El rostro de Claudio Gabriel Barrelier aparece en la secuencia de cámaras que marcan el último registro de Agostina Vega, la adolescente que hoy apareció asesinada en Córdoba y estaba desaparecida desde hace siete días. Su nombre resuena en los partes oficiales, pero también en los archivos de la Justicia, donde cuenta con antecedentes por secuestro y privación ilegítima de la libertad.

Desde el miércoles pasado, Barrelier es el único detenido por el femicidio de la chica de 14 años.

El acusado está contratado por la Municipalidad de Córdoba, a través de una firma tercerizada. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés. Antes pasó por el rubro fruti-hortícola, en la empresa Tanus Jalil e Hijos SRL.

Según pudo saber Infobae, su rutina cambió el 6 de mayo de 2025, cuando fue detenido por una denuncia de su expareja. La acusación: privación ilegítima de la libertad calificada, un secuestro que lo mantuvo 20 días en prisión. La Justicia lo liberó con fianza y medidas restrictivas. Debía presentarse una vez al mes en la fiscalía, trámite que sostuvo hasta mayo de este año. El expediente no avanzó en profundidad sobre la prueba, pero el antecedente quedó asentado. Barrelier podía transitar el resto del proceso fuera de la cárcel.

J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, asegura haber presenciado la escena que derivó en la causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier.

Según contó a Infobae, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, contó.

Las mentiras de Barrelier

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22.30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

La noche en que Agostina Vega dejó su hogar, Barrelier fue la última persona registrada junto a ella, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, del barrio Cofico. Las cámaras de seguridad lo muestran en compañía de la adolescente, lo que desmonta parte de la versión que él mismo intentó instalar sobre el ingreso de su hija a su domicilio.

Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso y el hombre abonó el viaje del remís. Ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y hasta dónde llega la participación del acusado.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, reconstruyó el seguimiento técnico de las cámaras y afirmó que el acusado “no puede explicar” por qué aparece con la víctima en el registro fílmico. Barrelier dijo que quien aparecía en las imágenes era su hija.

“Ha mentido claramente en sus declaraciones, ha mentido porque él ha cambiado tres o cuatro veces ya a las versiones. Primero, plantea que la chica con la que se le ve entrando a su domicilio es su propia hija. La propia madre biológica de esa nena dice que no es. Los padres reconocen a Agostina. Después reconoció que efectivamente era Agostina, pero que estuvo solamente una hora y después se fue”, expuso Quinteros esta mañana.

La secuencia de contradicciones continuó, según Quinteros, ante la aparición de la evidencia. El acusado había declarado en su primera versión que “él simplemente había hecho un nexo para que se subiera a otro vehículo con otra persona”. “Eso lo pudimos rebatir muy rápidamente. Ahí tuvo que reconocer y ahí reconoció que entró” a la casa, explicó.

El abogado Jorge Sánchez Del Bianco —quien posteriormente renunció a la defensa— dijo que Agostina habría llamado a Barrelier para pedirle ayuda con el pago del remís. Según su testimonio, la acompañó dos cuadras, ella le pidió que la llevara a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, un vehículo apareció y la adolescente le dijo que se iba con esa persona. De acuerdo a la versión del acusado, no vio más a la menor y negó cualquier vínculo con la posterior desaparición.

Un hincha con actitud altiva

Barrelier se muestra desafiante en sus cuentas de redes social. En Instagram, su biografía reza: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

En Facebook, el acusado comparte imágenes con camisetas de Instituto de Córdoba y postales en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Se expone como un fanático de “La Gloria”.

Desde el primer momento, la fiscalía a cargo de Raúl Garzón dispuso el secreto de sumario en la causa y ordenó 19 allanamientos en simultáneo. El domicilio del sospechoso fue allanado por la Policía y peritos, quienes realizaron peritajes sobre la vivienda, ropa y objetos personales. En su casa vive con su pareja e hija.

De acuerdo con el relato del conductor del remís que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo, según deslizó el propio detenido. Es una versión que tiene poca fuerza.

Desde ese contacto, las familiares de Agostina aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes y su teléfono comenzó a dar apagado.

Este sábado, la joven fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades policiales realizaban rastrillajes. “Hoy estamos frente a un homicidio”, definió el fiscal Garzón.

En la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Luis Alberto J., de 36 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera. Según el informe oficial de la PNC, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de turno por el delito de femicidio.

La investigación, desarrollada por la Sección de Delitos Contra el Femicidio, determinó que el 17 de noviembre de 2025, Luis Alberto J. recogió a la adolescente en una motocicleta cuando ella salía del colegio en el centro de Guazacapán, departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte policial, la menor, quien vestía su uniforme escolar y portaba una mochila, aceptó acompañar al adulto. Las pesquisas establecen que el trayecto continuó hasta una finca situada en la aldea El Astillero, en el mismo municipio.

Días después de la desaparición, familiares y autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, donde el cadáver se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. A pocos metros, los investigadores encontraron una mochila con cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con una imagen religiosa, objetos que fueron reconocidos por allegados a la víctima. El caso generó consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de la región, quienes exigieron respuestas a las autoridades.

La PNC detalló que, gracias a labores de inteligencia y el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, fue posible reconstruir los movimientos y las rutas utilizadas por el presunto agresor. Estas pruebas permitieron sustentar la solicitud de orden de captura y fortalecer la hipótesis de la participación directa de Luis Alberto J. en los hechos investigados. La institución policial subrayó que la detención representa un avance en la lucha contra el femicidio y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la impunidad en estos delitos.

Durante el operativo de captura, los agentes incautaron un teléfono móvil y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor. Según la orden judicial, este vehículo está sujeto a secuestro como parte de la investigación, ya que habría sido utilizado para trasladar a la víctima el día de su desaparición. Las autoridades también evalúan la información almacenada en el dispositivo móvil para obtener nuevos elementos probatorios o identificar posibles cómplices.

Investigación policial y colaboración ciudadana en la captura del sospechoso

En declaraciones recogidas por la Policía Nacional Civil, se informó: “La investigación incluyó el análisis de las rutas y los tiempos de desplazamiento del sospechoso, así como la identificación de testigos y la recolección de evidencias materiales halladas en el lugar del hallazgo”. Además, la PNC reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó a quienes posean información adicional que la aporten por los canales oficiales.

En el operativo participaron unidades de investigación criminal, agentes uniformados y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron las acciones para asegurar la integridad del procedimiento y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

La Sala de Casación Penal de Costa Rica dejó firme el martes la condena contra Fabio Ríos Garro por el asesinato de su pareja, Fernanda Sánchez Aguilar, y de su hija, Raisha Ríos Sánchez. El tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de 76 años de prisión, informó el Ministerio Público, de acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE.

La decisión cerró la última vía de impugnación presentada por el condenado. La fiscalía sostuvo que no hubo irregularidades en la valoración de la prueba ni violaciones al debido proceso, e indicó que la sentencia, dictada en febrero de 2025, ya no admite revisión por esa vía.

El caso corresponde a un doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José, y fue investigado por el Ministerio Público, que comunicó el fallo tras la resolución del máximo órgano penal en materia de casación.

El doble femicidio y el fallo de la Sala de Casación Penal

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2020, según la reconstrucción presentada en el juicio. La acusación describió un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con el asesinato de Fernanda Sánchez Aguilar y de la niña Raisha Ríos Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

La fiscal Karen Valverde atribuyó la ratificación del fallo al trabajo técnico y jurídico de los equipos que intervinieron en el caso. “Acceso a la justicia”, sostuvo, al referirse al impacto de la decisión para víctimas de violencia.

Femicidios en Costa Rica: cifras oficiales y marco legal

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial contabiliza 557 femicidios desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Según esos registros, los picos se dieron en 2011, con 42 casos, y en 2024, con 44.

La normativa establece penas de 20 a 35 años de prisión para el femicidio, de acuerdo con la legislación vigente citada por el Poder Judicial. En el expediente de Ríos Garro, la condena total llegó a 76 años de cárcel por el doble crimen juzgado.

Los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 36 casos y que en lo que va de 2026 suman 10, según el observatorio judicial. El Ministerio Público enmarcó la resolución de la Sala de Casación Penal como parte de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Según medios locales 2024 marcó un récord con 44 femicidios y 2025 cerró con 36, lo que ubica a 2026 dentro de una tendencia que no se ha revertido.

La pregunta central es qué está ocurriendo en el país: Costa Rica acumula asesinatos de mujeres por razones de género en un ritmo que, según los registros del Poder Judicial citados por crhoy.com, llevó la cuenta a 10 casos antes de completar el primer cuatrimestre del año.

Comenzó ayer martes el juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones sufridas por una amiga de la víctima, en un hecho ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes.

El caso es seguido de cerca por la comunidad debido a la gravedad de los hechos y al contexto de violencia de género que la fiscalía atribuye al imputado. El debate judicial se desarrolla ante un jurado popular compuesto por doce personas titulares y presidido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama.

La expectativa de pena para el acusado es la de cadena perpetua, por lo que la instancia del jurado popular resulta obligatoria según la legislación vigente. El proceso está previsto hasta el viernes 30 de mayo, aunque podría extenderse si los alegatos finales y la deliberación así lo requieren. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora.

El hecho investigado ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores en Junín de los Andes. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a la amiga de Corina, identificada como M.D.G.T., provocándole una herida abdominal que requirió aproximadamente 25 días de recuperación.

Segúnlo informado por el portal LM Neuquén, cuando Mena intervino para recriminar la agresión, recibió una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte por una lesión cardíaca perforante y hemotórax.

Según expuso Ávila en su alegato de apertura ante el jurado, la fiscalía sostiene que se trató de un crimen motivado por celos y conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima, en el marco de una relación marcada por episodios de violencia psicológica. La acusación descarta la hipótesis de un hecho aislado y apunta a la existencia de antecedentes de maltrato y control en la pareja.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen de Corina Mabel Mena no fue un episodio casual, sino la culminación de una relación atravesada por violencia de género. El fiscal jefe señaló que el acusado ejercía “conductas de control” y que la víctima había sufrido situaciones previas de violencia psicológica. Tras cometer el ataque, el imputado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, según la acusación.

El Ministerio Público Fiscal interpreta estas acciones como señales de que el acusado “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”, por lo que buscará demostrar la existencia de premeditación y la intencionalidad en el hecho. La fiscalía presentará pruebas testimoniales de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, junto a peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de registros fílmicos relevados durante la investigación.

Uno de los testimonios clave será el de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque y podrá aportar detalles sobre la dinámica de los hechos y la relación entre el acusado y la víctima. Según la acusación, la agresión fue consecuencia de una discusión por celos dentro de la vivienda.

La defensa del imputado solicitó que el jurado estuviera integrado, al menos en parte, por miembros de la comunidad mapuche, dado que el acusado pertenece a ese pueblo originario. El pedido fue rechazado por el juez Balderrama, quien coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal. El magistrado explicó que la ley no exige que los jurados sean miembros de comunidades originarias, sino que cuenten con conocimiento sobre su cultura, costumbres y formas de vida.

Durante la audiencia, el juez citó el artículo 109 del Código Procesal, que remite a convenios internacionales sobre el juzgamiento de integrantes de pueblos originarios. Balderrama aclaró que la normativa establece la necesidad de conocer las pautas culturales, pero no implica necesariamente que los jurados deban formar parte de esas comunidades. Tras entrevistar a los convocados, el juez consideró que el tribunal reunía condiciones de pluralidad y diversidad cultural suficientes, sin requerir la fijación de un cupo obligatorio.

El juicio continuará durante la semana, con la exposición de pruebas y los testimonios previstos, y podría extenderse si el calendario de audiencias lo requiere. La expectativa de la fiscalía es que el proceso permita demostrar la existencia de violencia de género previa y la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados.

El desarrollo del juicio será seguido por la comunidad y por organizaciones que reclaman justicia en casos de femicidio, atentos a la aplicación de la perspectiva de género y el respeto por los derechos de las víctimas y sus familiares.

Antes de morir, cuando todavía se encontraba vital, el odontólogo y femicida Ricardo Barreda le manifestó a su biógrafo, el periodista y actor Pablo Marti Krenz, cuál era su voluntad para el día que dejara de existir. Basado en su fanatismo por Estudiantes de La Plata, le pidió que solicitara el permiso para que sus cenizas fueran esparcidas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, “tierra sagrada”, como la definió Carlos Bilardo, emblema del “pincharrata”.

Krenz se tomó un tiempo para responderle y buscó en su mente la manera de decirle que no era la mejor idea. De manera sutil, le sugirió que seguramente iban a surgir resistencias de parte de los socios y simpatizantes de la institución. Barreda lo miró fijo a los ojos y comprendió la respuesta acerca de lo improbable que sería que las autoridades del club autorizaran semejante pretensión de un hombre que había matado a sus dos hijas, su esposa y su suegra. Entonces acordaron que lo mejor sería hacerlo en el mar o a orillas del río Salado, donde solía ir a pescar con frecuencia.

Barreda aceptó el cambio pese a que Estudiantes era el club de sus amores. Es más, aquel trágico domingo 15 de noviembre de 1992, se había despertado de muy buen humor, pensando en escuchar por radio el partido que Estudiantes de La Plata jugaría por la tarde con Independiente en Avellaneda.

Le tenía fe al equipo que entonces dirigía el uruguayo Luis Garisto. Y no se equivocó con su optimismo porque El Pincha terminó ganando por 1 a 0 con gol del uruguayo Alejandro Larrea Marsol. Pero sucedió algo imprevisto, los planes de toda la familia para esa jornada de descanso terminaron a los tiros, y el hecho pasó a ser uno de los crímenes más espeluznantes de la Argentina.

La tarde del cuádruple femicidio

El odontólogo dedicaba los fines de semana para descansar. Ese día en particular, se dedicó a podar la parra del patio. Ya había pasado el plumero en parte del techo de la casona de calle 48 entre 11 y 12 porque le daba fastidio que se acumularan telarañas e insectos.

Se cruzó en su camino su hija Cecilia, que por entonces tenía 26 años. La joven intentó una broma, quizás: “Parece que Conchita –mote peyorativo con el que según él lo clasificaban su propia familia tal como lo confió ante la justicia- se levantó temprano y se puso a trabajar”. Todo terminó de la peor manera.

Su padre se detuvo de inmediato y volvió sobre sí mismo para cambiar de destino. Dejó la tijera y tomó una escopeta Víctor Sarasqueta calibre 16 que le había obsequiado su suegra. Sin dudarlo, la sostuvo con sus dos manos y empezó a caminar por el amplio pasillo que llevaba al living.

La primera en aparecer en su camino fue Gladys Mac Donald, su mujer, y la mató con dos disparos. Luego continuó con Cecilia, a quien ejecutó de tres tiros. Cuando asomó Adriana, su hija preferida, fue alcanzada por dos balazos. Espantada por los estruendos se acercó corriendo y en camisón su suegra, Elena Arreche y con ella tampoco le tembló el pulso para finalizar la masacre.

La condena al femicida

En 1995, el odontólogo terminó condenado a prisión perpetua por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo –tres hechos- y homicidio simple, todos en concurso real”, ya que entonces no existía la figura de femicidio. Ya antes de 2006, cuando cumplió 70 años, Barreda venía pensando cómo solicitar el beneficio del arresto domiciliario. Pero tenía un problema, como había matado a toda su familia no podía establecer un domicilio y alguien responsable que le brindara refugio.

No se sabe si fue casual o intencional, pero empezó a saludar y dialogar con una mujer, docente de profesión, que cada tanto iba de visita a la cárcel a ver a un pariente. Se llamaba Berta André y también dedicaba un tiempo para charlar con él antes de retirarse. Así entablaron una relación que terminó en romance, y en 2008 le otorgaron la domiciliaria. Entonces Barreda salió en libertad de la prisión de Gorina en La Plata y pasó a residir en el barrio de Belgrano con su enamorada.

Pero la trataba tan mal que en 2014 le revocaron el beneficio y ordenaron volver a detenerlo en la cárcel de Olmos por resolución del juez Raúl Dalto, que calificó de peligrosa la relación y no se equivocó ya que la mujer falleció en 2015 sumida en una profunda depresión.

Los últimos días de Barreda

Barreda se desesperó. Pero tuvo la suerte de que a fin de ese año la justicia determinó que había cumplido su condena. Luego de salir en libertad anduvo por varios lugares y se refugió en un hospital de General Pacheco hasta que lo terminaron echando porque fingía alguna que otra enfermedad para quedarse allí.

En el último tiempo se instaló en San Martín, primero en el Hotel España, ubicado en el Boulevard 25 de Mayo a metros de la transitada peatonal Belgrano. Hasta que una tarde se desvaneció y terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón donde permaneció hasta que fue trasladado a través de PAMI al Hogar Geriátrico del Rosario de José C. Paz, donde falleció el 25 de mayo de 2020 a los 84 años.

A partir de allí el tema de su herencia fue lo que empezó a generar polémicas. La casona donde ocurrieron los crímenes terminó expropiada por ley el 15 de noviembre de 2012 al cumplirse 20 años de la matanza y declarada de utilidad pública como símbolo y respuesta a la violencia contra las mujeres, pasando a ser patrimonio de la Municipalidad de La Plata. A propósito de esto, Barreda había presentado por intermedio de sus abogados una contrademanda que resultó infructuosa.

La herencia de Barreda

Como Barreda había sido declarado indigno por haber matado a su familia, no podía heredar la mitad del inmueble que le correspondía a su esposa. Pero sí tenía derecho a cobrar su mitad. Mientras estuvo con vida siempre lo intentó. Ese era su objetivo. Así lo explica a Infobae Marti Krenz: “Ningún asesino pierde los derechos de propiedad sobre su vivienda. Se lo condena y debe cumplir la pena. Cuando sale el inmueble le sigue perteneciendo. Por eso él estaba esperanzado en cobrar y trataba de acelerar ese trámite, pero la muerte se lo impidió”, aclara.

El femicida dejó firmado dos testamentos. Uno era a favor de su abogado de siempre, Eduardo Gutiérrez. El otro testamento beneficiaba a un psicólogo del Patronato de Liberados de apellido Clara.

Cuando Barreda muere se inicia la sucesión en el Departamento Judicial de San Martín. La justicia citó a ambos. Gutiérrez, el abogado se presentó con su testamento, que como es posterior al del psicólogo, es el que tendría validez.

El tema es que al fallecer Gutiérrez se provocó otra sucesión y otra complicación extra. Así, la justicia deberá dirimir a quién le corresponde realmente esa parte.

También surgió una casa en Mar del Plata que forma parte del patrimonio. Cuando a Ricardo Barreda lo detienen y luego lo condenan a prisión perpetua terminó usurpada y en ese estado se encuentra hasta la actualidad. En “La Feliz” vivía otra de sus amantes, además de las ya conocidas, la pitonisa Pirucha Guastavino y Nilda Bono, con quien se fue a un hotel alojamiento para tener sexo la noche de los crímenes, minutos después de la masacre. La marplatense se llamaba Ester y con ella solía compartir sus escapadas cada verano.

Lo concreto es que desde que Barreda enfermó gravemente y luego murió, el único que se acercó en esos momentos críticos fue Pablo Marti Krenz, quien en los últimos años de vida del odontólogo se ganó su confianza.

Como periodista, Krenz registró más de veinte horas de testimonios grabados con imágenes inéditas que hasta hoy la gran mayoría no trascendieron. Y cuando falleció, a él le comunicaron su muerte desde el hogar de ancianos.

Desde entonces es quien afronta año a año los gastos de mantenimiento de la sepultura en el cementerio: “Lo acompañé en su traslado al geriátrico del Rosario de José C. Paz donde además firmé como responsable. Más allá de los crímenes aberrantes que cometió, al momento de conocerlo ya había pagado su condena y yo no era quien para juzgarlo. Como cronista hice un trabajo profesional y sentí un compromiso cuando murió atento a que él me brindó su confianza y me contó infinidad de cosas que no se saben y que estoy volcando en un libro que ya pasó a corrección. Entre ellas que su anhelo era que arrojaran sus cenizas en la cancha de Estudiantes de La Plata. Hasta que logré convencerlo que no era una buena idea porque el solo proponerlo iba a provocar todo tipo de reacciones en contra”.

-¿Usted fue quien se hizo cargo también de la cruz y la placa que reza en su tumba en el cementerio: “Ricardo Alberto Barreda, arrepentido de mis pecados cometidos”.

-Es así, y hoy estoy tratando que desde el geriátrico donde falleció, su encargada, María González, se comunique con el cementerio porque ella figura allí como “familiar a cargo”. Necesito que pida que me coloquen a mí en ese lugar porque soy el que está pagando desde la muerte de Barreda la renovación de su sepultura, pero no logro que me atiendan, como le sucede a Inés, una amiga de él de muchos años. Si esto no sucede, en dos años se termina el plazo para que esté en tierra, no lo vamos a poder cremar porque no figuramos como parientes responsables ninguno de los dos, y Barreda va a terminar en una fosa común”.

Así las cosas, el destino final del femicida es incierto, un verdadero e insondable infierno.

Ha transcurrido poco más de un mes desde que el dolor y la incertidumbre se instalaron de forma definitiva en el hogar de la familia Merlo Espinoza.

El pasado 9 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica realizó el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense y reconocida tiktoker, quien fue enterrada de forma clandestina en la localidad de Santa Ana.

Por el atroz crimen, que ha conmocionado tanto a Costa Rica como a Nicaragua, las autoridades mantienen en prisión preventiva a su expareja sentimental, señalado como el presunto autor de este femicidio.

Ante la falta de respuestas definitivas y la urgencia de proteger a los miembros más vulnerables de la familia, doña Vilma Espinoza, madre de la víctima, y su hija Mariuris Merlo, se han visto obligadas a emprender un doloroso viaje. Recorrieron más de 650 kilómetros desde San Juan de Río Coco, en Nicaragua, hasta suelo costarricense.

Las motivaciones de estas mujeres son claras y urgentes: exigir que la muerte de Junieysis Adely no quede impune y recuperar la custodia definitiva de las hijas de la joven, unas gemelas de apenas dos años de edad que actualmente se encuentran bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Para doña Vilma Espinoza, el proceso ha sido devastador. En declaraciones exclusivas para Trivisión, confesó que inicialmente no encontraba las fuerzas físicas ni emocionales para realizar el viaje debido al profundo impacto de la tragedia.

Sin embargo, el motor que la impulsó a cruzar la frontera fue el recuerdo y el amor por sus nietas, a quienes hasta el día de hoy solo conoce a través de la pantalla de un teléfono por videollamadas.

“Aún no me sentía con valor de viajar, pero le pedí al Señor fuerza y lo hice. Es necesario que la muerte de mi hija no se quede impune, que se haga justicia”, expresó conmovida doña Vilma.

La madre de la víctima relató que su hija vivía en Costa Rica con la gran ilusión de criar a sus pequeñas y que siempre le recordaba que ellas eran su principal motivo para salir adelante. Ante los restos de Junieysis Adely, doña Vilma asumió la promesa de velar por el bienestar de las menores.

La familia ha hecho un llamado público a las autoridades costarricenses, dirigiéndose de manera directa a la presidenta ejecutiva del PANI y a figuras del gobierno, apelando a la sensibilidad de género y al entendimiento del dolor materno para que agilicen los trámites que les permitan llevar a las niñas de regreso a Nicaragua.

Temor, incertidumbre y la urgencia de la custodia materna

El viaje no solo ha estado marcado por el duelo, sino también por el miedo. Mariuris Merlo, hermana de Junieysis , reconoció que la familia se encuentra en un estado de constante alerta y vulnerabilidad en Costa Rica. Al tratarse de un caso severo de violencia machista, existe un temor fundado por su propia seguridad física, por lo que han solicitado formalmente apoyo y protección a las autoridades locales.

Mariuris enfatizó que la prioridad absoluta es que las gemelas salgan del albergue institucional del PANI para ser criadas en un entorno familiar sólido.

Asimismo, explicó que el tiempo de permanencia en el país es totalmente indefinido pudiendo extenderse por meses debido a la burocracia y los requisitos legales indispensables para resolver la situación migratoria y de custodia de las menores, quienes poseen la nacionalidad costarricense por nacimiento.

La estrategia legal y el clamor por la solidaridad ciudadana

En el ámbito jurídico, la familia Merlo Espinoza cuenta con la representación del licenciado Joseph Rivera. El abogado detalló que la estrategia inmediata consiste en presentarse ante la Fiscalía o el Juzgado Penal de Pavas para ratificar las denuncias y establecer formalmente a la madre y hermana de la víctima como parte activa en el proceso penal.

Respecto a la situación de las menores, Rivera se mostró optimista tras los primeros acercamientos con los personeros del PANI. Explicó que el principal obstáculo actual es la falta de un domicilio fijo y permanente para la familia en Costa Rica, requisito indispensable para que las trabajadoras sociales de la institución evalúen el entorno y autoricen que las niñas salgan del albergue temporal.

Mientras la tramitología avanza y el Ministerio Público define la apertura del juicio contra el presunto femicida, la familia sobrevive gracias a la solidaridad de los pueblos costarricense y nicaragüense. Con donaciones iniciales de la ciudadanía y hospedajes temporales que vencen de forma inmediata, la permanencia de doña Vilma y Mariuris en el país pende de un hilo, por lo que las plataformas informativas mantienen abiertos los canales de ayuda económica para sostener esta lucha que apenas comienza.

La Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, de la provincia de Mendoza, confirmó a Infobae que “aprehendió a uno de los hijos” de Margarita Gutiérrez, la exdocente y concejal que fue encontrada parcialmente calcinada en su vivienda, en el barrio Isaac Estrella. “Los datos personales del mismo se darán a conocer una vez resuelta su situación procesal”, informó fiscalía.

“Los fiscales tienen 24 horas -con posibilidad de ampliar a 24 horas más- como plazo para imputar a la persona aprehendida desde el momento de la detención, por lo que les informaremos en las próximas horas como continúa la situación procesal del mismo", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

Previamente, los especialistas habían ordenado extraer muestras de ADN de los tres hijos de Margarita para cotejarlas con las tomadas en el lugar del hecho. Uno de los perfiles es el del sospechoso, quien estuvo demorado algunas horas y con quien la mujer mantenía conflictos previos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo.

Allanamiento e hipótesis

Según confirmó Policía de Mendoza a Infobae, durante un allanamiento realizado en una propiedad vinculada a uno de los hijos de la víctima, se halló un verdadero arsenal: cartuchos de diferentes calibres (20, 24, 16, 12 y 22 largo), vaina de fusil servida, 121 vainas servidas, 25 cartuchos inscriptos con 12 mm, 19 municiones calibre 22 largo, 40 municiones calibre 9 mm con diversas inscripciones, y dos cargadores de calibre 380 marca Bersa.

Además se encontraron tres pantalones, tres pares de borcegos, un buzo, una campera símil cuero con mancha hemática y un cuchillo. Estos objetos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con el hecho.

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Las pericias del cuerpo

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, como el cadáver estaba en un avanzado estado de deterioro por el fuego, las muestras recolectadas fueron derivadas a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de establecer la causa concreta de muerte.

La medida es central para la investigación. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el resultado permitirá precisar si Margarita murió estrangulada, por un golpe, por acción del fuego o por otra causa. También será clave para reconstruir si el fuego fue posterior a la muerte o si formó parte del ataque. Se estima que los resultados estarán dentro de un mes.

Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Demaldé, empresario juninense fallecido hace alrededor de tres años, y madre de tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos ligados al mundo del fútbol. Hacia el tercero en cuestión (y mayor de los tres) David, es sobre quien recaen las sospechas.

La mujer también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Quién era Margarita Gutiérrez

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leyó en uno de ellos.

La justicia panameña ordenó la detención provisional de Orlando Cuesta, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del femicidio de la fiscal Patricia Soledad Ossa Sánchez, ocurrido el pasado 18 de mayo en Pueblo Nuevo.

Durante una audiencia de garantías, la Fiscalía logró además la imputación de cargos por femicidio y robo agravado, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los casos que más ha conmocionado al sistema judicial panameño en los últimos años.

La decisión fue adoptada por un juez de garantías luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público sustentara la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida cautelar busca garantizar el desarrollo de las diligencias mientras se recopilan evidencias y se determina la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pueblo Nuevo. La investigación sostiene que el hombre habría quitado la vida a la funcionaria utilizando un arma de fuego cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades también incorporaron un cargo por robo agravado debido a que, hasta la fecha, no ha sido ubicado el teléfono celular de la fiscal. La desaparición de este dispositivo forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, que busca reconstruir los hechos ocurridos antes y después del crimen.

Patricia Soledad Ossa Sánchez, de 38 años, se desempeñaba como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades especializadas más sensibles dentro del Ministerio Público panameño.

Su labor consistía precisamente en investigar delitos relacionados con homicidios y violencia contra las mujeres, circunstancia que ha dado una dimensión adicional al impacto generado por su muerte.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho se produjo en medio de una discusión entre la funcionaria y su pareja sentimental. Informes preliminares conocidos durante los primeros días de la investigación indicaron que el incidente habría ocurrido tras un conflicto de carácter personal que terminó con un disparo mortal.

Sin embargo, las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras continúan las pericias y análisis de las evidencias recabadas.

La noche del crimen, la víctima fue trasladada por el propio sospechoso al Hospital San Miguel Arcángel. Allí, el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Poco después, unidades de la Policía Nacional procedieron con la aprehensión del hombre señalado, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación condenó el hecho y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a los responsables de delitos que atenten contra la vida de las mujeres.

En un comunicado oficial, la institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la fiscal fallecida.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer calificó el caso como un presunto femicidio y aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, amenazas o agresiones a presentar las denuncias correspondientes y buscar apoyo institucional. La entidad advirtió sobre la necesidad de no normalizar conductas violentas dentro de las relaciones de pareja.

La Policía Nacional también manifestó públicamente que, según la información disponible hasta el momento, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en esclarecer la dinámica de los hechos, determinar el móvil del crimen y analizar las circunstancias que rodearon la muerte de la funcionaria.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género en Panamá. Datos oficiales del Ministerio Público muestran que entre enero y abril de 2026 se registraron nueve víctimas de femicidio, frente a cuatro reportadas durante el mismo período de 2025.

La cifra representa un incremento de 125%, una tendencia que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y entidades gubernamentales encargadas de la protección de las mujeres.

Además de los nueve femicidios registrados durante los primeros cuatro meses del año, las estadísticas oficiales reportan 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que permanecen bajo investigación para determinar si encajan dentro de la tipificación establecida en la legislación panameña.

Mientras la investigación continúa, Orlando Cuesta permanecerá detenido de forma provisional por orden judicial. La Fiscalía deberá continuar recopilando pruebas, incluyendo análisis forenses, peritajes tecnológicos y testimonios, para sustentar la acusación formal por femicidio y robo agravado en un proceso que ha colocado nuevamente el foco sobre la violencia contra las mujeres en Panamá.

Antes de que su muerte conmocionara a Junín, Margarita Gutiérrez ya era una figura reconocida en esa localidda de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

La docente jubilada y exconcejal tenía 72 años y vivía en un chalet del barrio Isaac Estrella, donde fue hallada calcinada en su casa. La noticia sacudió a la comunidad, que la recordaba por su trabajo en la educación inicial, su paso por la vida pública local y su compromiso social.

Según reconstruyó Los Andes, la mujer era la viuda de Enrique Olivio Demaldé, un empresario juninense fallecido hace unos tres años. Con él tuvo tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino los describió como una familia histórica de Junín.

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado acompañaba a mi hermana a jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.

Dos de los hijos de Margarita, Ever y Mariano Demaldé, están relacionados al mundo del fútbol. El primero es exdirector técnico de Independiente Rivadavia y hoy se encuentra en la India como entrenador del Calicut Football Club. Durante su carrera fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella y de Bert van Marwijk en la selección de Arabia Saudita.

También trabajó junto a su hermano Mariano en el Atlético Club San Martín, institución que publicó un mensaje tras conocer la noticia: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Margarita Gutiérrez, mamá de Ever y Mariano Demaldé, colaboradores de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y enviamos nuestras sinceras condolencias”.

El crimen de Margarita se investiga bajo protocolo de femicidio. Su cuerpo fue hallado el martes en su vivienda de Junín y la Justicia ordenó pericias para determinar la causa de muerte, ya que fue encontrado en avanzado estado de deterioro por el fuego.

Una docente jubilada de 72 años y exconcejal de Rivadavia-Junín, provincia de Mendoza, fue hallada muerta en su vivienda. Una vecina encontró a Margarita Gutiérrez parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa de la calle Isaac Estrella, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de esa región.

La última información aportada por la Unidad Fiscal, y en función de la prueba recopilada hasta el momento por las autoridades, derivó en que la causa se investigue como homicidio agravado por femicidio.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9.30, tras el aviso de una vecina al 911 que advirtió que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde hacía varias horas.

El hecho provocó fuerte conmoción en la ciudad debido a la relevancia pública de Gutiérrez, quien recibió en vida un homenaje al ser nombrado un jardín de infantes en reconocimiento a su labor educativa, en 2016. La víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

La investigación también analiza la hipótesis de un crimen cometido en ocasión de robo, aunque el esclarecimiento depende de los resultados de necropsia realizados por el Cuerpo Médico Forense, señalaron autoridades. Las pericias en curso buscan establecer el momento y la causa de muerte, así como verificar la posible sustracción de bienes.

Hasta el momento, y para preservar la instrucción, la Fiscalía informó que no se difundirán más datos relacionados a la causa, conforme al comunicado oficial.

Pesar en el mundo del fútbol

Tras conocerse el crimen y que la víctima era la madre de Ever Demaldé, se generó gran repercusión en el universo del fútbol mendocino. El técnico, de 38 años, había sido confirmado recientemente como director técnico del Calicut Football Club, equipo que participa en la Superliga de Kerala, en India.

Su trayectoria internacional incluye roles como ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella y de Bert van Marwijk en la selección de Arabia Saudita. Como entrenador principal, dirigió equipos en Emiratos Árabes, Georgia y Panamá, así como a Independiente Rivadavia al inicio de la temporada 2023, campaña que culminó con el ascenso del club a Primera División.

La figura de Demaldé es reconocida en la provincia debido a su vínculo con el fútbol local, ya que además de su paso por Independiente Rivadavia trabajó en el Atlético Club San Martín, que expresó sus condolencias tras conocerse el presunto femicidio.

En el marco de la investigación por el posible femicidio de la docente jubilada y exconcejal, Margarita Gutiérrez, de 72 años, la Justicia de Mendoza demoró y luego liberó a su hijo mayor, David Demaldé. La víctima fue hallada sin vida, parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa en Junín. Aunque al principio se creía que el asesinato se dio en ocasión de robo, las pesquisas comenzaron a enfocarse en un homicidio cometido por alguien del entorno.

Como parte del procedimiento, sus tres hijos fueron sometidos a la toma de muestras de ADN, aunque la investigación recae especialmente sobre el hijo mayor, con quien la víctima mantenía conflictos previos. La principal línea investigativa se centra en los rastros biológicos hallados en la escena del crimen, domicilio de la docente en la calle Isaac Estrella. Allí, los peritos realizaron análisis de ADN para establecer con certeza si corresponden al uno de los hijos de la víctima o a otra persona que haya estado en la vivienda.

Hacía tiempo que su hijo mayor no tenía relación con su madre y fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo, de acuerdo con Los Andes.

Los investigadores no descartan que quien cometió el crimen buscara montar una escena para simular un robo y así desviar la atención de la pesquisa, de acuerdo con información oficial. La instrucción está a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la coordinación del fiscal en jefe Mariano Carbajal.

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

El caso

Margarita Iris Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, cerca de las 9:30 del martes 20 de mayo, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada. En el operativo participaron Policía Científica, un médico forense y personal del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Las autoridades señalaron que los resultados que se conocerán hoy de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense será clave para establecer el momento y la causa de la muerte, así como para verificar la sustracción de bienes. Aunque actualmente la principal hipótesis es un posible femicidio, no se descartan otras líneas de investigación mientras aguardan los resultados de las pericias forenses que esclarecerán el caso.

El hecho causó conmoción en la ciudad, ya que la víctima era una docente de un jardín de infantes donde, en vida, había sido homenajeada por sus servicios y enseñanzas. Además, Margarita es la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia, es por eso que la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino donde expresaron públicamente sus condolencias.

Comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de asesinar a balazos a su pareja y a su cuñado en diciembre de 2023 en una vivienda del barrio Don Emilio, en el extremo sudoeste de Mar del Plata. El debate se inició este lunes y tiene previstas tres jornadas.

El acusado es Victor Figueroa quien enfrenta los cargos por femicidio, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego, por lo que podría caberle una condena a prisión perpetua.

La acusación llevada a cabo por la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 a cargo de la investigación sostiene la hipótesis de que el 23 de diciembre de 2023 Figueroa disparó contra Rosana Coronel y su hermano Marcelo Coronel tras una discusión en la vivienda familiar. Luego ingresó a la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y se dio a la fuga en su auto.

De acuerdo a los detalles, Figueroa llegó a la vivienda alcoholizado y quiso poner música, pero su pareja se negó y eso provocó una discusión que fue subiendo de tono. Oscar intervino para defender a su hermana, pero en ese momento, según la acusación, Figueroa se dirigió a una habitación, tomó un revólver Colt calibre .38 y abrió fuego contra ambos.

Los hermanos Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente. La mujer, quien mantenía una relación sentimental con el acusado, recibió una herida de bala en la zona del cuello; mientras que el hombre, fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados por familiares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde murieron minutos después a causa de las heridas.

Tras escapar del lugar del hecho, Figueroa fue detenido minutos antes de la medianoche de ese mismo día por efectivos de la Comisaría 11ra, luego de un llamado al 911. La aprehensión se produjo en Magallanes al 11.400, mientras circulaba en el vehículo en el que se había escapado. Fuentes de la investigación señalaron que registraba antecedentes penales por los delitos de abuso sexual y encubrimiento.

Tras su detención, Figueroa quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y trasladado posteriormente a los tribunales marplatenses para prestar declaración indagatoria.

El escrito de la fiscalía puso énfasis en las declaraciones de las hijas y nietas de la mujer de 46 años, quienes afirmaron ante la justicia que Figueroa había proferido amenazas contra ella con anterioridad al hecho.

El comienzo del debate

La primera jornada del juicio se desarrolló con la presencia de familiares de las víctimas en la sala de tribunales. Uno de ellos expresó ante la prensa: “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”. La Capital de Mar del Plata reunió las declaraciones del resto de la familia. “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”, recordó la hija de Rosana sobre aquel violento episodio.

La joven aseguró que “está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”. Y describió al acusado como una persona que se “perdía totalmente” cuando tomaba alcohol. “Sobrio era una persona y con alcohol era otra”, añadió.

“Pedimos justicia por mi mamá y por mi tío. Que le den perpetua porque lo que hizo no tiene perdón”, concluyó.

Un nuevo hecho de violencia contra una mujer sacudió a Panamá este y volvió a poner el foco sobre los casos de femicidio registrados en el país. La víctima fue Patricia Soledad Ossa, fiscal adjunta del Ministerio Público e integrante del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades tras un suceso ocurrido en el sector de Pueblo Nuevo, en Ciudad de Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó sobre el fallecimiento de una de sus colaboradoras en un hecho que permanece bajo investigación y confirmó la aprehensión efectiva de un sospechoso vinculado al caso. En su comunicado oficial, el Ministerio Público expresó condolencias a familiares y amigos de la funcionaria y reiteró su compromiso de continuar las investigaciones hasta llevar a los responsables ante los tribunales de justicia.

La Policía Nacional también lamentó la muerte de Ossa y expresó solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de labores. La entidad aclaró además que, de acuerdo con la información preliminar recopilada por los investigadores, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado y presuntamente estaría vinculado a un motivo pasional.

La institución aseguró que mantiene colaboración estrecha con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Ossa formó parte del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades encargadas de investigar los delitos más sensibles relacionados con violencia letal y ataques contra mujeres en Panamá. Diversas fuentes vinculadas al sistema judicial señalaron que la funcionaria mantenía una trayectoria amplia dentro del Ministerio Público y había ocupado cargos en distintas fiscalías especializadas.

Antes de integrarse a la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, la funcionaria había sido asignada a la Fiscalía de Familia de San Miguelito, la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Regional de San Miguelito y posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción. Su experiencia incluía investigaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, delitos sexuales, casos de corrupción y procesos complejos de litigación.

