A nueve años del femicidio de Jimena Beatriz Salas, el Tribunal de Impugnación de Salta dio un nuevo giro judicial a la causa. Luego de que Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso que fue encontrado muerto en su celda, fuera declarado autor del hecho post mortem, la sentencia fue revocada. Asimismo, ratificaron la absolución del resto de los acusados.

En un fallo de 54 páginas, los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Esteban Medina dieron lugar al recurso de casación presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia contra la sentencia del 7 de noviembre de 2025, que declaró a Saavedra como el responsable de la muerte de la joven.

La declaración de nulidad también beneficiaría a la persona identificada como “Hombre 2”, cuya identidad no se dilucidó, pese a que en la escena del crimen se había encontrado su perfil genético. Como consecuencia, las actuaciones serán remitidas a los investigadores para que continúen la investigación en torno a los responsables del homicidio de Salas.

De igual modo, el tribunal rechazó el recurso de casación elevado por el Ministerio Público Fiscal que buscaba revertir la absolución de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Esta había sido solicitada por Arancibia, tras argumentar que no había pruebas suficientes para demostrar que hubieran cometido y/o participado del delito.

Tras evaluarse la situación procesal de los Saavedra, los José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano aplicaron el principio jurídico “in dubio pro reo”, es decir, los absolvieron por el beneficio de la duda. Así, la decisión quedó firme al recibir la aprobación del Tribunal de Impugnación de Salta.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el fallo se dio a conocer el miércoles por la noche, pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal aún no habrían sido notificadas formalmente. No obstante, fuentes oficiales anticiparon que recurrirán a instancias superiores, incluyendo una revisión por parte del máximo tribunal provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Poco después de que trascendiera la noticia, el abogado defensor de los hermanos Saavedra destacó que “lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017, entre las 12:30 y las 13:30 horas, en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, provincia de Salta. La víctima, de 44 años, había sido encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda, en una escena que los investigadores describieron como de extrema violencia.

En los nueve años transcurridos, la causa atravesó varias etapas de investigación. Inicialmente, los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix sostuvieron la hipótesis de un crimen durante un robo, basado en que los autores habrían utilizado un Caniche Toy como señuelo para ingresar a la casa.

En la escena se recogieron dos muestras genéticas, identificadas como “Hombre 1” y “Hombre 2”, pero no se logró identificar a los responsables y la investigación quedó estancada. Posteriormente, con el cambio de fiscales, la pesquisa se orientó hacia la hipótesis de un crimen por encargo, donde el viudo, Nicolás Cajal, pasó a ser el principal sospechoso.

Fue así que el 14 de junio de 2019 fue detenido Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en el barrio de la víctima al momento del crimen. En principio, había sido acusado como autor material, pero luego se le atribuyó una participación menor. Asimismo, a Cajal se le imputó por presunto encubrimiento. Ambos terminaron absueltos en el primer juicio por falta de pruebas concluyentes.

Con el nuevo rumbo de la investigación, el foco se puso sobre los hermanos Javier, Carlos y Adrián Saavedra. En el caso de Javier, este fue señalado como el más comprometido por la coincidencia de su ADN con el perfil de “Hombre 1”. Sin embargo, fue hallado muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

A raíz de esto, el tribunal dictó su sobreseimiento por extinción de la acción penal, pero dejó asentada en la sentencia una certeza de responsabilidad como autor material. Es decir, la decisión que ahora fue anulada por el Tribunal de Impugnación salteño.

Tras la decisión judicial, la causa por el asesinato de Jimena Salas volvió a ser abierta, por lo que se deberá retomar la investigación para esclarecer la autoría material y la posible participación de otros involucrados. A casi una década del brutal crimen, el caso sigue sin responsables condenados.

La Justicia elevó a juicio oral el expediente por el femicidio de Gabriela Barrios, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo ciego en la localidad de Avia Terai, provincia de Chaco.

Barrios fue vista por última vez el 12 de octubre de 2025, cuando salió de su casa. Nunca regreso. Ante su ausencia, la familia denunció su desaparición. Por esto mismo, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de búsqueda. En poco tiempo, el caso tomó un giro dramático: la Policía halló la motocicleta en la que se desplazaba Barrios, completamente incendiada, lo que despertó las alarmas sobre un posible hecho criminal.

La investigación avanzó con rapidez. El 13 de octubre, tras intensos operativos y la asistencia de un perro especializado en la búsqueda de restos humanos, los policías localizaron el cuerpo de Gabriela dentro de un pozo ciego en la vivienda de Bruno Jesús Salvatierra, quien rápidamente fue señalado como el principal sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, las pruebas recogidas en el lugar y los resultados de la autopsia comenzaron a delinear la magnitud del delito. Según el informe, Gabriela Barrios murió por asfixia mecánica manual y presentaba diversos golpes en el cuerpo, hechos que reforzaron la hipótesis de un femicidio en un contexto de violencia de género. La atención de la opinión pública se centró en la figura de Salvatierra, de 33 años, identificado como la última persona que estuvo con la joven antes de su desaparición.

Ayer miércoles, el fiscal Marcelo Soto presentó la requisitoria para elevar la causa a juicio oral contra Bruno Jesús Salvatierra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ocultar otro delito, asegurar sus resultados y procurar la impunidad para sí, enmarcando el hecho en un contexto de violencia de género.

El fiscal desestimó tres testimonios ofrecidos recientemente por la querella como testigos nuevos, tras considerar que no aportaban elementos sustanciales para el esclarecimiento del hecho o la acusación principal. La decisión de Soto de avanzar hacia el juicio oral representa un paso clave para que el único imputado, Salvatierra, responda ante un jurado popular por la gravedad de los cargos.

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Gabriela Barrios generó conmoción en Avia Terai y en toda la provincia del Chaco. La movilización de vecinos y organizaciones sociales acompañó a la familia en el proceso de búsqueda, reclamando respuestas y justicia por el femicidio.

La investigación se orientó desde un primer momento hacia Salvatierra, quien fue la última persona en contacto con la víctima según los datos recabados. Durante el proceso también fue arrestado su hermano, aunque este último recuperó la libertad tras ser desvinculado del expediente. Previo a la elevación a juicio, el fiscal Soto solicitó el sobreseimiento de este último.

La próxima instancia judicial será decisiva para determinar la responsabilidad de Bruno Jesús Salvatierra y las eventuales sanciones penales. El proceso, que se realizará ante un jurado popular, busca aportar respuestas a la familia de Gabriela Barrios y a la comunidad de Avia Terai, aún conmocionada por el trágico desenlace del caso.

El municipio de Nueva Guinea, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, se encuentra sumido en la consternación y el dolor tras el brutal asesinato de María Vanessa González Rodríguez, una joven de apenas 18 años.

Lo que inicialmente se perfilaba como una investigación lineal ha dado un giro radical en las últimas horas, llevando a la captura de un nuevo sospechoso y dejando al descubierto los escalofriantes detalles de un crimen que ha encendido las alarmas sobre la violencia de género en la región.

El trágico desenlace comenzó a descubrirse la mañana del pasado domingo 12 de julio. Habitantes que transitaban por las cercanías de la laguna artificial Las Vegas, situada en la zona 7 del municipio de Nueva Guinea, avistaron un cuerpo flotando en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades locales. Al presentarse al lugar, los peritos confirmaron que se trataba de María Vanessa González Rodríguez.

Los peritajes iniciales de los médicos forenses indicaron que, al momento del hallazgo, la víctima tenía aproximadamente 48 horas de haber fallecido, por lo que el cadáver ya presentaba un avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue trasladado de urgencia a la morgue del Hospital Departamental Jacinto Hernández, donde se le practicó la autopsia correspondiente.

Los resultados forenses determinaron que la joven fue sometida a una violencia extrema: la causa principal de muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero además presentaba múltiples heridas infligidas con un arma cortopunzante. Tras los exámenes, los restos fueron entregados a sus familiares para su sepultura en medio del clamor popular por justicia.

La reconstrucción del crimen

A través de las evidencias recolectadas, los investigadores lograron reconstruir la fatídica secuencia de hechos ocurrida el pasado viernes 10 de julio. Vanessa llegó ese día a la vivienda de Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, con quien la víctima presuntamente mantenía una relación sentimental oculta. De acuerdo con las hipótesis policiales, en el interior de la casa se originó una fuerte discusión entre ambos por motivos que aún se intentan esclarecer. En medio del altercado, el agresor utilizó la fuerza física para asfixiar a la joven hasta arrebatarle la vida.

Tras cometer el homicidio, el señalado ocultó el cadáver dentro de un saco para transportarlo de forma oculta hacia la laguna artificial con la intención de deshacerse de él. Una vez en el sitio del hallazgo, y con el macabro objetivo de que el cuerpo no flotara a la superficie debido a los gases naturales de la descomposición, el sujeto le causó una profunda herida de lado a lado en el abdomen con un arma blanca. A pesar de este frío cálculo para desaparecer el rastro del crimen, la estrategia le falló y el cuerpo salió a la superficie dos días después.

La pieza clave de este femicidio fue el testimonio de un habitante de la zona, quien aseguró firmemente haber visto a Angulo Icabalceta cargando un saco pesado con rumbo hacia la laguna Las Vegas en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Con este testimonio, las autoridades ejecutaron un allanamiento de urgencia en la vivienda de Icabalceta. Dentro del inmueble, los peritos de criminalística encontraron pruebas contundentes que terminaron por hundir al sospechoso: un pantalón, ropa interior que pertenecía a la joven y, de manera alarmante, un mechón de cabello de la víctima que el agresor conservaba en el lugar.

El presunto responsable, ya fue puesto bajo custodia y remitido a las autoridades judiciales correspondientes para iniciar el debido proceso penal en su contra.

El silencio habitual de la mañana de ayer martes 14 de julio en Lomas del Reparto San Juan, en el distrito dos de la capital, se rompió de forma abrupta con el eco seco de un disparo de fuego. Fue el detonante de una tragedia largamente incubada por el acoso, los celos y el sentido de posesión obsesiva.

Frente a las instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, Evelyn del Carmen Fuentes Martínez, una abogada de 47 años de edad que prestaba sus servicios como secretaria de dicha institución, fue asesinada a balazos por su expareja, Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años.

La mañana transcurría con aparente normalidad cuando la profesional del derecho llegó al complejo judicial a bordo de su vehículo. Sin embargo, el peligro ya la estaba esperando. Gámez Salmerón, quien se desempeñaba como supervisor de los agentes de seguridad del mismo Tribunal Laboral, vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos, encubierto bajo su estatus de empleado jerárquico del lugar.

De acuerdo con testigos presenciales, en cuanto Evelyn detuvo la marcha del vehículo y se percató de la imponente presencia de Marvin Antonio en el aparcamiento, el pánico la invadió de forma inmediata. En un intento desesperado por resguardar su integridad física, buscó refugiarse rápidamente en el interior de su propio automóvil.

No obstante, el agresor, impulsado por una obsesión implacable, actuó con una rapidez extrema. Se subió de inmediato por la puerta del copiloto, cerrando cualquier posibilidad de escape para la profesional y acorralándola en un espacio mínimo.

En el habitáculo del vehículo blanco se desató una intensa y tensa discusión verbal. Hacía apenas quince días que Evelyn había tomado la firme determinación de poner fin a una relación sentimental de tres años, desgastada y asfixiada por el constante acoso, el hostigamiento y la intimidación a la que él la sometía de forma sistemática.

Dentro del vehículo, Marvin Antonio insistía con vehemencia, intentando convencerla de retomar el noviazgo a toda costa. Pero la decisión de la abogada era irrevocable. Ante la tajante negativa de la mujer de volver a someterse a su control, el sujeto extrajo un arma de fuego de reglamento y, sin mediar más palabras, le disparó directamente en el costado derecho del pecho.

La detonación alertó de inmediato a los transeúntes, personal de seguridad y compañeros de trabajo de Evelyn que se encontraban en las inmediaciones del complejo de apelaciones. El pánico se apoderó de la zona. Mientras la víctima yacía gravemente herida sobre los asientos de su vehículo, el agresor, acorralado por el peso de su propia acción, empuñó el arma de fuego contra su humanidad en un intento de suicidio.

Sin embargo, según los relatos recogidos en el lugar, el arma presuntamente no funcionó y el percutor no detonó los proyectiles en ninguno de los intentos por quitarse la vida.

En medio del caos y la desesperación, compañeros de trabajo y guardias de la zona corrieron a auxiliarla. La sacaron del vehículo y la trasladaron de urgencia a bordo de un carro particular hacia el Hospital Militar. Los cirujanos de turno la ingresaron de inmediato a quirófano para intervenirla de emergencia debido a la gravedad de las heridas en su cavidad torácica, pero todos los esfuerzos médicos resultaron insuficientes: Evelyn se rindió a la muerte minutos más tarde.

El subregistro del dolor: Femicidios bajo la sombra del silencio estatal

Gámez Salmerón, incapaz de dispararse a sí mismo, fue arrestado en el lugar por los agentes policiales antes de que pudiera huir, siendo trasladado bajo custodia a una delegación a la espera de enfrentar el proceso penal ante el Ministerio Público por el delito de femicidio.

Ante la falta de información estatal, el monitoreo independiente es liderado por colectivos como La Lupa y otras organizaciones feministas en el exilio. Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan al menos 15 femicidios en Nicaragua durante el primer semestre de 2026.

La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o personas cercanas a las víctimas, mientras que gran parte de los agresores huyeron o se encuentran evadiendo la justicia.

Esta alarmante cifra de violencia machista y de impunidad sistémica pone de relieve una crisis social profunda que sigue cobrando la vida de decenas de mujeres en todo el territorio nicaragüense.

Una mujer fue asesinada de varios disparos en la provincia de Salta, durante la madrugada del pasado domingo. Hasta el momento, el caso se investiga como presunto femicidio y su pareja es el principal sospechoso.

El hecho, que ocurrió en medio de la noche en una vivienda del barrio Las Palmeras, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán. Las circunstancias en las que sucedió todo aún son desconocidas.

La víctima, de 36 años, perdió la vida tras ser trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Ahora, el caso se inviestiga como presunto femicidio.

El procedimiento policial se activó tras la denuncia de una balacera en el domicilio donde vivía la víctima. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la mujer recibió disparos de arma de fuego en el abdomen, lo que le provocó una hemorragia aguda intraabdominal.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa confirmó la detención preventiva de un hombre de 32 años, pareja de la víctima, quien quedó imputado de manera provisoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La fiscal penal Claudia Carreras, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán durante la feria judicial, ordenó una serie de medidas para reunir las pruebas necesarias que permitan esclarecer el caso.

La recolección de testimonios y evidencias en la vivienda donde ocurrió el ataque fue llevada adelante por personal de Criminalística y por la Unidad de Investigación de la UGAP Orán, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica de la agresión, ni se revelaron datos sobre la identidad de la víctima o del presunto autor.

A principios de mes de mayo, un hecho similar se reportó en Orán, cuando un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja. El agresor se dio a la fuga tras el crimen, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello.

El agresor fue identificado como Jorge Fernando Carrizo, quien ya contaba con antencedentes por violencia de género. De acuerdo con El Tribuno, el agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves heridas luego de que Carrizo la rociara con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

En el mapa de la violencia de Centroamérica, los nombres de las mujeres suelen disolverse con la rapidez de una mala noticia en la prensa matutina.

Pero el nombre de Jocelyn Milena Abarca Juárez se quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de El Salvador, no solo por la atrocidad de su final, sino porque personificó una paradoja que desarma a los expertos: el conocimiento y la educación no siempre son un escudo contra el horror doméstico.

Jocelyn tenía 26 años en julio de 2018. Quienes la conocieron la recuerdan como un torbellino de energía, una joven psicóloga de sonrisa ancha y carismática que disfrutaba sanando las mentes de otros. Su liderazgo era tal que se había postulado como candidata a diputada suplente.

Sin embargo, mientras Jocelyn ayudaba a la comunidad y planificaba un futuro brillante, en la intimidad de su hogar en Soyapango , una de las zonas más densamente pobladas y complejas de la capital salvadoreña, libraba una guerra silenciosa que duró una década.

Su verdugo fue Ronald Atilio Urbina Velásquez, su pareja sentimental durante diez años. Detrás de las paredes de la casa, Jocelyn soportó un calvario de insultos, gritos y golpes que jamás denunció ante las autoridades. Para el mundo exterior, eran una pareja joven más; hacia adentro, era un régimen de control absoluto. A inicios de julio, Jocelyn decidió que ya era suficiente. Le comunicó a Urbina su deseo de separarse, de recuperar su vida. Ese acto de autonomía, el derecho a decir “no” selló su destino.

El rastro de la sevicia: cubetas en la quebrada

Entre el 4 y el 5 de julio de 2018, la voz de Jocelyn se apagó. Su familia, angustiada, reportó su desaparición. En un acto de cinismo macabro, el propio Ronald Atilio se mostró consternado ante los parientes, fingiendo buscarla y colaborar. Lo que nadie sabía en ese momento es que Urbina ya la había asesinado al interior de la vivienda.

Para borrar el crimen, el agresor desmembró el cuerpo de la joven psicóloga. Colocó los restos en el vehículo de la propia Jocelyn y condujo por la ciudad, esparciéndolos en diferentes puntos estratégicos como si deshiciera de evidencias anónimas.

Días después, San Salvador se despertó con una escena de espanto. Encontraron partes de Jocelyn dentro de cubetas en la Quebrada La Mascota, cerca del histórico Cementerio Los Ilustres; otros restos flotaban en las aguas del río Acelhuate y en la Quebrada El Piro. La brutalidad del hallazgo sacudió a una sociedad ya anestesiada por la violencia de las pandillas, pero esto era distinto: era la firma de la misoginia íntima.

Para mantener la farsa de que ella seguía viva, Urbina se quedó con el teléfono celular de Jocelyn. Durante días, respondió mensajes de texto a los familiares haciéndose pasar por ella. Sin embargo, la Fiscalía General de la República rastreó las señales de GPS del aparato y descubrió una verdad irrefutable: el teléfono no se movía con Jocelyn, se movía en los mismos bolsillos de Ronald Atilio. El 11 de julio, la policía le puso las esposas.

La batalla contra el reloj y el peso de la ley

El caso de la joven se convirtió en un laberinto legal que mantuvo en vilo al país durante dos años. Su madre, Yesenia Juárez, y diversas organizaciones feministas como ORMUSA, se apostaban fuera de los tribunales con pancartas. No solo pedían justicia; peleaban contra el reloj.

La ley salvadoreña establece que una persona no puede pasar más de dos años en detención provisional sin recibir sentencia. Si el juicio se retrasaba unos días más, Urbina habría quedado libre por tecnicismos procesales.

La presión social funcionó. El sistema judicial especializado en violencia de género sentó al acusado en el banquillo a las puertas del límite legal. El 7 de agosto de 2020, el tribunal dictó una sentencia histórica: 50 años de prisión, la pena máxima por el delito de feminicidio agravado, y una condena civil de más de 13,000 dólares.

La jueza del caso no titubeó al argumentar que el desmembramiento y la historia de abusos previos eran pruebas claras de un odio estructural. Tiempo después, una Cámara Especializada ratificó los 50 años de cárcel en segunda instancia, sepultando cualquier intento de impunidad.

Ronald Atilio Urbina pasará el resto de sus días tras las rejas, mientras que el nombre de Jocelyn Abarca se convirtió, para El Salvador y el mundo, en el doloroso recordatorio de que romper el silencio a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Sebastián Bonafe, el hombre acusado de asesinar salvajemente a su pareja, Mercedes Errapán, y de secuestrar a su hija de 7 años en la ciudad bonaerense de Junín, se negó a declarar este viernes ante el fiscal de la UFI N°8, Martín Laius, quien colabora con la investigación que encabeza la fiscal Fernanda Sánchez, de la UFI N°1.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el acusado se presentó a indagatoria cerca del mediodía acompañado de un defensor oficial e hizo uso de su derecho a no prestar declaración ante la Justicia. En el marco de la causa, adelantaron que se harán análisis grafológicos de las cartas en las que el femicida detalló su plan de matar a Mercedes y se le practicarán al imputado pericias psicológicas.

De igual manera, se peritarán los dispositivos secuestrados de los que se va a extraer la información mediante el sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense).

De acuerdo con la autopsia, al momento del crimen, la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, es decir, de aproximadamente cinco meses y medio. De acuerdo con el informe preliminar, la mujer recibió 12 heridas cortopunzantes, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y presentaba múltiples fracturas. Es por eso que se descartó que Mercedes fuera asesinada de un balazo, como trascendió en las primeras versiones del hecho.

Los médicos forenses concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente que, en principio, sería compatible con un hacha. Los estudios forenses continuarán para determinar con mayor precisión cómo fue la mecánica del ataque.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la imputación es por homicidio triplemente calificado por femicidio,ensañamiento y alevosía, y por secuestro coactivo agravado. En cuanto a la hija de Errapán, ayer el fiscal Laius indicó a Infobae que permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.

El crimen

El femicidio fue descubierto durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea, en Junín. Según la investigación, Bonafe ingresó a la casa después de que la actual pareja de la víctima saliera a trabajar, asesinó a Errapán y luego escapó con la hija de la mujer, de siete años.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso mientras caminaba junto a la menor poco antes de las 8 de la mañana. Más tarde huyó en motocicleta y continuó el recorrido hasta Pergamino, donde finalmente fue localizado tras un amplio operativo policial.

De acuerdo con la investigación, cuando los efectivos lograron cercarlo en un cañaveral, Bonafe le apoyó un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con matarla antes de entregarse. Tras varios minutos de negociación fue reducido y la menor fue rescatada ilesa.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Bonafe tras el femicidio, los investigadores secuestraron además cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre, en las que el acusado dejó por escrito el plan que había diseñado para cometer el crimen y escapar de Junín. En uno de los textos escribió: “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, mientras que en otro anticipó: “Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena”.

Los manuscritos también revelan que el acusado modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque y describió el recorrido que pensaba realizar para escapar. Además, hizo referencia a la denuncia que Mercedes Errapán había presentado semanas antes por un presunto episodio de abuso contra su hija. “Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija”, escribió.

Bonafe también registraba antecedentes por violencia. Además de la causa por groomingque motivó un allanamiento de la Policía Federal cinco días antes del femicidio, acumulaba tres denuncias radicadas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y hechos de violencia de género y familiar, presentadas por una compañera de trabajo y dos familiares.

La investigación por el brutal femicidio de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en Junín, sumó este jueves un dato estremecedor: al momento del crimen, la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, es decir, de aproximadamente cinco meses y medio.

La información se desprende el informe preliminar de la autopsia al que accedió Infobae. De acuerdo con el mismo, la mujer recibió 12 heridas cortopunzantes, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y presentaba múltiples fracturas. Por esto último, se descartó que Mercedes fuera asesinada de un balazo, como trascendió en las primeras versiones del hecho.

Según confirmó el fiscal de la UFI N°8 de Junín, Martín Laius, quien colabora con la investigación que encabeza la fiscal Fernanda Sánchez de la UFI N°1, los médicos forenses concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente que, en principio, sería compatible con un hacha.

En diálogo con este medio, el funcionario judicial aclaró que se trata de las primeras conclusiones de la autopsia y que los estudios forenses continuarán para determinar con mayor precisión cómo fue la mecánica del ataque.

En paralelo, la fiscalía prepara la indagatoria de Sebastián Bonafe, detenido el miércoles en Pergamino luego de permanecer varias horas prófugo junto a la hija de siete años de la víctima. El acusado continúa alojado en esa ciudad y este viernes será trasladado a Junín para declarar ante la fiscal Sánchez.

Por el momento, Bonafe está imputado por los delitos de femicidio y sustracción de la hija de la víctima. Sin embargo, Laius adelantó que la fiscalía analiza incorporar nuevas calificaciones legales. Entre ellas figura el agravante de ensañamiento por la violencia ejercida contra Errapán, además de una imputación por tentativa de homicidio en perjuicio de la niña, a quien el acusado amenazó con matar cuando fue rodeado por policías en Pergamino. También evalúan sumarle el delito de resistencia a la autoridad.

En paralelo, la hija de Mercedes Errapán permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.

El crimen

El femicidio fue descubierto durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea, en Junín. Según la investigación, Bonafe ingresó a la casa después de que la actual pareja de la víctima saliera a trabajar, asesinó a Errapán y luego escapó con la hija de la mujer, de siete años.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso mientras caminaba junto a la menor poco antes de las 8 de la mañana. Más tarde huyó en motocicleta y continuó el recorrido hasta Pergamino, donde finalmente fue localizado tras un amplio operativo policial.

De acuerdo con la investigación, cuando los efectivos lograron cercarlo en un cañaveral, Bonafe le apoyó un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con matarla antes de entregarse. Tras varios minutos de negociación fue reducido y la menor fue rescatada ilesa.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Bonafe tras el femicidio, los investigadores secuestraron además cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre, en las que el acusado dejó por escrito el plan que había diseñado para cometer el crimen y escapar de Junín. En uno de los textos escribió: “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, mientras que en otro anticipó: “Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena”.

Los manuscritos también revelan que el acusado modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque y describió el recorrido que pensaba realizar para escapar. Además, hizo referencia a la denuncia que Mercedes Errapán había presentado semanas antes por un presunto episodio de abuso contra su hija. “Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija”, escribió.

Bonafe también registraba antecedentes por violencia. Además de la causa por grooming que motivó un allanamiento de la Policía Federal cinco días antes del femicidio, acumulaba tres denuncias radicadas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y hechos de violencia de género y familiar, presentadas por una compañera de trabajo y dos familiares.

Un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L. H., quedó con prisión preventiva tras ser imputado como presunto autor del femicidio de Daiana Arber en la ciudad de Santa Fe.

La medida, solicitada por la fiscal Laura Gerard, fue impuesta por el juez Martín Torres en una audiencia desarrollada este miércoles por la mañana en los tribunales de la capital provincial. El caso ha conmocionado a la comunidad local por la brutalidad del ataque y el posterior descarte del cuerpo.

La fiscal Gerard fundamentó la necesidad de la prisión preventiva señalando que, aunque la defensa propuso alternativas, “el magistrado hizo lugar a nuestro pedido porque la preventiva era necesaria para mitigar los peligros procesales”. La funcionaria explicó que la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación justificaron la imposición de la medida cautelar más gravosa.

El crimen ocurrió entre las 5:00 y las 14:00 del jueves 25 de junio, en un inmueble ubicado en la calle Padre Catena al 4.500. Según la investigación, el imputado disparó al menos cuatro veces contra Daiana Arber con un arma de fuego calibre 22, provocándole la muerte por los impactos recibidos en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de junio, L. H. y otra persona no identificada habrían trasladado el cuerpo de la víctima en un carro hasta una zona de basural cercana a la vivienda. Una vez en ese lugar, descartaron el cadáver entre residuos y malezas. “El accionar del hombre investigado constituye una manifestación de violencia de género extrema”, sostuvo la fiscal Gerard, quien remarcó que el imputado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la asimetría de poder que existía entre ambos.

La fiscal también subrayó que la forma en que se descartó el cuerpo “exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”. Esta afirmación fue realizada en la audiencia ante el juez Torres, donde se detallaron los elementos probatorios reunidos hasta el momento.

La secuencia de ocultamiento y traslado del cuerpo fue descrita como un intento deliberado de borrar rastros y dificultar el avance de la investigación. La Fiscalía enfatizó que el contexto del hecho y las circunstancias posteriores refuerzan la calificación del delito como femicidio.

El sábado 27 de junio, alrededor de las 19:00, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de L. H. En el operativo se encontró una granada de mano de hostigamiento, descrita por la fiscal como “potencialmente activa en su funcionamiento y en condiciones de ser utilizada”. El artefacto había sido adulterado con pintura azul y presentaba la inscripción ‘TNT’ en letras blancas.

La presencia de material explosivo en poder del imputado representa un agravante en el expediente, ya que la fiscal Gerard le imputó también la tenencia ilegítima de material explosivo. El hallazgo fue presentado como un elemento de riesgo añadido para justificar la prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscal Gerard resaltó que la prisión preventiva era indispensable para evitar que el imputado pudiera obstaculizar el proceso. Señaló que el contexto de violencia de género, la existencia de pruebas materiales y el intento de ocultar el cuerpo de la víctima son indicios suficientes para sostener la medida cautelar.

A LH se le atribuyó la autoría de los delitos de femicidio y tenencia ilegítima de material explosivo, en el marco de una investigación que sigue en curso. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y busca identificar a la persona que colaboró en el traslado y descarte del cuerpo de Daiana Arber.

La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios del MPA, a cargo de la fiscal Laura Gerard, quien anticipó que se profundizarán las diligencias para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades involucradas.

El caso de Daiana Arber se inscribe en la problemática estructural de la violencia de género en la región. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo hincapié en la necesidad de una respuesta judicial contundente ante hechos de semejante gravedad. “La agresión letal y el descarte del cuerpo entre residuos exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”, afirmó Gerard en la audiencia.

Un hombre de 36 años fue detenido este martes acusado de ejecutar un femicidio que había planificado por escrito. Según la investigación, asesinó de un disparo a Mercedes Errapan (32) en Junín, secuestró a su hija de 7 años y escapó con ella durante varias horas hasta que fue localizado en Pergamino. La menor fue rescatada ilesa luego de que el sospechoso la amenazara con un cuchillo apoyado sobre el cuello.

El espeluznante caso que tiene como protagonista a Sebastián Daniel Bonafe es investigado por la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, quien recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo comenzó cerca de las 10 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle Iberlucea, en Junín.

Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Mercedes Errapan sin vida, tendida boca abajo en el baño, con un disparo en la nuca.

En un primer momento fue demorado preventivamente Jonathan Videla, actual pareja de la víctima, quien aseguró haber regresado minutos antes de trabajar y encontrarse con la escena del crimen. Los policías preservaron sus manos para la realización de pericias, aunque rápidamente la investigación tomó otro rumbo.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los hechos. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, las imágenes muestran que a las 5.07 Videla salió de la vivienda para ir a trabajar. Apenas cuatro minutos después, a las 5.11, las cámaras captaron a Sebastián Daniel Bonafe, padrino de la hija de la víctima, saltando el paredón de la casa e ingresando al inmueble con una campera negra y la capucha colocada.

Casi tres horas más tarde, a las 7.57, otra cámara registró al sospechoso escapando del lugar a pie junto a A.G., la hija de siete años de Mercedes.

Con esa evidencia, personal de la DDI Junín allanó de urgencia el domicilio de Bonafe, ubicado en la calle Almafuerte al 1400. Allí los investigadores secuestraron cuatro cartas manuscritas en las que el acusado describía cómo pensaba ejecutar el crimen y detallaba un posible plan de fuga hacia las localidades de Arias, en Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe. También incautaron su teléfono celular, que será sometido a peritajes.

“Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, decía una de las cartas en alusión a Mercedes Errapan y Jonathan Videla, la actual pareja de la víctima.

En el mismo escrito detalló incluso el recorrido que pensaba seguir para escapar: “Irme para el lado de la Peguajó, que sé que hay cámaras, e irme para el lado de Bunge, irme todo por tierra y después irme para La Pampa”. Además, aseguró que había estudiado previamente el trayecto: “Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa de calles que tengo que tomar”.

Ante la desaparición de la menor, la fiscal solicitó la activación de la Alerta Sofía, mientras continuaba el seguimiento del recorrido del sospechoso mediante cámaras de seguridad.

Las imágenes permitieron establecer que, cerca de las 10.34, Bonafe circulaba en una motocicleta por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, con la niña como acompañante.

Más tarde, según reconstruyeron los investigadores, ambos hicieron dedo y fueron levantados por un docente que los trasladó hasta el centro de Pergamino. Poco después quedaron registrados ingresando a un kiosco de avenida de Mayo.

Finalmente, un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la DDI Pergamino y personal policial permitió ubicarlos en la zona de Alsina y Becerra.

Al advertir la presencia de los efectivos, Bonafe ingresó junto a la menor a un cañaveral y le apoyó un arma blanca sobre el cuello mientras amenazaba con matarla.

Tras varios minutos de negociación y con el lugar completamente rodeado, los policías lograron convencer al acusado de que depusiera su actitud. Bonafe fue reducido y detenido, mientras que la niña fue rescatada sana y salva.

La lista de antecedentes

Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de la investigación ocurrió apenas tres semanas antes del femicidio.

El 16 de junio, Mercedes Errapan concurrió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciar a Sebastián Bonafe por un episodio que tenía como víctima a su hija de siete años.

De acuerdo con el parte policial, la mujer manifestó que el padrino de la niña había ingresado al baño y la había filmado con un teléfono celular mientras ella se encontraba allí. Ante esa situación, solicitó una orden de restricción y medidas de alejamiento para proteger a la menor.

Esa denuncia derivó en una investigación penal y, según informaron las autoridades, el viernes 3 de julio Bonafe había sido allanado por la Policía Federal, ya que estaba siendo investigado en una causa por grooming.

El expediente también revela que Bonafe registraba otros antecedentes por hechos de violencia.

El más reciente había sido denunciado el 25 de enero de 2024 por K.A.S., una compañera de trabajo. La mujer declaró que ambos se encontraban en la panadería La Europea, donde el acusado la agredió verbalmente, la empujó y le provocó lesiones. La causa fue caratulada como lesiones leves e infracción a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la denunciante pidió medidas cautelares.

Dos años antes, el 20 de febrero de 2022, G.L.R., cuñada de Bonafe, lo denunció por lesiones leves, amenazas e infracción a la Ley 12.569 de Violencia Familiar. Según la presentación judicial, el acusado la golpeó en su domicilio y luego continuó amenazándola mediante mensajes de WhatsApp.

El antecedente más antiguo data del 17 de mayo de 2021. En aquella oportunidad, D.A.M., también cuñado del ahora detenido, denunció que Bonafe se presentó en su vivienda, comenzó a insultarlo a él y a su esposa y luego lo agredió físicamente antes de darse a la fuga. La causa también se tramitó bajo el régimen de violencia familiar y motivó el pedido de medidas de protección.

Sebastián Daniel Bonafe, el acusado de matar a Mercedes Errapán en Junín y luego secuestrar a su propia ahijada de siete años, esconde un oscuro secreto.

El viernes 3 de este mes, cinco días atrás, la DUOF Junín de la Policía Federal allanó su casa en la calle Almafuerte, la misma que allanaron autoridades provinciales en el día de hoy para encontrar unas cartas donde detallaba su plan asesino. El hombre de 36 años, albañil de oficio, beneficiario de planes sociales, era el blanco de una causa que investiga el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de la magistrada Marisa Muñoz Saggese. La calificación: averiguación de ilícito. El presunto delito: grooming.

Bonafe, precisamente, fue acusado de filmar y fotografiar a una nena de siete años mientras se bañaba.

Así, la Federal entró a su casa para secuestrar un pendrive, una computadora y un celular, que podrán ser peritados. Según fuentes del caso, se descubrió que también habría descargado pornografía infantil desde su dirección IP.

Bonafe estuvo presente durante el allanamiento. Sin embargo, la DUOF Junín no lo arrestó: el juzgado del caso no emitió orden de detención alguna. Es decir, podría haber estado detenido al momento de cometer el brutal femicidio de Mercedes Errapán, durante la madrugada de este miércoles, si es que es culpable.

Peor todavía: según fuentes provinciales. Bonafe registraba una lista de denuncias por lesiones leves y violencia de género, radicadas en los últimos cuatro años por compañeras de trabajo y familiares.

En las próximas horas, se espera que el acusado sea trasladado de vuelta a Junín luego de su captura en Pergamino para enfrentar a la fiscal Fernanda Sánchez.

Bonafe mantuvo a su ahijada secuestrada durante más de diez horas, para llevarla en moto y a través de campos. De cara a la imputación por pedofilia, un posible daño sufrido por la menor se vuelve una hipótesis inquietante.

El video realizado por Gabriel Vega tiene una duración de 4 minutos y 25 segundos y está compuesto por fotos y videos de Agostina junto a sus seres queridos. La canción que acompaña el material, “No crezcas más”, busca reflejar la rapidez con la que transcurrieron los años de la adolescente.

