En la apertura del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, su madre Andrea Lescano volvió a pedir justicia por su hija. El debate, que comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay, analizará por primera vez la presunta coautoría de Néstor Pavón en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven cometido en 2017.

“Quiero justicia por mi hija”, reclamó la mujer al inicio de su intervención. Además, a lo largo de su declaración, repasó las dificultades que enfrentó la familia al intentar denunciar la desaparición de la joven y el proceso posterior que derivó en la sanción de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para quienes cumplen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según reconstruyó, el calvario comenzó cuando el novio de Micaela la llamó después de haber intentado comunicarse con ella y recorrer, sin resultados, los lugares en los que podría estar. Más tarde, una amiga le informó que en la comisaría no querían recibir la denuncia porque todavía no habían pasado 24 horas desde la desaparición.

Ante esa situación, Lescano explicó que realizó dos denuncias formales, una en Colón —donde vivía entonces— y otra en Gualeguay. De acuerdo con la información publicada por UNO Entre Ríos, también recordó el trabajo de difusión que realizaron de la norma para exigir su aplicación efectiva en los distintos organismos estatales.

Para este viernes, se espera una audiencia clave y movilizante, ya que está previsto que declare Sebastián Wagner, el hombre que fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y el homicidio de la estudiante. Esta vez, su testimonio será en calidad de testigo ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali.

Desde que se dio a conocer la sentencia, Wagner permanece alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Por este motivo, está previsto un operativo de seguridad bajo custodia para que pueda atestiguar en el Palacio de Justicia de Gualeguay.

De acuerdo con AHORA Entre Ríos, de su interrogatorio participarán los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb; los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, y los defensores de Pavón, Ramón Elías Salto y Edwin Henry Valenzuela Rojas.

La palabra de Wagner será una pieza central del nuevo debate, sobre todo por las diferentes versiones que había dado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 1 de abril de 2017. En su primera declaración, realizada el 12 de abril de aquel año, reconoció el secuestro y la agresión sexual contra Micaela, aunque expresó dudas sobre quién había provocado su muerte.

Sin embargo, en el juicio oral de 2017, Wagner sostuvo otra versión. En esa oportunidad, indicó que Pavón sujetó a Micaela durante el abuso y luego la asfixió. También afirmó que ambos habían acordado que él asumiría toda la responsabilidad si eran detenidos. Esos dichos fueron descartados por el Tribunal de Gualeguay, tras considerar que eran incompatibles con el resto de las pruebas.

Finalmente, el primer tribunal condenó a Wagner a prisión perpetua como autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. En tanto, a Néstor Pavón le impuso cinco años de prisión por encubrimiento agravado.

En esa instancia, los jueces entendieron que Wagner habría actuado solo y señalaron que no había pruebas biológicas, rastros ni testigos que situaran a Pavón en el momento del crimen. Asimismo, interpretaron que las acciones del ahora acusado estuvieron orientadas a ayudar a Wagner a eludir la investigación.

La discusión judicial continuó en instancias superiores. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución de Pavón respecto de la acusación principal y ordenó un nuevo juicio al considerar que debía analizarse la hipótesis de una coautoría funcional.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión en 2020 por razones procesales. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en diciembre de 2024 que se realizara un nuevo debate oral.

Luego de estas dos audiencias, está previsto que el debate continúe el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. Además, por decisión del tribunal y el Ministerio Público Fiscal (MPF), el juicio se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Julio Emilio Tejeda, acusado de asesinar a su pareja María Eugenia Vanina Galván, fue detenido durante la madrugada del jueves en una vivienda abandonada de San Lorenzo, una zona montuosa cercana al paraje La Aurora, en el departamento Banda. El hombre era buscado desde el martes, cuando la mujer de 33 años murió tras recibir más de cinco heridas de arma blanca en una casa de Clodomira, Santiago del Estero.

El ataque ocurrió cerca de las 13:40 en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con las primeras actuaciones, en la vivienda también estaban una de sus hijas, de 6 años, y su hermana, de 29.

Tras un pedido de auxilio, efectivos policiales y personal sanitario llegaron al lugar y constataron la muerte de la víctima. Según la investigación, Tejeda se retiró después del hecho y habría escapado en una motocicleta negra, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

El procedimiento se concretó cerca de las 5, luego de dos días de rastrillajes y tareas de inteligencia para localizar al sospechoso. Según informó Diario Panorama, Tejeda fue encontrado oculto en una vivienda deshabitada y no habría ofrecido resistencia.

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, quien confirmó que el acusado fue trasladado a Clodomira y permanece detenido por disposición del juez de Control. La causa fue calificada de manera provisoria como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

El fiscal también indicó que Tejeda estaba en buen estado de salud al momento de su arresto y que, en principio, vestía la misma ropa que habría llevado el martes, cuando se retiró de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los efectivos secuestraron un arma blanca que podría haber sido utilizada en el ataque. El elemento será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma homicida y si contiene rastros que puedan ser incorporados a la investigación.

Las horas previas al ataque

La pesquisa procura determinar qué ocurrió antes de la agresión, cuál fue la secuencia dentro de la vivienda y si existían antecedentes de violencia en la relación. Los investigadores analizan testimonios, comunicaciones y otras medidas de prueba para reconstruir el contexto inmediato del asesinato.

Una de las líneas bajo análisis se relaciona con una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana. También se investiga la posible incidencia de celos de Tejeda ante un supuesto vínculo entre Galván y un conocido de ambos, identificado como Roy Delgado.

En ese marco, circularon capturas de presuntas conversaciones que serían del teléfono de la víctima. Entre ellas figura un mensaje enviado supuestamente a las 12.53, poco antes del crimen, y un estado de WhatsApp atribuido al acusado, en el que podía leerse: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”.

La autenticidad, la fecha, el contenido íntegro y el contexto de esos mensajes deberán ser corroborados mediante peritajes, por lo que aún no forman parte de una conclusión judicial.

La búsqueda de Tejeda tuvo inicialmente como uno de sus focos la zona de Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haberlo visto luego de abandonar Clodomira. Los investigadores intentaban establecer si recibió ayuda para permanecer oculto antes de ser localizado en San Lorenzo.

El fiscal Ibáñez confirmó que Galván recibió más de cinco puñaladas, un dato que será incorporado a la reconstrucción forense del caso. Los estudios médicos y las pericias sobre el arma secuestrada serán claves para precisar las características del ataque.

La audiencia de declaración de imputado de Tejeda está prevista para el próximo martes. En esa instancia, la Fiscalía deberá formalizar la imputación y exponer los elementos reunidos hasta el momento, mientras continúan las medidas para esclarecer el femicidio.

El terror comenzó en la madrugada. La madre de Martha Moxley estaba intranquila porque su hija de 15 años, que había salido con sus amigas a celebrar la víspera de Halloween, no regresaba. Ya eran las dos de la mañana y la espera se había convertido en preocupación. Desbordada por los nervios, Dorothy comenzó a llamar a las amigas de Martha y a las familias de los jóvenes con quienes había pasado la noche. Pero nadie sabía dónde estaba. Desesperada, llamó a la Policía de Greenwich para denunciar su desaparición.

Un policía llegó a la vivienda, le tomó la denuncia y recorrió los alrededores de la casa. Pero no encontró rastros de Martha. A la mañana siguiente, Dorothy salió a buscarla. Cerca del mediodía, Sheila McGuire, una amiga de la joven, se enteró de que no había regresado a dormir y comenzó a buscarla. Poco después, encontró el cuerpo de Martha debajo de un pino, en el jardín trasero de su casa, en Belle Haven, uno de los barrios más exclusivos de Greenwich, Connecticut.

La habían golpeado con un palo de golf que se rompió durante el ataque. Parte del arma quedó junto al cuerpo; otra sección nunca apareció. El crimen abrió una investigación que se prolongó durante décadas.

La última noche de Martha quedó ligada por la presencia de los Skakel, una familia que vivía frente a su casa y que tuvo un papel central en la investigación. Entre sus hijos estaban Tom y Michael, dos adolescentes que tenían una relación cercana con Martha, especialmente Michael, también de 15 años. Pero los Skakel no eran una familia más del vecindario. Rushton Skakel, padre de los jóvenes, era hermano de Ethel Kennedy, viuda del senador Robert F. Kennedy. Ese parentesco convirtió el asesinato en un caso de enorme repercusión y alimentó las sospechas sobre el posible peso de las influencias familiares en el curso de la investigación.

La última noche

El jueves 30 de octubre de 1975, Martha salió de su casa cerca de las 18:30 para encontrarse con unos amigos y conocidos del vecindario. Vivía con sus padres, Dorothy y David Moxley, y su hermano mayor, John. Era la víspera de Halloween y, como era habitual en esa fecha, los jóvenes recorrían las calles haciendo bromas en las viviendas. Martha vestía una parka azul, jeans y zapatillas de lona y, antes de irse, le había prometido a su madre que regresaría antes de las diez de la noche.

Al llegar al punto de reunión se encontró con su amiga Helen Ix y luego se sumó Geoffrey Byrne, un vecino de 11 años. Los tres recorrieron el barrio y realizaron algunas de las travesuras típicas de esa noche, como tirar huevos y papel higiénico contra las casas. Más tarde se sumó otra amiga, Jackie Wetenhall, y siguieron juntos el recorrido por el barrio.

El recorrido vecinal los llevó a la casa de los Skakel, ubicada frente a la residencia de Martha. Pero no había nadie: la familia había salido a cenar a un club local junto con Kenneth Littleton, un tutor de 23 años que había comenzado a trabajar con ellos el día anterior.

Regresaron más tarde. Cerca de las 21:10 parte de la familia Skakel ya estaba en la casa; entre ellos Jimmy Dowdle; y los hermanos Tommy, de 17 años, y Michael. Compartieron un rato, conversaron y algunos bebieron alcohol. Durante ese encuentro, Martha y Tommy se gustaron, coquetearon un poco, y para tener algo de intimidad fueron a darse unos besos detrás de un cerco de plantas.

Como se hacía tarde, algunos comenzaron a retirarse. Helen y Geoffrey se fueron juntos; pero Martha y Tommy dijeron que se quedarían un rato más. Según la primera versión de Tommy, conversaron unos minutos más y Martha regresó a su casa. Tommy fue la última persona conocida que estuvo con Martha aquella noche.

Sin embargo, años después cambió sus dichos sobre esos minutos y aportó detalles que no había contado durante la investigación inicial.

El hallazgo y las primeras sospechas

Después de que Martha salió de la casa de los Skakel, nadie pudo precisar qué ocurrió durante el camino de regreso. La reconstrucción policial posterior situó el comienzo del ataque en la entrada de vehículos de la propiedad de los Moxley, donde los investigadores encontraron rastros de sangre. Según esa hipótesis, el agresor la golpeó allí y luego arrastró su cuerpo unos 21 metros hasta el jardín trasero, donde lo dejó debajo de un pino.

Los investigadores determinaron que Martha había recibido múltiples golpes en la cabeza con un palo de golf número seis, que se rompió durante el ataque. Varios fragmentos del arma aparecieron junto al cuerpo y el tubo metálico también habría sido utilizado para herirla en el cuello. La empuñadura nunca fue recuperada, una ausencia que privó a los peritos de una posible fuente de huellas y otras pruebas.

El palo aportó una de las primeras pistas concretas. Los fragmentos fueron relacionados con un juego de golf que había pertenecido a Ann Reynolds Skakel, la madre de los hermanos. Sin embargo, Rushton Skakel aseguró que sus hijos acostumbraban dejar los palos fuera de la vivienda, en distintos sectores de la propiedad, por lo que cualquier persona podría haber tomado uno. La procedencia del arma dirigió las sospechas hacia la familia, pero no permitió determinar quién la había utilizado.

Tommy Skakel quedó bajo sospecha por haber sido una de las últimas personas que había estado con Martha antes de su muerte. La policía también investigó a Kenneth Littleton, el tutor que acababa de incorporarse a la familia. Ambos fueron interrogados, pero las pesquisas no consiguieron reunir pruebas suficientes para vincularlos formalmente con el asesinato.

Las sospechas sobre los Skakel tampoco se tradujeron en una acusación. Rushton se mostró cada vez menos dispuesto a colaborar con la policía y la relación entre la familia y los investigadores se deterioró. En enero de 1976, los Skakel dejaron de cooperar con las autoridades, cosa que complicó aún más una investigación que tenía serias dificultades para avanzar.

Sin detenidos ni pruebas concluyentes, el caso perdió impulso. Pasaron los años sin que se identificara al responsable y el crimen de Martha no tuvo resolución judicial. Sin embargo, las sospechas sobre la familia Skakel no desaparecieron. Más de una década después, nuevas investigaciones y testimonios volverían a poner el crimen en el centro de la atención pública.

La investigación vuelve a ponerse en marcha

Durante años, el asesinato de Martha Moxley permaneció sin respuestas. Pero a comienzos de la década de 1990, el caso empezó a recuperar protagonismo. Esta vez, el impulso no llegó de la policía, sino de un periodista que conocía de cerca el dolor de una familia atravesada por un crimen sin resolver: Dominick Dunne.

Escritor y cronista de procesos judiciales de alto perfil, Dunne tenía una historia personal que lo vinculaba con la tragedia. Su hija, la actriz Dominique Dunne, había sido asesinada en 1982, también un 30 de octubre. Después de conocer a Dorothy Moxley, tras la muerte de su esposo David, en 1988, comenzó a interesarse por el caso. La mujer le contó sobre las sospechas que todavía la perseguían: estaba convencida de que la respuesta podía encontrarse en la familia que vivía frente a su casa.

Dunne decidió investigar y llevó esa historia a la ficción. En 1993 publicó Una temporada en el purgatorio, una novela inspirada en el asesinato de Martha, aunque con nombres y circunstancias modificados. El libro volvió a poner el crimen en circulación y despertó el interés de quienes seguían preguntándose qué había ocurrido aquella noche de octubre.

Pero había otra investigación que podía aportar información mucho más directa. En 1991, Rushton Skakel contrató a la firma de investigación Sutton Associates para que reconstruyera los movimientos de sus hijos y examinara las sospechas que rodeaban a la familia. Los investigadores entrevistaron a personas del entorno de los Skakel y recopilaron declaraciones que no habían formado parte de la investigación policial inicial.

En 1996, un antiguo integrante de ese equipo se comunicó con Dunne y le ofreció una copia del informe confidencial. Entre sus páginas había un dato particularmente comprometedor sobre Michael: a diferencia de lo que había contado inicialmente a la policía, el joven había reconocido que, después de pasar parte de la noche en casa de un familiar, regresó al vecindario de los Moxley y se acercó a la ventana de la habitación de Martha, y allí mismo se masturbó. Ese hecho no significaba que hubiera cometido el asesinato, pero planteaba nuevos interrogantes sobre sus movimientos y su comportamiento aquella noche.

El documento también tenía las declaraciones de antiguos compañeros de Michael en Elan School, un establecimiento residencial de Maine al que fue enviado por sus problemas de conducta. Algunos aseguraron que había hecho comentarios en los que se atribuía el asesinato de Martha. Según esos testimonios, también decía que nunca iría a prisión por los vínculos de su familia.

Dunne compartió la información con Mark Fuhrman, el exdetective que fue parte de la investigación del caso de O. J. Simpson. Fuhrman examinó los antecedentes y desarrolló una hipótesis: Michael habría atacado a Martha por celos, después de verla acercarse a su hermano Tommy. En 1998 publicó Murder in Greenwich, un libro en el que señaló a Michael como responsable y expuso los elementos que, a su entender, sostenían esa acusación.

La repercusión del libro y los nuevos testimonios contribuyeron a que las autoridades volvieran a examinar el caso. Ese año se convocó un gran jurado especial que durante aproximadamente 18 meses revisó las pruebas y escuchó declaraciones. Después de más de dos décadas sin avances decisivos, la investigación comenzaba a acercarse a una nueva instancia judicial.

La condena y el pobre sentimiento de justicia

En enero de 2000, después de una investigación que incluyó la intervención de un gran jurado especial durante aproximadamente 18 meses, Michael Skakel fue acusado formalmente del asesinato de Martha. Tenía 39 años y llevaba décadas bajo sospecha. Se entregó a las autoridades y recuperó la libertad después de pagar una fianza, mientras se preparaba para enfrentar el juicio.

El proceso comenzó en mayo de 2002. La fiscalía presentó los testimonios de antiguos compañeros de Michael en Elan School. Michael sostuvo que había atacado a Martha por celos, después de verla acercarse a su hermano Tommy. Como parte de la acusación, se analizaron además los escritos personales de la adolescente, en los que había mencionado su relación con Tommy y algunos desencuentros con Michael.

La defensa cuestionó la credibilidad de esos testimonios y sostuvo que no existían pruebas físicas que vincularan directamente a Skakel con el crimen. También puso en duda que las supuestas confesiones fueran confiables, ya que habían sido contadas muchos años después de los hechos. Sin embargo, el 7 de junio de 2002, el jurado lo declaró culpable. En agosto recibió una condena de entre 20 años y prisión perpetua. Después de casi 27 años, la familia Moxley parecía haber obtenido una respuesta judicial.

Pero la sentencia no fue el final de la historia. Los abogados de Skakel comenzaron a cuestionar la actuación de su defensor durante el juicio, Michael Sherman, a quien acusaron de no haber investigado adecuadamente una posible línea de defensa. En octubre de 2013, un juez de Connecticut anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. Consideró que Sherman no había localizado ni presentado a Dennis Ossorio, un testigo que podía respaldar la versión de que Michael había estado en la casa de su primo durante parte de la noche del asesinato. Skakel recuperó la libertad bajo fianza.

La disputa llegó hasta la Corte Suprema de Connecticut, que en diciembre de 2016 restableció la condena por cuatro votos contra tres. Sin embargo, en mayo de 2018 el tribunal reconsideró su posición y volvió a anular la sentencia. Los jueces entendieron que la defensa no había brindado una asistencia legal adecuada y que la omisión del testimonio de Ossorio podía haber afectado el resultado del juicio. La decisión no significó que Skakel fuera declarado inocente, sino que la condena no podía sostenerse bajo esas condiciones.

El último capítulo llegó el 30 de octubre de 2020, cuando se cumplieron 45 años del asesinato. La fiscalía anunció que no volvería a juzgar a Michael Skakel. Así terminó la posibilidad de continuar el proceso penal contra él, pero no se estableció quién había matado a Martha. Después de décadas de investigaciones, sospechas y disputas judiciales, no quedó ninguna condena vigente por el crimen. La familia Moxley seguía sin una respuesta definitiva sobre lo ocurrido aquella noche de octubre de 1975 y Martha no tuvo justicia.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense (IMF), determinó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes en distintas partes —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, y algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, el informe registró lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Briend, que acompañó a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José— y a su nuera Alejandra a la sede judicial, fue quien tomó la palabra ante los medios tras la reunión. “Para que el equipo médico forense diga ‘en los tantos años de trabajo nunca tuvimos un hecho como este’, imagínese los datos que nos han contado”, afirmó el letrado, visiblemente afectado.

El abogado precisó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todas partes y que algunas partes del propio cuerpo fueron seccionadas, aunque prefirió no abundar en detalles ante la presencia de la familia, que recibió la información de primera mano antes de su difusión pública. “No está bien, en presencia, sobre todo, de la familia que recibió este primer impacto”, señaló Briend al ser consultado por los periodistas.

Ante la pregunta de si la maestra había sido víctima de una tortura, el abogado no descartó esa línea. “No podemos anticipar eso. Tampoco, la verdad, descartarlo en este momento”, respondió. Consultado sobre la causa de la muerte, indicó que si bien la investigación sigue en curso, “se presume que sí, probablemente” fue producto de las heridas punzocortantes.

Uno de los elementos que surgió con fuerza del informe es la presunción de que en el crimen intervinieron más de una persona. “El cuerpo tiene muchos signos de defensa en algunos de los miembros que quedan”, explicó Briend, y añadió: “Sí, efectivamente, se presume que fueron más de una persona”. El letrado también confirmó que la docente opuso resistencia: “Tiene signos de defensa”.

Respecto del material biológico, Briend indicó que ya hay muestras en estudio, incluyendo muestra genética. Además, señaló que, dado que se trata de la muerte violenta de una mujer, los protocolos vigentes —en consonancia con los lineamientos de la Corte Interamericana— obligan a investigar un posible abuso sexual. El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar si hubo agresión de ese tipo, pero mediante procedimientos modernos se buscará establecer marcadores biológicos que permitan vincular a los posibles autores.

La reunión tuvo lugar en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, ubicada en Belgrano al 100, donde los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. El especialista les explicó los preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo. “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo Gálvez. El marido de Godoy, Martín, no estuvo presente debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo.

El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas su teléfono celular. Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre; ocho días después, sus hijos realizaron la denuncia por desaparición.

La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio. En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen conmocionó a Esquina, donde cientos de personas participaron de una marcha para exigir justicia. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y a movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre.

A poco más de 24 horas del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en un viejo potrero del paraje “El Malezal”, en la provincia de Corrientes, la Justicia dio a conocer este jueves los resultados de la autopsia.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense, determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—. Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.

Además, presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscará establecer marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen, indicaron las mismas fuentes.

Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.

Cómo recibió la familia los resultados de la autopsia

Los restos de la maestra fueron encontrados este miércoles, 21 días después de su desaparición, semisumergidos en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Nancy se desempeñaba como directora suplente.

La familia de Godoy fue la primera en conocer los resultados de la autopsia, antes de su difusión pública. Para ello, los familiares fueron citados a las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, ubicada en Belgrano al 100, en Esquina.

Cerca de ese horario se vio llegar a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José—, junto a su nuera Alejandra y al abogado Sergio Briend. Su marido, Martín, no asistió debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo del cuerpo.

Mientras los familiares ingresaban a la sede judicial, vecinos y allegados se congregaron en la puerta para acompañarlos y aguardar las novedades.

Ya dentro de la sala, los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y los fiscales del caso, Javier Mosquera y María Andrea González. Durante el encuentro, el especialista les explicó los preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente, así como los estudios complementarios que todavía se encuentran en curso.

“Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo.

El caso y los cinco detenidos

La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y comenzó una exhaustiva investigación que derivó en cinco detenciones.

Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías divisó el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.

A pocos metros encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular. El hallazgo quedó registrado en un video al que accedió Infobae.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente hay cinco personas detenidas. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen de la maestra provocó una profunda conmoción en Esquina, donde el miércoles cientos de personas participaron de una marcha para exigir justicia. Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y a movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Jorge Raúl Álvarez por la violación y el femicidio de Elizabeth Alejandra Toledo. El crimen ocurrió el 30 de diciembre de 2018 en San Fernando y tuvo una particularidad: un loro de la víctima repitió un grito de auxilio que quedó incorporado a la causa. Finalmente, una prueba de ADN identificó al condenado.

El máximo tribunal rechazó por razones formales una presentación de la defensa de Álvarez, alias “Tío Jorge”, con lo que quedó firme la sentencia dictada en el juicio oral. Fuentes judiciales confirmaron que también habían sido rechazados los recursos ante el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Toledo tenía 46 años, sufría un retraso madurativo y vivía en una habitación de madera, en el altillo de una vivienda de Virreyes Oeste, junto con tres hombres. La madrugada del crimen, su cuerpo apareció desnudo sobre un colchón, con golpes en el rostro y signos de un ataque sexual.

La autopsia determinó que había sido violada, golpeada y asesinada por estrangulamiento manual. También tenía heridas de mordeduras en uno de sus brazos, que los investigadores interpretaron como lesiones defensivas.

Uno de los policías que preservaba el lugar antes de la llegada de los peritos escuchó una voz desde el interior de la vivienda. Era el loro de la víctima, que repetía: “¡Ay, por favor, soltame, ay no!”. La frase fue incorporada al expediente como un elemento que podía reflejar un pedido de auxilio de Toledo durante el ataque.

La prueba que finalmente vinculó a Álvarez con el hecho fue el ADN hallado en el cuerpo de la mujer tras el abuso sexual. Una testigo también lo ubicó al entrar y salir de la vivienda durante el horario en que se cometió el crimen.

En el debate oral, realizado en 2021, también fue juzgado Miguel Saturnino Rolón, alias “Mambo”, otro de los ocupantes de la casa. La acusación se apoyaba, entre otros elementos, en una pericia odontológica sobre una mordida encontrada en el cuerpo de Toledo.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de San Isidro consideró que esa coincidencia no alcanzaba el grado de certeza requerido para condenarlo y lo absolvió por el beneficio de la duda.

Rolón, además, fue la persona que dio aviso al 911 para reportar que había hallado a Toledo asesinada cuando regresó de trabajar como sereno en un club de rugby cercano.

En tanto, el tercer ocupante de la casa fue sobreseído porque tenía coartada: lo habían echado de la vivienda 15 días antes porque había golpeado a la mujer.

Así, Álvarez recibió prisión perpetua por abuso sexual agravado y homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con la decisión de la Corte Suprema, la sentencia quedó firme.

En la filmación, registrada por uno de los agentes que participó de la búsqueda y a la que accedió Infobae, se observa cómo los policías ingresan al potrero y se aproximan al cuerpo de la maestra, que estaba semisumergido en el agua. A pocos metros también encontraron un bolso azul con pertenencias de la víctima, entre ellas, el teléfono celular de la mujer.

Cómo es la zona

En el video que encabeza esta nota se ve la profundidad del agua, a la que llegaron presumiblemente a caballo. Es un viejo potrero, ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo, en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

En la grabación llega a verse también cómo el oficial halló lo que parecería ser una prenda de vestir negra. El silencio de la zona es completamente notorio, lo que da cuenta lo alejado que estaba el cadáver de Nancy.

El sector forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios puntos no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones. Sin embargo, la presencia de camalotes dificultó las tareas de rastrillaje aéreo.

Otra de las dificultades fue la falta de señal de telefonía celular. Esa ausencia de conectividad había complicado la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente y las comunicaciones entre los equipos de búsqueda. Por ese mismo motivo, la notificación del hallazgo también sufrió demoras.

Al momento de ser encontrado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y signos de alteración por la acción del agua y la fauna del lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IMF), donde se realizó la autopsia para determinar la causa y la fecha aproximada de la muerte.

La investigación continúa con cinco detenidos: Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio. Todos tienen prisión preventiva. La autopsia y los estudios sobre el bolso hallado cerca del cadáver se incorporarán a una investigación que ya reúne distintos elementos de prueba.

Según dijeron fuentes judiciales esta mañana a Infobae, el resultado de la autopsia se le comunicará primero a la familia de la docente y luego a la opinión pública.

Mientras la Justicia de Córdoba aguarda para indagar a Renato Iván Tabella por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en el barrio Cofico, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 avanza con nuevas pericias por el crimen de Tatiana Fernández, en Retiro.

Las fotos exclusivas de la escena muestran preservativos, zapatillas y remeras, restos de material desprendido en una columna y un polvo blanco. Los investigadores también encontraron drogas de diseño y medicamentos en el departamento. Ahora buscan establecer si Tatiana había consumido alguna sustancia antes del ataque; las imágenes, por sí solas, no permiten identificar qué es el polvo que aparece en ellas.

Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que el juez Guillermo Rongo ordenó secuestrar y peritar las uñas postizas halladas en el tacho de basura de la cocina. Los investigadores creen que podrían pertenecer a la víctima. Si obtienen material genético apto, lo cotejarán con los perfiles de ADN de Tatiana y de Tabella.

La joven, de 27 años, había comenzado a trabajar como trabajadora sexual dos semanas antes de ser asesinada, después de perder su empleo como moza. El abogado de sus padres, Marcelo Biondi, solicitará además que se analice el material genético extraído debajo de las uñas del imputado para determinar si, junto con su propio ADN, hay rastros de Tatiana.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión y había registrado lesiones defensivas leves en las muñecas de la víctima. Los investigadores también esperan los estudios toxicológicos para determinar si había consumido alguna droga que pudiera haber afectado su capacidad de resistencia.

“Estamos conformes por ahora con la investigación”, dijo Biondi a Infobae. El abogado agregó que cuidarán la prueba que se incorpore y que evalúan pedir otras medidas probatorias. Biondi fue defensor de Jorge Mangeri, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, y actuó como particular damnificado en el juicio por el crimen de Melina Romero.

En ese proceso, Joel “Chavito” Fernández fue condenado a 13 años de prisión, en el primer juicio por jurados que se realizó sin fiscal, luego de que la representante del Ministerio Público, Fernanda Billone, desestimara la imputación.

Las heridas “Iván”

En paralelo, se conoció el resultado examen médico realizado al presunto doble femicida. Los forenses que lo analizaron enumeraron las lesiones que encontraron en su cuerpo, presumiblemente, producto de la defensa de Tatiana, que fue leve. No se descarta que alguna o varias de ellas hayan sido realizadas por Villalba, la supuesta primera víctima de “Iván”, en el intento de defensa antes de ser degollada.

• Lesión cortante mano izquierda, cara palmar falange distal dedo meñique.
• Lesión cortante mano izquierda, cara palmar dedo pulgar izquierdo falange distal.
• Lesión excoriativa glúteo derecho borde interno. Lesiones excoriativas mano izquierda, cara dorsal en número de tres aproximadamente cercano al borde radial. Lesiones excoriativas en antebrazo derecho, sobre tatuaje que algunas impresionan en C.
• Lesión cortante dedo pulgar derecho cara palmar.

El informe concluyó que las lesiones lo habían “inutilizado para el trabajo por un lapso menor al mes”, a partir de la fecha del hecho y de no mediar complicaciones. Sobre su mecanismo, los médicos indicaron que podían haberse producido por golpes o roces contra objetos o superficies duras y romas; las heridas cortantes, agregaron, podrían ser secundarias a un elemento con punta o filo.

Sin embargo, los forenses aclararon que no podían arribar a conclusiones médico-legales más precisas ni determinar la fecha de las lesiones por sus características. Por eso, no está establecido si se produjeron durante el ataque a Tatiana o si alguna pudo haberse originado en el crimen de Villalba.

La investigación por el caso de Retiro estuvo inicialmente en manos del fiscal Matías Di Lello; tras la detención de Tabella, Rongo reasumió la causa. En Córdoba, el fiscal Pablo Camachho aguarda el traslado para la indagatorio por el femicidio de Villalba.

La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, comenzó esta mañana en el Instituto Médico Forense (IMF) y hay una gran expectativa por su resultado. Además de saber cómo la mataron, se intentará saber si la mujer de 52 años fue víctima de un ataque sexual.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el cadáver de la docente llegó al IMF poco después de las 2 de la madrugada y ya empezó a ser analizado.

Ayer, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela en la que dictaba clase y a más de 5 km de la estancia El Curupí. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas.

Sin embargo, mientras se realiza ese procedimiento, las fuentes judiciales consultadas por este medio, confirmaron que al menos un objeto de la maestra: según dijeron, la Policía encontró el teléfono de la víctima, un elemento clave cuyos datos podrían aportar información de gran valor para la investigación. Se trata de un “importante hallazgo”, graficaron.

Una vez finalizada la autopsia, las fuentes explicaron que el decano del IMF le comunicará a la familia de Nancy, a través de videoconferencia, la causa de la muerte. Después de que los allegados a la víctima sean notificados, se darán a conocer los resultados públicamente.

Los acusados

Por el crimen, hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple.

El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó el fiscal Javier Mosquera en la audiencia de imputación.

La zona del hallazgo del cuerpo

El hallazgo ocurrió ayer en horas de la mañana tras 21 días de búsqueda. Se realizó en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

El lugar forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones, aunque la capa de camalotes dificultaba los rastrillajes aéreos.

La zona en la que apareció el cuerpo también carece de señal de celular. Esa falta de conectividad había sido uno de los obstáculos para reconstruir los últimos movimientos de la docente y para sostener las comunicaciones durante la búsqueda. Y por ello mismo también hoy se demoró la notificación del hallazgo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y afectado por acción de la fauna y el agua.

En la escena se encontró algo más: a pocos metros del cadáver había un bolso. Fue allí donde se encontró el celular de la mujer.

Esos elementos quedaron incorporados al expediente y serán analizado como parte de las medidas de prueba ordenadas por los fiscales Mosquera y María Andrea González.

Las denuncias de Nancy y las dudas de la familia

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia.

Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía, que es la del femicidio. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.

A través de un comunicado en la red social X, la organización gremial llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de una acción sindical para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen. Esta mañana, a las 8.30, maestros y afiliados nucleados en los sindicatos del sector concentraron en la casa de la provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271.

“CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo con paro nacional, con acciones en las provincias. Llamamos también a adherir a la comunidad educativa, a los otros sindicatos y a los papás. Ha sido asesinada una maestra rural en el marco de desarrollar su tarea. Venimos bregando por justicia, venimos luchando contra los femicidios. Este año llevamos asesinadas 129 mujeres”, expresó en las redes sociales Sonia Alesso, secretaria general de la confederación docente.

Godoy era directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Asumió en ese cargo en agosto de 2026. Llevaba diez años sin conseguir un cargo docente estable. La institución tenía ocho alumnos matriculados.

Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

El cuerpo de la docente fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Como miles de maestras que trabajan en la ruralidad, que recorren caminos y horas para llegar a su lugar de trabajo, Nancy fue a trabajar y fue asesinada. Es inaceptable el asesinato de un maestro. Para nosotros, para CTERA, para las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras, la muerte es un límite”, reclamó Alesso.

En el comunicado sindical, desde CTERA reclamaron “al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional” que “asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección” que afrontan los maestros como Godoy.

El femicidio de Godoy se suma a la historia de otras víctimas fatales que impactaron en el ámbito educativo y que, en respuesta, desataron acciones sindicales de huelga a nivel nacional, como el de Carlos Fuentealba, asesinado en una represión policial en 2007 en la provincia de Neuquén, o el de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que fallecieron en una escuela de Moreno por una explosión de gas en 2018.

Con esos antecedentes, se espera que la huelga nacional tenga un fuerte impacto y haya ausencia de clases en todo el país.

Hasta el momento hay cinco detenidos: el capataz Ireneo Zarza, en cuya tapera donde vivía apareció el cuerpo de Nancy, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Los tres están imputados por el delito de femicidio. También está sospechada Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

El cuerpo de Godoy fue localizado semi-sumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias.

La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.

“No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó uno de los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera.

Luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado en el río Juramento pertenecía a Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que era buscada en Salta, la Fiscalía imputó a la pareja de la víctima por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, una mujer del entorno del hombre fue acusada de encubrimiento.

Los sospechosos fueron arrestados poco después de que el cadáver fuera encontrado en el camping Laguna Blanca, en la localidad de Joaquín V. González, el lunes por la tarde. Según explicaron las autoridades, el arresto se dispuso debido a que se detectaron contradicciones en las versiones que dieron a los efectivos.

Mientras que uno de ellos se trata de un hombre que mantenía una relación con la víctima, la mujer fue identificada como una persona mayor de edad que sería parte del entorno del principal acusado. Ambos se abstuvieron de declarar, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño pidió que continúen detenidos.

En línea con esto, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, acusó de manera provisoria a la pareja Galbán como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, la mujer fue imputada como presunta autora del delito de encubrimiento.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal de Salta, al momento del hallazgo, los investigadores solo habían logrado establecer que se trataba de una persona de sexo femenino. Por esto, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia.

A raíz del avanzado estado de descomposición, se ordenaron análisis de anatomopatología, toxicología y otros estudios complementarios para establecer la causa y la data de la muerte. Asimismo, indicaron que la identificación se realizó mediante el reconocimiento de familiares y el cotejo de huellas dactilares.

Pese a las imputaciones, la fiscal García Pisacic indicó que la investigación continúa en curso y que todavía se ejecutan numerosas medidas investigativas. También pidió prudencia en la difusión de información para evitar interferencias que puedan afectar el avance de la causa.

Galbán había sido vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su vivienda en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González. Según el pedido de localización, dijo que iba a dirigirse a la casa de su madre, pero desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La denuncia por desaparición fue presentada el 23 de octubre. Durante el operativo de búsqueda, una cámara de seguridad registró a la mujer con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que no coincidían con la descripción inicial aportada por el denunciante.

Otro femicidio en Salta

El resultado de la autopsia practicada a Roxana Guiravica, la joven de 28 años hallada sin vida en San José de Metán, determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. No obstante, la Fiscalía Penal 2 departamental mantiene abierta la investigación bajo el protocolo para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue encontrado el sábado pasado en una zona descampada de la ciudad por efectivos de la División Caballería de la Policía de Salta. Los agentes realizaban un rastrillaje para localizar a un detenido que se había fugado de la comisaría de El Galpón cuando dieron con los restos.

El cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la ciudad de Salta para la intervención del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El informe preliminar estableció que Guiravica presentaba una lesión en el cuello compatible con un surco de ahorcadura oblicuo, ascendente de derecha a izquierda. Los peritos también constataron tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo, aunque aclararon que no tenían gravedad suficiente para provocar la muerte.

El fiscal Gonzalo Gómez Amado indicó que la pesquisa continuará bajo el protocolo vigente para este tipo de muertes. Según la normativa de la Procuración General de Salta, la causa debe ser investigada con presunción de homicidio doloso en todos los fallecimientos, incluso aquellos que en una primera instancia puedan parecer accidentes o suicidios, hasta descartar de manera fundada la intervención de un delito.

Luego de que los familiares identificaron formalmente a la joven, el cuerpo fue entregado para su inhumación. La hermana de la víctima, Cintia Rueda, pidió que la Justicia profundice las medidas para determinar qué ocurrió.

Por otro lado, se conoció que la familia había perdido contacto con Guiravica cerca de una semana antes del hallazgo, aunque no había presentado una denuncia por desaparición. Sus allegados señalaron que la joven atravesaba problemas de consumo y que solía ausentarse de su domicilio durante varios días.

La columna partió de la plaza central, recorrió las calles de la ciudad hasta una segunda plaza y luego regresó hacia el centro. La magnitud de la convocatoria sorprendió a los propios cronistas que cubrían la movilización. “Es impresionante la cantidad de gente que está yendo en silencio”, describió una periodista de TN durante la transmisión.

Entre los manifestantes también estuvo el pastor de la iglesia evangélica a la que pertenecía Godoy. Los asistentes llevaron carteles y crespones negros como símbolo de duelo y acompañamiento a la familia.

El hallazgo del cuerpo provocó una profunda conmoción entre quienes llevaban días reclamando por la aparición de la maestra. “No estamos bien. Esto fue un golpe”, reconoció una docente de primaria y secundaria.

La mujer explicó que el principal reclamo es conocer las circunstancias del crimen y que los responsables sean condenados. “Lo que pedimos es Justicia y saber realmente qué fue lo que pasó”, sostuvo. “Tengo fe de que sí, que se va a saber”, agregó.

Otra colega, que no había trabajado directamente con Godoy pero conocía las dificultades de la enseñanza en zonas rurales, expresó: “Queríamos a Nancy con vida, pero lamentablemente no se pudo esperar eso. Ya con los días que pasaron, uno va perdiendo un poco la esperanza”.

La docente también puso el foco en las circunstancias de la desaparición: “Se fue a trabajar y no volver es una cosa que no es lógica, no es normal para un docente”.

Durante la movilización, varios testimonios expusieron las dificultades que enfrentan los maestros que trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos. Inundaciones, recorridos a caballo y travesías en canoa forman parte de la rutina de muchos de ellos. “A mí me tocó atravesar inundaciones, pasar como Nancy también a caballo, en canoa, donde corrés peligro de atravesar un río, que si se te da vuelta la canoa... Yo no sé nadar, podría haber perdido la vida”, relató una de las docentes.

Pese a esas condiciones, explicó que muchos continúan trabajando en esos lugares por vocación y necesidad. “Porque es el trabajo y porque uno debe cumplir con el deber”, señaló.

La falta de transporte para llegar a las escuelas rurales fue otro de los reclamos. “Nosotros tenemos que buscar nuestros propios medios de cómo llegar a cumplir con nuestra tarea”, explicó la mujer. “Uno agarra un cargo porque necesita trabajar y después hay que buscar los medios para poder llegar. Si es a dedo, a caballo, caminando...”, completó.

Otra de las manifestantes, que había compartido escuela con Godoy, pidió que se investiguen todas las circunstancias que rodearon su muerte. “Pedimos Justicia y que se sepa del hecho y que se clarifique todo: qué pasó, por qué, quién mandó a hacer qué, todo. Queremos saber todo eso”, reclamó.

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de una ex docente rural, quien recordó sus años de trabajo en establecimientos alejados y las situaciones de vulnerabilidad que atravesó. “Siempre por vocación, para llegar donde nadie llega, para enseñar a aquel niño que ni el lápiz había agarrado. Eso es la vocación, desde el alma que uno lo hace”, expresó.

La mujer reconoció que el crimen de Godoy modificó su percepción sobre la seguridad de quienes ejercen la docencia en zonas aisladas. “Uno siempre piensa que va a ser cuidada, que va a ser protegida. Y hoy me doy cuenta de que no es así”, lamentó.

Y cerró con un pedido que se repitió durante toda la movilización: “Quiero que se haga Justicia y que no vuelva a pasar nunca más”.

Pasadas las 19.30, la familia de la docente llegó al lugar donde se concentraban los manifestantes. Su marido, Martín, y sus tres hijos —Sebastián, Adán y José— habían sido trasladados en helicóptero desde la zona rural donde se desarrollaba el operativo de búsqueda, debido a las dificultades de acceso al lugar.

Los vecinos los recibieron con aplausos, abrazos y muestras de afecto. El marido, visiblemente conmocionado, no habló ante las cámaras. Los hijos, acompañados por quienes los rodeaban, tampoco hicieron declaraciones.

En medio de la conmoción por el crimen, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional docente, una jornada de duelo y movilizaciones en todo el país para exigir Justicia por Nancy Godoy.

Cinco detenidos por el crimen

La movilización se realizó horas después de que la Policía de Corrientes encontrara el cuerpo de Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, quien había sido vista por última vez el 7 de octubre.

Su familia denunció la desaparición el 15 de octubre y, desde entonces, la Justicia puso en marcha una investigación que derivó en cinco detenciones.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González reunieron declaraciones testimoniales, registros de comunicaciones telefónicas y otros elementos que llevaron a sostener la hipótesis de femicidio. También se ordenaron pericias genéticas, cuyos resultados será clave para el avance de la causa.

Por el crimen hay cinco detenidos. Cuatro personas están imputadas por el asesinato, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido por falso testimonio. Los principales acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para el jueves 29 de octubre y declaró una jornada de duelo, movilizaciones y acciones públicas en reclamo de justicia por Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Corrientes hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

La medida incluirá protestas, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país. CTERA reclamó una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” para determinar las responsabilidades por el crimen.

Godoy tenía 52 años y trabajaba en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue encontrado semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso, ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento donde daba clases.

La convocatoria sindical fue difundida por CTERA y SUTEBA a través de X. La organización expresó su acompañamiento a la familia de la docente, a la comunidad educativa y a SUTECO, el sindicato de base de Corrientes que había reclamado el esclarecimiento de los hechos.

El gremio cuestionó las condiciones en las que Godoy desarrollaba su tarea en una zona rural aislada. También exigió que el Gobierno de Corrientes y el Gobierno nacional asuman las responsabilidades vinculadas con la precariedad, la falta de protección y el aislamiento que atravesaba la docente.

“Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, sostuvo la entidad. En el mismo pronunciamiento, planteó que el Estado debe garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y recursos para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Las organizaciones de base de la confederación mantendrán las asambleas, congresos, elecciones y demás actividades sindicales que ya estaban programadas. Esas instancias se realizarán bajo el reclamo de justicia por Godoy.

