o como un simple grupo de apoyo. Todos ellos fueron investigados y capturados por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense luego de una causa que incluyó intervenciones telefónicas y filmaciones de inteligencia en la Villa 1-11-14 que ilustran esta nota-,

Varios detenidos habían señalado en sus declaraciones a un tal “Ramiro” como el responsable de entregar ropa limpia a dos sospechosos clave tras el crimen: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” y David Morales Huamani, “El Loco David”.

llegaron, precisamente, a Ramiro Luis Mansur, hombre del Barrio Illia, de 51 años, un ex monotributista que tuvo varios trabajos en blanco en el pasado y hasta un alta en el rubro de “actividades científicas” de la vieja AFIP.

“Ramiro”, el presunto vestuarista de la banda, tiene antecedentes. En 2015, el fiscal Guillermo Marijuan lo imputó junto una decena de ciudadanos peruanos y dominicanos por integrar una banda narco que vendía droga, precisamente, en la avenida Riestra del Bajo Flores. También lo acusó del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil. En diciembre de 2018, el Tribunal Federal N°6 lo condenó a tres años de prisión en suspenso.

Para los investigadores, Ramiro Mansur sería un miembro pleno de la banda del triple crimen. De los cuatro nuevos detenidos, es, por lejos, el más complicado. Mansur “habría integrado la segunda línea de la organización, interviniendo en tareas logísticas vinculadas a los homicidios, particularmente mediante la provisión de vehículos a Morales Huamani”, según un informe reservado del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

María Inés Olivera sigue en la lista. De 70 años, jubilada según sus registros, vecina del Bajo Flores, habría actuado como prestanombres para Mansur, al aportar su nombre como titular de tarjetas SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales. La jubilada cayó con una pistola 9 milímetros en su domicilio, según información policial.

Verónica Emilce Chieto, de 36 años, alias “Mamá Coca”, oriunda de Ezpeleta, zona de Quilmes, sin historia laboral registrada, es la mujer de Bernabé Mallón, “El Tío”, preso y procesado en la causa, un supuesto encargado de logística.

¿Novia, amiga o mula?

El informe reservado acusa a Eugenia Quispe de ser una mula de droga vinculada a “Pequeño J”. Cayó en Florencio Varela; allí, le encontraron una supuesta carta de amor a “Pequeño J”, que nunca envió.

En el texto, que Quispe firmó como “la gorda”, la nueva acusada le habla a un Janzen Valverde ya preso. “Nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, del gran corazón que tenés”, escribió.

Hay quienes señalan a la acusada como una “ex novia” de Janzen Valverde, hoy preso en Marcos Paz. Otros cerca de “Pequeño J” dicen que apenas es “una amiga”, que intentó interiorizarse con la situación penal del principal imputado del caso. Lo cierto es que la filtración de la carta se convirtió en un nuevo frente de polémica en un

Lucas Contreras Alderete, abogado de “Pequeño J”, presentará hoy un escrito en el Juzgado Federal N°2 Morón para frenar la incorporación de la carta al expediente.

“Resulta inaceptable que, estando el expediente reservado para las partes, se utilicen estas filtraciones selectivas para manipular a la opinión pública y ejercer presión sobre la situación procesal de nuestro defendido, Tony Janzen Valverde Victoriano”, afirmó en un comunicado.

“El impacto real lo sabremos más adelante, pero por lo pronto vamos a intentar frenar su incorporación al proceso”, afirmó Contreras Alderete a Infobae.

El silencio de la madrugada de ayer 4 de septiembre en la zona de La Caoba se rompió con el estrépito insoportable de una tragedia repetida. Cerca del poblado de El Cobre, en la provincia oriental de Santiago de Cuba, los gritos de una niña de apenas cuatro años resonaron entre las paredes de una vivienda que debió ser un refugio y terminó convertida en una escena del crimen.

Yadelaine Roque Torres tenía 25 años y un futuro inmediato que se medía en días. Sin embargo, en cuestión de horas su futuro truncó de golpe cualquier proyecto de vida. La joven fue brutalmente atacada con un arma blanca por su expareja sentimental, Yorgelis Vidal Ayarde, un joven de 24 años con antecedentes penales y un historial marcado por el encierro.

Tras la agresión, Yadelaine fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial con la esperanza de contener las hemorragias generadas por las heridas de la hoja afilada.

La gravedad del daño fulminó esa posibilidad antes de que los médicos pudieran estabilizarla. Horas después, su cuerpo sin vida yacía en la morgue del Hospital Ambrosio Grillo, en el mismo poblado de El Cobre, donde su madre y otros parientes cercanos aguardaban sumidos en la desesperación y la incredulidad durante las primeras horas de la madrugada.

El ataque ocurrió a la vista del ser más vulnerable del hogar. De acuerdo con los testimonios de allegados y familiares, la niña producto de una relación previa y cuyo padre reside actualmente fuera de Cuba presenció cada instante de la agresión física ejercida contra su madre. Un trauma indeleble que marcará la infancia de una menor que, en cuestión de segundos, quedó amparada únicamente por el dolor de sus abuelos.

El responsable del crimen fue encontrado horas más tarde sin vida bajo un puente de Marimón, ubicado en el distrito José Martí de la ciudad de Santiago de Cuba. Las informaciones preliminares difundidas por fuentes locales señalan que el agresor presuntamente decidió quitarse la vida tras perpetrar el asesinato, aunque las circunstancias de su fallecimiento permanecen bajo investigación formal de las autoridades.

Organizaciones independientes registran 49 femicidios

El asesinato de Yadelaine Roque Torres no constituye un hecho aislado. Es el reflejo de un problema sistémico que desgarra a las familias en todo el archipiélago y que contrasta con el mutismo de los medios estatales.

Ante la ausencia sistemática del régimen cubano al publicar un registro regular de violencia machista, son los grupos de la sociedad civil y las plataformas independientes las que asumen la tarea de documentar cada caso.

De acuerdo con los registros del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, hasta el 28 de agosto se habían contabilizado 48 femicidios en la isla. Con el crimen de Yadelaine en El Cobre, la dolorosa lista asciende a 49 víctimas mortales en lo que va del presente año.

A pesar del incremento en la frecuencia y brutalidad de las agresiones, Cuba continúa sin contar con una ley integral contra la violencia de género, ni el femicidio se encuentra tipificado como un delito autónomo dentro del Código Penal vigente.

Esta carencia en el ordenamiento jurídico deja a las mujeres y a sus familias desprovistas de mecanismos de protección temprana, órdenes de alejamiento efectivas y un marco de justicia penal específico que contemple la gravedad de las agresiones por motivos de género.

Mientras los homicidios generales caían en Estados Unidos, los asesinatos vinculados a violencia doméstica se mantuvieron altos y, en varios estados, alcanzaron máximos históricos, según datos del gobierno federal y organizaciones especializadas que alertan sobre una brecha creciente entre la magnitud del problema y los fondos destinados a combatirlo.

El informe Relaciones domésticas y crímenes violentos, 2020-2024 (Domestic Relationships and Violent Crimes, 2020-2024), publicado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) en febrero de 2026, señala que los delitos violentos entre personas con relación doméstica pasaron del 25,6% en 2020 al 27,5% en 2024, con una estabilización en 27% en 2022 y 2023.

La agresión agravada concentra el mayor porcentaje de casos con vínculos domésticos

El FBI define los delitos violentos de este estudio como asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y agresión agravada. Dentro de esa categoría, la agresión agravada concentró el mayor porcentaje promedio de casos con vínculos domésticos —31%—, mientras que el robo registró la proporción más baja, con apenas 6,5%.

Entre 2020 y 2024 hubo 11.466 víctimas de homicidio en incidentes domésticos. En otros delitos violentos de esa categoría hubo 1.109.797 víctimas; 694.552 sufrieron 755.110 lesiones registradas. Se sospechó consumo de alcohol en el 12,5 % de los incidentes domésticos y en el 6,6 % de los no domésticos.

Casi un 75% de las víctimas de delitos violentos domésticos fueron mujeres

El 74,5% de las víctimas de delitos violentos domésticos fueron mujeres; en los incidentes no domésticos, el 58,3% fueron hombres. El agresor fue hombre en el 77,1% de los casos domésticos y en el 76,6% de los no domésticos.

La edad más frecuente de víctimas y agresores en casos domésticos fue 32 años para ambos, frente a 21 y 25 años en los no domésticos. El hogar concentró el 79,6% de incidentes domésticos y el 41,1% de los no domésticos. Las armas personales —manos, puños, pies— fueron las más usadas en ambos. Las armas de fuego aparecieron en el 13,7% de hechos domésticos y el 32,6% de los no domésticos.

En Chicago los asesinatos por violencia doméstica subieron un 15% mientras los homicidios totales caían a la mitad

A nivel local, la diferencia es clara. En Chicago, los homicidios bajaron de 805 en 2021 a 425 en 2025, pero los asesinatos por violencia doméstica subieron 15 % entre 2024 y 2025. En Kansas City, Misuri, los homicidios bajaron desde 2023, pero 2025 fue el segundo peor año en violencia doméstica. Ohio tuvo en 2025 su récord de muertes por violencia doméstica, aunque los homicidios generales siguieron bajando, según The Guardian.

Para Anita Raj, directora ejecutiva del Newcomb Institute y profesora de salud pública de la Universidad Tulane, esos casos de alto perfil mediático son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más extendido. “El peligro de ese enfoque es que son los casos más extremos de algo que es sumamente frecuente” (“The danger of that focus is that these are the most extreme cases of something that is so common”), advirtió en declaraciones al mismo medio.

La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica pasó de 637.000 llamadas en 2020 a un millón en 2025

La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) pasó de recibir cerca de 637.000 llamadas en 2020 a atender un millón en 2025. Nikhita Ved, directora de programas de la organización, explicó en declaraciones a The Guardian que las dos necesidades más recurrentes son la vivienda y el apoyo legal, y que muchas de quienes llaman temen ser asesinadas por su pareja íntima o advierten señales graves en su entorno.

Ved reconoció que los recursos para prevenir esas tragedias son conocidos, pero que el financiamiento disponible no se equipara a la escala del problema.

El gobierno federal recortó centenas de millones en subvenciones a programas de violencia doméstica

La preocupación por el financiamiento aumentó durante el segundo gobierno de Donald Trump, que al inicio quitó cientos de millones de dólares en subvenciones a organizaciones contra la violencia doméstica. Algunos fondos se restituyeron, pero la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica advierte que la propuesta presupuestaria para 2027 prevé una reducción de cerca de USD 30 millones en programas de vivienda transitoria y asistencia legal, según The Guardian.

Raj criticó que el presidente describiera la violencia doméstica como “un problema criminal para abordar mediante deportaciones”. La experta afirmó que ese enfoque pasa por alto factores de riesgo previos al homicidio: acoso, conductas de control y amenazas contra la pareja o de autolesión. “Dejen de enfocarse en un perfil demográfico y enfóquense en un perfil conductual”, dijo. Destacó que esas conductas no se relacionan con el estatus migratorio.

Raj llamó también a ampliar la educación sobre relaciones saludables y resolución de conflictos entre jóvenes, especialmente en hogares donde se presencia violencia, como una herramienta de prevención que el sistema aún no financia a la altura del problema.

Si necesitas ayuda

Si tú o alguien que conoces está en una situación de violencia doméstica, existen recursos disponibles en Estados Unidos para recibir apoyo confidencial y gratuito:

• Llama: Comunícate a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) al 1-800-799-SAFE (7233).
• Envía un mensaje de texto: Escribe la palabra “START” al 88788.
• Chat en línea: Visita TheHotline.org para conversar con un especialista en tiempo real.

Si te encuentras en una situación de peligro inmediato o una emergencia que pone en riesgo tu vida, llama al 911 si es seguro hacerlo.

El Juzgado de Garantías N.° 1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, imputados por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada a comienzos de agosto en la zona de Punta Cantera.

La medida mantiene detenidos a los dos acusados mientras la Unidad Funcional de Instrucción N.° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, completa las pruebas pendientes antes de requerir la elevación del expediente a juicio.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género. La Fiscalía sostiene que ambos participaron de una misma secuencia de agresiones contra la víctima.

La investigación ubicó a Antonich en el predio del Balneario N.° 0, en el sector de SeaView y Punta Cantera, desde la tarde del 31 de julio. Según la acusación, la joven llegó tras aceptar una propuesta para asistir a una supuesta entrevista laboral.

Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a las 17.10. Los investigadores incorporaron además filmaciones privadas y municipales, pericias telefónicas, rastros biológicos, testimonios y estudios forenses para reconstruir lo ocurrido.

La hipótesis fiscal indica que Mailén Antonich fue reducida y atada de manos y pies. La autopsia estableció que sufrió golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La causa de muerte fue una hemorragia masiva por una lesión de arma blanca en el cuello.

Russo sostuvo que los elementos reunidos permiten establecer que la víctima permaneció con vida durante varias horas. “Tenía un gran número de heridas, la encontramos con las manos atadas. Tenemos elementos para presumir que estuvo varias horas viva y pasó por un gran sufrimiento”, afirmó el fiscal.

El estudio forense detectó, además, una luxación cervical, lesiones defensivas en las manos y presencia de monóxido de carbono en sangre. Para los investigadores, ese último dato indica que Antonich estuvo expuesta a humo o combustión cuando aún se encontraba con vida.

El hallazgo del cadáver

El cuerpo de la joven fue hallado detrás de un contenedor, enterrado de forma parcial, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. En el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas compatibles con los utilizados para inmovilizarla.

Dentro de la cabaña que ocupaban los acusados hallaron manchas de sangre. Los análisis sobre prendas secuestradas a ambos detenidos también detectaron sangre humana y antígeno prostático específico, conocido como PSA, tanto en la ropa como en la frazada que envolvía el cadáver.

A Bartolomé Díaz le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, que quedó incorporado a las pericias de la causa. Los investigadores también analizaron las lesiones que presentaban ambos sospechosos tras el crimen.

Aquino recibió atención médica el 1 de agosto por cortes en el rostro, el cuello y las piernas, además de otras lesiones. La Fiscalía considera que podrían ser compatibles con maniobras defensivas de la víctima. Bartolomé Díaz tenía excoriaciones lineales en la espalda, que los peritos asociaron con marcas de uñas.

Las pruebas

Uno de los elementos que reforzó la acusación fue el hallazgo de la tarjeta SIM del teléfono de Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino. Según Russo, también se secuestró un chip con el que el acusado se había contactado con la joven.

El análisis de las comunicaciones estableció que el 31 de julio, a las 15.31, hubo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. La pesquisa sumó conversaciones recuperadas de Facebook Messenger y testimonios que dan cuenta de un vínculo previo entre ambos.

El fiscal señaló que, de acuerdo con esos datos, Aquino mantenía una conducta insistente hacia Antonich desde marzo de este año. “Habría tenido una especie de obsesión previa con la joven”, sostuvo.

La investigación todavía busca precisar cuál fue la oferta laboral que llevó a la víctima al predio.

Ante la observación de Tatina Schapiro de que Barreda gozaba de una mirada celebratoria en ámbitos como las canchas de fútbol, Machín lo trajo a tiempo presente. “Lamentablemente, tengo que informarte que no es algo del pasado: lo sigue siendo para mucha gente”, dijo. Y fue directo: “Todavía (Gustavo) Cordera sigue cantando ‘Monzón, Barreda y Cordera matan por amor’”, citó, en referencia a la estrofa ubicada en el tema “La argentinidad al palo” de Bersuit Vergarabat.

“Todavía persiste el intento de instalar que por amor se mata, que el femicidio puede justificarse. Y eso es aceptado, cantado y difundido por la radio”, insistió. Para el actor, eso refleja algo más profundo: una sociedad atravesada por una violencia institucional y discursiva que ciertos medios refuerzan al romantizar figuras como la de Barreda y convertirlas en héroes. “El victimario convertido en víctima”, cerró.

La película incluye una crítica explícita a ese mecanismo y fue ese enfoque el que lo llevó a aceptar el proyecto. “Está contada con la intencionalidad de darle voz a estas cuatro mujeres”, dijo. Uno de los ejes centrales del filme es el contraste entre el relato que dominó la historia pública del caso —el del propio Barreda y el de su defensa— y el de las víctimas, que hasta ahora no había tenido espacio. Margarita Páez y Maité Lanata, que interpretan a las hijas, hablaron con amigas de las chicas asesinadas. Una de ellas asistió al estreno y dejó una frase que resume todo: “Nosotros no podíamos hacer el duelo de nuestras amigas porque nos decían que éramos amigas de las que le rompieron los quinotos a Barreda en su casa”.

Para construir al personaje, el actor se documentó a fondo. Escuchó grabaciones del propio Barreda, revisó las declaraciones de los novios de las víctimas durante el juicio y leyó el libro Conchita, de Rodolfo Palacios, en el que el periodista entrevistó al femicida en su casa de Belgrano junto a su segunda pareja. El objetivo no era imitarlo, sino leerlo entre líneas. De ese trabajo surgió una hipótesis: Barreda era una persona de narcisismo extremo, incapaz de sentir, con una habilidad notable para concentrar la atención. “Él decía que si viviera otra vez le gustaría ser galán de cine o director técnico de fútbol”, recordó Machín. La frialdad que exhibió en las grabaciones posteriores al crimen fue, para el actor, la confirmación de esa lectura.

Machín también describió una premeditación meticulosa. Barreda hizo un curso de criminalística para averiguar si la pena por matar a una o a cuatro personas era la misma. Días antes del crimen, practicó tiro contra un árbol. Y eligió un momento preciso: ese domingo en que sus hijas irían a almorzar a la casa familiar antes de mudarse definitivamente con sus novios. “Él persiguió el interés por conservar esa casa hasta el final de sus días”, sostuvo el actor, como una de las claves del móvil.

Barreda murió en un geriátrico de la provincia de Buenos Aires, sin revelar su verdadera identidad, luego de que su segunda mujer —quien se había enamorado de él mientras estaba preso y se lo llevó a vivir a su casa al salir en libertad— lo denunciara por violencia y lo hiciera echar.

Machín fue directo sobre una incomodidad que lo acompaña: en una sociedad menos violenta, la película debería llevar los nombres de Gladys, Adriana, Cecilia y Beba, las cuatro mujeres asesinadas. “La información se vende, no se da”, dijo, y reconoció que el nombre Barreda funciona como gancho en el mercado. “Apunto a que la sociedad de a poco vaya liberándose de esas cosas y que en otro momento esta película tenga el nombre de ellas”, concluyó.

La entrevista completa a Luis Machín

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—¿Fue difícil construir un personaje complejo como Barreda?

—Sí, difícil en muchos aspectos, sobre todo sabiendo que cometió cuatro asesinatos. Y complejo, también, y no porque uno tenga que entenderlo, por supuesto que de ninguna manera, pero a veces parece ser que uno tuviera que aclarar esta cosa. Porque por ahí la gente piensa que porque uno lo aborda tiene alguna cercanía o piensa algo parecido.

—¿Qué implicó sumergirse en una psicología tan lejana a la propia?

—Como objeto de trabajo, no deja de ser fascinante para los actores. Por lo menos para mí no deja de ser fascinante entrar en una lógica de pensamiento tan alejada, entrar en una psicología lejos de la personal y tratar de bucear en esos rasgos que tiene mucha gente. Porque mucha gente tiene el deseo que él materializó, con psicologías oscuras o formas de pensar cercanas a una mente genocida. Algunos lo ejecutan y otros no, pero poder ingresar a una cabeza de esas características me significó un momento de mucha conmoción, sobre todo porque es una persona que sigue teniendo sus seguidores que ponen cosas en las redes sociales a su favor. Poder abordar eso con una forma de contar, con un encuadre distinto a lo que sucedía y darles voz a las mujeres que él silenció, fue muy interesante para mí.

—¿Qué impacto tuvo trabajar con una directora como Daniela Goggi?

—Eso es un avance, porque les ha dado voz a quienes no la tuvieron. Y la historia siempre se contó desde su lado y desde el plano institucional, como el de la defensa al justificarse.

—¿Y el proceso de preparación junto al elenco femenino?

—Hubo muchas reuniones en las que hablamos de lo que íbamos a construir y desde dónde. En el caso de las mujeres, lamentablemente, no hay tanta documentación de ellas. Hay algunas fotos, nada más. Es muy poco lo que se sabe. Yo sé que Maite Lanata y Margarita Páez, las hijas de Barreda en la ficción, se juntaron con algunas amigas de las chicas y que tuvieron algún intercambio. Ellas siempre dijeron que nunca pudieron hacer el duelo por sus amigas porque cada vez que hablaban con amigas de ellas, la sociedad las hostigaba mucho. Eran las amigas de quienes, según decían, habían vuelto loco a Barreda. Han sido años duros para esa gente también.

—¿Qué tipo de trabajo de reconstrucción e investigación fue necesario para el guion y la película?

—Esta película demandó mucha investigación de los autores para conformar el guion, de la directora para encontrar un enfoque que les diera voz a las mujeres y de mí para llevar adelante a este hombre en su complejidad psicológica. Salvo algunos testimonios de los novios de las chicas, y de amigas de la facultad, hubo que hacer un trabajo de reconstrucción de las historias de las mujeres. Por supuesto que el mío también, pero de Barreda hay mucho. De hecho, la historia se cuenta a partir de lo que él cuenta.

—¿Qué aspectos del personaje y del caso resultaron más inquietantes durante el proceso?

—Es muy perturbador escucharlo a él, y haber logrado eso es muy importante. La amiga de Cecilia Barreda, una de sus hijas, me dijo: “Me acordé tanto de él. Yo fui mucho a la casa de ellas, y él hablaba así”.

—¿Cómo fue convivir con el personaje durante el rodaje?

—Yo estaba todo el día en el rodaje, porque estoy prácticamente en todas las escenas, y claramente uno convive con su tono de voz, con su forma de moverse, con el tipo de clima que se va generando en el set. El juicio que está en la película, donde el aire se corta con un cuchillo, también estaba en la filmación. Fueron escenas muy extensas, de mucho duelo, complejas.

—¿De qué manera lograste desprenderte del personaje después del rodaje?

—Yo soñé que lo mataba a Barreda a escopetazos. Eso lo tuve en la cabeza mucho tiempo, lo charlé mucho y se ve que en los sueños, donde uno se puede liberar un poco más, algo se desencadenó y en mi cabeza hizo una especie de corte. Una semana antes del estreno soñé que me mostraba la casa y los lugares donde había matado a cada una de las mujeres. Es decir, tuve mucho tiempo en la cabeza su manera de hablar, de expresarse, sus anteojos, su copa: son elementos de los que uno cree tener la capacidad suficiente para liberarse.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Mariano Rubén Fernández por el femicidio de su novia, Alicia Vallejos, la joven de 23 años que en agosto de 2016 fue asesinada de un disparo en la nuca en la casa que ambos compartían en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa del condenado y, de esta manera, cerraron el camino de apelaciones contra la sentencia que había sido dictada en noviembre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal N°5 de Quilmes.

El femicidio ocurrió el domingo 14 de agosto de 2016, cerca de las 16, en una vivienda de la calle Monserrat al 800, en el barrio Don Orione de Florencio Varela.

Aquella tarde, los vecinos escucharon un estruendo y una mujer llamó al 911. Cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a la casa, encontraron a Alicia debajo de una cama, con sangre en la nuca y todavía con vida.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo, pero murió ese mismo día. La autopsia determinó que había recibido un disparo a quemarropa. El arma utilizada para cometer el crimen nunca fue encontrada.

Fernández, en tanto, había escapado. Horas después, la Policía lo detuvo mientras permanecía oculto en la casa de un familiar, en los monoblocks de la villa Los Eucaliptos.

El expediente atravesó un extenso recorrido judicial. Pasaron más de cinco años desde el femicidio hasta que Fernández se sentó en el banquillo de los acusados.

Finalmente, en noviembre de 2021, el Tribunal en lo Criminal N°5 de Quilmes lo condenó por unanimidad a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

Durante el debate, los jueces tuvieron por probado que la relación entre Alicia y Fernández estaba atravesada por el maltrato físico, la violencia y el sometimiento de la víctima.

La condena fue ratificada al año siguiente por la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia rechazó una queja de la defensa y el expediente llegó finalmente al máximo tribunal nacional.

Ahora, la Corte Suprema desestimó la última presentación de Fernández y dejó firme la prisión perpetua.

Otro femicidio y otra perpetua confirmada

En la misma resolución, la Corte Suprema también dejó firme la condena a prisión perpetua contra Arnaldo Jaquet Pérez por el femicidio de Rosalina Acosta Candia, asesinada de un disparo en el pecho en una vivienda de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se acreditó durante la investigación, Pérez llegó hasta la casa donde se encontraba la víctima, forzó la reja y la cerradura de la puerta para ingresar y comenzó a golpearla. Luego le disparó en el pecho con un revólver calibre .38.

Tras el disparo, tomó el cuerpo de Rosalina, lo cargó sobre uno de sus hombros y comenzó a bajar las escaleras. Al llegar al segundo piso y encontrarse con una vecina, dejó el cuerpo de la víctima en el descanso, regresó a su vivienda, recogió algunas pertenencias y escapó.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género y con el empleo de un arma de fuego. También fue condenado por la tenencia de un arma de guerra de uso civil condicional sin autorización.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal y la defensa acudió en queja ante la Corte Suprema. Al igual que en el caso de Alicia Vallejos, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo y dejaron firme la condena.

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados este jueves dentro de un Corsa incendiado en Villa Gobernador Gálvez. La fiscal Noelia Navone investiga como principal hipótesis que el hombre mató a la mujer, prendió fuego el auto y luego se suicidó.

La reconstrucción de la escena y la mecánica demoró varias horas, puesto que la información que se tenía desde un comienzo era confusa. En primer término se conoció que un pescador llamó al 911 al ver a un hombre que se había tirado al río y no había salido nuevamente a la superficie. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico en realidad se encontró con una escena muy diferente: un Corsa incinerado y dos cuerpos en los asientos traseros.

La Policía convocó a los Bomberos Zapadores, que trabajaron para sofocar el fuego. De inmediato, comenzaron a tomar testimonios. Uno de ellos fue un vecino que ante Canal 3 dijo que vio a un hombre tirarse al agua y cuando se acercó a socorrerlo este le dijo: “Déjenme morir” y se metió directamente al Corsa prendido fuego.

Cómo se consolidó la hipótesis principal

Fue convocado personal de Prefectura Naval, ya que no estaba claro si a los dos cadáveres hallados en el auto se sumaba un tercero que estaba en el agua. Con el correr de las horas, esa conjetura perdió fuerza y la fiscal se apoyó en la línea investigativa principal de un femicidio seguido de suicidio.

Los cuerpos no fueron reconocidos oficialmente. Del hombre se encontró documentación, que era analizada.

Los cadáveres serán enviados al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar las autopsias. En el caso de la mujer se buscará determinar si tenía alguna herida de arma de fuego o arma blanca como posible causal de muerte.

En contacto con la prensa local, la fiscal Noelia Navone expresó: “No podemos identificar los cuerpos. Están irreconocibles, calcinados. Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo. Los testigos manifestaron que vieron a un masculino prender fuego el auto, meterse en el río, salir y meterse en el auto”.

“Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones”, concluyó.

La madre de Guadalupe Mena, la joven policía bonaerense asesinada de un disparo en la cabeza en Mar del Plata el 1 de enero de 2025, reclamó públicamente que la causa lleva casi dos años sin fecha de juicio. El novio de la joven y ex integrante de la fuerza, Fabián Vázquez, permanece detenido luego de que las pericias balísticas determinaran que la bala salió de su arma reglamentaria.

En el marco de las jornadas de las Madres Unidas por el Dolor, Sonia apuntó a la demora en la causa, en diálogo con el medio 0223. “A un año, ocho meses y un día todavía sigo esperando fecha de juicio”, se quejó.

“Yo no puedo entender que te maten a un hijo y vos tengas que esperar un año, dos años porque ellos no pueden apurar las causas”, sostuvo la mujer, al mismo tiempo que cuestionó la respuesta que recibe por parte de las autoridades a su reclamo. “La Justicia me quiere tranquilizar con que el asesino, el femicida está preso, pero para mí eso no alcanza”, afirmó.

Además, volvió a poner en duda la versión que apunta a un accidente y señaló que hubo manipulación de la escena del crimen. “El día del femicidio de Guadalupe Mena estaba toda la familia. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero tuvieron tiempo de manipular la escena del crimen, de disparar el arma de mi hija”, apuntó.

La muerte de la joven de 19 años ocurrió la noche del 1 de enero de 2025 en una vivienda de la calle Falucho al 8600, cuando recibió un disparo en el parietal derecho que le causó una herida mortal, con orificio de entrada y sin salida. Hacía apenas nueve meses que estaba en la fuerza; había trabajado como numeraria en el Comando de Patrulla Rural de Necochea hasta que fue incorporada al Operativo de Sol a Sol. Tras el trágico desenlace la trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los esfuerzos de los profesionales no alcanzaron y murió a las 22.30.

Vázquez, de 22 años, quedó detenido esa misma noche. Ambos habían cursado juntos en la Escuela de Policía Juan Vucetich y mantenían una relación de pareja desde hacía cinco meses. Al día siguiente, el imputado declaró ante la fiscal María Constanza Mandagarán y sostuvo que Mena estaba jugando con el arma reglamentaria luego de limpiarla, que se la apoyó en la cabeza y que él intentó quitársela cuando el disparo se produjo.

“Estaban en el interior de la casa, donde había otras personas, y Mena había terminado de limpiar su arma, jugó con ella y se la apoyó en la cabeza. Dijo que él intentó sacársela y que en ese momento se le escapó el disparo que le dio en la cabeza”, describieron desde la defensa del acusado.

Sin embargo, las pericias balísticas determinaron que la bala salió del arma del joven, lo que desnudó la hipótesis de femicidio que la familia sostuvo desde el inicio. El imputado fue desafectado de la fuerza y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, acusado de homicidio triplemente agravado por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Sobre aquella noche, Sonia recordó que nadie le informó de manera inmediata lo ocurrido con su hija. “Nadie me avisó cuando a Guada le pasó lo que le pasó, e imagínense cómo me siento como madre”, le dijo a 0223.

Por otro lado, la mujer mencionó una problemática que desde el colectivo de madres -un espacio de contención que reúne a familiares de víctimas de femicidio, homicidio y accidentes de tránsito- vienen sufriendo: se trata del acceso a una representación legal sin cargo. “Sabemos que existe una ley que nos permite acceder a un abogado gratuito como lo tiene el acusado, el victimario, y no tenemos ese acceso porque dicen que es un renglón en blanco”, remarcó. En esa misma línea, se refirió a los costos que manejan los letrados y explicó que resulta inaccesible para muchas familias.

El episodio ocurrió en agosto de 2013, durante una entrevista que el letrado concedía en el programa Contámelo todo, conducido por Leo Rosenwasser en Canal Metro. Pierri integraba entonces la defensa del encargado del edificio de la calle Ravignani, que ya estaba detenido por el femicidio de la adolescente de 16 años.

“Mangeri, ¿es inocente sí o no?”, le preguntó el conductor. “Mangeri es un señor inocente que está pasando por el peor momento de su vida”, respondió el abogado. Antes de que pudiera continuar, su hijo lo interrumpió con una frase que se volvió viral: “Pero boludo, mató a Ángeles”.

Ahora, a los 19 años, Juan Ignacio reconstruyó aquel momento en una entrevista con Puro Show, por eltrece. “Yo no tenía que estar ahí, la verdad. Mis viejos me llevaron con la condición de que me portara bien. Y terminé diciendo lo que había escuchado”, le relató a la periodista Fernanda Iglesias.

Al ser consultado sobre el origen de la información, descartó que hubiera escuchado conversaciones privadas de su padre o que contara con algún dato proveniente del expediente.

“Lo había escuchado, me acuerdo, en los canales de casa. Recuerdo haberlo escuchado a (Eduardo) Feinmann. En ese momento no sabía quién era Feinmann, pero recuerdo la imagen de verlo a él”, explicó.

También negó que la escena hubiera sido preparada: “No está armado ni nada. Yo nunca escuché a Miguel hablar en casa, siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se reflejaba la inocencia de un nene”.

Después de la entrevista, su madre le preguntó por qué había pronunciado aquella frase. “Yo le dije: ‘Lo escuché por la tele’”, recordó.

Juan Ignacio sostuvo que su intervención tuvo consecuencias sobre la estrategia de los abogados que representaban a Mangeri. En aquel momento, su padre trabajaba en el caso junto a Marcelo Biondi, actual esposo de su madre.

“Estaba todo encaminado para que Mangeri no fuera a la cárcel. Después de eso, a Marcelo y a Miguel les cambió la estrategia totalmente, porque ya había quedado todo muy expuesto”, afirmó.

Según recordó, la escena generó una fuerte reacción entre los televidentes. “La gente empezó a decir: ‘Los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar’. Y eso hizo que cambiara todo el panorama”, señaló.

Luego, le adjudicó a su frase un papel determinante: “Mi declaración cambió todo, la verdad. Yo a veces no tomaba conciencia de lo que había sucedido, pero gracias a esa declaración el caso terminó dándose vuelta”.

“Mangeri no venía mal. Estaba siendo muy bien defendido por dos grandes profesionales y esa declaración terminó de cambiar su historia”, agregó.

“Mi declaración cambió todo”

La intervención del niño tuvo un indudable impacto mediático. Sin embargo, para entonces Mangeri ya estaba detenido, procesado con prisión preventiva y era el único acusado por el crimen.

El portero fue condenado a prisión perpetua en julio de 2015 por el abuso sexual y el femicidio de Ángeles Rawson. La sentencia se apoyó en las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas los rastros genéticos de Mangeri encontrados debajo de las uñas de la víctima. La condena fue confirmada posteriormente por las distintas instancias judiciales.

“Mis viejos me protegieron porque ya era mucha exposición para esa edad”, explicó Juan Ignacio sobre lo ocurrido después de la entrevista. Y concluyó: “Mis declaraciones cambiaron muchísimo la causa y terminó dándose lo que se tenía que dar: que Mangeri estuviera en la cárcel”.

Años después, el propio Miguel Ángel Pierri modificó públicamente su postura sobre el condenado. En 2019, durante una presentación teatral junto a los periodistas Mauro Szeta y Paulo Kablan, reconoció que su hijo había estado en lo cierto: “Mi hijo Juani tenía razón. Mangeri fue el asesino, no lo volvería a defender”.

