El médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reveló ante el tribunal que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El informe pericial, firmado por todos los especialistas presentes, no registró discrepancias sobre las causas del fallecimiento, según se informó en la nueva audiencia por el femicidio en El Tipal.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado, José Eduardo Figueroa, rechazada también a partir de la reconstrucción propuesta por la defensa.

Durante la declaración, la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella ratificaron por separado las conclusiones del jefe médico sobre la causa de muerte, en concordancia plena con el informe original, según la crónica de InformateSalta.

El médico de confianza de la defensa, que en principio expresó objeciones al peritaje, reconoció finalmente la validez de la autopsia tras las preguntas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. En la audiencia, el acusado solicitó retirarse de la sala mientras se exponían las pericias. El proceso judicial continuará el martes con nuevas declaraciones testimoniales.

Más allá de la causa de muerte, durante la audiencia la licenciada en criminalística Paula Geipel del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó datos clave sobre los indicios materiales hallados en la escena y el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima, elementos que el tribunal evalúa para reconstruir la dinámica del hecho. Geipel afirmó que la evidencia recolectada no concuerda con la versión presentada por el imputado, ya que los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como sostuvo la defensa.

Entre los elementos principales, Geipel citó la presencia de una huella palmaria en una ventana y el hallazgo de un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por el imputado. Además, resaltó que en el baño no se identificaron rastros ni elementos relevantes que puedan sostener que allí se desarrolló la secuencia principal del hecho, informó diario El Tribuno.

A través del análisis de fotografías tomadas durante la inspección, la perito describió cómo fue encontrada la víctima. Entre los detalles, indicó que tenía el camisón estaba mal colocado, con solo una manga puesta y la otra sin vestir, y que la víctima estaba descalza.

Durante su exposición, Geipel también enumeró diversas lesiones visibles: en el párpado, el cuello, la frente, la mano derecha, el glúteo izquierdo, la pierna derecha y el pie izquierdo. Estas observaciones forman parte de la reconstrucción pericial que busca determinar cómo se produjo la muerte y en qué contexto se desarrollaron los hechos.

El análisis de la escena incluyó los objetos secuestrados durante la investigación. En el vehículo se encontraron dos teléfonos celulares, uno perteneciente a la víctima y otro al imputado; un cuchillo artesanal con manchas de sangre; y un buzo con restos hemáticos. También se incautaron pertenencias personales, documentación y una cámara fotográfica.

Resultados del análisis microscópico y la causa de muerte (CIF)

La médica anatomopatóloga del CIF, Claudia Portelli, informó que el estudio microscópico confirmó que las lesiones en el cuerpo de la víctima se produjeron en vida y en un contexto de violencia sostenida. Entre los hallazgos principales, se identificaron hemorragias en la arteria carótida, signos de elongación, compresión y desgarros, lo que —según Portelli— evidencia la aplicación de fuerza directa sobre el cuello.

También se confirmaron fracturas en el hueso hioides producidas en vida, lesiones en la espalda y un cuadro pulmonar compatible con asfixia, con signos de hipoxia a nivel alveolar. Estos datos fueron presentados para sustentar la hipótesis de un ataque violento y descartar una versión accidental de los hechos.

La reconstrucción pericial del CIF sostiene que la evidencia material y las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima permiten inferir una secuencia de hechos diferente a la relatada por el imputado, centrando la investigación en la hipótesis de un episodio violento con resultado fatal.

Un policía uruguayo de 26 años mató a su pareja y a sus suegros este viernes de noche, en el barrio periférico de Montevideo Punta de Rieles. Luego, fue hasta la casa de su ex novia para despedirse de su hijo y se suicidó.

El funcionario policial había sido denunciado hacía pocas semanas, lo que es una muestra de que el Estado llegó tarde, como reconoció el secretario de Presidencia (jefe de gabinete), Alejandro Sánchez. Consideró al crimen como “devastador”.

Las víctimas fueron Annais, de 18 años, Miriam de 43 y Aníbal de 56, detalló el noticiero Telemundo de Canal 12. Después de los crímenes, el policía llamó por teléfono a su madre y le dijo que se iba a quitar la vida porque “se mandó una cagada”. El cuerpo estaba en su auto, con un único disparo en la cabeza.

Juan, el hermano e hijo de las víctimas, tenía previsto ver a su madre ese viernes fatal para que le diera unas zapatillas. Intentó comunicarse con ella, pero no tuvo éxito. Tampoco le contestaron su padre ni su hermana. Entonces, decidió ir hasta la casa a buscarlos, según él mismo relató al noticiero.

Fuera del hogar estaba la moto de su padre, pero dentro de la vivienda se encontró con una escena dantesca. “Abrí la reja, me fui para adentro y al primero que vi tirado en el piso fue a mi padre. Le toqué el pulso a ver si me respondía. No vi a nadie más”, relató Juan a Telemundo.

Y continuó con la narración: “Entré al cuarto y encontré el bolso de la pareja de mi hermana con todas sus pertenencias, como que se iba a ir. Estaba el celular cargando y todo. Interpreté que él iba a volver porque no había encontrado ni a mi hermana ni a mi madre todavía”.

Luego Juan ingresó a otro dormitorio y vio los cuerpos de su madre y su hermana. Entonces, se escondió en el techo de la casa temiendo que el asesino volviera.

El hermano e hijo de las víctimas aseguró que había indicios de que el policía era violento. De hecho, había sido denunciado por amenazar con matar a la ex pareja de Annaís. “Era muy celoso de mi hermana. Le había apuntado con el arma de reglamento. Mi hermana se le había puesto adelante y le había apoyado el arma en la panza”, relató.

El noticiero Telenoche de Canal 4 informó que el asesino había sido denunciado también por un familiar directo de las víctimas.

La joven asesinada tenía 18 años y era parte del Ejército Nacional, según informó este medio. En marzo de 2024 había ingresado como aprendiz a la Escuela de Comunicación del Ejército. Hace unos pocos meses había quedado como solado efectivo dentro del Batallón de Comunicaciones 2.

Si bien estaba en pareja con el policía, pensaba en dejarlo desde hacía varios días, consignó Canal 4. El femicida vivía en la casa de sus víctimas hacía más de un mes.

Diego, el familiar de los fallecidos, contó que ahora su familia queda “destrozada”. “Era una persona a la que se le abrió las puertas de la casa porque vivía acá. Mi familia siempre fue justa con él, siempre lo trataron bien. Que hiciera esto es una locura”, declaró a Canal 12.

“Mi hermana era re buena. Era lo mejor. Tenía 18 años y no había vivido nada todavía. La quería mucho a la negra. Mis padres eran muy buenos, tenían una cercanía muy buena con mi hijo. Mi padres salía bajo lluvia, bajo cualquier circunstancia climática iba a buscar a mi hijo porque era muy pegado”, continuó relatando.

Para Diego hay una pregunta que no tiene respuesta: si el homicida tenía una denuncia, ¿por qué no le habían sacado el arma?.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

Un hombre de 54 años fue detenido en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén, acusado de intentar matar a golpes a su pareja en el interior de un hotel. Vecinos de la zona escucharon los gritos provenientes de lugar en donde se hospedaba la pareja y dieron aviso a las autoridades. Hubo amenazas y agresiones.

La víctima de 46 años quedó encerrada en la habitación y sufrió golpes por parte del acusado, quien amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City de Villa Regina, al que rápidamente acudieron los efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia, quienes lograron reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio. De acuerdo con LM Neuquén, el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la víctima formalizó la denuncia.

La intervención judicial incluyó la actuación de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19, que dispusieron distintas medidas de protección y asistencia para la mujer afectada. También se activó el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), para garantizar el acompañamiento integral y la seguridad de la víctima mientras continúa la investigación.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció al respecto y a través de un mensaje en redes sociales sostuvo: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

El posteo en X estaba acompañado de la imágen del acusado, cuando fue capturado. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”. Y aseguró: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911.

Otro intento de femicidio que terminó en suicidio

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó con un cuchillo a su pareja de 32 años e hirió a la hija menor de la mujer el jueves pasado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Luego del ataque, Hernández se quitó la vida arrojándose desde un puente ubicado en el Acceso Sudeste.

El episodio tuvo lugar tras una discusión por celos, después de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato. Según la investigación policial, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta la zona de Edison y Acceso Sudeste.

En el lugar, Hernández exigió el teléfono celular de la pareja y, ante la negativa, comenzó a agredirla con un cuchillo, provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor se retiró del sitio tras la agresión, dejando a las víctimas en la vía pública. Personal de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró a la mujer junto a su hija. Ambas recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda. La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor fue atendida y quedó fuera de peligro.

Horas después, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente del Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 5. Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que se trataba de Hernández, quien había abandonado su vehículo en las inmediaciones. La causa está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la dirección de la fiscal María Laura Carballal, quien dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Un hombre de 40 años tuvo durante meses secuestradas en su casa a dos mujeres a las que drogaba, torturaba y violaba, y de las que decía que eran su pareja. Junto a ellos tres había dos niños, fruto del vínculo con una de ellas, a los que adormecía para que no supieran lo que estaba pasando. Este fin de semana el horror que vivían tocó fondo: el hombre le tiró agua hirviendo a una de las mujeres, que como pudo logró escapar y pedir ayuda a los vecinos.

Ocurrió en Las Piedras, en el departamento de Canelones, a unos 10 kilómetros de Montevideo en Uruguay.

La gravedad de la herida fue tal que terminó internada en el Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque) del país, con heridas de segundo y tercer grado. El caso fue originalmente informado en el país por El Observador.

El hombre fue imputado y enviado a prisión preventiva durante 180 días, mientras avanza la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, reiterados delitos de violencia doméstica agravada, abuso sexual especialmente agravado y suministro de esupefacientes.

Una de las víctimas tiene 31 años y fue quien logró escapar y pedir ayuda a un vecino. Contó que estuvo retenida contra su voluntad durante un buen tiempo, encerrada, controlada por el hombre y sometida a agresiones físicas. El ahora imputado limitaba los movimientos de las mujeres, bajo amenazas.

Desde la Jefatura de Policía de Canelones informaron a ese medio que el hombre las sometía, golpeaba, torturaba e incluso las dopó tanto con medicación como con drogas; y también señalaron que las dos “eran pareja”, como cita el diario.

Después de la denuncia, el hombre fue detenido en su casa aunque se resistió al arresto. Fue durante este procedimiento que fue ayudada una segunda mujer, de 27 años, que había entrado en el vínculo hace unos seis meses.

Los dos menores tenían entre tres y cuatro años, y fueron derivados a centros de salud para su evaluación médica. Ahora quedarán bajo la órbita del instituto de menores del país, el INAU. Por sus edades, la Policía maneja la hipótesis de que esta situación ocurría hace unos cinco años.

Los niños eran drogados con fármacos con el objetivo de mantenerlos sedados, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Así el hombre buscaba evitar que vieran la situación de abuso a la que eran sometidas las dos mujeres.

El imputado les hacía creer a las mujeres que era poseído por un pae, consignó este medio. Si las mujeres cumplían con las órdenes, iban a ser cuidadas; si no lo hacían, serían asesinadas. Entonces, las víctimas se veían obligadas a seguir en la casa.

Los vecinos habían visto cosas extrañas en la casa, que llamaban la atención. A las mujeres se las veía muy poco por el barrio, de acuerdo a sus relatos. Lo que habían notado es que en el último tiempo estas dos mujeres se habían cortado el pelo de una forma similar: se habían rapado, obligadas por el hombre.

“No estaba enterada de esa situación así, como se vivió el sábado, pero ella salía con moretones. Yo nunca vi nada, aunque venían muchos vehículos de noche. Era rara toda la situación, pero nunca se escucharon gritos. Ella salía poco. Antes de verse así, todo raro, ella era una persona normal: iba al almacén, conversaba conmigo. De un tiempo atrás dejé de verla, salía poco. Se peló. Eso ya era raro”, dijo una de las vecinas, entrevista por los canales uruguayos.

De acuerdo al relato, la mujer dejó de salir de su casa. Las pocas veces que caminaba por el barrio, llevaba lentes grandes y no mantenía la mirada.

En Diciembre de 2024, encontraron hundidos en el Rio Quequén a Magalí Vera y a su pareja, Javier Cerfoglio tras un siniestro vial en la localidad de Necochea, ella estaba sin vida. Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, el caso tuvo un giro inesperado cuando hallaron signos de violencia y golpes que llevaron a la detención de Cerfoglio por femicidio. Este lunes, tras 492 días del crímen, el hombre habló por primera vez.

Durante la el inicio de la cuarta, y última, audiencia del juicio en su contra, Javier Cerfoglio realizó declaraciones sobre lo sucedido en 2024. El imputado habló desde el penal de Batán, donde se aloja desde que la Justica le rechazó la prisión preventiva domiciliaria. En el juicio por el asesinato de Magalí Vera, la fiscalía solicitó reclusión perpetua para el acusado, quien enfrenta cargos por un femicidio ocurrido en Necochea tras una fiesta de casamiento. El trágico episodio, marcado por una agresión feroz, culminó con el traslado del cuerpo en el baúl de un automóvil hasta el Río Quequén.

El abogado querellante, Juan Manuel Iovine, solicitó la máxima pena por el cuádruplemente calificado: por vínculo con la víctima, ensañamiento, alevosía y mediar violencia de género. Mientras tanto, el defensor Javier Mengoechea planteó la reducción de la pena a 20 años, al calificar el hecho como una tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, posición rechazada por la acusación.

En su declaración final, Cerfoglio pidió disculpas a su hijo, a sus padres y a otros familiares, pero omitió dirigirse a la familia de la víctima. “No declaré antes porque no me lo permitían... Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, expresó.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas. Nada más, nada más señora jueza”, declaró. Además, antes de terminar su alegato manifestó: “Muchas mentiras hay”.

Las evidencias claves de la investigación

El comisario Juan Manuel Ibarra, de la Policía Científica de Necochea, presentó pruebas consideradas “demoledoras” por los investigadores, que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad donde se registraron 30 patadas propinadas por Cerfoglio mientras Vera permanecía indefensa en la vía pública. El peritaje reveló que, tras la brutal golpiza, la víctima fue arrastrada y depositada inconsciente en el baúl de un Honda Fit color rojo.

La secuencia final del crimen determinó la causa de muerte. El acusado condujo hasta el Río Quequén, cerca de la terminal de ómnibus, y arrojó el automóvil al agua pasada la madrugada bajo una intensa lluvia. Según la acusación de la fiscalía y el análisis del fiscal Marcos Bendersky, el imputado tardó 28 minutos en sacar a Vera del baúl para posteriormente causarle la muerte por asfixia por sumersión, a pesar de que la víctima llegó inconsciente pero aún con vida al río.

La autopsia confirmó signos inequívocos de violencia: fractura expuesta del tabique nasal, lesiones múltiples y una hinchazón extrema en la cabeza. El hallazgo se produjo a las 7.16, cuando su cuerpo fue encontrado bajo un muelle, a 15 metros del vehículo.

En la reconstrucción de los hechos, el 1 de diciembre de 2024, la pareja habría discutido en un casamiento y abandonaron la fiesta. El ataque ocurrió cuando Vera descendió del auto de espaldas, según la narración del abogado Iovine: “La puso como un perro en el baúl, así la llevó hasta orillas del río”. El fiscal Bendersky remarcó que incluso después de dejar a Vera inconsciente, el acusado prefirió arrojar el coche al río y ahogar a la víctima, en vez de llevarla al hospital.

El entorno familiar y social quedó profundamente impactado. Los padres de la víctima, Felipe Vera y Stella Maris Castro, manifestaron dolor e incredulidad por no haber advertido el riesgo durante los catorce años de relación de la pareja. Relatos de familiares indicaron que Vera había mencionado a personas cercanas en días previos: “El Javier que ustedes conocen no es el verdadero Javier”. La familia todavía está esperando el fallo, que será anunciado el lunes 13 y en el mientras tanto siguen buscando justicia por Magalí.

Este lunes se reanuda el jucio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, luego de haber tenido su primera audiencia el jueves pasado. El tribunal se prepara para la incorporación de nuevos testimonios después de haber escuchado a la madre de la víctima, María del Valle Jiménez de los Ríos, quien pidió para el único acusado la pena máxima.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) anticipó que el miércoles se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos en la vivienda del barrio privado El Tipal, con la presencia de José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, sobre quien pesa una imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. También estarán los peritos y las partes involucradas en el proceso.

El debate judicial, que investiga el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023, está encabezado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien representa al MPF en un proceso que se prevé se extienda hasta el 4 de mayo y en el que se escucharán alrededor de 80 testigos.

En el inicio de la ronda de testimoniales, Jiménez de los Ríos declaró durante más de dos horas refiriéndose a su conocimiento sobre la relación que mantenía su hija con el acusado. Relató que no aprobaba el trato que Figueroa ejercía sobre ella y habló del día del hecho. Indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del acusado a las 08:52, mientras estaba trabajando. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”.

Fue en aquel momento en que la familia inició la búsqueda de Mercedes. La mujer habló con un hermano de la víctima quien le sugirió buscar ayuda médica. Ambos acudieron a la vivienda de la pareja, donde la empleada doméstica les informó que la casa estaba vacía. Al llegar, notaron que las llaves estaban puestas y que tanto la camioneta como la moto de Figueroa seguían en el lugar. En el interior, la computadora permanecía encendida y figuraba un turno de tenis programado para las 11:00 horas en el barrio.

Ante la ausencia de la pareja, los familiares consideraron que Mercedes podía encontrarse en el gimnasio o realizando actividad física en las inmediaciones. Mientras la madre de Mercedes intentaba contactarla sin éxito, otro hijo, desde Buenos Aires, rastreó el celular de Mercedes y detectó que la señal del dispositivo se encontraba en las cercanías de la casa del padre del acusado.

Durante la audiencia, el hombre decidió no declarar aunque sí se llevo a cabo la reproducción de un video tomado el 11 de agosto de 2023, con una declaración hecha por él. En el mismo decía: “no fue mi intención matarla” y reconstruyó su versión de la relación de pareja. De acuerdo con la acusación, Mercedes Kvedaras habría sido atacada físicamente y luego asfixiada dentro del baño de la casa. La hipótesis sostiene que, tras la agresión, el cuerpo fue trasladado fuera del domicilio.

Por otro lado, el imputado sostiene que hubo una discusión que derivó en un forcejeo, seguido de una caída en el baño y un desenlace que, según su versión, no fue intencional.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

La tarde del Viernes Santo, Nilcia Pamela Chávez Pérez, empleada del área de servicios generales del Hospital Escuela de Tegucigalpa, fue asesinada presuntamente por su pareja en su domicilio de la colonia Modesto Rodas Alvarado, en un episodio que no solo sacudió a la comunidad, sino que volvió a ubicar la crisis de la violencia de género en el centro del debate nacional por la respuesta y el trato institucional que reciben las victimas.

En un giro inusual, el presunto responsable, un oficial administrativo de 40 años cuya identidad las autoridades aún no divulgan, se entregó voluntariamente a la policía tras cerrar el apartamento, llevando consigo un croquis detallado que permitía localizar el cuerpo de la víctima.

De inmediato, la escena fue asegurada por la policía y el Ministerio Público inició el proceso de investigación, mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), testigos indicaron que Chávez Pérez y el sospechoso mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años. Versiones recogidas por la DPI refieren que durante ese periodo la víctima habría enfrentado episodios reiterados de violencia doméstica.

Según información oficial, constan al menos dos denuncias previas presentadas por la mujer ante las instancias pertinentes, lo que revela un antecedente de maltrato documentado en el sistema.

Este hecho aporta un elemento diferencial clave respecto a otros crímenes de pareja, pues evidencia la existencia de una vía institucional previa que, de acuerdo con distintos sectores y organizaciones de derechos de las mujeres, no fue suficiente para evitar la escalada letal en este caso. El femicidio de Chávez Pérez reactiva, así, la demanda de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta cuando hay antecedentes y denuncias formales de agresión.

A lo largo del país, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reiteran la urgencia de políticas preventivas y de atención más eficaces. El caso muestra la brecha crítica entre la denuncia y la protección efectiva para quienes enfrentan violencia al interior de sus relaciones familiares.

El asesinato se produjo dentro de un conjunto de apartamentos en una fecha con fuerte carga simbólica —el Viernes Santo—, tradicionalmente asociada al recogimiento familiar, lo que acentuó la consternación tanto en la colonia Modesto Rodas Alvarado como entre los compañeros de trabajo de la víctima en el Hospital Escuela, quienes subrayaron su dedicación y compromiso laboral.

La respuesta policial tras la entrega del sospechoso incluyó el acordonamiento de la zona y el despliegue de unidades de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver, al tiempo que fiscales del Ministerio Público iniciaban el proceso judicial. El detenido permanece bajo custodia a la espera de audiencia ante los tribunales, donde se definirán los cargos, de acuerdo con fuentes oficiales citadas.

El asesinato de Nilcia Pamela Chávez Pérez no fue el único crimen de género registrado ese día en Tegucigalpa. Pocas horas antes, en la colonia La Era, fue hallado el cadáver de otra mujer, presuntamente lapidada. El doble crimen configura una de las jornadas más violentas contra las mujeres en la capital hondureña en lo que va del año.

Ambos casos han renovado el reclamo público para que las denuncias por violencia doméstica sean atendidas con mayor celeridad, y para que se brinde acompañamiento integral a las mujeres en situación de riesgo.

La muerte de Nilcia Pamela Chávez Pérez se suma, así, a la larga lista de víctimas de la violencia de género en Honduras, en un contexto en el que el dolor y la indignación movilizan reclamos sociales de prevención eficaz y acceso a la justicia, bajo la premisa de que la protección de las denunciantes debe ser inmediata y efectiva.

Un adolescente fue detenido por la muerte de su novia, también menor de edad, en Santa Fe. Dieron con él tras un grio dramático en la investigación. La ausencia del celular de la víctima en la escena donde encontraron el cuerpo fue determinante.

De acuerdo con la investigación, la muerte se produjo entre las 13:00 y las 15:00 del martes 31 de marzo, en una vivienda precaria situada en la calle Eva Perón al 1.100, en Rufino. En un comienzo, el caso fue reportado como posible suicidio o autolesión, pero el trabajo de criminalística permitió identificar indicios de la intervención de un tercero.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Litoral, el elemento determinante fue la ausencia del teléfono celular de la víctima, lo que llevó a modificar la carátula a femicidio. El cuerpo médico forense fue requerido para realizar cotejos específicos antes de entregar el cuerpo a la familia. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Marianela Montemarani, quien estableció la calificación legal provisoria de homicidio calificado por la relación de pareja y mediando violencia de género.

El menor fue detenido en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Beruti, en la vivienda de un familiar, y es oriundo de Trenque Lauquen. La detención se realizó sin inconvenientes. Se espera que sea trasladado a Santa Fe para la continuidad del proceso judicial, el cual permanece bajo reserva debido a que el imputado es menor de edad.

Horas después, informaron que el sospechoso permanecerá alojado en un instituto de menores de Rosario, a la espera de los resultados de la autopsia que confirmen cómo fueron las circunstancias en las que murió la adolescente.

Los padres de la víctima se reunieron con los fiscales y recibieron contención profesional. La Fiscalía mantiene reserva sobre el avance de la causa, con el objetivo de proteger los derechos de los menores involucrados, según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal.

Femicidio en General Lavalle

A medidados del mes de marzo, un hombre asesinó a su ex pareja, escondió el cuerpo tras el sillón de la casa de la víctima y se fue al carnaval de General Lavalle, con la ropa manchada de sangre.

El hallazgo del cuerpo de Eugenia Mendiburu, una empleada municipal de 43 años, se produjo tras la alerta de conocidos, quienes, al notar el aspecto desprolijo de Javier Flores y no poder comunicarse con la víctima, avisaron a las autoridades. La policía de Buenos Aires localizó el cadáver detrás de un sillón en la vivienda situada en la intersección de Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras de los festejos de carnaval.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron hacer las autoridades, la víctima fue atacada con un objeto punzante. La investigación, actualmente en curso, intenta esclarecer si Flores, de 49 años y con antecedentes de violencia y denuncias, contó con algún cómplice al cometer el crimen.

La causa fue caratulada como “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y está a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las prendas manchadas de sangre que vestía el sospechoso fueron incautadas como elementos de prueba, después de que testigos lo vieran en el carnaval con lesiones en la nuca y un dedo cortado.

Estos casos se suman a una serie de crímenes recientes que reflejan la persistencia de la violencia de género en distintas regiones del país. La provincia de Chaco fue escenario de un doble femicidio en Quitilipi, donde una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la víctima.

El hombre de 30 años fue condenado este miércoles en los Tribunales de Morón por el intento de femicidio de Emily Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix en donde personas solteras buscan el amor. Luego del fallo, decidió expresarse públicamente.

“¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado este viernes en su cuenta de Instagram.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo. El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal.

Gimena Sabrina Gómez tenia 38 años cuando falleció en la localidad de Maipú, Mendoza en diciembre de 2025. La encontraron ahorcada y aunque al principio se creía que había sido un suicidio, rápidamente se puso el foco en su pareja. En este marco, la fiscalía acusó a Jorge Sebastián Miranda de 57 años por el de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dispuso la prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda, luego de que la fiscalía lo acusara de asesinar a su pareja Gimena Sabrina Gómez y simular un suicidio para encubrir el crimen ocurrido el 8 de diciembre.

La decisión, adoptada por el juez Juan Manuel Pina el 26 de marzo de 2026 durante una audiencia, convocada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, se fundamenta en un conjunto de pruebas que contradicen la coartada presentada por el imputado.

El hallazgo del cuerpo fue a las 20:30 y según lo relatado, un vecino alertó a los servicios de emergencia al recibir a Jorge en su casa, quien manifestó haber encontrado colgada a su pareja en el fondo de la vivienda. Sin embargo, el discurso del hombre está repleto de inconsistencias y las pruebas genéticas junto con los registros en la cámara de seguridad desmintieron su versión de los hechos.

Cuáles son las pruebas contra la pareja de la victima

La investigación reconstruyó los hechos en torno a la muerte de Gimena Gómez quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina y Pringles de Maipú, donde funcionaba un taller mecánico. La víctima estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria. En su declaración ante la policía, el acusado sostuvo que había salido de su domicilio dos horas antes y que al regresar encontró la puerta cerrada. Finalmente, logró ingresar y detectó a la mujer en el área posterior del inmueble.

Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas reveló inconsistencias en esta versión. Los registros muestran que Jorge no se ausentó el tiempo declarado: solo se trasladó para dejar a su padre en una cancha de bochas y volvió a buscarlo poco después, en lapsos considerablemente menores a los testimonios aportados, aportó Los Andes. Esta contradicción resultó determinante para el avance de la imputación.

El punto de inflexión en la causa fue la evidencia genética recolectada: los peritos constataron la presencia de ADN masculino bajo las uñas de la víctima y en la prenda que llevaba puesta al momento de morir, lo que, de acuerdo con Los Andes, es interpretado como una señal de que intentó defenderse de un ataque.

En relación al contexto probatorio, el hallazgo de ADN bajo las uñas de Gimena Gómez, junto con las huellas genéticas en la ropa que llevaba (una prenda con la capucha colocada), configuró para los peritos forenses un indicio clave que refuerza la hipótesis de homicidio agravado. La investigación pertinente quedó en manos de la fiscal Flores Díaz Peralta, quien promovió la inmediata aplicación del protocolo para casos de femicidio, una vez que el ayudante fiscal Roberto Chapel informó la denuncia y activó los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Por su parte, el juez Juan Manuel Pina validó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, fundándose en la gravedad del hecho y en el riesgo procesal. La instrucción de la causa continúa bajo la carátula de homicidio doblemente agravado.

La imputación formal y la privación de libertad para la pareja de la víctima se erigen como respuesta inmediata de la justicia frente a los elementos acusatorios y las pruebas periciales reunidas. El proceso judicial que ahora se desarrolla en el Polo Judicial de Maipú mantiene detenida a la persona sospechada mientras avanza la causa penal, cuyo eje central radica en el esclarecimiento de un presunto femicidio disimulado bajo la apariencia inicial de suicidio.

Comenzó el juicio en Rosario contra un hombre acusado de haber provocado la muerte de su pareja en 2022, tras empujarla a la calle en medio de una discusión. La víctima quedó tendida en el asfalto y un auto que circulaba por el lugar la pasó por encima. Murió luego de agonizar tres meses.

Se trataba de Natalia Coronel, una mujer de 41 años y mamá de dos hijos, quien vivía en situación de calle al igual que el acusado, conocido como “Joni” G. En la primera audiencia del juicio, la Fiscalía sostuvo que Coronel fue empujada de manera intencional luego de una violenta pelea que incluyó golpes, amenazas con arma blanca e insultos.

El episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2022 cerca de las 20 frente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en la intersección de Colón entre Cochabamba y Pasco del barrio República de la Sexta. El vehículo que atropelló a Coronel, un Renault Megane negro, continuó su marcha pero el conductor regresó minutos después y se puso a disposición de la Policía. De acuerdo con la fiscal Andrea Vega, el hombre de 30 años “se sirvió del vehículo como instrumento para provocar el fallecimiento de la víctima”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital.

Tras el episodio, la mujer quedó inconsciente y fue asistida por personal médico del Sies que arribó en ambulancia. Los profesionales constataron politraumatismos severos y la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde permaneció internada hasta el 16 de marzo de 2023. La causa de muerte fue una complicación multiorgánica derivada de un traumatismo de cráneo grave, lo que automáticamente provocó un cambio de carátula. La calificación legal fue modificada de lesiones graves a homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la audiencia, el imputado negó haber sido pareja de Coronel y aseguró que en aquella ocasión el fue agredido por ella con un cuchillo. La defensa afirmó que no existió intención de causar la muerte de la mujer. En contraposición, varios testigos del hecho señalaron que tanto él como la víctima estaban armados. Los elementos fueron secuestrados posteriormente en la escena. Por un lado, encontraron el cuchillo de 10 centímetros de hoja con serrucho y un palo de madera de 76 centímetros.

La investigación detalló además que la pareja vivía en la calle y atravesaban situaciones de consumo problemático de sustancias. Un testigo que compartía noches con ellos relató que las discusiones y peleas eran frecuentes: “Siempre discutían, se drogaban y se peleaban”, declaró.

Entre los testimonios incorporados al expediente figura el de una joven que pasaba en moto con su pareja en el momento del incidente. Declaró que al observar una pelea entre un hombre y una mujer, decidió detenerse y subir a la vereda. “Me tiro para el costado para tratar de separarlos y cuando me doy vuelta veo que ella se cae para la calle y un auto color negro la pasa por arriba”, compartió La Capital.

“Cuando vamos a socorrer a la chica, mi pareja le dice al hombre que cómo se va a zarpar así, que estaba loco. Éste nos dice que la chica lo quería apuñalar, pero lo que yo veo es que él tenía el cuchillo en la mano y lo tira en la vereda”, añadieron.

El juicio se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante los jueces Facundo Becerra, Valeria Pedrana y Mariano Aliau. La fiscal Vega solicitó la pena de prisión perpetua. El acusado permanece preso en la cárcel de Coronda bajo prisión preventiva desde el día del ataque. La investigación incluyó declaraciones de personas que conocían a la pareja. El Ministerio Público Fiscal mantiene la acusación por homicidio doblemente agravado y solicita la máxima pena prevista en el Código Penal.

El Tribunal Penal de Heredia condenó este viernes a Jeremy Mauricio Buzano Paisano a un total de 79 años de prisión por el femicidio de su expareja, Nadia Jeanette Peraza Espinoza, en un caso que conmocionó a Costa Rica por la brutalidad del crimen y el nivel de violencia ejercido.

La sentencia fue leída pasadas la 1:30 p. m. por los jueces Hanzel Araya, Guillermo Arce y Andrea Fonseca, quienes de manera unánime declararon culpable al imputado por múltiples delitos cometidos en perjuicio de la joven.

De acuerdo con el fallo, Buzano fue condenado a 35 años de prisión por femicidio, 20 años por 11 delitos de estafa informática bajo la modalidad de delito continuado y 24 años por ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material.

Sin embargo, conforme a la legislación costarricense, el máximo de cumplimiento efectivo es de 50 años de cárcel, por lo que esa será la pena que deberá descontar.

Además, el tribunal ordenó el pago de ₡125 millones, unos USD 260 mil, por concepto de daño moral a favor de la familia de la víctima.

Un crimen que estremeció al país

El caso de Nadia Peraza, de 22 años, es considerado uno de los más impactantes en la historia reciente del país.

La joven fue vista por última vez entre el 20 y el 22 de febrero de 2024. Su desaparición fue denunciada el 1.º de marzo por familiares, quienes alertaron que no había regresado a su casa ni se presentó a trabajar, algo completamente inusual.

Durante semanas, el principal sospechoso —su expareja— aseguró haber recibido mensajes de ella indicando que se encontraba bien. Sin embargo, la investigación reveló que esas comunicaciones fueron enviadas por el propio Buzano para simular que la víctima seguía con vida.

El 17 de mayo de 2024, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en una vivienda en Heredia, donde hallaron restos humanos dentro de una refrigeradora en avanzado estado de descomposición.

Desmembramiento y ocultamiento

Las investigaciones determinaron que Buzano asesinó a Peraza entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero de 2024.

“Usted Jeremy Buzano mató a Nadia Peraza… eso ha sido demostrado con contundencia”, señaló el tribunal durante la lectura de la sentencia.

Tras el crimen, el imputado desmembró el cuerpo y distribuyó los restos en distintos recipientes, bolsas y espacios. Parte de ellos fueron encontrados en la refrigeradora, mientras que otros aparecieron en un cafetal cercano.

La autopsia confirmó la extrema violencia del hecho: los restos presentaban heridas cortantes, desmembramiento y desollamiento. La identificación se logró mediante tatuajes distintivos, análisis odontológico y técnicas forenses.

Testimonios durante el juicio revelaron además que el acusado trasladó la refrigeradora con los restos a otra vivienda semanas después del crimen, en un intento por ocultar la evidencia.

Manipulación y delitos posteriores

Uno de los elementos más perturbadores del caso fue la conducta posterior al asesinato.

El análisis de dispositivos electrónicos demostró que Buzano utilizó el teléfono, redes sociales y cuentas bancarias de la víctima para hacerse pasar por ella, enviando mensajes a familiares y allegados con el objetivo de desviar la investigación.

Estas acciones derivaron en las condenas por estafa informática y suplantación de identidad.

Además, la Fiscalía expuso que el imputado se apropió de bienes de la joven, lo que también formó parte de la acusación.

Violencia previa y contexto

El juicio también dejó en evidencia un historial de violencia en la relación.

Familiares y allegados describieron un vínculo marcado por agresiones físicas y psicológicas. Incluso, se señaló que la víctima sufrió violencia durante el embarazo.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) había intervenido previamente, retirando a la hija de ambos y otorgando su custodia a la abuela materna.

Peraza era madre de una menor y, según el Ministerio Público, fue víctima de un ciclo de violencia que culminó en el femicidio.

Un caso atroz que marcó a Costa Rica

El nivel de violencia, el desmembramiento del cuerpo, el ocultamiento prolongado y la manipulación posterior convirtieron este caso en uno de los más impactantes y mediáticos en Costa Rica.

Durante el juicio, incluso se mencionaron indicios de canibalismo y necrofagia, lo que aumentó la conmoción pública, aunque estos elementos formaron parte del análisis investigativo.

Para los jueces, la cantidad de prueba presentada fue contundente y no dejó margen de duda sobre la responsabilidad del acusado.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz, en Salta, ordenaron que se que se imponga una prisión preventiva sobre Daniel Orlando Serapio, señalado como autor de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, resolvió conceder la prisión preventiva para Serapio al hacer lugar al pedido del fiscal. Lo mismo recaerá sobre otros dos imputados.

Según informó el diario El Tribuno, la decisión se basó en la gravedad de los hechos imputados y en los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, la magistrada ordenó al Servicio Penitenciario adoptar medidas para resguardar la integridad psicofísica del acusado principal y garantizar que reciba los tratamientos médicos y psiquiátricos necesarios.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 17 de febrero pasado en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz sufrió lesiones graves que provocaron su fallecimiento en el hospital local. Según lo informado por la Unidad de Femicidios, Serapio, ex pareja de la víctima, fue identificado como el principal sospechoso y se dio a la fuga inmediatamente después del suceso.

Durante once días, el hombre permaneció prófugo en la zona precordillerana, lo que motivó un exhaustivo operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, el 27 de febrero, fue localizado y detenido en una cueva cercana al Estación Diego de Almagro. Este procedimiento puso fin a una etapa de intensa búsqueda que había generado preocupación en la comunidad y en los allegados de la víctima.

La fiscal penal expuso en la audiencia que la gravedad de los cargos, junto con la situación procesal del imputado, hacen imprescindible su detención preventiva para asegurar el normal desarrollo de la causa y la protección de los derechos de las partes involucradas.

Además de Serapio, dos hombres mayores de edad —familiares del principal acusado— se encuentran imputados como coautores de encubrimiento agravado. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ambos habrían colaborado activamente en las acciones destinadas a ocultar al sospechoso y dificultar su ubicación por parte de las autoridades.

En la audiencia, la representante de la Unidad de Femicidios solicitó que la medida de prisión preventiva se extendiera también a estos dos coimputados, en virtud de la gravedad del hecho y la presunta participación en el encubrimiento de un delito particularmente grave. La jueza Claudia Puertas hizo lugar al pedido, fundamentando su decisión en la existencia de riesgos procesales similares a los atribuidos a Serapio.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía especializada, que mantiene la hipótesis de que los familiares de Serapio desempeñaron un rol directo en su ocultamiento durante los días en que permaneció prófugo.

Ahora, el proceso judicial avanzará con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se espera la definición de la fecha para la próxima audiencia. La causa se encuentra bajo seguimiento de la Unidad de Femicidios, que mantiene el enfoque en garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la transparencia de la investigación.

Santos Roberto Hernández Valladares fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su esposa, Lexi Marisol Dubón, cuyo cuerpo permaneció enterrado alrededor de cuatro años en el patio de la vivienda familiar en Jacaleapa, El Paraíso, Honduras.

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel. El tribunal optó por la pena mínima prevista en el artículo 194 del Código Penal hondureño para el delito de parricidio, cuya escala es de 20 a 25 años, según el Ministerio Público.

El avance en el caso fue posible cuando, el 15 de febrero de 2024, las autoridades hallaron la osamenta de una persona en el solar de la propiedad que compartía la pareja en Las Toreras. Las pruebas de ADN efectuadas en el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa mostraron una coincidencia genética del 99% con familiares de Dubón, confirmando la identidad y permitiendo la presentación formal del requerimiento fiscal.

Cerca de cuatro años antes del descubrimiento de los restos, la familia de Dubón había reportado su desaparición, un lapso en el que el crimen permaneció invisible para la comunidad y las autoridades. Tras el hallazgo casual en la vivienda, el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense de Honduras coordinaron la exhumación y el análisis científico.

Los estudios genéticos, al ser analizados con muestras biológicas de familiares, resultaron concluyentes. El dictamen de Patología Forense estableció una correspondencia genética casi total con la víctima, lo cual permitió a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formular la acusación contra Hernández Valladares como autor del delito.

El acusado optó por el juicio por estricta conformidad, acelerando la resolución del proceso judicial y agilizando la emisión de la sentencia. El Ministerio Público puntualizó que esta modalidad procesal no conlleva una reducción relevante de la pena en delitos graves como el parricidio.

Esto subraya la importancia del fortalecimiento de redes de prevención y sistemas de alerta temprana ante la violencia intrafamiliar. Vecinos de Las Toreras manifestaron que nunca sospecharon un crimen de esta magnitud en su localidad.

Autoridades hondureñas afirmaron en un comunicado oficial: “Incluso cuando se intenta ocultar la evidencia, la tecnología y la investigación científica permiten que la justicia prevalezca.” Esta experiencia reafirma, según los equipos judiciales, el valor de los recursos técnicos en la resolución de crímenes complejos y la urgencia de ampliar la formación y recursos para la investigación.

La Fiscalía anunció que seguirá impulsando el fortalecimiento de su capacidad investigativa y solicitó mayor colaboración ciudadana para denunciar hechos de violencia y desaparición como herramienta clave para prevenir y esclarecer delitos en el país.

El caso Dubón expone el problema de la violencia contra mujeres en Honduras y la urgencia de reforzar la atención y prevención institucional.

La desaparición de Dubón dejó a una familia en incertidumbre durante casi cuatro años y conmocionó a la comunidad. El uso de la ciencia forense permitió cerrar judicialmente el caso, aunque el impacto persiste en quienes la conocieron.

La resolución constituye un hito en la aplicación de técnicas forenses en crímenes domésticos y destaca el mensaje institucional: la denuncia oportuna y el respeto a la vida son fundamentales.

El traslado de Jorge Javier Grasso a la provincia de Córdoba marcó un nuevo capítulo en la investigación por el presunto femicidio de Milagros Micaela Basto.

El operativo, realizado siete días después de su captura en Salta, fue ejecutado por la Unidad de Homicidios y el Equipo Táctico Eter de la Policía de Córdoba, quienes viajaron especialmente hasta la Jefatura de Región X de la provincia para concretar el procedimiento. Grasso quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, bajo disposición del Poder Judicial.

La detención de Grasso se produjo en la ciudad de Tartagal, Salta, donde permaneció prófugo durante ocho meses. Su captura responde a una orden judicial vinculada a la causa que investiga la muerte de Milagros Basto, cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la capital cordobesa, en la calle Buenos Aires al 300. El hallazgo ocurrió en el inmueble donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Antonio Grasso, ex policía y hermano del sospechoso.

La investigación sostiene que la joven fue víctima de femicidio, y que Jorge Javier Grasso habría estado vinculado directamente con el crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un ropero, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, durante el operativo de captura en Salta, Grasso intentó evitar su identificación presentando un pasaporte con género femenino, una práctica que, según los investigadores, ya había utilizado en situaciones anteriores. Las autoridades confirmaron que esta maniobra buscaba confundir a la Policía y aplazar su detención. La documentación fue analizada por los agentes de la Unidad de Homicidios, quienes finalmente confirmaron la identidad del detenido.

Una vez en Córdoba, el sospechoso fue remitido directamente a la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, en las afueras de la ciudad. El Poder Judicial dispuso su detención inmediata mientras avanza la investigación.

En el expediente judicial constan antecedentes penales y denuncias previas contra Grasso, tanto por episodios de acoso como por otros delitos. En 2024, fue detenido en Ciudad del Este, Paraguay, tras ser acusado del robo de un bolso con 12 mil dólares en un centro comercial. En esa oportunidad, Grasso también presentó documentación que lo identificaba como mujer y solicitó ser trasladado bajo esa condición, en línea con la estrategia utilizada durante su reciente captura en Salta.

El caso sigue bajo investigación del Poder Judicial de Córdoba y la Fiscalía de Homicidios, que ahora centra sus esfuerzos en reunir pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

El hallazgo del cuerpo y una investigación abierta

La aparición del cuerpo de Milagros se produjo cerca del mediodía del 7 de julio, cuando dos albañiles sintieron un olor persistente mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio, quien cumplía de forma domiciliaria una condena por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos.

Al ingresar, descubrieron un ropero casero sellado con madera y cemento. Dentro, un cuerpo envuelto en frazadas y atado con cables, en avanzado estado de descomposición. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto.

Durante el tiempo de la desaparición, Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria, pero esa condición cambió al violar la medida y ser trasladado al penal de Bouwer.

La investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, apunta a esclarecer el contexto del crimen y la posible relación entre la joven, Grasso y su hermano Javier, propietario del departamento y contratante de los albañiles.

Ambos fueron detenidos como principales sospechosos de femicidio, mientras la causa avanza en busca de pruebas y respuestas a un posible femicidio.

Este 16 de marzo en la ciudad de San Calixto en Salta, Vanesa Guadalupe García fue hallada sin vida por sus hijos que volvían del colegio. Junto con ella, se encontraba muerto por suicidio su pareja, Aníbal Palacios, quien presumen fue el culpable del crimen.

La policía encontró que la mujer de 41 años tenía signos de violencia compatibles con asfixia. Los investigadores siguen intentando responder qué sucedió en el domicilio y cómo se desarrollaron los hechos.

En este marco, su hijo publicó en sus redes sociales un emocionante mensaje recordando a Vanesa y dedicándole unas palabras. “No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, expresó el joven. En la descripción también escribió: “Lo mejor que tengo en la vida”.

El joven se despidió de su mamá y dejó una frase que conmocionó a quienes leyeron la publicación: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

La reconstrucción inicial de los hecho, de acuerdo a El Tribuno, sugiere que la ex pareja de la mujer fallecida, habría perpetrado el femicidio dentro de la vivienda y luego se quitó la vida, presumiblemente por ahorcamiento. Aunque la secuencia aún debe ser formalmente confirmada por los peritos, las autoridades trabajan en el relevo de pruebas materiales y en la toma de testimonios para precisar el horario y las circunstancias.

El hecho sacudió al barrio

La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de Vanesa García, la mujer de 41 años. El encuentro que sucedió en la sede fiscal, tuvo como objetivo informar a los allegados sobre el avance de la investigación, brindarles acompañamiento institucional y detallar sus derechos como víctimas, en el marco de la Ley Brisa.

El impactante episodio movilizó a la familia de la victima quienes intentaron ingresar al domicilio tras el crimen. La situación se tensó generando un conflicto con la policía que custodiaba la escena.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación, que cercaron la propiedad y preservaron la escena. Especialistas de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron inmediatamente las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicarán las autopsias correspondientes que determinarán la causa exacta de muerte. La fiscal María Luján Sodero Calvet aseguró a la familia que la instrucción contempla “numerosas medidas investigativas” orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Teniendo en cuenta que tan solo días atrás sucedió el femicidio de Natalia Cruz en Salta, las autoridades de la provincia intentan acelerar los análisis de datos. Estos casos, exponen la necesidad de intervención antes de que sea tarde en el ciclo de la violencia de género, y refuerzan la urgencia de una respuesta judicial ágil para evitar nuevas situaciones graves.

Cada evento ha movilizado la logística de investigación, verificación de pruebas y entrevistas a familiares para obtener una reconstrucción precisa. La labor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha resultado central en ambos hechos, al encargarse de los peritajes iniciales y de la entrega de los primeros informes oficiales a la justicia.

El caso de Natalia Cruz su agresor permaneció oculto durante días luego de que Daniel Orlando Serapi perpetre el crimen. El episodio ocurrió el 17 de febrero en Campo Quijano. Según la causa judicial, la pareja inició una discusión y el intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física.

Los familiares hallaron a Cruz con vida, pero las lesiones por golpes y signos de asfixia mecánica provocaron su fallecimiento poco después. La última acción comprobada del sospechoso fue una llamada a su madre, durante la que expresó: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”.