La maestra viajaba cada semana desde su vivienda en Esquina hasta la estancia El Curupí, un trayecto de 18 kilómetros. Desde allí debía recorrer a caballo otras dos o tres horas para llegar a la escuela de El Malezal, donde asistían ocho alumnos.

Godoy había elevado en agosto un planteo ante el Consejo General de Educación de Corrientes por el estado del edificio. Denunció bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada.

La directora suplente no podía quedarse a dormir en el establecimiento debido a esas condiciones. Por eso pasaba la noche en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que residía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia.

Cinco detenidos y pericias para establecer las circunstancias de la muerte

La última comunicación conocida de Godoy ocurrió el 7 de octubre a las 20:45, cuando le envió un audio a su nuera Alejandra. En ese mensaje describió la falta de agua y el deterioro de la escuela.

Sus hijos denunciaron la desaparición ocho días después, el 15 de octubre. La Fiscalía intervino entonces y el operativo de búsqueda se amplió con cerca de un centenar de policías, drones y dos helicópteros.

La causa tiene cinco detenidos con prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres fueron acusados de femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una imputación por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio luego de que los investigadores advirtieran contradicciones en sus declaraciones.

Bordón afirmó en una de sus versiones que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, aunque luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida bajo presiones y maltratos durante la detención.

Durante un procedimiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas para someterlas a pericias. En la casa de Leguizamón, en la localidad de Sauce, encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Zarza, de 34 años, fue señalado como el principal sospechoso. Testimonios incorporados al expediente lo ubicaron en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, y allí se hallaron prendas quemadas que serán analizadas mediante pruebas de ADN.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González se trasladaron en helicóptero al sitio donde apareció el cuerpo. Mosquera indicó durante una audiencia que la pesquisa no descarta un posible ataque sexual previo: “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”.

Adán, uno de los hijos de la docente, cuestionó la línea de investigación de la Fiscalía y vinculó la desaparición con denuncias que su madre había formulado sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos escolares. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El martes 6 de octubre de 2026, Nancy Godoy hizo el recorrido de siempre: 18 kilómetros desde su casa en Esquina, Corrientes, hasta la estancia “El Curupí”, y de ahí otras dos o tres horas a caballo hasta la Escuela Rural N° 626 del paraje “El Malezal”, donde se desempeñaba como directora suplente. Era la rutina semanal de una maestra de 52 años que llevaba una década sin conseguir un puesto fijo en la docencia y que, cuando finalmente lo tuvo, aceptó sin dudarlo.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, a las 20.45, le envió un audio a su nuera, Alejandra, en el que describía la falta de agua y las malas condiciones del edificio escolar. Fue su última comunicación conocida.

Tres semanas después, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas. Los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, se trasladaron al lugar en helicóptero.

Por el crimen, hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó Mosquera en una audiencia.

Pero ¿qué ocurrió desde la última comunicación de la docente hasta el hallazgo de su cuerpo?

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia. “Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada, repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra”, señaló. La escuela tenía apenas ocho alumnos.

Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

Del último contacto a las primeras detenciones

El jueves 15 de octubre, ocho días después de la última comunicación conocida, los hijos de Godoy denunciaron su desaparición. Recién entonces intervino la Fiscalía.

Las primeras 48 horas de investigación derivaron en la detención de Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural vinculado a la estancia, acusado de falso testimonio. Según los investigadores, el hombre dio tres versiones diferentes sobre lo ocurrido. En una de ellas afirmó que la docente había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, pero luego se retractó.

Su defensor, el abogado Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida mediante presiones y maltratos durante la detención y que, por ende, carecía de validez. En la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, que fueron enviados a peritar.

El domingo 18 de octubre, la pesquisa avanzó sobre el entorno más cercano de la docente. Leguizamón fue detenida y, durante un allanamiento en su vivienda de la localidad de Sauce, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que, según la investigación, podrían pertenecer a Godoy. Un video incorporado al expediente mostraba a la maestra montando a caballo con esa campera puesta.

Los investigadores detectaron contradicciones en los relatos de Leguizamón. Según la hipótesis judicial, la mujer le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina ese fin de semana, al asegurarle que nadie de la estancia volvería. También habría falseado la fecha en que supuestamente asistiría a una fiesta de doma en Sauce.

Ese mismo día también fue detenido Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón, por contradicciones y presunto ocultamiento de información en sus declaraciones. Ambos quedaron imputados inicialmente por encubrimiento agravado.

Al día siguiente, lunes 19 de ocutubre, familiares, amigos y vecinos de la maestra realizaron la primera marcha frente a la Fiscalía de Esquina en reclamo de justicia. Las manifestaciones continuaron durante los días siguientes, mientras crecía la preocupación por su paradero.

En paralelo, la Fiscalía comenzó a investigar la posibilidad de que Godoy hubiera sido asesinada. El operativo de búsqueda se amplió hasta involucrar a cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y dos helicópteros.

La detención del principal acusado y el giro de la causa

El miércoles 21 de octubre fueron detenidos otros dos sospechosos: Ireneo Felipe Zarza, de 34 años y capataz de la estancia El Curupí, y Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también vinculado al predio.

Zarza quedó señalado como el principal acusado del asesinato. Los testimonios incorporados al expediente lo ubicaban en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de Godoy. En esa construcción, donde el capataz solía pernoctar, los investigadores encontraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN.

Según los mismos testimonios, Zarza acostumbraba beber whisky en ese puesto y, bajo esos efectos, se tornaba agresivo. Esas declaraciones fueron incorporadas a la investigación como parte de los elementos reunidos contra el sospechoso.

El viernes 23, mientras personal especializado inspeccionaba tres pozos de agua antiguos ubicados cerca de la escuela —una diligencia que debió realizarse con extremo cuidado por la fragilidad de las estructuras—, la causa avanzó con las imputaciones por el crimen.

El juez Vallejos dictó la prisión preventiva de todos los detenidos hasta la realización del juicio, tras acoger el pedido de la Fiscalía. La defensa de Leguizamón había pedido prisión domiciliaria por tener tres menores a cargo; la de Rojas solicitó medidas menos restrictivas. Ambos planteos fueron rechazados. La defensa de Zarza también cuestionó la medida, pero el planteo no prosperó.

Las dudas de la familia y el hallazago del cuerpo después de tres semanas

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Este miércoles 28 de octubre, 21 días después del último audio que Godoy le envió a su nuera, los efectivos que participaban en el operativo de búsqueda encontraron el cuerpo de la docente en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba.

El hallazgo fue confirmado a Infobae por fuentes judiciales, que señalaron que se trata de una zona de muy difícil acceso.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.

El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, fue encontrado este miércoles en un sector de difícil acceso del paraje “El Malezal”, en el departamento de Esquina, dentro de un área rural cercana a la estancia “El Curupí”. La víctima solía pasar por ese predio en sus traslados hacia la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como directora suplente.

El hallazgo ocurrió esta mañana tras 21 días de búsqueda. Según informaron fuentes judiciales, el cadáver estaba semisumergido en un viejo potrero, a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo, en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

El lugar forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones, aunque la capa de camalotes dificultaba los rastrillajes aéreos.

La zona en la que apareció el cuerpo también carece de señal de celular. Esa falta de conectividad había sido uno de los obstáculos para reconstruir los últimos movimientos de la docente y para sostener las comunicaciones durante la búsqueda. Y por ello mismo también hoy se demoró la notificación del hallazgo.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y afectado por acción de la fauna y el agua. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizará la autopsia para establecer las causas y la data de muerte.

En la escena se encontró algo más: a pocos metros del cadáver había un bolso.

El elemento quedó incorporado al expediente y será analizado como parte de las medidas de prueba ordenadas por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

La investigación continúa con cinco detenidos: Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio. Todos tienen prisión preventiva.

La autopsia y los estudios sobre el bolso hallado cerca del cadáver se incorporarán a una investigación que ya reúne distintos elementos de prueba. En la tapera donde vivía Zarza, situada a unos 150 metros de la escuela, los investigadores secuestraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias genéticas para determinar si pertenecieron a Godoy y si conservan material biológico.

En la vivienda de Leguizamón, los policías encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la docente. La Fiscalía también analiza las contradicciones y presuntas omisiones detectadas en las declaraciones de la mujer y de su pareja, Rojas, quienes primero fueron detenidos por encubrimiento agravado y luego imputados por el crimen.

En tanto, en el domicilio de Bordón se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Esos objetos quedaron a disposición de los peritos, que deberán establecer si las manchas corresponden a sangre humana y si existe una vinculación con la víctima.

Respecto de Bordón, el primer detenido de la causa, cabe recordar que declaró inicialmente ante la Policía que Nancy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado. Pero luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa versión no tenía validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante la detención.

La causa también incorporó declaraciones testimoniales, análisis de comunicaciones telefónicas y muestras genéticas de familiares de Godoy. Los resultados de la autopsia y de las pericias pendientes podrían aportar precisiones sobre la fecha, la causa de muerte y la secuencia que investigan los fiscales.

Los investigadores encontraron tusi - de aspecto similar a la cocaína- y otras sustancias de diseño en el departamento donde fue asesinada Tatiana Fernández, en Retiro. Una de las hipótesis es que la víctima pudo haber estado bajo sus efectos y, por eso, no habría logrado resistir el ataque de Renato Iván Tabella, imputado por el femicidio e investigado por el crimen de Daniela Villalba en Córdoba, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La autopsia determinó que Fernández murió por asfixia mecánica por compresión y detectó leves lesiones defensivas en las muñecas; ahora se aguarda por los resultados de extracción de sangre y estudios complementarios que podrían confirmar el consumo de la droga por parte de la víctima. Los forenses no hallaron signos de abuso sexual.

Los agentes de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad secuestraron también elementos biológicos de interés, pastillas de medicamentos sin determinar y un chip de telefonía en la escena. Además, notaron que una caja fuerte había sido manipulada.

Aunque para los investigadores el crimen está esclarecido, esperan la apertura de los dos celulares hallados en poder de “Iván”. Buscan determinar si uno de los aparatos incautados en la habitación 108 del Hotel Central del barrio San Nicolás, en la que se había alojado, era de la víctima, al igual que los $ 79.000 hallados en su poder.

El presunto femicida se negó a declarar este martes ante el juez Guillermo Rongo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, quien quedó a cargo de la investigación tras la detención del sospechoso. El caso estuvo inicialmente bajo la supervisión de Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

El cuerpo de la trabajadora sexual fue hallado luego de un llamado al 911 de una amiga, a quien “Iván” había contactado a través de la plataforma “Gemidos”. Según las fuentes, la mujer -quien tenía acceso a la plataforma de citas- derivó el cliente a la víctima. Las cámaras de seguridad registraron al imputado alrededor de las 0:43 del domingo en cercanías al departamento.

“Tatiana había comenzado a trabajar como escort hacía poco tiempo, por eso su amiga se preocupó cuando no atendió los llamados”, detallaron. La mujer fue al departamento cerca de las 8 y no pudo ingresar, llamó a un cerrajero. Al entrar, encontró a la víctima sobre la cama, tapada con una sábana. Las cámaras revelaron que “Iván” se había retirado a la 1:59 de la madrugada.

En tanto, continúa la investigación en Córdoba por el femicidio de Villalba, en manos del fiscal especializado en violencia de género, Pablo Camacho. Esa pesquisa había logrado determinar que, tras el crimen en el barrio Cofico, el homicida —que tenía el pelo más largo según las cámaras que lo captaron al ingresar al departamento y al descartar una valija con toallones y otros elementos con los que limpió la escena— sacó con su DNI dos pasajes: uno a Buenos Aires y otro desde esa ciudad a Salta.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el dato en conferencia de prensa. Por ese motivo, sospechan que Tabella tenía planeado escapar a esa provincia del norte del país cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad.

Al mismo tiempo, trascendió una publicación que el supuesto doble femicida hizo el jueves 22 de octubre, antes de huir a Buenos Aires, en un grupo de Facebook en el que ofreció su bicicleta BMX por $ 1,5 millones. La sospecha es que intentaba financiar la fuga.

Entre ambos crímenes, los detectives encontraron patrones comunes. En primer lugar, las víctimas eran trabajadoras sexuales, ambas fueron asesinadas en los departamentos en los que ejercían la actividad, el asesino se llevó sus celulares, ambos cuerpos fueron hallados sobre la cama tapados con sábanas y la escena no estaba desordenada, no había signos de destrozos o forcejeo.

A diferencia de Fernández, Villalba fue degollada.

El nombre de Ted Bundy volvió a las portadas esta semana después de que un análisis de ADN lo vinculara con el asesinato de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años muerta en Utah en 1974. Pero la noticia va más allá de la resolución de un viejo expediente: uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos todavía tiene crímenes sin confirmar, más de tres décadas después de su ejecución.

Bundy violó y mató a al menos 30 mujeres y niñas entre 1974 y 1978 en cinco estados. Fue condenado a muerte en Florida y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Sin embargo, su lista de víctimas confirmadas sigue en aumento gracias a la tecnología genética.

Esto es lo que hay que saber sobre él y la ola de violencia que dejó a su paso.

Cómo Ted Bundy se convirtió en uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos

Criado en Tacoma, en el estado de Washington, Bundy comenzó su cadena de crímenes documentados a principios de 1974, en los alrededores de Seattle. En enero de ese año irrumpió en la vivienda de una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington mientras dormía y le fracturó el cráneo. La joven sobrevivió, pero con lesiones permanentes, según informó Associated Press.

Un mes más tarde, Lynda Ann Healy, otra alumna de la misma universidad, desapareció de su domicilio. Sus restos fueron localizados un año después en Taylor Mountain, una zona remota donde la policía también halló cuerpos de otras víctimas. En los meses siguientes, más mujeres fueron secuestradas en Washington y Oregón. Varios testigos describieron a un hombre con el brazo en cabestrillo que se acercaba a las jóvenes antes de que desaparecieran.

Para noviembre de 1974 la violencia se había trasladado a Utah. En Murray, Carol DaRonch, de 18 años, logró escapar después de que Bundy la abordó haciéndose pasar por un oficial de policía e intentó esposarla dentro de su auto. Su testimonio fue decisivo en las condenas posteriores.

Entre 1974 y mediados de 1975, Bundy también perpetró asesinatos en Colorado e Idaho.

El modus operandi que definió los crímenes de Ted Bundy

Lo que distinguió a Bundy de otros asesinos en serie fue su capacidad para proyectar una imagen confiable. Solía abordar a mujeres jóvenes en lugares públicos, donde ganaba su confianza con una actitud carismática o simulaba una lesión para parecer inofensivo, como reportó BBC. Una vez a solas con ellas, las trasladaba a zonas aisladas para agredirlas sexualmente y asesinarlas a golpes.

En otros casos entraba de noche en los hogares de sus víctimas, las golpeaba con objetos contundentes y abandonaba los cuerpos en parajes remotos. Este patrón se repitió a lo largo de cuatro años y en al menos cinco estados. Las víctimas eran, en su mayoría, estudiantes universitarias o adolescentes.

Las dos fugas que le permitieron seguir con los asesinatos en Florida

Bundy fue detenido por primera vez en agosto de 1975, cuando la policía encontró en su vehículo cuerda, esposas y una máscara de esquí. Al año siguiente fue declarado culpable por el secuestro de DaRonch y sentenciado a 15 años de prisión.

Pero en 1977, mientras enfrentaba cargos por otro homicidio, escapó de un juzgado en Aspen, Colorado, al saltar por una ventana del segundo piso. Fue recapturado una semana después. Seis meses más tarde volvió a fugarse: rompió el techo de su celda y huyó hasta Tallahassee, Florida.

El 15 de enero de 1978, Bundy ingresó a la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y golpeó con una rama gruesa a cuatro estudiantes; dos murieron y dos quedaron con heridas graves. Después atacó a otra mujer en una casa cercana. El 9 de febrero de 1978, secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años en Lake City, de acuerdo con AP. Fue su última víctima conocida: la policía lo arrestó en Pensacola cuando conducía un vehículo robado.

El juicio que fascinó a Estados Unidos y la condena a muerte

El proceso por los crímenes de Chi Omega, celebrado en 1979, generó una cobertura mediática sin precedentes. Bundy se desempeñó con una seguridad que desconcertó al público. “No sé qué tiene, pero es fascinante. Es impresionante. Tiene una especie de magnetismo”, dijo una joven espectadora a un reportero de la agencia AP durante el juicio.

Incluso el juez Edward Cowart reconoció que Bundy era un “joven brillante” que habría sido un buen abogado. Sin embargo, lo condenó a muerte por crímenes “extremadamente perversos, terriblemente malvados y viles”.

Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en Florida. En sus últimos días ofreció una serie de confesiones sobre homicidios que la policía desconocía hasta ese momento. No todos esos casos fueron confirmados. Otros asesinos en serie superaron su cifra de víctimas —Gary Ridgway fue condenado por 49 homicidios, aunque confesó haber matado a más de 71 personas, Samuel Little mató a más de 60 y Donald Harvey se declaró culpable de 37—, pero pocos generaron la misma fascinación pública que Bundy.

Por qué el ADN sigue sumando víctimas a la lista de Ted Bundy décadas después

El laboratorio estatal de criminalística de Utah incorporó en 2023 una tecnología capaz de extraer ADN de muestras extremadamente pequeñas, degradadas por el paso del tiempo o con material genético de varias personas. Esa herramienta fue la que permitió resolver dos casos de Bundy más de cinco décadas después de los crímenes.

En abril de 2026, investigadores del condado de Utah anunciaron que un fluido corporal extraído del cuerpo de Laura Ann Aime —una joven de 17 años desaparecida la noche de Halloween de 1974— coincidía con el perfil genético de Bundy. El mismo perfil fue enviado luego a la oficina del sheriff del condado de Summit, donde los detectives confirmaron la coincidencia con la muestra hallada en el cuerpo de Smith, según The Guardian.

“Con cada caso que se cierra, ojalá podamos aplastar el recuerdo de Ted Bundy”, declaró el sargento Mike Reynolds, del condado de Utah.

Los casos sin resolver que mantienen abierto el expediente del asesino en serie

Pese a estos avances, “el libro sobre Ted Bundy no está cerrado”, advirtió el detective Ben Pender, del departamento de policía del condado de Salt Lake, en declaraciones recogidas por AP. Pender lidera la investigación sobre Nancy Wilcox, una joven de 16 años asesinada en Utah en 1974 cuyo homicidio sigue sin resolución.

El estado de Utah acumula 444 investigaciones de muerte sin resolver, de las cuales 258 son homicidios, según datos de la Oficina de Servicios Forenses citados por BBC. La jefa de policía del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, aseguró que el avance en los casos de Bundy debe transmitir un mensaje a las familias de otras víctimas: “Cada día la ciencia forense cambia y tenemos la capacidad de revisar estos casos una y otra vez”.

Una mujer fue asesinada de una puñalada en el tórax en una vivienda de Clodomira, Santiago del Estero, en un caso que la Justicia investiga como femicidio. Su pareja está señalado como el principal sospechoso y es buscado por la Policía tras haber escapado luego del ataque.

La víctima fue identificada como María Eugenia Vanina Galván, una mujer de alrededor de 35 años y madre de tres hijos. El episodio ocurrió el martes en la vivienda de su madre, cerca de las 13:40. La investigación, a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, busca determinar la secuencia del ataque y las circunstancias que lo precedieron.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, Galván se encontraba en el domicilio junto a una de sus hijas, de seis años, y su hermana, de 29. Tras el pedido de auxilio, personal policial y sanitario acudió al lugar y constató su fallecimiento.

La causa se investiga como femicidio y tiene como principal sospechoso a Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima. El hombre se retiró del lugar después de la agresión y habría escapado a bordo de una motocicleta negra.

El Departamento Homicidios y Delitos Complejos quedó a cargo de las tareas para dar con su paradero. Las autoridades difundieron además un rasgo físico que podría facilitar su identificación: Tejeda tiene amputado el brazo derecho, una lesión que habría sufrido años atrás en un accidente de motocicleta.

La pesquisa judicial procura reconstruir las horas previas al crimen. Entre los elementos bajo análisis aparecen una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana y presuntas amenazas atribuidas al sospechoso.

La hipótesis principal: celos y amenazas

Una de las hipótesis bajo análisis vincula el crimen con los celos que Tejeda habría sentido ante un supuesto vínculo entre Galván y Roy Delgado, un conocido de ambos. Los investigadores buscan determinar si esa sospecha influyó en el ataque.

Circularon capturas de pantalla de supuestas conversaciones que serían del teléfono de Galván. Uno de los mensajes, enviado supuestamente por Tejeda a las 12.53, estaba dirigido a Roy y contenía referencias a él y a Galván.

Entre los mensajes difundidos figura un estado que subió minutos antes del crimen: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”. La fiscalía deberá comprobar la autenticidad, las fechas y el contexto completo.

Tras conocerse la fuga, los investigadores orientaron parte de la búsqueda hacia Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haber visto al sospechoso después del hecho. La Policía analizaba si pudo recibir ayuda para permanecer oculto, aunque no se había confirmado oficialmente su localización al momento de las últimas informaciones publicadas.

El fiscal Ibáñez coordina las medidas de investigación junto con los efectivos especializados. Además de establecer el recorrido posterior a la agresión, la fiscalía deberá reunir testimonios, pericias y otros elementos para determinar si existieron episodios de violencia previos y cuál fue el contexto inmediato del homicidio.

Un antecedente familiar que se remonta al 2012

En las últimas horas se conoció un antecedente ocurrido el 29 de diciembre de 2012 en Palmares, departamento Banda, que tuvo como acusado al padre del sospechoso.

El padre de Tejeda había salido de su casa junto a su hijo para trabajar en una finca. Ambos habrían regresado al domicilio tras advertir que habían olvidado un elemento necesario para la jornada. Al llegar, encontraron a la esposa del hombre junto al vecino, identificado por el apellido Bravo.

Según esos antecedentes, Bravo intentó escapar del lugar, pero fue perseguido hasta una zona montuosa de Palmares, donde recibió las heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

La coincidencia señalada entre ambos expedientes es el vínculo familiar entre los acusados y el uso de un arma blanca, pero no hay información que permita establecer una relación causal entre los dos crímenes.

La búsqueda del sospechoso continuaba mientras los investigadores intentaban precisar el recorrido de Tejeda tras abandonar la vivienda y reunir los elementos necesarios para esclarecer el asesinato de Galván.

La semana pasada, la investigación por el caso de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, tuvo un giro dramático: la Justicia comenzó a investigar el hecho como un femicidio y cinco sospechosos fueron detenidos. Ahora, mientras continúan los operativos para encontrar el cuerpo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado en el que explicó por qué cree que la mataron.

Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio. Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto sospechoso, está preso por falso testimonio. Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

De acuerdo con el MPF, los fiscales que llevan adelante la investigación, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, ordenaron una serie de medidas que incluyeron declaraciones testimoniales, secuestro de objetos de interés para la causa, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. Estos últimos estudios “se encuentran sujetos a un análisis integral y a la espera de resultados”. El cúmulo de pruebas —explicaron— les permitió sostener la hipótesis de que a Nancy la mataron.

Según explicaron, Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626, desapareció en los primeros días de octubre de 2026 en el paraje Malezal, Esquina, Corrientes. El 9 de octubre estaba previsto su regreso desde la zona rural donde trabajaba. Sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre. El MPF tomó intervención recién a partir de esa fecha.

La hipótesis de femicidio y las cinco detenciones

La acumulación de pruebas llevó a la Fiscalía a reorientar la investigación y ya no buscar a una persona con vida, sino un cadáver. El Ministerio Público Fiscal adoptó formalmente la hipótesis de femicidio como línea de trabajo central, lo que a su vez derivó en la detención de cinco personas.

El organismo subrayó que la situación de los detenidos “es examinada conforme a la legislación vigente, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas”.

“El abordaje de la hipótesis de un posible femicidio responde a la rigurosidad penal del caso, pero de ninguna manera implica abandonar la búsqueda”, aclararon.

Información a la familia y reserva del expediente

El MPF señaló que la búsqueda “continuará de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes”. Hasta ahora, las autoridades no informaron el hallazgo de restos ni ningún elemento que permita determinar con certeza qué ocurrió con la docente. Los resultados de las pericias genéticas, que podrían aportar datos sobre ese punto, todavía están pendientes.

El MPF de Corrientes también se refirió al vínculo con los allegados de la docente. Reconoció “el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares” y anunció que mantiene abiertos canales de comunicación para brindarles información dentro de los límites que impone la reserva legal de la investigación.

La institución se comprometió a mantener disponibles esos canales de asistencia “para la familia y/o sus allegados a lo largo de todo el proceso”, y a comunicar los avances que puedan hacerse públicos “oportunamente por los canales institucionales correspondientes”.

“La investigación se basa estrictamente en hechos verificados dentro del legajo, lo que garantiza la solidez del proceso y asegura un avance efectivo hacia el total esclarecimiento de los hechos. La investigación continúa en curso y los avances que puedan comunicarse serán informados oportunamente por los canales institucionales correspondientes”, concluyeron.

Lo cierto es que, por ahora, no se brindaron mayores detalles del rol de cada uno de los acusados en el presunto femicidio de la mujer. Para los fiscales, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que Nancy fue asesinada. Esa hipótesis se basa en una serie de medidas de prueba realizadas desde el 15 de octubre.

Allanamientos y objetos secuestrados

Mientras avanza el expediente en este sentido, los investigadores hallaron prendas quemadas en la tapera de Zarza, el capataz acusado de femicidio. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a la docente.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

El hallazgo se suma a una serie de medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía en las últimas semanas. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela, una diligencia que debió llevarse adelante con precaución por la antigüedad de las estructuras. Los resultados de esa inspección no fueron comunicados hasta el momento.

Durante un allanamiento previo en la casa de Rosa Leguizamón —otra de las imputadas— los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, podrían pertenecer a la maestra. Esas prendas fueron exhibidas ante los familiares de Godoy para su reconocimiento. En el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio, también se incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar.

En septiembre de 2016, Renato Iván Tabella publicó en Facebook una fotografía en blanco y negro en un recital de Malón. El heavy metal era uno de sus intereses. El otro, el BMX: una disciplina que consiste en realizar saltos y acrobacias en bicicleta.

Diez años después de aquella publicación, Tabella, de 28 años, está detenido como principal sospechoso de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro.

Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió en ambos departamentos y si los crímenes respondieron a un mismo móvil, comienzan a conocerse detalles sobre la vida de un hombre que, hasta hace apenas unos días, era prácticamente un desconocido y hoy quedó en el centro de dos investigaciones por homicidio.

Metal pesado y BMX

Renato Iván Tabella nació el 8 de julio de 1998. Según los registros consultados por Infobae, tenía declarado un domicilio fiscal en Huerta Grande y otro alternativo en La Falda, ambas localidades del Valle de Punilla, en Córdoba. Sin embargo, en las últimas semanas se había instalado en la capital provincial en busca de trabajo.

De acuerdo con lo informado por El Doce, hacía apenas tres semanas que vivía con su hermana en un departamento del barrio Güemes. No registraba empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista.

Sus redes sociales ofrecen algunas pistas sobre sus gustos y aficiones. En Facebook aparecen fotografías de recitales, entre ellas imágenes de una edición del Cosquín Rock y de un show de Malón, una de las bandas emblemáticas del heavy metal argentino. En una de las fotos se lo ve con un corte de pelo particular: un costado de la cabeza rapado y una cresta.

En Instagram, en cambio, compartía imágenes más recientes, algunas de ellas en bicicleta y con casco. El BMX era otra de sus aficiones, una modalidad de ciclismo que incluye saltos y maniobras acrobáticas.

Hasta su detención, Tabella no tenía antecedentes penales. El dato lo confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al referirse públicamente al caso. “Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, explicó el funcionario.

Ese viaje es uno de los movimientos que ahora reconstruyen los investigadores. Tabella había comprado pasajes en la terminal de ómnibus de Córdoba y se trasladó a Buenos Aires después del asesinato de Daniela Villalba.

Pero hay otro aspecto de su actividad que hoy ocupa un lugar central en las investigaciones: las citas sexuales concertadas por internet. Según publicó El Doce, Tabella habría contactado tanto a Villalba como a Fernández a través de Gemidos TV, una plataforma utilizada para ofrecer encuentros sexuales pagos.

Dos crímenes y un mismo sospechoso

El cuerpo de Daniela Villalba fue encontrado el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital. La joven había sido asesinada con un arma blanca y estaba acostada sobre la cama, cubierta con una sábana.

La investigación comenzó a partir del hallazgo de una valija con sangre en un contenedor de basura. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de un hombre que había salido del edificio con ese equipaje.

Para cuando los investigadores lograron identificar a Tabella, el sospechoso ya había viajado a Buenos Aires.

Allí volvió a utilizar la página Gemidos.TV para contactar a una trabajadora sexual. La mujer estaba ocupada con otro cliente y lo derivó a Tatiana Fernández, de 27 años.

La joven fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un departamento de la calle Libertad, en Retiro. Estaba sobre una cama, tapada con una sábana. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por compresión.

Las similitudes entre ambas escenas y el análisis de los movimientos del sospechoso llevaron a los investigadores de Córdoba y Buenos Aires a intercambiar información.

Una de las pistas más importantes surgió cuando la Policía llegó hasta la casa de los padres de Tabella. Los familiares explicaron que su hijo no vivía con ellos, pero les proporcionaron el número de un segundo teléfono celular.

Los investigadores lo llamaron. “Estoy ocupado”, respondió el hombre.

Ese mismo número había sido utilizado para contactar a la trabajadora sexual que lo derivó a Tatiana. A esa coincidencia se sumaron los registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas que lo ubicaron en las inmediaciones del departamento de la víctima.

El domingo por la noche, Tabella fue detenido en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado en la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, chips y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Se espera que sea trasladado a Córdoba, donde el fiscal Pablo Camacho investiga el femicidio de Daniela Villalba. En paralelo, la Justicia porteña continúa reuniendo pruebas por la muerte de Tatiana Fernández.

Por ahora, el móvil de ambos crímenes sigue siendo una de las principales incógnitas de la investigación.

La Justicia recibió en la tarde del lunes el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en un departamento de la calle Libertad, en Retiro, que fue encontrada muerta el domingo por la mañana.

El estudio, realizado por los forenses de la Morgue Judicial, determinó que Fernández murió a causa de una asfixia mecánica por compresión. Los forenses también descartaron signos compatibles con un abuso sexual. El cuerpo no presentó lesiones significativas en el primer análisis realizado en la escena del crimen. Sin embargo, en la autopsia se encontraron lesiones defensivas leves en las muñecas, aseguraron fuentes del caso a Infobae. Es decir, Tatiana forcejeó con su asesino.

Renato Iván Tabella, el principal sospechoso del crimen, también acusado del femicidio de Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba, fue detenido anoche en el hotel Centro 1555 de la zona de Montserrat por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, tras un pedido de allanamiento del fiscal Matías Di Lello, inicialmente encargado de esclarecer el femicidio de Fernández, en un expediente a cargo del juez Guillermo Rongo.

Su indagatoria y su posterior traslado a Córdoba para responder por el asesinato de Villalba, también trabajadora sexual y madre de un hijo, se esperan en las próximas horas.

El celular de Fernández no fue encontrado en el departamento donde fue asesinada, tal como ocurrió en el caso de Villalba. Sin embargo, otra trabajadora sexual que compartía el departamento de la calle Libertad con Tatiana, quien reportó su muerte a las autoridades, aportó el número de teléfono que sería de Tabella. El número comenzaba con un código cordobés, lo que encendió las armas de la Justicia.

Así, el fiscal ordenó un seguimiento de cámaras, junto con un cruce de antenas de teléfonos, lo que formó el rastro que llevó hasta el hotel. Las cámaras de la entrada del edificio de la calle Libertad al 1200 también captaron al acusado.

Fernández fue hallada muerta en una cama de dos plazas, con su cuerpo desnudo cubierto con una sábana. En la habitación se encontraron 17 piezas de evidencia que podrán ser empleadas en la causa, entre ellas, un rastro de ADN que podrá ser peritado.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad arrestó ayer domingo por la noche Renato Iván Tavella, el sospechoso de los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, ambas supuestas trabajadoras sexuales, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

Villalba, madre de un hijo, fue degollada el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico de la capital cordobesa. Fernández, que publicitaba sus servicios en el sitio de escorts Gemidos, fue encontrada sin vida bajo una sábana en una cama de dos plazas, en el departamento que compartía con otra trabajadora sexual, ubicado en la calle Libertad al 1200, barrio de Retiro, tras una cita con un cliente. Su cuerpo estaba desnudo. En la escena, la Policía de la Ciudad encontró rastros de ADN.

El celular de ambas víctimas no fue encontrado. Sin embargo, el número de teléfono usado por Tabella, de característica cordobesa, fue la clave que permitió seguirlo para detenerlo en una habitación del primer piso del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, zona de Monserrat, a 17 cuadras del departamento de Fernández.

La propia compañera de Tatiana, que denunció la muerte al 911, aportó el apodo de este sospechoso, simplemente “Iván”. Fue quien también aportó el teléfono del sospechoso, gracias a un registro que impactó en su propio teléfono, según confirmaron fuentes del caso a este medio. Robar el teléfono de su víctima, por lo visto, no fue suficiente para cubrir sus rastros.

Tabella, de 28 años, es cordobés. El domicilio que fijó ante las autoridades es una importante casaquinta en Villa Giardino. No tiene empleo registrado ni altas como monotributista. El robo del celular no es lo único que une a ambas víctimas: el cuerpo de Villalba también fue cubierto con una sabana tras su femicidio. Su muerte también fue alertada por una amiga suya.

La Justicia cordobesa había identificado a Tabella días antes de su captura porteña, con un expediente a cargo del fiscal Pablo Camacho. La coincidencia que lo unió a la muerte de Fernández llegó a través del número de teléfono que supuestamente usó para coordinar el encuentro en Retiro.

El fiscal Matías Di Lello, inicialmente a cargo de esclarecer el caso de Retiro, considerado un femicidio por sus características, ordenó un seguimiento de cámaras, un cruce de antenas de teléfonos y requirió un allanamiento. La sospecha con respecto al vínculo con el asesinato de Villalba, dada la característica del celular, fue inmediata. Poco después, los investigadores supieron del pedido de captura de Tabella emitido por la Justicia cordobesa.

Entonces, con todos estos datos, Di Lello requirió un allanamiento en el Hotel Centro 1555, a donde apuntaban las filmaciones. Poco después, Guillermo Rongo, el juez del caso, asumió el control de la investigación, inicialmente delegada en el fiscal. Así, finalmente, se encontró a Tabella en el hotel de Monserrat.

El misterio de la muerte de Tatiana

Los ministros de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia hoy lunes en CABA para dar detalles del caso.

En paralelo, la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández se realizará en la jornada de hoy en la Morgue Judicial; el análisis de Policía Científica, realizado en la escena del hecho, no reveló ninguna lesión traumática. Villalba, en cambio, sufrió varios cortes en sus brazos, posibles heridas defensivas, para ser finalmente degollada.

Tatiana, porteña, de 27 años, con un domicilio fijado en Pompeya, había trabajado en blanco en un restaurant de hamburguesas hasta febrero de este año: enfrentaba una deuda de varios cientos de miles de pesos en un banco. Su compañera aseguró a las autoridades que había comenzado a dedicarse a la prostitución “recientemente”.

Las manos de su cuerpo fueron preservadas con sobres de papel para conservar rastros de un posible atacante. También se conservó de forma forense su región perineal, para confirmar o descartar un posible abuso sexual.

Si las sospechas son finalmente confirmadas por la Justicia, entonces, las autoridades estarán ante un asesino múltiple de prostitutas, con un caso que resuena con los crimenes de “El Loco de la Ruta”, cometidos entre 1996 y 1999, con 14 víctimas en la periferia de Mar del Plata y ningún culpable hasta hoy.

Un operativo en la construcción rural donde vivía el capataz Ireneo Zarza, uno de los principales acusados de femicidio de Nancy Godoy, permitió encontrar prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN para determinar si pertenecían a la docente, desaparecida desde comienzos de octubre en el departamento de Esquina, Corrientes. Los cotejos están previstos para este lunes, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

El hallazgo se suma a una serie de medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía en las últimas semanas. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela, una diligencia que debió llevarse adelante con precaución por la antigüedad de las estructuras. Los resultados de esa inspección no fueron comunicados hasta el momento.

En paralelo, durante un allanamiento previo en la casa de Rosa Leguizamón —otra de las imputadas— los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, podrían pertenecer a la maestra. Esas prendas fueron exhibidas ante los familiares de Godoy para su reconocimiento. En el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio, también se incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar.

Por la desaparición de la docente hay cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Leguizamón fue acusada de homicidio simple, mientras que Bordón está imputado por falso testimonio.

Todos quedaron con prisión preventiva, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos en audiencias celebradas el 23 y el 24 de octubre, tras hacer lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

La defensa de Leguizamón había solicitado que la acusada cumpliera prisión domiciliaria por tener tres menores a cargo, pero el magistrado rechazó el planteo. Del mismo modo, la defensa de Rojas sostuvo que no estaban acreditados los riesgos procesales invocados por la Fiscalía y pidió medidas menos gravosas, sin éxito. En el caso de Zarza, su defensa se opuso a la resolución y solicitó impugnarla.

Según los testimonios incorporados al expediente, Zarza estuvo en la tapera durante las horas previas a la desaparición. De acuerdo con esos relatos, el capataz de la estancia “El Curupí” solía beber whisky en ese puesto y, cuando lo hacía, se volvía agresivo. Estas declaraciones forman parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía para sostener la acusación.

En cuanto a Leguizamón, según la hipótesis de los investigadores, le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería. También habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Esas inconsistencias, sumadas a las prendas halladas en su domicilio, la ubicaron entre las sospechosas. Su pareja, Rojas, fue detenido junto a ella tras detectarse presuntas contradicciones y omisiones en las declaraciones de ambos.

El hijo de la docente, Adán, cuestionó la hipótesis de femicidio ante el diario Época. “Hay más personas involucradas en esto. Todas las que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá son sospechosas, pueden ser todas culpables”, declaró. También puso en duda que se trate de un crimen por razones de género: “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, agregó.

Adán también apuntó contra Norberto Gamarra, ex director del establecimiento escolar, al sugerir que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado podrían haber sido el verdadero móvil. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo en declaraciones al medio correntino.

Los rastrillajes para encontrar el cuerpo de Nancy Godoy continúan en la zona del paraje El Malezal, donde fue vista por última vez el 7 de octubre. El foco de la búsqueda se concentra en los campos de la estancia, aunque hasta el momento no se informó sobre resultados positivos.

Los investigadores que buscan esclarecer femicidio de Daniela Villalba, en Córdoba, y la muerte de Tatiana Fernández, en CABA, reconstruyeron, a través de cámaras de seguridad, el recorrido que realizó el presunto femicida Renato Iván Tabella antes y después de su visita al departamento de Retiro en el que hallaron muerta a la segunda víctima.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que “Iván” llegó a la Ciudad el viernes pasado, luego de sacar dos pasajes en la terminal de Córdoba con su DNI. Estiman que, durante ese tiempo, estuvo buscando dónde quedarse. De acuerdo a la investigación, el hombre de 28 años no tiene vínculos en territorio porteño por lo que no descarta que haya dormido en la calle.

El sábado se contactó este sábado con Tatiana, a través de la plataforma “Gemidos” con la intención de pasar la noche. Fue captado por primera vez a las 00:30 horas del domingo en Santa Fe y Maipú, mientras se desplazaba a pie por Maipú. Luego, continuó por avenida Santa Fe, Suipacha, Arenales, Cerrito, nuevamente Arenales y Libertad, en dirección a las inmediaciones del lugar del hecho.

A las 00:43:15 horas, fue captado en Libertad y Arenales, donde se obtuvo una nueva imagen de su desplazamiento mientras manipulaba su celular

. De acuerdo con las imágenes aportadas por cámaras privadas, salió del edificio a las 01:59, es decir, más de dos horas después. Caminó por la calle Libertad en dirección a Juncal.

Minutos más tarde, a las 02:03 horas, fue captado en Cerrito y Juncal, desplazándose a pie en sentido a la avenida 9 de Julio. Segundos después, se registró su paso por Juncal en dirección a Carlos Pellegrini.

Al llegar a la calle Arenales, el sospechoso retrocedió hacia detrás de la arboleda y luego continuó su desplazamiento por Carlos Pellegrini, para finalmente doblar por Arenales.

A las 02:05 horas, se lo captó cuando se desplazaba en dirección a Suipacha. A las 02:08 horas se lo ve a la distancia o, al menos, a alguien con características similares por Arenales en dirección al interior de la Plaza General San Martín.

A las 02:09 horas, la cámara ubicada en Santa Fe 700, volvió a registrarlo mientras caminaba por el interior del espacio verde. Un minuto después, a las 02:10 horas, la cámara lo muestra a la carrera por el interior de la plaza. Finalmente, a las 02:11 horas se lo ve cruzando Reconquista y avenida Leandro N. Alem. En ese lugar se perdió.

Sin embargo, la Policía de Cordoba estaba tras sus pasos y contaban con una línea que iba impactando en diferentes antenas. De esta manera, establecieron que estaría en las inmediaciones de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón al 1500.

Los detectives porteños llegaron al Hotel Central. Y, al ver las cámaras, ven al sospechoso ingresar al lugar a las 12:57. Tenía otra ropa. Llevaba una gorra celeste con vivos blancos en los laterales, el número 46 en color verde flúor en la parte delantera.

Asimismo, llevaba un buzo gris claro con capucha negra y una inscripción en letras blancas sobre fondo rojo en la parte superior izquierda, pantalón y calzado oscuros, y una campera azul apoyada sobre el brazo izquierdo.

A las 23 horas, con la autorización del fiscal, se procedió a su detención. Los investigadores se muestran cautos: aguardan el resultado de pericias y analizan los elementos secuestrados en la habitación 108 donde se alojaba para confirmar con certeza que se trata de la misma persona.

En ese punto es clave el análisis de los dos celulares hallaron en el lugar. Aún resta establecer si alguno de los aparatos pertencen a las víctimas debido a que ninguno de ellos fueron hallados en la escena del hecho.

A la vez, esperan el resultado de la autopsia debido, a simple vista, el cuerpo de Tatiana no presentaba signos de violencia. “No se secuestraron armas de fuego ni blancas y no había sangre”, indicaron las fuentes que aguardan el dictamen de los forenses.

En tanto, en Córdoba, el fiscal Pablo Camacho espera que “Iván” sea trasladado a esa ciudad para indagarlo por el femicidio de Daniela Villalba.

Renato Iván Tabella, de 28 años, fue detenido esta madrugada por efectivos de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad en el Hotel Centro del barrio de San Nicolás. Los agentes, que investigaban simultáneamente el crimen de Tatiana Fernández, llevaban una orden de captura de Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba. Ambos crímenes comparten características.

Fuentes con acceso a la investigación indicaron a Infobae que, en el momento de la detención, el sospechoso no se mostró nervioso ni se resistió. En la habitación que ocupaba encontraron dos celulares, entre ellos, el que siguieron policías cordobeses a través de impacto de antenas, bajo la supervisión del fiscal Pablo Camacho.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando Daniela, de 29 años y madre de un hijo de 11 años, fue hallada degollada en su departamento de Boulevard Las Heras al 200. Dos días antes, había tenido un encuentro con un “cliente”.