La movilidad de Ossa entre distintas áreas de investigación reflejaba una carrera vinculada tanto a delitos de alto impacto social como a casos especializados dentro del sistema penal panameño. Funcionarios y allegados destacaron su experiencia dentro del Ministerio Público y su participación en investigaciones delicadas relacionadas con homicidios, protección de víctimas y delitos contra la administración pública.

Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho en Pueblo Nuevo ni sobre el vínculo que mantenía el sospechoso con la funcionaria. Sin embargo, el caso ha generado reacciones dentro del sistema judicial y entre sectores que siguen de cerca el aumento de la violencia contra las mujeres en el país.

Aumentan los femicidios en Panamá

La muerte de Patricia Ossa ocurre en medio de un aumento de los casos de femicidio y tentativa de femicidio registrados en Panamá durante 2026. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de este año se contabilizaron nueve víctimas de femicidio, 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas bajo la Ley 82.

El informe estadístico revela además que los femicidios aumentaron 125% en comparación con el mismo periodo de 2025. Mientras entre enero y abril del año pasado se reportaron cuatro víctimas, este año la cifra subió a nueve. Las tentativas de femicidio también registraron un incremento de 117%, pasando de seis a 13 casos a nivel nacional.

Las estadísticas muestran que Panamá Oeste encabeza la lista de áreas geográficas con más femicidios reportados durante los primeros cuatro meses de 2026, con tres casos. Le siguen Panamá y San Miguelito con dos víctimas cada uno, mientras que Coclé y Colón registraron un caso respectivamente. En cuanto a las tentativas de femicidio, Chiriquí reportó cuatro casos y Panamá tres.

Los datos del Ministerio Público también reflejan que las mujeres jóvenes continúan entre las principales víctimas de estos delitos. El grupo de edad con más casos de femicidio fue el de 18 a 24 años, con tres víctimas, seguido del rango de 35 a 39 años con dos casos. En las tentativas de femicidio, las mujeres de entre 30 y 34 años concentraron la mayor cantidad de registros.

En cuanto a los métodos utilizados en estos crímenes, las armas de fuego y las armas blancas siguen siendo las principales. El informe oficial detalla que cinco de los nueve femicidios fueron cometidos con arma de fuego y dos mediante asfixia mecánica. En los casos de tentativa de femicidio, seis involucraron arma blanca y cinco arma de fuego.

Las cifras oficiales son consideradas preliminares y podrían variar conforme avancen las investigaciones de cada expediente. No obstante, el incremento de los casos mantiene la atención sobre la violencia contra las mujeres en Panamá y sobre los desafíos que enfrentan las autoridades judiciales y de seguridad para prevenir este tipo de delitos.

Un homicidio, femicidio y posterior suicidio generó consternación en la localidad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones, a 40 kilómetros de Montevideo. Un hombre no aceptaba el fin de la relación y decidió asesinar a su ex pareja en la madrugada de este viernes. El asesino era un policía.

El funcionario, de 26 años y que pertenecía a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa de su ex pareja por la banderola de un baño y disparó varias veces con su arma de reglamento, según la información primaria citada por el noticiero Telemundo de Canal 12. La primera víctima fue un hombre de 37 años, la pareja actual de su ex pareja.

Después de cometer el primer crimen, este hombre continuó con su ex novia, Florencia Rodríguez, una mujer de 29 años.

“La situación da a entender que hubo también algún forcejeo o intercambio entre la ex pareja y el agresor. Esto culmina con la muerte de ella, con varios disparos de arma de fuego y finalmente el suicidio del agresor”, detalló la fiscal del caso, Irene Penza, en una rueda de prensa.

El agresor ejercía sobre la mujer una actividad de control sobre su ex pareja y no aceptaba que el vínculo entre ellos había terminado. No había denuncias previas por violencia doméstica por este caso ni tampoco medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

La pareja hacía unos cuatro o cinco meses que se había separado, según la información que dio la fiscal. “El agresor estaba en contacto permanente con la víctima, mandándole mensajes, y también a familiares”, señaló.

Ahora la Justicia investigará los celulares incautados para determinar si hubo amenazas previas. Los familiares de la víctima escucharon varios de los disparos que se escucharon en la madrugada.

La conmoción del pueblo

Rodríguez era una persona conocida en el pueblo de Los Cerrillos. La mujer asesinada era concejal por el Frente Amplio en el Municipio de la localidad y también profesora de Biología.

“Era una gran compañera concejal, llena de vida, de proyectos, de sueños. Una gran trabajadora, simpática, agradable, muy convencida de sus proyectos y defensora de todas aquellas cosas que creía justas”, la recordó Claudia Felipez, la alcaldesa de Los Cerrillos.

Rodríguez integraba varas comisiones de la localidad y siempre se mostró dispuesta “a dar una mano”, contó la jerarca a Canal 12.

Yenisey Martínez, una vecina de la zona, contó a ese medio que el barrio es “muy tranquilo” y que “nunca pasa nada”. “Los vecinos son re buena gente. Hay pocas casas”, señaló.

Fenapes, el sindicato de profesores de secundaria de Uruguay, expresó su “dolor e indignación por el femicidio”. El sindicato señaló en un comunicado que el asesinato de la profesora ocurrió “en un nuevo episodio de violencia machista que enluta a toda la comunidad educativa y al pueblo uruguayo”.

“Abrazamos a su familia, amistades, estudiantes, compañeras y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad educativa, atravesada hoy por el dolor y la impotencia”, agregaba el texto.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el principal espacio político en el Frente Amplio, también expresó un “profundo dolor” por el asesinato de una docente y vecina “comprometida con su comunidad”.

El Frente Amplio también expresó consternación por lo sucedido. “Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad”, expresó la fuerza política en un comunicado.

Recordaron a Rodríguez como una mujer que “dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

La noche del 11 de julio de 2025 la tragedia volvió a la provincia de Colón. En el sector de Cartagena, en el corregimiento de Puerto Pilón, Ibrahim González, de 61 años, se cubrió bajo la oscuridad de la noche y dirigió sus pasos hacia la residencia de su expareja, una joven de 24 años, con la malsana intención de asesinarla.

Una vez en la residencia, con lo que no contaba el agresor en potencia era que allí se encontraba el padre de la joven, Federico Ramírez Rodríguez de 63 años de edad, dispuesto a evitar una agresión en contra de su hija, aunque minutos después falleciera producto de las múltiples heridas que con un arma blanca le propinara quien hasta unos meses era su yerno.

Diez meses después de ocurrido el fatal desenlace, a la jueza de Garantías de la provincia de Colón, Bernalda Martínez Suazo, no le tembló la mano para sentenciar al agresor a la pena de 30 años de prisión, por los delitos de homicidio doloso agravado y femicidio en grado de tentativa.

La sentencia llegó luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre las partes intervinientes, informó el Órgano Judicial.

La jueza Martínez Suazo también estableció como pena accesoria la prohibición a González del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena principal, una vez cumplida la pena de prisión.

En otro caso judicial, el Tribunal de Juicio Oral de Descongestión de la provincia de Veraguas condenó de manera unánime a 37 años de prisión a un ciudadano por la comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación agravada, corrupción de menores y actos libidinosos, en perjuicio de dos menores de edad.

Esta causa penal guarda relación con hechos ocurridos en noviembre de 2024, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

En la audiencia de lectura de sentencia, efectuada la mañana del viernes 15 de mayo de 2026, los jueces Ana Carolina Vernaza, Marta Díaz Gutiérrez y Omar Cañizales emitieron la sentencia condenatoria.

Las representantes de la ley ordenaron como pena accesoria, de acuerdo con el Órgano Judicial, la inhabilitación por el término de 14 años, una vez cumplida la pena, ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad.

La información indica que el tribunal tomó esta decisión luego de analizar los alegatos y las pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, presentadas por las partes durante los tres días que duró el juicio.

Por otro lado, la jueza de Garantías de la provincia de Colón, también decretó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de tres personas.

La medida de privación de libertad se aplicó al considerar la autoridad la gravedad del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales como la posible desatención del proceso, la destrucción de medios de prueba y el peligro para las víctimas.

El hecho se registró en horas de la noche en el sector de Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, donde un menor de aproximadamente 17 años de edad resultó herido por impactos de bala.

El boxeador profesional Nicolás Darío Castro fue sentenciado este miércoles a 12 años de prisión por tentativa de femicidio y graves episodios de violencia de género cometidos contra su expareja. La investigación judicial acreditó la existencia de reiteradas agresiones, amenazas y lesiones, enmarcadas en un patrón sostenido. El fallo, dictado en un juicio abreviado por la jueza Paula Borello en los tribunales de Venado Tuerto, puso fin a un proceso que documentó ataques físicos y psicológicos de extrema gravedad por parte del acusado, de 26 años y oriundo de Santa Isabel.

Si bien la querella, representada por las abogadas Carolina Walker Torres y Rebeca Di Battista, solicitó una condena de 22 años de prisión -la máxima prevista para este tipo de delitos- la magistrada Borello estableció pena más baja. Entre las figuras imputadas a Castro se encuentran: tentativa de homicidio calificado por vínculo, por alevosía, mediada en violencia de género, violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad.

La investigación judicial comenzó luego de que la víctima, una mujer de 29 años, se presente en la Comisaría 5ta de Santa Isabel el 20 de agosto de 2024 y relatara lo sucedido. Los hechos culminantes ocurrieron la noche del 28 de julio de 2024, tras una cena en la localidad de Melincué. Según el testimonio de la víctima ella regresó sola en su auto. Castro había consumido una considerable cantidad de alcohol y comenzó a hostigarla a través de mensajes y audios, acusándola de abandono.

Al llegar a su domicilio en Santa Isabel, la víctima encontró a Castro obstruyendo el acceso a la localidad, tirándose delante de su auto. La mujer logró ingresar a su vivienda y aseguró puertas y ventanas, sin embargo, Castro saltó un tapial de aproximadamente dos metros y medio y, tras romper la puerta trasera de una patada, irrumpió violentamente en la casa, destrozando postigos y vidrios.

Cuando la mujer intentó escapar del boxeador, fue otra vez arrastrada hacia el interior de la casa donde Castro la amenazó: “No te vine a pegar, te vine a matar. Me dejaste abandonado en la ruta. No voy a parar hasta matarte”. Una vez dentro, la golpeó, la pateó y la asfixió manualmente, provocandole una perforación en el labio superior. En palabras de la sobreviviente ante la justicia: “Fue tal como me pegó que hasta él se terminó lesionando su tobillo.” A raíz del ataque, la víctima perdió el conocimiento y quedó tendida en el suelo. Al recobrar la conciencia, advirtió que Castro dormía en su cama, como si nada hubiera ocurrido.

La agresión no fue el único acto delictivo de esa jornada. Durante aproximadamente dos semanas posteriores, la joven permaneció privada de su libertad bajo amenazas de muerte hacia su familia si intentaba buscar ayuda o atención médica. Al final del cautiverio fue rescatada gracias a la intervención de su psicóloga.

El proceso judicial demostró que los hechos no constituyeron un episodio aislado. Desde abril de 2024, Nicolás Castro venía ejerciendo violencia física y verbal contra la mujer, con agresiones que incluyeron golpes en su lugar de trabajo, una golpiza que le provocó fisura de cráneo en julio y situaciones de violencia extrema en horarios nocturnos, según se desprende de la reconstrucción fiscal. Además, el boxeador contaba con antecedentes previos de violencia de género contra otras parejas.

El fallo visibiliza la importancia de la denuncia y la intervención rápida de la Justicia y de redes de apoyo para proteger a las víctimas. La condena pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, acompañamiento y sanción ante casos de violencia machista, con el fin de garantizar que episodios de esta naturaleza no queden impunes ni se repitan.

El asfalto de la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa I de Santo Domingo Este, guarda desde el pasado miércoles 13 de mayo, una mancha imborrable de impotencia. No es solo la sangre de Esmeralda Moronta de los Santos, una madre y repostera de 36 años, lo que allí quedó esparcido, sino la evidencia de un sistema de protección que, una vez más, llegó tarde.

La difusión de un video de cámaras de seguridad en las últimas horas ha puesto rostro y movimiento al terror que Esmeralda vivió en sus últimos segundos de vida, transformando un dato estadístico en una tragedia nacional que clama por respuestas.

Las imágenes, que han circulado con la rapidez del fuego en las redes sociales dominicanas, son una secuencia de terror puro. El material gráfico inicia con la figura de Esmeralda corriendo desesperada por huir de su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.

Su lenguaje corporal en el video es el de un cazador decidido. No hay duda en sus movimientos mientras empuña un arma de fuego calibre 9 milímetros. Los disparos que siguieron silenciaron los sueños de una mujer que solo horas antes creía haber dado el paso correcto para salvar su vida.

La paradoja de la denuncia: El lugar “seguro”

Lo que convierte el asesinato de Esmeralda en un caso de especial crueldad institucional es el origen de su última caminata. La joven no venía de una fiesta, ni de su trabajo en la pastelería; venía de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Irónicamente, el lugar donde fue interceptada se encuentra en la misma calle Puerto Rico donde está ubicada la fiscalía.

La joven madre había acudido esa mañana acompañada de una amiga. Tenía miedo, y tenía razones de sobra para tenerlo. Tras terminar una relación de apenas dos meses con Guzmán, el hombre había transformado su vida en un infierno de vigilancia tecnológica y acoso psicológico.

Según relataron sus familiares, el agresor utilizaba un dispositivo GPS para monitorear cada movimiento de la joven, acusándola constantemente de tener una nueva pareja. Ella fue a buscar una orden de alejamiento, una barrera de papel que resultó insuficiente ante un hombre armado y decidido.

Durante el velatorio en la Funeraria Municipal Los Girasoles, el dolor se transformó en denuncia pública. Estefanía Moronta, hermana de la víctima, se convirtió en la voz de una familia destrozada pero lúcida. Su reclamo, dirigido directamente a las autoridades dominicanas, resuena como una bofetada a la burocracia estatal.

La hermana de la occisa puso el dedo sobre la llaga al cuestionar la falta de acompañamiento post-denuncia. Para la familia Moronta, el protocolo falló en el momento exacto en que Esmeralda cruzó la puerta de la fiscalía hacia la calle, quedando a merced de un hombre que la esperaba afuera, probablemente sabiendo que ella había ido a denunciarlo.

El estrépito social provocado por las declaraciones de la familia obligaron a una respuesta inmediata del más alto nivel. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, no solo lamentó el hecho, sino que tomó una postura crítica hacia sus propias dependencias.

Reynoso ha ordenado una investigación exhaustiva para determinar si la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este cumplió con los protocolos mínimos de seguridad. La pregunta que la magistrada busca responder es sencilla pero devastadora: ¿Por qué Esmeralda salió sola de la unidad si el nivel de riesgo era tal que su agresor la esperaba a pocos metros?. La investigación promete rigor, pero para los dos hijos menores de edad que deja Esmeralda, cualquier conclusión llegará con un retraso irreparable.

Este viernes, mientras el sol de la mañana caía sobre el cementerio donde fueron enterrados sus restos, la comunidad de Alma Rosa I y los familiares de Esmeralda no solo despidieron a una vecina querida. Despidieron a una mujer de 33 años cuyos “sueños, deseos y anhelos” fueron truncados por su verdugo, quién después de asesinarla, él se quitó la vida.

El padre de Kristina Joksimovic entró a la casa en la noche del 13 de febrero de 2024. Sus nietas dormían en la habitación contigua. Él abrió la puerta del lavadero y encontró la cabeza de su hija dentro de una bolsa de plástico. Salió a la calle dando gritos. Le pidió a un transeúnte que llamara a la policía.

Kristina Joksimovic nació el 16 de abril de 1985 en Binningen, el mismo municipio residencial en las afueras de Basilea donde moriría 38 años después. Hija de padres de origen serbio, creció en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad, donde las calles están flanqueadas de mansiones y casas modernas con vistas al valle del Rin.

Su carrera comenzó en los certámenes de belleza. En 2003 ganó el título de Miss Noroeste de Suiza y en 2008 llegó a la final del concurso Miss Suiza. Ese mismo año, con la misma energía con la que había recorrido pasarelas, fundó Catwalk Coach, una agencia de consultoría y entrenamiento dirigida a mujeres que buscaban proyectarse con mayor confianza, ya fuera en el mundo del modelaje o en el entorno corporativo. Su perfil de Instagram la describía como “experta en tacos altos, motivadora, emprendedora y mamá”.

El alcance de su trabajo fue concreto y documentado. Kristina entrenó a Dominique Rinderknecht, quien ganó la corona de Miss Suiza en 2013 y representó al país en el concurso Miss Universo. Fue también reclutadora en el sector tecnológico. Trabajó en Google y luego en la firma de tecnología ERNI entre 2013 y 2017, año en que se casó con Marc Rieben.

Quienes conocían a Kristina, la describían como amorosa y protectora con sus hijas. En sus redes sociales aparecía sonriente, activa y presente. Nada de eso era incompatible con lo que ocurría puertas adentro con su marido.

La violencia que nadie vio: el matrimonio con Marc Rieben

Kristina y Marc Rieben se casaron el 25 de agosto de 2017 y se instalaron en una casa de amplias dimensiones en Binningen, con vistas al valle. Desde fuera, eran la familia que muchos querían ser. “Para mí, eran la pareja ideal”, declaró un amigo de la familia a medios suizos.

Los registros policiales, revelaron que las autoridades habían intervenido previamente en el domicilio por denuncias de violencia doméstica. Esos episodios nunca trascendieron públicamente. Kristina, según fuentes cercanas a la familia, postergó durante meses la decisión de divorciarse por una razón concreta. Rieben la amenazaba con quitarle a sus hijas. Temía perder la custodia. Un mes antes del crimen, la mujer formalizó la solicitud de divorcio.

El 13 de febrero de 2024, la pareja almorzó junta y discutió los términos de la separación. Rieben exigía la custodia exclusiva de las niñas y se negaba a pagar ninguna manutención. La discusión escaló. Rieben tomó a Kristina del cuello, la empujó contra una pared y la estranguló con un dispositivo “en forma de cinta”, mientras la golpeaba con puños y patadas. La fiscalía describió su muerte como una agonía.

Esa tarde, la guardería avisó a los padres de Kristina que nadie había ido a buscar a las niñas. Cuando llegaron a la casa, Rieben les dijo que no sabía dónde estaba su esposa y que “a veces se iba de repente”. Durante horas, preparó la cena, acostó a sus hijas y conversó con sus suegros. Fue el padre de Kristina quien, antes de marcharse, volvió al lavadero y descubrió el horror.

El informe de autopsia determinó que Kristina murió por estrangulamiento. El cuerpo presentaba además signos de trauma contundente previo. Lo que ocurrió después en ese lavadero quedó reconstruido por la fiscalía a partir de las herramientas encontradas y los restos hallados. Los investigadores hallaron una sierra de calar, tijeras de podar, un cuchillo y unos diez litros de desinfectante.

Rieben usó también la batidora de la familia para triturar partes del cuerpo. El tribunal conoció un detalle adicional. Durante el proceso de desmembramiento, Rieben extirpó el útero de su esposa. Ese acto derivó en un cargo separado por profanación de cadáver.

Los investigadores establecieron que Rieben no actuó por impulso ciego. Antes del crimen, había buscado en internet métodos para deshacerse de un cadáver y había visto videos sobre anatomía humana. La fiscalía sostuvo ante el tribunal que el acusado “actuó de manera sistemática y con un plan” y que “su comportamiento demostró la plena magnitud de su odio hacia su esposa”. Un experto que declaró durante el juicio diagnosticó en Rieben rasgos narcisistas y trastorno obsesivo-compulsivo.

Rieben fue arrestado al día siguiente del hallazgo. Su apelación para obtener la libertad fue rechazada por el Tribunal Federal de Suiza. Reconoció haber matado a Kristina, pero alegó defensa propia. Dijo que ella lo había atacado con un cuchillo y que él actuó “en pánico”. Los informes forenses no encontraron ningún indicio de un ataque previo de Kristina hacia su marido.

El juicio en Muttenz: diez días de testimonios a puerta cerrada

El proceso se celebró ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña, en Muttenz, entre el 4 y el 13 de mayo de 2026. Las condiciones fueron excepcionales. Los detalles del caso se consideraron tan graves que el público quedó excluido de la sala. Los periodistas siguieron las audiencias desde una sala contigua mediante videoconexión. Solo los jueces, fiscales, abogados defensores, el acusado y los familiares de la víctima estuvieron presentes en el recinto.

El primer día, Rieben compareció con traje oscuro y camisa blanca. Abrió su declaración con un discurso en el que admitió que Kristina murió “a mis manos”, aunque describió los hechos como “un accidente” y alegó defensa propia.

“Amé a mi esposa con todo el corazón y creí en un futuro juntos. Me persigue día y noche. Lo que hice es absolutamente imperdonable y asumo toda la responsabilidad. Me arrepiento profundamente y pido disculpas”, declaró ante el tribunal, según The Mirror.

Rieben también reconoció ante el tribunal que, antes del crimen, las discusiones “eran el foco principal” de la relación, aunque pidió que no se olvidara que entre ellos “había pasión”. Dijo que admiraba el “éxito empresarial y las ambiciones” de Kristina.

Durante el juicio reveló además que había transferido dinero a sus dos hijas y a los padres de Kristina, por un total superior a las 94.000 libras esterlinas (aproximadamente USD 120.000).

La estrategia de la defensa y los argumentos de la fiscalía

Los abogados defensores Christian Von Wartburg y Sina Selman construyeron la imagen de un padre atento y un “marido ideal”. Sostuvieron que lo ocurrido fue consecuencia de una “defensa propia excesiva” y que, en el peor de los casos, Rieben merecía una condena máxima de tres años.

El escrito de acusación del Ministerio Público del cantón de Basilea describió a Rieben como alguien que actuó “a sabiendas e intencionalmente, con plena conciencia y desde una actitud egoísta, caracterizada por una necesidad de control, resentimiento, venganza e ira desmedida”.

La abogada de los padres de Kristina, Anina Hofer, leyó ante el tribunal una declaración de la madre de la víctima.

“Hoy estoy aquí como una madre que ha perdido a su hija. Cuyos hijos extrañan a su mamá cada día. Ella era amorosa, protectora con sus hijos, y les daba todo. Solo un mes después de intentar forjarse un nuevo camino para ella y sus hijas, le arrancaron la vida brutalmente. Ningún veredicto puede devolvernos a nuestra hija. Pero puede demostrar que su vida importa”, sostuvo la mujer ante el Tribunal.

El padre de Kristina, que había descubierto los restos aquella noche de febrero de 2024, estuvo presente cuando se leyó la sentencia. Lloraba.

El veredicto

El 13 de mayo de 2026, el juez Daniel Schmid declaró a Marc Rieben culpable de asesinato y profanación de cadáver, y lo condenó a cadena perpetua.

“Hay casos que hacen que la ficción se convierta en realidad. Este caso ha cambiado nuestra realidad. Ningún fallo judicial puede llenar el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Como tribunal, tampoco nosotros olvidaremos nunca a Kristina, y la llevaremos en el corazón”, afirmó el magistrado. Cuando el veredicto se conoció fuera del edificio, la multitud aplaudió.

Las dos hijas de Kristina y Marc Rieben tienen cinco y seis años. La noche del crimen, mientras su madre moría en el lavadero, dormían en su habitación. Su abuelo materno las recogió esa misma noche y, según los registros del caso, fueron los abuelos maternos quienes asumieron su cuidado desde entonces.

El tribunal reconoció su condición de víctimas directas al ordenar las indemnizaciones económicas a su nombre. Rieben cumplirá cadena perpetua.

La madre de Kristina lo dijo ante el tribunal con precisión. “Sus hijas extrañan a su mamá todos los días”.

Kristina Joksimovic nació en Binningen. Murió en Binningen. Tenía 38 años y había pedido el divorcio un mes antes de morir asesinada por su marido.

El pasado 10 de febrero, después de un juicio por jurados populares que mantuvo en vilo a la provincia de Chaco, el clan Sena fue declarado culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y condenado a prisión perpetua. A tres meses del veredicto, Emerenciano Sena (61), Marcela Acuña (54) y su hijo César (22) permanecen detenidos y sostienen su inocencia.

“Soy un preso político. Vivo peor que un perro callejero”, escribió el ex dirigente social en una carta dirigida a Infobae.

Según pudo saber este medio, luego de que la Justicia autorizara su revinculación, los Sena pueden verse cada 15 días. También se comunican a diario a través de un “teléfono win” provisto por el servicio penitenciario provincial, con minutos controlados. Todas las llamadas realizadas quedan registradas en un libro de actas.

Están seprados, pero no del todo. Acuña continúa en la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago. Emerenciano, en tanto, está en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia (Villa Barberán), donde comparte celda con César y otro dirigente social, Carlos Barraza.

En ese contexto, hay un detalle que se repite entre quienes tienen contacto con el entorno familiar: el silencio de César. “Está muy cerrado”, le dijeron a Infobae. Incluso en los encuentros con sus padres, aseguran, no habla de lo qué pasó el 2 de junio de 2023 en la casa de Santa María de Oro 1400. “Hay cosas que con Emerenciano nos enteramos en las audiencias probatorias del juicio”, le contó Marcela Acuña a este medio en noviembre de 2025. Nada cambió.

La pelea por la domiciliaria

Tras más de dos años en la cárcel, Marcela y Emerenciano buscan la prisión domiciliaria, un pedido que realizaron durante el debate oral y que fue rechazado. El planteo se apoya en cuestiones de salud: ambos arrastran complicaciones de salud desde que ingresaron al sistema penitenciario, con mayor impacto en el ex dirigente social, quien aduce sufrir hipertensión, diabetes, cáncer de colon y acaba de recuperarse de COVID.

“Estoy peleando por mi vida y parte de la pelea es solicitar la domiciliaria. Las condiciones generales de la prisión son un desastre. Si no fuera por la ayuda que recibo desde afuera, ya estaría muerto”, escribió Emerenciano.

En los últimos días, su defensor presentó un hábeas corpus ante la jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. En el escrito, redactado de puño y letra, el ex líder piquetero invocó la Ley 23.098 y denunció “violaciones recurrentes” a sus derechos de acceso a la educación intramuros y al trabajo dentro de la unidad penitenciaria, contemplados en la Ley 24.660 de Ejecución Penal.

“Hace más de dos años que solicito el acceso a tales derechos con invocación precisa de la ley en cada caso, pero no he recibido respuesta de la institución penitenciaria”, escribió. También cuestionó la alimentación: según el documento, la dieta “sufrió cambios” que habrían afectado la calidad y cantidad de las raciones, lo que —sostuvo— agrava sus problemas de salud.

De acuerdo a su entorno, Emerenciano quedó afectado anímicamente tras el juicio. “Pensó que iba a saber la verdad e iba a salir en libertad. Sostiene que es un preso político y que no hay pruebas en su contra”, aseguraron.

Una relación sin etiquetas

En el día a día de Emerenciano, aparece una figura clave: Nancy González, ex directora de la Biblioteca Popular N.º 2 del ex barrio Emerenciano y actual empleada de la Biblioteca Pública Central de Resistencia. Estuvo presente en todas las jornadas del juicio, lo visita dos veces por semana y comparte con él un domingo al mes en horario extendido. Además, hablan por teléfono dos veces al día.

Nancy le lleva medicación, comida y libros, y también impulsa gestiones para que pueda estudiar y trabajar dentro del penal. “Ahora le estoy tramitando el título secundario para que empiece una carrera en la Universidad Nacional del Nordeste. La idea es cursar con él para acompañarlo. Tenemos ese proyecto en conjunto”, le cuenta a Infobae.

En marzo pasado, su nombre también apareció en portales chaqueños por un conflicto vinculado a su salida de la Biblioteca Popular del ex barrio Emerenciano. Según relató a este medio, se trató de una “maniobra” para desplazarla del cargo que ocupaba hace diez años. También afirmó que sufrió agresiones físicas durante el procedimiento y que realizó denuncias penales y presentaciones ante organismos de Derechos Humanos.

Sin embargo, medios locales dieron otra versión del episodio: señalaron que González se habría atrincherado en el edificio e impedido el ingreso de docentes, lo que derivó en la intervención de la policía y de la Fiscalía N°10.

Acerca del vínculo que mantiene con el ex dirigente social, evitó definirlo. “No quiero ponerle un rótulo a nuestra relación”, dice. Y agrega: “Hoy por hoy soy la única persona que lo acompaña. Soy su sostén. Estoy peleando por su domiciliaria y, si eso pasara, lo traeré a vivir conmigo. Soy una mujer que está soltera y él es hombre muy bueno y cariñoso”.

¿Y Marcela?

En el caso de Marcela, la visita más frecuente es la de su hermana Patricia Acuña, que también se ocupa de ver a su sobrino. Al igual que Sena, pidió hacer valer su derecho de acceso a la educación intramuros y alegó problemas de salud. Días atrás fue trasladada para realizarse una resonancia magnética que, finalmente, no se pudo concretar por cuestiones vinculadas a la obra social.

Según supo este medio, Marcela está al tanto de la relación que Emerenciano tiene con Nancy. “La tomó bien. ¿Sabés por qué? Porque Nancy también le lleva cosas al hijo. Libros, comida... Y a Emerenciano lo cuida. El año pasado le pagó la vacuna contra el dengue”, señalaron desde su entorno.

En el plano judicial, Acuña fue la única que cambió su defensa. Durante el juicio estuvo representada por la defensora oficial Celeste Ojeda. En las últimas semanas asumieron Patricia Samantha Di Benedetto y Guido Borelli. Emerenciano continúa con Ricardo Osuna y César con Gabriela Tomljenovic.

En paralelo, entre sus allegados marcan otra preocupación: la salud mental de su hijo. Según Marcela, César no estaría recibiendo atención psicológica en el lugar de detención. Vale recordar que, durante el juicio, su abogada solicitó que un especialista evaluara su condición. “Tomaba medicación y había recibido tratamiento en el área de salud mental del Hospital Perrando. Nunca se hizo un seguimiento ni se cuenta con su historia clínica”, sostuvo la letrada.

Tras la condena, las defensas presentaron un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco, que actualmente se encuentra en trámite.

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski aún no fue hallado.

La causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, Córdoba, continúa abierta tras seis años, con la reciente disposición de una reconstrucción in situ en el lugar del hallazgo del cuerpo. La Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Luciana Ardiles, ordenó un relevamiento integral en la zona donde se encontró a la joven, con la participación de equipos de Fotografía Legal, Planimetría Legal, Policía Científica y otras dependencias de la Policía Judicial de Córdoba.

Esta medida podría permitir el esclarecimiento de los movimientos de la víctima y de quienes participaron en el descubrimiento del cadáver. La familia de Basaldúa sostiene desde el inicio que el caso estuvo rodeado de irregularidades y posibles maniobras de encubrimiento y continúa reclamando justicia y verdad sobre lo sucedido.

Se señala la demora en la toma de testimonios clave, el cambio reiterado de fiscales a cargo de la investigación, la falta de preservación adecuada de la escena del crimen y el rechazo o desestimación de pruebas aportadas por la querella. Además, cuestionan que las primeras hipótesis estuvieron mal enfocadas. La familia sostiene que estas falencias han obstaculizado el avance de la causa y la identificación de los responsables.

Las nuevas medidas, adoptadas tras la incorporación de constancias recientes y elementos recabados durante la pesquisa, implican un relevamiento integral en las inmediaciones del arroyo Cabalumba, próximo a un basural. El trabajo lo llevan adelante equipos de Fotografía Legal, Planimetría Legal y Producción Audiovisual de la Policía Judicial de Córdoba, junto a efectivos de la Policía Científica de Cruz del Eje, Patrulla Rural, DUAR y Bomberos de la Policía provincial, responsables de garantizar registros técnicos exhaustivos, reconstrucciones espaciales y documentación integral del lugar, de acuerdo con datos proporcionados por ElDoce.tv.

Además de los peritajes en terreno, la Fiscalía solicitó órdenes judiciales sobre inmuebles y zonas específicas consideradas relevantes en la pesquisa, con el propósito de profundizar diferentes hipótesis y conducir la investigación por cada línea pendiente. El objetivo declarado es precisar circunstancias vinculadas al hecho y agotar todas las vías exploratorias, en busca de una resolución definitiva para el caso.

Cronología del crimen

Cecilia Basaldúa tenía 35 años y, tras recorrer Latinoamérica como mochilera, llegó a Capilla del Monte en marzo de 2020. La cuarentena por la pandemia limitó sus opciones de alojamiento. Al principio, se hospedó en casitas junto al río, para luego instalar su carpa en el jardín de Mario Mainardi, un vecino que le ofreció un espacio en su terreno.

El 5 de abril de 2020 fue la última vez que se tuvo contacto con Cecilia. Mainardi realizó la denuncia por desaparición tres días después, lo que generó sospechas en la familia. El hombre sostuvo que Cecilia sufrió un “brote psicótico” antes de abandonar su vivienda. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión y afirma que Cecilia no presentaba problemas de salud mental, por lo que insisten en que debe profundizarse la investigación sobre su rol en el caso.

Tras una búsqueda que se extendió por varios días, el cuerpo de Cecilia Basaldúa fue hallado el 20 de abril de 2020 en un descampado cercano al arroyo Calabalumba. La autopsia confirmó signos de agresión sexual y golpes. Las circunstancias del crimen no se saben con exactitud hasta el día de la fecha.

En los meses posteriores, la instrucción judicial avanzó sobre distintas hipótesis. Inicialmente, Lucas Bustos de 23 años, fue imputado y detenido, aunque la investigación no logró pruebas concluyentes que lo vincularan con la víctima. Su familia y organizaciones sociales lo consideran un “perejil”, es decir, una persona incriminada sin fundamentos sólidos. Los análisis de ADN y otras pericias resultaron negativos, y el tribunal absolvió a Bustos en 2022.

En 2025, la causa tuvo un nuevo giro cuando el fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción de material genético de Mario Mainardi para su cotejo con las pruebas recabadas. Hasta ahora, las autoridades no han determinado con precisión cómo se produjo el asesinato. La recompensa por información útil para esclarecer el caso se elevó a 12 millones de pesos.

La casa de la familia Poggi, en Garlasco, un pueblo de la provincia de Pavía a poco más de media hora de Milán, lleva casi diecinueve años funcionando como una obsesión nacional. Allí, la mañana del 13 de agosto de 2007, una graduada en economía de 26 años llamada Chiara Poggi fue asesinada a golpes y abandonada en un charco de sangre sobre la escalera que baja al sótano. Desde entonces, Italia no ha dejado de discutir quién la mató, cómo y por qué. Lo discute en los tribunales, en los estudios de televisión, en los pódcast, en los canales de YouTube y, cada vez más, en una conversación pública que ha convertido el caso en un fenómeno cultural antes que judicial.

Esta semana, esa discusión volvió a sacudirse. Andrea Sempio, un empleado de comercio de 38 años que en la época del crimen era amigo del hermano menor de la víctima, se presentó ante la fiscalía de Pavía como único acusado del asesinato y se acogió a su derecho a no declarar, según informaron sus abogados a la prensa italiana. La fiscalía sostiene ahora que actuó solo y que mató a Poggi porque ella rechazó un acercamiento sexual.

El problema es que por este mismo crimen hay desde 2015 un hombre en la cárcel: Alberto Stasi, que entonces era el novio de la víctima y que fue condenado a dieciséis años de prisión después de haber sido absuelto dos veces. Si la nueva hipótesis se sostiene, Stasi habrá pasado una década encerrado por un asesinato que no cometió.

“Alberto fue condenado en última instancia no tanto por las pruebas, sino por la pregunta de fondo: si no fue él, ¿entonces quién?”, explicó al diario británico The Guardian Giada Bocellari, una de sus abogadas. La frase resume con precisión lo que muchos juristas italianos sostienen desde hace años: que la condena de Stasi se construyó sobre pruebas indiciarias y, sobre todo, sobre la ausencia de un sospechoso alternativo.

Una escena del crimen contaminada

Para entender cómo se llegó hasta aquí, conviene volver a las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Las investigaciones originales se convirtieron con el paso del tiempo en un manual de errores. Por la casa de los Poggi pasaron, en las primeras horas, veinticinco personas sin las fundas protectoras reglamentarias en los zapatos, lo que después obligó a la fiscalía a secuestrar las veinticinco pares de calzado para descartar pisadas. Buena parte de quienes trabajaron en la escena no llevaban guantes; alguien resbaló en la sangre, otro vomitó, el sofá del salón fue desplazado sobre algunas manchas y el gato de la familia quedó suelto durante todo el operativo, deambulando por las habitaciones.

A esos descuidos se sumaron otros más graves. El cuerpo no fue pesado en la morgue —no había balanza disponible— y eso volvió aproximada la estimación de la hora de la muerte, uno de los puntos más controvertidos de los juicios posteriores. Las huellas dactilares de la propia víctima nunca fueron tomadas, un olvido que obligó a exhumar el cadáver una semana después del crimen, dos días después del funeral. La computadora de Stasi, decisiva para verificar su coartada, fue manipulada por los carabineros antes de hacerse una copia forense: una pericia posterior estableció que se había alterado más del 73% de los archivos visibles.

Stasi, que entonces tenía 24 años y estudiaba en la universidad, fue el primero en encontrar el cuerpo y el primero en ser señalado. Rubio, de ojos celestes, contenido hasta la frialdad ante las cámaras, tenía el physique du rôle del asesino perfecto que la opinión pública italiana parecía estar esperando: la prensa de la época lo bautizó il biondino dagli occhi di ghiaccio, el rubio de ojos de hielo.

Por su parte, los investigadores consideraron desde el inicio que sus zapatos estaban demasiado limpios para alguien que decía haber pisado una casa anegada en sangre. Nunca apareció el arma homicida, ni hubo testigos ni confesión.

Pese a haber sido absuelto en dos instancias, terminó condenado en 2015 a partir de un cúmulo de indicios entre los que pesaron los rastros del ADN de Poggi en las ruedas de una bicicleta familiar.

La huella, el ADN y un padre acusado de pagar por el archivo

La fiscalía de Pavía reabrió el caso en marzo de 2025 tras una reevaluación de pruebas ya conocidas. Según reconstruyó el diario italiano Il Post, los nuevos análisis de los rastros genéticos hallados bajo las uñas de la víctima en 2007 arrojaron una probabilidad “moderada” a “fuerte” de compatibilidad con el material genético de Sempio y de sus parientes por línea paterna. Los investigadores también reexaminaron una huella palmar registrada en la pared de la escalera del sótano, a pocos metros del cuerpo, descartada en su momento por considerarse demasiado tenue para hacer cotejos. Las técnicas actuales permitieron encontrar quince puntos de coincidencia con la mano del acusado.

No es la primera vez que Sempio aparece en el expediente. Ya había sido investigado entre 2016 y 2017, en una causa que se archivó por considerarse insuficientes las pruebas. Aquel archivo es hoy, en sí mismo, objeto de una investigación paralela: la fiscalía de Brescia sospecha que el padre del acusado, Giuseppe Sempio, pagó entre 20.000 y 30.000 euros al entonces fiscal adjunto de Pavía, Mario Venditti, para conseguir el archivo de la causa. La hipótesis surgió de una nota manuscrita encontrada en la casa familiar en la que figuraban la cifra, el apellido del fiscal y la frase “gip archivia” —en referencia al juez que firma los archivos—. Ambos están imputados por corrupción en actos judiciales y niegan los cargos.

Una grabación en el coche y un país dividido

La novedad que precipitó la convocatoria a declarar fue revelada esta semana por el diario Corriere della Sera. En abril de 2025, un micrófono colocado por los investigadores en el coche de Sempio captó un soliloquio en el que el acusado habría hecho referencia a un video íntimo de la víctima guardado en una memoria USB, un detalle que —según la fiscalía— solo podía conocer alguien que efectivamente lo hubiera visto, dado que Poggi había copiado y luego borrado esos archivos. En la grabación, Sempio imita una voz femenina y reconstruye un supuesto diálogo en el que habría intentado un acercamiento a la víctima en los días previos al crimen y habría sido rechazado. La versión contradice lo que el acusado sostuvo durante años, que era haber llamado a casa de los Poggi por error, buscando a su amigo Marco, el hermano de Chiara. Sus abogados afirmaron que Sempio “está en condiciones de explicar” las grabaciones una vez que pueda escucharlas en contexto.