“Tenemos una relación cordial”

Durante la entrevista, Juan Ignacio también habló de su vínculo actual con Miguel Ángel Pierri. Lo definió como “cordial”, aunque aclaró que no mantienen una relación cercana.

“Estoy en contacto con él. Tengo una relación cordial. Él se equivocó muchísimo en muchos aspectos de la vida y yo tuve una convivencia dura con él. Lo veo, pero muy cada tanto. No tengo una relación de padre e hijo”, expresó.

El joven aseguró que su padre intentó recomponer el vínculo, pero consideró que no lo hizo plenamente. “Nunca sentí que hubiera apostado por todo. Tuvo actitudes muy feas conmigo”, sostuvo.

Además, contó que durante su infancia presenció situaciones difíciles en el ámbito familiar. Ante la pregunta directa de si se refería a episodios de violencia, respondió: “Hubo violencia, sí. He visto acciones muy fuertes de Miguel frente a mi vieja. Ella sufrió muchísimo y aguantó por mí”.

En contraposición, señaló a Marcelo Biondi como su principal figura paterna: “Lo quiero mucho. Para mí, él fue mi referente masculino”.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse en un abogado mediático, aseguró que no está entre sus objetivos. “Siempre me metí donde no debía. No me da miedo nadie y tengo claro quién quiero ser”, cerró.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo, según confirmaron fuentes judiciales confirmaron a Infobae.

Todo comenzó este miércoles por la madrugada, alrededor de las 2, cuando el acusado se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia. Ante el personal policial, dijo que había discutido con su pareja, que la había golpeado y que, tras la agresión, la mujer se había desvanecido.

Con esta información, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda, ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona cercana al barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente. Fuentes cercanas al caso detallaron que, a simple vista, la mujer no presentaba lesiones de gravedad: únicamente tenía una herida en el labio.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la autopsia preliminar al cuerpo de la víctima reveló que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

Debido a que no reaccionaba, fue trasladada al Hospital Masvernat, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron su deceso.

La causa quedó a cargo del fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia, quien ordenó la detención del presunto agresor y una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de la víctima y del acusado, que serán sometidas a peritajes. Según pudo saber este medio, la vivienda no presentaba signos evidentes de una pelea, ya que “estaba todo muy ordenado”. Sin embargo, en una de las paredes hallaron una mancha de color rojizo.

En un primer momento, los investigadores analizaron si podía tratarse de sangre. No obstante, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Rigoni no había sufrido una pérdida de sangre que permitiera explicar esa marca. Por ese motivo, resta establecer mediante peritajes el origen de la sustancia hallada.

A partir del resultado de la necropsia, la principal hipótesis es que, durante la discusión, Sigwardt habría golpeado la cabeza de su pareja contra una pared.

Sigwardt quedó imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea llamado a declarar.

Fuentes judiciales aseguraron que no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido, aunque sí tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Durante la inspección del inmueble, los agentes también hallaron marihuana.

El fiscal Jaume, por su parte, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Según relataron algunos vecinos, era muy común escuchar discusiones y peleas en la vivienda de la pareja y aquella noche no fue la excepción.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género, entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron al menos 173 víctimas letales: 142 femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

La cifra equivale a una víctima cada 34 horas.

El informe también contabilizó 273 intentos de femicidio —uno cada 25 horas— y señaló que el 13,9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. En el 64,1% de los casos, los acusados eran parejas o exparejas; el 42,2% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en un domicilio compartido. Al menos 182 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

En la Legislatura de Córdoba presentaron el proyecto de Ley Agostina, una iniciativa impulsada por Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada en mayo, para crear un sistema integral de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y abuso.

La propuesta ingresó ayer en la Secretaría Legislativa de la Unicameral y fue presentada en una reunión con la vicegobernadora Myrian Prunotto, de la que también participaron el presidente provisorio del cuerpo, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta Julieta Rinaldi. Según informó la propia Legislatura provincial, el encuentro sirvió para detallar el contenido de la iniciativa y explicar el circuito parlamentario que seguirá el texto antes de su tratamiento en comisión.

Los puntos centrales

La iniciativa propone la creación del Sistema Integral Agostina, un esquema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes orientado a actuar antes de que una situación de violencia, abuso o vulneración produzca consecuencias irreversibles. El proyecto parte de la idea de que las respuestas estatales deben activarse de manera anticipada y coordinada ante señales de riesgo.

En ese marco, el texto prevé mecanismos de alerta y detección temprana para que, frente a indicadores serios y objetivos de vulneración, intervengan los organismos competentes. También incorpora el derecho de los menores a pedir ayuda, de modo que puedan comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva, sin que la protección dependa únicamente de la percepción de una persona adulta.

Entre las herramientas previstas figura la Línea Agostina 24/7, pensada como un canal gratuito, confidencial y permanente, disponible por teléfono, mensajería, aplicación, web o chat, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de protección. A eso se suma el Programa Agostina en Escuelas, una propuesta de formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos problemáticos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección.

El texto también contempla la creación de Gabinetes Agostina, integrados por equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, evaluación inicial, acompañamiento y derivación. Además, establece un Protocolo de Alerta y Búsqueda para actuar de manera inmediata ante la desaparición de menores, sin exigir un plazo de espera, y un Registro de Restricciones Judiciales de contacto con niños, niñas y adolescentes, con acceso limitado y resguardo de datos, para que las autoridades habilitadas puedan conocer medidas de protección vigentes.

De esta forma, la iniciativa apunta a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia mediante respuestas estatales rápidas cuando existan indicadores de violencia o abuso. El texto propone un esquema de prevención y actuación temprana para intervenir antes de que los casos escalen.

Al salir de la reunión, Vega resumió el objetivo central de la propuesta. “Queremos que se escuche al niño y al adolescente. Lo principal es que ellos dejen de estar vulnerados ante todas estas situaciones que están pasando en la actualidad”, afirmó tras la reunión.

La abogada Fernanda Alaniz, que acompaña a la familia, sostuvo que la iniciativa busca instalar el tema por fuera de las disputas partidarias. “Agostina es de todos”, destacó, y agregó que esperan que el expediente comenzara su recorrido formal hasta llegar al debate legislativo, en la Legislatura de Córdoba.

Las últimas novedades del caso que conmocionó al país

A casi tres meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier en otra causa abierta en 2025 por la denuncia de una joven de 20 años. El acusado fue notificado por el fiscal Raúl Garzón y se abstuvo de declarar. Ahora enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La causa se originó en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la llevó hasta su casa con el pretexto de guardar bolsos con dinero y que, una vez allí, la amenazó con un arma, la obligó a desnudarse, la amordazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. De acuerdo con la denuncia, la víctima logró escapar cuando el acusado salió momentáneamente del domicilio. En ese momento, Barrelier fue detenido, pero recuperó la libertad 20 días después bajo fianza, con restricciones de contacto y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

La investigación cobró nuevo impulso después del caso Agostina, ya que ambas causas permitieron cruzar pruebas y reforzar la hipótesis de abuso sexual en el expediente anterior. La causa se encuentra en una etapa avanzada, aunque todavía restan algunas pericias y testimonios. En paralelo, continúan las imputaciones por encubrimiento contra otras personas del entorno de Barrelier en el expediente por el femicidio de la adolescente.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió el martes nueva información sobre la situación de Juan Manuel Reverter, señalado como principal sospechoso por la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, en 2023.

En ese comunicado, la agencia precisó que el argentino de 38 años quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). El mensaje oficial también incorporó datos sobre su situación en Estados Unidos, mientras el detenido espera su extradición a Quintana Roo.

Qué se sabe de la captura de Reverter y su situación migratoria en Estados Unidos

Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.

El comunicado no precisó si, al entrar a Estados Unidos, Reverter ya tenía una orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato” en referencia directa al caso.

La extradición a Quintana Roo

Tras la detención, la posibilidad de su traslado a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert, quedó atada a la evolución de los trámites migratorios y judiciales en Estados Unidos y México.

La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años.

Cómo murió Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Agostina Jalabert, modelo e influencer de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño de su vivienda en Playa del Carmen. Estaba ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo, según declaró su padre, Edgardo Jalabert, en una entrevista con Infobae. Las autoridades locales trataron el caso, en un primer momento, como un suicidio.

La joven había llegado a Playa del Carmen en septiembre de 2022 luego de poner fin a su relación con Reverter, con quien había comenzado a salir durante la pandemia de COVID-19. Según los familiares, el vínculo estuvo marcado por tensiones y peleas que llevaron a Agostina a intentar romperlo en más de una oportunidad. En diciembre de 2022, Reverter retomó el contacto con ella y la pareja volvió a estar junta.

La tarde previa al hallazgo del cuerpo, el 17 de febrero, la hermana de la víctima, Candela, salió del departamento alrededor de las cinco de la tarde. A la mañana siguiente, al regresar, encontró la puerta cerrada. El código de acceso habitual no funcionaba.

El guardia del edificio le informó que durante la noche había habido “disturbios” en el departamento. Tras insistir, consiguieron que Reverter abriera la puerta, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Agostina. Los presentes le practicaron maniobras de reanimación, pero la joven ya estaba muerta.

Las denuncias de la familia por irregularidades en la investigación mexicana

Desde el primer día, la familia de Jalabert denunció que las autoridades mexicanas no actuaron con los protocolos correspondientes. “La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena”, afirmó Edgardo Jalabert en declaraciones a Infobae.

El padre de la víctima también cuestionó el comportamiento de Reverter: “Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros?”.

Tras el fallecimiento, el paradero de Reverter se volvió incierto. La familia barajaba la posibilidad de que hubiera viajado a Canadá o a Nueva Zelanda. En agosto de 2024, según los datos de ICE, el hombre ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de visitante.

El peritaje independiente y los indicios que reforzaron la hipótesis de femicidio

Según el informe pericial de parte y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la desconfianza de la familia de la víctima en la investigación oficial los llevó a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio.

De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa.

Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación. El escrito sostiene que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un femicidio”.

La detención de Reverter en Estados Unidos es el primer avance concreto en la causa desde aquella denuncia.

En abril pasado, la Sala II hizo lugar al recurso de queja de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, y resolvió analizar si el intento de asesinato de la exvicepresidenta debe encuadrarse dentro de una modalidad de violencia de género.

En su presentación, Labozzetta había cuestionado el razonamiento del tribunal del juicio, que sostuvo que no se probó una “animosidad individual” del imputado hacia el género femenino. La fiscal indicó que esa mirada desconoce el carácter estructural de la violencia de género y la modalidad de violencia política receptada en la Ley 26.485, de protección integral de las mujeres.

Así las cosas, si Casación se inclina por aplicar la perspectiva de género al ataque contra una figura pública femenina como Cristina Kirchner, el paso siguiente será evaluar una nueva pena por ese delito. En esa hipótesis, la nueva sentencia podría ser dictada directamente por la Cámara o las actuaciones podrían volver al TOF 6 para que evalúe un nuevo veredicto.

Los Copitos

El apodo de “Los Copitos” fue el que los investigadores aplicaron al grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar que quedó involucrado en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De todos ellos, llegaron al juicio oral Fernando Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y quien fue identificado como su jefe en el emprendimiento, Gabriel Nicolás Carrizo.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio. Esta pena se unificó con una condena previa por material de explotación sexual infantil, lo que elevó a 14 años el tiempo que deberá permanecer privado de su libertad. Para Brenda Uliarte dispuso 8 años y 2 meses de prisión por ser partícipe necesaria del ataque. En tanto, Carrizo resultó absuelto.

A cuatro años de los hechos, Sabag Montiel está detenido desde el primer día en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que su expareja, Brenda Uliarte, se encuentra en la Unidad 7 de Mujeres, en la misma localidad.

En el tiempo que llevan cumpliendo sus condenas, dictadas por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, ninguno de los dos planteó recurso alguno para morigerar su cumplimiento.

Por su parte, Gabriel Nicolás Carrizo actualmente se dedica a vender ropa, mientras prepara con sus abogados una demanda contra el Estado. Decidió reclamar por los dos años y 11 meses que estuvo preso hasta que recuperó la libertad, luego de que la fiscalía y la querella retiraran sus acusaciones.

Los hechos

El ataque contra Cristina Kirchner se produjo el 1 de septiembre de 2022, en la puerta de su domicilio en Recoleta, antes de que se mudara a San José 1111, donde ahora cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a 20 centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta mientras ella saludaba a los militantes. El agresor fue reducido por un grupo de civiles que advirtió la maniobra.

Durante el juicio, Sabag declaró que “el hecho no se consumó, por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a cargar nuevamente, fue interceptado por la multitud”.

Por su parte, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que “el arma estaba apta para el disparo, le pertenecía y sabía cómo disparar con ella”.

En cuanto a los planteos de la exmandataria para que se averigüe quiénes podrían haber sido los supuestos autores intelectuales del atentado, sus abogados reclamaron que se avance sobre la denominada pista Milman, vinculada al diputado Gerardo Milman.

Esa línea de investigación fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que no existe evidencia que vincule al diputado nacional con el ataque.

Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal llevaron el planteo hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente rechazó por inadmisible el recurso extraordinario. Como última instancia, acudieron a la Corte Suprema mediante una queja, que ya fue presentada y se encuentra a la espera de una respuesta del máximo tribunal.

La pista Milman se basa en una denuncia del exdiputado por la provincia de Santa Fe Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado en el bar Casablanca, dos días antes del ataque contra Cristina Kirchner, cómo el diputado Gerardo Milman les decía a sus colaboradoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

La causa por el crimen de Juana Mailén Antonich sumó un nuevo paso judicial con el pedido de prisión preventiva para Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los dos acusados por el femicidio de la joven de 24 años hallada muerta en las inmediaciones del Balneario N.° 0, en la zona de SeaView y Punta Cantera en la ciudad de Mar del Plata.

La solicitud de la Fiscalía quedó respaldada en una reconstrucción que combina resultados forenses, registros de cámaras, rastros biológicos, peritajes telefónicos y testimonios incorporados durante la investigación.

La acusación sostiene que ambos imputados actuaron en conjunto y que sometieron a la víctima en un contexto de violencia de género. Según la hipótesis fiscal, la agresión ocurrió entre las 0 y las 15 del 1 de agosto de 2026, aunque la secuencia que derivó en el crimen había comenzado el día anterior, cuando la joven llegó al predio luego de ser trasladada por un hombre que le había ofrecido una supuesta entrevista laboral.

Díaz Bartolomé y Aquino están imputados por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio, bajo los incisos 6 y 11 del artículo 80 del Código Penal.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la acusación, a la que tuvo acceso el medio local La Capital, Johana Mailén Antonich fue reducida por los dos imputados, que habrían aprovechado la diferencia física respecto de la joven para inmovilizarla. La investigación indica que fue atada de manos y pies, despojada de su ropa y sometida a agresiones físicas y sexuales.

La autopsia incorporada a la causa determinó que la víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes múltiples en la cabeza, el rostro y la región cervical. El informe concluyó que murió por una hemorragia masiva causada por una lesión de arma blanca en el cuello.

Entre los hallazgos forenses también figura una luxación cervical C1-C2, lesiones defensivas en las manos y señales de un castigo corporal intenso. A eso se sumó la detección de monóxido de carbono en sangre, un dato que, para los investigadores, indica que la joven estuvo expuesta a combustión cuando todavía se encontraba con vida.

El cadáver de la joven fue encontrado detrás de un contenedor del Balneario N.° 0, enterrado, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. Durante la inspección en el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas con características compatibles con las utilizadas para inmovilizar a la víctima.

La investigación también ubicó manchas de sangre dentro de la cabaña utilizada por los acusados. Además, a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, elemento que quedó incorporado a las pericias ordenadas en la causa.

Uno de los puntos centrales del expediente es el examen de las lesiones que presentaban los propios acusados después del hecho. José Luis Aquino fue atendido en la mañana del 1 de agosto en la UPA 8 de Punta Mogotes con heridas cortantes en el rostro, el cuello y las piernas, además de una equimosis en un brazo e inyección conjuntival.

Para los investigadores, esas lesiones son compatibles con maniobras defensivas realizadas por la víctima durante el ataque. La acusación añade que Aquino habría intentado explicar esas heridas con una versión falsa al afirmar que había sido víctima de un robo.

En el caso de Díaz Bartolomé, los peritos detectaron excoriaciones lineales en la espalda compatibles con marcas de uñas humanas. Ese dato también fue incorporado como indicio de resistencia por parte de Antonich en el momento de la agresión.

Los estudios practicados sobre prendas secuestradas a ambos imputados arrojaron resultados que la Fiscalía considera de peso. Los peritajes detectaron manchas de sangre humana y antígeno prostático específico (PSA) en ropa de los acusados y en la frazada que envolvía el cuerpo de la joven.

La presencia de esos rastros fue sumada al análisis del interior de la cabaña ocupada por los acusados, donde también se encontraron manchas de sangre. Ese conjunto de elementos reforzó la hipótesis de que en ese ámbito se produjeron hechos vinculados con el crimen investigado.

La acusación aún debe precisar con mayor detalle la intervención individual de cada imputado, pero sostiene que la evidencia reunida hasta ahora permite ubicar a ambos dentro de una misma secuencia delictiva.

La pesquisa también avanzó con apoyo de imágenes de seguridad. Las cámaras del balneario registraron el ingreso de Mailén a las 17.10 del 31 de julio. Poco después, según el expediente, un hombre con campera verde apareció en la secuencia y la agredió físicamente.

A ese material se agregaron registros de cámaras privadas y municipales que captaron una Volkswagen Suran roja perteneciente a la persona que había llevado a la víctima hasta el lugar con el argumento de una supuesta entrevista laboral. Los videos también mostraron actividad ígnea y humo dentro del predio durante la mañana del 1 de agosto.

En paralelo, el análisis de comunicaciones estableció que a las 15.31 del 31 de julio se produjo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. Otro dato considerado clave fue el hallazgo de la tarjeta SIM del celular de Mailén Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino.

Los estudios sobre antenas telefónicas añadieron otro elemento. Según la investigación, el teléfono utilizado por Díaz Bartolomé permaneció enlazado con la antena correspondiente al Balneario N.° 0 durante la franja horaria que los investigadores consideran crítica para reconstruir el crimen.

Después del hecho, la Fiscalía sostiene que los imputados llevaron adelante maniobras para hacer desaparecer elementos comprometedores. Familiares y testigos declararon haber visto a ambos quemando objetos dentro de un tambor de aceite de 200 litros.

Al inspeccionar, los investigadores encontraron restos de telas con sangre y partes de una campera verde, una pieza que aparece mencionada en la reconstrucción basada en las cámaras. Para la acusación, esa conducta forma parte de un intento deliberado de borrar huellas del ataque.

El expediente agrega que, tras el crimen, los acusados dieron versiones falsas a familiares de la víctima para ocultar su presencia en el lugar. Luego, siempre según la investigación, escaparon por la playa y fueron encontrados escondidos entre arbustos en inmediaciones del Parador Waikiki, donde quedaron aprehendidos.

La causa también reunió elementos sobre la relación previa entre Aquino y la joven asesinada. El testimonio de una mujer y chats recuperados de un usuario identificado como “Cuni Alvarado” en Facebook Messenger permitieron reconstruir, según la acusación, un comportamiento insistente del imputado hacia la víctima desde marzo de 2026.

La búsqueda de justicia para la familia de Carolina Mora González culminó con una sentencia de 50 años de prisión contra su expareja, Álvaro Padilla Palma.

La historia que antecede a este veredicto refleja un desgarrador acto de violencia machista y frialdad. Carolina fue vista por última vez con vida el 30 de diciembre de 2024, cuando salió de su casa con la ilusión de comprar un consolas de videojuegos Nintendo para su hijo de tan solo cuatro años.

Para realizar la adquisición, acudió acompañada de Padilla Palma, padre de la criatura, quien aparentemente la asesoraría para elegir el mejor equipo. Sin embargo, Carolina nunca regresó a su hogar.

La falta de contacto inmediato encendió la alarma de su madre, doña Flora González, y de sus seres queridos. La dolorosa sospecha se convirtió en tragedia esa misma noche, cuando el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el Parque Ecológico La Fuente, situado en el cantón de Belén de Heredia.

Durante el debate oral y público, los jueces del Tribunal Penal de Heredia destacaron la desalmada conducta desplegada por Álvaro Padilla Palma tras haber le quitado la vida a la madre de su hijo. Actuando sin remordimiento alguno, el sujeto intentó encubrir el crimen y desviar la atención tanto de las autoridades como de los familiares.

Pocas horas después del asesinato, el imputado se apoderó del celular de Carolina, de su bolso, de la cédula de identidad, de 200,000 colones (aproximadamente a $440 – $445 dólares).

Con el dispositivo de la víctima, Padilla envió mensajes de texto breves a la familia como “ya casi llego”, simulando que ella continuaba con vida mientras su cuerpo yacía oculto en el parque. Además, se demostró que entre la 1:38 a. m. y la 1:50 a. m. del 31 de diciembre de 2024, realizó nueve compras de videojuegos por internet con la tarjeta de crédito de Carolina, utilizando directamente su propio teléfono celular para ejecutar las transacciones.

Los 14 indicios que sustentaron la condena de 50 años

El Tribunal Penal de Heredia basó su condena en la reconstrucción analítica de 14 indicios que, valorados en su conjunto, ratificaron de forma irrefutable la culpabilidad de Padilla Palma.

Entre las evidencias periciales recabadas en la escena del crimen, los jueces destacaron el hallazgo de una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro impregnada de sangre humana y una regla de madera de 2.5 centímetros de grosor. Ambos elementos resultaron plenamente compatibles con las armas empleadas para propinarle múltiples golpes a la mujer hasta matarla.

Por otra parte, el juez Pablo Cedeño enfatizó durante la lectura del fallo la alevosía con la que actuó el agresor. Explicó que el cuerpo de la víctima no se encontraba sobre los senderos habilitados por la municipalidad para el tránsito o recreación pública. Padilla trasladó a Carolina hacia una zona apartada, introduciéndola de manera agresiva a través de la vegetación y arrastrándola entre dos y tres metros dentro de la maleza para ocultarla de la vista de terceros antes de darse a la fuga.

Justicia y dolor para la familia de Carolina

Sujetados de la mano y embargados por el llanto, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron del Tribunal Penal de Heredia tras escuchar la pena máxima de 50 años impuesta al femicida. Para la familia, el fallo representa la confirmación de la verdad y un cierre necesario dentro de un proceso devastador que los hizo revivir todo el sufrimiento.

El impacto de este femicidio ha recaído con especial gravedad sobre el hijo de Carolina, quien al momento del crimen tenía solo cuatro años. Tras la pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre, la custodia legal del menor fue asumida por su tío materno, Nelson Mora, con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Actualmente, el pequeño recibe acompañamiento psicoterapéutico constante para afrontar el proceso de duelo. Aunque la familia le ha explicado de forma delicada que su madre falleció, el niño aún no es consciente de las circunstancias violentas del hecho por su corta edad. Su tío y su abuela se mantienen enfocados en brindarle un entorno seguro y estable para proteger su desarrollo integral en medio del dolor.

Una mujer de 31 años murió en la madrugada de este jueves tras caer desde el quinto piso del hotel Aguas del Corral Hotel y Spa, ubicado en calle Amigorena, en el centro de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 y se activó el protocolo de femicidio. Su pareja quedó demorada a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la víctima era oriunda de Buenos Aires y se encontraba hospedada en el establecimiento junto a su novio, de 32 años, también bonaerense. Ambos habían llegado como turistas y llevaban tres días en el hotel al momento del hecho.

Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 que reportó la caída. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba sin vida en la planta baja. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó el fallecimiento en el lugar.

La pareja declaró ante las autoridades que ambos descansaban en la habitación cuando escuchó ruidos y la vio sentada en el borde de la ventana. Según su relato, intentó sujetarla, pero ella se arrojó al vacío antes de que pudiera impedirlo. La investigación busca determinar si hubo algún tipo de discusión entre la pareja en las horas previas a la tragedia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes trabajaron en la habitación para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima. El tránsito en la zona quedó restringido durante algunas horas para no entorpecer las tareas periciales. La Policía también busca testigos que puedan haber presenciado u oído algo al momento de la caída.

“En principio estaríamos frente a un suicidio, pero no podemos descartar nada”, indicó una fuente judicial a este medio.

Desde la fuerza aclararon que, en casos que involucran a una pareja, se activa de forma automática el protocolo de femicidio hasta que el fiscal determine la situación procesal. Por eso, el hombre permanece demorado —no formalmente detenido— a la espera de que se completen todas las pericias y el fiscal dicte una resolución.

La investigación por el femicidio de Carina Andrea Candelas (56), quien fue asesinada de siete puñaladas el pasado 19 de agosto mientras trabajaba en una farmacia del centro de Rosario, tuvo un importante avance este miércoles. Martín Laureano Banchero (55), su ex esposo, fue imputado como presunto autor material, quedó en prisión preventiva efectiva y afronta una pena en expectativa de perpetua.

Internado desde un hospital de la ciudad de Santa Fe, Banchero siguió por videoconferencia la acusación que formuló la fiscal Laura Riccardo y la querella, representada por los abogados Ignacio Carbone y María Eugenia Carbone. Al comienzo de la audiencia se descartó que tuviera problemas de salud mental como consecuencia del consumo problemático de alcohol y cocaína, tal como lo había adelantado la defensa. Así al menos lo determinaron dos evaluaciones médicas llevadas adelante en el legajo.

Ante la jueza María Melania Carrara, la fiscal relató que el 19 de agosto pasado a las 9.39 el hombre estacionó en doble fila frente al local Marketing Farm, situado en Dorrego y Zeballos, ingresó, preguntó por Carina y directamente se dirigió al depósito en el que ella se encontraba ella desayunando. En primer término la tomó del cabello, la tiró de la silla al suelo y luego asestó los siete puntazos mortales. A las 9.41 quedó captado por las cámaras saliendo del comercio, por lo que dentro del negocio estuvo dos minutos de reloj.

Según precisó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, una compañera de trabajo de Carina se abalanzó sobre la víctima en medio del ataque y aún así, Banchero siguió apuñalando a su expareja, cuyo cuerpo tenía lesiones en el trórax y en el abdomen.

El atacante dejó el arma blanca en la escena, que fue incautada por los peritos forenses que arribaron luego. Una vez que se subió nuevamente a su auto estacionado frente a la farmacia se fue hasta su domicilio, en Colón al 2000, donde fue localizado por la brigada motorizada de la Policía local.

“Este crimen no fue un hecho aislado, sino el final trágico de un largo camino de violencia que Banchero ejerció sobre Carina durante sus más de diez años de relación y que continuó aún luego de la separación, a finales de 2025”, amplió la fiscal.

Riccardo sostuvo que el imputado sometió a la víctima “a un maltrato constante”. “La golpeaba, la humillaba diciéndole que no servía para nada sin él y la alejó por completo de sus amigos. Su obsesión y celos eran extremos: la obligó a dejar su grupo de running, le controlaba el teléfono despertándola de noche a los sacudones. Esta situación de miedo y estrés crónico afectó tanto la salud de Carina, que comenzó a perder el pelo y a sufrir brotes en la piel. Martín también ejerció violencia económica al echarla del departamento de un día para el otro, cambiando la cerradura y quitándole la obra social”, remarcó.

Después de la separación, Candelas bloqueó de su teléfono a Banchero, pero el hostigamiento no cesó. “La hostigaba por otros medios. Se presentaba en su casa, la esperaba borracho en la calle e iba a su lugar de trabajo. Matar a Carina fue el definitivo acto de posesión de Marín, quien la consideraba de su propiedad y no aceptó que ella fuera libre e independiente”, concluyó.

La fiscal atribuyó el delito de homicidio triplemente calificado al hombre por haber sido cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja, por haberlo cometido con alevosía y por mediar violencia de género.

Desde la defensa, el abogado Mariano Ríos Artacho no discutió la materialidad del hecho. Sí hizo mención a la salud mental de su cliente, por lo que solicitó que él siga internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, ya que poseería “trastornos de personalidad”. Desde la querella, Ignacio Carbone replicó que el hombre comprende la criminalidad de sus actos en función de las revisiones de profesionales que se hicieron en dos ocasiones diferentes desde que perpetró el femicidio.

El último sábado, Cecilia Emilce Lazcano, la menor que el pasado 16 de julio fue brutalmente asesinada en Alvear, provincia de Corrientes, hubiera cumplido 17 años. Sin embargo, sus familiares y amigos se debieron conformar con tenerla presente a partir de los recuerdos que dejó en sus escasos 16 años de vida.

En este angustiante contexto, Infobae tuvo acceso a los estremecedores chats que J., el principal acusado de asesinar a Cecilia, intercambió con su novia antes y después de asesinar a la adolescente. Estas charlas, recuperadas del teléfono celular del presunto homicida, permitieron corroborar al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, que existió una planificación previa al crimen, aunque todavía resta descifrar el móvil.

Los primeros extractos a los que accedió este medio datan del pasado 14 de julio a la tarde, casi 48 horas antes de que J. degollara a Cecilia. “Mañana es el día que me dijiste que harías eso, ¿no?“, le preguntó su novia al presunto homicida, en busca de cerciorarse de que el plan marchaba tal cual lo habían diagramado.

Y sin titubear, J. le respondió: “Si mi amor hermoso, ya está todo preparado y listo”.

A pesar de la seguridad que exhibía el acusado, su pareja le hizo saber que no estaba del todo segura de que concretara el asesinato de Cecilia. Pero él se encargó de evacuar sus dudas.

“Bebé hermoso, no tienes por qué tenerme miedo corazón, yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti bebé de papi”, le aseguró J. a su pareja a las 15:42 de ese domingo. Y en esa misma línea, le recordó que no era la primera vez que mataba. “Usted ya sabía que yo mataba bebé mío, si se cuenta desde la primera vez maté unas 12 veces con esta 13″, subrayó.

Luego, la conversación giró en torno a cómo se desarrollaría el plan. Según se desprende de los mensajes, la idea que tenían J. y su pareja en la cabeza era contar con la ayuda de una tercera persona —que todavía no fue identificada— para dilatar el hallazgo del cuerpo de Cecilia.

“Con lo de mandarle la foto y el video es que solo lo vea para que le digas que no diga nada sobre eso”, le recordó J. a su novia. Y con otros tres mensajes, reforzó: “O sea que no me diga nada a mí por matarla. Viste con el tema de lo que are (sic) mañana. Entonces le tendré que cortar el cuello y esconderlo rápido”.

Si bien hasta el momento no se pudo confirmar la identidad de este presunto tercer involucrado en el hecho, Juan Saucedo, abogado querellante en la causa, habló con este medio y se refirió a las sospechas que mantiene al día de hoy. “Se creyó que era el hermano del detenido, pero no era. Ahora tenemos que puede ser un familiar de la madre de la novia del detenido. De algún modo esperaban que se queden —los investigadores— con la tesis del suicidio”, explicó el letrado.

Hasta ese momento, según se desprende de los chats incorporados al expediente, J. solo planeaba contar con un cuchillo para atacar y asesinar a Cecilia. Sin embargo, con el correr de las horas empezó a considerar la posibilidad de sumar un arma de fuego por precaución. Asimismo, se percató de que debería llevar una muda de ropa para cambiarse después de cometer el crimen.

Después de un ida y vuelta en torno a cómo manejar la información con el presunto encubridor, las dudas en J. y su pareja empezaron a girar alrededor de cuál sería la mejor forma para ocultar el cuerpo de Cecilia.

“Si el cuerpo está sobre tierra, pero al mismo tiempo escondido por una cantidad masiva de maleza, la gente del alrededor pensará que es un animal muerto o algo debido a. Que siempre es así”, estimó el sospechoso en uno de sus mensajes. Y en esa línea, completó: “Teniendo en cuenta que el cuerpo muerto llega a los 30 metros su hedor. Crees que alguien sospechará? Porque pala no tengo...”.

Ante el interrogante sobre cómo ocultar el cadáver de la víctima, a J. se le ocurrió una alternativa. La macabra idea consistía en cavar un pozo de unos dos metros, colocar el cuerpo, taparlo con tierra y, por último, cubrir todo con el cuerpo de un animal muerto.

“Para completar su escondo el cuerpo con tierra y nada más el mismo movimiento de esta saca el cuerpo. Ya me paso una ves. Nose como le are pero buscaré una pala de el orto de nose quien. Ase dias meses no mataba” (sic), reconoció J. durante la charla con su cómplice.

J. se mostraba temeroso ante la posibilidad de que hallaran el cuerpo de Cecilia con mayor rapidez de la que ambos necesitaban para que su plan marchara sobre rieles. No obstante, siempre le dejó bien en claro la prioridad a su pareja: “Quiero cumplir todo lo que me pidas y mucho más, amorcito mío”.

El lunes 15 de julio, un día antes del crimen, J. buscó ganar tiempo. Se levantó temprano y aprovechó para adelantar la realización del pozo donde pretendía enterrar a Cecilia. Hasta ese momento, no exhibía ni una pizca de remordimiento ni temor por el crimen que estaba por cometer.

Distinto era el caso de su novia, que a medida que se acercaba la hora pautada para asesinar a la víctima, sus mensajes comenzaron a dar cuenta de que, por lo menos, empezaba a dudar de su accionar. “Todavía sigo pensando que no harás eso”, le dijo en un mensaje a J., que lejos de frenar todo, le respondió que estaba preparando un cuchillo.

“Alfinsi (Al final) no usaré el militar y usaré uno normal” (sic), detalló.

Ya era de noche, y a unas pocas horas antes del hecho, J. se percató de que le faltaban guantes de látex, un elemento clave para no dejar huellas en la escena del crimen. Preocupado, le contó la situación a su cómplice, que para su sorpresa se mostró filosa y cortante: “Tuvo todo el día”.

Aunque más tarde de lo planeado, J. atacó a Cecilia durante la madrugada del martes 16 de julio. Según se desprende de los chats publicados en esta nota, lo hizo entre las 3:16, cuando le envió a su novia “igualmente es débil”, en referencia a Cecilia, y las 4:28, momento en el cual reapareció en escena. “Te lo dije, chiquillo”, escribió.

En horas de la mañana, J. le confirmó a su compañera que había atacado a Cecilia en el lugar convenido: la antigua estación de tren de Alvear. Pero el plan no había salido como esperaban. “Se me fue todo de las manos. Nose como pero ella está viva. Por favor, necesito su ayuda mi amor” (sic), escribió.