A los investigadores, les llamó la atención que el asesino fue, por un lado, torpe y, por el otro, muy ordenado. En primer lugar, ingresó al departamento con la cara descubierta; por otro lado, el homicidio fue muy violento, pero se tomó el tiempo de ordenar el lugar, limpiar la sangre y colocar a la víctima sobre la cama, boca arriba -decúbito dorsal- y taparla con las sábanas. Cerró la puerta con llave y se retiró.

Al salir, sí cubrió su rostro. Llevaba una valija. De acuerdo al seguimiento de cámaras de seguridad policiales y privadas, la descartó en la esquina de Jujuy y Humberto 1. Al día siguiente, el martes, los recolectores de basura que la habían arrojado al camión con otros residuos, notaron que, al compactarla, de su interior brotaba sangre.

El rastro del sospechoso se perdió en la zona de Pocito. En ese lugar, los policías le mostraron imágenes del sospechoso a vecinos que lo reconocieron y marcaron dónde se estaba quedando. El paso siguiente fue ir a la vivienda. El hombre buscado no estaba, pero los recibió una persona que lo conocía y les dio su nombre: “Iván”.

El testigo lo llamó. Iván respondió y se excusó: “Ahora no puedo”. De esa manera, los detectives confirmaron que el sospechoso tenía en su poder un dispositivo con el que podrían rastrearlo. Lograron establecer que, luego de escapar de la escena del crimen, el femicida se dirigió a la terminal de Córdoba. Sacó dos pasajes. Uno a la Ciudad de Buenos Aires. El análisis de los impactos de antenas, hicieron el resto.

Cuando la Policía de Córdoba se comunicó este domingo con sus pares porteños para hacer efectiva la orden de captura, uno de ellos advirtió que, horas antes, había ocurrido un crimen con características similares en la calle Libertad al 1200, en el límite entre Retiro y Recoleta.

La víctima era Tatiana Fernández, de 27 años. Cerca de las 8 de la mañana de este domingo, la encontraron sobre la cama y estaba tapada con una sábana. Estaba boca arriba. No había desorden. Al igual que en el caso de Daniela, faltaba el celular de Tatiana que también se desempeñaba como escort. La puerta también estaba cerrada con llave. La descubrió una amiga que, preocupada porque no atendía los llamados tras un encuentro con un hombre al que identificó como “Iván”.

El impacto de antenas reveló que Tabella había estado en ese lugar. En conjunto, los investigadores de ambas fuerzas de seguridad establecieron que, cerca del mediodía de ayer, el sospechoso se había hospedado en la habitación 108 del hotel de la calle Perón al 1500.

En el cuarto del primer piso, hallaron dos celulares, un cargador de iPhone, $ 79.000, cuatro tarjetas con chips de telefonía celular y una tarjeta sin el chip, una licencia de conducir con su nombre de Córdoba y su DNI, una SUBE, una tarjeta del Banco Nación y varias prendas de vestir.

La situación judicial: imputado en Córdoba, investigado en Buenos Aires

“Iván” fue trasladado a Córdoba donde será imputado por femicidio y será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas. La Justicia porteña, en tanto, avanza sobre las pruebas que lo colocan en la escena del homicidio de Tatiana Fernández. De confirmarse su autoría en ambos casos, enfrentará dos juicios, tal como ocurrió con Pablo Laurta, autor de un doble femicidio en Córdoba y un homicidio en Entre Ríos.

Similitudes entre los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

- Las víctimas: Daniela tenía 29 años y Tatiana, 27. Ambas ejercían el trabajo sexual y habían acordado encuentros con un hombre.

- El nombre del sospechoso: En ambos casos aparece un hombre identificado como “Iván”.

- Los escenarios: Los dos crímenes ocurrieron en departamentos donde las víctimas recibían clientes.

- La posición de los cuerpos: Ambas mujeres fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y tapadas con sábanas.

- El orden de los departamentos: En ninguno de los dos lugares se observaron signos de desorden. En Córdoba, además, el asesino habría limpiado la sangre.

- Las puertas: Los dos departamentos estaban cerrados con llave.

- Los celulares: En ambos casos faltaban los teléfonos de las víctimas.

- Los encuentros previos: Las dos mujeres habían tenido contacto con un hombre antes de ser encontradas muertas.

- La principal diferencia: Daniela fue degollada y su cuerpo presentaba signos de violencia. En el caso de Tatiana, inicialmente no se observaron lesiones visibles.

Todo, desde el inicio, es puesto bajo la lupa en la investigación que busca esclarecer el crimen de Daniela Villalba, la joven de 29 años hallada asesinada en su departamento de Córdoba el miércoles pasado. La Fiscalía de Instrucción de violencia de género y familiar de Córdoba, a cargo de Pablo Camacho, incluso no da por cerrada la hipótesis de femicidio.

Fuentes de la investigación indicaron que se barajan otros móviles como el robo, un crimen por encargo o un ajuste de cuentas mafioso, mientras buscan determinar la identidad del hombre que fue registrado por la cámara del portero eléctrico del edificio y dispositivos de seguridad de la calle. “Las imágenes no tienen buena resolución”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Aunque los investigadores esperan el informe definitivo de la autopsia, el preliminar determinó que la víctima fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos que los peritos leen como un intento de defensa. Los forenses levantaron muestras debajo de las uñas para confirmar si existen rastros genéticos del asesino.

Todo comenzó el martes 20 de octubre, cerca de las 9.30 de la mañana, cuando recolectores de basura encontraron una valija, entre otros desechos, en la calle Jujuy y Humberto 1. No sospecharon nada y la lanzaron al camión con el resto de los desperdicios. A pocos metros, cuando se activó el sistema de compactación, notaron que brotaba sangre. Llamaron a la Policía.

Cuando efectivos de la Policía abrieron la valija encontraron toallones, ropa interior y una alfombra, entre otros elementos, con manchas hemáticas. Uno de los agentes encontró una pista clave: un ticket de aeropuerto con el nombre de Daniela Villalba.

En la tarde del miércoles, llegaron a un edificio ubicado frente al Parque Las Heras, donde entrevistaron a personal de mantenimiento. Indicaron que, desde el martes, no tenían noticias de la inquilina del departamento 1F. Luego, lograron comunicarse con una amiga. Estaba preocupada porque Daniela no respondía los mensajes desde el lunes cuando, supuestamente, le dijo que “se sentía mal”.

Sin perder tiempo, los detectives tocaron la puerta del 1D donde la propietaria les permitió el ingreso para pasar, a través del balcón, al 1F. Acceden a la propiedad al forzar una puerta ventana que daba a la habitación principal. Sobre la cama, observaron a una mujer acostada en la cama, tapada con las sábadas. Estaba muerta. El asesino había acomodado el cuerpo. A simple vista, la vivienda no presentaba daños ni desorden.

Ahora, la investigación pone la lupa en una secuencia de mensajes enviados la noche del lunes 19 de octubre y en el recorrido que habría realizado un hombre luego de salir del edificio donde vivía la joven, en el barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.

Según detallaron, la amiga de Villalba tenía previsto visitarla en el departamento. Los intercambios por WhatsApp situaron a los investigadores en una franja que comenzó alrededor de las 22 y terminó poco después de las 23.

De acuerdo con las fuentes, “Daniela -que, según su amiga, ejercía la prostitución- le dijo que tenía un cliente, pero que en 10 minutos se lo sacaba de encima”, reveló un investigador. Ese mensaje genera dudas. “No cierra que la víctima podría atender a un cliente en ese periodo de tiempo. No estamos asumiendo que Daniela le dijo la verdad a su amiga”, indicaron.

“Todavía no sabemos qué pasó. Suponemos que el hombre que entró al departamento, que quedó registrado por la cámara del portero, es el mismo que fue retratado en el seguimiento de la valija”, agregaron las fuentes.

“No sabemos si se trató de un robo porque Daniela se estaba por mudar y no pudimos determinar si hubo faltantes. La valija que se llevó el asesino con sus cosas era de ella. Era una de las que estaba usando para acomodar la ropa que se iba a llevar”, añadieron.

Los mensajes

Cerca de las 22 del lunes, Daniela le escribió a su amiga: “Me voy a ocupar, ya te llamo”. Más tarde volvió al chat y le avisó: “Ya me desocupé”. Ante la consulta de si podía ir, respondió: “Sí, voy poniendo la pava”, informó El Doce.

La amiga llegó al edificio unos 15 minutos después y comenzó a enviar mensajes para que le abrieran. “Bajá”, “estoy abajo”, “contestáme”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?” fueron parte de la secuencia, sin respuestas de la joven.

El último mensaje que registró doble tilde en el teléfono de Daniela fue enviado a las 22:49. A las 23:15, su amiga mandó otro texto que ya no fue recibido por el dispositivo de la víctima, confirmaron las fuentes a este medio.

El celular de la víctima no fue hallado.

Las cámaras registraron la salida de un hombre con una valija y una alfombra

Las cámaras de seguridad habrían captado a un hombre alto, con gorra y el pelo algo largo, cuando salió del edificio. Las imágenes iniciales no permitían distinguirlo con precisión, aunque los investigadores reconstruyeron parte de su trayecto hasta el centro de Córdoba.

De acuerdo con la información, el sospechoso habría cruzado un puente a pie con una valija y una alfombra que luego fueron encontradas en la esquina de Sucre y La Rioja. El recorrido habría continuado por la calle La Tablada.

Las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) habrían registrado con mayor claridad el rostro del hombre. Ese material es analizado dentro de la causa para determinar su identidad y establecer su eventual vinculación con el hecho.

La causa continúa bajo investigación judicial, con el análisis de las imágenes de seguridad, los mensajes aportados por la amiga de la víctima y las diligencias para localizar al hombre que aparece en los registros.

El trabajo de la Policía de la Ciudad en la escena de la muerte de Tatiana Micaela, la trabajadora sexual hallada muerta en un departamento de Retiro, arrojó una fuerte incógnita que marcó un punto de giro en el caso: los detectives de la División Homicidios no hallaron el celular de la víctima.

Este dato llevó a que Matías Di Lello, el fiscal del caso, comience a investigar la muerte como un femicidio. El cuerpo, hallado sobre una cama, no presentaba signos compatibles con una muerte violenta. La autopsia, realizada en la Morgue Judicial, había comenzado poco después del mediodía de hoy. Los investigadores del caso aguardaban los resultados preliminares del estudio al cierre de esta nota.

Di Lello ordenó también una batería de medidas para hallar al principal sospechoso y para encontrar los posteos en sitios de internet donde la víctima promocionaba sus servicios.

Tatiana, de 27 años, había comenzado a dedicarse a la prostitución “recientemente”, asegura una fuente del caso a Infobae.

Su muerte fue alertada hoy domingo a las 8:40 AM al 911 por su compañera en el departamento que ambas alquilaban en la calle Libertad al 1200, luego de varios llamados que la víctima no respondió. Según el testimonio de su compañera, Tatiana se encontraría con un presunto cliente, conocido como “Iván”.

De acuerdo a la reconstrucción, el hallazgo del cuerpo se dio después de que la denunciante se dirigió al inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200 y, como la puerta estaba cerrada con llave y no recibió respuesta, solicitó la asistencia de un cerrajero.

Una vez dentro del departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48 de la mañana. Asimismo, el área de Criminalística de la fuerza porteña también comenzó tareas en el departamento.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo.

La denunciante y Tatiana Micaela se dedican al trabajo sexual y alquilan el inmueble de manera temporal para ejercer esa actividad, según su relato ante los investigadores.

Según la mujer, perdió contacto con su amiga la noche anterior, por lo que decidió dirigirse al departamento. Al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar, encontraron la escena: la víctima yacía boca arriba sobre la cama.

El hecho ocurre a pocas horas de otro caso que conmociona Córdoba: Daniela Villalba, de 29 años, fue hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico, en la capital cordobesa. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y los brazos, y su cuerpo estaba cubierto con una sábana sobre la cama. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, que analiza el hecho como un posible femicidio. Hasta el momento, no hay detenidos.

La búsqueda comenzó después de que una amiga denunciara que Daniela había dejado de responder mensajes. Los investigadores encontraron además una valija con sangre en un contenedor cercano, un elemento que permitió vincular el caso con la desaparición de la joven y localizar su vivienda. En el departamento no había señales de desorden y faltaba su celular.

La principal hipótesis indica que Villalba habría sido asesinada durante un encuentro con una persona ajena a su círculo cercano. Las cámaras del edificio habrían registrado a un hombre que entró y salió del lugar, aunque las imágenes todavía no permitieron identificarlo con precisión. Daniela vivía sola desde hacía unas tres semanas, tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa del centro cordobés

La Justicia de la provincia de Corrientes dictó la prisión preventiva para todos los acusados en el marco de la causa que investiga la desaparición y el crimen de Nancy Godoy, la docente que fue vista por el última vez el pasado 7 de octubre en la localidad de Esquina. Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que el otro está detenido por falso testimonio. El cuerpo de la mujer sigue sin aparecer.

Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de ésta, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval. Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada del de homicidio simple.

Durante la primera audiencia de coerción realizada ayer viernes en la Oficina Judicial de Esquina, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con la adhesión de los abogados querellantes, y dispuso que Rojas y Leguizamón continúen detenidos con prisión preventiva hasta la realización del juicio.

La medida se basó en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal de la provincia. Destacó la gravedad institucional del hecho y la estricta necesidad de evitar riesgos procesales y resguardar las diligencias probatorias en curso.

La defensa de Leguizamón había solicitado que la acusada cumpliera prisión domiciliaria, debido a que tiene tres menores a su cargo. Por su parte, la defensa de Rojas sostuvo que no estaban acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía y pidió medidas menos gravosas o, de manera subsidiaria, que la prisión preventiva tuviera un plazo.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, hoy fue el turno para los capataces. Su destino será el mismo: los fiscales de la causa pidieron “la medida de coerción más gravosa”; es decir, prisión preventiva sin plazo. Esto indica que estarán tras las rejas hasta el inicio del juicio.

Cerca del mediodía de hoy, el magistrado Vallejos accedió al pedido de los fiscales y dictó la medida. La defensa de Zarza se opuso y solicitó la impugnación de la resolución. El fiscal Mosquera, presente en la audiencia, rechazó el planteo del defensor.

En cuanto a Bordón, el quinto detenido, las fuentes señalaron que la Justicia lo imputó el jueves del delito de falso testimonio. También seguirá preso indefinidamente.

Mientras avanza el expediente en este sentido, este viernes se sumó, además, una nueva medida de prueba. Personal especializado inspeccionará tres pozos de agua antiguos, ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clases.

Se trata de una medida -aclararon- que debía llevarse con suma precaución para que la estructura de los pozos no se desmorone, debido a su antigüedad. Por el momento se desconoce el resultado de ese procedimiento, mientras que sigue la búsqueda de Nancy, ya no con vida, sino de su cuerpo. El foco por ahora se centra en los campos del paraje “El Malezal”, aunque por el momento sin resultados.

Las dudas de la familia

En las puertas de los Tribunales de la ciudad de Esquina, Adán, hijo de la maestra rural, brindó declaraciones y dijo que “hay más involucrados”.

En diálogo con el diario Época, el joven exigió que no se descarte la hipótesis vinculada a las denuncias de irregularidades en la escuela rural que la docente había presentado antes de su desaparición.

“Hay más personas involucradas en esto.Todas las que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá son sospechosas, pueden ser todas culpables”, dijo. El hijo de la maestra dijo que no está de acuerdo con la calificación de femicidio. Para él, el crimen no tiene una connotación de género.

“Esa es una de las hipótesis más fuertes según la Fiscalía, pero nosotros no vimos nada, no tenemos pruebas ni el cuerpo como para decir eso.La Fiscalía no se comunicó con nosotros,se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, indicó.

“Todo comenzó con la denuncia”, remarcó el joven, quien se refirió a las irregularidades planteadas por su madre respecto de las condiciones del establecimiento y la gestión de fondos públicos. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sugirió.

Adán apuntó contra Norberto Gamarra, ex director del establecimiento escolar. “Mi mamá decía que no podía dejar los papeles de la escuela ahí porque él podía ir a sacárselos, por eso se llevaba todo a su casa”, recordó.

Además, sugirió que : “Rosa [Leguizamón] se hacía la buena samaritana y no sabemos si era más compinche con el director anterior, que conocía a todos”.

La sospecha sobre los capataces

La detención de Zarza se concretó el miércoles en horas de la noche. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que el hombre solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo.

Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la Fiscalía reunió para sostener la imputación. En el mismo operativo fue detenido Sandoval, cuyo rol aún no fue aclarado, aunque también recibió la misma imputación.

El papel de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en un allanamiento

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas.

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado el miércoles en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

A Rojas se le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material. A Leguizamón, en tanto, se le imputó el delito de homicidio simple en calidad de coautora.

El asesinato de Daniela Villalba, la joven de 29 años encontrada sin vida en su departamento del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, por el momento es un misterio. Si bien el caso se investiga como un posible femicidio, todavía son varias las incógnitas que la Justicia debe resolver y no se descarta ninguna hipótesis. Mientras avanza la investigación, sus amigos y conocidos la despidieron con dolor a través de las redes sociales, donde la destacaron como una persona “dulce” y con “sueños por cumplir”.

Según trascendió en base al testimonio de vecinas del barrio, Daniela vivía sola hace una tres semanas en el departamento 1F, del edificio donde la encontraron muerta, ubicado en el bulevar Las Heras al 200.

Tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa de la zona céntrica de Córdoba. Tras conocerse su muerte, sus amigas publicaron mensajes de despedida en redes sociales y reclamaron justicia.

“Tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de sus amigas en su cuenta de la red social Facebook.

“Y un día le tocó a una amiga, ¿por qué hijos de mil puta? ¿por qué? Sociedad de mierda! Que injusto!. No saben lo que era ella, una de las personas más dulces, de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho esto. Te juro por Dios que se va a hacer justicia”, escribió otra amiga.

Otra mujer compartió un momento que vivieron juntas y acompañó sus palabras con una fotografía junto a la joven. “Gracias por los momentos lindos que compartimos. Beso al cielo ami”, escribió. “Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto”, sostuvo otra joven en una publicación en sus redes sociales.

El crimen y lo que se sabe

El hallazgo del cadáver se produjo el miércoles pasado, cuando un servicio médico acudió al domicilio del barro Cofico. La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, dirigida por el fiscal Pablo Camacho.

De acuerdo con el diario La Voz, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que habría sido asesinada en su departamento del barrio Cofico durante la noche del lunes, presuntamente por una persona con la que había acordado un encuentro y que no formaba parte de su círculo cercano. El foco ahora se centra en el celular de la joven que es el único objeto que no se encontró hasta el momento. Además hay otro dato que llama la atención: el departamento de Daniela estaba prácticamente intacto. N había señales de desorden, lo que supondría que no se trató de un hecho de inseguridad.

La búsqueda se inició después de que una amiga de la joven denunciara que no podía comunicarse con ella. La mujer había advertido que Villalba dejó de responder sus mensajes a principios de esta semana y decidió ir hasta el edificio donde vivía, sin obtener respuestas.

En paralelo, los investigadores encontraron una valija con sangre en un contenedor ubicado en la zona de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que permitió avanzar con las averiguaciones y cruzar datos con la denuncia por la desaparición de la joven.

A partir de esa información, los efectivos llegaron al departamento. Una vecina permitió el acceso a su vivienda y desde allí pudieron ingresar por una puerta ventana al inmueble de Villalba.

Según informó El Doce TV, la joven estaba en su cama, cubierta con sábanas y presentaba heridas en el cuello y en los brazos. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer quién fue la persona que estuvo con ella antes de su muerte.

El medio, además, informó que en una filmación habría quedado registrado un hombre que ingresó al edificio y luego salió, aunque las imágenes no permitirían identificarlo con precisión. Pese a eso, trascendió que los investigadores analizan ese material y tendrían individualizada a una persona: se trata de un hombre alto de gorra y el pelo “un poco largo”.

Las vecinas del edificio contaron a la prensa local que Villalba se había mudado al departamento hacía unas tres semanas. Una de ellas relató que una amiga de la víctima alertó a los residentes porque la joven había dejado de responder y, según dijo, había enviado un mensaje para pedir ayuda.

“Una de sus amigas nos alertó porque había dejado de responder mensajes el lunes. Había mandado un mensaje pidiendo ayuda y no contestó”, contó una vecina. Otra mujer expresó preocupación por la seguridad en el edificio: “Somos mujeres igual que ella y podríamos haber sido nosotras”.

“La veíamos, la conocíamos a Dani, pero no éramos amigas. Hace muy poco se había mudado del edificio. Siempre venía con gente, pero vivía sola. Nadie nos sabe decir a qué se dedicaba. La vimos con algunas personas, algunos masculinos, pero no sabría decirte si estaba de novia”, agregó una de sus vecinas al canal cordobés.

La Justicia de la provincia de Corrientes imputó formalmente este viernes a cuatro de los detenidos como autores del crimen de Nancy Godoy, la docente desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Además, dictó la prisión preventiva hasta la realización del juicio para dos de ellos.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de ésta, Nahuel Rojas; y otro capataz de apellido Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada del de homicidio simple.

Prisión preventiva para Rojas y Leguizamón

Durante la audiencia de coerción realizada este viernes en la Oficina Judicial de Esquina, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con la adhesión de los abogados querellantes.

De esta manera, dispuso que Rojas y Leguizamón continúen detenidos con prisión preventiva hasta la realización del juicio.

El magistrado fundamentó la decisión en el artículo 233 del Código Procesal Penal. También consideró la gravedad del caso y la necesidad de resguardar la investigación.

La defensa de Leguizamón había solicitado que la acusada cumpliera prisión domiciliaria, debido a que tiene tres menores a su cargo. Por su parte, la defensa de Rojas sostuvo que no estaban acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía y pidió medidas menos gravosas o, de manera subsidiaria, que la prisión preventiva tuviera un plazo.

En cuanto a Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto detenido, las fuentes señalaron que la Justicia lo imputó ayer del delito de falso testimonio. También seguirá preso.

Mientras avanza el expediente en este sentido, este viernes se sumará, además, una nueva medida de prueba que podría arrojar algo de luz sobre lo ocurrido con la mujer.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, personal especializado inspeccionará tres pozos de agua antiguos, ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clases.

El procedimiento contará con la presencia del fiscal Mosquera. Se trata de una medida -aclararon- que deberá llevarse con suma precaución para que la estructura de los pozos no se desmorone, debido a su antigüedad. Lo único que adelantaron a este medio respecto al operativo es que “hay expectativa”.

La sospecha sobre los capataces

La detención de Zarza se concretó el miércoles en horas de la noche. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que el hombre solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo.

Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la Fiscalía reunió para sostener la imputación. En el mismo operativo fue detenido Sandoval, cuyo rol aún no fue aclarado, aunque también recibió la misma imputación.

El papel de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en un allanamiento

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas.

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado el miércoles en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

A Rojas se le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material. A Leguizamón, en tanto, se le imputó el delito de homicidio simple en calidad de coautora.

El quinto detenido

La causa que investiga la desaparición de la docente suma ahora cinco arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio.

La vivienda de Bordón había sido allanada y él había sido demorado durante el fin de semana. Según se informó, el hombre habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada, motivo por el cual fue detenido.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención.

El silencio que sepultó la voz de la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle durante semanas se transformó el día de ayer, 21 de octubre en un estallido de aplausos, lágrimas y pancartas al aire.

En la emblemática Sala de Audiencias del Tribunal de lo Penal de Milán, el impacto del mazo judicial resonó con una contundencia categórica: cadena perpetua para el salvadoreño Pablo González Rivas.

La justicia italiana acogió de manera íntegra la petición de la Fiscalía y castigó con la máxima pena al agresor de la migrante salvadoreña de 40 años, hallado culpable de homicidio voluntario agravado y ocultación de cadáver.

Aquel espacio solemne, presidido por la jueza Antonella Bertoja, se llenó de la emotividad contenida de amigas y allegados que portaban carteles con el rostro sonriente de la víctima y el firme lema «Stop femminicidio».

Todo ocurrió en la fría noche del 24 al 25 de enero de 2025. En un pequeño apartamento de la plaza dei Daini, en el barrio norteño de Bicocca, la convivencia entre Jhoanna, quien trabajaba honestamente como niñera. Según la exhaustiva reconstrucción de las fiscales, una feroz agresión segó la vida de la mujer.

Lejos de pedir auxilio o asumir las consecuencias, el acusado activó un helado plan de encubrimiento.

Compró tiempo declarando una supuesta desaparición voluntaria cuando los allegados de Jhoanna, extrañados por su repentina ausencia, comenzaron a presionar. Siete días transcurrieron en una angustiosa nebulosa donde González Rivas fingía ignorar el paradero de su pareja, asegurando fríamente que ella había decidido marcharse de casa por su propia cuenta.

La maleta en el río Adda y la red que cayó sobre el acusado

Sin embargo, la farsa no tardó en desmoronarse bajo el peso de la tecnología y el trabajo minucioso de los Carabineros. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron movimientos clave que delataban el traslado de un pesado equipaje desde el domicilio. Mientras los investigadores unían piezas, el propio procesado cometió el error de confesar el crimen a personas de su círculo cercano, revelando la grieta ineludible de su culpabilidad.

El 2 de marzo de 2025, el macabro hallazgo confirmó la peor de las hipótesis: el cuerpo ensangrentado de Jhoanna fue localizado dentro de una maleta sumergida en las frías aguas del río Adda, cerca de Zelo Buon Persico, en la provincia de Lodi.

A partir de ese instante, la causa tomó un rumbo aplastante. Durante las pesquisas, la Fiscalía desentrañó un móvil tan vil como desgarrador: la relación sentimental atravesaba una profunda crisis y el acusado pretendía llevar a Italia a otra mujer desde El Salvador. En la mente de González Rivas, Jhoanna se había convertido en un obstáculo para sus planes personales que decidió remover de la forma más despiadada posible.

Del fallido argumento del “accidente” a la dignidad de la memoria

A lo largo del debate oral iniciado en noviembre de 2025, la defensa del imputado intentó desviar la responsabilidad alegando que la muerte había ocurrido de manera accidental durante una práctica sexual violenta. No obstante, los dictámenes forenses desmontaron categóricamente esa coartada al revelar graves traumatismos en la cabeza e indicios inequívocos de una agresión desmedida.

Aunque la defensa aún dispone de los recursos de apelación que le otorga la ley italiana y se espera la publicación de los fundamentos por escrito sobre la indemnización a las partes civiles, el mensaje de esta primera instancia es inequívoco.

La historia de la sacrificada niñera salvadoreña que cruzó el Atlántico buscando un mejor futuro hoy descansa sobre un precedente definitivo: la violencia letal camuflada de afecto no encuentra impunidad en los tribunales.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas confirmó el asesinato de Yudiley Rodríguez Enríquez, de 37 años, en la provincia de Holguín, un caso que su Observatorio de Género clasificó como “feminicidio social” por la ausencia de una relación de pareja o parentesco entre la víctima y el presunto agresor. El hecho eleva a 54 los femicidios en Cuba.

Rodríguez, conocida como “Mimí”, murió el martes tras recibir varias heridas de arma blanca en su vivienda del barrio de Margodo, en el municipio de Gibara. Su padre también resultó herido durante el ataque, aunque se encuentra fuera de peligro.

La víctima trabajaba en una bodega y era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y cuatro años. Según la información recopilada por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), el presunto atacante era un vecino identificado como Iram García. Dos de los menores presenciaron el crimen, entre ellas la hija menor de Rodríguez. Alas Tensas solicitó “atención psicológica especializada y acompañamiento emocional” para ambas ante las consecuencias de la situación.

El observatorio indicó que Rodríguez había rechazado en reiteradas ocasiones una conducta de acoso del hombre hacia otra mujer de su familia. Por esa circunstancia, incluyó el caso dentro de la categoría de feminicidio social. La plataforma independiente reclamó al régimen cubano estadísticas oficiales periódicas, la tipificación del feminicidio, protocolos de protección, refugios para mujeres en riesgo y líneas de emergencia efectivas.

Cuba no contempla el feminicidio como figura específica en su Código Penal y los medios estatales informan de forma excepcional sobre estos casos. La dictadura sostiene una política de “tolerancia cero” contra la violencia machista y comunicó que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género en procesos judiciales realizados durante 2025.

La represión del régimen contra la libertad de expresión

Las violaciones a la libertad de prensa en Cuba aumentaron un 129,4% en septiembre, al pasar de 17 registros en agosto a 39, según el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El informe, divulgado el martes 20 de octubre, registró 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa a partir de 106 hechos ocurridos durante septiembre. La cifra total fue 8,9% superior a la de agosto y 57,6% mayor que la de septiembre de 2025.

De las 134 violaciones, 95 afectaron la libertad de expresión de ciudadanos, activistas y opositores, mientras que 39 incidieron en la libertad de prensa. El OCLE aclaró que un mismo hecho puede derivar en varias vulneraciones, por lo que los registros no equivalen necesariamente a igual cantidad de episodios o víctimas.

El uso abusivo del poder del régimen encabezó los indicadores represivos, con 49 menciones. Le siguieron amenazas y agresiones psicológicas, con 48, y detenciones arbitrarias, con 26. La Seguridad del Estado estuvo vinculada a 51 de los hechos documentados. La Habana concentró 63 de los 106 episodios registrados en el país.

Entre los casos incluidos en el balance figura el del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba. El comunicador fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey, tras presentarse a una citación policial, y recibió prisión preventiva por el presunto delito de “desobediencia”.

Constantín fue trasladado el 24 de septiembre a la prisión Kilo 7. Su encarcelamiento motivó reclamos de organizaciones internacionales, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, que pidió su liberación inmediata.

El documento también recogió denuncias de hostigamiento contra los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa. Figueredo afirmó que la Policía le exigió presentarse cada mes en una estación policial y abstenerse de cualquier contacto con la Embajada de Estados Unidos.

El OCLE señaló que agentes acudieron un día antes a la universidad de una de las hijas de Figueredo para pedir información sobre ella. En septiembre, los periodistas sumaron 30 hechos dentro de la base de víctimas individualizadas del observatorio, frente a 29 que correspondieron a presos políticos. El ICLEP advirtió que el número de casos puede ser mayor debido al temor a represalias y a las dificultades para obtener información dentro de Cuba. Los datos, cerrados al 30 de septiembre, podrán actualizarse a medida que el observatorio verifique nuevas denuncias.

Durante 2025, el organismo documentó 1.188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, un aumento de 54,7% frente a 2024. Cuba ocupa el puesto 160 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.

(Con información de EFE)

En el marco de la investigación por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos, el acusado Ausberto Márquez Aguilar se negó a declarar ante el fiscal y continuará detenido por un delito que prevé prisión perpetua. La víctima fue encontrada en una zanja de Lisandro Olmos, en La Plata, el lunes 19 de octubre.

Batallanos tenía 32 años, era de nacionalidad boliviana y había asistido la noche anterior a un evento conocido como “Alta Fiesta”, realizado en la zona de las calles 208 y 52. Según los testimonios incorporados a la causa, permaneció allí luego de que sus amigas se retiraran y fue vista con un hombre que llevaba ropa roja.

Horas después, a un costado de la Avenida 66, entre las calles 197 y 198, fue encontrado el cuerpo de la mujer. Cerca de las 6:57, una de sus amigas recibió una imagen que circulaba en un grupo de WhatsApp y confirmó la identidad de la víctima después de comunicarse con sus familiares.

El informe preliminar de autopsia estableció que su muerte fue consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, acompañado por una hemorragia subaracnoidea. Se trata de una lesión que puede producirse a partir de un golpe de fuerte impacto en la cabeza y que compromete el funcionamiento cerebral.

El detenido fue identificado como Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años. El domicilio del hombre está ubicado a unos 300 metros del sitio en el que apareció el cuerpo. A partir de las referencias obtenidas durante las primeras horas de la investigación, los policías llegaron hasta esa vivienda y realizaron un registro.

Mientras la Justicia busca determinar lo sucedido en las horas anteriores al hallazgo del cuerpo, los investigadores también analizan los relatos de quienes estuvieron en la fiesta y las pruebas reunidas en el domicilio del acusado.

Allí secuestraron una chomba roja, una gorra con visera y un pantalón de jean que presentaría manchas de sangre. Las prendas coincidirían con la descripción aportada por testigos sobre el hombre que estuvo con la víctima en el evento. Los peritajes deberán determinar si existe correspondencia entre esos elementos y el hecho investigado.

La causa fue calificada como homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal. Esa figura, conocida como femicidio, contempla como única pena la prisión perpetua en caso de que se determine la responsabilidad penal del acusado.

Durante la audiencia ante el fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, optó por no prestar declaración indagatoria. La decisión de guardar silencio forma parte de las garantías de defensa de cualquier imputado y no equivale a una admisión de responsabilidad. Sin embargo, su situación procesal continúa vinculada a los elementos que la fiscalía reunió desde el inicio de la pesquisa.

Antes de la indagatoria, Márquez Aguilar habría realizado una manifestación ante efectivos policiales, con un testigo presente. De acuerdo con el pedido de detención citado por 0221, el hombre expresó que había cometido “una macana” y que no recordaba con precisión lo sucedido porque estaba bajo los efectos del alcohol. Esa frase extrajudicial fue incorporada como un elemento de la investigación, aunque no reemplaza la declaración formal ante la Justicia.

Con la indagatoria ya realizada y el acusado detenido, la investigación continuará con análisis de laboratorio, declaraciones de testigos y otras medidas para precisar las circunstancias del crimen. La reconstrucción del hecho será central para definir la responsabilidad penal de Márquez Aguilar y la calificación que sostendrá la fiscalía durante el proceso.

La causa tramita en la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°3. Las próximas medidas se concentrarán en el resultado de los peritajes sobre las prendas secuestradas y en la información que pueda aportar el entorno de la víctima sobre sus últimas horas.

La investigación por el femicidio de Camila Belén Iglesias, la joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, sumó dos nuevas detenciones por encubrimiento. La Fiscalía de Instrucción de esa ciudad imputó a dos varones mayores de edad por haberle dado refugio al principal sospechoso del crimen, Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años y ex pareja de la víctima, durante al menos cinco días mientras permanecía prófugo de la Justicia.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, ambos detenidos residen en Carlos Paz y quedaron imputados por encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la gravedad del delito precedente. En términos concretos, la calificación implica que los hombres habrían colaborado de manera activa para que Gómez evadiera la acción de la Justicia tras el asesinato de Camila Iglesias, al mantenerlo oculto en esa localidad serrana.

El caso se destapó el pasado viernes 16 de octubre, cuando los restos de la joven fueron encontrados en el interior de una heladera en el domicilio que compartía con su ex pareja en el barrio Los Altos. Los restos estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada, según informó el MPF provincial. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para las pericias correspondientes y, hasta el momento, la determinación de la causa de muerte permanece pendiente.

La alerta se activó a partir de la denuncia presentada por Romina, hermana de Camila, quien declaró ante los investigadores que su último contacto con la víctima había sido el 2 de octubre. Dos días después, recibió un mensaje de Gómez vía Facebook en el que aseguraba que había discutido con la joven y que ella se había ido del domicilio. “Hola Romina como estás? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablás con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá”, escribió el sospechoso, según reveló la hermana de la víctima al canal El Doce.

Ante las respuestas de Romina, que indicaba no poder contactar a su hermana, Gómez insistió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”. Pero los días pasaron y Camila seguía sin dar señales de vida.

Durante las averiguaciones, los investigadores accedieron a antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la relación de pareja. Ese historial, sumado al hallazgo de los restos en la heladera, llevó a la Fiscalía a orientar la pesquisa hacia la hipótesis de un probable femicidio. A su vez, familiares de Gómez declararon ante los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, de acuerdo con lo informado por el MPF.

En paralelo, las autoridades hallaron en el lugar del crimen una carta presuntamente escrita por Gómez en la que admitiría haber cometido el hecho antes de darse a la fuga. También se secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

Tras varios días prófugo, Gómez fue capturado por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en un domicilio del barrio San Nicolás, en la ciudad de Malagueño, ubicada a unos 25 kilómetros de la capital provincial. Los investigadores determinaron que el sospechoso recorrió unos 125 kilómetros por la Ruta Nacional 38 para llegar hasta esa propiedad.

Gómez quedó detenido a disposición de la fiscal de instrucción de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, e imputado por femicidio. Con las dos nuevas detenciones por encubrimiento, la causa suma tres personas privadas de su libertad. La Fiscalía continúa con la investigación.

La Policía Nacional de Nicaragua capturó este miércoles 21 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, señalado como autor del femicidio de su esposa, Jasmina López Castro, y del parricidio de su hija, Valeska Valdez López, de nueve años, ocurridos cuatro días antes en Liberia, Costa Rica. El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales nicaragüenses para ser procesado por crimen atroz, informó la institución.

La detención se produjo en la finca La Aurora, en la comunidad La Fundadora, departamento de Jinotega, donde el hombre presuntamente se ocultaba después de eludir a la Justicia costarricense. Las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense.

Los homicidios ocurrieron el sábado 17 de octubre en la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste. La Policía Nacional sostuvo que Valdez García ingresó a Nicaragua tras el doble crimen con la intención de refugiarse en zonas rurales del norte del país.

La captura en una finca de la comunidad La Fundadora

Las autoridades nicaragüenses indicaron que la ubicación del sospechoso fue posible mediante labores de búsqueda e inteligencia. El organismo lo mantiene bajo custodia policial mientras avanza su remisión ante la Justicia.

La institución describió el caso como un crimen de extrema crueldad y señaló que la muerte de una menor de edad convirtió al detenido en una amenaza para la seguridad ciudadana. También afirmó que Nicaragua no será refugio para quienes atenten contra la vida e integridad de mujeres y niños.

Antes de desaparecer, el sospechoso acudió a la casa de una vecina para pedirle que avisara a las autoridades, bajo el argumento de que había encontrado sin vida a su esposa y su hija. Cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron a la vivienda, ya no estaba en el lugar.

Una testigo declaró que el hombre se comunicó por teléfono para solicitar la intervención policial durante el levantamiento de los cuerpos, de acuerdo con Noticias Trivisión.

Los antecedentes de agresividad bajo evaluación judicial

Entre los elementos que analizaba el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica figuraba una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de los asesinatos. Según esa información, el hombre habría golpeado a Jasmina López Castro en la cabeza con una pala.

Las fuerzas de seguridad costarricenses habían desplegado retenes, revisiones de autobuses, motocicletas y vehículos particulares, además de rastreos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas. La búsqueda se concentró especialmente en la zona norte del país ante la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera hacia Nicaragua.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, había afirmado que las autoridades no descansarían hasta poner al sospechoso a disposición de los tribunales. La captura en Jinotega se produjo después de ese operativo y del pedido de colaboración para localizarlo.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

La muerte de una menor en la comarca Ngäbe-Buglé y un ataque a tiros que dejó herida a una niña de ocho años en San Miguelito forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Las autoridades también informaron sobre dos condenas por homicidio y tentativa de homicidio en un caso ocurrido en Chiriquí durante 2024.

La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta vinculación con un femicidio registrado en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima, también menor de edad, fue encontrada sin vida el 18 de octubre a orillas del río Cubívora, en el distrito de Müna, según el informe oficial divulgado el martes 20 de octubre.

Las autoridades no han precisado la edad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco han informado sobre la relación que pudiera existir entre ambos adolescentes. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El adolescente aprehendido deberá comparecer ante un juez penal de adolescentes para una audiencia de control, en la que se examinarán las actuaciones judiciales correspondientes. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para sustentar la investigación por el presunto delito de femicidio.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

En otro procedimiento, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió la detención provisional de un hombre de 26 años, imputado por tentativa de homicidio contra una niña de ocho años. El ataque ocurrió la noche del 17 de octubre en La Providencia, dentro del corregimiento de Belisario Porras, cuando varios sujetos llegaron hasta una residencia.

Según la investigación, aproximadamente a las 10:00 p. m., el imputado llegó acompañado de otros hombres y disparó repetidamente contra la vivienda. Como consecuencia, la menor resultó herida y un perro que pertenecía a la familia murió durante el ataque. La Fiscalía no precisó en su comunicado el estado actual de salud de la niña.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos para la víctima, sus familiares y la comunidad, además de la posibilidad de afectación de pruebas. Los fiscales destacaron que en la residencia había otros menores de edad y que los disparos también pusieron en peligro a vecinos y transeúntes

La detención fue ordenada por un juez de garantías después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que señaló la gravedad del ataque y los posibles riesgos procesales. El imputado permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación. Las autoridades no han informado sobre otras aprehensiones relacionadas con los hombres que lo acompañaban.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

La menor cursaba octavo grado en el Colegio Peña Prieta, donde su muerte provocó consternación entre compañeros y residentes. Según los reportes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de David para la necropsia. La Fiscalía todavía debe establecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como la presunta participación del adolescente aprehendido.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí obtuvo condenas de 30 y 37 años de prisión contra dos hombres, declarados responsables de homicidio y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024 en La Riviera, distrito de David, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego.

Según el Ministerio Público, ambos recibieron impactos de bala cerca de un proyecto de construcción, lo que provocó la muerte de uno de ellos. El otro sobrevivió al ataque. Durante el juicio, la Fiscalía presentó al menos 80 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que sustentaron el fallo condenatorio unánime.

El tribunal estableció penas individuales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A uno de los responsables le impuso 25 y 12 años, respectivamente, mientras que al segundo le fijó 30 y 10 años. Las condenas finales quedaron establecidas en 30 y 37 años, conforme a la dosificación aplicada.

Tras casi catorce años de agonía y un suspenso que heló la sala de justicia del condado de Miami-Dade, un jurado popular alcanzó una resolución contundente para uno de los crímenes más aberrantes en la historia reciente del sur de la Florida: la recomendación de la pena de muerte para el cubano Alberto Sierra.

El veredicto, leído este martes 20 de octubre de 2026 por la presidenta del jurado Jennifer Galván, determinó que el acusado de 42 años debe pagar con su propia vida el asesinato en primer grado de su expareja, Gladys Machado (29 años), y de las dos hijas pequeñas de Machado, Julia Padrino (6 años) y Daniela Padrino (3 años).

La audiencia estuvo marcada por siete agónicas horas de deliberación. Ante la jueza Marisa Tinkler Mendez, quien solicitó compostura estricta en el tribunal antes de desenrollar el documento con los votos, la justicia se desglosó víctima por víctima:

• Gladys Machado: 11 votos a favor del castigo capital y 1 en contra.
• Julia Padrino: Unanimidad absoluta de 12 votos a favor de la pena de muerte.
• Daniela Padrino: 8 votos a favor de la pena capital y 4 en contra.

Bajo la legislación del estado de Florida, donde se requiere un mínimo de ocho votos de los doce jurados para imponer la pena máxima, los tres dictámenes superaron el umbral legal para solicitar la ejecución del imputado.

Los hechos que originaron este prolongado proceso judicial se remontan al 10 de noviembre de 2012, en una vivienda del barrio miamense de Flagami. Ese día, Sierra y Machado, quienes atravesaban un proceso de separación, acudieron junto a las dos niñas a un centro comercial.

La chispa de los celos desató la barbarie cuando Gladys recibió una llamada telefónica en el estacionamiento. Bajo amenazas, Sierra obligó a la familia a regresar al inmueble que solían compartir.