Las investigaciones permanecen abiertas, con la expectativa de que las pericias en curso y los análisis de testimonios permitan confirmar la mecánica de los crímenes y optimizar las políticas de prevención en la provincia.

El agresor fue detenido por la Policía de la Ciudad y la víctima, oriunda del mismo país, fue trasladada al hospital, donde los médicos logran estabilizarla y salvarle la vida.

Fuentes policiales indicaron que el ataque ocurrió en un local ubicado en la calle Salta al 1700, donde efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) fueron alertados mientras realizaban un control en la zona, detallaron las fuentes a este medio.

Tras la alerta, la mujer fue asistida rápidamente por los agentes porteños, quienes controlaron la hemorragia causada por una herida de arma blanca en el cuello.

Posteriormente, fue trasladada en un móvil de la policía mediante un cordón sanitario realizado por la División Intervenciones Rápidas (DIR) hasta el Hospital Elizalde.

El momento de máxima tensión fue registrado en video y las imágenes acompañan esta nota.

En el centro de salud, los médicos lograron salvarle la vida tras una intervención de emergencia. Según el parte policial, la víctima ingresó con riesgo de vida, pero la rápida acción de los efectivos permitió que hoy se encuentre en su casa, fuera de peligro.

El agresor, un hombre colombiano de 47 años, fue detenido por efectivos del DOUC y puesto a disposición de la Justicia. El arma blanca utilizada fue incautada durante el procedimiento.

Por último, los voceros señalaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ordenó la detención del imputado por la tentativa de femici.

Como todos los días, dos adolescentes regresaban juntos a su casa de la escuela, sin pensar que se encontrarían con el peor de los escenarios: encontraron muertos a su madre y a su ex padrastro. Ahora, la Policía de Salta investiga un femicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona sur de la capital provincial, en el barrio de San Calixto. Los menores que dieron a viso a las autoridades tienen tan solo 14 y 15 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, al llegar al lugar, la Policía de Salta y peritos forenses se abocaron a la tarea de reconstruir con exactitud cómo se produjo el hecho. Las primeras diligencias incluyeron el resguardo de la escena, el relevamiento de pruebas materiales y la toma de testimonios a vecinos, familiares y posibles testigos. Los investigadores buscan determinar con precisión el horario del ataque y el modo en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del domicilio.

En este contexto, a los pocos minutos, se desencadenaron conflictos en las inmediaciones del lugar, puesto que testigos relataron que familiares y allegados del presunto agresor intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el acceso.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron realizar las autoridades del hecho, el hombre, que sería ex padrastro de los menores, habría atacado y asesinado a la mujer dentro de la vivienda. Posteriormente, el mismo sujeto se habría quitado la vida, aparentemente mediante ahorcamiento. La secuencia, aunque aún pendiente de confirmación plena por parte de los peritos, es el eje central de la investigación en curso.

En el lugar trabajó el fiscal a cargo de la causa y de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ambos organismos tienen a su cargo la realización de las pericias iniciales y la posterior entrega de los primeros informes oficiales.

Hace tan solo un mes, otro femicidio se registró en Salta. La víctima fue Natalia Cruz y su asesino permaneció oculto durante días en una cueva de la precordillera. Se trata de Daniel Orlando Serapi.

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

Una discusión que comenzó por un hámster y derivó en acusaciones de infidelidad terminó en tragedia en Filadelfia el 9 de marzo: Lemmarra Bradshaw, una joven embarazada de 18 años, murió tras recibir un disparo presuntamente cometido por su pareja, Robert Tatum, de 29 años.

Bradshaw, quien esperaba su segundo hijo, ya era madre de una niña de 4 años, y su muerte ha profundizado la preocupación pública por la violencia doméstica y la falta de protección a las mujeres víctimas, según informaron medios locales como el ABC Philadelphia.

En la audiencia preliminar realizada el 11 de marzo de 2026, la fiscalía imputó a Tatum cargos por homicidio voluntario, posesión de un instrumento de crimen con intención y poner en peligro imprudentemente a otra persona, de acuerdo con los registros judiciales reseñados por National Today. El proceso judicial continuará el 30 de marzo, fecha en la que el tribunal decidirá si Tatum puede o no acceder a la libertad bajo fianza.

Cómo ocurrió el crimen y qué se sabe de la víctima

La joven gestante fue asesinada en la cuadra 7000 de Langdon Street, en el vecindario Rhawnhurst de Filadelfia, durante una disputa que, según la versión de la familia, se agravó tras confirmarse la infidelidad de Tatum.

La tía de la víctima relató que, semanas antes del crimen, Tatum había golpeado a Bradshaw en el rostro. “La golpeó en la cara hace dos semanas y en menos de 24 horas ella volvió con él. Él la manipulaba y estba siempre en un ataque de celos”, declaró la familiar en diálogo con ABC Philadelphia.

La noche del incidente, de acuerdo con la versión de Tatum recogida por la investigación oficial, la discusión comenzó por un hámster que la madre de Bradshaw, Michelle Adekola, le había regalado poco antes. Sin embargo, la familia sostiene que el conflicto de fondo estuvo originado en la conducta infiel y violenta del acusado.

Declaraciones y líneas de investigación

En su declaración ante las autoridades, el presunto asesino afirmó que Bradshaw se le acercó con un cuchillo y un destornillador durante la disputa, y que en ese contexto disparó el arma que la mató.

Los detectives del caso puntualizaron en que continúan analizando las pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Este caso puso en evidencia el fracaso de las redes de contención ante situaciones de riesgo en parejas jóvenes. Bradshaw no solo era madre de una niña pequeña, sino que se convirtió en el tercer hijo perdido para su madre, Michelle Adekola, durante los últimos años.

“Siento que no protegí lo suficiente a mi hija para evitar que este hombre la matara, y no estuve ahí para ayudarla. Me siento rota por dentro”, expresó Adekola en exclusiva con ABC Philadelphia. Además de su hija asesinada, lamentó la pérdida del bebé que Lemmarra esperaba: “Ella llevaba a tu bebé. Deberías haber tenido más compasión”.

Próximos pasos judiciales y repercusiones

La próxima audiencia del proceso penal contra Robert Tatum está fijada para el 30 de marzo de 2026. La decisión judicial determinará si el acusado podrá aguardar en libertad la definición de las responsabilidades sobre la muerte de Lemmarra Bradshaw.

Con la repercusión de este caso, la mirada pública se coloca sobre la violencia de género doméstica en Filadelfia y la ineficacia que tienen los mecanismos de prevención y denuncia.

Un hombre asesinó a su expareja en la localidad de General Lavalle y tras esconder su cuerpo atrás del sillón de la casa de la víctima, se fue al carnaval de la ciudad. El sospechoso todavía tenía la ropa manchada de sangre mientras festejaba en el corso minutos después.

La mujer víctima del brutal episodio fue identificada como Eugenia Mendiburu, una empleada municipal de 43 años. Su expareja y principal sospechoso del crimen es Javier Flores de 49 años con quien habría mantenido una relación violenta y de denuncias.

Eugenia fue hallada sin vida por la policía de Buenos Aires en su vivienda de la intersección de Cordine y Bartolomé Mitre, ubicada a pocas cuadras de los festejos. Actualmente, la causa está bajo investigación de la Justicia de Buenos Aires, que busca determinar si el sospechoso actuó en complicidad.

Según las fuentes policiales, la mujer fue atacada por un objeto punzante. La situación levantó sospecha cuando conocidos de Eugenia Mendiburu vieron el estado desprolijo de Javier y al intentar contactarla, no lo lograron. Sabiendo los antecedentes y los problemas previos de la expareja, alertaron a las fuerzas de seguridad.

Luego de la notificación a la policía, los agentes encontraron el cuerpo detrás de un sillón y detuvieron al principal sospechoso, según El Tribuno.

Los testigos señalaron que el atacante llegó al carnaval con marcas de sangre en la ropa, lesiones visibles en la nuca y un dedo cortado. Las prendas manchadas de sangre fueron secuestradas como parte de la investigación.

La causa quedó a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires bajo “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Sin embargo, la causa aún no trascendió.

Casos similares de femicidio

El caso de Eugenia Mendiburu en General Lavalle se suma a una serie de crímenes recientes que reflejan la persistencia de la violencia de género en distintas regiones del país. La provincia de Chaco fue escenario de un doble femicidio en Quitilipi, donde una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la víctima. Ambos casos exponen patrones similares de violencia extrema, vínculos previos y la urgencia de prevenir estos delitos.

El martes por la tarde, la Policía halló los cuerpos sin vida de una madre de 37 años y su hija adolescente de 17, ambas asesinadas con extrema violencia en su hogar de Quitilipi. El caso desencadenó un operativo policial urgente.

El crimen ocurrió durante la noche del cumpleaños de la mujer y, según la Fiscalía, el presunto autor (su expareja, identificado como D. O.) fue capturado pocas horas después. Las autoridades explicaron que una herramienta contundente, posiblemente un hacha, habría sido utilizada para cometer el doble femicidio, y el caso ha sido calificado como uno de los más impactantes en la región por la brutalidad de la escena.

El procedimiento de búsqueda, dirigido por el fiscal César Luis Collado de la Fiscalía de Investigación Penal N°1 y dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, se ejecutó con apoyo de equipos especializados. La captura de D. O. ocurrió en las primeras horas siguientes al hallazgo, cuando el sospechoso fue localizado a escasos kilómetros del lugar de los asesinatos, caminando entre las rutas 4 y 16. Al momento de ser detenido, el individuo manifestó intenciones suicidas, que fueron neutralizadas por los efectivos, según confirmaron las fuentes policiales.

La gravedad de este doble femicidio motivó la supervisión directa de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad provinciales. El jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, y el subjefe, comisario general Manuel Victoriano Silva, coordinaron tanto la aprehensión como el resguardo de pruebas clave vinculadas al caso. Al momento de la detención, los oficiales secuestraron el teléfono móvil del acusado, dispositivo que ahora será peritado en busca de elementos que aporten a la reconstrucción de los hechos.

“Este asesino, Eduardo Vázquez, eligió matar a mi hija de la forma más terrible, rociándola con alcohol y luego prendiéndola fuego, que es la forma más larga, lenta y dolorosa que un ser humano pueda imaginarse. Después de mucha lucha le dieron perpetua. Hace poco, la justicia le concedió el acceso a un período de prueba para obtener salidas transitorias. Pienso en eso todo el tiempo y me agobia, me falta el aire, estoy indignada”, expresa conmovida por tanto dolor Beatriz Regal, mamá de Wanda Taddei. La joven de 29 años murió el 21 de febrero de 2011 después de once días de agonía porque su marido, el músico Eduardo Vázquez, decidió quemarla viva.

Los antecedentes del femicida

El prontuario de Vázquez dice que además fue uno de los músicos de la banda Callejeros que participaron de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004. Por calcinar a su mujer fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo atenuado por emoción violenta. La familia de Wanda apeló la medida, y en 2013, la Cámara de Casación suprimió la emoción violenta y modificó la sentencia a prisión perpetua. Además, por el incendio de Cromañón recibió una pena de seis años.

Desde entonces el homicida solo piensa en volver a la calle pese a que primero dijo que lo de su mujer solo fue un accidente, y ahora admitió la culpa. Según los expertos, se trata de un giro estratégico, ya que esa actitud reflexiva lo beneficiaría en los informes psicológicos y psiquiátricos para obtener su libertad condicional.

Lo cierto es que en octubre del año pasado, el juez de ejecución penal Axel López habilitó para Vásquez el acceso al beneficio de ingresar a un período de prueba de posibles futuras salidas transitorias. Este régimen contempla la chance de salir de la cárcel de Devoto donde está alojado por lapsos de entre 12 a 72 horas. Esto sucede luego de que el mismo magistrado rechazara dicha alternativa en 2021, 2023 y 2024.

El período de prueba es una instancia prevista en el artículo 15 de la ley 24.660 que flexibiliza las condiciones de detención para quienes cumplen condenas largas. El objetivo es evaluar la capacidad de autodisciplina del condenado y su adaptación progresiva a la vida fuera del penal.

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario menciona que hubo una mejora en su comportamiento con participación en los programas predeterminados, pero señala que todavía no está en condiciones de salir. Tanto la fiscalía como el consejo correccional del penal manifestaron su negativa a que Vázquez pudiera alcanzar este beneficio porque además no cumplió la mitad de la pena, ya que lleva 15 años detenido y fue sentenciado a prisión perpetua (35 años).

En contraposición, Irene Corach, la psicóloga de Vázquez especificó en sus informes que “no se detectan obstáculos psíquicos que impidan la inclusión del evaluado en el régimen de Período de Prueba”. Y dejó en claro que Vázquez ahora reconoce su responsabilidad y transita un discurso más reflexivo.

El dolor de la madre de Wanda Taddei

Mientras tanto, Beatriz Regal, aplica su sentido común de madre y reflexiona. “Estoy en alarma y alerta permanente porque solo pasaron 15 años y él fue condenado a perpetua, es decir 35 años, y ya están intentando dejarlo salir, es vergonzoso. Con Jorge, mi marido, somos conscientes de que contamos con el apoyo de todos los medios periodísticos del país. Además, están todas las organizaciones sociales y feministas que también nos ayudan, que si fuera por ellos ya estaríamos haciendo concentraciones y marchas en la calle. Las leyes se deben cumplir, no así como las están interpretando para que pueda obtener la libertad. ¿Quién garantiza que no vuelva a hacer lo mismo con una mujer y tengamos una nueva víctima?

-¿Cómo sacan fuerzas ante semejante horror que vivieron, Beatriz?

- No podemos bajar los brazos por sus hijos, sus hermanos, la familia y por tantas víctimas y sus seres queridos que también dan pelea y nos siguen acompañando desde el primer día. Necesitamos una justicia que ayude a la víctima no al victimario. El período de prueba que el juez le otorgó puede durar un año, no sabemos bien, pero también en cualquier momento nos podemos encontrar con la novedad de que le otorguen las salidas transitorias, no quiero ni pensarlo, te juro. Nosotros seguimos hablando con fiscales, con jueces, con asistencia a la víctima, vamos a hacer todo lo posible para que esto se revierta.

-¿Lo ve posible?

-Es que si no es una barbaridad jurídica. Imaginate que una sola organización como “Atravesados por el femicidio” tiene más de 200 personas que perdieron a una mujer. ¿Esas familias que pueden llegar a estar pensando? Ahora el homicida de mi hija, mi nieta, mi sobrina, mi hermana, mi amiga, va a salir en cualquier momento de la cárcel porque lo de Vázquez va a sentar un precedente más que peligroso. Lo que no entiendo es por qué el juez concedió el período de prueba si está cuestionado por la fiscalía y por el propio servicio penitenciario. Lo que se debe comprender es que el femicidio cuando se produce no tiene marcha atrás, pero sí podemos trabajar a través de la educación y la difusión para que otras personas no lleguen a ser femicidas. Porque no se nace asesino. Insisto, no corresponde que a alguien que le faltan cumplir 20 años de condena pueda llegar a ser beneficiado de tal manera. La ley dice claramente que su sentencia debe ser de cumplimiento efectivo. Yo la voy a pelear en todas las instancias, no sé por qué pero me tengo confianza, vivo como una sensación de autodefensa propia.

-¿Esta es la etapa más dura que les tocó enfrentar como familia?

-Esta y la del juicio oral. No te imaginás lo duro y horrendo que fue, por todo lo que tuvimos que pasar y pelear porque no nos aceptaban las pruebas que aportábamos. Por suerte y porque nunca bajamos los brazos, en el Tribunal de Casación, vieron y analizaron el caso desde otro punto de vista. Siento que eran jueces mucho más capacitados. Es que hay varios excelentes que reconocen la violencia de género, y aunque parezca mentira a esta altura, otros no. Lo que hizo este asesino con Wanda, instaló en mi vida el miedo de que a mi otra hija le pueda pasar lo mismo. No puedo sacarme eso de la cabeza. Yo creo que el juez para dejarlo libre tiene que tener en cuenta la peligrosidad de la persona. Y este individuo demostró que es capaz de matar incinerando a la que era su mujer. Yo pediría que antes de permitir que transite entre nosotros, quienes deciden piensen unos segundos en esa escena. ¿Hay algo más violento, perverso y atroz? Vázquez antes decía que cometió un error en su vida, no un femicidio. Ahora acomodó el discurso porque le conviene y trata de sacar ventaja. Necesitamos jueces que apliquen bien la ley, lo pido por favor.

-Me comentaba que la familia sigue sufriendo y mucho, que padece una angustia constante.

-Sí, lo siguen padeciendo los hermanos, los tíos, los primos, no solo nosotros los padres. Después de quince años tengo a mi otra hija con psiquiatra, y a uno de mis nietos, el sobrino de Wanda, en tratamiento psicológico. Es interminable el sufrimiento. Cargo mi corazón de positividad porque me siento madre de muchos jóvenes del país que no dejan de apoyarme y acompañarme, recibo mucho amor de la sociedad. Me defino como una sembradora que germina semillas para la paz y el respeto hacia el otro. Con mi esposo estamos todos los días buscando y articulando diferentes cosas como para llegar profundamente a que se pueda cumplir con la ley. Yo pensé que iba a poder parar el período de prueba, que el juez me iba a escuchar, pero no sucedió. Igual voy a seguir luchando, siempre digo que nunca es tarde. Quiero que el magistrado me de los motivos, las razones por las cuales se lo otorgó. Igual nos queda una herramienta que es salir a la calle a gritar nuestro reclamo de justicia, y vamos a ser cientos de miles, te lo aseguro. Porque matan una mujer cada 28 horas. Estamos en una sociedad donde se incrementa la violencia de todas las formas, verbal, física, abusos... En las escuelas, tanto bullying como grooming. Ahora se sumó el cibernético y el juego en línea. Y se incrementaron los suicidios. Falta que se practique concientización en las escuelas, detección temprana. Convivimos en una sociedad cada vez más deshumanizada. Y los chicos están en el medio y lo padecen. A partir del homicidio de Wanda surgieron cientos de organizaciones en todas las provincias, pero no damos abasto para contener tanta violencia. Igual no voy a parar de luchar por cada semejante que lo necesite. Es un legado que me dejó mi hija y lo voy a seguir cumpliendo. También quiero poder cumplirle a ella. Y decirle un día que la pelea valió la pena porque a su asesino no lo dejaron libre antes de tiempo.

Jorge Javier Grasso fue detenido después de estar prófugo desde Julio de 2025 tras el femicidio de Milagros Basto. El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en un ropero y Javier está acusado por encubrir el crimen. En este marco, el imputado intentó engañar a la gendarmería presentando otra documentación.

Tras ser detenido por la Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, el hombre intentó engañar a la Justicia. En el procedimiento, cuando se solicitó su documentación, Javier intentó evadirlo. De esa manera, presentó un pasaporte en donde se percibe como mujer para no llevar su identificación.

Según informó Gendarmería, lo detuvieron cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 52 “Tartagal” realizaron un patrullaje rutinario en la zona cercana a la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.375.

Allí, cuando lo detuvieron para identificarlo, el sospechoso presentó el pasaporte que figuraba con otro género. Al buscar en los padrones, los agentes policiales no solo confirmaron que su documentación era falsa sino que tenía pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Córdoba.

Esta técnica ya la había utilizado en otro procedimiento judicial en el que estuvo involucrado. Grasso no solo está involucrado en el crimen de Milagros sino que cuenta con una serie de antecedentes problemáticos. En 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Antecedentes de Jorge Javier Grasso

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoce.Tv.

El femicidio de Milagros Basto

Milagros Basto, la joven de 22 años, había desaparecido en 2024. Su cuerpo fue hallado meses después, el 14 de agosto del año siguiente, en un departamento de la calle Buenos Aires al 300, en la capital de Córdoba.

Fue encontrada cuando obreros de una construcción alertaron a las autoridades por un olor intenso proveniente de una de las viviendas. Los agentes forzaron la entrada y descubrieron un armario sellado con cemento, dentro del cual estaba el cuerpo de Milagros, atada con un cable y envuelta en mantas.

En el mismo inmueble residía Horacio Antonio Grasso, hermano de Javier y ex policía, quien en ese momento cumplía prisión domiciliaria. Horacio ya había sido condenado por el asesinato de un menor en 2007. El hombre de 27 años enfrenta ahora una nueva imputación por homicidio en el marco de violencia de género.

Por otro lado, en febrero de este año, fue denunciado por un familiar por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente”, cargos que motivaron la intervención de la fiscal Ingrid Vago. Según la policía, si se suman todas las imputaciones, Horacio podría enfrentar una condena de prisión perpetua.

Las autoridades de Honduras informaron la captura de un tercer sospechoso vinculado al asesinato de la joven Valeria Joleth Alvarado Borjas, de 20 años, estudiante de Medicina.

El aprehendido, Cristian Ariel Rodríguez Ortega, presunto integrante de la Mara Salvatrucha y conocido como “El Principito”, fue localizado durante un operativo ejecutado en la aldea El Milagro, sector Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026.

Tenía órdenes de captura por secuestro agravado, dato, confirmado por la DPI mediante la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), diferencia este caso de otras investigaciones y resalta la gravedad de su supuesto historial delictivo.

La investigación policial apunta a que Rodríguez Ortega integraría una estructura criminal dedicada a secuestros, robos de vehículos y ataques contra mujeres solas en distintas regiones, de acuerdo con la DPI.

La detención se produjo después de acciones de inteligencia de la UNAS-DPI, que ubicaron al sospechoso en una vivienda de la aldea El Milagro, sector Dos Caminos. Durante el operativo, los agentes decomisaron un automóvil Hyundai Elantra y dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis técnicos para buscar pruebas adicionales o establecer el vínculo del detenido con otros delitos.

El operativo se realizó semanas después de que fuera encontrado el cuerpo de la universitaria en el sector de las cañeras del municipio de San Manuel, Cortés. La joven había sido reportada como desaparecida el 15 de febrero de 2026 en El Progreso, departamento de Yoro, donde fue vista por última vez al salir a pasear a su perro. Un reporte policial difundido por la DPI detalló que el cadáver presentaba signos de abuso sexual.

Previamente, las autoridades habían detenido a dos presuntos integrantes de la MS-13 relacionados con el caso. La DPI informó que las primeras capturas ocurrieron tras una persecución que terminó con el vuelco del vehículo en el que huían, lo que permitió la detención. Con la reciente aprehensión de “El Principito”, son ya tres los individuos arrestados por su presunta participación en el crimen

Según los investigadores de la DPI, la estructura criminal de los detenidos se centraría en interceptar a mujeres solas, privarlas de la libertad y robarles el vehículo, además de cometer agresiones sexuales en algunos casos. Esta organización había causado alarma en localidades como Siguatepeque, tras perpetrar hechos similares el año anterior. Las autoridades policiales mantienen abierta la posibilidad de su implicación en otros casos ocurridos en Honduras.

Valeria Alvarado, hija de un empleado municipal cercano al alcalde de El Progreso, Alexander López, fue víctima de una desaparición que movilizó intensamente a su familia y a la ciudadanía, con mensajes en redes sociales y reclamos para reforzar la lucha contra la violencia de género. Aunque existen referencias a sus vínculos familiares, la DPI subrayó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación y que, hasta ahora, no hay confirmación oficial de una relación directa entre estos lazos y el crimen.

Tras la detención, Rodríguez Ortega fue trasladado bajo custodia y presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los delitos imputados. Los teléfonos y el vehículo incautados serán analizados para identificar pruebas concretas sobre la secuencia de los hechos y la posible implicación de otros miembros de la organización, indicó la DPI.

El asesinato de Valeria Joleth Alvarado Borjas generó la movilización de organizaciones sociales, universitarios y ciudadanos, quienes insisten en que el crimen no quede impune.

Como respuesta, la DPI anunció que continuarán los operativos específicos contra estructuras criminales dedicadas al secuestro y delitos de alto impacto en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026, con el propósito de desarticular estas redes y evitar nuevos ataques. La familia de la estudiante exige que se esclarezca cada detalle y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Durante la madrugada del martes 10 de marzo en la capital de La Rioja, Jessica Verónica Mercado de 34 años fue asesinada con un arma blanca por su expareja. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria y un shock hipovolémico.

Este ataque perpetrado por su expareja Miguel Ángel Justino Ruarte no solo resalta la persistente problemática de la violencia de género sino que también pone en juego la violencia intrafamiliar. La brutalidad de esta situación ocurrió frente a sus tres hijos, vulnerando los derechos de los menores.

Por su parte, Ruarte se autolesionó con un corte en el cuello tras cometer el crimen. Fue trasladado al hospital local, donde murió pocas horas alrededor de las 2:15. La causa de su muerte fue por insuficiencia respiratoria aguda producto de su propia herida.

El procedimiento forense, efectuado la mañana del martes en la morgue judicial y en presencia de familiares de la víctima para su reconocimiento, reveló que Jessica presentaba heridas cortantes en el cuello y en el brazo izquierdo. Este dictamen da certeza sobre la mecánica del hecho y la gravedad del ataque.

Tras el ataque, fueron los menores de edad quienes salieron a buscar ayuda y alertaron desesperadamente a una vecina sobre la situación. Luego de la llegada de las autoridades policiales, intervino Asuntos Juveniles para garantizar la protección de los hijos de la victima. Actualmente, los niños de 11, 5 y 3 años están en custodia temporal de la abuela.

La casa donde ocurrió el crimen, situada en el barrio Francisco I, fue intervenida por la policía luego de que una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos. Los niños que lograron huir en medio del incidente, se refugiaron en la vivienda de la denunciante hasta la llegada de la policía.

El primer informe de la autopsia fue solicitado por la jueza María Cecilia Córdoba y completado alrededor de las 12 del martes, indica que Mercado murió por desangramiento tras las graves heridas que sufrió en el cuello y uno de los hombros.

Las denuncias previas a la expareja de Jessica Mercado

Al momento del homicidio, Ruarte estaba bajo libertad condicional y tenía prohibición de acercamiento a la víctima y su familia, en un radio de 200 metros, además de la imposibilidad de comunicarse por cualquier medio, según resoluciones dictadas por la Justicia en diciembre de 2025. Asimismo, debía cumplir con medidas como realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género, someterse a control judicial y llevar adelante tareas comunitarias no remuneradas.

El atacante había sido denunciado en diversas oportunidades por Jessica ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía, la última de ellas registrada en octubre de 2024. Esta denuncia impulsó la exclusión del hogar del agresor y la implementación tanto de la restricción de acercamiento, informó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, a La Red 88.3 La Rioja. “Esas medidas de protección se mantuvieron durante aproximadamente 160 días durante 2025, pero luego no fueron renovadas”, indicó el Ministro.

En diciembre de 2025, la Cámara Tercera sentenció por juicio abreviado a Ruarte a cuatro años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de desobediencia a la autoridad en contexto de violencia de género. La jueza Sara Alicia López Douglas firmó la resolución posteriormente notificada al juzgado de ejecución penal encabezado por Andrea Gordillo Papich. Además de las restricciones mencionadas, se le impuso la obligación de cumplir un régimen de visitas mediado por terceros y una cuota alimentaria.

Los vecinos de la zona confirmaron que se incumplían las denuncias, según Medios Rioja, dijeron que “solía concurrir con frecuencia al domicilio” y hostigaba a su expareja. En febrero de este año se recibió un nuevo llamado al 911 por un episodio de violencia. Esta vez, Mercado no formalizó una denuncia adicional.

Carlos Cardozo fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Juan Iván Miranda, el hijo de su pareja a quien apuñaló durante una violenta discusión en la ciudad de Mar del Plata, en 2023. La víctima tenía una discapacidad y murió poco después de ser atacado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dictó la sentencia este martes, tras una investigación que descartó el agravante de “femicidio vinculado”, como había solicitado la Fiscalía. Esta figura se aplica cuando una persona es asesinada para causar daño a una mujer con la que el autor mantiene o mantuvo una relación.

En este caso, el tribunal entendió que no se daban las condiciones para considerarlo así, pese a que la fiscalía sostuvo que el ataque tenía como objetivo principal dañar a la madre del joven, de acuerdo con lo que informó La Capital de Mar del Plata.

El hecho que terminó con la vida de Miranda se produjo luego de intervinir para defender a su madre durante una pelea con el acusado. Según la investigación judicial, el joven de 27 años sufrió una herida de arma blanca cuando intentó proteger a la mujer. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero falleció al poco tiempo.

El tribunal integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Facundo Viñas y María Paula consideró que Cardozo fue penalmente responsable del delito de “homicidio simple”. En la audiencia de lectura del veredicto, Cardozo escuchó la decisión del tribunal de manera remota ya que se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán desde hace tres años. El condenado se había fugado tras el crimen, pero fue capturado y permanecía detenido a la espera del fallo.

En un primer momento, la causa estuvo caratulada como “homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Miranda, la acusación cambió a “femicidio vinculado”, aunque finalmente los jueces modificaron nuevamente la acusación. La víctima era producto de una relación anterior de la mujer, y padecía un retraso madurativo.

Mató a puñaladas a su apreja delante de sus hijos

En la madrugada de este martes una mujer de 34 años fue asesinada por su ex pareja y padre de sus tres hijos en la ciudad de La Rioja. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima, identificada como Jessica Verónica Mercado, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Según fuentes policiales, el femicidio tuvo lugar en medio de una discusión entre Mercado y Justino Miguel Ángel Ruarte, de 43 años, quien después de apuñalarla se quitó la vida.

La secuencia fue reportada a las 3.15 de la madrugada, cuando una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos desesperados que provenían de la casa. Al llegar, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial ingresó al domicilio y encontró a Mercado sin vida en una de las habitaciones, con heridas de arma blanca en el cuello y en uno de sus hombros. De acuerdo con la investigación, la jueza María Cecilia Córdoba anticipó que la víctima habría muerto desangrada debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque de Ruarte se produjo en presencia de los tres hijos de la pareja, dos niños de 5 y 11 años y una niña de 3. Ante el horror de la situación, los menores corrieron a refugiarse en la casa de la vecina que había dado aviso y permanecieron allí hasta la llegada de la policía. La investigación determinó que el agresor se autolesionó tras el crimen y murió antes de ser trasladado al hospital local.

En el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de La Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja que utilizó Ruarte para llegar al domicilio de la víctima. Por disposición de la jueza Córdoba, la vivienda donde ocurrió el femicidio y la custodia de los tres hijos quedaron a cargo de la abuela materna de los menores, una mujer de 51 años.

Un tribunal panameño condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer costarricense, en un caso que involucró una investigación transfronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El fallo fue resultado de un acuerdo de pena validado por un tribunal de garantías, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad penal por el crimen. La condena fue solicitada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí, que llevó adelante la investigación contra el ciudadano panameño de 30 años.

El caso generó atención pública debido a que la víctima era extranjera y el crimen ocurrió fuera del territorio panameño, lo que obligó a aplicar normas de jurisdicción penal internacional.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se remontan al 25 de octubre de 2025, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado dentro del baño de un hospedaje ubicado en Punta Arenas, en Golfito, Costa Rica.

Las autoridades forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, según el protocolo de necropsia practicado por los especialistas. El crimen fue considerado un caso de femicidio debido a las circunstancias en que se produjo el ataque, así como por la relación entre el agresor y la víctima.

Tras cometer el hecho, el sospechoso abandonó el lugar e inició una huida hacia Panamá, lo que activó alertas policiales en ambos países.

Las autoridades panameñas lograron capturar al sospechoso el 29 de octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí, pocos días después del crimen. El acusado fue localizado mediante labores de inteligencia policial y coordinación entre los organismos de seguridad de ambos países, lo que permitió ubicarlo en territorio panameño.

Debido a que se trata de un ciudadano panameño, no fue extraditado a Costa Rica, por lo que el proceso judicial se desarrolló bajo la jurisdicción de Panamá. Las autoridades judiciales determinaron que debía ser investigado y juzgado conforme a la legislación penal panameña, lo que finalmente condujo a la condena de prisión.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó los elementos probatorios que vincularon al acusado con el crimen, incluyendo testimonios, peritajes forenses y evidencia recopilada durante la investigación.

Tras analizar las pruebas, el acusado decidió aceptar su responsabilidad penal mediante un acuerdo de pena, mecanismo legal que permite agilizar el proceso judicial. El acuerdo fue posteriormente validado por un tribunal de garantías, que avaló la condena de 25 años de prisión.

Con esta decisión, el caso concluyó en la etapa judicial sin necesidad de avanzar hacia un juicio oral completo.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones relacionadas con delitos de femicidio se desarrollan bajo estrictos protocolos especializados, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Las autoridades recordaron que este tipo de delitos constituye una de las formas más graves de violencia contra la mujer, por lo que la legislación contempla sanciones severas.

En Panamá, el delito de femicidio se castiga con penas que pueden superar los 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes del caso. La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará desarrollando investigaciones objetivas y transparentes en este tipo de hecho

En paralelo, el sistema judicial panameño también ha dictado otras condenas recientes en casos relacionados con delitos graves contra menores de edad, lo que refleja la actividad de los tribunales en materia penal.

En otro proceso judicial, un hombre fue condenado a 44 años de prisión por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de persona menor de edad, mientras que dos mujeres fueron sentenciadas a 16 años de cárcel por el delito de corrupción de menor agravado.

El caso fue tramitado por la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, luego de varias audiencias celebradas entre enero y febrero de 2026.

De acuerdo con la investigación presentada ante el tribunal, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2020 en distintos sectores del distrito de San Miguelito y Panamá Este, incluyendo Villa Lobos, Rana de Oro y Brisas del Golf.

La víctima tenía apenas ocho años cuando comenzaron las agresiones sexuales, que continuaron durante varios años en diferentes lugares donde residía la familia.

Las autoridades judiciales concluyeron que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor y cometió actos de abuso reiterados, mientras que las dos mujeres condenadas permitieron o facilitaron la exposición de la víctima a conductas sexuales inapropiadas.

El tribunal también impuso penas accesorias contra los tres condenados, que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad durante un período de diez años después de cumplir la pena principal.

Esta medida busca evitar que los responsables tengan contacto con menores una vez recuperen su libertad, como parte de las disposiciones establecidas en el Código Penal. Las autoridades reiteraron que la protección de la niñez y la persecución de delitos sexuales constituye una prioridad dentro del sistema judicial, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Estadísticas

Durante 2025 Panamá registró 20 víctimas de femicidio, de acuerdo con los informes estadísticos del Ministerio Público, lo que representó una ligera reducción en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 23 casos.

Las estadísticas muestran que los crímenes se distribuyeron en distintas provincias del país, con una concentración importante en Panamá Oeste, donde se reportaron ocho víctimas, seguida de Panamá y Chiriquí, entre otras regiones.

Los datos reflejan que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema persistente en el país, con casos que abarcan distintos contextos sociales y familiares.

El análisis de los expedientes también revela patrones en la forma en que se cometieron estos delitos, incluyendo el uso de armas de fuego, armas blancas y casos de asfixia mecánica, según las investigaciones del Ministerio Público.

Las estadísticas indican que seis de los femicidios registrados en 2025 se perpetraron con armas de fuego, mientras que cinco se cometieron con armas blancas y cuatro mediante asfixia mecánica.

Las autoridades han señalado que muchos de estos crímenes se producen en entornos de violencia doméstica o relaciones cercanas, lo que ha impulsado el fortalecimiento de unidades especializadas para investigar estos casos.

En lo que va de 2026, las cifras preliminares del Ministerio Público reportan una víctima de femicidio durante el mes de enero, además de cuatro tentativas de femicidio registradas en el mismo período, lo que mantiene la alerta sobre la violencia de género en el país.

El informe también señala que el caso confirmado de femicidio se cometió con arma de fuego, mientras que las tentativas incluyen ataques con arma blanca, arma de fuego e incluso incendiarismo, de acuerdo con el reporte estadístico nacional.

Las autoridades han advertido que estos datos son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones, ya que algunos homicidios inicialmente se clasifican como muertes violentas hasta que se determina si cumplen con los criterios legales de femicidio.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el lunes fue trasladado hacia Termas de Río Hondo el principal imputado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, identificado como L. R. B., alias “Chucky”. El procedimiento se realizó desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas, en cumplimiento de nuevas medidas dispuestas en la causa por el Ministerio Público Fiscal.

El traslado de Bustamante fue ordenado por la fiscal Dahiana Pérez Vicens, responsable de la investigación judicial. La diligencia tuvo como objetivo realizar una entrevista psicológica al acusado, en el marco de las pericias requeridas durante el proceso. Dos peritos psicólogos participaron en la evaluación: uno designado por el Ministerio Público Fiscal y otro propuesto por la Defensa Oficial, representada por la Dra. Ana Silva Gerez.

Una vez finalizada la entrevista, Bustamante fue devuelto al Centro Único de Detenidos en la ciudad Capital, donde permanece alojado. El operativo de seguridad incluyó el despliegue de personal policial y vehículos de traslado, garantizando el cumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad judicial.

Dentro de las diligencias ordenadas, se programaron dos nuevas entrevistas psicológicas para los días 16 y 23 de marzo. Estas instancias forman parte de los procedimientos solicitados por la Fiscalía y buscan aportar elementos al expediente de la causa.

Según informaron fuentes del caso, el Ministerio Público Fiscal solicitará próximamente una nueva audiencia para requerir la prisión preventiva de L. R. B. El objetivo de esta solicitud es que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación por el femicidio de Ramona Emilia Medina.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave, con la recolección de pruebas y la realización de pericias médicas y psicológicas. El avance de estas medidas resulta determinante para la definición de la situación procesal de Bustamante, identificado como el principal sospechoso del crimen.

En una audiencia realizada días atrás y según informó el portal del Diario Panorama, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la detención de Bustamante. Durante esa instancia, la defensora oficial requirió la excarcelación del imputado, argumentando que —según su postura— no existirían suficientes elementos probatorios en su contra.

El juez de Control y Garantías, Silvio Salice, resolvió dar lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención del acusado. La resolución judicial se fundamentó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican la continuidad del hombre bajo custodia mientras prosigue la investigación.

La defensa oficial planteó que la permanencia del imputado en detención preventiva carece de sustento suficiente y solicitó su liberación. Sin embargo, la fiscalía insistió en la necesidad de resguardar el proceso y evitar eventuales riesgos procesales.

El crimen de Ramona ocurrió durante los feriados de Carnaval, cuando la mujer salió de su casa para dirigirse al corso y nunca regresó. En un primer momento, se inició un operativo para dar con su paradero. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado con la declración de un remisero, que denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

El juicio por el crimen de Tamara Soledad Fierro, ocurrido en mayo de 2025 en una localidad de Jujuy, concluyó con la condena a prisión perpetua para el principal acusado Jairo Emanuel Guerrero, conocido como “Diego Castro”, y a cinco años de prisión para Esteban Fernando Pérez, por encubrimiento agravado.

El Tribunal de San Pedro consideró a Guerrero responsable del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género cometido en Fraile Pintado a mediados del año pasado. La sentencia, dictada por mayoría y tras un juicio oral y público, también incluyó la absolución de Maximiliano López quien inmediatamente recuperó la libertad. Los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, y el secretario Franco Giovannini, resolvieron que los condenados permanezcan alojados en el Servicio Penitenciario provincial.

El proceso comenzó los primeros días de febrero y se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial. Durante la última jornada, el tribunal escuchó a Sonia Figueroa, madre de la víctima, antes de dictar el veredicto. De acuerdo con lo indicaco por El Tribuno de Jujuy, durante las primeras audiencias, brindó su testimonio una amiga de Fierro, quien reveló que Guerrero había intentado abusar de la joven cuando ella tenía 16 años, un hecho que la familia desconocía. “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”, opinó Figueroa sobre el relato.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad tras el hallazgo de los restos calcinados de la víctima en un vertedero próximo al Matadero local del barrio Los Lapachos. La identidad pudo ser confirmada a través de pruebas de ADN.

La mujer de 29 años salió de su casa el 24 de mayo y la última vez que la vieron con vida fue en la puerta de una vivienda en la calle Gurruchaga, dato que fue corroborado por testigos y los registros de cámaras de seguridad.

La investigación se centró en el entorno del principal sospechoso. Los familiares de Tamara señalaron que Guerrero había insistido en ver a la joven el día de la desaparición. En un principio, integrantes de la familia del acusado negaron que la víctima hubiese estado en la casa, pero luego admitieron su presencia y cinco personas quedaron detenidas. Uno de ellos fue captado en un video acompañado por otro hombre.

Ambos trasladaban un bulto en una carretilla hacia el terreno donde el día 26 del mismo mes, encontraron los restos. Esto provocó que los vecinos enfurecidos incendiaran la casa en donde Tamara estuvo por última vez.

Según los testimonios de los residentes del barrio, esta vivienda era conocida en el lugar por ser un punto de venta de drogas y funcionaba como un “after”, siendo objeto de denuncias por actividades irregulares durante los fines de semana.

La madre del ahora condenado había declarado que la mujer estuvo en la vivienda, descansó y se retiró por sus propios medios. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo aún con signos de combustión, contradijo esa versión. “Yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo”, acusó en aquel momento Sonia Figueroa.

“Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”, recordó la madre de la víctima. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Un Tribunal de Río Tercero condenó este jueves a Adrián Pérez Tica a cadena perpetua por el femicidio de Rosana Silvina Rotchen, la mujer asesinada de un escopetazo el 15 de abril del año pasado en la localidad de Los Reartes, Córdoba. Cuando las autoridades arribaron al domicilio tras el aviso de un hijo de la víctima, encontraron al hombre sentado en una reposera y con un vaso de whisky.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado después de que el imputado de 54 años admitiera su responsabilidad. El fallo tuvo lugar en presencia de la familia de la mujer de 51, que viajó desde Rosario para asistir a la audiencia. Según detalló El Doce, el tribunal halló a Pérez Tica culpable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Si bien no había denuncias formales acerca de esta última acusación, los testigos lograron demostrar que existía un trato violento en la pareja.

La investigación judicial concluyó que Pérez Tica mató a su pareja de un disparo de escopeta en el domicilio que ambos compartían, en el departamento de Calamuchita. Según la reconstrucción de los hechos, tras una discusión el hombre disparó contra Rotchen y trasladó el cuerpo hasta la caja de una camioneta estacionada en la propiedad.

La fiscal de Instrucción del Primer Turno de Río Tercero, Paula Bruera, estuvo al frente de la investigación y constató que el femicida envió un mensaje de WhatsApp al hijo de la víctima para informarle sobre el asesinato. El joven alertó a la Policía, lo que permitió la intervención inmediata en la vivienda. “Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”, confesó el femicida. “Cuando llegamos, encontramos a la mujer sin vida, dentro de la caja de una camioneta y con un impacto de arma de fuego”, narró Bruera en aquel entonces.

El procedimiento incluyó la intervención de personal de la Policía Judicial y de la División Investigaciones Calamuchita, que trabajaron en la escena del crimen. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de Rotchen por impacto de arma de fuego, en tanto que la fiscalía dispuso el secuestro de la escopeta utilizada y la detención del acusado, quien fue trasladado a la cárcel de Bouwer bajo la imputación de homicidio calificado.

De acuerdo con la información recabada durante la instrucción, ambos protagonistas del caso eran oriundos de Rosario y se habían mudado a Los Reartes en busca de un entorno más tranquilo. Sin embargo, los hijos de la víctima indicaron ante la Justicia que la pareja mantenía una relación conflictiva y que su madre había manifestado la intención de separarse del imputado.

El proceso judicial

Según informó El Doce, durante la audiencia el juez le preguntó al acusado si sentía arrepentimiento por el asesinato, a lo que respondió “por supuesto” en tono irónico. En relación con la respuesta, Denise N. -hija de la víctima- contó al mismo medio: “Dijo ‘por supuesto’ con ironía. El juez ahí lo mandó a sentar. No puedo afirmar qué sintió el juez pero creo que no le cayó muy bien a nadie la respuesta”.

Al respecto, la mujer expresó: “Nos sentimos tranquilos aunque fue muy shockeante la audiencia. El duelo sigue estando pero se siente más limpio con la condena justa”. Sobre la actitud de Pérez Tica sostuvo: “Yo estaba de frente y nunca pudo mirarme a los ojos a pesar de la insistencia con mi mirada”. En redes sociales, la joven publicó: “Se hizo justicia por nosotros, pero sobre todo por la vida de ella, que no merecía ser arrebatada de esa forma”.

Tras conocerse el crimen, Denise relató que después de que su madre le manifestara a Pérez Tica la decisión de separarse, el acusado “saltaba con cosas nada que ver, como irse de viaje juntos a Europa”. La pareja mantenía un vínculo desde hacía siete años, ambos oriundos de Granadero Baigorria, Santa Fe, y habían decidido mudarse a Córdoba en búsqueda de un entorno más tranquilo luego de sufrir un robo en Rosario.

Denise explicó que el acusado ejercía control sobre su madre, señalando que “era celoso” y no permitía que la mujer avanzara con su emprendimiento de complejo de cabañas, similar al que tenía en Rosario. Detalló que su madre no podía contratar a un albañil porque “él le decía que eran sus amantes”. En relación al aspecto económico, Denise afirmó que el hombre vivía a costa de los negocios de su madre. “Él la acompañaba mucho y ella dejaba que viviera de eso”, agregó.

Ahielén Casavieja vivía en un centro de menores estatal de Uruguay junto a su bebé y un día de febrero de 2022 había sido autorizada a una salida transitoria porque era su cumpleaños. El plan fue juntarse con unas amigas para recibir los 16 años. Al terminar la celebración, fue a tomar un ómnibus en un lugar de la periferia de Montevideo. Hasta allí llegó Marcelo Docampo a ofrecerle pasta base.

Ahielén no quería consumir drogas ese día. El tratamiento contra el consumo que hacía le estaba dando resultado. Eso fue lo que le explicó a Docampo, luego de negarse a consumir la sustancia. Pero el hombre –que estaba acompañado de otras dos personas– insistió. Ahielén aceptó, según la historia informada por el diario El País.

La droga que le ofrecieron no era la que más le gustaba a esta adolescente. Ella prefería la del Brasilero, un referente narco de la zona. En la parada del ómnibus también estaba el Pollo y el Gordo Nico, a quienes les encomendaron que vayan a comprarle pasta base al Brasilero. Cuando volvieron, Ahielén y Docampo no estaban. Se habían ido para la casa de él porque quería tener “privacidad” con la joven de 16 años.

El Pollo y el Gordo Nico siguieron hasta la casa de Docampo, pero él les pidió que se fueran porque la adolescente quería quedarse allí. Al otro día su madre denunció su desaparición. Pasaron 19 días hasta que el hermano de este hombre denunció que, mientras limpiaba el pozo séptico, encontró restos humanos.

Según el relato de El País, al otro día se allanó la casa, se periciaron los restos encontrados y se constató que correspondía a una persona que había muerto tres o cuatro días antes: era el cuerpo de Ahielén. Los investigadores concluyeron que estuvo 15 días viva y secuestrada.