Con evidente desesperación, el adolescente le solicitó a su pareja que activara la segunda parte de la planificación. “La hija de re mil está viva. Con un bruto corte en la garganta. Necesito su ayuda. Necesito que se deshagan de ella. Necesito por favor que le digas”, suplicó.

Ella, sin embargo, se mostró distante y hasta llegó a criticar su desempeño. “J., por eso mismo, aunque suene mal lo que diré. Pero por eso se cortan todas las partes. Qué problema más grande. En todos los sentidos”, consideró.

“Pero es mejor decirle a él que mueve un dedo y arregla todo que otra cosa peor”, le recordó el principal sospechoso.

En ese contexto, personal de la Policía de Tucumán se presentó en el domicilio de J. El adolescente respondió las consultas de los efectivos y le contó a su pareja que hizo todo para que la investigación apuntara a un supuesto suicidio.

Consultado por la razón por la cual no pudo descuartizar a Cecilia, el sospechoso explicó que el desarrollo de los hechos transcurrió más lento de lo pensado. Asimismo, su respuesta permitió a los investigadores determinar que llevó engañada a Cecilia hasta el lugar del ataque.

“A la hora que me escribió ya era tarde cuando llegamos allá mss” (sic), justificó. Y acto seguido, añadió: “Intenté lo mejorw de pude debería de aver quedado muerta ahí y que parezca un suicidio los vidrios Cortez en la muñeca el. Uello y ese me zajd” (sic).

La coartada que habían craneado J. y su pareja era la del suicidio. No obstante, la situación se le fue de las manos al atacante y Cecilia permaneció con vida hasta que murió camino al hospital.

El final de la conversación entre J. y su pareja es aterrador. Mientras la adolescente intentaba calmarlo, el acusado le aseguró que Cecilia no iba a poder hablar por “unos días” a raíz del corte en el cuello que le había propinado.

“Depende de dónde cortaste”, le advirtió la chica. Y J., lejos de mostrar arrepentimiento, precisó: “Viste la manzana de Adam. Sbajo. Profundo pero aún seguía viva”.

En diálogo con este medio, fuentes del caso indicaron que el fiscal Cabral avanza en la causa con la preparación de una serie de medidas para esta semana, entre ellas la citación de la cómplice de J. para formalizar su imputación. La menor, según confirmaron a este medio, ya fue sometida a estudios psiquiátricos y psicológicos, y siempre estuvo a derecho.

El hecho

Aún con vida, Cecilia fue encontrada el último 16 de julio en la antigua estación de tren de Alvear con heridas graves en el cuello y las muñecas. Inmediatamente, la trasladaron en ambulancia hacia la capital provincial, pero murió en el camino debido a las lesiones. Desde ese primer momento, las características de las heridas generaron dudas entre los investigadores. El fiscal describió que la “ferocidad de la lesión” no resultó compatible con la hipótesis inicial del suicidio, lo que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal.

El avance de la causa estuvo determinado por el trabajo articulado entre el área de Delitos Complejos y la Comisaría local de la Policía de Corrientes. La clave del giro investigativo radicó en el peritaje de los dispositivos móviles secuestrados y las cámaras de seguridad.

A ese elemento se sumó el rastreo del teléfono de la víctima, que permaneció encendido de manera sospechosa durante varios días tras su muerte. Los registros fílmicos de la zona aportaron otro indicio que muestra a Lazcano dirigiéndose hacia el lugar del hecho junto a un joven que llevaba una pala en la mano. Se trataba del ya mencionado J.

Según detalló el fiscal, las cámaras también registraron al sospechoso regresando solo al lugar y con ropa diferente a la que vestía momentos antes.

Los peritajes incluyeron el análisis de mensajes recuperados del celular del joven, lo que dejó al descubierto una planificación previa al crimen, además de conversaciones registradas con posterioridad al hecho. “Se pudo determinar algo atroz porque se pudo ver la planificación del homicidio”, afirmó Cabral.

También se ejecutaron allanamientos en donde secuestraron zapatillas con manchas de sangre y se halló una huella de calzado específica en la escena del crimen.

Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida en un predio de la provincia de Corrientes y lo que en un primer momento fue tratado como un posible suicidio dio un giro rotundo cuando comenzaron a aparecer nuevas pruebas. El caso se investiga ahora como homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y violencia de género, y hay otro menor detenido.

Las heridas con las que encontraron el cuerpo de Cecilia Emilce Lazcano no eran compatibles con la primera calificación. “Tenía rota la garganta, cortada”, dijo el fiscal Facundo Cabral, y con esa declaración a Radio Dos confirmó la segunda sospecha: se trataría de un homicidio.

El cuerpo fue encontrado el 16 de julio en la antigua estación de tren de Alvear con heridas graves en el cuello y las muñecas. Inmediatamente, la trasladaron en ambulancia hacia la Capital provincial, pero murió en el camino debido a las lesiones. Desde ese primer momento, las características de las heridas generaron dudas entre los investigadores. El fiscal describió que la “ferocidad de la lesión” no resultó compatible con la hipótesis inicial del suicidio lo que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal.

El avance de la causa estuvo determinado por el trabajo articulado entre el área de Delitos Complejos y la Comisaría local de la Policía de Corrientes. La clave del giro investigativo radicó en el peritaje de los dispositivos móviles secuestrados y las cámaras de seguridad.

A ese elemento se sumó el rastreo del teléfono de la víctima, que permaneció encendido de manera sospechosa durante varios días tras su muerte. Los registros fílmicos de la zona aportaron otro indicio que muestra a Lazcano dirigiéndose hacia el lugar del hecho junto a un joven que llevaba una pala en la mano. Según detalló el fiscal, las cámaras también registraron al sospechoso regresando solo al lugar y con ropa diferente a la que vestía momentos antes.

Los peritajes incluyeron el análisis de mensajes recuperados del celular del joven lo que dejó al descubierto una planificación previa al crimen, además de conversaciones registradas con posterioridad al hecho. “Se pudo determinar algo atroz porque se pudo ver la planificación del homicidio”, afirmó Cabral. Esta mirada significa que podría haber existido una planificación previa tanto de los recursos como del momento elegido para acabar con la vida. Esta intención específica y la premeditación hacen que, en la mayoría de las leyes, el delito reciba una calificación mucho más grave.

También se ejecutaron allanamientos en donde secuestraron zapatillas con manchas de sangre y se halló una huella de calzado específica en la escena del crimen. “Estamos avanzando paso a paso. Teníamos la sospecha firme de que se trataba de un homicidio y los mensajes analizados terminaron por confirmar la planificación del hecho”, precisó el fiscal. Con ese cúmulo de evidencias, las autoridades procedieron a la detención del adolescente.

Cabral también mencionó que se evalúa la eventual participación de una segunda persona que, según sus palabras, “cuanto menos sabía” de lo ocurrido, aunque evitó aportar precisiones sobre su identidad.

El representante del Ministerio Público Fiscal descartó además la teoría de un asesinato por encargo y admitió que el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido del todo. La causa, aclaró, continúa plenamente en etapa investigativa con vistas a consolidar la imputación formal contra el menor detenido.

Asfixiaron y mataron a una adolescente en Corrientes

A principios del mes junio, la Policía de Misiones detuvo a un hombre de 46 años identificado con las iniciales M. A. Y. como presunto autor del femicidio de Dulce María Candia, una adolescente de 17 años hallada sin vida el 28 de mayo en una obra abandonada del barrio El Tucán, en Eldorado.

La causa fue impulsada por la jueza María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado. El operativo de detención se realizó en el barrio 20 de junio, kilómetro 3 de la ciudad, bajo la conducción del Comisario General Raúl Maslowski, director general de Seguridad, con apoyo de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

El cuerpo de la joven estaba en avanzado estado de descomposición tras casi dos semanas de búsqueda. La autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por un familiar directo. Candia había desaparecido el 17 de mayo del barrio Avanti, a pocas cuadras del sitio donde fue hallada. La denuncia formal la presentó su madre el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado.

Jan Lu Korzeniecki, el ciudadano polaco imputado por el femicidio de Luciana Ojeda en la ciudad de Córdoba, fue hallado muerto en un hotel de Paraguay, según informó este lunes el Ministerio Público Fiscal cordobés.

El hombre de 45 años, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional, fue encontrado sin vida el pasado 18 de agosto en un alojamiento de la ciudad de Filadelfia, ubicada en el departamento de Boquerón.

La novedad fue comunicada a la Justicia argentina por Interpol, que también remitió el correspondiente certificado de defunción que permitió acreditar “fehacientemente” la identidad del fallecido.

Las circunstancias del fallecimiento son investigadas por las autoridades de Paraguay.

Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron a Infobae que, independientemente de lo que determine ese estudio, la muerte del único imputado obligará al fiscal Gonzalo Berrotarán Romano a solicitar su sobreseimiento por extinción de la acción penal.

Prófugo durante 34 días

El ciudadano polaco era buscado desde el crimen de Luciana, una mujer de 36 años que fue hallada sin vida el 15 de julio pasado en el departamento en el que ambos convivían, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 700, en el barrio Nueva Córdoba.

Aquella mañana, efectivos de la Policía provincial se dirigieron al domicilio tras un llamado al 911. Al ingresar, encontraron a Ojeda inconsciente y solicitaron la presencia del servicio de emergencias 107. Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente constataron su muerte.

En un primer momento, el expediente comenzó a tramitarse como una muerte de etiología dudosa. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia y otras pruebas reunidas durante la investigación permitieron establecer que la mujer presentaba signos de violencia.

A partir de esos elementos, el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno que lidera la investigación, recalificó el caso como homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género, imputó a Korzeniecki y ordenó su captura nacional e internacional. Para entonces, el hombre ya había abandonado el departamento y se desconocía su paradero.

El caso

Korzeniecki y Ojeda mantenían una relación desde hacía aproximadamente diez meses. El hombre había llegado a Córdoba el 6 de julio, nueve días antes del crimen. Era la tercera vez que viajaba desde Europa para encontrarse con ella y, desde principios de ese mes, ambos convivían en el departamento donde luego fue hallado el cuerpo.

Los familiares de Luciana lo describieron como una persona “violenta”, “controladora” y con problemas de alcohol. Además, revelaron que días antes del crimen había protagonizado un grave episodio durante el cual rompió con un martillo distintas pertenencias de la mujer, entre ellas su teléfono celular.

Una compañera de trabajo de Ojeda también declaró ante la Justicia y contó que la víctima le había dicho que el ciudadano polaco la golpeaba y que era violento. De acuerdo con el relato de la familia, Luciana había decidido poner fin a la relación después de aquel episodio.

La mujer contaba con un botón antipánico debido a una denuncia por violencia de género contra una ex pareja, que se encontraba detenida en la cárcel de Cruz del Eje y quedó fuera de sospecha. Aunque inicialmente trascendió que Ojeda había accionado el dispositivo antes de morir, posteriormente se estableció que fueron los policías quienes lo activaron durante el procedimiento para comprobar su funcionamiento.

Jan Korzeniecki tiene 45 años y es de nacionalidad polaca. Sobre él pesa orden de captura internacional por el femicidio de Luciana Ojeda, la mujer de 36 años con quien estaba en pareja desde hace diez meses y que fue hallada muerta en su departamento de Nueva Córdoba hace una semana.

Familiares de la víctima lo describieron como un hombre “violento”, “controlador” y con problemas de alcohol.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, Korzeniecki, acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género, convivía con Ojeda desde principios de julio.

De acuerdo con lo informado por el medio local ElDoce, el sospechoso había llegado a Córdoba el lunes 6 de julio. La familia de Luciana indicó que era la tercera vez que Korzeniecki viajaba a la ciudad para visitarla. Además, detallaron que ambos se conocieron a través de redes sociales y que la primera vez el acusado viajó al país de sorpresa para conocerla en persona.

En esta última visita, ambos se instalaron en un departamento ubicado en la calle Ituzaingó al 700, donde planeaban quedarse un mes. Según relataron sus familiares, luego tenían previsto mudarse a una vivienda de la zona de Argüello.

Tanto el hermano como la hermana de Luciana coincidieron en que Korzeniecki era un hombre violento. Por un lado, Luciano sostuvo que el acusado ya había protagonizado otros episodios de violencia familiar. Según relató, en una ocasión, mientras se encontraba en estado de ebriedad, agredió de un golpe de puño en el pecho a un familiar.

En diálogo con La Voz, mencionó que días antes del crimen el sospechoso irrumpió en una vivienda y rompió con un martillo pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular. También afirmó que una compañera de trabajo declaró ante la Justicia que la mujer le contó que había sido golpeada por Korzeniecki y que presentaba lesiones en los brazos.

Por su parte, Claudia, hermana de la víctima, describió al prófugo como una persona “que quería dominar y controlar todas las situaciones de la vida” de Ojeda. Además, reveló que tras el episodio de violencia registrado días antes del femicidio, su hermana le dijo: “Terminamos, me bloqueó. No va más esta relación, yo quiero estar tranquila”.

“La veía muy afligida, muy perturbada con esta relación que era muy de idas y vueltas”, expresó Claudia. Y agregó: “Yo no estaba de acuerdo, pero le dije que iba a acompañarla en todo y que no la iba a desamparar en ningún momento”.

En uno de los perfiles atribuidos a Korzeniecki en redes sociales se lo observa posando con una escopeta, aparentemente utilizada para actividades de caza.

El femicidio de Luciana Ojeda

La mujer de 36 años fue hallada sin vida el pasado miércoles 15 de julio en el departamento donde convivía con Korzeniecki, en el barrio Nueva Córdoba. Según pudo saber Infobae, el acusado y el encargado del edificio alertaron a la Policía y al servicio de emergencias sobre lo ocurrido. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, el caso comenzó a investigarse como una “muerte de etiología dudosa”. Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia, junto con otras medidas de prueba incorporadas a la causa, llevaron a la Justicia a recalificar la causa como un femicidio y a ordenar la captura nacional e internacional de Korzeniecki.

Ojeda contaba con un botón antipánico por una denuncia de violencia de género contra una ex pareja. Aunque inicialmente trascendió que la Policía había acudido al departamento porque el dispositivo se activó, luego se estableció que fueron los propios efectivos quienes lo accionaron durante el procedimiento para verificar su funcionamiento.

La investigación la lleva adelante el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno.

La trama detrás del femicidio de Villa Devoto comienza a conocerse tras el shock inicial, con la aparición de “Pitty La Numeróloga”.

Este jueves, los forenses de la Morgue Judicial practicarán la autopsia al cadáver de Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima fatal del hecho cometido en la casa de la calle Morán al 5200. El análisis inicial de Policía Científica reveló, al menos, “cuarenta cortes y puñaladas”, asegura una alta fuente en el expediente. La autopsia determinará cuál de todas estas heridas fue la que causó su muerte.

Mientras tanto, Walter Humberto Verón, registrado como carnicero en el sistema impositivo, permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield con severos cortes que se provocó él mismo, luego de intentar quitarse la vida tras supuestamente cometer el crimen, con tajos profundos en zonas como su estómago. El cuchillo que habría usado para matar a su pareja, efectivamente, fue uno de carnicero, con el típico mango blanco.

El juez Darío Bonanno, a cargo de la causa, tiene en sus manos la carta que el acusado dejó en la escena, donde estaban presentes los dos hijos de Verón, un joven de 22 años y una niña de 8.

En esa carta, Verón aseguró:

“Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé x todos”.

El juez Bonanno tiene por cierto que “Pity” es Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, célebre por sus columnas de predicciones, convertida hoy en empresaria con una marca de velas y un millón de seguidores en Instagram. Asad reconoció en una entrevista concedida en las últimas horas a A24 conocer a la víctima.

En paralelo, el juzgado del caso logró certificar que Asad había sido acusada de estafa, por supuestamente captar a personas vulnerables, con una causa radicada en el Juzgado N°31, un expediente en el que fue sobreseída, según determinaron los investigadores del femicidio de Calvo. La existencia de esta causa, sin embargo, encendió las alarmas del juez del caso, que investigará a Asad, según confirmaron altas fuentes en torno al expediente.

Mientras tanto, la Justicia se apresta a peritar celulares incautados y a continuar el trabajo en la escena del hecho. Las declaraciones de los hijos de la pareja serán una de tantas claves. La niña, por su parte, podrá enfrentar una cámara Gesell.

Una joven de 20 años, identificada como Cintia Díaz Orellana, murió este domingo luego de permanecer internada en grave estado por las lesiones que sufrió durante un ataque ocurrido en la ciudad salteña de Metán. Por el hecho se encuentra detenido su pareja Gastón Ramírez, de 26 años, quien será imputado este lunes como presunto autor del femicidio.

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La investigación está a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias del ataque.

Entre ellas, se ordenó la intervención de personal de Criminalística, el secuestro de las prendas de vestir de ambos involucrados, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

Tras conocerse la muerte de Díaz Orellana, el fiscal ordenó además que el cuerpo sea sometido a una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, con el objetivo de determinar de manera precisa la causa del fallecimiento. También dispuso que se brinde asistencia y contención a los familiares de la víctima.

Ramírez permanece detenido y este lunes será sometido a la audiencia de imputación luego de realizarse el correspondiente control de legalidad. Hasta el momento, la Fiscalía no comunicó cuál será la calificación legal que le atribuirá.

En las últimas horas, familiares, allegados y vecinos comenzaron a despedir a Cintia a través de las redes sociales y reclamaron justicia por su muerte.

“Que tu nombre no sea uno más, Cintia”, publicó la cuenta “Siete Arcángeles” en Facebook. “Cintia no murió porque sí. A Cintia le arrebataron la vida. Que mañana su nombre no desaparezca detrás de otra noticia. Que el tiempo no apague la indignación. Que su hijo, algún día, pueda saber que muchas personas levantaron la voz por su mamá”, continúa el mensaje.

“Por ella. Por su pequeño. Por su familia. Y por todas las que todavía pueden ser salvadas. Que haya justicia. Que no haya impunidad. Descansá en paz, Cintia”, concluye la publicación.

Mabel Olga Albornoz tenía 62 años y una vida que, para quienes la conocían, podía reconstruirse casi como si fuera un reloj. Vivía en una casa grande ubicada en la calle Albarellos al 1000, en el partido bonaerense de Tigre. Siempre se levantaba alrededor de las 5:30 de la mañana: visitaba a su madre y a su tío, ambos con movilidad reducida, luego volvía, barría la vereda de su casa, ordenaba y entre las 7:30 y las 8 salía a trabajar. Era responsable, metódica y extremadamente rutinaria, según sus allegados.

La mujer estaba en pareja desde hace casi 40 años con Luis Orlando Chao, padre de sus dos hijos y abuelo de su único nieto. Sin embargo, aunque vivían juntos, desde un hace tiempo ya no tenían una relación de pareja convencional: estaban separados y ella esperaba que él se fuera de la vivienda. Mientras, la convivencia seguía, pero entre gritos y discusiones.

El 8 de mayo de 2024 todo cambió. Era miércoles. Mabel tenía franco, pero ese día había acordado ir a trabajar a la casa de una mujer. Su mañana se repitió como siempre, pero además, a las 6.52, le escribió por WhatsApp a su amiga Lilian para pedirle que más tarde la acompañara al banco. Lilian recién la leyó a las 7.55 y le respondió. Pero para esa hora a Mabel ya no le llegaban los mensajes.

Al día siguiente, su esposo Luis Orlando Chao denunció su desaparición. Dijo que desde la mañana anterior no sabía donde estaba su esposa y recordó que la última vez que la vio fue cuando ella salió a trabajar, cerca de las 8.05. En su descripción, aseguró que Mabel se llevó el teléfono.

Pero ninguna de estas afirmaciones fueron comprobadas por la Justicia: la cámara de seguridad de su cuadra no la registró saliendo de su casa a la hora indicada y las antenas de telefonía ubicaron el celular de la mujer dentro de la vivienda hasta las 10 de la mañana del 8 de mayo de 2024. Luego dejó de tener actividad para siempre.

Varias semanas después de la desaparición, Chao (71) pasó a ser el principal sospechoso del caso, fue acusado de femicidio y quedó detenido. Todavía sigue preso: el mes que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro, a cargo del juicio en su contra, definirá si es culpable o no del crimen. Él nunca confesó y el cuerpo de Mabel tampoco apareció.

Cómo llegó la Justicia a acusar al marido de Mabel

A partir de los registros de las cámaras de seguridad, el fiscal Gonzalo Acosta que encabezó la investigación, constató que la versión que había dado Chao a la policía sobre el día en que su pareja desapareció, era falsa.

La última imagen registrada de la mujer es a las 7.35 del 8 de mayo. Se la vio frente a su casa, barriendo la vereda. Un minuto después, apareció en escena el auto Fiat Duna azul de Luis Chao, que entró a la propiedad a las 7.38. Según la reconstrucción, el hombre acababa de dejar a su nieto en la escuela.

A partir de ahí, la investigación empezó a avanzar sobre minutos, porque la siguiente imagen de Mabel nunca apareció.

La última conexión del celular de la mujer se registró a las 8.28 y correspondía a la antena que cubría precisamente el domicilio de ellos. Después, el teléfono dejó de registrar actividad. De hecho, a las 10 de la mañana hubo un intento de comunicación que no llegó a entregarse.

Para los investigadores, ella nunca se fue de la casa y su teléfono habría sido apagado en algún momento entre las 8.28 y las 10. ¿Por quién? Por Chao, la otra persona que estaba en el domicilio con ella, según consta en las cámaras de seguridad.

La fiscalía sostiene que en ese tiempo, Mabel fue asesinada por su marido en la vivienda y que él luego se encargó de desaparecer el cuerpo.

La mecánica del crimen no está definida. Creen que pudo haber sido de un golpe o por asfixia. Esta segunda hipótesis se sostiene por un curioso dato que aportó el acusado en su primera declaración: al relatar aquella mañana, hizo énfasis en que él se ahogó tomando té. Para los investigadores, la aclaración fue solo para cubrirse por si algún vecino declaraba haber escuchado a alguien asfixiándose.

Más pruebas contra Chao

Chao había dicho que, después de regresar a su casa ese día, no había vuelto a salir. Las cámaras lo contradijeron: su Fiat Duna azul fue filmado al salir de la zona alrededor de las 11.50.

Además, mientras buscaban a Mabel, los investigadores reconstruyeron la relación de la pareja. En este sentido, varios testimonios coincidieron en que la convivencia que tenían era mala: Mabel había dicho a algunas personas que quería que Chao se fuera de la casa y un hombre que conocía a ambos desde hacía años describió malos tratos y contó que Chao estaba convencido de que Mabel tenía otra relación.

Después de la desaparición también hubo conductas que llamaron la atención. Por ejemplo, uno de los hijos de Mabel declaró que veía a Chao demasiado tranquilo y que, mientras él estaba deprimido por la desaparición de su madre, su padre cocinaba, escuchaba música y parecía comportarse como si nada hubiera ocurrido. “No la esperaba porque sabía que no iba a volver”, afirmó el fiscal Matías López Vidal que estuvo a cargo de la acusación en el juicio.

La búsqueda sin cuerpo

La búsqueda de Mabel se extendió durante semanas. La policía hizo rastrillajes, recorrió la zona, revisó cámaras y allanó distintos domicilios. Hubo perros especializados y personal de Policía Científica. También se analizaron movimientos bancarios, registros telefónicos, cámaras, transporte y distintas bases de búsqueda de personas.

Pero Mabel no apareció.

En su casa tampoco faltaban sus pertenencias: había dejado sus tarjetas bancarias y otros objetos personales. Su hijo revisó la habitación después de enterarse de la desaparición y no encontró indicios de que hubiera preparado una salida.

Su teléfono tampoco volvió a aparecer. Y, sobre todo, nadie volvió a verla. Ni sus hijos. Ni sus hermanos. Ni sus amigos. Ni sus vecinos.

La investigación llegó así a uno de los escenarios más difíciles para una causa por homicidio: el de un crimen con pistas claras contra un sospechoso, pero sin el cuerpo de la víctima.

Sin embargo, el fiscal López Vidal asegura que la acusación contra Chao es firme. Por eso, pidió la pena de prisión perpetua en el debate oral que concluyó la semana pasada en los tribunales de San Isidro. Ahora resta conocer el veredicto.

Después de tres años, condenaron a prisión perpetua a Renzo Eduardo Chidichimo por cometer un femicidio a su compañera de trabajo, Rocío Magalí González de 25 años. El hombre la asesinó a balazos tras amenazarla previamente. La decisión del juez Santiago Paolini, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, fue informada después de que un jurado popular lo declarara culpable.

La defensa insistió con que no todo homicidio de una mujer encuadra automáticamente como femicidio y sostuvo que, para aplicar esa figura, debía probarse que el asesinato estuvo motivado por la condición de mujer de la víctima. Ese fue el eje central de los alegatos defensivos y que la apelación buscará cuestionar precisamente ese punto ante Casación.

El jurado popular rechazó esa interpretación. Tras escuchar a testigos, familiares, peritos e investigadores, concluyó que el asesinato de González debía ser encuadrado como homicidio agravado por mediar violencia de género. Esa definición resultó decisiva, porque fijó el marco para la pena que más tarde impuso el juez. En ese tramo final, el tribunal ya no discutió autoría, sino la sanción correspondiente a un delito.

La sentencia, de todos modos, no clausura el expediente y la defensa oficial ya prepara el recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la figura aplicada en el debate. Mientras ese nuevo capítulo se pone en marcha, el fallo dejó una definición judicial de fuerte peso simbólico y penal sobre un crimen que había empezado con denuncias por acoso, siguió con amenazas y terminó con siete disparos dentro de un lugar de trabajo.

El femicidio de Rocío Magalí González

Rocío Magalí González trabajaba junto al acusado en una empresa de monitoreo de alarmas. La joven había denunciado en dos oportunidades situaciones de acoso, violencia psicológica y maltrato. La primera presentación había sido realizada hacia fines de 2022, luego de que ambos compartieran durante meses el mismo ámbito laboral. A partir de esa denuncia se dispusieron restricciones de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

De acuerdo con el medio platense 0221, también se modificaron horarios y tareas dentro de la empresa para evitar cruces entre ambos, aunque el hostigamiento persistió. El entorno de la víctima declaró que Rocío consideraba insuficiente esa protección y que evaluaba insistir con una denuncia penal, convencida de que la amenaza avanzaba. Incluso analizaba trasladarse a otra jurisdicción para buscar una respuesta más efectiva.

Dos días antes del asesinato, a partir del testimonio de una tía de la víctima, el acusado la había amenazado diciendo que “disfrutara porque ya le quedaba poco”. La familiar sostuvo que Rocío le había contado lo ocurrido a su padre y que pensaba denunciarlo de nuevo.

El ataque ocurrió el 1 de junio de 2023, cerca de las 14, en el local donde funcionaba la empresa de alarmas en Saladillo. Chidichimo llegó fuera de su horario laboral, entró al lugar y fue directo hacia el sector donde trabajaba Rocío. Allí sacó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó siete veces. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y una compañera de trabajo también presenció la escena.

La acusación sostuvo que no hubo discusión previa ni reacción improvisada. El agresor fue al lugar con el arma, localizó a la víctima y ejecutó el ataque en un espacio cerrado de trabajo. La tía de Rocío afirmó: “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”.

Después del ataque, Rocío fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona, pero murió a causa de las heridas. El atacante escapó y estuvo prófugo durante cinco días. La pesquisa movilizó a fuerzas policiales de distintas áreas, con rastrillajes en la zona rural, drones, perros y apoyo aéreo.

Al momento de ser localizado llevaba consigo el arma que la investigación señaló como la utilizada en el crimen. Tras la detención, fue indagado por la fiscal Patricia Hortel y optó por no declarar. Desde entonces quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la Justicia.

La chica de 18 años apuñalada por un joven de 19 años en un edificio de Rosario fue operada y permanece en grave estado. El ataque ocurrió este jueves por la tarde en un departamento de la calle Paraguay al 1700 donde ambos fueron hallados desvanecidos y debieron ser trasladados a diferentes nosocomios para ser asistidos. “Era un chiquero, había sangre por todos lados”, así describió un vecino la escena de la brutal agresión.

La víctima ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples heridas de arma blanca y los médicos resolvieron su ingreso inmediato a quirófano por las lesiones localizadas en el tórax y el abdomen. Por el momento, su pronóstico es reservado.

Al agresor, identificado como Luciano Gaspar De Gaspari, lo llevaron al Hospital Centenario con cortes en ambos brazos, una herida en la pierna izquierda y una lesión horizontal en el cuello. El joven fue operado, salió estable de la intervención y continuaba internado bajo custodia policial.

Los efectivos de la Brigada Motorizada se acercaron al domicilio cerca de las 17.25 horas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género, según pudo constatar Infobae. Inmediatamente arribó el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para trasladar a los jóvenes.

Primero, llevaron al chico que estaba “cubierto por una sábana, todo él cubierto de sangre”, según contó un comerciante a Rosario 3. Luego sacaron a la víctima también envuelta en sábanas, “completamente inconsciente”, según añadió.

La investigación quedó en manos de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar en qué circunstancias se produjo la agresión. Entre esas actuaciones se dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, con tareas de levantamiento de rastros y recepción de testimonios.

Los testimonios reunidos en el edificio y en los comercios linderos aportaron detalles sobre los minutos previos y posteriores al hallazgo. Un vecino dijo a Rosario3 que antes de la llegada de la policía se escucharon “golpes y gritos”, provenientes del departamento. Esa advertencia derivó en el operativo que movilizó a personal policial y dos ambulancias.

Un comerciante de un local contiguo al edificio relató que desde la calle no habían percibido la situación. “De afuera no escuchamos nada; un cliente avisó que estaba la policía en la puerta”, contó.

El mismo testigo añadió que, antes de que los médicos entraran al departamento del quinto piso, fue necesario forzar el acceso. Poco después retiraron a ambos. A partir de ese momento, se produjeron las derivaciones a los distintos nosocomios.

Otro vecino que ingresó al departamento como testigo describió la escena. “Era un chiquero: sangre por todos lados”, declaró. El hombre añadió: “Fue durísimo, pasé y tuve que ver eso. Era muchísima sangre. Te pone mal”. Según su versión, un vecino había pateado la puerta del inmueble y, cuando entró la asistencia, ambos jóvenes estaban desvanecidos.

Las versiones recogidas en el lugar señalaron que algunos habitantes del edificio sospechaban que ambos mantenían una relación afectiva y que el episodio podría haberse desencadenado tras una ruptura que el joven no habría aceptado.

El episodio se dio a unos pocos metros donde apenas un día antes un hombre había ingresado al lugar de trabajo de su ex espoosa y la mató a puñaladas. La secuencia fue bastante similar a la del jueves dado que despues de cometer el femicidio, intentó quitarse la vida. Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), quien entró a la farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos y la encerró en un cuarto del local, donde le asestó varios puntazos en la zona toracoabdominal.

Fue aprehendido por la Policía Motorizada en Colón al 2000, en la puerta de su domicilio, donde quiso quitarse la vida, según los testimonios recolectados por la Policía.

La condena de 30 años de prisión para el piloto Bosco Bolívar Barrera marcó el desenlace de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad educativa y a los allegados de la educadora Doris Franco.

El fallo llegó tras dos años de espera, luego de que un Tribunal de Juicio lo hallara responsable de femicidio, al analizar los elementos presentados durante las audiencias.

La sentencia incluyó una inhabilitación adicional: Barrera no podrá ocupar cargos públicos durante cinco años posteriores al cumplimiento de su condena principal.

Así lo detalló el fiscal Moisés Tuñón, quien representó al Ministerio Público, al explicar que el Tribunal consideró suficientes las pruebas para dictar la pena.

En respuesta a la condena, la defensa anunció la interposición de un recurso de anulación, cuya resolución dependerá ahora del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

El fiscal Tuñón indicó que el Ministerio Público se encuentra a la espera de conocer los fundamentos de dicho recurso para, en el momento oportuno, presentar las oposiciones correspondientes. “Esperamos que el Tribunal rechace el recurso que en su momento presente la defensa”, afirmó.

Durante la audiencia de lectura de la sentencia, los familiares de Franco y el abogado querellante, Yairo Fernández, expresaron alivio por el resultado, aunque subrayaron que ninguna decisión judicial podrá devolverles a su ser querido.

Para ellos, el fallo representa el cierre de una etapa judicial tras dos años de incertidumbre y dolor.

Los hechos que desembocaron en la condena ocurrieron el 26 de abril de 2024, cuando la educadora Doris Franco fue apuñalada mortalmente por Barrera en la barriada La Primavera, en Santiago de Veraguas, en un contexto de violencia doméstica.

La resolución del caso de Franco coincidió con el avance de otra investigación en la misma provincia: la desaparición de Jafeth González, un conductor de plataforma digital de 23 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido tras aceptar un servicio el 11 de agosto de 2026.

En el caso de González, la Fiscalía Regional de Homicidios y Femicidio de Veraguas imputó a dos jóvenes, de 18 y 19 años, por los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

Ambos permanecen bajo detención provisional mientras las pesquisas continúan.

La noche en que González desapareció, según lo expuesto en la audiencia, él recogió a los pasajeros que luego serían señalados como imputados.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias suyas. La investigación reveló que un testigo protegido aportó datos cruciales: habría señalado que el joven fue estrangulado dentro de un vehículo y arrojado al río Santa María, donde las autoridades, con el respaldo del Sistema Nacional de Protección Civil, mantienen las labores de búsqueda.

La audiencia también dejó ver la posible implicación de otros dos menores de edad, estudiantes de secundaria, cuya situación será revisada por un Juzgado de Adolescencia en una audiencia programada para el viernes 21 de agosto.

Mientras tanto, familiares y amigos de González acudieron a las instalaciones judiciales con pancartas y exigencias de justicia, reflejando la preocupación colectiva ante la falta de noticias sobre el paradero del joven desde su desaparición.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y definir la responsabilidad de todos los involucrados, mientras la comunidad de Veraguas sigue atenta a los avances judiciales.

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026, al pasar de nueve víctimas en igual período de 2025 a 13 este año, informó Infobae.

Pero, las estadísticas revelan otro incremento aún mayor: las tentativas de femicidio crecieron 89%, de nueve a 17 víctimas, según el último informe del Ministerio Público.