Una vez en el interior de la casa, el agresor maniató a Gladys con cuerdas de nailon, la sometió a torturas para arrebatarle las claves de su teléfono celular y finalmente la asfixió colocándole una bolsa de plástico en la cabeza. Acto seguido, Sierra acabó con la vida de Julia, quien había presenciado el homicidio de su madre entre desgarradores llantos utilizando el mismo método de sofocación.

Posteriormente, asfixió a la pequeña Daniela mientras esta dormía. Los peritajes forenses y la fiscalía demostraron además que el acusado agredió sexualmente los cuerpos de la mujer y de una de las menores tras el crimen.

Los cadáveres permanecieron ocultos en el armario del dormitorio principal durante tres días, hasta que el hedor generado por la descomposición llevó a un vecino a dar la alarma a las autoridades. Tras su arresto el 19 de noviembre de 2012, Sierra terminó confesando con frialdad los detalles de la masacre al ser acorralado por evidencias de ADN.

El dolor de un superviviente y el cierre del juicio

El instante de mayor carga emocional en los tribunales se produjo cuando Michael Padrino Jr., el único hijo superviviente de Gladys, se encaró con el homicida de su madre y hermanas.

Michael, que en 2012 tenía apenas cinco años, salvó la vida por el simple azar de haberse quedado ese trágico día en casa de su bisabuela. Con 19 años cumplidos y con la voz quebrada por el llanto, el joven temblaba en la sala mientras gritaba hacia el acusado: «¡Tú! ¡Tú te las llevaste! ¡Sabes que lo hiciste!». Su testimonio ante los doce ciudadanos dejó al descubierto el vacío insuperable de ver arrebata a su familia en la infancia.

Durante el desarrollo de las sesiones, las secuelas psicológicas del caso impactaron incluso al propio jurado; un integrante debió ser exonerado por la jueza tras sufrir un colapso emocional e insomnio prolongado provocados por la crudeza del material probatorio.

Aunque la recomendación formal del jurado ya favorece la pena máxima, corresponderá a la jueza Marisa Tinkler Mendez ratificar la sentencia definitiva de Alberto Sierra el 2 de noviembre, cerrando así uno de los capítulos más trágicos en la memoria de la comunidad hispana de Miami.

Un hombre sospechoso de integrar la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), requerido por las autoridades de El Salvador por delitos de homicidio agravado, femicidio agravado, agrupaciones ilícitas y tentativa de robo, fue capturado este martes 20 de octubre en Costa Rica, como resultado de una operación ejecutada por la Oficina Central Nacional Interpol San José.

El detenido fue identificado como un hombre de apellido Mata, de 31 años, quien fue interceptado por agentes judiciales alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se encontraba en plena vía pública en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, provincia ubicada al norte de la capital costarricense.

Según la información suministrada por las autoridades, el sospechoso mantenía órdenes de captura activas en El Salvador, relacionadas con varios procesos judiciales por delitos graves.

La detención se produjo después de que la oficina de Interpol en Costa Rica recibiera las alertas internacionales emitidas por las autoridades salvadoreñas, lo que permitió ubicar al requerido y ejecutar su captura.

“Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José de Costa Rica ejecutaron a eso de las diez de la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia, en vía pública, la detención de un masculino de apellido Mata de treinta y un años, el cual supuestamente es miembro de la estructura terrorista Mara Salvatrucha”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Buscado por homicidio y femicidio agravados

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre es requerido por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que mantiene órdenes de captura en su contra por tres delitos: homicidio agravado, femicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Adicionalmente, el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador lo requiere por el delito de robo tentado, lo que evidencia la existencia de al menos dos autoridades judiciales salvadoreñas que mantienen requerimientos contra el sospechoso.

Presunta vinculación con la Mara Salvatrucha

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional surgida en Estados Unidos y extendida principalmente por países de Centroamérica, especialmente El Salvador, Honduras y Guatemala.

La estructura ha sido vinculada históricamente con delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, amenazas y otras actividades del crimen organizado.

En el caso de Mata, las autoridades costarricenses señalaron que su presunta pertenencia a la organización forma parte de la información recibida mediante las alertas internacionales.

A disposición de las autoridades judiciales

Tras la detención, el sospechoso será presentado ante las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales derivados de los requerimientos internacionales.

“Estas alertas habían sido recibidas por parte de Interpol acá en Costa Rica y esta mañana se ejecutó su detención”, explicó la fuente judicial.

Por el momento, las autoridades no han informado si existe una solicitud formal de extradición ni han establecido una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

El caso continúa bajo la coordinación de las autoridades judiciales costarricenses correspondientes, mientras se desarrollan los trámites en el país para atender las órdenes de captura internacionales pendientes contra el detenido y requerido por el país centroamericano.

En medio de una profunda consternación y un dolor irreparable, los familiares de Yasmina y su pequeña hija Valeska, de tan solo 10 años, afinan los últimos detalles legales y administrativos en Costa Rica para repatriar los restos mortales de ambas hacia su país natal, Nicaragua.

Luego del trágico suceso ocurrido en el sector de Bellavista, en Liberia, Guanacaste, los allegados de las víctimas han vivido jornadas desgarradoras para completar el retiro de los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura en la tierra que las vio nacer.

Desde muy temprano este martes 19 de octubre, parientes cercanos acompañados por doña Damaris, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Barrio San Roque, realizaron una exhaustiva gira por diversas dependencias públicas.

Las gestiones iniciaron en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuaron en el Juzgado Contravencional para solicitar las autorizaciones de entrega y se extendieron hasta la morgue del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde el personal funerario coordina el traslado trasatlántico y terrestre.

El destino final de ambas víctimas será el municipio de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona distante a la que solo se puede acceder tras un extenuante trayecto. Según estimaciones preliminares de los allegados, el viaje por carretera desde territorio costarricense tomará alrededor de ocho a nueve horas.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Tragedia en Bellavista: así habrían ocurrido los hechos

Según las investigaciones preliminares que adelanta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se desencadenaron el pasado 17 de octubre, mientras la madre de 40 años y su hija de 10 años dormían en su vivienda localizada en Bellavista de Liberia. El principal sospechoso, habría atacado a ambas víctimas provocándoles heridas mortales con un objeto punzocortante.

Las autoridades forenses analizan en la sede del OIJ si el arma empleada fue un cuchillo o un machete, conforme se determinen las características de las lesiones. La dinámica posterior al crimen ha generado un profundo desconcierto entre los investigadores.

Tras el ataque, el sospechoso acudió a la vivienda de una vecina del barrio para solicitarle que alertara a las autoridades, alegando haber encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hija. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron al inmueble, el sujeto ya se había esfumado sin dejar rastro ni señal alguna de su paradero.

Antecedentes que han trascendido sugieren que la relación estuvo marcada por episodios previos de agresividad. Entre la información que evalúa el OIJ figura una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de la tragedia, donde el hombre habría golpeado fuertemente a Yasmina en la cabeza utilizando una pala.

Sospechoso continúa prófugo y despliegan operativo policial

Las hipótesis policiales no descartan que el sujeto haya cruzado de manera irregular la frontera norte para ocultarse en suelo nicaragüense. No obstante, las fuerzas de seguridad de Costa Rica mantienen un intenso despliegue operativo en toda la zona norte del país para descartar cualquier punto de fuga y lograr su captura.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que no descansarán hasta poner al sospechoso a la orden de los tribunales. Además, las autoridades han establecido retenes de seguridad, revisiones a autobuses, motocicletas y vehículos particulares, así como rastreos minuciosos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

Mientras las autoridades continúan tras la pista del presunto agresor, la comunidad liberiana y los familiares despiden con profundo dolor a Yasmina y Valeska, cuyo trágico final reaviva el clamor social por poner alto a la violencia machista.

La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento en Panamá, donde los femicidios aumentaron 46% y las tentativas 62% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras del Ministerio Público muestran que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales.

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

La distribución mensual evidencia que marzo fue el período con mayor número de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres casos cada uno. En cuanto a las tentativas, enero concentró siete hechos, mientras septiembre cerró con tres femicidios, tres intentos y otras tres muertes violentas de mujeres.

En la distribución geográfica, San Miguelito encabeza las estadísticas con cuatro víctimas de femicidio, frente a una registrada durante el mismo período de 2025.

Panamá, Panamá Oeste y Coclé contabilizaron tres casos cada uno, mientras Chiriquí reportó dos. Las cifras muestran que la violencia mortal contra las mujeres afecta tanto a sectores urbanos como a provincias del interior.

Uno de los casos recientes ocurrió el 10 de octubre en la barriada La Siesta, en Tocumen, donde una adulta mayor fue víctima de un crimen investigado como femicidio. Un adolescente de 17 años quedó detenido provisionalmente después de que la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes le formulara cargos por este delito y por posesión ilícita de arma de fuego.

Otro expediente corresponde a una tentativa de femicidio registrada el 6 de septiembre en Puerto Caimito, La Chorrera, cuando un hombre de 46 años ingresó a la residencia de su expareja. El sospechoso fue imputado y quedó detenido provisionalmente, luego de que un juez considerara los riesgos para la víctima y el desarrollo de la investigación.

Las decisiones judiciales también incluyen una condena de 30 años de prisión impuesta en septiembre por el femicidio de una joven de 21 años en Pocrí, distrito de Aguadulce. El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue atacada con un cuchillo por su expareja, quien posteriormente aceptó su responsabilidad penal.

En Colón, un tribunal condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer de 20 años, ocurrido en febrero de 2023 en Altos de Los Lagos. También en septiembre, un tribunal de Coclé impuso cinco años de cárcel a un hombre por femicidio agravado en grado de tentativa, relacionado con una agresión contra su pareja en Penonomé.

Las estadísticas permiten identificar diferencias en los métodos empleados. Nueve de los 19 femicidios fueron cometidos con armas de fuego, cuatro con armas blancas y otros cuatro mediante asfixia mecánica. En las tentativas predominaron los ataques con armas blancas, presentes en 12 casos, seguidos de cinco hechos con armas de fuego.

Por edades, las mujeres de 18 a 24 años concentraron cinco víctimas de femicidio y cinco de tentativa, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia en ambas categorías. El registro también incluye dos víctimas menores de edad, una de entre 10 y 14 años y otra de entre 15 y 17, además de una mujer de 80 años o más.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La clasificación distingue los femicidios de otras muertes violentas de mujeres, según la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82, mientras los expedientes judiciales continúan determinando responsabilidades penales en cada caso.

El cuerpo de una mujer de 32 años fue encontrado este lunes en una zanja de Lisandro Olmos, en la zona Oeste de La Plata, y pocas horas después la Policía detuvo a un hombre de 33 años que reconoció ser el autor del crimen. La víctima fue identificada como Lucy Rueda Batallanos, de nacionalidad boliviana, y la causa quedó caratulada como femicidio.

El hallazgo se produjo sobre la avenida 66, entre las calles 197 y 198, donde efectivos policiales dieron con el cuerpo a un costado de la calle. Batallanos ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los uniformados. De inmediato, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimoquinta se abocaron a reconstruir las últimas horas de la mujer, según informó el medio regional 0221.

Los primeros testimonios recabados en la zona permitieron trazar un recorrido que resultó clave para la investigación. De acuerdo con fuentes oficiales, Rueda Batallanos había participado de una fiesta y se retiró del lugar acompañada por un hombre. Ese dato orientó a los pesquisas, que en poco tiempo lograron individualizar al sospechoso.

El trabajo de campo arrojó otro elemento determinante: el domicilio del acusado se encontraba a unos 300 metros del punto exacto donde apareció el cuerpo. Los efectivos del GTO se trasladaron hasta la vivienda y allí dieron con un hombre identificado como D. A. M., de 33 años y también de nacionalidad boliviana. Según el parte policial, el sospechoso admitió su responsabilidad en el hecho en presencia de un testigo de actuación.

Tras esa confesión, los agentes se comunicaron con la fiscalía interviniente. Siguieron las directivas de la doctora Tome y procedieron a la aprehensión formal del acusado, quien fue trasladado a la comisaría Decimoquinta y quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 3. El fiscal Martín Almirón, a cargo de la causa, será el encargado de tomarle declaración indagatoria al detenido durante la jornada del martes, según precisaron voceros judiciales.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre las lesiones que pudiera presentar el cuerpo de la víctima. Los resultados de la autopsia podrían conocerse durante la tarde de este lunes, de acuerdo con lo que anticiparon las fuentes consultadas por el medio platense, y se espera que esos datos aporten información sobre la causa del deceso.

Los investigadores continúan con las tareas para reconstruir la secuencia completa del crimen, en particular lo que ocurrió entre el momento en que Batallanos abandonó la fiesta junto al sospechoso y el hallazgo del cuerpo en la zanja de Lisandro Olmos. La causa sigue en pleno desarrollo y la Justicia aguarda la indagatoria del martes como un paso central en la pesquisa.

Asesinó a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse

Un hombre de 48 años quedó detenido el pasado viernes en La Plata luego de que se presentara en una comisaría y confesara que había matado a su pareja. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo de la ciudad.

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde de este jueves en la Comisaría Segunda. Allí manifestó que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, el lunes pasado.

Según su relato, después del ataque salió de la casa junto al hijo de ambos, de un año de edad, y viajó a la provincia de Jujuy, donde dejó al niño al cuidado de familiares. Luego, pasado el mediodía del miércoles se subió a un micro en San Salvador de Jujuy con destino a Retiro, regresó a La Plata y decidió entregarse.

A partir de la escalofriante declaración de Burgos, efectivos policiales se dirigieron a la propiedad donde convivía con la víctima, situada en 39 entre 121 y 122. El cuerpo de la mujer estaba dentro del domicilio y presentaba signos de asfixia.

Fuentes policiales indicaron que el hombre quedó bajo arresto por orden de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de La Plata.

La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.

Mientras era buscado por la Policía, Navarro mantuvo una comunicación telefónica con su madre. Más tarde llamó a un amigo, le contó lo que había hecho y le proporcionó su ubicación para que lo ayudara.

Lo que no sabía era que los investigadores ya habían identificado a ese amigo y estaban monitoreando la comunicación, por lo que pudieron establecer dónde se encontraba el sospechoso.

La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se registraron antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía se aguarda el informe del Registro Nacional de Reincidencia para determinar si existen antecedentes en otras jurisdicciones.

La pareja llevaba entre un año y un año y medio de relación. Navarro había vivido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y su última ocupación había sido como carnicero en el supermercado San José de Valeria del Mar.

“Estoy desesperada, gente”

El pasado 2 de agosto, poco más de dos meses antes de ser asesinada, Aldana publicó un video en el grupo de Facebook “Trabajo Pinamar” en el que contaba las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde que se había instalado en Valeria del Mar.

“Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzaba su relato.

La mujer, que era peluquera desde hacía 20 años y madre de dos hijos de 12 y 18, explicaba que se había mudado a la Costa Atlántica por problemas familiares y que, desde su llegada, no había logrado encontrar estabilidad laboral ni económica.

“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, decía frente a la cámara. En la grabación, contaba que había intentado trabajar como peluquera en un espacio que le habían ofrecido, pero que la actividad no había prosperado. Aseguraba que continuaba buscando empleo y que incluso tuvo que pedir alimentos para su familia.

También relataba que atravesaba dificultades para afrontar los gastos de una mudanza. Decía que necesitaba reunir $1.100.000 para pagar el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Según explicaba, había pedido dinero prestado a conocidos, pero no había conseguido reunir la suma necesaria.

“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresaba. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, decía.

También hablaba de la soledad que sentía desde que había dejado su lugar de origen para instalarse en la Costa.

“Así que quedé varada sola a quinientos kilómetros del lugar donde yo nací y me crie. Y hoy necesito ayuda”, contaba. “Me da mucha vergüenza tener que hacer este video pidiendo solidaridad y pidiendo ayuda”, admitía.

Dos meses y medio después de aquella publicación, Aldana fue encontrada asesinada en su casa. Su pareja permanece detenida, acusada del femicidio.

La declaración fue recogida por Noticias Trivisión, en una entrevista posterior al hallazgo de las víctimas en su hogar. De acuerdo con el testimonio de Xiomara, la conversación ocurrió cerca de las 15:00 (hora local). “Él ya había llamado antes a informar que recogieran los cuerpos para que no se descompusieran, pero que no le creían”, relató.

Según su versión, el agresor le solicitó que se comunicara con al menos tres patrullas para que retiraran a las víctimas. El sospechoso insistió en que debía contactarse con las autoridades. “Que si yo no le creía, entonces que él tenía que llamar a la Fuerza Pública, que le hiciera el gran favor de hacerlo yo”, afirmó.

El hombre dijo que no regresaría a la vivienda

Durante la conversación, Xiomara le preguntó dónde se encontraba. Según su relato, el sospechoso respondió que ya no estaba en el domicilio y que se fue lejos del lugar.

La mujer le consultó si había salido de Costa Rica. “No he salido, pero estoy dentro del país, pero estoy muy largo yo y ya no regreso ahí”, respondió el individuo.

De momento, las autoridades costarricenses mantienen un operativo para encontrar al sospechoso. El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera Bonilla, informó que mantienen un operativo desplegado en distintos puntos del país para localizar al agresor y ponerlo a disposición judicial.

Antecedentes de violencia doméstica

En la citada entrevista con Noticias Trivisión, Xiomara afirmó que la pareja atravesaba una situación de violencia desde hacía cerca de cuatro años. “Ya llevaban cuatro años de violencia doméstica los dos”, declaró.

La mujer señaló que las personas cercanas a la víctima conocían la existencia de conflictos en la relación, aunque sostuvo que la mujer les pedía no involucrar a la Policía. “No pueden llamar a la policía, esto es entre nosotros, yo y él, nadie tiene que meterse”, recordó.

El testimonio deberá ser contrastado por los investigadores, quienes aún no han divulgado una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Tampoco se informó si existían denuncias formales, medidas de protección o intervenciones previas de instituciones estatales por posibles episodios de violencia en el entorno familiar.

Según medios locales, entre ellos CRHoy.com, el presunto agresor, identificado como Rafael V., de nacionalidad nicaragüense, atacó con un machete a Jasmina López y a la menor de edad, Valeska Valdez, antes de huir del lugar.

Fuentes policiales, citadas por medios costarricenses, señalaron que el hombre buscado sería la pareja sentimental de la mujer y el padre de la niña. A su vez, las autoridades activaron alertas en puestos fronterizos ante la posibilidad de que intente abandonar el país.

La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para los tres acusados en la investigación por el femicidio de Natalia Giménez, la mujer de 35 años asesinada en su departamento de barrio Tablada. Con el avance de la causa, la Fiscalía relacionó el ataque con una red de préstamos informales que sería administrada desde la cárcel.

Este viernes, el juez Federico Rebola resolvió que Paulo Alejandro Álvarez, señalado como autor material del homicidio, y Germán Ángel “Pelado” Carrizo y Stela Maris Palacio, imputados por usura agravada por habitualidad, permanezcan detenidos mientras continúa el proceso.

Durante la audiencia, la fiscal Paula Barros sostuvo que Álvarez habría asesinado a Giménez con ensañamiento y alevosía. Asimismo, indicó que el ataque ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre, dentro del departamento del segundo piso de la avenida Abanderado Grandoli al 3800.

El cuerpo fue encontrado boca abajo en la cocina por los hijos de Giménez, de 13 y 17 años, alrededor de las 19:00 horas. Tras pedir ayuda a una vecina, se comunicaron con su padre, quien estaba separado de la mujer.

En la vivienda faltaban el teléfono celular de Giménez y el juego de llaves, pero no presentaba signos de haber sido revuelto durante un robo. Desde el inicio, la fiscal Barros solicitó testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para establecer la secuencia del crimen y determinar su posible vínculo con los reclamos por la deuda.

A partir de estas medidas, la Fiscalía reconstruyó que el día del crimen Álvarez llegó al barrio en bicicleta, con una mochila y un casco azul de motocicleta. Cerca de las 05:57 horas, dejó el rodado atado a un poste en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana y caminó hasta el edificio donde vivía la víctima con sus hijos.

Una vez que habría ingresado en la vivienda, el acusado habría atacado a la mujer con golpes y elementos punzantes y cortantes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, la víctima sufrió lesiones en el rostro, los ojos, la cabeza, el cuello y las manos.

Para la Fiscalía, parte de esas heridas fueron provocadas cuando la mujer aún estaba con vida, una circunstancia que fundamentó la calificación de femicidio con ensañamiento y alevosía. En paralelo, la autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneofacial y cervical, además de las heridas de arma blanca y la pérdida de sangre.

Después de que el crimen se consumara, la fiscal apuntó que las cámaras de videovigilancia registraron la salida de un hombre sin la campera azul, con el casco colocado y un objeto oscuro en una mano.

Además, la investigación logró trazar el recorrido que hizo el sospechoso hasta llegar a una vivienda ubicada en Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez. Ese sería el punto donde Álvarez fue detenido el 10 de octubre. En ese procedimiento también fueron secuestradas prendas y otros elementos que los investigadores procuran cotejar con los registros fílmicos.

Mientras que el móvil del femicidio se encuentra bajo análisis, la fiscal señaló que la otra línea central del expediente se concentra en los créditos informales que recibía Giménez. En este sentido, Carrizo y Palacio fueron acusados de integrar una estructura que prestaba dinero con intereses usureros en Rosario y localidades cercanas.

Carrizo estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6 y, según la imputación, gestionaba la actividad desde allí mediante teléfonos celulares y anotaciones manuscritas. Por su parte, Palacio habría mantenido el vínculo con quienes recibían el dinero, además de realizar reclamos y cobros fuera de la cárcel.

De hecho, durante una requisa en el lugar de detención de “Pelado”, los investigadores hallaron un cuaderno con 54 registros. Las anotaciones incluían nombres, números telefónicos, montos entregados y sumas reclamadas en concepto de devolución.

Entre los apuntes figuraba el nombre de Giménez junto a un préstamo de $ 400.000 y una exigencia de pago de $ 800.000. La Fiscalía también incorporó reclamos de cobro enviados a la víctima entre el 20 y el 24 de septiembre. A raíz de esto, la hipótesis indicaría que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad habitual de la red de préstamos.

La familia de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años que fue asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata, inició gestiones judiciales para recuperar a su hijo de un año y medio, quien permanece en Jujuy al cuidado de una tía paterna. El pequeño había sido llevado a esa provincia por su padre, José Martín Burgos, quien continúa detenido por el femicidio.

A casi una semana del crimen que sacudió a la capital bonaerense, las hermanas de la víctima reclamaron que el menor sea regresado desde el norte del país. Según contaron, ya recurrieron a abogados para avanzar con las medidas necesarias y pedir que quede bajo su cuidado.

“Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente”, afirmó Joana Martínez, hermana de Gabriela, en declaraciones al programa Hechos y Derecho, de FM Keops. Actualmente, el pequeño estaría bajo el cuidado de la hermana de Burgos.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, las hermanas de Martínez no tenían vínculo previo con los familiares paternos, por lo que conocieron el estado de salud del pequeño a través de la Policía. En esa oportunidad, el menor fue revisado y se encontraba en buenas condiciones.

No obstante, la familia materna busca que vuelva a la ciudad para permanecer cerca de las personas con las que convivió durante buena parte de su corta vida. A pesar de esto, advirtieron que la mujer no estaría dispuesta a entregar al menor.

Por otro lado, las hermanas de la víctima contaron que había sido madre por primera vez. Además, señalaron que mantenía una relación muy cercana con su hijo, quien celebró su primer cumpleaños en La Plata.

A pesar de esto, describieron que la relación entre Martínez y Burgos duró alrededor de 15 años, pero estuvo atravesada por celos, manipulación y aislamiento. “Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja”, recordó una de ellas al referirse a las dificultades que tenía Gabriela para mantener contacto con su entorno.

En línea con esto, contaron que la pareja había residido antes en Tierra del Fuego y se había instalado unos tres meses atrás en la vivienda de barrio Hipódromo, donde fue hallado el cuerpo de la mujer. El hallazgo se produjo el jueves pasado, luego de que Burgos confesara el crimen ante la Policía de forma espontanea.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el principal acusado del femicidio ocurrió el lunes 12 de octubre. Después de que se concretara el asesinato, el hombre contó que salió de la vivienda junto al hijo de ambos y viajó a Jujuy.

Allí dejó al nene bajo el cuidado de una familiar y, más tarde, emprendió el regreso a La Plata. Fue así que, recién tres días después del hecho, se presentó en la Comisaría Segunda y reconoció haber matado a Martínez.

A partir de esa declaración, los efectivos fueron hasta la casa de 39 entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo. Según los indicios, la víctima tenía signos compatibles con una asfixia. No obstante, no se dieron mayores detalles para preservar la investigación.

Desde ese momento, la causa está a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata. Por su parte, Burgos quedó detenido luego de presentarse ante la Policía y reconocer el hecho. Este sábado fue citado a declarar, pero el acusado se negó a responder las preguntas de la fiscal.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, las pericias en la vivienda y el análisis de los testimonios que ya fueron incorporados al expediente. Esas medidas deberán establecer las circunstancias de la muerte y precisar la fecha en la que ocurrió el femicidio.

Por medio de un video, el director general de la Fuerza pública, Raúl Rivera Bonilla, informó que mantienen desplegado un operativo “a largo de todo el país con el objeto de capturar al agresor y remitirlo a las autoridades judiciales correspondientes”.

El caso es investigado como un ataque ocurrido en el ámbito familiar. Según información de Teletica, la Policía busca a la pareja sentimental de la mujer, identificada como el principal sospechoso. El hombre permanece prófugo y las autoridades mantienen una alerta en puestos fronterizos ante la posibilidad de que intente salir de Costa Rica.

El hallazgo ocurrió en una vivienda situada en el barrio Bella Vista, una zona ubicada cerca del puente de Lata, en Liberia. Familiares y vecinos alertaron a los servicios de emergencia luego de encontrar a la madre y a la niña dentro de la casa.

Personal de la Cruz Roja Costarricense llegó al lugar tras recibir el aviso y constató que las dos víctimas ya habían muerto. De acuerdo con la información publicada por Teletica, ambas tenían lesiones múltiples.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron las identidades de la mujer ni de su hija. La menor se encontraba junto a su madre dentro del domicilio cuando familiares y vecinos acudieron al lugar.

La pareja de la mujer es buscada como principal sospechoso

Fuentes policiales, citadas por Teletica, señalaron que la principal línea de investigación apunta a la pareja sentimental de la mujer. El sospechoso habría abandonado la zona después del ataque y es buscado por las fuerzas de seguridad.

La información disponible indica que tanto la víctima como el hombre buscado son de nacionalidad nicaragüense. Por ese motivo, las autoridades dispusieron una alerta en los controles fronterizos, ante la hipótesis de que el sospechoso intente cruzar hacia su país.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos, el posible móvil y si el hombre señalado tuvo participación directa en las muertes. También será necesario determinar si hubo otras personas en la vivienda o en los alrededores durante el episodio.

A su vez, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables. La institución determinará si existían denuncias previas, medidas de protección vigentes u otras intervenciones relacionadas con el entorno de las víctimas. Esos elementos podrán aportar información sobre el contexto en el que ocurrió el ataque y sobre las actuaciones que correspondan una vez que el sospechoso sea localizado.

Existían antecedentes de violencia doméstica en la familia

Según la información de Teletica, en el entorno familiar ya existían antecedentes de violencia doméstica. Ese dato forma parte de las circunstancias que los investigadores deberán analizar para reconstruir lo ocurrido y definir las medidas judiciales contra el sospechoso si es localizado.

Por ahora, la búsqueda del sospechoso constituye la prioridad de las autoridades. La alerta en los pasos fronterizos se mantiene mientras avanza la investigación por las muertes de la madre y de su hija en Liberia.

Después de que se confirmara que los restos encontrados en un asentamiento de San Luis pertenecían a Gabriela Centeno, una mujer de 42 años oriunda de Mendoza, este viernes se concretó la captura de su pareja y principal sospechoso del femicidio. El acusado fue identificado como Agustín Raúl Bullones Soria, conocido como “El Vaca”, de 29.

Tras activarse un pedido de captura nacional, el sospechoso fue detenido este viernes en la localidad mendocina de Las Heras. El operativo ocurrió pocos minutos antes de las 13 horas, cuando los oficiales lo detectaron mientras caminaba por el barrio Santa Teresita.

Según trascendió, el hombre intentó escaparse a pie cuando los agentes buscaron identificarlo. Por este motivo, solicitaron refuerzos y, tras la llegada de otros móviles, concretaron la aprehensión. Acto seguido, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado.

La consulta de sus antecedentes confirmó que sobre él pesaba una orden de captura dispuesta por la Justicia de San Luis. La medida había sido emitida el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

De acuerdo con la información obtenida por Diario El Sol, el expediente judicial está relacionado con el hallazgo del cuerpo de Centeno, que fue encontrado desmembrado en un terreno situado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis.

Tanto el acusado como la víctima eran oriundos de Mendoza y mantenían una relación de pareja desde hacía varios años. Además, señalaron que el hombre tiene antecedentes judiciales por investigaciones vinculadas a robos cometidos entre 2018 y 2023.

Según Diario NDI, este año ambos se habían mudado a San Luis. Familiares y allegados a la mujer contaron que el acusado la había convencido de radicarse en la provincia con la expectativa de conseguir mejores oportunidades.

Fue así que la pareja se instaló en una vivienda precaria del barrio República. Con el paso de las semanas, los vecinos advirtieron que la mujer había dejado de aparecer por el lugar y comenzaron a preguntar por ella.

Ante esas consultas, Bullones Soria habría sostenido que su pareja había abordado un vehículo de Uber para regresar a Mendoza y reencontrarse con su familia. Sin embargo, el martes pasado hallaron el cuerpo de Centeno desmembrado, dentro de bolsas y enterrado en un baldío del mismo barrio donde residía.

Durante una conferencia de prensa brindada este jueves, la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, informó que la pesquisa permanece en una etapa inicial. Junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi, señaló que parte de la información será mantenida en reserva para no comprometer las medidas que están en curso.

Según pudo saber El Chorrillero, buscan reconstruir sus movimientos y vínculos en las semanas previas al crimen, tras haber logrado identificar a la víctima. Aunque todavía restan los resultados definitivos de la autopsia, la hipótesis inicial indica que la muerte habría ocurrido hace aproximadamente un mes y medio.

El hallazgo ocurrió el martes, cerca de las 15 horas, en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y cerca de la avenida Circunvalación. Se trata de un descampado donde funciona un asentamiento.

De acuerdo con Bringas, los vecinos advirtieron la presencia de los restos después de que un perro removiera la tierra y dejara expuesta una parte del cuerpo. El olor y el estado de descomposición llevaron a quienes se encontraban allí a alertar al 911 ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos.

Tras el llamado, el personal de las divisiones Homicidios y Policía Científica, junto con agentes del Ministerio Público Fiscal de San Luis y bomberos, acudió al lugar para realizar las tareas de excavación y las primeras pericias.

La fiscal explicó que el cuerpo había sido colocado en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. Incluso, destacó que a pocos metros, los efectivos encontraron una bolsa con otras partes del cuerpo.

Los primeros informes forenses establecieron que la mujer tenía golpes en el rostro y el tórax, además de una herida cortante en el cuello. También determinaron que el desmembramiento ocurrió después de la muerte. Los peritos no detectaron indicios de abuso sexual, aunque esa posibilidad permanecerá bajo análisis hasta que finalicen los estudios.

Para la Fiscalía, las características del hallazgo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Sin embargo, la investigación deberá establecer dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si hubo más de una persona involucrada.

Personal de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, encontró el cuerpo de una mujer dentro una heladera durante un allanamiento en una vivienda, en el marco de la investigación por la desaparición de la joven Camila Belén Iglesias, de 24 años. Además de tratar de confirmar que se trata de la mujer, los investigadores buscan a su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, como presunto autor del femicidio.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, el cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Los Altos. Los restos hallados estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se realizarán las pericias correspondientes. Hasta el momento se encuentra pendiente tanto la identificación de los restos como la determinación de la causa de muerte.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la hermana de Camila, quien declaró que mantuvo su último contacto con ella el 2 de octubre pasado. Según su relato, dos días después recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con Camila y que la joven se había retirado del domicilio, aunque desde entonces se desconocía su paradero.

Las autoridades difundieron la fotografía de la joven y pidieron colaboración a quienes puedan aportar datos fehacientes sobre su ubicación, en un primer momento tratada como una desaparición.

Antecedentes de violencia y pedido de captura

Durante las averiguaciones, surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la pareja. A partir de este dato, junto con el hallazgo de los restos en la heladera, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un probable femicidio.

Familiares de Gómez manifestaron a los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, indicó el MPF de la provincia.

Se estableció además que Gómez se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque se desconoce su ubicación actual. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y se realizan diligencias tendientes a establecer su paradero y proceder a su detención.

Los primeros datos de la investigación y la denuncia

Durante el procedimiento en el que hallaron los restos, los investigadores secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos figuran prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia. “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario respecto al avance de la causa, en diálogo con Cadena 3.

Durante el procedimiento se constató que la vivienda se encontraba sin moradores y, en un pasillo lateral, se halló una heladera en cuyo interior había restos humanos, indicó el diario La Voz.

De acuerdo con las primeras informaciones dadas a conocer por el medio cordobés, en la vivienda, las autoridades habrían encontrado además una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

Las fuerzas policiales despliegan un intenso operativo de búsqueda en toda la zona para dar con el paradero del presunto agresor. En el domicilio ubicado en barrio Los Altos de Cruz del Eje intervino personal de Investigaciones, Policía Científica y el DUAR, bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Ardiles.

El mensaje del sospechoso

Romina, la hermana de Camila, reveló al medio El Doce una un mensaje que recibió de parte de Gómez, en el que le decía que había tenido una discusión con la joven y que luego se había ido. Según le dijo, él no sabía nada de su paradero.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a donde, le escribo y no me responde”, arrancó el texto vía Facebook y siguió: “Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”.

“Hola Romina como estas? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablas con ella le podes decir que me conteste o que vuelva acá. Si me dice dónde está la voy a buscar. Gracias, cualquier cosa avisame”, reza el mensaje completo que recibió Romina.

Tras las respuestas de la mujer donde comentaba que no podía contactar a Camila, Gómez escribió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”. Pasaron los días y Camila seguía sin aparecer.

La investigación por el hallazgo de restos humanos en la zona oeste de San Luis quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género, que confirmó que se trata de un femicidio. La víctima es una mujer de unos 40 años cuya identidad todavía no fue establecida, debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, la causa no tiene detenidos. Sin embargo, los investigadores trabajan sobre personas sospechosas y procuran reconstruir los vínculos de la víctima antes de su muerte. Pese a que aguardan los resultados de la autopsia, plantearon que la muerte habría ocurrido hace alrededor de un mes y medio.

La información fue comunicada por la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, y la fiscal adjunta Marisol Boschi, durante una conferencia de prensa. De esta manera, Bringas advirtió que las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y que hay datos que no serán revelados para no afectar las medidas en curso.

De acuerdo con la información obtenida por El Chorrillero, las autoridades trabajan en confirmar la identidad de la víctima mediante estudios genéticos y establecer qué ocurrió en las semanas previas al crimen.

El descubrimiento ocurrió el martes cerca de las 15:00 horas en un terreno situado en la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y próximo a la avenida Circunvalación. El sector es un descampado amplio donde se instaló un asentamiento.

Según explicó Bringas, los vecinos advirtieron la situación después de que un perro escarbara la tierra y dejara al descubierto una parte del cuerpo. El olor y el avanzado estado de descomposición llevaron a quienes estaban en el lugar a sospechar que podían ser restos humanos. La alerta fue dada de inmediato a través del 911.

Tras el aviso, los integrantes de las divisiones Homicidios y Policía Científica llegaron al predio, junto con personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Luis y bomberos, que colaboraron en las tareas de excavación.

De acuerdo con la descripción de la fiscal, los restos habían sido colocados en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. A un costado, los efectivos encontraron una bolsa que contenía otras partes del cuerpo.

La disposición de los restos y las lesiones detectadas orientaron la pesquisa hacia un asesinato por razones de género. De hecho, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la mujer fue golpeada, degollada y desmembrada después de morir.

Al mismo tiempo que informaron que la víctima presentaba numerosos hematomas en el rostro y el tórax, los peritos no detectaron signos de un ataque sexual. Sin embargo, la probabilidad no sería descartada hasta concluirse las pericias.

Para la Fiscalía, las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Por esto, la investigación buscará determinar dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si más de una persona intervino en el hecho.

Hasta el momento, la fiscal Bringas evitó dar detalles sobre los sospechosos o sobre la posibilidad de que entre ellos esté una pareja de la víctima. Sin embargo, señaló que las primeras horas de investigación son decisivas para avanzar tanto en la identificación como en el relevamiento de contactos y relaciones de la mujer.

En línea con esto, la funcionaria remarcó la importancia del aporte vecinal. Como la estimación de la data de muerte supera el mes, los investigadores necesitan reconstruir movimientos, presencias y situaciones inusuales que puedan haber ocurrido en ese sector de la ciudad durante las últimas semanas.

Por esto, Boschi señaló que esa persona habría vivido antes en la zona donde apareció el cuerpo, una circunstancia que sustenta la hipótesis inicial, aunque todavía no hay confirmación oficial. En paralelo, localizaron a los familiares de una persona que podría ser la mujer hallada en el predio.

No obstante, las autoridades decidieron no informar la provincia de origen ni otros datos que pudieran permitir una identificación anticipada. Bringas explicó que esa reserva busca preservar a los familiares y evitar que conozcan una eventual confirmación a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con el testimonio recogido por El Diario de la República, un vecino de la zona aportó datos sobre una mujer que habría residido en el área. El hombre sostuvo que dejó de verla entre un mes y medio y dos meses atrás, un período compatible con la estimación forense conocida hasta el momento.

Según ese relato, el hombre que convivía con ella les habría dicho a los vecinos que la mujer había viajado a Mendoza en un vehículo solicitado mediante una aplicación. El testigo afirmó que solía escuchar discusiones e insultos en el lugar donde la pareja vivía, aunque aclaró que los contactos con ambos eran ocasionales, por ejemplo, cuando se acercaban a pedir agua o a cargar un teléfono.

Por último, también mencionó la existencia de un rancho en el terreno y consideró que la estructura pudo haber dificultado que alguien advirtiera lo que había debajo. No obstante, esos dichos deberán ser corroborados en el expediente, que continúa bajo secreto parcial mientras la Fiscalía espera los resultados de las pericias genéticas.

Una adulta mayor fue asesinada el sábado 10 de octubre en la barriada La Siesta, en el corregimiento de Tocumen, después de que presuntamente le llamara la atención a un joven por fumar marihuana cerca de su residencia. El reclamo habría provocado una discusión que terminó en un ataque armado contra la mujer, cuyo crimen es investigado como femicidio.

La víctima fue identificada en reportes periodísticos como Leslie Elibeth Mendoza De Gracia, de 56 años. La mujer recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en el portal de su vivienda, en calle Colón. Sus familiares la trasladaron al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció a consecuencia de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. Durante la audiencia, la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes presentó los elementos de convicción recopilados y solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público anunció la decisión el 13 de octubre, tres días después del asesinato. El adolescente permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. La imputación comprende delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra la seguridad colectiva por la posesión ilícita de un arma de fuego.

La detención se producen mientras las fiscalías de adolescentes acumulan 3,514 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, según estadísticas preliminares del Ministerio Público. Panamá concentró 899 registros y Panamá Oeste otros 591, las dos áreas con mayor cantidad de denuncias durante ese periodo.

Por tipo de delito, 740 denuncias correspondieron a hechos contra la vida y la integridad personal, mientras 1,209 estuvieron relacionadas con la libertad e integridad sexual. También se contabilizaron 608 denuncias contra el patrimonio económico y 543 vinculadas con delitos contra la seguridad colectiva, entre otras categorías investigadas por las fiscalías especializadas.

El informe registra además 198 detenciones provisionales aplicadas a adolescentes durante los primeros ocho meses del año, junto con otras 170 medidas cautelares distintas al encarcelamiento. En ese periodo se realizaron 5,761 audiencias, incluidas 631 formulaciones de imputación, lo que refleja el volumen de actuaciones procesales de esta jurisdicción.

El crimen de Tocumen coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con homicidios y ataques armados en la provincia de Panamá. La Fiscalía Metropolitana consiguió la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado y robo agravado, en un expediente relacionado con el asesinato de un taxista ocurrido en octubre de 2024.

El hecho se registró la noche del 27 de octubre de 2024, en Altos del Lirio, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Tres personas interceptaron a un taxista y a su pasajera para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, quien murió como consecuencia de la agresión.

El Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión del nuevo imputado y ordenó su detención provisional por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La Fiscalía también sustentó su solicitud en la gravedad del hecho y el peligro para los familiares de la víctima. Otra persona permanece imputada y detenida por este mismo crimen.

En San Miguelito, otro proceso concluyó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió el 5 de junio de 2024, en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima conversaba con un vecino en una vereda.

De acuerdo con la investigación, el agresor disparó desde un vehículo e hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral. Un jurado de conciencia emitió el veredicto de culpabilidad, que permitió imponer la pena máxima de 20 años.

Las investigaciones por el asesinato de la adulta mayor y del taxista continúan en distintas etapas del proceso penal, mientras el caso de San Miguelito ya cuenta con una sentencia condenatoria. En Tocumen, la Fiscalía deberá completar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del adolescente acusado de femicidio.

Una mujer de 33 años, identificada como Karen Romina García, fue hallada sin vida el lunes por la mañana en una vivienda del barrio Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad de Santiago del Estero. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y detuvo a su pareja, Rubén Carrizo, de 39 años.

Según los primeros datos de la investigación, sus cuatro hijos menores (8, 5, 3 y 1 año) estaban en la casa cuando ocurrió el hecho. Si bien las circunstancias de la muerte de la mujer están bajo análisis, se confirmó que fue uno de los nenes quien encontró a su madre tendido en el piso.

Para ese entonces, el principal acusado se habría retirado de la vivienda familiar. Por este motivo, el menor avisó a familiares que viven en una vivienda lindante. Finalmente, los adultos mayores dieron intervención a la Policía cerca de las 06:30 horas.

De acuerdo con la información obtenida por Nuevo Diario Web, los investigadores habrían planteado de forma preliminar que García habría muerto por asfixia. Sin embargo, las circunstancias y la causa precisa de la muerte quedarán sujetas a los resultados de las pericias forenses.

En línea con esto, plantearon que Carrizo se habría retirado de la vivienda y se habría dirigido a la casa de su madre, en el barrio La Católica. Más tarde, un primo lo acompañó hasta la Comisaría Comunitaria Nº 3, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Desde el minuto cero, la fiscal de Género e Intrafamiliar de turno, Lucía González Farías, interviene en la causa. Asimismo, la funcionaria dispuso la participación del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, que busca reconstruir la secuencia de lo ocurrido y reunir elementos de prueba.

García y Carrizo mantenían una relación desde hacía alrededor de 13 años y convivían con sus hijos. Tras conocerse el crimen, vecinos y familiares de la mujer relataron presuntas situaciones de control, celos y maltrato en el vínculo.

Una vecina definió a Karen como “una chica muy indefensa” y sostuvo que en el barrio circulaban comentarios sobre agresiones y restricciones que le imponía su pareja. Incluso, otros residentes señalaron que la mujer tenía escaso contacto con personas de la zona.

De hecho, la tía de la víctima también manifestó que los nenes habrían escuchado y presenciado discusiones y situaciones de violencia entre sus padres. Esos testimonios deberán ser corroborados en el marco de la investigación judicial.