En el fondo del terreno había una bolsa con otros restos de la menor.

La investigación en el terreno continuó y encontraron que había una cámara séptica al lado de la vivienda, con una heladera adentro. Allí estaban los restos de Karina Saracho, a quien Docampo había asesinado hacía seis meses.

A diferencia de lo mediático que fue la búsqueda de Ahielén, nadie sabe dónde y cuándo fue la última vez que alguien vio con vida a Saracho. Tampoco se sabe mucho de ella: solo que su padre estuvo preso, que su madre la abandonó, que la crió su abuela, que tuvo un hijo. Que fue adicta, que estuvo condenada. Que tenía 34 años.

La Suprema Corte de Justicia ratificó pena máxima

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que imponía 30 años de prisión para Docampo y siete años más de medidas de seguridad eliminativas, informó este miércoles el diario El País.

La jueza María Helena Mainard había condenado al acusado primero como homicidio simple y lo había absuelto por el crimen de Saracho. Había fijado la pena de 12 años y cuatro meses. Sin embargo, un tribunal de apelaciones había revocado la sentencia y lo había condenado a 30 años y siete meses. Consideró que el caso de Ahielén era un femicidio, lo que implica una pena mayor. Por Saracho, en tanto, lo halló culpable de un homicidio simple.

La Suprema Corte de Justicia ratificó esta última condena, pero con una salvedad: consideró que el crimen de Saracho también fue un femicidio.

Docampo tiene unos 50 años. Fue policía, manejó un taxi y algunos testigos contaron que también vendía pasta base. Tenía una relación conflictiva con las mujeres y en 2015 fue denunciado por abuso sexual, pero el caso no avanzó en la Justicia. La mujer que lo denunció en esa oportunidad aseguró que el Estado no la ayudó. Contó que el hombre la violó y la quiso sofocar mientras le decía: “Yo maté a varias, una más no me cuesta nada”.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, imputó de forma provisional a Daniel Orlando Serapio por el femicidio de Natalia Cruz, su pareja, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Serapio, que fue hallado en una cueva luego de permanecer 11 días prófugo, es considerado autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio) y de desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real.

Durante la audiencia de imputación el acusado fue asistido por defensa particular y tras conocer los hechos endilgados, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

El hallazgo del prófugo

Tras un exhaustivo operativo de búsqueda, Serapio fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.

Según indicaron fuentes del caso, dos investigadores de la Unidad de Investigación UGAP del CIF arribaron durante la tarde del viernes 27 a un puesto ubicado en la zona de interés. Ante la sospecha de que el acusado se encontraba en un sector elevado, iniciaron una caminata de aproximadamente dos horas hasta un segundo puesto, donde recabaron información antes de continuar el ascenso hacia una zona más alta.

Tras otras dos horas de recorrido, ya entrada la noche, llegaron a una vivienda precaria, donde hallaron indicios que los llevaron a proseguir la búsqueda hacia un sector aún más elevado y de muy difícil acceso.

Al llegar al lugar y percibir ruidos, los efectivos localizaron al acusado oculto en una de las cuevas. Tras un diálogo prolongado, lograron que desistiera de su intención de autolesionarse y se produjo su aprehensión.

Entre los elementos secuestrados en el lugar, se encontró una mochila con diversos objetos que serían de su uso personal.

Una vez aprehendido, los investigadores iniciaron una caminata nocturna de descenso junto a Serapio, hasta arribar durante la mañana del sábado 28 a la Estación Diego de Almagro, desde donde dieron aviso a las autoridades y solicitaron refuerzos.

En el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

Luego de haber pasado más de diez días prófugo de la Justicia, Daniel Orlando Serapio, el principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz, se confirmó que será imputado formalmente este domingo. “Necesitábamos ya superar el tema de la profuguez del imputado y avanzar con la investigación lo más rápido posible”, afirmó el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella.

La decisión fue informada por la fiscal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, quien subrayó que la captura del acusado marcó el inicio de una nueva etapa crucial para el esclarecimiento del caso. “Está confirmado, el señor está vivo, está siendo trasladado a la Alcaldía, se lo va a imputar el día de mañana y luego de la imputación vamos a pasar las novedades”, indicó.

De esta manera, la audiencia de imputación se dará un día después de que se realizaran intensos operativos en el área de Diego de Almagro, donde Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

Tras corroborarse su identidad, la fiscal Sodero Calvet se trasladó al lugar para supervisar el procedimiento. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial. Luego de la detención, la investigadora mantuvo una reunión con familiares de la víctima para brindar información precisa sobre el estado procesal de la causa.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Durante un diálogo con El Tribuno, el funcionario subrayó que “se está analizando exhaustivamente qué es lo que sucedió en este caso” y aseguró que se adoptarán “todas las medidas que sean necesarias para que el Estado esté presente en situaciones como estas y esto no vuelva a ocurrir”.

Ante las consultas sobre la recompensa ofrecida y el posible rol de la comunidad en la captura, García Castiella clarificó: “Cuando se tenga con precisión cómo fue el desencadenante de la captura, se va a analizar esa situación”. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado si algún aviso singular de la ciudadanía resultó determinante.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

La detención de Daniel Orlando Serapio, señalado como presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, marcó un giro en la investigación y puso punto final a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia de Salta. El operativo que permitió localizar al hombre en una cueva cercana a la estación de tren Diego de Almagro, en la precordillera de la provincia, involucró una coordinación sin precedentes entre diferentes organismos de seguridad provinciales y nacionales. Permanecía prófugo desde que se descubrió el crimen.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, se trasladó personalmente al sitio donde fue hallado el imputado para supervisar el procedimiento. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la detención, la fiscal mantuvo un encuentro con familiares de la víctima.

Durante esa reunión, se ofreció información precisa sobre el estado procesal de la causa y se respondieron inquietudes de los allegados.

El operativo que derivó en la detención de Serapio congregó a más de sesenta efectivos de áreas especiales, entre ellos el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, equipos de motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

La búsqueda contó, además, con la colaboración de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Defensa Civil, que desplegaron drones y un puesto móvil de monitoreo. A este despliegue se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina. Esta última participó a partir de gestiones directas del Ejecutivo provincial.

Durante la búsqueda, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dispuso una recompensa para motivar a quienes pudieran aportar información fehaciente sobre el paradero de Serapio: era de 10 millones de pesos.

Tanto Sáenz como el procurador general, Pedro García Castiella, estuvieron presentes en las bases del operativo. Sáenz afirmó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, y consideró que la detención permitirá avanzar en la búsqueda de justicia.

Además, el mandatario anticipó que se evalúa si existieron fallas en la atención que debía recibir la víctima por parte del Estado, señalando que se llevan adelante acciones internas desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. Sobre el caso en sí, la investigación continúa y se están profundizando todas las líneas de análisis.

García Castiella sostuvo que la superación del estado de prófugo permitirá profundizar el análisis de los elementos criminalísticos y el abordaje de la escena del crimen. En palabras del procurador, “toda la sociedad tiene que tener la tranquilidad y seguridad que se investiga punto por punto cada una de las alternativas del caso”.

En las últimas horas, producto de las mismas tareas investigativas, las autoridades habían logrado dar con dos personas que facilitaron la fuga de Orlando Serapio.

En lo inmediato, las personas que figuran imputadas por presunto encubrimiento seguirán sujetas al trámite de sus respectivos procesos, mientras que la investigación sobre el femicidio de Natalia Cruz seguirá su curso de manera autónoma y conforme a las etapas procesales establecidas.

Cómo fue el caso

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

La localidad de El Aibe, en el departamento Banda de Santiago del Estero, quedó marcada por un femicidio que sacudió a la provincia. En la madrugada del viernes, María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos, murió como resultado de múltiples puñaladas en un episodio ocurrido en su domicilio y presenciado por dos de sus hijos menores.

Según informó Nuevo Diario, el principal señalado por el crimen era su expareja y padre de los niños, Ramón César “Picadillo” Jiménez, quien, tras el hecho, fue hallado muerto en una zona de monte cercana a su vivienda.

Jiménez era el principal sospechoso de haber atacado a Chazarreta tras una serie de episodios de violencia y celos. Vecinos y allegados relataron al medio que las discusiones y gritos formaban parte de la dinámica cotidiana de la pareja.

“Solo sabemos que Ramón la mató de 13 puñaladas delante de los hijitos”, relató una familiar de la víctima, según recogió el medio santiagueño. La víctima tenía tres hijos: una niña extramatrimonial y dos niños fruto de la relación con Jiménez. La menor no residía en el domicilio familiar.

Los testimonios recogidos describieron que “los vecinos siempre los escuchaban gritar”, mientras que una fuente cercana a la familia señaló que “hace unos meses él estuvo preso por un tiempo, al parecer, tras ser denunciado por María, que era víctima de violencia de género”. A pesar de estos antecedentes, la pareja había retomado la convivencia en torno a la crianza de los hijos en común.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, el hermano de Jiménez fue quien alertó a las autoridades al recibir el aviso de sus sobrinos, quienes le informaron que su madre yacía ensangrentada sobre la cama. El hombre ingresó a la vivienda contigua a la suya y encontró a Chazarreta ya sin vida, rodeada de un charco de sangre.

Tras el ataque, Jiménez se dio a la fuga y se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a personal policial, peritos y la participación de vecinos de la zona. Horas más tarde, y tras intensos rastrillajes, el cuerpo del sospechoso fue localizado ahorcado de un árbol a unos 400 metros de su casa, en un sector de monte.

Fuentes policiales confirmaron a Diario Panorama que todas las actuaciones de rigor se ejecutaron en el sitio para preservar la escena y recabar evidencia, en tanto la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar intervino en la investigación.

Las autoridades locales, junto a la fiscalía, anunciaron medidas de seguimiento y acompañamiento para los familiares directos de la víctima. La presencia de menores en el domicilio al momento de los hechos motivó un abordaje específico de los equipos judiciales y sociales.

El fiscal coordinador de la circunscripción Banda, Ignacio Guzmán, comunicó a Diario Panorama que el caso permanece bajo la órbita de la fiscalía de turno en Género y Violencia Intrafamiliar, representada por el fiscal Álvaro Yagüe. Ambos funcionarios supervisan las diligencias para esclarecer las circunstancias y dar contención a los afectados por el hecho.

Antecedente de femicidio en Santiago del Estero

Tras una larga negociación de casi seis horas, efectivos policiales detuvieron a Cristian Salto en Las Tinajas, provincia de Santiago del Estero, acusado de haber asesinado a su ex pareja, Thania Santillán, días atrás.

El operativo, dirigido por el grupo especial USAR y la Guardia de Infantería, se llevó a cabo en una zona de montaña donde Salto permanecía atrincherado, armado y junto al cuerpo de la joven, según informó el medio local Diario Panorama.

Durante el procedimiento, la situación se mantuvo en extremo tensa, ya que Salto amenazaba con suicidarse mientras los agentes buscaban disuadirlo, según agregó Nuevo Diario.

Las fuerzas de seguridad emplearon técnicas de contención, negociación y un estricto control del perímetro para impedir cualquier nuevo acto violento. Finalmente, después de seis horas de incertidumbre y bajo un gran despliegue policial, el sospechoso finalmente cedió, lo que permitió que los uniformados lo redujeran y lo trasladaran a una comisaría.

En esa dependencia, Salto fue formalmente imputado por femicidio. En el sitio del hecho, los investigadores incautaron un rifle que habría sido el arma utilizada, elemento que será considerado prueba clave en la causa.

La fiscal Lucía González Farías intervino en el caso y dispuso una serie de medidas procesales para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades, indicó Nuevo Diario.

Nahuel Lau de Hoz es el nombre que hoy resuena en las calles del barrio Parque Links–Erratchu, donde ocurrió el ataque en la medianoche del domingo pasado. La joven madre, de 26 años, caminaba por la calle Manuel Andrada cuando fue interceptada por el agresor.

Un video, adjunto en esta nota, registró los desgarradores gritos y súplicas de la víctima antes de ser asesinada. Eran las 23.48. Tres horas antes, la joven había sido registrada caminando a pocos metros del acusado. Llevaba una mochila con una botella de agua y un celular Iphone 16.

Momentos después, el cuerpo de Maidana fue hallado por un vecino que salió a sacar la basura. La encontró tendida sobre el asfalto, entre Doctor Boessen y Ludueña, en las inmediaciones del predio de Lomas Athletic Club Golf, y dio aviso inmediato al 911.

De acuerdo con medios locales, presentaba un profundo corte en el cuello y múltiples heridas de arma blanca en la espalda.

Tras una rápida serie de averiguaciones, los investigadores llegaron hasta la vivienda de Lau de Hoz, ubicada en Juan Bautista Alberdi y Costa. Allí secuestraron cuchillos y, al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas de sangre. Además, los detectives advirtieron que habría lavado la ropa que vestía durante el hecho, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El caso -caratulado como “femicidio”- se encuentra en manos de María Lorena González, de la fiscalía N°3 especializada en Violencia de Género en Ezeiza.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que todavía no se acreditaron vínculos entre el acusado y la víctima. En tanto, Lau de Hoz será sometido a una pericia psicológica.

Quién es Lau de Hoz

En su perfil profesional de LinkedIn, el ahora imputado se mostraba como un joven emprendedor: se definía “consultor empresarial” y “capacitador de equipos de ventas B2B y B2C”. También decía ser fundador y CEO de Talven, una aplicación de gestión financiera orientada a freelancers y emprendedores, tal como figuraba en la propia descripción del servicio.

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1 de La Unión y, de acuerdo con lo que él mismo consignaba, estudiaba Ingeniería en la UTN desde 2017.

“Combino mi conocimiento multifacético en gestión empresarial, neurociencia, marketing, finanzas, coaching y otras áreas para crear una estructura empresarial sólida, optimizada y eficiente en empresas de servicios, SaaS y aplicaciones”, afirmaba su perfil, redactado íntegramente en inglés.

En ese mismo espacio también señalaba que, a nivel personal, amaba “el crecimiento personal, la psicología, la filosofía, los idiomas, leer mucho y, entre miles de otras cosas, estar siempre fuera de mi zona de confort, nutriendo las cuatro áreas de mi ser: cuerpo, mente, corazón y espíritu”.

En la misma cuenta aseguraba ser cofundador y COO (Chief Operating Officer) de Neuros, una agencia familiar dedicada -según su presentación- a la expansión empresarial, combinando neurociencia y marketing, además de ofrecer capacitaciones para equipos comerciales.

“Los emprendedores de éxito de la talla de Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos dominan la inteligencia emocional financiera, que es la capacidad de administrar tus emociones y utilizarlas para tomar las decisiones que te llevarán al éxito. Y tú, ¿qué decisiones piensas tomar?“, afirmaba en uno de sus videos motivacionales.

Sin embargo, tras la fuerte repercusión del caso, la empresa publicó el pasado martes un comunicado en el que tomó distancia y se desligó públicamente de la situación. “Nahuel Lau de Hoz está desafectado de la agencia. (Formaba parte del equipo haciendo videos y colaboraciones, pero no es el dueño). Es sospechoso, está detenido y la investigación está en curso”, comenzó el comunicado adjunto en la nota.

Y concluyó: “Todo el equipo de Neuros repudia totalmente el hecho, y espera que la justicia condene al responsable. Dicho esto, Neuros continua brindando servicios con normalidad”.

Infobae también registró entrevistas a Lau de Hoz en podcasts de Spotify vinculados al marketing y al emprendedurismo.

El dolor de la familia

“Malena era un ser especial. Ella siempre estaba pensando en el resto, siempre tenía empatía con todos, siempre estaba mirando a los demás", aseguró una tía de la víctima durante una marcha realizada en La Unión, en la que familiares, amigos y vecinos reclamaron Justicia.

También sostuvo que Maidana era una “gran mamá” y una “gran sobrina”, en declaraciones a la prensa. “Es una injusticia que le hayan sacado la vida de esa manera, tan brutalmente. Que no haya más gente que salga con un cuchillo a la calle. Eso es lo que hay que lograr. No hay excusa para que una persona salga así a la calle a arrebatarle la vida a otro”, siguió.

Otra mujer, que sostenía una foto del imputado, afirmó que este “no es ningún loco”, y argumentó que quedó demostrado que lavó la ropa que utilizó durante el crimen, en un intento por borrar pruebas: “Y, si es un loco, hay mucha gente que tiene que dar explicaciones de por qué estaba suelto. Tiene que estar preso, tiene que haber justicia de verdad”.

“Una persona (por el acusado) que dice estar mal, pero de mal no tenía nada, porque planificó todo esto. No podemos entender cómo alguien puede hacer una cosa así. Malena tenía sueños, tenía alegría, era un ser de luz, buena. Terminó de trabajar y salió a caminar, y nunca más volvió”, consideró otra manifestante.

Los padres de la víctima serían docentes en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 de Banfield. Desde esa institución difundieron un comunicado en el que expresaron “su más profundo dolor y consternación” ante el femicidio.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y amigos en este momento de inconmensurable pérdida y reafirmamos nuestro pedido de Justicia y condena al responsable de este crimen. La comunidad del ISFDYT 18, en estado de duelo, mantendrá sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”, cerraron.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, provincia de Salta, las autoridades detuvieron a dos personas por facilitar la fuga de Orlando Serapio, el único sospechoso por el crimen.

Desde el inicio de la investigación, la causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien ordenó medidas inmediatas para esclarecer los hechos y dar con el hombre.

El operativo se intensificó tras la captura de dos personas adultas, quienes habrían brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado, según informó el portal del diario El Tribuno.

El pedido de detención estuvo en manos de la Fiscalía, quien elevó la solicitud al Juzgado de Garantías, señalando que los indicios recolectados vinculan a los sospechosos con maniobras para dificultar la localización de Serapio.

El brutal episodio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades. la discusión verbal escaló a una agresión física.

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que la encontraron con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpó tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal concreta del hombre fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La labor investigativa se desarrolla en condiciones complejas, en un entorno geográfico de Campo Quijano, caracterizado por terrenos de difícil acceso y variables climáticas adversas.

Equipos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Salta —incluyendo grupos especiales y la División Canes—, participan en los rastrillajes. También se sumó personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y agentes de Defensa Civil, conformando un despliegue coordinado a nivel interprovincial.

La fiscal Sodero Calvet informó que los operativos se planifican y ejecutan desde una base de operaciones instalada en la propia localidad, lo que permite ajustes tácticos en tiempo real y una comunicación directa con los familiares de la víctima.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a su captura. Por este motivo, reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del prófugo se comunique de inmediato con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más próxima.

Al interior de la investigación, los trabajos de la Fiscalía se centraban en reconstruir los movimientos del acusado tras el hecho y determinar el grado de participación de los nuevos detenidos.

A esta altura, los investigadores consideran que Serapio se pudo haber quitado la vida en una zona inhóspita o sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días; sobre todo, con estas nuevas detenciones. A su vez, tampoco se descarta que el hombre haya cruzado la frontera hacia Chile o Bolivia, mediante un paso clandestino.

Los procedimientos judiciales continúan bajo estricta reserva, mientras el equipo de la Unidad de Femicidios mantiene un contacto constante con los allegados de Natalia Cruz, quienes fueron informados de cada avance en la causa. Mientras tanto, la familia de la víctima exige Justicia.

La víctima fue identificada como Malena Maidana, quien vivía en la misma zona donde ocurrió el hecho. De acuerdo con medios locales, era madre de un nene de tres años y tenía un emprendimiento de venta de lencería.

Además, cursaba sus estudios en Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), institución que difundió un comunicado tras conocerse la trágica noticia.

“La UPE expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Malena Maidana, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero”, comienza el comunicado.

El posteo escrito este miércoles por la mañana sigue: “Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y EXIGIMOS JUSTICIA Y UNA CONDENA EJEMPLAR para el responsable de este crimen”.

La institución se declaró en estado de duelo, “manteniendo sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”.

Por su parte, El Diario Sur señaló que Maidana solía involucrarse en tareas solidarias y participaba activamente en un merendero de la zona, donde colaboraba con la entrega de alimentos a chicos del barrio.

Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

Según pudo saber este medio, el cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que el hijo de tres años de Maidana se había quedado en la casa del padre ese fin de semana.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, a través de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde donde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

Por el hurto del celular de la víctima, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, fue asesinada dentro de su vivienda, donde se encontraba con su hijo menor, un adolescente de 16 años.

Un hombre del sector, de 36 años y conocido por la familia desde hace más de 15 años, irrumpió violentamente en la casa. El hijo mayor de la víctima relató que el agresor forzó la entrada cerca de la medianoche, rompiendo parte de la estructura antes de atacar a Catalina con un machete, según el informe forense preliminar.

El adolescente intentó defender a su madre y también fue agredido, sufriendo heridas de gravedad que lo mantienen hospitalizado bajo atención médica. El hermano mayor señaló que la reacción del joven fue un acto instintivo al ver a su madre en peligro, lo que agrava el impacto emocional y la desintegración de la familia.

Menos de 24 horas después del crimen, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 14 (UMEP-14) y del Departamento de Femicidio de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al principal sospechoso en la misma zona donde ocurrió el asesinato. Durante el operativo, se decomisó el machete que habría sido empleado en el ataque. El detenido fue remitido a la Fiscalía de Turno y enfrentará cargos por femicidio agravado y asesinato en grado de tentativa inacabado, debido a las heridas infringidas al menor.

Las autoridades hondureñas informaron que continúa el proceso de investigación, con énfasis en la recolección de pruebas y declaraciones que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar si existen antecedentes formales contra el acusado.

Familiares de la víctima indicaron que el acusado había mostrado conductas violentas en otras ocasiones y se rumoraban intentos previos de agresión en la comunidad, aunque las denuncias nunca se formalizaron ante las autoridades. La familia consideró que reportar estos incidentes podría haber prevenido el desenlace fatal.

La captura inmediata del presunto agresor buscó calmar a la comunidad y garantizar que el proceso de justicia avance. El caso sigue bajo escrutinio de organismos estatales y de la sociedad civil.

A la tragedia familiar se sumaron dificultades administrativas para reclamar el cuerpo de Catalina en la morgue. El hijo mayor explicó que, debido a inconsistencias en los documentos de identidad y a que no comparte el mismo apellido que su madre, las autoridades exigieron documentación adicional para verificar el parentesco. El joven debió gestionar la partida de nacimiento para poder avanzar con el trámite y dar sepultura a su madre, lo que prolongó la angustia durante el duelo.

El asesinato de Catalina Vásquez Vásquez se inscribe en una tendencia nacional alarmante. En 2025, 270 mujeres fueron asesinadas en Honduras, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y solo en los primeros meses de 2026 se contabilizan al menos 33 muertes violentas de mujeres. Muchas de estas muertes son clasificadas como femicidio y revelan la vulnerabilidad de las mujeres, incluso dentro de sus propios hogares y a manos de personas cercanas.

Organizaciones sociales y autoridades reconocen la urgencia de fortalecer la prevención, fomentar la denuncia de conductas violentas y mejorar la capacidad de protección y seguimiento por parte del Estado. La cercanía entre víctima y victimario, evidenciada en este caso por los vínculos de convivencia en la comunidad, añade un desafío adicional a la intervención oportuna y la justicia.

A seis días del femicidio de Natalia Cruz en el barrio Luz y Fuerza, la investigación por la fuga de Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio, se convirtió en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza.

El caso, que sacudió a la localidad de Campo Quijano, expuso limitaciones en los operativos de búsqueda y generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo judicial y policial.

La última señal concreta de Serapio fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia. Desde ese momento, el hombre, acusado formalmente de homicidio doblemente agravado, permanece fuera del alcance de las autoridades.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La búsqueda, según fuentes consultadas por El Tribuno, se centró en ese corredor vial y descartó la posibilidad de que el sospechoso hubiera optado por el camino a El Rosal, debido al mal estado del sendero.

Hasta el momento, los investigadores manejan dos hipótesis sobre su paradero. Por un lado, consideran que Serapio se haya quitado la vida en una zona inhóspita; por otro, sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días y no se descarta un eventual cruce clandestino hacia Chile o Bolivia.

Tras el hallazgo del vehículo, el rastrillaje se intensfició, aunque su duración fue limitada por las condiciones climáticas y la falta de recursos policiales. El despliegue careció de tecnología avanzada y personal suficiente, factores que diluyeron el impulso inicial de la búsqueda.

Las críticas al accionar judicial no tardaron en aparecer. Familiares de la víctima y organizaciones sociales reclamaron la falta de medidas en la vivienda de los padres de Serapio: el allanamiento fue breve, no se confiscaron teléfonos celulares y no se activaron herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones. La propia madre admitió ante la Justicia haber hablado con su hijo tras el crimen, pero ese testimonio no derivó en acciones concretas para profundizar la investigación.

Un elemento que refuerza la hipótesis de una fuga planificada es el hecho de que Serapio huyó con su teléfono móvil, ropa de abrigo y objetos personales. Para los investigadores, no se trató de una reacción improvisada, sino de un escape ejecutado por alguien que conoce el terreno y que habría trazado una ruta de salida con anticipación.

El contexto de la huida plantea desafíos adicionales para las fuerzas de seguridad. El área de Campo Quijano y la región hacia la frontera presentan condiciones geográficas complejas, con zonas de difícil acceso y escasa conectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Además, la proximidad a pasos fronterizos no habilitados refuerza las sospechas de una posible salida del país.

Mientras tanto, la comunidad de Campo Quijano se mantiene movilizada. Familiares de Natalia Cruz, acompañados por vecinos y organizaciones feministas, realizaron una nueva marcha silenciosa exigiendo justicia y rapidez en la captura del sospechoso. El reclamo se replicó en redes sociales y generó adhesiones en otras localidades de la provincia.

La causa judicial permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que por estas horas evalúa nuevas medidas. Se analiza la incorporación de recursos tecnológicos y la ampliación del radio de búsqueda, aunque no se precisaron plazos para la ejecución de estos operativos.

Por el momento, no surgieron testigos que hayan visto a Serapio tras el abandono de la camioneta, y tampoco se detectaron movimientos bancarios ni registros migratorios a su nombre. Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede resultar clave e instaron a la población a comunicarse de forma anónima ante cualquier información sobre el paradero.

Las autoridades hondureñas calificaron el asesinato, ocurrido el 15 de febrero, como un crimen premeditado y ejecutado con saña.

La investigación policial condujo a la detención de dos presuntos responsables, identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, ambos conocidos por sus alias “Galván” y “Vegeta”.

Las acciones que posibilitaron su captura se desplegaron en el norte del país: Galván Canales fue aprehendido en Choloma, tras una persecución que terminó con el vuelco de su vehículo, mientras que Boquín Chávez fue detenido en San Pedro Sula. Las autoridades los señalan como miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas de Centroamérica.

Sobre Galván Canales recaían tres órdenes de captura previas por delitos de secuestro agravado, violación y robo con violencia. Los investigadores sostienen que ambos sospechosos formaban parte de un patrón sistemático de conducta: “Estudiaban las rutinas de mujeres jóvenes, identificaban puntos vulnerables y planificaban ataques dirigidos”, señala la policía. Existían indicios de su vinculación con otras agresiones en la zona de Siguatepeque, departamento de Comayagua, lo que permite deducir la existencia de un modus operandi enfocado en violencia de género.

Valeria Jolette desapareció el 15 de febrero cuando salió de su casa hacia un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, San Manuel, Cortés. Se desplazaba en su propio vehículo y, al descender, fue interceptada por varios individuos armados que la obligaron a subir; su secuestro se consumó sin que mediara demanda de rescate, lo que lleva a descartar el móvil extorsivo habitual.

La búsqueda, encabezada por su familia y amigos, transcurrió sin comunicación de parte de los captores. El comisionado de la Policía Nacional, César Ruiz, explicó: “El caso se investiga como privación injusta de la libertad seguida de asesinato”, sin intento de negociación con los familiares.

Siete días después, el 22 de febrero, agentes y personal forense hallaron restos humanos en cañaverales de San Manuel. El grado de descomposición llevó a los expertos a estimar que la víctima habría sido asesinada el mismo día de la desaparición, lo que respalda la hipótesis de una ejecución rápida y planificada.

El cuerpo de Valeria permanece en la morgue de San Pedro Sula mientras se realizan los procedimientos forenses y la recolección de pruebas judiciales.

La noticia provocó conmoción en la comunidad, especialmente en el entorno institucional de El Progreso, departamento de Yoro. Valeria era hija de Carlos Alvarado, abogado y funcionario de la Gerencia de Obras Públicas, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.

La pérdida golpeó tanto al ámbito familiar como profesional, e inspiró muestras de repudio en redes sociales por parte de universidades, colectivos estudiantiles y organizaciones civiles.

La sociedad hondureña permanece consternada por el crimen. Universidades y colectivos exigieron medidas más contundentes para proteger a las mujeres jóvenes, especialmente en zonas donde las pandillas restringen la libertad y la seguridad. Las autoridades mantienen abierto el expediente y trabajan en varias líneas de investigación, se contempla la posible implicación de autores intelectuales, motivaciones personales o dinámicas internas de la estructura criminal.

Este femicidio intensificó el debate sobre la violencia estructural que enfrentan las mujeres en Honduras. Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera sostenida la prevalencia de altos índices de femicidios y la frecuente impunidad que rodea estos crímenes. Aunque en el caso de Valeria se logró la detención de los sospechosos en menos de diez días, el proceso judicial será determinante para definir responsabilidades y esclarecer si hubo planificación conjunta o instigadores detrás del asesinato.

El cuerpo de una mujer de 57 años fue hallado sin vida el viernes por la noche en un terreno baldío de Punta Mogotes, en Mar del Plata, a unos cuatro kilómetros de su domicilio. El principal sospechoso es su pareja.

El descubrimiento se produjo tras un llamado al 911 que alertó a la Comisaría Tercera sobre la presencia de un cadáver en un descampado con altos pastizales, en la intersección de las calles Soler y Croce. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a su pareja, quien relató que la había encontrado muerta y agregó que ella había salido de la casa cerca de las cinco de la tarde.

Según detalló 0223, el hombre -cuyas iniciales son R.D.G.- explicó en su primera declaración que ambos residían a unos veinte cuadras del sitio y que Del Luca había salido sola de su casa.

Sin embargo, el avance de la investigación reveló algo totalmente distinto. De acuerdo con el testimonio recogido por la Policía, Mercedes Rosa Del Luca sufría diversos problemas de salud y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de abandonar su vivienda.

Tal como reportó el medio local La Capital de Mar del Plata, el informe preliminar de la Policía Científica no permitió constatar lesiones visibles recientes en el cuerpo, por lo que la causa fue caratulada en un primer momento como “averiguación de causales de muerte”. Tras esta primera observación, avanzaron con la solicitud del examen forense para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

El sábado, la causa experimentó un giro a partir de los resultados del estudio forense, que determinó que la mujer fue asfixiada de manera intencional, descartando así la hipótesis inicial de muerte natural. Los testigos, entrevistados por los agentes de la Fiscalía N°4 de Mar del Plata, afirmaron que la mujer era víctima de violencia de género.

A partir de estos nuevos elementos, la fiscal Constanza Mandagarán, recaratuló la causa como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género”. Este domingo, personal policial procedió a la detención del principal sospechoso en su vivienda de la calle Monseñor de Andrea.

Durante el procedimiento, la Policía resguardó la vivienda del acusado y recolectó elementos de interés para la causa. La Fiscalía N°4 continúa con la investigación y prevé nuevas medidas procesales en los próximos días. En el lugar del hallazgo, la zona quedó bajo custodia policial para la realización de pericias y recolección de pruebas.

Otro femicidio durante el fin de semana

Durante el fin de semana, otra mujer fue hallada muerta en la provincia de Río Negro y la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio y el principal sospechoso es su ex pareja. La víctima fue identificada como Sofía González, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio de Choele Choel, lo que motivó la búsqueda de un presunto femicida.

Tras la aparición del cuerpo de la mujer de 35 años en una casa del barrio Villa Unión, la investigación avanzó con el uso de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Se llevó a cabo un amplio despliegue policial, que incluyó la intervención de la Brigada Rural y canes de rastreo para ubicar al sospechoso.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de González a la Morgue Judicial, donde se esperan los resultados de la autopsia preliminar para esclarecer la causa de la muerte. Desde el inicio de la causa, los investigadores entrevistaron a las personas que tuvieron contacto reciente con la víctima y orientaron la búsqueda hacia su entorno cercano. Medios locales informaron que la ex pareja de González figuraba como presunto autor del hecho, aunque la hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, el hombre fue encontrado muerto este domingo en una zona de monte, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad.

El ex pastor y empresario Caleb Flynn permanece bajo custodia en el condado de Miami, acusado de asesinar a su esposa Ashley Flynn, reconocida entrenadora de vóley escolar, tras presuntamente montar la escena de un robo en su vivienda. El hecho conmocionó a la comunidad de Tipp City y motivó la aplicación de estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con el jefe policial local, la policía precisó que no existen amenazas para el vecindario, ya que los indicios sugieren que se trató de un hecho aislado dirigido a la familia Flynn.

Quién es Caleb Flynn

Caleb Flynn, de 39 años, es conocido en Tipp City por su labor como pastor musical y líder de alabanza en la iglesia local Christian Life Center, así como por su actividad como empresario en la firma familiar Richard D. Smith & Sons Inc., proveedora de insumos para templos y espacios comerciales.

Alcanzó notoriedad nacional en 2013 al participar como concursante en la temporada 12 del programa estadounidense American Idol. Además, estudió en Lee University, Tennessee, donde conoció a su esposa.

A Flynn el juez le fijó una fianza de USD 2 millones después de ser imputado formalmente por un cargo de asesinato, dos de agresión grave y dos de manipulación de pruebas. La decisión se anunció el viernes por la mañana, menos de veinticuatro horas después de su detención y de que la iglesia Christian Life Center comunicara la celebración del funeral de Ashley Flynn, previsto para el domingo en su sede de Butler Township.

Hipótesis de la policía y contexto de la investigación

El jefe de la policía de Tipp City, Greg Adkins, explicó que los indicios analizados durante la investigación permitieron presentar cargos contra el esposo de la víctima. Detalló que la escena fue montada para simular una intrusión violenta, lo que en un principio llevó a considerar la hipótesis de un robo.

Adkins declaró al diario local Dayton Daily News: “La familia y la comunidad merecen una investigación adecuada y transparente”. Añadió que no divulgarán detalles específicos mientras el caso permanezca bajo investigación activa.

La familia Flynn residía desde hacía cuatro o cinco años en la cuadra 900 de Cunningham Court, una zona de cul-de-sac habitada por vecinos que la describieron como maravillosa y activa, de acuerdo con Dayton Daily News. La muerte de Ashley Flynn, de 37 años, conmovió a la comunidad y generó muestras de apoyo en la localidad.

Detalles de la acusación y hallazgos en la escena

Según la denuncia penal presentada el viernes, Ashley Flynn fue hallada muerta por heridas de bala en la casa familiar, luego de que la policía respondió a una llamada que reportó un supuesto robo en curso a las 2:30 de la madrugada del lunes. Caleb Flynn realizó la llamada al 911 e indicó que su esposa estaba inconsciente tras recibir un disparo en la cabeza y que desconocía si el asaltante permanecía en la vivienda. Al llegar los agentes, observaron señales de entrada forzada y constataron el fallecimiento de la mujer.

El informe judicial precisa que Ashley Flynn fue atacada con una pistola 9 mm y que se recogieron en la habitación principal dos casquillos junto al lecho donde yacía la víctima. El acceso lateral del garaje, según los peritos, estaba bloqueado por un gran refrigerador que habría tenido que ser desplazado para abrir la puerta, un indicio considerado como un intento deliberado de manipulación de la escena para confundir a la policía.

Dentro del garaje, los uniformados hallaron la consola central de una camioneta Ford 2024 abierta; allí, Caleb Flynn señaló que guardaba su arma.

La defensa de Flynn y el entorno familiar

L. Patrick Mulligan, defensor de Caleb Flynn, cuestionó la rapidez con la que detuvieron a su cliente y la exhaustividad de la investigación. Sostuvo que Flynn permanece bajo custodia sin oportunidad de asistir al funeral de su esposa, lo que consideró un hecho sumamente doloroso.

Mulligan detalló a Dayton Daily News: “Hay un movimiento de apoyo comunitario a Caleb Flynn, incluso dentro de la familia de su esposa, con quienes se alojaba junto a sus hijas y mascotas antes del arresto”.

Durante el incidente, las hijas del matrimonio, ambas de edad escolar primaria, dormían en la vivienda y no se despertaron en ningún momento, de acuerdo con el expediente policial. Cuando la madre de Ashley Flynn llegó para recogerlas, Caleb Flynn aceptó rendir declaración voluntaria en la comisaría; los registros judiciales no especifican el contenido de su testimonio ni la extensión del interrogatorio.

Funcionarios de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y del Programa de Atención a Víctimas del condado brindaron apoyo durante el proceso, mientras la investigación continuó bajo responsabilidad de la policía de Tipp City, con colaboración de la Oficina del Sheriff, la Fiscalía de Miami y el FBI.

Perfil de Ashley Flynn y antecedentes del acusado

Ashley Flynn fue docente y entrenadora de vóley de niñas en Tippecanoe Middle School, excatedrática de primaria y profesora suplente en el distrito de Tipp City Schools. También impartía clases en LifeWise Academy, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación bíblica extracurricular.

Graduada de Tippecanoe High School y de la Lee University en Tennessee, su esposo también estudió en la misma institución de Cleveland, Tennessee. En 2013, su esposo obtuvo notoriedad nacional al participar como concursante en la temporada 12 de American Idol. En una entrevista vinculada al certamen, expresó: “Amo a mi esposa más que nada. Ella es muy, muy hermosa. La amo”.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el ataque fue a puñaladas. Al momento de la irrupción en la casa, la mujer tenía heridas de arma blanca en sus brazos y pecho. Por la gravedad de sus heridas, los propios testigos trasladaron a la mujer de urgencia al Hospital Castex, donde falleció poco después a causa de las lesiones.

En cuanto al presunto agresor, Díaz fue reducido por los propios vecinos hasta la llegada de la Policía Ecológica, que se encontraba realizando un operativo de prevención en las inmediaciones. En el caso luego tomó intervención el fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI 3, dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

De acuerdo a fuentes del caso, no se registraban denuncias previas ni medidas de restricción entre Díaz y Gasis. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que la pareja había atravesado al menos un episodio de violencia, pero aclararon que la mujer no formalizó ninguna denuncia. El agresor, quien trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio ante las consultas de la fiscalía tras ser arrestado.

La causa quedó caratulada como femicidio. El cuerpo de Gasis fue trasladado para autopsia y la justicia continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

Una mujer de 29 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió este domingo, alrededor de 23.45, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según pudieron reconstruir los agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años identificado como E.G.O., que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22 para dispararle a su pareja. Lo hizo frente a su hija de 2 años y a su bebé, que apenas tiene unos pocos meses de vida. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6. El imputado, en tanto, se encuentra alojado en una dependencia policial de la ciudad de Los Toldos, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará durante este miércoles.

Este miércoles comenzó oficialmente en el Tribunal Penal de Heredia el juicio contra Jeremy Buzano, un joven costarricense de 25 años señalado como el principal sospechoso del homicidio de su exnovia, Nadia Peraza, en un caso que estremeció al país por la brutalidad de los hechos. La acusación sostiene que, tras acabar con la vida de la joven, el imputado desmembró su cuerpo y posteriormente habría incurrido en actos de canibalismo.

Nadia Peraza, de 21 años y madre de una niña en común con Buzano, fue reportada como desaparecida por sus familiares en febrero de 2024. Durante semanas, allegados y autoridades mantuvieron la búsqueda activa, en medio de la angustia e incertidumbre por su paradero. No fue sino hasta mayo de ese mismo año cuando el caso dio un giro macabro: restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a la joven fueron hallados dentro de recipientes plásticos almacenados en un refrigerador ubicado en el patio de la vivienda del sospechoso.

La investigación estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes lograron recolectar indicios clave para sustentar la acusación. Según la tesis fiscal, la relación de la pareja estaba marcada por conflictos constantes y antecedentes de violencia doméstica. De acuerdo con las pesquisas, Peraza habría sido víctima de agresiones previas, un elemento que refuerza la calificación del delito como femicidio.

Aunque el debate debía iniciar el lunes anterior, la audiencia fue pospuesta debido al fallecimiento de un familiar de uno de los integrantes del Tribunal. Finalmente, este miércoles se dio apertura formal al proceso judicial, que se extenderá durante aproximadamente dos meses, con la comparecencia de testigos, peritos y la presentación de pruebas documentales y científicas.

Jeremy Buzano enfrenta un total de 21 cargos. Entre ellos figura el delito de femicidio, nueve acusaciones por estafa informática y once por suplantación de identidad. Estas últimas imputaciones se desprenden de la conducta que, según la acusación, el joven habría mantenido tras la muerte de Nadia. El Ministerio Público sostiene que el sospechoso utilizó en reiteradas ocasiones la tarjeta bancaria de la víctima para realizar transacciones y compras, además de responder mensajes a través de la aplicación WhatsApp haciéndose pasar por ella, con el aparente objetivo de evitar sospechas y retrasar cualquier denuncia formal.

La familia de Peraza, constituida como querellante en el proceso, solicitará una pena de 196 años de prisión por la totalidad de los delitos atribuidos. No obstante, de acuerdo con la legislación costarricense, la pena máxima efectiva que podría cumplir el imputado sería de 50 años de cárcel, tope establecido por el ordenamiento jurídico nacional, independientemente de la sumatoria de condenas.

Entre las pruebas que serán analizadas durante el juicio se encuentra un examen toxicológico practicado a uno de los músculos de la víctima. El informe reveló la presencia de benzoilecgonina, un metabolito que evidencia consumo de cocaína en el organismo. Este hallazgo será discutido por peritos forenses en estrados, con el fin de determinar su relevancia dentro del contexto de los hechos y establecer si guarda relación directa con la dinámica del crimen.

El proceso judicial ha generado amplia atención pública debido a la crudeza del caso y a los elementos que lo rodean, particularmente las acusaciones de desmembramiento y presunto canibalismo.

Este miércoles, en la primera audiencia del juicio se conocieron las declaraciones de la madre de la joven, quién aseguró que su hermano escuchó en varias ocasiones y trató de detener los actos de violencia que sufrió su hija.

Según lo previsto por las autoridades judiciales, el debate concluiría el próximo 17 de abril, fecha en la que el Tribunal dictará sentencia y se definirá el futuro legal de Jeremy Buzano. Será entonces cuando, tras escuchar a todas las partes y valorar las pruebas aportadas, los jueces determinen si el acusado es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen en uno de los procesos penales más impactantes de los últimos años en Costa Rica.

En las últimas horas, la Policía de Salta activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de O. S., un hombre que se dio a la fuga luego de que le confesara a su suegra que había asesinado a golpes a su hija. La víctima era una mujer de 37 años llamada Natalia Cruz, que murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local.

El brutal episodio ocurrió el martes por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades.

Sin embargo, la discusión verbal escaló a una agresión física. Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la mujer le había preguntado qué había ocurrido y que, sin ningún tipo de escrúpulo, le habría confesado que la había golpeado y dejado moribunda. En ese momento, ella y sus demás hijas lograron ingresar por una ventana trasera para rescatar a la joven, mientras que el agresor escapaba del lugar.

Según relataron, lo primero que vieron fue a la mujer tirada en el suelo y casi sin signos vitales. A pesar de esto, un vecino las ayudó a sacarla de la habitación y trasladarla en un auto particular hacia el Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

Luego de que la ingresaran a la guardia médica, Cruz recibió atención médica, pero su muerte fue confirmada minutos después. En principio, indicaron que la mujer presentaba indicios de haber sufrido lesiones, golpes y asfixia mecánica, pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causales y corroborar la hipótesis.

La investigación está bajo la órbita del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP del DIC y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia. Además, el protocolo UFEM fue activado tras confirmarse la muerte de la víctima.

En paralelo,inciaron un operativo de búsqueda, que incluyó allanamientos en el barrio Pipino Ferreyra y la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable junto a la ruta 36, sitios donde habría estado el sospechoso antes del crimen.

Posteriormente, la Policía se desplazó hacia el paraje El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, para rastrillar la propiedad de un familiar del fugitivo, aunque el resultado fue negativo. Según indicaron, el acusado habría sido visto movilizándose en una camioneta Ford EcoSport gris y no se descarta que haya huido hacia la zona de la Puna.

Después de que se conociera la noticia de su muerte, las autoridades confirmaron que ambos mantenían un vícnulo de pareja. Era madre de dos hijos, que fueron producto de una relación sentimental anterior. Además, era conocida por mantener fuertes lazos familiares y sociales en el barrio San Jorge.

De hecho, horas después la mujer fue despedida por el Padre Sergio Chauque y la comunidad de la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. “Acompañamos en oración a la familia de Natalia Cruz”, manifestaron al desear que sus familiares puedan encontrar en Dios “la fortaleza y la paz”, para afrontar lo sucedido.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Hace tan solo dos semanas, una mujer fue asesinada de una puñalada en Bariloche, Río Negro. Todo sucedió el viernes 30 de enero cerca de las 02.20 de la madrugada. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras recibir un llamado al 911, que alertaba sobre lo sucedido en una casa de la calle Tierra del Fuego al 350.

Cuando agentes de la Comisaría 28 de Bariloche acudieron al lugar, se encontraron con una escena sangrienta: en el interior del dormitorio la víctima yacía sobre la cama con diversas lesiones en el cuerpo. Pese a que se solicitó de inmediato una ambulancia, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como María Angélica Zapata, de 50 años. Fueron los propios vecinos del barrio quienes lograron aprehender a quien sería el presunto autor del hecho. Se trata de un hombre de 65 años, identificado con las iniciales T. D., a quien retuvieron cuando salía de la casa. El sospechoso, de profesión jardinero, estaba domiciliado en la misma vivienda que la mujer, aunque aún no confirmaron oficialmente qué vínculo tenían.

Tras el hallazgo de los restos calcinados y desmembrados en un cementerio de Santiago del Estero de Ramona Emilia Medina, su hija contó cómo se enteraron del crimen. “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, expresó con profundo dolor Edith, en una entrevista televisiva.

La mujer de 65 años había salido de su vivienda para asistir a los corsos en la ciudad de Termas de Río Hondo, pero nunca regresó, por lo que la familia realizó la denuncia el domingo ante la Policía. Sobre este dato, la hija agregó que la última vez que la vio fue el sábado por la noche y entre sus planes estaba encontrarse con L. R. B., el hombre de 38 años que se encuentra detenido. “Le di un beso y le dije que lo pase lindo. Fue el último”, añadió.

Si bien Edith estaba al tanto de la relación con el sospechoso, admitió que desconocía detalles personales y antecedentes. Nunca lo había tratado personalmente. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, se lamentó.