La empleada de una farmacia ubicada en pleno centro de Rosario fue asesinada de 7 puñaladas en su lugar de trabajo en la mañana de este miércoles. El agresor, su expareja, fue detenido en las inmediaciones de su departamento, en el barrio República de la sexta, donde intentó suicidarse. El caso es investigado por la fiscal Laura Riccardo, que solicitó medidas a la Policía de Investigaciones.

Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), su exmarido, quien entró a la farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos y la encerró en un cuarto del local, donde le asestó varios puntazos en la zona toracoabdominal. La víctima comenzó a gritar en pedido de auxilio y sus compañeras salieron corriendo del negocio mientras llamaban a la Policía.

Martín B. entró con un buzo y campera gris. Fue rápidamente reconocido por las empleadas por haber sido la pareja de Carina, a quien “volvía loca” tras la separación, de acuerdo al testimonio de una testigo que habló con las trabajadoras en la puerta del comercio.

El agresor llegó en su Citroën C-Elysee 1.6 HDI, lo dejó en doble fila, mató a la mujer, dejó tirado el cuchillo en el lugar, y se fugó en el mismo auto. Fue aprehendido por la Policía Motorizada en Colón al 2000, en la puerta de su domicilio, donde quiso quitarse la vida, según los testimonios recolectados por la Policía.

“Yo estaba estacionada en mi auto. Al lado mío paró un auto (en doble fila) y entró a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo. También las chicas de la farmacia. Él se subió al auto y se fue rápido en un Citroën. Fue rapidísimo”, comentó una testigo que estaba en el vehículo al lado del que estacionó el atacante.

La mujer agregó que dialogó con las compañeras de la víctima, que le comentaron: “Es el ex marido que la está volviendo loca”. Y amplió: “Entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó a gritar auxilio. Él salió corriendo”.

“Una de las compañeras salió a pedir una sábana”, concluyó la testigo.

A casi tres meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato, en la causa de la joven de 20 años que lo denunció en 2025. Este martes, el detenido se presentó ante el fiscal Raúl Garzón y se abstuvo de declarar.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que ahora está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La causa se inició en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la convenció de acompañarlo hasta su vivienda con la excusa de que necesitaba ayuda para guardar unos bolsos con dinero. Al llegar, según la denuncia, la amenazó con un arma, le ordenó desnudarse, la amordazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. La víctima relató que pudo escapar cuando el acusado salió momentáneamente del domicilio.

En ese entonces, Barrelier fue detenido acusado de privación ilegítima de la libertad calificada, pero 20 días después recuperó la libertad. La resolución fue firmada el 26 de mayo de 2025 por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, quien argumentó que no había riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento de la investigación.

El fiscal dispuso que el acusado pagara dos fianzas personales de cinco millones de pesos cada una, la prohibición de contacto y acercamiento a la denunciante, su familia y su pareja, y la obligación de presentarse mensualmente ante la fiscalía entre los días 1° y 10 de cada mes.

Durante más de un año, la causa permaneció abierta pero sin avances significativos. Fuentes judiciales detallaron a este medio que, durante ese tiempo, se analizaron varias hipótesis, como la posibilidad de que la víctima hubiera sido entregada a terceros, una conexión con trata de personas o motivaciones de venganza. La investigación permitió establecer como hipótesis central el abuso sexual.

Tras la aparición del caso Agostina, ambas causas se retroalimentaron. Esto permitió cruzar elementos de prueba y fortalecer las líneas de investigación. “Muchos de los elementos obtenidos en la causa Agostina permitieron vincularlos al hecho anterior”, explicaron.

En este contexto, el fiscal citó a declarar a Barrelier y le notificó la ampliación de la imputación. El acusado se abstuvo y negó los cargos. En estos momentos, permanece detenido en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, mientras la investigación continúa. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que, aunque restan algunas pericias y la toma de testimonios, “la causa ya transita su tramo final en esta etapa”.

El pasado viernes 7 de agosto, Matías Jesús Córdoba y su pareja Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos de Barrelier, fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado. La pareja alquilaba la planta alta de la vivienda donde ocurrió el crimen y, según la acusación, permaneció allí durante la noche en que la adolescente fue asesinada.

También se encuentran imputados por el mismo delito Osvaldo Fassetta, Soledad Andrean y Marianela Palmero. Según la acusación, Fassetta actuó como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina, mientras que Andreani le facilitó el Ford Ka negro que, para la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por otro lado, Palmero se encontraba dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 la noche del 23 de mayo.

A principios de agosto, Fernanda Alaniz, una de las representantes legales del padre de Agostina, solicitó la detención de la madre y de una de las hermanas del femicida.

A su criterio, “ayudaron a limpiar la escena del crimen” y colaboraron para eliminar rastros que podían resultar determinantes para la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que “no hay elementos probatorios que permitan afirmar que hayan tenido conocimiento fehacientemente de lo sucedido”.

Este martes por la mañana, el juez Darío Bonanno, encargado de esclarecer el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto, aguardaba información esencial para el avance del expediente. El magistrado mantendría un diálogo con psicólogos del Consejo de Menores del Gobierno de la Ciudad, que contienen a los hijos de Calvo y su asesino, el carnicero Walter Verón, particularmente, a los dos hijos mayores de la pareja, de 21 y 23 años. Uno de ellos, el de 21, fue un testigo presencial del crimen, tal como su hermana menor, de apenas 8 años, que estaba en la habitación cuando su padre mató a su madre.

Los psicólogos debían confirmar al juez si ambos jóvenes están aptos o no para enfrentar una declaración testimonial.

Sebastián, el mayor de ellos, concedió una entrevista periodística a El Diario de Mariana, donde negó episodios de violencia física en la casa, pero una declaración en Tribunales es otra cosa.

Poco después de las 10 AM, los especialistas oficiales confirmaron que ambos jóvenes no se encuentran, por el momento, en condiciones de declarar, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El juez busca no acelerar estos testimonios, de alta sensibilidad.

Surge, entonces, una pregunta obvia: ¿qué sentido tiene que declaren los chicos, cuando se trata de un caso casi cerrado? La respuesta es simple: el juez Bonanno busca confirmar o descartar la emoción violenta del asesino, algo que lo beneficiaría como atenuante ante un posible juicio.

Los artículos 40 y 41 del Código Penal obligan al juez a considerar los atenuantes de un hecho. La emoción violenta es uno de ellos.

La preocupación viene, precisamente, por el dato que aportó la autopsia. El cuerpo de Calvo tenía 56 puñaladas, infligidas en un marco de pocos minutos.

Verón continúa internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield, asistido por un respirador, luego de que intentó quitarse la vida cortándose el cuello y una muñeca con su propio cuchillo. Sus chances de recuperarse son escasas. Sin embargo, el juez busca estar preparado ante una posible recuperación.

Los testimonios de ambos chicos podrán brindar un cuadro completo, tanto objetivo como subjetivo, con el grado de violencia intrafamiliar y el estado emocional del acusado en los días en torno al crimen, aseveran fuentes del caso a Infobae. Bonanno, por lo pronto, no tiene indicios de atención psiquiátrica previa con respecto a Verón.

Si se prueba un caso de emoción violenta, entonces, la posible pena por el femicidio se vería reducida. El artículo 81, inciso C, castiga con tres a seis años de cárcel a “al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable”.

De todas formas, la chance de que Bonanno dictamine una emoción violenta en el caso parece sumamente difícil: Verón ya había sido condenado en La Matanza por agredir a su pareja, un antecedente de violencia de género probado, clave para una imputación de femicidio.

Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, para quien la víctima trabajaba y mencionada por el asesino en una carta que dejó en la escena, no será citada por lo pronto como testigo en el expediente por el crimen. Sin embargo, dada una denuncia previa en su contra por estafa-que fue archivada en el Juzgado N°32 en mayo último- el juez Bonanno investigará la posibilidad de un posible segundo delito. El magistrado, por lo pronto, se encuentra concentrado en el esclarecimiento del femicidio de Calvo, con pericias a los celulares en curso y otras tareas encargadas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

La historia judicial de Gina Marisol Zambrano dio un giro definitivo este lunes. La exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, en la provincia de Manabí, fue condenada a cinco años de prisión por el delito de prevaricato, luego de que un tribunal concluyera que utilizó su cargo para dictar resoluciones contrarias a la ley y ordenar la libertad de personas sentenciadas por delitos de alta gravedad, entre ellas dos condenados por femicidio. La sentencia cierra un proceso que permaneció suspendido mientras la exfuncionaria permanecía prófuga en Estados Unidos, país al que huyó antes de enfrentar el juicio y desde donde fue deportada en mayo de este año.

La decisión del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí representa el desenlace de un caso que desde 2023 se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las irregularidades detectadas dentro del sistema judicial ecuatoriano. Para la Fiscalía General del Estado, Zambrano emitió resoluciones sin competencia territorial y al margen de las normas procesales para beneficiar a personas privadas de libertad que cumplían condenas en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Azuay, una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción donde ejercía funciones.

La investigación comenzó en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público abrió un expediente de oficio tras conocer que la jueza había concedido acciones constitucionales que permitieron la salida de internos condenados por delitos graves. Entre los beneficiarios figuraban dos personas sentenciadas por femicidio, una decisión que generó cuestionamientos de autoridades judiciales y del entonces Gobierno, al considerar que las resoluciones habían sido emitidas sin sustento legal.

Uno de los casos que marcó el proceso fue el de Carlos Flores Santander, condenado por el femicidio de Cristina Palacio, cometido en Cuenca en 2017. Aunque la resolución que dispuso su libertad fue revocada poco después, el condenado ya había abandonado Ecuador y se trasladó a Venezuela. Tiempo más tarde surgieron versiones sobre su muerte en un accidente de tránsito, aunque los familiares de la víctima han cuestionado públicamente que esa información haya sido plenamente esclarecida.

Las actuaciones de Zambrano también tuvieron consecuencias administrativas. El 3 de octubre de 2023, el Consejo de la Judicatura resolvió destituirla por incurrir en error inexcusable, al concluir que había actuado fuera de su competencia para beneficiar, no solo a los dos sentenciados por femicidio, sino también a decenas de procesados por delitos como sicariato, delitos sexuales, muertes violentas y otros hechos contra la vida y la propiedad.

Pocos días después de su destitución fue procesada penalmente por prevaricato. Sin embargo, el juicio no pudo instalarse porque la exjueza abandonó el país. La Fiscalía acreditó que había salido de Ecuador y solicitó una orden de captura internacional mediante difusión roja de Interpol. Durante varios meses permaneció fuera del alcance de la justicia ecuatoriana mientras su proceso permanecía suspendido.

Las autoridades finalmente la localizaron en Alexandria, en el estado de Virginia. Allí había solicitado asilo, petición que fue negada por las autoridades estadounidenses. Al encontrarse además en condición migratoria irregular, fue deportada a Ecuador el 7 de mayo de 2026 y entregada inmediatamente a las autoridades judiciales para reactivar la causa penal que permanecía pendiente.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como evidencia los informes de los allanamientos practicados en el despacho de la entonces jueza, pericias informáticas realizadas a equipos electrónicos incautados, testimonios de investigadores y la documentación generada por el Consejo de la Judicatura durante el proceso disciplinario que terminó con su destitución. Para el Ministerio Público, ese conjunto de pruebas permitió demostrar que las resoluciones emitidas por Zambrano desconocieron de manera deliberada las normas sobre competencia judicial y favorecieron ilegalmente a personas privadas de libertad.

El nombre de la exmagistrada también apareció posteriormente dentro del denominado caso Plaga, una investigación sobre presuntas estructuras de corrupción judicial que habrían operado para obtener beneficios procesales a cambio de pagos ilegales. No obstante, la sentencia emitida este 17 de agosto no corresponde a ese expediente, sino exclusivamente al proceso por prevaricato derivado de las decisiones adoptadas cuando ejercía como jueza en Montecristi.

La investigación del brutal femicidio de Villa Devoto continúa con nuevos datos. Los forenses de la Morgue Judicial enviaron en las últimas horas al juez Darío Bonanno el resultado de la autopsia al cuerpo de Romina María de los Ángeles Calvo, asesinada el jueves pasado por su marido, el carnicero Walter Humberto Verón, en su domicilio de la calle Pedró Morán en Villa Devoto, frente a la hija de ocho años de ambos.

El informe oficial de la Morgue determinó que el cuerpo tenía 53 heridas: 46 de ellas eran puñaladas. Calvo sufrió corte en el pecho, la espalda y las axilas. Varios órganos fueron comprometidos. De todas estas lesiones, la lesión que le costó la vida fue la número 36 en la lista, una puñalada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago. El cuchillo de carnicero de su marido, en un trayecto ascendente, llegó hasta su corazón.

“Examinado en profundidad, esta lesión penetra en el tórax y lesiona el ventrículo izquierdo en dos sitios contiguos, siendo la causante del deceso inmediato de la víctima”, aseguró el informe, al que accedió Infobae.

La pericia a las heridas del asesino y qué pasa con “Pitty La Numeróloga”

El Cuerpo Médico Forense también analizó las heridas de Verón, que intentó quitarse la vida con su cuchillo y continúa internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield. En un informe, al que también accedió este medio, los especialistas de la Corte Suprema detallaron que el presunto femicida se practicó cortes:

. En el lado izquierdo del cuello, lo que provocó un fuerte sangrado de la vena subclava izquierda.

. En el cuadrante superior izquierdo del abdomen, sin comprometer sus órganos.

. En la muñeca izquierda, con dos heridas de ocho a diez centímetros de largo, que cortaron su tendón y un nervio.

. El tratamiento para Verón incluyó asistencia respiratoria mecánica con una intubación en la tráquea, una operación de urgencia y el uso de medicación vasopresora.

En total, el crimen de Romina y el intento de suicidio de su marido llegaron a un total de 60 puñaladas.

La investigación continúa con tareas designadas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, con pericias a los celulares incautados en la casa. La hija de la pareja, de ocho años, que presenció el crimen, podrá declarar en cámara Gesell cuando sea estabilizada y contenida psic

Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, para quien la víctima trabajaba y mencionada por el asesino en una carta que dejó en la escena, no será citada por lo pronto como testigo en el expediente por el crimen. Sin embargo, dada una denuncia previa en su contra por estafa -que fue archivada en el Juzgado N°32 en mayo último- el juez Bonanno investigará la posibilidad de un posible segundo delito. El magistrado, por lo pronto, se encuentra concentrado en el esclarecimiento del femicidio de Calvo.

Como todos los días, Lucía Calvete caminaba por el barrio Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo, junto a su madre y su padrastro. Los tres se dirigían hacia la parada de ómnibus, donde la joven de 24 años esperaría su transporte hasta el trabajo. Tenía que ir acompañada porque tenía miedo: su ex pareja –que está presa por homicidio– llevaba meses hostigándola. Ella quería una custodia para no tener un final que parecía tan previsible como evitable.

Mientras caminaba, un hombre llegó hasta ella, sacó un arma y la hirió en su pelvis. Su padrastro estaba armado y se enfrentó a los tiros con el agresor, pero recibió un disparo en el pie. Los dos fueron trasladados a un centro de salud, aunque la peor parte se la llevó Lucía. A las pocas horas, la noticia en Uruguay era que había fallecido.

La joven no tenía antecedentes penales.

Lucía trabajaba en la Aguada, un barrio céntrico de Montevideo, muy cerca del Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo.

Hacía casi tres años que Lucía había decidido cortar el vínculo con este hombre condenado por homicidio y, desde entonces, había comenzado sobre toda la familia una serie de hostigamientos, según informó este jueves el noticiero Telemundo de Canal 12. Las formas de violencia sobre ellos eran diversas: les dejaron balas en el buzón de la casa, dispararon contra la fachada de la casa, les enviaron mensajes, le pegaron a algunos de ellos, arrojaron una bomba molotov contra el vehículo de una de las hermanas.

Una vez, llegaron a disparar desde un taxi; otro día, en bicicleta. Para el asesinato, llegaron caminando.

En la casa de la familia todavía se ven varios de los impactos de las balas.

El caso es investigado como un femicidio por encargo ordenado desde la cárcel por Jonathan, la ex pareja de la fallecida. Sin embargo, todavía no se ha podido comprobar quién es el autor intelectual del ataque ni tampoco el autor material.

El llanto de la hermana: “Me la mataron como un perro”

La familia de Lucía había respondido a los constantes hostigamientos con un pedido de protección por parte de la Justicia, pero nunca hubo una respuesta, según denuncian.

El último antecedente violento sobre ellos ocurrió pocos días antes del femicidio: el viernes, cuando Lucía estaba llegando a trabajar, intentaron balearla por dos hombres que la esperaban. Faltaban pocos días para que sea asesinada.

“Ayer (por el miércoles) sale a trabajar, como todos los días con mi madre, camina media cuadra y me la matan como un perro. Nadie hace nada. ¿Qué más pruebas quiere la fiscal? ¿Que le lleve el cuerpo de mi hermana? ¿Eso quiere?”, relató Agustina Calvete, la hermana de la víctima, en su entrevista con el noticiero Telemundo.

Calvete relató que hubo más de una denuncia formal.

Otro episodio de violencia fue una agresión que hubo contra su pareja y su hermana. Cuando terminaron de pegarles, les dijeron: “Esto viene del Jonita”, como se llamaba el hombre que está en la cárcel. Desde ese día, Calvete empezó a denunciar este tipo de situaciones.

“Estaban todas las denuncias correspondientes hechas y nadie hizo nada. La fiscal quiere más pruebas. Yo entiendo que la Policía haga su trabajo y si la fiscal suelta el caso ya no es problema de ellos. ¿Pero dónde está la Fiscalía?”, volvió a cuestionar la mujer.

Calvete dijo que siente “rabia e impotencia” por lo que vivió. Y ahora toma fuerzas por el deseo que tiene de que se haga Justicia. Que su hermana descanse en paz.

La advertencia que quedó registrada en televisión

El pedido de custodia policial había quedado registrado en la televisión uruguaya. El 24 de julio, el noticiero Telenoche de Canal 4 había hablado con otra de las hermanas de Lucía. “Estamos viviendo una situación hace dos meses con una persona que nos está acosando y agrediendo”, dijo la mujer ante las cámaras.

Sin mencionarlo, se refería a la ex pareja de su hermana, quien dijo que estaba “privado de su libertad”. “Nos agrede, nos ha prendido fuego el auto. Me intentó prender fuego la casa”, expresó. En esa nota televisiva, la mujer pidió a la Justicia que intervenga.

La mujer dijo que la vida de la casa había cambiado: estaba todo el día encerrada y ya no podía dormir en su cuarto, que daba hacia el frente de la casa. “No podemos vivir tranquilos. Salimos del almacén controlándonos el uno al otro”, expresó, preocupada.

¿Qué pasó con las denuncias?

Las denuncias que había presentado la familia Calvete nunca llegaron a ser investigadas por la Fiscalía porque fueron archivadas en la oficina que se encarga de derivar los casos, informó Telemundo.

La investigación que ahora está abierta es la del homicidio que, posiblemente, tenga la carátula de un nuevo femicidio en Uruguay.

La historia del salvaje femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto no se limita únicamente al horror que ocurrió esta semana. Según trascendió, Walter Humberto Verón, el presunto asesino y esposo de la víctima, cuenta con un antecedente por violencia de género contra su propia mujer, lo que da cuenta de que la relación estuvo marcada por los maltratos.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el 23 de abril de 2018, el hombre fue condenado por un Tribunal del Departamento Judicial de La Matanza -tras un juicio abreviado- a seis meses de prisión en suspenso por golpear a Calvo. La denuncia se hizo inicialmente en una comisaría de La Tablada. En la Comisaría de la Mujer y la Familia no se encontraron antecedentes.

La calificación de ese expediente, investigado por la Unidad Funcional Temática de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 de La Matanza, a cargo de Roxana Castelli, fue por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Lo cierto es que a pesar de este antecedente, la pareja continuó conviviendo y la violencia persistió hasta el desenlace fatal.

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. De acuerdo con los primero datos de la investigación que lleva adelante el juez Darío Bonanno, Verón mató a su mujer frente a su hija de ocho años.

El crimen ocurrió en la habitación de la pareja mientras la víctima dormía, poco después de las 6 AM.

En su inspección del lugar, el magistrado y la Policía de la Ciudad hallaron varias cámaras de seguridad dentro de la casa, ubicada en la calle Pedro Morán.

Esas cámaras revelaron un detalle inquietante: la hija de la pareja, de ocho años, se encontraba en la habitación al momento del crimen. Su padre, si es que es culpable, mató a su madre frente a ella. Poco después, su hermano mayor, de 22 años, reportaba el asesinato de Romina al 911.

Tanto la niña como su hermano se encuentran bajo resguardo judicial, con apoyo psicológico. La declaración de la niña en cámara Gesell, estiman investigadores, será clave para entender el hecho. Por lo pronto, se desconoce si dormía al momento del ataque.

El análisis de Policía Científica al encontrar el cuerpo determinó que tenía 40 cortes y puñaladas. Verón, mientras tanto, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado tras intentar quitarse la vida. El hombre fue encontrado a 200 metros de la vivienda, en medio de un charco de sangre.

Se secuestraron celulares en la casa, que podrán ser analizados. También, se halló la carta escrita por Verón, donde señala a Verónica Laura Asad, o “Pitty La Numeróloga”, para quien Calvo supuestamente trabajaba.

Al parecer, los problemas económicos y una posible separación, como Asad como un factor alienante, atraviesan el mensaje. Curiosamente, Verón -registrado como carnicero en ARCA, tal como su presunta víctima-, no tenía deudas a su nombre. Calvo, en cambio, sí: debía $44 millones a diversas financieras y bancos, según datos del BCRA.

En una entrevista televisiva, Sebastián, el hijo mayor de Romina, reconstruyó cómo su hermana de ocho años presenció el crimen, describió el impacto que atraviesa la familia, negó antecedentes de violencia física y desmintió que existieran conflictos económicos vinculados a “Pitty La Numeróloga”.

Sebastián tiene 22 años y es el mayor de los tres hijos en común de Calvo y el femicida,Walter Humberto Verón. En diálogo con DDM, contó cómo se enteró de lo que había sucedido.

Dijo que su hermano de 21 lo llamó a primera hora de la mañana para pedirle que fuera a la casa familiar y, durante esa comunicación, escuchó a su hermana menor contar lo ocurrido. “Mi hermanita vio todo”, relató.

El juez Darío Bonanno se presentó este jueves por la tarde en la casa de Villa Devoto donde, horas antes, el carnicero Walter Humberto Morán supuestamente mató a puñaladas a su pareja, Romina María de los Ángeles Calvo. El crimen ocurrió en la habitación de la pareja mientras la víctima dormía, poco después de las 6 AM.

En su inspección del lugar, el magistrado y la Policía de la Ciudad hallaron varias cámaras de seguridad dentro de la casa, ubicada en la calle Pedro Morán. Esas cámaras revelaron un detalle inquietante: la hija de la pareja, de ocho años, se encontraba en la habitación al momento del crimen. Su padre, si es que es culpable, mató a su madre frente a ella. Poco después, su hermano mayor, de 22 años, reportaba el asesinato de Romina al 911.

Hoy, la niña y su hermano se encuentran bajo resguardo judicial, con apoyo psicológico. La declaración de la niña en cámara Gesell, estiman investigadores, será clave para entender el hecho. Por lo pronto, se desconoce si dormía al momento del ataque.

Mientras tanto, se aguarda el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de la víctima, con un procedimiento agendado para el primer turno del día en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. El análisis de Policía Científica al encontrar el cuerpo determinó que tenía 40 cortes y puñaladas. Verón, mientras tanto, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado tras intentar quitarse la vida.

La cámara Gesell a la menor, desde ya, no será la única prueba esclarecedora, en un caso prácticamente cerrado. Se secuestraron celulares en la casa, que podrán ser analizados. También, se halló la carta escrita por Verón, donde señala a Verónica Laura Asad, o “Pitty La Numeróloga”, para quien Calvo supuestamente trabajaba.

Los apuros económicos y una posible separación, como Asad como un factor alienante, atraviesan el mensaje. Curiosamente, Veron -registrado como carnicero en ARCA, tal como su presunta víctima-, no tenía deudas a su nombre. Calvo, en cambio, sí: debía $44 millones a diversas financieras y bancos, según datos del BCRA:

La causa por la muerte de Ramona Antonia Ramos en Catamarca avanzó hacia una nueva etapa judicial, mientras la querella sumó cuestionamientos sobre la conducta que habría tenido el único imputado. La acusación sostiene que Edgar Esteban Chayle llevó a la víctima a su casa en lugar de trasladarla a un centro de salud, pese a que sabía que había sido atropellada.

Ramos, una docente oriunda de Belén, murió el 15 de junio de 2025 luego de un episodio ocurrido en la ciudad de Santa María. De acuerdo con la investigación, la mujer viajaba junto a su ex pareja en una camioneta cuando, en medio de una discusión, intentó bajar del vehículo mientras aún estaba en movimiento. La hipótesis fiscal indica que, tras caer sobre la calzada, fue arrollada de manera intencional por la rueda trasera.

La autopsia determinó que la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico masivo por aplastamiento de tórax y abdomen. Los peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense concluyeron además que las lesiones resultaban compatibles con el paso de las ruedas de un vehículo.

Uno de los puntos centrales del expediente son los registros de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santa María. Esas imágenes captaron el momento en que Ramos abrió la puerta en el asiento del acompañante y cayó sobre el asfalto cuando el vehículo aún avanzaba. El video no mostró de forma directa el instante posterior en el que se produjo el aplastamiento.

La querella puso el foco no solo en la secuencia previa a la muerte, sino también en lo que ocurrió después. El abogado Walter Falcone afirmó, en declaraciones citadas por El Ancasti, que “a primer momento, hubo ocultamiento de pruebas”. Falcone aseguró que esa conducta agrava la situación del acusado y acuso que “en vez de recurrir a centros médicos, la levanta, la sube al vehículo y la lleva a su casa, a su dormitorio, la acuesta, la tapa”.

Para la acusación particular, ese comportamiento forma parte de una maniobra posterior al hecho que debe ser valorada dentro del proceso. “Es fundamental porque confirma que en este suceso hubo un delito. Nosotros consideramos que hubo intención de matar. Nosotros creemos que ha habido una intencionalidad, eso la Fiscalía lo confirma, por eso eleva a juicio”, añadió el abogado.

En esa línea, la querella respaldó la decisión del fiscal Carlos Laureano Contreras, titular de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, de dar por concluida la investigación y requerir la elevación a juicio. La imputación formal contra Chayle quedó encuadrada como “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido mediando violencia de género”, en calidad de autor.

Por otro lado, el abogado Roberto Mazzucco, defensor de Chayle, rechazó la elevación a juicio y cuestionó la dureza. El letrado solicitó el sobreseimiento, con el objetivo de que su defendido recupere la libertad bajo condiciones.

La reconstrucción del caso incorporó además las horas previas al fallecimiento de Ramona Antonia Ramos. El 14 de junio de 2025, Edgar Esteban Chayle se trasladó hasta Belén para buscar a la mujer y ambos asistieron a un evento bailable en Corral Quemado.

Cuando terminó, emprendieron el viaje de regreso en una Toyota Hilux. Cerca de las 7:55 de aquel domingo, una cámara registró el paso del vehículo por San José y luego otra grabación, ya en Santa María, captó el momento en que la mujer descendió de la camioneta en movimiento.

La discusión entre ambos habría estado vinculada con la situación sentimental de Chayle, ya que el acusado tendría otra pareja en Santa María. Para los investigadores, ese contexto resulta relevante para interpretar lo sucedido dentro del vehículo antes de la caída.

El expediente quedó así encaminado hacia una instancia decisiva. Mientras la acusación sostiene que se trató de un femicidio y remarca las presuntas maniobras posteriores del imputado, la defensa busca desactivar la elevación a juicio y revertir la situación procesal de Chayle.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el mensaje fue encontrado por los agentes porteños entre la ropa del hombre, después de que lo vieron herido y tirado en una calle, a 200 metros de la casa en la que cometió el crimen.

Infobae tuvo acceso al contenido completo del manuscrito. “Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más”, comenzó Verón.

Y continuó: “Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”.

“La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”, agregó.

A lo largo del mensaje, Verón hizo reiteradas referencias al dinero y a los conflictos económicos que, según su versión, mantenía con Calvo. “Todo plata, plata y después no vi un peso. La puso toda y más en Devoto. Y luego se vendió Tablada y tampoco vi ni usé un dólar”, escribió.

Luego se refirió a una serie de deudas, al alquiler de un local y a una operación que vinculó con “Tablada”: “Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí”.

Tras esa frase, insultó a la víctima: “Hija de puta, me re cagó, la puta madre”.

Hacia el final del escrito, el acusado volvió a mencionar a las nuevas personas con las que se relacionaba su esposa. “Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar y estar una a vos”, escribió en un tramo cuya caligrafía dificulta establecer con precisión el sentido completo de la frase.

Las últimas palabras fueron para sus hijos. “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”, señaló. “Hice todo por tener una familia y no se pudo”.

Segú pudo confirmar Infobae, de una alta fuente del caso, “Pity”, a la que hace referencia el femicidida en la carta es Verónica Asad, la numeróloga. La mujer será investigada por la Justicia.

Lo que se sabe del crimen

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

En el caso de la víctima, su domicilio principal registrado es el de la calle Pedro Morán, lugar del femicidio, mientras que en caso de Verón, figura otra dirección de la Capital Federal. Su actividad principal es la misma que la de la mujer.

“Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos nuevos... Esa Pitty le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”, escribió a mano en una hoja de papel que los investigadores hallaron entre sus pertenencias.

Esta tarde, Pitty brindó una entrevista al canal TN y explicó cómo conoció a la mujer de 40 años que fue hallada asesinada este jueves por la madrugada en su domicilio del barrio porteño de Villa Devoto. “Romina y su hijo de 21 años han venido a mis talleres”, empezó diciendo.

En ese contexto, Romina le manifestó su intención de comprar uno de los locales. “No tenía ni plata, ni herramientas. Tenía deudas a niveles irrecuperables”, manifestó. A pesar de la situación económica de Calvo, Pitty decidió darle una oportunidad. “Como aventurera le abrí las puertas”, expresó.

La empresaria indicó que le dio un espacio a la víctima y que nunca le cobró por utilizarlo. “Ella nunca me dio dinero. Yo le pagaba los remises”. Además, comentó que con el tiempo la mujer le demostró que era “una de las mejores”.

Por otro lado, recordó cómo fue el momento en el que se enteró del crimen: “El hijo me llamó y me dijo que su papá mató a su mamá”. Pitty afirmó que nunca conoció a Verón, quien se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield con severos cortes autoinfligidos.

La empresaria detalló que Romina era una persona que hablaba poco y aseguró que nunca le había contado lo que ocurría entre ella y su pareja. Asad sostuvo que, de haberlo sabido, la hubiese acompañado a hacer la denuncia. “Yo no lo hubiese dejado escapar”, sentenció.

Pitty recordó a Romina como una mujer “impecable, honesta y disciplinada”. Según explicó, la víctima estaba aprendiendo y “necesitaba que la reconozcan”. En un pasaje de la entrevista, Asad mostró una serie de chats que Calvo le había enviado el sábado previo al crimen.

“Pitty lo logré. No lo puedo creer. Estoy llorando de la emoción. Recién cerré, desde las 9:30 que vine. Estoy feliz Pi. Me costó pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”, dicen los mensajes.

Por último, Pitty mencionó que se comunicó con los hijos de Romina y les dijo que estaba dispuesta a hacerse cargo de los gastos del entierro de su madre. Además, reveló que el joven de 21 años le pidió continuar al frente del negocio que manejaba Calvo.

Asad había sido acusada de estafa por supuestamente captar a personas vulnerables en una causa radicada en el Juzgado N° 31. Sin embargo, fue sobreseída. La aparición de su nombre en la carta de Verón llamó la atención del juez Darío Bonanno, quien, según fuentes cercanas al expediente, investigará qué vínculo mantenía con la víctima.

Lo que se sabe del femicidio

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba 40 cortes y puñaladas, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue internado y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

Un hombre fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a su esposa a puñaladas, huir de la escena y luego intentar suicidarse de un puntazo en el cuello. El presunto asesino está internado en grave estado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Según se informó, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

El drama no terminó ahí: a unos 200 metros del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. Todo apunta a que luego de asesinar a su pareja, intentó suicidarse. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del femicidio.

Las fuentes señalaron a Infobae que la víctima era una mujer de 40 años, mientras que, de acuerdo con lo que trascendió, su asesino es un hombre de 56. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo en diálogo con C5N que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume, fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

La defensa de los dos imputados por el femicidio de Xiomara Portillo —la adolescente de 16 años hallada sin vida en un descampado de Formosa en noviembre de 2025— solicitó ante la Justicia el cotejo de ADN de al menos diez hombres que mantuvieron contacto con ella durante los últimos meses con vida.

El letrado Javier Vargas, representante de Carlos Aguilar y Joaquín Torres, elevó un escrito al juzgado interviniente en el que piden que se extraigan muestras genéticas a todos esos hombres con el fin de comparar perfiles de ADN e incorporar nuevos elementos al proceso, según informó Noticias Formosa.

En tanto, el abogado de la familia de la víctima, Daniel Ojer, confirmó a La Mañana que en estos días estaban previstas nuevas declaraciones testimoniales y que se analicen tres alambres extraídos del cuerpo de Xiomara. Según precisó, uno de esos elementos provendría de la vivienda de una persona que ya declaró en tres oportunidades, mientras que los otros dos corresponden al domicilio de uno de los imputados.

La medida pedida por Vargas refuerza su postura de que sus clientes, quienes se encuentran en libertad, no tienen vinculación con el crimen. En mayo, el mismo abogado había señalado que un informe forense incorporado al expediente no encontró rastros de ADN de Xiomara en las muestras tomadas durante el allanamiento del domicilio de Torres. “Sólo se hallaron ADN del joven y su padrastro, pero no de Xiomara, que es lo más relevante porque echa por tierra que la chica haya estado en la cama o en contacto con sus sábanas o acolchados”, indicó el letrado a La Mañana. Aunque reconoció que está acreditado que la adolescente estuvo en esa casa, el estudio no arrojó rastros suyos, sino de Torres, de Aguilar y de terceros que podrían ser familiares de estos.