“En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”, fue la frase elegida por Gabriel para cerrar el video.

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, los familiares paternos de Agostina organizarán una misa este miércoles en su memoria.

La semana pasada, a más de un mes del femicidio de Agostina, su papá publicó una carta abierta en la que recordó a su hija, pidió justicia y se refirió al avance de la causa judicial, que tiene a cuatro detenidos. En el texto, Gabriel señaló que siempre colaboró con los investigadores y remarcó que su único interés es que “la verdad prevalezca”. Asimismo, respaldó la labor de sus abogados y pidió que el proceso se enfoque en los hechos y en el respeto a la dignidad de la víctima, evitando especulaciones y descalificaciones.

Gabriel Vega insistió en que su hija fue asesinada bajo el cuidado de su madre, en una vivienda distinta a la suya, y que la persona imputada por el femicidio permanece detenida. Además, solicitó no utilizar situaciones personales para alimentar disputas públicas, ya que eso solo genera más dolor a la familia y desvirtúa la memoria de Agostina.

En la carta, el papá subrayó: “Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija”. Finalmente, reclamó que se permita a la Justicia trabajar con independencia y sin presiones, confiando en que todos los elementos serán analizados con rigor y objetividad.

En la causa hay cuatro personas detenidas. Por un lado, Claudio Barrelier, ex pareja de la mamá de la adolescente, se encuentra imputado por el femicidio de Agostina. Además, Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, y Soledad Andreani, ex pareja del femicida, se encuentran imputados por el delito de encubrimiento agravado. A fines de junio, Marianela Palmero, pareja del acusado, fue detenida.

Días atrás, Barrelier y Fassetta fueron trasladados al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad. Por otra parte, la situación procesal de Palmero aún permanece pendiente.

Las cuatro cartas que la Policía secuestró en la casa de Sebastián Daniel Bonafe, el hombre de 36 años acusado de asesinar a Mercedes Errapan, de 32, y raptar a su hija de 7 años en Junín, revelan que el femicidio fue planificado durante varios días. En los manuscritos, a los que accedió Infobae, el sospechoso describió el crimen que pretendía cometer, fue modificando la fecha del ataque, diseñó el recorrido para escapar y hasta dejó por escrito que, si era descubierto durante la fuga, podía matar a la niña.

Los escritos fueron encontrados durante el allanamiento realizado en la vivienda del acusado, donde además se secuestró su teléfono celular. Todo ese material quedó incorporado al expediente que instruye la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín.

En la primera de las cartas, Bonafe expuso sin rodeos cuál era su objetivo. “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, escribió, en referencia a Mercedes Errapan y Jonathan Videla, la actual pareja de la víctima. A continuación detalló el recorrido que pensaba realizar para escapar: “Irme para el lado de La Pequeña, que sé que hay cámaras, e irme para el lado de Bunge, irme todo por tierra y después irme para La Pampa”.

También aseguró que había estudiado previamente el camino. “Con el celular de la abuela hice el mapa de calles que tengo que tomar”, escribió y cerró: “Espero que leas esto antes que la policía. Quémalo, porfa”.

Las cartas —dirigidas a su madre— también muestran que el acusado modificó varias veces la fecha elegida para cometer el crimen. En una de ellas contó que un primer intento había fracasado porque no pudo ingresar a la casa. “Hoy Mechi se salvó porque tenía la puerta atrancada y me volví, porque la nena no tiene clase. Pero el martes es mi venganza de todo lo que me hizo”, aseguró.

Sin embargo, horas después volvió a cambiar el plan. En otro manuscrito, fechado el 6 de julio, explicó: “Hoy lunes decidí esperar un día más porque juega Argentina y tal vez Jona y Mechi tengan algún lugar para verlo con alguien. Por eso decidí que el miércoles mueren Mechi y Jona”.

La decisión volvió a modificarse. En una carta fechada el 7 de julio, día en que finalmente ocurrió el femicidio, escribió: “Hoy llegó el día. El plan sigue en pie. Matar a Mechi eso de las 7.30 y a Jona cuando vuelva del trabajo”. Esto último no logró concretarlo, porque decidió escapar con la niña.

Uno de los pasajes más escalofriantes aparece cuando imagina qué ocurriría si era descubierto durante la fuga. “Si la policía me encuentra, hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena”, anotó. Horas después de cometer el crimen, esa amenaza estuvo cerca de concretarse: según la investigación, cuando fue localizado por la Policía en Pergamino, ingresó con la menor a un cañaveral y le apoyó un cuchillo sobre el cuello mientras amenazaba con matarla. Finalmente, tras una negociación, depuso su actitud y la niña fue rescatada ilesa.

En los manuscritos, Bonafe también hizo referencia a la denuncia que Mercedes Errapan había presentado semanas antes, luego de acusarlo de haber filmado a su hija de siete años mientras estaba en el baño. “Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija”, sostuvo. Sin embargo, en el mismo texto admitió que seguiría adelante con el ataque: “Hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero me cansé. Y el hecho al final era para Mechi y Jona”.

Las cartas también contienen frases de resignación y despedida. “Las cosas malas les pasan a las personas buenas. Me cansé de ser bueno. Me cansé de ser un hijo de Dios. Me cansé de esta vida de mierda. Ojalá que mi plan resulte”, escribió en uno de los textos.

En otro manuscrito, fechado el 4 de julio, tres días antes del femicidio, Bonafe redactó una especie de carta de despedida en la que escribió en tiempo pasado, como si el crimen ya hubiera ocurrido. “Cometí un error, que fue matar a Mechi. Era o matarme o matarla a ella. Me voy de Junín, donde nací. Lo único que te pido es que cuides a la abuela y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer”, expresó. El escrito lleva la firma “Seba Misterios”.

El cierre de las cartas está dedicado a su familia. “Perdón por este momento de mierda que te estoy haciendo pasar. Perdón, perdón y perdón. Pero es mi destino. Pase lo que pase. Los amo y que la abuela no sufra por esto”, concluyó.

Horas después de escribir esos manuscritos, Mercedes Errapan fue hallada asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su casa de Junín.

El caso generó conmoción en Uruguay y se sumó a otros dos femicidios que hubo en menos de 10 días en el país, que está en medio de una “alerta”, como definen las organizaciones feministas.

La Justicia imputó este lunes al hombre de 41 años como presunto autor de un delito especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio. Dispuso, como medida cautelar, la internación del imputado en un centro de salud por 120 días o hasta que se conozca el resultado de una junta médica que fue solicitada, informó la Fiscalía.

No había denuncias previas entre ellos.

Mariela del Rosario tenía 42 años y estaba en su casa junto a su hijo de 13 años y cuidando a tres niñas de 9, 11 y 12 años. Todos ellos presenciaron el crimen. Incluso el menor, que vio cómo asesinaban a su mamá.

La Fiscalía busca determinar, a través de una pericia psiquiátrica, si el hombre tenía la capacidad psicológica y legal de comprender que su conducta era ilícita y que podía tener consecuencias penales.

El femicida fue capturado en una zona rural a seis kilómetros de la escena del crimen, como quedó registrado en el video del Ministerio del Interior que encabeza esta nota.

Según los detalles consignados por Telenoche de Canal 4, el femicidio ocurrió a la hora 6.30 del sábado en la casa en la que vivía la pareja. El femicida apuñaló a la mujer y escapó. La víctima alcanzó a pedir ayuda a sus vecinos, que llamaron a la Policía y a la emergencia. Pero las heridas que tenía provocaron su fallecimiento.

Mariela del Rosario y su femicida eran pareja hacía 21 años. Nunca se casaron, pero tuvieron dos hijos. Ella era niñera y era conocida por ser una mujer alegre, como la definió en diálogo con ese medio su hermana Mónica. Según su relato, la pareja tomaba todas las tardes mate juntos en la casa del barrio Laguna. “Pedimos que haya justicia por mi hermana y que él no quede libre. Que pague por lo que hizo. Dejó a dos hijos sin su madre”, afirmó la mujer.

En Ciudad del Carmen hubo movilizaciones en reclamo de justicia.

Organismos del Estado, en tanto, trabajan para contener a los cuatro menores que presenciaron el femicidio, incluido el adolescente que presenció la muerte de su mamá, informó Telemundo.

El de Mariela del Carmen fue el quinto femicidio en un mes, como enumeró La Diaria. El primero de este conteo fue el 3 de junio, en Ciudad del Plata, cuando una joven de 19 años fue asesinada por un compañero de clases.

Nueve días después, una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 46 que luego se suicidó. Ocurrió en Puntas de Quebracho (Cerro Largo). El 21 de junio, en tanto, otro hombre de 37 asesinó a su pareja en Montevideo. La víctima tenía 44 años.

El cuarto caso ocurrió el lunes pasado cuando una mujer fue asesinada a golpes en su casa, en el barrio Aguada de Montevideo. El asesino tenía 65 años y era pareja de la víctima. La mujer fue encontrada por su hijo en el patio de la casa con varias heridas en la cabeza. Su pareja fue detenida por inconsistencias en el relato que había dado originalmente.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el hombre que en 2020 asesinó a una mujer trans en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. El acusado deberá cumplir una pena de nueve años de prisión.

El fallo, conocido en las últimas horas, dejó firme la condena contra Piero Michel Lucero Rodríguez, quien fue hallado culpable del homicidio de Priscila Ponce Nieto. Según la investigación, la víctima sufrió más de 56 heridas provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio. El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa.

Ponce Nieto, de 33 años, era una mujer trans conocida como “La Michu” y vivía en ese barrio porteño.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2020, cuando Lucero Rodríguez tenía 24 años. De acuerdo con el expediente, ese día el acusado, su expareja y un tercer hombre se reunieron en una vivienda de la Villa Zavaleta para celebrar un cumpleaños. Entre las invitadas se encontraba la víctima.

Durante la reunión, el acusado comenzó a agredir e insultar a su expareja, quien decidió retirarse a la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio. En la vivienda quedaron Lucero Rodríguez, Ponce Nieto y el tercer hombre.

Ya durante la madrugada del día siguiente, el condenado fue hasta la casa de su expareja y le confesó que había matado a “La Michu”. Luego huyó junto con su cómplice, quien escapó a Perú y posteriormente fue detenido en ese país por este hecho.

Fue la expareja de Lucero Rodríguez quien alertó a la Prefectura Naval Argentina, fuerza que custodiaba la Villa Zavaleta. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Priscila Ponce Nieto envuelto en sábanas, rodeado de una gran cantidad de sangre y con más de 56 heridas. La autopsia determinó que las lesiones fueron provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio.

Tras el crimen, una de las referentes que se pronunció fue Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). Según explicó, la mujer vivía en el hotel Santa Cruz de Flores, pero debió abandonarlo porque ya no podía afrontar el costo de la habitación.

Orellano también señaló que la víctima no tenía familiares en Argentina, sino en Perú, y que sus únicas redes de contención eran sus amigas. “No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió en sus redes sociales.

“Su hermana nos autorizó para poder reclamar su cuerpo y poder despedirla, sus compañeras quieren justicia, una marcha, hablar con el fiscal. Una más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando y llorando a compañeras?“, cerró en el posteo de Facebook.

El caso llegó a juicio, aunque la expareja del acusado, quien había denunciado el hecho, no se presentó a declarar. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 22 condenó a Lucero Rodríguez a ocho años y seis meses de prisión como autor del homicidio y unificó esa pena con una condena anterior, imponiéndole una pena única de nueve años de prisión. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia.

La defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo declararon inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ese modo, la condena quedó firme.

Diez años pasaron del crimen de Talía Recabarren en la provincia de San Juan. El cuerpo de la adolescente de 17 años fue encontrado a la vera de la ruta provincial 12 tras una semana de intensa búsqueda. Había desaparecido el 18 de junio de 2016 y entre las personas que colaboraron con la búsqueda estaba su ex pareja, quien días después confesó ser el autor del crimen. Lo condenaron en 2019, pero una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la pena de 16 años que recibió, despertó malestar entre los familiares de la víctima.

Tras conocer que el máximo tribunal ordenó que una nueva sala de la Corte de Justicia de San Juan revise la condena impuesta a Ángel Morales, la mamá de Talía, Anabella Recabarren aseguró que se encadenará frente a su casa.

“Mañana me voy a encadenar acá en mi casa y no me voy a desatar hasta no ver que ese hijo de mil put*s pague por lo que le hicieron a mi hija”, aseguró la mujer. Sostuvo que no abandonará la medida hasta obtener una respuesta de la Justicia. “No voy a comer, no voy a hacer nada. Estoy cansada. Si para él va a haber Justicia, para mi hija también tiene que haber”, remarcó el portal Tiempo de San Juan.

En su reclamo, Anabella sostuvo: “Ya luché demasiado. Me encadenaré acá en mi casa hasta que hagan lo que tengan que hacer con él”. Luego, fue más allá: “Yo tomé la decisión de encadenarme en mi casa y de aquí no me van a sacar; esta vez me van a sacar en un cajón, porque ya están jugando con nuestro sentimiento y con nuestro dolor”.

La resolución reciente del máximo tribunal nacional no implica la absolución del condenado ni deja sin efecto la pena vigente. Lo que ordenó la Corte Suprema es que otra sala de igual jerarquía revise el agravamiento de la condena, con el argumento de que esa sentencia nunca fue controlada por un tribunal distinto al que la dictó, lo que vulneraría el derecho constitucional al doble conforme.

Los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti suscribieron la resolución que hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa oficial, y de esta manera, la nueva sala integrada por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima analizará el caso junto al camarista penal Eduardo Raed. Los planteos de la defensa están previstos para agosto, indicó el mismo portal.

A la reacción de la familia se sumó la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, que difundió un comunicado titulado “La memoria de Thalía Recabarren exige justicia, no retrocesos”. En el texto, la organización expresó su “profunda preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier decisión que implique un retroceso en la búsqueda de justicia” y reclamó que el proceso no sufra ningún retroceso.

Recabarren desapareció de su domicilio en el departamento sanjuanino de Zonda en junio de 2016. La autopsia sobre el cuerpo determinó que la adolescente murió por asfixia. Morales, quien había participado activamente en los rastrillajes de búsqueda, terminó por confesar el crimen.

Según relataron familiares de la víctima, la pareja había tenido una relación formal que se rompió nueve meses antes del asesinato debido a la conducta violenta del joven. Desde entonces, el condenado no dejó de hostigarla, aunque ninguno de esos episodios llegó a ser denunciado ante las autoridades.

Solo hubo un audio que salió a la luz, el cual reflejaba el hostigamiento que vivía Talía. En una conversación con una amiga, la víctima le dijo: “Me cansé de esta vida, no doy más. Yo no le hago daño a nadie, él se hizo pasar por una chica y me empezó a decir cosas. Yo ya me había olvidado de él, voy a la Iglesia para estar bien y me hace esto. Estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, porque si me ve así no sé qué haría. Yo ya me alejé de él porque no quiero tener más líos, pero él quiere meterme en líos otra vez”.

Morales recibió en primera instancia una condena de 10 años de prisión, dictada por el juez de Menores Jorge Toro. Posteriormente, la Sala II de la Corte sanjuanina hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y elevó la pena a 16 años de prisión efectiva el 4 de abril de 2019.

Una semana después de haber encontrado el cuerpo de Daiana Mercedes Arber adentro de una bolsa en un basural de Santa Fe, imputaron al único sospechoso del femicidio.

L.M.H. fue señalado como presunto autor del crimen de la mujer de 32 años, descubierto a fines de junio. Arber era intensamente buscada por sus familiares, quienes habían radicado la denuncia por desaparición el viernes previo al hallazgo.

La Fiscalía de Santa Fe determinó que el imputado, también de 32 años, la habría matado de al menos cuatro disparos antes de trasladar el cadáver y abandonarlo en un basural de la zona oeste de la ciudad. La audiencia se desarrolló ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro.

La reconstrucción provisoria de los hechos fue presentada por la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Laura Gerard, quien sostuvo que el crimen ocurrió entre las 5 y las 14 del 25 de junio en una vivienda de la calle Padre Catena al 4500, en barrio Villa del Parque. Según la teoría del caso, informada por Diario Uno, L.M.H. disparó con un arma de fuego cuyos proyectiles impactaron en la cabeza, el tórax y el abdomen de la víctima, y le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el crimen, de acuerdo con la acusación, el imputado organizó el traslado del cuerpo. Durante la madrugada siguiente, con la colaboración de una persona aún no identificada, llevó el cadáver hasta un basural de la zona oeste de la ciudad, donde fue dejado entre los residuos. Fue allí donde el cuerpo de Arber fue hallado días después del crimen.

A la imputación por femicidio se sumó un segundo cargo, producto de cinco allanamientos realizados el jueves en el barrio donde encontraron a la víctima. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las directivas de la Fiscalía a cargo de la causa, llevó adelante los procedimientos en distintos inmuebles en busca de nuevas pruebas vinculadas al crimen.

Los procedimientos se realizaron en Pasaje Vecinal Villa del Parque al 4400, Pasaje Irala al 1500 y Centenera al 4300, entre otros puntos de la zona. La Policía encontró en la vivienda del imputado una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad. Esto derivó en una segunda acusación por la tenencia de material explosivo.

El cuerpo de Arber fue hallado el domingo 28 de junio por la tarde dentro de una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada, en el basural. Un hombre que revisaba residuos en el lugar dio el aviso que permitió localizarla.

La identidad de la víctima fue confirmada mediante pericias y por las características físicas que había aportado la familia a la Subcomisaría Segunda, entre ellas tatuajes y piercings. Desde ese momento, la causa quedó encuadrada como femicidio.

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó al hallazgo tras una serie de versiones recibidas en las horas previas. Primero, una persona se presentó ante las autoridades y señaló haber escuchado sobre un asesinato en la intersección de Padre Catena y Justicia. Luego, el sábado, otro aviso llevó a rastrillajes en la intersección de Del Trabajo y la cortada Justicia, donde intervinieron Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, sin resultados. Fue recién el domingo, con el aviso del hombre que revisaba la basura, que el cuerpo fue encontrado.

De acuerdo a lo constatado por Diario Uno, la víctima era oriunda de la localidad de Nelson y residía en Santa Fe desde hacía aproximadamente dos años. Según publicó el mismo medio, su familia hizo referencia a un posible vínculo entre la mujer y el femicida, que los había llevado a intentar persuadirla de volver a su ciudad natal.

Al final de la audiencia imputativa, la fiscal solicitó la convocatoria a una nueva instancia procesal, el día miércoles, para debatir la prisión preventiva del acusado.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) condenó este domingo a 13 años y 7 meses de cárcel efectiva a Alex Santana Alarcón por los delitos de femicidio frustrado, desacato y daños contra su expareja, luego de atacarla con una motosierra y un hacha el 14 de febrero de 2024 en la comuna aledaña de Los Muermos.

De acuerdo a antecedentes del juicio, ese Día de San Valentín el condenado llegó hasta el domicilio de la mujer para intentar recomponer su relación amorosa, a pesar de que sobre él pesaba una orden de alejamiento desde el 2023 emitida por un juzgado de Puerto Montt.

Así las cosas, el sujeto logró convencer a la víctima de que lo dejara pasar a la vivienda y una vez dentro intentó hacer las paces. Sin embargo, al ver que que su expareja se negaba a retomar la relación, se desató la violencia.

Según el relato de la víctima, de los gritos Santana pasó a la acción y primero trató de estrangularla, después quiso atacarla con una motosierra que providencialmente no funcionó, y finalmente se abalanzó sobre ella con un hacha.

A pesar de ello la mujer logró huir, razón por la cual Santana destruyó el parabrisas de un automóvil estacionado y luego roció líquido acelerante por toda la casa y le prendió fuego, reduciéndola a cenizas.

Cárcel efectiva

Una vez finalizada la audiencia, el fiscal jefe de Los Muermos, Patricio Llancamán, se mostró satisfecho con la sentencia, a pesar de que el delito de incendio no pudo ser acreditado.

“El imputado se encuentra en este momento en el penal de Puerto Montt cumpliendo prisión preventiva, la cautelar impuesta (…) se mantendrá allí ahora, cumpliendo esta sanción que implica 13 años y 7 meses de cárcel efectiva”, señaló, según consignó BioBíoChile.

El persecutor explicó que Santana no tenía antecedentes penales previos, asunto que fue considerado por el juez de la causa como un atenuante, y valoró el hecho de que Santana fue condenado a las penas más altas por cada delito acreditado.

Hay crímenes que trascienden la crónica policial para convertirse en símbolos de una época. El asesinato de Delmira Agustini pertenece a esa categoría. No solo porque acabó con la vida de una de las escritoras más extraordinarias que dio América Latina, sino porque expuso con una crudeza estremecedora la violencia que podía esconderse detrás de una relación amorosa.

El 6 de julio de 1914, Montevideo amaneció sin imaginar que antes de terminar el día perdería a una de sus mayores figuras culturales. En una habitación alquilada para un encuentro privado, Enrique Job Reyes le disparó dos veces en la cabeza. Instantes después apoyó el arma sobre su sien y se quitó la vida. La noticia recorrió Uruguay y cruzó rápidamente el Río de la Plata, provocando una conmoción que alcanzó a los principales círculos literarios de Hispanoamérica.

Detrás de aquella escena final existía una historia mucho más compleja. La víctima era una autora que había revolucionado la poesía modernista al escribir sobre el deseo femenino con una libertad impensada para comienzos del siglo XX. Su obra desafiaba convenciones sociales, religiosas y culturales en una época donde las mujeres estaban destinadas al silencio. Paradójicamente, quien había encontrado una voz tan poderosa en la literatura no pudo escapar a una violencia que terminaría por convertirla en una figura trágica de la historia rioplatense.

Niña prodigio

Delmira Agustini nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886, en el seno de una familia acomodada formada por Santiago Agustini y María Murtfeldt. Fue hija única, una condición que marcó profundamente su infancia. Creció rodeada de afecto y cuidados, pero también bajo la atenta vigilancia de unos padres que la protegían con celo y que fomentaron desde muy temprano su inclinación por el arte.

Quienes la conocieron de niña recordaban a una pequeña de inteligencia precoz, curiosa y extraordinariamente sensible. Antes incluso de ingresar plenamente a la escuela ya mostraba facilidad para la lectura, el dibujo, la pintura y la música. Aprendió francés, estudió piano y recibió una educación poco habitual para las mujeres de la época, orientada tanto a las artes como a la formación intelectual.

La poesía apareció en su vida casi como un impulso natural. Sus primeros textos sorprendían por la riqueza y la sensibilidad del lenguaje. No tardó en convertirse en una joven conocida dentro de los círculos literarios montevideanos. Con apenas dieciséis años ya publicaba poemas en revistas y periódicos con una combinación singular de delicadeza formal y una intensidad emocional que rompía con los moldes tradicionales.

Aquellos primeros versos anunciaban el nacimiento de una escritora excepcional. Influida por el modernismo que impulsaban Rubén Darío y otros grandes autores hispanoamericanos, Delmira desarrolló rápidamente una voz propia que dirigía la mirada hacia el interior del ser humano. El amor, la pasión, el deseo y la muerte comenzaron a poblar una obra que no tardaría en causar admiración... y también escándalo.

En 1907 publicó El libro blanco, su primera obra, donde ya podía percibirse una personalidad literaria definida. La recepción fue muy favorable y confirmó que Uruguay estaba ante una autora fuera de lo común. Tres años más tarde aparecería Cantos de la mañana, que consolidó definitivamente su prestigio. Sin embargo, sería Los cálices vacíos, editado en 1913 con prólogo de Rubén Darío, el libro que terminaría de ubicarla entre las figuras fundamentales del modernismo en lengua española.

Para entonces, Delmira era admirada por escritores de todo el continente. El propio Rubén Darío quedó impactado por la potencia de aquellos poemas donde el erotismo aparecía expresado desde una perspectiva femenina inédita para la época. No era frecuente que una mujer escribiera sobre el deseo con semejante libertad, mucho menos en una sociedad profundamente conservadora. Sus versos rompían esquemas y despertaban tanto elogios apasionados como críticas feroces.

Sin embargo, mientras su prestigio crecía en el mundo de las letras, en el plano personal comenzaba a desarrollarse una historia que terminaría de la peor manera imaginable. Entre los admiradores que frecuentaban a la joven poeta apareció un hombre de buena posición económica llamado Enrique Job Reyes. Nadie podía imaginar entonces que aquel noviazgo, celebrado por ambas familias, terminaría convirtiéndose en una tragedia que un siglo después continúa estremeciendo a historiadores, escritores y lectores.

El hombre que parecía “el candidato perfecto”

Él quedó profundamente enamorado de aquella joven que ya despertaba admiración en el ambiente cultural uruguayo. Las familias veían con buenos ojos la relación y el noviazgo se prolongó durante un tiempo considerable antes de llegar al altar. Para la sociedad montevideana de entonces parecían una pareja ideal. Ella era la poeta más prometedora del país; él, un joven trabajador, de apellido respetado y situación económica estable.

Sin embargo, la imagen pública escondía diferencias profundas. Delmira llevaba una intensa vida intelectual. Vivía rodeada de libros, escribía a diario y mantenía correspondencia con algunos de los escritores más importantes de Hispanoamérica. Su universo creativo resultaba difícil de comprender para una sociedad donde el rol femenino seguía limitado al matrimonio y la vida doméstica.

La boda se celebró el 14 de agosto de 1913 y ocupó espacios destacados en la prensa social de Montevideo. Todo parecía indicar que la escritora iniciaba una nueva etapa de felicidad. Pero la ilusión duró muy poco. La convivencia comenzó a deteriorarse casi de inmediato. Delmira descubrió que el hombre con quien se había casado distaba mucho de la imagen construida durante el noviazgo. Él esperaba una esposa dedicada exclusivamente al hogar. Con el paso de las semanas comenzaron las discusiones, los reproches y un clima de creciente tensión.

Así, Delmira quedó profundamente decepcionada por la relación conyugal. La crisis avanzó con una rapidez sorprendente. Después de apenas cincuenta y tres días de convivencia, ella abandonó el hogar matrimonial y regresó a la casa de sus padres. La separación causó un enorme revuelo en una sociedad profundamente conservadora, donde romper un matrimonio era un escándalo.

El divorcio, una decisión excepcional para la época

En 1914 Uruguay era uno de los países más avanzados de América Latina en materia de legislación civil. Aun así, divorciarse seguía siendo una decisión extraordinaria y socialmente muy difícil. Pero Delmira decidió seguir adelante. En junio de ese año obtuvo legalmente el divorcio, apenas diez meses después de la boda. Había recuperado su apellido y volvía a concentrarse en la escritura. Sin embargo, el vínculo con Enrique Job Reyes no terminó completamente.

Continuaban viéndose de manera ocasional. Algunas versiones sostienen que intentaban resolver cuestiones económicas relacionadas con el matrimonio; otras hablan de encuentros impulsados por la insistencia de él, que buscaba convencerla de retomar la relación. Lo cierto es que siguieron manteniendo contacto. Ese detalle resultaría decisivo.

El lunes 6 de julio de 1914, Enrique Job Reyes le pidió a Delmira un nuevo encuentro y ella aceptó. Se encontraron en una habitación ubicada en una casa de alquiler de la calle Andes, en pleno centro de Montevideo, un lugar donde ya se habían visto anteriormente con cierta discreción. Aquel cuarto se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más impactantes de la historia cultural uruguaya.

En medio del encuentro, Job Reyes extrajo un revólver y disparó dos veces contra Delmira Agustini. Ambos proyectiles impactaron en la cabeza de la poeta, provocándole la muerte. Después permaneció algunos minutos junto al cuerpo. Finalmente colocó el arma sobre una de sus sienes y accionó el gatillo. Cuando otras personas ingresaron a la habitación encontraron los dos cuerpos sin vida.

Durante décadas, buena parte de la prensa insistió en describir el episodio como un “crimen pasional”, una expresión habitual en aquellos años que tendía a romantizar la violencia ejercida por los hombres contra sus parejas. Hoy existe un amplio consenso entre historiadores, críticos literarios y especialistas en estudios de género en considerar el asesinato de Delmira Agustini como uno de los primeros femicidios emblemáticos de la historia del Río de la Plata: una mujer asesinada por un hombre incapaz de aceptar que ella había decidido poner fin al matrimonio y recuperar el control de su propia vida.

Paradójicamente, la poeta que había escrito algunos de los versos más intensos sobre el amor terminó convirtiéndose en víctima de la forma más extrema de la violencia ejercida en nombre de ese mismo sentimiento deformado por la posesión y el control.

Para el Uruguay de comienzos del siglo XX no se trataba únicamente de un hecho policial. Había sido asesinada una figura que simbolizaba el crecimiento intelectual de un país que comenzaba a destacarse en el plano cultural. Con apenas 27 años, Delmira había logrado algo reservado para muy pocos escritores de su generación: ser leída, comentada y admirada dentro y fuera de las fronteras nacionales.

La obra que sobrevivió a la tragedia

La muerte no logró silenciar su poesía. Familiares, amigos y estudiosos reunieron manuscritos, borradores y textos inéditos que la autora había dejado cuidadosamente conservados. Gracias a ese trabajo fue posible publicar, de manera póstuma, El rosario de Eros y, más tarde, Los astros del abismo, obras que terminaron de consolidar un legado literario extraordinario.

Los especialistas coinciden en que Delmira Agustini rompió barreras que parecían infranqueables para una mujer de principios del siglo XX. Mientras la mayoría de las escritoras encontraba reconocimiento por abordar temas considerados “adecuados” para el universo femenino, ella colocó en el centro de su poesía el deseo, la pasión, el cuerpo y el erotismo desde una perspectiva propia, desafiando prejuicios sociales y literarios.

Aquella audacia le valió admiración, pero también incomprensión. Muchos lectores de su tiempo no supieron cómo interpretar una voz femenina que hablaba con tanta libertad sobre cuestiones tradicionalmente reservadas a los hombres. Sin proponérselo, Delmira abrió un camino que décadas más tarde recorrerían muchas otras autoras latinoamericanas.

Del “crimen pasional” al femicidio

Durante gran parte del siglo XX, el homicidio fue relatado bajo categorías que hoy resultan profundamente cuestionadas. Las crónicas hablaban de una tragedia amorosa o de un crimen nacido de los celos. La incorporación de la perspectiva de género permitió comprender que detrás de aquellos eufemismos se escondía una realidad mucho más simple y brutal: Delmira fue asesinada porque había decidido terminar una relación que ya no quería sostener.

Su divorcio representaba, además, una afirmación de autonomía poco frecuente para la época. Había elegido recuperar su libertad personal y profesional, una decisión que Enrique Job Reyes no aceptó. Incapaz de asumir el final del vínculo, planificó un encuentro privado y utilizó ese espacio para ejecutar el crimen y luego quitarse la vida.

El asesino creyó que con dos disparos lograría silenciarla. Ocurrió exactamente lo contrario. Su muerte transformó a Delmira en una figura inmortal de la cultura latinoamericana. Generaciones enteras siguieron descubriendo sus poemas, estudiando su obra y encontrando en sus palabras una modernidad que todavía sorprende. Lo que en 1914 parecía el final de una carrera excepcional terminó convirtiéndose en el comienzo de un legado que atravesó todo el siglo XX y continuará vigente para siempre.

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado, fueron trasladados en las últimas horas al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, una unidad de máxima seguridad.

El operativo se realizó durante la madrugada del viernes 3 de julio y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba, pocos días después de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva para ambos. La misma medida alcanzó a Soledad Andreani, también acusada de encubrimiento agravado, mientras que la situación procesal de Marianela Palmero aún permanece pendiente.

Según informó El Doce, tanto Barrelier como Fassetta quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad.

De acuerdo con la información difundida por ese medio, la decisión respondió a cuestiones de seguridad y de alojamiento dentro del sistema penitenciario. Desde el Ministerio de Seguridad provincial señalaron que ambos se encontraban en el sector de enfermería del penal de Bouwer, donde no podía garantizarse un monitoreo permanente, por lo que se dispuso su traslado a Cruz del Eje.

Sin embargo, la defensa de Fassetta cuestionó que la medida también alcanzara a su cliente.

Consultado por Infobae, el abogado Eduardo Medina Allende confirmó que la explicación que recibió fue la misma. “A nosotros nos han dicho que fue por una cuestión de seguridad, pero yo no sé. Donde estaban, estaban seguros. El traslado de Fassetta no tenía sentido. El de Barrelier podía ser, pero Fassetta...”, sostuvo el defensor.

Fassetta está acusado de haber favorecido a Barrelier después del crimen de Agostina. Según la reconstrucción del fiscal Garzón, habría desviado las primeras horas de la investigación al orientar las sospechas hacia un adolescente ajeno al hecho y mantenido múltiples comunicaciones telefónicas con el principal acusado mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven.

La defensa, sin embargo, rechaza esa hipótesis. En el recurso presentado contra la prisión preventiva al que accedió Infobae, Medina Allende sostuvo que la acusación se basa en conjeturas y que no existe prueba directa de que su cliente conociera el homicidio ni de que hubiera participado del supuesto encubrimiento.

Por su parte, Barrelier continuará detenido mientras avanza la investigación en la que está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. La fiscalía sostiene que el acusado engañó a Agostina para llevarla hasta su vivienda del barrio Cofico, donde la asesinó y luego lo enterró en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra utilizando un Ford Ka que le había prestado Soledad Andreani.

La semana pasada, Marianela Palmero —pareja de Barrelier y cuarta detenida en el expediente— fue indagada por la fiscalía, se negó a declarar y quedó imputada por encubrimiento agravado. Según la acusación, no participó del femicidio, pero habría colaborado posteriormente para ocultar lo ocurrido.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza imputó este domingo a Samuel Andrés Capellán, de 31 años, por el femicidio de Paula Espinoza, la docente asesinada el jueves a la tarde en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

Según informó la fiscalía, el sospechoso fue acusado del delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Además, el adelanto de la necropsia al cuerpo de la joven determinó que la causa de muerte se produjo por heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. El acusado permanecerá alojado en la Penitenciaría mientras avanza la investigación.

El caso conmocionó a Mendoza. Tal como contó Infobae, Capellán permaneció prófugo durante varias horas y finalmente se entregó en la madrugada del sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos, sobre la ruta internacional que conecta Mendoza con Chile. Antes de ser trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo fue asistido por lesiones que presentaba en su cuerpo.

En paralelo al avance de la causa, comenzaron a conocerse nuevos detalles de la reconstrucción del crimen. De acuerdo con información publicada por el diario El Sol, los investigadores sostienen la hipótesis de que el ataque habría sido planificado y que el acusado utilizó dos vehículos para concretarlo y luego escapar.

Siempre según ese medio mendocino, Paula Espinoza, de 26 años y docente, mantenía una relación de pareja con Capellán, un ciudadano dominicano que trabajaba como chapista y mecánico. Ambos convivían con el hijo que tenían en común.

La reconstrucción incorporada al expediente indica que el viernes la víctima llevó al sospechoso hasta su lugar de trabajo a bordo del Ford Fiesta Kinetic azul de la pareja. Horas más tarde, el hombre habría pedido prestado a un compañero un Volkswagen Polo rojo y con ese vehículo regresó hasta las inmediaciones de la vivienda.

La hipótesis de los investigadores es que dejó estacionado ese auto a pocos metros del domicilio, caminó hasta la casa, saludó a los familiares de Paula y se dirigió al departamento donde convivían. Ese recorrido, habitual para él, no despertó sospechas.

El Sol también informó que la pesquisa sostiene que la relación atravesaba una profunda crisis y que la joven ya no quería continuar conviviendo con el acusado.

Uno de los datos más impactantes de esa reconstrucción es el resultado preliminar de la autopsia citado por el medio local. Los forenses determinaron que Espinoza recibió 15 heridas de arma blanca: diez cortes en el rostro y cinco puñaladas en el cuello, que le provocaron un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre. En la escena del crimen fue secuestrado un cuchillo tipo serrucho que, de acuerdo con esa versión, habría sido utilizado en el ataque.