Lugo de encontrar una parte del cadaver -dado que le faltaba el torso, los brazos y el cráneo- en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad, la hija de la víctima reveló que la Justicia solo le dijo que lo habían hallado y trasladado a la morgue, pero no le comunicaron las circunstancias en que fue asesinada. “Mi mamá era jubilada, hacía cinco años que estaba retirada, y trataba de disfrutar de sus nietos y de la familia, pese a todo lo que le pasaba”, recordó en diálogo con Noticiero7.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Los vecinos ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró. En su relato la mujer anticipó que su familia se presentará como querellante en la causa. “Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”, expresó y se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

El caso tuvo un giro el lunes por la noche, cuando la Policía, bajo la supervisión del fiscal Gustavo Montenegro, realizó un operativo en inmediaciones del lugar donde habían encontrado parte del cuerpo. Allí hallaron otros restos humanos calcinados, entre ellos extremidades inferiores, el cráneo y demás partes del cuerpo de Medina.

La denuncia de un remisero permitió que las autoridades allanaran el domicilio de L. R. B., donde secuestraron un teléfono celular que sería propiedad de la víctima. Según explicó el conductor, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla. Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Una vez detenido, el sospechoso habría confesado el crimen y guiado a los investigadores hasta el sitio donde se hallaban los restos. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y presentaba signos de incineración. Las pericias forenses intentan determinar el momento y las circunstancias de la muerte, así como si el desmembramiento se debió a la intervención humana o al accionar de animales de la zona.

También se busca establecer si Ramona Medina fue asesinada en el lugar del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado posteriormente y si Bustamante actuó solo o con ayuda de terceros. El resultado de la autopsia será clave para esclarecer si la víctima fue incinerada tras su muerte o mientras aún estaba con vida.

Según explicó Diario Panorama, el hecho se investiga como un presunto femicidio y el expediente quedó bajo la órbita del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, quien ordenó nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata absolvió al subcomisario de la Policía bonaerense Alejandro Alberto Herrera, quien permaneció en prisión preventiva mientras era juzgado por la muerte de su esposa, la también oficial Gabriela Kenyeres. La decisión se conoció luego de que la fiscal de juicio, Leyla Aguilar, desistiera de la acusación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El veredicto fue dictado tras la jornada de alegatos por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, integrantes del TOC N° 3. Herrera había llegado a debate oral por el hecho ocurrido el 22 de abril de 2019 en una vivienda de la localidad de City Bell, partido de La Plata.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, ese día personal policial acudió al domicilio después de un un llamado al 911 que alertaba que una mujer había sido herida de bala. Kenyeres fue encontrada con un disparo en la cabeza y trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME a un centro de salud. Permaneció internada con graves secuelas y falleció pasados casi dos años como consecuencia de esas lesiones. No se realizó autopsia, ya que el cuerpo fue cremado con autorización de la familia.

Durante el juicio, la fiscal Aguilar sostuvo que no se contaba con elementos técnicos suficientes para acreditar la hipótesis acusatoria. En su alegato, según publicaron medios locales este jueves, afirmó que no había “ningún informe forense que describa la trayectoria del proyectil”, lo que, a su criterio, impedía establecer con certeza la mecánica del disparo que casó la muerte de la mujer.

La representante del Ministerio Público también advirtió que la escena del hecho fue modificada antes de la llegada de la Policía Científica. Según consideró, el arma reglamentaria de la víctima -con la que se efectuó el disparo y que fue hallada a sus pies- fue movida por un superior policial. Asimismo, cuestionó que la investigación inicial hubiera estado a cargo de la misma fuerza a la que pertenecían la víctima y el imputado, es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires, y aseveró que debió intervenir una fuerza federal para garantizar mayor objetividad en la instrucción.

En el domicilio se secuestraron cartas con frases como “no puedo más” y “cuando ya no esté más los voy a seguir cuidando”, en referencia a los hijos de Kenyeres. Una pericia caligráfica descartó que esos escritos hubieran sido realizados por Herrera. También se incorporaron al debate oral distintos mensajes de WhatsApp enviados por la mujer a un familiar en los que expresaba, entre otras cosas, “sabés cuántas veces me quise matar, no tenés idea”. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, esos intercambios y otros elementos daban cuenta de que la oficial atravesaba una crisis personal vinculada a la pérdida de la tenencia de sus hijos y a problemas de consumo de alcohol, sin tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Cuando la causa fue elevada a juicio, Herrera estaba imputado inicialmente por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, dado que la víctima sobrevivió durante un tiempo prolongado tras el disparo. Luego del fallecimiento de la oficial bonaerense, la calificación penal fue modificada a homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, un ilícito que establece una pena de prisión perpetua.

Ante el desistimiento de la acusación por parte de la fiscalía, el tribunal resolvió absolver al imputado y disponer su inmediata libertad. Con esa decisión quedó cerrado el proceso penal iniciado en abril de 2019.

La investigación sobre el asesinato de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia llegó a una conclusión firme tras semanas de peritajes y reconstrucción de los hechos: el responsable del femicidio fue Jonathan Chacano, el sospechoso que se suicidó al día siguiente del crimen.

Así lo informó este martes la fiscal general María Laura Blanco en conferencia de prensa, donde dijo que el hombre que fue encontrado muerto semanas atrás había sido ubicado en la escena del crimen y tenía ADN de la víctima.

“Finalmente tenemos los resultados de la prueba de ADN y por eso es que recién hoy estamos en condiciones de dar conclusiones serias respecto del caso. Se confirmó la hipótesis que se venía barajando hasta el momento, que la empezamos a investigar desde el día uno, de que el autor del hecho es esta persona. Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y en las zonas genitales”, explicó la fiscal.

Chacano había sido encontrado muerto semanas atrás en una vivienda en la que estaba trabajando de albañil y tenía la cara rasguñada. Así, María Laura Blanco ordenó que se analice el ADN que le encontraron debajo de sus uñas para identificar si tiene relación con la víctima.

El cuerpo de Valeria con claros signos de violencia. Según indicaron fuentes policiales, estaba en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia. El hallazgo, producido tras largas horas de búsqueda, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado y peritado.

En diálogo con la prensa, Jessica había relatado cómo era el sector donde Valeria fue vista por última vez. Dijo que era una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia siempre sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

El Clan Sena, culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue sentenciado a prisión perpetua este martes por la mañana. El veredicto fue leído durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares.

En el caso de César Sena, fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito. Todos cumplirán prisión perpetua.

En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión; Fabiana González, por encubrimiento agravado, a cinco años de prisión efectiva; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.

La condena de este último incluye una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

Los imputados participaron de manera virtual de la audiencia en la que se dieron a conocer las penas que les fueron impuestas por su participación en el femicidio ocurrido el 2 de junio de 2023.

A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor.

Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.

La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.

El femicidio de Cecilia

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde asesinaron a la joven.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horario surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando salió el hijo del matrimonio solo.

Al volver a abadonar la propiedad a las 13.01, llevaba consigo el celular de Cecilia. Este es, para los investigadores, un dato clave, puesto que los hace considerar que, para ese momento, la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, su familia y allegados podrían llegar a experimentar hoy un sentimiento de justicia, al conocer las penas que caerán sobre los asesinos de la joven de 28 años que solo quería vivir una vida tranquila, junto a su pareja.

Cinco años de la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, Honduras enfrenta un caso que, lejos de resolverse, ha profundizado los cuestionamientos al sistema judicial del país, sobre todo por su manejo en casos de violencia estatal y de género.

Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio para revisar integralmente las pruebas, la falta de una fecha definida mantiene en vilo tanto a la familia como a organizaciones de derechos humanos que exigen una respuesta efectiva.

La madre de la joven, Norma Rodríguez, se ha consolidado como la figura central en la búsqueda de justicia: reclama la notificación urgente de la nueva audiencia, señala la protección judicial hacia los involucrados e insiste en la necesidad de que la investigación alcance a todos los posibles responsables, no solo al agente policial inicialmente acusado.

En el más reciente aniversario del crimen, reiteró su compromiso irreductible: “Mientras viva, seguiré luchando para que todos los culpables paguen por este crimen”.

La noche del 7 de febrero de 2021, en pleno toque de queda por la pandemia de COVID-19, la detención de Keyla Martínez bajo acusaciones de alteración del orden público derivó en su muerte por “asfixia mecánica”, según el informe de Medicina Forense.

Esta conclusión contrastó abiertamente con la versión oficial inicial de supuesto suicidio, posicionando la causa como emblema de impunidad y negligencia institucional, de acuerdo con diversos experto

El proceso judicial original, desarrollado en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, dejó profundas grietas: el único acusado, el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, fue condenado solo por homicidio imprudencial bajo la figura de comisión por omisión, y no por femicidio agravado, como solicitaba la Fiscalía.

La sentencia, de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, incluyó trabajo social y una multa mínima. La temprana liberación del policía incrementó la indignación pública y alimentó la percepción de que el sistema favorece a sus propios agentes.

Tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada, la Sala de lo Penal de la CSJ reconoció graves irregularidades en el procedimiento y la calificación legal del delito, cuyas pruebas forenses nunca avalaron la figura menos severa por la que se optó.

La orden de reiniciar el juicio, ahora bajo un tribunal distinto, responde a la demanda de análisis exhaustivo y garantías plenas de debido proceso.

Las críticas de la familia no han estado aisladas

Organizaciones locales de derechos humanos, el movimiento feminista y entes internacionales han denunciado la falta de celeridad y el uso de recursos públicos para la defensa de los funcionarios señalados.

Además, han reclamado una verdadera investigación con perspectiva de género que alcance, entre otros, al médico Edgar Velázquez, quien acompañaba a la víctima, y a cualquier posible actor secundario relacionado con los hechos.

Las protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, especialmente cada año en el aniversario de la muerte de Keyla Martínez, han mantenido vivo el reclamo de justicia y posicionado el caso como una muestra de las limitaciones del aparato judicial hondureño frente a los feminicidios y las muertes bajo custodia estatal.

Los organismos internacionales remarcan la insuficiencia del Estado en garantizar justicia y reparación, urgiendo una sentencia definitiva que siente precedente y combata la percepción de impunidad.

Mientras la fecha del nuevo juicio permanece indefinida, la figura de Keyla Martínez continúa como un referente de lucha contra la impunidad y la violencia institucional en Honduras.

La primera audiencia del juicio por el femicidio de Tamara Fierro dejó testimonios clave que consolidaron la acusación contra Jairo Guerrero, conocido como Diego Castro, y señalaron la posible complicidad de Esteban Pérez y Maximiliano López, también investigados en la causa. El caso es investigado bajo la figura de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género, lo que podría acarrear prisión perpetua para el principal acusado.

Durante la jornada, una amiga de Tamara brindó uno de los testimonios más relevantes al revelar que Guerrero intentó violentar a la víctima cuando ella tenía 16 años, un dato desconocido por la familia. Luego de esto, Sonia Fierro, madre de la joven, sostuvo que esta declaración muestra “una conducta reiterada y sostenida” por parte del acusado. Y agregó: “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”.

La actuación de los otros dos implicados fue también objeto de análisis judicial. Ambos enfrentan cargos de encubrimiento agravado, pese a que aseguran que desconocían las acciones de Guerrero. Sin embargo, Sonia, la madre de la víctima, planteó: “Todo coincide con el viaje a Libertador para buscar al primo. No tienen lugar para decir que no sabían”. Además, afirmó que durante el delito, “uno de ellos vigilaba la zona y alertaba por teléfono”, y remarcó: “Son tan asesinos como él”, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Todo Jujuy.

En la primera jornada declararon ocho testigos y otros ocho estaban citados para la tarde, aunque dos personas, entre ellas Carina Castro, madre de Guerrero, no se presentaron. Estas ausencias modificaron el calendario del debate. La abogada Mariana Vargas enfatizó que las personas que no acudieron “serán obligadas a presentarse por medio de la fuerza pública en la próxima audiencia”, prevista para el 10 de febrero.

De acuerdo con Sonia Fierro, la defensa permaneció en silencio ante la contundencia de los testimonios, situación que la familia considera un avance positivo en el proceso.

La audiencia contó con el acompañamiento de familiares, organizaciones feministas, vecinos y amigos, quienes expresaron su solidaridad y respaldo a la familia Fierro y a la querella.

Sonia recordó a su hija con emoción: “Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Las próximas audiencias están programadas para el 10 y 23 de febrero, fechas en las que se espera completar la ronda de testimonios y avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene movilizada a la provincia de Jujuy.

Así fue la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Tamara

Luego del hallazgo de restos calcinados en un vertedero cercano al Matadero de Fraile Pintado, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Tamara Fierro, una joven de 29 años que había desaparecido dos días antes tras salir de su domicilio el 24 de mayo.

La víctima fue vista con vida por última vez en la puerta de una vivienda de la calle Gurruchaga, donde testigos y cámaras confirmaron su presencia.

El impacto en la comunidad se intensificó cuando familiares de la víctima apuntaron a la familia del principal sospechoso. De acuerdo con el testimonio de Rocío, hermana de Tamara, el acusado había insistido para ver a la joven el día de su desaparición, mientras que integrantes de su familia inicialmente negaron que la víctima hubiese estado en el lugar, para luego reconocerlo. La madre del sospechoso llegó a afirmar que Tamara Fierro estuvo en la vivienda, descansó y salió por sus propios medios, pero el hallazgo del cuerpo el 26 de mayo, con partes aún prendidas fuego, contradijo esa versión.

“Fueron tiempos muy difíciles estos 25 años que llevamos sin Nati. Nuestra salud mental, la de la mamá, la mía, la de los hermanos, está muy golpeada. Es demasiado tiempo pidiendo justicia. El temor es que no nos alcance la vida para lograrla por completo y que caiga hasta el último asesino de nuestra hija”, expresa con dolor y consternación Gustavo Melmann, el papá de Natalia, la adolescente asesinada el 4 de febrero de 2001 por al menos cuatro agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres de los policías, los suboficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini fueron sentenciados en setiembre de 2002 a reclusión perpetua como culpables de los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado criminis causa”. En el cadáver de la joven de por entonces 15 años se halló ADN de los tres condenados.

El cuarto implicado, Ricardo Panadero, recién fue sentenciado a la misma pena en mayo de 2023. Antes había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas pese a que en el cuerpo de la víctima se había encontrado un elemento clave: un vello púbico que tenía más de 97% de compatibilidad de acuerdo con los indicadores genéticos.

La búsqueda del quinto asesino

Hoy la búsqueda está centrada en identificar al quinto participante del homicidio, ya que en el cadáver de Natalia se encontró también perfil genético de otra persona. Por tal motivo, la justicia ordenó el año pasado que le tomaran muestras de sangre a seis ex policías que revistaban en la comisaría de Miramar cuando ocurrió el hecho: el ex comisario Carlos Alberto Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mieres, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo. Y también se obtuvo la muestra de Enrique Diez, quien frecuentaba la casa a la que la adolescente fue llevada para ser violada y asesinada.

Es importante recordar que la noche previa al crimen, Natalia había concurrido con amigas al Bar La Cantina. La noche del grupo de amigas continuó en la disco Amadeus. Alrededor de las siete de la mañana la joven regresaba caminando a su casa cuando la interceptó un soplón marginal con antecedentes penales y entradas a prisión llamado Gustavo Daniel El Gallo Fernández, que la maniató y la zamarreó. El golpe de gracia en la parte izquierda de la cabeza de Natalia se lo dio el cabo Anselmini, según consta en la causa. Luego la subieron a la camioneta policial y la llevaron a una especie de chalet abandonado sin luz ni agua en un sector alejado de la ciudad conocido como Copacabana.

Un crimen atroz

Allí, los policías la violaron, la quemaron con cigarrillos y la estrangularon con el cordón de sus zapatillas. Luego la dejaron abandonada en el vivero Florentino Ameghino ocultada con ramas. Fue encontrada cuatro días después de su desaparición tras intensas búsquedas y marchas que encabezaron sus padres y vecinos.

Pese a la angustia que vive desde entonces, Gustavo Melmann nunca bajó los brazos, en especial en estos tiempos cuando podría darse el hallazgo del quinto asesino. “Es que el tema estaba en manos de la fiscal Ana María Caro, la hicieron renunciar, y ahora lo tiene un tal Ramiro Anchou, que no está haciendo nada. Hace ocho meses que se le extrajo sangre a ocho policías y no se está mandando a analizar. A todo esto, tuvimos miles de apelaciones y contratiempos. Es increíble que la Suprema Corte de la provincia hace cinco años remarcó que esta causa se debe investigar a fondo y no se investiga. Estoy preocupado porque las extracciones ya fueron realizadas, están todas preparadas y guardadas, supuestamente en Mar de Plata. Espero que no las alteren, mi sospecha está fundada en que en la causa de mi hija pasó de todo. Y no estamos para perder más el tiempo. La familia no aguanta más y nuestros abogados tampoco. Estamos hartos de que hagan todo lo posible para dilatar las situaciones y que el tiempo pase. Yo pienso que la policía de la provincia de Buenos Aires los sigue protegiendo. No me olvido de aquellos años cuando aparecieron asesinadas decenas de mujeres y se hablaba del Loco de la ruta. Y cuando detuvieron a los asesinos de Natalia de repente se acabaron esos crímenes”, afirma el hombre.

-Ustedes vienen atravesando demasiadas irregularidades desde hace muchos años, ¿cómo se soporta?

-No te lo podría describir. Es una lucha diaria. No puede ser que pasaron 25 años del crimen y todavía estamos dando vueltas. Además tuvimos que sufrir los familiares montones de aprietes, de difamaciones. La verdad es que no existió ninguna reparación para la familia ni para Natalia durante este tiempo en el que pasamos de proceso en proceso, de cuestiones planteadas, de juicios. Y todavía tenemos que seguir peleando porque no se termina de resolver el caso. ¿A vos te parece lógico que el quinto ADN lo tengan desde 2001 y todavía seguimos buscando al asesino que falta? Los otros cuatro se nos fueron riendo en la cara pidiendo salidas transitorias. A Echenique y Anselmini se las concedieron, pero a éste último los vecinos de la zona lo vieron y filmaron en la calle incumpliendo el beneficio y tuvo que volver a la cárcel. Ellos dos y Suárez tienen pedidos de libertad condicional abiertos, recurso que ya les fue rechazado en dos ocasiones. Suárez para mí es el peor de todos. Porque en el juicio se pudo demostrar que fue el quien la ahorcó. Ya tenía denuncias y antecedentes de golpear a la gente. Fue expulsado de la Federación de Karate por violento. Hoy en la cárcel de Batán es el instructor del kickboxing del penal. La injusticia es tan enorme que lo único que me consuela y tranquiliza es recordarla.

-Recuérdela Gustavo...

-Vine a Miramar porque hoy 4 de febrero se cumple el 25 aniversario del crimen, y a las 21 horas vamos a estar marchando exigiendo justicia. Apenas llegué a la casa donde vive Laura, la mamá, toqué la puerta la que habíamos construido con ella. Laura me mostraba las flores que recogió aquel día y que todavía guarda. Nati era un ser muy especial. La mamá me recordaba cuando unas perras boxer atacaron a la nuestra y Nati se ocupó de curarla y le salvó la vida. Era solidaria, delegada estudiantil, abanderada en sus últimos años. Cada vez que alguien necesitaba, era la primera en esforzarse. Vivíamos momentos como éste que está pasando ahora, mucha crisis. Y todos la luchamos, ella nos apoyaba mucho junto a sus hermanos. Y la gente, el pueblo de Miramar se portó muy bien con nosotros. La gente se movilizó mucho acá y también en todo el país. Sin todo ese apoyo no se hubiesen encontrado los culpables. Nos llegaban montones de cartas a casa de toda la Argentina y hasta del exterior. También gracias a la lucha feminista y a montones de compañeros de Miramar logramos ya no sufrir el asedio que nos hicieron vivir durante todos estos años de lucha donde nos insultaban e intentaron pegarnos. Y destruyeron un santuario que había de Natalia. Quisimos poner una placa y nos mataron a palos. Hasta el Concejo Deliberante se dividió y no permitieron autorizarla. Fueron años muy duros. Todos extrañamos a Natalia todos los días. La mamá se sigue manteniendo firme pese a todo. Es la única que ha quedado acá en Miramar. Ella dice que caminar las calles de acá es recorrerlas de la mano de su hija. Siente que salió de ella y volvió a ella, que sentirla le da vida. Necesita estar y no puede ni quiere salir de acá. Es un ejemplo de lucha y de vida. En la ciudad es muy respetada. Y ahora por suerte tenemos a un intendente que nos acompaña, una gran persona Sebastián Ianantuony, a los anteriores los sufrimos junto a las familias de los policías condenados. Convoco a toda la gente que pueda venir a las calles 21 y 28 hoy a las 21 horas a la marcha para recordar a Nati”.

En el flyer que circuló en la ciudad puede leerse: “Entre el cielo y la tierra, tu latido perpetuo se escuchará pidiendo volver a la vida, a la libertad, al amor y al conocimiento”. Y el pedido es llevar una flor para elevarla al cielo exigiendo la justicia que se necesita y que increíblemente a 25 años del crimen aún sigue tardando en llegar.

En la madrugada del sábado, un hombre de San Salvador de Jujuy golpeó salvajemente a su ex pareja en presencia de su hija de dos años y luego trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso. La gravedad de la agresión quedó reflejada en la carátula judicial: intento de femicidio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Dorrego, a pocos metros de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad.

Conforme al relato de la víctima a Jujuy al Momento, el agresor la atacó con golpes contra la pared, desatando una escena de suma brutalidad mientras su hija menor observaba todo.

Lo más grave llegó después, cuando el individuo arrastró a la mujer hacia una ventana e intentó lanzarla al vacío desde una altura de tercer piso. En ese momento, los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los vecinos, que se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia cerca de las 4.40.

La respuesta de la Policía fue rápida: al llegar al domicilio, el agresor huyó a pie, lo que desencadenó una persecución que se extendió por escaleras y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

Finalmente, personal de las Unidades Móviles (UR1) logró interceptar y reducir al sospechoso en la intersección de las calles San Francisco y Campero. El hombre fue trasladado a la sede policial correspondiente, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata.

Las actuaciones de rigor, realizadas por personal de la Seccional Nº 2 bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, permanecen en curso, mientras el caso suma preocupación por la exposición de niñas y mujeres a hechos de extrema violencia y la respuesta de las autoridades.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Una vecina de Bariloche, identificada como María Angélica Zapata, fue asesinada de forma violenta en la madrugada del viernes dentro de su vivienda en el barrio Nuestras Malvinas. La investigación, que recae en la fiscalía encabezada por Silvia Paolini, avanza bajo la figura de femicidio, mientras las autoridades centran los esfuerzos en la recolección de pruebas clave que permitan formular cargos contra el principal sospechoso, un hombre de 65 años.

De acuerdo con información confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la causa, el acusado, identificado por las iniciales T. D. y de profesión jardinero, permanece detenido y está previsto que enfrente la imputación formal el sábado. Estos mismos informantes señalaron: “Durante estas horas y en lo que resta del día, la investigación estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana”. La Fiscalía solicitó la autopsia al cuerpo de la víctima para dilucidar la mecánica exacta de la muerte.

La denuncia se activó cerca de las 02:19, cuando los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre un episodio violento en la propiedad ubicada en la calle Tierra del Fuego 355. Al llegar, agentes de la Comisaría 28 de Bariloche se encontraron con una escena de gran crudeza: la mujer yacía sobre su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a la llegada de los profesionales médicos, constataron el fallecimiento de Zapata en el lugar. La intervención inmediata de los vecinos resultó determinante: fueron ellos quienes retuvieron al sospechoso cuando abandonaba la vivienda, lo que facilitó su aprehensión por parte de la policía. Según las autoridades, el hombre residía oficialmente en el mismo domicilio de la mujer, aunque aún no se ha comunicado de manera oficial el tipo de relación que mantenían.

En las actuaciones participan, junto a la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que brinda asistencia a la familia de Zapata.

A Felicitas Guerrero la mató un pretendiente furioso en una época en la que a la violencia contra las mujeres se la explicaba como un exceso del amor y se la ocultaba bajo el eufemismo de crímenes pasionales. Hoy, con otra mirada histórica, puede decirse que fue víctima de uno de los primeros femicidios registrados en la Argentina. Fue asesinada por Enrique Ocampo, un hombre rechazado que, ante la negativa de la joven de mantener una relación con él, le disparó en la quinta familiar de Barracas cuando ella estaba por anunciar su compromiso con Samuel Sáenz Valiente.

Felicitas, de 24 años, agonizó varias horas. Tras el crimen, Ocampo apareció muerto. La versión judicial sostuvo que se suicidó, aunque desde entonces circula otra hipótesis: que fue ejecutado por familiares de Felicitas en un acto de justicia privada. La verdad nunca quedó del todo establecida.

El caso dejó una marca profunda en la sociedad porteña de fines del siglo XIX, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la posición social de los involucrados. Su muerte llevó a sus padres a levantar la Iglesia de Santa Felicitas en el lugar del asesinato, un espacio que con el tiempo se convirtió en símbolo de memoria y dio origen a una de las leyendas urbanas más persistentes de Buenos Aires.

La belleza que iluminó a Buenos Aires y el destino que la esperaba

En la Buenos Aires de mediados del siglo XIX, el nombre de Felicitas Guerrero comenzaba a circular con admiración y expectativa. Había nacido el 26 de febrero de 1846, en una casa de la calle México, en el corazón porteño, y desde muy joven fue observada como una figura destinada a ocupar un lugar central en la sociedad.

Era la primogénita de once hijos del matrimonio formado por Carlos José Guerrero y Reissig, un comerciante español nacido en Málaga, y Felicitas Cueto y Montes de Oca, perteneciente a una familia tradicional de Buenos Aires. Su origen reunía linajes ligados al comercio, la administración de estancias y las redes económicas que sostenían a la élite local. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el peso del apellido y las expectativas que ese origen imponía.

El 2 de junio de 1864, con 18 años, contrajo matrimonio con Martín Gregorio de Álzaga, un hombre de 50. A partir de entonces, su vida se repartió entre la ciudad de Buenos Aires, la estancia familiar en Barracas y los extensos campos de la provincia, escenario de los negocios y actividades de su marido. Con el tiempo y para su sorpresa, Felicitas comenzó a quererlo, a compartir su mundo y sus responsabilidades, y pronto llegaron los hijos; y con ellos la felicidad, pero también las tragedias de su vida.

El primero fue Félix. Con él, la joven madre se sintió plena y también el orgulloso padre, pero la alegría se transformó en dolor cuando el pequeño murió a los 3 años a causa de la epidemia de fiebre amarilla. Eso fue devastador para Álzaga. Tanto así que aún mientras se ilusionaba con la llegada de su segundo hijo, Martín, el hombre falleció el 1 de marzo de 1870, abatido por la pena de la pérdida de Félix... La enorme casa se había convertido en un túnel de sombras... Al día siguiente, Martín nació muerto. Con tan solo 24 años, quedó viuda y completamente golpeada. Pero también se convirtió en la única heredera de una de las mayores fortunas del país, con miles de hectáreas principalmente en la provincia de Buenos Aires.

La riqueza y la administración de las tierras la convirtieron en una figura inusual: una mujer joven con poder económico en una sociedad que no acostumbraba a reconocer la capacidad de decisión de las mujeres. Su hermano Carlos asumió un papel activo en la gestión de las propiedades porque en esos tiempos no estaba bien visto que una mujer lo hiciera sola.

La belleza y la elegancia de Felicitas —considerada “La más hermosa de la República”— continuaron llamando la atención de la sociedad porteña. Pero detrás de esa apariencia serena y delicada, estaba la mujer que había conocido el amor, las peores pérdidas y la soledad extrema.

Un compromiso deseado y una obsesión que no aceptó límites

La viuda Felicitas Guerrero, tras superar el luto por su marido y la tragedia de perder a sus hijos, se había entregado a la ilusión de un nuevo amor. En noviembre de 1871, durante un viaje hacia su estancia La Postrera, un accidente con el carruaje bajo una tormenta hizo que se refugiara junto a Samuel Sáenz Valiente, el joven dueño de las tierras, quien la atendió con tanta caballerosidad que despertó en ella un afecto genuino y correspondido. Desde ese momento, comenzaron a circular rumores de un vestido que Felicitas encargó a París, destinado a celebrar su compromiso formal con ese caballero. Esa noticia fue intolerable para Enrique Ocampo, un antiguo pretendiente obsesivo que la había buscado sin éxito desde antes de su primer matrimonio.

El acoso de Ocampo no se limitó a la insistencia verbal: enviaba cartas, exigía encuentros y rondaba la casa familiar, ignorando las advertencias de sus allegados. La joven heredera vivía bajo la constante amenaza de un hombre que se creía dueño de su destino, y cuya obsesión silenciosa se convertía cada día en más peligrosa.

En enero de 1872, Felicitas se encontraba muy ocupada con los preparativos de su boda y también con la inauguración de un puente de hierro del Ferrocarril del Sud sobre el río Salado, un acto conmemorativo de la batalla de Caseros que simbolizaba el progreso y en el que ella había sido nombrada madrina. La fecha clave se acercaba: el 29 de enero, día en que se celebraría una reunión social en su quinta de Barracas, anunciando el compromiso con su amado.

Ocampo se enteró y apareció en la estancia, luego de haber bebido, y visiblemente alterado. Insistió en hablar con Felicitas, y aunque su tía Tránsito Cueto trató de alejarlo, finalmente accedió a que la joven lo recibiera en privado. Felicitas pidió que la acompañaran discretamente su hermano Antonio Guerrero y su primo Cristián Demaría, quienes escucharon la conversación desde la ventana para protegerla.

La reunión se tornó rápidamente violenta. Ocampo le gritó: “O te casas conmigo o no te casás con nadie”, y sacó un arma Lefaucheux calibre 48. Felicitas intentó escapar a través del jardín hacia la zona que luego sería la sacristía de la iglesia de Santa Felicitas, pero Ocampo le disparó por la espalda, hiriéndola gravemente en el omóplato derecho. La bala dañó la médula espinal y varios órganos, dejando a Felicitas agonizando durante la noche y hasta la mañana siguiente, 30 de enero de 1872, cuando finalmente falleció.

Ocampo murió poco después del crimen, aunque nunca se aclaró si fue suicidio o ejecución por familiares de Felicitas, como apuntaban algunos rumores de la época. La investigación, dirigida por el juez Ángel Justiniano Carranza, lo declaró “suicidio”, pero la versión popular sobrevivió: que hermanos o un primo habían actuado en defensa de la joven.

El funeral de Felicitas fue multitudinario; su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta, donde ese mismo día también fue inhumado Ocampo, y los cortejos se encontraron a la entrada del cementerio, un reflejo del choque entre tragedia, sociedad y jerarquía de la época.

La huella de Felicitas: Iglesia, memoria y cine

El fallecimiento de Felicitas Guerrero paralizó a Buenos Aires. La prensa habló de locura, celos y fatalidad, pero la realidad era mucho más cruda: una mujer había sido asesinada simplemente por ejercer su derecho a decidir sobre su propia vida. Su juventud, belleza y condición de heredera intensificaron el impacto, dejando al descubierto que ni la riqueza ni el prestigio podían proteger a las mujeres de la violencia masculina.

El velorio fue multitudinario. Durante horas, la fila de quienes querían despedirse no se interrumpió. No solo se lloraba a Felicitas sino que se lamentaba también la brutalidad de un sistema que había permitido que su vida terminara de manera tan trágica. Devastada por el dolor, la familia decidió perpetuar su memoria de la única manera que consideraron posible: levantar un templo en el lugar donde Felicitas había sido atacada.

Así, en el jardín de la casa, nació la Iglesia de Santa Felicitas, concebida como un intento de redimir la violencia a través de la fe y la arquitectura. Construida con mármoles europeos y un imponente diseño neorrománico, el templo buscaba transformar un espacio de muerte en un lugar de consuelo.

Con el tiempo comenzaron a circular leyendas urbanas de presencias y apariciones de Felicitas. Vecinos afirmaban ver a una mujer vestida de blanco recorrer el templo y desaparecer, mientras cuidadores aseguraban escuchar pasos durante la noche. Las noches del 30 de enero adquirieron un peso particular: la tradición popular sostiene que Felicitas regresa, atada al lugar donde su vida fue truncada, dejando corrientes frías, susurros y una sensación persistente de inquietud.

Para muchas mujeres, Felicitas dejó de ser un fantasma y se convirtió en símbolo de resistencia y protección. Acuden a la iglesia a pedir amor, justicia o consuelo, hablándole como a alguien que comprendió el dolor y la violencia desde dentro.

La historia de Felicitas llegó al cine argentino. La película que lleva su nombre fue dirigida por Teresa Costantini en 2009. Recrea parte de su vida con licencias propias de la ficción para alimentar el drama, como el supuesto sentimiento correspondido hacia su acosador y criminal.

Hoy, la Iglesia de Santa Felicitas es más que un edificio histórico. Es un lugar donde la memoria de un femicidio del siglo XIX sigue presente, un espacio de fe, tragedia y leyenda urbana que no se apaga.

La investigación por el crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia sufrió un giro relevante: la Justicia de Chubut decidió recalificar el caso como presunto femicidio. Esta medida refuerza la presión sobre el proceso judicial y evidencia la gravedad social del hecho. Sin embargo, la familia de la víctima todavía no tiene “ninguna novedad” y “todo sigue igual que hace unos días”. Esto derivó en una marcha con velas organizada por los familiares y allegados, quienes exigen justicia y mejores condiciones de seguridad en los espacios públicos.

Desde el entorno familiar, Jessica Schwab, hermana de la víctima, reafirmó en diálogo con El Comodorense que hasta el momento no recibieron información oficial sobre los avances en la causa. Sostuvo: “Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Todo sigue igual que hace unos días”. Además, señaló que aún no le presentaron el informe de autopsia, y enfatizó: “Ni siquiera me acercaron información”. La ausencia de novedades incrementa la desconfianza y la frustración de la familia, que se moviliza para evitar que una muerte semejante vuelva a ocurrir.

La fiscal María Laura Blanco quedó asignada como jefa investigadora tras el relevo del fiscal Marcelo Crettón. Blanco ahora supervisa las diligencias y el estudio de los resultados de la autopsia, en tanto el Ministerio Público Fiscal de Chubut subrayó la importancia de mantener una estricta reserva de la información a fin de resguardar la pesquisa. Paralelamente, la Fiscalía solicitó cooperación ciudadana habilitando los teléfonos (0297) 4463701, 4462520 y 4462408, así como atención presencial en la sede de calle Máximo Abásolo 980, para quienes puedan aportar datos fundamentales a la causa.

El cuerpo de Valeria Schwab, de 38 años, fue hallado en un barranco cercano a la zona de Eureka, muy cerca de la costanera local. El operativo a cargo de la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios se desplegó poco después de haberse reportado la desaparición de la víctima. De acuerdo con el relato de Jessica, el último contacto con su hermana ocurrió mediante WhatsApp, cuando Valeria avisó que salía a caminar cerca de las Torres, en las inmediaciones del cementerio viejo.

Los investigadores descartaron un robo como móvil, ya que Valeria no llevaba objetos de valor salvo su “celular y auriculares”, de acuerdo con lo sostenido por Jessica. Si bien ambos objetos estaban extraviados tras el hecho, el teléfono fue localizado días después “frente a uno de los carriles de circulación”, conforme explicó la hermana de la víctima días después del crimen, y se espera que los peritajes técnicos sobre el dispositivo permitan reconstruir los últimos movimientos de Valeria. “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”, exigió.

En el plano social, la familia subraya que el hecho no responde a una situación de inseguridad común. Jessica aportó que el área donde ocurrió la desaparición es frecuentada por personas que realizan actividad física, pero se encontraba “completamente oscura, una boca de lobo”. Destacó que “la luz estaba apagada y no se veía nada”. Estas condiciones precarias complicaron la búsqueda inicial, en la que la propia Jessica recorrió la zona con ayuda de dos jóvenes, antes de la llegada de la policía. Según relató: “Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”.

Los allegados y familiares de Valeria Schwab exigieron medidas urgentes a las autoridades para que Comodoro Rivadavia cuente con “espacios más seguros e iluminados”, como lo expresó Jessica, quien presentó además un proyecto de ordenanza para evitar futuras tragedias. “No me gustaría que esto le pase a nadie más. El gobernador me dijo que se va a trabajar en el tema, que me quede tranquila”, afirmó la hermana de la víctima a Radio Chubut.

La manifestación de este martes convocó a los vecinos a partir de las 22 horas, partiendo desde la Escuela 83 hasta el Cenotafio, en reclamo de justicia. “Nos movilizamos porque fuimos los familiares y amigos los primeros que hicimos algo. Esto va a seguir hasta que el caso se aclare. Quiero agradecer a todas las personas que acompañaron a mi familia y a los amigos de Vale”, concluyó Jessica.

Todavía queda por esclarecer el motivo. La histórica de la sospecha de la UFI de Homicidios de La Matanza —que esclareció el caso en una investigación histórica— y del Juzgado Federal N° 2 de la misma jurisdicción, junto a la fiscal Mariela Labozzetta, es que una banda de narcos peruanos que operaba en el Bajo Flores las mató en venganza por robar droga, de acuerdo con varios arrepentidos que declararon en el caso, con más de una decena de detenidos y tres prófugos internacionales.

El día antes del crimen, los supuestos cerebros del triple crimen se juntaron a almorzar.

El 31 de diciembre pasado, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, que investigó el caso desde el comienzo, allanó una concesionaria en la calle 44 en La Plata llamada Automotores Yimi. Buscaban un Chevrolet Cruze blanco. Ese Cruze había sido conducido el día previo al triple crimen por el último sospechoso detenido en el caso, Bernabé Mallón, alias “El Tío”, detenido a mediados del mes pasado. El Cruze, efectivamente, fue encontrado en el lugar.

Mallón, precisamente, fue acusado de citar a las víctimas en la casa donde las mataron. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, habría mantenido un encuentro con Lara, la menor de las víctimas, pocas horas antes del crimen. Para la Bonaerense, Mallón era un jerárquico dentro de la banda, muy por encima del hoy famoso “Pequeño Jota”, detenido en Perú en medio de una cinematográfica fuga.

“El Tío” empleó ese Cruze para dirigirse a un restaurant peruano en la calle Tres Arroyos de Avellaneda el 18 de septiembre. El video que ilustra esta nota muestra sus movimientos.

Al llegar al restaurante, estacionó junto a un Volkswagen Fox que utilizaban Alex Ydone, narco peruano con una larga historia en el hampa, buscado en su país, hoy prófugo internacional, que fue buscado años atrás por la Justicia de su país, y Florencia Ibáñez, amante de Ydone.

Tras el almuerzo, el Fox siguió viaje hacia Quilmes, según revela otro video que ilustra esta nota. Allí, lo abordó “Pequeño Jota”: el auto se dirigió a la casa del crimen en Villa Vaettone. En menos de 24 horas, Brenda, Morena y Lara estarían muertas bajo la tierra del jardín.

Sobre su encuentro en el restaurante, Mallón dijo ante la Justicia que, simplemente, allí se discutió “la venta de artículos de bazar”, según asegura un informe del caso.

Un almuerzo con “El Bola”

Florencia fue una voz cantante en el expediente, por así decirlo. Declaró tres veces ante los fiscales Arribas, Rulli y Fornaro, los investigadores originales. En su tercer canto, la amante de Ydone —a quien ella misma delató— decidió relatar lo que, supuestamente, vio el 18 de septiembre, el día previo a los crímenes.

Allí, introdujo a un nuevo personaje en la trama, "El Bola", oriundo de Bolivia según ella, amigo de Ydone Castillo. De este nuevo sospechoso, también dio datos Víctor Sotacuro Lázaro, tío de Florencia y preso por el triple femicidio: lo ubicó junto a “Pequeño J” y “El Loco” David en su Volkswagen Fox blanco de regreso de Florencio Varela tras los asesinatos.

“Voy a contar a partir del día 18 de septiembre, es decir, el día anterior al hecho”, comenzó Florencia este lunes, en una declaración doble que incluyó un escrito y un interrogatorio. En el documento, siguió: “Sotacuro ya estaba en la calle, me vino a buscar y de ahí nos encontramos con el amigo de Alex, “El Bola””.

El hijo de “El Bola” estaba presente; pidieron comida peruana en el restaurante donde el misterioso ciudadano boliviano lloró un poco sus problemas: se había peleado con su mujer poco antes. “Un rato más tarde, se fue solo. Me dijo que a trabajar, a hacer sus cosas. Él me decía que hacía ‘revoleos’”, continuó Ibáñez. “Revoleos”, en la jerga narco, significa lanzar cocaína desde un avión.

Horas después de que la Justicia de Chubut informara que el caso de Valeria Schwab sería investigado como un femicidio, las autoridades a cargo de la causa hallaron muerto a quien habían sindicado como el principal sospechoso del crimen ocurrido a principios de esta semana en Comodoro Rivadavia.

Se trata de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en el marco de un operativo por el esclarecimiento del homicidio de Schwab, asesinada luego de permanecer varias horas desaparecida. Lo último que se supo de ella es que había salido a caminar por la costa de la ciudad.

Según consta en el expediente, el sospechoso fue encontrado en una vivienda en la que estaba trabajando de albañil y tenía la cara rasguñada. En este sentido, la fiscal María Laura Blanco -que tomó intervención en el caso en las últimas horas- ordenó que se analice el ADN que le encontraron debajo de sus uñas para identificar si tiene relación con la víctima.

El cuerpo de Valeria fue encontrado días atrás y tenía claros signos de violencia. Según indicaron fuentes policiales, estaba en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia. El hallazgo, producido tras largas horas de búsqueda, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado el miércoles.

Según contó Jessica, el dispositivo apareció “frente a uno de los carriles de circulación” y, ahora, se espera que sea sometido a peritajes técnicos para establecer con precisión cómo transcurrieron sus últimos momentos. “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”, reclamó la hermana de la joven.

Mientras familiares y allegados de la víctima convocaron a una movilización para exigir respuestas a las autoridades, sumaron detalles que serían relevantes para la investigación. Así, Jessica describió el sector donde Valeria fue vista por última vez como una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

Tania Suárez fue encontrada el martes atada y lastimada en un terreno baldío de La Cumbre, luego de haber estado dos días desaparecida. La mujer había salido el domingo de su casa para tener una cita, pero una serie de mensajes enviados a su hija, durante el encuentro, encendieron las alarmas. Poco después perdieron el contacto con ella y la familia decidió hacer la denuncia. Ahora, sus allegados consideran que se trató de un intento de femicidio.

Tras el hallazgo, fue trasladada a un hospital de Córdoba donde permanece internada bajo secreto de sumario, mientras la investigación avanza en manos de dos fiscalías. “Entendemos que hay una o varias personas libres que intentaron asesinar a Tania”, sostuvo la abogada defensora, Daniela Morales Leanza. La familia aseguró a El Doce TV que la vida de la mujer "no corre riesgo", aunque no está en condiciones de declarar, según el equipo de psicólogos y psiquiatras que la asiste. Su hermana, Brisa, explicó que los especialistas recomendaron postergar el relato hasta que su estado sea óptimo.

Respecto a lo sucedido, la letrada anticipó en declaraciones al mismo medio que la presentación familiar será bajo la figura de “femicidio en grado de tentativa” y fundamentó la hipótesis en el estado en que fue encontrada la víctima de 35 años, y en los mensajes previos a la desaparición, enviados a su hija de 17 y a su hermana. “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro, te aviso”, había escrito Tania en uno de los textos enviados.

El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y por la fiscalía de Cosquín, dirigida por Paula Kelm. La familia espera ser admitida como querellante en el expediente para acceder a la causa. Por el momento, ninguna persona fue detenida ni tampoco pudieron encontrar el teléfono celular de la víctima.

Durante la investigación, Brisa relató que intentó abrir la cuenta de Facebook de su hermana para colaborar con los peritos en el acceso a la aplicación de citas, aunque no lo logró. También consultó sobre la existencia de registros de cámaras de seguridad, pero no obtuvo información. “Estoy en blanco”, describió la joven, según recogió El Doce TV.

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, Tania salió de su vivienda el domingo en la zona norte de Córdoba alrededor de las 16:00, tras comunicar a sus familiares que asistiría a una cita con un hombre, que conoció a través de la aplicación de parejas de la mencionada red social.

A las 19:04, notificó a su hija que había llegado a destino. Dos minutos después envió un mensaje expresando incomodidad por la persona con la que se encontraba: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, en referencia al violador serial Marcelo Sajen. A las 20:20 mandó otro mensaje advirtiendo que la situación se estaba poniendo un poco densa. El último contacto registrado fue a las 20:53, cuando informó que el hombre le había dado agua con mal sabor. Desde las 22:47, la familia no pudo volver a comunicarse, y el celular permaneció apagado o fuera de servicio.

El martes, la Policía de la provincia localizó a la mujer madre de cuatro hijos, en las inmediaciones de una estación de bomberos en la localidad de La Cumbre, luego de que un vecino alertara a las autoridades.

Fuentes judiciales informaron a El Doce TV que la víctima fue drogada con una sustancia aún no identificada, dato que coincide con los mensajes enviados a su hija durante la cita. A los profesionales de la salud que la asistieron, relató que fue golpeada y que, en un momento, fingió estar muerta para salvarse. También mencionó que le destruyeron el teléfono y arrojaron el chip, así como la presencia de un automóvil Audi gris, sin que hasta el momento se haya confirmado si fue utilizado para su traslado.

La investigación continúa y se espera la declaración de la víctima. La causa busca determinar la identidad de los responsables, reconstruir los hechos y establecer si existieron otros participantes.

A dos días de que el cuerpo de Valeria Schwab, una deportista y emprendedora de 38 años de Comodoro Rivadavia fuera encontrado en un barranco del Cerro Chenque, la Justicia de Chubut confirmó el cambio de carátula del caso. A partir de ahora, su muerte será investigada como un presunto femicidio.

Con este cambio, el expediente dejó de estar en manos del fiscal Marcelo Crettón, debido a que la fiscal María Laura Blanco quedó asignada como jefa investigadora de la causa. La funcionaria tendrá la tarea de supervisar las diligencias y analizar los resultados de la autopsia elaborada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Según la información publicada en el sitio del Ministerio Público Fiscal de Chubut, las autoridades enfatizaron la necesidad de mantener bajo estricta reserva toda la información del caso, para evitar interferencias en el proceso investigativo.

No obstante, enviaron una solicitud de colaboración a la comunidad, para que eventuales testigos puedan brindar datos relevantes y contribuir al avance de la causa. Para este fin, se habilitó la asistencia presencial en la fiscalía de calle Máximo Abásolo al 980 o el contacto a través de los números telefónicos (0297) 4463701, 4462520 y 4462408.