Mientras tanto, el caso domina la conversación pública italiana de un modo que excede largamente lo judicial. Pódcast y canales de YouTube dedicados a la crónica negra superan en muchos casos en repercusión a los medios tradicionales y, en ocasiones, recibieron directamente filtraciones de fuentes que antes hubieran ido a un periódico. La familia de la víctima, paradójicamente, se opone a la reapertura del juicio: sostiene que la justicia ya identificó al culpable. En octubre pasado, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, generó polémica al sostener que en causas tan antiguas “habría que tener el coraje de rendirse”, porque “es dificilísimo, después de diez, veinte, treinta años, reconstruir una verdad judicial”.

Stasi, mientras tanto, lleva una década en prisión. Desde abril de 2025 cumple su condena en régimen de semilibertad, lo que le permite salir a trabajar durante el día y volver a la celda por la noche. La pregunta que Italia se hace estos días no es ya cuándo saldrá de la cárcel, sino con qué nombre.

De acuerdo a la resolución a la cual accedió Infobae, los jueces del Tribunal declararon al ex futbolista “autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género”.

Chamorro había llegado al juicio detenido con prisión preventiva. Durante la etapa de alegatos, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la prisión perpetua, mientras que la defensa del acusado pidió su absolución. Finalmente, recibió la pena máxima.

“Hoy finalmente hubo justicia por Malena Soto”, dijo Guillermina Payero, la abogada de la familia de la víctima, en diálogo con este medio.

Y añadió: “Obviamente, ninguna condena devuelve a Malena ni calma el dolor enorme que atraviesa su familia desde el primer día. Pero sí era fundamental que este hecho no quedara impune y que la Justicia reconociera la gravedad de lo que pasó”.

Si bien se mostró conforme con la condena que recibió Chamorro, la abogada detalló que la familia de Soto transitó días difíciles: “Fueron jornadas muy duras, donde se habló no solo de cómo murió Malena, sino también de quién era ella, de su vida, de sus vínculos y de todo lo que le arrebataron”.

A su vez, la letrada manifestó que espera que este caso sirva como punto de partida para un cambio más profundo: “Los femicidios no pueden seguir pasando. No podemos naturalizar la violencia ni llegar siempre tarde. Detrás de cada expediente hay una mujer que tenía una vida, una familia, proyectos y personas que la amaban. Malena tendría que estar viva”.

“Como sociedad, tenemos la obligación de seguir hablando de esto, de prevenir y de exigir respuestas antes de que sea demasiado tarde. Hoy termina una etapa judicial muy importante. Y aunque el dolor sigue, también queda la tranquilidad de que hubo una condena y de que Malena no fue olvidada”, cerró.

El femicidio

El hecho ocurrió el lunes 20 de enero de 2025 en el hotel alojamiento Satélite, sobre la calle Cosquín al 1800. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Soto y Chamorro llegaron al lugar cerca de las 14.30 y se les asignó la habitación 17. Alrededor de las 17.38, Chamorro salió solo del cuarto, se acercó a la recepción y solicitó salir alegando que debía ir a buscar algo a su vehículo. Ante la negativa de la recepcionista del hotel, el hombre escapó al saltar un portón lateral.

Al revisar la habitación, se encontraron con la escena del horror: Malena estaba recostada sobre el inodoro del baño, con un profundo corte en el cuello y sin signos vitales. La Policía Bonaerense se hizo presente en el lugar y entrevistó a la encargada, cuyo relato permitió reconstruir los movimientos de la pareja, así como del sospechoso. Además, las cámaras del lugar registraron cómo Chamorro planeó su fuga en el estacionamiento del hotel.

Sin embargo, los videos no fueron la única pista para apuntar contra el hombre, puesto que en la escena del crimen la DDI departamental de la Policía Bonaerense encontró la tarjeta SUBE del femicida, la cual fue clave para identificarlo.

Con todos estos elementos, las autoridades lograron señalarlo como el presunto autor material del crimen. Finalmente, fue detenido en el cruce de las calles Pereyra Lucena y Estrada, en Lomas de Zamora, a escasas cuadras del estadio del club Los Andes.

“Te arrebataron de mis manos, mi amor. Solo pido que no me llamen, no estoy para nadie. Me mataron a mi hija Malena Soto y su asesino fue Enzo Daniel Chamorro”, fue el mensaje de despedida que escribió la mamá de la víctima.

Al pisar suelo argentino, un comisario de alto rango de la Policía Federal le recordó su nombre y el juzgado federal que lo requería. “Pequeño J” asintió, con las manos esposadas. Luego, abordó un móvil del Servicio Penitenciario Federal, con rumbo al área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz. Allí, quedó detenido.

Hoy martes, el Juzgado Federal N°2 de Morón -bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi- lo indagó vía Zoom desde la cárcel por su presunta parte en el triple crimen.

“Pequeño J” enfrentó su audiencia asistido por un abogado particular que se presentó horas antes en la causa. Allí, aceptó declarar y se limitó a negar las acusaciones en su contra.

La Justicia federal lo acusa de ser un coautor de la masacre, donde Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, adolescentes o poco más que adolescentes, fueron torturadas, apuñaladas y mutiladas aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra en una casita de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

“Hay testigos que ubican a Valverde en la casa durante el crimen”, asegura un investigador del caso. Una es Celeste González Guerrero, una de las imputadas. El otro es un testigo de identidad reservada.

La calificación en contra de “Pequeño J” es la de privación ilegítima agravada, homicidio criminis causa agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Si lo condenan, la pena es prisión perpetua. No hay otra.

La investigación original del caso, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza y la DDI de la misma jurisdicción -realizada por los fiscales Adrián Arribas, Diego Rulli, una de las más exhaustivas de la historia reciente- lo ubica mediante testimonios en diversos puntos de la historia.

Por ejemplo, en una reunión llevada a cabo en Flores 6 de septiembre con Lara Gutiérrez, que tenía poco más de 15 años al momento de morir, o en una reunión en Quilmes el día previo a los asesinatos con varios sospechosos, donde “Pequeño J” vestía el mismo jogging blanco y negro que se encontró manchado con sangre en su aguantadero de Isidro Casanova, donde dejó atrás su pistola calibre .40. Tuvo que huir cuando el caso explotó en los medios y fue identificado como prófugo. En paralelo, alguien en el barrio lo había entregado a las autoridades. Vivía allí con su última novia. “Me voy a Paraguay”, le dijo.

Celeste Guerrero lo complicó también en la cadema narco de la banda del Bajo Flores: lo ubicó en la cadena de entrega de tusi, como proveedor de Matías Ozorio, que se fugó a Perú junto a “Pequeño J”. Definió a Ozorio, de nacionalidad argentina, que había tenido más de una decena de trabajos en blanco en su vida, como un “mulo” de “Pequeño J”.

Fue un vuelo largo para “Pequeño J”. Un comando de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del área de Interpol de la Policía Federal Argentina había partido desde Salta en la mañana de ayer lunes para recolectarlo en Lima, donde el Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo mostró rapado y esposado en plena madrugada limeña, horas antes de que lo buscaran. “Tony, ¿por qué asesinaste a las chicas?“, le preguntaban a gritos varios reporteros al pie de la pista.

Podría haber abordado un avión de línea, como hacen tantos extraditados, pero la decisión de que viaje en un avión militar argentino fue netamente política, tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Fuentes de la causa por fuera del Ministerio aseguraron que el vuelo se trató de abaratar costos. El avión trasladó a otro extraditado que abordó en Lima. Luego, pasó por Asunción, Paraguay, donde buscó a otros dos detenidos que deberán responder por acusaciones en el país.

“Pequeño J” se mostró afable en el vuelo, sin rispideces. Sonrió al mostrar su único tatuaje, un búho de gran tamaño en su pecho.

¿Por qué te dicen así?

El testimonio de Celeste Guerrero fue de particular valor en otros puntos. Permitió, entre otras cosas, explicar el alias del acusado. La “J” en “Pequeño J” se debe al alias que Tony empleaba en la banda del Bajo Flores, “Julio”.

“Pequeño”, en cambio, era su rango en la pirámide narco.

Según un documento de la causa, Guerrero “detalló que, en la jerga “abuelo” es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y “papá” es quien baja en toneladas la droga. Luego están los “tios” y después los “pequeños”, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que le dicen “los bebés o mulos”.

La imputada aclaró que Matias Ozorio, “quien era “mulo” de Julio, conocía a “Papá” y “Abuelo” y sabía dónde vivían".

Al pisar suelo argentino, un comisario de alto rango de la Policía Federal le recordó su nombre y el juzgado federal que lo requería. “Pequeño J” asintió, con las manos esposadas. Luego, abordó un móvil del Servicio Penitenciario Federal, con rumbo al área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz. Allí, quedó detenido.

Hoy martes, el Juzgado Federal N°2 de Morón -bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi- lo indagará vía Zoom desde la cárcel por su presunta parte en el triple crimen.

“Pequeño J”, probablemente, enfrentará su audiencia con un defensor oficial. Hasta el cierre de esta nota, 7:50 AM del martes, ningún abogado particular se había presentado por él.

La Justicia federal lo acusa de ser un coautor de la masacre, donde Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, adolescentes o poco más que adolescentes, fueron torturadas, apuñaladas y mutiladas aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra en una casita de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

“Hay testigos que ubican a Valverde en la casa durante el crimen”, asegura un investigador del caso. Una es Celeste González Guerrero, una de las imputadas. El otro es un testigo de identidad reservada.

La calificación en contra de “Pequeño J” es la de privación ilegítima agravada, homicidio criminis causa agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Si lo condenan, la pena es prisión perpetua. No hay otra.

La investigación original del caso, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza y la DDI de la misma jurisdicción -realizada por los fiscales Adrián Arribas, Diego Rulli, una de las más exhaustivas de la historia reciente- lo ubica mediante testimonios en diversos puntos de la historia.

Por ejemplo, en una reunión llevada a cabo en Flores 6 de septiembre con Lara Gutiérrez, que tenía poco más de 15 años al momento de morir, o en una reunión en Quilmes el día previo a los asesinatos con varios sospechosos, donde “Pequeño J” vestía el mismo jogging blanco y negro que se encontró manchado con sangre en su aguantadero de Isidro Casanova, donde dejó atrás su pistola calibre .40. Tuvo que huir cuando el caso explotó en los medios y fue identificado como prófugo. En paralelo, alguien en el barrio lo había entregado a las autoridades. Vivía allí con su última novia. “Me voy a Paraguay”, le dijo.

Celeste Guerrero lo complicó también en la cadema narco de la banda del Bajo Flores: lo ubicó en la cadena de entrega de tusi, como proveedor de Matías Ozorio, que se fugó a Perú junto a “Pequeño J”. Definió a Ozorio, de nacionalidad argentina, que había tenido más de una decena de trabajos en blanco en su vida, como un “mulo” de “Pequeño J”.

Fue un vuelo largo para “Pequeño J”. Un comando de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del área de Interpol de la Policía Federal Argentina había partido desde Salta en la mañana de ayer lunes para recolectarlo en Lima, donde el Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo mostró rapado y esposado en plena madrugada limeña, horas antes de que lo buscaran. “Tony, ¿por qué asesinaste a las chicas?“, le preguntaban a gritos varios reporteros al pie de la pista.

Podría haber abordado un avión de línea, como hacen tantos extraditados, pero la decisión de que viaje en un avión militar argentino fue netamente política, tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Fuentes de la causa por fuera del Ministerio aseguraron que el vuelo se trató de abaratar costos. El avión trasladó a otro extraditado que abordó en Lima. Luego, pasó por Asunción, Paraguay, donde buscó a otros dos detenidos que deberán responder por acusaciones en el país.

“Pequeño J” se mostró afable en el vuelo, sin rispideces. Sonrió al mostrar su único tatuaje, un búho de gran tamaño en su pecho.

¿Por qué te dicen así?

El testimonio de Celeste Guerrero fue de particular valor en otros puntos. Permitió . La “J” en “Pequeño J” se debe al alias que Tony empleaba en la banda del Bajo Flores, “Julio”.

“Pequeño”, en cambio, era su rango en la pirámide narco.

Según un documento de la causa, Guerrero “detalló que, en la jerga “abuelo” es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y “papá” es quien baja en toneladas la droga. Luego están los “tios” y después los “pequeños”, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que le dicen “los beb+es o mulo”. Aclaró luego que Matias Ozorio, quien era “mulo” de Julio, conocía a “Papá” y “Abuelo” y sabía dónde vivían"_

Durante el fin de semana, dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, en lo que la Justicia investiga como un femicidio calificado seguido de suicidio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió el 2 de mayo cerca de las las 22:40 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 44 y 51. La víctima fue identificada como Teresa Yolanda Faulkner, de 58 años, y el hombre como Carlos Daniel Barrios, de 65.

Según la investigación, Barrios habría utilizado un arma de fuego para asesinar a Faulkner y luego quitarse la vida. Ambos mantenían un noviazgo desde hace dos meses, y el posible móvil relevado fue la intención de la víctima de poner fin al vínculo.

De hecho, según la información del medio local Reconsquista HOY, habría sido el propio Barrios quien se comunicó con el hijo de la víctima antes de quitarse la vida. Fue él quien encontró la macabra escena: los dos cuerpos tendidos sobre el suelo del comedor y sobre un charco del sangre. Los teléfonos celulares de ambos se encontraban sobre la mesa.

A las 22:55, quince minutos después de la alerta del 911, llegó al lugar el móvil de la División Científico Forense Región IV, mientras efectivos del Centro de Respuesta de Emergencias (CRE) de la Unidad Regional IX aseguraron la escena. Al día siguiente, se sumó la Brigada de Femicidio de la Agencia de Investigación, Tecnología y Policía de Violencia de Género (AITPVG) Región IV, que asumió las tareas de identificación de víctimas, asistencia a familiares y reconstrucción de los últimos momentos previos al hecho.

Las entrevistas a familiares y testigos apuntalaron la hipótesis sobre el crimen. El relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones arrojó resultado negativo, sin registros que aportaran datos adicionales sobre la secuencia del crimen.

El equipo científico forense realizó el relevamiento, el registro fotográfico y el levantamiento del arma hallada: un revólver Taurus calibre .32 largo, con tres cartuchos intactos y tres vainas servidas en el tambor de seis alveolos.

Tras los procedimientos, ambos cuerpos fueron trasladados para la realización de la autopsia correspondiente. El procedimiento quedó programado para las 8 de la mañana de hoy en la Morgue Judicial de Reconquista, con intervención de la Brigada de Femicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de Santa Fe (UFEVGSF), con intervención de los fiscales Valentín Hereñu y Sebastián Galeano.

A mediados de abril, un joven de 22 años mató a su novia, de la misma edad, de una puñalada en el cuello.Luego, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento en el que convivía con Sophia Civarelli, fue hasta la casa de una amiga y se quitó la vida tras arrojarse desde la terraza del edificio, ubicado en pleno centro de Rosario.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, en 3 de Febrero al 1100, en el centro de Rosario, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, Alcida había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes, en el macrocentro. Acto seguido, le pasó el teléfono a su allegada para que siga hablando con la operadora y se precipitó desde altura, aproximadamente, un octavo piso.

La Justicia de Salta sentenció a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, un caso que sacudió a la provincia y tuvo amplio impacto nacional. La familia de la víctima, que atravesó un proceso judicial extenso y complejo, expresó que la resolución judicial representa un paso hacia la tranquilidad y la justicia esperada, aunque la pérdida sigue marcando sus vidas. Así lo relató Francisco Kvedaras, hermano de Mercedes, quien compartió sus sensaciones tras el fallo.

Francisco Kvedaras declaró en diálogo con ElTribuno, que la condena no logra devolverles a su hermana, pero sí les otorga “paz y tranquilidad”. “No hay nada que festejar, pero esta sentencia nos da una sensación de justicia, como lo esperábamos”, afirmó. El hermano de la víctima describió la experiencia del juicio como emocionalmente difícil y dolorosa, sobre todo por la exposición pública y las declaraciones escuchadas durante el proceso.

Además, manifestó que durante el juicio, la familia enfrentó argumentos de la defensa que consideró que “no eran ciertas”. A lo largo del debate, el círculo íntimo de Mercedes Kvedaras sostuvo que el objetivo era que el acusado dijera la verdad sobre lo ocurrido.

El hermano recordó la figura de Mercedes con afecto: “La recuerdo bien, con mucha felicidad y paz. Y en sus hijos la veo a ella todos los días”. También señaló que el proceso judicial significó un momento de cierre y la posibilidad de mirar hacia adelante, siempre con la esperanza de que algún día el condenado exprese verdadero arrepentimiento por sus acciones.

El caso de Mercedes Kvedaras se inscribe en un contexto de violencia de género reiterada, donde los familiares y allegados remarcaron la dificultad para identificar y abordar situaciones de abuso dentro de la pareja. La víctima había manifestado su intención de separarse de José Figueroa, pero el acusado no aceptó la decisión y ejerció diferentes formas de control y agresión en el ámbito privado. El entorno de la víctima coincidió en que existía una dinámica de poder desigual que derivó en el desenlace trágico.

El juicio de José Figueroa

Durante el juicio, la autopsia y los informes periciales resultaron determinantes para la calificación de los hechos. Los especialistas concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Este dato, junto a las lesiones encontradas y el testimonio de testigos, permitió al tribunal dictar la prisión perpetua, pena máxima prevista por la ley ante el delito de femicidio.

El tribunal de Salta, compuesto por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, resolvió por unanimidad la condena para José Eduardo Figueroa. Además, ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca reforzar los mecanismos de prevención y persecución penal en delitos de violencia de género.

La defensa intentó desacreditar el contexto de violencia de género alegado por la fiscalía y argumentó que la muerte podría haberse generado en un estado de “emoción violenta”, buscando así una pena menor. A este debate se sumó una disputa técnica por el cuestionamiento de peritajes presentados por la defensa, que derivó incluso en pedidos de investigación por presunto falso testimonio a algunos especialistas.

Antes de conocer la sentencia, Figueroa solicitó la palabra para pedir disculpas a las familias involucradas y a sus propios hijos: “Les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

La causa obtuvo visibilidad pública y reavivó el debate acerca de la respuesta institucional frente a los femicidios. Organizaciones sociales y especialistas en violencia de género valoraron la sentencia como un antecedente importante en el ámbito judicial salteño. Para el entorno de Mercedes Kvedaras, el proceso judicial no borra el sufrimiento, pero representa una instancia de reparación y una oportunidad para continuar junto a los hijos de la víctima.

Otra vez se pone en la mira a Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y a un remisero Martín Palacio. Este jueves confirmaron que el hombre fue denunciado por enviar amenazas desde la cárcel de Gualeguaychú a familiares de su expareja, según informó Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas.

La fiscalía notificó a la parte denunciante sobre la existencia de comunicaciones intimidatorias provenientes del penal de máxima seguridad donde Laurta permanece detenido. La letrada detalló que su clienta tuvo conocimiento del envío de mensajes luego de ser contactada oficialmente por las autoridades judiciales y destacó el contenido intimidatorio de las frases: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Romano subrayó en diálogo con ElDoce.tv que las amenazas se dirigieron al entorno directo de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, lo cual generó una profunda preocupación en la familia. En este marco, el impacto de los mensajes fue calificado por la abogada como una “verdadera burla del sistema”, describiendo el temor de la familia frente a lo que consideran un exceso de permisividad hacia el acusado.

“Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, sostuvo la abogada. Romano también informó que solicitarán medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto de Laurta con los allegados de las víctimas con el objetivo de resguardar la seguridad del núcleo familiar afectado.

En el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija de 26 y 54 años, respectivamente, Pablo Laurta está imputado por los delitos de: homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El día de los trágicos hechos, Laurta entró armado al domicilio de su ex y madre de su hijo de 5 años. Al ingresar, atacó a Luna y a Mariel a tiros hasta su asesinarlas. Luego, se dio a la fuga con el niño, desencadenando un operativo de búsqueda hasta la provincia de Entre Ríos. Finalmente, fue detenido por la policía el 12 de octubre de 2025 en el hotel Berlín de Gualeguaychú.

Laurta figuraba como creativo principal de una comunidad digital defensora de los “derechos de los hombres” y opositora a las políticas de género. La expareja, había presentado múltiples denuncias previas por violencia de género y amenazas, y poseía orden de restricción y botón antipánico, medidas que resultaron insuficientes para evitar el resultado fatal.

Por otro lado, el detenido enfrenta cargo de un homicidio en Entre Ríos por el chofer porteño que fue encontrado descuartizado tras un viaje a Córdoba en octubre del año pasado. La investigación policial sostiene que Laurta fue el último pasajero de Palacio, al que habría ejecutado con un disparo en la cabeza para luego descuartizar su cuerpo y arrojar los restos en distintas zonas de Córdoba.

La Justicia imputó a Pablo Laurta por abuso sexual

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno de Córdoba imputó a Pablo Laurta por abuso sexual infantil, luego de hallar imágenes explícitas de menores de 18 años involucradas en actividades sexuales, según confirmó el Ministerio Público Fiscal cordobés.

“El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales", informaron.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó el 29 de abril de 2026 que Pablo Daniel Rodriguez Laurta será sometido a un juicio oral por el doble asesinato. La resolución subraya que se trata de un caso de violencia de género agravada, y establece que el juicio se realizará ante jurados populares, una medida reservada para delitos de la máxima gravedad.

Si el jurado popular encuentra culpable a Laurta por los delitos de homicidio calificado por vínculo, alevosía y violencia de género, podría ser sentenciado a prisión perpetua. El próximo paso procesal es el sorteo de la Cámara del Crimen encargada de sustanciar el debate oral.

El tribunal consideró acreditado que se trató de un homicidio doblemente calificado: por el vínculo —en el marco de una relación de pareja preexistente— y por haber mediado violencia de género.

Antes de la lectura del veredicto, al ejercer su derecho a las últimas palabras, Figueroa pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”. Ya lo había hecho días, cuando pidió la palabra para transmitir un mensaje personal: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó.

Tras la deliberación, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans dieron a conocer el fallo, al que arribaron por unanimidad, y lo declararon autor material y penalmente responsable del delito. En la misma resolución, el tribunal ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Al momento de escucharse el veredicto del tribunal, familiares de la víctima celebraron la condena a prisión perpetua en la sala de audiencias.

El caso y el debate oral

El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal, en la provincia de Salta. Por el hecho fue imputado desde el inicio su esposo, José Eduardo Figueroa, con quien tenía dos hijos.

La investigación descartó desde el comienzo otras hipótesis y se centró en la dinámica de la pareja. Para la fiscalía, el crimen se produjo en un contexto de violencia de género sostenida, marcado por una relación desigual de poder. Testigos del entorno coincidieron en que la víctima atravesaba situaciones de violencia psicológica y buscaba separarse, algo que el acusado no aceptaba.

La autopsia fue una de las pruebas clave del expediente: determinó que Kvedaras murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Los peritos señalaron que hubo una acción sostenida durante varios minutos y múltiples lesiones compatibles con una situación de lucha.

Durante el juicio oral, que se desarrolló durante el mes de abril de 2026, declararon familiares, empleados de la casa y especialistas. Sus testimonios permitieron reconstruir la vida cotidiana de la pareja y aportaron elementos sobre el vínculo, atravesado —según la acusación— por episodios de control y agresiones.

En los alegatos, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, sostuvo que el acusado mató a su esposa cuando ella decidió poner fin a la relación y recuperar su autonomía. En esa línea, calificó el hecho como femicidio y pidió la pena de prisión perpetua.

La defensa, en cambio, intentó desacreditar la hipótesis de violencia de género y planteó que el hecho pudo haber ocurrido en un contexto de “emoción violenta”, con el objetivo de obtener una pena menor.

El juicio quedó atravesado también por una fuerte disputa técnica: la fiscalía y la querella cuestionaron informes periciales presentados por la defensa e incluso pidieron investigar a algunos especialistas por presunto falso testimonio.

Finalmente, tras la ronda de alegatos y las últimas palabras del acusado, el tribunal avanzó hacia el veredicto que este mediodía lo condenó a prisión perpetua.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja contra la sentencia del Tribunal Oral Federal 6, que rechazó la figura del femicidio en relación al atentado contra Cristina Kirchner.

El próximo paso del tribunal será analizar si el intento de asesinato contra la ex vicepresidenta debe encuadrarse bajo la figura de violencia de género.

El planteo fue realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozzetta.

Según fundamentó, “el accionar de los imputados se inscribió en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático que buscaba el debilitamiento de la víctima por su condición de mujer política”.

Por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner fueron condenados Fernando Sabag Montiel, a diez años de prisión, y Brenda Elizabeth Uliarte, a ocho años.

Durante el juicio, la fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag y 14 años para Uliarte, por considerarlos responsables de homicidio triplemente agravado por alevosía, por el empleo de arma de fuego y por mediar violencia de género.

El fallo

El máximo tribunal penal del país decidió atender el reclamo de UFEM, con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, mientras que la tercera camarista, Ángela de Ledesma, no participó por encontrarse de licencia.

Con esta decisión se proponen revisar si existen razones para sentar un precedente sobre los alcances de la aplicación de la perspectiva de género en ataques contra figuras públicas femeninas.

A partir de la admisión del recurso se le correrá vista al fiscal de Casación, Mario Villar, para que opine si rechaza o convalida el criterio del TOF 6 de excluir la figura del femicidio.

En su presentación, la fiscal Labozzetta subrayó que “la violencia de género que exige el tipo penal se expresa con claridad en este caso a través de una conducta que devela que está dirigida a sostener y reafirmar esas relaciones desiguales de poder”.

Asimismo, cuestionó el razonamiento de la sentencia que había descartado el femicidio al considerar que no se probó una “animosidad individual” del imputado hacia el género femenino, porque entiende que esa mirada desconoce el carácter estructural de la violencia de género y la modalidad de violencia política receptada en la Ley 26.485.

El atentado

El ataque contra Cristina Kirchner se produjo el primero de septiembre del 2022, en la puerta de su domicilio en Recoleta, antes de mudarse a San José 1111, donde ahora cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a 20 centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, mientras ella saludaba a un grupo de militantes. La detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de civiles que vieron la maniobra.

Durante el juicio, Sabag declaró que “el hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a recargar nuevamente, fue interceptado por la multitud”.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que “el arma estaba apta para el disparo, le pertenecía y sabía cómo disparar con ella”.

En relación a Brenda Uliarte, el Ministerio Público Fiscal puntualizó que tanto ella como Sabag se infiltraron entre la militancia “para actuar sobre seguro y garantizarse la imposibilidad de la víctima de repeler el ataque”.

A casi un mes de haber comenzado el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras -ocurrido en agosto de 2023 en un barrio privado de Salta- la Justicia dará a conocer finalmente la decisión que tomó sobre el único acusado del crimen, el ex marido de la víctima, José Eduardo Figueroa.

El fallo condenatorio tendrá lugar este jueves -de acuerdo con lo informado por El Tribuno- tras la jornada de alegatos que se construyó el día anterior, en donde la fiscal que representa al Ministerio Público Fiscal, María Luján Sodero Calvet, pidió que se imponga una prisión perpetua para Figueroa. La jornada del miércoles estuvo marcada por exposiciones intensas y posturas enfrentadas entre las partes.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta explicó su pedido al considerar que “no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua”. Sodero Calvet fundamentó su pedido en la magnitud del daño ocasionado y la gravedad de la conducta atribuida al acusado, subrayando que la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional. Incluso, el mismo Figueroa reconoció durante la última ronda de testigos su responsabilidad. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, indicó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión, lucidez, determinación y voluntad”, indicó la funcionaria del MPF y requirió que el imputado permanezca detenido hasta la confirmación de la sentencia. Además, solicitó una indemnización económica para la familia de la víctima por el daño ocasionado.

Sodero Calvet remarcó que el caso se encuentra completamente abarcado por el agravante de violencia de género. En este sentido, explicó: “El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“.

La fiscal enfatizó que la relación entre la víctima y el acusado estuvo marcada por manipulación, control y episodios reiterados de violencia, acompañados de compensaciones materiales posteriores. Al respecto sentenció: “Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”.

La fiscal recordó que, de acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer murió por asfixia mecánica y presentaba golpes en todo el cuerpo, además de heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca y raspaduras en las rodillas.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró mientras repasaba el pliego probatorio y criticaba la estrategia de la defensa, señalando que no logró consolidar una teoría alternativa ni desacreditar la hipótesis del Ministerio Público. Sostuvo que los testigos presentados por la defensa no refutaron el encuadre legal propuesto y que la violencia de género estuvo presente en todas las etapas de la relación y en el hecho investigado.

El 4 de agosto de 2023, el cuerpo sin vida de Kvedaras fue hallado en el barrio privado El Tipal, mientras que su esposo “Jota” Figueroa, presentaba lesiones y estaba dentro del auto familiar, con lesiones. La búsqueda se inició luego de que los familiares advirtieran que los hijos del matrimonio habían quedado solos en la vivienda. El hallazgo ocurrió cuando un allegado al propietario del vehículo acudió al lugar tras recibir un mensaje de WhatsApp de Figueroa en el que manifestaba no poder afrontar la situación.

Al llegar al barrio privado, las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales y trasladaron a Figueroa a un hospital local, donde permaneció internado un día hasta que se constató que sus lesiones no revestían gravedad. La investigación determinó que la muerte de Kvedaras fue violenta, descartando un accidente y el uso de arma blanca como causa principal.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta, María Luján Sodero Calvet, pidió este miércoles en su alegato final del juicio por el crimen de Mercedes Kvedaras, que José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima y único acusado, sea condenado a prisión perpetua.

“Considero que no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor José Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua, porque ante una lesión de tamaña magnitud, la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional”, dijo la fiscal.

La funcionaria, además, solicitó que el hombre continúe detenido hasta que la sentencia sea confirmada y que indemnice económicamente a la familia por el daño generado a raíz del crimen.

“La ley así lo dice, porque no ha previsto una escala penal para este caso, porque es la única que se ajusta a derecho, es la prisión perpetua, porque es el máximo agravio que contempla la Ley; es el hecho más grave que contempla el Código de fondo y por eso es esta la pena única y la más grave. Y ningún atenuante cabe en este caso en relación a la pena”, continuó.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró. Al respecto, sostuvo que “la conducta fue dolosa” y se probó. ”Con cada una de las pruebas fui descartando que fue una muerte accidental", argumentó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión y habla de lucidez, determinación y voluntad. Me remito a la totalidad del análisis que hice, pero además resalto los peritajes que se hicieron”, señaló.

Dijo que la muerte en contexto de violencia de género está probada y también cómo se presentó esta problemática siempre, tanto en la historia previa, como en el crimen y después del hecho.

“El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“, remarcó.

“Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”, añadió.

Tras una extensa exposición de casi tres horas, que comenzó antes de las 9 de la mañana en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, la funcionaria judicial aseguró que está probado que el imputado asesinó a su mujer.

En ese sentido, sostuvo que no existen dudas respecto al encuadre legal del caso y remarcó que la Fiscalía mantiene desde el inicio la imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A lo largo de su alegato, la fiscal hizo un repaso por el pliego probatorio y el resultado de la autopsia, que reveló que Mercedes murió por asfixia mecánica y presentó golpes en todo el cuerpo. En ese sentido, dijo que los elementos científicos fueron determinantes para reconstruir el nivel de violencia que sufrió la víctima el 4 de agosto de 2023, en el barrio privado El Tipal.

“La sentencia lo que debe transmitir es la verdad, porque es lo que esta familia está esperando y es la única manera que van a tener de hacer un cierre sanador, recomponedor y que además redignifica a la víctima, porque la sentencia tiene que tener ese alcance, dar una respuesta que le dé, que le devuelva la dignidad a la víctima, reconociéndola como una víctima de violencia de género y que además le dé la verdad. La realidad a toda la familia que está esperando que se le diga qué es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurrió”, sentenció.

Luego del pedido de prisión perpetua, los jueces decretaron un cuarto intermedio. Los alegatos continuarán durante toda la jornada

La autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado.

“El cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia. Mercedes siempre fue manipulada por Figueroa, hizo lo que quiso sobre su víctima y el cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia”, dijo la fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de que la relación entre la víctima y el acusado siempre estuvo marcada por manipulación, el control y las compensaciones materiales posteriores a episodios violentos.

Dijo también que Mercedes debió sufrir violencia física, psicológica, económica y emocional, y que Figueroa en reiteradas oportunidades insultaba y humillaba a la mujer.

En otro tramo de su alegato, la funcionaria cuestionó la estrategia de la defensa al señalar que nunca logró consolidar una teoría concreta que derrumbe la acusación de la Fiscalía. Dijo que solo hubo intentos de abrir posibilidades sin rigor científico suficiente.

“Los testigos de la defensa no llegaron a desacreditar la hipótesis de la Fiscalía. Desde la estrategia de la defensa no se entiende lo que es la violencia de género. Llegaron a preguntar si era sumisa, si era infiel. Ese tipo de preguntas escuchamos y es inadmisible. ¿Qué clase de pregunta es esa?“, criticó.

Las palabras del acusado

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares.

“No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate.

“No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó.

Tras permanecer casi un mes internada en estado crítico en un hospital de Concordia, Entre Ríos, María Leonor Godoy murió este lunes. El deceso se produjo debido a un violento ataque de su pareja Juan P.E., quien quedó detenido.

El hecho investigado ocurrió el 4 de abril en la vivienda que compartían en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Godoy había ingresó al hospital con múltiples heridas de arma blanca y signos compatibles con abuso sexual, lesiones que le provocaron un cuadro irreversible pese a la atención recibida.

De acuerdo con el portal La Voz del Interior, la víctima fue encontrada gravemente herida y trasladada al hospital Delicia Masvernat, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos hasta las primeras horas de este lunes. El agresor ya había huido del lugar.

El juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó su captura, a solicitud de la fiscal Evelina Espinosa. Tras la emisión del mandamiento, efectivos de la comisaría Segunda, bajo la supervisión del segundo jefe Cristian Fernández, iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al agresor, detalló Concordia Policiales. Desde entonces, se encuentra alojado en la Unidad Penal 8 de la ciudad.

Tiempo después, se conoció que regían medidas de restricción de acercamiento contra el hombre, debido a denuncias previas por violencia de género. El antecedente más reciente había sido en noviembre del año pasado, cuando la víctima recibió una brutal golpiza que le provocó lesiones graves en el rostro.

La causa que investiga la muerte de Godoy quedó caratulada como femicidio y abuso sexual, delitos que se agravan por la situación procesal del hombre. Luego de confirmarse el fallecimiento, una de las hijas de la víctima publicó un mensaje de despedida en redes sociales, según indicó El Once.

“La peleaste hasta lo último como toda una guerrera, como la mujer valiente que siempre fuiste. Que descanses y que encuentres la paz. Te llevaré siempre en mi mente y corazón”, escribió. La hija de Gordo relató que, a pesar de la gravedad de las lesiones, la víctima había mostrado algunas mejoras, aunque finalmente se produjo un deterioro rápido en su estado de salud. “Ella luchó 23 días. Nosotros estábamos ahí y vimos mejoras, pero de repente decayó”, señaló el mismo sitio. “Estoy tranquila de que esté preso, pero quiero que pague por todo lo que le hizo”, insitió la hija de Godoy.

Dictaron perpetua al femicidia de Daniela Mamani

La Justicia de Jujuy condenó a prisión perpetua a Matías Manuel Tinte por el femicidio de Araceli Daniela Mamani, de 31 años, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado solicitado por la familia de la víctima y avalado por la jueza Mónica Cruz Martínez.

El tribunal consideró a Tinte responsable del delito de homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género. La acusación se sostuvo en los elementos probatorios reunidos durante la instrucción, que confirmaron la autoría material del condenado en el asesinato de Mamani, enfermera y madre, quien había decidido separarse de Tinte cuatro meses antes del hecho tras episodios reiterados de acoso.

El crimen ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2025. Los vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima. Al menos dos llamados de emergencia quedaron registrados, uno de ellos de un estudiante que advirtió que una mujer pedía auxilio. La Policía acudió al lugar alrededor de las 23:06 pero no ingresó al inmueble, argumentando que no podían entrar sin orden judicial ni la presencia del propietario. La autopsia determinó que Mamani murió entre la 1:00 y las 3:00 del día siguiente, varias horas después de la visita de los oficiales.

El cuerpo fue hallado cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato notó la puerta entreabierta e ingresó. Tinte se presentó en la Seccional 1° poco después y confesó el crimen.

La etapa final del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras tendrá lugar hoy miércoles desde las 8 de la mañana, cuando las partes presenten sus alegatos ante el Tribunal en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta.

El proceso judicial se encuentra en su tramo decisivo tras el cierre de la ronda de declaraciones testimoniales y la exposición final del acusado, José Eduardo Figueroa, imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. En su declaración, el ex esposo de Kvederás asumió su responsabilidad en el crimen cometido el 4 de agosto de 2023.

En cuanto a la jornada de este miércoles, se espera que todas las partes que integran el proceso expongan oralmente sus conclusiones sobre los hechos debatidos y la prueba producida durante el debate, ante los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La fiscal María Luján Sodero Calvet representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, que investiga el asesinato en el barrio privado El Tipal.

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado, según recogió La Gaceta. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate. “No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Al referirse a la relación con la víctima, Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató, según publicó El Tribuno. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó ante los jueces.

De acuerdo con lo difundido por medios locales, reiteró su asunción de responsabilidad y manifestó que se encuentra cumpliendo con las consecuencias de sus actos. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, enfatizó en la audiencia pública.

Al finalizar su exposición, Figueroa solicitó paz para ambas familias, expresando su esperanza de que puedan encontrar serenidad tras el hecho. “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”, concluyó.

El cuerpo de la víctima fue hallado en el vehículo de la familia con varias lesiones, junto a Figueroa. Las autoridades establecieron que la muerte fue violenta. El informe oficial sostuvo que un golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de Kvedaras, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

En tanto la autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

El Gobierno de Nicaragua negó el ingreso al país a Joseph Rivera, abogado de la familia de Junieysis Merlo Espinoza, la joven nicaragüense víctima de femicidio en Costa Rica cuyo caso ha provocado reclamos diplomáticos y denuncias de abandono estatal. La decisión, comunicada apenas veinticuatro horas antes del viaje, frustró la intención de Rivera de reunirse con los padres de la víctima en el departamento de Madriz, según una denuncia compartida por el propio abogado. El propósito era informarles en persona sobre el avance judicial en Costa Rica contra el principal sospechoso y brindar acompañamiento legal.

Rivera afirmó que la negativa para ingresar al territorio nicaragüense fue notificada por las autoridades el día previo a su salida, una decisión que responsabiliza de obstaculizar su labor de asistencia humanitaria y legal. El abogado reclamó también la falta de respaldo institucional hacia los padres de Junieysis, quienes, según sostuvo, enfrentaron solos los trámites para el traslado de las cenizas y la gestión por la custodia de las hijas gemelas de la víctima.

El caso adquirió dimensión internacional tras confirmarse que Junieysis Merlo Espinoza fue reportada como desaparecida el 31 de marzo. Su cuerpo fue hallado el 9 de abril en una fosa dentro de un condominio en el distrito Salitral, en el cantón de Santa Ana, provincia de San José. La autopsia, de acuerdo con las autoridades forenses, precisó la causa del deceso como asfixia mecánica de naturaleza homicida: “Compresión extrínseca del cuello y una fractura del cartílago”, detalló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El principal sospechoso, de apellidos Ramírez Calvo y 57 años, pareja sentimental de Merlo, fue detenido poco después. El Juzgado Penal de Pavas ordenó un año de prisión preventiva tras establecer que habría convivido con el cadáver durante dos días y luego lo ocultó en una fosa utilizando maquinaria pesada.

Familiares de Merlo sin apoyo estatal tras el femicidio

A pesar del impacto social y mediático del caso, Rivera denunció que el Gobierno nicaragüense no ha otorgado ninguna ayuda concreta a la familia de la víctima. Mediante una comunicación oficial expresó: “Esta omisión es inaceptable. Un gobierno que abandona a sus ciudadanos en momentos de máxima vulnerabilidad está fallando en su deber más elemental”. Según el abogado, la vicepresidenta Rosario Murillo había mostrado interés en colaborar y una asesora suya lo contactó para reunirse y abordar el caso, especialmente para acelerar los trámites de doble nacionalidad de las niñas huérfanas y facilitar su custodia por parte de los abuelos en Nicaragua, dado que la familia materna reside en ese país.

Ese interés, de acuerdo con Rivera, también respondía a la intención de presentar un reclamo diplomático ante Costa Rica. “Uno de sus asesores me llamó para reunirse conmigo y ser el puente entre Costa Rica y Nicaragua, para dar una explicación sobre este tema”. Añadió que la postura de Murillo buscaba interpelar sobre “qué está pasando en Costa Rica, que están matando a las mujeres nicaragüenses y a cualquier extranjera que venga aquí”.