Vargas también impulsó en esa etapa una nueva línea investigativa centrada en dos hombres del entorno de la víctima. Uno de ellos habría mantenido un vínculo frecuente con Xiomara en los meses previos a su muerte y fue señalado por la defensa ante la Justicia. En el automóvil Corsa que le fue secuestrado en la localidad de Riacho He Hé se hallaron cabellos para ser cotejados y una prenda íntima femenina. El hombre declaró en la causa y sostuvo que la relación era de amistad y que el vehículo llegó a esa localidad por un arreglo con un chapista.

Previamente, la Cámara de Instrucción y Correccional Nº 1 declaró nulo el procesamiento dictado por el juez Marcelo López Picabea contra Torres y Aguilar, al entender que la resolución no cumplía con los requisitos legales mínimos —lugar del hecho, modo y momento en que ocurrió—. El tribunal ordenó al magistrado dictar un nuevo auto procesal con fundamentación suficiente o, en su defecto, declarar la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados. Tras esa resolución, Torres recuperó la libertad a fines de febrero, luego de que se resolviera un conflicto de competencia entre el Juzgado de Menores y el Juzgado de Instrucción N° 4; Aguilar también había sido liberado con anterioridad.

El caso se remonta al 20 de noviembre de 2025, cuando Xiomara Portillo salió de su casa en Formosa para visitar a su exnovio y no regresó. Una semana después, un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un descampado del barrio Procrear. Dentro de una bolsa plástica utilizada para materiales de construcción estaba el cadáver de la adolescente, en un estado que impedía su reconocimiento visual. La identidad fue confirmada por peritos forenses mediante el cotejo de huellas dactilares. Desde entonces, la causa fue caratulada como homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar violencia de género, con Torres y Aguilar imputados como coautores.

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un vehículo, tras una persecución policial de aproximadamente 30 kilómetros, abrió una investigación por un posible femicidio en el sector de La Roxana de Pococí, Limón.

La víctima fue identificada como Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, quien era madre de dos niñas, de 7 y 11 años.

Por el caso permanece detenido un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras la Fiscalía analiza la solicitud de medidas cautelares.

El caso es investigado por la Fiscalía de Género y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que intenta reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Cuerpo estaba cubierto con sábanas

La investigación comenzó cuando oficiales de la Fuerza Pública observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía en La Roxana.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil tenía el motor encendido, pero permanecía con las luces apagadas. Los policías se acercaron al conductor para solicitarle sus documentos y, durante la interacción, percibieron un fuerte olor a licor.

Los oficiales también observaron en el vehículo una cobija o sábanas y una pala, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.

Cuando los policías preguntaron al conductor qué transportaba, este habría indicado que llevaba sábanas. Sin embargo, al intentar realizar una revisión del automóvil, el hombre aceleró y escapó.

La situación provocó una persecución policial que se extendió por aproximadamente 30 kilómetros.

Durante la huida, el vehículo terminó colisionando contra una patrulla. Los oficiales lograron detener al conductor y posteriormente realizaron una inspección del automóvil.

Fue entonces cuando encontraron el cuerpo de una mujer cubierto con sábanas y con una bolsa en la cabeza.

OIJ investiga una posible discusión por celos

Las primeras diligencias realizadas por los investigadores apuntan a que una discusión aparentemente relacionada con celos podría estar vinculada con el homicidio.

La hipótesis preliminar señala que Diana Michelle Muñoz y Herrera Zúñiga se habrían encontrado durante el fin de semana y posteriormente se trasladaron hasta un hotel ubicado en el Valle Central.

El OIJ analiza la posibilidad de que el homicidio haya ocurrido en ese establecimiento y que posteriormente el sospechoso trasladara el cuerpo hasta Pococí.

Según la línea de investigación, el hombre habría utilizado su vehículo para transportar el cuerpo hacia la zona de La Roxana, donde presuntamente pretendía llevarlo hasta un terreno.

La presencia de una pala dentro del automóvil forma parte de las evidencias que ahora son analizadas por los investigadores para determinar cuál era la intención del sospechoso y si efectivamente planeaba ocultar el cuerpo.

Víctima presentaba golpes y signos de asfixia

Los datos preliminares de las autoridades judiciales señalan que Diana presentaba golpes contusos en la cabeza y signos de asfixia.

La investigación deberá determinar cuáles lesiones provocaron su muerte y establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Los agentes también deben determinar si existió una agresión previa, dónde ocurrió exactamente y cuál fue la participación del hombre detenido.

El OIJ mantiene abiertas distintas diligencias para recolectar evidencia física y testimonial que permita esclarecer el caso.

Familia habló sobre la relación de la víctima

Una de las hermanas de Diana Michelle confirmó su identidad y conversó con medios nacionales sobre el caso.

La familiar aseguró que no conocía al hombre detenido como sospechoso del crimen.

“No conozco absolutamente nada de él. Yo sí sabía que ella tenía una relación complicada con alguien, pero no sé quién era”, manifestó.

De acuerdo con testimonios difundidos posteriormente por Noticias Repretel, Diana y el sospechoso habrían mantenido una relación durante aproximadamente tres años.

Personas cercanas a la mujer describieron ese vínculo como tormentoso y marcado por episodios de posesividad y violencia, elementos que ahora son considerados dentro de las líneas de investigación.

Las autoridades deberán determinar si esos antecedentes tuvieron relación directa con el crimen y si existían señales previas de violencia contra la víctima.

Allanamientos en una vivienda y un hotel

Como parte de las diligencias posteriores al hallazgo del cuerpo, agentes del OIJ realizaron allanamientos en una vivienda vinculada con el sospechoso en Moravia y en el hotel donde, según la hipótesis de los investigadores, habría ocurrido el homicidio.

Los operativos tienen como objetivo localizar evidencia que permita establecer qué ocurrió antes, durante y después de la muerte de Diana Michelle.

Los investigadores también buscan reconstruir el recorrido realizado por el vehículo desde el Valle Central hasta Pococí. La hipótesis establece que el automóvil habría pasado por el peaje y atravesado el Zurquí, por la Ruta 32, antes de llegar a la zona del Caribe.

El hombre de apellido Herrera Zúñiga permanece detenido mientras la Fiscalía define las medidas cautelares que solicitará ante el juzgado correspondiente.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades judiciales deberán determinar si los elementos recopilados permiten confirmar que se trató de un femicidio, así como establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Un hombre de 36 años, identificado como Sergio Hugo Sánchez, estranguló hasta matar a su pareja, Marina Rosalía Segovia, de 46. Tras el femicidio, se ahorcó con un cable. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que fue una de los hijos de la víctima quien encontró la estremecedora escena.

El hecho fue descubierto el lunes al mediodía, alrededor de las 12, cuando el joven, al no tener noticias de su mamá, decidió acercarse hasta la casa ubicada en Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, en el barrio Bañado Norte, Corrientes.

Al ver que la puerta y las ventanas estaban cerradas, forzó el ingreso de la vivienda y se encontró con la macabra escena: su mamá yacía ahorcada con un cable tipo USB al lado de una cama, mientras que el hombre se encontraba sin vida sentado en una silla. Fuentes judiciales detallaron a este medio que, tras permanecer varias horas con el cadáver, Sánchez se quitó la vida ahorcándose con el cable de uno de los televisores.

Ante esta situación, el joven se comunicó con las autoridades para advertir sobre lo ocurrido. Al tomar conocimiento del hallazgo, personal de la Comisaría 6ta. Urbana se hizo presente en el lugar. Allí, encontraron a la mujer en una de las habitaciones y al hombre en el living de la casa.

El caso quedó en manos del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9 de Corrientes, quien ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares y la toma de declaraciones a testigos.

Fuentes del caso señalaron que los cajones estaban revueltos, por lo que sospechan que, antes del trágico final, habrían discutido. Sin embargo, los vecinos del barrio manifestaron que no escucharon ningún tipo de ruido. Por otro lado, descartaron la hipótesis de un robo, ya que no faltaba nada en el lugar.

Según pudo saber Infobae, los investigadores suponen que el violento episodio habría ocurrido el sábado pasado por la noche. Los familiares de Sánchez mencionaron que ese día el hombre les había dicho que se iba a ir a jugar al fútbol y luego a la iglesia, pero nunca regresó.

A su vez, aseguraron que la relación entre ambos había comenzado hace dos semanas. Según comentaron, días atrás, Segovia se enteró de que su pareja consumía estupefacientes, por lo que tomó la decisión de echarlo de su casa. Desde el entorno de la víctima, sostienen que no estaban al tanto de la existencia de Sánchez.

En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia para establecer las causas de muerte y cuándo había ocurrido el hecho. El fiscal Casarotto no descarta ninguna hipótesis.

Quién era Marina Rosalía Segovia

La mujer de 46 años era creadora de contenidos y daba charlas motivacionales sobre amor y belleza. “Inspira, conecta y transforma”, dice una de las publicaciones que compartió en sus redes. Además, trabajaba como manicura y era mamá de cuatro hijos, dos varones mayores y dos nenas pequeñas, quienes el fin de semana quedaron al cuidado de los abuelos.

Según informó el medio Infoaguilares, hace tiempo Segovia se había sumado al grupo de una iglesia de Corrientes que buscaba ayudar a los adictos. Allí, fue donde conoció a Sánchez, con quién inició una relación.

“La comunidad de Corrientes exige justicia y respuestas ante una tragedia que destruyó a toda una familia”, compartió una creadora de contenidos en su cuenta de Facebook. “Basta de matar, en que se está convirtiendo la gente”, publicó otra usuaria.

La autopsia al cuerpo de Daniela Natalia Armoa, la joven de 26 años asesinada frente a sus tres hijos en Luján, reveló la violencia del ataque: recibió 35 heridas cortopunzantes, diez de ellas penetrantes.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae que las lesiones le provocaron una fractura de cráneo y daños en varios órganos internos. De acuerdo con los resultados de la necropsia, Armoa murió como consecuencia de una falla multiorgánica y un shock hipovolémico.

Por el femicidio está detenido Emanuel César Quiroz (30), pareja de la víctima, que trabaja como carnicero.

La investigación se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Germán Pettoello, quien investiga el caso como femicidio.

Luego de ser aprehendido, Quiroz fue indagado por el fiscal y se negó a declarar. Posteriormente, quedó detenido y fue trasladado a una comisaría de Marcos Paz, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, los investigadores continúan buscando el arma utilizada en el crimen, que hasta el momento no fue encontrada.

El caso

El femicidio ocurrió el pasado viernes 7 de agosto, alrededor de las 14.30, en un domicilio ubicado en El Progreso al 1600, entre Ciudadela y Patricios, en el barrio Lanusse, de Luján.

Según pudo reconstruir Infobae, la joven fue atacada con un arma blanca tipo cuchilla frente a sus tres hijos. A pesar de que no existían denuncias judiciales previas, fuentes del caso indicaron a este medio que en el entorno familiar había antecedentes de situaciones de violencia de género.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar. También acudieron los Bomberos de Luján, que ingresaron a la vivienda y trasladaron a la víctima de urgencia al hospital local. Armoa presentaba múltiples heridas y murió poco después de ingresar a la guardia.

Tras el ataque, Quiroz escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se había refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta.

La fiscalía ordenó entonces un allanamiento de urgencia en esa propiedad para buscar el arma utilizada en el femicidio, pero el procedimiento dio resultado negativo. Durante las primeras tareas periciales, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y muestras de material orgánico y genético, que quedaron a disposición de la Justicia.

Una realidad que estremece

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

Los departamentos de Francisco Morazán, Copán y Lempira registran hasta hoy una serie de hechos violentos que dejaron al menos siete mujeres muertas, según reportes de la Policía Nacional de Honduras.

Los casos se registraron en diferentes municipios y bajo circunstancias que todavía son investigadas. Algunas de las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, mientras que en otros casos las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de las mujeres para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás de los hechos.

La nueva ola de violencia ocurre en un país que ya acumula más de 160 muertes violentas de mujeres durante 2026, según cifras divulgadas previamente por organizaciones. Las estadísticas pueden variar de acuerdo con la fuente y el período de corte, pero coinciden en mostrar la persistencia de la violencia contra las mujeres.

En el departamento de Francisco Morazán se reportaron tres casos todos en diferentes sectores de la capital Tegucigalpa.

Uno de ellos corresponde a Suheily Samaí Aguilar Romero, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de un puente detrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La joven vestía una camisa blanca y un short negro cuando fue localizada.

Las primeras diligencias apuntan a que pudo haber ocurrido una discusión con su pareja antes del hecho y no se descarta que la mujer haya caído desde la estructura. Esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y las autoridades deberán establecer con pruebas qué ocurrió.

Otro caso ocurrió en la salida de Tegucigalpa, dentro de una vivienda fue localizada sin vida Ana Carolina Larios, de 46 años. La mujer presentaba signos de golpes en el cuerpo, por lo que los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El tercer caso registrado en Francisco Morazán corresponde a Ericka Esther López López, de 18 años, quien fue encontrada muerta dentro de una habitación Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. La joven era originaria de Guajiquiro, La Paz.

Violencia imparable

La violencia también alcanzó al departamento de Copán, en el occidente de Honduras. En el municipio de La Entrada, fue asesinada a disparos Pedrina Bonilla Avilés, de 18 años.La joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada en el barrio El Dorado. Su cuerpo quedó junto al vehículo.

Los investigadores trabajan para determinar quién cometió el ataque y cuál pudo ser el motivo. Hasta el momento no se ha establecido públicamente un móvil para el crimen.

En Lempira fueron reportadas otras tres muertes violentas de mujeres. Rosa Miranda. Las autoridades todavía no han determinado el móvil del crimen. El asesinato provocó preocupación entre los habitantes de la zona porque, según reportes locales, los hechos violentos de este tipo no son frecuentes en el sector.

Así mismo fue asesinada Rosario Benítez, de 67 años. La mujer se dedicaba a la venta de ropa y era madre de 10 hijos. De acuerdo con la información preliminar, fue atacada a tiros mientras transitaba por una avenida de la zona.

El tercer caso ocurrió en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, donde murió María Reyniera Villanueva Castillo, de 48 años. En el caso de Piraera, la Policía informó que María Reyniera Villanueva Castillo habría sido atacada por su compañero de hogar durante una discusión.

El supuesto agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol, según la información preliminar proporcionada por las autoridades. Durante el mismo incidente resultó herida la hija de la víctima, Alexa Hilaria Villanueva, de 18 años.

Agentes policiales capturaron posteriormente al sospechoso, quien fue señalado de manera preliminar por los delitos de femicidio agravado y tentativa de homicidio.

Las cifras de 2026

Los siete casos reportados se suman a una estadística nacional que mantiene bajo preocupación a organizaciones de derechos humanos y entidades que monitorean la violencia contra las mujeres.

En julio, datos citados por Infobae situaban en más de 150 el número de mujeres asesinadas en Honduras durante 2026. hoy la cifra supera los 160 casos.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había advertido previamente sobre más de un centenar de muertes violentas de mujeres durante el año y señaló la persistencia de la violencia basada en género.

En los siete casos registrados durante el fin de semana, las autoridades deberán determinar individualmente las circunstancias de cada muerte. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones en los tres departamentos y busca esclarecer los crímenes.

Un hombre de 30 años, identificado como Emanuel César Quiroz, fue detenido por el femicidio de su pareja, Daniela Natalia Armoa, de 26, quien fue asesinada de varias puñaladas en su casa de Luján. El acusado se encuentra a disposición de la Justicia, mientras los investigadores trabajan para localizar el arma homicida.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió el pasado 7 de agosto en un domicilio ubicado en El Progreso 1600, entre Ciudadela y Patricios, en el barrio Lanusse, de Luján. Personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Allí, los efectivos encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, personal de Bomberos de Luján ingresó a la vivienda y trasladó de urgencia a Armoa al hospital local, donde falleció poco después de ingresar a la guardia.

Daniela Natalia, según informó el Canal 12 de Misiones, era oriunda de la localidad de Eldorado y mamá de tres chicos, de 12, 10 y 5 años. De acuerdo con los testimonios de vecinos recogidos por el medio, los menores presenciaron el ataque e intentaron intervenir para frenar la agresión. Al escuchar los gritos de los niños, los vecinos avisaron a las autoridades.

Tras el ataque, Quiroz escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta. Luego fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, con secretaría de Daiana Jimena Silvetti, quien calificó el caso bajo la carátula de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio).

Además, ordenó un allanamiento de urgencia en la casa donde fue detenido Quiroz con el objetivo de encontrar el arma utilizada para matar a Armoa. El procedimiento dio resultado negativo y, hasta el momento, el arma homicida no fue hallada.

Una vez finalizadas las primeras tareas periciales, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y muestras de material orgánico y genético que serán analizadas. La vivienda donde ocurrió el femicidio quedó preservada para la realización de nuevas pericias.

Luego de que el caso saliera a la luz, desde la Dirección de Géneros y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, compartieron un comunicado en sus redes sociales. “Con profundo dolor e indignación debemos comunicar a la comunidad de Luján el femicidio de Daniela Natalia, una mujer de 26 años de edad”, expresaron en su cuenta de Instagram.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para que Luján sea una ciudad libre de violencias”, agregaron. Y concluyeron: “Acompañaremos desde ya a la familia en cada paso y en lo que necesiten con la responsabilidad que nos caracteriza, aportando todas nuestras herramientas para lograr que se haga justicia”.

A su vez, familiares de la víctima la despidieron en redes. “Justicia por Daniela Natalia Armoa. Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”, compartió una de sus tías en su cuenta de Facebook.

Datos que estremecen

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

En Pijije de Bagaces, el calor característico de la pampa guanacasteca suele ir acompañado del murmullo constante del viento, pero la tarde del pasado miércoles 5 de agosto quedó marcada por un silencio helado y desgarrador. En el interior de una vivienda humilde, la vida de Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, fue apagada de forma violenta. Meyli, una mujer luchadora oriunda de Upala, Alajuela, era el pilar fundamental de su hogar y la madre abnegada de tres hijos: una pequeña de apenas 4 años, un niño de 12 y una joven de 18 que hoy enfrentan la crudeza del desamparo.

Aquella tarde, alrededor de las 3:07 p. m., la tranquilidad de la comunidad se rompió para siempre. Lo que comenzó como una discusión doméstica a puerta cerrada terminó convirtiéndose en la escena de un feminicidio brutal a manos de quien juraba ser su compañero sentimental: un hombre de apellido Morales, de 34 años.

Según las investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la pareja se encontraban juntos dentro de la vivienda cuando se desató un acalorado altercado verbal. Por razones que las autoridades judiciales aún intentan precisar con exactitud, la tensión escaló rápidamente hacia la agresión física.

Morales arremetió contra la mujer y, mediante el uso de la fuerza bruta, la privó del aire hasta causarle la muerte por asfixia en el mismo lugar. El agresor actuó con frialdad. Tras percatarse de que la mujer ya no respiraba, tomó una cobija y cubrió parcialmente el cuerpo sobre el suelo de la habitación, intentando ocultar el crimen antes de emprender la huida.

Fueron los propios familiares de Meyli quienes, alarmados por la falta de respuesta y presintiendo lo peor, irrumpieron en la vivienda y hallaron la devastadora escena. La desesperación de las llamadas de auxilio movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense y a la policía. Al ingresar al inmueble, los socorristas confirmaron que Meyli ya no presentaba signos vitales.

Tres años de impunidad: una orden de captura ignorada por la justicia

Con la escena custodiada y el cuerpo remitido a la Morgue Judicial para la autopsia de ley, la indignación pública se encendió al revelarse un dato inquietante sobre el sospechoso: Morales no era un desconocido para las autoridades ni un ciudadano sin historial delictivo. Sobre él pesaba una orden de captura pendiente por el delito de violación, dictada desde el año 2021.

Durante tres largos años, el sujeto caminó libremente por las calles, estableció relaciones de pareja y se desplazó con impunidad sin que el aparato policial o judicial lo sacara de circulación. Esta omisión dejó a las mujeres de su entorno expuestas a un agresor de alta peligrosidad.

Tras confirmarse el deceso, las fuerzas policiales desplegaron un intenso operativo de rastreo por el sector de Bagaces y distritos aledaños. La búsqueda culminó a las 8:41 p. m. de esa misma jornada en el barrio Corazón de Jesús, donde oficiales de la Fuerza Pública divisaron al sospechoso transitando con tranquilidad por la vía pública. Fue interceptado de inmediato, detenido sin margen de resistencia y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Hoy, mientras Morales permanece bajo custodia acumulando el procesamiento por feminicidio y su causa pendiente por agresión sexual, las comunidades de Bagaces y Upala lloran la pérdida de Meyli.

A pocas horas de asumir la representación legal de la familia de Mailén Antonich, el abogado Wenceslao Méndez confirmó que la causa por el femicidio ocurrido en Mar del Plata cuenta con “muchísima prueba” aún pendiente de ser incorporada al expediente. Por esto, anticipó que podrían surgir nuevas personas implicadas en el hecho.

Después de que la madre de la víctima, María de los Ángeles Mariscal, confirmara al letrado como su representante legal, Méndez anticipó que se esperan avances significativos durante las próximas semanas. Aunque sostuvo que la investigación es compleja, informó que ya se reunió una importante cantidad de evidencia.

“Hay muchísima prueba colectada eficazmente por la investigación. Lo que pasa es que es prueba que demora en poder plasmarse dentro del expediente”, explicó el abogado. Entre los elementos destacados, subrayó el análisis de varias horas de grabación de las cámaras de seguridad del Hotel Sasso, cuyo sistema de última generación captó imágenes relevantes para la causa.

De la misma manera, el representante legal indicó que los estudios complementarios derivados de la autopsia siguen en curso. Por este motivo, consideró que en los próximos 30 días se podría llegar a tener ciertos avances. “Vamos a poder determinar quiénes fueron los intervinientes, cuántos fueron y qué tipo de responsabilidad tienen”, manifestó.

Según la información obtenida por el medio marplatense 0223, Méndez señaló que la mecánica del crimen aún no se encuentra totalmente esclarecida, pero que la situación de los dos imputados sería clara. “No tengo dudas de que las dos personas que estaban en el lugar donde Mailén fue asesinada brutalmente claramente tienen responsabilidad en los hechos”, apuntó.

Si bien reiteró que las responsabilidades y/o grados de participación de los dos detenidos no fueron determinados, el abogado sostuvo: “Entendemos que tienen un grado de participación importante en la muerte de Mailén”. Asimismo, no cerró la posibilidad de que se sumen nuevas personas implicadas.

En este sentido, el letrado subrayó que algunos testimonios sugieren que la persona que recibió a la víctima al llegar al lugar no coincidiría físicamente con ninguno de los dos detenidos. A pesar de esto, advirtió que, por el momento, solo sería una línea de investigación.

Sin embargo, mencionó que podrían existir responsabilidades indirectas, tras mencionar los recientes allanamientos que se realizaron a allegados de la ex pareja de la joven. Asimismo, remarcó que los siete teléfonos celulares secuestrados en la investigación podrían aportar información clave.

Las sospechas sobre el entorno familiar de la víctima surgieron a partir de la declaración testimonial que ofreció Paula Daniela Vidal, una ex cuñada de Antonich. Según los detalles a los que tuvo acceso Infobae, la joven relató haber escuchado cómo su madre, María Mercedes Vidal, le decía a un hombre que le pagaría cuando “terminara el trabajo” de matar a Mailén.

Pese a la contundencia del testimonio, el fiscal Carlos Russo no ordenó ninguna medida restrictiva contra la madre de la ex pareja de la víctima. Aunque se trata de una mera hipótesis, esta ganó fuerza al constatarse que la joven había denunciado al padre de una de sus hijas por no haber cumplido con el pago de la cuota alimentaria. A partir de esto, había recibido amenazas.

En línea con esto, también se logró trazar un nexo entre la familia Vidal con uno de los detenidos por el femicidio. Por esta razón, también se analizará como línea investigativa si habría existido algún grado de planificación y/o participación del crimen.

Hasta el momento, el abogado que representa a la familia de Mailén indicó que se sospecha que no solo la ropa de la víctima fue quemada, sino también un teléfono celular. Y apuntó: “Lo cierto y lo concreto es que acá hay un crimen brutal, pocas veces visto en nuestra ciudad”.

Por este motivo, exigió que la justicia debe ofrecer respuestas tanto a la familia de Mailén como a la sociedad en su conjunto. No obstante, valoró el encuentro entre los familiares de la víctima y el juez de Garantías Daniel De Marco, a quien destacó por haberlos recibido personalmente.

Por el crimen fue detenido Luis César Navarro, quien se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre el año 2015 al 2023, con baja psiquiátrica.

El presunto femicida cayó luego de ser delatado por las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos, la noche de la desaparición y los rasguños que presentaba en su cuello y nuca, en el momento en el que fue allanado. Los investigadores creen que se trata de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

La autopsia reveló que Milagros fue castigada por su asesino sin piedad: la violó y la asfixió. La víctima estaba semidesnuda y fue divisada por su expareja el domingo siguiente.

Según pudieron reconstruir los investigadores, indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente a Infobae, Cabrera había salido cerca de las 21.30 del viernes de su casa del barrio Grosso, en Villa Rosa, rumbo a su trabajo en la localidad de Matheu. Su teléfono celular marcó una última conexión ocho minutos después, a las 21:37.

Navarro, con domicilio en la misma manzana que Milagros, abandonó su vivienda casi en paralelo, luego de mantener una discusión con su pareja. De acuerdo con lo que le dijo a su mujer, salía de la casa a comprar algo. Si bien no está todavía acreditado que se conocían, los investigadores indicaron a este medio que “se ve que el hombre la tenía vista”. Lo que vino después, estremece.

Cerca de la medianoche, el ex agente penitenciario volvió a su casa en un estado que al menos, llamó la atención. De acuerdo con lo que declaró su pareja: estaba totalmente mojado y embarrado, llegó completamente lastimado y con los rasguños que después lo terminarían por delatar. Como justificación, el hombre dijo que le habían robado.

“Estaba tratando de justificar su coartada. Dice que perdió la consciencia, lo golpearon y cuando despertó no tenía sus pertenencias”, explicaron las fuentes. Efectivamente, Navarro se bañó y fue a la comisaría a hacer la denuncia del supuesto robo.

Tras las tareas de campo realizadas en la zona, el fiscal Andrés Quintana -quien tuvo a cargo el expediente en un primer momento- y su equipo de trabajo apuntaron sus sospechas a sobre Navarro, quien fue delatado por las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición. “A la persona se la ve deambular. Por la vestimenta llegan a él y con las cámaras reconstruyen su recorrido, identifican la casa y lo detienen”, detalló el investigador consultado por Infobae.

Los detectives de la SubDDI de Pilar lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

La confirmación del crimen y la hipótesis

El domingo, el cuerpo de Milagros fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado que separa a dos plantas industriales de la zona, en un pequeño monte ubicado a la vera de la ruta y a unos 60 metros de una parada de colectivos.

La víctima estaba semidesnuda y fue visto por su expareja, un sargento de la policía bonaerense, de 41 años, quien reviste en el Comando de Patrulla de Escobar. También participó del hallazgo un cuñado de la víctima. Una médica del SAME constató el fallecimiento.

En el lugar se hizo un rastrillaje y a metros del cuerpo encontraron la cartera abierta de la víctima y los dos celulares, de la víctima y del presunto asesino. Además, había documentación personal de la chica.

De acuerdo con las fuentes, Milagros trabajaba en horario nocturno en kiosco, vivía con sus hermanas y estaba iniciando una relación con otra persona. Navarro era un completo desconocido para ella.

El presunto femicida tenía rasguños en el cuello, tórax y lesiones en las rodillas. Del cuerpo de la mujer tomaron muestras de las uñas, se le practicó un hisopado vaginal y tomaron muestras de las heridas que presentaba.

Los investigadores creen que el agente del SPB atacó a la víctima, quien luego se defendió. Ante esta situación, Navarro le asestó un golpe de puño en el maxilar, entre la oreja y la sien, que para los investigadores prácticamente la noqueó, y la dejó inconsciente. “Hubo acceso carnal y en medio del forcejeo, el imputado pierde el celular”, detalló la fuente. Al tratarse de un femicidio, la causa pasó a manos de Semería.

Con los elementos de la investigación obtenidos por la fiscal, los detectives bonaerenses y el resultado de la autopsia, la calificación del expediente -indicaron a Infobae- será modificada a homicidio criminis causa en concurso con el abuso sexual.

Navarro, quien no tienen antecedentes, deberá ser indagado bajo la nueva figura. En cuanto a la causa, restan abrir los teléfonos de la mujer y del acusado, con el objetivo de ver si efectivamente no tenían ningún tipo de relación previa.

La Justicia de Córdoba detuvo e imputó a Gerardo Luis Gasparutti por el homicidio calificado por el vínculo de su esposa, María Lucila Pagani, después de que la investigación descartara su versión de que la mujer había muerto por la explosión de un celular dentro del auto y avanzara sobre la hipótesis de un crimen planificado que habría sido encubierto como accidente.

La imputación fue ordenada por la fiscal de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, Liliana Copello, quien quedó a cargo de una causa que en un principio había sido orientada como un posible accidente. Con las pruebas incorporadas, la fiscalía sostiene que el crimen habría sido planificado.

El cambio en la causa se apoyó en los peritajes realizados tras el incendio del Renault Sandero, ocurrido el último 14 de junio sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende.

El informe de bomberos dilucidó la oscura trama que pergeñaba el acusado. “El fuego no se pudo haber iniciado por la explosión de un celular ya que en el lugar de los hechos no se encontraron restos de un celular, ni cable ni ficha”, relataron fuentes del caso a Infobae.

Lo que hallaron los peritos fue revelador, según quienes accedieron al expediente y confiaron a este medio: “restos de un líquido combustible, nafta rociada” y que “solo se incendió el costado del acompañante, algo que es impropio de un incendio accidental”.

En caso de confirmar el hecho, la figura penal de homicidio calificado por el vínculo es una acusación que prevé prisión perpetua.

La trama del presunto crimen

Testigos que declararon ante la Justicia corodobesa detallaron la conducta del acusado previa y posterior al hecho. La noche de la muerte, informaron a este medio, el acusado la invitó para celebrar los 15 años de la llegada de la víctima a Córdoba. La familia de la víctima creyó el relato del acusado.

De acuerdo con la investigación, ambos se dirigían a un restaurante de Sierras Chicas para celebrar en privado; estaban casados y tenían un hijo de 10 años.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró el auto completamente incendiado y con daños marcados en el habitáculo. Gasparutti estaba fuera del vehículo, mientras que Pagani, que viajaba como acompañante, presentaba quemaduras de extrema gravedad.

La mujer fue trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba y permaneció internada con lesiones en más del 65% de su cuerpo hasta su muerte, ocurrida tres días después del hecho, el 17 de junio.

Quién es el acusado y quién la víctima

Gasparutti, de 43 años, es director de la carrera de Nutrición en la Universidad Siglo XXI, donde además dictaba materias vinculadas con alimentos e higiene, y trabajaba como asesor de empresas del sector.

Pagani, por su parte, tenía 47 años y desarrollaba una trayectoria académica y docente en Córdoba. Era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y había cursado otra maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea en la Universidad Nacional de Córdoba.

Además se desempeñaba cumpliendo funciones administrativas en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de la Facultad de Ciencias Sociales, de dicha facultad, además de integrar la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos.

Un día antes de que la Justicia de a conocer la pena que le corresponderá a Luis Alberto Espinosa por el crimen de su pareja Jéssica Noemí Scarione, cometido en septiembre del año pasado, la fiscalía pidió mediante una audiencia que le dicten prisión perpetua.

La mujer de 35 años y madre de cuatro hijos fue asesinada de un disparo en septiembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. El pedido fue formulado durante la audiencia de determinación de pena por la fiscal Lucrecia Sola del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, una solicitud que contó con el apoyo de la familia de la víctima.

Las funcionarias sostuvieron que, dado el delito por el que Espinosa, fue encontrado culpable en mayo pasado, la ley no da margen para que se imponga otra pena. La única condena posible por la calificación legal de homicidio triplemente agravado es la prisión perpetua sin posibilidad de reducirla por ninguna circunstancia. Los jueces adelantaron que anunciarán su decisión este jueves por la mañana.

El crimen fue calificado de esa manera por tres razones: el acusado era la pareja de la víctima, el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género y se cometió con un arma de fuego. En la misma audiencia, la fiscalía pidió también que Espinosa sea declarado reincidente por segunda vez, dado que ya tiene condenas previas cumplidas por robo y hurto. Los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto deberán expedirse sobre ambas cuestiones.

El crimen de Scarione

El camino hasta esta instancia comenzó la madrugada del viernes 12 de septiembre de 2025, cuando los vecinos del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza escucharon una pelea en la casilla ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid. Ese mismo día Espinosa efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el abdomen de Scarione y le provocó una hemorragia masiva por lesión de la arteria ilíaca. Tras el crimen, el hombre escapó del lugar.

El cuerpo de la víctima quedó en el interior de la vivienda y fue hallado el domingo siguiente por un familiar que no lograba contactarla desde el viernes. Al llegar al domicilio, encontró el lugar en desorden, con objetos rotos y esparecidos, y el cuerpo sin vida de la mujer.

La autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó que la causa de muerte fue la hemorragia provocada por el disparo. Para ese entonces, la fiscal Sola ya había ordenado la inmediata captura de Espinosa y el secuestro de las cámaras de vigilancia de la zona.

La detención se produjo dos días después en la localidad de Senillosa, a raíz de un operativo coordinado por el MPF con la participación de la Policía de la provincia de Neuquén.

Una pareja marcada por la violencia

La relación entre Espinosa y Scarione tenía un historial documentado sobre distitnos sucesos violentos. La víctima había radicado varias denuncias contra él, y el 24 de agosto de 2025 —apenas semanas antes del femicidio— había solicitado protección judicial. En esa oportunidad, se dispusieron medidas cautelares, entre ellas la posibilidad de refugio y la entrega de un botón antipánico. Poco después, Scarione abandonó el refugio de forma voluntaria y regresó a convivir con Espinosa.

Tras esa decisión, la mujer se presentó ante la Justicia para pedir que se levantaran todas las medidas de protección dispuestas en su favor. El juzgado rechazó el pedido y resolvió mantenerlas vigentes hasta que la propia víctima lo solicitara nuevamente.