Los detalles del caso

La localización del cuerpo de la mujer en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia, fue apenas el disparador de la investigación judicial. El hallazgo, producido cerca de las 4, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado el miércoles.

Según contó Jessica, el dispositivo apareció “frente a uno de los carriles de circulación” y, ahora, se espera que sea sometido a peritajes técnicos para establecer con precisión cómo transcurrieron sus últimos momentos. “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”, reclamó la hermana de la joven.

Mientras familiares y allegados de la víctima convocaron a una movilización para exigir respuestas a las autoridades, sumaron detalles que serían relevantes para la investigación. Así, Jessica describió el sector donde Valeria fue vista por última vez como una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

El caso también despertó la demanda de medidas concretas a las autoridades locales. Luego de que Jessica manifestara que su hermana salía regularmente a entrenar y practicaba deporte en esa misma zona, reclamó: “No puede ser que no podamos salir solas. Hoy tengo miedo, pero también creo que acompañarnos entre todos es el único camino”.

Una mujer fue hallada sin vida en su casa del barrio Center en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, este lunes por la mañana, y en el patio trasero de la casa divisaron a la pareja, quien se encontraba inconsciente dentro la pileta.

Analía Haydee Colomer, de 52 años, tenía varios golpes en la cabeza y heridas punzocortantes. Yacía en el garaje de la propiedad, ubicada en Pasaje 42/44 entre la calle 57 y el pasaje 55/57. El hombre, de 51 años, presentaba un estado de asfixia debido a un cable que tenía atado al cuello sostenido de un parrillero portátil que también estaba en el fondo de la pileta.

La Policía intervino tras recibir la alerta y encontró al hombre, identificado como J. M. G., en graves condiciones. El personal sanitario le aplicó maniobras de reanimación y lo trasladó al Hospital de Reconquista, donde quedó internado en la sala de cuidados intensivos bajo custodia policial. De acuerdo con la información recogida por ReconquistaHOY, el hombre permanece en estado crítico.

El caso se encuentra bajo investigación de la Oficina de Trata, dirigida por el fiscal Valentín Hereñú, que sostiene la hipótesis de femicidio seguido de tentativa de suicidio. Los peritos forenses continúan trabajando en la recolección de pruebas sobre la escena descubierta cerca de las 9 de la mañana.

En los primeros momentos del análisis, los investigadores detectaron que desde el teléfono móvil de Colomer se envió a la mañana un mensaje dirigido a su empleadora, donde se informaba que no podría asistir a trabajar. Las autoridades tratan de determinar si el mensaje fue escrito por la propia víctima o por el presunto agresor. Este elemento forma parte de las pruebas digitales que analiza la Fiscalía.

Algunos conocidos de la pareja declararon al mismo portal local que la relación entre ambos era “muy mala”, lo que será tenido en cuenta en la investigación. La autopsia del cuerpo de la víctima fue programada para el martes en la morgue judicial de Reconquista.

El avance de la causa dependerá de su evolución médica y de los resultados de las pericias forenses.

Detuvieron a un hombre por el crimen de su pareja y su bebé

Un hombre de González Catán, en La Matanza, fue arrestado acusado de asesinar a su pareja y a su hijo de 11 meses. El caso se conoció cuando los familiares de la mujer denunciaron que no podían comunicarse con ella y que el acusado impedía el acceso a la vivienda. La Policía halló los cuerpos de Gimena Agustina Cardozo López, de 27 años, y del menor dentro del domicilio ubicado en Matienzo al 5500.

De acuerdo con la información que obtuvo Infobae, Luis Acosta Abruzzese, de 35 años, fue arrestado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras intentar escapar cuando los agentes arribaron al lugar. Tras la denuncia presentada, la fiscal Pamela Piatelli, de la UFI Especializada en Violencia, ordenó un allanamiento de urgencia.

Los exámenes forenses preliminares revelaron que la mujer murió por estrangulamiento y el bebé por degüello. El hecho fue calificado como doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, conforme dispuso la justicia.

La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según fuentes de la investigación, el Grupo Táctico Operativo (GTO) localizó a Acosta Abruzzese en la zona de Achega entre Valentín Gómez y Encina, donde fue interceptado y reducido tras intentar darse a la fuga. Voceros judiciales indicaron a este medio que “gracias al rápido accionar de la Policía y el apoyo de la departamental se hizo un rastrillaje y lo detuvieron rápidamente en la calle”.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Temática Homicidios, dirigida por el fiscal Diego Rulli, quien dispuso la aprehensión del acusado. Según consta en el expediente, el sospechoso se negó a declarar ante la fiscalía. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para precisar las circunstancias del hecho.

Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género contra el sospechoso durante los 10 años de convivencia. No obstante, una amiga de la víctima declaró en la causa que el ahora detenido era “muy violento” con la mujer.

Luis Acosta Abruzzese, un hombre de 35 años de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, fue detenido este viernes por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de un doble crimen atroz: según la Justicia, asesinó a su mujer y a su bebé de apenas 11 meses de edad.

Según indicaron fuentes con acceso a la investigación a Infobae, el crimen se descubrió cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda situada en Matienzo al 5500, luego de que los padres de la joven, identificada como Gimena Agustina Cardozo López (27), denunciaran que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que el yerno impedía el contacto.

Antes de acudir a la Policía, la madre de Agustina se acercó primero al domicilio pero Acosta Abruzzese se negó a permitir el ingreso y a brindar información sobre la joven. No sólo eso: el hombre huyó por el fondo de la vivienda. Al ver que algo ocurría, la mujer hizo la denuncia a las autoridades y por orden de la fiscal Pamela Piatelli, de la UFI Especializada en Violencia, se llevó adelante un allanamiento de urgencia.

Dentro del domicilio, los agentes hallaron sin vida a Cardozo López y a su hijo, en medio de una escena que estremece. El personal médico que concurrió al lugar confirmó las muertes y no pudo hacer nada por las víctimas. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la mujer fue asesinada por estrangulamiento mientras que el bebé de 11 meses fue degollado.

La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según los primeros datos de la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), el seguimiento de cámaras de seguridad permitió localizarlo desplazándose por la zona de Achega entre Valentín Gómez y Encina. Al advertir la presencia policial, el imputado intentó escapar, pero fue interceptado y detenido en el lugar.

“Gracias al rápido accionar la Policía y el apoyo de la departamental que puso a todos los jefes de calle de La Matanza a disposición, se hizo un rastrillaje y lo detuvieron rápidamente en la calle”, agregó la fuente judicial.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios, bajo la dirección del fiscal Diego Rulli, quien dispuso la detención del sospechoso. El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (respecto de su pareja) en concurso real con homicidio agravado por el vínculo (respecto del bebé). Se negó a declarar.

Por el momento, los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para establecer las circunstancias precisas de las muertes.

En cuanto a los antecedentes, las fuentes señalaron que no había denuncias previas por violencia en contra de Acosta Abruzzese durante los 10 años estuvieron junto como pareja. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de una amiga de Gimena, única declaración en el expediente por el momento, el hombre era “muy violento” con ella.

Femicidio en Temperley

Una mujer fue baleada por su novio en Temperley, Lomas de Zamora, durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde entonces, luchaba por su vida en un hospital de la zona, pero no resistió y murió este lunes. Su agresor se encuentra detenido y su imputación se agravó en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Daniela Sosa, de 32 años, quien permaneció días internada en grave estado en el hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarla fueron en vano.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido el mismo día del crimen, cuando Un llamado de emergencia alertó por las detonaciones y los gritos que se escuchaban en el domicilio de Sosa. Según señaló el portal Inforbano, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y hallaron a la mujer herida de gravedad. En el domicilio se secuestró un revólver calibre .32, que, según los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.

El presunto agresor, identificado como la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora (UFI N°9). En un principio la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El sospechoso permanecía bajo custodia desde el primer día. Desde el crimen, las autoridades se concentraron en tomar testimonios a familiares y allegados, quienes ofrecieron detalles sobre el historial de la pareja y los antecedentes de violencia en el hogar.

La investigación avanza con la recolección de evidencia forense y el análisis de las pericias balísticas. La Fiscalía, mientras tanto, busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y si existen antecedentes de denuncias previas por parte de la víctima.

Una mujer fue baleada por su novio en Temperley, Lomas de Zamora, durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde entonces, luchaba por su vida en un hospital de la zona, pero no resistió y murió este lunes. Su agresor se encuentra detenido y su imputación se agravó en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Daniela Sosa, de 32 años, quien permaneció días internada en grave estado en el hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarla fueron en vano.

Las autoridades tomaron concomiendo de lo sucedido el mismo día del crimen, cuando Un llamado de emergencia alertó por las detonaciones y los gritos que se escuchaban en el domicilio de Sosa. Según señaló el portal Inforbano, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y hallaron a la mujer herida de gravedad. En el domicilio se secuestró un revólver calibre .32, que, según los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.

El presunto agresor, identificado como la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora (UFI N°9). En un principio la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El sospechoso permanecía bajo custodia desde el primer día. Desde el crimen, las autoridades se concentraron en tomar testimonios a familiares y allegados, quienes ofrecieron detalles sobre el historial de la pareja y los antecedentes de violencia en el hogar.

La investigación avanza con la recolección de evidencia forense y el análisis de las pericias balísticas. La Fiscalía, mientras tanto, busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y si existen antecedentes de denuncias previas por parte de la víctima.

Encontraron el cuerpo de una mujer en un campo de Córdoba

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

El nombre de la mujer trascendió tiempo después tras el análisis de pericias forenses y declaraciones médicas. Además, la Policía detuvo a un joven por el crimen.

La víctima era Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María. El hallazgo movilizó a las autoridades policiales y a la Justicia local, que abrieron una investigación por femicidio. En el expediente de la investigación sumaron un nombre, el de un joven de 23 años identificado con las iniciales T.M.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso el inmediato resguardo del lugar y la realización de pericias sobre el terreno y el cuerpo, en busca de rastros y elementos que pudieran contribuir a la identificación del agresor.

En paralelo, se iniciaron las tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso.

El arresto se produjo tras reunir elementos que lo vinculaban con la escena y los horarios en los que se habría producido el ataque. El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las tareas para determinar el móvil y las circunstancias exactas del homicidio.

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un descampado en Córdoba, en la mañana del primero de enero. El nombre de la víctima trascendió en las últimas horas tras el análisis de pericias forenses y declaraciones médicas. Además, la Policía detuvo a un joven por el crimen.

La víctima era Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María. El hallazgo movilizó a las autoridades policiales y a la Justicia local, que abrieron una investigación por femicidio. En el expediente de la investigación sumaron un nombre, el de un joven de 23 años identificado con las iniciales T.M.

El caso se conoció en las primeras horas del 2026, cuando un vecino de la zona, que paseaba a su perro por un camino rural, observó el cuerpo de una mujer entre los pastizales y alertó de inmediato a las autoridades. El descubrimiento ocurrió cerca de las 9:30 en un sector ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

Los policías y peritos de Medicina Forense acudieron al lugar para resguardar la escena y trasladar el cuerpo a la morgue judicial, mientras la Fiscalía de turno ordenaba las primeras diligencias y la intervención de la Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín.

En un primer momento, la identidad de la joven permaneció sin esclarecer, dado que no llevaba documentos. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso el inmediato resguardo del lugar y la realización de pericias sobre el terreno y el cuerpo, en busca de rastros y elementos que pudieran contribuir a la identificación del agresor.

En paralelo, se iniciaron las tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso.

El arresto se produjo tras reunir elementos que lo vinculaban con la escena y los horarios en los que se habría producido el ataque. El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las tareas para determinar el móvil y las circunstancias exactas del homicidio.

Según la reconstrucción de los hechos, la víctima compartió el brindis de fin de año con su familia y luego salió de su domicilio para encontrarse con un joven que había conocido a través de la aplicación de citas, de acuerdo con información difundida por el medio local Villa María Ya!.

T.M., un estudiante de la Universidad de Córdoba, fue visto lavando durante al menos tres horas su auto Ford Ka, tras regresar de la cita. Ante esto, la policía secuestró el vehículo, el cual será sometido a los peritajes correspondientes para buscar posibles rastros que permitan avanzar en la investigación.

Alicia Ramos Fondeville, la jueza que encabezó el tribunal que declaró culpable de homicidio al ex boxeador Carlos Monzón, falleció este jueves a los 90 años, en la ciudad de Mar del Plata. Según confirmaron sus familiares y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, la magistrada padecía una grave enfermedad.

Según informaron medios locales marplatenses, sus restos serán velados mañana en la ciudad de Mar del Plata, hasta las 14 de este viernes, en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2046.

La trayectoria de Ramos Fondeville abarcó más de tres décadas en el ámbito judicial. Se desempeñó primero en el fuero de menores y luego como defensora oficial, antes de integrar la Cámara Penal en 1985, durante el regreso de la democracia en Argentina. Compartió el tribunal con los jueces Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, quien falleció en febrero de 2024.

El tribunal presidido por Ramos Fondeville juzgó a Monzón y lo condenaron a 11 años de prisión por el asesinato de su esposa, Alicia Muñiz.

El juicio al emblemático boxeador, realizado tras la muerte de Muñiz el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida, se recuerda como uno de los procesos judiciales con mayor repercusión mediática en la historia argentina. Según relató la propia Fondeville en declaraciones posteriores, el caso tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares” en los medios.

El año pasado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios distinguió a Ramos Fondeville en el marco del 50º aniversario de la institución, en reconocimiento a su aporte a la consolidación de una justicia “cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

“Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en nuestra ciudad”, dice el comunicado de la institución.

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, continuaron.

“Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años de nuestro Colegio, las actuales autoridades le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”, reza el mensaje.

“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”, concluyeron.

Al cumplirse 30 años del histórico debate oral en contra de Monzón, la jueza concedió una entrevista al diario La Capital de Mar del Plata. Dijo, entre varias cosas, que con ese hecho su carrera “adquirió fama” porque “trascendencia ya tenía”.

El hombre, quien actualmente se encuentra detenido, llegó a las 9:09 del domingo a su trabajo, saludó a un compañero y se dispuso a empezar la jornada laboral. Tan solo unas horas antes, en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, atacó por la espalda a Arotinco —quien volvía de bailar— y la degolló hasta matarla. La mujer tenía una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax.

La víctima se encontraba acompañada por un perro negro callejero, el cual aparece luego en las imágenes registradas cerca de las 7 de la mañana, pero siguiendo a Norry. El análisis de estas grabaciones resultó fundamental para el avance de la investigación, ya que permitió a los investigadores establecer que el animal tenía vínculo tanto con la víctima como con el sospechoso.

Este lunes, el hombre de 46 años -amante de la víctima y cuñado de una amiga con la que la mujer de 44 años había salido a bailar a un boliche de Liniers- quedó arrestado por la Policía Bonaerense y será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

De acuerdo con fuentes del caso, el acusado habría confesado el crimen ante su entorno familiar previo a su aprehensión. Tras conocerse ese dato, el sospechoso, padre de una hija, quedó incorporado a la causa.

La víctima estaba tirada en el asfalto

Una vecina del barrio fue la que alertó a la Policía tras escuchar los gritos de la mujer agredida. Al arribar los efectivos y el personal médico, constataron el fallecimiento de Arotinco Palomino en el lugar y descartaron que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo, dado que conservaba su teléfono celular, su tarjeta SUBE y otras pertenencias.

El ex marido se presentó en la escena del crimen y la identificó ante las autoridades. Las primeras actuaciones judiciales no aplicaron la calificación de femicidio, debido a la falta de un vínculo claro entre el sospechoso y la víctima en las fases iniciales del expediente. Pero con la detención de Norry y su confesión, la figura legal podría ser revisada en las próximas horas por el fiscal Arribas.

El informe forense al que accedió Infobae determinó que Janet Arotinco Palomino murió como consecuencia de una herida cortante en el cuello de doce centímetros de extensión. La lesión atravesó de lado a lado y produjo un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, lo que le provocó el fallecimiento inmediato en la vía pública.

El resultado de la autopsia precisó que el ataque fue realizado con un arma blanca y que la profundidad del corte resultó letal. Según figura en el expediente, la policía y el personal de emergencias constataron la muerte de la mujer en el lugar del hecho, sin que existiera posibilidad de trasladarla con vida a un centro de salud.

Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que aún no se descarta ninguna hipótesis y que la figura de femicidio podría ser evaluada en función del avance de la causa y de la información que surja de las próximas declaraciones testimoniales y peritajes incorporados al expediente. Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste una gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

El femicidio ocurrió este domingo por la mañana en la esquina de Huergo y Sáenz Peña. El atacante no le robó nada: cuando la Policía llegó al lugar la mujer, de 44 años, todavía tenía en su poder su teléfono celular, dinero en efectivo, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

La alerta la dio una vecina que escuchó los gritos de la víctima. Llamó al 911 luego de observar por la ventana que Arotinco Palomino estaba tendida sobre el asfalto.

Casi de manera simultánea al arribo de la ambulancia llegó su marido, Américo Isaias C.C., de 56 años, de nacionalidad peruana, como su esposa.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el crimen de momento como un homicidio, no está claro, por ahora, si el atacante conocía a su víctima. Intentan individualizarlo.

Se constató una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax que, según los informes forenses preliminares, no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, se presume que un puñal.

Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste la gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

Arribas está dedicado a revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas del asesino y de su víctima. De momento no se sabe si entre ellos existía algún tipo de relación o conocimiento mutuo.

“En la zona hay muchas fábricas y seguramente mañana tendremos un panorama mejor”, comentó una fuente del caso a Infobae.

Un bombero mató a una pareja de ladrones en Quilmes

De franco y vestido de civil, un bombero de la Ciudad de Buenos Aires mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes. Este domingo se conocieron las imágenes del hecho y, para la Justicia, ese video le da la derecha al fiscal del caso, que lo consideró como legítima defensa.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los ladrones que atacaron al bombero venían de cometer otro robo. “Incluso, la mujer fallecida tenía encima el celular que habían sustraído esa misma mañana también en Quilmes”, ampliaron.

Las mismas fuentes contaron a este medio que esa misma mujer “había salido de la cárcel hacía unos seis meses”. Se investigan los antecedentes de su cómplice.

El intento de robo sucedió a las 11.40 del día de Nochebuena en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste.

El oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Ciudad se subió a su Peugeot 207, pero no arrancó enseguida. Se quedó en el interior del coche al menos un minuto más. Fue entonces que fue interceptado por los ladrones.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la mujer apareció por el lado del acompañante caminado. Llevaba el caso puesto. Bordeó la trompa del Peugeot 207 y se acercó a la ventanilla del conductor, mientras el otro ladrón a bordo de la moto ya se había puesto a la par de la puerta donde estaba bombero al volante del coche. Tenía un arma en la mano.

Mientras el sospechoso en la moto amedrentaba al bombero con su arma, la mujer hacía lo imposible para obligar a su víctima a salir del vehículo: hasta que logró abrir la puerta del conductor y se metió en el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. Incluso corriéndose hacia el asiento del acompañarte, repelió la agresión disparando contra los atacantes.

“Le disparó al de la moto, la cómplice quedó en la línea de fuego y recibió un tiro en el cuello que puede haber sido directo o de rebote porque el auto tiene varios impactos”, describieron las fuentes del caso.

El 25 de diciembre no amaneció distinto en la ciudad de Anaheim, Estados Unidos. El aire algo más denso por la humedad fría de diciembre, el silencio sólo interrumpido por los coches que arrancaban tarde, después de una noche de fiesta. Sin embargo, ese día la familia Wallace celebró la Navidad en medio de un horror cuidadosamente oculto. William Wallace había matado a su esposa, Za´Zell Preston, y obligó a sus hijos a abrir los regalos frente al cadáver. La casa modesta de North Anchor Avenue se volvió un escenario del horror.

William Wallace, entonces de treinta y nueve años, no era una figura extraña en la cuadra. En el imaginario de los vecinos, se trataba de un hombre taciturno, de figura un tanto robusta y poco inclinada a los saludos. Había cursado estudios como técnico en laboratorios médicos, pero había perdido interés en establecer una carrera o una rutina que lo alejara de los viejos conocidos: el desempleo esporádico, las cuotas de frustración y la bebida. Za´Zell Preston, su esposa, era el exacto opuesto: joven, veinte años menor que él, madre de tres hijos pequeños y una fuerza de voluntad que intentaba, sin éxito, reconstruir cada día un hogar estable.

Una historia de violencia

El primero de sus hijos era fruto de una relación anterior. Los dos más pequeños sí llevaban la sangre de Wallace. Aun con ese empeño, a veces Za´Zell escribía en Facebook frases crípticas: “Hoy es un día difícil, pero sé que vendrán tiempos mejores.” Nadie del círculo familiar podía entrever a través de esas palabras el abismo real que separaba los días felices de los terribles.

La mañana del crimen, la casa seguía adornada como cualquier hogar modesto del sur de California: un árbol de Navidad pequeño, pesebres baratos y un par de figuras luminosas en la ventana. Sin embargo, el interior era otro mundo. El cuerpo de Za´Zell yacía recostado en un espejo roto, que Wallace había colocado en la sala, con la cabeza ladeada y envuelta en una manta. “Vengan aquí, abran los regalos”, les ordenó el hombre a los niños. Su voz sonó hueca, sin la chispa mínima que aún permite a un adulto fingir ante los niños.

—Papá, ¿por qué mamá está dormida en el suelo? —preguntó la hija mayor, aún con la fe ciega en que los adultos tienen respuestas.

—Está borracha. Se cayó y se golpeó. Dejenlá descansar —contestó Wallace, y los niños se miraron entre sí, rostros desorientados, pero sin rebelarse.

Una Nochebuena de terror

Uno a uno, fueron rasgando el papel de colores de los regalos. El aspirador de burbujas, una muñeca, un camión de bomberos. Ninguno pronunció palabra, pero una de las niñas se arrastró, casi mecánicamente, hasta el cuerpo de su madre y la tocó.

—Está fría —dijo, y Wallace la apartó con una mano.

—Andá a jugar, dejá tranquila a mamá.

Es en este gesto —el intento de normalizar lo inenarrable— donde se encierra la radiografía de años de convivencia violenta. Cynthia Preston, madre de Za´Zell, visitaba la casa con regularidad para ver a sus nietos. “Ella quería ser enfermera, le encantaban los niños. Tenía proyectos, esos que ya no viven aquí”, repetía Cynthia en la corte más tarde, con la voz rota. Su nieta mayor reafirmó, en el estrado: “Papá solía pegarle a mamá detrás de la puerta de la cocina. Yo lo escuchaba, siempre lo escuchaba”. El relato, simple y directo, perforó la sala de la corte, tan implacable como las circunstancias.

El día siguiente, Wallace decidió finalmente llamar a la policía. Cuando los oficiales entraron en la casa, el hombre les abrió la puerta con una serenidad desconcertante.

La defensa del femicida

—Creo que mi esposa ha muerto. Ayer se cayó y se golpeó la cabeza. No me atreví a despertarla.

El oficial principal no pudo contener la sospecha. Dos de los niños estaban en una esquina de la sala, abrazados, y la pequeña, aún en pijama, tenía la ropa manchada de sangre.

—¿Desde cuándo está así su esposa?

—Desde ayer en la noche. Estaba borracha... Se tropezó con el cristal y se desmayó —insistía.

El examen forense determinó que Za´Zell Preston había muerto por un fuerte traumatismo craneal, compatible con un golpe violento, no con una simple caída. Tenía lesiones previas, algunas ya cicatrizadas. No se trataba de la primera vez, pero sí fue la última.

La investigación reveló un historial implacable. Los vecinos atribuían los gritos y ruidos esporádicos a disputas comunes. Ninguno imaginó que entre 2011 y 2013 una orden de alejamiento pesó sobre Wallace, que quebrantó sin disimulo. Los trabajadores sociales habían visitado la casa meses antes, alertados por la escuela de que los niños mostraban dibujos con figuras tumbadas y manchas rojas en hojas de carpeta, pero el sistema volvió a mirar hacia otro lado.

El asesino en el banquillo

En la corte, la fiscalía fue tejiendo con precisión los detalles de la violencia psicológica y física. Wallace se sentó impasible, los brazos cruzados y el rostro duro. El fiscal tomó la palabra.

—¿Por qué no pidió ayuda, señor Wallace? ¿Por qué no buscó auxilio cuando su esposa cayó al suelo?

—Estaba borracha. No creí que fuera tan grave. Quise que los niños tuvieran una Navidad normal —respondió, sin titubeos.

—¿Una Navidad normal, con el cadáver de su madre en la sala? ¿Eso le parece normal? —insistió el fiscal, elevando la voz.

Un silencio denso envolvió la sala. Los jurados esquivaban la mirada de Wallace, atentos al llanto sordo de una de las niñas, que rompió el mutismo:

—La Navidad ya nunca será igual para nosotras.

Durante el juicio, la defensa intentó presentar a Za´Zell como una mujer con problemas de adicción y conductas autodestructivas. No prosperó: al exhumar mensajes, chats y fotos, la imagen que emergía era la de una madre activa, pendiente de los deberes de sus hijos, preocupada por el futuro, aunque acosada constantemente. En uno de sus textos, fechado días antes de su muerte, escribió: “No es fácil sonreír cuando todo se derrumba, pero por mis hijos, lo intento cada día”.

La condena al asesino

El veredicto, cuando fue leído en la corte del condado de Orange, no dejó margen para el matiz. William Wallace fue encontrado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a quince años de prisión, sin derecho a libertad condicional antes de cumplir el total de la pena. Nadie celebró, nadie gritó.

Durante la sentencia, fue Cynthia quien retomó la palabra, mirando a su yerno directamente.

—Usted mató a mi niña. La mató en cuerpo y en espíritu mucho antes de ese día. Quiero que sepa que sus hijos nunca lo olvidarán —dijo. Un murmullo recorrió la sala cuando Wallace, por primera vez, bajó la mirada.

La prensa internacional recogió los detalles. Las crónicas repetían la imagen del árbol de Navidad, los niños yendo a la escuela el lunes siguiente, regresando al hogar de la abuela, y la ausencia definitiva de Za´Zell.

Una de las pruebas más impactantes que presentó la fiscalía fue el relato, de la propia hija mayor, sobre la noche previa. Escuchó a su padre gritar en la habitación, luego un golpe seco, el llanto ahogado de su madre y un largo silencio. Cuando intentó abrir la puerta, la encontró bloqueada.

—¿Qué hiciste, papá? —preguntó en voz baja, al asomarse por la rendija horas después.

—Nada, duerme. No pasó nada —fue la única declaración del padre antes de que el silencio se alzara como la nueva norma en la casa.

Los peritos confirmaron que el espejo roto en la sala tenía huellas de sangre de Wallace, mezcladas con las de Za´Zell. Algunos fragmentos quedaban incrustados en la alfombra y las paredes. El fiscal enumeró los hallazgos uno a uno, implacable.

A lo largo de los meses posteriores, la familia Preston luchó a contrarreloj para obtener la custodia total de los menores. Su argumento central, aceptado por el juez de tutelas, fue la protección y el amor, valores ajenos a la casa Wallace.

Dolor familiar

La biografía de Za´Zell Preston quedó marcada por la voluntad de emerger. Luchó por un título de enfermería, mantuvo tres trabajos al mismo tiempo, cuidó sola a su hija mayor varios años, y después volvió a apostar por la vida de pareja. Pero cada intento de levantar cabeza era arrasado en casa. “Mi hija merecía más. Cada Navidad recordamos que el monstruo vivía con ella”, insistía su madre ante los periodistas.

De William Wallace, los informes posteriores señalan que nunca expresó remordimiento. Sus declaraciones en la cárcel, leídas por su abogado defensor, reiteraban su versión de los hechos: “Fue un accidente. Nunca quise hacerle daño.” El informe psiquiátrico, solicitado por la defensa, lo describió con rasgos de narcisismo, tendencia a negar el daño infligido, y una absoluta desconexión del sufrimiento ajeno. Su perfil psicológico fue ahora un expediente más en la burocracia judicial de California.

Anaheim regresó a la indiferencia habitual poco después. La historia ocupó portadas dos semanas y luego cedió el espacio a los titulares de siempre: accidentes de tráfico en la autopista, tiroteos aislados, rescates de animales. Pero en la sala de la abuela, bajo un portarretratos, descansan las únicas cartas que Za´Zell escribió a sus hijos antes del último diciembre. Su letra inclinada y firme decía: “Nunca teman buscar la verdad y nunca olviden que son amados.”

José Luis “Puma” Rodríguez fue condenado este lunes a prisión perpetua por el femicidio de Patricia Aybar, en un fallo que fija un mínimo de 40 años de encierro efectivo antes de poder solicitar la libertad condicional.

La decisión fue leída a sala llena, en una jornada cargada de expectativa, y estuvo a cargo de los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron por probado el “homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género”.

Según informó el portal local 0221, en una de las audiencias del juicio que se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, el propio Rodríguez sorprendió a quienes seguían el debate al asumir su responsabilidad sin atenuantes, ante la mirada atónita de familiares y público: “Me tengo que pudrir en la cárcel”, afirmó ante los presentes, en un acto que concluyó con una sala conmovida y en silencio absoluto.

El tribunal dispuso que Rodríguez solo podrá solicitar un régimen de libertad condicional al cumplirse 40 años de encierro, reforzando el mensaje de estricta rigurosidad para los crímenes que se enmarcan en violencia de género.

Los magistrados respaldaron la solicitud de la Fiscalía, encabezada por Leila Aguilar, quien a lo largo del juicio detalló el contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Aybar y remarcó la reiteración de situaciones de maltrato sufridas por la víctima.

El fallo también desestimó el pedido de la defensa oficial, que impulsó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, alegando la edad del acusado y solicitando que se habilitara una revisión de la pena. El tribunal rechazó ese planteo y consideró que las agravantes y el contexto hacían imposible otra alternativa que no fuera la máxima sanción prevista legalmente.

El femicidio de Patricia Aybar ocurrió el 2 de mayo de 2022, en el domicilio de la víctima, ubicado en 80 entre 118 y 118 bis del Barrio Jardín de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata.

Ese día, José Luis Rodríguez, de 62 años, se acercó hasta la vivienda y atacó a su ex pareja, causándole la muerte.

Desde su detención esa jornada, Rodríguez permaneció privado de su libertad bajo prisión preventiva durante el proceso judicial.

Durante las audiencias, la fiscal Aguilar expuso un cuadro probatorio sólido e hizo foco en la condición de indefensión de la víctima al momento del ataque. “Se ha probado la existencia de un vínculo previo, la planificación del ataque y el ataque ejecutado con total desprecio por la vida de Patricia Aybar”, expresó, según constancias incorporadas en el expediente.

La resolución condenatoria llegó pocos días después de una audiencia especialmente intensa, en la que la confesión pública de Rodríguez impactó en el ánimo de la sala y de los hijos de la víctima, quienes presenciaron toda la lectura del fallo.

Tras la sentencia, los familiares directos de Patricia Aybar expresaron que el dictamen constituye una forma de reparación, y solicitaron que la Justicia continúe exhibiendo el mismo nivel de compromiso en todos los casos de femicidio que llegan a los tribunales bonaerenses.

En la última instancia de debate, Rodríguez decidió hablar nuevamente para reiterar su responsabilidad: “No quiero defenderme, solo espero que mis hijos puedan tener paz”, sostuvo.

Finalmente, la decisión de los jueces establece que el imputado solo podrá solicitar su libertad condicional cuando hayan transcurrido cuatro décadas de prisión efectiva a partir de la firmeza de la sentencia.

Rebecca Park, de 29 años y embarazada de 38 semanas, fue hallada muerta el pasado 25 de noviembre en un bosque de Michigan. La joven desapareció el 3 de noviembre tras salir de la casa de su madre en Boon Township, condado de Wexford, y su familia había reportado su desaparición. Al encontrar el cuerpo, la policía notó la ausencia del bebé, que debía nacer el 18 de noviembre, y la autopsia confirmó que Park ya no estaba embarazada.

La pesquisa policial dirigió la atención hacia el entorno inmediato de la víctima. Según la investigación, Park convivía con su madre, Cortney Bartholomew, y su padrastro, Bradly Bartholomew, mientras esperaba a su primer hijo.

La policía local informó que recuperaron el teléfono de Park cerca de la casa familiar y situaron la última señal en el área donde apareció su cadáver. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, su pareja Richard Falor y su hermana Kimberly Park se encontraban entre los últimos en verla con vida, según detalló People.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a Kimberly y a Richard Falor el 26 de noviembre. Ambos recobraron la libertad bajo fianza, pero las sospechas crecieron hacia los familiares de Park. El 1 de diciembre, las autoridades detuvieron a Cortney y Bradly Bartholomew, acusándolos de asesinato, tortura y secuestro. La Fiscalía del condado de Wexford sostuvo ante la corte que la madre de Park planeó y ejecutó la extracción del bebé de su hija, presuntamente mientras la joven aún estaba viva.

Las declaraciones, los conflictos y el móvil detrás del crimen

Según precisó People, durante la audiencia judicial del 2 de diciembre, la fiscal Johanna Carey calificó el crimen de Park como un hecho de premeditación, tortura y asesinato. Según el expediente judicial, Cortney Bartholomew primero negó cualquier relación con el caso, pero los investigadores expusieron datos de geolocalización que la ubicaban en el área del hallazgo del cuerpo el día del crimen.

En una segunda entrevista, Cortney confesó haber utilizado un escalpelo para extraer el bebé a su hija y afirmó que su intención era “salvar al niño y entregárselo” a Falor.

La investigación reveló vínculos personales complejos. Cortney y su hija Kimberly afirmaron haber tenido relaciones sentimentales con Falor, el prometido de Rebecca, lo que generó múltiples hipótesis sobre el móvil del crimen.

Además, Cortney declaró ante los oficiales que Bradly Bartholomew, padrastro de Rebecca, era el padre del bebé. La fiscalía sostiene que Bradly participó activamente en el ataque, forzando a Rebecca a subirse a un vehículo, trasladándola al bosque y asistiendo en la agresión.

Kimberly Park y Richard Falor enfrentaron cargos de encubrimiento, manipulación de pruebas y falso testimonio, aunque las autoridades no los vincularon directamente con la muerte. La información judicial indica que Kimberly permanece bajo arresto domiciliario y Falor quedó en libertad condicional tras reducirse sus fianzas.

Bradly Bartholomew, por su parte, atribuyó a Cortney la planificación de los hechos. Relató que su esposa deseaba más hijos, pero no podía adoptar debido a su historial en el registro de delincuentes sexuales. Los registros judiciales muestran que Bradly había sido condenado previamente por violaciones a las condiciones de ese registro.

Las pruebas recabadas y los testimonios afirman que Rebecca Park permanecía consciente mientras su madre procedía con la extracción del bebé, al tiempo que su padrastro la amenazaba con un arma blanca. Posteriormente, cubrieron el cuerpo de Park con hojas y desechos del bosque, y descartaron el feto en un contenedor de basura. Según la confesión, el bebé no sobrevivió.

En la actualidad, Cortney y Bradly enfrentan cargos de asesinato en primer grado, homicidio agravado, tortura, conspiración y otros delitos, cada uno con penas de cadena perpetua. El tribunal les negó la fianza, y continúan detenidos en el Wexford County Jail. El caso permanece en investigación, mientras la comunidad local manifiesta conmoción y exige justicia.

Este hecho reaviva el debate sobre femicidio, violencia familiar y protección de personas embarazadas. Las autoridades destacan la colaboración entre agencias policiales locales, estatales y del fiscal general, con el objetivo de esclarecer los hechos y velar por la integridad de los sobrevivientes. La información judicial y testimonios públicos permiten reconstruir un caso que sacude a Michigan y centra la atención nacional en la seguridad de mujeres vulnerables.

Una escabrosa escena tuvo lugar en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, durante la mañana del lunes, cuando se encontró el cuerpo de una mujer calcinado tras un incendio intencional que arrasó su vivienda. La justicia investiga un femicidio y tiene como principal sospechoso a pareja, que fue detenido horas después.

La víctima fue identificada como Sabrina Aylen Vega, quien era madre de una niña y había dejado pistas públicas sobre la relación tóxica que vivía con Maximiliano Oviedo, su novio ahora arrestado. Justo antes del siniestro final, la joven había posteado una foto con él que decía: “Y así con cara de leso y difícil de manejar y yo con carácter de mierda y todo nos entendemos. 2 tóxicos que no pueden estar separados. Te amo hdp, nadie banca y nadie lo entendería”.

Tres días después, Sabrina fue hallada muerta. El hecho tuvo lugar en un departamento de la calle Estrada al 1600 de Puerto Deseado. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, ella estaba en el interior de la propiedad y fue encontrada luego de que los vecinos advirtieran la presencia de humo y solicitaran el auxilio de los servicios de emergencia.

En consecuencia, personal policial, acompañado de bomberos, forzó la entrada y halló a Vega tendida en el piso, ya sin signos vitales. La puerta de acceso, según los primeros reportes, se encontraba abierta con la llave puesta y había sido bloqueada desde el interior utilizando objetos. Además, la ranura de la base tenía colocados paños apretados para evitar la salida del humo.

Estos elementos sumaron indicios a la hipótesis principal de la Justicia: que el incendio fue provocado de manera deliberada y con intención de matar a quien estuviese adentro de la vivienda. Por eso, las autoridades investigan el caso como un posible femicidio.

Los profesionales que intervinieron en la escena iniciaron de inmediato una serie de peritajes para reconstruir la dinámica de lo ocurrido. El informe preliminar determinó la existencia de un foco ígneo provocado intencionalmente y descartó que el incendio hubiese comenzado por un desperfecto accidental.

La recolección de testimonios sumó datos clave. Testigos detallaron que la jornada previa y la mañana del hecho se habían escuchado discusiones provenientes del interior del departamento, lo que coincide con la línea investigativa que maneja la fiscalía.

Durante la tarde del mismo día, la investigación dio un paso decisivo al localizar a Maximiliano Oviedo en una zona descampada cercana al cañadón del Mirador, apartado del centro de la ciudad.

Tras recibir un aviso anónimo, los agentes policiales acudieron al lugar y se encontraron con el hombre en actitud evasiva. Así, Oviedo fue interceptado y detenido como principal sospechoso de la muerte de la joven. Hasta la mañana del miércoles no había sido indagado.

La autopsia al cuerpo de la víctima permitirá determinar fehacientemente la causa de muerte y confirmar si falleció por acción directa del incendio, asfixia, o por alguna lesión previa. La hija de Vega, por su parte, quedó al resguardo de familiares.

El vínculo entre la víctima y el sospechoso

Sabrina Aylen Vega, la víctima, tenía una hija menor de edad, por quien su entorno más cercano mantenía preocupación por la relación que la mujer experimentaba desde hacía tiempo.

Sus últimos posteos en las redes sociales dan cuenta de un vínculo tóxico que existía entre ellos. La joven publicaba varias fotos con frases sobre parejas que atraviesan obstáculos, que siguen juntos a pesar de las discusiones y que se eligen aunque las cosas “no vayan bien”.

Además, cuando subía fotos con Oviedo, sumaba frases que hacían referencia a que seguirían de novios aunque el resto no lo pueda entender.

La situación era conocida por el entorno de ella: en el marco de la investigación, allegados y familiares relataron que había situaciones de violencia en esa relación.

La Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces para intervenir en el caso de Julieta González, la joven asesinada en 2016 en Mendoza, y por el cual Andrés Di Césare se encuentra cumpliendo una condena por femicidio.

La inclusión de más jueces responde a la expectativa de una votación dividida entre los actuales integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo a la información a la que accedió Infobae.

En la causa se dio la discusión en torno a si había, efectivamente, mediado violencia de género.

El expediente que examinan involucra a Di Césare, condenado por el homicidio de la joven de 21 años en la localidad mendocina de Cacheuta, Luján de Cuyo. El cuerpo de González fue hallado atado de pies y manos, seis días después de que la familia denuncie su desaparición el 21 de septiembre. Estaba en una zona montañosa cercana al penal de máxima seguridad de Almafuerte y en las proximidades encontraron el DNI y la campera de la víctima.

Según el relato posterior de la madre durante el proceso judicial, Julieta y Andrés se conocían desde la infancia y, tras un reencuentro, comenzaron a salir a pesar de que ambos tenían otras parejas. La chica les contó cómo resurgió el vínculo con “Andresito”, así como las salidas que tuvieron durante poco más de un mes en distintos puntos de la ciudad. “Me contó que él le recordó cuando de chicos jugaron a la botellita y se dieron el primer beso”, sostuvo la mujer. Días previos al asesinato, la chica presentó al joven de 26 años e hijo de un reconocido empresario del transporte provincial, como su novio.

La noche de la desaparición, la madre de González se comunicó con el joven, quien negó saber algo sobre el paradero de su hija. Él admitió que ese día se habían peleado, que ella lo arañó y que él respondió pegándole en el rostro; pero que después la había llevado algunas cuadras en su vehículo, y cuando se bajó no la vio más.

Sin embargo, los forenses encontraron piel de Di Césare debajo de las uñas de la víctima y sangre de ella en el automóvil de él. Los registros de las antenas de telefonía ubicaron a ambos en el mismo sitio la noche del crimen. A esto se sumó el dato de que el acusado había realizado búsquedas en Internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo y sobre pruebas de ADN a un feto de un cadáver antes de que se perpetrara el homicidio. Sucede que la principal hipótesis fue que ese mismo día González le comunicó que esperaba un hijo suyo.

Condena por homicidio

De acuerdo con la reconstrucción admitida por los tribunales, la motivación del crimen se dio porque González le habría confesado que estaba embarazada, lo que llevó al joven a actuar con violencia. En 2019 quedó detenido y fue juzgado por el crimen. El tribunal penal mendocino consideró acreditado el homicidio, pero desestimó el agravante de violencia de género.

De esta manera, la condena a 18 años de prisión fue por homicidio simple, ya que, según argumentaron los jueces, no había existido un vínculo de pareja formal ni existían elementos suficientes para calificar el hecho como femicidio. La decisión provocó una inmediata reacción en organizaciones como #NiUnaMenos, que rápidamente se movilizaron.

En 2021, la Sala Segunda de la Corte de Mendoza modificó la calificación del crimen, considerando que el homicidio se había perpetuado en un contexto de violencia de género. Así, la pena de prisión de Di Césare fue modificada a prisión perpetua conforme al artículo correspondiente a la figura mencionada.

La validación se sustentó, entre otros aspectos, en el estado en el que quedó el cuerpo de González y en la evidencia de asimetría de poder. El fallo provincial sostuvo: “La multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida –se afirmó-. Resulta innegable que existió una discusión –aun cuando se ignore el contenido preciso de la misma– y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición –mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, inclusive, con las piedras del lugar– para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González. Estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”.

Esto llevó a que la defensa del acusado interponga diversos recursos. El proceso llegó al ámbito nacional a través del recurso de casación horizontal, que condujo la causa a la Corte Suprema. El máximo tribunal, tras verificar la complejidad y sensibilidad del caso, dispuso la incorporación de Rocío Alcalá, jueza federal de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, juez federal de Mendoza, seleccionados por sorteo. Según pudo saber este medio, ambos fueron notificados y tendrán a su cargo desempatar la votación si persiste la división entre los ministros del tribunal.

La maestra Natalia Barbat, de 45 años, llegó desesperada a una estación de servicio en Treinta y Tres, un departamento en el sureste de Uruguay. Detrás de ella la seguía su ex pareja Leonardo Pereira, de 53 años, que no había aceptado la separación y la corría dispuesto a matarla. Barbat, pidiendo ayuda, buscó refugio en ese lugar y se encerró en una habitación. Pero el hombre, que estaba armado, pudo ingresar.

Era la hora 13.55 de este domingo cuando la Policía fue alertada de lo que estaba sucediendo. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, escucharon dos estruendos: el hombre había disparado a la mujer y luego a sí mismo, según la información del Ministerio del Interior.

Al llegar la emergencia médica, constató que Barbat ya había fallecido. Pereira, en tanto, aún tenía signos de vida y, muy comprometido en su salud, fue trasladado hasta un sanatorio local. Este lunes el hombre murió.

El caso generó una fuerte conmoción porque Barbat era una maestra muy querida en la zona, que trabajaba en Treinta y Tres pero antes lo había hecho en Maldonado.

Barbat y Pereira habían sido pareja, pero estaban separados y el hombre nunca había aceptado esa decisión. En octubre había vencido la restricción de acercamiento que regía entre ambos y no hubo denuncias posteriores. Quienes la conocían sabían que en los últimos años la mujer había vivido una pesadilla por la persecución que su ex marido ejercía sobre ella, informó Montevideo Portal.

Barbat había vivido gran parte de su vida en Maldonado, pero en el último tiempo se radicó en Treinta y Tres. El femicida se había dedicado a perseguirla y pasaba varios días en esa ciudad para estar cerca de la mujer. Según ese medio uruguayo, la maestra recibía varios mensajes del hombre para retomar la relación: le pedía que volviera a la casa que tenían en balneario Buenos Aires (Maldonado) y se ofrecía para mudarse a Treinta y Tres.

La Federación Uruguaya de Magisterio emitió un comunicado en el que lamentó la situación. “Esta situación nos interpela sobre la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado que llega tarde otra vez. Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya”, dice el comunicado del sindicato.

En Treinta y Tres, este lunes hubo una concentración en la Plaza 19 de Abril. Ángela Miraballes, una maestra que había sido colega de Barbat, relató al noticiero Telemundo de Canal 12 que la experiencia que había vivido la víctima había sido dura y lamentó que no fuera escuchada cuando vivía situaciones violentas.

“Sabemos que la compañera había hecho todo lo que corresponde hacer y sin embargo no encontró una solución que le permitiera vivir con tranquilidad”, expresó. Miraballes contó que la mujer hacía poco tiempo se había radicado en Treinta y Tres para rehacer su vida pero no lo logró.

“No puede ser que después de hacer todo lo que se hace judicialmente, suceda que el desenlace sea una tragedia. Tiene que haber algún tipo de cambio y nosotros apostamos a eso: que se revea, que se investigue y que los cambios lleguen”, señaló.

El colectivo feminista Ana Yacobazzon se movilizó este lunes. Lucía Fernández, una de sus integrantes, expresó a ese medio el “dolor, rabia y tristeza” que le genera esta situación. “Esto se podría haber evitado si nos tomaran en serio, si las instituciones actuaran como deberían actuar. Estamos con mucho dolor. Es un crimen de odio. Es un femicidio horrible: a plena luz del día, con total impunidad, de parte del varón”, señaló.

Candela Sol Rodríguez hubiera cumplido 26 años el 19 de noviembre de este año. Sin embargo, fue asesinada el 22 de agosto de 2011, tras ser secuestrada a pocos metros de su casa de la calle Coraceros en Hurlingham. Nueve días después, fue hallado su cuerpo en una bolsa negra.

Desde entonces, desfilaron todo tipo de personajes por los expedientes de la investigación y los dos juicios orales que se realizaron: desde delincuentes, integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico hasta integrantes de las fuerzas policiales.