La secuencia posterior también fue reconstruida por los investigadores. De acuerdo con El Sol, tras el crimen Capellán salió del departamento, volvió a cruzarse con los familiares de la víctima sin levantar sospechas y se retiró en el Ford Fiesta Kinetic. Poco después, una hermana de Paula subió hasta la vivienda y la encontró gravemente herida.

La pesquisa también analiza el recorrido que realizó el sospechoso durante la fuga mediante cámaras de seguridad y el análisis de teléfonos celulares. Esa tarea permitió reconstruir parte de sus movimientos hasta que finalmente se presentó de manera espontánea en la Comisaría 53 de Potrerillos y confesó el crimen.

Siempre según el medio mendocino, los investigadores creen que el hombre tenía intenciones de dirigirse hacia la frontera con Chile, aunque esa circunstancia no fue confirmada oficialmente por la fiscalía.

Una joven de 24 años fue hallada muerta durante la tarde del jueves en una casa ubicada en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. De inmediato, comenzó un operativo para dar con el presunto autor: su pareja. Tras más de 24 horas de fuga, el hombre se entregó en la madrugada de este sábado, confesó el femicidio y quedó detenido.

La investigación se inició cuando familiares de la víctima la encontraron gravemente herida en el interior de la vivienda y alertaron al 911. Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constató el fallecimiento en el lugar.

Desde el primer momento, la Justicia activó el protocolo de femicidio y desplegó un operativo de búsqueda orientado a dar con la pareja de la joven, quien era buscado en el marco de la pesquisa.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la División Homicidios y agentes de Policía Científica, que relevaron el escenario del crimen. El hecho tuvo lugar en la zona conocida como El Challao.

Finalmente, el hombre se entregó durante la madrugada de este sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos y quedó detenido como presunto autor del crimen.

El sospechoso, que fue identificado con las iniciales S.A.C.F., llegó al puesto policial en un auto particular y manifestó de forma espontánea haber cometido el asesinato. Al momento de la presentación, tenía lesiones visibles, por lo que recibió asistencia médica antes de quedar aprehendido.

La Justicia dispuso el secuestro del vehículo para la realización de pericias y la preservación de los elementos de interés para la causa, tras lo cual S.A.C.F. fue trasladado a la Oficina Fiscal N° 11, donde quedó a disposición del tribunal interviniente.

Según le contaron fuentes cercanas al caso a Infobae, el hombre aún no declaró ni fue imputado. Si bien está a disposición de la fiscalía interviniente, el procedimiento correspondiente se realizará durante el domingo.

Otro femicidio en Mendoza

El pasado 21 de abril, detuvieron a Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años, principal sospechoso en la causa por el femicidio de Carla Johanna Magallanes, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida apareció aquel mismo día en su vivienda del distrito Montecaseros, en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza. El procedimiento fue realizado por agentes de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia.

El operativo policial se inició cuando la madre y una hermana de Magallanes se presentaron en la casa ubicada en carril Norte y callejón Moreno, ante la preocupación por no tener contacto con ella. Al entrar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, con lesiones visibles en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un corte en el cuello.

Los primeros datos de la pesquisa determinaron que la víctima llevaba entre dos y cinco días fallecida. El cuerpo, en posición semisentada, tenía manchas de sangre y evidencias de violencia.

La madre de Magallanes contó que la última vez que vio a su hija fue antes del fin de semana previo al crimen, junto a su pareja. Además, vecinos del lugar declararon haber oído una fuerte discusión entre la pareja durante la noche de ese viernes. A partir de ese momento, la vivienda no registró movimientos ni ruidos, de acuerdo con información del medio local Mdz.

La detención del presunto autor del femicidio tuvo lugar en la calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, tras el despliegue de tareas de vigilancia y búsqueda posteriores al hallazgo.

El Atlántico dominicano, con su rítmico vaivén y su imponente belleza azul, amaneció convertido en el mudo testigo de una de las peores lacras sociales que desangran a la República Dominicana. Sobre la arena de la playa de Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el cuerpo sin vida de Yissel Jiménez, de apenas 29 años, interrumpió la postal paradisíaca para recordar la crudeza de una epidemia silenciosa: el feminicidio.

La mañana transcurría con normalidad en la cercana comunidad de Baoba del Piñal, de donde la joven era oriunda. Sin embargo, el rumor del hallazgo de un cadáver a la orilla del mar no tardó en quebrar la tranquilidad de los lugareños. La indignación y el dolor se propagaron con la rapidez del viento costero cuando los familiares confirmaron la identidad de la víctima.

El cuerpo de Yissel presentaba múltiples y mortales heridas de arma blanca en el cuello y en distintas partes de su anatomía, un ataque certero que extinguió sus proyectos, sus risas y su futuro en un instante de extrema violencia.

De acuerdo con los informes preliminares recabados por las autoridades y compartidos por el vocero de la institución del orden, el coronel Diego Pesqueira, el cuerpo de Yissel fue abandonado justo en el límite donde la marea besa la tierra, lugar exacto donde se presume que le fue ocasionada la lesión fatal.

La escena fue acordonada rápidamente por efectivos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), representantes del Ministerio Público y el médico legista de turno, quien certificó el deceso y ordenó el traslado de los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los exámenes de rigor.

Durante el meticuloso procesamiento de la zona por parte de los peritos de la Policía Científica, se recolectaron evidencias tangibles que narran los últimos y desesperados momentos de la víctima. Entre la arena y la maleza cercana se ocupó el arma blanca presumiblemente utilizada para cometer el crimen, el teléfono celular de la joven y la motocicleta en la que solía desplazarse. Todo quedó allí, congelado en el tiempo, mientras el presunto agresor huía con rumbo desconocido.

Las miradas y las investigaciones oficiales apuntaron de inmediato hacia un único nombre, el de su pareja sentimental. Las autoridades han identificado como principal sospechoso a Yovanny María Martínez, de 38 años.

Una epidemia nacional: las cifras del horror en 2026

El asesinato de Yissel Jiménez no representa un hecho aislado ni una simple disputa trágica en una provincia costera. Este acontecimiento ocurre en un contexto de profunda alarma social y bajo advertencias explícitas de los colectivos de derechos humanos.

Pocos días antes de este suceso, la Fundación Vida Sin Violencia había lanzado una preocupante alerta pública sobre el incremento de los feminicidios íntimos en el territorio dominicano, reportando que durante el primer semestre del año 2026 ya se contabilizaban 47 mujeres asesinadas a manos de quienes alguna vez juraron amarlas y protegerlas.

Si el Ministerio Público califica formalmente el caso de Cabrera como un feminicidio íntimo, la muerte de Yissel elevaría el total nacional a 48 víctimas en lo que va de año. Esta cifra refleja una tendencia al alza que preocupa a sociólogos, psicólogos y activistas por igual.

Las estadísticas demuestran un patrón persistente y macabro: el hogar o el entorno afectivo compartido se han transformado en los espacios de mayor vulnerabilidad para las mujeres, siendo las parejas actuales y, con especial saña, las exparejas sentimentales, los verdugos recurrentes y actores intelectuales de estas tragedias directas que terminan en muerte.

A un mes del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, su padre Gabriel publicó una carta abierta en la que recordó a su hija, se refirió a la causa judicial en curso -que tiene a cuatro detenidos acusados del crimen- y pidió Justicia.

En el texto, Gabriel Vega expresó que desde el inicio del caso se puso a disposición de los investigadores: “Cada vez que fui requerido por la Justicia me presenté, colaboré y afronté cada investigación”. Además, insistió en que nunca intentó evadir su responsabilidad y que su intervención en la causa “busca que la verdad prevalezca”.

Asimismo, respaldó a sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torenai: sostuvo que sus letrados nunca hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria y que, por el contrario, actuaron con respeto y acompañaron la búsqueda de justicia. Destacó también que la investigación debe centrarse en los hechos y en el respeto a la dignidad de la víctima, sin dar lugar a especulaciones ni descalificaciones.

“Hoy (los abogados) continúan trabajando para restituir su memoria y para que la sociedad conozca a la verdadera Agostina: una joven llena de sueños, una persona que se hizo profundamente y cuya dignidad merece ser respetada por encima de cualquier especulación o interés. Porque ninguna víctima puede ser definida por prejuicios, juicios o descalificaciones. Toda víctima merece respeto. Y Agostina también”, se lee en el documento.

La carta subraya que Agostina fue asesinada bajo el cuidado de su madre en una vivienda que no era la de Vega, y que la persona imputada por el femicidio permanece detenida. En este sentido, pidió que no se utilicen situaciones personales para alimentar disputas públicas, ya que eso solo provoca dolor a su familia y desvirtúa la memoria de su hija.

En otro pasaje, Gabriel Vega manifestó: “Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija”. También señaló que la exposición pública de la causa resultó sorpresiva, ya que el Ministerio Público Fiscal había recomendado evitar nuevas revictimizaciones.

El padre de Agostina remarcó que la familia está reuniendo pruebas para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, según su criterio, resulten incompatibles con el objetivo de esclarecer los hechos.

En la carta, indicó: “Nos encontramos reuniendo toda la evidencia pertinente para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, de acuerdo con nuestro criterio, podrían resultar incompatibles con ese propósito. Será la Justicia, y únicamente la Justicia, quien determine el alcance y las consecuencias que correspondan”.

Y siguió: “Solo pido que se permita trabajar a la Justicia con independencia, sin presiones ni condicionamientos, sin influencias de instituciones y confío en que la verdad será esclarecida. Todos los elementos serán analizados con el máximo rigor y objetividad”.

“Si el aporte de mi testimonio puede servir para esclarecer lo ocurrido, el mejor lugar para exponerlo será ante la justicia. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el Fiscal de la causa. Agostina merece todo nuestro esfuerzo y respeto”, concluyó.

Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega, se negó este jueves a declarar durante su primera indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, quien la investiga por el delito de encubrimiento agravado.

La mujer fue trasladada durante la mañana a la fiscalía, donde compareció por primera vez en calidad de imputada, luego de haber sido detenida la semana pasada. Al comienzo de la investigación, había prestado declaración como testigo dos veces, el 27 y 29 de mayo.

Según informó El Doce, el abogado defensor Alberto Jaime Felsztyna explicó al finalizar la audiencia que su clienta “negó los hechos, se abstuvo de declarar y se mantiene la misma imputación, que es encubrimiento agravado”.

El letrado evitó pronunciarse sobre uno de los elementos que más comprometen a Palmero: el mensaje de WhatsApp que le envió a Barrelier la noche del crimen preguntándole “¿Qué fue ese grito?”. Según indicó, primero analizará el expediente antes de hacer consideraciones sobre esa prueba. También adelantó que solicitará la libertad de su defendida cuando avance el proceso.

Palmero está acusada de haber colaborado en el encubrimiento del femicidio. La mujer se encontraba dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 la noche del 23 de mayo, junto a la hija de 11 años que tiene con Barrelier.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a esa casa cerca de las 22.55 engañada por Barrelier y nunca volvió a salir con vida.

La detención de Palmero se produjo el pasado 25 de junio, después de que la fiscalía incorporó nuevas pruebas al expediente, entre ellas las pericias acústicas practicadas en la vivienda. Para los investigadores, esa prueba contradijo parte de la versión que la mujer había brindado cuando declaró como testigo y alimentó la sospecha de que pudo haber advertido lo que ocurría dentro de la casa y luego haber colaborado para ocultar el hecho.

Hasta el momento, el fiscal Garzón ya dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y mediar violencia de género, y para los otros dos imputados por encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

En ese contexto, ayer, la mujer habló por primera vez públicamente desde el femicidio de su hija. En una entrevista con TN, aseguró que recién ahora comenzó a conocer detalles de la investigación y del accionar que, según la fiscalía, desplegó Barrelier. “Yo no sabía el mundo oscuro que tenía esta persona”, afirmó en referencia a quien fue su pareja.

También contó que el acusado le había asegurado que la causa por la que estuvo preso en 2025 había sido “una cama” y que ella le creyó.

El domingo 24 de mayo, mientras la familia de Agostina Vega recorría Córdoba buscando desesperadamente a la adolescente de 14 años, Claudio Barrelier caminaba por las calles del barrio Cofico con la vista puesta en las cámaras de seguridad.

Las imágenes, incorporadas al expediente al que accedió Infobae, lo muestran a las 17.59, menos de 24 horas después del femicidio, recorriendo la cuadra ubicada frente a su casa y observando distintos dispositivos de videovigilancia instalados sobre la vía pública.

Para ese momento, según la reconstrucción del fiscal Raúl Garzón, Agostina ya había sido asesinada dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 y su cuerpo todavía permanecía oculto en el inmueble.

Las secuencias fílmicas constituyen uno de los elementos más contundentes de la acusación. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, los movimientos registrados ese domingo cobran especial importancia porque, un día después, el propio Barrelier utilizó esa supuesta búsqueda de cámaras para sostener ante Gabriel Vega, padre de la adolescente, la teoría del Volkswagen Gol rojo, una versión que, según la fiscalía, buscó desviar el foco de la investigación.

Durante esa conversación —cuya transcripción publicó este medio—, el acusado le aseguró que había intentado conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Mientras hablaba, tomó su celular y le exhibió chats y llamados que habría realizado: “Para que veas que no te estoy mintiendo en nada. Mirá, el número del frente de donde tienen las cámaras. Yo llamé a la mujer preguntándole si me podía facilitar las cámaras, por ahí se podía ver la patente del auto”, le dijo.

¿Qué muestran las cámaras?

El relevamiento de cámaras permitió reconstruir buena parte de los movimientos del acusado durante el domingo posterior al crimen.

Como se ve en las imágenes que figuran en la nota, a las 19.23, efectivos policiales llegaron hasta la vivienda del barrio Cofico para trasladarlo a prestar declaración testimonial.

De acuerdo con fuentes del caso, Barrelier salió rápidamente de su casa, abordó un automóvil de civil color gris y acompañó a los agentes. Una hora y media más tarde, a las 20.47, otro automóvil lo dejó nuevamente frente al domicilio.

Apenas cuatro minutos después, a las 20.51, Barrelier volvió a salir, esta vez acompañado por su hija de 11 años. La caminata duró exactamente ocho minutos: a las 20.59, ambos fueron registrados regresando a la vivienda.

Este paseo no fue casual. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, Barrelier salió a realizar un trayecto similar al que había hecho con Agostina la noche anterior, cuando la pasó a buscar en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo antes de llevarla a su casa. Las mismas fuentes sostuvieron que ese movimiento podría explicar por qué, cuando días más tarde trascendió el video en el que se lo observa caminando junto a la adolescente, el acusado aseguró que la joven registrada por la cámara era en realidad su hija.

“Todo fue para generar confusión”, resumieron.

La actividad continuó esa misma noche. A las 22.37, las cámaras volvieron a captarlo cuando salió caminando en dirección a la calle Nicolás Avellaneda. Minutos después pasó nuevamente por el frente de su casa y continuó hacia Justo José de Urquiza. Esa noche también recibió la visita de su madre, Viviana Brizuela, según supo este medio.

La vivienda nunca permaneció vacía. Además de Viviana, allí estaban Marianela Palmero —pareja de Barrelier, hoy imputada por encubrimiento agravado—, la hija de ambos, Eugenia Ludmila “La Gringa” Ascarruz, y su pareja Matías Córdoba junto a su hermano, que también quedaron registrados entrando y saliendo durante esa jornada.

Ese dato constituye uno de los interrogantes centrales del expediente. Para la fiscalía, todavía resta determinar qué sabían quienes convivían con el principal acusado y si advirtieron movimientos compatibles con las maniobras de limpieza y ocultamiento que describe la investigación.

Lunes 25 de mayo: el día del descarte

Según declaró Soledad Andreani, el domingo 24 por la noche Barrelier ya le había pedido prestado su Ford Ka negro con el argumento de que necesitaba llevarle ropa a un tío. Ella se negó.

Al día siguiente volvió a comunicarse con ella. Cerca de las 10 de la mañana llegó hasta su casa y le explicó que estaba “en un quilombo” porque la hija de una amiga había desaparecido y él era la última persona que la había visto. Para ese momento, la desaparición de Agostina ya era de público conocimiento y el nombre de Barrelier comenzaba a aparecer entre las personas que habían tenido el último contacto con la adolescente.

Luego él volvió a pedirle el automóvil y, esta vez, Andreani accedió.

En su declaración, a la que accedió Infobae, la mujer aseguró que Barrelier utilizaba habitualmente ese vehículo e incluso contaba con una autorización para manejarlo. También relató que regresó una hora después y retiró del auto una mochila gris con celeste donde solía guardar ropa para bañarse en su casa.

La reconstrucción de la fiscalía sostiene un escenario muy distinto. Según la acusación, fue durante ese lapso cuando Barrelier cargó en el Ford Ka los restos de Agostina y una pala, manejó hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y enterró el cuerpo en dos sectores distintos.

Más tarde, ese mismo lunes, Andreani declaró que ambos fueron a comprar bolsas de arena, cemento y otros materiales para una obra. Una cámara de seguridad los registró llegando juntos a una ferretería. Después regresaron al domicilio de la mujer. Horas después recibieron en la casa de Andreani a Gabriel Vega, el padre de Agostina, quien buscaba respuestas sobre la desaparición de su hija.

Al día siguiente, martes 26 de mayo, la investigación dio un giro definitivo con la detención de Claudio Barrelier. Como el allanamiento de la vivienda aún no había sido autorizado, los investigadores debían encontrarlo fuera de la casa para concretar el arresto. Según pudo reconstruir Infobae, Gabriel Vega colaboró con esa maniobra: mantuvo contacto con el acusado hasta lograr que saliera del domicilio, momento en el que fue interceptado por efectivos policiales y quedó detenido.

El principal sospechoso, su pareja sentimental, permanece prófugo mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de un crimen que vuelve a enlutar al país.

La tranquilidad de la colonia La Sosa, en la capital hondureña, se vio abruptamente interrumpida por un persistente y fuerte olor fétido que emanaba del patio de un inmueble de la zona. Alertados por la alarmante situación, los vecinos decidieron dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Nacional y del cuerpo forense se trasladaron con urgencia al lugar de los hechos. Tras asegurar el perímetro y obtener la correspondiente autorización judicial, los peritos procedieron a inspeccionar el suelo, donde realizaron el macabro hallazgo del cadáver semienterrado de una mujer.

Pocas horas después, se confirmó formalmente que los restos correspondían a Cinthia Melissa Hernández Cruz, una joven de apenas 18 años de edad. Cinthia había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de junio, cuando se perdió todo rastro de ella tras haber viajado desde el municipio de Villanueva.

El hallazgo ocurrió el día de ayer, 30 de junio, cerrando de la peor manera posible cinco dolorosos días de angustiosa búsqueda por parte de sus familiares. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar científicamente la causa exacta de su fallecimiento.

Las sospechas apuntan hacia el entorno cercano

A medida que la policía y medicina forense avanzan en las investigaciones para esclarecer quién asesinó a la joven y cómo llegó su cuerpo hasta ese punto de la capital, las sospechas del círculo familiar se han concentrado firmemente sobre una persona: la pareja sentimental de Cinthia.

De acuerdo con las declaraciones recabadas en el entorno de la víctima, la joven convivía con este muchacho desde hacía aproximadamente seis meses en la vivienda donde fue encontrada, y ambos tenían planes consolidados de formar una familia a corto plazo.

El comportamiento del sospechoso tras la desaparición de Cinthia encendió todas las alarmas de la familia. Según relató la madre, el joven argumentó inicialmente que la menor de edad había salido tras pedirle permiso, y que a pesar de realizarle múltiples llamadas telefónicas, ella nunca regresó a la casa.

Sin embargo, tan pronto como las autoridades locales comenzaron a aproximarse a la vivienda tras las denuncias vecinales por el mal olor, el novio desapareció por completo de la zona. Actualmente las autoridades informaron que se encuentra prófugo y su paradero es desconocido, lo que lo convierte ante los ojos de los investigadores en el principal sospechoso del crimen.

A pesar del profundo dolor y la desconfianza generalizada ante el sistema judicial, la familia de Cinthia mantiene la esperanza de que las autoridades competentes realicen todas las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su trágica muerte.

Aunque de manera preliminar se presume que la joven pudo haber fallecido a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, los familiares insisten en que es fundamental esperar los resultados oficiales de la autopsia médico-legal para confirmar con certeza científica la causa exacta de su deceso.

En medio de este desgarrador escenario, la madre de la víctima y sus allegados se encuentran apostados a las afueras de la morgue capitalina, aguardando con profunda tristeza la entrega del cuerpo de la joven.

El clamor principal de la comunidad y de sus seres queridos es que el caso no quede en el olvido ni se sume a las estadísticas de impunidad. Por ello, exigen que se mantengan abiertas todas las líneas de investigación, se determine la participación de terceras personas y se logre la pronta localización y captura de su pareja sentimental, quien continúa desaparecido desde el hallazgo.

“¿Agostina no te contó...?”. La pregunta descolocó a Gabriel Vega. El padre de la adolescente acababa de llegar a Córdoba tras enterarse de la desaparición de su hija mientras se encontraba de viaje en San Luis. Sin rastros de Agostina y decidido a reconstruir por su cuenta qué había ocurrido, el lunes 25 de mayo a la tarde fue hasta la casa de Soledad Andreani para hablar cara a cara con Claudio Barrelier, ex pareja de la madre de la joven y la última persona que la había visto con vida.

Gabriel, que fue policía, grabó toda la conversación. No sabía que estaba frente al hombre que dos noches antes había asesinado a su hija y que ya había comenzado a desplegar maniobras para ocultar el crimen.

El audio, de poco más de veinte minutos, fue incorporado al expediente y transcripto por personal del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba. Infobae accedió a ese documento que ahora adquiere una dimensión completamente distinta, luego de que el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Barrelier por homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por haber cometido el crimen en un contexto de violencia de género (femicidio).

En todo el diálogo, el principal acusado negó cualquier responsabilidad, instaló hipótesis que luego serían descartadas por la investigación, buscó sembrar dudas sobre la madre de Agostina y se presentó como alguien dispuesto a colaborar. A su lado estuvo Soledad Andreani, quien intervino en distintos momentos para respaldar ese relato.

Ayer, la fiscalía también le dictó la prisión preventiva a ella y a Osvaldo Fassetta, ambos imputados por encubrimiento agravado. La única de las cuatro personas detenidas cuya situación procesal aún resta resolver es Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también acusada por ese delito.

Las mentiras de Barrelier

La primera estrategia de Barrelier aparece apenas comienza el diálogo. Antes de responder qué ocurrió la noche en que vio por última vez a la adolescente, intenta correr el eje de la conversación. Cuando le pregunta “¿Agostina no te contó...?”, busca introducir un supuesto episodio del pasado para instalar la idea de que la adolescente ocultaba situaciones importantes a su familia y que él conocía aspectos de su vida que ni siquiera su padre sabía.

En ese contexto, Barrelier le aseguró a Gabriel que Agostina nunca llegó a ingresar a su casa. Según su relato, ambos caminaban hacia la vivienda cuando apareció un Volkswagen Gol rojo, la adolescente subió y desapareció. Incluso, afirma haber intentado conseguir cámaras de seguridad para identificar la patente y procura mostrarse como alguien comprometido con la búsqueda. “Yo tengo mi nena de 11 años y me pongo en tu lugar, hermano... También estoy desesperado. Salí a buscar cámaras, salí a buscar todo porque es impresionante. No puede ser que hayan pasado tantas horas y no se sepa nada”.

La investigación terminó descartando completamente esa versión.

Las cámaras analizadas por la fiscalía muestran que Agostina llegó en remise hasta la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro. Allí la esperaba Barrelier. Ambos caminaron hasta la vivienda y una cámara registró el momento en que ingresaron juntos al domicilio a las 22.55. Desde entonces, la adolescente nunca volvió a salir con vida.

Deslegitimar a la madre

La conversación también expone el intento permanente por desplazar las sospechas hacia Melisa Heredia, madre de Agostina. “Ella sabe un montón de cosas más que vos recién te enterás. Entonces no entiendo por qué no dice todo, toda la verdad”, le asegura Barrelier a Vega. “Para mí, sinceramente, te lo digo con una mano en el corazón, algo más sabe Meli y no te lo está diciendo”, insiste.

En ese contexto, el rol de Soledad Andreani es, cuanto menos, llamativo. La mujer no solo escucha. También interviene acompañando el relato de Barrelier y hasta sugiere que Agostina podría haberse ido por voluntad propia: “Para mí no está volviendo por miedo, porque sabe que se la mandó… Para mí, ha discutido con la madre y se le ha escapado”, dice.

Barrelier profundiza esa idea: “No es la primera vez... se iba al Quemadero, se iba a Savio… (...) Para mí la Agostina le ha mentido y ha tenido organizado para que la pasen a buscar, porque no puede ser que el auto llegue tan rápido”, sostiene en referencia al supuesto auto rojo.

Mientras Vega intenta seguir un hilo conductor, Barrelier y Andreani apuntan hacia Melisa y cuestionan su reacción durante las primeras horas de la búsqueda. Barrelier, incluso, llega a decir: “El padre (de Melisa) tiene auto. La podrían haber subido ahí nomás y haber salido a buscarla. ¿Para qué esperar tantas horas?”.

Acto seguido, desbloquea su teléfono y se lo extiende a Gabriel. Le muestra chats con Melisa y llamados para convencerlo de que había intentado conseguir las cámaras de seguridad del barrio y que estaba colaborando activamente con la búsqueda. “Para que veas que yo no te estoy mintiendo en nada”, insiste. “Mirá, el número del frente de donde tienen las cámaras. Llamé a la mujer preguntándole si me podía facilitar las cámaras, por ahí se podía ver la patente del auto…”, le dice.

Para ese momento, según la reconstrucción de la fiscalía, el acusado ya había retirado el Ford Ka de Andreani, había trasladado el cuerpo de Agostina hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y comenzaba a instalar hipótesis alternativas para alejar las sospechas sobre él.

Hacia el final del encuentro, Gabriel le pregunta qué relación tenía con su hija. Barrelier responde que Agostina le contaba muchas cosas. Andreani agrega que ella también hablaba con la adolescente cuando coincidían en la cancha y vuelve sobre Melisa: “Tratá de agarrar paciencia de algún lado y sentarte con la mina y hablar; es más, si vos has sido policía, te vas a dar cuenta si la mina miente o no”.

Minutos después llega la frase que condensa la perversidad del femicida. “No te voy a mentir, menos con eso. Yo también soy padre y no me voy a poner a mentirte en algo así”.

La causa judicial por el asesinato de Margarita Iris Gutiérrez, docente jubilada y exconcejal de Junín, avanza con un eje central: la prisión preventiva dictada contra su hijo mayor, David Enrique Demaldé Gutiérrez. La decisión se sostiene en una serie de pruebas y hallazgos que, según la fiscalía, vinculan de manera directa al acusado con el crimen.

El Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación del fiscal jefe Mariano Carbajal, solicitó la prisión preventiva tras reunir elementos considerados contundentes. Entre los datos clave figuran los resultados de los análisis de ADN practicados en el domicilio de la víctima, el contexto de violencia previa en la relación madre-hijo y las inconsistencias detectadas en la hipótesis de un robo.

Según informó Diario Mendoza Today, la medida fue adoptada porque los rastros biológicos hallados en la vivienda coincidieron con el perfil genético de David. El cuerpo fue hallado en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas localizadas en el torso y la cabeza. La escena mostraba signos de violencia previos al incendio, lo que reforzó la sospecha de un ataque deliberado.

La investigación partió de la alerta de una vecina, quien observó la puerta de la casa abierta durante varias horas. El ingreso de los agentes permitió descubrir el cuerpo y preservar la escena para las primeras pericias. Se descartó desde el inicio la posibilidad de un accidente doméstico y aunque también siguieron la línea de asesinato en ocasión de robo, las pesquisas se orientaron hacia un homicidio agravado por el vínculo.

Los tres hijos de Margarita Gutiérrez fueron sometidos a la toma de muestras de ADN. Sin embargo, la investigación se concentró en David Demaldé, con quien la víctima mantenía conflictos previos. El Ministerio Público confirmó que existían antecedentes de episodios de violencia y distanciamiento entre ambos. Además, la fiscalía tuvo en cuenta informes que señalaban problemas de consumo de estupefacientes por parte del acusado.

Uno de los elementos que inclinó la balanza hacia la prisión preventiva fue la ausencia de pruebas que respaldaran la hipótesis de un robo. Por el contrario, los peritos detectaron que el intento de prender fuego el cuerpo pudo haber tenido como objetivo ocultar evidencias y dificultar la tarea de los investigadores.

La instrucción del caso quedó a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la dirección de Mariano Carbajal. Los funcionarios judiciales subrayaron la importancia de los informes forenses y de la reconstrucción minuciosa de la escena. El Ministerio Público Fiscal remarcó que la prisión preventiva busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y evitar el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.

Además de las pruebas biológicas y contextuales, la fiscalía valoró los testimonios recabados en la etapa preliminar. Vecinos y allegados describieron una relación distante entre la víctima y su hijo mayor. La medida fue confirmada por el juez interviniente, que consideró suficiente el cúmulo de indicios para mantener privado de libertad a David Demaldé hasta que se produzcan avances determinantes en la causa.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Junín, donde Margarita Gutiérrez era reconocida por su labor docente y su paso por el Concejo Deliberante local. Además, la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino, ya que la víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

Mientras se aguardan los resultados finales de la necropsia y la fiscalía continúa con peritajes complementarios, la prisión preventiva de David Demaldé se sostiene como el dato central de la causa. La Justicia mantiene el expediente bajo secreto de sumario y no descarta nuevas diligencias o eventuales imputaciones si aparecen pruebas adicionales.

En el marco de la causa por el femicidio de Corina Mabel Mena, cometido el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes en Neuquén, un jurado popular condenó al acusado a prisión perpetua. Jorge Octavio Linco enfrenta la máxima sentencia por un crimen que se vio envuelto en celos, control y violencia extrema.

La decisión fue tomada durante la jornada del martes 30 de junio, donde el juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la pena tras el veredicto previo de culpabilidad emitido por un jurado popular. “La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua”, afirmó el fiscal.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Gastón Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora, sostuvo que correspondía la pena máxima por la doble agravante del artículo 80 del Código Penal: el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género. El fallo también contempló el ataque a otra víctima que fue identificado como M.D.G.T, un hombre que sufrió una lesión abdominal y sobrevivió.

De acuerdo con la acusación que dio por probada la fiscalía, el ataque ocurrió cerca de las 6:40 en una vivienda del barrio Los Pobladores. Durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y le provocó una herida abdominal que demandó unos 25 días de recuperación.

Tras la agresión, el magistrado señaló el “brutal despliegue de violencia”. Además, señaló que “inmediatamente después de cometido el hecho Linco intentó fugarse para escapar del accionar de la Justicia”. El condenado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, demostrando que “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”.

En su alegato de apertura, Ávila sostuvo ante el jurado que el crimen respondió a celos y a conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima. El fiscal afirmó que no se trató de un episodio aislado, sino de un vínculo marcado por violencia psicológica y antecedentes de maltrato.

El imputado seguirá detenido con prisión preventiva hasta que comience el cumplimiento efectivo de la condena, luego de que un tribunal de impugnación ratificara esa medida al revocar un beneficio de prisión domiciliaria otorgado en una instancia anterior.

El femicidio de Mabel Mena

En la madrugada del sábado 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, la Policía recibió un pedido de auxilio en el barrio Primeros Pobladores. Un joven se encontraba herido en la vía pública y solicitó ayuda desesperadamente. Los agentes constataron que presentaba una lesión grave en el abdomen, ocasionada por un arma blanca.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a Mabel Mena, de 40 años, quien había sido atacada con un arma blanca en su domicilio. El expediente judicial reconstruyó que cuando Mena intervino para recriminar la agresión a su amigo, recibió una puñalada en el pecho que le perforó el corazón y le causó la muerte. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde los médicos lograron estabilizar al joven, mientras que Mena falleció poco después por la profundidad de la herida recibida.

El ataque fue perpetrado por Jorge Octavio Linco, expareja de la víctima, quien ingresó al domicilio y atacó primero al amigo de Mena. El propio sobreviviente señaló ante la policía a Linco como el responsable y brindó una descripción física que resultó clave para su identificación. El agresor huyó tras el doble ataque y organizó su fuga hacia una zona rural.

La policía provincial, con el apoyo de vecinos y utilizando registros de cámaras de seguridad, desplegó un operativo de búsqueda que culminó ese mismo sábado por la tarde. Linco fue detenido a las 14:45 en el paraje Mallin de las Yeguas, en las afueras de Junín de los Andes, cuando intentaba escapar en taxi. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

Un hecho trágico sacudió a la comunidad de Morteros en la provincia de Córdoba, ayer lunes por la tarde, cuando los cuerpos sin vida de Natalia Delso, de 38 años, y su ex pareja Juan Galván, de 46, fueron hallados en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza. El caso, que se investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio, está bajo la órbita del fiscal de instrucción Francisco Payges y ha generado conmoción entre los vecinos y familiares de las víctimas.

La investigación se puso en marcha tras una alerta realizada por familiares de Delso, quienes se presentaron en el domicilio de Galván al no obtener respuesta por varias horas. Según se informó desde la Fiscalía de Instrucción de Morteros, la mujer había salido de su casa alrededor de las 10 con la intención de regresar al mediodía. Ante la falta de comunicación, los allegados decidieron ir hasta la vivienda, ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos. De inmediato, dieron aviso a la Policía de Córdoba.

La zona fue rápidamente preservada por las autoridades, mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en la recolección de pruebas y el relevamiento de la escena. El fiscal Payges supervisó personalmente las actuaciones, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte de ambas personas.

Según informó el portal La Voz de San Justo, la principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que Natalia Delso fue asesinada mediante un golpe contundente y que, posteriormente, Juan Galván se habría quitado la vida.

Entre ambos, no existían antecedentes de denuncias previas por violencia. Sin embargo, se confirmó que Galván había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Este dato refuerza la línea investigativa sobre el contexto de violencia que rodeaba al presunto agresor.

La causa penal en la que Galván fue condenado incluyó episodios de agresión física, y su libertad se encontraba sujeta a condiciones judiciales. La Fiscalía evalúa si existían medidas de restricción vigentes o controles sobre sus movimientos que pudieran haber prevenido el desenlace.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba, miembros de Policía Científica y personal de la justicia local. El fiscal Francisco Payges dispuso la realización de autopsias y otros estudios complementarios para confirmar la causa y la data de muerte de las víctimas, así como para descartar la intervención de terceras personas.

El caso es investigado bajo la carátula de femicidio seguido de suicidio, una tipificación que se utiliza cuando los indicios reunidos apuntan a que la muerte de la mujer fue producto de violencia de género ejercida por su pareja o expareja, y que el autor se quita la vida tras el crimen.

La investigación continuará en los próximos días con nuevas diligencias. El avance de las pericias forenses y el análisis de las pruebas recolectadas serán clave para confirmar la hipótesis principal y determinar si existieron omisiones o responsabilidades institucionales previas al trágico desenlace.

El cuerpo de Daiana Mercedes Arber fue hallado el domingo dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. La mujer de 32 años era buscada por su familia desde el viernes, aunque la denuncia la hicieron al día siguiente en la Subcomisaría Segunda.

La causa quedó encuadrada como femicidio y hay un hombre detenido a disposición de la Justicia. El hallazgo se produjo el domingo por la tarde cuando un hombre que revisaba residuos encontró una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada.

A partir de ese momento se desplegó un operativo policial y judicial en la zona, y las pericias posteriores permitieron confirmar la identidad de la víctima. Además, el cuerpo coincidía con las características que había brindado la familia, como tatuajes y piercings.

Luego de una seguidilla de versiones que recibió la Policía de Investigaciones (PDI), lograron encontrar el cuerpo. De acuerdo con lo informado por Aire de Santa Fe, una persona se presentó ante las autoridades e indicó que había escuchado sobre un asesinato en la intersección de las calles Padre Catena y Justicia. Eso llevó a que la Policía comenzara con los primeros rastrillajes.