Denuncia por prácticas de las aerolíneas y planteo de nuevos delitos

Rivera sumó a sus denuncias la negativa de Copa Airlines y Avianca a reembolsar el valor de los boletos de avión por el viaje cancelado. Consideró que esa conducta “revela una alarmante falta de empatía hacia los profesionales que, como yo, intentamos cumplir con nuestra labor humanitaria y legal”. El abogado anunció que evalúa acciones legales si persiste la negativa.

En cuanto al proceso penal en Costa Rica, Rivera anticipó que analizarán nuevas líneas de investigación para determinar si, además de femicidio, existieron otros delitos en el caso de Merlo

La custodia legal de las hijas gemelas de Junieysis Merlo permanece bajo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, mientras avanza el trámite para que sean entregadas a sus familiares en Nicaragua.

Yanina Latorre contextualizó: “En enero, Karina Iavicoli, en Infama, tuvo una primicia sobre la separación de Pamela y Albacete. Se casaron en junio del 2023, fue un romance divino, mega fiesta, pero todo terminó en mega también. Fue una historia fugaz, siete meses de relación que derivó en una separación muy delicada. Pamela no hablaba con los medios, pero entre ayer y hoy, harta de la situación y viviendo bajo el mismo techo por no llegar a un acuerdo de separación, hizo una denuncia por violencia familiar, con una carátula casi de femicidio”.

El video mostrado en el programa expuso el nivel de violencia doméstica que Pamela dice haber soportado. En él se escuchan gritos, golpes, forcejeos y ruegos para que la deje en paz. El testimonio fue contundente: “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir’, pero él no me dejaba”.

Pamela relató que la violencia comenzó poco después del casamiento, en agosto de 2024, y se fue intensificando con el tiempo. “Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo”, confesó al aire. Consultada sobre si el video era el único registro de violencia, aclaró: “Ese es el más tranquilo que tengo”.

La abogada de Pamela, Ivana Lorena Crea, confirmó en el programa que la justicia dictó una cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. La letrada subrayó la gravedad de los hechos: “Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio”.

Pamela reconoció que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo. “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”, dijo, y explicó que intentó proteger a Albacete, pero que la situación la superó. “Siempre cuento que cuando decidimos separarnos, él me pidió que no diga nada hasta que me vaya de casa, pero después me enteré por mis alumnas que ya lo había contado en el gimnasio. Evidentemente, él quería que yo no contara para él dar su versión”.

El vínculo entre ambos comenzó tras años de cruzarse en un gimnasio, compartiendo charlas, rutinas y, finalmente, viajes y coincidencias en la vida cotidiana. Antes de cruzar sus vidas en el amor, tanto Pombo como Albacete ya eran figuras públicas. Pamela, que hoy tiene 43 años, irrumpió en los medios en 2011 como una de Las hermanas Pombo, el falso número que montó junto a Johanna Villafañe. Recorrieron los programas de la época, desde Showmatch a Animales sueltos el de Guido Kaczka, como parte de una trama que no tardó en quedar al descubierto.

El flechazo fue inmediato: tras apenas dos meses de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso y se casó por civil el 28 de diciembre de 2023.Siete meses después, organizaron una fastuosa fiesta en un salón de Pilar, con espectáculos de comedia, bandas en vivo, luces de colores y menús de alta cocina.

La Justicia de Neuquén declaró responsable a Marco Calfio Reinante por el delito de tentativa de femicidio contra Natalia Vilte. El fallo, emitido tras un extenso proceso oral, responde a la gravedad de la agresión ocurrida el 14 de diciembre de 2024, en la que el hombre atacó a su ex pareja en un contexto de violencia de género sostenido. En los próximos días, se establecerá la pena que deberá cumplir.

La víctima sufrió un hostigamiento físico, psicológico y económico durante dos años hasta el momento de la denuncia en octubre de 2024. Sin embargo, Calfio Reinante no cumplió con la restricción perimetral. El imputado la agredió, golpeandola y asfixiandola con sus manos. Tras ese ataque en el barrio Gran Neuquén Sur, Vilte se quitó la vida ahorcándose en el baño.

Los informes forenses y la intervención de una junta médica establecieron que el fallecimiento de la joven fue consecuencia de un suicidio sin participación de terceros. Este hallazgo resultó decisivo para reformular la acusación a tentativa de homicidio doblemente agravado.

El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Pablo Encina y Natalia Pelosso, analizó diversas pruebas, entre ellas resultados de ADN, lesiones visibles en el acusado y los testimonios aportados por testigos y allegados. Estos elementos fueron determinantes para establecer la responsabilidad penal de Calfio Reinante, destacando el carácter doblemente agravado del hecho: por el vínculo entre víctima y victimario, y por el contexto de violencia de género.

La prueba genética, obtenida de las uñas de la víctima y las heridas del acusado, junto con el análisis de la información extraída del teléfono celular de Calfio Reinante, fue clave para comprobar los hechos.

En los próximos días, la Justicia de Neuquén fijará la fecha de la audiencia en la que se fijará la pena, dando cierre a un proceso judicial que movilizó testimonios, pruebas técnicas y la intervención comunitaria tras un intento de femicidio que derivó en una investigación compleja y un veredicto contundente.

Los hechos

Las autoridades tomaron conocimiento de lo que había sucedido gracias a la intervención de los vecinos y allegados de la víctima. Una amiga de Vilte, identificada como María, y otra vecina reaccionaron ante los pedidos de auxilio de la víctima. Según el testimonio recogido por LM Neuquén, una de ellas increpó directamente al agresor, gritándole: “¿Qué te pasa? Dejá a la piba. ¿Qué te pensás, que está sola?”

El personal de la Comisaría 16 acudió al domicilio tras el aviso de los vecinos. Al llegar, encontraron que Calfio Reinante, que debía respetar una restricción de acercamiento, ya se había alejado del lugar. Posteriormente, según los informes forenses citados por el medio, la joven fue hallada sin vida, tras haberse suicidado en el baño.

El Ministerio Público Fiscal orientó en un principio la investigación como un caso de femicidio y luego fue modificado: “Respecto de este punto, la fiscal informó que, como indican los protocolos de intervención, el caso se investigó como un femicidio y, de hecho, se formularon cargos por ese delito, pero tras la realización de peritajes forenses y una junta médica se determinó que en el fallecimiento no hubo intervención de otra persona”.

Natalia Vilte tenía 22 años y su caso ejemplifica el impacto de la violencia de género en la región y la importancia de la reacción inmediata tanto de la comunidad como de las instituciones. La sentencia, aún pendiente de la definición de la pena, marca un precedente en la interpretación judicial de intentos de femicidio.

Luego de los hechos, una amiga de la víctima dio un desgarrador testimonio donde declaró: “Como diez veces lo había denunciado, y esa noche el móvil de la policía tendría que haber estado afuera de su casa como correspondía y no estuvo. Él la golpeó, le dejó el ojo morado, y ella estaba preocupada porque al otro día tenía que ir a trabajar".

Agentes de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia detuvieron a Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años, principal sospechoso en la causa por el femicidio de Carla Johanna Magallanes, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este martes en su domicilio del distrito Montecaseros, en el departamento de San Martín de la provincia de Mendoza.

El procedimiento policial comenzó cerca de las 13, cuando la madre y una hermana de Magallanes llegaron a la vivienda ubicada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por la falta de noticias de la mujer. Al ingresar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, con lesiones visibles en el rostro y distintas partes del cuerpo, así como un corte en el cuello.

Los primeros datos de la investigación indicaron que la víctima llevaba entre dos y cinco días fallecida. El cuerpo, en posición semisentada, presentaba manchas de sangre y signos de violencia.

La madre de Magallanes relató que había visto a su hija por última vez antes del fin de semana en compañía de su pareja. Además, vecinos declararon haber escuchado una fuerte discusión entre la pareja en la noche del viernes. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos en la vivienda, de acuerdo con la información del medio local Mdz.

La detención del presunto autor del femicidio se realizó durante la tarde de este martes, en la calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, luego de que las autoridades desplegaran tareas de vigilancia y búsqueda tras el hallazgo.

El caso quedó a cargo del fiscal Gustavo Jadur. La intervención de la Policía Científica y la supervisión del fiscal en jefe Oscar Sívori se sumaron a las actuaciones para avanzar en la recolección de evidencias y determinar la mecánica del hecho. En las próximas horas se podría definir la situación procesal de Trejo.

Según El Sol, otro medio local, la víctima tenía tres hijos de una relación anterior. De acuerdo con los registros judiciales a los que accedieron, la custodia de los menores había sido otorgada al padre y no convivían con ella.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo policial y se dispuso la intervención de equipos de investigación y forenses, quienes aguardan los resultados de la necropsia para precisar la causa de muerte y sumar elementos a la causa.

Sobre Trejo, agregó El Sol, constan antecedentes judiciales: fue investigado por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos expedientes, por lo que nunca pisó la cárcel.

El sospechoso fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se esperan los informes de la necropsia y peritajes en la escena para establecer su situación procesal.

Valentín Alcida (22), el joven que de acuerdo a una investigación provincial mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli (22) y luego se suicidó en el departamento de una amiga que vive a trece cuadras, tenía una intensa actividad en X, donde compartía mensajes violentos. Para la fiscal Carla Ranciari, el femicidio lo cometió el jueves por la tarde, estuvo varias horas junto al cuerpo, adulteró la escena y recién en la madrugada del viernes fue al otro domicilio, donde se quitó la vida.

Mientras avanza la investigación, cuya hipótesis principal es la de femicidio seguido de suicidio, las amigas de Sophia adelantaron a los medios de comunicación que llevarán a cabo una movilización el próximo viernes a las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario. También compartieron vía redes sociales una captura de los retuits y los posteos que hacía Valentín en su cuenta de X, apuntados contra el feminismo, personas de países vecinos y la homosexualidad.

Uno de los retuits de Alcida fue a un usuario que había posteado una bandera LGBTIQ+ prendida fuego, otro en el que se decía “Las putas de mierda se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal”.

“Los putos no deberían opinar”, tuiteó Alcida el 29 de junio del año pasado. El 11 de julio de 2025 también publicó: “Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto, pero cuando todo se complica, buscan al hombre protector, al que no dudaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos. Así operan las que proclaman feminismo y odio al ‘macho’”.

Según los últimos datos de la investigación, el joven mató a Sophia de un puntazo en el cuello el jueves, entre las 18 y las 20, en función de la estimación hecha en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se hizo la autopsia de la víctima bajo protocolo de femicidio. El cuerpo de la chica fue encontrado el viernes a las 6 en el departamento en el que convivía la pareja, en 3 de Febrero al 2400.

La fiscal Ranciari, al cabo de varias medidas, estableció que el agresor modificó la escena antes de escribir una carta en la que dejó dicho que ella se había quitado y él “no había podido salvarla”. Recién a las 2 del viernes fue al departamento de una amiga en 3 de Febrero al 1100, desde donde llamó al 911 –pasadas las 4 de la madrugada– para decir que su novia se había suicidado y posteriormente se tiró desde altura.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la autopsia y la pericia a los celulares de la pareja fueron clave para sostener que Alcida apuñaló a Sophia.

Brian Leandro Lesta, acusado de matar, desmembrar y enterrar a Gisela Ruocco, su pareja, fue detenido ayer por personal de la Policía Bonaerense en la zona de Merlo. Un vecino lo reconoció mientras caminaba a cara descubierta por la esquina de Juncal y Balbín. Así, el hombre dio aviso a los efectivos de la Comisaría 1° de la zona.

Lesta, de 30 años, enfrentará en las próximas horas a la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que lo investiga por la brutal muerte. El relato del crimen, cometido en Claypole, es espeluznante. La propia hermana de Ruocco, alertada por el hijo de la víctima, un chico de 12 años, encontró un brazo en un pozo en el fondo de la casa de Gisela. De inmediato, reconoció un tatuaje de la mujer, que llevaba días desaparecida.

La investigación a cargo de la DDI de Lomas de Zamora reveló que la pareja se encontraba envuelta en un consumo problemático de drogas. Ruocco, madre de seis hijos, no estaba a cargo de ninguno de ellos, dada su situación. Víctima y presunto victimario, a pesar de tener un domicilio, se encontraban en situación de calle, en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Lesta, por su parte, tenía antecedentes penales.

Infobae accedió a su ficha completa en territorio porteño, descubierta en la Justicia en las últimas horas. Lesta, que estuvo preso en un penal federal de acuerdo a documentos relevados, acumula causas en su contra hace diez años. El perfil de estos delitos lo aleja de la figura de un simple lumpen callejero: para la Justicia porteña, el supuesto descuartizador de Claypole es un ladrón y un pistolero.

Lesta, de 30 años, con un domicilio fijado en Balvanera, registró su primera causa en 2016, un expediente por robo en poblado y en banda radicado en el Juzgado N°44 que terminó elevado a juicio en el Tribunal N°1. La víctima fue un ciudadano peruano.

En 2017, fue acusado de hurto y resistencia a la autoridad, también por otro robo a mano armada. Su nombre apareció en el Boletín Oficial ese año, cuando el Juzgado N°27 lo declaró rebelde en otro expediente por asalto a punta de pistola.

Volvió a robar, supuestamente, en 2020. Los datos de la Justicia porteña revelan que la víctima que lo denunció fue una joven boliviana, con un expediente en el Juzgado N°47. Fue acusado de asaltar a otra mujer en 2023, como siempre, a mano armada, en otra causa que fue elevada a juicio y terminó archivada

La Policía de la Ciudad tiene su propia ficha con respecto a Lesta. La fuerza porteña lo detuvo ocho veces en los últimos ocho años. El último arresto ocurrió este año, por ser parte de una riña que terminó con lesiones leves. Cayó dos veces en 2023, por ejemplo. Los delitos no sorprenden: robo y portación de armas.

La reciente noticia del femicidio de Sophia Civarelli, seguido por el suicidio de su novio, Valentín Alcida, mantiene bajo conmoción a la comunidad universitaria de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Las muertes ocurrieron entre la madrugada y la mañana de este viernes. El fallecimiento de ella lo alertó su propia pareja, quien denunció que la chica se había suicidado. Horas después, él se arrojó al vacío y también falleció.

Al principio la Justicia abrió una causa por “muerte en investigación” y evaluó la hipótesis de un doble suicidio. Sin embargo, tras recabar los primeros testimonios y pruebas, la fiscal Carla Ranciari, a cargo de la investigación, confirmó que la chica había sido asesinada y que el principal sospechoso era su novio fallecido.

Según se supo a partir de la declaración de una amiga de ambos, la relación que mantenían Sophia y Valentía estaba marcada por celos, manipulación y violencia psicológica. En este sentido, dijo que la víctima tenía intenciones de separarse en el corto plazo y avanzar con proyectos personales.

Sophia Civarelli tenía 22 años y era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había trasladado a la ciudad para cursar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario.

Allí conoció a Valentín Alcida, quien también estudiaba en dicha institución. Él era oriundo de la provincia de Córdoba y se había mudado a la ciudad santafesina para arrancar sus estudios universitarios. Tras unos meses de noviazgo, y dado que ambos vivían solos, decidieron irse juntos a un departamento y comenzar a convivir.

De acuerdo al testimonio que dio la amiga de ellos a la prensa local, la convivencia era buena y no tenían grandes problemas. Sin embargo, sí calificó a Alcida como una persona “muy celosa” que quería a Sophia “solo para él”. Y este era el mayor punto de conflicto entre ambos.

La historia de sus muertes se conoció a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, el joven había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos.

La investigación está coordinada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por Carla Ranciari. Como parte de la investigación, la justicia ordenó la autopsia de Civarelli en el Instituto Médico Legal de Rosario, aplicando el procedimiento destinado a esclarecer las circunstancias específicas en casos de violencia de género.

En un comienzo, el fallecimiento se había catalogado simplemente como “muerte en investigación” pues no se detectaron de inmediato signos claros de violencia de género. No obstante, la evolución de los procedimientos técnicos y los resultados preliminares de los peritajes inclinaron la pesquisa hacia el móvil de violencia machista.

El testimonio de una amiga de Sophia

En sus declaraciones al canal El Tres, una conocida de ambos dijo que la relación entre Sophia y su pareja era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.

También recordó que aconsejó a Sophia alejarse de esa situación: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”. Según narró, su amiga le prometió que buscaría dejar la relación apenas lograra estabilidad económica. La testigo caracterizó a la pareja de la víctima: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

“Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, expresó la amiga de Civarelli y añadió que su interpretación de los hechos la lleva a pensar que la víctima comunicó a su pareja “algo que no le gustó”, lo que desencadenó una fatal discusión. “Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”, aseveró.

Una pareja fue hallada sin vida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la madrugada de este viernes. Primero la Justicia evaluó un posible doble suicido. Sin embargo, el caso dio un giro cuando la fiscal Carla Ranciari confirmó que se trataría de un femicidio seguido de un suicidio: según las primeras pericias, Valentín Alcida habría matado a su novia Sophia Civarelli, de 22 años, en el departamento donde convivían, y luego fue hasta la terraza de una amiga, donde se arrojó al vacío.

En medio de la conmoción, y mientras continúa avanzando la causa judicial, una amiga de la joven habló con la prensa local y aseguró que la relación que tenían estaba marcada por los celos, manipulación y violencia psicológica. En este sentido, dijo que la víctima tenía múltiples proyectos personales y que había manifestado su intención de independizarse en el corto plazo. Alcida, en cambio, no se quería separar.

Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había trasladado a la ciudad para cursar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, institución donde también estudiaba Alcida, oriundo de la provincia de Córdoba. Así se conocieron.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, el joven había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos.

La investigación está coordinada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por Carla Ranciari.

En sus declaraciones al canal El Tres, la amiga de Sophia describió que la relación entre ella y su pareja era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.

Coty recordó que aconsejó a Sophia alejarse de esa situación: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”. Según narró, su amiga le prometió que buscaría dejar la relación apenas lograra estabilidad económica. La testigo caracterizó a la pareja de la víctima: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

“Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, expresó la amiga de Civarelli y añadió que su interpretación de los hechos la lleva a pensar que la víctima comunicó a su pareja “algo que no le gustó”, lo que desencadenó una fatal discusión. “Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”, aseveró.

La cronología de los hechos

El rumbo de la investigación se modificó tras la aplicación del protocolo específico para femicidio, y en esta línea, se ordenó realizar la autopsia de la joven. Según informó la fiscal Carla Ranciari a Cadena 3, ahora el foco esta puesto como un posible caso de violencia de género. Civarelli fue encontrada en la calle 3 de Febrero al 2400 y suponen que Alcida fue el autor del crímen, y posteriormente se quitó la vida en otro domicilio.

Ambos eran estudiantes de universitarios de 22 años, eran pareja desde el 2025 y convivian en un departamento en el barrio Lourdes, lugar que fue el escenario donde apareció el cuerpo de Civarelli. Un llamado al 911 advirtió sobre el fallecimiento de la joven y poco después, una segunda llamada al 911 alertó sobre un varón joven que se había arrojado al vacío desde otro departamento, ubicado en la misma calle 3 de Febrero al 1100.

Valentín Alcida, fue trasladado con vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció mientras era atendido. El giro en la calificación se consolidó después de realizar peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos, tomar testimonios y relevar rastros en la escena, elementos que llevaron a priorizar el femicidio seguido de suicidio como la hipótesis central.

Como parte de la investigación, la justicia ordenó la autopsia de Civarelli en el Instituto Médico Legal de Rosario, aplicando el procedimiento destinado a esclarecer las circunstancias específicas en casos de violencia de género.

En un comienzo, el fallecimiento se había catalogado simplemente como “muerte en investigación” pues no se detectaron de inmediato signos claros de violencia de género. No obstante, la evolución de los procedimientos técnicos y los resultados preliminares de los peritajes inclinaron la pesquisa hacia el móvil de violencia machista.

Un joven de 22 años mató a su novia, de la misma edad, de una puñalada en el cuello. Se presume que ocurrió este jueves por la tarde. Recién en la madrugada de este viernes, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento en el que convivía con Sophia Civarelli, fue hasta la casa de una amiga y se quitó la vida tras arrojarse desde la terraza del edificio, ubicado en pleno centro de Rosario.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, en 3 de Febrero al 1100, en el centro de Rosario, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, Alcida había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes, en el macrocentro. Acto seguido, le pasó el teléfono a su allegada para que siga hablando con la operadora y se precipitó desde altura, aproximadamente, un octavo piso.

Al edificio de su amiga había llegado a las 2 de este viernes, en función de los indicios recolectados por la Policía. Ambos subieron a la terraza para fumar y posteriormente se dio el trágico desenlace. La chica, en tanto, no pudo declarar por el momento por encontrarse en estado de shock.

Por su parte, cuando la Policía llegó al departamento de 3 de Febrero al 2400 halló a Sophia en la cama, con un cuchillo de cocina en una mano, y con una herida de arma blanca en el cuello, según detalló la fiscal Ranciari en conferencia de prensa. También se encontraron dos notas que había dejado escritas Valentín, donde decía que ella se había matado, que él no había podido salvarla y que iba a suicidarse. El teléfono de ella tenía la pantalla astillada, lo cual hace suponer que había sido arrojado al piso o estaba roto con antelación.

Después de la toma de testimonios, pericias en las dos escenas de la Policía de Investigaciones, relevamiento de cámaras de videovigilancia y análisis del teléfono de ambos, la fiscal pudo establecer como principal hipótesis la de un femicidio seguido de suicidio. En los celulares se accedió a material que hace inferir que él ejercía violencia de género hacia ella.

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron llevados al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias. En el caso de Sophia, bajo protocolo de femicidio.

Un dato a esclarecer es la fecha de la muerte de la joven. En la primera estimación realizada por los investigadores se indicó que el deceso pudo haber ocurrido este jueves por la tarde, aunque no se descarta que haya sido antes.

En el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras —que ocurrió en en el barrio privado El Tipal en 2023—, se sumaron este jueves nuevos elementos al caso con la nueva dedclaración de las asistentes sociales Mirna Tolaba y Mónica Descals, quienes elaboraron un informe socioambiental. El proceso judicial continúa en el Juzgado de Garantías 6 y el avance del debate oral mantiene el enfoque en la dinámica de pareja y en las circunstancias previas al hecho.

Durante la audiencia contra José Eduardo “Jota” Figueroa, imputado por homicidio doblemente calificado, quedó en evidencia que el estudio presentado por las profesionales resultó parcial, al centrarse exclusivamente en el entorno del imputado. Las especialistas explicaron que el estudio solo incluyó entrevistas a personas del círculo cercano al hombre: como familiares, compañeros de trabajo, vecinos y hasta una persona encargada de cobrar el estacionamiento en la zona.

En este marco, tanto la fiscalía como la querella remarcaron que el informe carecía de una visión integral. Según reportó El Tribuno, durante la audiencia quedó en evidencia que el estudio presentado en la sala resultó parcial, al omitir a familiares y allegados de la víctima.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el testimonio sobre una entrevista con el propio Figueroa, donde relató una crisis matrimonial ocurrida en 2017. El imputado afirmó haber descubierto una infidelidad de su esposa a través de una conversación telefónica, lo que describió como “un golpazo” que le provocó dolor y humillación. Añadió que, tras dialogar, asumió parte de la responsabilidad por considerar que no le dedicó suficiente tiempo a la relación.

De acuerdo con lo expuesto por las asistentes sociales, el imputado por femicidio alegó: “Salta es una sociedad machista, se perdona la infidelidad de un hombre y no de una mujer”. Las profesionales interpretaron que esta frase buscaba “proteger” a Mercedes Kvedaras, ya que nunca se refirió a ella de modo descalificativo durante el encuentro.

Durante la audiencia, la fiscal Luján Sodero Calvet solicitó precisiones al interrogar sobre las afirmaciones contenidas en el informe. Entre ellas, se indicó que Kvedaras “tuvo oportunidades de emancipación”, que el acusado “la complació” al facilitarle un emprendimiento comercial (una dietética) y que “no había obstáculos” para su “desarrollo como mujer”. Estas declaraciones generaron preguntas sobre los criterios aplicados para evaluar el desarrollo personal de la víctima, lo que llevó a una ampliación de la explicación por parte de una de las profesionales.

Además, las profesionales señalaron que la relación entre Kvedaras y Figueroa era una: “independencia dentro de una dependencia económica”, concepto que fue puesto en discusión por la parte acusatoria. Las asistentes sociales reconocieron que el requerimiento judicial limitó el alcance del informe al entorno del imputado.

A principios de semana, se incorporó el testimonio del médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien confirmó que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta. La causa de muerte fue provocada por una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. El informe pericial, firmado por todos los especialistas, no presentó discrepancias y descartó la versión del acusado, también invalidada por la reconstrucción propuesta por la defensa.

La autopsia reveló múltiples lesiones y fue ratificada por la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella. El médico de confianza de la defensa, que inicialmente objetó el peritaje, terminó reconociendo la validez de la autopsia tras el interrogatorio de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Ante la exposición de las pericias, Figueroa solicitó retirarse de la sala.

La licenciada en criminalística Paula Geipel aportó datos relevantes sobre los indicios materiales hallados en la escena, que no respaldan la versión del imputado. La evidencia ubica el lugar que todo comenzó en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como planteó la defensa. Entre los elementos principales, se encontraron una huella palmaria en una ventana y un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por Figueroa. En el baño, no se identificaron rastros relevantes.

El análisis de la escena incorporó la revisión de objetos secuestrados, entre ellos dos teléfonos celulares, un cuchillo con manchas de sangre y un buzo con restos hemáticos. El estudio microscópico de las lesiones confirmó que fueron producidas en vida y en un contexto de violencia sostenida, con signos de compresión y desgarros en el cuello, fracturas del hueso hioides y un cuadro pulmonar compatible con asfixia.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

En el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta, declaró la hermana de la víctima, quien relató el calvario que vivió la mujer los días previos al crimen: golpes, conductas humillantes y un teléfono roto. Según contó, en una oportunidad, José Eduardo Figueroa, el imputado, intentó ahorcarla.

Esta declaración fue clave para que el tribunal pueda concoer detalles íntimos de la vida de la pareja y el contexto previo al hecho investigado. El testimonio reveló el grado de temor y sufrimiento que atravesó la víctima en los meses previos.

De acuedo a lo informado por la web de los fiscales, la mujer relató relató ante el tribunal que la relación de pareja había pasado por diversas crisis, pero que en el último tiempo las situaciones de conflicto se habían agravado, generando un clima de temor constante. En ese sentido, aseguró que la víctima ya había decidido ponerle fin a la convivencia, y que ese proceso estaba siendo discutido entre ambos.

En su declaración, la testigo describió conductas humillantes ejercidas por el acusado, mencionando episodios en los que le arrojó agua en la cabeza y salsa de soja en la cara a Mercedes. Incluso, expuso que, en una ocasión, Figueroa rompió el teléfono de su esposa al intentar revisarlo y la ahorcó.

También hizo referencia a situaciones que involucraron a los hijos menores de la pareja, confirmando que, en los últimos días, la víctima manifestaba un temor creciente ante la conducta de su esposo, quien había llegado al extremo de seguirla en vehículo. Estas situaciones se repitieron por meses.

Durante la misma audiencia realizada, dos psicólogos del Poder Judicial presentaron un informe sobre el estado mental de José Eduardo Figueroa. Según sus conclusiones, el imputado es una persona en pleno uso de sus facultades, muestra capacidad reflexiva y ejerce un intenso control sobre sus emociones. Los especialistas señalaron que tiende a negar y evitar situaciones problemáticas, lo que le provoca tensión interna.

El abordaje profesional permitió inferir que, ante determinadas circunstancias que alteran su vida emocional, Figueroa puede presentar comportamientos impulsivos y agresivos. Este diagnóstico fue incorporado como elemento relevante para comprender el perfil de riesgo y la posibilidad de conductas violentas en el contexto de la relación de pareja.

También, brindaron testimonios dos trabajadoras sociales, que indicaron que la familia dependía económicamente del acusado, aunque las decisiones sobre la administración del hogar eran tomadas en conjunto.

Los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans ordenaron un cuarto intermedio hasta hoy jueves 16, momento en que continuará la presentación de pruebas y testimonios. La continuación de la ronda de testigos permitirá profundizar en el contexto familiar, social y emocional que rodeó los hechos, así como avanzar en la definición de las responsabilidades penales.

En la jronada anterior, un médico forense reveló que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado.

Sin embargo, uno de los testimonios más resonantes fue el de la mujer que encontró el cuerpo de Mercedes. Se trata de María Mercedes Ibarra, cercana a la familia, quien participó de la búsqueda de la pareja.

Ella observó el vehículo en donde fue encontrado el cuerpo y se acercó. Una vez allí, observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”.

El médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reveló ante el tribunal que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El informe pericial, firmado por todos los especialistas presentes, no registró discrepancias sobre las causas del fallecimiento, según se informó en la nueva audiencia por el femicidio en El Tipal.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado, José Eduardo Figueroa, rechazada también a partir de la reconstrucción propuesta por la defensa.

Durante la declaración, la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella ratificaron por separado las conclusiones del jefe médico sobre la causa de muerte, en concordancia plena con el informe original, según la crónica de InformateSalta.

El médico de confianza de la defensa, que en principio expresó objeciones al peritaje, reconoció finalmente la validez de la autopsia tras las preguntas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. En la audiencia, el acusado solicitó retirarse de la sala mientras se exponían las pericias. El proceso judicial continuará el martes con nuevas declaraciones testimoniales.

Más allá de la causa de muerte, durante la audiencia la licenciada en criminalística Paula Geipel del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó datos clave sobre los indicios materiales hallados en la escena y el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima, elementos que el tribunal evalúa para reconstruir la dinámica del hecho. Geipel afirmó que la evidencia recolectada no concuerda con la versión presentada por el imputado, ya que los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como sostuvo la defensa.

Entre los elementos principales, Geipel citó la presencia de una huella palmaria en una ventana y el hallazgo de un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por el imputado. Además, resaltó que en el baño no se identificaron rastros ni elementos relevantes que puedan sostener que allí se desarrolló la secuencia principal del hecho, informó diario El Tribuno.

A través del análisis de fotografías tomadas durante la inspección, la perito describió cómo fue encontrada la víctima. Entre los detalles, indicó que tenía el camisón estaba mal colocado, con solo una manga puesta y la otra sin vestir, y que la víctima estaba descalza.

Durante su exposición, Geipel también enumeró diversas lesiones visibles: en el párpado, el cuello, la frente, la mano derecha, el glúteo izquierdo, la pierna derecha y el pie izquierdo. Estas observaciones forman parte de la reconstrucción pericial que busca determinar cómo se produjo la muerte y en qué contexto se desarrollaron los hechos.

El análisis de la escena incluyó los objetos secuestrados durante la investigación. En el vehículo se encontraron dos teléfonos celulares, uno perteneciente a la víctima y otro al imputado; un cuchillo artesanal con manchas de sangre; y un buzo con restos hemáticos. También se incautaron pertenencias personales, documentación y una cámara fotográfica.

Resultados del análisis microscópico y la causa de muerte (CIF)

La médica anatomopatóloga del CIF, Claudia Portelli, informó que el estudio microscópico confirmó que las lesiones en el cuerpo de la víctima se produjeron en vida y en un contexto de violencia sostenida. Entre los hallazgos principales, se identificaron hemorragias en la arteria carótida, signos de elongación, compresión y desgarros, lo que —según Portelli— evidencia la aplicación de fuerza directa sobre el cuello.

También se confirmaron fracturas en el hueso hioides producidas en vida, lesiones en la espalda y un cuadro pulmonar compatible con asfixia, con signos de hipoxia a nivel alveolar. Estos datos fueron presentados para sustentar la hipótesis de un ataque violento y descartar una versión accidental de los hechos.

La reconstrucción pericial del CIF sostiene que la evidencia material y las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima permiten inferir una secuencia de hechos diferente a la relatada por el imputado, centrando la investigación en la hipótesis de un episodio violento con resultado fatal.

Un policía uruguayo de 26 años mató a su pareja y a sus suegros este viernes de noche, en el barrio periférico de Montevideo Punta de Rieles. Luego, fue hasta la casa de su ex novia para despedirse de su hijo y se suicidó.

El funcionario policial había sido denunciado hacía pocas semanas, lo que es una muestra de que el Estado llegó tarde, como reconoció el secretario de Presidencia (jefe de gabinete), Alejandro Sánchez. Consideró al crimen como “devastador”.

Las víctimas fueron Annais, de 18 años, Miriam de 43 y Aníbal de 56, detalló el noticiero Telemundo de Canal 12. Después de los crímenes, el policía llamó por teléfono a su madre y le dijo que se iba a quitar la vida porque “se mandó una cagada”. El cuerpo estaba en su auto, con un único disparo en la cabeza.

Juan, el hermano e hijo de las víctimas, tenía previsto ver a su madre ese viernes fatal para que le diera unas zapatillas. Intentó comunicarse con ella, pero no tuvo éxito. Tampoco le contestaron su padre ni su hermana. Entonces, decidió ir hasta la casa a buscarlos, según él mismo relató al noticiero.

Fuera del hogar estaba la moto de su padre, pero dentro de la vivienda se encontró con una escena dantesca. “Abrí la reja, me fui para adentro y al primero que vi tirado en el piso fue a mi padre. Le toqué el pulso a ver si me respondía. No vi a nadie más”, relató Juan a Telemundo.

Y continuó con la narración: “Entré al cuarto y encontré el bolso de la pareja de mi hermana con todas sus pertenencias, como que se iba a ir. Estaba el celular cargando y todo. Interpreté que él iba a volver porque no había encontrado ni a mi hermana ni a mi madre todavía”.

Luego Juan ingresó a otro dormitorio y vio los cuerpos de su madre y su hermana. Entonces, se escondió en el techo de la casa temiendo que el asesino volviera.

El hermano e hijo de las víctimas aseguró que había indicios de que el policía era violento. De hecho, había sido denunciado por amenazar con matar a la ex pareja de Annaís. “Era muy celoso de mi hermana. Le había apuntado con el arma de reglamento. Mi hermana se le había puesto adelante y le había apoyado el arma en la panza”, relató.

El noticiero Telenoche de Canal 4 informó que el asesino había sido denunciado también por un familiar directo de las víctimas.

La joven asesinada tenía 18 años y era parte del Ejército Nacional, según informó este medio. En marzo de 2024 había ingresado como aprendiz a la Escuela de Comunicación del Ejército. Hace unos pocos meses había quedado como solado efectivo dentro del Batallón de Comunicaciones 2.

Si bien estaba en pareja con el policía, pensaba en dejarlo desde hacía varios días, consignó Canal 4. El femicida vivía en la casa de sus víctimas hacía más de un mes.

Diego, el familiar de los fallecidos, contó que ahora su familia queda “destrozada”. “Era una persona a la que se le abrió las puertas de la casa porque vivía acá. Mi familia siempre fue justa con él, siempre lo trataron bien. Que hiciera esto es una locura”, declaró a Canal 12.

“Mi hermana era re buena. Era lo mejor. Tenía 18 años y no había vivido nada todavía. La quería mucho a la negra. Mis padres eran muy buenos, tenían una cercanía muy buena con mi hijo. Mi padres salía bajo lluvia, bajo cualquier circunstancia climática iba a buscar a mi hijo porque era muy pegado”, continuó relatando.

Para Diego hay una pregunta que no tiene respuesta: si el homicida tenía una denuncia, ¿por qué no le habían sacado el arma?.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

Un hombre de 54 años fue detenido en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén, acusado de intentar matar a golpes a su pareja en el interior de un hotel. Vecinos de la zona escucharon los gritos provenientes de lugar en donde se hospedaba la pareja y dieron aviso a las autoridades. Hubo amenazas y agresiones.

La víctima de 46 años quedó encerrada en la habitación y sufrió golpes por parte del acusado, quien amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City de Villa Regina, al que rápidamente acudieron los efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia, quienes lograron reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio. De acuerdo con LM Neuquén, el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la víctima formalizó la denuncia.

La intervención judicial incluyó la actuación de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19, que dispusieron distintas medidas de protección y asistencia para la mujer afectada. También se activó el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), para garantizar el acompañamiento integral y la seguridad de la víctima mientras continúa la investigación.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció al respecto y a través de un mensaje en redes sociales sostuvo: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

El posteo en X estaba acompañado de la imágen del acusado, cuando fue capturado. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”. Y aseguró: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911.

Otro intento de femicidio que terminó en suicidio

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó con un cuchillo a su pareja de 32 años e hirió a la hija menor de la mujer el jueves pasado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Luego del ataque, Hernández se quitó la vida arrojándose desde un puente ubicado en el Acceso Sudeste.

El episodio tuvo lugar tras una discusión por celos, después de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato. Según la investigación policial, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta la zona de Edison y Acceso Sudeste.

En el lugar, Hernández exigió el teléfono celular de la pareja y, ante la negativa, comenzó a agredirla con un cuchillo, provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor se retiró del sitio tras la agresión, dejando a las víctimas en la vía pública. Personal de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró a la mujer junto a su hija. Ambas recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda. La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor fue atendida y quedó fuera de peligro.

Horas después, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente del Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 5. Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que se trataba de Hernández, quien había abandonado su vehículo en las inmediaciones. La causa está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la dirección de la fiscal María Laura Carballal, quien dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Un hombre de 40 años tuvo durante meses secuestradas en su casa a dos mujeres a las que drogaba, torturaba y violaba, y de las que decía que eran su pareja. Junto a ellos tres había dos niños, fruto del vínculo con una de ellas, a los que adormecía para que no supieran lo que estaba pasando. Este fin de semana el horror que vivían tocó fondo: el hombre le tiró agua hirviendo a una de las mujeres, que como pudo logró escapar y pedir ayuda a los vecinos.

Ocurrió en Las Piedras, en el departamento de Canelones, a unos 10 kilómetros de Montevideo en Uruguay.

La gravedad de la herida fue tal que terminó internada en el Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque) del país, con heridas de segundo y tercer grado. El caso fue originalmente informado en el país por El Observador.

El hombre fue imputado y enviado a prisión preventiva durante 180 días, mientras avanza la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, reiterados delitos de violencia doméstica agravada, abuso sexual especialmente agravado y suministro de esupefacientes.

Una de las víctimas tiene 31 años y fue quien logró escapar y pedir ayuda a un vecino. Contó que estuvo retenida contra su voluntad durante un buen tiempo, encerrada, controlada por el hombre y sometida a agresiones físicas. El ahora imputado limitaba los movimientos de las mujeres, bajo amenazas.

Desde la Jefatura de Policía de Canelones informaron a ese medio que el hombre las sometía, golpeaba, torturaba e incluso las dopó tanto con medicación como con drogas; y también señalaron que las dos “eran pareja”, como cita el diario.

Después de la denuncia, el hombre fue detenido en su casa aunque se resistió al arresto. Fue durante este procedimiento que fue ayudada una segunda mujer, de 27 años, que había entrado en el vínculo hace unos seis meses.

Los dos menores tenían entre tres y cuatro años, y fueron derivados a centros de salud para su evaluación médica. Ahora quedarán bajo la órbita del instituto de menores del país, el INAU. Por sus edades, la Policía maneja la hipótesis de que esta situación ocurría hace unos cinco años.

Los niños eran drogados con fármacos con el objetivo de mantenerlos sedados, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Así el hombre buscaba evitar que vieran la situación de abuso a la que eran sometidas las dos mujeres.

El imputado les hacía creer a las mujeres que era poseído por un pae, consignó este medio. Si las mujeres cumplían con las órdenes, iban a ser cuidadas; si no lo hacían, serían asesinadas. Entonces, las víctimas se veían obligadas a seguir en la casa.

Los vecinos habían visto cosas extrañas en la casa, que llamaban la atención. A las mujeres se las veía muy poco por el barrio, de acuerdo a sus relatos. Lo que habían notado es que en el último tiempo estas dos mujeres se habían cortado el pelo de una forma similar: se habían rapado, obligadas por el hombre.

“No estaba enterada de esa situación así, como se vivió el sábado, pero ella salía con moretones. Yo nunca vi nada, aunque venían muchos vehículos de noche. Era rara toda la situación, pero nunca se escucharon gritos. Ella salía poco. Antes de verse así, todo raro, ella era una persona normal: iba al almacén, conversaba conmigo. De un tiempo atrás dejé de verla, salía poco. Se peló. Eso ya era raro”, dijo una de las vecinas, entrevista por los canales uruguayos.