Por eso, el caso se fue tiñendo de mafia y confusión que sirvió para ir desviando la pesquisa y el recorrido del expediente hacia lugares confusos donde a menudo iban apareciendo los que en la jerga se conocen como perejiles, léase gente inocente implicada a propósito para tapar a los verdaderos culpables.

El carpintero perejil

Uno de ellos fue el recordado carpintero Ramón Néstor Altamirano, un trabajador que se ganaba la vida haciendo muebles sencillos para los vecinos de la zona y que terminó tras las rejas porque misteriosamente apareció un “testigo de identidad reservada” que declaró que el señor había sido quien alimentaba a Candela en su lugar de secuestro. La nena estuvo en la Casa Rosa de la calle Kiernan 992, a cinco cuadras de donde luego fue hallado su cuerpo.

Mientras tanto, la policía de la provincia de Buenos Aires ya había allanado el lugar y hacía correr el rumor de que en un vaso habían hallado saliva con ADN de Candela, y un bol en la heladera de la cocina con restos de arroz con pollo, que coincidiría con la última comida ingerida por la víctima según la autopsia.

Precisamente a Altamirano lo acusaban de haberle dado el arroz con pollo a Candela, cuando en realidad él se había comprometido con la dueña de casa, Gladys Cabrera, quien también fue implicada injustamente, presa y luego sobreseída, a apenas darle de comer a su perro y reparar un cerco lindante. Tarea para la que ni siquiera entraba a la vivienda, pero parecía que todo era válido para sumar perejiles, cuántos más, mejor.

Así un simple carpintero fue detenido e involucrado en una de las causas más importantes de la historia criminal argentina como partícipe de un homicidio atroz. El hombre, que era un vecino respetado y que estaba orgulloso de su buen nombre y honor, se desesperó. No toleró verse involucrado, y menos en el asesinato de una nena. “Si quedo preso, me suicido. Y si salgo y alguien me involucra en el caso o me marca como un asesino, yo me mato igual”, expresó Altamirano casi al borde del llanto y la locura por lo que estaba viviendo.

¿Qué había dicho el obediente y dudoso testigo de identidad reservada de Altamirano y de otros? “Yo estaba dando vueltas por el barrio y vi a Candela que estaba a la vuelta de mi casa, vi a Néstor Altamirano llevándole comida a la nena, y vi a su esposa medio rara, que miraba para todos lados. Por la tarde, él y su sobrino, que tiene unos 24 años, de tez blanca, ojos oscuros, pelo negro y tiene un Gol color azul, se llevaron a Candela, pero no por la fuerza. Le prometieron que le iban a dar comida y ropa y la trasladaron a la casa de Néstor y Nelly (domicilio de Altamirano y su esposa Nélida). Es una casa ubicada en Charrúas 1081 (Villa Tesei), que fue allanada varias veces desde el viernes pasado. Estábamos todos durmiendo. Escuché cómo a alguien le tapaban la boca, unos pasos y cómo rasguñaban las paredes. Yo golpeé una pared y ahí empezaron a rasguñar. Volví a golpear y después no escuché más nada. Al rato escuché la frenada de un auto, por lo que salí y escuché a una nena que gritaba ‘Ayuda, ayuda’. La subieron al Gol azul del sobrino de Néstor y se la llevaron a la casa rosa de la calle Kiernan. A la noche si pasabas por ahí escuchabas pasos y que se movían mesas. Uno de esos días vi al carpintero entrando a la casa con una bolsa gris que estaba vacía. Altamirano tenía un pelo negro enganchado en una uña (dejando entrever que podría ser de la nena)”. Nada de esto luego comprobó, pero mientras tanto los involucrados la pasaron mal y tras las rejas.

La defensa del carpintero

Matías Morla era por entonces el abogado que defendía al carpintero. Su estrategia para desvincularlo del caso fue exitosa porque conocía el terreno, ya que es oriundo del oeste del conurbano e insistió hasta el cansancio en que era un perejil y que resultaba tan obvia la maniobra para involucrarlo que no resistía el menor análisis. Así se lo relató a Infobae: “Fue involucrado injustamente, no había pruebas concretas que lo implicaran, solo declaraciones de un testigo de identidad reservada que después murió en oscuras circunstancias. Oportunamente, pedí su “falso testimonio”, argumentando que sus dichos estaban motivados por la recompensa ofrecida por el Estado. Es decir, mintió con el objetivo de obtener el dinero a cualquier precio. Era evidente que alguien pesado estaba detrás de él. Lo primero que nos llamó la atención fueron las pruebas que se hicieron a una velocidad que nunca se habían realizado, todo a velocidad, vinculado al intento de cobro de la recompensa. Por eso empezamos a trabajar en los tres puntos más importantes en los que se lo vinculaba a Altamirano y que de ninguna manera tenían asidero: él no estaba en la casa, no fumaba (se decía que su ADN estaba en una colilla de cigarrillo hallada en la casa y además, se encontraba trabajando en otro lugar mientras la nena estaba secuestrada”.

El letrado sostuvo que su defendido podía probar su inocencia y lo terminó haciendo. Durante los días en que la niña estuvo secuestrada el carpintero estaba trabajando en una clínica y no tenía posibilidad de haber participado de los hechos. Y entonces, se citó al personal de ese sanatorio para que declare: “La participación de Nelly, la mujer de Altamirano, también fue importante porque ella defendió con datos y con pruebas la inocencia de ambos. El testigo había dicho que la vio a ella con comida junto a la menor, ese mismo día demostramos que ella estaba comprando con una tarjeta de crédito en un súper de Tucumán. Toda la investigación estuvo viciada y fue hecha de muy mala manera desde el comienzo. Y por eso hasta hoy, lamentablemente, no se pudo saber la verdad de lo que pasó con Candela. Así logramos revertir la causa y demostrar la inocencia de Altamirano y su mujer, que fueron liberados.

Los condenados

Pese a todo, la investigación continuó porque en una primera etapa, tal como denunció Morla, se hizo de manera irregular. Fueron condenados Hugo Bermúdez a prisión perpetua junto a Leonardo Jara por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. Y Fabián Gómez recibió cuatro años como partícipe secundario.

Altamirano luego tuvo que soportar el segundo juicio. Recién en 2024 resultó absuelto porque el Fiscal Mario Ferrario decidió no acusarlo en su alegato.

Un párrafo aparte de este relato está dedicado al testigo de identidad reservada que luego se conoció que se trataba de Roberto Arturo Aníbal, quien trabajaba como carnicero en un supermercado chino de la zona y murió a causa de las gravísimas quemaduras sufridas tras una explosión de gas en su casa de Moreno en abril de 2013.

Obviamente fue impuesto para desviar la investigación y “se investigó” si la causa de “su accidente” fue un escape de gas accidental o intencional, ya que existían dudas, pero no se pudo determinar el origen. Por supuesto, Carola Labrador, la mamá de Candela, estaba convencida de que lo habían mandado a matar para callarlo. Aníbal había denunciado amenazas y un ataque previo a tiros al frente de su casa, lo que lo llevó a encadenarse por miedo frente a las rejas del Palacio de la Gobernación bonaerense.

Testigo en peligro

Había entrado a su vivienda antes de las dos de la mañana y la explosión se produjo desde el interior hacia el exterior en Virgen del Luján 3664, Villa Trujuy, partido de Moreno. En la casa no había señales de que lo hubiera producido un artefacto explosivo. El testigo tenía el 80% de su cuerpo quemado.

Sus vecinos denunciaron que la custodia policial que tenía responsabilidad sobre su vida no estaba de guardia en el momento del estallido. Los más desconfiados argumentaron que fue una clara muestra de que la mafia lo mandó a matar porque sus declaraciones como testigo no surtieron el efecto esperado y mandado. Y como sabía demasiado, había que callarlo.

El narcotráfico siempre sobrevoló la causa. Y quedó claro que no se fue a fondo en este sentido. Un ejemplo claro y contundente fue que no se siguió esa pista cuando era un secreto a voces que fue una disputa entre bandas. Un detalle de la maniobra para impedir el avance de la pesquisa fue que el celular de Candela se apagó en San Martín, sin embargo todo se desvió a propósito para que la investigación se radique en Hurlingham. Y el detalle de la incorporación forzada del testigo de identidad reservada para torcer el expediente fue bochornoso, propio de la Cosa Nostra.

En la tercera jornada del juicio por el femicidio de Patricia Aybar en La Plata, su ex pareja y único acusado, confesó el crimen y lamentó: “Arruiné mi vida y la de mis hijos”.

“Asumo toda la responsabilidad. Sé lo que hice, soy consciente”, fueron las palabras con las que José Luis “El Puma” Rodríguez reconoció haber matado a golpes a quien era su ex pareja. Todo sucedió frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

Rodríguez está acusado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, y luego de su confesión, podría recaer sobre él una pena a prisión perpetua.

El hombre de 62 años eligió no leer un texto escrito y en su lugar se dirigió directamente a los jueces y a la familia de la víctima. Durante la jornada, también respondió preguntas sobre los hechos que rodearon el brutal homicidio que dejó a Aybar tirada en un charco de sangre con la cabeza destrozada a golpes.

Por su parte, la fiscal Leila Aguilar, quien sostiene la hipótesis de un ataque motivado por violencia de género, subrayó ante el tribunal la existencia de antecedentes de violencia, el aprovechamiento de la ausencia de la hija menor en la escena y la brutalidad del ataque.

Previo a que concluya la tercera audiencia, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali anunciaron que la lectura del veredicto se realizará el 15 de diciembre al mediodía, según consignó el portal El Día.

El crimen ocurrió en mayo de 2022 en una vivienda del Barrio Jardín de la localidad de Villa Elvira.

El testimonio de la vecina

Durante la audiencia anterior, la declaración de una residente del barrio aportó información que la Fiscalía consideró clave para esclarecer la mecánica del crimen. La testigo relató haber escuchado “una fuerte discusión proveniente de la casa de Aybar”, situada en la calle 80 entre 118 y 118 bis, en horas del mediodía del 2 de mayo. “Primero se oían gritos y forcejeos, luego una secuencia de golpes. El último fue el más fuerte, como si se quebrara una madera, y luego se hizo un silencio prolongado”, afirmó la mujer durante la segunda jornada.

Sus palabras coincidieron con las pericias forenses, que hallaron una madera rota junto al cuerpo de la víctima. La vecina aseguró ante el tribunal que, pese a escuchar la disputa, no intervino por pedido de su pareja, pero cuando trascendió la noticia del homicidio, se acercó al domicilio. En la escena, los peritos en rastros confirmaron la presencia de manchas de sangre y una baldosa rota cerca del cuerpo de Aybar.

Según los investigadores, la víctima había abandonado la vivienda que compartía con Rodríguez para mudarse junto a su hija menor cuatro meses antes del asesinato, tras haber padecido durante casi 20 años violencia de género. Aquel día de mayo, la chica salió de su casa y, al regresar, encontró el cuerpo de su madre en el piso, con signos de golpes severos en la cabeza y rodeada de sangre. Inmediatamente, se activó la búsqueda del responsable.

Un comerciante de la zona, al ver la imagen difundida por la familia de Aybar, alertó a la Policía sobre la presencia de Rodríguez, quien fue detenido tras un operativo de la DDI de Quilmes y la Policía Bonaerense.

El entorno de la mujer asesinada declaró que la ex pareja “conocía los movimientos de la casa” y habría aprovechado la salida de su hija para ingresar y llevar a cabo el ataque. Los peritajes técnicos establecieron que se utilizó un elemento contundente, hallado en la escena, para golpear a la víctima, quien no tuvo posibilidad de defenderse. Los registros de las cámaras de seguridad y el análisis de las antenas telefónicas permitieron a las autoridades determinar que, al momento del crimen, Rodríguez se encontraba en las inmediaciones.

A casi dos décadas del femicidio de Nora Dalmasso en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, el viudo Marcelo Macarrón reiteró sus críticas hacia la investigación tras haberse confirmado que todos los fiscales que fueron parte del caso serán sometidos a un jury por mal desempeño y negligencia. “Tienen que ir presos”, aseguró.

La celebración del juicio político que tendrá en el banquillo de los acusados a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fue motivada por una denuncia presentada por la familia Macarrón-Dalmasso. Se trató del uno de los últimos recursos que podían impulsar, luego de que la Justicia considerara que el último acusado, el parquetista Roberto Bárzola, no podía ser juzgado porque la causa había prescripto.

Al ser consultado sobre la aprobación del jury, el médico traumatólogo cuestionó la actuación de los fiscales al comparar su responsabilidad con la de los profesionales de la salud. “Si lo han hecho por impericia tienen que cumplir con la ley. Yo opero a un paciente y hago una mala praxis voy preso, ellos tienen que ir presos de la misma forma”, ejemplificó.

“Yo creo que cometieron una mala praxis”, declaró el esposo de Nora durante una breve entrevista para el noticiero de El Doce. Incluso, Macarrón sostuvo que la investigación estuvo plagada de errores, desde la imputación de su hijo hasta su propio procesamiento en la causa como presunto homicida.

De esta manera, el viudo recordó las acusaciones infundadas que recayeron sobre su familia, tras considerar que “fue una locura, la imputación de mi hijo, la causa de imputación de mi hijo, la causa de mi imputación”. En el caso del hijo mayor de la víctima, se había llegado a plantear que la habría atacado para esconder su orientación sexual e, incluso, que la habría abusado antes del crimen.

Respecto a las acusaciones que recibió en su contra, Macarrón enumeró: “Primero que viajé en un vuelo fantasma, después que contraté un sicario que nunca dijeron quién era el sicario”. Tras remarcar su inocencia al rememorar que se encontraba en Uruguay ese fin de semana, manifestó: “Soy un hombre de bien, me sometí a un juicio injusto siendo inocente, pudiendo ir preso 25 años con perpetua”.

A pesar de esto, lamentó que los investigadores no hayan detenido al presunto asesino en el plazo inicial de la pesquisa. “Ellos no fueron capaces a los 30 días de atrapar al asesino de mi mujer, es injusto todo”, criticó al apuntar directamente contra Bárzola, como responsable del crimen.

“Es el asesino que no vieron y no quisieron ver nunca. Ellos lo sabían, pero no lo quisieron ver nunca“, recriminó el médico, luego de que un análisis de ADN realizado en diciembre de 2024 confirmara que había material genético del parquetista en el cinto de la bata de la víctima.

A lo largo de todos estos años, se trató de la primera prueba concluyente que se sumó al expediente. Sin embargo, el principal sospechoso fue sobreseído por prescripción a mediados de octubre de este año. El fallo fue emitido por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto, tras argumentar que se había cumplido el plazo legal establecido en el Código Penal argentino.

Por esto, Macarrón expresó su frustración al afirmar: “Personalmente, les presenté una carpeta del FBI e hicieron oídos sordos. Siempre fueron en contra de la familia. En vez de ser las víctimas fuimos señalados con el dedo permanentemente”.

Finalmente, el esposo de Dalmasso instó a una autocrítica institucional: “La Justicia de Córdoba se tiene que llamar a una reflexión interna de los errores cometidos durante 15 años”. Y reiteró que, bajo su punto de vista, los investigadores “tenían el asesino a los 20 días y yo me tuve que someter bajo decisión propia a un juicio siendo un inocente”.

Esta semana comenzó el juicio por el femicidio de Patricia Aybar, ocurrido en mayo del 2022 en una vivienda del Barrio Jardín, en Villa Elvira. El proceso tiene como principal acusado a su ex pareja José Luis Rodríguez, con quien estuvo casada por casi 20 años y a quien había dejado por violencia de género. Meses después de que la víctima dejara la vivienda que compartían junto a su hija, encontraron su cuerpo en el piso, sobre un charco de sangre y con la cabeza destrozada a golpes.

Desde el martes, el juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) III, bajo la acusación encabezada por la fiscal Leila Aguilar, quien sostiene la hipótesis de un ataque motivado por violencia de género. La imputación contra Rodríguez contempla el delito de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, lo que contempla una pena de prisión perpetua.

Durante la segunda jornada del debate, el tribunal escuchó el testimonio de una vecina, quien brindó una declaración clave, según la Fiscalía. La mujer relató ante los jueces que, al mediodía del 2 de mayo de 2022, escuchó una fuerte discusión proveniente del domicilio de Aybar ubicado sobre la calle 80 entre 118 y 118 bis. Afirmó que primero percibió gritos y forcejeos, seguidos de una secuencia de golpes. “El último fue el más fuerte, como si se quebrara una madera, y después vinieron diez minutos de silencio”, sostuvo la testigo, en declaraciones recogidas por el medio local.

A pedido de su pareja, la mujer no intervino en la discusión; sin embargo, al enterarse del crimen, se acercó al domicilio y vio una madera rota al lado de la víctima, un dato que coincidió con la hipótesis inicial y los peritajes realizados. En la audiencia también declaró una experta en rastros que trabajo en la escena del crimen. Su relato confirmó una vez más la presencia de la madera, que por su forma y características “parecería ser de una tabla de picadas”, indicó.

La reconstrucción de los hechos

El análisis de las cámaras de seguridad y la revisión de las antenas telefónicas permitieron a los investigadores situar a Rodríguez en la escena del crimen. La mujer se había mudado a una casa junto a su hija menor cuatro meses antes del crimen, pero nunca había cortado el vínculo con el hombre.

Allegados a la mujer señalaron que el imputado “conocía los movimientos de la casa” y aguardó que su hija saliera para atacar a la mujer. Minutos después de las 16, la joven embarazada al momento del hecho, halló el cuerpo de su madre en el piso ensangrentado y con la cabeza golpeada. En los peritajes, se constató la presencia de una cocina con manchas de sangre, signos de una pelea y una baldosa rota cerca del cuerpo, además de la madera mencionada por la vecina.

La rápida identificación del agresor permitió a la Policía Bonaerense y a la DDI de Quilmes desplegar un operativo de localización. El acusado fue detenido tras ser identificado por un comerciante de la zona, quien lo reconoció por una foto difundida por la familia de la víctima.

El debate continuará este jueves con la declaración de la médica forense, quien expondrá sobre el resultado de la autopsia y la mecánica de las lesiones sufridas por la víctima. Posteriormente, se prevé la instancia de alegatos de las partes y la posibilidad de que el propio Rodríguez decida declarar ante el tribunal.

La fiscal Leila Aguilar lidera la acusación, en tanto que la defensa corresponde a la defensora oficial Natalia Argenti. El TOC III, integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, será el encargado de dictar el veredicto.

La desaparición de Elvis Benítez en Chaco volvió a estar en el foco de atención tras un operativo realizado por 118 efectivos policiales en el ex barrio Emerenciano, en Resistencia, donde durante casi 20 años ejercieron control Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos condenados como partícipes primarios del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que su hijo César Sena fue hallado culpable como autor. La búsqueda, encabezada por la División Trata de Personas y ordenada por las fiscales Noelia Encinas y Rosana Soto, no arrojó resultados concretos sobre el paradero del joven, cuyo rastro se perdió el 22 de diciembre de 2017.

La causa, que lleva ocho años sin resolverse, cobró un nuevo impulso tras las recientes declaraciones de Gloria Romero, la madre de Cecilia, quien sostuvo que Elvis podría estar enterrado en un campo perteneciente a la familia Sena. Esta hipótesis, sumada a testimonios que vinculan al joven con César Sena, motivó un despliegue policial y la intervención de nuevas autoridades judiciales.

Según informó el medio local Diario Norte, este miércoles, un operativo policial de gran magnitud se desplegó en el exbarrio Emerenciano, ubicado en la avenida San Martín al 3000, territorio que durante casi dos décadas estuvo bajo el control de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Un total de 118 efectivos de la División Trata de Personas, bajo las órdenes de las fiscales Encinas y Soto, “peinaron” la zona en busca de indicios sobre el paradero de Elvis. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron: “No tenemos nada en concreto, pero vamos descartando todo lo que vaya surgiendo”.

Hasta el momento, no surgieron pruebas firmes que comprometan a César Sena en la desaparición de Benítez.

Por su parte, Marcela Acuña, detenida en la alcaidía de mujeres, negó cualquier relación entre su hijo y el joven desaparecido. En una entrevista radial, declaró: “Es una barbaridad, César era rechiquitito”.

Benítez desapareció cuando tenía 16 años. Según la denuncia presentada por su madre, Erika Mabel Romero, el adolescente salió de su casa en la capital chaqueña con la intención de visitar a su abuela, cuya vivienda se encontraba a unas 20 cuadras, en las afueras del centro.

El plan era que permaneciera allí hasta la noche del 24 de diciembre, cuando su madre y su hermana llegarían para celebrar Nochebuena. Sin embargo, al arribar al domicilio, Erika descubrió que su hijo nunca había llegado.

La abuela, desconcertada, afirmó que desconocía que Elvis planeaba visitarla. Ese mismo día, la madre radicó la denuncia por desaparición, iniciándose una causa caratulada como “averiguación de paradero”, que permanece abierta desde entonces.

La investigación se vio obstaculizada por la falta de recursos tecnológicos: Elvis no poseía teléfono móvil ni redes sociales, lo que impidió rastrear sus últimos movimientos.

La fiscal Rosana Soto, a cargo del expediente, no logró obtener datos significativos durante años. No obstante, a partir de 2023, tras el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la causa experimentó un giro. Diversos testigos comenzaron a presentarse para declarar sobre el presunto vínculo entre Elvis y César Sena.

La relación entre Elvis y César era de “compinches”. Ambos se conocían del barrio, aunque aclararon que Elvis, si bien participaba en causas sociales, no militaba en el movimiento piquetero liderado por los Sena.

Erika Romero, madre del joven desaparecido, explicó que en las marchas por causas sociales se reunían todas las agrupaciones, lo que hace plausible que su hijo y César se conocieran: “Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una movilización acá en Resistencia, todos juntos. Por eso no se descarta que lo conociera”, afirmó.

“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación, porque aparte también muchas personas ahora empezaron a decir que, del barrio Emerenciano Sena lo conocían a él y que lo veían”, relató la madre del joven desaparecido.

Además, mencionó que Gloria Romero señaló a Gustavo Obregón, uno de los imputados en la causa Strzyzowski, como la persona que trasladaba a Elvis. Estas afirmaciones motivaron que la Procuración de Chaco emitiera un decreto para que la Fiscalía de Coordinación, a cargo de Noelia Encinas, colabore con la fiscal Soto en la investigación.

En paralelo, Érica Romero designó como abogado a Pablo Vianello y sigue de cerca los avances de la causa, aunque mantiene cautela respecto a la veracidad de los rumores que circulan.

Según informó el medio local, trascendió la existencia de una testigo que habría visto a Gustavo Obregón en una camioneta buscando a Elvis para llevarlo hasta “La Casita”, dentro del ex barrio Emerenciano, donde supuestamente se encontraba en ocasiones con César. No obstante, esta mujer aún no prestó declaración testimonial.

Una pareja de argentinos fue encontrada muerta en Alicante, España, e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Todo salió a la luz cuando ninguno de los dos se presentó a la guardería para retirar a su hijo.

Al no lograr contactar con los padres, el personal del centro infantil optó por llamar a la tía del menor, quien figuraba como contacto de emergencia. Esta mujer acudió de inmediato al domicilio familiar, donde realizó un hallazgo devastador: en una de las habitaciones encontró el cuerpo sin vida de su hermana, con múltiples heridas de arma blanca, y en el balcón, el cadáver de su cuñado, que colgaba del toldo de la terraza.

El trágico episodio, ocurrido en la tarde del martes en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, movilizó a las unidades USR y Grumai de la Policía Local de Alicante, que intentaron reanimar a la joven sin éxito.

Posteriormente, los efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se hicieron cargo de inspeccionar la escena y encontrar pruebas, con el objetivo de esclarecer la secuencia temporal de los hechos.

De acuerdo con la información recabada por los medios locales, la víctima era una mujer argentina de 29 años, con pasaporte italiano, mientras que el presunto agresor, de 34 años, se quitó la vida ahorcándose tras el ataque.

Ambos se encontraban en proceso de separación y tenían un hijo de entre 2 y 3 años, que en el momento del crimen permanecía en el jardín de infantes. De igual forma, se supo que no existían denuncias previas entre la pareja ni constaban registros en el sistema Viogen —Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género—, una herramienta que coordina y aglutina información de diferentes instituciones.

Tras el hallazgo de la macabra escena, los cuerpos se trasladaron al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la realización de los exámenes forenses, mientras los agentes continuaban trabajando en la vivienda para asegurar la escena y evitar la contaminación de pruebas.

Las autoridades subrayaron que serán los informes forenses los que determinen con precisión el momento y las circunstancias de las muertes. Los primeros indicios apuntan a un posible femicidio.

Femicidio seguido de suicidio en un hotel de alojamiento

Hace una semana, se divulgó el informe forense que confirmó que un hombre estranguló a una mujer y luego se suicidó en un hotel de alojamiento de Valle Hermoso, provincia de Córdoba. Las autopsias establecieron que la víctima, de 47 años, murió por estrangulamiento, mientras que el acompañante, de 27 años, falleció por ahorcamiento.

La investigación reveló que existía una denuncia previa por violencia ejercida por el hombre contra la mujer, así como una restricción de contacto vigente entre ambos. El encuentro en el hotel, que terminó con la muerte de ambos, vulneró esa medida judicial. Las autoridades aún no determinó cómo se concretó la cita ni si hubo omisión de controles por parte del personal del alojamiento, de acuerdo con El Doce TV.

Los cuerpos fueron hallados el domingo 23 de noviembre por la tarde en una habitación cuya entrada estaba bloqueada desde adentro por la cama.

El personal del hotel alertó a la Policía tras no recibir respuesta de la pareja, que había ingresado el sábado por la tarde y no realizó pedidos adicionales ni mantuvo contacto posterior con los empleados.

En la escena, los investigadores encontraron un celular roto, posible indicio de un conflicto previo.

La mujer residía en Villa Giardino y el hombre era oriundo de la misma región. Ambos habían convivido durante casi un año. Las identidades no fueron difundidas oficialmente.

La Fiscalía mantiene el secreto de sumario y continúa analizando registros de ingreso, comunicaciones previas y testimonios del personal, mientras se recaban nuevos elementos y se contacta a familiares.

Aníbal Ramón Cabaña, de 61 años, enfrenta un pedido de prisión perpetua tras ser acusado por el asesinato a balazos de su expareja, Natalia Ocampo, y quien era su novio en ese momento, César Valenzuela, en un hecho ocurrido el pasado 6 de abril en Rosario.

La acusación formal quedó expuesta este lunes en la audiencia preliminar desarrollada en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma.

La investigación a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo sostiene que Cabaña actuó en un contexto de violencia de género, ingresó a la vivienda de la víctima con llaves sustraídas previamente y disparó con el propósito de ejecutar a ambas personas.

El proceso será juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados, un esquema recientemente implementado en distintos departamentos de la provincia.

De acuerdo con la reconstrucción aportada en la audiencia por el Ministerio Público de la Acusación, Cabaña accedió a la vivienda de Natalia Ocampo, ubicada en Rosario, tras haberle robado las llaves.

Una vez dentro, se dirigió a la planta alta, donde Valenzuela se encontraba junto a la mujer. Según la acusación, pateó una puerta divisoria para irrumpir en el living-cocina y, armado con una pistola Bersa calibre 9 mm, efectuó al menos ocho disparos.

Según informó el portal Rosario3, Ocampo, de 47 años, recibió dos balazos en la cabeza y uno en el cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. A continuación, tras un forcejeo, Cabaña disparó cinco veces contra Valenzuela, alcanzándolo en el cráneo y el torso.

En la causa, Cabaña está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego (en el caso de Ocampo), homicidio agravado por uso de arma de fuego (por Valenzuela), portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento y daño.

La Fiscalía informó que Ocampo había realizado varias denuncias contra su expareja por episodios de maltrato y amenazas durante la relación, que se extendió por al menos 18 años.

Las primeras presentaciones datan de 2010 y 2011, mientras que la última la radicó en marzo pasado, poco antes del crimen, cuando la víctima expresó su voluntad de separarse tras iniciar un vínculo con otra persona.

Según el relato oficial, dos semanas antes del hecho Cabaña amenazó de muerte a Ocampo, hecho que constaba formalmente en una denuncia por amenazas simples.

La situación se había agravado después de que la mujer le comunicara su decisión de terminar la convivencia, decisión atribuida al inicio de su nueva relación. Esta secuencia, aseguran los investigadores, establece la existencia de un contexto de violencia de género previo al crimen.

Tras ejecutar los disparos, Cabaña se entregó voluntariamente en una comisaría local y detalló la ubicación del arma homicida, que había escondido en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

En la audiencia preliminar realizada ayer lunes, el fiscal Alejandro Ferlazzo formalizó el pedido de prisión perpetua para Cabaña, apoyando la solicitud en la calificación de homicidio calificado por el vínculo y por el contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima, encubrimiento y daño.

A su vez, el juez Hernán Postma dispuso la continuidad del proceso bajo la modalidad de juicio por jurados.

De esta manera, establecieron que la audiencia de selección de jurados y la fecha de inicio del debate quedarán establecidas en las próximas semanas. Mientras tanto, Cabaña permanece detenido a la espera de la decisión del tribunal popular, enfrentando la máxima pena prevista por la legislación vigente para homicidios con agravantes.

Una mujer fue hallada muerta este domingo en su vivienda de Esperanza, en el departamento San Cristóbal, a casi 200 kilómetros de Rosario. El principal sospechoso, su ex pareja, murió en un accidente de tránsito mientras intentaba huir en motocicleta por la Ruta Provincial 6.

La secuencia comenzó a las 11.53, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en una vivienda situada en la intersección de Moreno y Bosch. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el asesinato de la mujer, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda del presunto agresor.

Poco después, se produjo un accidente fatal sobre la Ruta Provincial 6. Un hombre que conducía una motocicleta colisionó contra un camión Volkswagen y perdió la vida en el acto. De acuerdo con los medios locales citados por Rosario3, la investigación apunta a que el sospechoso del femicidio emprendió la fuga hacia el norte, giró en Paso Vinal y luego tomó la Ruta 6, donde finalmente ocurrió el choque mortal. Las circunstancias exactas del siniestro aún se encuentran bajo análisis.

La Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el caso y, tras las primeras diligencias, el jefe de la Unidad Regional XI confirmó que la identidad, la vestimenta y el vehículo del fallecido coincidían plenamente con los del principal sospechoso del asesinato de Cecilia O. Este dato fue clave para vincular ambos hechos y orientar la pesquisa.

En el plano judicial, la fiscal Laura Giordanino asumió la investigación por el crimen de la mujer, mientras que María Laura Arri quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con el accidente de tránsito. Esta última ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso del motociclista, así como las diligencias de rigor en el lugar del choque.

La investigación continúa en desarrollo, con los fiscales abocados a reconstruir la secuencia de los hechos y a establecer si se trató efectivamente de un femicidio. Mientras tanto, los hijos de la pareja fueron puestos bajo custodia y permanecen a resguardo.

Condenaron a perpetua al acusado de prender fuego y matar a Romina Videla

A cinco años del asesinato de Romina Videla, el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata condenó a prisión perpetua a Héctor Ismael Carrizo por haber provocado el incendio que causó la muerte de su pareja en el barrio de Melchor Romero el 27 de marzo de 2020.

En los fundamentos de la sentencia, la jueza Carolina Crispiani destacó: “A Romina también la mató la violencia que precedió al fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra; esa violencia que, cuando el Estado llega tarde, termina escribiendo su última línea en una morgue”. El tribunal, integrado también por Emir Alfredo Caputo Tártara y Andrés Vitali, consideró probado que el crimen fue el desenlace de un ciclo prolongado de violencia de género.

La investigación, que comenzó bajo la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y luego pasó a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género, reconstruyó años de maltratos, amenazas, control económico y aislamiento ejercidos por Carrizo sobre Videla. Testimonios y pruebas revelaron que, antes del ataque, la víctima había llamado al 911 para denunciar agresiones y amenazas explícitas, incluyendo la frase: “Te voy a prender fuego”.

El tribunal declaró a Carrizo culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género e incendio doblemente agravado”. Entre los elementos clave, los jueces señalaron la diferencia en la gravedad de las lesiones —Videla sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que Carrizo solo presentó el 12%— y la conducta posterior del acusado, quien intentó limpiar la escena del crimen.

La noche del hecho, tras una discusión, Carrizo sacó a las hijas que tenía en común con la víctima y, tras impedirle salir, inició el incendio de manera intencional. Los demás hijos de Videla lograron escapar sin lesiones graves. La madre de seis hijos falleció cinco días después en el Instituto del Quemado.

Durante el juicio, el fiscal Lucas Domski solicitó la pena máxima, mientras que la defensa de Carrizo pidió la absolución, argumentando falta de pruebas directas. El tribunal, de forma unánime, rechazó estos planteos y subrayó la existencia de “indicios serios, precisos y concordantes” que confirmaron la autoría del acusado.

A cinco años del femicidio de Romina Videla, la sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata condenó a prisión perpetua a su pareja, Héctor Ismael Carrizo, fue condenado a prisión perpetua por haber sido el autor del incendio que derivó en la muerte de la víctima.

Este viernes, el tribunal compuesto por los jueces Carolina Crispiani, Emir Alfredo Caputo Tártara y Andrés Vitali consideró acreditado que el siniestro que terminó con la vida de la mujer fue el desenlace de un prolongado ciclo de violencia de género.

El fallo fue unánime al declarar a Carrizo culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género e incendio doblemente agravado”. Los magistrados subrayaron la existencia de “indicios serios, precisos y concordantes” que confirmaron la autoría.

Entre las pruebas utilizadas como argumentos por los jueces, se enumeró la amenaza explícita de “Te voy a prender fuego”, el incendio ocurrido poco después, la diferencia en la gravedad de las lesiones (Videla con el 80% del cuerpo quemado frente al 12% de Carrizo) y la conducta posterior de intentar limpiar la escena del crimen.

Todo ocurrió la noche del 27 de marzo de 2020, tras una jornada marcada por agresiones físicas y amenazas. De hecho, previo al ataque, Romina recurrió al 911 para denunciar que su pareja la había golpeado y amenazado con prenderla fuego.

Horas después, la vivienda que compartían en la calle 519 entre 184 y 185, ubicada en el barrio de Melchor Romero, fue incendiada de manera intencional. Según la información publicada por el medio platense 0221, la víctima, madre de seis hijos, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y murió cinco días más tarde en el Instituto del Quemado.

La investigación, que en un primer momento estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y luego pasó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en violencia de género, permitió reconstruir un contexto de maltratos persistentes. Incluso, diversos testigos relataron años de golpes, amenazas, control económico y aislamiento ejercidos por Carrizo sobre Videla.

De hecho, uno de los datos corroborados en la investigación apuntaron a la premeditación detrás del incendio. Pues, tras haber discutido con la víctima, el acusado se encargó de sacar a las hijas que tenían en común y, tras una serie de insultos e impedirle salir, habría iniciado el foco ígneo.

Dentro de la vivienda, también se encontraban los demás hijos de la mujer, quienes pudieron escapar de la vivienda sin reportar lesiones de gravedad.

Fue así que en los fundamentos de la condena, la jueza Crispiani realizó una reflexión que quedó plasmada en los considerandos de la sentencia. “A Romina también la mató la violencia que precedió al fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra; esa violencia que, cuando el Estado llega tarde, termina escribiendo su última línea en una morgue”, criticó.

Y continuó: “Hoy, este Tribunal cumple con el deber más elemental de la Justicia: reconocer la verdad, nombrar la violencia y responsabilizar a quien la ejerció. Porque solo así -con memoria, con ley y con sentencia- se deshace la impunidad que la consumió”. Estas palabras sintetizaron la dimensión de un caso que puso en evidencia la falta de respuestas efectivas por parte del Estado ante los reiterados pedidos de ayuda de la víctima.

En este sentido, el proceso judicial reveló que Romina había buscado ayuda en varias oportunidades, sin obtener una respuesta adecuada de las autoridades. Por esto, el fiscal de jucio, Lucas Domski, había pedido que el acusado fuera condenado a prisión perpetua.

En contraposición, la defensa de Carrizo había solicitado la absolución, luego de que apuntaran a la presunta falta de pruebas directas que lo situaran como el autor del incendio. Asimismo, habían apuntado que ni las pericias, ni los testimonios pudieron precisar que él hubiera agredido de forma directa a la madre de sus hijos.

El caso por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, ingresó en las últimas horas en una nueva etapa judicial. El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, solicitó el rechazo del recurso presentado por la defensa de Néstor Pavón, en un intento de impedir que se realice un nuevo juicio en su contra, pero esta vez bajo la acusación de coautoría del crimen. Esta postura se fundamentó en lo resuelto previamente por la Corte Suprema, que dispuso un replanteo integral del caso contra quien había sido condenado primeramente como encubridor.

El hombre fue condenado a cinco años de prisión como encubridor, y su taller fue uno de los puntos señalados por la Fiscalía en la reconstrucción de los hechos. El Tribunal de Juicio de Gualeguay descartó inicialmente la hipótesis de una participación más directa. Esta actitud fue revertida por la Cámara de Casación Penal de la provincia que anuló la sentencia y dispuso un nuevo juicio por entender que las pruebas existentes no habían sido debidamente valoradas en relación con la presunta colaboración de Pavón con Sebastián Wagner, el hombre condenado a prisión perpetua por la violación y homicidio de García.

Tras este giro, el caso quedó nuevamente en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, que atendió los planteos formulados por la defensa del dueño del taller y restableció la condena bajo el mismo delito. Así, el acusado recuperó su libertad en agosto de 2024 tras cumplir dos tercios de la pena y ser beneficiado por la excarcelación. Paralelamente, la querella y los fiscales insistieron en la revisión integral de la causa, gestionando recursos extraordinarios ante la Corte Suprema en busca de un nuevo juicio y una redefinición del alcance de la responsabilidad penal de Pavón. Finalmente, en septiembre el máximo tribunal ordenó realizar un nuevo juicio.

Frente a esto, la defensa del hombre alegó que proceder en un nuevo proceso violaría el principio ‘ne bis in idem’, que indica que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, el Procurador instruyó en su dictamen que el planteo carece de sustento jurídico para frenar el avance del proceso.

A su vez, detalló que la supuesta afectación del principio de ne bis in idem no es aplicable, ya que en este contexto no existe una sentencia definitiva e irrevocable sobre el fondo de la acusación. Por esto mismo, argumentó que la decisión de convocar a un nuevo juicio obedece a “vicios esenciales” en la sentencia previa y responde al deber estatal de proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, según pudo saber el medio local ElOnce.

El crimen de Micaela García marcó un antes y un después. De hecho, su caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para funcionarios públicos.

La joven fue encontrada muerta en Gualeguay luego de una intensa búsqueda que comenzó el 1 de abril de 2017, cuando salió a bailar y nunca regresó. En el camino, fue interceptada por Wagner, quien la subió al Renault 18 Break que manejaba, la sometió sexualmente y la mató. Tenía antecedentes y estaba en libertad gracias al beneficio que le otorgó el entonces juez Carlos Rossi.

El hallazgo del cuerpo se produjo una semana más tarde, en una zona rural a las afueras de la ciudad. Según los testimonios recabados durante la investigación, en el sitio donde fue encontrada se observó el mencionado vehículo ocupado por dos hombres, un hecho que fue reportado entre las 8 y las 8.15.

El Tribunal Oral y Criminal 4 de La Plata dará a conocer este viernes el veredicto en el juicio por el crimen de Romina Videla, quien falleció en 2025 debido a las quemaduras que sufrió en el 80 por ciento de su cuerpo por un incendio en su casa de Melchor Romero.

Por el crimen, su ex pareja Héctor Carrizo enfrenta un proceso judicial que hoy mostrará el resultado final. Está previsto que la lectura de la decisión judicial se realice alrededor de las 13 horas en la sala principal del fuero penal de La Plata, ubicada en la calle 8 entre 56 y 57, en presencia de familiares de la víctima, del imputado, y los representantes de la Fiscalía, la defensa y organismos vinculados. Así lo informó el portal Labuenainfo.

Carrizo, de 65 años, enfrenta cargos por incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género. Durante el juicio, que comenzó el 28 de agosto, llegó al banquillo de los acusados detenido y bajo una acusación que lo señala como el responsable de prender fuego la vivienda donde se encontraba Videla.

El episodio ocurrió el 27 de marzo de 2020, en la calle 519 entre 184 y 185 de la periferia platense. En el expediente, figuraban denuncias previas presentadas por la víctima en donde hablaba de amenazas de muerte por parte de Carrizo. Este fue uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para argumentar el pedido de condena.

El expediente, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y dirigido originalmente por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, reconstruyó que la secuencia que derivó en el hecho comenzó con una discusión entre ambos adultos. En ese contexto, el acusado habría sacado a las hijas que tenía en común con Videla de la vivienda en donde ocurrió todo y, tras una serie de insultos e impedirle salir, habría iniciado el foco ígneo.

El resto de los hijos presentes pudieron escapar de las llamas, pero Videla resultó gravemente herida y fue trasladada primero al Hospital Alejandro Korn y luego al Instituto del Quemado, donde falleció a causa de quemaduras que afectaron el 80 por ciento de su cuerpo. La víctima era madre de seis hijos. Al momento de su muerte, los niños quedaron al resguardo de la primera pareja del acusado.

Los pedidos de las partes

El fiscal Lucas Domski solicitó que el acusado sea condenado a prisión perpetua, al considerar acreditado que el incendio fue intencional. Durante la exposición de argumentos, acudió a la declaración de los testimonios, las pruebas documentales e informes periciales y acudió a la acusación por provocar el incendio. La familia de Videla y sus allegados reiteraron que existía un contexto de violencia y amenazas.

Por su parte, la defensa de Carrizo estuvo a cargo de los abogados Juan y Miguel Di Nardo, quienes reclamaron la absolución de su defendido. La estrategia de la defensa se basó en destacar la falta de pruebas directas que lo vincularan con un incendio intencional, aduciendo que las pericias realizadas no determinaron con precisión el origen ni aportaron testimonios que hayan presenciado alguna agresión directa en el momento del hecho.

Los familiares de Carrizo también se movilizaron y manifestaron públicamente, sosteniendo que “no hay pruebas claras de su autoría en el hecho” y que las acusaciones de la fiscalía resultan “ilógicas”.

El tribunal encargado de dictar el fallo está integrado por los jueces Carolina Crispiani, Andrés Vitali y Emir Alfredo Caputo Tártara, quienes escucharon los alegatos y permitieron que el propio Carrizo hiciera uso de su derecho a las últimas palabras antes de la decisión final. “Soy inocente”, fue la afirmación central del acusado delante de los magistrados y de las partes.

Renzo David Esquivel, el hombre acusado de querer asesinar a su ex pareja y madre de sus hijos a principio de año en San Juan, se enfrentó a un juicio abreviado en los tribunales de la provincia y fue condenado a 10 años de prisión.

El proceso, que comenzó este martes, concluyó rápidamente luego de que el imputado aceptara una la pena por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y mediar violencia de género. Con este acuerdo, se evitó el desarrollo completo del debate oral, por el que arriesgaba recibir hasta 13 años de cárcel efectiva.

El hecho ocurrió el 30 de marzo en el barrio Los Pinos, en el departamento de Chimbas. Ese día, tras una discusión, Esquivel tomó un cuchillo de carnicero y atacó a su pareja, provocándole más de 10 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

En ese momento, el hijo mayor de la pareja intervino y le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción permitió a la víctima escapar y pedir ayuda a una vecina, quien, junto a otros vecinos, la socorrió y la trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

Tras el ataque, Esquivel fue imputado y quedó bajo prisión preventiva por cuatro meses en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanzaba la instrucción de la causa.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los fiscales Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio sostuvieron que Esquivel actuó con clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido solo por la intervención del niño y de los vecinos. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.

La investigación reveló situaciones de violencia reiterada en la vivienda. El informe de riesgo por violencia de género indicó un nivel alto, lo que reforzó la acusación. La víctima convivía desde hacía años con episodios de amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. Incluso el propio acusado reconoció ante la Policía haber querido matar a su pareja.

Los testimonios de los vecinos, que lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la declaración de médicos y peritos sobre la gravedad de las lesiones, el informe psicológico sobre el menor y la confesión del imputado resultaron determinantes para la acusación. “Quería matarla”, dijo Esquivel ante los policías.

El proceso judicial transitó varias etapas de negociación. Durante una audiencia en octubre, el fiscal Mario Alejandro Panetta Soppelsa formalizó la acusación con cargos de tentativa de homicidio agravada y amenazas agravadas, solicitado una pena máxima de 13 años de prisión.

El juez Mariano Carrera Pedrotti, por su parte, avaló el requerimiento y elevó la causa a juicio. Esquivel estuvo cerca de aceptar un acuerdo abreviado en varias oportunidades, pero nunca se mostró convencido. De hecho, al comienzo de la primera audiencia del juicio, volvió a rechazarla propuesta afirmando: “Estoy arrepentido, quiero responder por lo que hice, pero 10 años de cárcel es mucho”

La defensa, encabezada por la defensora oficial Sandra Leveque, intentó conseguir para su defendido una imputación más leve y la adopción de medidas alternativas, argumentando que había actuado “en defensa propia” y que sentía arrepentimiento. La Fiscalía se mantuvo en su postura inicial.

Finalmente, el imputado aceptó el juicio abreviado y la condena a 10 años dispuesta por el tribunal.

El caso que conmocionó a Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, durante el fin de semana, sumó nuevos elementos tras la difusión del informe forense este martes. Así, se conoció que el hombre estranguló a la mujer y luego se quitó la vida, confirmando la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el domingo por la tarde en un hotel de alojamiento, ubicado en la calle General Paz al 800. El personal del lugar dio aviso a la Policía luego de que la pareja no respondiera a los llamados de la administración. Al llegar, los oficiales confirmaron ambas muertes.

Desde un primer momento, las autoridades barajaron la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Los resultados de las autopsias no hicieron más que confirmar esta teoría.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv, la mujer de 47 años murió estrangulada. En tanto, el joven de 27 años, que la acompañaba, falleció por ahorcamiento. Además, se conoció que la entrada de la habitación se encontraba bloqueada desde adentro por la cama.

Tras el descubrimiento, las autoridades lograron reconstruir los últimos movimientos de la pareja: ambos ingresaron al hotel el sábado por la tarde y no realizaron ningún pedido adicional ni mantuvieron contacto posterior con el personal.

En la escena del hecho, los investigadores hallaron un celular roto, un elemento que podría aportar información relevante sobre un posible conflicto previo entre la pareja.

Además de los resultados forenses, la investigación avanzó en la revisión de antecedentes entre las víctimas. De esta manera, pudieron confirmar que existía una denuncia previa por violencia ejercida por el hombre contra la mujer. Sobre ambos recaía una restricción de contacto vigente, cuyo cumplimiento quedó comprometido a raíz del encuentro fatal.