Poco después, Leandro y Claudio Coronel, dos de los nueve hermanos de la víctima, hablaron con La Mañana de Info desde la casa de su madre, ubicada junto a la vivienda donde residía Karen. Ambos reconstruyeron aspectos de la relación y expresaron su preocupación por los cuatro hijos que quedaron sin su madre.

“Yo la encontré muerta, no pude hacer nada”, contó Leandro durante la entrevista. Tras asegurar que “era una gran persona”, el hombre la describió como persona tranquila, cercana a su familia y a la iglesia. También contó que disfrutaba de realizar videos para TikTok.

Según Info del Estero, el hermano de la víctima señaló que la abuela materna quedará al cuidado de los niños y que familiares que viven en Chile y Buenos Aires viajarán a Santiago del Estero para acompañar a la familia durante el velatorio.

Respecto a la dinámica de la relación, Leandro indicó que el acusado reaccionaba con celos ante la actividad de Karen en las redes sociales. “Él la celaba, se enojaba cuando hacía TikTok. Le decía: ‘¿Quién te manda mensajes?’”, relató.

Aunque sostuvo que Karen no les contaba en detalle lo que sucedía en la relación, afirmó que la familia había advertido actitudes que les generaban preocupación. También indicó que mantenía un vínculo distante con Carrizo, porque percibía miradas y gestos hostiles cuando se acercaban a la casa.

Por su parte, Claudio coincidió en que su hermana quería poner fin a la relación. “Ella se quería separar”, sostuvo, quien dijo que, pese a que la pareja podía aparentar una convivencia normal ante otras personas, él advertía que su hermana no estaba bien.

Incluso, aseguró que Carrizo le quitaba el celular y cuestionaba los videos que hacía para TikTok. “Ella no quería hablar con nosotros. Para mí que estaba amenazada, porque nunca nos dijo nada”, manifestó sobre la negativa de la mujer a hablar sobre los conflictos con su pareja.

De hecho, contó que su hermana había empezado a trabajar poco antes de su muerte y tenía planes para iniciar una nueva etapa personal. También recordó que la vivienda se había incendiado recientemente y que Karen ahorraba dinero para volver a empezar.

“Hace poco se le prendió fuego la casita, estaba ahorrando plata para empezar de cero y lamentablemente pasó esto”, expresó Claudio. Por el momento, no se informó de manera oficial si existían denuncias previas contra el detenido ni si García contaba con medidas de protección. Por esto, la Fiscalía deberá establecer si había antecedentes que puedan incorporarse al expediente.

A casi una década del crimen, este 29 de octubre comenzará un nuevo juicio contra uno de los dos condenados por el femicidio de Micaela García. Se trata de Néstor Pavón, quien había recibido una pena de 5 años de prisión como encubridor, pero volverá a ser juzgado, esta vez como coautor del asesinato por el que Sebastián Wagner ya cumple una condena a prisión perpetua.

Micaela, cuyo crimen generó la ley que lleva su nombre, el 1 de abril de 2017 fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos.

Fueron acusados por el crimen Wagner y Pavón. El primero fue condenado a prisión perpetua como actor del femicidio y el segundo recibió una pena de 5 años de prisión por encubrimiento.

El Tribunal de Juicio de Gualeguay había descartado las acusaciones de la Fiscalía y la querella particular acerca de su participación en el abuso y el posterior homicidio.

Esta decisión había sido cambiada en la apelación. La Cámara de Casación Penal anuló esta sentencia y dispuso que Pavón sea juzgado nuevamente. Como fundamento, los camaristas entendieron que la prueba en contra del jefe de Wagner había sido valorada de forma arbitraria.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia revirtió esta decisión de segunda instancia al aceptar los planteos que hizo la defensa de Pavón. De esta manera, rehabilitó la condena de primera instancia. El hombre fue excarcelado en agosto de 2024 al cumplir los dos tercios de la sentencia que se le había impuesto como encubridor.

El proceso legal prosiguió y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de recursos extraordinarios que presentaron los fiscales y la querella que representó a la familia de Micaela. El máximo tribunal, siguiendo el razonamiento del dictamen del procurador Eduardo Casal, en diciembre de 2024 dejó sin efecto la decisión del STJ de Entre Ríos con respecto a Pavón y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Este nuevo juicio se desarrollará en 8 jornadas en Gualeguay: 29 y 30 de octubre, y los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre.

El debate se llevará a cabo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, con la intervención de los jueces Dr. Santiago Nicolás Brugo (presidente), Dr. Maximiliano Otto Larocca Rees y Dr. Nicolás José Gazali.

En diciembre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La familia de la víctima creó la Fundación Micaela García “La Negra”, que impulsa la agenda de género y acompaña el proceso judicial, incluyendo los reclamos por este segundo juicio a Néstor Pavón.

El femicidio de Micaela García

El 1 de abril de 2017, Micaela García desapareció en Gualeguay, localidad ubicada 220 km al sur de Paraná. Había salido a bailar. Al regresar, fue interceptada por Wagner. Eran las 5 de la madrugada  El hombre conducía un Renault 18 Break. Allí, la sometió sexualmente y luego la mató.

El cuerpo de la joven apareció una semana después en las afueras de la ciudad. De los testimonios reunidos en la investigación surgió que en el descampado donde se encontró el cuerpo fue visto el vehículo Renault Break con dos hombres a bordo. La situación fue registrada entre las 8 y las 8.15.

De inmediato, se sucedieron multitudinarias manifestaciones en todo el país pidiendo el esclarecimiento de su muerte.

La sentencia conmovió los cimientos del poder judicial entrerriano. Es que Wagner era un convicto con antecedentes por violación que había sido dejado libre por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El magistrado fue sometido a un jury, pero el procurador Jorge García no lo acusó y no recibió ninguna sanción por su actuación.

En la causa hubo otro acusado. Se trató de Gabriel Otero, quien fue absuelto.

Micaela García era estudiante de educación física y militante de la Agrupación Evita y del colectivo “Ni una menos”. Este movimiento feminista surgió luego de una serie de femicidios ocurridos durante el transcurso de 2015.

El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años hallada sin vida envuelta en una sábana en una pensión de la ciudad de Rosario, reveló dos datos clave que podrían comenzar a esclarecer el hecho por el que está detenido el ex policía Eliel Gerónimo Noel Schiffo (37).

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros exámenes forenses indicaron que la víctima presenta signos de asfixia y traumatismos en el cuerpo, aunque la fiscal que tiene a su cargo el expediente -Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas- solicitó otros exámenes complementarios para presentarlos en la audiencia imputativa prevista para el próximo jueves por la tarde. De confirmarse las sospechas, Schiffo será acusado formalmente de femicidio.

Tal como informó este medio en el día de ayer, el cadáver de la joven fue encontrado en una pensión ubicada en la calle Juan José Paso al 6200, después de que un conductor de una aplicación aportara información importante a los familiares de Aragón.

Según les dijo, la había llevado a ese lugar en la mañana del sábado, aproximadamente a las 11.45, y que la joven minutos después le escribió para que la buscara, aunque nunca salió de allí pese a los bocinazos que tocó en la puerta.

A partir de la información que obtuvo la familia y la denuncia realizada, el Comando Radioeléctrico ingresó a la pensión y detectó que el cuerpo estaba envuelto en una frazada sobre un rincón de la cocina, donde también había una valija y una caja de reparto.

Schiffo fue detenido ayer y trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario. También secuestraron su celular, que será enviado a peritar. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se presume que el acusado estuvo un día entero junto al cadáver. En ese sentido, las fuentes consultadas por Infobae aclararon que los restos de Bárbara no se encontraban en una valija, tal como trascendió en un primer momento, sino que estaban cubiertos por la frazada.

Los investigadores policiales, según testimonios tomados en el lugar, consiguieron la información de que Aragón era trabajadora sexual y que había ido allí para brindar un servicio, aunque Schiffo, quien la había contratado, se negó a pagarlo y la mató al sujetarle el cuello con sus dos manos. La investigación busca ahora reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias exactas en las que murió.

El nombre del policía exonerado surgió porque él le hizo una transferencia de 14 mil pesos para pagarle el traslado desde su casa de Villa Gobernador Gálvez hasta ese inmueble de la zona noroeste de Rosario, donde la habría matado. Las primeras observaciones en el lugar revelaron que el cadáver presentaba lesiones en el rostro, en el cuello, en las piernas y en la espalda.

Quién es el ex policía detenido

De acuerdo con los datos relevados por Infobae, el detenido fue condenado en 2021 a la pena de seis años de prisión por haber tenido un rol protagónico dentro de una banda narco de su Reconquista natal.

Sin embargo, luego de haber sido exonerado de la Policía santafesina, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Schiffo, detenido en marzo de 2019 cuando viajaba con un kilo de cocaína en el baúl, fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico en un juicio abreviado que homologó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2021. En la causa también se declararon culpables otros dos policías oriundos del norte de la provincia que trabajaron en Rosario y otras siete personas.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, presentó una nueva defensa en la causa paralela en la que fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil. La investigación se abrió a partir de las imágenes y otros archivos hallados en teléfonos celulares y una computadora incorporados al expediente por el crimen. En el escrito de 12 páginas, al que accedió Infobae, negó la acusación e hizo fuertes señalamientos contra personas de su entorno.

La defensa fue presentada desde la cárcel de Cruz del Eje, donde permanece detenido con prisión preventiva acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente de 14 años hallada sin vida a fines de mayo. Por ese hecho, Barrelier enfrentará un juicio oral junto a otras cinco personas acusadas de encubrimiento agravado.

Sin embargo, en paralelo, el fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. La investigación por ese segundo expediente se inició tras el análisis de archivos recuperados de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa por el crimen.

Su última declaración comienza con una firme negación a los hechos que le imputan: “Jamás produje, filmé, grabé ni participé en la producción de un video de contenido sexual con una persona menor de edad; jamás mantuve una relación sexual con una persona menor de edad y jamás presencié una situación sexual de esa naturaleza realizada por terceros o conocidos míos”, aseguró.

En este sentido, Barrelier pidió que se periten todos los teléfonos, computadoras, soportes digitales y demás dispositivos que le fueron secuestrados sosteniendo que las pericias informáticas podrán determinar “objetivamente” qué archivos existían, cuándo fueron creados, quiénes aparecen en ellos y cuáles eran las características del material hallado.

“No existe dentro de las producciones sexuales realizadas por mí o en las que participé una sola persona menor de edad”, afirmó el imputado.

En su descargo, Barrelier admitió haber participado de la producción y distribución de contenido sexual, pero aseguró que se trataba exclusivamente de filmaciones entre personas adultas. Según su versión, la idea de realizar esos videos y comercializarlos habría partido de Melisa Heredia, la madre de Agostina y expareja suya.

El acusado apuntó contra Melisa Heredia, la mamá de Agostina

Barrelier sostuvo que Heredia le propuso realizar el material a partir de un contacto que tenía su exmarido con un hombre colombiano identificado como G.A.P.A., a quien describió como comprador de contenido sexual para adultos.

Según su relato, las producciones respondían a pedidos de categorías específicas, entre ellas la denominada MILF, vinculada con mujeres adultas. También afirmó que Heredia era quien definía las escenas, las posiciones y la dinámica de los encuentros que se grababan.

“La gran mayoría de los videos tenían como protagonista a Melisa Heredia. Ella llevaba el control de la dinámica, proponía las diferentes situaciones y posiciones”, declaró Barrelier.

El imputado aseguró que todas las personas que participaron de esas filmaciones eran mayores de edad, conocían la existencia de las cámaras y consentían la situación. “Jamás le entregué material sexual de menores de edad, jamás produje para él un video con menores y jamás participé junto con él en una actividad de esa naturaleza”, manifestó al referirse al colombiano.

Las amenazas que dijo haber recibido en la cárcel

En otro tramo de la declaración, Barrelier vinculó a este hombre identificado como G.A.P.A., con amenazas que, según dijo, recibió cuando fue alojado en el sector de Admisión del penal de Bouwer.

El acusado afirmó que allí le hicieron llegar mensajes que interpretó como advertencias por la posibilidad de que hablara sobre el colombiano o mencionara a personas relacionadas con él.

“Se me hizo saber que, si hablaba, podían correr peligro mi vida y las vidas de mi hija, mi pareja y mi familia”, sostuvo.

Barrelier dijo que esa situación le generó temor y que pidió ser retirado de ese sector. Luego fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. En la presentación reclamó que se investiguen las fechas en las que este otro hombre habría permanecido en Bouwer, su situación procesal, quién ejercía su defensa técnica y las circunstancias de su propio traslado.

También contó que Gabriel Vega, el padre de Agostina y ex policía, le habría referido que el colombiano estaba involucrado en una causa relacionada con presuntos pedidos a madres para que realizaran actos sexuales con sus hijos. Sin embargo, aclaró que no presenció esos hechos, no participó de ellos y que esa información le fue transmitida por terceros.

Qué dijo sobre Agostina Vega y su padre

El imputado Barrelier negó haber tenido una relación sexual con Agostina o haber realizado videos de contenido sexual que la involucraran. “No existe absolutamente ningún video sexual de Agostina producido por mí”, expresó.

A la vez, afirmó que la adolescente le había contado que tenía acceso a videos sexuales protagonizados por su madre porque compartía con ella un teléfono celular. Barrelier aclaró que no presenció esas situaciones y que reproducía lo que, según dijo, Agostina le había relatado.

El acusado también señaló que la joven le habló de conflictos con su padre y de episodios de violencia física. Sobre ese punto, remarcó que no había presenciado esos hechos y que no podía presentarlos como comprobados personalmente.

En el escrito hizo especial foco en una conversación que, según aseguró, mantuvo con el padre de Agostina pocas horas antes de su detención. Dijo que el hombre permaneció aproximadamente dos horas frente a su casa y que su actitud le resultó llamativa porque no le habría pedido explicaciones sobre el paradero de su hija, que en ese momento estaba desaparecida.

“Existió un marcado interés en que yo no mencionara al colombiano ni determinados vínculos relacionados con él, y en que mis manifestaciones apuntaran contra Melisa Heredia”, afirmó Barrelier.

Asimismo, sostuvo que hay personas que pueden declarar sobre la presencia del padre de Agostina frente a su domicilio y que los chats que intercambiaron pueden ser recuperados del celular que le fue secuestrado. Por eso, pidió que se analicen de manera completa las conversaciones y los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

El pedido de un careo con la mamá de Agostina

En el tramo final de su presentación, Barrelier informó que solicitó un careo con Heredia dentro de la causa principal por el femicidio. Consideró que esa medida permitiría confrontar las versiones sobre quién propuso las producciones sexuales, quién organizaba las filmaciones, cómo se produjo el contacto con Palacio Villa y qué ocurrió en las horas previas a su detención.

“Considero que existía entre Melisa Heredia y el padre de Agostina Vega un entramado de relaciones y circunstancias que yo no termino de comprender y que debe ser investigado”, señaló.

La causa principal por el abuso sexual y femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio y Barrelier continuará detenido mientras avanza, de forma paralela, la investigación por la tenencia de material de abuso sexual infantil, surgida del análisis de sus dispositivos electrónicos.

A más de cuatro meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, siguen conociéndose detalles de las pruebas reunidas contra Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen.

Además de los 377 registros de acceso a videos pornográficos detectados en sus dispositivos, la investigación permitió reconstruir que Barrelier borró de su celular mensajes comprometedores y dos fotos de Agostina maniatada y amordazada sobre una cama, tomadas durante la madrugada del asesinato.

A pesar de la maniobra, los investigadores lograron recuperar parte de ese material mediante peritajes informáticos y el análisis de los teléfonos de otros de los imputados.

“Guardaba fotografías a modo de trofeo”, aseguró esta semana Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, en declaraciones a El Doce de Córdoba.

Pero Barrelier no solo hizo desaparecer fotos. También eliminó un mensaje que le había enviado a la madre de Agostina cuando buscaba desesperadamente a su hija y le ordenó a su pareja que borrara una conversación después de que ella escuchara un ruido sospechoso dentro de la casa.

Para la Fiscalía, esos movimientos no fueron hechos aislados. En la requisitoria, Garzón lo describió como “otro patrón de conducta” orientado al “ocultamiento y eliminación de pruebas o elementos incriminatorios”.

“Si llamás a la Policía…”

Uno de los mensajes que más comprometen a Barrelier fue enviado a la 1.05 del 24 de mayo, cuando Melisa Heredia, la madre de Agostina, todavía no sabía qué había ocurrido con su hija. Lo que Barrelier le escribió —y después borró de su celular— fue interpretado por el fiscal Garzón como un intento de manipularla para que no fuera a la Policía.

El diálogo fue el siguiente:

“¿Qué te pidió la A. a vos hoy, que me pidió tu num?”, le preguntó Melisa.

Barrelier respondió: “Si la podía llevar a la casa de un amigo, y le dije que no tenía movilidad”.

Melisa quiso saber quién era ese supuesto amigo. “No me dijo”, contestó él. Entonces la mujer le explicó la situación: “Hace como tres horas que se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía, y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.

La respuesta de Barrelier fue: “Si llamás a la Policía te pueden hacer estudios y estuviste consumiendo” (sic).

Ese mensaje ya no estaba en su teléfono cuando fue peritado. Sin embargo, había quedado guardado en el celular de Melisa y pudo ser incorporado al expediente.

Para el fiscal Garzón el mensaje fue “convenientemente borrado del celular de Barrelier” ya que había sido enviado “con la clara intención de asustarla, manipulándola, para demorar su alerta a la autoridad policial”.

Melisa le respondió: “Eso qué tiene que ver? Dejá, no sé para qué te escribo”. Barrelier insistió: “Nose pienso por las dudas salame, ya veo si consigo en qué ir y te aviso querés” (sic).

La madre de Agostina rechazó el ofrecimiento y le dijo que saldría a buscarla sola. “Hacé de cuenta que ni te hablé”, escribió. A la 1.09, él volvió a contestarle: “No seas tan salame, no te pongas así. Hay te aviso así me decís dónde estás” (sic).

Para la acusación, ese intercambio adquiere especial relevancia porque, según la reconstrucción del caso, Agostina ya había ingresado a la casa de Barrelier, en Juan del Campillo 878, a las 22.55 de la noche anterior.

“Pasá derecho está en el comedor”

No fue la única comunicación que desapareció del teléfono del acusado. Nueve minutos después de que Agostina ingresara a su casa el sábado 23 de mayo, a las 23.04, llegaron los hermanos Córdoba, que alquilaban una parte del inmueble.

Poco antes de llegar, Matías Córdoba, uno de los inquilinos y también acusado de encubrimiento, le envió un audio por WhatsApp a Barrelier para avisarle que estaba llegando. “Copito yendo, copito yendo, escuchame, teneme preparado un colchón puto”, decía el mensaje.

Barrelier respondió al instante: “Pasa derecho está en el comedor”.

Esa conversación también fue eliminada de su teléfono. Para el fiscal, lo hizo “convenientemente” porque “conocía su valor incriminante”.

La respuesta, según Garzón, tenía un propósito concreto: evitar que los hermanos se detuvieran y advirtieran la presencia de Agostina dentro de la vivienda.

“Dejame de joder, borrá eso”

“Y la Mar (me manda) como un mensaje que me pone: ‘¿Qué es ese ruido? Y le pongo: ‘Borrá eso’”. La frase es del propio Barrelier y quedó registrada en una escucha telefónica incorporada a la investigación por el femicidio.

El acusado se refería a un mensaje que su pareja, Marianela Palmero, le envió durante la madrugada del 24 de mayo, después de escuchar un ruido proveniente del sector delantero de la vivienda, donde él se encontraba con la adolescente. Barrelier le ordenó eliminarlo y ella lo hizo, según reconstruyó la Fiscalía.

En su declaración del 21 de agosto, Palmero sostuvo que había escuchado un grito de hombre acompañado de insultos. Sin embargo, no fue a comprobar qué ocurría ni pidió ayuda.

No era la primera vez que se escuchaban gritos en esa casa. La requisitoria revela que los habitantes compartían un grupo de WhatsApp llamado “Los locos Adams”. Allí, el 7 de mayo, Palmero había escrito sobre los gritos de una chica y contado que, junto con Ludmila Ascarruz, otra de las residentes, habían dado aviso a la Policía.

La noche en que Agostina fue asesinada, en cambio, ni Palmero ni nadie llamó a la Policía. Garzón destacó esa diferencia al analizar la conducta de quienes estaban en el inmueble.

Los antecedentes se remontaban incluso al año anterior. En abril de 2025, Palmero le había preguntado a Barrelier por WhatsApp: “¿Qué fue ese grito de una chica?”. También le advirtió: “Subí la música porque se escucha tu voz” y “Si yo la escucho, los de afuera también”.

Sobre el mensaje eliminado la madrugada del femicidio, Barrelier dio explicaciones cuando declaró por quinta y última vez, el 7 de septiembre. Aseguró que Palmero había escuchado un golpe y que él le contestó: “Dejame de joder, borrá eso”.

También reconoció que solía pedirle que eliminara conversaciones. Cuando le preguntaron si era una práctica habitual, respondió: “Sí, por costumbre”.

Palmero ofreció otra descripción de esa dinámica: “Él era muy obsesivo, me hacía borrar todas las conversaciones con él”.

Los peritajes confirmaron que los mensajes intercambiados aquella madrugada no aparecían en ninguno de los dos celulares.

La investigación también detectó que algunas llamadas entre Barrelier y Palmero, realizadas entre el 23 y el 25 de mayo, no aparecían en los teléfonos peritados, aunque sí habían quedado registradas en las intervenciones telefónicas realizadas en el marco de otra causa contra el acusado, vinculada a la entrega de licencias de conducir en la Escuela de Tránsito donde él trabajaba como becario.

Las dos fotos de Agostina que borró

A las 00.17 del 24 de mayo, Claudio Barrelier fotografió a Agostina Vega inmovilizada sobre una cama. Casi una hora después, cuando la madre de la adolescente le escribió para preguntarle por su paradero, el acusado le aseguró que la chica se había ido de su casa. También la manipuló para que no llame a la Policía.

Las imágenes fueron borradas del iPhone de Barrelier, pero los peritos lograron recuperarlas de la memoria caché del dispositivo. En ellas, Agostina aparecía reducida sobre la misma colcha que Osvaldo Fassetta utilizaba diariamente y que, desde aquel domingo, nunca volvió a ser encontrada.

El informe de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial de Córdoba identificó una “eliminación deliberada de las fotos originales de la cámara nativa”. También detectó que había vaciado la papelera de Google Fotos.

Para los investigadores, estos movimientos, sumados a la desaparición de conversaciones del teléfono, forman parte de un “ocultamiento deliberado de posibles elementos incriminatorios”.

Las pericias también pusieron el foco en otra mujer. Según contó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, entre los archivos examinados apareció una fotografía de una mujer maniatada, cuya identidad aún se intenta establecer.

La letrada aseguró, además, que otras mujeres denunciaron haber sufrido abusos atribuidos a Barrelier y pidió que cualquier otra posible víctima se acerque a la Justicia. “No queremos que esta línea se termine con estas víctimas”, sostuvo.

El caso

La acusación estableció que Claudio Barrelier abusó sexualmente de Agostina y luego la asesinó por estrangulamiento. La Fiscalía sostiene que posteriormente desmembró el cuerpo y ocultó sus restos hasta que pudo trasladarlos a un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Pero no actuó solo. Los otros cinco acusados son Osvaldo Fassetta (amigo de Barrelier y quien vivía en la misma casa), Soledad Andreani (expareja del acusado y quien le prestó el Ford Ka utilizado, según la investigación, para trasladar los restos), Marianela Palmero (pareja de Barrelier y quien se encontraba en la vivienda la noche del crimen), y Matías Córdoba y Ludmila Ascarruz (pareja e inquilinos de la planta alta de la propiedad). Todos fueron enviados a juicio por encubrimiento agravado.

La investigación por el caso de Maximiliano Braudaco, preso en la provincia de Córdoba por asesinar a puñaladas a Rocío Belén Gómez, su ex pareja, descubrió un dato que estremece y que derivó en otra causa penal en su contra: según la Justicia, el hombre habría abusado de dos menores de su círculo cercano en varias oportunidades.

Para preservar la identidad de las víctimas, no se dieron a conocer datos filiatorios, de edad ni sobre la cercanía del vínculo con el agresor. Lo único que trascendió, de acuerdo con el diario La Voz, es que las víctimas son del entorno de Braudaco.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, la misma funcionaria que lleva adelante la causa por el femicidio. La fiscal sumó a la acusación el delito de abuso sexual reiterado agravado por el vínculo.

La imputación por los abusos se suma así al homicidio agravado por violencia de género que ya pesaba sobre Baudraco, y amplía el cuadro de denuncias que lo involucran con hechos de violencia dentro de su propio círculo familiar.

Gómez, de 25 años, fue asesinada a puñaladas el 20 de julio pasado, en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez y Braudaco, quienes tenían una hija en común, se habían reunido para ver el partido entre Argentina y España por la final del Mundial de fútbol.

Horas más tarde, discutieron y el conflicto derivó en el ataque fatal. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, estaban presentes en el domicilio al momento del crimen. Las dos mayores intentaron frenar al agresor, pero no lo lograron.

La madre de Rocío, que también residía en la vivienda, escapó por una ventana para pedir ayuda. Cuando regresó encontró a su hija tendida en la vereda, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Ministerio Público Fiscal, la causa de muerte fue “shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes”. El documento también precisó que cinco de las lesiones comprometieron órganos vitales y que la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta.

Tras el femicidio, Braudaco huyó. Un vecino relató que minutos después del hecho se cruzó con el hombre y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”. El atacante respondió: “Apuñalé a Rocío”. Minutos después, la Policía de Córdoba montó un operativo cerrojo y lo detuvo a pocas cuadras del lugar.

La investigación reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por coacción y daño calificado. La sentencia incluía reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó por una denuncia presentada por la mamá de Gómez.

Como contó este medio, entre las restricciones figuraban abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, cumplir tareas no remuneradas en una institución de beneficencia durante cuatro horas semanales por un año, finalizar estudios básicos, mantener una restricción recíproca entre el acusado y la víctima, y realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones.

Sin embargo, en diálogo con medios locales, Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que Braudaco incumplió todas las medidas, incluida la de presentarse ante el Patronato, por lo que fue notificado. “Cuando no se presentan, nosotros informamos al tribunal competente, al juzgado, a la Cámara, a la autoridad judicial que corresponde”, señaló.

La funcionaria precisó que dieron aviso de los incumplimientos al Juzgado de Ejecución 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si en aquella ocasión se adoptó alguna medida.

Rocío Núñez tenía 27 años y era madre de tres hijos. Este martes, fue asesinada de un disparo en el cuello en el barrio Las Heras, ubicado en Mar del Plata. Por el hecho, acusaron a su ex pareja, identificado como José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por otro homicidio. La familia de la víctima reveló que la mujer había perdido un embarazo a causa de las agresiones que le propinaba el ahora detenido.

El ataque ocurrió cerca de las 10 horas en la zona de Reforma Universitaria, entre Morris y Güiraldes. El personal policial llegó tras una llamada realizada al 911, pero, para ese entonces, la muerte de la joven ya había sido confirmada.

Según contaron sus familiares, la víctima era mamá de una nena de 5 años y dos varones de 9 y 3. Incluso, revelaron que la violencia atravesaba a la relación que tenía con Cejas Urbistondo. Si bien contaron que habían comenzado a convivir hace cinco meses, la relación llevaba más tiempo. Aunque no pudieron precisar el tiempo que estuvieron juntos.

“Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba”, reconocieron los allegados de la joven durante un diálogo con el medio marplatense 0223. Al mismo tiempo que afirmaron que “ella no era mala persona”, lamentaron que hubiera sido asesinada de una forma tan brutal.

Luego de que se confirmara la muerte de Núñez, el fiscal Carlos Russo quedó al frente de la investigación por femicidio. En principio, se enfocaría en trabajar para determinar la mecánica del ataque y la participación del acusado.

Según las fuentes de la investigación consultadas por Infobae, la joven fue asesinada de un disparo en el cuello durante una discusión con su ex pareja. En ese momento, la víctima estaba en el patio delantero cuando comenzó el conflicto.

En ese contexto, Cejas Urbistondo habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Una de las balas impactó en el cuello de Núñez, de acuerdo con los testimonios que ya se encuentran incorporados en la causa.

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Heras, donde el personal médico confirmó su muerte. Tras el ataque, el acusado escapó del lugar.

A raíz de la fuga del principal acusado, la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Durante la búsqueda, los efectivos detectaron su desplazamiento y, al advertir la presencia policial, el hombre arrojó dos armas al suelo e intentó continuar la fuga.

Finalmente, Cejas Urbistondo fue reducido y detenido. En el procedimiento intervino el personal de Policía Científica, que incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38 largo, con la numeración eliminada, y otro Italo Gra calibre .32 largo, también sin identificación.

Ante la magnitud del hallazgo, el fiscal Russo dispuso que le realicen un dermotest al imputado. Asimismo, ordenó otra serie de pericias sobre las armas secuestradas para establecer cuál de ellas fue utilizada en el crimen.

En línea con esto, se ordenó notificar a Cejas Urbistondo de la imputación y trasladarlo a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado. Hasta el momento, la hipótesis inicial apuntaría a que el ataque se produjo en el marco de una discusión entre la víctima y su ex pareja. No obstante, el acusado será indagado en los próximos días.

Los antecedentes del único acusado por el femicidio de Rocío Núñez

José Leonardo Cejas Urbistondo llevaba casi dos meses prófugo por otro homicidio, cuando fue detenido por el femicidio de Rocío Núñez. La orden de captura había sido emitida el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

En esa causa, Cejas estaba imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

El expediente se originó a partir de un robo cometido el 18 de diciembre en el corralón Los Pumas, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. De acuerdo con lo publicado por La Capital, dos hombres armados ingresaron al comercio para llevarse la recaudación y uno de ellos disparó durante el asalto.

Uno de los tiros alcanzó en el rostro a Darío Tapia, de 26 años, que estaba en el lugar. El joven permaneció internado durante más de un mes en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y murió el 23 de enero como consecuencia de las heridas.

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, identificó a los hermanos Facundo y David Carrizo como presuntos integrantes del grupo que participó en el hecho. Más adelante, la causa también vinculó a Cejas Urbistondo, situación que derivó en su pedido de captura.

No obstante, el historial judicial de Cejas incluye investigaciones iniciadas desde 2005 por robo, tentativa de robo y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. En 2007 volvió a ser investigado en expedientes por robo agravado y tentativa de robo calificado.

Al año siguiente, sumó causas por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño. En 2013 fue imputado otra vez por robo agravado. Sin embargo, el antecedente más reciente previo al crimen de este martes databa de mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

Rocío Aylen Núñez, de 25 años, estaba en el patio de una vivienda del barrio Las Heras, en Mar del Plata, cuando su ex pareja, luego identificado como José Leonardo Cejas, le disparó en el cuello. El hombre tenía una orden de captura activa por otro homicidio y portaba dos revólveres con las numeraciones borradas. La joven murió poco después en el CAPS del barrio.

El hecho se produjo alrededor de las 10 del martes. Según fuentes de la investigación consultadas por Infobae, Núñez se encontraba en el patio delantero de una vivienda de Reforma Universitaria al 2800 cuando comenzó a discutir con Cejas. En determinado momento, según relataron testigos, Cejas extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona del cuello de la mujer.

Núñez fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Heras, donde el personal médico constató su fallecimiento. Tras el ataque, Cejas escapó del lugar.

La Policía puso en marcha un operativo cerrojo y, durante la búsqueda, los efectivos lograron observar el desplazamiento del sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, Cejas arrojó al suelo dos armas de fuego y continuó su intento de fuga, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró los dos revólveres: uno calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, con la numeración suprimida, y otro calibre 32 largo, marca Italo Gra, también con la numeración eliminada.

Ahora los investigadores deberán determinar cuál de las dos armas fue utilizada en el crimen. Para ello, el fiscal Carlos Russo, presente en la escena, dispuso la realización de un dermotest al imputado y distintas pericias sobre los elementos secuestrados.

La causa quedó caratulada como femicidio. Russo también ordenó la notificación de la imputación y el traslado de Cejas a la Unidad Penal N.° 44 de Batán, donde quedó alojado. Por el momento, la hipótesis central sostiene que el crimen se produjo en el marco de la discusión entre la víctima y su ex pareja. El acusado será indagado en los próximos días.

Un fuerte historial delictivo

Cejas llevaba casi dos meses prófugo en una causa por otro homicidio. Según informaron las mismas fuentes, la orden de captura había sido dictada el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de una investigación que lo señalaba como imputado por homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

Ese expediente tenía como antecedente un robo ocurrido el 18 de diciembre en el corralón “Los Pumas”, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. Según consignó el medio marplatense La Capital, dos delincuentes armados ingresaron al comercio para robar la recaudación y, durante el asalto, uno de ellos efectuó varios disparos. Uno impactó en el rostro de Darío Tapia, de 26 años, quien se encontraba en el lugar. Las heridas fueron de extrema gravedad. Tapia permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos durante más de un mes y murió el 23 de enero.

La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, permitió identificar a los hermanos Facundo y David Carrizo como dos de los integrantes del grupo. Posteriormente, el expediente vinculó también a Cejas, lo que derivó en la orden de captura.

De acuerdo con La Capital, el prontuario de Cejas registra antecedentes desde 2005, cuando fue investigado por robo, tentativa de robo, tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de armas de uso civil. En 2007 volvió a quedar involucrado en causas por robo agravado y tentativa de robo calificado. Al año siguiente sumó investigaciones por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño.

En 2013 fue imputado nuevamente por robo agravado. El antecedente más reciente de su historial, previo al crimen de este martes, correspondía a mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o ex pareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

Judith Nazarena Jerez, una mujer de 35 años y madre de una niña de 10, fue encontrada muerta este lunes en el interior de su casa en la localidad de Graneros, al sur de Tucumán. Por el hecho quedó detenido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 39 años, a quien la Policía encontró escondido debajo de una cama y con manchas de sangre.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía de este lunes 5 de octubre en una vivienda ubicada en el paraje La Cañada.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, alrededor de las 12.15 un hermano de Jerez se presentó en la comisaría y contó que había encontrado a su hermana sin vida y con sangre. Ante el aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio. Al ingresar encontraron a la mujer y, casi simultáneamente, arribó una ambulancia, cuyo personal constató que ya no presentaba signos vitales.

Fue durante el procedimiento en la vivienda cuando los agentes encontraron a Pitali. Estaba escondido debajo de una cama y, al sacarlo, advirtieron que también presentaba manchas de sangre. Por ese motivo fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal para trabajar en la escena y ordenó la realización de la autopsia, que será clave para determinar cómo murió Jerez.

Según publicó La Gaceta, la víctima presentaba una lesión en la zona de la cabeza. El medio tucumano consignó además que Pitali realizó espontáneamente una manifestación en la que habría dicho que había cometido “un grave error” con un arma de fuego.

De acuerdo con Alfredo Cecenarro, jefe de la comisaría de Graneros, al sospechoso le realizaron un dermotest para determinar si presentaba residuos compatibles con un disparo. Hasta ese momento el arma que podría estar vinculada al hecho no había sido encontrada.

Jerez y Pitali llevaban alrededor de 15 años en pareja y tenían una hija de 10 años, según informó La Gaceta. Ambos estaban además al frente de una carnicería que funcionaba en la misma propiedad donde fue encontrada muerta la mujer.

La niña se encontraba en la escuela al momento del hecho y no habría presenciado lo ocurrido. Posteriormente quedó al cuidado de un familiar, con intervención de los organismos de niñez, según informó el mismo medio.

Cecenarro indicó además que no se registraban denuncias previas por violencia de género realizadas por Jerez contra Pitali. De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas entre vecinos, tampoco habían surgido referencias a episodios anteriores de violencia, aunque sí a discusiones de la pareja vinculadas principalmente con el negocio.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y del resto de las pericias, Pitali permanece aprehendido a disposición de la Justicia. Este miércoles, la Fiscalía expondrá en la audiencia de formulación de cargos la hipótesis con la que avanzará en su contra.

El próximo 15 de octubre Jerez hubiera cumplido 36 años.

A diez años del crimen de Lucía Pérez, la causa que conmovió a Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, sigue sin una sentencia firme y a la espera de que la Suprema Corte Bonaerense decida si restituye o no en el expediente la figura del femicidio, en contra de uno de los condenados. Es por eso que, tras una interminable pelea judicial -con más golpes que logros- la primera reflexión que hace Marta Montero, la mamá de la víctima, es que “están casi como al principio”.

En diálogo con Infobae, la mujer criticó duramente al Poder Judicial por su desempeño en la causa del crimen de su hija y dijo que el Máximo Tribunal de la Provincia “no tiene otra opción que calificar el hecho como femicidio”. La figura legal, reclamada desde el primer día por la familia, había sido reconocida en un primer momento, pero luego fue retirada en febrero de 2025 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense cuando revisó la condena a prisión perpetua contra Matías Farías, el principal acusado del hecho. “Si esto no fue femicidio, entonces ¿qué es un femicidio?“, se preguntó Marta.

Lucía Pérez, que vivía con sus padres en Mar del Plata, tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 salió de su casa y nunca volvió. Según la investigación judicial, un día antes había conocido a Farías y a Juan Pablo Offidani en las inmediaciones de la Escuela Media N°3, donde ellos vendían marihuana.

Al día siguiente, de acuerdo con la acusación, los dos hombres la llevaron a una casa del barrio Alfar, alquilada por Farías, donde Lucía recibió drogas y fue abusada sexualmente. Horas después la trasladaron, ya sin signos vitales, a una unidad sanitaria de Playa Serena, donde los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos. La fiscal María Isabel Sánchez sostuvo públicamente, cuatro días después de la muerte, que Lucía había sido abusada y que la atacaron salvajemente.

Los tres acusados (Farías, Offidani y Alejandro Maciel, señalado por encubrimiento) quedaron detenidos. La fiscalía planteó para Farías el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte, en concurso con femicidio, y para Offidani la figura de partícipe necesario.

“Es difícil, como siempre, como todos los días, porque no es el aniversario, sino todos los días. Justamente se cumplen diez años exactamente del narcofemicidio de Lucía, pero hoy estamos haciendo un montón de cosas para que no haya más Lucías”, comentó Marta, respecto a la serie de eventos que llevan adelante desde ayer en la ciudad de Mar del Plata, para conmemorar el femicidio de Lucía y reclamar al Poder Judicial para que resuelva la situación del expediente.

Y cuestionó: “Hoy matan a una Lucía cada 30 horas. Esto ya no es algo que nos parece ni que no. Hay un negacionismo tan grande, hay un Poder Judicial que condena a medida y después te da un poco y te saca el resto”.

“Como nosotros teníamos femicidio, ahora lo sacó. Estamos luchando en la Corte para que sea femicidio. Entonces, si eso no es femicidio, lo que hicieron con Lucía, ¿cómo se llama el femicidio? ¿Cuál es el femicidio?“, insistió.

“Si cae el femicidio de Lucía, cae todo. Que no nos quieran hacer creer que solamente los que matan son parte de la violencia vicaria, que es la violencia intrafamiliar. No. Hay personas que matan a las chicas, que no tienen nada que ver, que no saben ni quiénes son. Las matan por matarlas, por el hecho de ser mujer”, advirtió.

La odisea judicial

El primer juicio comenzó en octubre de 2018. Los peritos coincidieron en que la causa más probable de muerte había sido una “asfixia tóxica”, con congestión y edema pulmonar que derivaron en una falla cardíaca. La Fiscalía pidió prisión perpetua para Farías y 18 años para Offidani.

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, integrado por Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, absolvió a Farías y Offidani por el abuso sexual y el femicidio, y también absolvió a Maciel por encubrimiento. Lo único que hicieron fue condenarlos a ocho años por comercialización de estupefacientes. La sentencia provocó movilizaciones multitudinarias y un nuevo paro nacional de mujeres. La indignación por el fallo se hizo muy notoria.

En 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia anuló las absoluciones y ordenó realizar un nuevo juicio. Los magistrados indicaron que la sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que habían revictimizado a Lucía. La Suprema Corte bonaerense confirmó en 2021 que debía realizarse un nuevo debate.

“No fue un femicidio”

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata dictó la condena prisión perpetua para Farías, bajo la figura de femicidio. Los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone lo condenaron como autor del abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la víctima, en concurso con femicidio. Offidani recibió 15 años de prisión como partícipe secundario, pena que se unificó con la condena previa por venta de drogas.

Sin embargo, la Cámara de Casación, en 2025, resolvió dejar sin efecto esa calificación, descartando el agravante y ordenando recalcular la condena por el delito de abuso sexual agravado por suministro de estupefacientes, excluyendo el femicidio como figura penal.

Durante las audiencias recientes, el tribunal integrado por Federico Cecchi,Paula Soulé y Fabián Riquert escuchó los alegatos del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari. Esta etapa del proceso no se centró en la reconstrucción del hecho, sino en la valoración de los elementos atenuantes y agravantes, con el objetivo de establecer una pena proporcional al delito de abuso sexual agravado.

Para Montero, la decisión representó un nuevo golpe y por eso nuevamente apelaron a una instancia superior. Ahora esperan a que la Suprema Corte Bonaerense se expida.

“Nunca se negó la violencia de género. En todos los escritos, en todas las apelaciones, en todas las respuestas que dio el Poder Judicial, nunca se negó la violencia de género. Pero no la aplican. Entonces, cuando hablamos de un femicidio, hablamos de la violencia de género. Es lo que se ejerció con una criatura menor, con venta de estupefacientes, que nunca nos tenemos que olvidar, en la puerta de una escuela. Acá nunca nadie cuidó nada, el Estado nunca estuvo. Ni siquiera para dar justicia como corresponde. Entonces lucharemos”, dijo la madre en su diálogo con este medio.

La libertad condicional de Offidani y el juicio de cesura

A fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 concedió la libertad condicional a Offidani, condenado a 15 años de prisión, después de que su defensa planteara que había cumplido el requisito temporal, además de pedir una reducción por estímulo educativo. El fiscal y la familia de Lucía, lógicamente, se opusieron a la medida.

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó posteriormente esa decisión, en abril pasado. Sin embargo, la situación procesal de Offidani sigue siendo motivo de discusión, fue apelada y todavía esperan una resolución. El encubridor sigue libre.

En abril se realizó un juicio de cesura para establecer la pena correspondiente a Farías por el abuso sexual agravado. La familia volvió a pedir que se mantuviera la prisión perpetua y que se reconociera la figura del femicidio.

La defensa solicitó una pena de ocho años y la fiscalía pidió 20 años, que podían unificarse con la condena anterior.

El 4 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 condenó a Farías a 17 años por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. Al unificar esa pena con la condena previa por comercialización de drogas, el resultado fue de 23 años de prisión. La figura de femicidio ya no forma parte de la condena y la sentencia no está firme.

“Casi estamos como el primer día. Porque hacen un juicio que es un papelón. Un juicio de cesura que uno dice: “¿esto de dónde salió? Esto lo inventaron”. Esto es el poder, el poder del narco y también la justicia narco que tenemos. No deja de ser un Estado narco", criticó.

“Casación dijo que no fue un femicidio, fue un homicidio con abuso sexual agravado por el uso de estupefaciente, seguido de muerte”. Acá nadie niega que hubo violencia de género, que era una menor, que hubo poder en el dealer. Nadie lo niega, pero sí se saca la figura. Entonces, ¿cuál es el concepto de sacar esa figura? No existe. La sacan porque el Estado no se quiere hacer cargo de lo que está pasando", agregó.