De acuerdo al relato, la mujer dejó de salir de su casa. Las pocas veces que caminaba por el barrio, llevaba lentes grandes y no mantenía la mirada.

En Diciembre de 2024, encontraron hundidos en el Rio Quequén a Magalí Vera y a su pareja, Javier Cerfoglio tras un siniestro vial en la localidad de Necochea, ella estaba sin vida. Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, el caso tuvo un giro inesperado cuando hallaron signos de violencia y golpes que llevaron a la detención de Cerfoglio por femicidio. Este lunes, tras 492 días del crímen, el hombre habló por primera vez.

Durante la el inicio de la cuarta, y última, audiencia del juicio en su contra, Javier Cerfoglio realizó declaraciones sobre lo sucedido en 2024. El imputado habló desde el penal de Batán, donde se aloja desde que la Justica le rechazó la prisión preventiva domiciliaria. En el juicio por el asesinato de Magalí Vera, la fiscalía solicitó reclusión perpetua para el acusado, quien enfrenta cargos por un femicidio ocurrido en Necochea tras una fiesta de casamiento. El trágico episodio, marcado por una agresión feroz, culminó con el traslado del cuerpo en el baúl de un automóvil hasta el Río Quequén.

El abogado querellante, Juan Manuel Iovine, solicitó la máxima pena por el cuádruplemente calificado: por vínculo con la víctima, ensañamiento, alevosía y mediar violencia de género. Mientras tanto, el defensor Javier Mengoechea planteó la reducción de la pena a 20 años, al calificar el hecho como una tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, posición rechazada por la acusación.

En su declaración final, Cerfoglio pidió disculpas a su hijo, a sus padres y a otros familiares, pero omitió dirigirse a la familia de la víctima. “No declaré antes porque no me lo permitían... Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, expresó.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas. Nada más, nada más señora jueza”, declaró. Además, antes de terminar su alegato manifestó: “Muchas mentiras hay”.

Las evidencias claves de la investigación

El comisario Juan Manuel Ibarra, de la Policía Científica de Necochea, presentó pruebas consideradas “demoledoras” por los investigadores, que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad donde se registraron 30 patadas propinadas por Cerfoglio mientras Vera permanecía indefensa en la vía pública. El peritaje reveló que, tras la brutal golpiza, la víctima fue arrastrada y depositada inconsciente en el baúl de un Honda Fit color rojo.

La secuencia final del crimen determinó la causa de muerte. El acusado condujo hasta el Río Quequén, cerca de la terminal de ómnibus, y arrojó el automóvil al agua pasada la madrugada bajo una intensa lluvia. Según la acusación de la fiscalía y el análisis del fiscal Marcos Bendersky, el imputado tardó 28 minutos en sacar a Vera del baúl para posteriormente causarle la muerte por asfixia por sumersión, a pesar de que la víctima llegó inconsciente pero aún con vida al río.

La autopsia confirmó signos inequívocos de violencia: fractura expuesta del tabique nasal, lesiones múltiples y una hinchazón extrema en la cabeza. El hallazgo se produjo a las 7.16, cuando su cuerpo fue encontrado bajo un muelle, a 15 metros del vehículo.

En la reconstrucción de los hechos, el 1 de diciembre de 2024, la pareja habría discutido en un casamiento y abandonaron la fiesta. El ataque ocurrió cuando Vera descendió del auto de espaldas, según la narración del abogado Iovine: “La puso como un perro en el baúl, así la llevó hasta orillas del río”. El fiscal Bendersky remarcó que incluso después de dejar a Vera inconsciente, el acusado prefirió arrojar el coche al río y ahogar a la víctima, en vez de llevarla al hospital.

El entorno familiar y social quedó profundamente impactado. Los padres de la víctima, Felipe Vera y Stella Maris Castro, manifestaron dolor e incredulidad por no haber advertido el riesgo durante los catorce años de relación de la pareja. Relatos de familiares indicaron que Vera había mencionado a personas cercanas en días previos: “El Javier que ustedes conocen no es el verdadero Javier”. La familia todavía está esperando el fallo, que será anunciado el lunes 13 y en el mientras tanto siguen buscando justicia por Magalí.

Este lunes se reanuda el jucio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, luego de haber tenido su primera audiencia el jueves pasado. El tribunal se prepara para la incorporación de nuevos testimonios después de haber escuchado a la madre de la víctima, María del Valle Jiménez de los Ríos, quien pidió para el único acusado la pena máxima.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) anticipó que el miércoles se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos en la vivienda del barrio privado El Tipal, con la presencia de José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, sobre quien pesa una imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. También estarán los peritos y las partes involucradas en el proceso.

El debate judicial, que investiga el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023, está encabezado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien representa al MPF en un proceso que se prevé se extienda hasta el 4 de mayo y en el que se escucharán alrededor de 80 testigos.

En el inicio de la ronda de testimoniales, Jiménez de los Ríos declaró durante más de dos horas refiriéndose a su conocimiento sobre la relación que mantenía su hija con el acusado. Relató que no aprobaba el trato que Figueroa ejercía sobre ella y habló del día del hecho. Indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del acusado a las 08:52, mientras estaba trabajando. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”.

Fue en aquel momento en que la familia inició la búsqueda de Mercedes. La mujer habló con un hermano de la víctima quien le sugirió buscar ayuda médica. Ambos acudieron a la vivienda de la pareja, donde la empleada doméstica les informó que la casa estaba vacía. Al llegar, notaron que las llaves estaban puestas y que tanto la camioneta como la moto de Figueroa seguían en el lugar. En el interior, la computadora permanecía encendida y figuraba un turno de tenis programado para las 11:00 horas en el barrio.

Ante la ausencia de la pareja, los familiares consideraron que Mercedes podía encontrarse en el gimnasio o realizando actividad física en las inmediaciones. Mientras la madre de Mercedes intentaba contactarla sin éxito, otro hijo, desde Buenos Aires, rastreó el celular de Mercedes y detectó que la señal del dispositivo se encontraba en las cercanías de la casa del padre del acusado.

Durante la audiencia, el hombre decidió no declarar aunque sí se llevo a cabo la reproducción de un video tomado el 11 de agosto de 2023, con una declaración hecha por él. En el mismo decía: “no fue mi intención matarla” y reconstruyó su versión de la relación de pareja. De acuerdo con la acusación, Mercedes Kvedaras habría sido atacada físicamente y luego asfixiada dentro del baño de la casa. La hipótesis sostiene que, tras la agresión, el cuerpo fue trasladado fuera del domicilio.

Por otro lado, el imputado sostiene que hubo una discusión que derivó en un forcejeo, seguido de una caída en el baño y un desenlace que, según su versión, no fue intencional.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

La tarde del Viernes Santo, Nilcia Pamela Chávez Pérez, empleada del área de servicios generales del Hospital Escuela de Tegucigalpa, fue asesinada presuntamente por su pareja en su domicilio de la colonia Modesto Rodas Alvarado, en un episodio que no solo sacudió a la comunidad, sino que volvió a ubicar la crisis de la violencia de género en el centro del debate nacional por la respuesta y el trato institucional que reciben las victimas.

En un giro inusual, el presunto responsable, un oficial administrativo de 40 años cuya identidad las autoridades aún no divulgan, se entregó voluntariamente a la policía tras cerrar el apartamento, llevando consigo un croquis detallado que permitía localizar el cuerpo de la víctima.

De inmediato, la escena fue asegurada por la policía y el Ministerio Público inició el proceso de investigación, mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), testigos indicaron que Chávez Pérez y el sospechoso mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años. Versiones recogidas por la DPI refieren que durante ese periodo la víctima habría enfrentado episodios reiterados de violencia doméstica.

Según información oficial, constan al menos dos denuncias previas presentadas por la mujer ante las instancias pertinentes, lo que revela un antecedente de maltrato documentado en el sistema.

Este hecho aporta un elemento diferencial clave respecto a otros crímenes de pareja, pues evidencia la existencia de una vía institucional previa que, de acuerdo con distintos sectores y organizaciones de derechos de las mujeres, no fue suficiente para evitar la escalada letal en este caso. El femicidio de Chávez Pérez reactiva, así, la demanda de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta cuando hay antecedentes y denuncias formales de agresión.

A lo largo del país, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reiteran la urgencia de políticas preventivas y de atención más eficaces. El caso muestra la brecha crítica entre la denuncia y la protección efectiva para quienes enfrentan violencia al interior de sus relaciones familiares.

El asesinato se produjo dentro de un conjunto de apartamentos en una fecha con fuerte carga simbólica —el Viernes Santo—, tradicionalmente asociada al recogimiento familiar, lo que acentuó la consternación tanto en la colonia Modesto Rodas Alvarado como entre los compañeros de trabajo de la víctima en el Hospital Escuela, quienes subrayaron su dedicación y compromiso laboral.

La respuesta policial tras la entrega del sospechoso incluyó el acordonamiento de la zona y el despliegue de unidades de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver, al tiempo que fiscales del Ministerio Público iniciaban el proceso judicial. El detenido permanece bajo custodia a la espera de audiencia ante los tribunales, donde se definirán los cargos, de acuerdo con fuentes oficiales citadas.

El asesinato de Nilcia Pamela Chávez Pérez no fue el único crimen de género registrado ese día en Tegucigalpa. Pocas horas antes, en la colonia La Era, fue hallado el cadáver de otra mujer, presuntamente lapidada. El doble crimen configura una de las jornadas más violentas contra las mujeres en la capital hondureña en lo que va del año.

Ambos casos han renovado el reclamo público para que las denuncias por violencia doméstica sean atendidas con mayor celeridad, y para que se brinde acompañamiento integral a las mujeres en situación de riesgo.

La muerte de Nilcia Pamela Chávez Pérez se suma, así, a la larga lista de víctimas de la violencia de género en Honduras, en un contexto en el que el dolor y la indignación movilizan reclamos sociales de prevención eficaz y acceso a la justicia, bajo la premisa de que la protección de las denunciantes debe ser inmediata y efectiva.

Un adolescente fue detenido por la muerte de su novia, también menor de edad, en Santa Fe. Dieron con él tras un grio dramático en la investigación. La ausencia del celular de la víctima en la escena donde encontraron el cuerpo fue determinante.

De acuerdo con la investigación, la muerte se produjo entre las 13:00 y las 15:00 del martes 31 de marzo, en una vivienda precaria situada en la calle Eva Perón al 1.100, en Rufino. En un comienzo, el caso fue reportado como posible suicidio o autolesión, pero el trabajo de criminalística permitió identificar indicios de la intervención de un tercero.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Litoral, el elemento determinante fue la ausencia del teléfono celular de la víctima, lo que llevó a modificar la carátula a femicidio. El cuerpo médico forense fue requerido para realizar cotejos específicos antes de entregar el cuerpo a la familia. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Marianela Montemarani, quien estableció la calificación legal provisoria de homicidio calificado por la relación de pareja y mediando violencia de género.

El menor fue detenido en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Beruti, en la vivienda de un familiar, y es oriundo de Trenque Lauquen. La detención se realizó sin inconvenientes. Se espera que sea trasladado a Santa Fe para la continuidad del proceso judicial, el cual permanece bajo reserva debido a que el imputado es menor de edad.

Horas después, informaron que el sospechoso permanecerá alojado en un instituto de menores de Rosario, a la espera de los resultados de la autopsia que confirmen cómo fueron las circunstancias en las que murió la adolescente.

Los padres de la víctima se reunieron con los fiscales y recibieron contención profesional. La Fiscalía mantiene reserva sobre el avance de la causa, con el objetivo de proteger los derechos de los menores involucrados, según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal.

Femicidio en General Lavalle

A medidados del mes de marzo, un hombre asesinó a su ex pareja, escondió el cuerpo tras el sillón de la casa de la víctima y se fue al carnaval de General Lavalle, con la ropa manchada de sangre.

El hallazgo del cuerpo de Eugenia Mendiburu, una empleada municipal de 43 años, se produjo tras la alerta de conocidos, quienes, al notar el aspecto desprolijo de Javier Flores y no poder comunicarse con la víctima, avisaron a las autoridades. La policía de Buenos Aires localizó el cadáver detrás de un sillón en la vivienda situada en la intersección de Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras de los festejos de carnaval.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron hacer las autoridades, la víctima fue atacada con un objeto punzante. La investigación, actualmente en curso, intenta esclarecer si Flores, de 49 años y con antecedentes de violencia y denuncias, contó con algún cómplice al cometer el crimen.

La causa fue caratulada como “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y está a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las prendas manchadas de sangre que vestía el sospechoso fueron incautadas como elementos de prueba, después de que testigos lo vieran en el carnaval con lesiones en la nuca y un dedo cortado.

Estos casos se suman a una serie de crímenes recientes que reflejan la persistencia de la violencia de género en distintas regiones del país. La provincia de Chaco fue escenario de un doble femicidio en Quitilipi, donde una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la víctima.

El hombre de 30 años fue condenado este miércoles en los Tribunales de Morón por el intento de femicidio de Emily Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix en donde personas solteras buscan el amor. Luego del fallo, decidió expresarse públicamente.

“¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado este viernes en su cuenta de Instagram.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo. El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal.

Gimena Sabrina Gómez tenia 38 años cuando falleció en la localidad de Maipú, Mendoza en diciembre de 2025. La encontraron ahorcada y aunque al principio se creía que había sido un suicidio, rápidamente se puso el foco en su pareja. En este marco, la fiscalía acusó a Jorge Sebastián Miranda de 57 años por el de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dispuso la prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda, luego de que la fiscalía lo acusara de asesinar a su pareja Gimena Sabrina Gómez y simular un suicidio para encubrir el crimen ocurrido el 8 de diciembre.

La decisión, adoptada por el juez Juan Manuel Pina el 26 de marzo de 2026 durante una audiencia, convocada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, se fundamenta en un conjunto de pruebas que contradicen la coartada presentada por el imputado.

El hallazgo del cuerpo fue a las 20:30 y según lo relatado, un vecino alertó a los servicios de emergencia al recibir a Jorge en su casa, quien manifestó haber encontrado colgada a su pareja en el fondo de la vivienda. Sin embargo, el discurso del hombre está repleto de inconsistencias y las pruebas genéticas junto con los registros en la cámara de seguridad desmintieron su versión de los hechos.

Cuáles son las pruebas contra la pareja de la victima

La investigación reconstruyó los hechos en torno a la muerte de Gimena Gómez quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina y Pringles de Maipú, donde funcionaba un taller mecánico. La víctima estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria. En su declaración ante la policía, el acusado sostuvo que había salido de su domicilio dos horas antes y que al regresar encontró la puerta cerrada. Finalmente, logró ingresar y detectó a la mujer en el área posterior del inmueble.

Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas reveló inconsistencias en esta versión. Los registros muestran que Jorge no se ausentó el tiempo declarado: solo se trasladó para dejar a su padre en una cancha de bochas y volvió a buscarlo poco después, en lapsos considerablemente menores a los testimonios aportados, aportó Los Andes. Esta contradicción resultó determinante para el avance de la imputación.

El punto de inflexión en la causa fue la evidencia genética recolectada: los peritos constataron la presencia de ADN masculino bajo las uñas de la víctima y en la prenda que llevaba puesta al momento de morir, lo que, de acuerdo con Los Andes, es interpretado como una señal de que intentó defenderse de un ataque.

En relación al contexto probatorio, el hallazgo de ADN bajo las uñas de Gimena Gómez, junto con las huellas genéticas en la ropa que llevaba (una prenda con la capucha colocada), configuró para los peritos forenses un indicio clave que refuerza la hipótesis de homicidio agravado. La investigación pertinente quedó en manos de la fiscal Flores Díaz Peralta, quien promovió la inmediata aplicación del protocolo para casos de femicidio, una vez que el ayudante fiscal Roberto Chapel informó la denuncia y activó los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Por su parte, el juez Juan Manuel Pina validó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, fundándose en la gravedad del hecho y en el riesgo procesal. La instrucción de la causa continúa bajo la carátula de homicidio doblemente agravado.

La imputación formal y la privación de libertad para la pareja de la víctima se erigen como respuesta inmediata de la justicia frente a los elementos acusatorios y las pruebas periciales reunidas. El proceso judicial que ahora se desarrolla en el Polo Judicial de Maipú mantiene detenida a la persona sospechada mientras avanza la causa penal, cuyo eje central radica en el esclarecimiento de un presunto femicidio disimulado bajo la apariencia inicial de suicidio.

Comenzó el juicio en Rosario contra un hombre acusado de haber provocado la muerte de su pareja en 2022, tras empujarla a la calle en medio de una discusión. La víctima quedó tendida en el asfalto y un auto que circulaba por el lugar la pasó por encima. Murió luego de agonizar tres meses.

Se trataba de Natalia Coronel, una mujer de 41 años y mamá de dos hijos, quien vivía en situación de calle al igual que el acusado, conocido como “Joni” G. En la primera audiencia del juicio, la Fiscalía sostuvo que Coronel fue empujada de manera intencional luego de una violenta pelea que incluyó golpes, amenazas con arma blanca e insultos.

El episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2022 cerca de las 20 frente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en la intersección de Colón entre Cochabamba y Pasco del barrio República de la Sexta. El vehículo que atropelló a Coronel, un Renault Megane negro, continuó su marcha pero el conductor regresó minutos después y se puso a disposición de la Policía. De acuerdo con la fiscal Andrea Vega, el hombre de 30 años “se sirvió del vehículo como instrumento para provocar el fallecimiento de la víctima”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital.

Tras el episodio, la mujer quedó inconsciente y fue asistida por personal médico del Sies que arribó en ambulancia. Los profesionales constataron politraumatismos severos y la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde permaneció internada hasta el 16 de marzo de 2023. La causa de muerte fue una complicación multiorgánica derivada de un traumatismo de cráneo grave, lo que automáticamente provocó un cambio de carátula. La calificación legal fue modificada de lesiones graves a homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la audiencia, el imputado negó haber sido pareja de Coronel y aseguró que en aquella ocasión el fue agredido por ella con un cuchillo. La defensa afirmó que no existió intención de causar la muerte de la mujer. En contraposición, varios testigos del hecho señalaron que tanto él como la víctima estaban armados. Los elementos fueron secuestrados posteriormente en la escena. Por un lado, encontraron el cuchillo de 10 centímetros de hoja con serrucho y un palo de madera de 76 centímetros.

La investigación detalló además que la pareja vivía en la calle y atravesaban situaciones de consumo problemático de sustancias. Un testigo que compartía noches con ellos relató que las discusiones y peleas eran frecuentes: “Siempre discutían, se drogaban y se peleaban”, declaró.

Entre los testimonios incorporados al expediente figura el de una joven que pasaba en moto con su pareja en el momento del incidente. Declaró que al observar una pelea entre un hombre y una mujer, decidió detenerse y subir a la vereda. “Me tiro para el costado para tratar de separarlos y cuando me doy vuelta veo que ella se cae para la calle y un auto color negro la pasa por arriba”, compartió La Capital.

“Cuando vamos a socorrer a la chica, mi pareja le dice al hombre que cómo se va a zarpar así, que estaba loco. Éste nos dice que la chica lo quería apuñalar, pero lo que yo veo es que él tenía el cuchillo en la mano y lo tira en la vereda”, añadieron.

El juicio se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante los jueces Facundo Becerra, Valeria Pedrana y Mariano Aliau. La fiscal Vega solicitó la pena de prisión perpetua. El acusado permanece preso en la cárcel de Coronda bajo prisión preventiva desde el día del ataque. La investigación incluyó declaraciones de personas que conocían a la pareja. El Ministerio Público Fiscal mantiene la acusación por homicidio doblemente agravado y solicita la máxima pena prevista en el Código Penal.

El Tribunal Penal de Heredia condenó este viernes a Jeremy Mauricio Buzano Paisano a un total de 79 años de prisión por el femicidio de su expareja, Nadia Jeanette Peraza Espinoza, en un caso que conmocionó a Costa Rica por la brutalidad del crimen y el nivel de violencia ejercido.

La sentencia fue leída pasadas la 1:30 p. m. por los jueces Hanzel Araya, Guillermo Arce y Andrea Fonseca, quienes de manera unánime declararon culpable al imputado por múltiples delitos cometidos en perjuicio de la joven.

De acuerdo con el fallo, Buzano fue condenado a 35 años de prisión por femicidio, 20 años por 11 delitos de estafa informática bajo la modalidad de delito continuado y 24 años por ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material.

Sin embargo, conforme a la legislación costarricense, el máximo de cumplimiento efectivo es de 50 años de cárcel, por lo que esa será la pena que deberá descontar.

Además, el tribunal ordenó el pago de ₡125 millones, unos USD 260 mil, por concepto de daño moral a favor de la familia de la víctima.

Un crimen que estremeció al país

El caso de Nadia Peraza, de 22 años, es considerado uno de los más impactantes en la historia reciente del país.

La joven fue vista por última vez entre el 20 y el 22 de febrero de 2024. Su desaparición fue denunciada el 1.º de marzo por familiares, quienes alertaron que no había regresado a su casa ni se presentó a trabajar, algo completamente inusual.

Durante semanas, el principal sospechoso —su expareja— aseguró haber recibido mensajes de ella indicando que se encontraba bien. Sin embargo, la investigación reveló que esas comunicaciones fueron enviadas por el propio Buzano para simular que la víctima seguía con vida.

El 17 de mayo de 2024, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en una vivienda en Heredia, donde hallaron restos humanos dentro de una refrigeradora en avanzado estado de descomposición.

Desmembramiento y ocultamiento

Las investigaciones determinaron que Buzano asesinó a Peraza entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero de 2024.

“Usted Jeremy Buzano mató a Nadia Peraza… eso ha sido demostrado con contundencia”, señaló el tribunal durante la lectura de la sentencia.

Tras el crimen, el imputado desmembró el cuerpo y distribuyó los restos en distintos recipientes, bolsas y espacios. Parte de ellos fueron encontrados en la refrigeradora, mientras que otros aparecieron en un cafetal cercano.

La autopsia confirmó la extrema violencia del hecho: los restos presentaban heridas cortantes, desmembramiento y desollamiento. La identificación se logró mediante tatuajes distintivos, análisis odontológico y técnicas forenses.

Testimonios durante el juicio revelaron además que el acusado trasladó la refrigeradora con los restos a otra vivienda semanas después del crimen, en un intento por ocultar la evidencia.

Manipulación y delitos posteriores

Uno de los elementos más perturbadores del caso fue la conducta posterior al asesinato.

El análisis de dispositivos electrónicos demostró que Buzano utilizó el teléfono, redes sociales y cuentas bancarias de la víctima para hacerse pasar por ella, enviando mensajes a familiares y allegados con el objetivo de desviar la investigación.

Estas acciones derivaron en las condenas por estafa informática y suplantación de identidad.

Además, la Fiscalía expuso que el imputado se apropió de bienes de la joven, lo que también formó parte de la acusación.

Violencia previa y contexto

El juicio también dejó en evidencia un historial de violencia en la relación.

Familiares y allegados describieron un vínculo marcado por agresiones físicas y psicológicas. Incluso, se señaló que la víctima sufrió violencia durante el embarazo.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) había intervenido previamente, retirando a la hija de ambos y otorgando su custodia a la abuela materna.

Peraza era madre de una menor y, según el Ministerio Público, fue víctima de un ciclo de violencia que culminó en el femicidio.

Un caso atroz que marcó a Costa Rica

El nivel de violencia, el desmembramiento del cuerpo, el ocultamiento prolongado y la manipulación posterior convirtieron este caso en uno de los más impactantes y mediáticos en Costa Rica.

Durante el juicio, incluso se mencionaron indicios de canibalismo y necrofagia, lo que aumentó la conmoción pública, aunque estos elementos formaron parte del análisis investigativo.

Para los jueces, la cantidad de prueba presentada fue contundente y no dejó margen de duda sobre la responsabilidad del acusado.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz, en Salta, ordenaron que se que se imponga una prisión preventiva sobre Daniel Orlando Serapio, señalado como autor de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, resolvió conceder la prisión preventiva para Serapio al hacer lugar al pedido del fiscal. Lo mismo recaerá sobre otros dos imputados.

Según informó el diario El Tribuno, la decisión se basó en la gravedad de los hechos imputados y en los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, la magistrada ordenó al Servicio Penitenciario adoptar medidas para resguardar la integridad psicofísica del acusado principal y garantizar que reciba los tratamientos médicos y psiquiátricos necesarios.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 17 de febrero pasado en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz sufrió lesiones graves que provocaron su fallecimiento en el hospital local. Según lo informado por la Unidad de Femicidios, Serapio, ex pareja de la víctima, fue identificado como el principal sospechoso y se dio a la fuga inmediatamente después del suceso.

Durante once días, el hombre permaneció prófugo en la zona precordillerana, lo que motivó un exhaustivo operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, el 27 de febrero, fue localizado y detenido en una cueva cercana al Estación Diego de Almagro. Este procedimiento puso fin a una etapa de intensa búsqueda que había generado preocupación en la comunidad y en los allegados de la víctima.

La fiscal penal expuso en la audiencia que la gravedad de los cargos, junto con la situación procesal del imputado, hacen imprescindible su detención preventiva para asegurar el normal desarrollo de la causa y la protección de los derechos de las partes involucradas.

Además de Serapio, dos hombres mayores de edad —familiares del principal acusado— se encuentran imputados como coautores de encubrimiento agravado. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ambos habrían colaborado activamente en las acciones destinadas a ocultar al sospechoso y dificultar su ubicación por parte de las autoridades.

En la audiencia, la representante de la Unidad de Femicidios solicitó que la medida de prisión preventiva se extendiera también a estos dos coimputados, en virtud de la gravedad del hecho y la presunta participación en el encubrimiento de un delito particularmente grave. La jueza Claudia Puertas hizo lugar al pedido, fundamentando su decisión en la existencia de riesgos procesales similares a los atribuidos a Serapio.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía especializada, que mantiene la hipótesis de que los familiares de Serapio desempeñaron un rol directo en su ocultamiento durante los días en que permaneció prófugo.

Ahora, el proceso judicial avanzará con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se espera la definición de la fecha para la próxima audiencia. La causa se encuentra bajo seguimiento de la Unidad de Femicidios, que mantiene el enfoque en garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la transparencia de la investigación.

Santos Roberto Hernández Valladares fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su esposa, Lexi Marisol Dubón, cuyo cuerpo permaneció enterrado alrededor de cuatro años en el patio de la vivienda familiar en Jacaleapa, El Paraíso, Honduras.

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel. El tribunal optó por la pena mínima prevista en el artículo 194 del Código Penal hondureño para el delito de parricidio, cuya escala es de 20 a 25 años, según el Ministerio Público.

El avance en el caso fue posible cuando, el 15 de febrero de 2024, las autoridades hallaron la osamenta de una persona en el solar de la propiedad que compartía la pareja en Las Toreras. Las pruebas de ADN efectuadas en el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa mostraron una coincidencia genética del 99% con familiares de Dubón, confirmando la identidad y permitiendo la presentación formal del requerimiento fiscal.

Cerca de cuatro años antes del descubrimiento de los restos, la familia de Dubón había reportado su desaparición, un lapso en el que el crimen permaneció invisible para la comunidad y las autoridades. Tras el hallazgo casual en la vivienda, el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense de Honduras coordinaron la exhumación y el análisis científico.

Los estudios genéticos, al ser analizados con muestras biológicas de familiares, resultaron concluyentes. El dictamen de Patología Forense estableció una correspondencia genética casi total con la víctima, lo cual permitió a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formular la acusación contra Hernández Valladares como autor del delito.

El acusado optó por el juicio por estricta conformidad, acelerando la resolución del proceso judicial y agilizando la emisión de la sentencia. El Ministerio Público puntualizó que esta modalidad procesal no conlleva una reducción relevante de la pena en delitos graves como el parricidio.

Esto subraya la importancia del fortalecimiento de redes de prevención y sistemas de alerta temprana ante la violencia intrafamiliar. Vecinos de Las Toreras manifestaron que nunca sospecharon un crimen de esta magnitud en su localidad.

Autoridades hondureñas afirmaron en un comunicado oficial: “Incluso cuando se intenta ocultar la evidencia, la tecnología y la investigación científica permiten que la justicia prevalezca.” Esta experiencia reafirma, según los equipos judiciales, el valor de los recursos técnicos en la resolución de crímenes complejos y la urgencia de ampliar la formación y recursos para la investigación.

La Fiscalía anunció que seguirá impulsando el fortalecimiento de su capacidad investigativa y solicitó mayor colaboración ciudadana para denunciar hechos de violencia y desaparición como herramienta clave para prevenir y esclarecer delitos en el país.

El caso Dubón expone el problema de la violencia contra mujeres en Honduras y la urgencia de reforzar la atención y prevención institucional.

La desaparición de Dubón dejó a una familia en incertidumbre durante casi cuatro años y conmocionó a la comunidad. El uso de la ciencia forense permitió cerrar judicialmente el caso, aunque el impacto persiste en quienes la conocieron.

La resolución constituye un hito en la aplicación de técnicas forenses en crímenes domésticos y destaca el mensaje institucional: la denuncia oportuna y el respeto a la vida son fundamentales.

El traslado de Jorge Javier Grasso a la provincia de Córdoba marcó un nuevo capítulo en la investigación por el presunto femicidio de Milagros Micaela Basto.

El operativo, realizado siete días después de su captura en Salta, fue ejecutado por la Unidad de Homicidios y el Equipo Táctico Eter de la Policía de Córdoba, quienes viajaron especialmente hasta la Jefatura de Región X de la provincia para concretar el procedimiento. Grasso quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, bajo disposición del Poder Judicial.

La detención de Grasso se produjo en la ciudad de Tartagal, Salta, donde permaneció prófugo durante ocho meses. Su captura responde a una orden judicial vinculada a la causa que investiga la muerte de Milagros Basto, cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la capital cordobesa, en la calle Buenos Aires al 300. El hallazgo ocurrió en el inmueble donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Antonio Grasso, ex policía y hermano del sospechoso.

La investigación sostiene que la joven fue víctima de femicidio, y que Jorge Javier Grasso habría estado vinculado directamente con el crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un ropero, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, durante el operativo de captura en Salta, Grasso intentó evitar su identificación presentando un pasaporte con género femenino, una práctica que, según los investigadores, ya había utilizado en situaciones anteriores. Las autoridades confirmaron que esta maniobra buscaba confundir a la Policía y aplazar su detención. La documentación fue analizada por los agentes de la Unidad de Homicidios, quienes finalmente confirmaron la identidad del detenido.

Una vez en Córdoba, el sospechoso fue remitido directamente a la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, en las afueras de la ciudad. El Poder Judicial dispuso su detención inmediata mientras avanza la investigación.

En el expediente judicial constan antecedentes penales y denuncias previas contra Grasso, tanto por episodios de acoso como por otros delitos. En 2024, fue detenido en Ciudad del Este, Paraguay, tras ser acusado del robo de un bolso con 12 mil dólares en un centro comercial. En esa oportunidad, Grasso también presentó documentación que lo identificaba como mujer y solicitó ser trasladado bajo esa condición, en línea con la estrategia utilizada durante su reciente captura en Salta.

El caso sigue bajo investigación del Poder Judicial de Córdoba y la Fiscalía de Homicidios, que ahora centra sus esfuerzos en reunir pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

El hallazgo del cuerpo y una investigación abierta

La aparición del cuerpo de Milagros se produjo cerca del mediodía del 7 de julio, cuando dos albañiles sintieron un olor persistente mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio, quien cumplía de forma domiciliaria una condena por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos.

Al ingresar, descubrieron un ropero casero sellado con madera y cemento. Dentro, un cuerpo envuelto en frazadas y atado con cables, en avanzado estado de descomposición. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto.

Durante el tiempo de la desaparición, Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria, pero esa condición cambió al violar la medida y ser trasladado al penal de Bouwer.

La investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, apunta a esclarecer el contexto del crimen y la posible relación entre la joven, Grasso y su hermano Javier, propietario del departamento y contratante de los albañiles.

Ambos fueron detenidos como principales sospechosos de femicidio, mientras la causa avanza en busca de pruebas y respuestas a un posible femicidio.

Este 16 de marzo en la ciudad de San Calixto en Salta, Vanesa Guadalupe García fue hallada sin vida por sus hijos que volvían del colegio. Junto con ella, se encontraba muerto por suicidio su pareja, Aníbal Palacios, quien presumen fue el culpable del crimen.

La policía encontró que la mujer de 41 años tenía signos de violencia compatibles con asfixia. Los investigadores siguen intentando responder qué sucedió en el domicilio y cómo se desarrollaron los hechos.

En este marco, su hijo publicó en sus redes sociales un emocionante mensaje recordando a Vanesa y dedicándole unas palabras. “No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, expresó el joven. En la descripción también escribió: “Lo mejor que tengo en la vida”.

El joven se despidió de su mamá y dejó una frase que conmocionó a quienes leyeron la publicación: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

La reconstrucción inicial de los hecho, de acuerdo a El Tribuno, sugiere que la ex pareja de la mujer fallecida, habría perpetrado el femicidio dentro de la vivienda y luego se quitó la vida, presumiblemente por ahorcamiento. Aunque la secuencia aún debe ser formalmente confirmada por los peritos, las autoridades trabajan en el relevo de pruebas materiales y en la toma de testimonios para precisar el horario y las circunstancias.

El hecho sacudió al barrio

La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de Vanesa García, la mujer de 41 años. El encuentro que sucedió en la sede fiscal, tuvo como objetivo informar a los allegados sobre el avance de la investigación, brindarles acompañamiento institucional y detallar sus derechos como víctimas, en el marco de la Ley Brisa.

El impactante episodio movilizó a la familia de la victima quienes intentaron ingresar al domicilio tras el crimen. La situación se tensó generando un conflicto con la policía que custodiaba la escena.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación, que cercaron la propiedad y preservaron la escena. Especialistas de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron inmediatamente las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicarán las autopsias correspondientes que determinarán la causa exacta de muerte. La fiscal María Luján Sodero Calvet aseguró a la familia que la instrucción contempla “numerosas medidas investigativas” orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Teniendo en cuenta que tan solo días atrás sucedió el femicidio de Natalia Cruz en Salta, las autoridades de la provincia intentan acelerar los análisis de datos. Estos casos, exponen la necesidad de intervención antes de que sea tarde en el ciclo de la violencia de género, y refuerzan la urgencia de una respuesta judicial ágil para evitar nuevas situaciones graves.

Cada evento ha movilizado la logística de investigación, verificación de pruebas y entrevistas a familiares para obtener una reconstrucción precisa. La labor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha resultado central en ambos hechos, al encargarse de los peritajes iniciales y de la entrega de los primeros informes oficiales a la justicia.

El caso de Natalia Cruz su agresor permaneció oculto durante días luego de que Daniel Orlando Serapi perpetre el crimen. El episodio ocurrió el 17 de febrero en Campo Quijano. Según la causa judicial, la pareja inició una discusión y el intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física.

Los familiares hallaron a Cruz con vida, pero las lesiones por golpes y signos de asfixia mecánica provocaron su fallecimiento poco después. La última acción comprobada del sospechoso fue una llamada a su madre, durante la que expresó: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”.

Las investigaciones permanecen abiertas, con la expectativa de que las pericias en curso y los análisis de testimonios permitan confirmar la mecánica de los crímenes y optimizar las políticas de prevención en la provincia.

El agresor fue detenido por la Policía de la Ciudad y la víctima, oriunda del mismo país, fue trasladada al hospital, donde los médicos logran estabilizarla y salvarle la vida.

Fuentes policiales indicaron que el ataque ocurrió en un local ubicado en la calle Salta al 1700, donde efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) fueron alertados mientras realizaban un control en la zona, detallaron las fuentes a este medio.

Tras la alerta, la mujer fue asistida rápidamente por los agentes porteños, quienes controlaron la hemorragia causada por una herida de arma blanca en el cuello.

Posteriormente, fue trasladada en un móvil de la policía mediante un cordón sanitario realizado por la División Intervenciones Rápidas (DIR) hasta el Hospital Elizalde.

El momento de máxima tensión fue registrado en video y las imágenes acompañan esta nota.

En el centro de salud, los médicos lograron salvarle la vida tras una intervención de emergencia. Según el parte policial, la víctima ingresó con riesgo de vida, pero la rápida acción de los efectivos permitió que hoy se encuentre en su casa, fuera de peligro.

El agresor, un hombre colombiano de 47 años, fue detenido por efectivos del DOUC y puesto a disposición de la Justicia. El arma blanca utilizada fue incautada durante el procedimiento.

Por último, los voceros señalaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ordenó la detención del imputado por la tentativa de femici.

Como todos los días, dos adolescentes regresaban juntos a su casa de la escuela, sin pensar que se encontrarían con el peor de los escenarios: encontraron muertos a su madre y a su ex padrastro. Ahora, la Policía de Salta investiga un femicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona sur de la capital provincial, en el barrio de San Calixto. Los menores que dieron a viso a las autoridades tienen tan solo 14 y 15 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, al llegar al lugar, la Policía de Salta y peritos forenses se abocaron a la tarea de reconstruir con exactitud cómo se produjo el hecho. Las primeras diligencias incluyeron el resguardo de la escena, el relevamiento de pruebas materiales y la toma de testimonios a vecinos, familiares y posibles testigos. Los investigadores buscan determinar con precisión el horario del ataque y el modo en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del domicilio.

En este contexto, a los pocos minutos, se desencadenaron conflictos en las inmediaciones del lugar, puesto que testigos relataron que familiares y allegados del presunto agresor intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el acceso.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron realizar las autoridades del hecho, el hombre, que sería ex padrastro de los menores, habría atacado y asesinado a la mujer dentro de la vivienda. Posteriormente, el mismo sujeto se habría quitado la vida, aparentemente mediante ahorcamiento. La secuencia, aunque aún pendiente de confirmación plena por parte de los peritos, es el eje central de la investigación en curso.

En el lugar trabajó el fiscal a cargo de la causa y de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ambos organismos tienen a su cargo la realización de las pericias iniciales y la posterior entrega de los primeros informes oficiales.

Hace tan solo un mes, otro femicidio se registró en Salta. La víctima fue Natalia Cruz y su asesino permaneció oculto durante días en una cueva de la precordillera. Se trata de Daniel Orlando Serapi.

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

Una discusión que comenzó por un hámster y derivó en acusaciones de infidelidad terminó en tragedia en Filadelfia el 9 de marzo: Lemmarra Bradshaw, una joven embarazada de 18 años, murió tras recibir un disparo presuntamente cometido por su pareja, Robert Tatum, de 29 años.

Bradshaw, quien esperaba su segundo hijo, ya era madre de una niña de 4 años, y su muerte ha profundizado la preocupación pública por la violencia doméstica y la falta de protección a las mujeres víctimas, según informaron medios locales como el ABC Philadelphia.

En la audiencia preliminar realizada el 11 de marzo de 2026, la fiscalía imputó a Tatum cargos por homicidio voluntario, posesión de un instrumento de crimen con intención y poner en peligro imprudentemente a otra persona, de acuerdo con los registros judiciales reseñados por National Today. El proceso judicial continuará el 30 de marzo, fecha en la que el tribunal decidirá si Tatum puede o no acceder a la libertad bajo fianza.

Cómo ocurrió el crimen y qué se sabe de la víctima

La joven gestante fue asesinada en la cuadra 7000 de Langdon Street, en el vecindario Rhawnhurst de Filadelfia, durante una disputa que, según la versión de la familia, se agravó tras confirmarse la infidelidad de Tatum.

La tía de la víctima relató que, semanas antes del crimen, Tatum había golpeado a Bradshaw en el rostro. “La golpeó en la cara hace dos semanas y en menos de 24 horas ella volvió con él. Él la manipulaba y estba siempre en un ataque de celos”, declaró la familiar en diálogo con ABC Philadelphia.

La noche del incidente, de acuerdo con la versión de Tatum recogida por la investigación oficial, la discusión comenzó por un hámster que la madre de Bradshaw, Michelle Adekola, le había regalado poco antes. Sin embargo, la familia sostiene que el conflicto de fondo estuvo originado en la conducta infiel y violenta del acusado.

Declaraciones y líneas de investigación

En su declaración ante las autoridades, el presunto asesino afirmó que Bradshaw se le acercó con un cuchillo y un destornillador durante la disputa, y que en ese contexto disparó el arma que la mató.