Hasta el momento, y según informó el portal El Doce.tv, las autoridades no han determinado cómo concretaron la cita en el hotel ni si alguna persona facilitó u omitió controles relacionados con la medida judicial en curso. Mientras tanto, la Fiscalía busca avanzar en la investigación, por lo que analiza los registros de ingreso, comunicaciones previas y testimonios del personal del alojamiento.

La víctima femenina residía en la vecina localidad de Villa Giardino, mientras que el joven era de la misma región. Se sabe que convivieron durante casi un año. Las identidades no fueron difundidas oficialmente por respeto al proceso judicial y a los familiares.

La investigación seguirá bajo secreto de sumario mientras se recaban nuevos elementos pendientes, entre ellos el contacto con familiares y la revisión de los antecedentes en materia de denuncias previas.

Atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación

El mismo día en el que se descubrieron los cuerpos, otro hecho marcado por la violencia de género se registró en la provincia de Córdoba. Sucedió durante la tarde en el barrio Marechal.

Todo comenzó una mujer de 50 años denunció a través del 911 haber sido agredida físicamente por su pareja, quien, tras el ataque, se encerró en una habitación del domicilio ubicado en la calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a escasa distancia de la avenida Costanera Mestre y del río Suquía.

La situación escaló cuando el agresor, armado con un cuchillo, amenazó con quitarse la vida, lo que llevó a la intervención de un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Durante varias horas, el especialista mantuvo un diálogo con el hombre atrincherado, hasta que finalmente logró persuadirlo para que se entregara. Los efectivos procedieron a esposarlo y aseguraron el lugar.

Los agentes también aprehendieron a otras dos personas vinculadas al incidente: el padre del atacante y el hijo de la víctima. El primero fue arrestado tras agredir a los policías que intentaban llevarse a su hijo, mientras que el segundo fue detenido por ingresar a la vivienda de la mujer, a pesar de tener vigente una orden de restricción en su contra.

El Parlamento de Italia aprobó este martes una ley histórica que introduce el delito de femicidio en el Código Penal, imponiendo la prisión perpetua como castigo máximo para quienes asesinen a una mujer por “odio, discriminación o por actos de control, posesión o dominio por razón de género”, o como represalia por una negativa a mantener o proseguir una relación afectiva. La decisión, respaldada con 237 votos por la mayoría de centroderecha y la oposición de centroizquierda en la Cámara de Diputados, coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efeméride proclamada por la Asamblea General de la ONU.

La normativa, promovida por el gobierno conservador de Giorgia Meloni, responde a una ola de homicidios y crímenes de violencia dirigida contra mujeres en Italia, entre ellos el asesinato de la universitaria Giulia Cecchettin en 2023, hecho que provocó una amplia reacción social y encendió el debate sobre la raíz cultural patriarcal de la violencia de género. El Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT) contabilizó 106 feminicidios en 2024, 62 de ellos cometidos por parejas o exparejas.

“La aprobación de esta ley es una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres”, afirmó Meloni el martes. Según sus declaraciones, “hemos duplicado los fondos para centros y refugios de atención contra la violencia, promovido una línea de emergencia e implementado iniciativas educativas y de concientización innovadoras. Estos son pasos concretos, pero no nos detendremos aquí. Hay que hacer mucho más, todos los días”.

El texto modifica el artículo 577 del Código Penal para definir el feminicidio como una modalidad específica de homicidio y contempla agravantes asociadas al odio, la discriminación y los actos de dominio. Entre las medidas añadidas, la ley destina mayores fondos a casas refugio, extiende la protección legal para huérfanos de feminicidio y amplía los criterios de acceso a indemnizaciones. Además, obliga al ministro de Justicia a comparecer anualmente ante el Parlamento para analizar la situación de la violencia contra las mujeres en el país.

Aunque la oposición de centroizquierda dio su voto favorable, llamó la atención sobre la naturaleza penal de la ley. Según la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, “la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las aulas”. Schlein subrayó que “Italia es uno de solo siete países de Europa donde la educación sexual y de relaciones no es aún obligatoria en las escuelas, y estamos pidiendo que sea obligatoria en todos los ciclos escolares”.

La coalición gobernante, por su parte, ha presentado una propuesta para prohibir la educación sexual y afectiva en primaria y exigir consentimiento explícito de los padres en secundaria, argumentando que pretende así preservar a los menores de “activismo ideológico”. Este enfoque ha sido cuestionado por partidos opositores y activistas, quienes tildan la medida de “medieval”.

(Con información de AP/EFE)

Una pareja fue hallada sin vida en una habitación de un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, el domingo por la noche. Las autoridades investigan un posible femicidio seguido de suicidio.

La pareja, compuesta por un joven de 27 años —oriundo de La Rioja— y una mujer de 47 —domiciliada en Villa Giardino—, convivía desde hacía aproximadamente un año.

El domingo por la noche, un empleado del establecimiento detectó la situación al percatarse de la falta de respuesta a los llamados en la puerta de la habitación y la demora en la desocupación del cuarto, que ya llevaba varias horas de retraso.

Ante esta situación, el personal del hotel alertó a la Policía, que al ingresar constató que ambos ocupantes no presentaban signos vitales.

De esta manera, la escena fue preservada por órdenes de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien dispuso las primeras pericias.

Según informó el medio local El Doce, en el lugar se halló un celular roto, un elemento que podría aportar información relevante sobre un posible conflicto previo entre la pareja. Este indicio se suma a las diligencias técnicas y a la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes y descartar la intervención de terceros.

La investigación continúa y, por el momento, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de análisis, mientras los peritos profundizan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir los momentos previos al trágico desenlace. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Un hombre atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación con un cuchillo

La tarde del domingo en el barrio Marechal de la ciudad de Córdoba estuvo marcada por una serie de hechos violentos que movilizaron a las fuerzas de seguridad y generaron alarma entre los vecinos.

Una mujer de 50 años denunció a través del 911 haber sido agredida físicamente por su pareja, quien, tras el ataque, se encerró en una habitación del domicilio ubicado en la calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a escasa distancia de la avenida Costanera Mestre y del río Suquía.

La situación escaló cuando el agresor, armado con un cuchillo, amenazó con quitarse la vida, lo que llevó a la intervención de un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Durante varias horas, el especialista mantuvo un diálogo con el hombre atrincherado, hasta que finalmente logró persuadirlo para que se entregara. Los efectivos procedieron a esposarlo y aseguraron el lugar,.

El operativo no concluyó con la detención del agresor. Los agentes también aprehendieron a otras dos personas vinculadas al incidente: el padre del atacante y el hijo de la víctima.

El primero fue arrestado tras agredir a los policías que intentaban llevarse a su hijo, mientras que el segundo fue detenido por ingresar a la vivienda de la mujer, a pesar de tener vigente una orden de restricción en su contra.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron un arma blanca y otros objetos que podrían resultar relevantes para la investigación judicial. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza en la causa por violencia familiar y lesiones.

Ese mismo día, una adolescente cordobesa fue aprehendida este domingo por la mañana en Córdoba, luego de golpear y destrozar el auto de su ex pareja con un zapato. El incidente tuvo lugar en la intersección de Boulevard Chacabuco y San Jerónimo, uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 9. De acuerdo con el parte policial, la agresora atacó a un vehículo Ford Fiesta de color azul propiedad de un hombre mayor de edad, con quien mantenía una relación previa.

Los testigos que circulaban por la zona presenciaron el momento en que la chica -menor de edad- empleó un zapato para golpear la luneta trasera y el espejo retrovisor del automóvil, provocando la rotura de los cristales.

De acuerdo con el medio local El Doce TV, el incidente cobró mayor gravedad luego de que algunos fragmentos de vidrio que volaron por el estallido impactaron en espalda de la joven, produciéndole algunos cortes superficiales. Esto requirió que, además, asistiera al lugar un servicio de emergencias médicas.

La adolescente fue aprehendida por la Policía, que además secuestró el zapato utilizado para provocar los daños al vehículo. El objeto quedó incorporado como parte de la evidencia en el expediente que instruyen las autoridades judiciales.

Las autoridades trabajan para establecer el contexto y las circunstancias previas, además de analizar las cámaras de seguridad de la nota con el finde reconstruir el episodio.

La joven Mariana Rivero (24) y su novio Luciano (23) estuvieron, entre varias idas y vueltas, tres años en pareja. El vínculo comenzó como una amistad que continuó como una relación amorosa, que se fue convirtiendo en tóxica de parte de él: la comenzó a vigilar, la extorsionaba, se creó perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. Y la terminó matando con un serrucho y haciéndola desaparecer durante días.

El femicidio ocurrió hace dos años y generó una fuerte conmoción en Uruguay. Durante 20 días no se supo nada de ella hasta que su ex novio –que fingía colaborar con la Policía en la búsqueda– confesó que la había asesinado y guió a las autoridades hasta un descampado donde había dejado una valija con el cuerpo de la joven desmembrado, según se puso entonces.

Dos años después, la Fiscalía de Violencia Doméstica tiene preparada la demanda acusatoria y pedirá la pena máxima posible en Uruguay para esta pena: son 30 años de prisión y 15 años más de medidas de seguridad eliminativas. Así lo informó este lunes el diario uruguayo El País, en base a la demanda acusatoria.

La fiscal Alicia Abreu pidió que el acusado sea condenado por el delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y vilipendio de cadáver.

De acuerdo al relato de la fiscal, Mariana y Luciano estuvieron casi tres años de novio con varias idas y vueltas por la violencia psicológica que él ejercía sobre ella. Fue él quien contó que se habían conocido a través de una red social y que comenzaron un vínculo de amistad. Pero luego, según su propio testimonio, desafinó.

“Le entré al teléfono de ella, me entró lo que nunca me ha entrado, ser tóxico. Y la empecé a vigilar”, relató en el testimonio recogido en la acusación fiscal. Luciano la extorsionó con detalles íntimos de la pareja, aunque luego se arrepintió. El abogado de la familia de Rivero, Ignacio Durán, contó que el hombre creó perfiles falsos en redes sociales para seguirla.

Fue a mediados de 2023 que la pareja decidió separarse. Y, a los pocos días, Rivero le mandó un mensaje en el que le pedía ir a buscar ropa que había dejado en su casa. Coordinaron una fecha: 20 de octubre de 2023.

Según la reconstrucción informada por El País, ella se tomó dos ómnibus ese día. Sobre el mediodía, se bajó a algunas cuadras de la casa de Luciano, en el barrio Tres Ombúes, en el oeste montevideano. Una vez en su casa, la pareja comenzó a discutir. La demanda acusatoria señala que Rivero insultó a su ex pareja y que se refirió a su abuela. Fue entonces que él comenzó a agredir con un serrucho hasta matarla.

Al día siguiente, Luciano fue a visitar a su madre temprano y regresó a su hogar. Después volvió a salir con una mochila, una valija y un bolso. Adentro estaban los restos de Mariana. El femicida se tomó dos ómnibus y un taxi hasta que llegó a la entrada del Parque Punta Yeguas, en el oeste de Montevideo, al costado del Río de la Plata. Ingresó al monte y cavó dos pozos abajo de un árbol. En uno enterró la valija y en otro las dos bolsas con objetos.

A los días la familia de Rivero denunció su desaparición. Luciano mostró una “actitud colaborativa” durante la búsqueda. Recién el 8 de noviembre contó qué había pasado con su ex pareja y señaló el lugar en el que había ocultado el cuerpo.

En los pozos que cavó estaban los restos de Rivero y también un cuchillo, su cédula de identidad, la credencial, su carné de salud, la tarjeta del transporte público, la funda protectora de su celular y un monedero.

El equipo de fiscales de Chaco brindó este lunes una conferencia de prensa tras el veredicto del tribunal popular en el juicio por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, donde destacaron que lograron una sentencia condenatoria a pesar de la ausencia del cuerpo de la víctima. El caso, que mantuvo en vilo al país, culminó una de sus fases fundamentales con la declaración de culpabilidad para seis de los siete imputados, entre ellos el ex esposo de la víctima, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, explicó ante la prensa que el desafío más importante de la investigación consistió en reconstruir el crimen sin la existencia de un certificado de defunción, el cual será solicitado por la jueza, y sin el cuerpo de la víctima. “Nos dijeron que sin certificado de defunción y sin cuerpo no iba a haber sentencia, no iba a haber culpables”, expuso.

Detalló que los restos calcinados de la mujer de 28 años -que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023- hallados bajo la forma de cenizas, orientaron la investigación. “El cuerpo de Cecilia muerta, mutilada, quemada, convertida en cenizas, habló. Nos marcó lugares: el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró el dije que fue una prueba fundamental en este proceso, se encontró su valija quemada que contenía los sueños de una chica emprendedora", manifestó Canteros. Y añadió: “una chica muy joven a la que le habían prometido otra vida en el sur del país”. A través de esos elementos recuperados, los fiscales sustentaron la hipótesis de que la mujer entró viva a la casa de la familia Sena y posteriormente fue retirada sin vida, “envuelta en una manta, en una camioneta y cubierta con bolsas de basura”.

Los dos imputados que quedaron en libertad

El proceso penal en el tribunal chaqueño tuvo como eje central la acusación contra César Sena, ex pareja de la víctima, declarado culpable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también resultaron condenados en calidad de partícipes primarios del mismo delito.

El equipo de fiscales, integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Omar Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez, resaltó que aún queda pendiente la audiencia de censura, donde se determinarán las penas a aplicar. Según explicó Bogado, la audiencia está programada para el 26 de noviembre a las 9 horas.

Respecto de Gustavo Melgarejo, el fiscal Bogado detalló que fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple. A pesar de la condena, se le otorgó la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva. Al respecto, Bogado subrayó: “Cuando se cerró la audiencia aquí no hubo ni un planteo, pero después nos enteramos de que la juez, teniendo en cuenta esto, le había dado la libertad”. “El procedimiento no fue el adecuado, pero lo esencial es así”, señaló.

Otra de las preguntas apuntó al caso de uno de los acusados, quien fue declarado culpable de encubrimiento agravado. “Por Gustavo Obregón vamos a pedir la pena que entendemos corresponde; la pena máxima es de seis años”, explicó Bogado. La misma calificación fue considerada para Fabiana González.

En la misma línea, la fiscalía informó que Griselda Reynoso resultó la única imputada declarada no culpable por el jurado, motivo por el cual recuperó la libertad de inmediato. Según Bogado, la resolución fue “lo más lógico”, basándose en el veredicto.

Durante el contacto con la prensa, el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, remarcó el contexto bajo el que se desarrolló todo el procedimiento. “Esta es una causa compleja no solamente por el delito, sino por los actores y por ser un hecho en el que intervienen cuestiones muy poderosas”, donde los acusados contaban con “influencias de todos lados” e incluso se recibieron amenazas en las primeras instancias de la investigación judicial.

Desde hace catorce años, las heridas siguen abiertas y sangrantes como el primer día. Ellen Greenberg no descansa en paz y sus padres menos.

Corría el año 2011 cuando esta maestra de colegio primario, de 27 años, fue hallada muerta por su pareja en el piso de la cocina del departamento que compartían en Filadelfia, Estados Unidos. Tenía veinte puñaladas. La mitad eran en su espalda.

“Lo que siguió desde ese día hasta el presente es una historia intrincada, repleta de dudas e inconsistencias en el laberinto judicial.”

Las definiciones sobre las causales de su muerte no contentan a nadie o apenas unas pocas personas. Y la intriga y la angustia prometen eternidad.

“Reserven el día”

Ellen Rae Greenberg fue la única hija del matrimonio conformado por Joshua y Sandee Greenberg. Nació en Nueva York el 23 de junio de 1983 y, como suele ocurrir con la mayoría de los chicos que no tienen hermanos, fue muy cuidada y mimada. Creció en Filadelfia y estudió Comunicación en la Penn State University. Luego se perfeccionó en la Universidad de Temple. Conoció a su pareja Samuel “Sam” Goldberg, por un amigo en común, en una cita a ciegas.

El año en el que iba a morir lo inició trabajando como maestra de primer grado en la Academia Juniata Park. Ya hacía tres años que convivía con su novio Sam y tenían planes de casamiento. Él le había hecho la propuesta de matrimonio en una romántica playa de California un tiempo antes.

Cuatro días previos a su muerte, ocurrida en enero de 2011, Ellen envió por mail a sus amigos el Save the date, la reserva de la fecha para la ceremonia que tendría lugar en el mes de agosto de ese mismo año.

La planificación de la celebración era algo que la tenía extremadamente ansiosa, al punto que llegó a decirle a sus padres que deseaba volver por un tiempo a la casa familiar, en Harrisburg, para recobrar la calma y poder descansar. A ellos les pareció extraño el comentario y le preguntaron si estaba teniendo algún problema con Sam. La joven les aseguró que no, pero tampoco expresó con precisión la causa de su estrés. Lo cierto es que nadie sabrá nunca qué pasaba realmente por su cabeza y por su corazón. Si era solo estrés laboral o si experimentaba dudas sobre si seguir adelante o no con su relación. Porque recién luego de su muerte surgirían pistas de que la relación entre ellos no era tan perfecta. Sam tenía un carácter fuerte y Ellen se había empezado a callar más de lo normal. Sandee, su madre, notó ese cambio y le sugirió a su hija ver a un terapeuta. Ellen reaccionó y pidió un turno con la doctora Ellen Berman. Llegó a ir a terapia en tres ocasiones (el 12 de enero de 2011, el 17 y el 19) en las que la profesional le terminó por recetar tres medicamentos para manejar la ansiedad, dormir y descansar. Berman diría, luego de la muerte, no haber notado nada preocupante en su paciente y menos signos de tendencias suicidas.

A siete días de su primera consulta Ellen le reveló a su madre que se sentía mejor, pero la ansiedad no habría demorado en reaparecer. Según la psiquiatra, el problema de la joven maestra eran sus alumnos difíciles, algo que la hacía dudar si continuar o no en ese nuevo puesto. Sin embargo, sus compañeros de trabajo no piensan lo mismo: dicen que a Ellen se la veía feliz en el colegio.

Sandee continuó notando en su hija comportamientos poco habituales: cada vez que ella le proponía encontrarse para hacer algún programa, Ellen respondía que primero le tendría que consultar a Sam. Sandee reconoció en esa conducta evasiva el patrón de quienes se encuentran inmersos en relaciones controladoras y abusivas. Se alarmó y se lo comentó a su marido.

Sandee y Joshua querían mucho a Sam y no entendían qué podía estar pasando. De hecho, luego de la muerte de su hija siguieron en contacto frecuente con él durante varios meses. Pero una vez consumado el drama y que se permitieron dudar de la salud de la relación, la duda se instaló en ellos: era una sospecha dolorosa que con el tiempo se fue inflando como un enorme globo.

Los amigos de Ellen también revelaron haber visto cambios en su comportamiento. ¿Era por Sam o por una alteración de su propia psiquis? Nadie pudo dirimir estas dudas. Y, como veremos, el beneficio de la duda jugó a favor de Sam.

El instante en que todo cambió

Es un día helado, hostil en Filadelfia. El viento arremolina la nieve dibujando espirales en el paisaje. Ellen se levanta. A las 7 habla por teléfono con su madre antes de dirigirse al colegio. A las 12 le responde un mensaje de texto a una amiga y le cuenta que gracias a Dios se están yendo temprano porque las autoridades escolares han decidido dejar que sus alumnos vuelvan a sus casas antes de que la tormenta empeore.

Ellen recoge sus cosas y se despide de los chicos y de sus compañeros de trabajo. A las 13:15 se trepa a su auto y enfila hacia su casa. Antes de volver al departamento en el barrio de Manayunk, que comparte con su novio Samuel “Sam” Goldberg (28, un productor de televisión que realiza trabajos para la NBC y para el canal Golf.com) pasa a cargar nafta. Son las 13:26 cuando paga 41 dólares. A las 13:32 entra al estacionamiento de su edificio en el Condominio Venice Loft, un complejo residencial con todos los servicios para una vida con confort y seguridad, en el número 4601 de la calle Flat Rock. A las 13:53 el que entra al complejo es Sam Goldberg. A las 14:33 Ellen (por lo menos parece ser ella) entra de forma remota a las carpetas de sus alumnos. A las 16:45 Sam sale hacia el ascensor para ir al gimnasio a entrenar un rato. Ingresa con su llave magnética a las 16:51.

Se cree (por lo menos según la investigación oficial) que es en este lapso de tiempo donde lo imposible tiene lugar dentro del departamento 603 del sexto piso, en este miércoles 26 de enero de 2011. Porque mientras él hace sus ejercicios, Ellen pierde la vida a navajazo limpio. El filo de un cuchillo con una hoja de quince centímetros se hunde en su cuerpo veinte veces. Diez heridas en la parte trasera de su cabeza; otras tantas, en su torso. El arma mortal queda clavada directo en su corazón. Solo sobresale el mango de madera.

Sam Goldberg vuelve entre las 17:15 y 17:30. Ha pasado fuera de su casa muy poco tiempo, poco más de media hora. Pero no consigue entrar, la puerta está cerrada por dentro con el pasador de metal. Le grita a Ellen que la abra. Ella no responde. La llama por teléfono. No atiende. Enojado le envía mensaje tras mensaje. Nada. Al rato baja al lobby y le pide al guardia de seguridad del edificio, Phil Hanton, que lo ayude a abrir la puerta. El hombre se niega. Esgrime que no puede hacerlo por las normas de la empresa.

Es Sam quien termina dando una patada certera para abrirla. La escena que se abre ante sus ojos es bestial.

Sam marca al 911. Su llamada queda registrada recién a las 18:33.

En la grabación se lo escucha a él, a la operadora, a los bomberos y a la policía interactuar. Es interesante y desesperante escuchar lo que dice y cómo lo dice.

Sam-¡Ayuda! Tengo una emerg… necesito uhh… Yo acabo de entrar en mi departamento y mi novia está en el piso con sangre por todos lados.

911-¿Cuál es su dirección?

Sam-46-0-1 Flat Rock Road. Vengan, ¡necesito ayuda!

911-46-0-1

Sam-¡Ahora! Oh no, oh no…

911-¿Es una casa o un departamento?

Sam-Un departamento por favor.

911-¿Qué número?

Sam-Por favor, ¡apúrense! por favor…

911-¿De dónde está sangrando ella?

Sam-Ella… no lo sé, no se lo puedo decir… ella…

911-Señor, usted tiene que calmarse para que podamos ayudarlo.

Sam-Lo lamento, lo lamento, ella…

911-Ok.

Sam-No lo sé. Ahora la estoy mirando. Ella… no lo sé, no puedo ver nada. Ella no… no hay nada roto. Ella está sangrando.

911-¿Usted no sabe de dónde está saliendo la sangre?

Sam-De la cabeza pienso. Creo que se golpeó la cabeza, pero…

911-¿Puede haberse caído?

Sam-Está por todos lados…por todos lados.

911-¿Usted cree que se cayó?

Sam-Sí.

911-¿Sabe qué le pasó?

Sam-Uh, ella puede haberse resbalado y golpeado con la mesada. Hay sangre en la mesa…su cara está un poco azulada.

911-Ok, espere que estamos yendo para el rescate. Quédese en la línea.

El Departamento de Bomberos de Filadelfia se une a la conversación-¿Qué es lo que ocurre?

Sam-Mi... yo… bajé a entrenar y cuando volví la puerta estaba trabada y mi novia no contestaba y media hora después decidí entrar por la fuerza y la veo ahora en el piso ensangrentada. Ella no está… no está respondiendo.

Bomberos-¿Está respirando?

Sam-Ella… no puedo…

Bomberos-Mire su pecho. Necesito que se calme y mire su pecho…

Sam-Yo no creo que ella lo esté haciendo.

Bomberos-Señor, escúcheme. Ya estamos yendo. Mire su pecho. ¿Ella está tirada sobre su espalda?

Sam-Si está de espalda.

Bomberos-Ok, mire su pecho y dígame si sube y baja. ¿Sube y baja?

Sam-No la veo moverse.

Bomberos-Ok. ¿Sabe hacer CPR?

Sam-No.

Bomberos-Ok. Le voy a decir qué hacer, ¿ok?, hasta que lleguemos allí. Quiero que la mantenga…

Sam-Oh Dios.

Bomberos-Hola…

Sam-Sí, hola, ok.

Bomberos-¿Puede hacer CPR conmigo en el teléfono hasta que lleguen?

Sam-Debería hacerlo, ¿no?

Bomberos-Póngala estirada de espaldas sobre el piso, libere de ropa su pecho ¿ok? ¿Puede romper la remera?

Sam- Gosh (interjección que en inglés equivale a Dios Mío).

Bomberos-Ok, arrodíllese al lado de ella.

Sam- Oh mi Dios… Ellie por favor.

Bomberos-Escuche, escuche, no puede enloquecer señor, usted tiene que…

Sam-Ok estoy tratando… su remera no sale, tiene un cierre.

Bomberos-Rómpala.

Sam-Oh mi Dios, ¡ella se apuñaló a sí misma!

Bomberos-¿Dónde?

Sam-Ella se cayó sobre el cuchillo, no lo sé… oh no, su cuchillo sobresale

Bomberos-¿¿Qué??

Sam-¡¡¡Hay un cuchillo que sobresale de su corazón!!!

Bomberos-¿Ella se acuchilló a sí misma?

Sam-Yo creo, supongo eso… no lo sé si se cayó sobre él, no lo sé.

Bomberos-Ok… ¡no lo toque!

Sam-Ok, yo solo… ¿la dejo aquí ahora? ¿qué tengo que hacer?

Bomberos-Ok, ahora no lo puede hacer, si su cuchillo está en su pecho va a ser imposible hacerle CPR en este momento.

(Los bomberos le dan intervención a la policía) Policía-Estamos en camino. ¿El cuchillo está dentro de ella?

Sam-Si está qué...

Bomberos-Si el cuchillo está dentro de ella.

Sam-Sí, no lo saqué.

Bomberos-¿Es en su pecho?

Sam-Es en su pecho. Eso parece. Pareciera justo en su corazón.

Bomberos-Están en camino, mantenga la puerta abierta.

Sam-Oh mi dios, oh mi dios. Ok, gracias.

Bomberos-¿Qué edad tiene ella?

Sam-27.

Bomberos-¿No ve señales de vida?

Sam-No.

Bomberos-Ok. Pellizque debajo de su brazo.

Sam-No no, por favor, ¿qué?

Bomberos-Pellizque debajo de su brazo y dígame si responde al dolor.

Sam-Ella no, no..Elliee… su brazo…sus manos están todavía tibias… no sé lo que significa, pero hay sangre por todos lados…

Bomberos-El cuchillo que tiene clavado, ¿puede decirme cuán profundo es? ¿puede ver cuánto entró?

Sam-Parece muy profundo.

Bomberos-Oh, ok.

(...)

Sam-Me refiero a que parece un cuchillo largo.

Otra voz-Señor no toque nada.

Sam-No estoy tocando nada… No puedo creer esto.

Bomberos-¿Así que solo usted estaba con ella?

Sam-Nosotros, si… solo nosotros aquí.

Bomberos-Y usted dice que ella cerró la puerta…

Sam-No, no, yo bajé a entrenar y cuando volví estaba cerrado (...) desde dentro, estuve gritando y …

Bomberos-¿Alguien entró por la fuerza a su casa?

Sam-No,no,no,no, tuve que romper la cerradura para entrar.

Bomberos-46-01 Flat Rock, es una casa.

Sam-Es un departamento.

Bomberos-Ok.

Sam-Oh mi dios, oh mi Dios, ok… gracias, adiós.

A las 18:40 la policía llega al condominio. La víctima no respira. Está totalmente vestida. Tiene una remera gris, unos pantalones de deporte claros salpicados de rojo y está sentada en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra el mueble y las piernas extendidas. En los pies tiene puestas unas botas UGG beige y lleva el pelo recogido en una coleta alta. Sobre la mesada de la cocina hay un bowl con arándanos y la canilla está abierta, el agua corre sin fin. En su mano derecha tiene una toalla blanca y al lado de su cuerpo están desmayados sus anteojos con marco negro.

Es declarada muerta en la escena. La herida mayor, la de su pecho, tiene 25.5 centímetros.

¿Un médico confundido? ¿Suicidio? ¿Homicidio?

Sam da cuenta de sus movimientos: tiene las llaves magnéticas que certifican que ha estado en el gimnasio. Los detectives de homicidios enseguida toman la idea de Sam expresada en la llamada que se clavó un puñal. Ningún vecino ha escuchado nada; en la escena no hay desorden; las cámaras de vigilancia del edificio no han capturado movimientos sospechosos y, además, Sam ha comentado sobre los problemas psicológicos de Ellen y sus pastillas.

Al día siguiente, el mánager del edificio sigue instrucciones de un contacto policial y hace limpiar la escena y el departamento con profesionales especializados. Mientras tanto, los familiares de Sam retiran las tres computadoras y el celular de Ellen, entre otras cosas (que luego deberán entregar a los detectives).

Ese mismo 27 de enero el perito médico, el doctor Marlon Osbourne, define el caso como “homicidio” y anota en su dictamen haber notado en el cadáver moretones de distintos colores que indican distintas etapas de curación. En lenguaje vulgar, muchos golpes en diferentes momentos sin explicación. Todos saben o imaginan lo que eso puede señalar.

Por otro lado, el asesino no ha tenido otra puerta de acceso al departamento que la que Sam dice haber pateado. Solo queda la posibilidad del balcón, pero está en un sexto piso y, además, bajo del mismo en la planta baja, no se hallaron pisadas sobre la nieve. Tampoco se ha encontrado ADN de una tercera persona en el departamento. La cerradura estaba cerrada por dentro, y Sam aseguró haberla roto. Curiosamente faltó uno de los tornillos del pasador metálico que estaba colocado desde dentro y la puerta no se ve dañada. Ese tornillo perdido podría ser un detalle interesante para lo que vino después. ¿Podría ser que faltara deliberadamente? ¿Que todo fuera una treta para que pareciera que estaba cerrado por dentro? Podría ser. Otra pregunta que surge sobre esta escena la marcó el asistente de la fiscalía Guy D’andrea: al revisar las fotos de la escena observó que la puerta parecía intacta a pesar del patadón que debería haberla dañado al arrancar el pasador. Para tomar nota.

Los peritos examinaron los mensajes que Sam le había enviado a Ellen en esos minutos previos. Uno tras otro, escribió:

-Hola

-Abre la puerta, ¿qué estás haciendo?

-Me estoy enojando.

-Hola, será mejor que tengas una excusa.

-Diablos.

Sus dichos coincidían con los horarios de sus llaves electrónicas en el gimnasio.

Los investigadores siguieron tirando del hilo de la salud mental de la víctima y su estrés… ¿Turnos en el psiquiatra? ¿Medicación?

A fines de marzo la policía apuró al perito médico que había caratulado la causa como “homicidio”. El doctor Osbourne, perito médico oficial, se reunió con la policía y otras autoridades. ¿Qué se habló en esa reunión? Vaya a saberse. Pero para sorpresa de los padres de la víctima, el doctor Osbourne, luego de esa charla, cambió de opinión y enmendó la carátula del caso que el 4 de abril quedó registrado como un “suicidio”.

Tanto la familia como las amigas de Ellen se negaron a creer que la joven pudiera haberse quitado la vida de esa manera brutal. Una de ellas, Erica Hamilton, reveló que le sonó descabellado: “Ella deseaba formar una familia, amaba a los niños, estaba muy excitada con la idea del casamiento y por su nuevo trabajo. (...) Nunca pensé que pudiera estar deprimida o estresada por demás y que eso la llevara a lastimarse (...) A ella no le gustaba ensuciarse y odiaba ver sangre (…) Si Ellen se hubiera suicidado ¡lo último que hubiera usado es un cuchillo. ¡Si hubiese querido suicidarse se hubiera tomado un frasco de píldoras!”. Reveló, además, que habían hablado de su terapia y del tema de la confidencialidad porque a Ellen le preocupaba que el profesional pudiera revelar algo de su intimidad. Para calmarla, Erica le aclaró que la única posibilidad para que un terapeuta pudiese contar algo era que esa persona viera en ella intenciones de lastimarse a sí misma o a terceros. Erica recuerda perfectamente el momento en que le preguntó a Ellen: “¿Tenés alguno de esos pensamientos?“. Ella se rió y me dijo ´No, claro que no. Solo estoy ansiosa”.

Debate de expertos

“¿Cómo es posible?”, pensaron muchos. Pero las autoridades aseguraron que el arma homicida solo tenía huellas de la víctima y que en la computadora personal de Ellen habían hallado búsquedas sobre “maneras para suicidarse” en las semanas anteriores a su muerte. Era un suicidio: la víctima se había acuchillado de una manera brutal por culpa de sus problemas mentales. Punto.

Sus padres estaban sorprendidos: Ellen era tan aprensiva con la sangre que no había querido perforarse los lóbulos de las orejas para ponerse aros. No podría haber utilizado un cuchillo para lastimarse de esa manera. Era imposible. Se preguntaron varias cosas más: ¿Por qué no dejó una nota suicida? ¿Por qué alguien que piensa matarse carga nafta en su auto un rato antes? ¿Cómo puede uno apuñalarse tantas veces por la espalda?

Los Greenberg pretendían, cuanto menos, que existiera la duda: una muerte por causa indeterminada. Iban a pelear por ello.

Cada día que pasaba Joshua se convencía más de que había algo muy extraño en la muerte de su hija. Reveló, años después, que les llevó al menos dos años darse cuenta de que tenían que armar seriamente el rompecabezas de lo sucedido esa tarde.

Fue durante ese tiempo que terminaron alejándose de Sam irremediablemente.

“Al principio, nos sentábamos todas las noches mirando los reportes y tratando de imaginar cuán profundas o superficiales eran las incisiones en el cuerpo de mi hija. Nos dimos cuenta de que necesitábamos expertos para que nos ayudaran. Y los buscamos”, explicó Joshua.

Además, tomaron nota de algo importante: un tío de Sam, un juez con influencias, había sido quien se llevó de la escena la computadora, los teléfonos y el bolso de su hija. Sin consultarlos. Sam se defendió, entonces, diciendo que el magistrado de la causa lo había autorizado porque la puerta de ingreso estaba rota y podían robarlos.

Como si no alcanzara, el guardia de seguridad del edificio, Phil Hanton, quien según la declaración de Sam había estado con él cuando propinó aquella patada a la puerta de entrada, había declarado que no había dejado en ningún momento su puesto de trabajo en la planta baja. Era una contradicción alarmante que terminó siendo despejada por los videos de seguridad del edificio: Phil nunca subió con Sam al sexto piso. ¿Sam mintió deliberadamente? ¿O fue un error por los nervios?

Algo peor: la escena mortal se había limpiado antes de que la policía llegara con la orden de registro. Todo había estado mal desde el comienzo mismo de la investigación.

Contrataron al abogado Joe Podraza y lo que empezó a surgir les resultó perturbador. La escena no había sido preservada; no habían usado luminol para ver los rastros hemáticos y ni siquiera podían estar seguros de que hubieran tomado correctamente las huellas dactilares del cuchillo. Además, había heridas que sugerían un arma blanca con filo liso, no dentado como tenía la hallada. Y, a pesar de eso, nunca se había buscado un segundo cuchillo.

Siguieron adelante y contrataron a un famoso patólogo forense, Cyril H. Wecht, para que revisara el caso. Wecht lo estudió y no dudó en decir que tenía “sospechas fuertes de homicidio (...)”. En su informe dejó por escrito una frase clave: “Las puñaladas suicidas rara vez pueden ser múltiples. Es poco probable que las puñaladas en la espalda sean un suicidio”.

Había más. Si bien en la autopsia primigenia estaba escrito que la neuropatóloga Lucy Rorke-Adams había examinado la médula espinal sin encontrar daños, la misma doctora, al ser entrevistada por el medio The Philadelphia Inquirer, reveló que no recordaba haber visto el cuerpo y no pudo reconocer su firma en los papeles. Era extrañísimo. ¿Error, accidente o qué?

Henry Lee, otro famoso forense que trabajó en la defensa de O. J. Simpson, contribuyó a la investigación de los padres de Ellen y sostuvo que “el número y el tipo de las heridas, los patrones de las manchas de sangre, son consistentes con una escena de homicidio”.

En 2017, otro estudio forense volvió sobre el tema de los hematomas severos en etapa de curación. Podrían indicar violencia doméstica, pero la justicia no investigó esa posibilidad. El detective Scott Eelman concluyó, además, que el cuerpo de Ellen había sido movido postmortem. Era una investigación plagada de errores groseros.

Tecnología en 3D y el disco duro

Los Greenberg junto con Change.org lanzaron una petición para recolectar firmas llamada “Justice for Ellen” (Justicia para Ellen) para que el caso fuera revisado y catalogado otra vez como un homicidio. Juntaron 172.619 firmas.

En marzo de 2019, The Philadelphia Inquirer publicó una nota de tapa sobre las circunstancias sospechosas que rodearon la horrorosa muerte de Ellen.

En octubre del mismo año, los Greenberg presentaron una demanda contra el Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Filadelfia. Tenían nuevos expertos que contradecían la hipótesis del suicidio. Los profesionales recurrieron a una nueva técnica llamada fotogrametría. Es una tecnología que se basa en un software altamente especializado que permite recrear en tres dimensiones escenarios posibles a partir de múltiples imágenes. Con toda la información sobre los ángulos de cada puñalada, la empresa Biomax recreó las heridas de Ellen y que se vieran reflejadas en 3D. Pudieron observar el tamaño, la profundidad y el daño de las heridas causadas cada vez que el cuchillo ingresó en el cuerpo de Ellen. Esas heridas no podían ser autoinfligidas de ninguna manera, sobre todo las de la parte de atrás de su cabeza y cuello. Además, después de la herida que le seccionó la médula, la joven no podría haber continuado autolesionándose.

Una pieza más en esta batalla fue el disco duro de la computadora de Ellen donde supuestamente los detectives de la policía de Filadelfia habían hallado las búsquedas suicidas de Ellen. Es curioso porque, al ser revisado por el FBI, no se halló nada de eso. Lo único que había eran búsquedas de remedios ansiolíticos y preguntas sobre si esa droga podría tener efectos colaterales como, por ejemplo, hacer subir de peso o provocar modorra.

“En todos mis años de experiencia, en todos los homicidios y suicidios en lo que trabajé, nunca vi nada igual”, reconoció el patólogo Cyril Wecht a Fox News y sostuvo que un suicidio con estas características era altamente improbable.

Además, se supo que el cuchillo dentado que penetró en el pecho de Ellen había sido empuñado por una persona zurda. Ellen era diestra.

Los Greenberg señalan fallas contundentes desde el inicio y miran siempre en dirección a Sam. Si se investigó mal, ¿por qué no se corrigió luego el rumbo? ¿Hubo alguna influencia poderosa que lo impidió? Eso es lo que temen. La primera llamada de Sam no fue precisamente a emergencias: fue a su padre y a su tío, ambos abogados con vinculaciones con el poder.

Demasiadas dudas

Los Greenberg sostienen que ven una serie de detalles cotidianos extraños además de lo relatado previamente. Una: que su hija cocinara con las botas puestas un día en que había nieve y lo normal hubiera sido que se las quitara al entrar. Dos: que una suicida cargue nafta, corte fruta y esté con la canilla abierta; que el cuchillo no tenga rastros hemáticos en su mango después de tantas puñaladas. Sus dudas tenían sentido.

Así lo creyó el juez Joshua Roberts, en 2021, y reabrió el caso: habría una revisión.

Lo cierto es que Ellen había tenido heridas tan dolorosas e incompatibles con la vida que nadie podía creer que pudiera habérselas efectuado ella misma. La de su nuca tenía 6,5 cm y según los expertos había tenido lugar luego de que su corazón hubiera dejado de latir. ¿Una muerta que se suicida? Es la pregunta que se hace el investigador privado Tom Brennan. Este detective también sugirió que el examinador médico Osbourne no había visto algunas huellas en el cuello de Ellen que podrían probar un intento de ahorcamiento.

Inquietante cuanto menos.

Para seguir sumando controversia hubo quienes dijeron que el cuerpo de Ellen sí que tenía leves heridas defensivas que los primeros detectives dejaron pasar. Eran raspones, en el brazo y la pierna derechos y en el abdomen. Además, el cuerpo de Ellen había sido movido porque se la encontró sentada en el piso y, sin embargo, una línea de sangre coagulada corría de manera horizontal entre su nariz y su oreja, no de arriba hacia abajo como indicaría la lógica de la gravedad. Este es un caso lleno de imposibles a la mirada de la lógica. ¿Quién la movió y con qué fin lo hizo?

Los exámenes de toxicología revelaron rastros de citalopram (un antidepresivo), de clonazepam (un ansiolítico) y de zolpidem (un hipnótico para dormir). La concentración de esas drogas estaba dentro de los rangos terapéuticos normales. Se trataba de remedios que le habían sido recetados por su doctora Berman.

La pregunta crucial era si esas sustancias podrían haber generado un brote que la hubiera llevado a suicidarse de esa manera enloquecida. ¿Pudo haber pasado algo así en los breves minutos en los que su pareja se ausentó? Según los expertos, esas dosis tan bajas no podrían provocar la magnitud de la violencia de sus heridas y esos fármacos no explican un impulso suicida de semejante envergadura.

Para la neuropatóloga Lindsey Emery la víctima no podía estar viva cuando recibió las puñaladas más graves. Sencillamente porque no había hemorragia: “Que no haya hemorragia significa que no hay pulso”.

El detective privado Tom Brennan marca varios puntos llamativos más en el caso. Repasemos. El cerrojo, que se esgrimió que estaba cerrado desde dentro, también podría abrirse desde fuera con solo googlear un poco en Internet o podría haber estado preparado. Nadie presenció el momento. Remarcó que Ellen podría haber sido víctima de lo que se llama un “ataque relámpago” que la hubiera dejado indefensa al comienzo mismo de la agresión. El forense Wayne Ross, al examinar la médula espinal de Ellen -que todavía estaba en manos del cuerpo médico forense- sostuvo una vez más que la puñalada que atravesó su cráneo la habría dejado inconsciente porque “se podía ver claramente que los nervios estaban cortados”.

Por su parte, Gregory McDonald, médico forense y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Medicina Osteopática de Filadelfia le dijo a Oxygen: “Por lo general, cuando vemos una serie de puñaladas poco profundas, estas podrían ser consistentes con marcas de vacilación. Cuando alguien se autoinflige estas heridas, a menudo, se apuñalan a sí mismos superficialmente primero para ver lo que sienten y, luego, profundizan cada vez más a medida que avanzan con las heridas autoinfligidas. En cambio, en los homicidios, las heridas superficiales de arma blanca son poco comunes. Por lo general, si una persona te está apuñalando, no lo hará varias veces superficialmente para luego apuñalarte más profundamente. Esa es una de las cosas que me parecieron no coherentes con un homicidio”. Sin embargo, la cantidad de puñaladas profundas no era menor y también le generaron dudas porque sí podrían ser representativas de un ataque: “es inusual apuñalarte a ti mismo tantas veces tan profundamente”. Otro detalle que el perito remarcó fue que los suicidas rara vez se hieren vestidos: Ellen estaba con toda su ropa, incluso con sus botas. El experto explicó: “La mayoría de las personas que se suicidan no se apuñalan a sí mismas a través de la ropa, por lo general, se suben las prendas y suelen exponer cualquier área a la que quieran apuntar, por lo que esto, si fuera un suicidio, sería bastante inusual”.

Alyson Stern (42) fue otro de los testimonios revisados. Ella había salido con Ellen, cuatro días antes de su muerte, para ver vestidos de novia: “No parecía ella misma. Estaba desarreglada. Cuando estuvimos sentadas en el probador incluso lloró un poco y me dijo: ‘lo siento, no soy yo misma’”.

Con todas las incógnitas sobre la mesa, en febrero de 2022, el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro decidió volver a cerrar el caso como un suicidio. De no creer. Casi para el récord Guinness.

Retractación clave y una docuserie

La familia no se quedó de brazos cruzados. No creen en la posibilidad del suicidio.

El 8 de noviembre de 2024 la fiscalía del condado declaró la investigación inactiva por falta de pruebas, pero una orden judicial le permitió a los padres llevar el caso a juicio contra la ciudad de Filadelfia apenas comenzado el 2025. Los Greenberg apuntaban (y apuntan) a una conspiración para encubrir el asesinato de Ellen.

El 31 de enero de 2025 el mismísimo ex perito médico del comienzo del caso, el doctor Marlon Osbourne, presentó una declaración jurada oficial impactante: allí dijo que se retractaba. Ya no sostenía más la hipótesis del suicidio. Lo dice medio temeroso y de esta forma: “He recibido información adicional que no poseía al momento de corregir la carátula (se refiere al primer cambio de carátula en 2011 de homicidio a suicidio), algo que en su momento hubiera impactado en mi opinión (...) Ahora sé que esa información existe y me lleva a preguntarme, por ejemplo, si el novio de Ellen fue visto entrando al departamento antes de llamar al 911 (...) Si la puerta fue forzada para ser abierta como se dijo; si el cuerpo de Ellen fue movido por alguien más dentro del apartamento (...) Considerando la nueva información, es mi opinión profesional que la causa de muerte de Ellen debería ser designada como otra, no como suicidio”.

Otra cosa sería homicidio, aunque no lo dice.

Esto reavivó el caso.

La familia terminó acordando un pago de 650 mil dólares y se pactó una revisión “expedita” como parte del arreglo. En febrero último la ciudad dispuso que el cuerpo de peritos oficiales repasara la evidencia.

El 29 de septiembre de este año la plataforma de streaming Hulu -de The Walt Disney Company- emitió la serie documental de tres episodios Muerte en el departamento 603. Allí se muestran más de veinte entrevistas con amigos de Ellen, familiares, expertos, colegas y abogados. Además, el documental cuenta con imágenes y análisis de la escena, la autopsia y los videos de vigilancia.

Sam rompe el silencio

Poco antes de que se emitiera el documental, Sam Goldberg rompió el silencio alegando que con todo esto pretendían manchar su reputación. A CNN le comentó: “Cuando Ellen se quitó la vida, me dejó confundido. Ella era una persona maravillosa y amable que tenía todo para vivir (...) Las enfermedades mentales son muy reales y tienen muchas víctimas”.

Se sabe que hoy Sam Goldberg (hoy 42 años) se casó a los 31 años, en 2014, con Caroline Fay Shnay, de 32, en el hotel Plaza de Manhattan. La joven se dedicaba a la compra de ropa masculina de diseño para Scoop y es hija de Martin Shnay, el vicepresidente de AMS Realty Company, y de Ruth, también agente de bienes raíces en Nueva York. Unieron fortunas. Hoy la pareja ya tiene dos hijas y vive en Nueva York.