El 29 de mayo de 2026, durante una audiencia judicial, Espinosa admitió su responsabilidad en el crimen a través de un acuerdo parcial presentado por el MPF y fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio triplemente agravado en carácter de autor. La audiencia de este jueves definirá si se impone la prisión perpetua y si se declara la segunda reincidencia, dos puntos que la fiscalía y la querella respaldaron de forma conjunta.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue asesinada tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Mar del Plata, dio un giro en las últimas horas. Tras analizar las cámaras de seguridad del predio donde este domingo encontraron su cuerpo, los investigadores lograron reconstruir una cronología distinta a la que figuraba en la denuncia presentada por la familia de la víctima en la Comisaría 16.

Según pudo saber Infobae, las imágenes obtenidas gracias al trabajo de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires muestran a Mailén en la zona del hecho el viernes 31 de julio, alrededor de las 15, y no el sábado 1° de agosto, como había quedado asentado inicialmente en al denuncia.

“En las grabaciones, se observa a la chica caminando por el complejo mientras es perseguida por un hombre, hasta perderse de vista”, confió a este medio una fuente del caso. Ese es, hasta el momento, el último registro visual de la víctima.

Sin embargo, los investigadores no pudieron reconstruir qué ocurrió después. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de General Pueyrredón, que podrían haber permitido seguir el recorrido de la joven fuera del predio, no estaban funcionando al momento de los hechos, indicó la misma fuente.

El hallazgo de esas imágenes llevó al fiscal Carlos Russo, quien había dispuesto un secreto de sumario por 48 horas, a ampliar las declaraciones de los familiares de la víctima.

Fue entonces cuando la madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, explicó que, en realidad, la joven había salido de su casa el viernes 31 de julio. Esa versión coincidió con lo registrado por las cámaras y permitió explicar la diferencia entre la denuncia inicial y la reconstrucción que ahora maneja la fiscalía.

En ese sentido, la investigación también dejó al descubierto algunas diferencias entre el relato inicial de la familia y lo que hoy surge del expediente. Mientras los familiares cuestionaron el accionar policial durante las primeras horas de la búsqueda, la denuncia por averiguación de paradero quedó formalizada durante la madrugada del domingo 2 de agosto y, pocos minutos después, un llamado al 911 derivó en el operativo en el Balneario Cero, donde fueron detenidos los dos sospechosos y hallado el cuerpo de la joven.

Aun así, persisten varios interrogantes. El teléfono celular de Mailén nunca fue encontrado y los investigadores todavía no lograron establecer qué ocurrió con el estado de WhatsApp que, según había relatado la familia, mostraba una imagen del ingreso al balneario el sábado 1° de agosto a las 17.04, una circunstancia que no coincide con la nueva cronología reconstruida por la fiscalía.

Tampoco terminó de esclarecerse el rol del conductor que la trasladó hasta el balneario. El hombre se presentó espontáneamente ante la policía acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Una amenaza previa y un allanamiento

En paralelo, la investigación comenzó a profundizar una nueva línea vinculada al entorno familiar de la víctima.

Todo surgió a partir de la declaración testimonial de Paula Daniela Vidal, ex cuñada de Mailén, quien aseguró que su madre, María Mercedes Vidal, había mantenido una conversación telefónica el jueves 30 de julio con un hombre. Según el relato, que habría sido escuchado por el hijo menor de Paula, la mujer dijo que, cuando “terminara el trabajo” de matar a Mailén, le iba a pagar.

Ese testimonio llevó al fiscal Carlos Russo a ordenar un allanamiento en la vivienda de María Mercedes Vidal, ubicada en la calle Labardén al 3300 de Mar del Plata. Durante el procedimiento, personal de la DDI secuestró siete teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. Sin embargo, la fiscalía no dispuso ninguna medida restrictiva contra la mujer.

La hipótesis cobró relevancia luego de que los investigadores comprobaran que Mailén había denunciado al padre de una de sus hijas por incumplimiento de la cuota alimentaria y constataran la existencia de amenazas previas contra la joven.

Además, según confiaron fuentes del caso a Infobae, también se estableció un vínculo de cercanía entre la familia del padre de la hija mayor de Mailén y uno de los dos hombres detenidos por el femicidio, un dato que ahora busca ser profundizado para determinar si existió algún grado de planificación o participación de otras personas.

La nueva línea de investigación guarda relación con lo que la familia venía sosteniendo desde los primeros días de la investigación. “Organizaron esto para matarla. Ella fue ahí engañada”, sostuvo la madre de la joven al insistir en que la falsa entrevista laboral fue una maniobra para atraer a Mailén hasta el balneario.

Mientras tanto, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos serenos detenidos por el crimen, continúan alojados a disposición de la Justicia.

Una realidad que estremece

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

Navarro, que se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del SPB, entre el año 2015 al 2023, con baja psiquiátrica, fue apresado en su domicilio donde los efectivos de la SubDDI de Pilar incautaron distintas prendas vinculadas al hecho, un celular con funda transparente y un billete de 50 pesos, hallado en su interior.

El secuestro del aparato es clave para la causa debido a que, según las fuentes, el sospechoso lo había utilizado como coartada: minutos después del crimen se dirigió a la comisaría de Villa Rosa y denunció que se lo habían robado.

A Navarro lo delataron las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición y los rasguños que presentaba en su cuello y nuca, en el momento en el que fue allanado. Los investigadores creen que se trata de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

El cuerpo fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado. La víctima estaba totalmente desnuda. Milagros fue reconocida por su ex pareja, un policía que presta servicios en Escobar que la buscaba junto a su cuñado.

La investigación, a cargo de la UFI N°2 de Pilar, incluyó relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. De esta manera, los detectives de la SubDDI lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

Con aval de la fiscalía se dispuso un allanamiento de urgencia, en el que se detuvo a Navarro y se seuestró ropa, calzado y el celular que nunca dejó estar en su poder, pese a la denuncia que realizó.

El caso se conoce horas despúes del hallazgo del cuerpo, en una playa de Mar del Plata, de Juana Mailén Antonich, una joven de 24 años que asistió, engañada, a una falsa entrevista de trabajo a la que fue convocada por redes sociales.

El cuerpo estaba tapado con una sábana y debajo de un contenedor. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por una herida cortante en zona traqueal. Aunque los peritos no encontraron evidencia de abuso sexual, creen que la víctima, madre de dos nenas de 1 y 6 años, fue atacada cuando intentó evitarlo.

El caso, a cargo del fiscal Carlos Russo, tiene dos detenidos. Se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27). Ambos se desempeñaban como serenos en el predio.

El fiscal espera el resultado de diferentes pericias, a la vez que avanza la investigación con el fin de determinar si hay otras personas invocucradas en el femicidio.

El caso

Cabrera había salido, a las 21.25 del viernes, de su casa del barrio Grosso rumbo a su trabajo en la localidad de Matheu. Su teléfono celular marcó su última conexión a las 21.37. Pilar a Todos indicó que, si bien sus familiares llamaron insistentemente, nadie respondió.

El cuerpo fue encontrado en un descampado que separa a dos plantas industriales de la zona, en un pequeño monte que hay a la vera de la ruta y a unos 60 metros de una parada de colectivos, detalló el medio local.

El cuerpo fue hallado por la ex pareja de la víctima, un sargento de la policía bonaerense, de 41 años, quien reviste en el Comando de Patrulla de Escobar. También participó del hallazgo un cuñado de la víctima. Una médica del SAME constató el fallecimiento. La víctima no tenía ningún vínculo con el detenido.

A más de dos meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba, la defensa del papá de la menor solicitó las detenciones de la mamá y la hermana de Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de la joven.

Fernanda Alaniz, una de las representantes legales de Gabriel Vega, confirmó a Infobae que pidió los arrestos de Viviana, madre del femicida; de una de las hermanas del acusado y de los tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878.

Según explicó la letrada, la solicitud se basa en “los ingresos y egresos a la propiedad luego del crimen de Agostina y antes del allanamiento”. A su criterio, las cinco personas “ayudaron a limpiar la escena del crimen” y colaboraron para eliminar rastros que podían resultar determinantes para la investigación.

Alaniz sostuvo además que los inquilinos tenían llave de la vivienda y que todos se encontraban allí durante las horas posteriores al femicidio. “El único lugar para entrar o salir era donde se cometió el crimen”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del planteo es el baño de la vivienda. Allí, durante las primeras pericias, los investigadores detectaron mediante pruebas con Luminol rastros de sangre que no eran visibles a simple vista y que, según la acusación, habían sido eliminados tras una limpieza.

“¿Quién limpió tan bien el baño? Si toda la casa era una mugre”, planteó Alaniz. Para la querella, resulta imposible que quienes convivían en el inmueble no hubieran advertido lo ocurrido en ese ambiente durante los días posteriores al crimen.

La abogada también reveló que durante el último fin de semana se realizaron nuevos allanamientos en distintos puntos vinculados con la investigación. En esos procedimientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a pericias, mientras la querella aguarda la resolución del fiscal sobre el pedido de nuevas detenciones.

Los cuatro imputados

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas imputadas.

Claudio Barrelier permanece detenido con prisión preventiva, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género.

También recibieron la prisión preventiva Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Según la acusación, Fassetta actuó como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina, mientras que Andreani le facilitó el Ford Ka negro que, para la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La cuarta imputada es Marianela Palmero, pareja de Barrelier. Fue detenida a fines de junio por el mismo delito de encubrimiento agravado, aunque es la única de los cuatro acusados cuya situación procesal todavía no fue definida, ya que el fiscal Garzón aún no resolvió si le dictará la prisión preventiva.

Una mujer de 31 años fue asesinada de una puñalada en el cuello en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Rosario. Fue en el departamento de un joven de 23 años, que se presume que era su novio, quien lejos de llamar a la Policía o una ambulancia se fue del lugar. Horas después, el presunto atacante fue detenido en una estación de servicio del centro.

El femicidio ocurrió en un edificio de tres pisos ubicado en Crespo al 500, en el barrio Luis Agote. Todos los vecinos de todos los departamentos se juntaron en el palier después de haber escuchado una fuerte discusión en el primer piso, desde donde una mujer comenzó a gritar en pedido de auxilio, hasta que, de manera repentina, no se escuchó más nada.

La Policía llegó rápidamente al lugar, pero como no eran atendidos del departamento de donde se habían escuchado los gritos, fue un vecino el que se metió por un balcón y se asomó para ver qué había adentro. Allí observó el cuerpo de Débora Giuliana Bordón enrollado en una sábana, con un cuchillo en el cuello.

“El pibe no tenía relación con nadie acá. No se sabe bien qué relación tenían. Ella no vivía acá, él sí, y trabajaba en un bar. Ya el fin de semana pasado se había escuchado otro altercado en su departamento”, comentó Facundo, el vecino que halló el cadáver de Débora.

El vecino apuntó que él vive en el tercer piso, pero escuchó todo como si hubiese sido al lado. “Bajé con una vecina. De golpe no había más ruidos. Salieron otros vecinos y nos encontramos en el palier. El único que no salió es de donde venían los gritos”, remarcó.

“Le tapaba la boca cuando ella gritaba. Le dije que iba a llamar a la Policía. Ahí bajaron vecinos y nos encontramos en el palier. Una vecina lo había visto una vez con los puños con sangre. Sí hemos escuchado de ese lugar ruidos de muebles rotos, de golpes. Por suerte nunca lo vi, porque era nuevo”, concluyó la vecina del primer piso que llamó al 911 y que posibilitó el hallazgo del cuerpo.

El sospechoso, Axel Alejandro M. (23) no fue localizado en el lugar. Se sospecha que se tiró desde el balcón del primer piso para irse, ya que nadie lo vio salir del edificio y varios vecinos gritaron que estaban llamando a la Policía ni bien comenzaron a oír la discusión. Dejó documentación suya, que permitió a la Policía avanzar rápidamente con seguimiento con cámaras a través del sistema Lince con las características físicas del sospechoso.

Axel fue encontrado en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini horas después. Lo arrestó la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones. Lo trasladaron a la sede de la PDI a la espera de la audiencia imputativa que llevará adelante la fiscal Anabel Cerutti de la unidad de Violencias Altamente Lesivas.

El crimen de Mailén Antonich, ocurrido el fin de semana en Mar del Plata, ya tiene dos detenidos que se negaron a declarar. Sin embargo, la familia de la joven asesinada asegura que hay un tercer asesino suelto y que el crimen fue premeditado.

Dicho planteo provino de declaraciones de la mamá de la víctima, María de los Ángeles Mariscal, quien se refirió a la muerte de la joven de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en el Balneario Cero, tras acercarse para una entrevista de trabajo que resultó ser falsa.

“Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino”, afirmó Mariscal en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata. La noche del sábado los hermanos Mailén salieron a buscarla y uno de ellos la encontró “debajo de uno de esos contenedores envuelta en una sábana”. La madre, en ese momento, viajaba desde Buenos Aires —donde reside actualmente— hacia la ciudad balnearia, tras enterarse de la desaparición de su hija.

Según contó al mismo portal local, Mailén se había separado del padre de su primera hija, de 6 años, y era madre soltera de una bebé de un año, por lo que buscaba trabajo para sostener a las dos niñas. “Ella vivía en un terreno del barrio Las Heras con dos de sus hermanos y las hijas. Quería estudiar para ser maestra jardinera, pero primero tenía que terminar el secundario, que le faltaba un año y estaba en eso. También había hecho un curso de manipulación alimenticia y hacía limpieza en la discoteca Luna, los sábados a la noche”, relató Mariscal.

“En Facebook le enviaron una propuesta de trabajo del balneario, como que buscaban gente para el verano. Ella fue ahí engañada por estos dos que organizaron todo para matarla”, detalló respecto al viernes pasado, día en que salió de su domicilio hacia “Punta Mogotes Cero”. Antes de arribar, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Luego de eso, un remisero pasó a buscarla y la llevó al encuentro de tres hombres que la esperaban.

Sobre los acusados, la mujer señaló que no conoce a ninguno de los dos —Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, los serenos del predio—; ni al conductor del auto, con quien la familia precisó que estaba iniciando una relación. De igual forma, insistió en la posibilidad de un tercer implicado.

Qué dijo sobre el hallazgo

Mariscal habló del día en que despidieron los restos de su hija e indicó que el cadáver llevaba colocada “una gasa en la frente” y que, al levantarla levemente, observó que “del lado izquierdo para atrás tenía toda la cara rajada”. A partir de esa descripción, planteó: “Para mí alguien la atacó de atrás cuando ella se defendía de alguien de frente”.

Esa hipótesis coincide con los indicios que la investigación fue reuniendo desde el hallazgo del cuerpo. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, tanto Díaz Bartolomé como Aquino presentaban al momento de su detención lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Mariscal también señaló que el celular de su hija no apareció y que en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había restos de alcohol. Estaba envuelto en una frazada, detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio y atado de pies y manos. Un tambor metálico de 200 litros con restos de incineración fue hallado a pocos metros del cadáver y quedó bajo análisis de la Policía Científica. Además, los dos detenidos presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Russo, el fiscal a cargo del caso, decretó el secreto de sumario por 48 horas tras la negativa de ambos imputados a declarar ante la Justicia marplatense. La familia convocó para este miércoles al mediodía a una marcha desde Independencia y Colón hasta Tribunales, en reclamo de respuestas por el femicidio.

Un atroz femicidio ocurrió en la madrugada de este lunes en la zona de Barrio Palangana de Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza.

Janeth Anze Colque, oriunda de Bolivia, de 42 años, fue degollada mientras dormía sobre un colchón en el piso de su domicilio. Hay un sospechoso, detenido por la Policía Bonaerense: se trata de Mario Salvador López, su ex pareja, también oriundo de Bolivia, albañil de oficio.

Fuentes del caso confirman que las autoridades no tardaron en identificarlo: su propia hija, de 23 años, denunció el crimen y lo entregó, tras hallar a su madre desangrada en el piso. Así, López fue arrestado por personal de la Comisaría 3ª de la jurisdicción.

El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios matancera, que se presentó en la escena del hecho, lo indagará en las próximas horas. El crimen de Janeth Colque, aseguran fuentes oficiales, se convirtió en la quinta muerte violenta en siete días en la jurisdicción.

Colque y López atravesaban un violento proceso de separación tras veinte años de vínculo, con tres hijos entre ambos. El acusado dormía en la casa del crimen los fines de semana; el resto del tiempo vivía en el domicilio porteño de un familiar, ya que trabajaba en una obra. Así, regresaba a su casa. La tensión en la pareja llevó a que Janeth pase sus noches en un colchón en la planta baja del lugar, donde finalmente fue asesinada.

El 8 de julio pasado, Colque denunció a su ex por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino. Allí, la víctima pidió su exclusión del hogar, con un reporte que hoy está en manos del fiscal Rulli.

En su denuncia, a la que Infobae accedió en forma completa, Janeth aseguró que la convivencia con López “ya no va mas”. Afirmó que era “una persona muy agresiva” y que “aunque no estemos juntos me quiere controlar” y agredir físicamente, con varias palizas en los últimos tiempos. Hasta ese momento, no lo había denunciado “por temor”, y porque se encontraba “sometida en la relación”.

Sin embargo, sus propios hijos, ya mayores de edad, la instaron a presentarse ante las autoridades para que acusara a quien sería su presunto asesino.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, según indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El examen forense determinó, además, que la joven presentaba varias heridas de arma blanca y lesiones compatibles con un intento de defensa en los brazos y las piernas, un dato que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de que intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

El preliminar de la autopsia coincide con las lesiones que tenían Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), ambos detenidos por el femicidio. Este lunes serán indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata, a cargo del caso.

En paralelo, el conductor que trasladó a Antonich hasta el balneario, con quien, según la familia, estaba iniciando una relación sentimental, se presentó este domingo en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) acompañado por un abogado y se puso a disposición de la Justicia. Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que, por el momento, no fue indagado.

El caso

Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos hijas de 1 y 6 años, salió de su casa la tarde del sábado 1° de agosto para asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki, en la zona sur de Mar del Plata.

Según denunció su hermano Walter Antonich en la Comisaría 16, la joven había sido contactada a través de Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel. Un chofer pasó a buscarla por su casa y la dejó en el balneario. Esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella. El último registro de actividad de su WhatsApp fue a las 17.04, cuando publicó un estado en el que se veía el ingreso al predio.

Al advertir que no regresaba y que su teléfono permanecía apagado, sus familiares comenzaron una desesperada búsqueda. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook para intentar recuperar la conversación con quien le había ofrecido el supuesto trabajo y, con esos datos más la imagen que publicó del lugar, llegaron hasta el balneario.

"Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho“, recordó Luis, tío de la joven, en declaraciones televisivas. Según su relato, cuando regresaron al lugar, vieron a dos hombres “prendiendo fuego en los tachos”, por lo que llamaron al 911.

Cuando la policía arribó al lugar, los sospechosos intentaron escapar entre los árboles, aunque fueron detenidos a pocos metros. Durante el rastrillaje posterior, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén detrás de una casilla utilizada por los serenos del complejo. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. A pocos metros también apareció un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración, que continúa siendo peritado.

La madre de la víctima sostuvo que su hija había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba trabajar para mantener a sus hijas. “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, busca reconstruir qué ocurrió desde que Antonich ingresó al balneario hasta el momento del ataque. Entre las medidas pendientes figuran el análisis de las cámaras de seguridad del predio, las pericias sobre los elementos secuestrados en la escena y la indagatoria de los dos detenidos.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

La denuncia presentada por Walter Antonich, hermano de Mailén Antonich, aporta nuevos detalles sobre las últimas horas de la joven de 24 años antes de ser asesinada en el Balneario Cero, en la zona sur de Mar del Plata. La causa, que instruye el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7, tiene detenidos a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos serenos sospechados de haber participado en el femicidio.

De acuerdo con el documento al que accedió Infobae, la familia comenzó a reconstruir el recorrido de la víctima apenas advirtió que no regresaba a su casa y no daba señales. Según explicó, eso les llamó la atención porque “ella tiene dos hijas de 1 y 6 años y siempre está muy al pendiente de las nenas, por lo que siempre avisa si llega más tarde de algún laburo o algo”.

En el relato que hizo ante los efectivos de la Comisaría 16, Walter contó que el sábado 1° cerca de las 16, un conductor identificado como Valentín B. pasó a buscar a su hermana por su vivienda de la calle Nápoles al 8500 para llevarla a una entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Punta Mogotes.

Precisó que su hermana salió vestida con una campera negra con rayas blancas, una remera roja, un pantalón de jean de color azul con roturas en las rodillas y una mochila de color negro. “Desde ese momento no volvimos a saber más nada de ella”, aseguró.

De acuerdo con la denuncia, la familia de Mailén intentó comunicarse con ella a su teléfono, pero el aparato permanecía apagado. Sin embargo, lograron establecer que el último registro de actividad de WhatsApp fue a las 17.04, horario en el que, según indicó su hermano, correspondía al momento en que publicó un estado de WhatsApp en el que se veía el ingreso al Balneario Cero.

Walter Antonich también contó que Mailén le había comentado a una amiga que había publicado un pedido de trabajo en Facebook y que, a partir de ese aviso, un hombre la contactó por mensaje privado para ofrecerle un empleo de limpieza en un hotel. Ambos acordaron encontrarse el sábado en el Balneario Cero.

Uno de los datos más relevantes del escrito es el relato que, según Walter, le hizo el conductor que trasladó a su hermana. Es que, al ver que Mailén no regresaba, lo ubicaron para consultarle si tenía algún dato. “Me dijo que él la llevó hasta ahí, que como estaba lloviendo, le prestó una campera para que ingresara hasta el lugar. La esperó 30 minutos y, como no salía, se fue”, dijo.

Más tarde, el tío de la víctima contó en declaraciones a TN que el conductor les dijo que no era remisero “oficial” y que había llevado a Mailén “de onda” porque ambos se estaban conociendo y mantenían una relación sentimental incipiente.

“Me pareció todo muy raro. Yo le había mandado un mensaje y me pidió que lo mantuviera informado, pero después me bloqueó. Por lo que escuché, se presentó a declarar, aunque a nosotros no nos dijeron nada”, sumó Luis.

A medida que pasaban las horas, la preocupación de la familia aumentaba. “Como no teníamos noticias de ella, con su amiga ingresamos a la cuenta de Facebook de mi hermana para ver si encontrábamos el chat de la persona que le ofreció el laburo, pero no encontramos nada”, declaró Walter.

Con esos elementos, la familia se dirigió primero a la comisaría para denunciar la desaparición y luego comenzó a recorrer el balneario, guiándose por la foto que Mailén había publicado, donde se veía una tranquera. Horas después observaron movimientos sospechosos y alertaron al 911.

La llegada de la Policía terminó con la detención de dos hombres que intentaron escapar entre los árboles y el posterior hallazgo del cuerpo de Mailén detrás de una casilla ubicada dentro del predio.

La investigación continúa a cargo del fiscal Carlos Russo, quien busca reconstruir qué ocurrió desde que la joven ingresó al balneario hasta el momento de su asesinato. Para eso se analizarán las cámaras de seguridad del complejo y el resto de las medidas de prueba ordenadas en la causa. Con respecto al conductor que trasladó a Antonich hasta el predio, según supo Infobae, el hombre se presentó este domingo en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Lo hizo acompañado por un abogado y se puso a disposición de la Justicia.

De inmediato, el modelo argentino Daniel “Loli” Briglia entendió que su vida había cambiado para siempre. Escapó. Detrás de él, dejó a Melinda Persotzi, una mujer húngara de 45 años, en un charco de sangre y con un profundo corte en el cuello.

Ocurrió cerca de las 10 de la mañana del 21 de julio pasado en Benahavís, un pintoresco y sereno pueblo de casas blancas, ubicado a unos siete kilómetros de la Costa del Sol Occidental, en Málaga, España.

La Guardia Civil no tardó en llegar al complejo residencial “Los Arqueros”, donde los vecinos habían escuchado un grito desgarrador y, luego, vieron a un hombre, de unos 60 años, fugarse en un auto. Aunque no se demoraron, la ventana de tiempo permitió al presunto femicida permanecer en el anonimato por algunas horas.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, tras el asesinato, el argentino se habría comunicado con sus allegados en Concordia (Entre Ríos), a quienes les habría confesado el crimen. Balbuceó antes de cortar el llamado sobre su final.

No era la primera vez que Briglia visitaba la región y las playas de Marbella que, a juzgar por sus publicaciones en Facebook, lo impactaron. “Maravillosa, increíble, hermosa”, son algunos adjetivos que le dedicó mientras registraba imágenes de la ciudad en el año 2024.

Según las fuentes, regresó hace dos meses y le rentó una habitación a Persotzi. De acuerdo a esa versión, habría tenido una relación sentimental con la víctima durante la pandemia. No trascendió el motivo que desencadenó el asesinato.

El entorno decidió mantener en reserva la conversación mientras seguían los pasos de la investigación, con la convicción de que no podría mantenerse demasiado tiempo prófugo. En el medio, el fugitivo dejó de seguir en Instagram a la mujer asesinada.

Finalmente, el último viernes, diez días más tarde, la Policía lo localizó cerca de una precaria vivienda de Istán, a unos 30 kilómetros de la escena del crimen. Los medios locales indicaron que, al verse cercado, “intentó degollarse”. Lo asistieron y lo sacaron en camilla. Permanece detenido.

De las pasarelas a la detención por asesinato

“Loli” Brigia, oriundo de Concordia y de 64 años, es un conocido modelo en la ciudad —aún en actividad— que posó para marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein, entre otras, según puede desprenderse de sus publicaciones en redes sociales.

El 22 de octubre del año pasado, hizo pasarela en el Centro de Convenciones de Concordia. Desfiló con trajes y, muy elegante, acompañó a una novia con su vestido blanco; también lució indumentaria deportiva. Días antes, estuvo en la Plaza Rural de la ciudad en un evento organizado por una fundación.

Entre sus álbumes de fotos en la red social Facebook puede verse su paso por la moda a lo largo de los años y a través de capturas de recortes de diarios y revistas. En uno de ellos, titulado “Qué épocas aquellas”, se observa un recorte en el que puede leerse: “Deportivo, elegante y muy buen mozo”. Briglia está sobre el piso y recostado en una silla.

También realizó “Tango”, una producción para la revista Playboy en 1987, junto a la destacada bailarina y vedette Cecilia Narova, en Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Juana Mailén Antonich, una mujer de 24 años que había desaparecido al salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Por el crimen, hay dos serenos detenidos.

La joven fue encontrada sin vida en una playa de la zona sur, envuelta en una sábana y oculta debajo de un contenedor, según informó 0223. El hecho se produjo luego de que Antonich fuera contactada por redes sociales para una oferta laboral inexistente.

Todo comenzó cuando Antonich, madre de dos hijas de 1 y 6 años, se ausentó de su domicilio el viernes por la tarde tras ser citada a un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero”. Antes de acudir, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Un remisero pasó a buscarla y, según el testimonio de su familia recogido por medios locales, en el lugar la esperaban tres hombres.

La madre de Antonich, identificada como María, relató al medio marplatense que la joven aceptó la propuesta laboral porque buscaba generar ingresos para sus hijas.

“Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó la mujer.

La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 16 y que la investigación inicial recayó sobre los mismos familiares. Una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

La búsqueda condujo a los familiares hasta la playa del sur, donde observaron cámaras de seguridad y testigos reportaron movimientos sospechosos. Fue el propio hermano de Antonich quien localizó el cuerpo, situación que, según narró María, se produjo tras tres días de búsqueda sin colaboración oficial.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana”, sostuvo.

El procedimiento posterior al hallazgo también fue cuestionado por la familia. La madre viajó desde Buenos Aires y manifestó que no le permitieron acercarse al cuerpo para reconocerlo, a pesar de que su hijo ya lo había hecho.

La familia pidió que el caso sea un llamado de atención para evitar nuevas víctimas. “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es toda una mentira”, advirtió la madre.

La investigación

La causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, quien indicó que familiares y efectivos de la Comisaría Quinta realizaban tareas de búsqueda durante la noche cuando “vieron a dos sujetos quemando cosas; fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, reveló.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, quien se desempeñaría como sereno del lugar, y José Luis Aquino, de 27 años, también vinculado a las mismas tareas en el predio.

“Estamos recabando imágenes de las cámaras de seguridad, todavía no las conseguimos”, detalló el fiscal sobre las medidas que solicitó para esclarecer el asesinato.

Por otro lado, personal de Policía Científica trabajó en el lugar durante la madrugada en busca de evidencias. Russo señaló que la autopsia permitirá avanzar en la mecánica de muerte. Esperan que se realice en las próximas horas.

La investigación continúa bajo la carátula de homicidio mientras se esperan los resultados de las pericias y nuevos testimonios que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima.

Una mujer murió de forma violenta en el barrio La Pista, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, luego de sufrir un ataque que, de acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, habría sido cometido con un objeto cortopunzante.

La víctima presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, una herida en el cuello habría sido la que le provocó la muerte, según los primeros reportes conocidos tras el levantamiento realizado por las autoridades.

El crimen movilizó a agentes de la Policía Nacional, quienes se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas. Paralelamente, personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo para practicar la autopsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.

Las primeras inspecciones realizadas en la escena también permitieron identificar algunos elementos que podrían ser compatibles con un forcejeo previo al ataque.

No obstante, las autoridades aclararon que esta información forma parte de las hipótesis iniciales y deberá ser confirmada mediante los análisis científicos y periciales que continúan desarrollándose.

Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias físicas, entrevistas a posibles testigos y revisión de otros indicios que permitan reconstruir los últimos momentos de la víctima antes del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni han informado si existen sospechosos o personas detenidas en relación con este caso. Tampoco se ha establecido públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas todas las líneas investigativas mientras analiza las pruebas recolectadas en la escena y otros elementos que puedan conducir a la identificación de los responsables.

Entre las hipótesis que deberán ser descartadas o confirmadas por las autoridades se encuentran la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un episodio de violencia interpersonal, un posible caso de violencia de género u otra circunstancia que únicamente podrá establecerse una vez concluya la investigación.

El expediente también dependerá de los resultados emitidos por Medicina Forense, cuyos análisis serán fundamentales para determinar el tipo de arma utilizada, la secuencia de las lesiones y otros aspectos técnicos que podrían aportar información relevante para el proceso judicial.

El crimen ha generado preocupación entre los habitantes de Catacamas, una ciudad que en los últimos años ha registrado diversos hechos violentos que mantienen bajo vigilancia a las autoridades de seguridad.

La muerte de la mujer también vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra las mujeres en Honduras, un fenómeno que continúa siendo motivo de preocupación para organismos defensores de derechos humanos y entidades dedicadas al monitoreo de la seguridad ciudadana.

De acuerdo con datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 148 muertes violentas de mujeres y femicidios, según el monitoreo realizado por esa organización a partir de publicaciones en medios de comunicación.

Por su parte, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, informó que al cierre de junio se contabilizaban 139 muertes violentas de mujeres, una cifra muy similar a los 138 casos registrados durante el mismo período de 2025.

Las estadísticas reflejan que, pese a los esfuerzos institucionales para prevenir este tipo de delitos, la violencia letal contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también ha manifestado su preocupación por la persistencia de estos hechos y ha instado al Estado a fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y sanción para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y reducir los niveles de impunidad.

La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión efectiva a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado” en el caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez. La sentencia fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot este miércoles durante un juicio abreviado, luego de que el imputado reconozca su responsabilidad penal. La víctima, de 25 años, fue asesinada y su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de residuo en un basural de la zona de Manantial Sur en enero de este año.

El acuerdo, celebrado entre la Unidad Fiscal de Homicidios I, la defensa y la querella, contempla además una reparación económica de 100 millones de pesos destinada a la familia de la víctima. Durante la audiencia, la fiscalía subrayó “la brutalidad del hecho precedente y la fuerte carga simbólica contra la dignidad” que implicó el descarte del cuerpo de la joven.

La condena de Navarro Flores se inscribe en un expediente penal que continúa abierto respecto a otros involucrados: Felipe Sosa permanece acusado como autor material del femicidio, mientras que Justina Gordillo, funcionaria pública, y Jorge Orlando Díaz siguen imputados por distintos grados de encubrimiento agravado. El acuerdo de juicio abreviado al que accedió Navarro Flores no afecta el avance de la causa en relación a estos coimputados.

La investigación técnica resultó determinante para reconstruir los movimientos de Navarro Flores después del crimen cometido por Felipe Sosa. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) recolectó pruebas que demuestran que el 7 de enero de 2026, Navarro Flores recibió comunicaciones de Sosa desde las primeras horas del día y acudió a su domicilio en dos oportunidades.

Cerca de las 22:00 horas de esa jornada, Navarro Flores regresó a la vivienda en un vehículo Toyota Hiace y, según las evidencias, retiró bolsas que contenían restos, prendas y otros rastros de la víctima, para posteriormente descartarlas. El análisis de llamadas, el impacto de antenas telefónicas y los registros de cámaras de seguridad permitieron confirmar la coordinación entre Navarro Flores y el autor material del femicidio para eludir la acción de la justicia. Aunque Navarro Flores aportó información en el transcurso del proceso judicial, su detención en febrero se logró gracias al avance de una investigación técnica realizada.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó la gravedad de la conducta atribuida al condenado, al considerar que la remoción y descarte de los restos de la víctima representó “una afrenta a la dignidad humana y un intento deliberado de obstaculizar la investigación penal”. La reparación económica ofrecida como parte del acuerdo fue aceptada por la familia de la joven, quienes estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El femicidio de Érika Antonella Álvarez

Érika Antonella Álvarez tenía 25 años y residía en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán. El martes 6 de enero de 2026 fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella a través de mensajes, en los que la joven prometió cenar con ellos al día siguiente. Esa noche, ingresó al domicilio de Felipe Sosa, exmilitar, en la calle Santo Domingo al 1100, un lugar que visitaba de forma ocasional. Su familia notó su ausencia cuando no regresó ni respondió más mensajes y, al acudir a su casa, solo encontraron la vivienda vacía.

De acuerdo con la investigación judicial, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de enero, la joven fue asesinada. La autopsia determinó que sufrió traumatismos en la cabeza y el rostro, además de lesiones cervicales que resultaron letales. El informe forense también detectó una luxación en la mandíbula y la utilización de sogas y cintas, elementos que fueron hallados junto a sus restos.