Los detectives del caso puntualizaron en que continúan analizando las pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Este caso puso en evidencia el fracaso de las redes de contención ante situaciones de riesgo en parejas jóvenes. Bradshaw no solo era madre de una niña pequeña, sino que se convirtió en el tercer hijo perdido para su madre, Michelle Adekola, durante los últimos años.

“Siento que no protegí lo suficiente a mi hija para evitar que este hombre la matara, y no estuve ahí para ayudarla. Me siento rota por dentro”, expresó Adekola en exclusiva con ABC Philadelphia. Además de su hija asesinada, lamentó la pérdida del bebé que Lemmarra esperaba: “Ella llevaba a tu bebé. Deberías haber tenido más compasión”.

Próximos pasos judiciales y repercusiones

La próxima audiencia del proceso penal contra Robert Tatum está fijada para el 30 de marzo de 2026. La decisión judicial determinará si el acusado podrá aguardar en libertad la definición de las responsabilidades sobre la muerte de Lemmarra Bradshaw.

Con la repercusión de este caso, la mirada pública se coloca sobre la violencia de género doméstica en Filadelfia y la ineficacia que tienen los mecanismos de prevención y denuncia.

Un hombre asesinó a su expareja en la localidad de General Lavalle y tras esconder su cuerpo atrás del sillón de la casa de la víctima, se fue al carnaval de la ciudad. El sospechoso todavía tenía la ropa manchada de sangre mientras festejaba en el corso minutos después.

La mujer víctima del brutal episodio fue identificada como Eugenia Mendiburu, una empleada municipal de 43 años. Su expareja y principal sospechoso del crimen es Javier Flores de 49 años con quien habría mantenido una relación violenta y de denuncias.

Eugenia fue hallada sin vida por la policía de Buenos Aires en su vivienda de la intersección de Cordine y Bartolomé Mitre, ubicada a pocas cuadras de los festejos. Actualmente, la causa está bajo investigación de la Justicia de Buenos Aires, que busca determinar si el sospechoso actuó en complicidad.

Según las fuentes policiales, la mujer fue atacada por un objeto punzante. La situación levantó sospecha cuando conocidos de Eugenia Mendiburu vieron el estado desprolijo de Javier y al intentar contactarla, no lo lograron. Sabiendo los antecedentes y los problemas previos de la expareja, alertaron a las fuerzas de seguridad.

Luego de la notificación a la policía, los agentes encontraron el cuerpo detrás de un sillón y detuvieron al principal sospechoso, según El Tribuno.

Los testigos señalaron que el atacante llegó al carnaval con marcas de sangre en la ropa, lesiones visibles en la nuca y un dedo cortado. Las prendas manchadas de sangre fueron secuestradas como parte de la investigación.

La causa quedó a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires bajo “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Sin embargo, la causa aún no trascendió.

Casos similares de femicidio

El caso de Eugenia Mendiburu en General Lavalle se suma a una serie de crímenes recientes que reflejan la persistencia de la violencia de género en distintas regiones del país. La provincia de Chaco fue escenario de un doble femicidio en Quitilipi, donde una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la víctima. Ambos casos exponen patrones similares de violencia extrema, vínculos previos y la urgencia de prevenir estos delitos.

El martes por la tarde, la Policía halló los cuerpos sin vida de una madre de 37 años y su hija adolescente de 17, ambas asesinadas con extrema violencia en su hogar de Quitilipi. El caso desencadenó un operativo policial urgente.

El crimen ocurrió durante la noche del cumpleaños de la mujer y, según la Fiscalía, el presunto autor (su expareja, identificado como D. O.) fue capturado pocas horas después. Las autoridades explicaron que una herramienta contundente, posiblemente un hacha, habría sido utilizada para cometer el doble femicidio, y el caso ha sido calificado como uno de los más impactantes en la región por la brutalidad de la escena.

El procedimiento de búsqueda, dirigido por el fiscal César Luis Collado de la Fiscalía de Investigación Penal N°1 y dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, se ejecutó con apoyo de equipos especializados. La captura de D. O. ocurrió en las primeras horas siguientes al hallazgo, cuando el sospechoso fue localizado a escasos kilómetros del lugar de los asesinatos, caminando entre las rutas 4 y 16. Al momento de ser detenido, el individuo manifestó intenciones suicidas, que fueron neutralizadas por los efectivos, según confirmaron las fuentes policiales.

La gravedad de este doble femicidio motivó la supervisión directa de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad provinciales. El jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, y el subjefe, comisario general Manuel Victoriano Silva, coordinaron tanto la aprehensión como el resguardo de pruebas clave vinculadas al caso. Al momento de la detención, los oficiales secuestraron el teléfono móvil del acusado, dispositivo que ahora será peritado en busca de elementos que aporten a la reconstrucción de los hechos.

“Este asesino, Eduardo Vázquez, eligió matar a mi hija de la forma más terrible, rociándola con alcohol y luego prendiéndola fuego, que es la forma más larga, lenta y dolorosa que un ser humano pueda imaginarse. Después de mucha lucha le dieron perpetua. Hace poco, la justicia le concedió el acceso a un período de prueba para obtener salidas transitorias. Pienso en eso todo el tiempo y me agobia, me falta el aire, estoy indignada”, expresa conmovida por tanto dolor Beatriz Regal, mamá de Wanda Taddei. La joven de 29 años murió el 21 de febrero de 2011 después de once días de agonía porque su marido, el músico Eduardo Vázquez, decidió quemarla viva.

Los antecedentes del femicida

El prontuario de Vázquez dice que además fue uno de los músicos de la banda Callejeros que participaron de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004. Por calcinar a su mujer fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo atenuado por emoción violenta. La familia de Wanda apeló la medida, y en 2013, la Cámara de Casación suprimió la emoción violenta y modificó la sentencia a prisión perpetua. Además, por el incendio de Cromañón recibió una pena de seis años.

Desde entonces el homicida solo piensa en volver a la calle pese a que primero dijo que lo de su mujer solo fue un accidente, y ahora admitió la culpa. Según los expertos, se trata de un giro estratégico, ya que esa actitud reflexiva lo beneficiaría en los informes psicológicos y psiquiátricos para obtener su libertad condicional.

Lo cierto es que en octubre del año pasado, el juez de ejecución penal Axel López habilitó para Vásquez el acceso al beneficio de ingresar a un período de prueba de posibles futuras salidas transitorias. Este régimen contempla la chance de salir de la cárcel de Devoto donde está alojado por lapsos de entre 12 a 72 horas. Esto sucede luego de que el mismo magistrado rechazara dicha alternativa en 2021, 2023 y 2024.

El período de prueba es una instancia prevista en el artículo 15 de la ley 24.660 que flexibiliza las condiciones de detención para quienes cumplen condenas largas. El objetivo es evaluar la capacidad de autodisciplina del condenado y su adaptación progresiva a la vida fuera del penal.

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario menciona que hubo una mejora en su comportamiento con participación en los programas predeterminados, pero señala que todavía no está en condiciones de salir. Tanto la fiscalía como el consejo correccional del penal manifestaron su negativa a que Vázquez pudiera alcanzar este beneficio porque además no cumplió la mitad de la pena, ya que lleva 15 años detenido y fue sentenciado a prisión perpetua (35 años).

En contraposición, Irene Corach, la psicóloga de Vázquez especificó en sus informes que “no se detectan obstáculos psíquicos que impidan la inclusión del evaluado en el régimen de Período de Prueba”. Y dejó en claro que Vázquez ahora reconoce su responsabilidad y transita un discurso más reflexivo.

El dolor de la madre de Wanda Taddei

Mientras tanto, Beatriz Regal, aplica su sentido común de madre y reflexiona. “Estoy en alarma y alerta permanente porque solo pasaron 15 años y él fue condenado a perpetua, es decir 35 años, y ya están intentando dejarlo salir, es vergonzoso. Con Jorge, mi marido, somos conscientes de que contamos con el apoyo de todos los medios periodísticos del país. Además, están todas las organizaciones sociales y feministas que también nos ayudan, que si fuera por ellos ya estaríamos haciendo concentraciones y marchas en la calle. Las leyes se deben cumplir, no así como las están interpretando para que pueda obtener la libertad. ¿Quién garantiza que no vuelva a hacer lo mismo con una mujer y tengamos una nueva víctima?

-¿Cómo sacan fuerzas ante semejante horror que vivieron, Beatriz?

- No podemos bajar los brazos por sus hijos, sus hermanos, la familia y por tantas víctimas y sus seres queridos que también dan pelea y nos siguen acompañando desde el primer día. Necesitamos una justicia que ayude a la víctima no al victimario. El período de prueba que el juez le otorgó puede durar un año, no sabemos bien, pero también en cualquier momento nos podemos encontrar con la novedad de que le otorguen las salidas transitorias, no quiero ni pensarlo, te juro. Nosotros seguimos hablando con fiscales, con jueces, con asistencia a la víctima, vamos a hacer todo lo posible para que esto se revierta.

-¿Lo ve posible?

-Es que si no es una barbaridad jurídica. Imaginate que una sola organización como “Atravesados por el femicidio” tiene más de 200 personas que perdieron a una mujer. ¿Esas familias que pueden llegar a estar pensando? Ahora el homicida de mi hija, mi nieta, mi sobrina, mi hermana, mi amiga, va a salir en cualquier momento de la cárcel porque lo de Vázquez va a sentar un precedente más que peligroso. Lo que no entiendo es por qué el juez concedió el período de prueba si está cuestionado por la fiscalía y por el propio servicio penitenciario. Lo que se debe comprender es que el femicidio cuando se produce no tiene marcha atrás, pero sí podemos trabajar a través de la educación y la difusión para que otras personas no lleguen a ser femicidas. Porque no se nace asesino. Insisto, no corresponde que a alguien que le faltan cumplir 20 años de condena pueda llegar a ser beneficiado de tal manera. La ley dice claramente que su sentencia debe ser de cumplimiento efectivo. Yo la voy a pelear en todas las instancias, no sé por qué pero me tengo confianza, vivo como una sensación de autodefensa propia.

-¿Esta es la etapa más dura que les tocó enfrentar como familia?

-Esta y la del juicio oral. No te imaginás lo duro y horrendo que fue, por todo lo que tuvimos que pasar y pelear porque no nos aceptaban las pruebas que aportábamos. Por suerte y porque nunca bajamos los brazos, en el Tribunal de Casación, vieron y analizaron el caso desde otro punto de vista. Siento que eran jueces mucho más capacitados. Es que hay varios excelentes que reconocen la violencia de género, y aunque parezca mentira a esta altura, otros no. Lo que hizo este asesino con Wanda, instaló en mi vida el miedo de que a mi otra hija le pueda pasar lo mismo. No puedo sacarme eso de la cabeza. Yo creo que el juez para dejarlo libre tiene que tener en cuenta la peligrosidad de la persona. Y este individuo demostró que es capaz de matar incinerando a la que era su mujer. Yo pediría que antes de permitir que transite entre nosotros, quienes deciden piensen unos segundos en esa escena. ¿Hay algo más violento, perverso y atroz? Vázquez antes decía que cometió un error en su vida, no un femicidio. Ahora acomodó el discurso porque le conviene y trata de sacar ventaja. Necesitamos jueces que apliquen bien la ley, lo pido por favor.

-Me comentaba que la familia sigue sufriendo y mucho, que padece una angustia constante.

-Sí, lo siguen padeciendo los hermanos, los tíos, los primos, no solo nosotros los padres. Después de quince años tengo a mi otra hija con psiquiatra, y a uno de mis nietos, el sobrino de Wanda, en tratamiento psicológico. Es interminable el sufrimiento. Cargo mi corazón de positividad porque me siento madre de muchos jóvenes del país que no dejan de apoyarme y acompañarme, recibo mucho amor de la sociedad. Me defino como una sembradora que germina semillas para la paz y el respeto hacia el otro. Con mi esposo estamos todos los días buscando y articulando diferentes cosas como para llegar profundamente a que se pueda cumplir con la ley. Yo pensé que iba a poder parar el período de prueba, que el juez me iba a escuchar, pero no sucedió. Igual voy a seguir luchando, siempre digo que nunca es tarde. Quiero que el magistrado me de los motivos, las razones por las cuales se lo otorgó. Igual nos queda una herramienta que es salir a la calle a gritar nuestro reclamo de justicia, y vamos a ser cientos de miles, te lo aseguro. Porque matan una mujer cada 28 horas. Estamos en una sociedad donde se incrementa la violencia de todas las formas, verbal, física, abusos... En las escuelas, tanto bullying como grooming. Ahora se sumó el cibernético y el juego en línea. Y se incrementaron los suicidios. Falta que se practique concientización en las escuelas, detección temprana. Convivimos en una sociedad cada vez más deshumanizada. Y los chicos están en el medio y lo padecen. A partir del homicidio de Wanda surgieron cientos de organizaciones en todas las provincias, pero no damos abasto para contener tanta violencia. Igual no voy a parar de luchar por cada semejante que lo necesite. Es un legado que me dejó mi hija y lo voy a seguir cumpliendo. También quiero poder cumplirle a ella. Y decirle un día que la pelea valió la pena porque a su asesino no lo dejaron libre antes de tiempo.

Jorge Javier Grasso fue detenido después de estar prófugo desde Julio de 2025 tras el femicidio de Milagros Basto. El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en un ropero y Javier está acusado por encubrir el crimen. En este marco, el imputado intentó engañar a la gendarmería presentando otra documentación.

Tras ser detenido por la Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, el hombre intentó engañar a la Justicia. En el procedimiento, cuando se solicitó su documentación, Javier intentó evadirlo. De esa manera, presentó un pasaporte en donde se percibe como mujer para no llevar su identificación.

Según informó Gendarmería, lo detuvieron cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 52 “Tartagal” realizaron un patrullaje rutinario en la zona cercana a la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.375.

Allí, cuando lo detuvieron para identificarlo, el sospechoso presentó el pasaporte que figuraba con otro género. Al buscar en los padrones, los agentes policiales no solo confirmaron que su documentación era falsa sino que tenía pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Córdoba.

Esta técnica ya la había utilizado en otro procedimiento judicial en el que estuvo involucrado. Grasso no solo está involucrado en el crimen de Milagros sino que cuenta con una serie de antecedentes problemáticos. En 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Antecedentes de Jorge Javier Grasso

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoce.Tv.

El femicidio de Milagros Basto

Milagros Basto, la joven de 22 años, había desaparecido en 2024. Su cuerpo fue hallado meses después, el 14 de agosto del año siguiente, en un departamento de la calle Buenos Aires al 300, en la capital de Córdoba.

Fue encontrada cuando obreros de una construcción alertaron a las autoridades por un olor intenso proveniente de una de las viviendas. Los agentes forzaron la entrada y descubrieron un armario sellado con cemento, dentro del cual estaba el cuerpo de Milagros, atada con un cable y envuelta en mantas.

En el mismo inmueble residía Horacio Antonio Grasso, hermano de Javier y ex policía, quien en ese momento cumplía prisión domiciliaria. Horacio ya había sido condenado por el asesinato de un menor en 2007. El hombre de 27 años enfrenta ahora una nueva imputación por homicidio en el marco de violencia de género.

Por otro lado, en febrero de este año, fue denunciado por un familiar por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente”, cargos que motivaron la intervención de la fiscal Ingrid Vago. Según la policía, si se suman todas las imputaciones, Horacio podría enfrentar una condena de prisión perpetua.

Las autoridades de Honduras informaron la captura de un tercer sospechoso vinculado al asesinato de la joven Valeria Joleth Alvarado Borjas, de 20 años, estudiante de Medicina.

El aprehendido, Cristian Ariel Rodríguez Ortega, presunto integrante de la Mara Salvatrucha y conocido como “El Principito”, fue localizado durante un operativo ejecutado en la aldea El Milagro, sector Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026.

Tenía órdenes de captura por secuestro agravado, dato, confirmado por la DPI mediante la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), diferencia este caso de otras investigaciones y resalta la gravedad de su supuesto historial delictivo.

La investigación policial apunta a que Rodríguez Ortega integraría una estructura criminal dedicada a secuestros, robos de vehículos y ataques contra mujeres solas en distintas regiones, de acuerdo con la DPI.

La detención se produjo después de acciones de inteligencia de la UNAS-DPI, que ubicaron al sospechoso en una vivienda de la aldea El Milagro, sector Dos Caminos. Durante el operativo, los agentes decomisaron un automóvil Hyundai Elantra y dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis técnicos para buscar pruebas adicionales o establecer el vínculo del detenido con otros delitos.

El operativo se realizó semanas después de que fuera encontrado el cuerpo de la universitaria en el sector de las cañeras del municipio de San Manuel, Cortés. La joven había sido reportada como desaparecida el 15 de febrero de 2026 en El Progreso, departamento de Yoro, donde fue vista por última vez al salir a pasear a su perro. Un reporte policial difundido por la DPI detalló que el cadáver presentaba signos de abuso sexual.

Previamente, las autoridades habían detenido a dos presuntos integrantes de la MS-13 relacionados con el caso. La DPI informó que las primeras capturas ocurrieron tras una persecución que terminó con el vuelco del vehículo en el que huían, lo que permitió la detención. Con la reciente aprehensión de “El Principito”, son ya tres los individuos arrestados por su presunta participación en el crimen

Según los investigadores de la DPI, la estructura criminal de los detenidos se centraría en interceptar a mujeres solas, privarlas de la libertad y robarles el vehículo, además de cometer agresiones sexuales en algunos casos. Esta organización había causado alarma en localidades como Siguatepeque, tras perpetrar hechos similares el año anterior. Las autoridades policiales mantienen abierta la posibilidad de su implicación en otros casos ocurridos en Honduras.

Valeria Alvarado, hija de un empleado municipal cercano al alcalde de El Progreso, Alexander López, fue víctima de una desaparición que movilizó intensamente a su familia y a la ciudadanía, con mensajes en redes sociales y reclamos para reforzar la lucha contra la violencia de género. Aunque existen referencias a sus vínculos familiares, la DPI subrayó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación y que, hasta ahora, no hay confirmación oficial de una relación directa entre estos lazos y el crimen.

Tras la detención, Rodríguez Ortega fue trasladado bajo custodia y presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los delitos imputados. Los teléfonos y el vehículo incautados serán analizados para identificar pruebas concretas sobre la secuencia de los hechos y la posible implicación de otros miembros de la organización, indicó la DPI.

El asesinato de Valeria Joleth Alvarado Borjas generó la movilización de organizaciones sociales, universitarios y ciudadanos, quienes insisten en que el crimen no quede impune.

Como respuesta, la DPI anunció que continuarán los operativos específicos contra estructuras criminales dedicadas al secuestro y delitos de alto impacto en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026, con el propósito de desarticular estas redes y evitar nuevos ataques. La familia de la estudiante exige que se esclarezca cada detalle y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Durante la madrugada del martes 10 de marzo en la capital de La Rioja, Jessica Verónica Mercado de 34 años fue asesinada con un arma blanca por su expareja. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria y un shock hipovolémico.

Este ataque perpetrado por su expareja Miguel Ángel Justino Ruarte no solo resalta la persistente problemática de la violencia de género sino que también pone en juego la violencia intrafamiliar. La brutalidad de esta situación ocurrió frente a sus tres hijos, vulnerando los derechos de los menores.

Por su parte, Ruarte se autolesionó con un corte en el cuello tras cometer el crimen. Fue trasladado al hospital local, donde murió pocas horas alrededor de las 2:15. La causa de su muerte fue por insuficiencia respiratoria aguda producto de su propia herida.

El procedimiento forense, efectuado la mañana del martes en la morgue judicial y en presencia de familiares de la víctima para su reconocimiento, reveló que Jessica presentaba heridas cortantes en el cuello y en el brazo izquierdo. Este dictamen da certeza sobre la mecánica del hecho y la gravedad del ataque.

Tras el ataque, fueron los menores de edad quienes salieron a buscar ayuda y alertaron desesperadamente a una vecina sobre la situación. Luego de la llegada de las autoridades policiales, intervino Asuntos Juveniles para garantizar la protección de los hijos de la victima. Actualmente, los niños de 11, 5 y 3 años están en custodia temporal de la abuela.

La casa donde ocurrió el crimen, situada en el barrio Francisco I, fue intervenida por la policía luego de que una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos. Los niños que lograron huir en medio del incidente, se refugiaron en la vivienda de la denunciante hasta la llegada de la policía.

El primer informe de la autopsia fue solicitado por la jueza María Cecilia Córdoba y completado alrededor de las 12 del martes, indica que Mercado murió por desangramiento tras las graves heridas que sufrió en el cuello y uno de los hombros.

Las denuncias previas a la expareja de Jessica Mercado

Al momento del homicidio, Ruarte estaba bajo libertad condicional y tenía prohibición de acercamiento a la víctima y su familia, en un radio de 200 metros, además de la imposibilidad de comunicarse por cualquier medio, según resoluciones dictadas por la Justicia en diciembre de 2025. Asimismo, debía cumplir con medidas como realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género, someterse a control judicial y llevar adelante tareas comunitarias no remuneradas.

El atacante había sido denunciado en diversas oportunidades por Jessica ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía, la última de ellas registrada en octubre de 2024. Esta denuncia impulsó la exclusión del hogar del agresor y la implementación tanto de la restricción de acercamiento, informó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, a La Red 88.3 La Rioja. “Esas medidas de protección se mantuvieron durante aproximadamente 160 días durante 2025, pero luego no fueron renovadas”, indicó el Ministro.

En diciembre de 2025, la Cámara Tercera sentenció por juicio abreviado a Ruarte a cuatro años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de desobediencia a la autoridad en contexto de violencia de género. La jueza Sara Alicia López Douglas firmó la resolución posteriormente notificada al juzgado de ejecución penal encabezado por Andrea Gordillo Papich. Además de las restricciones mencionadas, se le impuso la obligación de cumplir un régimen de visitas mediado por terceros y una cuota alimentaria.

Los vecinos de la zona confirmaron que se incumplían las denuncias, según Medios Rioja, dijeron que “solía concurrir con frecuencia al domicilio” y hostigaba a su expareja. En febrero de este año se recibió un nuevo llamado al 911 por un episodio de violencia. Esta vez, Mercado no formalizó una denuncia adicional.

Carlos Cardozo fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Juan Iván Miranda, el hijo de su pareja a quien apuñaló durante una violenta discusión en la ciudad de Mar del Plata, en 2023. La víctima tenía una discapacidad y murió poco después de ser atacado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dictó la sentencia este martes, tras una investigación que descartó el agravante de “femicidio vinculado”, como había solicitado la Fiscalía. Esta figura se aplica cuando una persona es asesinada para causar daño a una mujer con la que el autor mantiene o mantuvo una relación.

En este caso, el tribunal entendió que no se daban las condiciones para considerarlo así, pese a que la fiscalía sostuvo que el ataque tenía como objetivo principal dañar a la madre del joven, de acuerdo con lo que informó La Capital de Mar del Plata.

El hecho que terminó con la vida de Miranda se produjo luego de intervinir para defender a su madre durante una pelea con el acusado. Según la investigación judicial, el joven de 27 años sufrió una herida de arma blanca cuando intentó proteger a la mujer. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero falleció al poco tiempo.

El tribunal integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Facundo Viñas y María Paula consideró que Cardozo fue penalmente responsable del delito de “homicidio simple”. En la audiencia de lectura del veredicto, Cardozo escuchó la decisión del tribunal de manera remota ya que se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán desde hace tres años. El condenado se había fugado tras el crimen, pero fue capturado y permanecía detenido a la espera del fallo.

En un primer momento, la causa estuvo caratulada como “homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Miranda, la acusación cambió a “femicidio vinculado”, aunque finalmente los jueces modificaron nuevamente la acusación. La víctima era producto de una relación anterior de la mujer, y padecía un retraso madurativo.

Mató a puñaladas a su apreja delante de sus hijos

En la madrugada de este martes una mujer de 34 años fue asesinada por su ex pareja y padre de sus tres hijos en la ciudad de La Rioja. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima, identificada como Jessica Verónica Mercado, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Según fuentes policiales, el femicidio tuvo lugar en medio de una discusión entre Mercado y Justino Miguel Ángel Ruarte, de 43 años, quien después de apuñalarla se quitó la vida.

La secuencia fue reportada a las 3.15 de la madrugada, cuando una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos desesperados que provenían de la casa. Al llegar, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial ingresó al domicilio y encontró a Mercado sin vida en una de las habitaciones, con heridas de arma blanca en el cuello y en uno de sus hombros. De acuerdo con la investigación, la jueza María Cecilia Córdoba anticipó que la víctima habría muerto desangrada debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque de Ruarte se produjo en presencia de los tres hijos de la pareja, dos niños de 5 y 11 años y una niña de 3. Ante el horror de la situación, los menores corrieron a refugiarse en la casa de la vecina que había dado aviso y permanecieron allí hasta la llegada de la policía. La investigación determinó que el agresor se autolesionó tras el crimen y murió antes de ser trasladado al hospital local.

En el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de La Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja que utilizó Ruarte para llegar al domicilio de la víctima. Por disposición de la jueza Córdoba, la vivienda donde ocurrió el femicidio y la custodia de los tres hijos quedaron a cargo de la abuela materna de los menores, una mujer de 51 años.

Un tribunal panameño condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer costarricense, en un caso que involucró una investigación transfronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El fallo fue resultado de un acuerdo de pena validado por un tribunal de garantías, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad penal por el crimen. La condena fue solicitada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí, que llevó adelante la investigación contra el ciudadano panameño de 30 años.

El caso generó atención pública debido a que la víctima era extranjera y el crimen ocurrió fuera del territorio panameño, lo que obligó a aplicar normas de jurisdicción penal internacional.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se remontan al 25 de octubre de 2025, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado dentro del baño de un hospedaje ubicado en Punta Arenas, en Golfito, Costa Rica.

Las autoridades forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, según el protocolo de necropsia practicado por los especialistas. El crimen fue considerado un caso de femicidio debido a las circunstancias en que se produjo el ataque, así como por la relación entre el agresor y la víctima.

Tras cometer el hecho, el sospechoso abandonó el lugar e inició una huida hacia Panamá, lo que activó alertas policiales en ambos países.

Las autoridades panameñas lograron capturar al sospechoso el 29 de octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí, pocos días después del crimen. El acusado fue localizado mediante labores de inteligencia policial y coordinación entre los organismos de seguridad de ambos países, lo que permitió ubicarlo en territorio panameño.

Debido a que se trata de un ciudadano panameño, no fue extraditado a Costa Rica, por lo que el proceso judicial se desarrolló bajo la jurisdicción de Panamá. Las autoridades judiciales determinaron que debía ser investigado y juzgado conforme a la legislación penal panameña, lo que finalmente condujo a la condena de prisión.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó los elementos probatorios que vincularon al acusado con el crimen, incluyendo testimonios, peritajes forenses y evidencia recopilada durante la investigación.

Tras analizar las pruebas, el acusado decidió aceptar su responsabilidad penal mediante un acuerdo de pena, mecanismo legal que permite agilizar el proceso judicial. El acuerdo fue posteriormente validado por un tribunal de garantías, que avaló la condena de 25 años de prisión.

Con esta decisión, el caso concluyó en la etapa judicial sin necesidad de avanzar hacia un juicio oral completo.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones relacionadas con delitos de femicidio se desarrollan bajo estrictos protocolos especializados, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Las autoridades recordaron que este tipo de delitos constituye una de las formas más graves de violencia contra la mujer, por lo que la legislación contempla sanciones severas.

En Panamá, el delito de femicidio se castiga con penas que pueden superar los 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes del caso. La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará desarrollando investigaciones objetivas y transparentes en este tipo de hecho

En paralelo, el sistema judicial panameño también ha dictado otras condenas recientes en casos relacionados con delitos graves contra menores de edad, lo que refleja la actividad de los tribunales en materia penal.

En otro proceso judicial, un hombre fue condenado a 44 años de prisión por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de persona menor de edad, mientras que dos mujeres fueron sentenciadas a 16 años de cárcel por el delito de corrupción de menor agravado.

El caso fue tramitado por la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, luego de varias audiencias celebradas entre enero y febrero de 2026.

De acuerdo con la investigación presentada ante el tribunal, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2020 en distintos sectores del distrito de San Miguelito y Panamá Este, incluyendo Villa Lobos, Rana de Oro y Brisas del Golf.

La víctima tenía apenas ocho años cuando comenzaron las agresiones sexuales, que continuaron durante varios años en diferentes lugares donde residía la familia.

Las autoridades judiciales concluyeron que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor y cometió actos de abuso reiterados, mientras que las dos mujeres condenadas permitieron o facilitaron la exposición de la víctima a conductas sexuales inapropiadas.

El tribunal también impuso penas accesorias contra los tres condenados, que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad durante un período de diez años después de cumplir la pena principal.

Esta medida busca evitar que los responsables tengan contacto con menores una vez recuperen su libertad, como parte de las disposiciones establecidas en el Código Penal. Las autoridades reiteraron que la protección de la niñez y la persecución de delitos sexuales constituye una prioridad dentro del sistema judicial, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Estadísticas

Durante 2025 Panamá registró 20 víctimas de femicidio, de acuerdo con los informes estadísticos del Ministerio Público, lo que representó una ligera reducción en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 23 casos.

Las estadísticas muestran que los crímenes se distribuyeron en distintas provincias del país, con una concentración importante en Panamá Oeste, donde se reportaron ocho víctimas, seguida de Panamá y Chiriquí, entre otras regiones.

Los datos reflejan que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema persistente en el país, con casos que abarcan distintos contextos sociales y familiares.

El análisis de los expedientes también revela patrones en la forma en que se cometieron estos delitos, incluyendo el uso de armas de fuego, armas blancas y casos de asfixia mecánica, según las investigaciones del Ministerio Público.

Las estadísticas indican que seis de los femicidios registrados en 2025 se perpetraron con armas de fuego, mientras que cinco se cometieron con armas blancas y cuatro mediante asfixia mecánica.

Las autoridades han señalado que muchos de estos crímenes se producen en entornos de violencia doméstica o relaciones cercanas, lo que ha impulsado el fortalecimiento de unidades especializadas para investigar estos casos.

En lo que va de 2026, las cifras preliminares del Ministerio Público reportan una víctima de femicidio durante el mes de enero, además de cuatro tentativas de femicidio registradas en el mismo período, lo que mantiene la alerta sobre la violencia de género en el país.

El informe también señala que el caso confirmado de femicidio se cometió con arma de fuego, mientras que las tentativas incluyen ataques con arma blanca, arma de fuego e incluso incendiarismo, de acuerdo con el reporte estadístico nacional.

Las autoridades han advertido que estos datos son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones, ya que algunos homicidios inicialmente se clasifican como muertes violentas hasta que se determina si cumplen con los criterios legales de femicidio.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el lunes fue trasladado hacia Termas de Río Hondo el principal imputado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, identificado como L. R. B., alias “Chucky”. El procedimiento se realizó desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas, en cumplimiento de nuevas medidas dispuestas en la causa por el Ministerio Público Fiscal.

El traslado de Bustamante fue ordenado por la fiscal Dahiana Pérez Vicens, responsable de la investigación judicial. La diligencia tuvo como objetivo realizar una entrevista psicológica al acusado, en el marco de las pericias requeridas durante el proceso. Dos peritos psicólogos participaron en la evaluación: uno designado por el Ministerio Público Fiscal y otro propuesto por la Defensa Oficial, representada por la Dra. Ana Silva Gerez.

Una vez finalizada la entrevista, Bustamante fue devuelto al Centro Único de Detenidos en la ciudad Capital, donde permanece alojado. El operativo de seguridad incluyó el despliegue de personal policial y vehículos de traslado, garantizando el cumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad judicial.

Dentro de las diligencias ordenadas, se programaron dos nuevas entrevistas psicológicas para los días 16 y 23 de marzo. Estas instancias forman parte de los procedimientos solicitados por la Fiscalía y buscan aportar elementos al expediente de la causa.

Según informaron fuentes del caso, el Ministerio Público Fiscal solicitará próximamente una nueva audiencia para requerir la prisión preventiva de L. R. B. El objetivo de esta solicitud es que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación por el femicidio de Ramona Emilia Medina.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave, con la recolección de pruebas y la realización de pericias médicas y psicológicas. El avance de estas medidas resulta determinante para la definición de la situación procesal de Bustamante, identificado como el principal sospechoso del crimen.

En una audiencia realizada días atrás y según informó el portal del Diario Panorama, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la detención de Bustamante. Durante esa instancia, la defensora oficial requirió la excarcelación del imputado, argumentando que —según su postura— no existirían suficientes elementos probatorios en su contra.

El juez de Control y Garantías, Silvio Salice, resolvió dar lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención del acusado. La resolución judicial se fundamentó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican la continuidad del hombre bajo custodia mientras prosigue la investigación.

La defensa oficial planteó que la permanencia del imputado en detención preventiva carece de sustento suficiente y solicitó su liberación. Sin embargo, la fiscalía insistió en la necesidad de resguardar el proceso y evitar eventuales riesgos procesales.

El crimen de Ramona ocurrió durante los feriados de Carnaval, cuando la mujer salió de su casa para dirigirse al corso y nunca regresó. En un primer momento, se inició un operativo para dar con su paradero. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado con la declración de un remisero, que denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

El juicio por el crimen de Tamara Soledad Fierro, ocurrido en mayo de 2025 en una localidad de Jujuy, concluyó con la condena a prisión perpetua para el principal acusado Jairo Emanuel Guerrero, conocido como “Diego Castro”, y a cinco años de prisión para Esteban Fernando Pérez, por encubrimiento agravado.

El Tribunal de San Pedro consideró a Guerrero responsable del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género cometido en Fraile Pintado a mediados del año pasado. La sentencia, dictada por mayoría y tras un juicio oral y público, también incluyó la absolución de Maximiliano López quien inmediatamente recuperó la libertad. Los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, y el secretario Franco Giovannini, resolvieron que los condenados permanezcan alojados en el Servicio Penitenciario provincial.

El proceso comenzó los primeros días de febrero y se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial. Durante la última jornada, el tribunal escuchó a Sonia Figueroa, madre de la víctima, antes de dictar el veredicto. De acuerdo con lo indicaco por El Tribuno de Jujuy, durante las primeras audiencias, brindó su testimonio una amiga de Fierro, quien reveló que Guerrero había intentado abusar de la joven cuando ella tenía 16 años, un hecho que la familia desconocía. “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”, opinó Figueroa sobre el relato.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad tras el hallazgo de los restos calcinados de la víctima en un vertedero próximo al Matadero local del barrio Los Lapachos. La identidad pudo ser confirmada a través de pruebas de ADN.

La mujer de 29 años salió de su casa el 24 de mayo y la última vez que la vieron con vida fue en la puerta de una vivienda en la calle Gurruchaga, dato que fue corroborado por testigos y los registros de cámaras de seguridad.

La investigación se centró en el entorno del principal sospechoso. Los familiares de Tamara señalaron que Guerrero había insistido en ver a la joven el día de la desaparición. En un principio, integrantes de la familia del acusado negaron que la víctima hubiese estado en la casa, pero luego admitieron su presencia y cinco personas quedaron detenidas. Uno de ellos fue captado en un video acompañado por otro hombre.

Ambos trasladaban un bulto en una carretilla hacia el terreno donde el día 26 del mismo mes, encontraron los restos. Esto provocó que los vecinos enfurecidos incendiaran la casa en donde Tamara estuvo por última vez.

Según los testimonios de los residentes del barrio, esta vivienda era conocida en el lugar por ser un punto de venta de drogas y funcionaba como un “after”, siendo objeto de denuncias por actividades irregulares durante los fines de semana.

La madre del ahora condenado había declarado que la mujer estuvo en la vivienda, descansó y se retiró por sus propios medios. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo aún con signos de combustión, contradijo esa versión. “Yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo”, acusó en aquel momento Sonia Figueroa.

“Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”, recordó la madre de la víctima. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Un Tribunal de Río Tercero condenó este jueves a Adrián Pérez Tica a cadena perpetua por el femicidio de Rosana Silvina Rotchen, la mujer asesinada de un escopetazo el 15 de abril del año pasado en la localidad de Los Reartes, Córdoba. Cuando las autoridades arribaron al domicilio tras el aviso de un hijo de la víctima, encontraron al hombre sentado en una reposera y con un vaso de whisky.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado después de que el imputado de 54 años admitiera su responsabilidad. El fallo tuvo lugar en presencia de la familia de la mujer de 51, que viajó desde Rosario para asistir a la audiencia. Según detalló El Doce, el tribunal halló a Pérez Tica culpable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Si bien no había denuncias formales acerca de esta última acusación, los testigos lograron demostrar que existía un trato violento en la pareja.

La investigación judicial concluyó que Pérez Tica mató a su pareja de un disparo de escopeta en el domicilio que ambos compartían, en el departamento de Calamuchita. Según la reconstrucción de los hechos, tras una discusión el hombre disparó contra Rotchen y trasladó el cuerpo hasta la caja de una camioneta estacionada en la propiedad.

La fiscal de Instrucción del Primer Turno de Río Tercero, Paula Bruera, estuvo al frente de la investigación y constató que el femicida envió un mensaje de WhatsApp al hijo de la víctima para informarle sobre el asesinato. El joven alertó a la Policía, lo que permitió la intervención inmediata en la vivienda. “Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”, confesó el femicida. “Cuando llegamos, encontramos a la mujer sin vida, dentro de la caja de una camioneta y con un impacto de arma de fuego”, narró Bruera en aquel entonces.

El procedimiento incluyó la intervención de personal de la Policía Judicial y de la División Investigaciones Calamuchita, que trabajaron en la escena del crimen. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de Rotchen por impacto de arma de fuego, en tanto que la fiscalía dispuso el secuestro de la escopeta utilizada y la detención del acusado, quien fue trasladado a la cárcel de Bouwer bajo la imputación de homicidio calificado.

De acuerdo con la información recabada durante la instrucción, ambos protagonistas del caso eran oriundos de Rosario y se habían mudado a Los Reartes en busca de un entorno más tranquilo. Sin embargo, los hijos de la víctima indicaron ante la Justicia que la pareja mantenía una relación conflictiva y que su madre había manifestado la intención de separarse del imputado.

El proceso judicial

Según informó El Doce, durante la audiencia el juez le preguntó al acusado si sentía arrepentimiento por el asesinato, a lo que respondió “por supuesto” en tono irónico. En relación con la respuesta, Denise N. -hija de la víctima- contó al mismo medio: “Dijo ‘por supuesto’ con ironía. El juez ahí lo mandó a sentar. No puedo afirmar qué sintió el juez pero creo que no le cayó muy bien a nadie la respuesta”.

Al respecto, la mujer expresó: “Nos sentimos tranquilos aunque fue muy shockeante la audiencia. El duelo sigue estando pero se siente más limpio con la condena justa”. Sobre la actitud de Pérez Tica sostuvo: “Yo estaba de frente y nunca pudo mirarme a los ojos a pesar de la insistencia con mi mirada”. En redes sociales, la joven publicó: “Se hizo justicia por nosotros, pero sobre todo por la vida de ella, que no merecía ser arrebatada de esa forma”.

Tras conocerse el crimen, Denise relató que después de que su madre le manifestara a Pérez Tica la decisión de separarse, el acusado “saltaba con cosas nada que ver, como irse de viaje juntos a Europa”. La pareja mantenía un vínculo desde hacía siete años, ambos oriundos de Granadero Baigorria, Santa Fe, y habían decidido mudarse a Córdoba en búsqueda de un entorno más tranquilo luego de sufrir un robo en Rosario.

Denise explicó que el acusado ejercía control sobre su madre, señalando que “era celoso” y no permitía que la mujer avanzara con su emprendimiento de complejo de cabañas, similar al que tenía en Rosario. Detalló que su madre no podía contratar a un albañil porque “él le decía que eran sus amantes”. En relación al aspecto económico, Denise afirmó que el hombre vivía a costa de los negocios de su madre. “Él la acompañaba mucho y ella dejaba que viviera de eso”, agregó.

Ahielén Casavieja vivía en un centro de menores estatal de Uruguay junto a su bebé y un día de febrero de 2022 había sido autorizada a una salida transitoria porque era su cumpleaños. El plan fue juntarse con unas amigas para recibir los 16 años. Al terminar la celebración, fue a tomar un ómnibus en un lugar de la periferia de Montevideo. Hasta allí llegó Marcelo Docampo a ofrecerle pasta base.

Ahielén no quería consumir drogas ese día. El tratamiento contra el consumo que hacía le estaba dando resultado. Eso fue lo que le explicó a Docampo, luego de negarse a consumir la sustancia. Pero el hombre –que estaba acompañado de otras dos personas– insistió. Ahielén aceptó, según la historia informada por el diario El País.