“El Poder Judicial te hace eso, te unifica la pena. Siempre el beneficio es para el reo. Es increíble, pero es así. Entonces, si llegara a pasar eso, Farías dentro de cuatro años está en condiciones de salir en libertad”, alertó.

Un trágico suceso ha consternado a la comunidad del municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, México. Una joven madre de familia, identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años de edad y de origen salvadoreño, fue brutalmente asesinada en el interior de su domicilio.

El crimen ocurrió frente a la mirada de sus tres pequeños hijos, generando una ola de indignación, conmoción y profunda tristeza entre los residentes locales. Según información difundida por medios de comunicación como Milenio, TeleDiario, entre otros, los trágicos hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes 2 de octubre.

El ataque mortal tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Arco, casi en su intersección con Paseo de las Haciendas, dentro del sector Francés de la colonia Las Haciendas Montecarlo.

De acuerdo con los relatos compartidos por habitantes del sector a las autoridades y a la prensa, durante las primeras horas de la tarde de ese mismo día se escuchó una fuerte y acalorada discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental.

No obstante, no fue sino hasta ya entrada la noche cuando la alarma se encendió en el vecindario. Los habitantes de la zona se percataron de la gravedad de la situación al escuchar el llanto desconsolado y persistente de los niños en la vivienda, motivo por el cual solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de seguridad y de auxilio.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer salvadoreña. Las primeras investigaciones y versiones preliminares recopiladas en el lugar señalan que el esposo de la víctima habría perpetrado la agresión utilizando un arma punzocortante (un cuchillo) para quitarle la vida.

Tras cometer el ataque en presencia de los menores, el presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las corporaciones policiacas mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero y deslindar responsabilidades legales.

Tres menores bajo el resguardo de las autoridades e incertidumbre familiar

El impacto del crimen ha dejado vulnerables a los tres hijos de Karla Beatriz: un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años de edad, respectivamente. Tras la llegada de las autoridades y la confirmación del deceso de su madre, los menores fueron puestos bajo el resguardo, la protección y el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.

La tragedia ha provocado un sentimiento generalizado de impotencia e inseguridad en la colonia Las Haciendas Montecarlo. A pesar de que Karla Beatriz y su familia llevaban apenas unos 10 días habitando en esa vivienda, los vecinos expresaron su consternación por la violencia ejercida dentro del hogar.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres asumió el control de la investigación para esclarecer formalmente el móvil del crimen y reunir las pruebas requeridas para llevar al responsable ante la justicia.

Por otro lado, personas cercanas y allegadas a la víctima han expresado su preocupación debido a las dificultades para localizar a los familiares de Karla Beatriz en El Salvador e informarles formalmente sobre su fallecimiento. Asimismo, se han comenzado a solicitar apoyos y donativos económicos con el fin de cubrir los gastos derivados de los trámites legales y los servicios funerarios para brindarle una sepultura digna.

Alejandro Sofía (26), el acusado de matar a Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en Tigre, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). Al ser indagado por la fiscal Mariela Miozzo, se negó a declarar.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Sofía permanece detenido mientras los investigadores aguardan los resultados de una serie de pericias complementarias que consideran necesarias para avanzar en distintos aspectos de la causa, que tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.

La autopsia, en tanto, permitió establecer de manera “contundente” que Aixa murió por asfixia, indicaron las fuentes consultadas por este medio. En paralelo, la imputación formulada contra Sofía incluye el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Mientras avanza con esas medidas y reconstruye lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo del cuerpo, la fiscalía también trabaja para determinar el móvil del crimen. Una de las líneas de investigación está centrada en el vínculo entre Aixa y Sofía, quienes habían sido pareja, aunque por el momento los investigadores mantienen abiertas las distintas hipótesis.

En paralelo, la abuela de Alejandro Sofía también fue imputada por encubrimiento agravado. La mujer, en cuya casa fue encontrado el acusado luego de permanecer prófugo casi 36 horas, fue indagada y, al igual que su nieto, se negó a declarar.

La captura

Sofía fue detenido el jueves pasado en la casa de su abuela, en Tigre, luego de un intenso operativo desplegado por la Policía Bonaerense para localizarlo. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, durante las horas en las que permaneció prófugo el acusado estuvo movilizándose de manera permanente, lo que obligó a los investigadores a seguir sus desplazamientos.

La búsqueda incluyó tareas de saturación y rastrillajes, con la participación de grupos de la Dirección de Canes K9 y efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, además de personal de Crimen Organizado y la DAIC.

Finalmente, mediante intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones, los investigadores lograron geolocalizar a Sofía y determinar que se encontraba en la vivienda de su abuela. Miozzo ordenó entonces un allanamiento de urgencia que terminó con la captura.

“Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”, explicó la fiscal después de la detención.

La captura se produjo mientras familiares y allegados de Aixa realizaban una marcha para reclamar Justicia y pedir que Sofía se entregara. Cuando se enteraron de que había sido localizado a pocas cuadras, corrieron hacia el lugar del operativo. Allí se produjeron momentos de tensión y vecinos arrojaron piedras contra móviles policiales. En medio de los incidentes, la Policía también debió retirar del lugar a la abuela del acusado, mientras un grupo de personas intentaba incendiar la vivienda.

El caso

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Su padre, Antonio, había regresado de trabajar cuando encontró el cuerpo de su hija.

A partir de las primeras pericias, los testimonios y otras medidas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para intentar ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron rápidamente sobre Sofía, expareja de Aixa y con quien la joven había mantenido una relación atravesada por episodios de violencia. El acusado ya había estado detenido en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra ella y había recuperado la libertad meses antes del crimen.

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Además, horas antes de que el cuerpo fuera encontrado, grabó un video de despedida dirigido a familiares y amigos.

“Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, decía al comienzo de la grabación.

Y terminaba: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

El sol apenas despuntaba sobre la capital nicaragüense este viernes 2 de octubre cuando las sirenas de patrullas y ambulancias rompieron la calma matutina en el sector de Loma Linda, en Managua. Lo que prometía ser el inicio de una jornada cotidiana se convirtió en un escenario de horror y desconsuelo.

En las inmediaciones del cementerio de la localidad, exactamente dos cuadras al norte y una al este, la violencia machista volvió a cobrar la vida de una mujer, dejando a una familia devastada y a toda una comunidad consternada.

La víctima mortal ha sido identificada como Meybol Palacios, de 39 años. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, la joven murió la madrugada de este viernes tras ser atacada violentamente con un arma blanca, presuntamente a manos de su pareja sentimental.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes observaron con impotencia y dolor el despliegue de las autoridades policiales que acordonaron la escena del crimen en busca de evidencias para esclarecer los detalles exactos del ataque.

En el mismo hecho violento resultó gravemente herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima. Llevada por el instinto y el amor fraternal, Marjorie intentó socorrer a Palacios en el preciso momento en que era agredida. Sin embargo, su intervención la convirtió rápidamente en un segundo blanco de la ferocidad del atacante. La joven terminó herida.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Marjorie Palacios tuvo que tomar una decisión extrema para salvar su propia vida: fingió estar muerta para que el agresor cesara las estocadas en su contra. Solo de esta manera el atacante detuvo su furia, permitiendo que la joven sobreviviera para ser atendida posteriormente por personal de socorro y trasladada a un centro asistencial.

El historial del sospechoso y la rápida respuesta policial

De manera extraoficial se conoció que el presunto atacante ha sido identificado como Luis Alberto Cárdenas, de 42 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Uno de los elementos que ha causado mayor indignación en la comunidad es que Cárdenas, según los reportes preliminares, contaba con poco tiempo de haber salido de la cárcel antes de perpetrar esta letal agresión.

Tras el alerta de los pobladores, efectivos de la Policía Nacional se presentaron con rapidez al sector de Loma Linda para fijar la escena, recolectar evidencias y tomar declaraciones de los presentes.

Poco después, las autoridades confirmaron la detención del sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia policial a la espera de que se ejecuten los procedimientos legales correspondientes y se formalice la acusación por este aparente femicidio y la tentativa de homicidio en perjuicio de la hermana sobreviviente.

La sombra incesante de la violencia machista en Nicaragua

Este sangriento episodio vuelve a poner en el centro del debate público la grave problemática de la violencia de género que impacta al país. En lo que va de 2026, las cifras independientes reflejan una realidad desgarradora. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir habían contabilizado al menos 22 femicidios en territorio nicaragüense hasta finales de julio de 2026, a los que se suman diversos casos de mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero.

Debido al extremo bloqueo de información y a las restricciones operativas que enfrentan los organismos independientes dentro de Nicaragua, no existen reportes estadísticos consolidados para los meses de agosto y septiembre de 2026. Mientras las autoridades continúan las investigaciones en el cementerio de Loma Linda para esclarecer cada detalle de esta tragedia, la familia Palacios enfrenta el duelo incalculable de haber perdido a una de sus hijas, al tiempo que clama por justicia y reza por la pronta recuperación física y psicológica de Marjorie.

Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski, cumple este viernes doce días de huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia, Chaco. En el marco de la medida de fuerza fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando debido a fuertes dolores en las piernas y presentó nuevos escritos ante la Justicia para reclamar atención médica y un cambio de alojamiento.

El ex dirigente social comenzó la medida de fuerza el 20 de septiembre. Según Nancy González —ex directora de la Biblioteca Popular Nº 2 del ex barrio Emerenciano y su actual pareja— “a partir de esa fecha dejó de ingerir alimentos sólidos y perdió siete kilos”, le dijo a Infobae.

Desde el Servicio Penitenciario chaqueño, una fuente consultada por este medio confirmó la huelga y explicó cómo se procede ante una medida de estas características. “Inicialmente, se intenta que el recluso coma las cuatro comidas. Caso contrario, por lo menos que coma una”, dijo.

De acuerdo con esa misma fuente, Sena se negó a alimentarse y, en un momento de la protesta, también dejó de ingerir líquidos. Frente a esa situación y al deterioro físico, fue asistido primero dentro del establecimiento penitenciario y luego trasladado preventivamente al Hospital Perrando.

La fuente explicó que en el centro de salud se buscó estabilizarlo y que, una vez recuperado físicamente, regresó al establecimiento penitenciario. También señaló que este tipo de medidas de fuerza son situaciones conocidas dentro del sistema carcelario. “A veces lo hacen para llamar la atención. La psicología del condenado es muy particular”, sostuvo.

La versión de su entorno difiere respecto de la atención médica que viene recibiendo. En diálogo con Infobae, Nancy sostuvo que Sena padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías, y afirmó que su estado de salud se deterioró desde que está privado de la libertad. “Se vino a pique”, dijo.

La mujer también cuestionó las condiciones del pabellón 5, donde actualmente se encuentra alojado. Según describió, “hay humedad, poca ventilación y problemas de higiene”. Si bien se trata de afirmaciones de su entorno, también fueron incorporadas por Sena a distintas presentaciones judiciales.

De hecho, el propio dirigente presentó este miércoles un escrito ante la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, en el que pidió ser trasladado al Área de Prevención del mismo complejo penitenciario o a otro sector que resulte adecuado para su estado de salud.

En esa presentación, a la que accedió este medio, dejó asentado que, durante la huelga, había sido trasladado al Hospital Perrando y posteriormente al Instituto Médico Forense, donde fue examinado. También sostuvo que necesita “controles, medicación, alimentación adecuada, descanso y seguimiento médico” y remarcó que la condena que recibió todavía no se encuentra firme.

“Mi pedido no tiene otro objeto que preservar mi salud y mi integridad física, evitando que las condiciones de alojamiento agraven las dolencias”, señaló en el escrito. Además, solicitó con “carácter urgente” el cambio de alojamiento y que se garantice la continuidad de sus controles, tratamientos y medicación.

Este jueves, Sena realizó otra presentación a la magistrada. Esta vez solicitó que se le otorguen turnos médicos de manera urgente. En concreto, pidió ser atendido por un especialista en Traumatología del Hospital Perrando debido a los “fuertes dolores” que afirma padecer en las piernas. También reclamó consultas en Otorrinolaringología y con los servicios de Diabetes y Nutrición.

Dos días antes, había acompañado ante la Justicia historias clínicas, estudios, informes médicos y recetas. En ese documento aseguró padecer diabetes tipo 2 desde hace más de doce años, problemas gastrointestinales y secuelas pulmonares que atribuyó a una internación por Covid-19. También denunció dificultades para continuar los tratamientos que realizaba antes de quedar detenido.

En la misma presentación sostuvo que no recibe una alimentación acorde con su condición de diabético y que tampoco puede realizar con regularidad la actividad física que tendría indicada. “Sigo proclamando mi inocencia”, escribió al reiterar su reclamo por el derecho a recibir atención médica, tratamiento, medicación y alimentación adecuada.

Infobae contactó a Fernández para saber si había tomado conocimiento de estos planteos y si se había adoptado alguna medida al respecto, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Un cumpleaños en huelga

La huelga de Sena comenzó tres días antes de su cumpleaños número 62. Nancy contó que el 23 de septiembre pudo visitarlo y que compartieron un desayuno dentro del complejo penitenciario. Sena, que ya llevaba tres días con la medida de fuerza, solamente tomó una taza de café y un poco de soda.

“Él fue el encargado de preparar el café. Estuvimos en un comedor chiquito que nos habilitaron para que pudiéramos desayunar ahí. Desayunar entre comillas, porque él estaba de huelga de hambre”, relató.

La mujer dijo estar preocupada por la prolongación de la protesta debido a la diabetes que, según indicó, padece Sena: “Ya son muchos días de huelga”.

El dirigente también presentó un escrito manuscrito dirigido a la jueza Fernández en el que pidió autorización para que periodistas ingresen al penal a entrevistarlo.

La medida de fuerza había sido anunciada por Sena para volver a reclamar la prisión domiciliaria por motivos de salud. Ahora, mientras continúa la huelga, sumó formalmente los pedidos de cambio de alojamiento y de atención médica especializada.

La Policía Bonaerense capturó este jueves a Alejandro Sofía (26), el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta este miércoles en su casa de Dique Luján, partido de Tigre.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales y policiales, efectivos de la DDI San Isidro que realizaban tareas para dar con el prófugo lo encontraron en Tigre, en la casa de su abuela, y concretaron su detención. El acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual, a cargo de Mariela Miozzo, que lidera la investigación.

La captura fue el resultado de un amplio operativo de búsqueda que incluyó tareas de saturación y rastrillajes, con grupos de la Dirección de Canes K9 y efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, además de personal de Crimen Organizado y la DAIC. En medio de ese despliegue, los investigadores detectaron que Sofía se había trasladado hasta la casa de su abuela.

Fuentes de la investigación explicaron a este medio que lograron geolocalizar al sospechoso mediante intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones. Con esa información, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la propiedad, donde finalmente fue detenido. La abuela de Sofía se encontraba en la vivienda y también fue aprehendida por orden de Miozzo, acusada de encubrimiento. Tras las detenciones, se produjeron disturbios con la Policía frente a la propiedad, donde se concentraron familiares de Aixa y vecinos de la zona.

La captura se produjo antes del velatorio de Aixa, mientras familiares y allegados realizaban una marcha para reclamar Justicia por la muerte de la joven y pedir que Sofía se entregara. Al enterarse de que el hombre había sido localizado a pocas cuadras, los familiares corrieron hasta el lugar donde todavía se desarrolla el operativo policial.

En medio de la tensión, vecinos apedrearon los móviles de la policía que se encontraban en el lugar. La fiscal Miozzo también se hizo presente y explicó ante los medios cómo habían logrado ubicar al sospechoso.

“Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”, dijo en declaraciones a TN.

Tras la captura, un cordón policial permaneció frente a la vivienda para contener los disturbios.

El caso

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800. Su padre regresó a la vivienda y halló el cuerpo de la joven colgado del cuello.

Sin embargo, a partir de las pericias, los testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron sobre Sofía, ex pareja de la víctima, quien ya había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad el 16 de julio pasado, 75 días antes del hecho por el que ahora quedó detenido.

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Incluso, horas antes del hallazgo del cuerpo, también grabó un video de despedida en el que les habló a familiares y amigos.

“Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

Y cierra: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

Las últimas horas de Aixa

La noche anterior a su muerte, Aixa había hablado con su padre para avisarle que ya estaba en su casa. Antonio trabajaba como sereno y, según reconstruyó, cerca de las 22 la joven le comunicó que había llegado y que se iba a dormir.

“Me dijo como siempre, como cargada: ‘No me jodas, me voy a acostar’”, recordó el hombre. Era habitual que mantuvieran ese contacto mientras él trabajaba: “Con Aixa éramos re unidos. Ella vivía conmigo, siempre nos comunicábamos, le mandaba mensajes, me avisaba cuando llegaba”.

Ese fue el último contacto que Antonio relató haber tenido con su hija aquella noche. A las 8.05 del miércoles, cuando terminó su jornada laboral y regresó a la vivienda familiar de Dique Luján, se encontró con Aixa. “La fui a agarrar y estaba toda fría”, contó el hombre.

“De la desesperación le hice upa, la levanté, la quise soltar, tenía la esperanza de que me diga algo, una esperanza de vida”, contó el padre. A los gritos pidió ayuda a los vecinos: uno de ellos logró desatar a la joven y otro salió a buscar una ambulancia.

Los primeros incidentes comenzaron por la tarde tras la aprehensión del sospechoso, pero continuaron en las horas siguientes hasta que finalmente su abuela, dueña de la casa, fue detenida y todo derivó en enfrentamientos con los agentes.

Desde el momento en que la Policía Bonaerense se llevó detenida al acusado, la situación se tornó incontrolable. Durante el trayecto entre la vivienda y la camioneta policial, los presentes intentaron lincharlo. Ya con el sospechoso dentro del vehículo, un grupo de personas golpeó el patrullero y arrojó piedras, por lo que los agentes debieron retirarse a toda velocidad para evitar una situación aún más grave.

Sin embargo, la escasa presencia policial dejó prácticamente sin resguardo las inmediaciones de la propiedad. Los vecinos, que no cesaron en sus reclamos de justicia, escalaron su accionar: varios lograron ingresar al patio delantero de la casa y continuaron arrojando ladrillos y otros objetos contundentes contra la estructura.

Durante aproximadamente una hora, la multitud permaneció frente al domicilio a la espera de que la Policía detuviera también a la abuela del presunto autor del crimen, a quien acusaban de encubrimiento. En ese lapso, los insultos, los reclamos de justicia y los lanzamientos de piedras no se detuvieron.

Con la llegada de refuerzos policiales, los agentes finalmente sacaron a la mujer y la trasladaron en un móvil. En ese instante, la multitud se mantuvo relativamente contenida, pero la calma duró poco: una vez que el vehículo partió, los vecinos volvieron a intentar ingresar al inmueble y se desataron enfrentamientos directos con efectivos de la Bonaerense. Cuando un agente recibió un golpe, la fuerza recurrió a balas de goma para dispersar a los presentes. Los incidentes se extendieron por unos minutos hasta que la situación fue controlada.

Cómo fue la detención de Alejandro Sofía

La Policía Bonaerense detuvo a Alejandro Sofía tras un operativo de búsqueda que concluyó con la captura del prófugo en la casa de su abuela, en Tigre. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales y policiales, efectivos de la DDI San Isidro llevaban adelante tareas de rastreo cuando dieron con el paradero de Sofía.

El sospechoso había buscado refugio en la vivienda de su abuela, ubicada en la misma localidad donde se cometió el crimen. Tras confirmar su presencia en el lugar, los investigadores avanzaron con la detención sin mayores inconvenientes.

El operativo que permitió llegar hasta el acusado incluyó un amplio despliegue con tareas de saturación y rastrillajes en la zona. Participaron grupos de la Dirección de Canes K9, efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, personal de Crimen Organizado y la DAIC. La magnitud del operativo reflejó la prioridad que las autoridades le asignaron al caso desde el momento en que se conoció la muerte de la joven.

La clave para localizar a Sofía estuvo en las intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones, que permitieron geolocalizar al sospechoso y dirigir con precisión el operativo final. Con esos datos en mano, la fiscal a cargo de la causa, Mariela Miozzo, dispuso un allanamiento de urgencia sobre la propiedad donde finalmente se concretó la detención. Miozzo encabeza la investigación desde la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual.

Además de Sofía, la Policía detuvo a su abuela, quien se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento. La mujer quedó aprehendida por orden de la fiscal, acusada de encubrimiento. El acusado principal, por su parte, quedó a disposición de la UFI que conduce Miozzo para continuar con la etapa judicial del caso.

La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva para Gerardo Luis Gasparutti (43), el docente universitario acusado de asesinar a su esposa, María Lucila Pagani (47), y de haber simulado un incendio accidental para encubrir el crimen.

La medida —confirmada a Infobae por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba— fue solicitada por la fiscal de instrucción Liliana Copello el martes 29 de septiembre y responde a la necesidad de evitar riesgos procesales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.

Gasparutti continuará detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, donde permanece desde el 6 de agosto pasado, imputado por homicidio calificado por el vínculo, figura que prevé la pena de prisión perpetua.

El caso

Sucedió la noche del 14 de junio, cuando el Renault Sandero blanco que conducía Gasparutti se incendió sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende. Él y su esposa se dirigían a un restaurante de las Sierras Chicas para festejar, en privado, los 15 años de la llegada de la mujer a Córdoba.

Cuando la Policía llegó al lugar, el acusado estaba fuera del vehículo, mientras que su mujer, que viajaba como acompañante, presentaba quemaduras en más del 65% del cuerpo. Trasladada al Instituto del Quemado, murió tres días después, el 17 de junio.

La versión inicial del acusado fue que el fuego se había desencadenado por la explosión del celular de Pagani mientras se cargaba. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por los peritajes. El informe de los bomberos determinó que en el habitáculo no había restos de ningún celular, cable ni fuente de carga.

Lo que sí encontraron los peritos fue olor compatible con la presencia de un líquido combustible y restos de nafta que habría sido rociada en el interior del vehículo. A eso se sumó otro elemento que incorporaron los investigadores: el fuego se concentró del lado del acompañante, donde viajaba María Lucila Pagani.

Otras pruebas incorporadas a la investigación

Por otro lado, testigos que auxiliaron a la pareja aquella noche describieron ante la Justicia conductas del acusado que llamaron la atención de los investigadores, entre ellas, que no habría auxiliado a su esposa, quien fue rescatada reclinada sobre el asiento del acompañante.

Además, los investigadores detectaron que Gasparutti cambió su número de celular dos o tres veces en un período breve, mientras la Fiscalía avanzaba con las medidas de prueba. El contenido de las escuchas telefónicas no trascendió.

La Fiscalía también investiga un posible móvil y analiza, entre otras circunstancias, la situación que atravesaba el matrimonio, una presunta relación extramatrimonial y una disputa por la tenencia del hijo de 10 años de la pareja. La defensa toma distancia de esa línea.

Desde el 6 de agosto, el acusado no pudo volver a ver a su hijo, que quedó al cuidado de una familia amiga del matrimonio y de una hermana de la víctima que viajó desde Uruguay para asistir al niño.

María Lucila Pagani era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde también se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y en la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos, además de ejercer como docente e investigadora.

Gasparutti, hasta el momento de la detención, ejercía como director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21.

El recorrido estuvo marcado por el dolor y la angustia. Antonio tomó la palabra frente a quienes lo acompañaron y describió con crudeza la escena que vivió aquella mañana. “A las 8:05 cuando llego a casa, entro por el portón. Tenía con candado, abro, subo y cuando entré a casa la veo ahorcada”, relató.

Según contó, la noche anterior Aixa se había comunicado con él para avisarle que había llegado al hogar alrededor de las diez y que se iba a acostar. “Me dijo como siempre, como cargada: ‘No me jodas, me voy a acostar’”, recordó entre lágrimas, al tiempo que describió la relación cercana que tenía con su hija: “Con Aixa éramos re unidos. Ella vivía conmigo, siempre nos comunicábamos, le mandaba mensajes, me avisaba cuando llegaba”.

Ante la impotencia, Antonio relató que, al encontrarla, intentó reanimarla de forma desesperada. “De la desesperación le hice upa, la levanté, la quise soltar, tenía la esperanza de que me diga algo, una esperanza de vida. No me dio nada, ya estaba toda ahorcada, toda fría”, narró. A los gritos llamó a los vecinos, uno de ellos consiguió desatarla, Antonio la apoyó en el piso y otro salió a buscar una ambulancia.

Dentro de la vivienda, el padre encontró una fotografía de la expareja de Aixa colocada sobre una mesa. Para él, ese detalle no fue casual. “Tenía una foto de su expareja ahí, seguramente fue él que lo puso como señal, seguro que fue él”, afirmó. Según fuentes del caso que consultó Infobae, las autoridades determinaron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen, ya que en un primer momento se barajó la hipótesis de suicidio.

Sofía acumulaba antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa también era la denunciante. Estuvo detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora se lo busca.

Antonio precisó que su hija había tramitado una denuncia por violencia de género y contaba con botón antipánico. “El 15 de diciembre lo agarraron en un taller de motos en Ingeniero Maschwitz, que el propio jefe de él lo tenía escondido ahí”, detalló. “Estuvo seis meses preso y lo largaron hace dos meses”, agregó.

Sobre el video de despedida que grabó el sospechoso antes de que encontraran el cuerpo, Antonio dijo: “Lo vi y me dio bronca”. Afirmó que el registro fue filmado detrás de su propia casa. “Se ve como que en el video está sentado en un palet y justo se escucha un gallo de mi vecino. Hizo el video ese como para desorientar, pero no, es todo mentira”, señaló. Para él, el hombre permanece en la zona con ayuda de su entorno. “Está por acá. Lo deben tener escondido, seguro. Familia, amigos, primos, no sé”, sostuvo.

Mientras tanto, la espera se prolongaba sin novedades. “La policía me dijo que la iban a buscar y que, cualquier cosa, me iban a avisar. Sigo acá esperando”, afirmó el hombre con resignación.

Una prima de Aixa también tomó la palabra durante la marcha con un pedido directo. “A Aixa nadie la va a devolver. Pero por favor, que lo encuentren, por favor, queremos justicia por mi prima”, dijo, y luego rompió en llanto.

El mensaje y el video del sospechoso

Los movimientos de Alejandro Sofía antes del hallazgo del cuerpo constituyen el elemento que más lo compromete. De acuerdo con la reconstrucción judicial, durante la madrugada de este miércoles el sospechoso publicó en su estado de WhatsApp un video donde expresaba que quería quitarse la vida.

Más tarde, en mensajes enviados a un conocido, reconoció haberse “mandado una cagada” y volvió a manifestar que pensaba suicidarse. Las dos comunicaciones fueron sumadas como prueba a la causa.

Infobae accedió al video, que fue publicado por Alejandro en su estado de Whatsapp a las 5 de la madrugada. Se trataba de un mensaje de despedida y, al inicio, se lo escucha decir: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”.

La fiscal Mariela Miozzo, encargada de investigar el hecho, ya cuenta con la grabación, que finaliza con estas palabras: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre quedó al frente de la investigación, bajo la conducción de Miozzo, que busca intensamente al sospechoso.

Se trata de una grabación realizada por el acusado -que permanece prófugo- horas antes de que encontraran a la chica ahorcada, semidesnuda y sin vida este miércoles en su domicilio. El video, al que accedió Infobae, data de las 5 de las madrugada y fue subido por Alejandro a su estado de Whatsapp.

Era un mensaje de despedida: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

La grabación, que ya tiene la fiscal Mariela Miozzo, que investiga el hecho, concluye: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense".

La Justicia considera a Alejandro Sofía, de 26 años, como el principal acusado del presunto femicidio de Dana. De hecho, tenía antecedentes por violencia de género contra ella: el 3 de diciembre de 2025, la joven lo había denunciado en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas. El sospechoso estuvo detenido por esa denuncia y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho que ahora se investiga.

Además del video, Alejandro también envió un mensaje a un conocido en el que afirmó que se había “mandado una cagada” y expresó su intención de quitarse la vida.

Si bien la escena en la que Aixa fue encontrada muerta hizo que los investigadores al principio evaluaran la posibilidad de un suicidio, tras las primeras tareas en la zona establecieron que el lugar pudo haber sido alterado con el objetivo de encubrir un crimen.

Fue así como todos indicios apuntaron contra Alejandro, que aún permanece prófugo.

La declaración de un adolescente, sobrino de E. C., alias “Punguna”, incorporó un elemento relevante a la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Maira Romina Cabrera (27) en Catamarca. Según expuso la Fiscalía, el joven aseguró que el imputado le indicó qué debía responder si la Policía preguntaba por la mujer.

El planteo fue realizado por el fiscal de Instrucción Nº 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, durante la audiencia de control de detención del principal sospechoso y ex pareja de Cabrera. Esta reunión se celebró el lunes ante la jueza Cecilia Mas Saadi, titular del Juzgado de Control de Garantías Nº 2.

De acuerdo con la declaración, el 10 de agosto el adolescente habría acompañado al detenido a una garita de Telaritos, en el departamento Capayán, donde esperaron a que la mujer llegara. Ese día, fue la última vez que se la vio con vida. La información que e tiene al respecto es que Cabrera viajó desde Casa de Piedra, en el departamento La Paz, para encontrarse con él.

A partir de esto, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) catamarqueño sostuvo que el joven habría sido la última persona que los vio retirarse juntos hacia la vivienda del acusado. Asimismo, destacó que el menor aseguró haber recibido instrucciones por parte de su familiar, en caso de que llegaran a preguntarle por Cabrera.

Para reforzar esta postura, el fiscal Córdoba Andreatta citó parte de la declaración del adolescente durante la audiencia. Según indicó, el joven manifestó: “‘Punguna’ me dijo, al momento de esperar a Maira en la garita, que si me llegaban a preguntar de la Policía por Maira, que diga que se había ido en un camión”.

En este sentido, la Fiscalía sostuvo que la instrucción atribuida al acusado habría sido dada antes de que la mujer llegara a Telaritos. Por esta razón, remarcaron que ese dato contradice la versión que el imputado sostiene sobre lo ocurrido después del encuentro.

Según la información obtenida por El Ancasti, el detenido había afirmado en una entrevista que su ex pareja se había subido a un camión y le había prometido enviarle un mensaje al día siguiente. “Eso ha sido todo”, concluyó sobre la supuesta última vez que la habría visto.

En línea con esto, la Fiscalía ordenó un análisis sobre la actividad del teléfono celular de Cabrera. La medida buscaría determinar si el aparato registró algún punto de conexión fuera de la zona bajo investigación, particularmente de Telaritos.

Bajo el punto de vista de los investigadores, el resultado de esa pericia podría aportar elementos para corroborar o descartar la versión de que Maira se fue en un camión. Además, estiman que el vehículo mencionado por el sospechoso habría pasado por la localidad antes de que llegara el colectivo en el que viajaba la joven.

Frente a esto, el defensor de E. C., Víctor García, cuestionó que existan pruebas que ubiquen a Cabrera en la vivienda de su asistido el 10 de agosto. Incluso, señaló que no se hallaron rastros de sangre de la víctima ni del imputado en el lugar. “Entonces, ¿con qué probamos la presencia de la señora en el lugar?”, recriminó.

Recientemente, la investigación por el presunto femicidio de Cabrera fue remitida a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal especializada Alejandra Antonino, luego de que su ex pareja fuera imputada por amenazas y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor.

De esta manera, se trata de la tercera dependencia que interviene en el expediente en poco más de 50 días. Inicialmente, la causa estuvo en manos de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo, a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh.

No obstante, el 9 de septiembre, Córdoba Andreatta fue designado fiscal coadyuvante e imputó a E. C. por los delitos mencionados. Además, tras la audiencia del lunes, la jueza Mas Saadi ordenó que continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación judicial.

Luego de que se cumplieran 25 años del crimen de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Miramar, su familia continúa con la búsqueda del quinto responsable del crimen. En línea con esto, esta semana pidieron nuevas extracciones de sangre a dos ex oficiales de policía.

En el reclamo que fue presentado por los abogados de la familia Melmann, Yamil Castro Bianchi y Federico Paruolo, se elevó una solicitud para citar y extraer sangre a los ex agentes Leonardo Oviedo y Juan Carlos Torrente, con el objetivo de compararlas con el quinto perfil genético hallado en el cuerpo de la víctima.

Pese a que la causa condenó a cuatro ex oficiales, los familiares de la joven impulsaron su demanda para lograr que todos los involucrados en el hecho sean condenados. Frente a esto, el padre de Natalia, Gustavo Melmann, explicó los motivos detrás de las sospechas que pusieron en el foco a Oviedo y Torrente.

Durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Melmann apuntó que, al momento del crimen, Oviedo ocupaba el cargo de jefe del Destacamento Copacabana, situado a dos cuadras de la vivienda donde Natalia fue torturada y asesinada.

“No pudo estar al margen de lo que pasó en la casa”, afirmó el padre de la víctima sobre Oviedo. Mientras tanto, vinculó a Torrente con Ricardo Suárez, uno de los policías condenados a prisión perpetua por el caso, tras señalar que tenían una relación de amistad.

A pesar de que la defensa de ambos ex oficiales había solicitado que fueran apartados de la causa, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata aceptó los nuevos pedidos de extracción, por lo que la querella procurará reunir nuevos elementos para volver a involucrarlos en el expediente.

“Seguimos luchando para tratar de una vez por todas de dar con el quinto homicida de mi hija”, expresó Melmann, y concluyó: “Espero que no se nos vaya la vida antes”.

En junio se conoció un informe pericial sobre muestras de sangre de Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Sánchez Custodio. Según La Capital de Mar del Plata, los resultados excluyeron a los siete de una posible vinculación genética con el crimen.

En esa oportunidad, el estudio analizó dos hisopados vaginales, un hisopado anal, dos sábanas, un portaobjetos y dos cabellos. Los peritajes estuvieron a cargo del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial bonaerense.

En paralelo, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata sobreseyó a tres de los uniformados investigados, una decisión que demoró las diligencias para determinar a quién corresponde el perfil genético aún no identificado.

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo fue encontrado debajo de un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino. Poco después, la autopsia determinó que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Además, el cuerpo presentaba golpes, quemaduras, fracturas y una lesión en el cráneo.

Durante el juicio, los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro, el abuso sexual y el homicidio de la adolescente. Asimismo, Gustavo “Gallo” Fernández recibió inicialmente una pena de 25 años, que luego fue reducida a diez años por la Cámara de Casación.

En el caso de Panadero, este había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló esa resolución y ordenó un nuevo juicio. En 2023 fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, y recibió prisión perpetua.

Joaquín Cardozo, de 34 años, detenido con prisión preventiva por el doble homicidio de su expareja, Verónica de los Ángeles Palacios, y de la madre de ella, Felicia Bernarda Romero, en Cafayate, enfrentará una ampliación de imputación por presuntos abusos sexuales contra su hija adolescente.

Los nuevos hechos habrían ocurrido antes de los femicidios, entre los 12 y los 15 años de la víctima. La Fiscalía indicó que se habrían producido en un contexto de convivencia y que incluyeron maniobras de manipulación, intimidación y amenazas.

El expediente se abrió tras el doble homicidio de Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y de su madre, Felicia Bernarda Romero, de 83, ocurrido la noche del 9 de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. Por esas muertes, Cardozo ya había sido imputado y permanece detenido.

Ahora, el avance de las medidas dispuestas en esa causa incorporó hechos de índole sexual que habrían tenido como víctima a la hija adolescente del imputado. La Fiscalía sostuvo que las declaraciones reunidas y una pericia sobre dispositivos digitales aportaron elementos para atribuirle nuevos delitos.

La ampliación fue solicitada por la fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ante el Juzgado de Garantías interviniente. La audiencia para formalizar y precisar esta ampliación acusatoria todavía no tiene fecha. La fiscalía pidió su realización ante el juzgado que interviene en la causa y aguarda que se fije el día para el acto procesal.

La nueva imputación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia con una menor de 18 años, en modalidad continuada; y promoción de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y la intimidación.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos delitos concurren de manera ideal entre sí. A su vez, la acusación incorpora el cargo de producción de material de abuso sexual infantil, que se investigará en concurso real con los restantes hechos atribuidos al hombre.

Según la acusación fiscal, los hechos que se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Por tratarse de una víctima menor de edad y de delitos contra la integridad sexual, no se difundieron datos que permitan identificarla.

Sodero Calvet señaló que una pericia informática realizada durante la pesquisa permitió incorporar elementos que vincularían al imputado con la producción de registros de los hechos investigados. Esa información digital pasó a formar parte de las pruebas que sustentan el pedido de ampliación.

El hombre se encontraba detenido por dos femicidios

Cardozo habría disparado contra Palacios, de 32 años, con quien había mantenido una relación de pareja, y contra Romero, de 83, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. La investigación determinó que ambas mujeres fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego dentro de la vivienda.

Luego del ataque, Cardozo se presentó en una dependencia policial de Cafayate. La información fue difundida en la cobertura inicial del caso a partir de fuentes policiales.

Por la muerte de quien había sido su pareja, el acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.

En relación con la mujer de 83 años, madre de la víctima, fue imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Hasta el momento, la investigación no pudo establecer el orden en que ocurrieron ambos asesinatos.

La ampliación de los cargos abre una nueva línea dentro del expediente judicial, con hechos y víctimas diferentes a los contemplados en la causa por el doble homicidio. El imputado podrá ejercer su derecho de defensa durante la audiencia que deberá convocar el Juzgado de Garantías.

Marcos Herrero, el expolicía de Río Negro que acumula condenas por plantar pruebas y falsear investigaciones, tiene fecha para su próximo juicio oral: el 20 y 21 de mayo de 2027, el Tribunal Oral Criminal n°6 de San Martín lo juzgará por su actuación en el caso de Araceli Fulles, la joven asesinada en la localidad bonaerense de José León Suárez en 2017. La causa tiene un agravante que la distingue de las anteriores: las maniobras del imputado derivaron en la condena a prisión perpetua de tres personas que, con el tiempo, la Justicia reconoció como inocentes.

Los jueces Paola Carolina Mazzeo, María Inés Piñeiro Bertot y Javier Pablo Antonucci serán quienes conduzcan el debate oral y público. Frente a ellos, Herrero deberá responder por haber mentido y desviado la investigación del femicidio que sacudió a esa localidad hace ya nueve años.

La historia de Herrero en los tribunales argentinos sigue un patrón que se repite: llegar a las causas como perito de parte —supuestamente para esclarecer lo que la Justicia no podía— y terminar inventando narrativas, plantando pruebas y señalando a personas que luego resultaron ajenas a los hechos, indicó La Brújula 24.

El caso Fulles, sin embargo, escala a otro nivel dentro de esa trayectoria. Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas fueron condenados a prisión perpetua como supuestos autores del crimen, en buena medida a partir de lo aportado por el imputado (luego fueron absueltos).

Las pruebas que Herrero presentó siguieron la misma lógica que en causas anteriores: olores, papeles y una serie de objetos que atribuía a la víctima, muchos de ellos pertenecientes a su propia colección personal, entre los que figuraban ropa interior y efectos personales. La presión política y mediática que rodeó el caso hizo lo suyo: el tribunal de primera instancia condenó a los tres hombres tomando como eje central los llamados “positivos del perrólogo”, denominación con la que se conoce en el ámbito judicial a los resultados de las pericias caninas de Herrero. La fiscalía de San Martín señaló además que durante el juicio oral el imputado realizó declaraciones falsas y sostuvo diálogos directamente inventados, todo orientado a dirigir la condena hacia esos tres hombres.

Lo que siguió fue un proceso de revisión que tardó cinco años en llegar. La Cámara de Casación Penal, con el impulso del trabajo de la ONG Proyecto Inocencia, revisó la sentencia original y la anuló en términos categóricos, dejando asentado que había resultado grave y escandaloso que la primera instancia otorgara valor probatorio a ese tipo de evidencias, calificadas como carentes de toda base científica.

El pedido de elevación a juicio contra Herrero, elaborado por la fiscalía de San Martín, detalló punto por punto los vicios que la Cámara identificó en la prueba de rastro canina: “ausencia de protocolo en la recolección de muestras odorológicas y en la cadena de custodia; falta de doble corroboración mediante dupla instructor-can independiente; omisión de respuesta a las objeciones defensivas relativas a la fiabilidad del can Alcón —propiedad particular del imputado, sin acreditación de capacidad bivalente—; y cuestionamientos a la idoneidad del guía por antecedentes penales por delitos de similar naturaleza”, según informó La Brújula 24. Como consecuencia de esa resolución, se ordenó remitir copias a efectos de investigar posibles delitos de acción pública, lo que dio origen al proceso que ahora desemboca en el debate de 2027.

No es la primera vez que Herrero llega a un tribunal con ese tipo de acusaciones. Ya carga con condenas en otras dos causas de enorme repercusión: la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en Villarino, y el caso de Viviana Luna, en Mendoza. En ambos expedientes fue encontrado responsable de plantar pruebas y construir versiones que no resistieron el escrutinio judicial.

La fiscalía que impulsó la elevación a juicio en el caso Fulles dejó planteada una pregunta que el expediente no termina de responder: si las declaraciones falsas y los diálogos inventados por Herrero surgieron de su propia iniciativa o si existió algún interés externo en cerrar la causa con imputados determinados.

Un hombre se encontró con una escena macabra este miércoles al llegar a su casa en la localidad bonaerense de Tigre: su hija de apenas 20 años estaba ahorcada, desnuda de la cintura hacia abajo y sin signos vitales. La Justicia investiga un femicidio y tiene como principal acusado a la expareja de la joven, que está prófugo.

Según supo Infobae de fuentes del caso, fue el propio padre de la víctima quien denunció el presunto femicidio luego de intentar reanimarla sin éxito. En ese contexto, se hizo presente en el domicilio personal del Comando Patrullas de Tigre, que preservó el lugar para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, las autoridades establecieron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen.

Las pruebas apuntaron rápidamente a Alejandro Sofía (26), expareja de la víctima identificada como Aixa Dana. El hombre, según supo este medio, tenía antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

El dato que más lo complica tiene que ver con sus movimientos previos al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, en la madrugada de este miércoles, el sospechoso subió a su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Horas después, le envió mensajes a un conocido en los que admitió haberse “mandado una cagada” y reiteró que pensaba suicidarse. Ambas comunicaciones fueron incorporadas como prueba en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, que busca intensamente al sospechoso mientras continúa con la recolección de testimonios para esclarecer el hecho.

Tendido y fuera de combate por tiro en la pierna derecha, a la altura del tobillo, Damián Uriel Tobías “El Polaquito” Mendoza no pudo escapar, esta vez, de la Policía. Minutos antes, había entrado por una ventana a una casa de la calle Reservistas Argentinos, en Moreno, con una Bersa Thunder Pro 9 mm de la PFA, tal como se podía leer en la inscripción de la corradera del arma. Aunque tenía cargador colocado con siete balas intactas, “El Polaquito” no se animó a usarla contra los agentes que lo arrestaron por el robo.

Fuentes con acceso al caso indicaron a Infobae que todavía no saben quién le disparó al criminal de 26 años que tenía en su poder una campera deportiva y elementos personales de las víctimas, aún tirado en el suelo. El autor o la autora de la herida de arma de fuego, por ahora, quedará en misterio, tal como la identidad de los cómplices del delincuente, quienes lograron escapar antes de la llegada de los móviles. En la vivienda, los policías encontraron otra Bersa 9 mm, con 12 proyectiles en el cargador, sin impedimentos legales. La secuestraron.