El sábado los agentes de la Subcomisaría escucharon otra historia que alertaba sobre la posible presencia de un cuerpo en un basural en la intersección de calle Del Trabajo y la cortada Justicia, donde trabajaron los Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, pero no obtuvieron resultados positivos. Finalmente, el aviso de la individuo que revisaba la basura, permitió localizar a Arber.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Gerard, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y avanza bajo los protocolos específicos para femicidios. Los investigadores no descartan la participación de otras personas en el crimen, por lo que la pesquisa continúa con nuevas medidas orientadas a reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a todos los responsables.

Investigan un femicidio en Córdoba

La Justicia de Córdoba investiga un presunto femicidio seguido de suicidio en la localidad de Morteros tras el hallazgo, el lunes por la tarde, de los cuerpos de Natalia Delso, de 38 años, y su expareja Juan Galván, de 46, en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza.

La hipótesis principal que maneja la fiscalía es que Galván mató a Delso mediante un golpe contundente y luego se quitó la vida.

La alerta la dieron familiares de la víctima, que se acercaron al domicilio al no tener noticias de ella desde la mañana. Delso había salido de su casa alrededor de las 10 con intención de regresar al mediodía; ante la falta de contacto, sus allegados ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos.

De inmediato dieron aviso a la Policía de Córdoba, que preservó la zona mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en el relevamiento de la escena. El fiscal de instrucción Francisco Payges supervisó personalmente las actuaciones y dispuso la realización de autopsias para determinar la causa y la data de muerte.

Un antecedente del caso agrega contexto a la investigación. Galván había recuperado su libertad recientemente tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Entre Galván y Delso no existían denuncias previas registradas.

La Fiscalía evalúa si había medidas de restricción vigentes sobre el imputado al momento de los hechos. Las pericias forenses y el análisis de las pruebas recolectadas determinarán si existieron responsabilidades institucionales previas.

A Agostina Vega la engañaron. La adolescente de 14 años creyó que la noche del 23 de mayo iba a preparar una sorpresa para su mamá. En ese contexto, se tomó un remise y fue hasta la casa de Claudio Barrelier, sin saber que el hombre le había tendido una trampa que comenzó a tejerse horas antes, en una cancha de fútbol amateur del noreste de Córdoba, y que terminó de concretarse en el interior de una vivienda del barrio Cofico, de donde la joven nunca volvió a salir.

La prueba más contundente de ese engaño quedó registrada en un audio que Agostina envió a un grupo de amigas poco antes de salir de su casa. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se la escucha decir.

Para el fiscal Raúl Grazón, esa frase resume el mecanismo que utilizó Barrelier para captar a la adolescente. Aprovechó el vínculo de confianza que mantenía con ella por haber sido pareja de su madre y la convenció de encontrarse con él bajo un pretexto falso.

A partir de ese momento comenzó una secuencia que, según la reconstrucción judicial a la que accedió Infobae, estuvo marcada por movimientos cuidadosamente coordinados antes, durante y después del femicidio, por el que hoy hay cuatro personas detenidas: Claudio Barrelier, acusado del homicidio triplemente agravado; Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, todos imputados por encubrimiento agravado.

La supuesta sorpresa como anzuelo

La reconstrucción judicial ubica el primer paso del plan de Claudio Barrelier durante la tarde del 23 de mayo. Alrededor de las 14, Agostina Vega, su mamá, Melisa Heredia, y su hermano de 7 años fueron al complejo de canchas de fútbol “Serpentina”, situado en la zona rural noreste de Córdoba, a ver un partido de fútbol del, ahora, acusado.

En el lugar también estaba Osvaldo Fasseta.

Finalizado el encuentro, cerca de las 16.20, los cinco se trasladaron al cumpleaños de un amigo en común, celebrado en el barrio Villa Azalais. Allí, según consta en el expediente, Barrelier aprovechó la cercanía con la adolescente para convencerla de que esa misma noche fuera a su encuentro con el pretexto de preparar juntos un regalo para su madre.

El festejo culminó a las 18.20 y Agostina regresó a su casa con su mamá y su hermano menor. Cuatro horas más tarde, a las 22.35, la joven le dijo a Melisa que iba a la rotisería de su abuelo, a metros de su casa en el barrio General Mosconi. Sin embargo, se subió a un remis —un Chevrolet Prisma verde, de la empresa “Viaja Ya”— y le indicó al conductor, César Ariel Torres, que la llevara hasta la intersección de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo. Durante el trayecto, la joven le explicó que iba a la casa del novio de su mamá para prepararle una sorpresa. Eso mismo les había contado a sus amigas antes de salir: que tenía que “escaparse” para organizar algo especial.

Barrelier la esperó en esa esquina, vestido con una campera oscura y una capucha que le cubría parte del rostro. Cuando Agostina llegó, él mismo abonó el viaje. La adolescente bajó del auto tranquila, sin temor. Caminaron juntos por calle Juan del Campillo unas dos cuadras, hasta el número 878. Una cámara de seguridad de la cuadra los registró ingresando a la casa.

En la casa había más personas

Cuando Agostina cruzó la puerta de la vivienda de Juan del Campillo, a las 22.55 de ese sábado, no estaba sola con Barrelier. En base a la reconstrucción del fiscal Raúl Garzón, en ese momento, dentro del domicilio se encontraban Marianela Palmero, pareja de Claudio y acusada de encubrimiento agravado; la hija de ambos, de 11 años; y Eugenia Ludmila “La Gringa” Ascarruz, una de las inquilinas del inmueble. Minutos después llegaron Matías Córdoba —pareja de Ascarruz— y su hermano, Lucas.

Una vez en la casa, el acusado maniobró para aislar a Agostina del resto de los ocupantes.

Según consta en el expediente, la llevó al sector delantero, de uso prácticamente exclusivo, que podía separarse del resto de la vivienda, cerrando con llave la puerta que conectaba el living con el patio interior.

A las 22.57 de aquel sábado, siguiendo con las reglas de convivencia impuestas por Barrelier, Matías Córdoba le avisó por WhatsApp que estaba por llegar junto a su hermano.

En ese contexto, el imputado ubicó a Agostina en el garaje, fuera de la vista de los inquilinos, y cerró el portón de madera. De esa manera, cuando los hermanos Córdoba ingresaron a las 23.04, no advirtieron la presencia de la adolescente.

Para la fiscalía, esa maniobra le permitió mantener oculta la presencia de la menor y no despertar sospechas.

Lo que sigue dentro de la cronología de aquel día permanece bajo un fuerte hermetismo judicial. La autopsia estableció que Agostina murió durante la madrugada del domingo 24 de mayo: fue asfixiada y se hallaron “posibles signos de un abuso sexual”.

La búsqueda y el encubrimiento

Al advertir que Agostina no regresaba, Melisa Heredia comenzó a buscarla. “La llamé por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, declaró. Desesperada, la mujer radicó la denuncia por su desaparición durante la madrugada del domingo 24 de mayo. Para entonces, según la reconstrucción de la fiscalía, la adolescente ya había sido asesinada.

Es en este tramo de la investigación donde cobra protagonismo Osvaldo Fassetta, amigo tanto de Barrelier como de Melisa. La acusación sostiene que no solo desvió la pesquisa con pistas falsas, sino que además actuó como un “topo”, manteniendo informado al principal acusado sobre cada avance de la búsqueda.

Cuando Melisa declaró en la Unidad Judicial, Fassetta estuvo presente y, delante de la secretaria de actuaciones, habría orientado su relato hacia un adolescente de 15 años identificado en el expediente como Franco. Según la imputación, fue él quien le mencionó un supuesto abuso sexual cometido por ese joven contra Agostina, una versión que desvió el curso inicial de la investigación.

Para la fiscalía, esa maniobra no fue improvisada. El expediente señala que Fassetta ya conocía las intenciones de Barrelier —a partir de un mensaje enviado días antes en el que el acusado hablaba de “echar moco”— y que, esa misma tarde, lo había visto conversar con Agostina durante el cumpleaños. También destaca que la noche del crimen y la siguiente no regresó a dormir a la vivienda de Cofico, pese a que tenía llave y podía ingresar al inmueble.

Las comunicaciones telefónicas entre ambos durante esa madrugada quedaron registradas en el expediente: llamadas a las 5.30, 6.06, 6.27, 6.36 —esta última de 38 minutos—, 7.43 y 7.45. Para la fiscalía, esos contactos permitieron que Barrelier siguiera en tiempo real el avance de la búsqueda y de las primeras actuaciones judiciales.

A las 11.40 del domingo 24 de mayo, Fassetta regresó a la casa de Juan del Campillo. Permaneció hasta las 15 en el garaje donde tenía instalada su cama de una plaza, el mismo lugar donde, de acuerdo con la hipótesis fiscal, horas antes Barrelier había atacado a Agostina. Allí advirtió que el acolchado había sido cambiado y observó rastros de sangre en las sábanas y en las paredes del ambiente. Pero no dijo nada.

Ese mismo día, a las 18, Melisa volvió a la Unidad Judicial para ampliar la denuncia. Esta vez aportó un dato que cambiaría la investigación: el remisero que había llevado a Agostina hasta barrio Cofico se había comunicado con ella y le confirmó que la adolescente se había encontrado allí con Barrelier. Según el expediente, esa información también llegó a conocimiento de Fassetta, quien se la transmitió al acusado. A las 18.56 ambos volvieron a hablar por teléfono durante 26 minutos y 54 segundos.

Fue ese mismo domingo por la tarde cuando Barrelier comenzó a buscar insistentemente un vehículo: tenía que deshacerse de los restos de Agostina.

El Ford Ka y el descampado

El lunes 25 de mayo, a las 09.35, Barrelier tomó un auto de aplicación desde su casa hasta la vivienda de su ex pareja, Soledad Andreani, en calle Norberto Zavalía 1209 del barrio Yofre. Ya le había pedido prestado el auto el domingo —un Ford Ka negro— y ella se había negado. Pero a las 10.42 del lunes, con las sospechas sobre Barrelier ya circulando públicamente, Andreani le entregó el vehículo.

Barrelier lo estacionó frente a su domicilio durante aproximadamente 18 minutos. En ese lapso, cargó en el interior del rodado distintos elementos que habrían contenido los restos de Agostina y una pala de mango de madera de 96 centímetros. Luego se dirigió a una zona rural del barrio Ampliación Ferreyra, donde enterró los restos en dos puntos distintos. Un video captado por una cámara de seguridad lo muestra llegando al lugar a las 11.45 y retirarse a las 12.15.

A las 12.32, Barrelier regresó a la casa de Andreani con la espalda empapada en transpiración y el automóvil cubierto de tierra. Sacudió sus zapatillas —también llenas de barro— frente a la vivienda, en presencia de ella.

Minutos después, otra cámara de seguridad registró a Barrelier y Andreani circulando juntos a bordo del Ford Ka. En las imágenes se los observa llegar a una ferretería, donde permanecen algunos minutos antes de continuar el recorrido.

Para la fiscalía, la participación de Andreani no terminó con el préstamo del vehículo. La acusación sostiene que permitió que Barrelier lavara el interior del Ford Ka y que además colocó en el lavarropas prendas que el acusado habría utilizado durante el femicidio y el posterior traslado de los restos: una campera deportiva gris con mangas azules, un buzo marrón, un pantalón de jogging gris, un bóxer y otras pertenencias que llevaba dentro de una mochila.

Ese mismo lunes por la tarde, Gabriel Vega, padre de Agostina, llegó hasta la casa de Andreani en busca de respuestas. Según el expediente, mientras Barrelier intentaba explicar la desaparición de la adolescente, Andreani respaldó su versión e incluso orientó las sospechas hacia Melisa Heredia y una supuesta fuga de la joven. “Negro, poniéndome en tu lugar, yo creo que vos te tenés que sentar con la madre y tratar de conversar...”, le habría dicho al padre de la adolescente.

La colaboración, de acuerdo con la acusación, continuó al día siguiente. Pese a que para entonces Barrelier ya estaba bajo sospecha, Andreani permitió que el Ford Ka fuera llevado a un lavadero, donde volvió a ser limpiado, en lugar de ponerlo a disposición de la Justicia. Para el fiscal Raúl Garzón, esa secuencia terminó de configurar la maniobra de encubrimiento agravado por la que hoy permanece imputada.

Con cuatro personas detenidas, la investigación ya logró reconstruir cómo Agostina fue engañada para ir hasta la casa de Claudio Barrelier, qué ocurrió dentro de la vivienda y las maniobras que, según la fiscalía, se desplegaron para ocultar el crimen.

Lo que todavía resta determinar es qué sabía exactamente cada uno de los acusados y en qué momento comenzaron a colaborar con Barrelier. Esa será una de las principales discusiones del futuro juicio oral.

El reciente hallazgo de restos óseos y prendas en la zona de El Palmar, en el chaco salteño, reavivó la investigación sobre el paradero de Rosmery Aramayo Torres, una mujer de Salvador Mazza cuyo rastro se perdió a inicios de 2025. La localización de los restos fue notificada por un poblador local a la policía, en inmediaciones del paraje Curva de Juan, a unos 60 kilómetros al este de la intersección entre la ruta nacional 34 y la provincial 54.

Rosmery Aramayo Torres fue vista por última vez el 17 de enero de 2025 en su domicilio del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Las cámaras de seguridad la registraron poco después, junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta doble tracción sobre la ruta nacional 34, en dirección a la ruta provincial 54, hacia el chaco salteño.

Su pareja, José Eduardo Miranda, declaró inicialmente que ella se había marchado voluntariamente, pero su testimonio fue desestimado por contradicciones. Miranda fue imputado por femicidio y permanece detenido. La causa, ahora caratulada como femicidio, fue elevada a juicio oral y público.

Un año y medio después de la desaparición, un lugareño reportó el hallazgo de restos óseos y prendas en inmediaciones del puesto Curva de Juan. El jefe de la Brigada de Investigaciones N° 4 de Tartagal, comisario Diego Aguirre, comentó que la denuncia fue realizada a través del sistema de emergencias 911. “A partir de allí, de forma inmediata se pasó la información a la fiscalía GAP, que dispuso una serie de medidas”, explicó el funcionario policial.

En el lugar, además de los restos y prendas, se halló una cuerda o cinto en la zona del cuello, aunque las fuentes oficiales mantienen reserva sobre ese detalle. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas aclaró que todavía no existe confirmación sobre la identidad de los restos, que fueron enviados a laboratorios de alta complejidad para análisis de ADN y peritajes forenses.

Durante el procedimiento también se encontró una cuerda o cinto en la zona que correspondería al cuello de los restos encontrados. “Si bien se han encontrado los restos óseos aún no podemos determinar a quién pertenecen. Los equipos científicos deberán establecer si es posible recuperar material genético”, indicó el fiscal Gonzalo Ariel Vega.

De acuerdo con El Tribuno, este sector ya había sido rastrillada previamente en el marco de la búsqueda de Aramayo Torres, aunque sin resultados positivos en ese momento. El reciente hallazgo ocurrió en ese mismo lugar, motivo por el cual la expectativa creció en torno a la causa, ya que se trataba de un punto revisado previamente por los investigadores.

El operativo más reciente de búsqueda se realizó el 1 de julio en un camino conocido como El Quebrachal, en el paraje El Pelícano, al norte de Salta. El procedimiento involucró a cerca de 50 efectivos policiales, equipos de la Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25 del Procurador General Pedro García Castiella, personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía de Catamarca, que utilizó canes adiestrados en la detección de restos cadavéricos humanos.

Los grupos de trabajo recorrieron sectores con desniveles y hundimientos de tierra, ampliando progresivamente la búsqueda. Este rastrillaje de principios de julio finalmente terminó sin resultados concretos sobre el paradero de la mujer. Los fiscales destacaron la colaboración activa de familiares de Aramayo Torres, quienes acompañaron las tareas en terreno.

Desde la desaparición de Aramayo Torres, las autoridades desplegaron múltiples operativos de búsqueda, incluyendo allanamientos y rastrillajes por tierra y agua en sitios como Pozo La Yegua y la zona rural de El Chivil, sin obtener indicios sólidos. Uno de los operativos incluyó la pérdida temporal de un efectivo policial, quien fue hallado con ayuda de baqueanos, informó El Tribuno. Los familiares de la víctima organizaron diversas marchas para reclamar avances en el esclarecimiento del caso.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) otorgó la patria potestad de las hijas de Junieysis Merlo a su abuela materna, Vilma Espinoza, en una decisión que marca el final de un proceso administrativo y judicial tras el femicidio de la joven nicaragüense. Las menores, gemelas de 4 años, fueron repatriadas a Nicaragua acompañadas por su abuela y sus tíos, Wilder y Greyling Merlo Espinoza, en una acción coordinada entre autoridades de Costa Rica y el gobierno nicaragüense.

Junieysis Merlo fue reportada como desaparecida el 2 de abril de 2026 y hallada sin vida el 9 de ese mismo mes en una fosa en Santa Ana. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El principal sospechoso del femicidio es su expareja sentimental, Gustavo Ramírez, quien permanece bajo prisión preventiva en Costa Rica. Las menores habían permanecido bajo la protección del PANI desde el crimen, mientras se gestionaban las acciones necesarias para su traslado seguro y entrega a la familia materna.

La repatriación se realizó en coordinación con la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la Fuerza Pública, la Subcomisión Interinstitucional de Femicidios y el Ministerio de la Familia de Nicaragua (Mi Familia). Según detalló el PANI, el proceso incluyó la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental y de la pensión alimentaria para el padre de las niñas, quien es el principal sospechoso del crimen. Toda la notificación se realizó personalmente en el centro penitenciario donde permanece recluido.

El entorno familiar de las menores cuenta con el apoyo y acompañamiento de sus tíos y la supervisión del Ministerio de la Familia de Nicaragua, que garantizó la idoneidad de la familia materna para asumir la custodia. El acceso a programas de protección social y el acompañamiento terapéutico se incluyen como parte de las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses. Además, se estableció un canal de comunicación permanente entre Mi Familia y el PANI para el seguimiento del caso durante al menos seis meses.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) atendió a la abuela materna a lo largo del proceso, mientras que el hijo mayor de Junieysis Merlo ya estaba a cargo de los abuelos maternos desde la migración de la madre hacia Costa Rica. Las acciones de reunificación familiar se desarrollaron bajo criterios de protección y restitución del derecho a vivir en familia.

Desde que ocurrió el femicidio, el PANI proporcionó atención psicológica permanente a las menores, orientada a la contención emocional, la elaboración del duelo y el fortalecimiento del vínculo con la familia materna. Durante dos meses y medio, el equipo de la Oficina Local del PANI en Santa Ana trabajó en la generación de lazos afectivos a través de videollamadas y encuentros presenciales supervisados. “Las relaciones establecidas entre las niñas y la familia materna son positivas, afectivas y receptivas. Los resultados reflejan una adecuada adaptación progresiva, así como un fortalecimiento significativo del vínculo familiar materno, lo que constituye un indicador favorable dentro del proceso de restitución del derecho a vivir en familia”, explicó Yendry Gutiérrez, psicóloga de la institución.

Mientras tanto, la investigación penal continúa en Costa Rica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ)y el Ministerio Público mantienen abierto el expediente con el objetivo de llevar el caso a juicio y determinar las responsabilidades correspondientes en el femicidio de Junieysis Merlo.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una cuarta detenida. Se trata de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. Al igual que Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, la mujer quedó imputada por encubrimiento agravado, según dispuso el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa.

Semanas atrás, Palmero había declarado como testigo y dio su testimonio de lo que sucedió la noche del 23 de mayo en la casa de Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico de Córdoba. Dijo que Claudio Barrelier había cenado empanadas antes de encerrarse a jugar con la consola. Un mes después, la Justicia ordenó su detención.

¿Qué cambió?

La respuesta no está en una única prueba, sino en una reconstrucción que la fiscalía fue armando pieza por pieza durante las últimas semanas. Peritajes acústicos, mensajes de WhatsApp, contradicciones en sus declaraciones y nuevas evidencias incorporadas al expediente terminaron por convencer a los investigadores de que Palmero sabía mucho más de lo que dijo.

Uno de los elementos que más pesa en la causa es un mensaje que le envió a Barrelier durante la noche del crimen: “¿Qué fue ese grito?”, decía. Para los investigadores, esa pregunta resulta incompatible con la versión que sostuvo luego ante la fiscalía, donde nunca mencionó haber escuchado ningún ruido extraño dentro de la vivienda.

A esa evidencia se suman los resultados de las pericias acústicas realizadas en la casa. Los estudios permitieron concluir que desde distintos sectores de la vivienda era posible escuchar lo que ocurría en el dormitorio donde, de acuerdo con la acusación, Agostina fue asesinada.

La querella que representa al padre de la adolescente venía reclamando desde hacía semanas la detención de Palmero. La abogada Fernanda Alaniz aseguró a Infobae que detectó inconsistencias en sus declaraciones y sostuvo que la mujer omitió informar que había escuchado gritos. Además, afirmó que Barrelier le pidió borrar mensajes intercambiados durante aquellas horas y sospecha que la mujer colaboró en tareas de limpieza posteriores al crimen. Esto último todavía es materia de investigación.

La casa donde ocurrió el femicidio tampoco es un dato menor. Pertenecía originalmente a una tía de Palmero y allí convivían el matrimonio, la hija de ambos, Osvaldo Fassetta y el matrimonio integrado por Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Córdoba. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, al momento del crimen había al menos cinco personas en la vivienda, ya que además se encontraba uno de los hermanos de Matías Córdoba.

Fuentes del caso señalaron a Infobae que la investigación ya no busca solamente reconstruir cómo fue el femicidio de Agostina, sino también determinar qué rol desempeñó cada una de las personas que convivía con Barrelier. En ese esquema, Palmero pasó a convertirse en una de las principales sospechosas de haber colaborado en el encubrimiento.

La relación entre Palmero y el principal acusado se remonta a varios años atrás. Ambos tuvieron una hija, hoy de 11 años, y las publicaciones que aún permanecen en sus redes sociales muestran una pareja muy unida, al menos hasta 2020. Ese 14 de febrero, Barrelier le dedicó un mensaje en Facebook en el que escribió: “Me bastó con mirarte a los ojos aquella tarde para darme cuenta de que serías la mujer de mis sueños. Contigo he sentido cosas que jamás he sentido por nadie”.

Palmero respondió con otra publicación: “Somos felices amándonos”.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las demostraciones públicas de afecto desaparecieron. Si bien vivían juntos, según pudo saber este medio, Barrelier mantenía relaciones paralelas conocidas por personas de su entorno; tal fue el caso de Melisa Heredia, la madre de Agostina, y de Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro.

Incluso, había acondicionado una habitación con ingreso independiente desde el garaje, donde pasaba largas horas aislado y recibía visitas sin necesidad de atravesar el resto de la vivienda. Fue de ese ambiente de donde, un año antes del femicidio, escapó una joven semidesnuda que denunció haber estado privada de su libertad.

Tras la detención de Palmero, según publicó La Voz, la hija de 11 años que tiene con Barrelier quedó bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La semana pasada, la noticia de que César Sena sufrió una crisis y debió ser trasladado al área de Psiquiatría del Hospital Julio C. Perrando de Chaco, volvió a poner el foco sobre su salud mental.

Detrás de ese episodio, sin embargo, hay una historia que se remonta a antes del femicidio de Cecilia Strzyzowski y que hoy mantiene una incógnita central: tres años después del crimen, la Justicia todavía no cuenta con un diagnóstico preciso sobre el cuadro clínico del condenado.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de documentos oficiales y distintas fuentes vinculadas al caso, César Sena no solo recibe atención psicológica dentro del Complejo Penitenciario I de Villa Barberán, sino que fue trasladado en reiteradas oportunidades al Hospital Perrando y permanece bajo tratamiento farmacológico. A pesar de ello, más de una vez abandonó el tratamiento por voluntad propia.

A raíz del cuadro que presentó el pasado 17 de junio, la jueza técnica Dolly Fernández ordenó una interconsulta con especialistas. La evaluación ya tiene fecha: será el próximo 7 de julio a las 7 de la mañana en el Área de Salud Mental del Hospital Perrando. Allí los profesionales deberán determinar si necesita continuar con tratamiento ambulatorio o requiere una internación, establecer un diagnóstico y definir cuál es la medicación más adecuada para su cuadro.

La derivación al Perrando el día que César entró en crisis quedó documentada en un certificado confeccionado por un psicólogo del Servicio Penitenciario, al que accedió Infobae. En ese documento se solicita una “atención programada urgente” y se consigna como motivo un cuadro de “psicosis”, aunque no constituye un diagnóstico definitivo.

Las alertas previas

Las preocupaciones por el estado de salud mental de César Sena no aparecieron ahora. Durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en noviembre de 2025, su madre, Marcela Acuña, reveló que antes del crimen su hijo había estado bajo tratamiento psiquiátrico y reconoció que ella ocultó esa situación incluso a Emerenciano Sena.

“La psiquiatra me dijo que César estaba en una ‘alarma roja’. No entendí qué significaba en ese momento, pero lo oculté, incluso a su padre”, declaró ante el jurado.

Días antes, en una entrevista exclusiva con Infobae, la propia Acuña había asegurado: “(César) está medicado. Él tiene un problema de psicosis muy fuerte. Se autolesionó un montón de veces. Él no está bien y yo trato de evitar hablar de esto”.

Aquellas afirmaciones, no obstante, nunca estuvieron respaldadas por un diagnóstico médico incorporado al expediente. De hecho, esa es precisamente la cuestión que ahora intenta despejar la Justicia.

El deterioro que describe su entorno

Mientras tanto, personas que mantienen contacto frecuente con César Sena describen un cambio notorio respecto de los primeros meses de detención.

Según reconstruyó Infobae, quienes lo visitan con regularidad aseguran que durante los primeros meses de detención mantenía conversaciones fluidas, preguntaba por el afuera o hablaba sobre temas cotidianos. En las últimas semanas, en cambio, sostienen que predominan los silencios, las respuestas inconexas y los episodios de aparente desorientación.

Esas mismas fuentes relatan que, durante algunas crisis, César se autolesiona, menciona a familiares fallecidos hacía años, tiende a permanecer despierto durante gran parte de la madrugada y luego no recuerda lo sucedido. También aseguran que la medicación actual lo mantiene excesivamente sedado y que esa situación preocupa especialmente a Emerenciano Sena, con quien comparte pabellón junto a otro interno.

En una carta manuscrita escrita desde la cárcel, a la que accedió Infobae, Marcela Acuña volvió a referirse al estado de su hijo. “Es necesario que se sepa lo que hicieron y hacen con César”, escribió. En el mismo texto sostuvo que espera que “por fin pueda ser tratado acorde a derecho”, al insistir en que necesita atención especializada.

La intervención del Comité

Desde el entorno familiar de los Sena indicaron que solicitaron la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco porque consideraban insuficiente la atención que César recibía exclusivamente por parte del Servicio Penitenciario y buscaban que fuera evaluado nuevamente en el Hospital Julio C. Perrando.

Según pudo saber Infobae, las visitas forman parte del monitoreo habitual que realiza el Comité en cárceles y comisarías de la provincia, donde hay más de 3.000 personas alojadas. En el caso de César Sena, la inspección se llevó a cabo esta semana y estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, un abogado y el vicepresidente del organismo. Tras esa evaluación, los profesionales concluyeron que el interno se encontraba “controlado”.

Con todos esos antecedentes sobre la mesa, la decisión ahora quedó en manos de los especialistas. La junta médica ordenada por la jueza deberá establecer por primera vez un diagnóstico actualizado sobre el estado de salud mental de César Sena y determinar si el tratamiento que recibe actualmente es el adecuado o si corresponde modificarlo, incluso con una eventual internación.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 sentenció ayer a prisión perpetua a un hombre de 29 años, identificado como Cristian Gabriel García, tras hallarlo culpable del asesinato de su pareja, Mariel Jiménez, en un departamento de Villa Lugano en mayo de 2024.

La decisión fue adoptada por los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, quienes consideraron que el hecho constituye un homicidio doblemente agravado: por el vínculo de pareja y por haber sido cometido mediando violencia de género. El fallo también contempló una condena adicional por desobediencia a funcionario público, dado que García tenía vigente una prohibición de acercamiento a la víctima.

La sentencia fue dictada en línea con el pedido presentado la semana pasada por la fiscal interina María Luisa Piqué, a cargo de la Fiscalía N° 18 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional. Según se informó, los fundamentos completos de la resolución judicial serán dados a conocer el próximo 2 de julio.

En un caso que estremeció al barrio porteño de Villa Lugano, la investigación determinó que el femicidio ocurrió durante la mañana del 24 de mayo de 2024, en el domicilio de la víctima, ubicado sobre la calle Nicolás Dezcalzi al 5500. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por la fiscalía, García ató de manos y piernas a Mariel, la colocó sobre la cama y le impidió respirar, provocando su muerte por asfixia. Se destacó que la víctima había denunciado previamente episodios de violencia de género y existía una orden de restricción vigente al momento del crimen.

Para los magistrados, resultó determinante el vínculo entre la víctima y el agresor, así como el contexto de violencia de género sostenido en el tiempo. El tribunal consideró probado que García violó la prohibición de acercamiento dispuesta en el marco de una causa previa por denuncias de Mariel.

El tribunal resolvió, además, absolver a García por los cargos de abuso sexual y amenazas coactivas que también figuraban en la acusación, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para sostener esos episodios.

En cuanto a las medidas reparatorias, el tribunal dispuso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciba la resolución para que pueda tramitarse la reparación económica prevista en la Ley N°27452 “Brisa”. Esta ley establece un régimen especial de compensación para hijos e hijas de víctimas de femicidio. De este modo, la hija de Mariel Jiménez podrá acceder a la protección prevista para menores afectados por hechos de violencia extrema.

La acusación sostuvo que, tras cometer el crimen, García llamó por teléfono a sus hermanos y les confesó que “se había mandado una macana”. Cuando sus familiares llegaron al domicilio, el condenado trasladó el cuerpo de Mariel, envuelto en una frazada, hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3. Esta secuencia fue registrada por una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, lo que permitió reconstruir parte del recorrido.

Ya en el centro de salud, una médica detectó signos de violencia en el cuerpo de la víctima y dio aviso al 911. Al llegar la Policía, la madre de García declaró que su hijo “había encontrado así” a la joven. Poco después, el padre del acusado se presentó en el lugar y manifestó que su hijo “se había mandado una cagada y que se venía a entregar”.

De acuerdo con lo informado durante el debate oral, el propio García relató los hechos a un inspector policial durante su traslado a la Comisaría Vecinal N°8, aportando detalles sobre la mecánica del homicidio.

Según la fiscalía, el crimen evidenció un patrón de control y hostigamiento ejercido por García sobre Mariel. Testigos que declararon en el juicio señalaron que el condenado era “posesivo” y que la víctima “vivía con miedo”.

En mayo de 2022, Mariel había denunciado a García por episodios de violencia, lo que motivó la disposición de un botón antipánico y la asignación de custodia policial. Sin embargo, la fiscalía detalló que el acusado la presionó para que retirara las acusaciones. Como parte del proceso judicial, se ordenó una consigna policial en el domicilio y la prohibición de contacto. En octubre de 2023, la fiscalía había solicitado intensificar la protección, pero días antes del femicidio la comisaría resolvió levantar la consigna, dejando a la víctima sin custodia.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una cuarta detenida. Se trata de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. La mujer quedó imputada por encubrimiento agravado, según dispuso el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa.

Agentes de la Policía de Córdoba la arrestaron en la vivienda de la madre de Barrelier, donde se encontraba alojada junto a la hija que tiene con el principal acusado.

La imputación contra Palmero se apoya en la reconstrucción realizada por la fiscalía sobre lo ocurrido durante la noche del crimen. Según esa hipótesis, cuando Barrelier ingresó a la vivienda del barrio Cofico junto a Agostina, alrededor de las 23, en el lugar ya se encontraban Palmero y la hija de ambos.

La fiscalía no le atribuye participación en el homicidio ni en el desmembramiento del cuerpo, pero sospecha que colaboró posteriormente en maniobras destinadas a ocultar el crimen.

Durante la investigación, Palmero declaró como testigo y sostuvo que la noche del asesinato Barrelier cenó con ella y con la hija de ambos, salió durante unos minutos y luego regresó para continuar la cena. Según su versión, después permaneció jugando videojuegos con la niña. Sin embargo, para la fiscalía, ese relato resulta incompatible con la reconstrucción de los hechos y con otros elementos incorporados al expediente. Los investigadores buscan establecer si la mujer advirtió lo ocurrido dentro de la vivienda y cuál fue su intervención en las horas posteriores al crimen.

Con esta detención, la causa suma cuatro personas imputadas. Además de Barrelier y Palmero, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado. La investigación sostiene que Andreani facilitó el Ford Ka negro en el que habrían sido trasladados los restos de Agostina hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, mientras que a Fassetta se le atribuye haber actuado como un nexo para transmitirle información a Barrelier sobre los movimientos de la familia y de la policía durante la búsqueda de Agostina.

En paralelo, el fiscal Garzón continúa profundizando distintas medidas de prueba para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y no descarta nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis de los teléfonos celulares, las pericias y los testimonios incorporados al expediente.

La querella que representa a la familia de Agostina ya había señalado a Palmero como una posible cuarta sospechosa. La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que la mujer se encontraba en la vivienda al momento del crimen y reclamó nuevas medidas de prueba para establecer qué conocía sobre lo ocurrido.

“Estuvo presente en la casa cuando se cometió el hecho y yo no descarto que haya escuchado algo”, afirmó Alaniz en declaraciones a Infobae. La letrada agregó que existen contradicciones en el testimonio de Palmero y sostuvo que la prueba reunida hasta el momento permite presumir que “sabe mucho más de lo que dice”.

La vivienda del barrio Cofico era compartida por varias personas, un dato que la fiscalía considera relevante para reconstruir qué ocurrió durante la noche del femicidio y establecer quiénes pudieron haber advertido movimientos o situaciones vinculadas al crimen.

Un tribunal de la ciudad de Santa Fe dictó prisión perpetua para Mario Andrés Cena, de 36 años, tras hallarlo culpable del femicidio de su cuñada Vanesa Troncoso.

La resolución fue adoptada por un tribunal conformado por el juez Octavio Silva y las juezas Susana Luna y Rosana Carrara. La fiscal Laura Gerard intervino en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y valoró que la condena impuesta guarda correspondencia con “la extrema gravedad del hecho ilícito”. Según indicó Gerard, los familiares de la víctima fueron informados sobre el fallo y manifestaron su conformidad con lo resuelto.

La acusación formal precisó que el crimen ocurrió durante la tarde del viernes 7 de septiembre de 2024 en una vivienda situada en Pasaje José Doldán y Arenales, en el barrio Punta Norte de Santa Fe, donde residía Troncoso. Cena, quien en ese momento era pareja de la hermana de la víctima, se dirigió al domicilio y perpetró los hechos que derivaron en la condena.

De acuerdo con el relato de la fiscal Gerard, el condenado llegó al domicilio de su cuñada y abusó sexualmente de ella. Posteriormente, le quitó la vida mediante un mecanismo de asfixia. “Aunque la mujer gritó para pedir auxilio, él se aprovechó de la situación de absoluta vulnerabilidad en la que ella estaba al no haber nadie cerca para defenderla”, afirmó la representante del MPA. Este párrafo sintetiza la gravedad de los hechos: Vanesa Troncoso fue asesinada por Mario Andrés Cena en su propia casa, aprovechando la ausencia de testigos, lo que facilitó el ataque y dificultó una posible ayuda inmediata.

Tras cometer el asesinato, Cena prendió fuego a un colchón sobre el que yacía el cuerpo de la víctima. Según Gerard, esta acción tuvo como objetivo cubrir las huellas del delito y dificultar la investigación posterior. Sin embargo, varios vecinos advirtieron movimientos extraños alrededor de la vivienda y vieron al condenado salir del lugar en una motocicleta.