La droga que le ofrecieron no era la que más le gustaba a esta adolescente. Ella prefería la del Brasilero, un referente narco de la zona. En la parada del ómnibus también estaba el Pollo y el Gordo Nico, a quienes les encomendaron que vayan a comprarle pasta base al Brasilero. Cuando volvieron, Ahielén y Docampo no estaban. Se habían ido para la casa de él porque quería tener “privacidad” con la joven de 16 años.

El Pollo y el Gordo Nico siguieron hasta la casa de Docampo, pero él les pidió que se fueran porque la adolescente quería quedarse allí. Al otro día su madre denunció su desaparición. Pasaron 19 días hasta que el hermano de este hombre denunció que, mientras limpiaba el pozo séptico, encontró restos humanos.

Según el relato de El País, al otro día se allanó la casa, se periciaron los restos encontrados y se constató que correspondía a una persona que había muerto tres o cuatro días antes: era el cuerpo de Ahielén. Los investigadores concluyeron que estuvo 15 días viva y secuestrada.

En el fondo del terreno había una bolsa con otros restos de la menor.

La investigación en el terreno continuó y encontraron que había una cámara séptica al lado de la vivienda, con una heladera adentro. Allí estaban los restos de Karina Saracho, a quien Docampo había asesinado hacía seis meses.

A diferencia de lo mediático que fue la búsqueda de Ahielén, nadie sabe dónde y cuándo fue la última vez que alguien vio con vida a Saracho. Tampoco se sabe mucho de ella: solo que su padre estuvo preso, que su madre la abandonó, que la crió su abuela, que tuvo un hijo. Que fue adicta, que estuvo condenada. Que tenía 34 años.

La Suprema Corte de Justicia ratificó pena máxima

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que imponía 30 años de prisión para Docampo y siete años más de medidas de seguridad eliminativas, informó este miércoles el diario El País.

La jueza María Helena Mainard había condenado al acusado primero como homicidio simple y lo había absuelto por el crimen de Saracho. Había fijado la pena de 12 años y cuatro meses. Sin embargo, un tribunal de apelaciones había revocado la sentencia y lo había condenado a 30 años y siete meses. Consideró que el caso de Ahielén era un femicidio, lo que implica una pena mayor. Por Saracho, en tanto, lo halló culpable de un homicidio simple.

La Suprema Corte de Justicia ratificó esta última condena, pero con una salvedad: consideró que el crimen de Saracho también fue un femicidio.

Docampo tiene unos 50 años. Fue policía, manejó un taxi y algunos testigos contaron que también vendía pasta base. Tenía una relación conflictiva con las mujeres y en 2015 fue denunciado por abuso sexual, pero el caso no avanzó en la Justicia. La mujer que lo denunció en esa oportunidad aseguró que el Estado no la ayudó. Contó que el hombre la violó y la quiso sofocar mientras le decía: “Yo maté a varias, una más no me cuesta nada”.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, imputó de forma provisional a Daniel Orlando Serapio por el femicidio de Natalia Cruz, su pareja, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Serapio, que fue hallado en una cueva luego de permanecer 11 días prófugo, es considerado autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio) y de desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real.

Durante la audiencia de imputación el acusado fue asistido por defensa particular y tras conocer los hechos endilgados, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

El hallazgo del prófugo

Tras un exhaustivo operativo de búsqueda, Serapio fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.

Según indicaron fuentes del caso, dos investigadores de la Unidad de Investigación UGAP del CIF arribaron durante la tarde del viernes 27 a un puesto ubicado en la zona de interés. Ante la sospecha de que el acusado se encontraba en un sector elevado, iniciaron una caminata de aproximadamente dos horas hasta un segundo puesto, donde recabaron información antes de continuar el ascenso hacia una zona más alta.

Tras otras dos horas de recorrido, ya entrada la noche, llegaron a una vivienda precaria, donde hallaron indicios que los llevaron a proseguir la búsqueda hacia un sector aún más elevado y de muy difícil acceso.

Al llegar al lugar y percibir ruidos, los efectivos localizaron al acusado oculto en una de las cuevas. Tras un diálogo prolongado, lograron que desistiera de su intención de autolesionarse y se produjo su aprehensión.

Entre los elementos secuestrados en el lugar, se encontró una mochila con diversos objetos que serían de su uso personal.

Una vez aprehendido, los investigadores iniciaron una caminata nocturna de descenso junto a Serapio, hasta arribar durante la mañana del sábado 28 a la Estación Diego de Almagro, desde donde dieron aviso a las autoridades y solicitaron refuerzos.

En el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

Luego de haber pasado más de diez días prófugo de la Justicia, Daniel Orlando Serapio, el principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz, se confirmó que será imputado formalmente este domingo. “Necesitábamos ya superar el tema de la profuguez del imputado y avanzar con la investigación lo más rápido posible”, afirmó el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella.

La decisión fue informada por la fiscal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, quien subrayó que la captura del acusado marcó el inicio de una nueva etapa crucial para el esclarecimiento del caso. “Está confirmado, el señor está vivo, está siendo trasladado a la Alcaldía, se lo va a imputar el día de mañana y luego de la imputación vamos a pasar las novedades”, indicó.

De esta manera, la audiencia de imputación se dará un día después de que se realizaran intensos operativos en el área de Diego de Almagro, donde Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

Tras corroborarse su identidad, la fiscal Sodero Calvet se trasladó al lugar para supervisar el procedimiento. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial. Luego de la detención, la investigadora mantuvo una reunión con familiares de la víctima para brindar información precisa sobre el estado procesal de la causa.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Durante un diálogo con El Tribuno, el funcionario subrayó que “se está analizando exhaustivamente qué es lo que sucedió en este caso” y aseguró que se adoptarán “todas las medidas que sean necesarias para que el Estado esté presente en situaciones como estas y esto no vuelva a ocurrir”.

Ante las consultas sobre la recompensa ofrecida y el posible rol de la comunidad en la captura, García Castiella clarificó: “Cuando se tenga con precisión cómo fue el desencadenante de la captura, se va a analizar esa situación”. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado si algún aviso singular de la ciudadanía resultó determinante.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

La detención de Daniel Orlando Serapio, señalado como presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, marcó un giro en la investigación y puso punto final a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia de Salta. El operativo que permitió localizar al hombre en una cueva cercana a la estación de tren Diego de Almagro, en la precordillera de la provincia, involucró una coordinación sin precedentes entre diferentes organismos de seguridad provinciales y nacionales. Permanecía prófugo desde que se descubrió el crimen.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, se trasladó personalmente al sitio donde fue hallado el imputado para supervisar el procedimiento. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la detención, la fiscal mantuvo un encuentro con familiares de la víctima.

Durante esa reunión, se ofreció información precisa sobre el estado procesal de la causa y se respondieron inquietudes de los allegados.

El operativo que derivó en la detención de Serapio congregó a más de sesenta efectivos de áreas especiales, entre ellos el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, equipos de motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

La búsqueda contó, además, con la colaboración de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Defensa Civil, que desplegaron drones y un puesto móvil de monitoreo. A este despliegue se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina. Esta última participó a partir de gestiones directas del Ejecutivo provincial.

Durante la búsqueda, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dispuso una recompensa para motivar a quienes pudieran aportar información fehaciente sobre el paradero de Serapio: era de 10 millones de pesos.

Tanto Sáenz como el procurador general, Pedro García Castiella, estuvieron presentes en las bases del operativo. Sáenz afirmó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, y consideró que la detención permitirá avanzar en la búsqueda de justicia.

Además, el mandatario anticipó que se evalúa si existieron fallas en la atención que debía recibir la víctima por parte del Estado, señalando que se llevan adelante acciones internas desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. Sobre el caso en sí, la investigación continúa y se están profundizando todas las líneas de análisis.

García Castiella sostuvo que la superación del estado de prófugo permitirá profundizar el análisis de los elementos criminalísticos y el abordaje de la escena del crimen. En palabras del procurador, “toda la sociedad tiene que tener la tranquilidad y seguridad que se investiga punto por punto cada una de las alternativas del caso”.

En las últimas horas, producto de las mismas tareas investigativas, las autoridades habían logrado dar con dos personas que facilitaron la fuga de Orlando Serapio.

En lo inmediato, las personas que figuran imputadas por presunto encubrimiento seguirán sujetas al trámite de sus respectivos procesos, mientras que la investigación sobre el femicidio de Natalia Cruz seguirá su curso de manera autónoma y conforme a las etapas procesales establecidas.

Cómo fue el caso

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

La localidad de El Aibe, en el departamento Banda de Santiago del Estero, quedó marcada por un femicidio que sacudió a la provincia. En la madrugada del viernes, María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos, murió como resultado de múltiples puñaladas en un episodio ocurrido en su domicilio y presenciado por dos de sus hijos menores.

Según informó Nuevo Diario, el principal señalado por el crimen era su expareja y padre de los niños, Ramón César “Picadillo” Jiménez, quien, tras el hecho, fue hallado muerto en una zona de monte cercana a su vivienda.

Jiménez era el principal sospechoso de haber atacado a Chazarreta tras una serie de episodios de violencia y celos. Vecinos y allegados relataron al medio que las discusiones y gritos formaban parte de la dinámica cotidiana de la pareja.

“Solo sabemos que Ramón la mató de 13 puñaladas delante de los hijitos”, relató una familiar de la víctima, según recogió el medio santiagueño. La víctima tenía tres hijos: una niña extramatrimonial y dos niños fruto de la relación con Jiménez. La menor no residía en el domicilio familiar.

Los testimonios recogidos describieron que “los vecinos siempre los escuchaban gritar”, mientras que una fuente cercana a la familia señaló que “hace unos meses él estuvo preso por un tiempo, al parecer, tras ser denunciado por María, que era víctima de violencia de género”. A pesar de estos antecedentes, la pareja había retomado la convivencia en torno a la crianza de los hijos en común.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, el hermano de Jiménez fue quien alertó a las autoridades al recibir el aviso de sus sobrinos, quienes le informaron que su madre yacía ensangrentada sobre la cama. El hombre ingresó a la vivienda contigua a la suya y encontró a Chazarreta ya sin vida, rodeada de un charco de sangre.

Tras el ataque, Jiménez se dio a la fuga y se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a personal policial, peritos y la participación de vecinos de la zona. Horas más tarde, y tras intensos rastrillajes, el cuerpo del sospechoso fue localizado ahorcado de un árbol a unos 400 metros de su casa, en un sector de monte.

Fuentes policiales confirmaron a Diario Panorama que todas las actuaciones de rigor se ejecutaron en el sitio para preservar la escena y recabar evidencia, en tanto la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar intervino en la investigación.

Las autoridades locales, junto a la fiscalía, anunciaron medidas de seguimiento y acompañamiento para los familiares directos de la víctima. La presencia de menores en el domicilio al momento de los hechos motivó un abordaje específico de los equipos judiciales y sociales.

El fiscal coordinador de la circunscripción Banda, Ignacio Guzmán, comunicó a Diario Panorama que el caso permanece bajo la órbita de la fiscalía de turno en Género y Violencia Intrafamiliar, representada por el fiscal Álvaro Yagüe. Ambos funcionarios supervisan las diligencias para esclarecer las circunstancias y dar contención a los afectados por el hecho.

Antecedente de femicidio en Santiago del Estero

Tras una larga negociación de casi seis horas, efectivos policiales detuvieron a Cristian Salto en Las Tinajas, provincia de Santiago del Estero, acusado de haber asesinado a su ex pareja, Thania Santillán, días atrás.

El operativo, dirigido por el grupo especial USAR y la Guardia de Infantería, se llevó a cabo en una zona de montaña donde Salto permanecía atrincherado, armado y junto al cuerpo de la joven, según informó el medio local Diario Panorama.

Durante el procedimiento, la situación se mantuvo en extremo tensa, ya que Salto amenazaba con suicidarse mientras los agentes buscaban disuadirlo, según agregó Nuevo Diario.

Las fuerzas de seguridad emplearon técnicas de contención, negociación y un estricto control del perímetro para impedir cualquier nuevo acto violento. Finalmente, después de seis horas de incertidumbre y bajo un gran despliegue policial, el sospechoso finalmente cedió, lo que permitió que los uniformados lo redujeran y lo trasladaran a una comisaría.

En esa dependencia, Salto fue formalmente imputado por femicidio. En el sitio del hecho, los investigadores incautaron un rifle que habría sido el arma utilizada, elemento que será considerado prueba clave en la causa.

La fiscal Lucía González Farías intervino en el caso y dispuso una serie de medidas procesales para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades, indicó Nuevo Diario.

Nahuel Lau de Hoz es el nombre que hoy resuena en las calles del barrio Parque Links–Erratchu, donde ocurrió el ataque en la medianoche del domingo pasado. La joven madre, de 26 años, caminaba por la calle Manuel Andrada cuando fue interceptada por el agresor.

Un video, adjunto en esta nota, registró los desgarradores gritos y súplicas de la víctima antes de ser asesinada. Eran las 23.48. Tres horas antes, la joven había sido registrada caminando a pocos metros del acusado. Llevaba una mochila con una botella de agua y un celular Iphone 16.

Momentos después, el cuerpo de Maidana fue hallado por un vecino que salió a sacar la basura. La encontró tendida sobre el asfalto, entre Doctor Boessen y Ludueña, en las inmediaciones del predio de Lomas Athletic Club Golf, y dio aviso inmediato al 911.

De acuerdo con medios locales, presentaba un profundo corte en el cuello y múltiples heridas de arma blanca en la espalda.

Tras una rápida serie de averiguaciones, los investigadores llegaron hasta la vivienda de Lau de Hoz, ubicada en Juan Bautista Alberdi y Costa. Allí secuestraron cuchillos y, al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas de sangre. Además, los detectives advirtieron que habría lavado la ropa que vestía durante el hecho, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El caso -caratulado como “femicidio”- se encuentra en manos de María Lorena González, de la fiscalía N°3 especializada en Violencia de Género en Ezeiza.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que todavía no se acreditaron vínculos entre el acusado y la víctima. En tanto, Lau de Hoz será sometido a una pericia psicológica.

Quién es Lau de Hoz

En su perfil profesional de LinkedIn, el ahora imputado se mostraba como un joven emprendedor: se definía “consultor empresarial” y “capacitador de equipos de ventas B2B y B2C”. También decía ser fundador y CEO de Talven, una aplicación de gestión financiera orientada a freelancers y emprendedores, tal como figuraba en la propia descripción del servicio.

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1 de La Unión y, de acuerdo con lo que él mismo consignaba, estudiaba Ingeniería en la UTN desde 2017.

“Combino mi conocimiento multifacético en gestión empresarial, neurociencia, marketing, finanzas, coaching y otras áreas para crear una estructura empresarial sólida, optimizada y eficiente en empresas de servicios, SaaS y aplicaciones”, afirmaba su perfil, redactado íntegramente en inglés.

En ese mismo espacio también señalaba que, a nivel personal, amaba “el crecimiento personal, la psicología, la filosofía, los idiomas, leer mucho y, entre miles de otras cosas, estar siempre fuera de mi zona de confort, nutriendo las cuatro áreas de mi ser: cuerpo, mente, corazón y espíritu”.

En la misma cuenta aseguraba ser cofundador y COO (Chief Operating Officer) de Neuros, una agencia familiar dedicada -según su presentación- a la expansión empresarial, combinando neurociencia y marketing, además de ofrecer capacitaciones para equipos comerciales.

“Los emprendedores de éxito de la talla de Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos dominan la inteligencia emocional financiera, que es la capacidad de administrar tus emociones y utilizarlas para tomar las decisiones que te llevarán al éxito. Y tú, ¿qué decisiones piensas tomar?“, afirmaba en uno de sus videos motivacionales.

Sin embargo, tras la fuerte repercusión del caso, la empresa publicó el pasado martes un comunicado en el que tomó distancia y se desligó públicamente de la situación. “Nahuel Lau de Hoz está desafectado de la agencia. (Formaba parte del equipo haciendo videos y colaboraciones, pero no es el dueño). Es sospechoso, está detenido y la investigación está en curso”, comenzó el comunicado adjunto en la nota.

Y concluyó: “Todo el equipo de Neuros repudia totalmente el hecho, y espera que la justicia condene al responsable. Dicho esto, Neuros continua brindando servicios con normalidad”.

Infobae también registró entrevistas a Lau de Hoz en podcasts de Spotify vinculados al marketing y al emprendedurismo.

El dolor de la familia

“Malena era un ser especial. Ella siempre estaba pensando en el resto, siempre tenía empatía con todos, siempre estaba mirando a los demás", aseguró una tía de la víctima durante una marcha realizada en La Unión, en la que familiares, amigos y vecinos reclamaron Justicia.

También sostuvo que Maidana era una “gran mamá” y una “gran sobrina”, en declaraciones a la prensa. “Es una injusticia que le hayan sacado la vida de esa manera, tan brutalmente. Que no haya más gente que salga con un cuchillo a la calle. Eso es lo que hay que lograr. No hay excusa para que una persona salga así a la calle a arrebatarle la vida a otro”, siguió.

Otra mujer, que sostenía una foto del imputado, afirmó que este “no es ningún loco”, y argumentó que quedó demostrado que lavó la ropa que utilizó durante el crimen, en un intento por borrar pruebas: “Y, si es un loco, hay mucha gente que tiene que dar explicaciones de por qué estaba suelto. Tiene que estar preso, tiene que haber justicia de verdad”.

“Una persona (por el acusado) que dice estar mal, pero de mal no tenía nada, porque planificó todo esto. No podemos entender cómo alguien puede hacer una cosa así. Malena tenía sueños, tenía alegría, era un ser de luz, buena. Terminó de trabajar y salió a caminar, y nunca más volvió”, consideró otra manifestante.

Los padres de la víctima serían docentes en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 de Banfield. Desde esa institución difundieron un comunicado en el que expresaron “su más profundo dolor y consternación” ante el femicidio.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y amigos en este momento de inconmensurable pérdida y reafirmamos nuestro pedido de Justicia y condena al responsable de este crimen. La comunidad del ISFDYT 18, en estado de duelo, mantendrá sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”, cerraron.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, provincia de Salta, las autoridades detuvieron a dos personas por facilitar la fuga de Orlando Serapio, el único sospechoso por el crimen.

Desde el inicio de la investigación, la causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien ordenó medidas inmediatas para esclarecer los hechos y dar con el hombre.

El operativo se intensificó tras la captura de dos personas adultas, quienes habrían brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado, según informó el portal del diario El Tribuno.

El pedido de detención estuvo en manos de la Fiscalía, quien elevó la solicitud al Juzgado de Garantías, señalando que los indicios recolectados vinculan a los sospechosos con maniobras para dificultar la localización de Serapio.

El brutal episodio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades. la discusión verbal escaló a una agresión física.

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que la encontraron con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpó tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal concreta del hombre fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La labor investigativa se desarrolla en condiciones complejas, en un entorno geográfico de Campo Quijano, caracterizado por terrenos de difícil acceso y variables climáticas adversas.

Equipos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Salta —incluyendo grupos especiales y la División Canes—, participan en los rastrillajes. También se sumó personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y agentes de Defensa Civil, conformando un despliegue coordinado a nivel interprovincial.

La fiscal Sodero Calvet informó que los operativos se planifican y ejecutan desde una base de operaciones instalada en la propia localidad, lo que permite ajustes tácticos en tiempo real y una comunicación directa con los familiares de la víctima.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a su captura. Por este motivo, reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del prófugo se comunique de inmediato con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más próxima.

Al interior de la investigación, los trabajos de la Fiscalía se centraban en reconstruir los movimientos del acusado tras el hecho y determinar el grado de participación de los nuevos detenidos.

A esta altura, los investigadores consideran que Serapio se pudo haber quitado la vida en una zona inhóspita o sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días; sobre todo, con estas nuevas detenciones. A su vez, tampoco se descarta que el hombre haya cruzado la frontera hacia Chile o Bolivia, mediante un paso clandestino.

Los procedimientos judiciales continúan bajo estricta reserva, mientras el equipo de la Unidad de Femicidios mantiene un contacto constante con los allegados de Natalia Cruz, quienes fueron informados de cada avance en la causa. Mientras tanto, la familia de la víctima exige Justicia.

La víctima fue identificada como Malena Maidana, quien vivía en la misma zona donde ocurrió el hecho. De acuerdo con medios locales, era madre de un nene de tres años y tenía un emprendimiento de venta de lencería.

Además, cursaba sus estudios en Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), institución que difundió un comunicado tras conocerse la trágica noticia.

“La UPE expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Malena Maidana, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero”, comienza el comunicado.

El posteo escrito este miércoles por la mañana sigue: “Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y EXIGIMOS JUSTICIA Y UNA CONDENA EJEMPLAR para el responsable de este crimen”.

La institución se declaró en estado de duelo, “manteniendo sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”.

Por su parte, El Diario Sur señaló que Maidana solía involucrarse en tareas solidarias y participaba activamente en un merendero de la zona, donde colaboraba con la entrega de alimentos a chicos del barrio.

Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

Según pudo saber este medio, el cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que el hijo de tres años de Maidana se había quedado en la casa del padre ese fin de semana.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, a través de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde donde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

Por el hurto del celular de la víctima, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, fue asesinada dentro de su vivienda, donde se encontraba con su hijo menor, un adolescente de 16 años.

Un hombre del sector, de 36 años y conocido por la familia desde hace más de 15 años, irrumpió violentamente en la casa. El hijo mayor de la víctima relató que el agresor forzó la entrada cerca de la medianoche, rompiendo parte de la estructura antes de atacar a Catalina con un machete, según el informe forense preliminar.

El adolescente intentó defender a su madre y también fue agredido, sufriendo heridas de gravedad que lo mantienen hospitalizado bajo atención médica. El hermano mayor señaló que la reacción del joven fue un acto instintivo al ver a su madre en peligro, lo que agrava el impacto emocional y la desintegración de la familia.

Menos de 24 horas después del crimen, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 14 (UMEP-14) y del Departamento de Femicidio de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al principal sospechoso en la misma zona donde ocurrió el asesinato. Durante el operativo, se decomisó el machete que habría sido empleado en el ataque. El detenido fue remitido a la Fiscalía de Turno y enfrentará cargos por femicidio agravado y asesinato en grado de tentativa inacabado, debido a las heridas infringidas al menor.

Las autoridades hondureñas informaron que continúa el proceso de investigación, con énfasis en la recolección de pruebas y declaraciones que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar si existen antecedentes formales contra el acusado.

Familiares de la víctima indicaron que el acusado había mostrado conductas violentas en otras ocasiones y se rumoraban intentos previos de agresión en la comunidad, aunque las denuncias nunca se formalizaron ante las autoridades. La familia consideró que reportar estos incidentes podría haber prevenido el desenlace fatal.

La captura inmediata del presunto agresor buscó calmar a la comunidad y garantizar que el proceso de justicia avance. El caso sigue bajo escrutinio de organismos estatales y de la sociedad civil.

A la tragedia familiar se sumaron dificultades administrativas para reclamar el cuerpo de Catalina en la morgue. El hijo mayor explicó que, debido a inconsistencias en los documentos de identidad y a que no comparte el mismo apellido que su madre, las autoridades exigieron documentación adicional para verificar el parentesco. El joven debió gestionar la partida de nacimiento para poder avanzar con el trámite y dar sepultura a su madre, lo que prolongó la angustia durante el duelo.

El asesinato de Catalina Vásquez Vásquez se inscribe en una tendencia nacional alarmante. En 2025, 270 mujeres fueron asesinadas en Honduras, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y solo en los primeros meses de 2026 se contabilizan al menos 33 muertes violentas de mujeres. Muchas de estas muertes son clasificadas como femicidio y revelan la vulnerabilidad de las mujeres, incluso dentro de sus propios hogares y a manos de personas cercanas.

Organizaciones sociales y autoridades reconocen la urgencia de fortalecer la prevención, fomentar la denuncia de conductas violentas y mejorar la capacidad de protección y seguimiento por parte del Estado. La cercanía entre víctima y victimario, evidenciada en este caso por los vínculos de convivencia en la comunidad, añade un desafío adicional a la intervención oportuna y la justicia.

A seis días del femicidio de Natalia Cruz en el barrio Luz y Fuerza, la investigación por la fuga de Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio, se convirtió en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza.

El caso, que sacudió a la localidad de Campo Quijano, expuso limitaciones en los operativos de búsqueda y generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo judicial y policial.

La última señal concreta de Serapio fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia. Desde ese momento, el hombre, acusado formalmente de homicidio doblemente agravado, permanece fuera del alcance de las autoridades.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La búsqueda, según fuentes consultadas por El Tribuno, se centró en ese corredor vial y descartó la posibilidad de que el sospechoso hubiera optado por el camino a El Rosal, debido al mal estado del sendero.

Hasta el momento, los investigadores manejan dos hipótesis sobre su paradero. Por un lado, consideran que Serapio se haya quitado la vida en una zona inhóspita; por otro, sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días y no se descarta un eventual cruce clandestino hacia Chile o Bolivia.

Tras el hallazgo del vehículo, el rastrillaje se intensfició, aunque su duración fue limitada por las condiciones climáticas y la falta de recursos policiales. El despliegue careció de tecnología avanzada y personal suficiente, factores que diluyeron el impulso inicial de la búsqueda.

Las críticas al accionar judicial no tardaron en aparecer. Familiares de la víctima y organizaciones sociales reclamaron la falta de medidas en la vivienda de los padres de Serapio: el allanamiento fue breve, no se confiscaron teléfonos celulares y no se activaron herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones. La propia madre admitió ante la Justicia haber hablado con su hijo tras el crimen, pero ese testimonio no derivó en acciones concretas para profundizar la investigación.

Un elemento que refuerza la hipótesis de una fuga planificada es el hecho de que Serapio huyó con su teléfono móvil, ropa de abrigo y objetos personales. Para los investigadores, no se trató de una reacción improvisada, sino de un escape ejecutado por alguien que conoce el terreno y que habría trazado una ruta de salida con anticipación.

El contexto de la huida plantea desafíos adicionales para las fuerzas de seguridad. El área de Campo Quijano y la región hacia la frontera presentan condiciones geográficas complejas, con zonas de difícil acceso y escasa conectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Además, la proximidad a pasos fronterizos no habilitados refuerza las sospechas de una posible salida del país.

Mientras tanto, la comunidad de Campo Quijano se mantiene movilizada. Familiares de Natalia Cruz, acompañados por vecinos y organizaciones feministas, realizaron una nueva marcha silenciosa exigiendo justicia y rapidez en la captura del sospechoso. El reclamo se replicó en redes sociales y generó adhesiones en otras localidades de la provincia.

La causa judicial permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que por estas horas evalúa nuevas medidas. Se analiza la incorporación de recursos tecnológicos y la ampliación del radio de búsqueda, aunque no se precisaron plazos para la ejecución de estos operativos.

Por el momento, no surgieron testigos que hayan visto a Serapio tras el abandono de la camioneta, y tampoco se detectaron movimientos bancarios ni registros migratorios a su nombre. Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede resultar clave e instaron a la población a comunicarse de forma anónima ante cualquier información sobre el paradero.

Las autoridades hondureñas calificaron el asesinato, ocurrido el 15 de febrero, como un crimen premeditado y ejecutado con saña.

La investigación policial condujo a la detención de dos presuntos responsables, identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, ambos conocidos por sus alias “Galván” y “Vegeta”.

Las acciones que posibilitaron su captura se desplegaron en el norte del país: Galván Canales fue aprehendido en Choloma, tras una persecución que terminó con el vuelco de su vehículo, mientras que Boquín Chávez fue detenido en San Pedro Sula. Las autoridades los señalan como miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas de Centroamérica.

Sobre Galván Canales recaían tres órdenes de captura previas por delitos de secuestro agravado, violación y robo con violencia. Los investigadores sostienen que ambos sospechosos formaban parte de un patrón sistemático de conducta: “Estudiaban las rutinas de mujeres jóvenes, identificaban puntos vulnerables y planificaban ataques dirigidos”, señala la policía. Existían indicios de su vinculación con otras agresiones en la zona de Siguatepeque, departamento de Comayagua, lo que permite deducir la existencia de un modus operandi enfocado en violencia de género.

Valeria Jolette desapareció el 15 de febrero cuando salió de su casa hacia un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, San Manuel, Cortés. Se desplazaba en su propio vehículo y, al descender, fue interceptada por varios individuos armados que la obligaron a subir; su secuestro se consumó sin que mediara demanda de rescate, lo que lleva a descartar el móvil extorsivo habitual.

La búsqueda, encabezada por su familia y amigos, transcurrió sin comunicación de parte de los captores. El comisionado de la Policía Nacional, César Ruiz, explicó: “El caso se investiga como privación injusta de la libertad seguida de asesinato”, sin intento de negociación con los familiares.

Siete días después, el 22 de febrero, agentes y personal forense hallaron restos humanos en cañaverales de San Manuel. El grado de descomposición llevó a los expertos a estimar que la víctima habría sido asesinada el mismo día de la desaparición, lo que respalda la hipótesis de una ejecución rápida y planificada.

El cuerpo de Valeria permanece en la morgue de San Pedro Sula mientras se realizan los procedimientos forenses y la recolección de pruebas judiciales.

La noticia provocó conmoción en la comunidad, especialmente en el entorno institucional de El Progreso, departamento de Yoro. Valeria era hija de Carlos Alvarado, abogado y funcionario de la Gerencia de Obras Públicas, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.

La pérdida golpeó tanto al ámbito familiar como profesional, e inspiró muestras de repudio en redes sociales por parte de universidades, colectivos estudiantiles y organizaciones civiles.

La sociedad hondureña permanece consternada por el crimen. Universidades y colectivos exigieron medidas más contundentes para proteger a las mujeres jóvenes, especialmente en zonas donde las pandillas restringen la libertad y la seguridad. Las autoridades mantienen abierto el expediente y trabajan en varias líneas de investigación, se contempla la posible implicación de autores intelectuales, motivaciones personales o dinámicas internas de la estructura criminal.

Este femicidio intensificó el debate sobre la violencia estructural que enfrentan las mujeres en Honduras. Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera sostenida la prevalencia de altos índices de femicidios y la frecuente impunidad que rodea estos crímenes. Aunque en el caso de Valeria se logró la detención de los sospechosos en menos de diez días, el proceso judicial será determinante para definir responsabilidades y esclarecer si hubo planificación conjunta o instigadores detrás del asesinato.

El cuerpo de una mujer de 57 años fue hallado sin vida el viernes por la noche en un terreno baldío de Punta Mogotes, en Mar del Plata, a unos cuatro kilómetros de su domicilio. El principal sospechoso es su pareja.

El descubrimiento se produjo tras un llamado al 911 que alertó a la Comisaría Tercera sobre la presencia de un cadáver en un descampado con altos pastizales, en la intersección de las calles Soler y Croce. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a su pareja, quien relató que la había encontrado muerta y agregó que ella había salido de la casa cerca de las cinco de la tarde.

Según detalló 0223, el hombre -cuyas iniciales son R.D.G.- explicó en su primera declaración que ambos residían a unos veinte cuadras del sitio y que Del Luca había salido sola de su casa.

Sin embargo, el avance de la investigación reveló algo totalmente distinto. De acuerdo con el testimonio recogido por la Policía, Mercedes Rosa Del Luca sufría diversos problemas de salud y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de abandonar su vivienda.

Tal como reportó el medio local La Capital de Mar del Plata, el informe preliminar de la Policía Científica no permitió constatar lesiones visibles recientes en el cuerpo, por lo que la causa fue caratulada en un primer momento como “averiguación de causales de muerte”. Tras esta primera observación, avanzaron con la solicitud del examen forense para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

El sábado, la causa experimentó un giro a partir de los resultados del estudio forense, que determinó que la mujer fue asfixiada de manera intencional, descartando así la hipótesis inicial de muerte natural. Los testigos, entrevistados por los agentes de la Fiscalía N°4 de Mar del Plata, afirmaron que la mujer era víctima de violencia de género.

A partir de estos nuevos elementos, la fiscal Constanza Mandagarán, recaratuló la causa como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género”. Este domingo, personal policial procedió a la detención del principal sospechoso en su vivienda de la calle Monseñor de Andrea.

Durante el procedimiento, la Policía resguardó la vivienda del acusado y recolectó elementos de interés para la causa. La Fiscalía N°4 continúa con la investigación y prevé nuevas medidas procesales en los próximos días. En el lugar del hallazgo, la zona quedó bajo custodia policial para la realización de pericias y recolección de pruebas.

Otro femicidio durante el fin de semana

Durante el fin de semana, otra mujer fue hallada muerta en la provincia de Río Negro y la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio y el principal sospechoso es su ex pareja. La víctima fue identificada como Sofía González, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio de Choele Choel, lo que motivó la búsqueda de un presunto femicida.

Tras la aparición del cuerpo de la mujer de 35 años en una casa del barrio Villa Unión, la investigación avanzó con el uso de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Se llevó a cabo un amplio despliegue policial, que incluyó la intervención de la Brigada Rural y canes de rastreo para ubicar al sospechoso.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de González a la Morgue Judicial, donde se esperan los resultados de la autopsia preliminar para esclarecer la causa de la muerte. Desde el inicio de la causa, los investigadores entrevistaron a las personas que tuvieron contacto reciente con la víctima y orientaron la búsqueda hacia su entorno cercano. Medios locales informaron que la ex pareja de González figuraba como presunto autor del hecho, aunque la hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, el hombre fue encontrado muerto este domingo en una zona de monte, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad.

El ex pastor y empresario Caleb Flynn permanece bajo custodia en el condado de Miami, acusado de asesinar a su esposa Ashley Flynn, reconocida entrenadora de vóley escolar, tras presuntamente montar la escena de un robo en su vivienda. El hecho conmocionó a la comunidad de Tipp City y motivó la aplicación de estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con el jefe policial local, la policía precisó que no existen amenazas para el vecindario, ya que los indicios sugieren que se trató de un hecho aislado dirigido a la familia Flynn.

Quién es Caleb Flynn

Caleb Flynn, de 39 años, es conocido en Tipp City por su labor como pastor musical y líder de alabanza en la iglesia local Christian Life Center, así como por su actividad como empresario en la firma familiar Richard D. Smith & Sons Inc., proveedora de insumos para templos y espacios comerciales.

Alcanzó notoriedad nacional en 2013 al participar como concursante en la temporada 12 del programa estadounidense American Idol. Además, estudió en Lee University, Tennessee, donde conoció a su esposa.

A Flynn el juez le fijó una fianza de USD 2 millones después de ser imputado formalmente por un cargo de asesinato, dos de agresión grave y dos de manipulación de pruebas. La decisión se anunció el viernes por la mañana, menos de veinticuatro horas después de su detención y de que la iglesia Christian Life Center comunicara la celebración del funeral de Ashley Flynn, previsto para el domingo en su sede de Butler Township.

Hipótesis de la policía y contexto de la investigación

El jefe de la policía de Tipp City, Greg Adkins, explicó que los indicios analizados durante la investigación permitieron presentar cargos contra el esposo de la víctima. Detalló que la escena fue montada para simular una intrusión violenta, lo que en un principio llevó a considerar la hipótesis de un robo.

Adkins declaró al diario local Dayton Daily News: “La familia y la comunidad merecen una investigación adecuada y transparente”. Añadió que no divulgarán detalles específicos mientras el caso permanezca bajo investigación activa.

La familia Flynn residía desde hacía cuatro o cinco años en la cuadra 900 de Cunningham Court, una zona de cul-de-sac habitada por vecinos que la describieron como maravillosa y activa, de acuerdo con Dayton Daily News. La muerte de Ashley Flynn, de 37 años, conmovió a la comunidad y generó muestras de apoyo en la localidad.

Detalles de la acusación y hallazgos en la escena

Según la denuncia penal presentada el viernes, Ashley Flynn fue hallada muerta por heridas de bala en la casa familiar, luego de que la policía respondió a una llamada que reportó un supuesto robo en curso a las 2:30 de la madrugada del lunes. Caleb Flynn realizó la llamada al 911 e indicó que su esposa estaba inconsciente tras recibir un disparo en la cabeza y que desconocía si el asaltante permanecía en la vivienda. Al llegar los agentes, observaron señales de entrada forzada y constataron el fallecimiento de la mujer.

El informe judicial precisa que Ashley Flynn fue atacada con una pistola 9 mm y que se recogieron en la habitación principal dos casquillos junto al lecho donde yacía la víctima. El acceso lateral del garaje, según los peritos, estaba bloqueado por un gran refrigerador que habría tenido que ser desplazado para abrir la puerta, un indicio considerado como un intento deliberado de manipulación de la escena para confundir a la policía.

Dentro del garaje, los uniformados hallaron la consola central de una camioneta Ford 2024 abierta; allí, Caleb Flynn señaló que guardaba su arma.

La defensa de Flynn y el entorno familiar

L. Patrick Mulligan, defensor de Caleb Flynn, cuestionó la rapidez con la que detuvieron a su cliente y la exhaustividad de la investigación. Sostuvo que Flynn permanece bajo custodia sin oportunidad de asistir al funeral de su esposa, lo que consideró un hecho sumamente doloroso.

Mulligan detalló a Dayton Daily News: “Hay un movimiento de apoyo comunitario a Caleb Flynn, incluso dentro de la familia de su esposa, con quienes se alojaba junto a sus hijas y mascotas antes del arresto”.

Durante el incidente, las hijas del matrimonio, ambas de edad escolar primaria, dormían en la vivienda y no se despertaron en ningún momento, de acuerdo con el expediente policial. Cuando la madre de Ashley Flynn llegó para recogerlas, Caleb Flynn aceptó rendir declaración voluntaria en la comisaría; los registros judiciales no especifican el contenido de su testimonio ni la extensión del interrogatorio.

Funcionarios de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y del Programa de Atención a Víctimas del condado brindaron apoyo durante el proceso, mientras la investigación continuó bajo responsabilidad de la policía de Tipp City, con colaboración de la Oficina del Sheriff, la Fiscalía de Miami y el FBI.

Perfil de Ashley Flynn y antecedentes del acusado

Ashley Flynn fue docente y entrenadora de vóley de niñas en Tippecanoe Middle School, excatedrática de primaria y profesora suplente en el distrito de Tipp City Schools. También impartía clases en LifeWise Academy, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación bíblica extracurricular.

Graduada de Tippecanoe High School y de la Lee University en Tennessee, su esposo también estudió en la misma institución de Cleveland, Tennessee. En 2013, su esposo obtuvo notoriedad nacional al participar como concursante en la temporada 12 de American Idol. En una entrevista vinculada al certamen, expresó: “Amo a mi esposa más que nada. Ella es muy, muy hermosa. La amo”.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el ataque fue a puñaladas. Al momento de la irrupción en la casa, la mujer tenía heridas de arma blanca en sus brazos y pecho. Por la gravedad de sus heridas, los propios testigos trasladaron a la mujer de urgencia al Hospital Castex, donde falleció poco después a causa de las lesiones.

En cuanto al presunto agresor, Díaz fue reducido por los propios vecinos hasta la llegada de la Policía Ecológica, que se encontraba realizando un operativo de prevención en las inmediaciones. En el caso luego tomó intervención el fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI 3, dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

De acuerdo a fuentes del caso, no se registraban denuncias previas ni medidas de restricción entre Díaz y Gasis. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que la pareja había atravesado al menos un episodio de violencia, pero aclararon que la mujer no formalizó ninguna denuncia. El agresor, quien trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio ante las consultas de la fiscalía tras ser arrestado.

La causa quedó caratulada como femicidio. El cuerpo de Gasis fue trasladado para autopsia y la justicia continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

Una mujer de 29 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió este domingo, alrededor de 23.45, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según pudieron reconstruir los agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años identificado como E.G.O., que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22 para dispararle a su pareja. Lo hizo frente a su hija de 2 años y a su bebé, que apenas tiene unos pocos meses de vida. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6. El imputado, en tanto, se encuentra alojado en una dependencia policial de la ciudad de Los Toldos, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará durante este miércoles.

Este miércoles comenzó oficialmente en el Tribunal Penal de Heredia el juicio contra Jeremy Buzano, un joven costarricense de 25 años señalado como el principal sospechoso del homicidio de su exnovia, Nadia Peraza, en un caso que estremeció al país por la brutalidad de los hechos. La acusación sostiene que, tras acabar con la vida de la joven, el imputado desmembró su cuerpo y posteriormente habría incurrido en actos de canibalismo.