La mañana del 7 de enero, Sosa contactó a Navarro Flores, quien se acercó a la vivienda. Posteriormente, según las pericias, Sosa ideó un plan para deshacerse del cadáver y de las pruebas que lo comprometían. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos permitieron reconstruir en detalle el trayecto utilizado para ocultar el cuerpo.

El 8 de enero, un grupo de mujeres que recolectaba objetos en ese basural encontró el cuerpo dentro de bolsas de consorcio, atada y encintada. La identificación formal se logró gracias a tatuajes y rasgos particulares reconocidos por familiares y confirmados por la policía. El análisis forense estableció que la muerte había ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.

La causa penal avanzó rápidamente, con la detención de Sosa en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, después de que se fugara de Tucumán. Además de él, la Justicia imputó a Navarro Flores por encubrimiento agravado y a otras personas, incluyendo a una funcionaria judicial, por su presunta colaboración en el ocultamiento de pruebas y la logística para el descarte del cuerpo. La investigación continúa reuniendo pruebas que permitan esclarecer la totalidad de la secuencia y la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Siete meses de violencia y una agresión que terminó con la vida de Sandra Patricia Gómez Cetina fueron los elementos que llevaron a un juez de Bogotá a condenar a José Francisco Suárez de Ávila a 43 años de prisión. El fallo concluyó que el acusado intentó ocultar el crimen al presentar la muerte de su pareja como un accidente doméstico.

La decisión de primera instancia estableció que las pruebas recopiladas durante el juicio permitieron demostrar que el hombre ejerció violencia física, psicológica y económica contra Sandra Patricia durante siete meses antes del ataque que terminó con su muerte. El juez encargado del caso señaló que los elementos presentados por la Fiscalía permitieron establecer que la víctima falleció como consecuencia de una agresión brutal ocurrida dentro de la vivienda ubicada en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy.

“Nada desvirtúa que la muerte de Sandra Patricia Gómez Cetina se produjo en virtud de una fuerte y brutal agresión que sufriera ese 8 de octubre de 2023 en horas de la tarde”, señaló el juez durante la lectura de la decisión, al descartar los argumentos presentados por la defensa. De acuerdo con los informes conocidos durante el proceso judicial, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Suárez de Ávila atacó a su pareja. Las imágenes permitieron observar cómo la tomó del cabello, la arrojó al piso y la golpeó con patadas en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Tras la agresión, el hombre no solicitó ayuda médica de inmediato para Sandra Patricia. Según el fallo, la víctima permaneció varias horas dentro de una habitación sin recibir asistencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El juez consideró esa actuación como un factor determinante para aumentar la pena impuesta al condenado. “El motivo por el cual a la pena mínima se le aumentan 20 meses corresponde a la actitud inhumana y para nada solidaria de José Francisco Suárez de Ávila frente a su compañera y víctima. Lo anterior obedece a que, pese a la grave agresión física que sufriera Sandra Patricia Gómez el 8 de octubre en horas de la tarde, solo hasta el día siguiente a las seis de la mañana fue trasladada a un centro médico”, advirtió.

El funcionario judicial agregó que la mujer estuvo sin recibir auxilio después de una fuerte agresión física. “Lo que significa que la víctima permaneció varias horas, después de una fuerte agresión física, inconsciente, al interior de una pieza, sin socorro alguno. En forma adicional, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años”, añadió.

Durante el juicio se estableció que solo hasta la mañana del 9 de octubre de 2023 Suárez de Ávila trasladó a Sandra Patricia a un centro médico utilizando un bicitaxi. Posteriormente, el informe de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva.

La investigación también permitió establecer que el condenado intentó cambiar la versión de lo ocurrido. Al momento de su captura, aseguró que su pareja sufrió una caída por las escaleras y presentó el hecho como un accidente ocurrido dentro de la vivienda. Sin embargo, las pruebas recolectadas durante el proceso penal mostraron indicios sobre la violencia ejercida contra la víctima y la intención de modificar la interpretación de lo sucedido en el lugar de los hechos.

Además de la pena de prisión, el juez determinó que José Francisco Suárez de Ávila no podrá acceder a beneficios judiciales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. El condenado permanece actualmente privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá, mientras cumple la sentencia impuesta por el asesinato de Sandra Patricia Gómez Cetina.

La fiscalía de Concordia ordenó la intervención pericial sobre dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa por homicidio agravado que tiene como imputado a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba acusado de matar a su ex pareja, a su ex suegra y a un remisero que lo llevó hasta el lugar del hecho.

La pericia fue programada para el 3 de agosto en el Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Se trata de una etapa decisiva para investigar los mensajes, ubicaciones y archivos vinculados al crimen ocurrido el año anterior en Gualeguaychú.

El procedimiento apunta a esclarecer la posible participación del acusado y determinar comunicaciones o registros que puedan aportar datos para la instrucción judicial. En este sentido, la medida afecta siete teléfonos celulares, una notebook HP EliteBook, un disco rígido Toshiba de 1 TB y un pendrive Adata de 32GB, además de diez tarjetas SIM y un chip, todos incautados durante un allanamiento en el Hotel Berlín de Gualeguaychú el 12 de octubre de 2025, cuando fue detenido mientras se escondía junto a su hijo menor de edad, a quien había secuestrado.

La pericia la solicitó la fiscal Daniela Montangie y fue autorizada por la jueza de Garantías N°4, María Gabriela Seró. Para desarrollar la tarea, se designó al especialista Fernando Ferrari, quien llevará adelante la extracción de información con el objetivo de buscar mensajes de texto, chats en redes sociales como WhatsApp, Telegram y Twitter, fotos, videos, registros de llamadas, datos de geolocalización y archivos sincronizados entre dispositivos.

El período de análisis dispuesto en los celulares corresponde desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha en que la policía secuestró los equipos, un mes y medio después.

En relación a la notebook, la orden abarca la investigación del historial de navegación, registros de búsqueda, datos de geolocalización y, de manera específica, cualquier actividad asociada al usuario @varonesuni2 en la red social X (antes Twitter) entre el 1 de enero de 2025 y el secuestro. Se trata de la cuenta que Laurta utilizaba.

Tanto el pendrive como el disco rígido deberán ser revisados en su totalidad para detectar archivos que puedan constituir pruebas relevantes.

La resolución donde se definió la apertura de los dispositivos destaca que, si existiera alguna diferencia o desacuerdo durante el procedimiento, las partes tienen derecho a pedir una audiencia para resolver cualquier objeción. En la notificación oficial, la fiscalía precisó: “El perito interviniente deberá informar la fecha y hora de realización de la pericia, a fin de notificar a las partes, debiendo proceder con las formalidades de rigor y notificar a la Defensa los puntos a constatar y fecha, hora y lugar donde se realizará la misma”.

Dificultades técnicas

La pericia tendrá una complicación técnica y es que varios de los celulares requieren patrón de desbloqueo que no fue aportado, lo que podría demorar o dificultar el acceso a los datos. El dispositivo Multilaser y los modelos de las marcas Samsung, LG y Motorola presentan esa restricción.

La defensa, a cargo del abogado Augusto Diego Lafferriere, fue debidamente notificada y podrá designar un técnico de confianza para presenciar la extracción de datos, en línea con las garantías previstas en el Código Procesal Penal de la provincia.

Una vez realizado, el informe pericial deberá ser remitido por escrito a la Unidad Fiscal de Concordia o mediante correo electrónico a la dirección oficial de la fiscalía.

La instrucción original exige que la diligencia se complete en un plazo máximo de cinco días desde la recepción formal del oficio, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento. Esto quiere decir que para el viernes de la semana entrante ya tendría que estar resuelta.

Norma Beatriz Tula, de 61 años, fue asesinada a puñaladas en la provincia de Catamarca y la Justicia imputó a su hijo. Marcelo Joaquín Tula está detenido por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vinculo y por ensañamiento”. El joven de 22 años permanece internado bajo tratamiento psiquiátrico y con custodia policial, mientras la investigación avanza.

El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda de la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, donde la víctima fue hallada sin vida. Desde el día del crimen, ningún pariente se ha acercado para informarse sobre su estado judicial ni para ofrecer algún tipo de acompañamiento.

Durante los últimas días, solo un hermano y una sobrina de Norma Varela Tula iniciaron gestiones para constituirse como querellantes en la causa, con la representación del abogado Diego Quinteros Martínez. Sin embargo, el paradero del padre de Marcelo Tula es desconocido por las autoridades.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo provocado por múltiples heridas de arma blanca en la región cervical y en el cuerpo. El entorno familiar declaró que el cuerpo presentaba decenas de puñaladas y signos de extrema violencia. Una sobrina de la víctima, Soledad, reveló al medio catamarqueño que la escena resultó impactante por la brutalidad del ataque.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave: la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino, tomó intervención formal en el expediente y dispuso la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a Marcelo Tula. El joven de 22 años fue trasladado este martes al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) para que se realicen los estudios pendientes.

Su salud se mantiene estable dentro del área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista. Los profesionales que lo asisten informaron que ingresó al hospital con una descompensación psicótica y continúa bajo tratamiento especializado.

La fiscal Antonino también solicitó informes socioambientales tanto sobre la vida de Norma Tula como del propio imputado. Además, dispuso que personal especializado evalúe si el joven puede afrontar una Junta Interdisciplinaria para determinar su estado psicofísico. Por el momento, no existe fecha definida para la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolverá si el acusado continúa privado de la libertad mientras se completa la investigación.

Durante la feria judicial, la causa estuvo bajo la responsabilidad de la fiscal Yésica Miranda, quien ordenó la imputación de Marcelo Tula y la producción de los primeros elementos probatorios. Una vez concluido ese periodo, el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, donde se mantienen activas las diligencias para recolectar testimonios del entorno de la víctima y del acusado.

Un elemento que incrementó el interés social y mediático en el caso fue la existencia de antecedentes de violencia familiar. De acuerdo con la reconstrucción judicial y los testimonios, la relación entre Norma y su hijo era conflictiva. Soledad, la sobrina, indicó en diálogo con El Ancasti: “Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”.

Soledad comentó que el día del crimen, Marcelo habría llegado acompañado por un amigo en un automóvil rojo. En ese momento, se produjo una discusión que terminó en el ataque. El joven se dirigió a la vivienda de un amigo en un barrio cercano, donde habría confesado el crimen. Más tarde, una persona de confianza del entorno fue quien notificó a la familia de la víctima sobre lo ocurrido, de acuerdo con la sobrina.

La investigación sigue abierta y siguen intentanto localizar a personas del entorno de ambos para tomar declaracions testimoniales. En este contexto, el paradero del padre de Marcelo Tula adquiere relevancia ya que podría ser clave para comprender la dinámica familiar y el móvil del crimen. Hasta el momento, no ha comparecido ante la Justicia ni ha sido ubicado por las autoridades.

La situación de Juan Manuel Reverter, imputado por el supuesto femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, en Playa del Carmen (México), podría dar un vuelco a su favor en los próximos días, debido a que el pedido de captura internacional en su contra se encuentra suspendido por orden de un juez federal, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Reverter, que se encuentra alojado en una dependencia policial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Washington, a la espera de una audiencia que defina su deportación, fue arrestado por esa fuerza de seguridad luego de que los agentes constataran que el permiso de permanencia en ese país ya estaba vencido.

En el medio, el arresto disparó la alerta a Interpol, que tenía una circular roja con su nombre por homicidio, pero México, hasta el momento, no solicitó su extradición. De esta manera, podría ser deportado a Argentina y quedar en libertad, antes de ser encarcelado en el país azteca.

Sucede que sus abogados, Marcelo Fernández y Roxana Piña, aseguraron a este medio que está vigente la cautelar emitida el 18 de julio pasado por Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a la que este medio tuvo acceso.

La medida es la respuesta a un amparo presentado por Fernández y Piña al juez federal tras la orden de aprehensión emitida por la Jueza de Control de Playa del Carmen, el 12 de noviembre de 2025.

“Para definir sobre la detención, el juez solicitó al fiscal del caso las actuaciones que todavía no le fueron remitidas”, detallaron los abogados.

En la resolución, Villa Arnaiz estableció que el imputado sí puede ser detenido en México, pero no puede ser trasladado, incomunicado, entregado a otra autoridad o liberado sin que el Juzgado Federal lo autorice durante el trámite del juicio de amparo.

Ahora, esperan que la audiencia por la deportación, fechada para el 6 de agosto próximo, defina su situación en Estados Unidos. “Lo más probable es que regrese a Argentina”, manifestaron.

La versión del imputado

Los defensores del ex novio de Jalabert afirmaron a este medio que declaró dos veces como testigo, que “nunca estuvo prófugo”, “que siempre se presentó a la Justicia cuando se lo requirieron” y que “no tenía ningún impedimento para viajar a Estados Unidos”.

Según indicaron, el oriundo de Viedma había viajado a ese país para “hacer changas”. “En Argentina no puede trabajar porque los familiares de Agostina lo hostigan y amenazan”, afirmaron. “Hay denuncias presentadas en ese sentido”, remarcaron.

Los penalistas aseguran que dos fiscales rechazaron la imputación contra Reverter y que, un tercero, “con las mismas pruebas pidió su detención”. Ambos creen que la decisión se debió a la presión mediática y no a nuevos elementos en la causa.

En el expediente, Fernández y Piña discuten, principalmente, un informe realizado a partir de fotos de la autopsia por un perito de la familia que estableció que el cuerpo de Jalabert presentaba quemaduras de cigarrillo, que fue golpeada y abusada.

En ese mismo análisis, el médico forense Jose Micieli, ex jefe de Policía Científica de Carmen de Patagones, cuestionó que “no se envió a patología, o por lo menos no está informado, partes del cuello que se ven comprometidas en las ahorcaduras. No veo tampoco que haya enviado a estudio histopatológico y bioquímico los órganos (bazo, hígado, pulmón, cerebro)”.

Ese punto coincide con los reclamos de los defensores, ya que, a su entender, la temprana incineración del cuerpo “perjudicó” al imputado. “No se realizó tampoco un toxicológico que pueda detectar sustancias en el organismo”, detallaron.

“La familia de Agostina autorizó la cremación. Sin el cuerpo no se puede hacer una reautopsia”, afirmaron. Creen que los resultados probarían la inocencia de su cliente.

El caso

Agostina tenía 31 años, era modelo publicitaria y estaba radicada en México. El 18 de febrero de 2023, Candela, su hermana, la encontró muerta en el baño en suite del departamento de Playa del Carmen, ciudad del Estado de Quintana Roo.

Recerter, que estaba de visita, dormía en una habitación cuando Candela llegó a la propiedad, que estaba cerrada con llave. Luego de abrirle la puerta, el ex novio y la hermana encontraron el cuerpo en el baño.

Al inicio, la justicia mexicana determinó que se trataba de un suicidio, pero tras la insistencia de su familia, que destacó que esa noche los vecinos escucharon una discusión a los gritos, imputó a Reverter por el femicidio.

En las últimas horas, las autoridades que investigan el femicidio de Natalia Cruz imputaron a diez efectivos policiales de distintos rangos por presuntos incumplimientos de una orden judicial que ordenaba la custodia permanente del domicilio de la mujer, en donde fue asesinada por su ex pareja.

Los agentes de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano habrían incluso elaborado un informe policial con datos falsos para encubrir ese incumplimiento, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta quien los citó a audiencia este lunes.

La mujer de 37 años fue asesinada por su ex pareja el 17 de febrero en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, de la mencionada localidad salteña. Su agresor, Daniel Orlando Serapio, le confesó el crimen a la madre de la víctima y escapó. Fue capturado luego de dos semanas de intensa búsqueda, escondido en una cueva de la precordillera.

Al poco tiempo, la madre de Cruz reveló que su hija había viajado a Salta capital horas antes del ataque para radicar otra denuncia por violencia de género y solicitar una nueva orden de restricción, pero le dijeron que no había personal disponible para atenderla. La víctima ya contaba con una consigna policial fija, dispuesta por un juzgado como medida de protección ante los reiterados episodios de violencia de género que sufría, pero esa custodia nunca fue implementada, pese a que el personal de la Comisaría N°7 tenía conocimiento de la orden judicial. Esto llevó a que se tomara la reciente decisión.

De acuerdo con la información indicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras el femicidio, los agentes habrían procedido a formular un informe policial con datos falsos en el que se dejó constancia de un supuesto intento de implantar esa consigna en el domicilio de la víctima.

La fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la UFEM, encabeza la investigación junto a la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. La Procuración General de Salta resolvió conformar una unidad conjunta entre ambas dependencias para profundizar la pesquisa sobre la actuación policial. Los fiscales sostuvieron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección durante enero y febrero de 2026 en esa dependencia.

La responsabilidad que pesa sobre cada uno de los policías

Los diez imputados tienen distintos grados de responsabilidad según la acusación. El jefe de la dependencia y el efectivo que se desempeñaba como jefe de guardia enfrentan cargos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Al primero se le atribuye haber promovido la confección del informe falso y haber omitido garantizar el cumplimiento de la custodia. Al segundo, haber ordenado la redacción de ese documento y no haber supervisado la ejecución de la medida judicial.

Otros dos efectivos —un suboficial y un oficial— fueron imputados por el primero de los delitos. Al suboficial se le atribuye haber redactado y firmado materialmente el informe apócrifo; al segundo, haber transmitido la orden de confeccionarlo. Los cinco restantes —cuatro mujeres y un hombre— fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber adoptado medidas para efectivizar la consigna policial ni haber informado a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla.

La reconstrucción de los hechos se realizó a partir del análisis de documentación y de testimonios recabados por la Unidad Fiscal, con intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro. Serapio permanece bajo prisión preventiva desde marzo, al igual que otros dos imputados por encubrimiento agravado durante su fuga.

Una semana después del femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas en la madrugada del 20 de julio en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, la causa penal avanza con rapidez, pero la familia de la víctima puso el foco en otro aspecto de la investigación: las responsabilidades institucionales. En ese contexto, la querella, que representa a la madre de Rocío, pide investigar a quienes tenían la obligación de controlar a Maximiliano Braudaco, el agresor que cumplía una condena condicional con múltiples restricciones.

Braudaco había sido condenado en octubre de 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado. La sentencia imponía reglas de conducta precisas: abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, realizar tareas no remuneradas en una institución de beneficencia cuatro horas semanales durante un año, finalizar estudios básicos, cumplir un tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones, y mantener una restricción recíproca de acercamiento con la víctima. Sin embargo, ninguna de esas obligaciones fue cumplida.

Daniela Morales Leanza, representante legal de la madre de Rocío, fue categórica al señalar las fallas del sistema durante una entrevista con La Voz: “De haberse cumplimentado el control efectivo que deberían haber realizado, podríamos estar hablando de otro resultado y este hecho no hubiese ocurrido”. La abogada adelantó que pedirán investigar posibles responsabilidades penales y administrativas de quienes debían monitorear al condenado, con especial atención sobre el Patronato del Liberado y el juez de Ejecución, Carlos Moyano Centeno.

La querella cuestiona qué información recibió el juez, qué hizo con ella y, sobre todo, por qué no revocó la modalidad condicional de la pena ante los incumplimientos registrados. “Queremos saber qué informaron y qué no informaron al juez, y en su caso, qué hizo y qué no hizo ese juez que debía haber revocado la modalidad”, sostuvo Morales Leanza. La letrada aseguró además que existieron llamadas a la policía previas al desenlace fatal.

El magistrado Carlos Moyano Centeno presentó un informe en el que atribuye la falta de alertas al Patronato del Liberado y sostuvo que solo recibió dos comunicaciones, la última de ellas el 20 de julio, cuando el femicidio ya se había consumado. De esa manera, deslindó responsabilidades y aseguró que nunca contó con información suficiente para revocar la condena condicional y ordenar la detención del acusado.

Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó a La Voz que Braudaco incumplió todas las medidas impuestas, incluida la obligación de presentarse ante el organismo. Tras una notificación, el condenado asistió solo en dos oportunidades: “No cumplí con nada”, dijo en la primera.

En la segunda, en julio de este año, dijo haber iniciado un tratamiento psicológico en Bialet Massé, aunque reconoció no haberlo continuado, y mencionó estar en lista de espera en el dispensario de su localidad. “No presentó ningún tipo de certificación de que lo hubiera hecho”, precisó la funcionaria. Corbalán también indicó que el Patronato dio aviso al Juzgado de Ejecución N° 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si la Justicia adoptó alguna medida frente a esos incumplimientos.

La noche del crimen comenzó con un festejo. Miriam Palacios, madre de Rocío, contó en Noticiero Doce que habían celebrado su cumpleaños juntas. Después se fue a dormir y se despertó con los gritos de su hija en medio de una discusión con Braudaco. “Pensaba que le estaba pegando como siempre que le pegaba, yo salté por la ventana para ir a pedir ayuda y no pude hacer nada”, relató. Cuando regresó, encontró a su hija tendida en la vereda, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

Palacios aseguró que también había sido víctima de violencia por parte del femicida y que ese miedo la paralizó en el momento del ataque: “Yo tenía miedo de que me hiciera lo mismo que le hizo a ella”. Recordó además que la denuncia que había presentado años atrás por las agresiones sufridas derivó en la condena condicional que pesaba sobre Braudaco. “Yo lo había denunciado porque me había pegado a mí también, no hacía caso, iba y venía”, afirmó. Pese a la orden de restricción, el agresor seguía acercándose a la vivienda: “Tenía una orden de no acercarse pero él se acercaba igual”.

En los últimos días también se conoció otro dato que impactó a la comunidad de Santa María de Punilla: el femicida formaba parte del círculo familiar de la víctima. Beatriz Palacios, tía de Rocío, confirmó que Gómez y Braudaco eran primos hermanos.

En cuanto al avance de la causa penal, la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, imputó a Braudaco por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Morales Leanza indicó que la investigación está próxima a ser elevada a juicio, ya que se trató de una detención prácticamente en flagrancia y el arma utilizada fue secuestrada. “La autopsia ya es de público conocimiento y restan diligencias testimoniales mínimas para cerrar esta etapa”, explicó la letrada.

La querella también analiza sumar denuncias por las agresiones que sufrió la madre de Rocío durante el ataque, cuando intentó intervenir para evitar el crimen. Si es condenado, Braudaco enfrenta una pena de prisión perpetua, a la que podría sumarse el cumplimiento del remanente de la condena condicional que pesaba sobre él.

A una semana del femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, su familia continúa en shock. El principal acusado es su ex pareja y primo, Maximiliano Braudaco, de 40 años, quien permanece detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con el crimen de Gómez, Córdoba registra seis femicidios en lo que va del año.

En diálogo con Infobae, Beatriz Palacios, tía de la joven, contó que la noticia del crimen la devastó y que, pese a no haber tenido un vínculo cotidiano con Rocío durante su infancia, el dolor atraviesa a toda la familia.

Uno de los datos más perturbadores es que el femicida formaba parte del círculo familiar. “El detenido es hijo de una hermana mía”, señaló la mujer, confirmando que Gómez y Braudaco eran primos hermanos. Hasta ahora, esa información solo había trascendido en versiones locales. Más allá del parentezco, Beatriz dijo que nunca tuvo un trato cercano con su sobrino.

La familia transita días oscuros. El miércoles se realizó el entierro de la joven en un cementerio local de Santa María de Punilla. “Triste”, fue la única palabra que encontró Beatriz para describir la ausencia de su sobrina.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien continúa con las investigaciones, mientras la familia de la joven pide justicia por Rocío.

El femicidio de Rocío Gómez

El hecho ocurrió el lunes 20 de julio a la madrugada en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez y Braudaco, quienes tenían una hija en común, se habían reunido para ver el partido entre Argentina y España por la final del Mundial.

Horas más tarde, discutieron y el conflicto derivó en el ataque fatal. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, estaban presentes en el domicilio al momento del crimen. Las dos mayores intentaron frenar al agresor, pero no lo lograron.

La madre de Rocío, que también residía en la vivienda, escapó por una ventana para pedir ayuda. Cuando regresó encontró a su hija tendida en la vereda, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Ministerio Público Fiscal, la causa de muerte fue “shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes”. El documento también precisó que cinco de las lesiones comprometieron órganos vitales y que la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta.

Tras el femicidio, Braudaco huyó. Un vecino relató que minutos después del hecho se cruzó con el hombre y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”. El atacante respondió: “Apuñalé a Rocío”. Minutos después, la Policía de Córdoba montó un operativo cerrojo y lo detuvo a pocas cuadras del lugar.

La investigación reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por coacción y daño calificado. La sentencia incluía reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó por una denuncia presentada por la mamá de Gómez.

Como contó este medio, entre las restricciones figuraban abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, cumplir tareas no remuneradas en una institución de beneficencia durante cuatro horas semanales por un año, finalizar estudios básicos, mantener una restricción recíproca entre el acusado y la víctima, y realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones.

Sin embargo, en diálogo con medios locales, Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que Braudaco incumplió todas las medidas, incluida la de presentarse ante el Patronato, por lo que fue notificado. “Cuando no se presentan, nosotros informamos al tribunal competente, al juzgado, a la Cámara, a la autoridad judicial que corresponde”, señaló.

La funcionaria precisó que dieron aviso de los incumplimientos al Juzgado de Ejecución 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si en aquella ocasión se adoptó alguna medida.

Un escenario preocupante

Con el crimen de Rocío Gómez, Córdoba registra al menos seis femicidios en lo que va del año. Las otras víctimas fueron Delfina Aimino (22), asesinada a puñaladas en Villa María en enero; Iris Blanco (33), quien murió en marzo tras permanecer una semana internada por una brutal golpiza sufrida en Pilar; Agostina Vega (14), abusada sexualmente y asesinada en mayo en el barrio Cofico de la capital provincial; Natalia Delso (38), apuñalada en junio en Morteros; y Luciana Ojeda (36), asesinada por su pareja polaca.

Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género: 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco casos de instigación al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios. El registro equivale a una víctima letal cada 37 horas.

El mismo relevamiento señala además que, durante ese período, se registraron 195 intentos de femicidio, es decir, uno cada 26 horas. También indica que el 66% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

Un hombre de 55 años fue imputado y quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de matar a su ex pareja, Viviana “Quica” Vilte, de 55 años. El hecho ocurrió este viernes en La Silleta, la provincia de Salta, y fue denunciado por el hijo de la víctima, quien llamó al 911 para alertar sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La autopsia arrojó datos estremecedores: determinó que la mujer sufrió más de 40 heridas realizadas con un cuchillo de grandes dimensiones que terminaron con su vida “en un contexto de absoluta violencia e indefensión”.

Por el hecho fue detenido su ex, quien quedó imputado por homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, violencia de género y ensañamiento. La medida fue dictada por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal.

Durante la jornada, el imputado fue asistido por defensa oficial y optó por abstenerse de declarar. La fiscal Sodero Calvet explicó ante el tribunal que la calificación legal responde al carácter “brutal” del hecho, ya que, según el informe preliminar de autopsia, la víctima recibió más de 40 puñaladas.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la ex pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

La comunidad de La Silleta, en la provincia de Salta, permanece conmocionada tras confirmarse la muerte violenta de una mujer de 55 años, quien fue hallada sin vida con una herida de arma blanca dentro de su domicilio durante la madrugada del viernes. La víctima vivía en una vivienda ubicada a pocos metros del ingreso al pueblo y el hecho se produjo cerca de las 2.30. El caso es investigado como un presunto femicidio y ya hay un hombre detenido, quien habría mantenido una relación de pareja con la mujer.

De acuerdo con El Tribuno, la alerta surgió luego de que el hijo de la víctima se comunicara con el Sistema de Emergencias 911. El joven informó sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que presentaba al menos una lesión provocada por un arma blanca.

La investigación del caso quedó inicialmente bajo la órbita del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín, quien ordenó la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El equipo realizó las primeras pericias y levantó muestras en la escena del crimen, resguardando el domicilio para avanzar con la recolección de pruebas. Posteriormente, la causa fue asignada a la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta La Silleta para coordinar las actuaciones judiciales.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno. Los testimonios recogidos indican que la víctima mantenía una rutina de trabajo regular y que su entorno familiar era conocido en la zona.

La labor de los peritos del CIF incluyó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas y características de la muerte. Además, los investigadores analizan si existió una ingesta de alcohol previa al hecho, ya que algunos indicios sugieren que durante la noche se desarrollaba una reunión social en el domicilio.

La investigación sigue bajo la coordinación de la Unidad de Femicidios, que deberá determinar el grado de responsabilidad del hombre detenido y establecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y se avance con las declaraciones de testigos y familiares. Los peritos profundizarán en el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y en los testimonios vecinales para reconstruir la secuencia de los hechos.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

La causa que investiga el femicidio de Norma Beatriz Tula, la mujer de 61 años asesinada a puñaladas en Catamarca, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia imputó a su hijo, Marcelo Joaquín Tula, por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el acusado permanece internado con custodia policial.

La Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo de Yésica Miranda, tomó la decisión luego de analizar los distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación preliminar, entre ellos, actuaciones policiales, testimonios, informes periciales y demás constancias incorporadas al expediente.

El Ministerio Público Fiscal de Catamarca informó que el miércoles 22de julio el imputado se abstuvo de declarar al momento de ser indagado.

A su vez, la Fiscalía solicitó la audiencia de control de detención, que fue suspendida debido a que el joven de 22 años permanece internado en el Área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista, bajo custodia policial.

Por el momento, la causa se encuentra en pleno desarrollo y la Fiscalía indicó que aún restan producir diversas medidas probatorias y procesales relevantes para el completo esclarecimiento del hecho.

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen ocurrió el domingo 19 de julio, entre las 13 y las 14, en una vivienda ubicada en la calle Carlos de la Vega al 400, barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. La hipótesis es que Tula habría atacado a su mamá con un arma blanca durante una discusión.

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran golpeado. Tenía una manguera negra de agua, de PVC, incrustada en la sien izquierda. Tenía un haragán en la vagina. La había atravesado con el haragán. Tenía los pantalones y la ropa interior debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, relató Soledad, sobrina de la víctima, en diálogo con El Ancasti.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo secundario a múltiples heridas con arma blanca en la región cervical anterior del cuello. Ese resultado, junto con el resto de las pruebas reunidas, permitió sustentar la imputación formulada por la Fiscalía.

Soledad afirmó que existían antecedentes de violencia entre Norma y su hijo. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos. Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, declaró.

Además, señaló que el día del crimen vio llegar a Joaquín, junto a un amigo, en un auto rojo. Ambos ingresaron por el pasillo lateral hasta la vivienda de Norma. Tras escuchar una discusión, observó a Joaquín salir de la casa, “desorientado” y “sin responder preguntas”. Después, lo vio correr hacia la avenida San Martín.

La mujer relató que, tras el crimen, el joven fue a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó algunas pertenencias y habría dicho que mató a su mamá. Luego se contactó con un hombre, que fue quien alertó a Soledad sobre lo ocurrido. Al recibir la noticia, ingresó a la casa y buscó a su tía hasta hallar la escena del crimen.

Una mujer de 51 años fue encontrada asesinada este jueves en una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo. Poco antes, su pareja, un hombre de 32 años, había muerto tras arrojarse al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento.

El hecho se descubrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 1ª de Merlo encontraron el cuerpo de Carina Elizabeth Salcedo, de 51 años, tendido en el piso de la vivienda.

La mujer tenía una chalina alrededor del cuello y lesiones en el rostro, según confiaron fuentes policiales a Infobae.

La primera reconstrucción de los investigadores indica que, durante la noche previa al hallazgo, Salcedo había mantenido una fuerte discusión con su pareja, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años.

De acuerdo con la declaración de A.P.C., cuñada de la víctima, durante esas horas se escucharon gritos provenientes de la vivienda.

La mujer relató además que fue a la casa para avisarle a Salcedo que Sergio Cuello se había arrojado al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento, en el ramal Merlo-Once. Sin embargo, al ingresar encontró a su cuñada sin vida.

Según las mismas fuentes, el hombre murió en el instante. Ahora la Justicia investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Morón que dispuso la realización de la autopsia para determinar la causa de la muerte de Salcedo y ordenó distintas medidas de prueba. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos al hecho y establecer con precisión la secuencia ocurrida dentro de la vivienda. Peritos de la Policía Científica y un médico policial trabajaron en la vivienda.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

Como consecuencia del suicidio del acusado, el servicio del ferrocarril presentó inconvenientes y demoras durante gran parte de la mañana de este jueves, por lo que circuló entre las estaciones de Once y Castelar.

El femicidio de Merlo se suma a una problemática que continúa registrando cifras alarmantes en la Argentina. Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género: 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco casos de instigación al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios. El registro equivale a una víctima letal cada 37 horas.

El mismo relevamiento señala además que, durante ese período, se registraron 195 intentos de femicidio, es decir, uno cada 26 horas. También indica que el 66% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

En cuanto al lugar donde ocurrieron los crímenes, el informe advierte que el 44,5% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en el domicilio que compartía con el agresor. Como consecuencia de estos hechos, al menos 120 niños y niñas quedaron huérfanos en lo que va del año.

En primer lugar, Claudia Ojeda contó que la hija de la víctima presenció lo ocurrido. Según detalló, en estos momentos la menor se encuentra bajo resguardo de la familia materna para preservar su salud.

“El daño que le hizo a mi sobrina no tiene vuelta atrás”, manifestó Claudia, en diálogo con Arriba Córdoba, quien señaló que la niña “pide por su mamá”. Además, agregó: “No puede entender que la mamá no va a volver”. Y expresó: “El dolor más grande es ver esos ojitos llenos de lágrimas”.

A su vez, la mujer sostuvo que su hermana, durante su relación con Korzeniecki, atravesó episodios de violencia. Sin embargo, aclaró que no se trató de agresiones físicas, sino “psicológicas” y de “destrucción de bienes materiales”. Claudia aseguró que, a pesar de estos episodios, su hermana nunca realizó una denuncia.

Por otro lado, se refirió a los antecedentes de violencia de género que vivió Luciana con su expareja, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. “Ella se sentía mal, se sentía agobiada por todo, porque no podía creer que volvió a caer en otro círculo de violencia”, mencionó.

Claudia indicó que no saben dónde está oculto Korzeniecki, quien desapareció tras el crimen. “No dejen que se vaya, porque si no va a quedar impune la muerte de mi hermana y el dolor de mi sobrina”, imploró. Y sentenció: “No voy a parar hasta que lo detengan”.