Estas personas decidieron ingresar por la fuerza a la casa, donde hallaron el cuerpo sin vida de Troncoso y dieron aviso inmediato a las centrales de emergencias 911 y 107. La rápida intervención permitió iniciar las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas que, posteriormente, resultaron determinantes en el desarrollo del proceso penal.

Durante el juicio abreviado, Mario Andrés Cena reconoció su responsabilidad penal como autor del femicidio. Junto a su abogada defensora, aceptó la calificación delictiva, la pena de prisión perpetua y la modalidad abreviada del proceso. De esta forma, se omitió la realización de un juicio oral y público, acortando los plazos de resolución judicial.

La fiscal Gerard remarcó que la causa fue acompañada en todo momento por los familiares de la víctima, quienes fueron informados de cada avance y dieron su consentimiento tanto a la calificación jurídica como a la pena solicitada. El tribunal consideró fundamental este aval para dar curso al procedimiento abreviado y dictar la sentencia definitiva.

La decisión de abreviar los procedimientos fue adoptada en función de la contundencia de las pruebas reunidas y el reconocimiento expreso de los hechos por parte de Cena. El tribunal, tras evaluar los elementos presentados y la admisión de culpabilidad, dispuso la pena máxima prevista para este tipo de delitos en el Código Penal argentino.

La sentencia marca el cierre judicial para uno de los casos de femicidio que mayor conmoción generó en la ciudad durante 2024, dejando establecido el compromiso institucional con la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.

La justicia de Costa Rica impuso una condena de 35 años de cárcel a un hombre de apellidos Sánchez Santana por el asesinato de María del Milagro Peralta Ajoy en el cantón de Nicoya. La sentencia, dada a conocer por el Tribunal Penal local, responde a la acusación de la Fiscalía, que demostró la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos en 2025.

El caso, que generó conmoción en la provincia de Guanacaste, quedó bajo la atención pública desde que la Fiscalía de Nicoya presentó pruebas contundentes sobre la dinámica y la gravedad del crimen. Según el expediente judicial, la relación entre Sánchez Santana y María del Milagro Peralta Ajoy se extendió durante seis años, entre 2019 y julio de 2025, marcada por episodios de violencia física y emocional ejercidos por el agresor.

De acuerdo con el relato presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal Penal, el 29 de agosto de 2025, Sánchez Santana llegó hasta la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Carmen, y disparó contra la puerta del baño donde se encontraba Peralta. Tras derribar la barrera, el hombre utilizó un cuchillo y causó cuatro heridas en el abdomen, el cuello, la cabeza y el tórax de la mujer, lesiones que provocaron su muerte en el lugar.

María del Milagro Peralta Ajoy era reconocida en la comunidad de Nicoya como educadora, lo que intensificó la respuesta social ante el crimen. Las autoridades señalaron que el ataque se produjo en el entorno doméstico, donde la víctima buscaba refugio tras la separación motivada por la violencia sufrida durante la relación.

La Fiscalía expuso durante el juicio que Peralta Ajoy se había separado de su expareja debido a los reiterados episodios de violencia. La evidencia presentada incluyó testimonios, informes forenses y pruebas materiales que permitieron reconstruir el ataque y confirmar la premeditación del hecho.

El Tribunal Penal de Nicoya, tras analizar los elementos aportados, resolvió imponer la pena máxima contemplada por el delito de femicidio en la legislación costarricense, en reconocimiento de la gravedad y la brutalidad del acto. El Ministerio Público destacó la relevancia de la sentencia como respuesta institucional para combatir la violencia de género y procurar justicia para las víctimas.

La condena a Sánchez Santana fue recibida en medio de manifestaciones de apoyo a la familia de María del Milagro Peralta Ajoy, quien se convirtió en un símbolo local de la lucha contra el femicidio en Costa Rica.

De acuerdo con datos oficiales, el femicidio representa uno de los delitos de mayor preocupación en el país, registrando un aumento en los últimos años. La sentencia emitida en Nicoya se suma a otros fallos recientes en la región, reforzando el llamado de autoridades y sociedad civil para erradicar la violencia contra las mujeres.

El proceso judicial incluyó la presentación de informes periciales, declaraciones de testigos y análisis de las circunstancias previas al crimen, elementos que resultaron determinantes para la condena. El Tribunal Penal enfatizó la responsabilidad individual del acusado y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares en casos de violencia de género.

La Fiscalía de Nicoya reiteró su compromiso con la investigación y persecución de este tipo de delitos, en un contexto donde la atención a las víctimas y la aplicación de la ley se consideran prioridades de política pública. El caso de María del Milagro Peralta Ajoy continuará presente en la memoria del cantón y de la provincia, como un recordatorio de los desafíos pendientes en materia de equidad y justicia.

Una jubilada de 86 años fue hallada muerta con una grave lesión en la cabeza en su vivienda de Quequén, partido de Necochea, y su propio hijo quedó detenido como principal sospechoso del crimen. Se trata de un reconocido ex futbolista de la localidad.

El cuerpo de Delia Mercedes Romero de Sánchez fue hallado en su domicilio ubicado en la intersección de las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam. Las primeras pericias determinaron que tenía al menos una lesión grave en la zona de la cabeza, en tanto se aguardan los resultados de la autopsia para establecer la mecánica exacta y el momento del deceso.

El fiscal de la causa, Walter Pierrestegui, confirmó que el expediente se inició bajo el protocolo de femicidio y que el ataque se habría producido alrededor de las 15 horas del día viernes cuando la encontraron. Por el momento se dejó de lado la figura de parricidio.

Cuando las autoridades arribaron al domicilio se encontraron con uno de sus hijos, J.S. apodado “Garda” de 56 años, en un visible estado de intoxicación por ingesta de pastillas, según los datos mencionados por el portal 0223 de la zona.

El hombre debió ser trasladado bajo custodia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde recibió atención médica y le realizaron los análisis toxicológicos correspondientes. Luego de haber sido asistido y dado de alta, fue llevado ante la Justicia aunque se negó a declarar en la indagatoria prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Quedó formalmente imputado por homicidio agravado por el vínculo y alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), según informó NdeN.

En el lugar del crimen trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes recolectaron pruebas para reconstruir las horas previas al hecho.

Quién es el hijo señalado

El detenido jugó en el fútbol regional y formó parte del plantel de Estación Quequén y de Villa Mitre de Bahía Blanca durante los años ’90. Su hermano, un referente de la Liga Necochea de Fútbol, utilizó las redes para expresarse sobre la pérdida aunque en el mensaje no mencionaba a su hermano.

“Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado. Te amo ma… siempre vivirás en mi corazón”, escribió “Paco”.

La investigación avanza con varias líneas de prueba abiertas. Pierrestegui adelantó que Sánchez será sometido a una evaluación por parte de la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas, para determinar su estado psicofísico al momento del hecho. Por el momento, no existe ningún informe médico que permita establecer si atravesó algún episodio compatible con una alteración mental. Hasta tanto no existan resultados técnicos, la Justicia no descarta ni confirma ninguna hipótesis sobre su condición, indicó el fiscal. La causa también aguarda los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos incorporados al expediente.

Mató a su padre y a su ex pareja en Chaco

Un cabo primero de la Policía del Chaco mató a su padre en Resistencia y horas después asesinó a su ex pareja tras tomarla de rehén junto a su hijo menor en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. El agresor, identificado como Luciano Etudie, terminó baleado en la cara por integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y permanece internado en estado grave en el Hospital Perrando.

Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó el martes 5 de mayo por la mañana cuando Etudie fue hasta el domicilio de su padre, Alberto Etudie, de 57 años, en la calle Lestani al 600 de Resistencia, donde le disparó y lo mató. Luego se trasladó al domicilio de su ex pareja, Graciela Mabel López, de 33 años, la secuestró junto a su hijo y los llevó al paraje Las Tres Bocas.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre apuntando con un arma a la cabeza de la mujer. El jefe de la fuerza, Fernando Romero, relató a Norte Grande Federal que se intentó negociar durante varios minutos. El agresor admitió que se había mandado “una macana” y que estaba “jugado”. Los mediadores lograron liberar al menor, pero disparó y mató a López frente al personal policial y vecinos. El COE intervino de inmediato y lo hirió.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N°11, a cargo de la fiscal Noelia Benítez, y la Fiscalía en turno de Resistencia, representada por Lilian Irala.

A casi 6 años del femicidio de Florencia Gómez, la investigación judicial en San Jorge experimentó un giro determinante con una nueva imputación.

El caso, que conmocionó a la provincia de Santa Fe en octubre de 2020, vuelve a ocupar el centro de la agenda pública tras el reciente avance confirmado por el fiscal de la causa, Omar De Pedro. Según informó el funcionario, las autoridades lograron identificar a un presunto coautor del crimen, lo que abre una nueva etapa en la búsqueda de Justicia para la víctima y su entorno.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Aire de Santa Fe, De Pedro remarcó la importancia de la identificación del sospechoso, que ya se encuentra bajo custodia en una dependencia penitenciaria de la provincia por otro delito.

El acusado identificado cumple actualmente una condena en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores. Su situación procesal responde a otra causa penal, con una sentencia que vencerá en octubre de este año. La Fiscalía, no obstante, anticipó que solicitará la continuidad de su detención, ya que busca evitar que el sospechoso recupere la libertad antes de que se resuelva su eventual vinculación con el femicidio de Gómez.

Este procedimiento se fundamenta en los elementos de prueba que surgieron en las últimas semanas y que, según la Fiscalía, permiten sostener la hipótesis de su participación como coautor.

Según fuentes oficiales, se mantienen vigentes diversas medidas investigativas para esclarecer completamente el hecho y garantizar la responsabilidad penal de todos los implicados.

Desde la fecha del hecho, la investigación atravesó diferentes etapas y cambios de fiscales, lo que motivó críticas por parte de sectores que denunciaron la falta de resultados concretos.

El fiscal De Pedro asumió la conducción del expediente en los últimos años y, la identificación del presunto coautor fue posible gracias al análisis de pruebas recolectadas en las primeras etapas del proceso y a nuevas diligencias desarrolladas recientemente. El funcionario judicial no brindó detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el contenido de las pruebas, en resguardo de la investigación en curso.

A pesar de este avance, aún resta identificar a la otra persona que habría intervenido en el hecho. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa tomando declaraciones y pericias para avanzar hacia el esclarecimiento total del crimen.

La familia de Gómez expresó reiteradamente su preocupación por la lentitud del proceso judicial y por la posibilidad de que los responsables quedaran impunes.

La joven fue asesinada el 12 de octubre de 2020, cuando salió a caminar, tal como lo hacía habitualmente. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un descampado.

Con los resultados de la autopsia, las autoridades pudieron confirmar que fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente. Luego, la arrastraron, la violaron y la mataron, con un fuerte golpe en la nuca. El arma homicida fue una piedra.

La falta de pruebas para dar con los sospechosos llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre los responsables del crimen.

La sociedad dominicana se encuentra nuevamente consternada ante un trágico suceso que pone en evidencia la persistente crisis de violencia de género y el alza de feminicidios en la República Dominicana.

El caso más reciente involucra a Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien perdió la vida tras ser atacada a tiros presuntamente por su pareja sentimental, Tony Vallejo Méndez, un sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD).

El brutal incidente ocurrió durante la madrugada de lunes 22 de junio en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional, la víctima fue atacada al llegar en un vehículo al referido centro de salud.

En el mismo hecho, resultó herida la señora Marilenmy Cuello, de 45 años, amiga de la fallecida, quien actualmente recibe asistencia médica bajo pronóstico reservado en el mismo hospital. Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida y, de manera extraoficial, trascendió que habría ingerido una sustancia nociva en un intento de atentar contra su propia vida.

Horas más tarde, Vallejo Méndez fue localizado en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas bajo estricta custodia policial por parte de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Historial de acoso y conflictos de pareja

Este lamentable acontecimiento desnuda una realidad alarmante sobre los entornos de control y el perfil de los agresores. Familiares de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo relataron que la relación de la pareja, que dejó dos hijos en común, estaba fuertemente marcada por constantes conflictos y severos episodios de celos.

Según declaraciones de la hermana de la víctima, Nancy había tomado la determinación de salir de la vivienda familiar tras sostener una fuerte discusión previa al desenlace fatal.

La persecución constante y el hostigamiento eran parte del día a día de la víctima, quien según su madre, buscaba separarse de forma definitiva pero no encontraba la paz ni la oportunidad debido al acoso sistemático que ejercía el militar.

Por lo que, el dolor y la impotencia se apoderaron de los familiares a las afueras del centro médico. La madre de la joven asesinada expresó un desgarrador testimonio exigiendo que el caso no pase a formar parte de las frías estadísticas de la impunidad.

Manifestó su profundo temor de que la condición de militar del acusado interfiera con el accionar de la justicia, declarando que históricamente a los miembros de los cuerpos castrenses se les suele proteger dentro de las estructuras institucionales.

La familia clama por la aplicación de la pena máxima para el agresor, recordando a Nancy como una madre ejemplar que luchó por superarse profesionalmente, logrando terminar una carrera universitaria que lamentablemente nunca pudo ejercer debido a que su vida fue truncada de forma violenta.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público han informado que continúan desarrollando las pesquisas correspondientes para esclarecer detalladamente las circunstancias que rodearon este crimen.

El asesinato de Nancy Sánchez Gálvez reaviva con urgencia el debate nacional sobre la necesidad de implementar reformas profundas en las políticas públicas de prevención y sanción de la violencia contra la mujer en la República Dominicana.

La recurrencia de casos donde los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado añade una capa extra de complejidad y urgencia al problema, evidenciando fallas críticas en los filtros psicológicos y el seguimiento conductual dentro de las instituciones militares y policiales.

La ciudadanía continúa demandando acciones contundentes e integrales que garanticen la protección efectiva de las víctimas que deciden romper el silencio y buscar su separación de entornos altamente peligrosos.

Un niño de 10 años fue quien alertó a la Policía sobre el crimen de su madre en la ciudad de Santa Fe. Según consta en las actuaciones policiales, el menor se acercó junto a un primo a los efectivos que habían llegado al lugar tras un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego y les contó que su padrastro le había disparado a su mamá y luego se había quitado la vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al niño identificado como N.R. junto a su primo X.S. Allí, el menor relató que su padrastro había atacado a su madre con un arma de fuego y posteriormente se había suicidado.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron de inmediato a la vivienda señalada. En el interior hallaron los cuerpos de una mujer y de un hombre sin vida. Junto al cadáver del hombre encontraron una pistola Bersa calibre .380.

Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que confirmó la muerte de ambas personas.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32.

Por disposición de la fiscal de turno, María Laura Monsenferro, se convocó al Gabinete de Femicidios y a peritos de la Policía de Investigaciones para trabajar en la escena. Los especialistas secuestraron el arma hallada junto al cuerpo del hombre y realizaron las pericias correspondientes.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la causa fue caratulada provisoriamente como femicidio seguido de suicidio por el uso de arma de fuego.

En cuanto a los dos menores que se encontraban en el lugar, la fiscal dispuso que fueran asistidos y posteriormente entregados a un familiar directo. Tras ser examinados por Medicina Legal, quedaron al cuidado de su abuela.

La investigación continúa para determinar con precisión la dinámica del hecho, aunque las primeras actuaciones apuntan a que el hombre habría asesinado a la mujer y luego se quitó la vida dentro de la vivienda.

Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 83 femicidios en la Argentina, además de ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. El relevamiento también advirtió que se produjo una víctima letal de violencia de género cada 35 horas.

—A veces me sorprendo cuando digo treinta años —dice—. Treinta años. Y sin embargo, para mí, yo te estoy hablando como si hubiera sido ayer.

En 1996 Edgardo Aló era un hombre de rutinas. Había formado una familia; tenía una esposa y dos hijos. Vivía en una casa amplia sobre una esquina de Tigre. Dirigía su propia inmobiliaria.

La noche helada del 27 de mayo de 1996, cuando su hija de 17 años fue asesinada por su novio de 20, lo puso en un punto de no retorno. Desde entonces, se dedicó a reclamar justicia. Cerró su inmobiliaria. Vendió sus autos, un departamento. Usó un Renault 12 de remís, “para que entrara un mango, cuando antes sobraba”.

Hace 30 años y ahora, es un padre dispuesto a lo que sea en el nombre de su hija.

—¿Yo qué más puedo perder? —pregunta y enseguida responde—. Perdí lo mejor que puede tener una persona, que es un hijo. De manera que no le tengo miedo a nada.

El reclamo es uno. Quiere que el asesino cumpla. Dice que cumplir encierra un castigo que la justicia debió darle y omitió: la prisión perpetua.

—Este tipo en la calle mata en cualquier momento. ¿Y qué van a decir? ¿Que le surgió otra vez esa psicopatía?

Un padre que juró ser la sombra de un asesino que camina libre

A fines de marzo, la Justicia bonaerense extendió por un año —hasta abril de 2027— la restricción perimetral de 300 kilómetros que le impide a Fabián Tablado acercarse a Edgardo Aló. La medida le prohíbe encontrarse con él o establecer cualquier tipo de contacto, ya sea en persona, por teléfono, correo electrónico o a través de terceros.

La disposición no tiene antecedentes por la distancia que fija. Trescientos kilómetros equivalen al trayecto entre Buenos Aires y Rosario. El radio de exclusión atraviesa varias provincias y alcanza incluso a Uruguay.

Tablado camina bajo vigilancia. Una tobillera electrónica registra su ubicación para asegurar que respete el límite. Así lo dicta la norma.

—De cualquier manera me han dicho que a Tablado lo vieron en abril en Tigre —dice—. Pregunté cómo lo habían visto y me explicaron que había tenido una discusión en la calle. A los gritos. Hubo disparos. Por lo que cuentan, resultó herido. Fue para Pascuas, entre Jueves y Viernes Santo. Mandé mensajes a la policía, a mi abogado, a todos lados. No había personal.

Aló cree saber cómo hace Tablado para moverse. Asegura que la propia madre del asesino les contó a otras personas el mecanismo. Lo describe como una especie de alquiler de pierna: alguien cobra por llevar la tobillera electrónica mientras Tablado viaja y permanece en Tigre. Aló no comprende por qué, ante estas versiones, nadie verifica si el dispositivo está donde debe estar. Dice que un control sin aviso, sin darle el tiempo a Tablado de regresar, alcanzaría para despejar cualquier duda.

El último domicilio conocido de Fabián Tablado es Posadas, Misiones.

La violencia antes del crimen

—Carolina tenía un carácter especial —dice Edgardo—. Una forma de ser que le caía bien a todos. Vivía contenta. Le gustaba cantar, les ponía sobrenombres a todos y coincidíamos mucho. Estaba pegada a mí. Si yo salía, me decía: “Papá, te acompaño”. Éramos compinches. Hasta que apareció el psicópata de Tablado.

Carolina Aló conoció a Fabián Tablado en el verano de 1993, durante una fiesta. Ella tenía 14 años. Él, 17. Pronto el vínculo entró en un ciclo de rupturas y regresos que se extendió por tres años.

El primer indicio no fue un golpe ni una amenaza. Fue una tristeza al revés.

Edgardo notó que su hija estaba apagada cuando volvía a reconciliarse con Tablado y animada cuando se peleaba con él. La lógica era incomprensible hasta que alguien se la explicó: Tablado la presionaba en cada discusión con amenazas contra su hermano menor. “Si me dejás, lo agarro a tu hermano y lo mato”. La pelea era un respiro. La reconciliación, volver a la jaula.

Fabián Tablado era tres años más grande que Carolina Aló pero los dos compartían el mismo curso en el colegio Marcos Sastre en Tigre. A Carolina no le interesaba demasiado la escuela. Había repetido primer año y en su casa insistían con que siguiera estudiando. Buscaron una alternativa y acordaron que terminara la secundaria de noche.

—Carolina entra al Marcos Sastre nocturno porque se veía grande para seguir en un turno de mañana o de tarde —recuerda Edgardo—. Y Tablado, que había abandonado el colegio, se metió ahí. Después me enteré de que lo habían echado de tres escuelas. Entró al Marcos Sastre no para estudiar, sino para controlar.

El recorrido de Tablado era distinto. Según declararían después distintos testigos, los problemas de conducta lo acompañaban desde chico. Había pasado por una etapa punk y otra skinhead. Carolina se enamoró y creyó que podía ayudarlo. Años más tarde, el propio Tablado diría que ella lo empujaba hacia la calma y lo alejaba del odio y las drogas.

—Vivía de los celos —dice Edgardo—. Celos que él mismo inventaba por su inseguridad.

La violencia terminó por ocupar todos los espacios. También, la escuela.

En 1995, un año antes del crimen, Tablado le quebró el tabique de un golpe. Carolina les dijo a sus padres que había tropezado con una mochila y se había caído en la escuela. Inventaba excusas para ocultar las agresiones pero en la casa ya no le creían. Edgardo Aló fue al colegio Marcos Sastre.

Todavía recuerda la conversación con la directora.

—Muy fresca, me dijo: “Sí, pero le pusimos amonestaciones”. Yo pregunté: “¿Amonestaciones?”. “Sí”, me respondió. “Y a ella también, porque no denunció”.

Aló radicó una denuncia contra la autoridad y la escuela. Pero nada frenó la escalada. Días antes del asesinato, Edgardo Aló vio cómo Fabián Tablado le pegaba a su hija.

Una tarde, volvía del trabajo y los vio sentados sobre una pared baja, en la esquina de la casa. Le llamó la atención encontrar a Tablado a esa hora. Él le había dicho que iba a trabajar en la carpintería de su padre. Edgardo entró. Su dormitorio daba a la otra calle y desde la ventana alcanzó a ver la escena. Dice que Tablado le dio dos golpes a Carolina. Uno en el estómago. Otro en la espalda.

Salió de inmediato. Cuando dobló la esquina, Carolina ya corría hacia él: “Dejalo, papá. Dejalo”.

Edgardo le pasó de largo. Quería llegar a Tablado.

—Le pregunté: “¿Qué hiciste?”. Y me respondió: “Nada, estábamos hablando”. Entonces le dije: “Bueno, hablá conmigo como estabas hablando con ella”.

Aló le pegó tres piñas. Tablado no devolvió los golpes. Otros tuvieron que separarlos. Hasta entonces, dice, había evitado intervenir en la relación. Escuchaba a quienes le pedían que no se opusiera, que hacerlo podía empeorar las cosas.

—Ahí dije le basta. Ahí se terminó.

Según Aló, Tablado no aceptó la ruptura.

“El lunes, lo hago”

Días antes del crimen, Fabián Tablado ya había anunciado lo que pensaba hacer. Se lo confió a Luis Vallejo, un amigo que también asistía al colegio nocturno. No se lo dijo una ni dos, sino tres veces.

La primera conversación ocurrió el domingo previo al asesinato. Según declaró después Vallejo, los dos se encontraron en una plaza de Tigre para charlar y tomar vino. En medio de la noche, Tablado empezó a hablar de las novias que los dos tenían. Dijo que los engañaban, que les mentían y que había que matarlas. Vallejo creyó que hablaba el alcohol. Pero Tablado insistió.

Al día siguiente volvió sobre el tema. Vallejo recordó que seguía decidido. Pensó que se trataba de una broma o de una provocación. Que Carolina no corría peligro.

La tercera vez fue la tarde del 27 de mayo de 1996. Los dos se encontraron en la puerta del colegio. Eran cerca de las siete. Según declaró más tarde, Tablado le dijo: “Hoy voy a matar a Carolina”.

Los amigos entraron a clase. Poco antes del final de la jornada, Luis Vallejo vio a Tablado irse con Carolina. Edgardo Aló reconstruye esa escena.

—Vallejo cuenta que la saca del colegio. La lleva agarrada del hombro y del cuello. Y cuando se alejan, Tablado lo mira y se pasa un dedo por la garganta [como seña de que iba a degollarla].

***

Sobre una repisa en el living de la casa de Edgardo Aló hay una foto de Carolina.

Lleva una musculosa blanca, el pelo suelto apenas por encima de los hombros y varias pulseras en la muñeca. Sonríe. Parece una foto capturada en verano. Está sin marco, apoyada junto a un escudo del club Tigre.

Edgardo dice que a lo largo de los años fue entregando fotos a periodistas que nunca las devolvieron. Las que guardaba en el celular se perdieron cuando el aparato dejó de funcionar. Esa es la única imagen que conserva.

—Ella siempre usaba el pelo suelto —dice.

Lo aclara porque, para muchos, Carolina quedó detenida en otra foto: la de las dos trenzas y la sonrisa. La imagen, que acompañó durante décadas las noticias sobre el crimen, terminó por fijarse en la memoria colectiva.

Hace tiempo que Edgardo Aló intenta que el nombre y la imagen de Carolina remitan a algo más que a aquella noche de 1996. En 2017, fundó la Fundación Carolina Aló con el objetivo de que lo que le pasó a ella no le pase a otras. Sostiene la institución junto a un equipo que trabaja ad honorem. Asisten a víctimas de violencia de género: las orientan sobre dónde denunciar y cómo moverse dentro de un sistema judicial que, como él sabe bien, puede ser lento, sordo y esquivo. También, trabajan en prevención.

Edgardo está convencido de que a la violencia hay que interceptarla antes, en las primeras relaciones afectivas, cuando los vínculos todavía se están formando y las señales son más fáciles de ignorar. Carolina tenía 14 años cuando conoció a Tablado.

La fundación impulsó además una petición ante la ONU: que el 27 de mayo, fecha del asesinato, sea declarado Día Internacional de la No Violencia en el Noviazgo.

El 27 de mayo de 1996

Era lunes. Los padres de Fabián Tablado y sus cuatro hermanos habían salido a cenar. En la casa de Albarellos al 300, en Tigre, no había nadie. Tablado lo sabía.

Lo que pasó después solo se conoce por el relato de Tablado y por lo que reconstruyeron los peritos. Carolina no pudo contarlo.

Tablado la llevó a su habitación. Mantuvieron relaciones sexuales. En un momento, intentó eyacular dentro de ella sin protección. Carolina lo frenó, lo empujó y lo apartó. Poco después, Tablado declaró que quería tener un hijo con ella. Carolina dijo que no.

La agresión comenzó en la cocina, siguió por el living y terminó en el garaje de la casa. Los forenses calcularon que el ataque duró entre cinco y diez minutos. Tablado utilizó tres cuchillos y un formón, una herramienta de su padre carpintero para tallar madera. Cuando una hoja se doblaba o se rompía, iba en busca de otra.

—Carolina se defendió como podía, con las manos —reconstruye Edgardo—. Tenía todas las palmas de las manos agujereadas por tratar de cubrirse. La atravesaban los cuchillos, hasta que llegó el corte de la vena cava, que prácticamente la degolló.

La autopsia registró 19 golpes y 113 puñaladas.

—Uno trata de no pensar, pero las imágenes se te vienen a la cabeza.

Edgardo evoca las paredes del fondo de la casa. Los muros conservaban trazos de sangre. Él miraba esas manchas y veía a su hija. La veía buscar la medianera. Aferrarse a la estructura. Escapar y volver a ser alcanzada por Tablado.

—La hizo sufrir y le hizo ver la venida de la muerte.

El cadáver de Carolina quedó en el garaje.

Tablado volvió a su habitación. Se sacó la ropa, que estaba cubierta de sangre. Se bañó y cambió. Antes de irse, dejó al lado del cuerpo una hoja con un dibujo: un caballo y una figura con un cuchillo en la mano. Debajo, la palabra “jajajaja”.

Después salió.

Esa misma noche, el teléfono sonó en la casa de los Aló. Edgardo atendió.

—¿Está Carolina? —preguntó una voz.

—No, está en el colegio. ¿Quién habla?

—Una compañera.

—Si sos compañera, sabés el horario que sale del colegio. ¿Para qué me lo preguntás?

Del otro lado de la línea, cortaron.

La llamada lo dejó inquieto. Caminó unas quince cuadras hasta la escuela Marcos Sastre. Se quedó frente a la puerta y esperó la salida de los alumnos. No vio aparecer ni a su hija ni a Tablado.

Desanduvo el trayecto. Buscó a su cuñado y le pidió que lo llevara en auto hasta la casa de Tablado. Los nervios lo desbordaban. Era incapaz de manejar.

—Cuando llegamos a la casa ya estaba la policía, estaba la ambulancia y lo peor cuando vi la morguera —recuerda—. En principio uno piensa: “bueno, le debe haber pasado algo a un pariente de la familia”. En esa época no había celulares. Carolina no podía avisarme.

Cruzó el pasillo largo que antecede a la vivienda y se encontró con la madre de Tablado.

—¿Qué pasó? —preguntó Edgardo.

—Nada, nada.

La mujer dio media vuelta y volvió a la casa. Un hombre que vestía sobretodo lo tomó del hombro. Empezó a empujarlo hacia la calle. Edgardo exigió saber qué ocurría. Preguntó una vez. Dos. Tres. Cuatro. El hombre repetía: “Pasó una tragedia”. Nunca dijo cuál. Edgardo supo después que era el comisario.

Minutos más tarde, un policía salió y le dijo a otro, sin reparar en quién estaba cerca: “Conté hasta 70, 80 y no pude contar más”.

—¿70, 80 qué? —quiso saber Edgardo.

El policía lo miró. Se dio cuenta de quién era y regresó a la casa sin responder.

Edgardo salió a la vereda. Caminó. En la vereda de enfrente, debajo de un naranjo, vio a Vallejo. Era casi la una de la mañana.

—Ahí está un amigo de él [por Tablado] —le avisó a uno de los policías.

El policía actuó de inmediato. Metió a Vallejo en un auto particular y salieron. El amigo habló: después de asesinar a Carolina, Tablado lo llamó y le contó lo que había hecho. Le pidió que lo ayudara en su plan de escape. “El Gordo”, como lo apodaban, no podía comprender lo que escuchaba pero se puso a buscar a Carolina. Primero llamó a la casa haciéndose pasar por una compañera y, al no encontrarla, fue hasta la casa de Tablado, donde lo demoró la policía y dijo dónde estaba Fabián.

Tablado estaba debajo del puente Tedín, en Tigre, esperando un remís. Había arreglado con Vallejo que el auto tocara tres bocinazos y él saldría.

Un auto sin identificaciones llegó al punto indicado. Tocó tres veces. Tablado salió de su escondite y se acercó. Del auto bajaron policías.

—¿Por qué le pegaste a tu novia? —le dijo uno.

—No le pegué —respondió Tablado—. La maté.

La puñalada 114

Jamás hubo dudas sobre quién había matado a Carolina. El escenario era brutal y explícito. Fabián Tablado había confesado el crimen al ser detenido y volvió a hacerlo en la etapa de investigación. Aun así, el juicio oral tardó en llegar. Recién empezó en diciembre de 1998.

Edgardo Aló asegura que, durante esa espera, recibió una explicación que no olvidó. Según relata, le dijeron que el caso de Carolina tendría que esperar porque el país seguía pendiente del juicio por el asesinato de María Soledad Morales. La razón, le explicaron, era que no convenía que coincidieran dos procesos de alta exposición. Había que administrar la atención pública: primero uno, después el otro. Aló interpretó aquella respuesta como una muestra de cómo se mezclaban la Justicia y la política. Era la primera de muchas desilusiones.

En los dos años y medios que demoró la elevación a juicio, Tablado construyó su defensa. Dijo ignorar sus propios actos. Habló de un escenario diabólico. De un impulso imposible de frenar. Se escudaba en la figura del inimputable. Esa estrategia definía su futuro. Si convencía al tribunal, terminaría en un psiquiátrico, sin condena.

Los peritos convocados por la defensa sostuvieron que, al momento del crimen, había sufrido un trastorno mental transitorio. Lo describieron como una persona borderline desde la infancia y plantearon la posibilidad de una crisis epiléptica que le hubiera impedido gobernar sus actos.

La fiscalía respondió con cuatro especialistas en neurología. Ninguno encontró evidencias que respaldaran esa hipótesis. Los estudios no mostraban alteraciones en su cerebro y los médicos señalaron otro dato: cada vez que un cuchillo se doblaba o se rompía, Tablado volvía a la cocina y buscaba otro. Para ellos, esa secuencia era incompatible con una pérdida de conciencia.

El tribunal lo consideró imputable. Es decir, podía ser juzgado y sancionado penalmente.

La discusión pasó entonces al máximo de la condena. La fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua. Para sostenerla, presentaron tres agravantes.

El primero fue la alevosía. Sostuvieron que Tablado había llevado a Carolina a su casa y que había mantenido relaciones sexuales con ella antes del ataque, lo que la colocó en una situación de indefensión.

El segundo, el ensañamiento. La acusación dijo que Carolina había sufrido un dolor que excedía el necesario para causarle la muerte.

El tercero, la premeditación. Vallejo declaró que Tablado había anunciado el crimen. La querella también se apoyó en el dibujo que los peritos encontraron en la escena: la figura de una mujer muerta en el piso. Según esa interpretación, el dibujo había sido realizado antes del asesinato.

Dos de los tres jueces no compartieron esos argumentos.

Fernando Mancini y Celia Vázquez entendieron que no había ensañamiento porque, según sostuvieron, la herida en el cuello había provocado la muerte en pocos segundos. Tampoco vieron alevosía. Carolina sabía adónde iba y conocía esa casa. Sobre la premeditación, concluyeron que no había existido un plan previo.

Fernando Barotto votó en disidencia. Quedó en minoría.

Por dos votos contra uno, el tribunal condenó a Fabián Tablado por homicidio simple. La pena máxima era de 25 años. Le impusieron 24. Aquel día Edgardo Aló salió de la sala y frente a las cámaras y micrófonos dijo: “Estos dos jueces acaban de pegar la puñalada número 114. Ciento trece le dio Tablado. La ciento catorce fue de ellos”.

Después aplicaron el beneficio del 2x1, una ley que contaba dobles los días en prisión previos a la condena firme. La pena quedó en 22 años.

En 1998, cuando Tablado fue condenado, la figura del femicidio no existía en el Código Penal argentino. Se incorporó 14 años después, en 2012. Tablado había matado a Carolina motivado por el odio de género. Pero la ley de entonces no tenía nombre para eso. O lo mal llamaba “crimen pasional”.

El casamiento en el penal

Dentro de la cárcel, Fabián Tablado se había convertido en un preso de buen comportamiento. Estudiaba. Predicaba la Biblia. Y recibía cartas. Muchas.

No solo de su familia. También de mujeres que no lo conocían y que le escribían desde afuera. El FBI tiene un nombre para ese fenómeno: hibristofilia. La atracción que sienten algunas personas por quien cometió un crimen que excede todos los límites. A Tablado le llegaban ofrecimientos para visitarlo, para conocerlo, para tener visitas íntimas.

Tuvo una novia dentro del penal. La relación terminó mal.

—Adentro de la cárcel, quiso clavarle la bombilla del mate porque tenía pantalones ajustados —asegura Edgardo.

La mujer no lo denunció. Nadie lo sancionó. Las visitas siguieron.

Así conoció a Roxana Villarejo. Era maestra y vivía a metros de la casa de la calle Albarellos donde Tablado había matado a Carolina. Le había empezado a escribir cuando él estaba en el penal de Sierra Chica y ella era menor de edad. Durante cuatro años intercambiaron cartas. Había un vínculo en común: la madre de Villarejo era pareja de un tío de Tablado.

En septiembre de 2007 se casaron en el penal de Magdalena. La fiesta incluyó 50 invitados. Él dijo que pronto tendría beneficios para salir y que se irían de luna de miel. De esa unión nacieron mellizas.

En 2008 Tablado obtuvo las primeras salidas transitorias. Edgardo Aló se quejó. La jueza Celia Vázquez y los jueces Raúl Borrino y Gustavo Deral le dijeron que era un derecho de Tablado. Aló siguió peleando. En 2010 la Cámara de Casación revocó las salidas y Tablado volvió a la cárcel. En 2011 recuperó el beneficio.

Habían pasado apenas unos meses cuando Roxana Villarejo se presentó ante la policía y denunció que Tablado las había amenazado de muerte a ella, a sus hijas y a su madre. Había grabado las llamadas.