La secuencia ocurrió este domingo, pero detrás de la detención hay otras causas abiertas que tienen al mismo protagonista. Mientras era trasladado por una ambulancia del SAME a un hospital de la zona, el Grupo de Tareas Operativas de Moreno logró establecer la identidad del ladrón: estaban frente a un peligroso femicida con dos pedidos de captura, causas por disparo de arma de fuego, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por delito grave. Lo identificaron a través de un software de reconocimiento facial que localizó puntos comunes entre su imagen y la foto con la que lo buscaban.

El femicidio de Sonia Villagra, el crimen que lo perseguía

El 11 de septiembre pasado, Sonia Mariela Villagra, de 45 años, estaba junto a su novio tomando bebidas en la esquina de San Pablo y San Cayetano cuando fue sorprendida por un hombre que caminaba por la calle, la vio e irrumpió en la escena. “Se le abalanza, discuten, saca un arma de la cintura y le dispara a pocos metros. La mató y se fugó”, resumió una fuente de la causa en la que interviene la UFI N°3, a cargo de Luisa Pontecorvo. Tres testigos reconocieron al agresor: “El Polaquito”. El móvil del femicidio aún no está claro, aunque apuntan a problemas previos entre ambos.

Vecinos de la víctima la describieron como una persona problemática, con adicciones y, sin embargo, buena persona. Tenía tres hijos, dos de ellos, menores de edad. Ninguno vivía con ella. “Era muy vulnerable a causa del consumo”, remarcaron los investigadores. En cuanto al presunto femicida, indicaron “se trata de una persona muy violenta, no tiene reparos con la vida de terceros”.

Un pedido de captura vigente desde 2023 y la prisión preventiva en camino

El femicida ya tenía un pedido de captura vigente desde el 8 de agosto de 2023, es decir, hace casi dos años por una tentativa de homicidio, que tramita en la UFI N° 8 de Gabriela Urrutia. En ese expediente, los detectives apuntaron a “antiguos problemas vecinales que habrían escalado en violencia”, según Semanario Actualidad.

El disparo que impidió una nueva huída de “El Polaquito”, este domingo, ahora lo pone frente a sus causas pasadas. Para empezar, las fuentes consultadas señalaron que la fiscalía que lo acusa del femicidio de Villagra prepara ya el pedido de prisión preventiva de cara a un juicio en el que podría recibir la pena máxima establecida por el Código Penal.

Luego de que E. C., la ex pareja de Maira Romina Cabrera, fuera imputada por amenazas y presunto femicidio, la investigación por la desaparición de la joven de 27 años fue remitida a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Catamarca, a cargo de Alejandra Antonino.

Previo a esto, la causa era investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 9 del Distrito Sur, bajo la conducción del fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta. Por este motivo, explicaron que el traslado no responde a un cambio de jurisdicción territorial, sino a la competencia material de la fiscalía especializada, que abarca todos los distritos de la Primera Circunscripción.

Hasta el momento, el único imputado en el caso se trata de E. C., quien enfrenta acusaciones por los delitos de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, durante las actuaciones iniciales, la Fiscalía incorporó elementos de prueba y solicitó el control de detención del acusado. En línea con esto, la jueza de Control de Garantías N° 2, Cecilia Mas Saadi, confirmó la medida respecto de los dos hechos atribuidos.

Según la hipótesis fiscal, el primer episodio ocurrió el 7 de agosto en una vivienda de Telaritos, departamento Capayán. En esa oportunidad, el acusado habría amenazado a Cabrera durante una discusión, en presencia de una hermana de la mujer, quien luego declaró haber escuchado el intercambio.

El segundo hecho habría ocurrido durante la noche del 10 de agosto, en el mismo domicilio. La acusación sostiene que el detenido habría causado de manera intencional la muerte de Cabrera y que, posteriormente, habría trasladado y ocultado el cuerpo en un sitio que todavía no fue identificado.

Respecto a las medidas investigativas, el jueves pasado se realizaron cinco allanamientos y nuevos rastrillajes. Estos procedimientos se dieron en distintos puntos del departamento Capayán y en viviendas de Valle Viejo vinculadas con familiares de su ex pareja.

A partir de estos, se buscó reconstruir el trayecto de Cabrera desde su salida de Casa de Piedra. Según los primeros elementos incorporados a la causa, todo parecería indicar que la joven habría tomado la Ruta Nacional 60 rumbo a Telaritos a bordo de un camión.

Desde que la desaparición de la joven fue denunciada el 14 de agosto, la Fiscalía ordenó rastrillajes, inspecciones en domicilios y peritajes sobre dispositivos electrónicos. A pesar de esto, no hubo información oficial sobre su paradero.

En los operativos más recientes intervinieron los efectivos de Homicidios, grupos especiales de la Policía, canes, drones, integrantes del Grupo GER, el personal del Laboratorio Satélite y una profesional en bioquímica. La participación de especialistas tiene como objetivo localizar rastros que pudieran ser sometidos a análisis posteriores.

De acuerdo con información publicada por El Esquiú, las autoridades no comunicaron si los procedimientos permitieron hallar fluidos, muestras biológicas u otros elementos de interés para el expediente. Cualquier resultado de ese tipo deberá ser peritado antes de establecer conclusiones sobre una eventual presencia de Cabrera en los inmuebles allanados.

No obstante, se conoció que uno de los elementos incautados durante la jornada fue un teléfono celular encontrado en la vivienda del padre de E. C., en Valle Viejo. El dispositivo fue puesto a disposición del Laboratorio Satélite, que deberá determinar si contiene comunicaciones, datos de geolocalización, archivos u otros registros relevantes.

La primera detención de la ex pareja de Cabrera

Desde un principio, la madre de Cabrera expresó que sospechaba de la ex pareja de su hija. De hecho, durante los primeros días de la investigación, la Fiscalía ordenó el arresto de E. C. y su traslado a una dependencia policial.

En esa oportunidad, el hombre se había escapado del lugar, aunque horas más tarde se presentó en otra comisaría junto a su abogado. Tras declarar, las autoridades consideraron que no había elementos suficientes para sostener la detención y dispusieron su liberación.

Más adelante, la ex pareja de Cabrera quedó detenida en el marco de dos expedientes ajenos a la desaparición de la joven. De acuerdo con la Justicia, estuvo detenido ocho días por presuntos hechos de resistencia a la autoridad y lesiones. Uno de los episodios habría ocurrido el 15 de agosto, cuando se encontraba bajo custodia en el destacamento de Telaritos.

La segunda acusación estaba relacionada con un allanamiento realizado el 12 de septiembre en su domicilio. Según la imputación, E. C. habría intentado alejarse hacia una zona de campo y se habría resistido a los policías que lo interceptaron. No obstante, el avance de la investigación permitió que el hombre fuera imputado por presuntamente haber amenazado y asesinado a la madre de su hijo.

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta en la tarde de este domingo en su casa de la zona sur de Rosario, cuando sus hijos, dos adolescentes de 13 y 17 años, la hallaron en la cocina con varias heridas. El caso es investigado como femicidio por la fiscal Paula Barros de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

Los menores, luego de hallar el cadáver de Natalia Andrea G., pidieron auxilio a una vecina y llamaron a su padre, que estaba separado de la mujer y convive con uno de los dos chicos. En la propiedad faltaba el celular de ella y el juego de llaves del hogar.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el interior del domicilio de avenida Grandoli al 3800 donde estaba Natalia G. no estaba revuelto. El cuerpo fue encontrado boca abajo, con lesiones en la cabeza y el cuello.

Según informó la Fiscalía, el preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario estableció como causa de muerte un “traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca”.

Los médicos que trabajaron en la escena estimaron que la mujer habría fallecido en la madrugada del domingo.

La fiscal Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Se investiga si antes del ataque la mujer había recibido amenazas por parte de una persona que le reclamaba por una deuda económica.

Otro hallazgo macabro

El pasado sábado también se halló el cuerpo totalmente calcinado de una persona, cuando un transeúnte llamó a la Policía por un olor nauseabundo que salía de una fosa de cemento de tres metros de profundidad -donde se veía un bulto- situada en las inmediaciones de Bordabehere al 2900 de Villa Gobernador Gálvez. Según los primeros trabajos de los médicos, bomberos y policías, llevaba allí varios días.

El estado de descomposición del cadáver hizo difícil la toma de huellas o la preservación de las manos, por lo que se harán medidas complementarias para establecer su identidad, la fecha de la muerte y la posible causa.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró improcedente el recurso que había presentado el Servicio Penitenciario Federal (SPF) contra la incorporación al período de prueba para salidas transitorias del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei.

En rigor, los apoderados del SPF cuestionaron la decisión del juez nacional de Ejecución Penal N° 3, Axel López, que autorizó la incorporación de Vázquez al proceso de evaluación para acceder a un régimen de menor encierro.

Después de un fallo adverso de la Cámara, el organismo insistió con un recurso de inconstitucionalidad porque entendió que la decisión era arbitraria y afectaba la división de poderes por una supuesta invasión de funciones ejecutivas y técnicas.

Puntualizó que “se desconocieron las conclusiones criminológicas desfavorables del Consejo Correccional al incorporar a Vázquez al período de prueba, lo que configura un caso de gravedad institucional y justifica la intervención del Tribunal Superior de Justicia”.

La respuesta de los jueces Pablo Jantus y Gustavo Alfredo Bruzzone fue que el recurso de casación contra la incorporación de Vázquez al período de prueba había sido presentado fuera del plazo legal. Además, indicaron que el SPF no logró rebatir los fundamentos de los rechazos anteriores.

En su fallo, concluyeron que “la recurrente erró en la vía procesal intentada pues no resulta pertinente la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la denegatoria de ese mismo remedio”.

Agregaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados al resolver el recurso presentado por el entonces subjefe del organismo, el prefecto Alejandro Canessini. En aquella oportunidad, consideraron que la invocación de arbitrariedad expresaba una discrepancia con lo decidido, sin elementos suficientes para superar el examen formal de admisibilidad.

Antecedentes

El debate procesal comenzó con la resolución que dispuso la incorporación de Vázquez al período de prueba y ordenó al Consejo Correccional de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires establecer los compromisos que debía asumir el interno.

El SPF cuestionó esa decisión y presentó primero un recurso de reposición y, en subsidio, uno de casación. La Cámara lo rechazó porque entendió que no podía interponerse como subsidiario de una reposición y, además, había sido presentado fuera de término.

Ante la denegación de la casación, el organismo promovió una queja por recurso de casación denegado, en la que alegó arbitrariedad, falta de fundamentación, afectación de facultades penitenciarias y gravedad institucional.

Luego, la Sala de Turno rechazó la queja al concluir que también había sido presentada fuera de plazo. El SPF insistió mediante un recurso extraordinario federal, que tampoco prosperó, hasta que en julio pasado interpuso un recurso de inconstitucionalidad que finalmente fue declarado improcedente por el tribunal.

A 16 años del femicidio de Wanda Taddei

Wanda Taddei murió el 21 de febrero de 2010, luego de 11 días de agonía. Su entonces esposo, el ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez, la había rociado con alcohol y prendido fuego en la vivienda que ambos compartían en el barrio porteño de Mataderos.

Tres meses antes, Wanda y Vázquez se habían casado. Según los antecedentes del caso, ella ya había sufrido episodios de violencia de género antes del ataque.

En junio de 2012, Vázquez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo, atenuado por emoción violenta. La resolución unificó esa pena con las que había recibido por la tragedia de Cromañón y por tenencia de plantas de marihuana.

Tras una apelación de la querella, la Cámara Federal de Casación Penal descartó que el crimen se hubiera producido en un estado de emoción violenta y modificó la condena a prisión perpetua.

Desde 2023, Vázquez permanece detenido en el penal de Devoto, después de haber estado alojado durante varios años en Ezeiza. Luego de varios rechazos, el juez de Ejecución Penal López resolvió su incorporación al período de prueba establecido en el artículo 15 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Esa decisión no autoriza al condenado a realizar salidas transitorias, aunque permite que sea evaluado para acceder a ese beneficio.

El SPF cuestionó esa posibilidad al considerar que todavía no se verifican cambios suficientes para recomendar una etapa con menor supervisión. Durante las evaluaciones realizadas en 2025, Vázquez reconoció su responsabilidad en el crimen. Hasta ese momento, había sostenido que la muerte de Taddei había sido un accidente.

Los informes aportados por la defensa, en cambio, indicaron una evolución en el discurso del condenado y señalaron que participó en programas destinados a agresores de violencia de género y a personas condenadas por homicidio.

La fiscalía, por su parte, dictaminó que Vázquez todavía no alcanzó los objetivos de tratamiento requeridos para avanzar hacia un régimen más flexible.

La familia de Wanda reclama que se mantenga el cumplimiento efectivo de la condena. Jorge Taddei, su padre, afirmó que “el Servicio Penitenciario dice que hubo una mejora, que participa de los programas, pero que todavía no está en condiciones de salir”.

La Justicia de Córdoba imputó a Claudio Gabriel Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil, en una investigación paralela a la causa en la que está acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.

La nueva acusación se originó a partir del análisis de teléfonos celulares y una computadora incorporados a la causa por el crimen de la adolescente, que instruye el fiscal Raúl Garzón y tiene a seis detenidos.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, los investigadores peritaron varios teléfonos celulares y la computadora de Barrelier, que fue entregada durante su indagatoria por Marianela Palmero, su ex pareja, también detenida en la causa.

Durante su declaración, que se extendió por más de 11 horas, Palmero entregó voluntariamente la clave de acceso de la computadora. Eso permitió a los investigadores revisar el contenido del dispositivo, donde hallaron fotos y videos que derivaron en la apertura de un expediente separado.

El contenido, sumado al que encontraron en los celulares, provocó la apertura de una causa separada a cargo de Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

Tras analizar la prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal cordobés resolvió imputar a Claudio Barrelier por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Según explicaron fuentes del caso a este medio, la fiscalía consideró que existen elementos suficientes para sospechar la participación del acusado en los hechos investigados y lo citará a indagatoria el próximo 29 de septiembre.

El avance del nuevo expediente no modifica su situación procesal en la causa por el crimen de Vega, por la que continúa detenido con prisión preventiva.

El femicidio de Agostina Vega

Barrelier es el principal acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de su desaparición.

La investigación principal fue elevada a juicio y la acusación sostiene que Barrelier engañó a la adolescente para llevarla a su casa de barrio Cofico.

El imputado deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, según informó el fiscal Raúl Garzón. Otras cinco personas, entre ellas Palmero, fueron acusadas de encubrimiento agravado.

El hallazgo de una pareja muerta dentro de una vivienda conmocionó al barrio Santa Julia, en Pergamino. Los cuerpos de Luis Ismael Pereyra (85) y María Rosa Correa (41) fueron encontrados este lunes por la tarde y la principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a la mujer de un disparo de escopeta y luego se habría quitado la vida.

La escena fue descubierta alrededor de las 19.45 en el domicilio de Pereyra, ubicado en Muratore al 3100, donde Correa se había instalado hacía aproximadamente un mes.

Según la información oficial a la que accedió Infobae, ambos presentaban heridas de arma de fuego y ningún otro tipo de lesión. La vivienda, además, estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas del lado de adentro de la puerta. Tampoco se encontraron signos de violencia ni indicios de una discusión o un altercado previo.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, y por circunstancias que todavía se intentan esclarecer, Pereyra habría efectuado un disparo contra Correa con una escopeta calibre 14, que le provocó la muerte en el acto. Luego, el hombre se habría disparado en la cabeza y también murió en el lugar.

Por el estado en el que fueron encontrados los cuerpos, los investigadores estiman que las muertes habrían ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es una nota manuscrita que fue encontrada en uno de los bolsillos de Pereyra. Según pudo saber este medio, se trataría de una carta de despedida que daría cuenta de la decisión del hombre de quitarse la vida.

Sin embargo, en el escrito no habría realizado referencias negativas hacia Correa ni mencionado problemas con ella.

Según la información recabada hasta el momento, Correa había comenzado a frecuentar la casa de Pereyra hacía unos dos meses y desde aproximadamente un mes antes se había instalado allí.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica y la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, de la Fiscalía N° 6.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores comenzaron a tomar declaración a familiares de Pereyra y Correa y a las primeras personas que llegaron a la vivienda. También se dispuso el traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias.

Además, la Justicia aguarda los resultados de las pericias sobre la escopeta y del dermotest para acreditar la mecánica del hecho y determinar quién efectuó los disparos.

Una víctima cada 34 horas

El caso de Pergamino se conoce en un contexto marcado por las cifras de violencia de género en todo el país. Según el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), entre el 1° de enero y el 31 de agosto de este año se registraron al menos 173 víctimas letales de violencia de género.

Del total, 142 fueron femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. La cifra representa, según el informe elaborado a partir del monitoreo de medios de comunicación, una víctima fatal cada 34 horas.

El relevamiento también contabilizó 273 intentos de femicidio, equivalentes a uno cada 25 horas. Además, indicó que el 64,1% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Otro de los datos está relacionado con el lugar donde ocurrieron los hechos: el 42,2% se produjo en la vivienda de la víctima y otro 22% en el domicilio que compartía con el agresor. En tanto, el 13,9% de las víctimas había realizado una denuncia previa.

Como consecuencia de estos hechos, al menos 182 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros ocho meses del año.

Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, anunció que inició una huelga de hambre y volvió a pedir que le concedan la prisión domiciliaria por problemas de salud.

La medida de protesta comenzó en las últimas horas, según informaron fuentes de su entorno a Infobae. En paralelo, el dirigente piquetero presentó un escrito ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en el que solicitó que se evalúe “con carácter urgente” su situación médica.

Sena se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 y, en la presentación fechada el 21 de septiembre, aseguró atravesar un “grave y progresivo deterioro” de su estado de salud.

Según la información aportada por su entorno, el condenado refiere, entre otras afecciones, pérdida de audición, dificultades visuales, problemas de memoria, depresión y trastornos gastrointestinales. También sostiene que padece una diabetes de difícil control y que el tratamiento con medicación oral habría dejado de ser suficiente, por lo que habría requerido la utilización de insulina.

Parte de ese cuadro también aparece detallado en el escrito presentado ante la Justicia. Allí, Sena señaló que al momento de su detención ya padecía diabetes y problemas gastrointestinales, además de secuelas pulmonares que atribuyó a haber atravesado Covid-19. Según afirmó, posteriormente comenzó a sufrir episodios de hipertensión que en distintas oportunidades requirieron asistencia de ambulancias y traslados de urgencia.

El dirigente también cuestionó las condiciones en las que permanece detenido. De acuerdo con su relato, a principios de 2024 fue trasladado al área preventiva del penal, donde permaneció en una celda individual. Hacia fines de 2025 fue alojado en el Pabellón 5, donde, según sostuvo, su estado de salud comenzó a verse especialmente afectado.

En ese sentido, describió falta de ventilación adecuada, humedad, deterioro edilicio, presencia de insectos y olores nauseabundos, circunstancias que consideró perjudiciales debido a sus antecedentes respiratorios y al resto de las patologías que asegura padecer.

Los problemas de salud que enumeró Sena

En su presentación, Sena afirmó que las secuelas pulmonares que le dejó el Covid-19 hacen que los cuadros respiratorios evolucionen con mayor gravedad y aseguró haber padecido reiterados episodios de neumonía. El último, según relató, le provocó una pérdida de conocimiento y debió ser trasladado e internado para recibir atención médica.

También se refirió al “progresivo descontrol” de su diabetes. De acuerdo con su versión, la enfermedad dejó de estar adecuadamente controlada con el tratamiento que recibía y fue necesario incorporar insulina. A su vez, planteó que las dificultades para cumplir con el plan alimentario indicado por los médicos agravan su situación.

El escrito incorpora además otros problemas que, según Sena, surgieron de los estudios que le realizaron: agrandamiento cardíaco y calcificación aórtica. También afirmó que presenta pólipos y divertículos con episodios de sangrado, además de dos hernias inguinales que requieren evaluación médica y una eventual intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información aportada por su entorno, Sena cuenta además con estudios y antecedentes médicos que respaldarían las distintas afecciones denunciadas y estuvo internado en el Hospital Julio C. Perrando durante el 3 y 4 de julio pasado.

Ante este cuadro, Sena solicitó a la Cámara que ordene con carácter urgente una junta médica integral, con la participación de especialistas que puedan evaluar su estado actual y analizar sus estudios, informes e historias clínicas.

A partir del resultado de esos estudios, volvió a pedir la prisión domiciliaria. Según argumentó, la medida le permitiría continuar con sus tratamientos, cumplir con el régimen alimentario indicado para su diabetes y recibir los cuidados necesarios en condiciones adecuadas.

Además, planteó una alternativa para el caso de que la Justicia considere que todavía deben realizarse informes o trámites antes de resolver el pedido. En ese supuesto, reclamó ser trasladado de manera urgente a otro sector del establecimiento penitenciario que tenga mejores condiciones de ventilación, higiene y alimentación, además de facilitarle el acceso a controles médicos.

“No solicito privilegios. Solicito condiciones que me permitan preservar mi salud y continuar afrontando mi proceso”, expresó Sena.

Los anteriores reclamos de Emerenciano Sena desde la cárcel

El planteo no es nuevo. Sena ya había solicitado la prisión domiciliaria por cuestiones de salud durante el juicio, aunque el pedido fue rechazado.

En mayo pasado, además, presentó un hábeas corpus ante la jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en el que cuestionó distintos aspectos de sus condiciones de detención.

En aquella oportunidad también puso el foco en la alimentación dentro del penal. Según sostuvo entonces, los cambios en la dieta habían afectado la calidad y cantidad de las raciones y agravaban sus problemas de salud.

“Estoy peleando por mi vida y parte de la pelea es solicitar la domiciliaria”, había escrito en una carta enviada a Infobae.

Dos meses después, en una entrevista concedida desde la cárcel, volvió a declararse inocente y cuestionó la condena a prisión perpetua. “Mi vida acá no vale nada”, afirmó entonces al describir cómo atravesaba su detención.

Ahora, en la nueva presentación, Emerenciano volvió a sostener su inocencia y vinculó su reclamo con la necesidad de continuar ejerciendo su defensa mientras se tramita la apelación de la condena.

“Después de más de tres años de encierro, continúo sosteniendo mi inocencia y mi voluntad de seguir adelante con mi defensa”, manifestó.

Una mujer murió de un disparo en la cabeza que le efectuó su pareja mientras atendía su puesto de venta en el kilómetro 57 de la Panamericana, en Pilar, provincia de Buenos Aires. El agresor huyó del lugar y, kilómetros más adelante, intentó quitarse la vida. La víctima falleció horas después en el Hospital Central de Pilar.

Se trata de Mónica Ligorria, de 49 años, con domicilio en la localidad de Villa Astolfi. El ataque ocurrió el lunes cerca de las 14, frente a testigos que se encontraban en la zona.

El hecho se produjo debajo de ese puente, en el acceso al country Estancias del Pilar, en el barrio El Panchito. Según fuentes policiales y testigos consultados por Pilar a Diario, el hombre —de 57 años— llegó hasta el puesto donde Ligorria comercializaba huevos y, tras una breve discusión, le efectuó tres disparos de arma de fuego. Uno de esos tiros impactó en la cabeza de Mónica.

Tras el ataque, el hombre subió a su camioneta Peugeot Master blanca y huyó en dirección a Campana, ciudad donde reside. A la altura del kilómetro 70 del ramal norte de la Panamericana, se detuvo, bajó del vehículo y se disparó en la cabeza, presumiblemente con la misma arma que utilizó en el ataque. El arma fue hallada en el lugar. El agresor fue derivado a un hospital de Campana, donde permanece internado en estado crítico.

Después de más de cinco horas de agonía, Ligorria falleció alrededor de las 20 de ayer en el Hospital Central de Pilar. En el lugar del ataque, trabajaron durante varias horas peritos de la Policía Científica y efectivos de la fuerza local.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar. Las autoridades confirmaron que la víctima y el agresor mantenían una relación de pareja e investigan la posibilidad de que el ataque del lunes haya sido precedido por otros episodios de violencia de género.

El caso se produce tres semanas después de otro femicidio seguido de suicidio, que tuvo lugar en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. El 4 de septiembre, los cuerpos de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz, fueron hallados calcinados dentro de un Chevrolet Corsa en la bajada del Espinillo, a orillas del río Paraná.

Según la reconstrucción de los hechos, Argañaraz mató a Di Paolo, incendió el automóvil, se arrojó al agua y luego regresó para meterse en el vehículo en llamas. La víctima había denunciado a su ex por hostigamiento apenas 48 horas antes del crimen, en un Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Villa Gobernador Gálvez. Ambos habían tenido una relación de 13 años y tenían hijos en común. La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, que investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio.

La investigación del triple femicidio narco de septiembre de 2025, planeado en el Bajo Flores por una banda de narcos peruanos con sus cómplices argentinos y ejecutado en Florencio Varela, avanza con una novedad clave. En las últimas horas, el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el caso, pidió las capturas de tres nuevos prófugos.

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Todos ellos son parte del clan Valverde, presuntos traficantes peruanos vinculados al negocio de cocaína detrás de las horrendas muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

En mayor o menor medida, son todos parientes de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Manuel Valverde David Rodríguez, también prófugo en el caso, es tío de “Pequeño J”, hoy preso en Marcos Paz. De los tres nuevos acusados en la lista, Luis Alan es el más importante. En el expediente, varios testimonios señalaban a un tal “Papá” como jerarca máximo de la organización a nivel local. Para el Juzgado Federal N°2, “Papá” es Luis Alan Valverde.

Los tres nuevos sospechosos se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”, asegura un afirmó el juez federal Jorge Rodríguez en su más reciente pedido, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi.

Luis Alan Valverde Rodríguez, de situación migratoria irregular en la Argentina “habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización”. Celeste Magalí González Guerrero, presa en la causa y una de las principales delatoras en el expediente, a Taya Humpire como “custodio de Papá”.

Así, el juez Rodríguez pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación establezca una recompensa para quien entregue información que lleve a la captura de los prófugos y que Interpol libere las alertas rojas en su contra. El pedido también incluye a Alex Ydone y David Gustavo Morales Huamani, otros dos jerarcas de la banda del Bajo Flores.

El rol del primo de “Pequeño J”

Kevin Valverde Urtecho, alias “Rulos”, primo sanguíneo de “Pequeño J”, fue ubicado por los rastreos de celular en la zona en torno al triple crimen.

El Juzgado Federal N°2 de Morón “estableció que el día 19 de septiembre de 2025″, horas antes de los asesinatos, “desde aproximadamente las 18:10 horas, el abonado asociado a “Rulos” inició un desplazamiento hacia la zona sur, registrando impactos en Gerli, Lanús y Claypole y arribando a Florencio Varela a las 19:53 horas, donde permaneció hasta las 20:12, para luego emprender el regreso hacia CABA”.

Celeste Guerrero también lo delató. En su testimonio, afirmó que “Rulos” “era uno de los sujetos que llevaba estupefacientes desde el departamento utilizado por integrantes de la familia Valverde hacia Florencio Varela, donde eran comercializados.

Uno de los crímenes más sangrientos de la historia reciente ocurrió el 13 de agosto último en la calle Pedro Morán, zona de Villa Devoto. Allí, Romina María de los Ángeles Calvo fue asesinada a puñaladas por su pareja, el carnicero Walter Humberto Verón. Luego, Verón intentó quitarse la vida. Todo ocurrió frente a los hijos de la pareja. La hija de ocho años de ambos fue una testigo directa, según revelaron las cámaras de seguridad.

El informe de autopsia reveló que Calvo recibió 53 cortes y puñaladas. Verón, con el mismo cuchillo con el que mató a su mujer según la acusación en su contra, se infringió cortes en el cuello, el abdomen y la muñeca izquierda. Sangrando, intentó escapar mientras llegaba la Policía de la Ciudad. Verón fue detenido e internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield.

Así y todo, el femicida de Villa Devoto sobrevivió. En las últimas horas, el juez del caso, Darío Bonanno, procesó a Verón con prisión preventiva por el delito de femicidio y le quitó la tenencia de su hija de ocho años de forma provisoria, en una resolución a la que accedió Infobae. También, pidió que la niña sea protegida por la Defensoría de Menores e Incapaces.

“La evidencia reunida permite apreciar que aquella agresión se desarrolló en un contexto previo de violencia ejercida por Verón sobre quien fuera su pareja y conviviente”, apuntó el juez, en un procesamiento atravesado por la perspectiva de género.

Por primera vez se conocen las imágenes de la cámara de seguridad que muestran la secuencia del hecho y la agresión que sufrió Calvo. Las imágenes ilustran esta nota.

Lo que sorprendió al juez, precisamente, fue la intensidad del hecho, y el breve lapso de tiempo en el que ocurrió. Bonanno mismo la marcó en su resolución. Todo ocurrió en menos de un minuto.

“La secuencia temporal del episodio adquiere, en este punto, una particular significación. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad permiten establecer que, luego de permanecer junto a Romina María de los Ángeles Calvo, Verón ingresó con ella al dormitorio a las 06:43:27 horas y abandonó la vivienda apenas cincuenta y dos segundos después, a las 06:44:19″, afirmó el magistrado.

“Es decir, el tramo central de la agresión se desarrolló en un lapso extraordinariamente breve y, sin embargo, durante ese reducido intervalo fueron inferidas un total de cincuenta y tres lesiones producidas por un elemento cortante, distribuidas en distintas regiones de su cuerpo, varias de ellas profundas y localizadas en zonas vitales”.

La puñalada marcada como número 36 en la lista de los forenses fue la que le quitó la vida a Romina. Allí, su asesino le perforó el ventrículo izquierdo del corazón, en medio de “una agresión sostenida y de extrema violencia”, en palabras del juez. La víctima también sufrió un corte profundo en la mano derecha, una herida defensiva.

El triple crimen narco, la peor carnicería humana en la historia bonaerense reciente, un baño de sangre que se ideó en el Bajo Flores en el núcleo de una banda de traficantes peruanos con sus cómplices argentinos, y que luego se consumó entre La Matanza y Florencio Varela, está casi esclarecido.

No es una exageración decirlo, ni una temeridad. Hay 16 detenidos y seis prófugos internacionales que deberán responder por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Entre ellos está, por ejemplo, Alex Ydone Castillo, peruano, el supuesto dueño de la droga de la banda y Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado al comienzo en medio del caos mediático y político como el cerebro de la banda, y que luego resultó ser un mandadero; un tercera línea que está preso en la cárcel de Marcos Paz tras su fuga a Perú.

La investigación -una causa histórica, que comenzaron los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y siguió con el Juzgado Federal N°2 de Morón con el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, junto a la DDI matancera- continúa. Hay nuevos detenidos, entre ellos, David Godoy, un delincuente del Bajo Flores sospechado de ser el conductor de la Chevrolet Tracker que llevó a las víctimas a la casa en Villa Vaettone donde fueron mutiladas. Hay 44 cuerpos, de cerca de 200 fojas cada uno. En total casi nueve mil páginas de expediente.

Y así y todo, falta algo: nadie sabe por qué las mataron. Ningún investigador lo dice a ciencia cierta. Así de simple.

“Nadie lo sabe, nadie lo dice”, se sincera una alta fuente del caso. El dato no figura en ninguna pericia. Infobae se lo preguntó directamente a “Pequeño J”, el primer medio en entrevistarlo. Janzen Valverde dijo, escueto: “No lo sé”.

Hay un testimonio en la causa que podría explicarlo. En octubre de 2025, Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas del caso, declaró con pretensiones de arrepentida ante el fiscal Carlos Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza. Aseveró que las víctimas le habían robado 30 kilos de cocaína a Victor Sotacuro, “El Duro”, un remisero del Bajo Flores señalado como jefe, que luego bajó en la escala de poder. Celeste le había dicho lo mismo a los policías que la arrestaron, por otra parte.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, también detenida, afirmó que la cosa era por diez, 300 o 400 kilos. La pregunta no requiere demasido intelecto. ¿Cómo harían tres jovenes, una de ellas de 15 años, envueltas en la atmósfera de la prostitución del Bajo Flores, para robarle 30 kilos o media tonelada a una banda de pesados? ¿Y dónde terminó esa droga? Nadie en posición oficial de saberlo lo explica.

Hay una teoría que sobrevuela el expediente, que es el doble de aterradora: la teoría indica que las chicas no hicieron absolutamente nada.

“Es posible que se hayan mejicaneado entre ellos para después usar a las chicas de chivo expiatorio”, asegura una fuente clave. “Usaron una nena de 15 años, que estaba en la calle desde los 13. ¿Qué mejor que echarle la culpa a una piba y que la atención se vaya con su estilo de vida? Yo creo que pensaron que nadie iba a empujar la investigación". Otros en torno al caso, en cambio, creen en otras cosas, que no cuentan.

“Pequeño J” mismo afirmó que conocía a las víctimas del ámbito de la prostitución: “Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con “El Gordo” (nota: un presunto miembro de la banda, mencionado por “Pequeño J” en su indagatoria). Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con “El Gordo”. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada".

Una cosa es que tres mujeres paguen por algo que no hicieron. Otra, que lo paguen con mutilación. No es la primera vez que traficantes peruanos matan con furia. “Ruti” Alionzo Mariños, histórico mano derecha de “Marcos” Estrada, intentó vengarse tras quedar fuera del negocio del Bajo Flores con una segunda masacre: la matanza en la procesión del Señor de los Milagros, cometida en octubre de 2005, un tiroteo sicario. Terminó con cinco muertos, incluido un bebé de ocho meses. Pero esa vez, nadie mutiló a nadie en una falsa fiesta.

La movilización partió a las 11 desde la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, en barrio Cofico, y tuvo como destino la Legislatura provincial. La familia cuestiona que el proceso avance sin nuevas medidas, y sostiene que aún hay personas que deben ser investigadas por el crimen.

El punto de partida estuvo cerca de la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal detenido por el femicidio. Desde allí, los manifestantes avanzaron con una bandera que decía “Justicia por Agostina”.

Gabriel Vega, padre de la adolescente e impulsor de la protesta, llevó una remera con la consigna: “Justicia por Agostina, que caigan todos”. Durante el recorrido también se escuchó el reclamo: “Justicia es que caigan todos, Claudio Barrelier, Marianela Palmero”.

“Estamos acá para exigir justicia por Agostina, porque ella se merece saber la verdad de todo y sabemos que falta gente por investigar”, fustigó el padre, en declaraciones radio Cadena 3. “Hay gente en la calle que está caminando acá y que tuvo que ver con lo que le hicieron a mi hija”, dijo. Ante la consulta sobre su evaluación sobre el desempeño de la investigación, Gabriel se mostró crítico al señalar que la Justicia actúa “a medias”.

Agostina, de 14 años, desapareció el 25 de mayo, luego de haber visitado a Barrelier. Cinco días después, sus restos aparecieron parcialmente descuartizados y esparcidos en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra.

El fiscal Raúl Garzón cerró el jueves 10 de septiembre la investigación, y elevó el caso a juicio. Con esa decisión, Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género. En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

Tras conocerse esa resolución, la familia cuestionó que se pase a la etapa de juicio oral en las actuales condiciones. La familia insiste en que otras personas, que según su planteo todavía no fueron alcanzadas por la causa, deben ser investigadas con mayor profundidad. Puntualmente, Vega pidió modificar la carátula respecto de Marianela Palmero, a quien consideran como partícipe del crimen, y no solamente alguien que encubrió. También señalan que restan las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y un amigo del principal imputado que es apodado “tele vieja”.

Barrelier, quien había tenido una relación con la madre de la chica, está encarcelado desde entonces con prisión preventiva en el complejo de Cruz del Eje, y si bien todas las pruebas lo complican, todavía no admitió su culpabilidad. El sospechoso sumó otra causa previa por privación ilegítima de la libertad, y la unificó con la de Agostina.

Para la fiscalía, Barrelier era una persona de confianza de Agostina, como un referente casi paternal de la adolescente. La investigación buscó reconstruir cómo gestionó la captación y obsesión por la chica. El acusado se defendió y dijo que la niña permaneció allí entre 30 y 40 minutos, pero aseguró que salió con vida y subió a un auto rojo.

La abogada de la familia Vega, Fernanda Alaniz, declaró hoy en el marco de la marcha que, durante los primeros días posteriores al crimen, la escena no habría sido debidamente resguardada. “La escena del crimen estuvo liberada. Hubo tres días en que esta gente entró, salió e hizo lo que quiso”, expresó.

El malestar se hizo sentir en la marcha. La convocatoria contó con la presencia de familiares de otras víctimas de casos que conmocionaron a Córdoba, entre ellos, allegados de Blas Correas y de Catalina Gutiérrez. Durante la protesta hubo insultos dirigidos al fiscal Raúl Garzón.

Una mujer de 43 años fue hallada sin vida junto a su cama en una vivienda de Moreno. Aunque al principio pensaron que su muerte se vinculaba con el cáncer de colon que estaba atravesadno, la autopsia estableció que Karina Villarruela murió por asfixia mecánica.

En ese contexto, la Justicia ordenó la detención de su pareja, Lucas Matías Nittioli, de 35 años, acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. La imputación prevé una pena de prisión perpetua.

El caso ocurrió en una casa situada sobre la calle Italia al 900, dentro de la jurisdicción de la comisaría primera de Moreno. La investigación se inició después de un llamado al 911, realizado por Nittioli, quien pidió asistencia ante la presencia del cuerpo de la mujer.

Al arribar al domicilio, el personal policial constató el fallecimiento y convocó a un médico forense y a integrantes de la Policía Científica. De acuerdo con Primer Plano Online, el hombre les manifestó a los policías que se había despertado y encontrado a Villarruel sin signos vitales al costado de la cama.

La inspección inicial no registró anomalías visibles en el lugar ni elementos que permitieran determinar, en ese momento, la intervención de otra persona. Ante la falta de certezas sobre las causas del fallecimiento, el fiscal Martín Borgnia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Moreno, ordenó la realización de la autopsia.

El resultado de la necropsia modificó el curso de la pesquisa. El examen forense determinó que Villarruel murió como consecuencia de una “insuficiencia respiratoria secundaria por asfixia mecánica”, producida por un mecanismo de compresión externa.

Esa conclusión descartó que el deceso hubiera sido una consecuencia natural del cuadro oncológico que padecía la mujer. La descripción incorporada al informe de autopsia indicó que la víctima fue ahorcada. Con ese dato, la fiscalía dispuso nuevas medidas para reconstruir las últimas horas de Villarruel y establecer si hubo forcejeo dentro de la vivienda.

La atención se concentró entonces en Nittioli, la única persona que estaba con ella al momento en que se pidió ayuda. Los investigadores convocaron al hombre para notificarlo sobre las diligencias que se desarrollaban.

Cuando se presentó, fue sometido a un examen médico de urgencia. El estudio detectó lesiones similares a rasguños en ambos antebrazos del acusado. Esas marcas fueron consideradas relevantes porque podían ser compatibles con un intento de defensa de la víctima durante una agresión.

Un vocero de la investigación indicó que los investigadores cotejaron las lesiones halladas en el hombre con el material genético extraído de las uñas de Villarruel. El resultado, según la información difundida, permitió establecer que los rasguños correspondían a lesiones defensivas intentadas por la mujer.

La incorporación de esos elementos fortaleció la hipótesis de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género. La causa dejó atrás la investigación inicial sobre una muerte de origen indeterminado y pasó a centrarse en la responsabilidad penal de la pareja de la víctima.

Nittioli quedó detenido, acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género. El agravante por el vínculo se relaciona con la relación de pareja entre el acusado y Villarruel. La alevosía, en tanto, apunta a las circunstancias en las que se habría cometido el hecho, mientras que la figura de violencia de género encuadra el caso como femicidio. Esa calificación contempla una pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.

El expediente continúa bajo la órbita de la UFI N° 4 de Moreno, que deberá reunir las pericias y los restantes elementos necesarios para avanzar con el proceso.

Elizabeth Mokolo Moselakgomo, de 38 años, salió a correr por la tarde el 9 de septiembre. Nunca regresó a casa.

Su cuerpo fue hallado tres días después, semidesnudo y con hematomas, lo que provocó indignación en Sudáfrica, un país que lidia con una de las tasas más altas registradas de violencia contra las mujeres, según el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

El cuerpo de Moselakgomo fue el quinto en ser descubierto en una aparente serie de asesinatos: en los últimos dos meses se han encontrado los cuerpos de otras ocho mujeres en la provincia de Gauteng, al este de Johannesburgo, lo que ha despertado el temor de que un asesino en serie pueda ser el responsable.

El noveno cuerpo fue hallado ayer en la localidad de Dawn Park, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Kempton Park, donde se descubrieron otros cinco cuerpos, incluido el de Moselakgomo.

Las mujeres tenían entre 20 y 38 años. Otros cuerpos fueron hallados en las zonas de Olifantsfontein y Kwa-Thema, ambas situadas a unos 32 kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos de Moselakgomo y los otros cuatro.

La policía informó que la mayoría de los cuerpos presentaban hematomas, estaban parcial o totalmente desvestidos y ocho mostraban signos de agresión sexual.

Al menos una de las mujeres había sido degollada, declaró el jueves a la prensa el comisionado interino de la policía de Gauteng, Fred Kekana.

La policía detuvo a un sospechoso en relación con el hallazgo del cuerpo de la primera mujer, ocurrido el 15 de julio en Kempton Park. La mujer, de 37 años, fue encontrada semidesnuda, con hematomas y atada con cables. La policía no ha divulgado más información sobre el sospechoso, ni siquiera si podría estar vinculado a las otras muertes; solo indicó que se trata de un ciudadano extranjero.

El jueves, manifestantes —en su mayoría mujeres— marcharon por las calles del distrito de Ekurhuleni, donde se hallaron los cuerpos, vestidas de negro. Algunas portaban pancartas exigiendo el fin de los femicidios.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó en un comunicado que las fuerzas del orden estaban investigando las muertes y que se agotaría cualquier vía de investigación para esclarecer los hechos.

Si bien los asesinatos en serie son poco frecuentes, esta aparente ola de crímenes ha suscitado un debate más amplio sobre la violencia contra las mujeres en Sudáfrica.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Ramaphosa calificó los asesinatos de mujeres y niños a manos de hombres como “otra pandemia que azota a nuestro país”. Una investigación publicada el año pasado por la unidad de investigación parlamentaria de Sudáfrica reveló que al menos el 33 por ciento de las mujeres mayores de 18 años habían sufrido violencia física. El informe cita estadísticas de la policía sudafricana que indican que, de los 39.304 incidentes de delitos sexuales denunciados entre abril y diciembre de 2024, 31.303 fueron casos de violación.

Sudáfrica registra una de las tasas de femicidios más altas del mundo. Las mujeres en Sudáfrica son asesinadas a un ritmo cinco veces superior al promedio mundial, según ONU Mujeres. En noviembre de 2025, Sudáfrica declaró la violencia de género y el femicidios como un desastre nacional.

“Sudáfrica ha convivido con niveles persistentemente altos de femicidios durante muchos años. El hallazgo de estos cuerpos ha hecho que esa emergencia continua se vuelva brutalmente visible”, afirmó Mpiwa Mangwiro, gerente de desarrollo de políticas y defensa de derechos de Sonke Gender Justice, una organización de derechos con sede en Sudáfrica.