Por último, recordó a su hermana como una persona “inteligente”, “feliz” y “capacitada”. Según contó, Luciana iba a comenzar la facultad de idiomas y tenía muchos proyectos en mente. “Ella no va a volver, pero quiero justicia por mi sobrina, por la familia”, concluyó.

El femicidio de Luciana Ojeda

La mujer de 36 años fue hallada sin vida el pasado miércoles 15 de julio en el departamento donde convivía con Korzeniecki, ubicado en la calle Ituzaingó al 700. De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, ambos planeaban quedarse un mes en la vivienda y luego mudarse a un domicilio en la zona de Argüello.

Según pudo saber Infobae, el acusado y el encargado del edificio alertaron a la Policía y al servicio de emergencias sobre lo ocurrido. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, la causa comenzó a investigarse como una “muerte de etiología dudosa”. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia y otras pruebas condujeron a la Justicia a recalificar la causa como femicidio y a ordenar la captura nacional e internacional de Korzeniecki.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno.

Luciana Ojeda, de 36 años, fue hallada sin vida el miércoles pasado por la mañana en su departamento del barrio Nueva Córdoba. El caso comenzó a investigarse como una “muerte de etiología dudosa”, sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia y los elementos reunidos durante la investigación llevaron a la Justicia a recalificarlo como homicidio agravado por el vínculo, en un contexto de violencia de género, y a ordenar la captura del sospechoso.

Jan Korzeniecki, un ciudadano de nacionalidad polaca y pareja de la víctima desde 10 meses, es el principal sospechoso y permanece prófugo.

El hecho ocurrió el 15 de julio, cuando efectivos de la Policía de Córdoba acudieron a un departamento ubicado sobre la calle Ituzaingó al 700 tras un llamado al 911.

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a la mujer inconsciente y solicitaron la presencia del servicio de emergencias 107. En el lugar, se constató el fallecimiento de la mujer y se advirtieron signos de violencia en el cuerpo, lo que motivó el avance de la investigación.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, Korzeniecki convivía con Ojeda desde principios de julio y, tras el hecho, abandonó el departamento, por lo que desde entonces es intensamente buscado por la Policía de Córdoba.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, Ojeda contaba con un botón antipánico debido a una denuncia por violencia de género contra una ex pareja, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. El día del hecho, el dispositivo se activó y una comisión policial se dirigió al departamento de la víctima.

La causa quedó a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, quien ordenó la captura nacional e internacional del sospechoso tras los primeros resultados de la autopsia y otras medidas de prueba incorporadas al expediente.

En declaraciones a medios locales, Luciano, hermano de la víctima, afirmó que Korzeniecki “era violento y tenía problemas con el alcohol”. Además, sostuvo que el ciudadano polaco ya había protagonizado otros episodios de violencia familiar.

Según su relato, días antes del crimen el sospechoso irrumpió en una vivienda y rompió con un martillo pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular. También afirmó que una compañera de trabajo declaró ante la Justicia que la mujer le había contado que había sido golpeada por Korzeniecki y que presentaba lesiones en los brazos.

Con el crimen de Luciana Ojeda, Córdoba registra al menos seis femicidios en lo que va del año. Las otras víctimas fueron Delfina Aimino (22), asesinada a puñaladas en Villa María en enero; Iris Blanco (33), quien murió en marzo tras permanecer una semana internada por una brutal golpiza sufrida en Pilar; Agostina Vega (14), abusada sexualmente y asesinada en mayo en el barrio Cofico de la capital provincial; Natalia Delso (38), apuñalada en junio en Morteros; y Rocío Belén Gómez (38), asesinada a puñaladas el lunes pasado en Santa María de Punilla.

Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron en la Argentina 99 víctimas letales de la violencia de género: 83 femicidios directos, ocho femicidios vinculados, cuatro travesticidios y transfemicidios y cuatro casos de instigación al suicidio.

La autopsia practicada a Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada en Córdoba por su ex pareja y padre de su hija, Maximiliano Braudaco (40), determinó que la causa de su muerte fue “un shock hipovolémico, provocado por múltiples heridas punzantes, presuntamente ocasionadas con un arma blanca”.

El informe preliminar, difundido por el Ministerio Público Fiscal, reveló un dato impactante: “Cinco de esas lesiones afectaron órganos vitales, y la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta”, señala el documento que ya fue incorporado a la causa que investiga el femicidio ocurrido el lunes en la localidad de Santa María de Punilla.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y finalmente fue detenido por la Policía de Córdoba. Hoy es el único acusado por el asesinato. Al momento del hecho, el femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de Independencia y Echeverrí. Gómez, mamá de tres menores de edad, y Braudaco se habían reunido para ver la final del Mundial. Horas más tarde, una discusión derivó en el ataque fatal.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la joven intentó intervenir para detener la agresión. Al no conseguirlo, salió a buscar ayuda. Cuando regresó a la vivienda encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca.

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga. De acuerdo con el testimonio de un vecino, minutos después del hecho se cruzó con el hombre, a quien describió como una persona “violenta”, y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”.

“Apuñalé a Rocío”, respondió el atacante, según el relato del testigo. Inmediatamente, la Policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”, declaró el vecino a El Doce.

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos de coacción y daño calificado. La sentencia incluía una serie de reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de Gómez.

La investigación por el femicidio quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

En las últimas horas, la causa que investiga el femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas por su ex pareja, Maximiliano Braudaco (40), sumó una novedad: el atacante cumplía una condena condicional por violencia familiar y había violado todas las condiciones impuestas por la Justicia.

Braudaco fue condenado en octubre de 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado a la víctima. En esa resolución, el vocal de la Cámara, Javier Rojo, estableció varias reglas de conducta que, tras el crimen, se supo públicamente que no había cumplido.

Entre las restricciones figuraban abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, cumplir tareas no remuneradas en una institución de beneficencia durante cuatro horas semanales por un año, finalizar estudios básicos, mantener una restricción recíproca entre el acusado y la víctima, y realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones.

En diálogo con La Voz, Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que Braudaco incumplió todas. Entre ellas, la obligación de presentarse ante el Patronato. “Cuando no se presentan, nosotros informamos al tribunal competente, al juzgado, a la Cámara, a la autoridad judicial que competa”, señaló.

Tras la notificación, el condenado asistió dos veces. En la primera, manifestó “no haber cumplido nada”. En la segunda, ocurrida en julio de este año, indicó que había iniciado un tratamiento psicológico en Bialet Massé, pero no lo continuó. Además, dijo haber intentado retomar el tratamiento en el dispensario de su localidad, aunque se encontraba en lista de espera. “No presentó ningún tipo de certificación de que lo hubiera hecho”, expresó la funcionaria.

La directora del Patronato precisó que dieron aviso de los incumplimientos al Juzgado de Ejecución 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si se adoptó alguna medida al respecto. “Nosotros informamos. Quizá haya tomado alguna medida. A nosotros no se nos ha informado de esta situación”, concluyó.

El femicidio de Rocío Belén Gómez

El lunes pasado a la madrugada, la joven de 25 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja de 40 años, en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez, mamá de tres menores de edad, se había reunido con Braudaco para ver la final del Mundial.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la víctima intentó intervenir, pero al no poder detener la agresión, salió a pedir ayuda y al regresar encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal informó que la causa de muerte fueron múltiples heridas de arma blanca.

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga y le confesó lo ocurrido a un vecino: “Apuñalé a Rocío”. Inmediatamente, la Policía de Córdoba montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras del lugar del hecho.

En diálogo con El Doce, la tía de la víctima aseguró que, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, el agresor seguía acercándose a la vivienda. Además, sostuvo que Braudaco también había ejercido violencia contra la madre de Rocío. La fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, imputó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

El expediente en el que se investiga el femicidio de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un pozo séptico en la localidad bonaerense de José C. Paz, aún espera sumar dos elementos claves: el resultado de la autopsia y la declaración indagatoria de Ignacio Daniel González, el dueño de la casa donde hallaron a la víctima y único detenido por el crimen.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que en cuanto a los exámenes forenses, se espera que los resultados para saber cómo fue asesinada se conozcan la semana próxima. Respecto al acusado, señalaron que el hombre sería vecino de ella. Él todavía permanece detenido en la provincia de Chaco, a donde viajó poco después de -presuntamente- haber cometido el femicidio, a la espera de que lo trasladen a territorio bonaerense.

“El trámite del traslado debe cumplir con ciertas formalidades requeridas por la normativa. No es inmediato”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La desaparición de Karina fue denunciada el 13 de julio por Ramón David Barrionuevo, pareja de la víctima, quien declaró que había discutido con ella por celos, que se fue a dormir y al despertar ella ya no estaba.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio y que efectivamente durante la madrugada hubo discusiones en la pareja.

La joven de 22 años no se llevó el celular, la tarjeta SUBE ni bolsos con ropa, y que dejó en la vivienda a su hijo de siete años, de una relación anterior.

Según trascendió, la joven solía ausentarse después de peleas, aunque siempre regresaba. El informe policial señaló que la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 activó el protocolo de búsqueda y ordenó tareas a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.

Cómo identificaron al principal sospechoso

Hasta ese momento, todo era un misterio. Sin embargo, la aparición de un video en el que se ve a Karina cambió todo. Mediante una imagen captada por una cámara privada a las 6 del domingo, se observó a la joven con su bicicleta y al lado de ella un hombre al que no identificaron, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

La Policía indicó que primero exhibieron esas imágenes a familiares de la mujer, que dijeron no reconocer al hombre. Pero, la situación cambió este sábado pasado, cuando el video se difundió públicamente.

Según se dio a conocer, familiares del hombre que aparecía en las imágenes llamaron a la Policía e informaron que se trataba de Ignacio Daniel González, de 35 años.

Dijeron que, tras insistir por teléfono, González les confesó haber matado a Karina y que arrojó el cuerpo al pozo séptico de su casa, ubicada en la calle Suecia al 4200.

Tras una orden allanamiento, la Policía bonaerense llegó hasta la vivienda y lograron encontrar en el pozo séptico el cuerpo enterrado de Karina. Estaba sin sus prendas de vestir, que estaban envueltas en su cabeza y algunas prendas del sospechoso que se visualizan en el video.

Asimismo, encontraron pedazos de la bicicleta que él había roto y que también arrojó al pozo. El femicida finalmente se entregó en la Comisaría Primera de la localidad de Charata, Chaco.

El vínculo entre el femicida y Karina era un vínculo de vecinos, de conocidos, según los primeros datos. Aún no se sabe si se encontraron de casualidad o si ya estaba pactado. Lo cierto es que González es el principal sospechoso de haber asesinado a la mujer.

En ese sentido, trascendió que en la vivienda del femicida también vivían su esposa y su hijo, pero al momento del hecho, no se encontraban, ya que el menor estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Resta ahora saber los resultados de la autopsia para saber cómo la mató y si va a explicarle la Justicia de San Martín por qué mató a Karina.

Una joven de 25 años, identificada como Rocío Belén Gómez, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años. Ambos tenían una hija en común. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y finalmente fue detenido por la Policía de Córdoba. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en un domicilio ubicado en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez -mamá de tres menores de edad- y Braudaco se habían reunido para ver la final del Mundial. Horas más tarde, una discusión derivó en el ataque fatal.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la joven intentó intervenir para detener la agresión. Al no conseguirlo, salió a buscar ayuda. Cuando regresó a la vivienda encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca.

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga. De acuerdo con el testimonio de un vecino, minutos después del hecho se cruzó con el hombre, a quien describió como una persona “violenta”, y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”.

“Apuñalé a Rocío”, respondió el atacante, según el relato del testigo. Inmediatamente, la Policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”, declaró el vecino a El Doce.

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos de coacción y daño calificado. La sentencia incluía una serie de reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de Gómez.

En diálogo con El Doce, la tía de la víctima aseguró que, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, el agresor seguía acercándose a la vivienda. Además, sostuvo que Braudaco también había ejercido violencia contra la madre de Rocío, quien en una oportunidad “tuvo que saltar por una ventana para pedir ayuda”, según su relato.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

La Justicia de Mendoza imputó este lunes a Carlos Alberto Zalazar Ábalos, de 44 años, por el delito de femicidio transversal, al considerar que asesinó a Hugo Alberto Domínguez Cornejo con el objetivo de causarle sufrimiento a su ex pareja.

La acusación fue formalizada por la fiscal Andrea Lazo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, quien encuadró el hecho en el artículo 80, inciso 12, del Código Penal. De acuerdo con la imputación, el crimen fue cometido “con el objetivo de causarle sufrimiento a su ex pareja”, una figura agravada que contempla los homicidios perpetrados para provocar un daño emocional a otra persona. Se castiga con la pena de prisión perpetua.

El acusado había sido detenido el sábado y permanece alojado en la Penitenciaría provincial mientras avanza la investigación, según informaron fuentes judiciales.

El caso

El asesinato sucedió el 10 de julio en la intersección de calles La Pampa y Blas Parera, en la ciudad de Maipú, cuando Domínguez Cornejo, de 53 años, fue atacado a puñaladas mientras ayudaba a su novia y a otra mujer a trasladar muebles.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Zalazar Ábalos llegó al lugar de manera sorpresiva y apuñaló a la víctima en presencia de su ex pareja. Pese al rápido accionar del personal del Servicio de Emergencias Coordinado, se constató el fallecimiento de Cornejo.

Después de cometer el crimen, el agresor se fugó y la fiscal activó un pedido de captura nacional e internacional. Finalmente, fue detenido este último sábado en Las Heras, tras varios días de búsqueda. El operativo se desarrolló sin que el detenido opusiera resistencia y fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

Luego de que trascendío el caso, se supo que el atacante había amenazado varias veces a su ex pareja tras enterarse de que la mujer había iniciado una nueva relación con la víctima.

Contexto

La violencia de género continúa dejando cifras alarmantes en la Argentina. De acuerdo con el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas fatales de violencia de género: 83 femicidios directos, ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento también señala que, desde la primera movilización de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, hasta el 24 de mayo de este año, se contabilizaron 3.205 víctimas letales de violencia de género en el país. De ese total, 3.144 fueron femicidios directos y vinculados, además de 46 transfemicidios o travesticidios y 15 casos de instigación al suicidio. El informe calcula que, en ese período, se produjo una víctima letal de violencia de género cada 30 horas.

Entre los datos relevados, el observatorio destaca además que el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, que el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o en un domicilio compartido con el agresor y que al menos 2.714 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de estos hechos desde 2015.

Un nuevo hecho de violencia sacudió este viernes al municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada presuntamente por uno de sus vecinos, en un incidente que también dejó a una menor de edad herida y culminó con el suicidio del supuesto agresor.

El hecho ocurrió en la aldea La Ceiba, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense luego de recibir el reporte sobre un ataque armado que dejó dos personas fallecidas en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, el presunto responsable habría atacado a su vecina por motivos que aún no han sido esclarecidos y que continúan bajo investigación.

Durante la agresión también resultó herida la hija de la víctima, una menor de edad que fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras cometer el ataque, el presunto agresor decidió quitarse la vida en el mismo lugar, por lo que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida tanto de la mujer como del hombre al momento de llegar a la escena.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos acordonaron el área para facilitar el trabajo de los especialistas de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron la recolección de evidencias que permitan determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer el móvil del crimen y verificar si existían antecedentes de conflictos entre ambas personas o denuncias previas por amenazas o violencia.

Las autoridades no habían revelado la identidad de la mujer fallecida, de la menor lesionada ni del presunto agresor, mientras continúan las diligencias investigativas correspondientes.

Este nuevo caso se suma a la creciente lista de hechos violentos que afectan a las mujeres en Honduras, un fenómeno que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y diferentes sectores de la sociedad.

De acuerdo con cifras preliminares, más de 140 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Honduras durante lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género.

Según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la violencia contra las mujeres ha cobrado alrededor de 8,540 víctimas entre 2002 y junio de 2026, reflejando la magnitud de una problemática que persiste desde hace más de dos décadas.

El organismo defensor de los derechos humanos advirtió que la mayoría de estos casos permanece sin una resolución judicial, situación que alimenta la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

El CONADEH señaló además que, durante los últimos 24 años, Honduras ha registrado un promedio de 29 muertes violentas de mujeres cada mes, lo que equivale aproximadamente a una víctima cada 25 horas.

Para la institución, estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres requiere una respuesta integral que vaya más allá de las sanciones penales, incorporando políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las víctimas y la transformación de los patrones culturales que perpetúan este tipo de violencia.

El organismo también sostuvo que el panorama continúa siendo preocupante durante 2026 y reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas de los operadores de justicia, mejorar la respuesta institucional y garantizar que cada caso sea investigado considerando posibles contextos de violencia de género.

Un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por haber asesinado a la pareja de su ex fue detenido en Mendoza tras una intensa búsqueda policial. El caso fue caratulado por la Fiscalía de Homicidios como “femicidio transversal”, una figura legal para quienes asesinan a un tercero con el objetivo deliberado de provocar sufrimiento o castigar a una mujer con la que mantiene o mantuvo una relación amorosa.

La investigación comenzó el 10 de julio en el departamento de Maipú. Según la reconstrucción judicial, ese día Hugo Alberto Domínguez Cornejo, de 53 años, fue apuñalado cuando ayudaba a su novia y a otra mujer a trasladar muebles en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera.

Según el relato de testigos, Carlos Alberto Zalazar Ábalos llegó inesperadamente al lugar y atacó a Domínguez con un cuchillo, causándole dos heridas punzocortantes que provocaron su muerte casi de inmediato. Todo frente a su ex.

El hecho fue reportado inmediatamente al 911 e hizo que personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegara a la zona poco después, donde constató el fallecimiento de la víctima en la escena.

Tras el ataque, Zalazar Ábalos se dirigió a la vivienda de su expareja, donde inició un incendio antes de huir. La mujer, que había sido amenazada en varias ocasiones por el agresor luego de que él se enterara de su nueva relación con Domínguez, quedó bajo custodia policial debido al riesgo para su seguridad.

La Fiscalía de Homicidios emitió un pedido de captura nacional e internacional para Zalazar Ábalos, dada la gravedad del hecho y la peligrosidad del imputado. La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Lazo, aunque durante la feria judicial la subroga su colega Oscar Malla. Las autoridades sospechaban que Zalazar no había salido del país, por lo que profundizaron los operativos en distintas zonas de Mendoza.

La figura de “femicidio transversal” fue clave en la calificación del caso. Según la hipótesis principal, el asesinato de Domínguez no tuvo como objetivo directo a la víctima, sino a la mujer que mantenía una relación sentimental con él. El propósito, de acuerdo con la investigación, fue causar un daño emocional extremo a la expareja del agresor. Este tipo de delito implica que el autor busca castigar, destruir psicológicamente o infligir sufrimiento a una mujer mediante la violencia ejercida sobre otra persona de su entorno cercano.

Durante varios días, la policía realizó patrullajes y allanamientos para dar con el paradero del acusado. Un primer intento de captura resultó infructuoso, pero la búsqueda continuó hasta que, el sábado siguiente al hecho, Zalazar Ábalos fue localizado en la vía pública, frente a una vivienda del barrio Arquitecto Alfaro, en el departamento de Las Heras.

El operativo se desarrolló sin que el detenido opusiera resistencia y fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el expediente judicial avanzará bajo la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género y las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer todas las circunstancias del crimen. La expareja del agresor permanece bajo protección policial mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

A nueve años del femicidio de Jimena Beatriz Salas, el Tribunal de Impugnación de Salta dio un nuevo giro judicial a la causa. Luego de que Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso que fue encontrado muerto en su celda, fuera declarado autor del hecho post mortem, la sentencia fue revocada. Asimismo, ratificaron la absolución del resto de los acusados.

En un fallo de 54 páginas, los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Esteban Medina dieron lugar al recurso de casación presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia contra la sentencia del 7 de noviembre de 2025, que declaró a Saavedra como el responsable de la muerte de la joven.

La declaración de nulidad también beneficiaría a la persona identificada como “Hombre 2”, cuya identidad no se dilucidó, pese a que en la escena del crimen se había encontrado su perfil genético. Como consecuencia, las actuaciones serán remitidas a los investigadores para que continúen la investigación en torno a los responsables del homicidio de Salas.

De igual modo, el tribunal rechazó el recurso de casación elevado por el Ministerio Público Fiscal que buscaba revertir la absolución de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Esta había sido solicitada por Arancibia, tras argumentar que no había pruebas suficientes para demostrar que hubieran cometido y/o participado del delito.

Tras evaluarse la situación procesal de los Saavedra, los José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano aplicaron el principio jurídico “in dubio pro reo”, es decir, los absolvieron por el beneficio de la duda. Así, la decisión quedó firme al recibir la aprobación del Tribunal de Impugnación de Salta.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el fallo se dio a conocer el miércoles por la noche, pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal aún no habrían sido notificadas formalmente. No obstante, fuentes oficiales anticiparon que recurrirán a instancias superiores, incluyendo una revisión por parte del máximo tribunal provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Poco después de que trascendiera la noticia, el abogado defensor de los hermanos Saavedra destacó que “lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017, entre las 12:30 y las 13:30 horas, en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, provincia de Salta. La víctima, de 44 años, había sido encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda, en una escena que los investigadores describieron como de extrema violencia.

En los nueve años transcurridos, la causa atravesó varias etapas de investigación. Inicialmente, los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix sostuvieron la hipótesis de un crimen durante un robo, basado en que los autores habrían utilizado un Caniche Toy como señuelo para ingresar a la casa.

En la escena se recogieron dos muestras genéticas, identificadas como “Hombre 1” y “Hombre 2”, pero no se logró identificar a los responsables y la investigación quedó estancada. Posteriormente, con el cambio de fiscales, la pesquisa se orientó hacia la hipótesis de un crimen por encargo, donde el viudo, Nicolás Cajal, pasó a ser el principal sospechoso.

Fue así que el 14 de junio de 2019 fue detenido Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en el barrio de la víctima al momento del crimen. En principio, había sido acusado como autor material, pero luego se le atribuyó una participación menor. Asimismo, a Cajal se le imputó por presunto encubrimiento. Ambos terminaron absueltos en el primer juicio por falta de pruebas concluyentes.

Con el nuevo rumbo de la investigación, el foco se puso sobre los hermanos Javier, Carlos y Adrián Saavedra. En el caso de Javier, este fue señalado como el más comprometido por la coincidencia de su ADN con el perfil de “Hombre 1”. Sin embargo, fue hallado muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

A raíz de esto, el tribunal dictó su sobreseimiento por extinción de la acción penal, pero dejó asentada en la sentencia una certeza de responsabilidad como autor material. Es decir, la decisión que ahora fue anulada por el Tribunal de Impugnación salteño.

Tras la decisión judicial, la causa por el asesinato de Jimena Salas volvió a ser abierta, por lo que se deberá retomar la investigación para esclarecer la autoría material y la posible participación de otros involucrados. A casi una década del brutal crimen, el caso sigue sin responsables condenados.

La Justicia elevó a juicio oral el expediente por el femicidio de Gabriela Barrios, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo ciego en la localidad de Avia Terai, provincia de Chaco.

Barrios fue vista por última vez el 12 de octubre de 2025, cuando salió de su casa. Nunca regreso. Ante su ausencia, la familia denunció su desaparición. Por esto mismo, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de búsqueda. En poco tiempo, el caso tomó un giro dramático: la Policía halló la motocicleta en la que se desplazaba Barrios, completamente incendiada, lo que despertó las alarmas sobre un posible hecho criminal.

La investigación avanzó con rapidez. El 13 de octubre, tras intensos operativos y la asistencia de un perro especializado en la búsqueda de restos humanos, los policías localizaron el cuerpo de Gabriela dentro de un pozo ciego en la vivienda de Bruno Jesús Salvatierra, quien rápidamente fue señalado como el principal sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, las pruebas recogidas en el lugar y los resultados de la autopsia comenzaron a delinear la magnitud del delito. Según el informe, Gabriela Barrios murió por asfixia mecánica manual y presentaba diversos golpes en el cuerpo, hechos que reforzaron la hipótesis de un femicidio en un contexto de violencia de género. La atención de la opinión pública se centró en la figura de Salvatierra, de 33 años, identificado como la última persona que estuvo con la joven antes de su desaparición.

Ayer miércoles, el fiscal Marcelo Soto presentó la requisitoria para elevar la causa a juicio oral contra Bruno Jesús Salvatierra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ocultar otro delito, asegurar sus resultados y procurar la impunidad para sí, enmarcando el hecho en un contexto de violencia de género.

El fiscal desestimó tres testimonios ofrecidos recientemente por la querella como testigos nuevos, tras considerar que no aportaban elementos sustanciales para el esclarecimiento del hecho o la acusación principal. La decisión de Soto de avanzar hacia el juicio oral representa un paso clave para que el único imputado, Salvatierra, responda ante un jurado popular por la gravedad de los cargos.

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Gabriela Barrios generó conmoción en Avia Terai y en toda la provincia del Chaco. La movilización de vecinos y organizaciones sociales acompañó a la familia en el proceso de búsqueda, reclamando respuestas y justicia por el femicidio.

La investigación se orientó desde un primer momento hacia Salvatierra, quien fue la última persona en contacto con la víctima según los datos recabados. Durante el proceso también fue arrestado su hermano, aunque este último recuperó la libertad tras ser desvinculado del expediente. Previo a la elevación a juicio, el fiscal Soto solicitó el sobreseimiento de este último.

La próxima instancia judicial será decisiva para determinar la responsabilidad de Bruno Jesús Salvatierra y las eventuales sanciones penales. El proceso, que se realizará ante un jurado popular, busca aportar respuestas a la familia de Gabriela Barrios y a la comunidad de Avia Terai, aún conmocionada por el trágico desenlace del caso.

El municipio de Nueva Guinea, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, se encuentra sumido en la consternación y el dolor tras el brutal asesinato de María Vanessa González Rodríguez, una joven de apenas 18 años.

Lo que inicialmente se perfilaba como una investigación lineal ha dado un giro radical en las últimas horas, llevando a la captura de un nuevo sospechoso y dejando al descubierto los escalofriantes detalles de un crimen que ha encendido las alarmas sobre la violencia de género en la región.

El trágico desenlace comenzó a descubrirse la mañana del pasado domingo 12 de julio. Habitantes que transitaban por las cercanías de la laguna artificial Las Vegas, situada en la zona 7 del municipio de Nueva Guinea, avistaron un cuerpo flotando en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades locales. Al presentarse al lugar, los peritos confirmaron que se trataba de María Vanessa González Rodríguez.

Los peritajes iniciales de los médicos forenses indicaron que, al momento del hallazgo, la víctima tenía aproximadamente 48 horas de haber fallecido, por lo que el cadáver ya presentaba un avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue trasladado de urgencia a la morgue del Hospital Departamental Jacinto Hernández, donde se le practicó la autopsia correspondiente.

Los resultados forenses determinaron que la joven fue sometida a una violencia extrema: la causa principal de muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero además presentaba múltiples heridas infligidas con un arma cortopunzante. Tras los exámenes, los restos fueron entregados a sus familiares para su sepultura en medio del clamor popular por justicia.

La reconstrucción del crimen

A través de las evidencias recolectadas, los investigadores lograron reconstruir la fatídica secuencia de hechos ocurrida el pasado viernes 10 de julio. Vanessa llegó ese día a la vivienda de Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, con quien la víctima presuntamente mantenía una relación sentimental oculta. De acuerdo con las hipótesis policiales, en el interior de la casa se originó una fuerte discusión entre ambos por motivos que aún se intentan esclarecer. En medio del altercado, el agresor utilizó la fuerza física para asfixiar a la joven hasta arrebatarle la vida.

Tras cometer el homicidio, el señalado ocultó el cadáver dentro de un saco para transportarlo de forma oculta hacia la laguna artificial con la intención de deshacerse de él. Una vez en el sitio del hallazgo, y con el macabro objetivo de que el cuerpo no flotara a la superficie debido a los gases naturales de la descomposición, el sujeto le causó una profunda herida de lado a lado en el abdomen con un arma blanca. A pesar de este frío cálculo para desaparecer el rastro del crimen, la estrategia le falló y el cuerpo salió a la superficie dos días después.

La pieza clave de este femicidio fue el testimonio de un habitante de la zona, quien aseguró firmemente haber visto a Angulo Icabalceta cargando un saco pesado con rumbo hacia la laguna Las Vegas en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Con este testimonio, las autoridades ejecutaron un allanamiento de urgencia en la vivienda de Icabalceta. Dentro del inmueble, los peritos de criminalística encontraron pruebas contundentes que terminaron por hundir al sospechoso: un pantalón, ropa interior que pertenecía a la joven y, de manera alarmante, un mechón de cabello de la víctima que el agresor conservaba en el lugar.

El presunto responsable, ya fue puesto bajo custodia y remitido a las autoridades judiciales correspondientes para iniciar el debido proceso penal en su contra.

El silencio habitual de la mañana de ayer martes 14 de julio en Lomas del Reparto San Juan, en el distrito dos de la capital, se rompió de forma abrupta con el eco seco de un disparo de fuego. Fue el detonante de una tragedia largamente incubada por el acoso, los celos y el sentido de posesión obsesiva.

Frente a las instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, Evelyn del Carmen Fuentes Martínez, una abogada de 47 años de edad que prestaba sus servicios como secretaria de dicha institución, fue asesinada a balazos por su expareja, Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años.

La mañana transcurría con aparente normalidad cuando la profesional del derecho llegó al complejo judicial a bordo de su vehículo. Sin embargo, el peligro ya la estaba esperando. Gámez Salmerón, quien se desempeñaba como supervisor de los agentes de seguridad del mismo Tribunal Laboral, vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos, encubierto bajo su estatus de empleado jerárquico del lugar.

De acuerdo con testigos presenciales, en cuanto Evelyn detuvo la marcha del vehículo y se percató de la imponente presencia de Marvin Antonio en el aparcamiento, el pánico la invadió de forma inmediata. En un intento desesperado por resguardar su integridad física, buscó refugiarse rápidamente en el interior de su propio automóvil.

No obstante, el agresor, impulsado por una obsesión implacable, actuó con una rapidez extrema. Se subió de inmediato por la puerta del copiloto, cerrando cualquier posibilidad de escape para la profesional y acorralándola en un espacio mínimo.

En el habitáculo del vehículo blanco se desató una intensa y tensa discusión verbal. Hacía apenas quince días que Evelyn había tomado la firme determinación de poner fin a una relación sentimental de tres años, desgastada y asfixiada por el constante acoso, el hostigamiento y la intimidación a la que él la sometía de forma sistemática.

Dentro del vehículo, Marvin Antonio insistía con vehemencia, intentando convencerla de retomar el noviazgo a toda costa. Pero la decisión de la abogada era irrevocable. Ante la tajante negativa de la mujer de volver a someterse a su control, el sujeto extrajo un arma de fuego de reglamento y, sin mediar más palabras, le disparó directamente en el costado derecho del pecho.

La detonación alertó de inmediato a los transeúntes, personal de seguridad y compañeros de trabajo de Evelyn que se encontraban en las inmediaciones del complejo de apelaciones. El pánico se apoderó de la zona. Mientras la víctima yacía gravemente herida sobre los asientos de su vehículo, el agresor, acorralado por el peso de su propia acción, empuñó el arma de fuego contra su humanidad en un intento de suicidio.

Sin embargo, según los relatos recogidos en el lugar, el arma presuntamente no funcionó y el percutor no detonó los proyectiles en ninguno de los intentos por quitarse la vida.

En medio del caos y la desesperación, compañeros de trabajo y guardias de la zona corrieron a auxiliarla. La sacaron del vehículo y la trasladaron de urgencia a bordo de un carro particular hacia el Hospital Militar. Los cirujanos de turno la ingresaron de inmediato a quirófano para intervenirla de emergencia debido a la gravedad de las heridas en su cavidad torácica, pero todos los esfuerzos médicos resultaron insuficientes: Evelyn se rindió a la muerte minutos más tarde.

El subregistro del dolor: Femicidios bajo la sombra del silencio estatal

Gámez Salmerón, incapaz de dispararse a sí mismo, fue arrestado en el lugar por los agentes policiales antes de que pudiera huir, siendo trasladado bajo custodia a una delegación a la espera de enfrentar el proceso penal ante el Ministerio Público por el delito de femicidio.

Ante la falta de información estatal, el monitoreo independiente es liderado por colectivos como La Lupa y otras organizaciones feministas en el exilio. Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan al menos 15 femicidios en Nicaragua durante el primer semestre de 2026.

La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o personas cercanas a las víctimas, mientras que gran parte de los agresores huyeron o se encuentran evadiendo la justicia.

Esta alarmante cifra de violencia machista y de impunidad sistémica pone de relieve una crisis social profunda que sigue cobrando la vida de decenas de mujeres en todo el territorio nicaragüense.

Una mujer fue asesinada de varios disparos en la provincia de Salta, durante la madrugada del pasado domingo. Hasta el momento, el caso se investiga como presunto femicidio y su pareja es el principal sospechoso.

El hecho, que ocurrió en medio de la noche en una vivienda del barrio Las Palmeras, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán. Las circunstancias en las que sucedió todo aún son desconocidas.

La víctima, de 36 años, perdió la vida tras ser trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Ahora, el caso se inviestiga como presunto femicidio.

El procedimiento policial se activó tras la denuncia de una balacera en el domicilio donde vivía la víctima. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la mujer recibió disparos de arma de fuego en el abdomen, lo que le provocó una hemorragia aguda intraabdominal.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa confirmó la detención preventiva de un hombre de 32 años, pareja de la víctima, quien quedó imputado de manera provisoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La fiscal penal Claudia Carreras, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán durante la feria judicial, ordenó una serie de medidas para reunir las pruebas necesarias que permitan esclarecer el caso.

La recolección de testimonios y evidencias en la vivienda donde ocurrió el ataque fue llevada adelante por personal de Criminalística y por la Unidad de Investigación de la UGAP Orán, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica de la agresión, ni se revelaron datos sobre la identidad de la víctima o del presunto autor.

A principios de mes de mayo, un hecho similar se reportó en Orán, cuando un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja. El agresor se dio a la fuga tras el crimen, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello.

El agresor fue identificado como Jorge Fernando Carrizo, quien ya contaba con antencedentes por violencia de género. De acuerdo con El Tribuno, el agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves heridas luego de que Carrizo la rociara con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.