En las llamadas se escuchaba a Tablado decirle:

—Yo por cien pesos acá consigo un fierro. Vos haceme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo, porque me cagás ahora y después gano yo. No te voy a hacer nada a vos. No te preocupes. Te voy a tocar donde más te duele. Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando, acordándote de mis palabras.

Villarejo le había dicho que quería divorciarse. Tablado respondió:

—No armés una vida con otro tipo, porque yo lo voy a abrir, le voy a sacar el corazón y me lo voy a comer delante tuyo.

En 2012, cuando había cumplido dos tercios de la condena, Tablado pidió la libertad condicional. La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro se la negó. Consideró que tenía un cuadro de inestabilidad emocional.

Un año después recibió una nueva condena. La Justicia lo encontró culpable de las amenazas contra su exesposa y le impuso una pena de dos años y medio. Esa sentencia se unificó con la que ya cumplía por el asesinato de Carolina.

Más adelante, obtuvo una reducción de seis meses por haber terminado la escuela secundaria y comenzar la carrera de Derecho en prisión.

El 28 de febrero de 2020, las cámaras de televisión se apostaron frente al penal de Campana. Fabián Tablado cruzó la última de las puertas. Era libre.

Su liberación generó repudio social y restricciones judiciales de distancia respecto a la familia Aló.

La misma casa

Al salir, Fabián Tablado volvió a instalarse en la casa de sus padres. Era la misma casa donde había asesinado a Carolina.

Edgardo Aló y su familia seguían en Tigre. La posibilidad de cruzarse con el hombre que había matado a Carolina ya no era una hipótesis lejana. Podía ocurrir en la calle, camino al trabajo, en cualquier esquina. Una jueza dispuso entonces una tobillera electrónica y le prohibió a Tablado acercarse a menos de trescientos metros de la casa y del lugar de trabajo de Aló. La restricción también alcanzaba a su exesposa y a las hijas mellizas.

Pero las restricciones duraron poco.

La tarde del 16 de octubre de 2020, las cámaras de seguridad de Tigre registraron a Fabián Tablado mientras cruzaba un puente de la mano de sus hijas. Eran tiempos de pandemia. Llevaba barbijo. En uno de los tobillos, la tobillera electrónica.

Las imágenes mostraban dos incumplimientos. Tablado tenía prohibido acercarse a sus hijas. También tenía vedado moverse a menos de trescientos metros de Edgardo Aló. El puente donde quedó filmado estaba dentro de ese radio. Las oficinas donde trabajaba el padre de Carolina quedaban a poca distancia.

Aló presentó una denuncia. Dos meses después, el 16 de diciembre de 2020, Tablado volvió a quedar detenido. La justicia condenó al asesino de Carolina a pasar un año más en la cárcel, ahora por el delito de desobediencia.

El 15 de diciembre de 2021 venció su pena. Había pasado en total 24 años preso y quedó otra vez libre. La restricción perimetral se elevó a 300 kilómetros.

Tablado fijó domicilio en Bell Ville, Córdoba, donde viviría con su novia. La estadía duró poco. Una medida de exclusión del hogar y denuncias de vecinos lo obligaron a mudarse. Intentó radicarse en San Clemente de Tuyú, en la costa bonaerense, en Cañada de Gómez, Santa Fe, y en Gobernador Virasoro, Corrientes. En cada uno de estos lugares los vecinos organizaron marchas en contra. Tuvo que irse.

El rechazo social lo obligó a peregrinar por distintos puntos del país. “En algún lugar tengo que vivir. Sino que entonces se ponga la pena de muerte para la gente como yo”, dijo en una entrevista televisiva.

Al recordarle esa frase, lo que menos se lee ahora en la cara de Edgardo Aló es compasión. No tiene por qué sentirla.

—“Yo tengo que tener un lugar para vivir, yo tengo derechos”. ¿Perdón? ¿Qué derecho tenía Carolina de morir? Entonces, cuando te hablan así, realmente te hacen hervir la sangre, porque no puede decir: “Yo tengo derechos, yo tengo derechos”. No tenés ningún derecho. El único derecho es que estás respirando.

Hace una pausa.

—Y lo que estoy haciendo en estos treinta años es hacer su vida lo más imposible que se pueda.

El último domicilio conocido de Fabián Tablado es Posadas, Misiones. Llegó hasta allí con ayuda. La agrupación cristiana Filipos lo cobijó. Una organización que, según Edgardo Aló, maneja el pastor Giménez.

Pero los kilómetros no son un escudo. En septiembre de 2024, la fragilidad del cerco quedó expuesta. La tobillera electrónica dejó de emitir señal. Edgardo Aló recibió entonces la llamada que no hubiera querido escuchar: Tablado estaba sin monitoreo.

La incertidumbre duró hasta que las autoridades lograron ubicarlo. Tablado explicó que había viajado al interior de Misiones para asistir a cursos en una escuela de oficios y que en esa zona no había señal telefónica. La Justicia le permitió continuar en libertad con la tobillera y le advirtió que la situación no debía repetirse.

Dos años después, frente a las versiones de que Tablado estuvo en Tigre durante el fin de semana de Pascuas de 2026, Aló mastica la sospecha. Se pregunta si el asesino de su hija volvió a caminar por su barrio. Si estuvo ahí, a metros de su puerta, como ya ocurrió.

“Hay muchas adentro del cajón”

Edgardo Aló es un hombre dañado que no llora.

—Salvo en el cementerio de San Fernando. Ahí te topás con la realidad. Te topás con un cajón que lleva el nombre de tu hija. Y ahí sí, te aflojás. Pero hay muchas. Hay muchas adentro del cajón.

En enero de 2020, cuando Tablado estaba a días de salir en libertad, Edgardo se sumó a una campaña que se llamó “Hombres contra el machismo”. La integraban otros padres que habían perdido a sus hijas en femicidios: Jorge Taddei, padre de Wanda, asesinada por el exbaterista de Callejeros Eduardo Vázquez; Miguel Pereyra, padre de Marisol, una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata; Hugo Capacio, padre de Dayana, asesinada por su novio en Rosario; Luis Basualdo, padre de Marcela, asesinada en Punta Lara junto a su pareja, y Gustavo Melmann, padre de Natalia, secuestrada, abusada y torturada por la Policía.

“Es hora de que trabajemos para concientizar al hombre”, escribió Aló en su adhesión. “Tenemos que hablarles a ellos, que son los victimarios. Si nos sentimos tocados como varones cuando se habla de violencia machista, entonces salgamos a decir y hacer algo para que esto cambie”.

Edgardo tiene una crítica al Estado que repite hace años.

—Está la ley que reconoce el femicidio, pero no se concentra en la prevención. Se aplica una vez que la mujer está muerta. Para evitar esa muerte no hay herramientas. Hay que actuar antes.

Edgardo Aló sigue enumerando las señales que, según él, merecen atención. Les habla a los padres y a las madres. Les pide que miren si sus hijas se alejan de sus amigos, si cambian de personalidad, si aparecen moretones o si empiezan a tener miedo.

Y a las mujeres les deja una advertencia.

—Es muy lindo escuchar “Yo te amo”, pero si eso cambia en una sola letra por “Yo tu amo”, “Vos me pertenecés”, tienen que reaccionar porque pueden perder hasta la vida.

Edgardo lamenta que su fundación no tenga un lugar físico desde donde funcionar ni un sitio web para difundir su trabajo. Pide ayuda: un espacio donde recibir a las víctimas de género y un subsidio para cubrir los gastos de traslado e imprenta de los abogados que asesoran en las causas judiciales y no cobran.

—A veces quedamos en el pozo de decir: “¿Qué hace la fundación?”. Hace lo que puede. [...] Esto es difícil y tenés que ponerle la cara, tenés que ponerle todo. A veces te dan ganas de decir: “Tiro todo al diablo”. Pero después encontrás a chicas que vienen y dicen: “¿Qué hago, Edgardo?”. Y otra vez a tirar del carro.

Los legisladores, dice, no ayudan.

—Yo los veo en Diputados y en el Senado debatir como si se estuvieran matando uno a otro y se olvidan de la gente. Nadie está trabajando para la gente.

La tarde cae sobre Tigre. Edgardo toma el celular por primera vez desde que empezó la charla, dos horas atrás. Hay mensajes sin responder.

Hace treinta años atiende llamados, recibe mensajes y sigue pistas. A veces son denuncias. A veces, mujeres que piden ayuda. A veces, un dato sobre Fabián Tablado.

Porque hay algo que no abandonó aquella noche helada de mayo de 1996.

Y porque, mientras siga respirando, quiere ser el primero en saber dónde está el hombre que mató a su hija.

Producción audiovisual, entrevistas y narración: María Belén Etchenique / Realizador: Gastón Taylor/ Edición: Florencia Montenegro

La Justicia de Rosario condenó este viernes a prisión perpetua a Aníbal Cabaña, de 62 años, por el femicidio de su exesposa Natalia Ocampo y el homicidio de César Valenzuela, en una causa que además quedó marcada por haber sido el primer juicio por jurados de la historia de la ciudad. El crimen fue cometido el 6 de abril de 2025 en una pensión de calle Uruguay al 5300.

La pena fue impuesta después de que un jurado popular, conformado por doce ciudadanos seleccionados para integrar el tribunal, declarara culpable a Aníbal Cabaña de manera unánime el pasado 12 de junio. La decisión fue tomada tras más de dos horas de deliberación secreta, luego de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, así como los testimonios de testigos y peritos, y tras más de dos horas de deliberación secreta a puerta cerrada. La jueza de primera instancia Eleonora Verón aplicó la sanción máxima prevista por la ley.

Cabaña fue hallado culpable de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Natalia Ocampo. También fue condenado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de César Valenzuela, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento y daño, todo en concurso real y en calidad de autor.

La respuesta central del caso quedó sellada este viernes cuando se informó que Cabaña deberá cumplir prisión perpetua por un femicidio y un homicidio. El caso juzgó el crimen de Natalia Ocampo, de 47 años, y el asesinato de César Valenzuela, de 48 años. La pena se detalló en la audiencia de cesura realizada en el Centro de Justicia Penal, después del veredicto de culpabilidad que un jurado popular dio a conocer durante la tarde.

Durante esa instancia, la jueza Eleonora Verón fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos y en la contundencia de las pruebas reunidas a lo largo del debate oral. Además, consideró los argumentos planteados por la Fiscalía Regional 2, que había solicitado la sanción más severa prevista por el Código Penal debido a la violencia ejercida y a los antecedentes de conflictividad en la relación entre víctima y victimario.

El femicidio de Natalia Ocampo

Durante el juicio, la Fiscalía afirmó que el femicidio de Ocampo ocurrió en un contexto de violencia de género sostenido durante años. La relación entre ambos se había extendido por aproximadamente 18 años y existían denuncias previas por violencia desde 2010. Pocos días antes del ataque, la víctima había obtenido una prohibición de acercamiento contra el acusado. También había denunciado amenazas de muerte.

Según la reconstrucción de los crímenes, se supo que Aníbal Cabaña ingresó al inmueble con llaves que, según la acusación, le había sustraído a su expareja. Una vez dentro, subió a la planta alta, donde estaba Valenzuela, y pateó una puerta divisoria para entrar al sector de living-cocina. Allí efectuó al menos al menos 8 disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm.

Natalia Ocampo recibió dos disparos en la cabeza y uno en el cuerpo, lo que le causó la muerte en el lugar. Por otro lado, César Valenzuela de 48 años quien era el novio de Ocampo fue atacado tras intentar defenderse durante un forcejeo. Finalmente Anibal Cabaña gatilló cinco veces contra Valenzuela, también en el cráneo y en el torso.

Tras cometer el doble homicidio, Cabaña se presentó voluntariamente en una comisaría local y reveló la ubicación del arma homicida, que había escondido en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

César Sena, uno de los tres condenados por la desaparición y crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, fue trasladado el último miércoles a la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando por una crisis mental. Horas después fue devuelto a la cárcel, según pudo saber Infobae por fuentes cercanas a la familia.

Hasta ahora no se conoció el diagnóstico del joven que está condenado a prisión perpetua junto a su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña. No obstante, desde su entorno sí revelaron a este medio que “un familiar aseveró que César Sena no recordaba nada cuando volvió del hospital a prisión”.

La internación, en su momento había sido confirmada por el abogado Ricardo Osuna. Según El Litoral, la derivación se dispuso después de una “fuerte descompensación emocional” mientras estaba alojado en el Complejo Penitenciario I.

Antecedentes

Sena recibía asistencia psicológica desde antes de ser detenido por el caso. Pero la crisis psicológica del día miércoles tuvo mayor intensidad y motivó su traslado inmediato para observación especializada.

Poco después de la detención del exnovio de la víctima, una evaluación psiquiátrica ya había establecido que Sena podía comprender el hecho que se le imputaba de acuerdo con sus facultades mentales.

En aquel momento, la entonces defensora oficial de Sena había pedido una “evaluación integral y multidisciplinaria” y asistencia psiquiátrica, además de medicación en caso de que el profesional lo estimara.

Fuentes judiciales confirmaron que el examen previsto por el artículo 90 del Código Procesal Penal del Chaco “se hace en todos los casos” y que, una vez notificada de que ya se había practicado, la defensora “se dio por satisfecha”.

La solicitud de asistencia profesional se apoyaba en la manifestación de Sena sobre una atención previa en salud mental en la Clínica San Gabriel, de Chaco.

Las condenas por el femicidio de Strzyzowski

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal condenó a Sena a prisión perpetua por el femicidio de Strzyzowski. En la misma causa, sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena.

Además, hubo otras cuatro personas implicadas en el crimen que también están detenidas. Una de ellas, el casero del campo de los Sena, quien aseguró que llevaron el cuerpo de Cecilia a un basural.

Por ello, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y 10 meses por el mismo delito y luego recuperó la libertad, mientras que Griselda Lucía Reynoso resultó absuelta.

La mujer, llamada Carla, aseguró que trabajó en el lugar entre 2020 y 2024 y que fue la propia Andreani quien la incorporó al local. “Fui a trabajar sabiendo que era por un trabajo sexual”, manifestó en una entrevista con El Doce.

De acuerdo con su versión, Andreani administraba los encuentros con clientes, fijaba condiciones y recibía una parte del dinero obtenido por las mujeres. “Esto era un 50 y 50. Un servicio de 5 mil pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la otra mitad iba para ella”, sostuvo.

La mujer también afirmó que Andreani seleccionaba personalmente a quienes trabajaban en el lugar. “Tenías que ser linda, si eras fea no entrabas”, recordó. Además, aseguró que muchas aceptaban las condiciones por necesidades económicas y acusó a la imputada de aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los puntos más delicados de su declaración estuvo relacionado con la presunta presencia de menores de edad en el local. Según sostuvo, algunas de las jóvenes que realizaban servicios sexuales no habían cumplido los 18 años. Esa afirmación todavía no fue corroborada judicialmente.

Carla también aseguró que Andreani llevaba registros escritos de la actividad. “Tenía cuadernos donde anotaba las salidas de cada una”, señaló.

Respecto del funcionamiento interno del local, describió el lugar como “asqueroso” y afirmó que allí circulaban drogas y alcohol. Según denunció, algunos clientes eran drogados sin su consentimiento y también se comercializaban estupefacientes dentro del establecimiento. “Nosotras sabíamos que les iban a poner drogas en los vasos”, afirmó.

La mujer indicó además que el espacio destinado a los encuentros sexuales estaba ubicado en el primer piso del inmueble y describió el ambiente como precario y en malas condiciones de higiene.

Otro de los pasajes más impactantes de la entrevista estuvo relacionado con su salida del lugar. Carla aseguró que decidió alejarse definitivamente cuando sospechó que Andreani intentó suministrarle drogas sin su consentimiento.

“Un día me empecé a sentir mal. Como yo ya consumía, sabía que me habían puesto algo”, relató. Y siguió: “Desde esa vez que me quiso drogar no volví nunca más”.

En ese sentido, calificó a Andreani como una persona “manipuladora” y “mentirosa”. También mencionó a una mujer conocida como “La Gringa” Ludmila, a quien identificó como presunta socia de Andreani y supuesta pareja de Claudio Barrelier.

Las acusaciones formuladas por la mujer tuvieron repercusión inmediata en la Justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Carla declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con lo informado por el propio fiscal, los hechos denunciados por la ex trabajadora de Wachitas Bar se remontan al período comprendido entre 2020 y 2023. Por ese motivo, la información aportada en su testimonio será remitida a las áreas especializadas en narcotráfico e integridad sexual para que evalúen si corresponde impulsar investigaciones sobre los presuntos delitos mencionados.

Fuentes judiciales aclararon, sin embargo, que por el momento no existe ningún elemento que vincule las actividades denunciadas en Wachitas Bar con el femicidio de Agostina Vega. En ese sentido, remarcaron que la investigación por el crimen de la adolescente y las acusaciones relacionadas con el local nocturno avanzan por carriles separados.

De momento, Soledad Andreani permanece imputada por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega y será indagada este viernes por el fiscal Garzón, mientras que mañana será el turno del otro imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta.

El principal acusado fue trasladado esta mañana a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el fiscal Raúl Garzón. Tras más de media hora de audiencia, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

Según informó el medio local La Voz, para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

En diálogo con la prensa, Cassini detalló: “Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”. Al ser consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado se limitó a responder que el avance de la investigación depende de la fiscalía.

Por otro lado, Cassini señaló que por el momento no fue notificado sobre una nueva indagatoria a Barrelier y evitó brindar mayores detalles.

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado. La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente. Nuevamente, no aportó información útil.

En estos momentos, Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer. Previamente, había estado internado en el Hospital Modular, el cual se encuentra en dicho complejo penitenciario, tras manifestar conductas suicidas.

Se espera que el miércoles sean indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados de encubrimiento agravado. Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que la acusación contra ambos pueda agravarse.

Fassetta, amigo de Barrelier y residente de la vivienda ubicada en el barrio Cofico, donde habría ocurrido el crimen, es investigado ya que para la fiscalía resulta poco probable que no haya escuchado ningún ruido en la casa el día de la desaparición de Agostina. A su vez, buscan determinar si Fassetta fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Eduardo Medina Allende, abogado del acusado, adelantó que su defendido negará las acusaciones en su contra.

Por otro lado, Andreani, ex pareja de Barrelier, es investigada por ser la dueña del auto Ford Ka que el principal acusado habría utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado. Según detalló su defensora, Marina Romano, Andreani se encuentra bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental.

Por último, en los próximos días la fiscalía espera recibir los estudios psicológicos realizados a Barrelier y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

A poco más de dos semanas de que encontraran los restos de Agostina Vega en un descampado de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón citó a declarar a los tres detenidos por el femicidio. Según confiaron fuentes de la investigación a Infobae, las indagatorias se realizarán entre este martes y miércoles. En ese contexto, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani deberán concurrir en los Tribunales provinciales junto a sus respectivos defensores para responder por las imputaciones que pesan en su contra.

Barrelier se encuentra imputado como presunto autor de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), mientras que Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento agravado. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que no se descarta una reformulación o agravamiento de las acusaciones. En ese marco, se analiza el eventual agravante de homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que se mata para ocultar otro delito. La posibilidad de que el crimen haya sido premeditado también forma parte de las hipótesis bajo análisis.

El principal acusado será el primero en declarar, según informó La Voz. Actualmente permanece alojado en el penal de Bouwer, luego de haber estado internado en el Hospital Modular que funciona dentro del complejo penitenciario tras manifestar conductas compatibles con riesgo suicida. Será la tercera vez que Barrelier se siente frente al fiscal Garzón.

La primera fue cuando estaba acusado únicamente por privación ilegítima de la libertad: negó los hechos y ensayó la versión del auto rojo, que luego fue descartada. La segunda ocurrió cuando el fiscal lo convocó de urgencia para intentar establecer dónde había descartado los restos de Agostina. No aportó información.

Fassetta, en tanto, será indagado el miércoles. Amigo de Barrelier y residente de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen, para la fiscalía resulta poco probable que no haya advertido ni escuchado nada relevante. También se investiga si fue él quien realizó llamados y envió mensajes a la madre de Agostina durante los primeros días de búsqueda. En uno de esos contactos, una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”. Su defensa, a cargo de Eduardo Medina Allende, anticipó que rechazará las acusaciones y lo definió como un “perejil” dentro de la causa.

Ese mismo día también fue convocada Andreani, ex pareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de los investigadores, fue utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue hallado. La mujer estuvo internada bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental, según informó su defensora, Marina Romano. En los últimos días, además, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se la observa junto a Barrelier y a bordo del vehículo negro horas después del crimen.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier. A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas una de las pruebas más importantes para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del femicidio.

La tragedia llegó este lunes en horas del mediodía a la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, cuando un hombre de aproximadamente 45 años se presentó, arma blanca en mano, a un restaurante donde se encontraba su supuesta expareja, a quien le causó la muerte.

La víctima falleció en el lugar de los hechos al recibir una herida provocada con un arma punzocortante, elevando hasta el momento a 3 los femicidios en la provincia de Chiriquí y a 11 en el país.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron al sujeto, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones respectivas.

Este lunes las autoridades judiciales también aprehendieron a un sospechoso de femicidio y tentativa de homicidio, por un hecho ocurrido el pasado 7 de junio en el sector de Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito, donde una mujer perdió la vida y otra fue herida.

La aprehensión se efectuó mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento Arnulfo Arias, ubicando a este hombre requerido por este caso, siendo trasladados para los trámites correspondientes.

De acuerdo con la Policía, el sospechoso mantiene antecedentes penales por casos de robo agravado, riña, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión verbal.

Según el Centro de Estadísticas del Ministerio Público, del 1 de enero y al 31 de mayo de este año se han registrado 10 víctimas de femicidio, 12 tentativas de femicidio y 6 muertes violentas de mujeres, clasificación que se refiere a todos los homicidios de personas del sexo femenino que no fueron consideradas como femicidios, según valoración del Fiscal del caso y la aplicación de la ley vigente.

Las cifras representan un aumento importante frente al mismo período de 2025. El informe señala que los femicidios al 31 de mayo pasaron de 7 casos a 10, lo que equivale a un incremento de 43%, mientras que las tentativas de femicidio aumentaron de 9 a 12 víctimas, un crecimiento de 33%. Mientras, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 7 a 3 casos, -14%.

Para que en Panamá exista un femicidio este debe partir de la definición penal vigente, por ejemplo, la exigencia de que exista una relación de pareja o ex pareja, o que se acrediten determinadas circunstancias de género, y tener en cuenta que no todas las muertes violentas de mujeres se clasifican de inmediato como femicidios.

Algunas pueden aparecer inicialmente como homicidios dolosos, lesiones personales con resultado de muerte u otros delitos, para luego ser reclasificadas en etapas avanzadas de la investigación.

En la mayoría de los casos, el agresor es una pareja o expareja, lo que sitúa el femicidio íntimo como la forma predominante de violencia letal contra las mujeres.

Esta realidad refuerza la idea de que el espacio doméstico, lejos de ser un lugar seguro, puede convertirse en el escenario de las más graves vulneraciones de derechos.

En algunos casos, el femicidio se comete en presencia de menores de edad o dentro del hogar compartido, lo que agrava el trauma y las consecuencias para la familia.

También existen femicidios no íntimos, en los que el agresor es un conocido, un vecino, un desconocido o un miembro de redes criminales.

Estos casos pueden estar vinculados a otras formas de violencia como la trata de personas, la explotación sexual, las actividades delictivas o conflictos comunitarios.

En Panamá los casos que llegan a los medios de comunicación suelen incluir narrativas de mujeres que habían anunciado su intención de terminar la relación o que ya se habían separado, pero seguían siendo acosadas y amenazadas por sus exparejas.

La justicia de Costa Rica determinó que un hombre de apellidos Chavarría Monge deberá continuar bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por el femicidio de Cindy Murillo Bonilla y el homicidio de su hija menor. El Juzgado Penal de Alajuela resolvió extender la medida cautelar, que rige desde el 4 de noviembre de 2025, por un período adicional de seis meses.

El caso se remonta a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, cuando los hechos salieron a la luz tras una alerta de emergencia en una vivienda situada en Calle Esperanza, en el distrito de San Rafael de Alajuela.

El Ministerio Público atribuye a Chavarría la supuesta responsabilidad en la muerte de las víctimas mediante mecanismos de asfixia.

La relación entre Chavarría y Murillo se habría iniciado apenas en septiembre de 2025. Desde ese momento, ambos convivían junto con la menor en el apartamento donde posteriormente ocurrió el crimen. La Fiscalía sostiene que los hechos habrían acontecido entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025.

Durante la noche del 2 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense acudieron al lugar tras recibir una llamada por una emergencia doméstica.

Inicialmente, las autoridades consideraron que se trataba de una posible fuga de gas. Sin embargo, al ingresar a la vivienda, los socorristas hallaron los cuerpos de Cindy Murillo Bonilla y de su hija sobre una cama y cubiertos con una cobija.

Chavarría también fue encontrado dentro del apartamento, con lesiones de arma blanca en las muñecas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela para su atención médica.

La residencia donde ocurrió el crimen había sido habitada por Murillo y su hija durante menos de seis meses. El caso provocó un fuerte impacto en la comunidad local. Varios vecinos habían manifestado que no percibieron ningún ruido ni señales que permitieran sospechar que estaba ocurriendo una situación violenta en el interior del apartamento de Calle Esperanza.

La investigación judicial continúa bajo reserva, mientras la Fiscalía recopila pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos. El Juzgado Penal de Alajuela fundamentó la extensión de la prisión preventiva en la gravedad de los delitos investigados y en la necesidad de evitar riesgos procesales, como la posible fuga del imputado o la alteración de pruebas.

De acuerdo con los procedimientos judiciales en Costa Rica, la prisión preventiva puede renovarse sucesivamente en casos de delitos graves, como el femicidio y el homicidio calificado.

Este doble crimen ha suscitado un debate sobre la seguridad de las mujeres y los menores en situaciones de convivencia con parejas recientes. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas de Costa Rica han solicitado a las autoridades fortalecer los mecanismos de prevención y atención en casos de violencia doméstica.

La Fiscalía no ha dado a conocer nuevos detalles sobre la evolución del caso ni sobre eventuales pruebas adicionales, manteniendo la confidencialidad habitual en investigaciones de esta índole. El proceso judicial contra Chavarría Monge sigue en curso, con la expectativa de que las autoridades definan en los próximos meses si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio.

Según datos del Poder Judicial de Costa Rica, los casos de femicidio y homicidio intrafamiliar han incrementado la presión sobre los tribunales y las instituciones encargadas de la protección de víctimas. El caso de Cindy Murillo Bonilla y su hija permanece bajo seguimiento público, tanto por la gravedad de los hechos como por la respuesta de las autoridades judiciales.

Roberto José Fuentes, el hombre acusado por el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte en Tucumán, fue imputado este lunes por homicidio agravado por mediar violencia de género y le dictaron prisión preventiva por seis meses. La fiscalía sostiene que golpeó y estranguló a la mujer de 41 años y luego intentó incendiar el auto donde dejó el cuerpo para ocultar el crimen.

El dato que surgió tras la audiencia es que Fuentes había recuperado la libertad el pasado 3 de abril, luego de cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual dictada en 2021, según publicó La Gaceta. Poco más de dos meses después de salir de la cárcel, volvió a quedar detenido, ahora acusado de matar a una mujer.

La detención se produjo durante el fin de semana luego de que los investigadores analizaran cámaras de seguridad que registraron a un hombre saliendo del Fiat Palio bordó donde posteriormente fue hallada la víctima. Según pudo saber Infobae, de fuentes judiciales, esas imágenes fueron determinantes para identificar al sospechoso y avanzar con su captura.

La medida cautelar fue dispuesta durante una audiencia encabezada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, quien solicitó la convalidación de la aprehensión, la formalización de la investigación y la imposición de medidas de coerción contra el acusado.

Durante la audiencia, la fiscalía imputó a Fuentes como autor del femicidio y requirió que permaneciera detenido durante seis meses al considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma”, sostuvo Maggio al fundamentar el pedido.

Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar a los planteos de la acusación pública y ordenó la prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.

La reconstrucción del femicidio

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cerca de la 1, en el interior de un Fiat Palio bordó estacionado sobre la calle Francia al 1160, en la zona este de San Miguel de Tucumán.

Según la hipótesis de los investigadores, Fuentes se encontraba junto a Lazarte en el asiento trasero del vehículo cuando la atacó golpeándola reiteradamente en el rostro y en la cabeza con un elemento que le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por Lazarte en razón de su vulnerabilidad como mujer”, sostuvo la fiscalía, el acusado le provocó cortes en la mejilla izquierda y en el glúteo derecho.

Luego, siempre según la reconstrucción fiscal, tomó un lazo con el que rodeó el cuello de la víctima y la estranguló hasta causarle la muerte. La autopsia determinó que Lazarte falleció por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

La fiscalía sostuvo además que, una vez consumado el crimen, Fuentes intentó incendiar el automóvil para eliminar evidencias y asegurar su impunidad. Sin embargo, vecinos de la zona advirtieron la presencia de fuego y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

La rápida intervención policial permitió sofocar las llamas y descubrir el cuerpo de la mujer dentro del vehículo. Posteriormente, las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad permitieron orientar la investigación hacia el ahora imputado.

Lazarte, conocida por sus allegados como “Piba”, tenía 41 años y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Según trascendió, vivía en la calle desde los 15 años y era madre de cuatro hijos con edades que iban de los cinco a los diecinueve años. Sin embargo, por la situación en la que se encontraba la mujer, todos fueron institucionalizados. Sus identidades permanecen bajo reserva por tratarse, en su mayoría, de menores de edad.

Un hombre mató a su pareja a disparos y luego se suicidó en una zona rural de Cerro Largo, cerca de la frontera de Uruguay con Brasil. En el lugar estaba Cristóbal, hijo de ambos.

Después de asesinarla, el femicida llamó al 911 y la Policía fue hasta el establecimiento rural pasada la hora 20 del pasado viernes. La casa era en Puntas de Quebracho, una pequeña localidad del departamento. Cuando llegaron, se encontraron a Yaquelín, una mujer de unos 40 años, con varias heridas de arma de fuego, según los datos consignados por el noticiero Telemundo de Canal 12.

En ese momento, la víctima todavía estaba con vida pero poco después se constató su fallecimiento en un centro de salud de Fraile Muerto, una ciudad cercana.

El autor del crimen fue un hombre de 46 años, que se ahorcó después de dispararle. “En horas de la mañana de hoy [sábado] personal policial ubica a quien sería el agresor, también sin vida, próximo al lugar en el que había sido ubicada la víctima”, detalló Larry López, subjefe de Policía de Cerro Largo en una rueda de prensa.

“Todo indica que se trató de una agresión con arma de fuego, que produjo luego el fallecimiento de la víctima momentos después de que ingresara al centro asistencial adonde fue trasladada por personal policial”, amplió en declaraciones al noticiero Subrayado de Canal 10.

Su pareja estaba a unos 200 metros de la escena del crimen. Fue encontrado “en la zona de un bosque”, según detalló el jerarca, donde se había ahorcado.

Según los datos primarios, no había denuncias por violencia doméstica. El episodio continúa bajo investigación. La Fiscalía está recabando pruebas, pero hasta el momento no hay otras personas involucradas.

El menor quedó con familiares maternos mientras avanzan las indagatorias.

La carta de la maestra

El femicidio generó tristeza, impotencia y dolor en la zona.

Así quedó reflejado en una carta que escribió Silvia Miranda, la maestra de Cristóbal, informada por Telemundo. “La tristeza que me invade e impotencia ante una acción tan grande, tan grande, una vez más, de un femicidio”, dice el texto publicado en Facebook en el que define a Yaquelín, la víctima, como una “amiga”.

“A mi alumno Cristóbal solito lo han dejado al quitarle a su mamá. Su padre, culpable de todo, se mata”, escribió. Miranda lamentó “la barbaridad” que cometió el padre del joven.

“¿Hasta cuándo más Yaquilines? A quienes conocimos a Yaquelín y Cristóbal nos queda tremendo dolor y vacío. En mi corazón, con el poco tiempo que nos tratamos, ella se hizo querer y mostró cómo lo que era: una madre intachable, una excelente señora madre presente. Todos los adjetivos buenos le cabían”, dice el texto, que fue editado para esta nota para facilitar su lectura.

“Hoy ya no está. Q.E.P.D, querida amiga. Desde el lugar en el que estés que puedas seguir cuidando a tu tan querido hijo. Te extrañaré porque te hiciste querer en poquito tiempo. Y a Cristóbal que todos los ángeles lo cuiden por siempre. Eres un grande, pero pequeño todavía”, cerró.

La noticia llegó días después de otro femicidio ocurrido en el interior de Uruguay. Avril había salido del liceo y se había trasladado en ómnibus en la localidad de Ciudad del Plata (San José). Cuando bajó, un compañero de clase la siguió y esperó a que quedara sola. El asesino, que ya le había dicho que “la odiaba”, le dio de 41 puñaladas (algunas en la cabeza).

De la audiencia judicial surge que el crimen fue planificado. De hecho, se había apropiado del arma homicida hacía dos meses. Además, del historial del Chat GPT surge que le había preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los puntos en los que se pude apuñalar a alguien para matarla más rápido, cómo se puede hacer una bomba, cuál es la pena por femicidio, si existe la cadena perpetua en Uruguay y qué pasaría si decapita a una mujer.

Durante la madrugada del viernes, un incendio en la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy dejó en estado crítico a uno de los internos más notorios del penal. Raúl Abad, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda, resultó gravemente herido junto a otro recluso tras el siniestro que afectó una celda del pabellón 5. Las autoridades provinciales confirmaron que el incidente tuvo origen presuntamente intencional.

De acuerdo con Somos Jujuy, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego alcanzó directamente la celda donde se encontraban Abad y otro interno de apellido Enríquez, ambos cumpliendo condenas firmes. La emergencia obligó a trasladar de urgencia a Abad al hospital Pablo Soria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según el funcionario, el recluso sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares debido a la inhalación de monóxido de carbono.

La rápida intervención del personal penitenciario evitó que el incendio se propagara a otras áreas del pabellón, limitando los daños materiales y personales. “El personal del servicio penitenciario intervino y evitó obviamente que las lesiones y los daños fueran mayores”, señaló Gil Urquiola. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera concluyente el motivo del incendio, aunque existen hipótesis ligadas a reclamos internos entre los detenidos. La fiscalía de turno continúa la investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del suceso.

Este episodio adquiere relevancia pública por el perfil del principal afectado. Raúl Abad fue condenado a prisión perpetua en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó el 3 de mayo, cuando el Tribunal en lo Criminal N° 3, presidido por la jueza María Margarita Nallar, condenó a Abad y Cachizumba como responsables de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

El femicidio de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La adolescente salió de su casa en bicicleta y no regresó, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de su familia. La respuesta policial resultó insuficiente y la búsqueda formal se activó con demoras, mientras vecinos y allegados realizaron rastrillajes por la zona. Cinco días después, el cuerpo de Iara fue hallado en un descampado, atado de pies y manos y con signos de haber sido estrangulada.

La investigación judicial determinó que Iara fue abordada por Raúl Abad, Raúl Arnaldo Cachizumba y un menor de edad, con quien mantenía una relación sentimental. Los tres la subieron por la fuerza a un vehículo, la trasladaron a un área alejada y la sometieron a violencia física y psicológica. Tras inmovilizarla, la estrangularon con un lazo y, ya sin vida, intentaron quemar su cuerpo para borrar rastros del crimen, antes de enterrarlo en el descampado donde fue encontrada.

El femicidio de Iara Rueda impulsó la sanción de la llamada Ley Iara N° 6.186, que declaró la emergencia pública en violencia de género en la provincia y generó cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Este juicio paralelo se centra en la presunta responsabilidad de varios efectivos policiales que, según la acusación, omitieron activar de inmediato el protocolo general de búsqueda de personas desaparecidas, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal del caso. La familia impulsó una causa paralela por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue elevada a juicio oral y público y cuenta con el acompañamiento del Ministerio.