“Las respuestas del gobierno siguen siendo también muy reactivas”, señaló. “Movilizamos equipos especiales, reforzamos la presencia policial y emitimos declaraciones públicas una vez que se han encontrado los cuerpos de las mujeres. La prevención exige que respondamos a las señales de alerta antes de que una mujer sea asesinada”.

Aunque se desconoce la nacionalidad del único sospechoso, la información policial de que se trataba de un ciudadano extranjero generó temor en las redes sociales de que el caso pudiera desencadenar una reacción hostil contra los inmigrantes.

Las marchas contra los inmigrantes y los grupos de justicieros han impulsado una ola de agitación social en Sudáfrica este año, culpando a menudo a los migrantes extranjeros de la elevada tasa de criminalidad del país.

(c) 2026, The Washington Post

Godoy, un ex monotributista de 44 años que trabajó como taxista en el pasado, oriundo del Barrio Illia del Bajo Flores -el enclave central de la banda narco en torno al caso-, no estaba prófugo, no precisamente: la DDI de La Matanza lo encontró en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido desde marzo último por robar un supermercado a punta de pistola.

Así, tras pasar la noche en una celda de la DDI, enfrentará al juez Jorge Rodríguez y al fiscal Ignacio Calvi, acusado de los delitos del caso: narcotráfico, femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad. Los investigadores sospechan que tuvo un rol al menos macabro.

Primero, se cree que trasladó a las víctimas en una camioneta Chevrolet Tracker blanca desde la rotonda de La Tablada a la casa en Villa Vaettone donde las mataron. Segundo, participó de la carnicería misma. Al menos, habría encañonado a Morena Verdi para que entrara a la casa.

Cómo la Justicia encontró a Godoy, la pista de vínculos que llevó a encontrarlo, es al menos interesante. El supuesto chofer de la muerte es hijo de María Olivera, de 70 años, una mujer del Barrio Illia detenida la semana pasada, acusada de ser una prestanombres de la banda. “Tomate”, aseguran fuentes del caso, empleaba las tarjetas SUBE y varias aplicaciones a nombre de su madre. ¿Pero cómo lo identificaron?

La pista y el prontuario de “Tomate”

El alias de “Tomate” Godoy había surgido en la declaración de una de las primera arrepentidas del caso, Celeste Magalí González Guerrero, una de las imputadas clave en el caso, que aseguró en uno de sus relatos ante la Justicia que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez le habrían robado 30 kilos de droga a Víctor Sotacuro, alias “El Duro”, uno de los presuntos jefes de la banda. El rastreo de datos realizado por el Juzgado Federal N°2 y la DDI finalmente llevó hasta Godoy.

“Tomate” tiene un largo prontuario. Infobae accedió a la lista de causas en su contra en la Justicia. Este año, fue acusado de otro robo además del asalto al supermercado, con ambas causas radicadas en el Juzgado N°49. Dos años antes, había sido elevado a juicio por el mismo delito. La víctima fue un chofer de aplicación. En 2024, ya había sido acusado de estafa digital y elevado a juicio, en un expediente en el que intervino la UFECI, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos informáticos.

La Chevrolet Tracker, reportada como robada en un depósito de Munro, fue incendiada tras los asesinatos en medio de un descampado de Florencio Varela.

Los investigadores la encontraron cerca del cruce de Río Turbio y Mar Chiquita, a unos 700 metros de la escena del triple crimen y a poca distancia de una escuela de fútbol del barrio. En su interior, los forenses hallaron prendas a medio quemar, así como varias herramientas que podrían haber sido empleadas para mutilar a las víctimas.

Un atroz crimen que conmocionó en el mes de julio al municipio de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, ha llegado a su resolución judicial.

La autoridad competente ha dictado una condena de 30 años de prisión contra Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años de edad, tras declararlo culpable de los delitos de femicidio y violación agravada en perjuicio de María Vanessa González Rodríguez, una joven de tan solo 18 años con quien mantenía una relación informal.

El fallo condena al agresor a cumplir la máxima pena permitida en el sistema penitenciario de Bluefields, donde permanecerá recluido hasta el año 2056. Las investigaciones de la Policía Nacional y la presentación de pruebas durante el proceso reconstruyeron la fatídica secuencia de violencia, premeditación y saña con la que se cometió el delito.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los hechos ocurrieron el pasado viernes 10 de julio. La víctima, María Vanessa González Rodríguez, acudió a la vivienda de Angulo Icabalceta, ubicada en la zona 5 del casco urbano de Nueva Guinea. Dentro del inmueble, se desencadenó una discusión entre ambos por motivos que no se han dado a conocer a la prensa.

En medio de la altercación, el sujeto actuó con extrema violencia física, golpeando fuertemente a la joven con sus puños en el rostro hasta dejarla totalmente en estado de indefensión. Aprovechando su superioridad física y la vulnerabilidad de la víctima, el agresor la desnudó para sometimiento sexual y, posteriormente, le apretó el cuello con ambas manos.

El intento de ocultar el crimen en una laguna artificial fracasó dos días después del asesinato

La asfixia por estrangulamiento fue determinada por los médicos peritos como la causa principal de la muerte de la joven. Tras quitarle la vida, el imputado ideó un plan para deshacerse de los restos y ocultar el crimen. Alrededor de las 11:00 p.m. de esa misma noche, colocó el cuerpo en un saco y lo amarró con un mecate.

Icabalceta recorrió aproximadamente 1,300 metros hacia el norte hasta llegar a la laguna artificial Las Vegas, situada en la zona 7 del municipio. Una vez en la laguna, sacó parcialmente el cadáver del saco, le cortó una porción de cabello para guardarla en uno de los bolsillos traseros de su pantalón, y posteriormente asestó varios machetazos al cadáver.

Con el fin de evitar que los gases naturales de la descomposición hicieran flotar el cuerpo a la superficie, le causó una herida profunda de lado a lado en el área abdominal antes de lanzarlo a las aguas profundas.

Sin embargo, la estrategia de ocultamiento falló. La mañana del domingo 12 de julio, dos días después del crimen, transeúntes de la zona divisaron el cuerpo flotando en la superficie del agua y alertaron a las autoridades locales.

La reconstrucción de los hechos contó con un testimonio fundamental: un habitante del sector identificó firmemente haber visto a Pedro transportando un saco de gran peso en dirección a la laguna en los días previos al hallazgo. La prueba testimonial, sumada a los peritajes científicos y el rastreo de evidencias, derivó en la captura del sospechoso y su posterior juzgamiento.

El crimen de la joven María Vanessa en Nueva Guinea causó una profunda conmoción en la comunidad y reavivó los llamados de justicia por parte de la ciudadanía. Tras los estudios médico-legales, sus restos fueron entregados a sus familiares para sus honras fúnebres. Con la emisión de la condena de 30 años de prisión contra Pedro Juan Angulo Icabalceta, la justicia cierra el proceso legal de un caso que evidenció una crueldad extrema.

Previo a definirse los detalles del juicio que se celebrará por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, este miércoles se conoció que otro de los acusados por encubrimiento fue beneficiado con el arresto domiciliario.

La jueza Jimena Suárez que resolvió que Jorge “Chicho” Díaz podrá esperar la instancia oral desde su casa. Asimismo, se dictaminó que el acusado deberá pagar una caución de $20 millones para acceder a la medida.

Díaz está procesado por presunto encubrimiento junto con Justina Gordillo, funcionaria judicial y ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del crimen. Ambos recibieron el beneficio de cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, aunque bajo distintas condiciones económicas.

Aunque el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron al pedido, el defensor Juan Pablo Bello planteó ante el tribunal de Impugnación que no existían riesgos de fuga ni elementos que permitieran suponer que su asistido podía obstaculizar la investigación.

Sin embargo, Suárez resolvió concederle la prisión domiciliaria y fijó una garantía de $20 millones, una cifra menor a la que se había dispuesto para Gordillo. En el caso de la funcionaria judicial, se le había impuesto una caución de $30 millones y el uso de una tobillera electrónica para ser monitoreada.

Luego de que concluyera la audiencia, Bello indicó que la situación económica de su defendido no era la mejor. “Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, planteó.

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, la causa avanza mientras se desarrollan las audiencias preparatorias para el juicio oral. Aunque todavía no hay juzgado ni fecha establecida, se cree que la realización podría quedar definida antes de fin de año.

Por el mismo expediente, Nicolás Navarro Flores, allegado a Sosa, aceptó una pena de tres años de prisión a través de un juicio abreviado. La defensa estuvo a cargo de Patricio Char y Candelaria Hernández.

La investigación establece que los tres imputados habrían realizado distintas maniobras para encubrir el crimen de Álvarez, asesinada el 7 de enero en una vivienda de la localidad tucumana de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado después en un descampado de Manantial Sur.

En las audiencias previas al debate oral surgieron dos novedades. Por un planteo del abogado Marcelo Cosciansi, defensor del principal acusado, se resolvió apartar a los hermanos de Álvarez del reclamo civil.

La decisión podría reducir en un 50% el pedido de resarcimiento, que inicialmente ascendía a $500 millones. Además, según lo expuesto durante los debates, Sosa habría reconocido que trasladó y abandonó el cuerpo de la joven. La explicación atribuida al imputado es que actuó por temor a represalias de una persona a la que vinculó con la víctima.

Sin embargo, se espera que las audiencias preparatorias continúen este jueves, en donde se buscará definir las pruebas y los planteos que llegarán al juicio oral.

Los detalles del caso

Según la reconstrucción fiscal, Sosa habría asesinado a Érika durante la madrugada del 7 de enero de 2026. La joven sufrió agresiones físicas que le provocaron traumatismos cráneofaciales y cervicales. No obstante, la investigación no comenzó hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un basural.

En su declaración judicial, Nicolás Navarro Flores relató que Sosa lo llamó de urgencia a las 6.50. “Se me clavó una chica”, le habría dicho antes de pedirle que fuera a su casa de Santo Domingo al 1100.

Fue así que Navarro llegó cerca de las 9 y encontró a Sosa nervioso, con una pala y junto a un cuerpo dentro de la vivienda. El entonces testigo afirmó que no reconoció a la víctima ni llegó a ver su rostro. Además, describió una secuencia que, según la Fiscalía, formó parte de un plan para retirar el cuerpo durante la mañana.

Por otro lado, la reconstrucción del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) indicó que el recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok habría buscado evitar calles y sectores con cámaras de seguridad. No obstante, las imágenes disponibles permitieron establecer parte del trayecto hasta el basural de Manantial Sur.

A las 10.33, una cámara registró a una persona que colocaba una bolsa de la camioneta frente a la vivienda. El vehículo quedó fuera de los registros durante casi 23 minutos. Para los investigadores, en ese lapso Sosa habría rodeado el inmueble e ingresado por la calle Guyanas, una vía con menor cobertura de videovigilancia, para cargar el cuerpo en la parte posterior.

La Amarok volvió a aparecer frente a la casa a las 10.57. Luego fue detectada a las 11.09 en la avenida Mate de Luna, a las 11.37 en el cruce de las avenidas Colón y Roca y, diez minutos después, ingresó a Manantial Sur.

Según la pesquisa, permaneció brevemente en el sector donde más tarde fue hallado el cuerpo de Álvarez. Los investigadores estimaron que el abandono habría demandado entre 10 y 15 minutos. Asimismo, las cámaras también registraron el regreso del vehículo: a las 12.08 fue visto en el Camino de Sirga y a las 12.11 en la avenida Aconquija, antes de retornar a las cercanías del domicilio de Sosa.

Con esos registros y el relato de Navarro, la Fiscalía reconstruyó los movimientos atribuidos al acusado durante la mañana del hecho. La imputación contra el hombre sostiene que habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros, con el propósito de favorecer la impunidad y dificultar el avance de la investigación.

Panamá registró 16 víctimas de femicidio entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un aumento de 78% frente a los nueve casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Solo en agosto, tres mujeres fueron asesinadas en hechos clasificados preliminarmente como femicidios por el Ministerio Público.

El balance oficial también contabilizó 18 víctimas de tentativa de femicidio y 13 muertes violentas de mujeres durante los primeros ocho meses del año. Las tentativas aumentaron 38% frente a las 13 registradas en 2025, mientras que los fallecimientos no clasificados como femicidios crecieron 18%, al pasar de 11 a 13.

Septiembre sumó otro caso bajo investigación después del hallazgo del cuerpo de Melany Cadavid Romás, una ciudadana colombiana de 27 años, en un herbazal del sector de La Sosa, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. La mujer fue encontrada semidesnuda y con evidencias de lesiones físicas durante la mañana del sábado 12 de septiembre.

Las autoridades investigan su muerte como un posible femicidio, por lo que el total de víctimas podría elevarse a 17 durante 2026. La clasificación es preliminar y dependerá de los elementos recabados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, además de los resultados forenses y las circunstancias establecidas durante la investigación.

Los registros muestran que marzo fue el mes con la mayor cantidad de femicidios, al contabilizar cuatro víctimas. Le siguieron junio y agosto, con tres casos cada uno; febrero y mayo registraron dos, mientras que enero y abril sumaron uno. En julio no se reportaron víctimas bajo esta clasificación.

Por ubicación geográfica, Coclé, Panamá y San Miguelito acumularon tres femicidios cada uno hasta el cierre de agosto. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos en cada jurisdicción, mientras que Colón, Los Santos y Veraguas reportaron uno. Con el caso de Burunga, Panamá Oeste agregaría una nueva víctima durante septiembre.

La mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 44 años. Los grupos de 18 a 24 y de 35 a 39 años concentraron tres víctimas cada uno, mientras que dos mujeres tenían entre 25 y 29 años y otras dos estaban en el rango de 40 a 44. También figuran dos adolescentes y una adulta mayor de 80 años.

Las armas de fuego fueron empleadas en ocho de los 16 femicidios registrados hasta agosto, equivalentes a la mitad de los casos. Tres mujeres fueron asesinadas con arma blanca y otras tres mediante asfixia mecánica. El Ministerio Público atribuyó otro caso al incendiarismo, mientras el mecanismo utilizado en una de las muertes seguía sin determinarse.

Qué constituye una tentativa de femicidio

La tentativa se configura cuando una persona inicia actos dirigidos a causar la muerte de una mujer, dentro de alguna de las circunstancias que permiten calificar el hecho como femicidio, pero el resultado mortal no se produce por causas ajenas a su voluntad. No toda agresión, amenaza o caso de violencia doméstica constituye automáticamente una tentativa.

Durante septiembre, un hombre de 46 años quedó detenido provisionalmente después de ser imputado expresamente por tentativa de femicidio en La Chorrera. Según el Ministerio Público, el sospechoso ingresó el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., a la residencia de su expareja en Puerto Caimito. El juez consideró que existía peligro para la víctima y la comunidad.

Otros episodios recientes evidencian una escalada de violencia, aunque jurídicamente permanecen investigados bajo otras modalidades delictivas. En Aguadulce, un hombre de 26 años fue detenido provisionalmente por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, tras hechos ocurridos el 29 de agosto en la barriada Hollywood, corregimiento de Pocrí.

En Chiriquí, otro hombre quedó bajo detención provisional por agresión física, quebrantamiento de una medida de protección y hostigamiento. La investigación sostiene que golpeó a su pareja el 26 de julio en David y, pese a la orden judicial que le impedía acercarse, regresó a su residencia y posteriormente la amenazó de muerte.

Las cifras del Ministerio Público son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La institución diferencia el femicidio de otras muertes violentas de mujeres mediante la valoración de las circunstancias previstas en la Ley 82 de 2013, entre ellas las relaciones de pareja, los antecedentes de violencia, la discriminación y las conductas vinculadas con el control o dominio sobre la víctima.

Un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales E.E.C., fue imputado este martes por el femicidio de su pareja de 20, Naiara Esperanza Coronel, en la ciudad de Santa Fe. Según la acusación de la fiscal Natalia Giordano, utilizó un líquido inflamable para prenderle fuego mientras dormía en un colchón. La víctima sufrió graves quemaduras y murió ese mismo día en el hospital José María Cullen.

El ataque ocurrió el lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la vivienda que ambos compartían en calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre de la capital provincial.

Durante la audiencia imputativa, Giordano explicó que mantenían una relación de pareja y convivencia desde el año pasado, caracterizada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

En ese contexto, “el imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal sostuvo que el acusado actuó con el objetivo de matar a su pareja.

Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y fue trasladada al hospital José María Cullen. Allí, alrededor de las 15 del mismo lunes, una falla multiorgánica le provocó la muerte.

El acusado había acompañado a la víctima al centro de salud y fue detenido allí. De acuerdo con Giordano, las diligencias realizadas durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de un ataque femicida.

La imputación se formalizó este martes en los tribunales de la capital provincial, durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva. La fiscal le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

Las medidas cautelares se debatirán este miércoles 16 de septiembre, en un horario que definirá la Oficina de Gestión Judicial. Giordano adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado y que en esa audiencia brindará más información sobre las pruebas reunidas.

Mientras la causa avanza, los familiares de Naiara expresaron su dolor y reclamaron justicia en las redes sociales. “Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, publicó Vanesa Chavez en su cuenta de Facebook. Y continuó: “Hoy te decimos adiós con lágrimas en los ojos pero con la certeza de que tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ahora sí descansa en paz mi niña Naiara Esperanza Coronel”.

“Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas”, dice otro de los posteos que escribió Chavez.

El reclamo por Naiara se suma a las cifras de violencia de género relevadas por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta. Según su último registro, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación, entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 hubo al menos 173 víctimas fatales de violencia machista en el país: una cada 34 horas.

El informe contabilizó 142 femicidios directos, 18 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios y transfemicidios. También registró 273 intentos de femicidio y femicidio vinculado y al menos 182 niños y niñas que perdieron a sus madres.

En el 64,1% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el 42,2% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en el domicilio compartido. El relevamiento indicó que 24 víctimas habían realizado denuncias previas y 16 contaban con medidas judiciales.

El hermano de la víctima, Hernán Vecchiarello, y una tía de la joven fueron quienes dieron más precisiones sobre cómo era el vínculo entre ambos y los antecedentes que existían.

De acuerdo con sus declaraciones al medio local El Tres, la familia reclamó por las dificultades para el traslado del cuerpo de Camila desde San Juan hasta Rosario. Hernán fue contundente. “Hay una madre que está desesperada, esperando que traigan a su hija”, afirmó en declaraciones recogidas por el canal rosarino. El hermano insistió en que el regreso debe realizarse por vía aérea, tal como habían viajado ellos hacia San Juan al enterarse de la noticia, y cuestionó que se evalúe un traslado por tierra dado el tiempo que demandaría. La madre de Camila, según precisó, también atraviesa un estado de salud delicado.

Mientras se desarrollaba esa entrevista, el padre de la joven y otro de sus hermanos ya estaban en camino: su vuelo a San Juan partía alrededor de las 13 de este lunes, con destino a acompañar el proceso judicial y sumarse a las movilizaciones que se estaban convocando en Calingasta.

Otro de los planteos que hizo la familia fue la falta de contacto institucional. Según señalaron, hasta el momento en que brindaron la entrevista, ni Gendarmería Nacional ni la Policía de San Juan se habían comunicado con ellos de manera oficial para informarles sobre lo ocurrido. “Que se haga justicia cuanto antes y que venga el cuerpo de mi hermana cuanto antes a la ciudad de Rosario”, expresó Hernán.

Pero el elemento que agrega una dimensión nueva al caso fue aportado por la tía de Camila. La mujer aseguró que la joven había denunciado previamente un episodio de violencia de género cuando la pareja aún vivía en Salta. Según su relato, compañeras de Camila en la formación habían advertido una situación que, según sus palabras, “no cerraba”, y que eso habría derivado en una marcha protagonizada por ese grupo de mujeres en la provincia norteña. La familiar también indicó que Camila habría sufrido violencia psicológica y manipulación por parte de su pareja, según lo que le transmitieron esas compañeras.

La familia tomó conocimiento de esos antecedentes a través de un canal informal: una compañera de Camila encontró a un familiar de la joven al buscar su apellido en redes sociales y estableció contacto a partir de ese hallazgo. Desde ese momento, empezaron a conocer detalles sobre lo que supuestamente había ocurrido en Salta.

Hasta el momento, esos señalamientos corresponden únicamente al testimonio público de la familia y no existe confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación que tramita en San Juan. Mientras tanto, los hechos del fin de semana ya están en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales. El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio conducen la pesquisa. El hecho fue calificado preliminarmente como femicidio.

El detenido es Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, esposo de Camila y oriundo de Tartagal, Salta. Ambos habían llegado a Barreal meses atrás como aspirantes al Escuadrón Barreal de Gendarmería Nacional, ninguno de los dos era todavía miembro activo de la fuerza. Sin embargo, sus situaciones dentro del instituto eran muy distintas: Camila avanzaba en la formación, mientras que Riveros había sido separado del programa al no superar las exigencias requeridas.

El domingo, alrededor de las 12:30, el personal policial ingresó al departamento que la pareja alquilaba en calle Cordillera de Ansilta 48, complejo N°5. Encontraron a Camila en el suelo del dormitorio, cubierta con una manta, con múltiples heridas de arma blanca. El médico legista constató alrededor de nueve heridas cortopunzantes: las letales, en el cuello, le provocaron un shock hipovolémico; el resto estaban dirigidas al rostro. Los cortes hallados en sus manos fueron interpretados como lesiones defensivas. Junto al cuerpo estaba Riveros, inconsciente pero con signos vitales, con marcas visibles de haber intentado atentar contra su propia vida. Fue atendido en el hospital municipal y recibió el alta a las 17:30. Horas después, un juez de Garantías ordenó su detención. Permanece alojado en la División Delitos de la Central de Policía.

Entre los elementos secuestrados en la escena figuran dos cuchillos con sangre —presuntas armas del crimen—, dos teléfonos celulares y diversas prendas de vestir. Sobre la mesa del comedor, los peritos también encontraron una carta escrita presuntamente por Riveros en la que pedía disculpas a su familia y a la de Camila por lo que les había hecho a ambos.

Los vecinos del complejo aportaron datos clave para reconstruir la cronología. La pareja había regresado al departamento cerca de las 23 del sábado 12 de septiembre. Aproximadamente a la 01:30 de la madrugada, uno de los vecinos declaró haber escuchado el grito de una mujer. Los investigadores consideran que ese fue el momento del ataque, coincidente con la data de muerte que establecieron los médicos forenses.

La noche del domingo, Barreal se llenó de velas. Una multitud marchó desde la Plazoleta Almirante Brown hasta el Instituto de Formación de Gendarmes Félix Maniflor bajo la consigna “Ni Una Menos”. La frase que se repitió fue una sola: “No estamos todas, nos falta Camila”. Familiares de la joven también difundieron mensajes en redes sociales en los que instaron a otras mujeres a no silenciar situaciones de violencia y a pedir ayuda

Cristina Rivera Garza escribió el libro que miles de lectoras usan como espejo de su propio duelo y desconfía de que un libro pueda curar a nadie. Lo dijo en Buenos Aires, sentada en la biblioteca del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), la mañana anterior a la conferencia que cerraba su residencia en el museo. “Yo dudo de la capacidad terapéutica de la literatura. Creo que la sanación viene con la justicia, y me interesa mucho enfatizar que estamos en busca de justicia, que ese es un fin que no se nos olvida.”

La frase desarma buena parte de lo que se escribió sobre El invencible verano de Liliana desde que apareció, a fines de 2021, y sobre todo desde que ganó el Pulitzer en 2024. El libro reconstruye la vida de Liliana Rivera Garza, estudiante de Arquitectura de 20 años, asesinada por su exnovio en julio de 1990, a partir de sus cartas, sus cuadernos, las voces de sus amigos. La categoría con la que se lo suele leer —duelo, elaboración, reparación— es la que su autora acepta a medias. Lo que el libro transformó, dice, fue la calidad del duelo familiar: dejó de ser silencioso y pasó a hacerse en compañía. Sanar es otra cosa, y depende de un Estado.

Ese Estado sigue sin contestarle. En la entrevista contó el estado exacto del expediente. Existe una hipótesis de que Ángel González Ramos, sobre quien pesa una orden de aprehensión desde 1990, se ahogó el 2 de mayo de 2020 en California, bajo un nombre falso. Rivera Garza contrató a un detective, que confirmó que alguien con esas características murió ese día en esas circunstancias. Falta el paso que solo puede dar la justicia mexicana: comprobar que el hombre que murió con otro nombre era él. Escribió una carta oficial, larga, a la nueva fiscal. “No he recibido una respuesta ni positiva ni negativa, nada.” Su oferta era simple y le conviene a todo el mundo: confirmen la identidad y cerramos el caso.

Treinta y seis años después del femicidio, la familia no sabe si el acusado está vivo. La autora se negó a construir una posición sobre eso. “No puedo tener una posición respecto de algo que no ha ocurrido.” Y descartó de entrada la lectura personalizada del silencio: no es su caso, es el procedimiento. “De eso se hace la impunidad.”

Desde Argentina la escena se lee sin traducción. Acá también se cuenta el tiempo entre la denuncia y la sentencia en años, y también hay familias que aprendieron a redactar cartas oficiales que nadie contesta. La diferencia que ella marca no es entre países sino entre expectativas: pedirle a la literatura lo que se le está pidiendo a una fiscalía es una operación que a ella no la conforma.

De ahí viene lo más filoso de la conversación, que fue una discusión sobre la venganza. Ella contó que en el libro casi no aparece, porque su impulso entonces era esclarecer. Después siguió pensando. Cuando la impunidad es la única respuesta que ofrece quien podría dar justicia, la impotencia —personal y social— empuja hacia la venganza y hacia algo más viejo, la maldición. Citó una conferencia en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) donde escuchó una imagen que se le quedó: hay una bisagra que une a la víctima con el victimario, y mientras haya impunidad esa bisagra dura por los siglos de los siglos.

Le interesa la imagen y la rechaza al mismo tiempo, porque el castigo eterno ata a las dos partes. Lo que quiere para su hermana es lo contrario de una maldición: que Liliana, en su posvida, no tenga que estar nunca más cerca de la violencia ni del violentador. Y entonces desplaza la maldición a otro lado. “Creo que la maldición, en este caso, está encarnada en el libro mismo.” El libro obliga al victimario, a su familia, a los otros victimarios, a sus cómplices, a ver la historia desde un punto de vista que no eligieron. Es la única condena disponible, y no la dicta un juez.

El poder político del lenguaje

Nada de esto la lleva al territorio de la literatura como testimonio, que es donde el periodismo cultural tiende a ubicarla. Para ella el testimonio nunca es un original: viene mediado por acuerdos formales desde el primer minuto. Lo que le importa es otra cosa, más lenta y más técnica: la materia prima de este oficio es el lenguaje, y la escritura tiene la capacidad de subvertir narrativas que parecen establecidas. Habló de orfebrería. Habló de que ese trabajo minucioso sobre la forma produce efectos que exceden la forma, y que ahí la literatura se conecta con justicias que no son penales, las restaurativas, las que trabajan con la memoria colectiva.

Cuando le preguntaron si el poder político de un libro está en su mensaje, contestó que no. “No está en la elección obvia, no está en el mensaje, sino en esta cosa que es estructural, que es lo que está llamando a tu cuerpo: el lenguaje con sus ritmos, con sus espacios, con sus silencios.” Y remató con una definición de empatía que vale la pena discutir: si la empatía se produce así, deja de ser una cosa y adquiere rango de política.

Sobre la pregunta de quién tiene derecho a contar qué, dijo que la discusión se vuelve identitaria y que eso la empobrece. El permiso lo da la investigación, el cuidado puesto alrededor y a través de los materiales. No es el carácter personal lo que hace difícil un libro —todos sus libros son personales, incluidas las novelas—, es el terreno resbaladizo de escribir sobre la violencia. Su modo de no resbalar fueron las entrevistas, el trabajo de campo, los documentos, la decisión de estar físicamente en los lugares donde ocurrió lo que cuenta. Contó también la escena que organiza el libro entero, la de abrir las cajas con los papeles de su hermana y sentir que Liliana estaba al lado suyo. Se cuidó de que no se malinterprete: no era imaginación, no era realismo mágico, no era New Age. Estaba tocando documentos que Liliana había tocado. Cercanía material, no metafísica. Lo que quiso reproducir formalmente en el libro fue esa experiencia, no la historia.

Houston: el acoso y la violencia en los Estados Unidos

La segunda mitad de la entrevista transcurrió en otro registro, porque la escritora mexicana vive en Houston y dirige el primer doctorado en escritura creativa en español de los Estados Unidos, en una universidad pública cuyos estudiantes son latinoamericanos y, en buena parte, los primeros de sus familias en llegar a una universidad. Las autoridades les hicieron llegar un mensaje: si ICE se presenta en las puertas, hay que dejarlo entrar; si los agentes piden documentación, hay que dejarlos trabajar.

El 7 de julio, en Magnolia Park, un agente de ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, obrero de la construcción, 52 años, padre de tres hijos, que iba a una obra con su hermano y dos compañeros. La oficina forense del condado de Harris calificó la muerte como homicidio. “Ocurrió como a unas seis cuadras de donde yo vivo”, dijo Rivera Garza. La última vez que viajó, para el inicio del semestre, le recomendaron salir a la calle con el pasaporte encima. “Vivir así muestra el nivel de acoso y el nivel de violencia a los que se ha llegado en los Estados Unidos. Y eso que es Texas, un estado republicano, un estado rojo como el que más.”

Está con un año sabático, y explicó por qué con una frase que sonó familiar en el auditorio: el gobierno decidió que las universidades son “fábricas de izquierdistas”. Su diagnóstico de fondo no es sobre Trump sino sobre una demolición previa. El desmantelamiento de la educación pública y del espacio público fue, para ella, la pieza que hizo posible el ascenso de la derecha recalcitrante y de un racismo que es estructural en la historia norteamericana. En América Latina, dice, todavía discutimos de todo, todavía existe el cafecito de la esquina.

La entrevista terminó con una historia que ninguno de los presentes esperaba y que probablemente sea el próximo libro. Rivera Garza fue a Tijuana, se encontró por casualidad con un archivista y confirmó que Concha Urquiza, la poeta michoacana ahogada en Ensenada en 1945 a los 34 años, estuvo enterrada en Tijuana 25 años. Lleva un mes y medio de investigación en archivos.

“No sabía que iba a escribir un libro sobre esto, pero ahora estoy segura de que lo estoy haciendo.” La tradición archivó a Urquiza como poeta mística y religiosa, heredera de San Juan de la Cruz, la mejor después de Sor Juana según sus editores. Rivera Garza encontró otra cosa: una mujer sola, sin marido ni hijos, que vivía de lo que escribía, que se metió en problemas económicos, pidió ayuda a una congregación religiosa y aceptó un trabajo en Tijuana. En 1945 eso significaba un avión a Mexicali y 8 horas de tren. Como el colegio todavía no abría, se fue unos días a Ensenada y se ahogó en el mar. Al año siguiente un sacerdote armó la antología que fijó su imagen para siempre: sonetos religiosos y eróticos a la vez, de ahí la mística.

Lo que le interesa es lo que quedó afuera de esa antología, y sobre todo un texto en prosa, El reintegro, que ella describe como una novela inédita que solo tres investigadoras leyeron en la UNAM: multigénero, sin trama, con poesía y crónica y testimonio adentro, con escenas de lo que hoy llamaríamos sexualidad no binaria. Está gestionando su publicación. “Es el lado B de Concha.”

La operación es la misma que viene haciendo desde hace años, con su hermana y ahora con una poeta muerta hace ocho décadas. A las mujeres se las saca de circulación y además se las encierra en identidades muy chiquitas: la víctima, la mística. Sacarlas de ahí es un trabajo de archivo, no de consuelo.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

La adolescente de 14 años fue hallada sin ida el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de haber ingresado a la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800.

Luego de que la investigación apuntara a Barrelier, este fue imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. Desde ese momento, continúa detenido con prisión preventiva.

Horas después de que se confirmara el cierre de la etapa de instrucción, Garzón sostuvo que el expediente permitió reconstruir la secuencia de los hechos con registros informáticos, pericias genéticas, análisis químicos, testimonios y material audiovisual.

“Se reconstruyó lo que sucedió prácticamente minuto a minuto. La prueba lo ubica como exclusivo autor de este hecho”, afirmó. En este sentido, el fiscal indicó que ese conjunto de elementos descartó la participación de otras personas en el homicidio.

En declaraciones a Telenoche, Garzón destacó que Barrelier declaró durante la investigación, aunque sus explicaciones fueron contrastadas con los elementos incorporados a la causa. “Cada argumento expresado ha tenido una respuesta de la prueba de la causa”, sostuvo.

Por otro lado, el funcionario judicial describió que el principal acusado mantenía un vínculo cercano con Agostina y con su entorno familiar. “La jornada anterior al crimen compartió un partido de fútbol, un cumpleaños con Agostina y su madre. Era de confianza, vista como un referente casi paternal por la niña. Ese fue el contexto increíble del desarrollo. La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, mencionó.

Según la información publicada por El Doce.tv, Garzón sostuvo que la investigación detectó una conducta de captación y obsesión sobre la víctima. Además, planteó que el posible móvil del homicidio estuvo relacionado con la intención de impedir que se conociera un presunto ataque sexual cometido antes del crimen.

De hecho, el fiscal recordó que, durante los primeros días de la búsqueda, circularon hipótesis que situaban a la adolescente fuera de su domicilio o en La Calera. Sin embargo, la progresión de la pesquisa, explicó, permitió dejar de lado esas versiones.

Además, recordó que los investigadores habían analizado desplazamientos vehiculares, comunicaciones y otros registros para determinar el recorrido previo y posterior al hecho. “La reconstrucción del desplazamiento de un auto fue calle por calle, momento por momento, diálogo por diálogo, minuto por minuto”, señaló Garzón.

Junto con Barrelier, serán juzgados otros cinco imputados, quienes fueron identificados como Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro utilizado para descartar el cuerpo de la menor; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos fueron acusados por el delito de encubrimiento.

Garzón explicó que la acusación se basa en conocimientos que, según la Fiscalía, esas personas habrían tenido antes, durante y después del crimen. No obstante, aclaró que hasta el momento no están imputadas como partícipes del homicidio.

Por otro lado, el fiscal hizo referencia a los datos que surgieron durante la investigación sobre presuntos delitos vinculados con narcotráfico, prostitución e irregularidades. Así, informó que esas actuaciones fueron remitidas a los fueros que correspondan, ya que no forman parte directa del expediente por el femicidio de Agostina Vega.

El fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien será juzgado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Los otros cinco imputados son Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos acusados por el delito de encubrimiento.

Además, según pudo saber este medio, se abrieron investigaciones separadas por otros hechos, con derivaciones que involucran de manera preliminar a Barrelier y Fassetta.

Fue Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, quien dio a conocer la resolución después de una audiencia a la que asistieron familiares de la víctima.

En declaraciones a El Doce TV, apuntó que la investigación estableció que Agostina ingresó a las 22.55 del 23 de mayo a la casa de Barrelier —en Juan del Campillo 878, barrio Cofico de la ciudad capital— y no salió de allí.

El letrado afirmó que el expediente reconstruyó una secuencia de violencia que habría comenzado después de la medianoche en una habitación de cuatro metros cuadrados.

También señaló que los investigadores hallaron manchas de sangre con el perfil genético de la adolescente en ese cuarto, la cocina y el baño de la casa.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo de Agostina fue desmembrado en el baño y sus restos permanecieron durante casi 37 horas en un freezer situado en el fondo de la vivienda.

La fiscalía sostiene que Barrelier trasladó luego los restos hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra en un Ford Ka negro de Andreani.

Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, alquilaba una habitación en la propiedad. Para la investigación, habría cumplido el rol de nexo entre el principal acusado y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de la víctima.

Soledad Andreani quedó acusada de haber facilitado el Ford Ka que se usó para trasladar los restos.

Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también quedó imputada por encubrimiento. Una pericia acústica fue uno de los elementos que complicó su situación, ya que al momento del crimen se encontraba en el domicilio. El estudio concluyó que desde distintos sectores de la casa podía escucharse lo que ocurría en la habitación donde, según la acusación, atacaron a Agostina.

Esa misma pericia resultó clave para las detenciones de Córdoba y Ascarruz, pareja y residentes de la planta alta de la vivienda. Las cámaras incorporadas al expediente ubicaron a ambos en el domicilio desde las 23.04 del 23 de mayo y durante nueve horas y cincuenta minutos. Garzón sostiene que también debieron haber escuchado algo aquella noche.

El abogado Carlos Nayi afirmó que quedaron descartadas las hipótesis planteadas por la defensa de Barrelier sobre una supuesta deuda de drogas, una venganza narco, la entrega de Agostina a un grupo criminal o la participación de una “mafia peruana”.

El abogado de la familia materna también informó quese elevó a juicio la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por la denuncia de una joven de 20 años. En ese expediente, el detenido enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada.

Tras la reunión con el fiscal, Miguel y Elizabeth, abuelos maternos de Agostina, dijeron que la decisión les genera tranquilidad porque consideran que la investigación avanzó sobre todas las personas que tuvieron intervención en el caso. “No sé si vamos a tener paz, pero vamos a estar tranquilos de que este tipo no va a estar en la calle y no va a haber otra Agostina”, expresaron.

Por el momento no hay fecha para el inicio del juicio.

Horas antes de ser aprehendido, Barrionuevo grabó un video en el que dio su versión de lo ocurrido y negó haberle disparado a Camila. “El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia”, afirmó al comienzo de la grabación que encabeza esta nota.

De acuerdo con su relato, el martes pasado por la tarde, alrededor de las 18.20, se dirigió hasta la casa de la joven para buscar a su perro. Una vez allí, comenzó una discusión con su novia porque, según dijo, ella no quería entregarle al animal. Cuando el padrastro de Camila, Jorge González (35) regresó del trabajo, la situación escaló.

Barrionuevo sostuvo que González intervino en la discusión y lo amenazó. “Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros”, afirmó. Siempre según su versión, mientras él y Camila estaban en la habitación de la joven, González bajó a la cocina y tomó un objeto. Cuando Barrionuevo salió de la pieza, el hombre se habría abalanzado sobre él.

El acusado aseguró que durante el forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, señaló. Según su relato, primero oyó dos detonaciones y luego, cuando Camila pasó cerca de ellos, se produjo una tercera. “Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, continuó.

Tras los disparos, siempre de acuerdo con la versión de Barrionuevo, Camila, que estaba herida y sangraba, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón. Mientras intentaba abrirlo para pedir ayuda, el acusado aseguró que González lo golpeó dos veces con el arma en la cara. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, dijo. Los golpes que habría recibido, sin embargo, no se ven en el video que grabó.

“Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo del lugar. Una cámara de seguridad de la zona resgistró el momento. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, añadió. También sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida de su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Y sostuvo: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Asimismo, los efectivos aprehendieron a otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al femicidio.

La causa continúa en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.

En Argentina hubo 169 víctimas de violencia de género desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2026, según “La Casa del Encuentro”. También se registraron 349 intentos de femicidio. En el monitoreo se contabilizaron 144 femicidios, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados (hombres asesinados por tener relación o querer defender a la mujer que se quería matar o causar dolor) de varones adultos y niños.

El Presidente Javier Milei dijo, ante una pregunta de Luis Majul, que le indicaba que las mujeres en Argentina rechazan sus formas violentas, que su gobierno “pulverizó la violencia contra las mujeres”. Pero la violencia no está pulverizada, sino que las pulverizadas son las víctimas de violencia de género.

La historia de la lucha contra los asesinatos, golpes y maltratos en Argentina tiene un largo recorrido y, aunque haya recortes, no desaparece de un suspiro. En el 2008 se implementó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se asistió a 600 personas durante las vacaciones de invierno. Entre las personas que acudieron a pedir ayuda 357 denunciaron violencia doméstica, un incremento del 8% respecto al mismo lapso del 2025.

Los peritajes arrojaron 491 evaluaciones que son catalogadas de riesgo y ese diagnóstico es un 15% mayor al del año pasado. La alarma puede costar la vida: en el 9% de los casos hubo amenazas de muerte.

Las normas contra la violencia de género no son actuales, sino que tienen casi dos décadas de historia. En el 2009 se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Se contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. También se admiten las distintas modalidades: domésticas, institucionales, obstétricas, reproductivas y mediáticas.

La legislación se fue aggiornando y se incorporó la violencia política en el 2019 (a través de la Ley 27.533) y el acoso callejero (a través de la Ley 27.501). La Ley Olimpia se sumó en 2023 y contempló la violencia digital.

En el 2012 se tipificó la figura de femicidio, mediante la sanción de la Ley 26.791 que reformó el artículo 80 del Código Penal para que se establezca como un agravante del homicidio. A pesar que Milei, con la palabra “pulverizó” quiere intentar mostrarse como un gobierno de mano dura y dijo que “agarraban de los pelos” a los violentos, las acciones buscaron minimizar las denuncias y suavizar las penas.

En realidad, el gobierno quiso derogar la figura de femicidio, por lo tanto, dejar de castigar particularmente a los asesinos de mujeres. No pudieron hacerlo. Pero la política de la actual gestión es negar la violencia de género, dejar sola a las víctimas y no perseguir a los violentos y abusadores.

El 3 de junio del 2015 el movimiento “Ni Una Menos” comenzó la liberación de la palabra y la cuarta ola feminista. Este año la marcha fue masiva y la discusión pública -que convocó a los varones a ser parte de la discusión- mostró la masividad del reclamo.

La violencia no solo no fue pulverizada, sino que afectó particularmente a las familias. A causa de los femicidios 203 hijos/as se quedaron huérfanos. Pero además, no solo no está bajando, sino que se registran aumentos en la crueldad de las agresiones.

“El Poder Ejecutivo insiste en la disminución de la violencia ignorando las cifras reales y, además, incumple leyes nacionales y convenios internacionales. La “pulverización” de la violencia no es verdadera; lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes”, señalaron en La Casa del Encuentro.

Por su parte, el informe de agosto del 2026, del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez señala que en lo que va del año hubo 154 femicidios y travesticidios; 154 tentativas de femicidios y 169 infancias que quedaron huérfanas.

No solo la violencia continúa, sino que la indignación social, las marchas y la demanda de las mujeres se ve en las calles. El Observatorio marca que se dieron 160 marchas que exigieron justicia, en todo el país, en 2026.

El Observatorio Lucía Pérez registra las denuncias de violencia de género a través de fuentes oficiales y relevaron que en Mendoza las denuncias por violencia de género aumentaron 8%, en la Provincia de Buenos Aires casi la mitad de los delitos contra las personas son por violencia de género y el 90% de la violencia digital está dirigida contra las mujeres.

Por otra parte, el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA). registra que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, a partir del análisis de los casos publicados en medios de comunicación, se contabilizaron 173 víctimas letales de violencia machista: 142 femicidios directos, 18 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios.

Una persona muere por violencia de género cada 34 horas y hay un intento de femicidio cada 25 horas. Lo grave es que no se frena a los asesinos potenciales, ni se los agarra de los pelos, sino que pueden actuar con impunidad, ya que el 13,9% de las asesinadas había denunciado antes y pedido una ayuda estatal que no les llegó para salvarles la vida.

Raquel Vivanco, de “Ahora que si nos ven” subraya: “El recrudecimiento de las violencias machistas ocurre en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei profundiza sus ataques contra el feminismo y desmantela políticas públicas fundamentales para prevenir y erradicar la violencia de género. Lejos de ‘pulverizar la violencia’, el gobierno la legitima a través de discursos de odio que desresponsabilizan al Estado y naturalizan las desigualdades”.