Está claro que, con la vida que ha logrado tener, lo que menos quiere Sam es que se siga hablando de su ex pareja bañada en sangre. Casi que se considera otra víctima. De hecho, en TikTok corren por estos días serios rumores de que con tanto revuelo mediático Caroline lo habría dejado. ¿Tendrá ella algún dato de la intimidad de la que el resto de la sociedad carece?

El pasado 7 de octubre se dio a conocer el nuevo resultado de la revisión de expertos con un documento de 32 páginas que lleva la firma de la jefa del cuerpo forense actual, la doctora Lindsay Simon: “La causa de muerte de Ellen Greenberg está mejor clasificada como un suicidio”. ¿En serio?

En el dossier Simon escribe que la víctima al momento de su muerte padecía ansiedad laboral. Si bien Simon admite que el patrón de las heridas es inusual, insiste en que es “factible que ella pudiera infringírselas a sí misma”.

Simon afirmó que para armar este dossier habían revisado meticulosamente el caso, como también lo aportado por la familia Greenberg, y aclaró que habían visto con interés el documental. La directora de la serie documental, Nancy Schwartzman, horrorizada con este nuevo “suicidio” sostuvo ante el medio The Hollywood Reporter: “Estamos todos shockeados. Realmente shockeados. Deberían haber usado microscopios, ¡no mirar una serie de TV para hacerlo!”.

Uno de los abogados del matrimonio Greenberg, William Trask, salió con los tacones de punta diciendo que este nuevo reporte médico de la ciudad de Filadelfia es una infamia: “La evidencia contradice el suicidio, la fotogrametría en 3D demuestra que Ellen no podría haberse hecho las heridas (...) Simon construye un caso distorsionado sobre la salud mental de Ellen, con distorsiones cínicas de su manejo de la ansiedad, una condición experimentada diariamente por 40 millones de estadounidenses (...) Este reporte es una vergüenza para la ciudad y un insulto para Ellen y su familia. Ellos solo quieren la verdad. Está claro que la verdad no vendrá de la maquinaria de las fuerzas de la ley de Filadelfia. A pesar de que la ciudad de Ellen le dio la espalda, seguiremos la lucha por otras avenidas para conseguir justicia por su asesinato”.

La conjura de los necios

Los Greenberg, devastados, ven desfilar la vida sin un atisbo de justicia. Se supo que el patólogo Wayne Ross, contratado por los Greenberg, intentó reproducir con un cuchillo los movimientos que tendría que haber efectuado Ellen. No consiguió contorsionarse lo suficiente para lograrlo.

¿Cómo puede alguien diestro apuñalarse como un zurdo por la espalda repetidamente hasta contar veinte? ¿Cómo podría alguien volverse loco en segundos, mientras prepara la comida y que eso no deje sangre en el mango del arma? ¿Cómo podría ella haberse cortado la médula para luego dejarse clavado el cuchillo en medio del corazón atravesando el pericardio y el ventrículo derecho? ¿Por qué nunca se investigó seriamente su relación de pareja con Sam?

Son muchos los que creen que la influencia de la poderosa familia Goldberg en la justicia de Pensilvania tiene mucho que ver con todo. Su tío James Schwartzman es un prominente abogado que fue nombrado juez en la Corte Judicial de Disciplina de Pensilvania por el ex gobernador Tom Wolf. Apuntan, en voz baja, a que él podría haber interferido en la cadena de custodia de las pruebas porque, recordemos, él fue quien entró al departamento para llevarse las cosas de Ellen. El padre de Sam, Richard, también es abogado y dueño de empresas. Una de ellas se llamaba All Star Shredding y era una compañía de destrucción confidencial de documentos y reciclaje en Delaware.

Un dato más: desde 2023 el gobernador del estado de Pensilvania es… Josh Shapiro. El mismo fiscal general que, en 2022, había vuelto a respaldar la idea del suicidio. No la tienen sencilla los Greenberg.

Si la muerte de Ellen fuese un homicidio que continúa impune, el sospechoso número uno no podría ser otro que Sam Goldberg.

La batalla de los Greenberg para conocer la verdad podría ser infinitamente más difícil que enfrentar la negligencia de los ineptos.

La Policía de la ciudad de Puerto General San Martín, en Santa Fe, detuvo este fin de semana a un joven de 18 años que le disparó a su novia en la vivienda que ambos comparten. La víctima, de 19 años, debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece en observación.

La chica logró ser asistida por los médicos gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes escucharon la detonación y notificaron a emergencias a través del 911. Al lugar arribaron los efectivos policiales de la Comisaría 5° local, pero para ese entonces, la joven, quien logró salir de la vivienda y pedir ayuda, fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo por una residente de la zona. Allí, los profesionales de la salud que la recibieron constataron que tenía un balazo en la garganta.

Posteriormente, fue derivada al Hospital Eva Perón de Baigorria, donde la asistieron quirúrgicamente y permanecía en estado delicado, pero fuera de peligro, según informaron desde Rosario 3.

Los efectivos policiales secuestraron en la vivienda una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y una vaina servida que correspondería al proyectil disparado. Además, las imágenes y registros de sonido captados por un sistema de videovigilancia en los alrededores del lugar confirmaron que el hecho se produjo el viernes por la mañana.

Los primeros informes periciales quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), del área Científica. En paralelo, la fiscal Luisina Paponi ordenó la identificación de los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, que ya están bajo resguardo judicial, mientras que la causa es investigada como intento de femicidio.

De acuerdo a la información revelada por Rosario3, el sospechoso convivía con la víctima y utilizaba tobillera electrónica por una condena anterior por homicidio registrada en el año 2023. La fiscal de Flagrancia de San Lorenzo dispuso su continuidad en custodia mientras avanzan las actuaciones procesales y se recopilan elementos de prueba.

Damián Ezequiel Paiz, de 33 años, fue imputado por la presunta autoría del femicidio de Romina Sánchez, una joven de 25 años y madre de tres hijos que fue asesinada el 8 de noviembre pasado en un descampado de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. El hecho ocurrió cuando el acusado citó a su ex pareja, con quien tenía un hijo en común, bajo la excusa de entregarle dinero para la manutención del menor.

La investigación determinó que la víctima llegó al lugar acordado, ubicado en San Martín y Bordabehere, en compañía de su actual pareja y dos personas más. Tras un breve encuentro, Paiz extrajo un revólver calibre 38 y disparó por la espalda a la joven, provocando su caída al suelo. De inmediato, se acercó y le disparó nuevamente en la cabeza, causándole la muerte en el acto. De acuerdo con el fiscal Alejandro Ferlazzo, “la ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género. Fue al lugar con un arma y, sin mediar palabra, le dio disparos con la intención de matarla”.

La víctima había denunciado previamente a Paiz por lesiones y amenazas en diciembre del año anterior. Por aquel episodio, el 9 de octubre pasado, lo habían imputado y tenía una restricción de acercamiento por decisión de la jueza Paula Álvarez, quien adoptó medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso su libertad.

Después del femicidio, Paiz huyó con la colaboración de su hermano, quien manejaba una moto azul y se sospecha que le entregó el arma usada. La policía persiguió a los hermanos hasta una vivienda en barrio Las Flores, donde arrestaron dos de los hermanos del agresor y a una mujer. En cambio, el presunto femicida logró escapar temporalmente, aunque fue capturado más tarde en una propiedad situada en Fraga al 100, en la zona noroeste de Rosario.

Por disposición de la fiscalía, Damián Ezequiel Paiz enfrenta cargos por femicidio, mientras que el familiar que lo acompañó fue imputado como partícipe secundario y por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Fernández profundizó sobre el proceso judicial, la magnitud del caso y el significado del juicio por jurado en una provincia donde el sistema es aún reciente. “La ciudadanía está comenzando a tomar conciencia del poder que recibe a través de este mecanismo”, remarcó la magistrada.

Según Fernández, el juicio —que atrajo el interés nacional— simbolizó el hartazgo social frente a años de impunidad. “Yo mencioné el otro día, no refiriéndome exclusivamente al veredicto, porque esa es una cuestión soberana del jurado, pero el contexto social era evidente afuera: la gente venía solicitando tener este juicio, necesitaba una respuesta”, explicó. A su entender, la resolución del tribunal popular significó cerrar un ciclo extendido de incertidumbre y dolor tanto para la comunidad chaqueña como para la familia de la víctima. “Esto le dio mucha paz a la sociedad en general, y hoy podemos decir que la Justicia chaqueña tiene un nuevo paradigma a partir de este caso”, sostuvo.

Durante la extensa entrevista con Infobae en Vivo, Fernández defendió la independencia del Poder Judicial ante comentarios políticos surgidos tras la sentencia. Cuando se le consultó sobre las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, que sugirió que el fallo no hubiera sido posible bajo otra gobernación, la jueza fue tajante: “No sé por qué lo dijo. Somos un poder independiente y trabajamos de esa forma siempre. Yo puedo asegurar que ni yo ni las personas que trabajan conmigo hemos recibido un solo llamado del gobierno, ni del actual ni del anterior, en ninguna causa”.

“La tranquilidad con la que pudimos desempeñarnos, independientemente del color político que esté en el Ejecutivo, demuestra que hay que confiar en las instituciones”, subrayó Fernández en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana. Además, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza en la Justicia y en el sistema de juicio por jurado, aún poco conocido para buena parte de la ciudadanía chaqueña. “Tenemos seis, siete, ocho años de experiencia con el juicio por jurado en la provincia. La sociedad está tomando conciencia del poder que implica este sistema: pueden ser parte decisiva de casos tan relevantes como el que nos tocó juzgar”, declaró.

“Este fue un juicio mediático, con trascendencia nacional, pero ha habido otros procesos con el mismo formato, con personas igualmente influyentes. Hemos actuado con responsabilidad y sin interferencias políticas en todos ellos”, aseguró la jueza. Recordó también que el sistema de juicio por jurado permitió enjuiciar otros delitos graves, aunque sin tanta proyección mediática, siempre garantizando independencia en los veredictos y el debido proceso.

Respecto a la etapa posterior a la sentencia, Fernández explicó que los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúan detenidos. “Desde el inicio de la causa están con prisión preventiva, y seguirán así hasta el dictado de la sentencia”, detalló. La jueza además brindó precisiones sobre los próximos pasos en la tramitación, aclarando: “Ahora comienza la etapa de cesura, que es como un minijuicio solo para definir la pena. Las partes pueden ofrecer pruebas y argumentar qué esperan, y la decisión se adoptará conforme lo dispone el Código Penal en sus artículos cuarenta y cuarenta y uno”.

El veredicto

César Sena, ex pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable en carácter de partícipe primario del mismo delito, al igual que Emerenciano Sena, padre del principal acusado.

De los otros cuatro colaboradores del clan imputados, Gustavo Obregón fue declarado culpable de encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González. Gustavo Melgarejo, por su parte, fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple.

Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable.

En el caso de César Sena, condenado como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, la jueza Fernández aclaró: “Para él y para los otros dos partícipes primarios, la ley prevé una pena única: prisión perpetua. Ahí no hay margen para ponderaciones. En cambio, para los condenados por encubrimiento, como Gustavo Obregón y Fabiana González, se evaluará el quantum de la pena según las pruebas que se presenten en esta etapa”.

Los otros dos partícipes primarios a los que se refiere la magistrada son los papás de César Sena: Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), que fueron declarados culpables como partícipes primarios. La Fiscalía sostuvo que su participación fue indispensable y esencial para la comisión del crimen.

Durante el diálogo en Infobae en Vivo, la jueza también reflexionó sobre el rol del juicio por jurado y su impacto en los valores democráticos de la provincia. “Es muy importante que podamos empezar a confiar en las instituciones. Este sistema implica una gran responsabilidad social y está permitiendo a la ciudadanía conocer y ejercer su peso en decisiones fundamentales”.

Asimismo, Fernández resaltó la importancia institucional de sostener la imparcialidad judicial. “Hemos transitado este proceso sin presiones, ni de un gobierno ni de otro. Transmitimos siempre tranquilidad y transparencia, para que la ciudadanía sepa que la Justicia chaqueña es independiente”.

Consultada sobre el futuro de quienes fueron condenados por encubrimiento agravado y simple en la causa, la jueza precisó: “Actualmente todos los condenados —excepto Griselda Reynoso, que fue declarada no culpable— permanecen bajo detención preventiva. Cada caso será evaluado conforme a las pruebas y las características de lo resuelto por el jurado”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández destacó que la condena fue posible después de una investigación ardua, que demandó años de trabajo del Poder Judicial. “No se trató solo de los meses intensos previos al juicio: este caso implicó grandes esfuerzos de todos los actores judiciales y técnicos. Por eso, hoy sentimos satisfacción, porque logramos que el sistema funcione y dé respuestas”.

Para la jueza, el juicio por jurado no solo fue legítimo en lo formal, sino clave para devolver la confianza social. “El sistema no es tan antiguo en la provincia, pero ya demostró que puede abordar hasta los delitos más graves. Esto ayuda a que nuevos sectores de la sociedad perciban la importancia de involucrarse y participar”, insistió.

Volviendo a la reciente sentencia, Fernández puntualizó que el caso de Cecilia Strzyzowski simboliza una bisagra para la provincia. “No solo fue relevante por la gravedad del delito, sino porque mostró que la gente quiere que la Justicia actúe, y nosotros pudimos responder con independencia”, afirmó. A su entender, la visibilidad nacional del proceso también fue un reto para el sistema judicial chaqueño, que “estuvo a la altura y respetó la soberanía del jurado popular”.

Al cierre de la entrevista, Fernández señaló que este proceso deja enseñanzas para la sociedad, las instituciones y los operadores judiciales. “Tenemos que sostener la confianza pública y el compromiso profesional. Casos como este marcan un camino: la Justicia puede responder incluso en contextos de alta presión y expectativa social”, concluyó.

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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

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El domingo posterior al veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular por la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski, en Chaco, los tres integrantes del clan Sena se reencontraron durante tres horas en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, bajo el esquema de revinculación familiar habilitado por la Justicia. El juicio había comenzado a fines de octubre y la última audiencia tuvo lugar el viernes.

Según lo informado por Diario norte, de la reunión familiar participó César Sena, hallado autor material del crimen, junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron considerados partícipes primarios. Aún resta el trámite de fijación de las penas, el cual debe ser completado formalmente por la magistrada, Dolly Fernández, en los próximos días. Tras finalizar la última jornada, la jueza admitió que el fallo era “el resultado de un hartazgo social”.

Mientras tanto, las defensas del esposo y los suegros Strzyzowski se mantienen trabajando en los recursos de casación, según explicó el mismo portal. La representante legal de César, Gabriela Tomljenovic, y la de Emerenciano, Ricardo Osuna, anunciaron que una vez conocida la sentencia formal recurrirán ante la Cámara para intentar revertir el fallo. También la defensora oficial de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, confirmó la presentación de un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco. Se espera que las defensas de Obregón y González exploren vías recursivas.

El calendario procesal prevé que estos planteos comiencen a moverse judicialmente recién el próximo año, después de la tradicional feria judicial de verano. Mientras tanto, la jueza Dolly Fernández, quien condujo todo el proceso y presidió el extenso juicio por jurados,

Durante las fases iniciales del juicio, Emerenciano Sena solicitó la prisión domiciliaria aduciendo problemas de salud y enfermedades crónicas. El pedido fue rechazado en primera instancia. Ahora, ese planteo deberá ser revisado por una junta médica oficial, que determinará si las condiciones de detención continúan o requieren medidas alternativas, una cuestión que todavía está abierta en el expediente.

El juicio por el femicidio, ocurrido en junio de 2023 cuando la víctima fue vista por última vez ingresando al domicilio de la familia de su esposo, concluyó con la identificación de roles específicos de los principales acusados.

César Sena, con quien Strzyzowsi estaba casada, quedó señalado como autor material del asesinato, según los investigadores, convenció a Cecilia de que juntos viajarían a Ushuaia, pero, una vez en la casa, la atacó y le quitó la vida. Aunque no se determinó con certeza el mecanismo, las lesiones en el cuello de la víctima sugieren un episodio de estrangulamiento.

Posteriormente, el hombre envolvió el cuerpo en una frazada y lo trasladó a otra habitación, donde esperó la llegada del resto del entorno. También participó en el traslado del cuerpo hasta un predio rural, donde finalmente fue incinerado. La

El rol de Acuña se centró en la planificación y encubrimiento. La acusación afirmó que la mujer salió del domicilio para no estar presente durante el asesinato, pero regresó después y detectó un bulto sospechoso en una frazada. Luego contactó a Fabiana González y Gustavo Obregón para que la ayudaran a eliminar pruebas y borrar rastros.

El padre de César y referente político del Chaco, tampoco estuvo en la casa al momento del crimen. Según los alegatos de la fiscalía, fue parte de la planificación y generó el entorno favorecedor necesario para que el ataque ocurriera.

La participación de Obregón fue clave en el encubrimiento, principalmente por su asistencia en el traslado del cuerpo en una camioneta. Su colaboración se extendió hasta el predio rural donde terminaron incinerando los restos. Fabiana González, secretaria y colaboradora usual del clan, arribó a la vivienda poco después de Obregón y también ayudó en la limpieza.

En el campo ubicado en Puerto Tirol, la Fiscalía determinó que Gustavo Melgarejo fue responsable de mantener encendido el fuego para incinerar el cuerpo de Cecilia, mientras que Griselda Reinoso, cuidadora del predio, fue absuelta ante la ausencia de pruebas sobre su participación.

Ángela Diniz tenía apenas 32 años cuando su pareja la asesinó de cuatro balazos en la cabeza. Era una protagonista del jet set de Brasil y se convertiría, tras su femicidio, en la protagonista de un escándalo en el que el mismísimo Poder Judicial cuestionaría su moral y justificaría su homicidio y, años más tarde, en un ícono de las luchas feministas de su país.

Diniz había nacido en 1944 en Belo Horizonte, en el estado brasilero de Minas Gerais. Siendo muy joven, se convirtió en lo que, a principios de los años setenta, se denominaba socialité. Su presencia, de una belleza cautivante, era parte del atractivo de los eventos que se organizaban para los círculos más exclusivos de su país, lo que la llevó a codearse con las figuras más distinguidas de Brasil.

Pero el 30 de diciembre de 1976 Diniz conmocionó a su país no con una de sus apariciones en público a la que apuntaban todos los flashes del momento, sino con su trágica muerte. Su historia, la de su asesinato y la del derrotero de su caso en la Justicia de su país son el hilo conductor de Ángela Diniz, asesinada y condenada, una serie de seis capítulos que acaba de estrenarse en HBO Max. Infobae habló con sus protagonistas y su director.

Un asesinato que paralizó al país

Fue en una casa de Praia dos Ossos (Playa de los Huesos), en Buzios, en el estado de Río de Janeiro. El femicida fue Raul Fernandes do Amaral Street, un empresario de 43 años conocido como Doca Street. Él y Ángela convivían llevaban conviviendo unos tres meses.

Esa tarde, Ángela y Doca discutieron y ella lo echó de la casa. Él se subió a su auto, se alejó unos kilómetros y, repentinamente, pegó la vuelta con rumbo a la casa de la que acababa de irse. Usó su pistola Beretta: fueron cuatro disparos a la cabeza de Ángela, quien murió en el acto.

Doca no tardó en confesar el crimen. Y enfrentó el primer juicio en 1979, tres años después del homicidio. El tribunal estaba compuesto por siete jueces de Cabo Frío, en Río de Janeiro, y recibió una cobertura mediática inédita para esa época en Brasil.

El país prácticamente se paraba para conocer las novedades sobre el proceso judicial por televisión. La Red Globo se ocupaba de que el juicio llegara a millones de hogares del país, que se empezó a dividir en cuanto a su mirada sobre los hechos.

Un tribunal que juzgó la moral de la víctima

Ese primer juicio fue, sobre todo, un proceso atravesado por una mirada misógina del tribunal, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Además, incluso la ley de Brasil amparaba a los femicidas a través de una figura jurídica que recién dejó de existir en ese país hace apenas cuatro años: la legítima defensa del honor.

El abogado de Doca fue Evandro Lins e Silva, un famoso criminalista que invocó esa figura y buscó convencer al tribunal de que el homicidio debía considerarse atenuado por “razones emocionales”.

La estrategia del abogado defensor fue insistir en que Doca “había matado por amor” y que había actuado “en defensa de su honor”. El juicio, atravesado por un posicionamiento completamente machista, desvió la atención y el enfoque del proceso a un cuestionamiento directo de la moral de Ángela.

Parecía un proceso para condenar su vida sexual y no al hombre que le había disparado cuatro veces en la cabeza. La intimidad de la víctima fue revisada y prácticamente diseccionada tanto en la sala del juicio como en los medios de comunicación.

Sus experiencias sexuales fueron reveladas y el foco pasó a ser ese: sus relaciones con mujeres, con más de una persona al mismo tiempo y su incursión en prácticas sadomasoquistas protagonizaron la conversación. En todos los casos habían sido relaciones consentidas entre adultos, pero nada de eso importaba. Todo era pasible de ser examinado y juzgado.

Los medios de comunicación habían puesto el foco en su historia prácticamente desde el momento del asesinato. En vez de enfocarse en el crimen, narraban los escándalos en los que había estado envuelta en vida. La audiencia recibía la imagen de una “transgresora” y daba más peso a eso que a la violencia extrema por parte de Doca Street. La supuesta “honra masculina” se presentaba como un valor más importante que la vida de una mujer.

Con todo ese clima montado, en octubre de 1979 Doca Street fue condenado a sólo dos años de prisión en suspenso por homicidio culposo. Fue dejado en libertad inmediatamente, y la prensa aseguró que había cometido un “crimen pasional”.

La reacción feminista

Aunque millones de personas miraban a Ángela desde la misma perspectiva que el tribunal y que los medios de comunicación más masivos, hubo también una buena parte de la sociedad de Brasil que vivió como un escándalo el fallo que, en los hechos, liberó a Doca Street.

Distintos grupos feministas empezaron a ocupar las calles en las grandes ciudades de Brasil para protestar contra los femicidios. El caso de Ángela Diniz fue paradigmático en cuanto a la reacción y acción de las feministas del país, que se levantaron en contra de una resolución que consideraban absolutamente injusta.

“El que ama no mata” fue el lema que las feministas desplegaron por todo el país. Era una forma de decir que no había ninguna cuestión de honor que custodiarle al varón y que los “crímenes pasionales”, eso de “matar por amor” que argumentaban Doca y su abogado, no existen. Las manifestantes, además, hacían hincapié en que no importaba cómo vivía su vida una mujer: nada justificaba que la asesinaran.

La enorme presión que lograron ejercer los distintos movimientos feministas llevó a la anulación del primer juicio y a la convocatoria de un nuevo proceso. El foco estaba empezando a cambiar gracias al trabajo que habían llevado a cabo miles de mujeres en todo Brasil.

Hacia 1981, cuando se llevó a cabo el segundo proceso judicial, los medios de comunicación revisaron su posicionamiento. Dieron mucha más difusión al activismo de los grupos feministas y, sobre todo, prestaron atención a lo que había allí para aprender. Todo esto iba a tener impacto sobre el jurado.

El segundo juicio tenía un contexto mucho más favorable a Ángela, en el sentido de considerarla como lo que realmente había sido: la víctima de un femicidio. No hubo un foco puesto en su moral, y sí se miró con más detalle el entramado social en el que se había producido el crimen, una sociedad patriarcal en la que la violencia contra las mujeres, en sus formas más sutiles y más extremas, era moneda corriente.

Durante el segundo juicio, el valor más importante era el de la vida y el derecho a vivirla libremente, y no el de la supuesta honra que se había defendido en 1979. Las audiencias del juicio eran acompañadas presencialmente por grupos feministas, que organizaban vigilias y constantemente reclamaban una condena de prisión efectiva para el acusado.

Todas esas mujeres aplaudieron hasta el cansancio cuando escucharon el veredicto: Doca Street fue condenado a quince años de prisión. Finalmente, cumpliría tres en régimen cerrado, dos en régimen semiabierto y los últimos diez bajo libertado condicional. En 2006 publicó su versión de los hechos en el libro Mea Culpa: insistió con la mirada emocional del asesinato, que consideraba “instigado” por la conducta de su pareja y víctima. Murió en 2020 a los 86 años.

Un cambio de paradigma

La lucha feminista para que se produjera un nuevo juicio por el asesinato de Ángela Diniz sentó un precedente histórico en Brasil. Se sumaría a otros casos que llevarían a los grupos más activos a la calle, a pelear por sus derechos.

En el caso de Ángela, las feministas que lucharon por un segundo juicio lograron exponer que la figura de la “legítima defensa del honor” permitía atenuar penas en casos de extrema violencia.

Brasil se tomó su tiempo para revisar sus leyes. Recién en marzo de 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) del país tomó la decisión histórica de declarar inconstitucional la invocación de la “legítima defensa del honor” como vía para atenuar la pena de un femicida.

La decisión se tomó porque el STF consideró que esa invocación, en casos de violencia de género extrema, se opone a principios constitucionales como la protección de la vida, la dignidad de la persona humana y la igualdad de género. Brasil es uno de los países con mayor número de femicidios cada año.

La serie que muestra la vida y la tragedia de Ángela

“Este crimen ocurrió en 1976 pero se trata de una historia muy contemporánea porque Brasil sigue viviendo situaciones muy parecidas. Nuestro objetivo fue apelar a la industria del entretenimiento para fomentar un debate social y un posicionamiento de cara a este tipo de casos que se dan todo el tiempo”, le dice Andrucha Waddington a Infobae. Es el director de la serie que HBO Max acaba de estrenar, y que cuenta en seis capítulos el crimen de Ángela Diniz y el proceso judicial que desencadenó.

Marjorie Estiano es la actriz que le pone el cuerpo a Ángela en la serie. “La sociedad todavía mantiene un pensamiento y un comportamiento machista. Es cierto que las mujeres hemos ganado libertades, yo tomo más decisiones que la generación de mi madre, y ella tomó más decisiones que la generación de mi abuela. Pero también es cierto que los femicidios no paran y todo el tiempo se necesitan nuevas leyes para proteger a las mujeres”, dice.

A Emilio Dantas, el actor que encarna a Doca Street, hubo un pacto que lo ayudó a convencerse de aceptar el papel: “Nos comprometimos a mantenernos apegados a los hechos tal como ocurrieron. Tener el pacto de que no habría ningún sesgo, que los hechos ciertos alcanzaban para contar esta historia, me convenció de formar parte”, le cuenta a Infobae.

Tal como se propuso Waddington, sostiene: “Creo en que el trabajo de los artistas puede ser un agente transformador de la sociedad. Tengo la esperanza de que las historias que contamos pueden generar un chispazo en quien las mira, generar reflexión y, en el mejor de los casos, ayudar a que estos casos no ocurran más”.

Hay una calle en la Playa de los Huesos, en Buzios, que lleva el nombre de Ángela Diniz. Ahora también hay una serie que lleva su nombre y cuenta su trágico destino: el de ser asesinada y el de ser condenada ella en vez de su propio asesino.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ya es un caso cerrado: este sábado, un jurado popular declaró culpables del crimen a César Sena, expareja de la víctima, y a sus padres Emerenciano y Marcela Acuña. También consideraron responsables del hecho a tres de sus colaboradores, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Solo absolvieron a la séptima imputada, Griselda Reynoso.

El clan Sena fue condenado en el marco de un juicio que se desarrolló en la ciudad de Resistencia, en Chaco, y que se extendió por 11 audiencias. A César lo responsabilizaron de ser el autor material, mientras que a Emerenciano y Marcela de ser partícipes primarios.

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados comenzó el 2 de junio de 2023, cuando Cecilia, de 28 años, desapareció. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia donde asesinaron a la joven, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400.

Según determinaron los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Desde ya que ese margen horario no es antojadizo, sino que surgió del análisis de las cámaras de seguridad, las antenas del celular y de los testimonios.

Ese fatídico día, Cecilia ingresó 9.15 a la casa de los Sena. No volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y regresos.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

Datos clave: a las 11.41 César ingresa a la propiedad con su celular, según las pericias. Sin embargo, a las 13.01, cuando sale, lo hace también con el teléfono de Cecilia. Los fiscales sostuvieron que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, presentado en esta nota, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio, la que está marcada con el Número 2. De ese cuarto es que se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana.

Luego de cometer el crimen, César habría envuelto el cuerpo de Cecilia en una frazada y lo habría llevado a la pieza contigua, una de las que Infobae pudo recorrer este viernes. El lugar donde descartó a su novia es pequeño y tiene forma de “L” invertida. Según supo este medio, en otro tiempo, esa pieza perteneció a su madre. Hoy duermen allí dos niños en una cama cucheta.

El modo y el móvil

El día del crimen Cecilia llegó a la casa de los Sena junto a César, después de haber pasado la noche en el hotel Ruta 99 y con la promesa de encarar más tarde un viaje hacia una nueva vida en Ushuaia.

Tal vez por eso ella sonreía en la última imagen de video que la captó, saliendo del hotel a las 8.54. Llegaron a la escena del crimen a las 9.14. Tres minutos antes, había salido de allí Marcela Acuña; mientras que Emerenciano se había retirado más temprano, a las 7.15. Ambos estaban en plena campaña electoral, ya que el líder piquetero era candidato a diputado provincial por la línea interna PSU Socialistas Unidos y su esposa era aspirante a la intendencia de Resistencia.

No fue mucho el tiempo que le duró la ilusión a Cecilia. La última búsqueda que realizó en Google, última referencia de ella con vida, fue a las 10.07. Quería saber cuáles eran “las 15 mejores chocolaterías de Buenos Aires”. Es que, antes de viajar al Sur, ella y César supuestamente iban a hacer una parada en Capital Federal.

Aunque no se pudo establecer cómo la asesinó, hay indicios, como los rasguños que tenía en el cuello, que dan cuenta de que podría haber muerto estrangulada o por una maniobra de ahorcamiento.

El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César. “El joven se encontraba bajo un control significativo por parte de sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, no solo en aspectos financieros, sino también en decisiones cruciales de su vida. La influencia directa de sus padres sobre él estaba estrechamente relacionada con sus acciones, incluso en relación con su pareja”, apuntó la fiscalía.

Llegó el viernes y, con él, el veredicto de uno de los casos que estremeció a toda la provincia de Chaco y tuvo en vilo a gran parte del país en 2023: el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La mujer de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio de ese año, cuando salió de la casa de su abuela en Chaco, para reunirse con su esposo César Sena —hoy, principal imputado—, con el fin de emprender un viaje juntos. Pero eso nunca sucedió, y en su lugar, nunca más hubo noticias sobre su paradero. Por este motivo, desde finales de octubre, el clan Sena y cuatro allegados a la familia enfrentan un juicio por homicidio y encubrimiento. Hoy se espera que el jurado popular delibere para dar su veredicto.

En menos de un mes, los integrantes del tribunal popular escucharon todas las declaraciones. Este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada brindando al jurado las últimas indicaciones, presentando un resumen de los hechos y explicando las diferentes alternativas de veredicto correspondientes a cada acusado.

A continuación, el jurado pasará a deliberar por un lapso que, conforme a lo que exige la legislación, no podrá ser inferior a dos horas. Luego, se espera que se conozca el veredicto, que será transmitido por los canales oficiales de la Justicia de Chaco.

Durante la última audiencia, se escucharon los relatos de cuatro de los siete acusados, entre ellos Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres del principal sospechoso y considerados como partícipes primarios). Todos tuvieron la palabra el miércoles.

Mientras que en su testimonio, el padre de César se refirió al hecho como “aberrante” y pidió “que lleguen a hacer Justicia. ”En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, dijo. Mientras tanto, madre del joven no dudo en admitir lo ocurrido: “Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”.

“Le pido disculpas a Gloria Romero, porque piensa de todo de mí, pero yo soy una mamá, y si fuese al revés yo pienso cómo hubiese actuado. Ella es mamá, y yo soy mamá. Ella parió como yo”, sostuvo en referencia a la madre de Cecilia.

Tras esto, dieron paso a los alegatos. Así, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado pidió al jurado que declaren culpable a todos los acusados e hizo un repaso por todas las pruebas que expuso durante el debate. A su vez, subrayó el rol de Acuña y la relación conflictiva que tenía con Strzyzowski.

“Cecilia creía que iba a ser feliz con César Sena. Estaba enamorada. Lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena nunca la aceptaron porque no quiso ser piquetera como ellos, ni quiso colocarse la remera del ‘Che’ Guevara“, sostuvo Bogado.

Posteriormente, expuso mensajes en los que Cecilia expresaba a un amigo su malestar por el pedido de divorcio de Sena a instancias de su madre: “Cesar Sena le dijo a Cecilia que la que imponía el divorcio era Marcela Acuña. La engañaron, la manipularon, le inventaron una falsa herencia, le dijeron que le ayudarían para un tratamiento para el embarazo. Todo para firmar el divorcio”. “Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y estoy cansada de estar en el medio”, le contó Cecilia.

La querella, representada por Gustavo Briend, se sumó al pedido de la Fiscalía: “Cecilia no puede desaparecer. Cecilia no fue borrada del mapa. Cecilia habló en este proceso, a todos nos indicó y nos pide justicia…”.

De acuerdo a la información detallada por Diario Chaco, los abogados de Obregón, González, Melgarejo y Reinoso solicitaron que el jurado los declare no culpables y remarcaron que la Fiscalía carece de pruebas en su contra.

La defensa de Marcela Acuña volvió a insistir en que “actuó como una madre desesperada” y pidió que sea condenada como encubrimiento agravado. “Marcela no ideó ni participó del homicidio de Cecilia. Ella todavía tiene la esperanza de que hable quien tiene que hablar y no es ella”, argumentó, de acuerdo a lo indicado por el mismo portal.

En cuanto al marido de Cecilia —señalado como autor de homicidio doblemente agravado, y por haberse cometido en contexto de violencia de género—, la representante legal apuntó contra los testigos. “En un femicidio hay mucha violencia de género física, acá no la hay”, dijo Gabriela Tomljenovic.

Romina Sánchez tenía 25 años y tres hijos. El sábado pasado, fue citada a un descampado de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez –donde hay una cancha de fútbol– por su ex pareja Damián Ezequiel Paiz (33), quien debía darle dinero por la manutención del hijo en común que tienen. Sin embargo, el hombre, al llegar, le disparó por la espalda y luego remató a la mujer, quien ya había caído al piso, de un tiro en la cabeza.

Paiz, también apodado “Mugre”, fue imputado en la mañana de este jueves por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ponderó que el 9 de octubre pasado el hombre había sido imputado por otra fiscal por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género. Casualmente, era por una denuncia que había radicado Romina Sánchez en diciembre del año pasado. La jueza de aquella audiencia, Paula Álvarez, resolvió hacer lugar a la calificación legal y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que el agresor volvió a la calle, pero con una restricción de acercamiento.

El sábado pasado, según explicó Ferlazzo, “Mugre” citó a Romina en San Martín y Bordabehere, de Villa Gobernador Gálvez, para darle un dinero para la manutención del bebé de 2 años que tienen en común.

La mujer estaba acompañada por su actual novio y otras dos personas. A pesar de ello, Paiz se acercó, sacó un revólver calibre 38 y le dio un tiro en el omóplato izquierdo, que provocó la caída al piso de Sánchez. En ese momento, el atacante realizó otro disparo, que impactó en el cráneo de la víctima.

“La ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género. Fue al lugar con un arma y, sin mediar palabra, le dio disparos con la intención de matarla”, indicó el fiscal en conferencia de prensa.

Damián Ezequiel Paiz, después de matar a su ex pareja, corrió y se subió a una moto azul que lo aguardaba a los pocos metros. Quien manejaba era su hermano Alejandro Paiz, quien se sospecha que le dio el revólver para perpetrar el femicidio.

Damián y Alejandro huyeron y fueron perseguidos por la Policía hasta una casa ubicada en barrio Las Flores, que es donde vive otro de sus hermanos, Roberto Paiz, con su pareja, Micaela Cardozo.

En ese domicilio fueron aprehendidos los hermanos Alejandro y Roberto Paiz y Micaela Cardozo. En tanto, el presunto femicida logró escapar, al menos por unas horas, ya que luego cayó en un procedimiento realizado en Fraga al 100, en la zona noroeste de la ciudad.

Damián Ezequiel Paiz fue imputado por la presunta autoría del femicidio. Su hermano Alejandro, por una participación secundaria en el crimen y por tenencia ilegítima de arma de fuego. En tanto, Roberto Paiz y su pareja, Micaela Cardozo, fueron acusados por resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

Por el femicidio de Solange Edith Johnson, la joven de 26 años que fue asesinada el pasado 7 de octubre en su casa de Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, fue imputado una semana más tarde su novio, Ángel De Jesús Barrios, de 37 años, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. En ese contexto, se conocieron datos truculentos del caso.

Según explicó el fiscal Alejandro Ferlazzo, el ataque fue presenciado por la hija de ambos, de 5 años, quien quedó junto al cuerpo hasta el día siguiente, cuando se llevó a cabo el procedimiento policial.

Ante el juez Aldo Bilbao Benítez, el fiscal indicó que Barrios golpeó a Johnson en distintas partes del cuerpo –rostro, brazos, piernas y tórax– y, posteriormente, “causó su muerte por asfixia por sofocación en contexto de golpiza”.

Agregó que la víctima sufría cotidianamente violencia de género, al punto de haber denunciado a Barrios en mayo pasado ante el Juzgado de Familia N° 3 de Rosario, que ordenó una prohibición de acercamiento hacia ella.

Un dato ponderado por Ferlazzo es que el agresor es cinturón negro de Kung-Fu (artes marciales chinas) y la víctima era de una contextura física notoriamente más pequeña.

De acuerdo a la teoría del caso, Barrios acostó el cadáver de su pareja en la cama, lo tapó con frazadas y se retiró de la propiedad, situada en Felipe Moré entre Virasoro y Gálvez en el mediodía del 8 de octubre. Al irse, dejó a su hija junto al cuerpo de su mamá durante varias horas, hasta que dio aviso a un familiar que llamó a la Policía.

“Es un caso sumamente grave. Pudimos recolectar mucha información sobre la problemática que sufría Solange de violencia de género. Era una relación sumamente violenta que terminó en el peor de los escenarios. El pre informe de la autopsia indica que tenía múltiples golpes, muy graves”, dijo el fiscal en conferencia de prensa al término de la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Para Ferlazzo, la relación de la víctima y Barrios “estaba marcada por la violencia”. “Familiares y vecinos veían a Solange con marcas, con golpes”, concluyó.

Barrios cayó el mismo 8 de octubre en el que intentó fugarse. La Policía lo detuvo en inmediaciones de Callao y 3 de Febrero, en el barrio Lourdes, en el macrocentro de Rosario, cerca del domicilio de un hermano.

“Entre el ataque y el hallazgo del cuerpo, pasaron unas 20 horas”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. Esas 20 horas la nena estuvo conviviendo con el cadáver de su mamá.

En Salta, una sentencia judicial marcó el desenlace de un caso que estremeció a la comunidad. La Justicia condenó a prisión perpetua a Hugo Guzmán, de 61 años, responsable por el homicidio agravado de su esposa, Estela Velarde, quien perdió la vida tras recibir un brutal ataque con un elemento contundente en su domicilio del barrio Juan Manuel de Rosas.

El proceso se realizó mediante un juicio abreviado, luego de que el hombre confesara el crimen. De esta manera, ambas partes acordaron la pena y el fallo fue homologado por la jueza Paola Marocco.

En ese sentido, ordenó el inmediato traslado del ahora condenado a la Unidad Carcelaria N° 1, así como también recomendó que reciba tratamiento psicológico. A su vez, la magistrada prohibió que el hombre mantenga contacto con la familia de la víctima.

El crimen ocurrió el 27 de junio del año pasado. Todo sucedió frente a una de las hijas de Valverde, quien pidió auxilio tras el brutal ataque.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, el femicidio se produjo poco antes de las 7:40 en la residencia compartida por la pareja y su hija menor. Guzmán atacó a Velarde con un pico —una herramienta comúnmente utilizada para la construcción—.

Gravemente herida, la mujer fue trasladada al hospital San Bernardo, donde murió a las pocas horas por un shock hipovolémico, traumatismo facial y encefalocraneano severo.

La acusación contempló agravantes como el vínculo, la alevosía y el ensañamiento, así como la existencia de violencia de género como contexto del crimen.

Declararon culpable al principal sospechoso por el femicidio de Jimena Salas

Días atrás, el Tribunal de Salta dio a conocer el veredicto en el juicio por el crimen de Jimena Beatriz Salas, oocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, y declaró responsable a Javier Nicolás Saavedra por el homicidio de la joven, luego de acreditar con certeza su autoría material en el hecho. Se trata del principal sospechoso de la causa, quien fue hallado sin vida en la Alcaidía General de la ciudad un día antes del inicio del juicio.

No obstante, los jueces ordenaron continuar con la investigación para identificar al segundo hombre implicado en el ataque, conocido en la causa como “H2”. En la misma sentencia, el Tribunal dispuso la absolución de los otros dos acusados, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, por el beneficio de la duda.

El Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años de prisión efectiva, bajo la figura de partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, por la presunta colaboración en la comisión del hecho.

Como solicitud subsidiaria, y en caso de que la participación como partícipes secundarios no se considere demostrada, la querella propuso una condena por participación necesaria en robo calificado en poblado y en banda y por uso de armas, solicitando una pena de 10 años de prisión efectiva, fundamentada en la gravedad y las consecuencias del episodio.

Luego de que los absolvieran, la Fiscalía adelantó que esperarán conocer los fundamentos de la sentencia para poder recurrir la resolución, en caso de considerarlo necesario.

Asimismo, dijeron que las diligencias orientadas a identificar al segundo agresor fueron puestas en marcha con anterioridad al debate oral y se mantienen activas. La línea investigativa vigente busca determinar la identidad y el paradero de “H2”, pieza pendiente en la reconstrucción judicial de los hechos.

En la misma línea, recalcaron que la causa sigue en pleno desarrollo y que se mantienen los esfuerzos hasta lograr que cada responsable sea señalado.

Durante el juicio se expusieron peritajes genéticos y rastros obtenidos en la escena del crimen, elementos que, combinados con reconstrucciones criminalísticas y la declaración de testigos, posibilitaron la atribución de responsabilidades sobre Javier Saavedra, como uno de los hombres que ingresó a la vivienda y perpetró el ataque junto a un segundo individuo aún no identificado.

El representante legal de la familia había reclamado durante el debate que se declare la responsabilidad del fallecido Saavedra como autor del hecho, argumentando “como un imperativo ético y moral para que se conozca toda la cadena de responsabilidades en el hecho histórico”.

El cuerpo de Daniela Mamaní fue descubierto sin vida el martes por la mañana en una vivienda de barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, y la Justicia investiga el hecho como un posible femicidio. Las circunstancias del caso llevaron a las autoridades a detener a la ex pareja de la mujer.

Horas después del hallazgo, los familiares confirmaron la identidad de la víctima, oriunda de Humahuaca y residente en la capital jujeña, desde hacía varios años. De acuerdo con los primeros relatos que trascendieron, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, los vecinos de la calle Campero dieron aviso al 911 al oír gritos provenientes de la vivienda de la joven, ubicada a pocos metros de avenida El Éxodo.

Según reportó TodoJujuy, esta escena se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre la víctima y el único sospechoso, al momento. En tanto, el hallazgo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato donde residía Mamaní notó la puerta entreabierta de su departamento e ingresó. En el interior estaba el cuerpo sin vida de la joven. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, tras la primera intervención, procedieron a la detención de la ex pareja de la víctima, un hombre de 36 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

Los familiares contaron que la mujer, de 31 años, era enfermera de profesión pero no ejercía. Una prima de la mujer escribió a través de redes sociales: “Otra más de nosotras. Hoy nos arrebataron a Daniela, mi prima… una mujer llena de vida, con sueños, con una sonrisa que iluminaba a todos”, escribió. “Se fue de una forma que jamás debió pasar, por culpa de un hombre que no quiso verla libre, que no soportó verla viva. Duele, Daniela. Duele hasta el alma. Duele la injusticia, el miedo, la impotencia”.

“Tu nombre no se olvida. Tu historia no se borra. Por Daniela, por vos, por todas… ¡Ni una menos!”, concluyó el mensaje.

“Me acabo de enterar porque mi tía de Humahuaca me avisó. Daniela falleció, no puedo creer. Yo trabajo acá cerca, en la misma calle. Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle”, declaró una de las tías en diálogo con Todo Jujuy.

De acuerdo a información de TodoJujuy, la Policía de la provincia recibió al menos dos llamados al 911 en la noche del lunes. Uno de ellos fue realizado por un estudiante vecino de la víctima, quien advirtió que una mujer pedía auxilio a los gritos. Un patrullero acudió al inmueble, pero los efectivos manifestaron no poder ingresar sin una orden judicial y, al no encontrarse el dueño del inquilinato, —quien podría autorizar el acceso— optaron por retirarse del lugar.

El esclarecimiento de las causas del fallecimiento avanzó durante las primeras horas de la investigación, cuando las autoridades judiciales confirmaron que se trató de una muerte traumática. La confirmación de este dato orientó a los investigadores hacia la hipótesis de un hecho violento.

Encontraron muerta a la mujer que era intensamente buscada en Necochea

La búsqueda de Débora Bulacio del Valle, de 39 años, concluyó este martes con el hallazgo de su cuerpo enterrado a la vera del Lago de los Cisnes en Necochea, un sitio cercano al camping Miguel Lillo donde la mujer fue vista por última vez el sábado.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la Policía Bonaerense y agentes de la DDI trabajaron intensamente en la zona desde el lunes, activando un operativo en el que participaron unos 80 efectivos de distintas reparticiones. El cuerpo fue localizado sobre la arena, a metros del acceso al camping, el mismo donde aguardaban dos hermanas y una tía de la víctima, con la esperanza de recibir noticias positivas.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Género dirigida por Walter Pierretégui y la jueza de garantías Aida Ihuez, se centró en la pareja de Débora, quien quedó detenido desde el lunes bajo la acusación de femicidio. El hombre, que viajó junto a ella desde Villa Cacique, permaneció en silencio ante el fiscal y fue claramente vinculado a la desaparición, avalando la acusación inicial pese a que el cuerpo todavía no había sido hallado.

El sábado, un sereno del camping presenció una discusión entre la pareja y notó señales de violencia, aunque no observó agresiones directas en ese momento. Ese día fue la última vez que Débora mantuvo contacto con su familia cuando le indicó en un mensaje a uno de sus hijos que su pareja la había golpeado, provocándole un hematoma en el ojo y un diente aflojado. La denuncia por desaparición la realizó finalmente el sereno, al no ver rastros de ella desde la madrugada siguiente.

Durante el relevamiento, la Policía bonaerense encontró prendas de la víctima, algunas de ellas manchadas con sangre, y rastros físicos que apuntaban a una escena de violencia.