La calificación aplicada es la de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí, la misma por la que fue indagado el mes pasado.

La calificación es al menos grave. Si es condenado, “Pequeño J” -hoy preso en un régimen para detenidos de alto riesgo en el penal de Marcos Paz tras su extradición desde Perú-, podría recibir la pena de prisión perpetua. Su defensa, a cargo del abogado penalista Lucas Contreras Alderete, anunció que apelará la medida.

La decisión fue tomada por el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, con una investigación llevada adelante por el secretario Ignacio Calvi, tras un arduo trabajo de la UFI de Homicidios de La Matanza, que elevó el expediente al fuero federal en la primavera de 2025 tras esclarecer las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

Para el juez, Valverde “ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, asegura una fuente del caso. “Su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes”, continúa la fuente.

La imputación podría empeorar. “Ahora existen elementos que vinculan al acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. También se incorporaron hipótesis vinculadas a posibles delitos de trata y explotación sexual, y eventuales maniobras de lavado de activos”, asegura una alta fuente del expediente. El juzgado pidió a las autoridades de Perú formalizar la ampliación de la imputación -por ley, solo podría procesarlo por la calificación por la que fue extraditado-. Todavía no recibió respuesta.

La Justicia también estudia realizar una extracción de ADN compulsiva para “Pequeño J” y los otros detenidos del caso. El objetivo es cotejar las muestras de material genético bajo las uñas de las víctimas, lo que indica una posible maniobra defensiva, una prueba que, si su resultado es positivo, complicaría seriamente a cualquier acusado.

También, se peritará eventualmente el jogging blanco que Valverde dejó atrás en la casa de su novia en Isidro Casanova antes de fugarse a Bolivia. Un informe policial apuntaba a una “presunta mancha hemática”. En su indagatoria, en donde negó cometer el hecho o ser parte de la trama que llevó a los femicidios de Brenda, Morena y Lara, “Pequeño J” aseguró que era vino que bebió en su cumpleaños.

La primera entrevista a “Pequeño J”

El acusado rompió el silencio dos semanas atrás con una entrevista concedida desde la cárcel a Infobae, la primera de su historia. Allí, negó también ser el autor intelectual del triple crimen, un rótulo con el que fue anunciado por autoridades policiales y medios de comunicación tras su fuga a Perú. “Cuando vi en las redes que me mostraban como el autor intelectual como un narcotraficante,estaba cagado de miedo, porque yo no era ninguna de las dos cosas. Si fuese un narco, no hubiera aparecido en ningún lado", aseveró.

Luego, dijo: “Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad,a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver. También, tengo miedo porque menciono a personas que pueden ser un problema para mí“, afirmó.

El caso por el femicidio de Corina Mabel Mena, que ha conmocionado a la comunidad de Junín de los Andes, tuvo un giro inesperado cuando las juezas Carolina González y Laura Barbé votaron a favor de la prisión domiciliaria para el imputado, Jorge Octavio Linco.

La medida, adoptada a última hora y en una audiencia que enfrentó posturas jurídicas antagónicas, deja a Linco en un paraje bajo custodia policial permanente y monitoreo electrónico. La jueza Leticia Lorenzo, en disidencia, sostuvo que la decisión excedía los límites del planteo original de la defensa y advertía sobre el impacto en los derechos de la víctima y su familia.

La resolución provocó la inmediata reacción del fiscal jefe Gastón Ávila y la representante legal de la familia Mena, quienes anunciaron que presentarán una impugnación. El proceso judicial aún no está cerrado: falta la audiencia de determinación de la pena, que podría suponer prisión perpetua para Linco si se mantiene la calificación de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.

El debate central giró en torno a la interpretación del artículo 119 del Código Procesal Penal, que regula los plazos de la prisión preventiva. Según lo informado, el juez de garantías Ignacio Pombo había prorrogado la detención de Linco por tres meses, tras considerar que el riesgo de fuga persistía y que incluso había aumentado tras el veredicto de culpabilidad dictado en mayo de 2026 por un jurado popular.

La defensa, encabezada por el abogado de Linco, argumentó que correspondía aplicar la versión anterior de la ley, más benigna en cuanto a los plazos, y solicitó la anulación de la prisión preventiva por haber transcurrido más de un año desde su inicio, el 7 de junio de 2025. En forma alternativa, pidió la libertad vigilada o la prisión domiciliaria.

El fiscal jefe Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora y la querella, se opuso de manera categórica. Sostuvo que la resolución del juez Pombo estaba debidamente fundamentada y que no existían elementos nuevos que justificaran una modificación de la medida. Remarcó que, según la normativa vigente, el plazo de un año de prisión preventiva se computa hasta la sentencia que declara la responsabilidad del imputado.

A pesar de estos argumentos, la mayoría del tribunal adoptó una interpretación distinta. Consideró que el juicio es un acto único dividido en dos fases: una de responsabilidad y otra de determinación de la pena. Por lo tanto, el plazo de la prisión preventiva no se detendría hasta que se realice la audiencia final en la que se definirá la condena.

La jueza Leticia Lorenzo, en su voto disidente, advirtió que el tribunal debía limitarse a revisar lo solicitado por la defensa y no abrir el debate a otros aspectos no planteados. Subrayó que el Código Procesal Penal identifica la primera etapa del juicio como la de responsabilidad, tras la cual corresponde dictar sentencia absolutoria o de culpabilidad.

La decisión del tribunal revocó la prórroga de la prisión preventiva y permitió discutir la prisión domiciliaria, tal como había solicitado la defensa. Linco tiene prohibido mantener contacto con familiares de la víctima y con testigos propuestos en la causa.

De acuerdo con la reconstrucción acreditada en el juicio, el hecho ocurrió el 7 de junio de 2025, poco después de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores de Junín de los Andes. Linco atacó primero a M. D. G. T., causándole una herida abdominal con un arma blanca, y luego agredió a Corina Mabel Mena con una puñalada en el tórax, que le perforó el corazón y le ocasionó la muerte.

La familia de la víctima y la fiscalía buscan revertir la decisión del tribunal revisor. El caso permanece abierto, a la espera de la audiencia de determinación de la pena, donde podría confirmarse la sentencia de prisión perpetua para Linco por el delito de femicidio agravado por el vínculo.

“13 desde el 2013. Cuánto pesa tu ausencia”, comienza el emotivo posteo que compartió Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, al cumplirse un nuevo aniversario del femicidio de su hija. Un 11 de junio, pero de 2013, la adolesente de 16 años fue asesinada por Jorge Mangeri tras un intento de abuso. El femicida fue condenado a prisión perpetua.

El mensaje, compartido en su perfil de Facebook junto a una foto de la lápida de Ángeles, continúa: “Es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella... Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer”.

A su vez, en un pasaje del posteo, Aduriz recordó la forma de ser de su hija: “Tu pelo enmarañado, arrastrando tus pantuflas, con tu mal humor hasta que te tomabas tu té con dos tostadas y ahí empezabas a sonreír. Tus comentarios graciosos que daban en el blanco, y nos hacías reír”.

“Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor... Mañana seguiré”, expresó Aduriz. Y concluyó: “Me duele demasiado, y te amo de la misma forma, Mumina de mami”.

En cada aniversario del femicidio de su hija, Jimena suele utilizar sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Ángeles. Asimismo, en reiteradas ocasiones, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su acompañamiento a los familiares de otras víctimas de femicidios, como por ejemplo a la familia Taddei y los Strzyzowski.

El crimen de Ángeles Rawson

El martes 11 de junio de 2013, un empleado del Complejo Ambiental Norte 3 del CEAMSE de José León Suárez interrumpió la cinta de residuos al notar lo que primero creyó que era un maniquí y luego resultaron ser los restos de una adolescente. En simultáneo, en el barrio de Palermo, familiares y amigos buscaban a Ángeles, que había salido del colegio Virgen del Valle para una clase de gimnasia y fue captada por última vez llegando a la puerta de su casa. De ella era el cadaver aparecido.

La investigación judicial determinó que la joven había sido víctima de un intento de abuso sexual. Se resistió y fue estrangulada manualmente hasta la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue arrojado a un contenedor de basura y trasladado hasta la planta del CEAMSE.

En un principio, las sospechas apuntaron al entorno familiar, pero las pruebas y los testimonios eximieron rápidamente a su padrastro, Sergio Opatowski, quien tenía una coartada, la cual luego fue confirmada por cámaras de seguridad. Posteriormente, la investigación se concentró en el encargado del edificio, Jorge Mangeri, quien cayó en contradicciones durante su declaración y terminó confesando: “Soy el responsable de lo de la calle Ravignani 2360. Mi mujer no tiene nada que ver”.

Tras su detención, Mangeri fue condenado a prisión perpetua en 2015, pena que fue confirmada por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante una década, estuvo detenido en el penal de Ezeiza, hasta que fue trasladado al nuevo pabellón de ofensores sexuales del penal de Rawson, en Chubut.

La noche de ayer 9 de junio parecía transcurrir con normalidad en las afueras de la ciudad de Masaya. Sin embargo, detrás de las paredes del Auto Hotel “Momentos Diferentes”, ubicado a escasos 70 metros al norte de la rotonda El Coyotepe, se gestaba una tragedia que hoy enluta a una familia nicaragüense y deja a un niño en la orfandad.

María Celeste Meza Valle, de 30 años, ingresó a ese lugar sin saber que sería el escenario de sus últimos minutos de vida, presuntamente a manos de su cónyuge, Walter Ramón Martínez Trujillo, de la misma edad.

El reloj marcaba aproximadamente las 08:30 de la noche cuando la pareja arribó al establecimiento a bordo de un taxi Toyota Yaris, color blanco, con placas M 12-654. Nadie en el motel sospechaba que, bajo la aparente tranquilidad de los clientes, se escondía un historial de conflictos personales y económicos que estaba a punto de estallar de la peor manera posible.

Minutos después de que la pareja se instalara en la habitación, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. Los trabajadores y testigos del auto hotel se alertaron al escuchar gritos desgarradores de auxilio que provenían del cuarto. El instinto de protección hizo que el personal del establecimiento acudiera de inmediato a revisar qué sucedía, pero el escenario que encontraron al abrir la puerta fue devastador.

María Celeste yacía gravemente herida dentro del baño de la habitación, ensangrentada y luchando por su vida. Mientras el personal intentaba asimilar el horror de la escena, el presunto agresor, Walter Ramón Martínez Trujillo, ya había iniciado una precipitada huida.

Con la adrenalina del crimen y el desespero de evadir a la justicia, Martínez subió al taxi Toyota Yaris y aceleró a fondo. En su violento escape, impactó fuertemente contra una parte del portón principal del motel, destrozando la estructura antes de incorporarse a la carretera a toda velocidad.

Los empleados, en medio de la crisis, llamaron de urgencia a las autoridades policiales y a los cuerpos de socorro con la esperanza de salvar a la joven madre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho; al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El “Plan Candado” y la captura en la madrugada

La respuesta de la Policía Nacional del departamento de Masaya fue inmediata. Tras recibir la denuncia y constatar la gravedad del femicidio, se activaron de urgencia los bloques operativos y los equipos especiales de investigación criminal. La consigna era clara: cerrar las vías de salida del departamento mediante un intenso “Plan Candado” para evitar que el sospechoso lograra refugiarse en otra zona del país.

El primer rastro del sospechoso apareció pocas horas después del crimen. Los agentes localizaron el taxi Toyota Yaris abandonado a la orilla de la carretera que conecta Tipitapa con Masaya, exactamente a unos cinco kilómetros de distancia del auto hotel. El vehículo presentaba los daños visibles del choque contra el portón, pero Martínez Trujillo ya no estaba en su interior; había continuado su escape a pie o buscando otro medio de transporte bajo la sombra de la noche.

A pesar de sus esfuerzos por ocultarse, el despliegue policial no cesó. Durante el transcurso de la madrugada, los equipos de búsqueda lograron ubicar el paradero de Walter Ramón Martínez Trujillo. El sospechoso fue capturado de forma inmediata y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia las celdas preventivas de la delegación policial de Masaya, donde permanece bajo estricta custodia.

Su trágica muerte deja ahora en la orfandad a un menor de edad, quien se convierte en la víctima colateral más vulnerable de este crimen. Fuentes extraoficiales han señalado que la relación entre María Celeste y Walter Ramón estaba severamente desgastada por constantes conflictos vinculados a asuntos económicos y problemas personales.

No obstante, corresponderá a los peritos y a los investigadores de la Policía Nacional determinar con exactitud los móviles del crimen mediante la recolección de evidencias físicas y testimoniales.

Personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, que hasta el momento tiene tres detenidos. La principal hipótesis apunta a que el crimen ocurrió en ese domicilio.

En este marco, este miércoles se llevó a cabo un operativo en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

Por su parte, de acuerdo a Noticias Argentinas, la casa del principal sospechoso por el femicidio de Agostina se encuentra custodiada por la Policía tras una serie de amenazas de prender fuego el domicilio del acusado en represalia.

En estos momentos, la cuadra se encuentra cerrada. El principal objetivo de los efectivos es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas, como también preservar la vida de los vecinos.

Los investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

El lunes por la noche, Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio. Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años, que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

En las últimas horas, se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina.

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior. El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl cobró interés tras una declaración de Osvaldo Fassetta, el hombre de 47 años que fue el segundo detenido en la investigación. Según consta en el expediente, residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda del barrio Cofico y fue imputado por encubrimiento agravado

Justamente, en una entrevista con TN, el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que calificó como llamativa.

Por el momento, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y el fiscal Raúl Garzón continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer. Fuentes judiciales adelantaron que esperan que la semana que viene se indague a los tres acusados y no se descartan nuevas imputaciones.

Según la reconstrucción judicial, ese mismo día Barrelier habría utilizado el Ford Ka negro propiedad de Andreani para trasladar y descartar el cuerpo de la víctima en un descampado de Ampliación Ferreyra. Lo grabó una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

Por eso, las imágenes adquirieron relevancia dentro del expediente.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se observa el automóvil estacionado frente a un comercio. Primero desciende Andreani, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros. En un momento también se la ve hablando por teléfono. Minutos después aparece Barrelier, quien baja del asiento del conductor del vehículo y mantiene una conversación con la mujer.

Las imágenes muestran además que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior. Luego la dobla y la vuelve a guardar. Más tarde, ambos realizan compras en el comercio y cargan distintos elementos dentro del vehículo.

De acuerdo con la investigación, el registro fue captado poco después del horario en que los investigadores sitúan el descarte de los restos de Agostina. La franja horaria considerada clave va desde las 10 hasta las 12 del mediodía de ese lunes 25 de mayo.

La difusión de las imágenes se produce un día después de la detención de Andreani. La mujer, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado. En el expediente consta además que el vehículo fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier. Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl del automóvil cobra interés a la luz de una declaración previa de Fassetta, quien vivía en una habitación de la casa. En una entrevista con TN, el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que calificó como llamativa.

Por su parte, Marina Romano, abogada de Andreani, sostuvo que las imágenes difundidas este martes coinciden con la versión que su clienta ya había brindado ante la fiscalía.

Según explicó, la mujer declaró que aquel día estuvo junto a Barrelier en un kiosco y posteriormente en una ferretería para comprar materiales destinados a reparar una puerta. De acuerdo con la defensa de Andreani, esos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad incorporadas a la investigación.

Romano también indicó que Andreani atraviesa actualmente una crisis de salud mental y permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico. Según afirmó, aún no contaba con un diagnóstico definitivo.

El femicidio también tuvo fuertes consecuencias en el círculo íntimo de la Agostina. Mientras la madre de la adolescente permanece internada, su abuelo, Miguel Heredia, fue dado de alta en las últimas horas luego de haber sufrido una descompensación en medio del dolor por el asesinato de su nieta.

La ONG Utopix señaló que en el primer trimestre del año se registraron 34 femicidios en Venezuela. Dentro del país también ocurrieron 46 femicidios en grado de frustración, al tiempo que se reseñaron otras 27 muertes violentas de venezolanas en el exterior, agrega el informe de la organización no gubernamental.

“Para este 2026 estamos contabilizando un femicidio consumado cada 64 horas, un femicidio en grado de frustración cada 47 horas; y el femicidio de una venezolana migrante cada 80 horas”, precisa el estudio.

La estadística se nutre de los reportes de prensa, “ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas sobre la violencia de género en el país (...) presumimos que las cifras deben ser aún mayores”, subraya Utopix.

En los archivos de esta ONG el año 2020 continúa siendo el más letal, con “un femicidio cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría un femicidio cada 72 horas”.

Plan de emergencia

La mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 40 años de edad. Con respecto a los 11 femicidios ocurridos en marzo de 2026 en territorio nacional, cuatro se perpetraron con armas de fuego y dos con armas blancas y asfixia mecánica. Utopix resalta que ha aumentado el uso del fuego para ejecutar estos crímenes.

El balance ubica a Colombia como el país donde se produjo el mayor número de femicidios de migrantes venezolanas durante el mes de marzo, con cuatro. Le siguen Ecuador y Brasil con dos, respectivamente, y Estados Unidos con uno. A lo largo del trimestre también se repitieron hechos similares en Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia.

La ONG apunta que a consecuencia de la violencia machista, “cinco niños, niñas y adolescentes quedaron en estado de orfandad”. Además, indica que “en 3 casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos; en un caso la víctima había denunciado anteriormente; en 3 casos había antecedentes de acoso; y en 2 casos eran mujeres militantes”.

“Creemos en la importancia de alertar sobre la urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática, siendo imprescindible el desarrollo de un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes”, manifiesta Utopix.

En diálogo con Infobae en Vivo, Miguel dijo que esperan que haya otro detenido por el femicidio de su hija. “Cada día se nos hace más difícil, porque cada vez sentimos más la ausencia de Agostina. Y con respecto a la causa, sospechábamos que iba a haber más detenidos y creo que va a haber algún otro detenido más todavía”, dijo Miguel.

En ese sentido, explicó por qué cree que podría haber más arrestos. “Calculo que hay algún otro encubridor, porque supuestamente en una filmación se ve entrar a dos personas más a esa casa el sábado 23 de mayo a la noche. Después de que entra mi nieta se ven entrar dos personas más a esa casa. Así que sospechamos que puede haber alguna otra detención”, remarcó. Respecto a su sospecha, no precisó si se trataría de un hombre o una mujer.

Asimismo, Heredia se refirió a Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el único acusado por el femicidio de Agostina, y que fue detenida este lunes.

“Cuando aparece el auto, cuando se sabe lo del auto negro, del Ford Ka, ahí aparece el nombre de esta mujer, que nosotros no teníamos ni idea quién es. Tampoco la conocemos. Sabemos de ella por los medios, por la investigación, nada más”, indicó.

De igual forma, Miguel dijo que espera que Barrelier declare cuanto antes para conocer la verdad y saber qué pasó. “Que declare, que sea responsable y si hay más responsables, que lo diga también para que se haga justicia y llegar a la verdad. Queremos conocer la verdad. Queremos saber el porqué y por qué. Él tiene su derecho de no declarar también. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos también a la espera de esas noticias”, añadió.

Heredia dijo también que nunca mantuvo ningún tipo de relación con Claudio Barrelier. “No lo conocía. Yo lo vi una o dos veces en la puerta de la casa de mi hija, que es la misma vereda de mi negocio. Con él habré cruzado una o dos palabras que fueron un hola o un chau. La verdad que no lo conocía. No tuve nunca intimidad, nunca hablé con él, nada. No tenía ni idea de él”, reveló.

Sobre el otro detenido, Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen, Miguel dijo que lo conoció cuando aún estaban buscando a Agostina.

“La conversación que tuve en algún momento con él fue preguntarle quién era, de dónde era y qué hacía ahí, porque, o sea, a mí no me cerraba que el tipo este estuviera pegado a mi hija y no nos dejara hablar en intimidad con mi hija. Entonces, en un momento mi señora le dijo a mi hija que se fuera, que le dijera que se fuera”, recordó.

Heredia también habló sobre la manipulación y engaño ejercidos por Barrelier, quien habría mentido incluso al padre de Agostina cuando aún la estaba buscando.

“Ahí te podés dar cuenta del poder de manipulación que tiene esta cosa que está ahí presa, porque lo manipuló al padre de Agostina en la cara. Y el padre de Agostina comete el error de creer todo lo que el tipo este le dice. El tipo le habló mal de su hija. El tipo le habló mal de su hija y él le creyó”, lamentó el abuelo de la adolescente.

El abuelo describió la relación cercana que mantenía con su nieta y cómo la veía casi a diario. Se refirió también al estado mental frágil de Melisa, su hija y la madre de Agostina, que aunque asistió al velorio, no logró asumir completamente la realidad y contó que la mujer aún espera el regreso de Agostina.

“El estado de salud de mi hija, el estado de salud mental de mi hija es bastante frágil. Ella no está en la realidad, no está bien, porque ella cree que Agostina ya va a volver. No asume totalmente lo que ha pasado. El otro día, por ejemplo, me dice que no puede llorar. Obviamente que ella sabe, estuvo en el velorio, estuvo en el entierro. No sabe detalles, porque obviamente nadie le va a decir, no le queremos decir los detalles”, contó.

“Tiene esa cosa que no asume la realidad, todavía no ha caído en lo que realmente está pasando”, aseguró.

La medida fue confirmada a Infobae por fuentes del caso.

Como se observa en el video que encabeza esta nota, Andreani fue detenida en su domicilio y trasladada en un patrullero hasta la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía. Durante el procedimiento estuvo escoltada por personal policial femenino y llegó con el rostro cubierto. Hasta esa dependencia se acercó luego su abogada defensora, Marina Romano.

Al llegar al lugar, la letrada aseguró que su clienta “está en shock” por la medida judicial y sostuvo que siempre se puso a disposición de la investigación. Además, remarcó que Andreani declaró en dos oportunidades como testigo ante el fiscal Raúl Garzón y anticipó que colaborará con el avance de la causa.

Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

En los últimos días, Andreani había dado entrevistas a distintos medios de comunicación para defender su versión de los hechos. “Me arrepiento de haberlo ayudado”, aseguró entonces al referirse al préstamo del vehículo, aunque no detalló por qué mandó a su hijo a lavar el coche cuando Barrelier se lo devolvió.

Según relató públicamente, Barrelier le pidió el auto con la excusa de que necesitaba llevar ropa a un familiar. También sostuvo que sintió que algo “feo” podía pasar antes de entregarle las llaves, pero que finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.

La mujer quedó bajo sospecha desde el inicio de la investigación porque es la propietaria del Ford Ka negro que, para los investigadores, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el lugar donde fueron encontrados. Las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el recorrido del vehículo en momentos considerados clave para la reconstrucción del caso.

En paralelo, el pasado 4 de junio la Municipalidad de Córdoba clausuró el bar “Wachitas”, el local nocturno donde Andreani se presentaba como productora de eventos. Según informaron las autoridades municipales, durante una inspección detectaron diversas irregularidades vinculadas a la habilitación, las condiciones de seguridad y las instalaciones del establecimiento.

Tras conocerse la detención, la abogada de la mujer también cuestionó la decisión de imputarla por encubrimiento agravado y señaló que aguardará acceder al expediente para conocer los elementos reunidos por la fiscalía. Según sostuvo, Andreani siempre mantuvo la misma versión sobre el préstamo del vehículo a Barrelier. “Dije la verdad y terminé presa”, le habría manifestado su representada.

Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas en la causa. Además de Barrelier, la semana pasada fue detenido Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen. Al igual que Andreani, fue imputado por encubrimiento agravado.

Fassetta había brindado entrevistas televisivas horas antes de ser detenido. De acuerdo con la investigación, podría haber participado en maniobras destinadas a desviar la búsqueda de la adolescente y transmitir mensajes tranquilizadores a su entorno mientras era intensamente buscada. Esa hipótesis es una de las líneas que analiza la fiscalía para determinar si existieron colaboraciones posteriores al femicidio.

Mientras tanto, el fiscal Garzón mantiene bajo reserva distintas medidas de prueba y continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier para determinar si existieron colaboraciones antes o después del crimen. En ese contexto, fuentes del caso señalaron a Infobae que no se descartan nuevas imputaciones.

El expediente permanece bajo secreto de sumario por diez días.

Un vecino de Ciudad del Plata, una ciudad del departamento uruguayo de San José, vio que en la calle una joven era apuñalada por un hombre poco mayor que ella. Ese testigo llamó a la Policía y a los médicos, que cuando llegaron al lugar constataron que la joven había sido asesinada. Él, que era compañero de clase de la mujer, declaró ante una policlínica que la mató porque “la odiaba”.

Avril, la víctima del femicidio, tenía 19 años.

El caso generó conmoción en la zona y el liceo al que iba Avril suspendió las clases. El caso avanzó por la vía judicial, que definió que el hombre fue considerado inimputable. Además, fue internado en el hospital psiquiátrico Vilardebó.

La internación fue una medida cautelar por 180 días.

La joven había salido del liceo y se había trasladado en ómnibus. Cuando bajó, el joven la siguió y esperó a que quedara sola. El asesino, que ya le había dicho que “la odiaba”, le dio de 41 puñaladas (algunas en la cabeza), informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Un adolescente que estaba cerca intentó hacer frenar la agresión, pero no tuvo éxito. Otro hombre arrojó piedras contra él, pero no pudo frenar el femicidio.

En la audiencia judicial, el juez consideró que es una persona peligrosa para la sociedad y para sí mismo.

En su primera declaración, el hombre confesó que había matado a la mujer y dijo no saber por qué lo había hecho. Ante un funcionario, se tiró al piso y dijo que merecía morir. Fue detenido de manera inmediata. Uno de los testigos le aseguró al funcionario que esa persona había cometido el crimen.

El asesino tenía esquizofrenia, un trastorno que nunca había sido tratado. En la audiencia judicial estuvo acompañado por su madre, que se vio afectada por esta situación, de acuerdo a lo que relató este noticiero.

“Mucha conmoción, muy doloroso para toda la institución, para toda la comunidad educativa”, dijo a Canal 12 Grisel Rodríguez, una docente que había tenido como alumnos a la víctima y al victimario. Recordó a Avril como una “muy buena estudiante” y “comprometida”. “Hacía muchas actividades y se comprometía en pro de los derechos de la diversidad. Era muy sociable y extrovertida, tenía muchas ganas de vivir”, relató.

“No podemos caer”, dijo Rodríguez, en referencia a que el homicida también había sido su alumno. “Es incomprensible. No caemos como institución”, complementó. La docente definió al homicida como una persona que siempre fue “introvertida”.

De la audiencia judicial surge que el crimen fue planificado. De hecho, se había apropiado del arma homicida hacía dos meses. Además, del historial del Chat GPT surge que le había preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los puntos en los que se pude apuñalar a alguien para matarla más rápido, cómo se puede hacer una bomba, cuál es la pena por femicidio, si existe la cadena perpetua en Uruguay y qué pasaría si decapita a una mujer.

Otra consulta al Chat GPT fue extraña, según informó Teledoce: le preguntó si podía hacer una conjunción con el nombre de Avril y el suyo, Maicol. Esto muestra que tenía una obsesión con ella.

En Ciudad del Plata hubo manifestaciones. En concreto, generó mucha molestia la declaración de inimputabilidad del femicida. Una vecina relató que este episodio dejó a todos los vecinos “en shock”. “No podemos creer todavía. De ahora en adelante tenemos que apoyar a la familia”, dijo.

Otra joven que participaba de la movilización relató que si la víctima fuera otra persona, Avril habría salido a la calle a protestar

Quince días pasaron desde que las autoridades de Córdoba encontraron el cuerpo desmembrado de Agostina Vega de 14 años . El cadáver estaba enterrado en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. Según los especialistas, su muerte se debió a una asfixia mecánica y se encontraron signos de haber sido abusada sexualmente.

Mientras Claudio Barrelier —el principal sospechoso de femicidio de la adolescente— permanece monitoreado dentro del penal donde está detenido por intentar quitarse la vida, el segundo sospechoso, Osvaldo Fassetta, aguarda a ser indagado en los próximos días.

Se trata del hombre de 47 años que residía en la vivienda de Barrelier, a quien la Justicia lo señaló como encubridor. De acuerdo con la reconstrucción de su abogado Eduardo Medina Allende, el detenido asegura que la noche del crimen trabajó en un kiosco y que las cámaras de seguridad de la zona pueden confirmar esa información.

Además, entregó voluntariamente su teléfono a la Policía y negó cualquier vínculo con actividades violentas o la barra brava del club Instituto, del cual fue expulsado el acusado. Según explicó Diarioelnorte de fuentes judiciales, la audiencia indagatoria será esta semana.

Por su parte, el fiscal del caso Raúl Garzón aguarda la evolución del cuadro de Barrelier que se encuentra bajo cuidados psiquiátricos en el hospital modular de la Cárcel de Bouwer, según la información del portal de noticias La Voz del Interior. El fin es pedir que los peritos oficiales del Poder Judicial lleven a cabo peritajes psicológicos interdisciplinarios para determinar el estado de salud mental del acusado, precisar si presentaba alteraciones psiquiátricas al momento del hecho y establecer si comprende tanto lo sucedido como las imputaciones que enfrenta.

Los investigadores intentan avanzar con la indagatoria respecto a lo que sucedió en el barrio Cofico la noche del 23 de mayo cuando Agostina llegó en un remís a su casa. Creen que la menor fue engañada por Barrelier, a quien conocía por haber sido pareja de su mamá. Esa noche, la menor se dirigió a su casa convencida de que iba a buscar un regalo para la mujer.

El caso llegó repercutió incluso en la Municipalidad de Córdoba, donde Barrelier había ingresado a trabajar en el área de tránsito. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el ex concejal Ricardo Moreno. Ante esta situación, el intendente de la ciudad Daniel Passerini reconoció los errores cometidos en la administración. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.

Melisa, la mamá de la víctima, continúa internada en el Hospital San Roque desde el 30 de mayo tras conocer la noticia del asesinato de su hija. Según el abogado querellante Carlos Nayi, su estado de salud “sigue siendo complejo” como consecuencia del impacto emocional que atraviesa. “Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”, insistió el letrado ante la prensa.

El sábado la familia volvió a sufrir otro susto debido a que el abuelo de Agostina -Miguel Heredia- también tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el mismo nosocomio debido a una descompensación que se le atribuyó al estrés provocado por el femicidio. Este domingo, el hombre fue dado de alta y al salir del centro de salud, manifestó “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”. “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, agregó.

Así lo demostraron en la marcha de Ni Una Menos que tuvo lugar el miércoles pasado en diferentes puntos del país, de la que participaron. Los abuelos contaron que habían encontrado una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”. “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, contó la abuela, Elizabeth Heredia.

Previo a que se produjera la detención de Fassetta, el Ministerio Público de Córdoba indicó que la investigación se mantendría bajo secreto de sumario, al menos por una semana más. La medida quedó dispuesta por la Fiscalía de Instrucción 13 con el objetivo de preservar las medidas judiciales en marcha y las nuevas pruebas recopiladas.

Esta decisión se tomó a partir de los últimos allanamientos en la casa del empleado municipal y el secuestro de elementos considerados clave, como un colchón y bolsas, así como análisis de pruebas acústicas y material genético. La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica, mientras los peritajes continuaron para establecer las circunstancias exactas del hecho y el recorrido posterior del principal imputado.

El examen forense realizado al cuerpo de Agostina la causa de muerte fue una asfixia mecánica, seguida de desmembramiento, según informaron fuentes judiciales a este medio. Los peritos señalaron la presencia de posibles indicios de abuso sexual, aunque la descomposición avanzada del cadáver, encontrado casi una semana después. Según los especialistas, el fallecimiento habría ocurrido entre las 23 horas del sábado 23 y las 5 de la mañana del domingo 24 de mayo.

El padre de Agostina, Gabriel Vega, encabezó una conferencia de prensa en la que pidió respeto por la memoria de su hija y criticó la falta de precisión en las primeras actuaciones policiales. Aclaró que el foco de la investigación no estuvo puesto en Barrelier desde el principio, ya que las autoridades buscaron inicialmente a una persona identificada como “Franco”, mencionada en la denuncia de la madre. “Esta persona no actuó sola y yo la voy a encontrar”, expresó Gabriel Vega, quien subrayó su confianza en el fiscal Garzón.

El abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, recibió el alta en las últimas horas. El sábado, Miguel Heredia había sido internado de urgencia tras sufrir una descompensación que se le atribuyó al estrés provocado por el femicidio de su nieta. Al salir del centro de salud, manifestó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”.

Miguel, quien se convirtió en el principal vocero de la familia ante los medios y la Justicia, sufrió un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue trasladado al Hospital San Roque, donde también permanece internada su hija Melisa, la madre de Agostina.

Tras recibir el alta médica, el abuelo de la joven habló con los medios locales y aseguró que no piensa darse por vencido. “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, expresó Heredia, según informó La Voz.

Por otro lado, Melisa Heredia, madre de Agostina, continúa internada con un cuadro “delicado”. Según señaló el abogado querellante Carlos Nayi, su estado de salud “sigue siendo complejo” como consecuencia del impacto emocional que atraviesa. Además, indicó que por ahora no hay precisiones sobre una posible alta.

En diálogo con El Doce, Nayi afirmó que la madre de la adolescente “está devastada”. Asimismo, cuestionó las críticas dirigidas contra Melisa: “Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”.

En paralelo, la abuela de Agostina, Elizabeth Fernández, brindó una entrevista y habló sobre la salud de su hija: “Melisa está medicada porque cuando está en la realidad se pone muy mal. Así que va a estar en el hospital todo el tiempo que necesite”.

La semana pasada, la investigación avanzó con la detención de Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento. Se trata de uno de los inquilinos de Claudio Barrelier, el presunto femicida, quien residía en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878.

En diálogo con La Voz en vivo, la abuela de Agostina —que junto con Miguel Heredia es querellante en la causa— confirmó que conocían a Fassetta y relató que estuvo presente desde las primeras horas de la búsqueda. “Melisa lo llamó para que la ayudara porque estaba sola con su hijo menor y no podía salir a buscar a Agostina”, explicó.

A su vez, indicó que Fassetta acompañó a Melisa en los primeros recorridos por el barrio e incluso permaneció en la casa familiar. Sin embargo, Elizabeth aseguró que desconfió de él desde un primer momento. “Sentí que había algo raro, que no se le despegaba a mi hija. Estaba pendiente de lo que decía y hacía”, reveló.

Durante la búsqueda, Melisa y su entorno recibieron varios llamados anónimos. “Yo escuché la voz de él (Fassetta) en uno de los llamados y se lo dije a la Policía”, aseguró Fernández.

Por último, sostuvo que espera que la causa avance y que se esclarezcan las responsabilidades de todos los implicados. “Estoy segura de que hay más personas, ese tipo no puede haber hecho todo lo que hizo solo”, concluyó la abuela de Agostina.

La hipótesis de que hubo más involucrados también es compartida por los investigadores. La fiscalía sostiene que Barrelier no actuó solo. Por el momento, el presunto femicida y Fassetta son los únicos detenidos y están a disposición de la Justicia. Sin embargo, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

A casi tres años del asesinato de Iara Nardelli en Mar del Plata, la investigación judicial sigue sin respuestas concretas, mientras su familia mantiene el reclamo por justicia y denuncia la falta de avances en la causa. El caso de la adolescente de 16 años, hallada muerta en julio de 2023, se ha convertido en un símbolo de impunidad y persistencia, marcado por la insistencia de su madre en que se trate como un femicidio.

Mariela Quintanilla, madre de la víctima, expresó su descontento con el enfoque de la Justicia y reiteró su pedido para que el caso sea recaratulado. “Yo quiero un cambio de carátula porque esto sí fue femicidio”, afirmó Quintanilla, citada por 0223. La mujer detalló que hace apenas tres semanas se tomaron nuevas muestras de sangre, enviadas a Junín junto a prendas de su hija que presentaban cortes de arma blanca y manchas de sangre, además de una cadenita y cabellos con perfil genético.