Nadia Peraza, de 21 años y madre de una niña en común con Buzano, fue reportada como desaparecida por sus familiares en febrero de 2024. Durante semanas, allegados y autoridades mantuvieron la búsqueda activa, en medio de la angustia e incertidumbre por su paradero. No fue sino hasta mayo de ese mismo año cuando el caso dio un giro macabro: restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a la joven fueron hallados dentro de recipientes plásticos almacenados en un refrigerador ubicado en el patio de la vivienda del sospechoso.

La investigación estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes lograron recolectar indicios clave para sustentar la acusación. Según la tesis fiscal, la relación de la pareja estaba marcada por conflictos constantes y antecedentes de violencia doméstica. De acuerdo con las pesquisas, Peraza habría sido víctima de agresiones previas, un elemento que refuerza la calificación del delito como femicidio.

Aunque el debate debía iniciar el lunes anterior, la audiencia fue pospuesta debido al fallecimiento de un familiar de uno de los integrantes del Tribunal. Finalmente, este miércoles se dio apertura formal al proceso judicial, que se extenderá durante aproximadamente dos meses, con la comparecencia de testigos, peritos y la presentación de pruebas documentales y científicas.

Jeremy Buzano enfrenta un total de 21 cargos. Entre ellos figura el delito de femicidio, nueve acusaciones por estafa informática y once por suplantación de identidad. Estas últimas imputaciones se desprenden de la conducta que, según la acusación, el joven habría mantenido tras la muerte de Nadia. El Ministerio Público sostiene que el sospechoso utilizó en reiteradas ocasiones la tarjeta bancaria de la víctima para realizar transacciones y compras, además de responder mensajes a través de la aplicación WhatsApp haciéndose pasar por ella, con el aparente objetivo de evitar sospechas y retrasar cualquier denuncia formal.

La familia de Peraza, constituida como querellante en el proceso, solicitará una pena de 196 años de prisión por la totalidad de los delitos atribuidos. No obstante, de acuerdo con la legislación costarricense, la pena máxima efectiva que podría cumplir el imputado sería de 50 años de cárcel, tope establecido por el ordenamiento jurídico nacional, independientemente de la sumatoria de condenas.

Entre las pruebas que serán analizadas durante el juicio se encuentra un examen toxicológico practicado a uno de los músculos de la víctima. El informe reveló la presencia de benzoilecgonina, un metabolito que evidencia consumo de cocaína en el organismo. Este hallazgo será discutido por peritos forenses en estrados, con el fin de determinar su relevancia dentro del contexto de los hechos y establecer si guarda relación directa con la dinámica del crimen.

El proceso judicial ha generado amplia atención pública debido a la crudeza del caso y a los elementos que lo rodean, particularmente las acusaciones de desmembramiento y presunto canibalismo.

Este miércoles, en la primera audiencia del juicio se conocieron las declaraciones de la madre de la joven, quién aseguró que su hermano escuchó en varias ocasiones y trató de detener los actos de violencia que sufrió su hija.

Según lo previsto por las autoridades judiciales, el debate concluiría el próximo 17 de abril, fecha en la que el Tribunal dictará sentencia y se definirá el futuro legal de Jeremy Buzano. Será entonces cuando, tras escuchar a todas las partes y valorar las pruebas aportadas, los jueces determinen si el acusado es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen en uno de los procesos penales más impactantes de los últimos años en Costa Rica.

En las últimas horas, la Policía de Salta activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de O. S., un hombre que se dio a la fuga luego de que le confesara a su suegra que había asesinado a golpes a su hija. La víctima era una mujer de 37 años llamada Natalia Cruz, que murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local.

El brutal episodio ocurrió el martes por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades.

Sin embargo, la discusión verbal escaló a una agresión física. Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la mujer le había preguntado qué había ocurrido y que, sin ningún tipo de escrúpulo, le habría confesado que la había golpeado y dejado moribunda. En ese momento, ella y sus demás hijas lograron ingresar por una ventana trasera para rescatar a la joven, mientras que el agresor escapaba del lugar.

Según relataron, lo primero que vieron fue a la mujer tirada en el suelo y casi sin signos vitales. A pesar de esto, un vecino las ayudó a sacarla de la habitación y trasladarla en un auto particular hacia el Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

Luego de que la ingresaran a la guardia médica, Cruz recibió atención médica, pero su muerte fue confirmada minutos después. En principio, indicaron que la mujer presentaba indicios de haber sufrido lesiones, golpes y asfixia mecánica, pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causales y corroborar la hipótesis.

La investigación está bajo la órbita del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP del DIC y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia. Además, el protocolo UFEM fue activado tras confirmarse la muerte de la víctima.

En paralelo,inciaron un operativo de búsqueda, que incluyó allanamientos en el barrio Pipino Ferreyra y la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable junto a la ruta 36, sitios donde habría estado el sospechoso antes del crimen.

Posteriormente, la Policía se desplazó hacia el paraje El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, para rastrillar la propiedad de un familiar del fugitivo, aunque el resultado fue negativo. Según indicaron, el acusado habría sido visto movilizándose en una camioneta Ford EcoSport gris y no se descarta que haya huido hacia la zona de la Puna.

Después de que se conociera la noticia de su muerte, las autoridades confirmaron que ambos mantenían un vícnulo de pareja. Era madre de dos hijos, que fueron producto de una relación sentimental anterior. Además, era conocida por mantener fuertes lazos familiares y sociales en el barrio San Jorge.

De hecho, horas después la mujer fue despedida por el Padre Sergio Chauque y la comunidad de la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. “Acompañamos en oración a la familia de Natalia Cruz”, manifestaron al desear que sus familiares puedan encontrar en Dios “la fortaleza y la paz”, para afrontar lo sucedido.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Hace tan solo dos semanas, una mujer fue asesinada de una puñalada en Bariloche, Río Negro. Todo sucedió el viernes 30 de enero cerca de las 02.20 de la madrugada. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras recibir un llamado al 911, que alertaba sobre lo sucedido en una casa de la calle Tierra del Fuego al 350.

Cuando agentes de la Comisaría 28 de Bariloche acudieron al lugar, se encontraron con una escena sangrienta: en el interior del dormitorio la víctima yacía sobre la cama con diversas lesiones en el cuerpo. Pese a que se solicitó de inmediato una ambulancia, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como María Angélica Zapata, de 50 años. Fueron los propios vecinos del barrio quienes lograron aprehender a quien sería el presunto autor del hecho. Se trata de un hombre de 65 años, identificado con las iniciales T. D., a quien retuvieron cuando salía de la casa. El sospechoso, de profesión jardinero, estaba domiciliado en la misma vivienda que la mujer, aunque aún no confirmaron oficialmente qué vínculo tenían.

Tras el hallazgo de los restos calcinados y desmembrados en un cementerio de Santiago del Estero de Ramona Emilia Medina, su hija contó cómo se enteraron del crimen. “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, expresó con profundo dolor Edith, en una entrevista televisiva.

La mujer de 65 años había salido de su vivienda para asistir a los corsos en la ciudad de Termas de Río Hondo, pero nunca regresó, por lo que la familia realizó la denuncia el domingo ante la Policía. Sobre este dato, la hija agregó que la última vez que la vio fue el sábado por la noche y entre sus planes estaba encontrarse con L. R. B., el hombre de 38 años que se encuentra detenido. “Le di un beso y le dije que lo pase lindo. Fue el último”, añadió.

Si bien Edith estaba al tanto de la relación con el sospechoso, admitió que desconocía detalles personales y antecedentes. Nunca lo había tratado personalmente. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, se lamentó.

Lugo de encontrar una parte del cadaver -dado que le faltaba el torso, los brazos y el cráneo- en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad, la hija de la víctima reveló que la Justicia solo le dijo que lo habían hallado y trasladado a la morgue, pero no le comunicaron las circunstancias en que fue asesinada. “Mi mamá era jubilada, hacía cinco años que estaba retirada, y trataba de disfrutar de sus nietos y de la familia, pese a todo lo que le pasaba”, recordó en diálogo con Noticiero7.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Los vecinos ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró. En su relato la mujer anticipó que su familia se presentará como querellante en la causa. “Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”, expresó y se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

El caso tuvo un giro el lunes por la noche, cuando la Policía, bajo la supervisión del fiscal Gustavo Montenegro, realizó un operativo en inmediaciones del lugar donde habían encontrado parte del cuerpo. Allí hallaron otros restos humanos calcinados, entre ellos extremidades inferiores, el cráneo y demás partes del cuerpo de Medina.

La denuncia de un remisero permitió que las autoridades allanaran el domicilio de L. R. B., donde secuestraron un teléfono celular que sería propiedad de la víctima. Según explicó el conductor, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla. Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Una vez detenido, el sospechoso habría confesado el crimen y guiado a los investigadores hasta el sitio donde se hallaban los restos. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y presentaba signos de incineración. Las pericias forenses intentan determinar el momento y las circunstancias de la muerte, así como si el desmembramiento se debió a la intervención humana o al accionar de animales de la zona.

También se busca establecer si Ramona Medina fue asesinada en el lugar del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado posteriormente y si Bustamante actuó solo o con ayuda de terceros. El resultado de la autopsia será clave para esclarecer si la víctima fue incinerada tras su muerte o mientras aún estaba con vida.

Según explicó Diario Panorama, el hecho se investiga como un presunto femicidio y el expediente quedó bajo la órbita del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, quien ordenó nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata absolvió al subcomisario de la Policía bonaerense Alejandro Alberto Herrera, quien permaneció en prisión preventiva mientras era juzgado por la muerte de su esposa, la también oficial Gabriela Kenyeres. La decisión se conoció luego de que la fiscal de juicio, Leyla Aguilar, desistiera de la acusación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El veredicto fue dictado tras la jornada de alegatos por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, integrantes del TOC N° 3. Herrera había llegado a debate oral por el hecho ocurrido el 22 de abril de 2019 en una vivienda de la localidad de City Bell, partido de La Plata.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, ese día personal policial acudió al domicilio después de un un llamado al 911 que alertaba que una mujer había sido herida de bala. Kenyeres fue encontrada con un disparo en la cabeza y trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME a un centro de salud. Permaneció internada con graves secuelas y falleció pasados casi dos años como consecuencia de esas lesiones. No se realizó autopsia, ya que el cuerpo fue cremado con autorización de la familia.

Durante el juicio, la fiscal Aguilar sostuvo que no se contaba con elementos técnicos suficientes para acreditar la hipótesis acusatoria. En su alegato, según publicaron medios locales este jueves, afirmó que no había “ningún informe forense que describa la trayectoria del proyectil”, lo que, a su criterio, impedía establecer con certeza la mecánica del disparo que casó la muerte de la mujer.

La representante del Ministerio Público también advirtió que la escena del hecho fue modificada antes de la llegada de la Policía Científica. Según consideró, el arma reglamentaria de la víctima -con la que se efectuó el disparo y que fue hallada a sus pies- fue movida por un superior policial. Asimismo, cuestionó que la investigación inicial hubiera estado a cargo de la misma fuerza a la que pertenecían la víctima y el imputado, es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires, y aseveró que debió intervenir una fuerza federal para garantizar mayor objetividad en la instrucción.

En el domicilio se secuestraron cartas con frases como “no puedo más” y “cuando ya no esté más los voy a seguir cuidando”, en referencia a los hijos de Kenyeres. Una pericia caligráfica descartó que esos escritos hubieran sido realizados por Herrera. También se incorporaron al debate oral distintos mensajes de WhatsApp enviados por la mujer a un familiar en los que expresaba, entre otras cosas, “sabés cuántas veces me quise matar, no tenés idea”. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, esos intercambios y otros elementos daban cuenta de que la oficial atravesaba una crisis personal vinculada a la pérdida de la tenencia de sus hijos y a problemas de consumo de alcohol, sin tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Cuando la causa fue elevada a juicio, Herrera estaba imputado inicialmente por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, dado que la víctima sobrevivió durante un tiempo prolongado tras el disparo. Luego del fallecimiento de la oficial bonaerense, la calificación penal fue modificada a homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, un ilícito que establece una pena de prisión perpetua.

Ante el desistimiento de la acusación por parte de la fiscalía, el tribunal resolvió absolver al imputado y disponer su inmediata libertad. Con esa decisión quedó cerrado el proceso penal iniciado en abril de 2019.

La investigación sobre el asesinato de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia llegó a una conclusión firme tras semanas de peritajes y reconstrucción de los hechos: el responsable del femicidio fue Jonathan Chacano, el sospechoso que se suicidó al día siguiente del crimen.

Así lo informó este martes la fiscal general María Laura Blanco en conferencia de prensa, donde dijo que el hombre que fue encontrado muerto semanas atrás había sido ubicado en la escena del crimen y tenía ADN de la víctima.

“Finalmente tenemos los resultados de la prueba de ADN y por eso es que recién hoy estamos en condiciones de dar conclusiones serias respecto del caso. Se confirmó la hipótesis que se venía barajando hasta el momento, que la empezamos a investigar desde el día uno, de que el autor del hecho es esta persona. Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y en las zonas genitales”, explicó la fiscal.

Chacano había sido encontrado muerto semanas atrás en una vivienda en la que estaba trabajando de albañil y tenía la cara rasguñada. Así, María Laura Blanco ordenó que se analice el ADN que le encontraron debajo de sus uñas para identificar si tiene relación con la víctima.

El cuerpo de Valeria con claros signos de violencia. Según indicaron fuentes policiales, estaba en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia. El hallazgo, producido tras largas horas de búsqueda, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado y peritado.

En diálogo con la prensa, Jessica había relatado cómo era el sector donde Valeria fue vista por última vez. Dijo que era una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia siempre sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

El Clan Sena, culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue sentenciado a prisión perpetua este martes por la mañana. El veredicto fue leído durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares.

En el caso de César Sena, fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito. Todos cumplirán prisión perpetua.

En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión; Fabiana González, por encubrimiento agravado, a cinco años de prisión efectiva; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.

La condena de este último incluye una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

Los imputados participaron de manera virtual de la audiencia en la que se dieron a conocer las penas que les fueron impuestas por su participación en el femicidio ocurrido el 2 de junio de 2023.

A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor.

Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.

La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.

El femicidio de Cecilia

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde asesinaron a la joven.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horario surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando salió el hijo del matrimonio solo.

Al volver a abadonar la propiedad a las 13.01, llevaba consigo el celular de Cecilia. Este es, para los investigadores, un dato clave, puesto que los hace considerar que, para ese momento, la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, su familia y allegados podrían llegar a experimentar hoy un sentimiento de justicia, al conocer las penas que caerán sobre los asesinos de la joven de 28 años que solo quería vivir una vida tranquila, junto a su pareja.

Cinco años de la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, Honduras enfrenta un caso que, lejos de resolverse, ha profundizado los cuestionamientos al sistema judicial del país, sobre todo por su manejo en casos de violencia estatal y de género.

Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio para revisar integralmente las pruebas, la falta de una fecha definida mantiene en vilo tanto a la familia como a organizaciones de derechos humanos que exigen una respuesta efectiva.

La madre de la joven, Norma Rodríguez, se ha consolidado como la figura central en la búsqueda de justicia: reclama la notificación urgente de la nueva audiencia, señala la protección judicial hacia los involucrados e insiste en la necesidad de que la investigación alcance a todos los posibles responsables, no solo al agente policial inicialmente acusado.

En el más reciente aniversario del crimen, reiteró su compromiso irreductible: “Mientras viva, seguiré luchando para que todos los culpables paguen por este crimen”.

La noche del 7 de febrero de 2021, en pleno toque de queda por la pandemia de COVID-19, la detención de Keyla Martínez bajo acusaciones de alteración del orden público derivó en su muerte por “asfixia mecánica”, según el informe de Medicina Forense.

Esta conclusión contrastó abiertamente con la versión oficial inicial de supuesto suicidio, posicionando la causa como emblema de impunidad y negligencia institucional, de acuerdo con diversos experto

El proceso judicial original, desarrollado en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, dejó profundas grietas: el único acusado, el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, fue condenado solo por homicidio imprudencial bajo la figura de comisión por omisión, y no por femicidio agravado, como solicitaba la Fiscalía.

La sentencia, de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, incluyó trabajo social y una multa mínima. La temprana liberación del policía incrementó la indignación pública y alimentó la percepción de que el sistema favorece a sus propios agentes.

Tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada, la Sala de lo Penal de la CSJ reconoció graves irregularidades en el procedimiento y la calificación legal del delito, cuyas pruebas forenses nunca avalaron la figura menos severa por la que se optó.

La orden de reiniciar el juicio, ahora bajo un tribunal distinto, responde a la demanda de análisis exhaustivo y garantías plenas de debido proceso.

Las críticas de la familia no han estado aisladas

Organizaciones locales de derechos humanos, el movimiento feminista y entes internacionales han denunciado la falta de celeridad y el uso de recursos públicos para la defensa de los funcionarios señalados.

Además, han reclamado una verdadera investigación con perspectiva de género que alcance, entre otros, al médico Edgar Velázquez, quien acompañaba a la víctima, y a cualquier posible actor secundario relacionado con los hechos.

Las protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, especialmente cada año en el aniversario de la muerte de Keyla Martínez, han mantenido vivo el reclamo de justicia y posicionado el caso como una muestra de las limitaciones del aparato judicial hondureño frente a los feminicidios y las muertes bajo custodia estatal.

Los organismos internacionales remarcan la insuficiencia del Estado en garantizar justicia y reparación, urgiendo una sentencia definitiva que siente precedente y combata la percepción de impunidad.

Mientras la fecha del nuevo juicio permanece indefinida, la figura de Keyla Martínez continúa como un referente de lucha contra la impunidad y la violencia institucional en Honduras.

La primera audiencia del juicio por el femicidio de Tamara Fierro dejó testimonios clave que consolidaron la acusación contra Jairo Guerrero, conocido como Diego Castro, y señalaron la posible complicidad de Esteban Pérez y Maximiliano López, también investigados en la causa. El caso es investigado bajo la figura de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género, lo que podría acarrear prisión perpetua para el principal acusado.

Durante la jornada, una amiga de Tamara brindó uno de los testimonios más relevantes al revelar que Guerrero intentó violentar a la víctima cuando ella tenía 16 años, un dato desconocido por la familia. Luego de esto, Sonia Fierro, madre de la joven, sostuvo que esta declaración muestra “una conducta reiterada y sostenida” por parte del acusado. Y agregó: “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”.

La actuación de los otros dos implicados fue también objeto de análisis judicial. Ambos enfrentan cargos de encubrimiento agravado, pese a que aseguran que desconocían las acciones de Guerrero. Sin embargo, Sonia, la madre de la víctima, planteó: “Todo coincide con el viaje a Libertador para buscar al primo. No tienen lugar para decir que no sabían”. Además, afirmó que durante el delito, “uno de ellos vigilaba la zona y alertaba por teléfono”, y remarcó: “Son tan asesinos como él”, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Todo Jujuy.

En la primera jornada declararon ocho testigos y otros ocho estaban citados para la tarde, aunque dos personas, entre ellas Carina Castro, madre de Guerrero, no se presentaron. Estas ausencias modificaron el calendario del debate. La abogada Mariana Vargas enfatizó que las personas que no acudieron “serán obligadas a presentarse por medio de la fuerza pública en la próxima audiencia”, prevista para el 10 de febrero.

De acuerdo con Sonia Fierro, la defensa permaneció en silencio ante la contundencia de los testimonios, situación que la familia considera un avance positivo en el proceso.

La audiencia contó con el acompañamiento de familiares, organizaciones feministas, vecinos y amigos, quienes expresaron su solidaridad y respaldo a la familia Fierro y a la querella.

Sonia recordó a su hija con emoción: “Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Las próximas audiencias están programadas para el 10 y 23 de febrero, fechas en las que se espera completar la ronda de testimonios y avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene movilizada a la provincia de Jujuy.

Así fue la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Tamara

Luego del hallazgo de restos calcinados en un vertedero cercano al Matadero de Fraile Pintado, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Tamara Fierro, una joven de 29 años que había desaparecido dos días antes tras salir de su domicilio el 24 de mayo.

La víctima fue vista con vida por última vez en la puerta de una vivienda de la calle Gurruchaga, donde testigos y cámaras confirmaron su presencia.

El impacto en la comunidad se intensificó cuando familiares de la víctima apuntaron a la familia del principal sospechoso. De acuerdo con el testimonio de Rocío, hermana de Tamara, el acusado había insistido para ver a la joven el día de su desaparición, mientras que integrantes de su familia inicialmente negaron que la víctima hubiese estado en el lugar, para luego reconocerlo. La madre del sospechoso llegó a afirmar que Tamara Fierro estuvo en la vivienda, descansó y salió por sus propios medios, pero el hallazgo del cuerpo el 26 de mayo, con partes aún prendidas fuego, contradijo esa versión.

“Fueron tiempos muy difíciles estos 25 años que llevamos sin Nati. Nuestra salud mental, la de la mamá, la mía, la de los hermanos, está muy golpeada. Es demasiado tiempo pidiendo justicia. El temor es que no nos alcance la vida para lograrla por completo y que caiga hasta el último asesino de nuestra hija”, expresa con dolor y consternación Gustavo Melmann, el papá de Natalia, la adolescente asesinada el 4 de febrero de 2001 por al menos cuatro agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres de los policías, los suboficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini fueron sentenciados en setiembre de 2002 a reclusión perpetua como culpables de los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado criminis causa”. En el cadáver de la joven de por entonces 15 años se halló ADN de los tres condenados.

El cuarto implicado, Ricardo Panadero, recién fue sentenciado a la misma pena en mayo de 2023. Antes había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas pese a que en el cuerpo de la víctima se había encontrado un elemento clave: un vello púbico que tenía más de 97% de compatibilidad de acuerdo con los indicadores genéticos.

La búsqueda del quinto asesino

Hoy la búsqueda está centrada en identificar al quinto participante del homicidio, ya que en el cadáver de Natalia se encontró también perfil genético de otra persona. Por tal motivo, la justicia ordenó el año pasado que le tomaran muestras de sangre a seis ex policías que revistaban en la comisaría de Miramar cuando ocurrió el hecho: el ex comisario Carlos Alberto Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mieres, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo. Y también se obtuvo la muestra de Enrique Diez, quien frecuentaba la casa a la que la adolescente fue llevada para ser violada y asesinada.

Es importante recordar que la noche previa al crimen, Natalia había concurrido con amigas al Bar La Cantina. La noche del grupo de amigas continuó en la disco Amadeus. Alrededor de las siete de la mañana la joven regresaba caminando a su casa cuando la interceptó un soplón marginal con antecedentes penales y entradas a prisión llamado Gustavo Daniel El Gallo Fernández, que la maniató y la zamarreó. El golpe de gracia en la parte izquierda de la cabeza de Natalia se lo dio el cabo Anselmini, según consta en la causa. Luego la subieron a la camioneta policial y la llevaron a una especie de chalet abandonado sin luz ni agua en un sector alejado de la ciudad conocido como Copacabana.

Un crimen atroz

Allí, los policías la violaron, la quemaron con cigarrillos y la estrangularon con el cordón de sus zapatillas. Luego la dejaron abandonada en el vivero Florentino Ameghino ocultada con ramas. Fue encontrada cuatro días después de su desaparición tras intensas búsquedas y marchas que encabezaron sus padres y vecinos.

Pese a la angustia que vive desde entonces, Gustavo Melmann nunca bajó los brazos, en especial en estos tiempos cuando podría darse el hallazgo del quinto asesino. “Es que el tema estaba en manos de la fiscal Ana María Caro, la hicieron renunciar, y ahora lo tiene un tal Ramiro Anchou, que no está haciendo nada. Hace ocho meses que se le extrajo sangre a ocho policías y no se está mandando a analizar. A todo esto, tuvimos miles de apelaciones y contratiempos. Es increíble que la Suprema Corte de la provincia hace cinco años remarcó que esta causa se debe investigar a fondo y no se investiga. Estoy preocupado porque las extracciones ya fueron realizadas, están todas preparadas y guardadas, supuestamente en Mar de Plata. Espero que no las alteren, mi sospecha está fundada en que en la causa de mi hija pasó de todo. Y no estamos para perder más el tiempo. La familia no aguanta más y nuestros abogados tampoco. Estamos hartos de que hagan todo lo posible para dilatar las situaciones y que el tiempo pase. Yo pienso que la policía de la provincia de Buenos Aires los sigue protegiendo. No me olvido de aquellos años cuando aparecieron asesinadas decenas de mujeres y se hablaba del Loco de la ruta. Y cuando detuvieron a los asesinos de Natalia de repente se acabaron esos crímenes”, afirma el hombre.

-Ustedes vienen atravesando demasiadas irregularidades desde hace muchos años, ¿cómo se soporta?

-No te lo podría describir. Es una lucha diaria. No puede ser que pasaron 25 años del crimen y todavía estamos dando vueltas. Además tuvimos que sufrir los familiares montones de aprietes, de difamaciones. La verdad es que no existió ninguna reparación para la familia ni para Natalia durante este tiempo en el que pasamos de proceso en proceso, de cuestiones planteadas, de juicios. Y todavía tenemos que seguir peleando porque no se termina de resolver el caso. ¿A vos te parece lógico que el quinto ADN lo tengan desde 2001 y todavía seguimos buscando al asesino que falta? Los otros cuatro se nos fueron riendo en la cara pidiendo salidas transitorias. A Echenique y Anselmini se las concedieron, pero a éste último los vecinos de la zona lo vieron y filmaron en la calle incumpliendo el beneficio y tuvo que volver a la cárcel. Ellos dos y Suárez tienen pedidos de libertad condicional abiertos, recurso que ya les fue rechazado en dos ocasiones. Suárez para mí es el peor de todos. Porque en el juicio se pudo demostrar que fue el quien la ahorcó. Ya tenía denuncias y antecedentes de golpear a la gente. Fue expulsado de la Federación de Karate por violento. Hoy en la cárcel de Batán es el instructor del kickboxing del penal. La injusticia es tan enorme que lo único que me consuela y tranquiliza es recordarla.

-Recuérdela Gustavo...

-Vine a Miramar porque hoy 4 de febrero se cumple el 25 aniversario del crimen, y a las 21 horas vamos a estar marchando exigiendo justicia. Apenas llegué a la casa donde vive Laura, la mamá, toqué la puerta la que habíamos construido con ella. Laura me mostraba las flores que recogió aquel día y que todavía guarda. Nati era un ser muy especial. La mamá me recordaba cuando unas perras boxer atacaron a la nuestra y Nati se ocupó de curarla y le salvó la vida. Era solidaria, delegada estudiantil, abanderada en sus últimos años. Cada vez que alguien necesitaba, era la primera en esforzarse. Vivíamos momentos como éste que está pasando ahora, mucha crisis. Y todos la luchamos, ella nos apoyaba mucho junto a sus hermanos. Y la gente, el pueblo de Miramar se portó muy bien con nosotros. La gente se movilizó mucho acá y también en todo el país. Sin todo ese apoyo no se hubiesen encontrado los culpables. Nos llegaban montones de cartas a casa de toda la Argentina y hasta del exterior. También gracias a la lucha feminista y a montones de compañeros de Miramar logramos ya no sufrir el asedio que nos hicieron vivir durante todos estos años de lucha donde nos insultaban e intentaron pegarnos. Y destruyeron un santuario que había de Natalia. Quisimos poner una placa y nos mataron a palos. Hasta el Concejo Deliberante se dividió y no permitieron autorizarla. Fueron años muy duros. Todos extrañamos a Natalia todos los días. La mamá se sigue manteniendo firme pese a todo. Es la única que ha quedado acá en Miramar. Ella dice que caminar las calles de acá es recorrerlas de la mano de su hija. Siente que salió de ella y volvió a ella, que sentirla le da vida. Necesita estar y no puede ni quiere salir de acá. Es un ejemplo de lucha y de vida. En la ciudad es muy respetada. Y ahora por suerte tenemos a un intendente que nos acompaña, una gran persona Sebastián Ianantuony, a los anteriores los sufrimos junto a las familias de los policías condenados. Convoco a toda la gente que pueda venir a las calles 21 y 28 hoy a las 21 horas a la marcha para recordar a Nati”.

En el flyer que circuló en la ciudad puede leerse: “Entre el cielo y la tierra, tu latido perpetuo se escuchará pidiendo volver a la vida, a la libertad, al amor y al conocimiento”. Y el pedido es llevar una flor para elevarla al cielo exigiendo la justicia que se necesita y que increíblemente a 25 años del crimen aún sigue tardando en llegar.

En la madrugada del sábado, un hombre de San Salvador de Jujuy golpeó salvajemente a su ex pareja en presencia de su hija de dos años y luego trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso. La gravedad de la agresión quedó reflejada en la carátula judicial: intento de femicidio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Dorrego, a pocos metros de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad.

Conforme al relato de la víctima a Jujuy al Momento, el agresor la atacó con golpes contra la pared, desatando una escena de suma brutalidad mientras su hija menor observaba todo.

Lo más grave llegó después, cuando el individuo arrastró a la mujer hacia una ventana e intentó lanzarla al vacío desde una altura de tercer piso. En ese momento, los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los vecinos, que se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia cerca de las 4.40.

La respuesta de la Policía fue rápida: al llegar al domicilio, el agresor huyó a pie, lo que desencadenó una persecución que se extendió por escaleras y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

Finalmente, personal de las Unidades Móviles (UR1) logró interceptar y reducir al sospechoso en la intersección de las calles San Francisco y Campero. El hombre fue trasladado a la sede policial correspondiente, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata.

Las actuaciones de rigor, realizadas por personal de la Seccional Nº 2 bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, permanecen en curso, mientras el caso suma preocupación por la exposición de niñas y mujeres a hechos de extrema violencia y la respuesta de las autoridades.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Una vecina de Bariloche, identificada como María Angélica Zapata, fue asesinada de forma violenta en la madrugada del viernes dentro de su vivienda en el barrio Nuestras Malvinas. La investigación, que recae en la fiscalía encabezada por Silvia Paolini, avanza bajo la figura de femicidio, mientras las autoridades centran los esfuerzos en la recolección de pruebas clave que permitan formular cargos contra el principal sospechoso, un hombre de 65 años.

De acuerdo con información confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la causa, el acusado, identificado por las iniciales T. D. y de profesión jardinero, permanece detenido y está previsto que enfrente la imputación formal el sábado. Estos mismos informantes señalaron: “Durante estas horas y en lo que resta del día, la investigación estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana”. La Fiscalía solicitó la autopsia al cuerpo de la víctima para dilucidar la mecánica exacta de la muerte.

La denuncia se activó cerca de las 02:19, cuando los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre un episodio violento en la propiedad ubicada en la calle Tierra del Fuego 355. Al llegar, agentes de la Comisaría 28 de Bariloche se encontraron con una escena de gran crudeza: la mujer yacía sobre su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a la llegada de los profesionales médicos, constataron el fallecimiento de Zapata en el lugar. La intervención inmediata de los vecinos resultó determinante: fueron ellos quienes retuvieron al sospechoso cuando abandonaba la vivienda, lo que facilitó su aprehensión por parte de la policía. Según las autoridades, el hombre residía oficialmente en el mismo domicilio de la mujer, aunque aún no se ha comunicado de manera oficial el tipo de relación que mantenían.

En las actuaciones participan, junto a la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que brinda asistencia a la familia de Zapata.

A Felicitas Guerrero la mató un pretendiente furioso en una época en la que a la violencia contra las mujeres se la explicaba como un exceso del amor y se la ocultaba bajo el eufemismo de crímenes pasionales. Hoy, con otra mirada histórica, puede decirse que fue víctima de uno de los primeros femicidios registrados en la Argentina. Fue asesinada por Enrique Ocampo, un hombre rechazado que, ante la negativa de la joven de mantener una relación con él, le disparó en la quinta familiar de Barracas cuando ella estaba por anunciar su compromiso con Samuel Sáenz Valiente.

Felicitas, de 24 años, agonizó varias horas. Tras el crimen, Ocampo apareció muerto. La versión judicial sostuvo que se suicidó, aunque desde entonces circula otra hipótesis: que fue ejecutado por familiares de Felicitas en un acto de justicia privada. La verdad nunca quedó del todo establecida.

El caso dejó una marca profunda en la sociedad porteña de fines del siglo XIX, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la posición social de los involucrados. Su muerte llevó a sus padres a levantar la Iglesia de Santa Felicitas en el lugar del asesinato, un espacio que con el tiempo se convirtió en símbolo de memoria y dio origen a una de las leyendas urbanas más persistentes de Buenos Aires.

La belleza que iluminó a Buenos Aires y el destino que la esperaba

En la Buenos Aires de mediados del siglo XIX, el nombre de Felicitas Guerrero comenzaba a circular con admiración y expectativa. Había nacido el 26 de febrero de 1846, en una casa de la calle México, en el corazón porteño, y desde muy joven fue observada como una figura destinada a ocupar un lugar central en la sociedad.

Era la primogénita de once hijos del matrimonio formado por Carlos José Guerrero y Reissig, un comerciante español nacido en Málaga, y Felicitas Cueto y Montes de Oca, perteneciente a una familia tradicional de Buenos Aires. Su origen reunía linajes ligados al comercio, la administración de estancias y las redes económicas que sostenían a la élite local. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el peso del apellido y las expectativas que ese origen imponía.

El 2 de junio de 1864, con 18 años, contrajo matrimonio con Martín Gregorio de Álzaga, un hombre de 50. A partir de entonces, su vida se repartió entre la ciudad de Buenos Aires, la estancia familiar en Barracas y los extensos campos de la provincia, escenario de los negocios y actividades de su marido. Con el tiempo y para su sorpresa, Felicitas comenzó a quererlo, a compartir su mundo y sus responsabilidades, y pronto llegaron los hijos; y con ellos la felicidad, pero también las tragedias de su vida.

El primero fue Félix. Con él, la joven madre se sintió plena y también el orgulloso padre, pero la alegría se transformó en dolor cuando el pequeño murió a los 3 años a causa de la epidemia de fiebre amarilla. Eso fue devastador para Álzaga. Tanto así que aún mientras se ilusionaba con la llegada de su segundo hijo, Martín, el hombre falleció el 1 de marzo de 1870, abatido por la pena de la pérdida de Félix... La enorme casa se había convertido en un túnel de sombras... Al día siguiente, Martín nació muerto. Con tan solo 24 años, quedó viuda y completamente golpeada. Pero también se convirtió en la única heredera de una de las mayores fortunas del país, con miles de hectáreas principalmente en la provincia de Buenos Aires.

La riqueza y la administración de las tierras la convirtieron en una figura inusual: una mujer joven con poder económico en una sociedad que no acostumbraba a reconocer la capacidad de decisión de las mujeres. Su hermano Carlos asumió un papel activo en la gestión de las propiedades porque en esos tiempos no estaba bien visto que una mujer lo hiciera sola.

La belleza y la elegancia de Felicitas —considerada “La más hermosa de la República”— continuaron llamando la atención de la sociedad porteña. Pero detrás de esa apariencia serena y delicada, estaba la mujer que había conocido el amor, las peores pérdidas y la soledad extrema.

Un compromiso deseado y una obsesión que no aceptó límites

La viuda Felicitas Guerrero, tras superar el luto por su marido y la tragedia de perder a sus hijos, se había entregado a la ilusión de un nuevo amor. En noviembre de 1871, durante un viaje hacia su estancia La Postrera, un accidente con el carruaje bajo una tormenta hizo que se refugiara junto a Samuel Sáenz Valiente, el joven dueño de las tierras, quien la atendió con tanta caballerosidad que despertó en ella un afecto genuino y correspondido. Desde ese momento, comenzaron a circular rumores de un vestido que Felicitas encargó a París, destinado a celebrar su compromiso formal con ese caballero. Esa noticia fue intolerable para Enrique Ocampo, un antiguo pretendiente obsesivo que la había buscado sin éxito desde antes de su primer matrimonio.

El acoso de Ocampo no se limitó a la insistencia verbal: enviaba cartas, exigía encuentros y rondaba la casa familiar, ignorando las advertencias de sus allegados. La joven heredera vivía bajo la constante amenaza de un hombre que se creía dueño de su destino, y cuya obsesión silenciosa se convertía cada día en más peligrosa.

En enero de 1872, Felicitas se encontraba muy ocupada con los preparativos de su boda y también con la inauguración de un puente de hierro del Ferrocarril del Sud sobre el río Salado, un acto conmemorativo de la batalla de Caseros que simbolizaba el progreso y en el que ella había sido nombrada madrina. La fecha clave se acercaba: el 29 de enero, día en que se celebraría una reunión social en su quinta de Barracas, anunciando el compromiso con su amado.

Ocampo se enteró y apareció en la estancia, luego de haber bebido, y visiblemente alterado. Insistió en hablar con Felicitas, y aunque su tía Tránsito Cueto trató de alejarlo, finalmente accedió a que la joven lo recibiera en privado. Felicitas pidió que la acompañaran discretamente su hermano Antonio Guerrero y su primo Cristián Demaría, quienes escucharon la conversación desde la ventana para protegerla.

La reunión se tornó rápidamente violenta. Ocampo le gritó: “O te casas conmigo o no te casás con nadie”, y sacó un arma Lefaucheux calibre 48. Felicitas intentó escapar a través del jardín hacia la zona que luego sería la sacristía de la iglesia de Santa Felicitas, pero Ocampo le disparó por la espalda, hiriéndola gravemente en el omóplato derecho. La bala dañó la médula espinal y varios órganos, dejando a Felicitas agonizando durante la noche y hasta la mañana siguiente, 30 de enero de 1872, cuando finalmente falleció.

Ocampo murió poco después del crimen, aunque nunca se aclaró si fue suicidio o ejecución por familiares de Felicitas, como apuntaban algunos rumores de la época. La investigación, dirigida por el juez Ángel Justiniano Carranza, lo declaró “suicidio”, pero la versión popular sobrevivió: que hermanos o un primo habían actuado en defensa de la joven.

El funeral de Felicitas fue multitudinario; su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta, donde ese mismo día también fue inhumado Ocampo, y los cortejos se encontraron a la entrada del cementerio, un reflejo del choque entre tragedia, sociedad y jerarquía de la época.

La huella de Felicitas: Iglesia, memoria y cine

El fallecimiento de Felicitas Guerrero paralizó a Buenos Aires. La prensa habló de locura, celos y fatalidad, pero la realidad era mucho más cruda: una mujer había sido asesinada simplemente por ejercer su derecho a decidir sobre su propia vida. Su juventud, belleza y condición de heredera intensificaron el impacto, dejando al descubierto que ni la riqueza ni el prestigio podían proteger a las mujeres de la violencia masculina.

El velorio fue multitudinario. Durante horas, la fila de quienes querían despedirse no se interrumpió. No solo se lloraba a Felicitas sino que se lamentaba también la brutalidad de un sistema que había permitido que su vida terminara de manera tan trágica. Devastada por el dolor, la familia decidió perpetuar su memoria de la única manera que consideraron posible: levantar un templo en el lugar donde Felicitas había sido atacada.

Así, en el jardín de la casa, nació la Iglesia de Santa Felicitas, concebida como un intento de redimir la violencia a través de la fe y la arquitectura. Construida con mármoles europeos y un imponente diseño neorrománico, el templo buscaba transformar un espacio de muerte en un lugar de consuelo.

Con el tiempo comenzaron a circular leyendas urbanas de presencias y apariciones de Felicitas. Vecinos afirmaban ver a una mujer vestida de blanco recorrer el templo y desaparecer, mientras cuidadores aseguraban escuchar pasos durante la noche. Las noches del 30 de enero adquirieron un peso particular: la tradición popular sostiene que Felicitas regresa, atada al lugar donde su vida fue truncada, dejando corrientes frías, susurros y una sensación persistente de inquietud.

Para muchas mujeres, Felicitas dejó de ser un fantasma y se convirtió en símbolo de resistencia y protección. Acuden a la iglesia a pedir amor, justicia o consuelo, hablándole como a alguien que comprendió el dolor y la violencia desde dentro.

La historia de Felicitas llegó al cine argentino. La película que lleva su nombre fue dirigida por Teresa Costantini en 2009. Recrea parte de su vida con licencias propias de la ficción para alimentar el drama, como el supuesto sentimiento correspondido hacia su acosador y criminal.

Hoy, la Iglesia de Santa Felicitas es más que un edificio histórico. Es un lugar donde la memoria de un femicidio del siglo XIX sigue presente, un espacio de fe, tragedia y leyenda urbana que no se apaga.