Según informó 0223, la figura de Iara Nardelli permanece presente en la ciudad gracias a un mural realizado por el grupo de arte urbano Keda, ubicado en la costa marplatense. La obra muestra a la joven con dos colitas, una amplia sonrisa y su gato en brazos, como homenaje y recordatorio de su historia. Para la familia, el mural representa no solo un acto de memoria, sino también el latiente pedido para que la investigación avance y haya justicia.

El proceso de análisis pericial se activó tras la intervención de un especialista contratado de forma particular por la familia, ante la ausencia de respuestas oficiales. “Gracias al informe que presentó, se desarchivó la causa”, destacó Quintanilla. Entre los hallazgos recientes, se detectó la presencia de droga en el cabello de la víctima y un porcentaje elevado de metabolito de cocaína en un fragmento de cerebro. Según la madre, este es inexplicable ya que Iara Nardelli no tenía problemas de consumo.

La investigación judicial no solo enfrenta demoras técnicas y falta de información pública, sino también un notorio silencio social. “Es muy triste. De forma anónima se han acercado chicas de Las Aldeas para contar su situación, pero con respecto a la muerte de Iara hay un pacto de silencio”, explicó Mariela Quintanilla en declaraciones a 0223. Este clima de reserva ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y mantiene la incertidumbre sobre el desarrollo de la causa.

El homenaje artístico tampoco estuvo exento de polémica. Según relató la madre, algunas personas manifestaron su molestia por la presencia del mural en una ciudad turística. “Les preocupan ciertas cosas y no que hay una nena muerta con su caso sin resolver”, expresó Quintanilla, reflejando el contraste entre el reclamo de justicia y las prioridades de parte de la comunidad local.

A lo largo de estos tres años, la familia de Iara Nardelli ha denunciado la falta de celeridad judicial y el trato desigual frente a otros casos similares. Quintanilla trazó un paralelismo con el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que asesinaron en Córdoba, para evidenciar la reiteración de patrones y la ausencia de respuestas estructurales. “Vemos en este caso que la Justicia no actuó de forma inmediata. Tal vez la vida de Agostina se podría haber salvado, al igual que la de Iara, cuando tuvieron siete días para buscarla”, sostuvo.

La persistencia en el pedido de justicia evidencia la dificultad de las víctimas para acceder a respuestas institucionales. La causa, que estuvo archivada, fue reactivada por impulso privado y espera los resultados de estudios genéticos que podrían aportar nuevos elementos. Mientras tanto, la figura de Iara Nardelli permanece en la memoria colectiva de Mar del Plata, como símbolo de un crimen que sigue sin esclarecerse y de una demanda de justicia que atraviesa el tiempo.

La madre de Agostina Vega permanece internada en el Hospital San Roque de Córdoba, con un cuadro “delicado” tras el asesinato de la adolescente de 14 años. El abogado querellante Carlos Nayi dijo que el estado de Melisa Heredia “sigue siendo complejo” por el impacto emocional y que por ahora no hay precisiones sobre una posible alta.

En paralelo, Miguel Heredia, abuelo de la víctima, sufrió una descompensación por un fuerte dolor en el pecho que derivó en una internación de urgencia. Tras pasar varias horas en el Hospital San Roque bajo observación, recibió el alta. Durante la desaparición de Agostina, su abuelo fue una de las principales voces que reclamaron su ausencia, reclamando públicamente justicia.

El abogado afirmó en declaraciones a ElDoce.tv al describir la situación clínica de la madre de Agostina: “Todos contribuyendo a su estabilización. Está devastada”. Carlos Nayi agregó que “se está evaluando su recuperación”. También difundió un mensaje en el que cuestionó las críticas dirigidas a la madre de la adolescente y sostuvo: “Resulta profundamente injusto que además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación".

La madre de Agostina, Melisa Heredia, ha sido objeto de críticas sociales y, además, la fiscalía la investiga por presunto encubrimiento. La sospecha surge porque habría ocultado información relevante durante la denuncia inicial y la ampliación de la misma. Según el entorno del fiscal, Heredia conocía detalles del entorno del principal sospechoso y de las personas con las que él se relacionaba.

“Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal”, agregó el querellante.

Sobre su tarea en la causa, Nayi sostuvo que continuará impulsando el esclarecimiento del caso: “Le prometí que la verdad será buscada hasta las últimas consecuencias y que desde la querella trabajaremos desde esta acusación privada incansablemente para que la justicia alcance a todos los responsables. Acá no hay excepción, tampoco hay privilegio ni tampoco impunidad”.

El vinculo de la mamá de Agostina con Barrelier

El vínculo entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier es uno de los puntos que más controversia y sospechas generó en la investigación: fueron pareja y tras la separación, mantuvo trato con él, participando juntos en actividades sociales el día de la desaparición de Agostina. El fiscal no la aceptó como particular damnificada y se evalúa si protegió al acusado ante la Justicia.

Heredia, madre de Agostina, admitió que ayudó económicamente a Barrelier cuando fue detenido en 2025 por privación ilegítima de la libertad. Según su propio testimonio, organizó una colecta y colaboró para pagar la fianza que permitió la liberación del acusado, ya que en ese momento creía en su inocencia y mantenía una relación de confianza con él.

Esta cercanía fue determinante para que Agostina accediera a ir a la casa de Barrelier la noche en la que desapareció. La adolescente lo conocía bien y no dudó en aceptar la invitación bajo el pretexto de buscar un regalo para su madre.

Tras la desaparición de Agostina, Heredia envió audios a Barrelier pidiéndole piedad y rogando por la vida de su hija. En esos mensajes, la mujer manifestaba su convencimiento de que él sabía lo que había pasado y le pedía que intercediera para que Agostina regresara.

La Justicia investiga ahora si la madre ocultó información relevante durante la denuncia inicial y la ampliación, y si actuó en algún grado como encubridora del principal acusado. Este trasfondo y la actitud de protección hacia Barrelier por parte de Heredia explican en parte el señalamiento social y judicial que recae sobre ella en el marco del caso.

El juicio oral contra Victor Manuel Figueroa por el doble homicidio de su pareja Rosana Coronel y su cuñado Oscar, dictó la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó este viernes al acusado a prisión perpetua por los crímenes cometidos el 23 de diciembre de 2023 en una casa del barrio Las Heras. De acuerdo con el fallo, los jueces también lo hallaron culpable por amenazas agravadas contra una adolescente y por portación ilegal de arma de guerra.

El ataque ocurrió minutos antes de las 20:10 en una vivienda de Rosales Bis al 10000, cuando la víctima preparaba la cena de Navidad, informó La Capital. En el juicio se acreditó que Figueroa llegó al lugar junto a Oscar tras haber consumido alcohol y discutió con su pareja. El tribunal descartó el planteo de la defensa sobre un supuesto estado de emoción violenta y dio por acreditado que el homicidio de Rosana ocurrió en un contexto de violencia de género.

Según la acusación de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, Figueroa llegó alcoholizado a la vivienda familiar, quiso poner música y discutió con Rosana Coronel cuando ella se negó. Uno de los testigos más relevantes para poder determinar la culpabilidad de Figeroa fue el de la hija de Rosana Coronel, quien declaró mediante cámara Gesell y reconstruyó los momentos previos a la tragedia.

Declararó que la negativa respondía a un duelo reciente en la familia y a que Rosana no quería música ni festejos: “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”. Además, el testimonio de la hija fue la clave para describir el contexto de violencia: “Cuando mi padrastro venía borracho siempre se ponía histérico”. En la sentencia se expresó: “Todos (los testigos y allegados a la pareja) afirmaron también que cuando Figueroa consumía alcohol se ponía violento”.

Según la reconstrucción del hecho, el hombre se alteró, lanzó amenazas y repitió frases como que no lo hicieran hacer “algo que no quería hacer”. Figueroa fue a la habitación que compartía con Rosana, tomó un revólver calibre .38 y regresó armado. Primero disparó contra Oscar y lo mató con un tiro en la cabeza. Luego atacó a Rosana y le efectuó un disparo en el cuello. Rosana y Marcelo Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente.

La joven también sostuvo que la acusación cuenta con elementos de prueba suficientes. “Está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”, afirmó.

Después del ataque, de acuerdo con la acusación, Figueroa entró en la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y escapó en su auto. Minutos antes de la medianoche de ese mismo día, efectivos de la Comisaría 11ra lo detuvieron tras un llamado al 911, mientras circulaba en el vehículo usado para huir. Por otro lado, la mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, pero murió antes de llegar.

El escrito de la fiscalía puso el foco en los testimonios de hijas y nietas de Rosana Coronel, quienes declararon ante la Justicia que Figueroa había amenazado a la mujer antes del crimen. Esa línea es parte del sustento de la acusación presentada por Romina Díaz. La primera audiencia se desarrolló con familiares de las víctimas en la sala. “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”, dijo uno de ellos.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó este jueves con la detención del segundo sospechoso. Se trata de Osvaldo Miguel Fassetta, quien era uno de los ocupantes de la casa de la calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico de Córdoba, el mismo domicilio donde, según la fiscalía, ocurrió el crimen de la adolescente.

Fassetta tiene 47 años y es padre de tres hijos, entre ellos Evelyn Estefanía Fassetta, quien también enfrenta una causa judicial. La mujer, de 27 años, cumple arresto domiciliario, acusada de haber matado a su pareja, Sergio Galván (34), de una puñalada en el cuello en diciembre de 2019.

Volviendo a Fassetta, está vinculado al rubro de la construcción, aunque actualmente trabajaba en un kiosco, atendiendo en el turno noche. Los registros oficiales muestran que atraviesa una situación económica complicada, con deudas bancarias, al punto que figura como “irrecuperable”, según el Banco Central de la República Argentina.

El hombre fue arrestado este jueves por orden del fiscal Raúl Garzón. Está acusado de encubrimiento agravado.

La medida se tomó después de que el sospechoso diera varias entrevistas televisivas en las que relató detalles de su convivencia con Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio, y aseguró haber participado de la búsqueda de la joven junto a la familia.

En diálogo con TN, Fassetta contó que vivía en una habitación cercana a la puerta principal de la casa de Barrelier. Dijo que se ausentó de la vivienda durante la noche de la desaparición —había ido a trabajar al kiosco— y que volvió el domingo 24 a las 12, unas horas después de que Agostina fuera vista con vida por última vez.

Según su testimonio, Melisa Heredia —la madre de la menor— fue quien le informó sobre la desaparición y quien, tras escuchar la descripción del remisero, empezó a sospechar de Barrelier. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó.

El detenido también habló sobre la dinámica dentro de la vivienda. Señaló que Barrelier pasaba mucho tiempo encerrado en una habitación exclusiva, donde escuchaba música fuerte y no dejaba entrar a los demás.

También aseguró que no notó movimientos extraños ni tuvo acceso a otros ambientes de la casa. Mencionó además que, al volver a su cuarto, encontró que su acolchado había sido cambiado, algo que le resultó llamativo.

A la fiscalía le resulta poco probable que Fassetta no haya escuchado o sabido nada relevante. También se investiga si fue él quien realizó llamados y envió mensajes a la madre de Agostina, en los que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

Tras la detención, el abogado defensor Eduardo Medina Allende criticó la decisión del fiscal y sostuvo que su cliente no estuvo en la casa cuando se cometió el crimen.

Incluso afirmó que tiene pruebas y testigos de que el acusado estuvo trabajando fuera de la vivienda durante la noche en que se cometió el crimen, y que hay cámaras de seguridad de una panadería contigua al kiosco que respaldan su coartada.

También apuntó que su defendido notó la diferencia en las frazadas al regresar. Y dijo que es lógico que sus rastros genéticos estén en la habitación porque dormía ahí.

“Todavía no he visto el expediente. Lo que sí sé es que los fiscales de Córdoba, en general, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que están haciendo y dictan prisión preventiva”, disparó.

Sobre el supuesto audio en el que una voz le asegura a la madre de Agostina que la nena “está durmiendo”, el abogado puso en duda que el mensaje exista y afirmó que su cliente estuvo con la mujer el domingo a la tarde. “¿Por qué le mandaría ese mensaje si se habían visto?”, señaló.

También mencionó que el acusado y Barrelier se conocieron hace unos diez meses, que los unía su fanatismo por el club Instituto y que fue el propio Barrelier quien le ofreció mudarse a la casa.

Fassetta será indagado en las próximas horas.

A cinco meses del femicidio de Ramona Medina, sus hijas Edith y Cintia denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron que solo haya un detenido. En una entrevista en el barrio Agua Santa, en Las Termas de Río Hondo, reclamaron avances concretos para determinar si hubo más personas implicadas.

La familia reclamó nuevas medidas de prueba en la propiedad vinculada al imputado, con inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima. Edith Medina afirmó: “Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas”.

Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos aparecieron desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local. Las hermanas pidieron que se investigue al entorno familiar de el único detenido, identificado como Luis Bustamente alias “Chucky”. “Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola”, expresó Cintia Medina. También apuntó contra un cuñado del acusado, a quien considera clave en las horas posteriores al crimen.

El expediente penal está a la espera de informes de apertura y peritajes tecnológicos sobre varios teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Las hijas de la víctima creen que el cruce de llamadas y los datos de geolocalización pueden permitir identificar a partícipes secundarios. Los cuestionamientos de la familia apuntan de manera explícita al círculo íntimo de Luis Bustamante, y la querella sospecha que varios parientes del acusado estuvieron en la vivienda donde, presuntamente, se realizaron maniobras para ocultar y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer.

El femicidio de Ramona Medina

Ramona Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero, cuando salió hacia los festejos de carnaval en el corsódromo en Santiago del Estero. A partir de su desaparición se activó un operativo de búsqueda, hasta que la investigación cambió con la declaración de un remisero. El conductor relató que al llegar a una vivienda ubicada en las calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre que intentaba incorporarla. El remisero desistió del viaje porque creyó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante la sospecha de que podía tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa. En ese procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años y secuestró dos teléfonos celulares; uno de ellos sería de Ramona.

Después de ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y hasta indicó dónde estaba el cuerpo. Los efectivos lo localizaron en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración. Al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo.

Bajo custodia y por orden de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el principal acusado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, fue sometido el 10 de marzo a una primera pericia psicológica. Una vez terminada la evaluación, el acusado fue llevado de regreso al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado. La fiscalía pretende que el acusado siga preso mientras incorpora pruebas médicas y psicológicas para definir su situación procesal.

Mientras tanto, la defensa oficial solicitó la excarcelación del imputado con el argumento de que no existirían elementos probatorios suficientes en su contra. Sin embargo, el juez de Control y Garantías Silvio Salice rechazó ese planteo, hizo lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención. La resolución judicial se apoyó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican que el hombre siga bajo custodia mientras continúa la investigación.

El hombre, que pidió preservar su identidad, aseguró que convivía en la vivienda de barrio Cofico donde la fiscalía cree que ocurrió el crimen. “Vivía en la casa de Barrelier. Mi habitación estaba cerca de la puerta de ingreso”, explicó en diálogo con TN.

De acuerdo con su relato, se ausentó de la vivienda durante la noche de la desaparición y volvió el domingo 24 de mayo a las 12. Entre los recuerdos de aquellos días, mencionó una situación que hoy cobra relevancia para los investigadores. “Escuché que Agostina le pidió el número de teléfono a Barrelier. Él no se lo dio”, relató.

El testigo explicó que se enteró de la desaparición por Melisa Heredia, madre de la adolescente. “Soy amigo de Melisa. Ella me contó que Agostina estaba desaparecida”, señaló.

Según relató, participó de la búsqueda junto a familiares y allegados. “Barrelier no estuvo presente en la búsqueda”, sostuvo.

Consultado sobre la personalidad del acusado, afirmó que nunca presenció episodios de violencia. “Barrelier no es agresivo”, dijo. También se refirió a la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada. Según contó, el propio acusado le aseguró que había sido víctima de una falsa denuncia. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, recordó.

Sobre los días posteriores a la desaparición, señaló que hubo un detalle que le llamó la atención cuando regresó a la vivienda: “Habían cambiado mi acolchado”. Sin embargo, aseguró que no observó movimientos extraños ni ingresó a otros ambientes de la casa.

Uno de los pasajes más relevantes de su relato estuvo vinculado al momento en que la familia comenzó a sospechar de Barrelier. Según contó, ni él ni la madre de la adolescente lo señalaron inicialmente. La situación cambió cuando apareció el remisero que había trasladado a Agostina. “Melisa sospecha de Barrelier en el momento en que escucha la descripción que da el remisero. Lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, afirmó.

La causa continúa avanzando con nuevas pericias y testimonios para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda de Juan del Campillo 878. Los investigadores analizan el movimiento de Barrelier tras la desaparición de la adolescente, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el posible conocimiento que pudieron tener otras personas que se encontraban en la casa aquella noche.

En paralelo, el acusado permanece detenido bajo custodia en el hospital modular del penal de Bouwer mientras avanzan los estudios periciales pendientes. La familia de Agostina, en tanto, insiste en que hubo más personas involucradas y reclama que la investigación profundice esa línea.

El velatorio finalizó este jueves por la mañana en medio de un fuerte operativo de seguridad. Familiares y amigos despidieron a la adolescente en una ceremonia reservada, lejos de los medios y de la exposición pública que rodeó el caso durante los últimos días.

Según informó La Voz, los allegados mantuvieron una vigilia durante toda la noche y luego acompañaron el cortejo hasta el cementerio privado de Colonia Tirolesa.

De acuerdo con el mismo medio, Melisa Heredia, madre de Agostina, pudo participar tanto del velatorio como del sepelio pese a permanecer internada desde el sábado pasado. La mujer asistió durante algunos minutos bajo supervisión médica y acompañamiento policial debido a su delicado estado de salud.

La discusión empezó a escalar cuando Quintar cuestionó por qué hubo numerosas críticas al Presidente en la marcha de Ni Una Menos, que tuvo lugar este miércoles en el Congreso y en distintos puntos del país.

“Hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó Quintar, tras solidarizarse con la familia de Agostina Vega y su muerte, a la calificó como un hecho “terrible”.

El “diputesla”, quien se hizo conocido por exhibir un coche de alta gama Tesla Cybertruck en el Congreso, planteó que este tipo de reproches sucedieron con la ley de financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y jubilaciones. Por lo tanto, la convocatoria de organizaciones feministas “deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos”.

“En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, del banco de datos genético de violadores, del régimen de salidas transitorias y de la reiterancia delictiva”, expresó.

Victoria Donda, portando una imagen de la adolescente asesinada y con gestos de incomprensión, contestó: “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Asi que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”.

Por otro lado, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en el gobierno de Axel Kicillof recordó que el gobierno de Milei hizo “un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”, donde ajustaron 45% de la planta de esa línea, por lo que “pueden atender menos llamados”.

Y remató: “El programa Acompañar, que asiste a mujeres que son víctimas de violencia, pasó de 100 mil personas asistidas y acompañadas por el Estado en el 2023 a 434 que están proyectadas para el año 2026. Entonces, que nos vengan a decir que defienden las mujeres... ¿A qué mujeres defienden?“.

Quintar retrucó con la consigna que hizo circular el Gobierno para defenderse de las críticas de la oposición: "Bajaron el 30% los femicidios“.

En ese instante, Donda estalló de furia: ”Disculpáme, no quiero hablarte a vos. No voy a intercambiar con un señor que nos está tomando el pelo y nos está tomando de pelotudas“. “Usted está tomándonos el pelo. Bajaron los femicidios, falta un montón, hay que trabajar para que sean bastante menos”, insistió Quintar.

La ex titular del INADI lo exhortó a que la deje terminar de hablar y luego “vos seguís mintiendo todo lo que quieras”. “Hay menos femicidios por el simple y sencillo hecho de que instruyeron a aliados de ellos en el Poder Judicial, para que nos los caratulen como femicidios, y los pongan como homicidio”, dijo, y puso como ejemplo que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa de Agostina Vega, quien se negaba a caratular el asesinato en ese tipo penal.

“Lo que están haciendo es jugando con la vida de las mujeres. Las mujeres estamos en riesgo por el resultado de hijos de puta que impulsan proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. Ustedes querían eliminar la figura de femicidio en el Código Penal. Fue tu bancada la que lo quiso hacer. Dejá de mentir”, fustigó Donda.

Luego, Quintar sostuvo que “tiene que caer el peso de la ley en todos los casos”, y cuestionó la falta de pronunciamientos de referentes kirchneristas ante situaciones de violencia en gobiernos anteriores.

El tenso intercambio dejó expuestas las diferencias tras la realización de la 11° marcha Ni Una Menos, que bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, reunió a miles de personas frente al Congreso y en distintas ciudades del país.

“¿Estás con gente?”. “¿Puedo pasar?”. Esos eran algunos de los mensajes que, según declararon testigos ante la fiscalía, debían enviarle a Claudio Barrelier quienes compartían con él la vivienda de barrio Cofico, donde la Justicia cree que fue asesinada Agostina Vega.

Las revelaciones surgieron en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón para reconstruir qué ocurrió dentro de la casa durante la noche del femicidio y determinar si alguna de las personas que estaban allí pudo haber escuchado algo.

En ese contexto, según supo Infobae, este miércoles, peritos volvieron a allanar la propiedad ubicada en la calle Juan del Campillo 878 y realizaron pruebas acústicas y edilicias destinadas a establecer cómo circulaba el sonido dentro de la vivienda.

La medida busca responder una de las preguntas centrales del expediente: si los otros ocupantes de la casa podrían haber escuchado lo que ocurría en la habitación donde los investigadores sitúan el crimen de la adolescente.

“Se miden los niveles de decibelios y hasta dónde el impacto sonoro puede tapar una voz elevada”, explicó una fuente con acceso al expediente. La pericia busca establecer si alguien que gritara dentro de la habitación podía ser escuchado desde otros sectores de la vivienda.

Los estudios apuntan a verificar una de las dos hipótesis que se manejan. La primera es la del denominado “crimen silencioso”, reforzada por los resultados preliminares de la autopsia que indica que Agostina fue asfixiada. La segunda es que eventuales pedidos de auxilio o gritos hayan quedado disimulados por la música que, según los testimonios, Barrelier solía escuchar a alto volumen dentro de la habitación que utilizaba de manera exclusiva.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, esa noche había cinco personas en la vivienda. Allí se encontraban la pareja de Barrelier, la hija de ambos y otra mujer que residía en el lugar. Más tarde llegaron el marido de esa mujer y un hombre que estaba de visita. Una sexta persona que también vivía en la propiedad no se encontraba allí.

Los testimonios de quienes convivían con el imputado aportaron detalles que llamaron la atención de los investigadores. Según relataron, Barrelier pasaba largas horas encerrado en una habitación “reservada”, que había acondicionado en lo que antiguamente era un garaje. Allí escuchaba música, jugaba videojuegos y evitaba que otras personas ingresaran.

Varios declararon que, para entrar o salir de la vivienda, debían avisarle previamente por WhatsApp. “Claudio, ¿puedo pasar?” o “¿Estás con gente?” eran algunas de las frases que utilizaban antes de circular por el lugar.

También señalaron que, cuando finalmente pasaban por esa zona, debían hacerlo sin hablar y evitando mirar hacia el interior de la habitación.

“Era un dictador, le tenían miedo”, resumió una fuente al tanto de las declaraciones incorporadas al expediente.

El dato cobra relevancia porque el portón del antiguo garaje constituye el único acceso identificado para ingresar o salir de la propiedad. Según determinaron los investigadores, no existen salidas hacia el sector trasero ni conexiones con las calles linderas.

Durante los procedimientos realizados este miércoles, según confirmó este medio, también secuestraron un colchón para someterlo a estudios complementarios.

Por ahora, la fiscalía sostiene que no existen dudas de que Agostina fue llevada engañada hasta la vivienda y asesinada en ese lugar. Lo que aún buscan determinar es el móvil del crimen, si existió una agresión sexual y si hubo otras personas que participaron o tuvieron algún grado de conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, la fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días y acumuló al expediente principal la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por privación ilegítima de la libertad calificada.

Además, la Fiscalía General ratificó a Raúl Garzón al frente de la investigación y dispuso la colaboración de fiscalías especializadas en violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

La medida habilita a Garzón a trabajar de manera articulada con fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales mientras avanzan las pericias pendientes que podrían definir la calificación legal definitiva que enfrentará Barrelier.

*Si sufrís violencia por razones de género o conocés a alguien que la sufra, podés comunicarte de forma gratuita las 24 horas con la Línea 144 o con la Línea 137 para recibir asistencia y asesoramiento.

“Tengo que pedir hoy justicia por mi hija. A mi hija, el que se le cruzó en la vida la desmembró en noviembre, la asesinó brutalmente. Todavía no me han entregado los restos de Camila. Todavía no la he podido sepultar. Todavía no tengo respuestas, no tengo respuestas de ningún lado”, afirmó Moira, madre de Camila Merlo.

La familia pidió, ante las cámaras, que se intensifique la búsqueda de los restos y se esclarezcan las circunstancias del asesinato: “Los restos de Cami fueron encontrados en un basural y es lo único que podemos saber, no hubo rastrillaje. Cuando yo me hice presente en el lugar donde encontraron los restos de mi hija, faltaban. Pido justicia, que me entreguen los restos, que la sigan buscando”.

Moira también habló sobre el detenido: “Hay una persona detenida y nada se dice de él”. El único detenido en la causa es M. R. M., un joven paraguayo de 26 años, quien fue arrestado en enero de 2026 tras una serie de allanamientos en Córdoba. El acusado negó cualquier vínculo con el asesinato y declaró ante la fiscal Eugenia Pérez Moreno: “Soy un perejil”, en referencia a que se considera un chivo expiatorio dentro de la investigación.

Su defensa sostiene que no existen pruebas directas en su contra y que la imputación se basa en su relación de amistad con Camila Merlo, a quien habría conocido a través de su trabajo como conductor de una aplicación de viajes. Hasta el momento, la situación procesal del imputado no ha cambiado y permanece detenido bajo la acusación de homicidio.

El femicidio de Camila Merlo en Córdoba

El caso de Camila Merlo, joven de 26 años, generó conmoción en la ciudad luego de que sus restos fueran hallados en bolsas en un basural el 16 de noviembre de 2025. La identificación se logró por huellas digitales, tras el hallazgo de un muslo con un tatuaje por una pareja de policías en el barrio General Urquiza.

La madre de la víctima, expresó ante los medios que su hija tuvo una vida marcada por episodios de violencia y adicciones. “Como mamá, hice todo lo posible. Pedí ayuda siempre. Me quedo tranquila porque hice todo lo posible. Nunca me ofrecieron ningún recurso, estuve sola”, aseguró.

El entorno de Camila rechaza que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas, como se sugirió en un principio, y pide que no se criminalice a la joven por su trabajo como trabajadora sexual. Una amiga de la víctima relató que la joven se había mudado a la capital a los 19 años y que era una persona confiada, solidaria y presente con sus allegados. “La gente nos encasilla a las trabajadoras sexuales. Queremos que la gente la vea como amiga, hermana, tía, como la persona que era y que no encasillen por la profesión que tenía”, declaró la amiga.

La investigación, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, se basa en peritajes forenses, comunicaciones, testimonios y registros de cámaras de seguridad, pero hasta el momento no se ha modificado la situación procesal del único detenido. La familia de la víctima y organizaciones sociales insisten en que la causa requiere mayor celeridad y transparencia, y solicitan el acompañamiento institucional que, según denuncian, ha faltado desde el inicio del caso.

La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se sumó este miércoles a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló que encontró una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”.

El hallazgo se produjo esta mañana, cuando revisaban las pertenencias de la joven. “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató.

Pese a que no pudo dar detalles sobre el contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina había dejado relatado “todo lo que ella venía viviendo”. Visiblemente afectada, la mujer comunicó que el escrito ya había sido presentado a la Justicia y señaló que la menor había dado detalles sobre “la vida que llevó desde que nació”.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Doce.tv, Heredia cuestionó el desarrollo de la búsqueda durante los primeros días, tras apuntar que hubo un cambio en la actuación de la justicia tras la intervención del fiscal Raúl Garzón. “Cuando el fiscal Garzón nos recibió, todo cambió. Ahí empezaron a buscar en serio, desde el día martes”, aseguró.

“A mi nieta, ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraran ese mismo día en la dirección que nosotros dimos hubiera sido distinto”, recriminó la abuela de Agostina. Y profundizó: ”No nos hubieran torturado de esta manera. Nos siguen torturando porque a mi nieta la siguen matando”.

Incluso, al ser consultada sobre por qué Claudio Barrelier —detenido y principal acusado por el femicidio— no había sido investigado desde que se radicó la denuncia por desaparición, Heredia acusó: “Él desvió, él nombró a ese chico Franco. Cuando mi hija le preguntó si mi nieta no se había contactado con él, él le dijo: ‘Tu hija me preguntó si yo la podía llevar hasta la casa de este chico, a juntarse con este chico’”.

En línea con esto, exigió que se avance sobre otras posibles responsabilidades en el caso. “Falta que haya más detenidos. La mujer del Ford Ka tiene que estar detenida; ella es cómplice. Queremos que caigan todos los que tengan que caer”, aseveró la abuela de la adolescente asesinada.

Por otro lado, también se refirió a la salud de Melisa, la madre de la víctima, quien permanece internada en el Hospital San Roque. Tras asegurar que ya fue informada de la muerte de su hija, indicó que “está sedada” y que “todavía no toma plena conciencia de eso”.

“Psicológicamente está muy mal”, aseguró la mujer, para luego criticar el trato que recibió durante los últimos días. “Mi hija es una víctima, igual que su hija”, sostuvo. Asimismo, el abuelo de Agostina, Miguel, recordó: “Solo somos una familia pidiendo por una hija y una nieta que nos falta”, y pidió que los medios también hablen con el resto de las familias que reclaman por sus hijas, madres y amigas. “Hace 11 años que vienen marchando y no los escuchan”, concluyó.

Mientras la familia de Agostina marchaba por justicia en el centro de la ciudad de Córdoba, las autoridades volvieron a allanar la casa del acusado, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Se trata de la propiedad donde la menor ingresó el sábado 23 de mayo por la noche, pero nunca volvió a salir con vida.

Según trascendió, se realizaron pruebas acústicas, que serían clave para determinar si existiría la posibilidad de que las personas que estaban en la propiedad al momento del crimen hubieran escuchado algún ruido. En línea con esto, habrían analizado el grosor de las paredes.

Además de la búsqueda de material genético, se informó que una camioneta del Ministerio Público Fiscal se retiró de la zona luego de que se secuestraron más elementos que serían relevantes para la causa.

Este mismo miércoles también se realizaron procedimientos en el lavadero de barrio, donde se llevó a lavar el Ford Ka, y en un local nocturno llamado Wachitas Bar, donde trabajaba Soledad, la mujer que le prestó el vehículo a Barrelier y con quien habría mantenido una relación de tipo romántica.

Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.

El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.

La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.

Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.

La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.

De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.

En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.

Durante la charla, Camargo transmitió la intensidad con la que vive cada aniversario: “Obviamente es una fecha muy movilizadora para mí”. La noticia del femicidio de Agostina, también de 14 años, la atravesó especialmente. “Esa herida se abre, más allá que el dolor lo vamos a llevar siempre”, expresó.

El saldo de once años: avances, deudas y la persistencia del dolor

Camargo consideró que la primera marcha de Ni una menos “fue el puntapié inicial para generar algo”, pero advirtió: “Se vienen haciendo muchos cambios, muchas cosas, pero parece que no alcanza, porque los femicidios se siguen dando, las violencias siguen estando”.

Insistió en la necesidad de construir “vínculos sanos” y señaló que erradicar la violencia de género es “una obligación del Estado en ciertos puntos”, aunque también reclamó: “Todos podemos aportar, cada uno desde nuestro lugar, un pequeño granito de arena para tratar de erradicar todas estas violencias”.

La pregunta por el trato a las familias de las víctimas marcó otro eje: “Nosotros no fuimos atacados como familia tanto como lo está siendo la familia de Agostina, principalmente la mamá”, comparó Camargo. Y pidió: “Tenemos que ser cuidadosos, no sacar el foco de donde debe estar, que es en quien cometió el femicidio. Que después si hay que analizar otras situaciones, también hay que darlas, pero no olvidemos dónde hay que poner el foco”.

Justicia lenta y falta de perspectiva: el reclamo que no cesa

Consultada por el concepto de justicia, Camargo fue directa: “El actuar de la justicia muchas veces es lento, viene después”. Relató que en el caso de Agostina Vega, “escuchar al fiscal con tanta falta de respeto hacia la víctima, hacia las familias, duele muchísimo”.

Recordó el proceso por el femicidio de Chiara y el fallo contra Manuel Mansilla: “La Corte Suprema de la provincia pidió que se reduzca la condena, cosa que se logró y se redujo la pena a 15 años”. Para Camargo, “la justicia siempre piensa más en los derechos que tiene el victimario en vez del derecho a la vida que tenía la víctima, la verdad que duele muchísimo”.

Reclamó una revisión de la mirada judicial: “El sistema judicial y los operadores judiciales tienen que empezar a reeducarse, a tener más perspectiva. Muchas veces las leyes están, pero el fiscal u operador de turno malinterpreta o ante la duda, siempre el beneficio va a favor del victimario”.

Sobre el caso de Agostina, fue categórica: “Esta persona (Barrelier) tendría que haber estado detenida. Que un fiscal diga que no había méritos suficientes cuando todos estamos viendo un video donde una mujer semidesnuda, atada, se está escapando y pidiendo ayuda, creo que algo hay que hacer”.

El clima social, el acompañamiento y la deuda estatal

Al analizar el contexto político y social, Camargo alertó: “El tratar de sacar la figura del femicidio, el imponer la falsa denuncia, no ayuda a las personas que están viviendo violencia”. En su experiencia, la reacción pública es determinante: “A la mujer le cuesta un montón ir a hacer una denuncia y ante esos discursos agresivos, va a dudar más todavía”.

Sobre el acompañamiento que recibió, agradeció: “Mucha gente a lo largo y a lo ancho del país acompañó muchísimo, primero mi comunidad, mi familia, mis amigos más cercanos y toda la comunidad en general”.

Consultada sobre lo que falta desde las autoridades, fue precisa: “Una mejor justicia, que piense más en el derecho que tenía la víctima a vivir y que no busque justificar al victimario. A mi hija la golpearon, la cortaron, la enterraron. ¿Nadie piensa en eso?”.

Describió el impacto de escuchar el pedido de reducción de pena para Mansilla: “En esa audiencia hablaban de Mansilla como si fuera el chico ejemplar y que tenía todo un derecho a poder insertarse en la sociedad, a estudiar, a tener un trabajo. Me parece una locura”.

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Durante el diálogo, la especialista en género y políticas públicas se refirió a la conmoción social provocada por el caso de Agostina y remarcó: “La reacción del fiscal, la falta de respuesta estatal transversal, las demoras en la investigación, un desastre. Me parece que es una constante en todas las provincias el desfinanciamiento de las políticas públicas. Sin asignación presupuestaria ninguna política pública camina”.

El impacto del caso Agostina y la figura de femicidio

Deza explicó que el asesinato de Agostina reaviva la preocupación por las políticas de prevención: “Un Estado que saca del GPS de la agenda política la prevención de la violencia es un Estado que va a tener más femicidios, porque va a tener más casos de violencia. Femicidio es la última expresión, pero van a incrementar los casos”.

Consultada sobre los proyectos que proponen eliminar la figura de femicidio, Deza fue enfática: “Está muy bien conservar la figura del femicidio. De hecho, su incorporación tuvo como objetivo visibilizar un hecho político que es la diferencia en las muertes violentas de las mujeres en un contexto mediado por la violencia. Ese es un fenómeno que tiene a mujeres como víctimas y un contexto de violencia de género en el interín”.

Además, advirtió sobre la posible criminalización de las denuncias: “Si nosotros agravamos las penas para la falsa denuncia, como quiere el proyecto de la senadora Losada, se desincentivan las denuncias y se pierde la capacidad de prevenir, que creo yo que es más importante que castigar”.

Políticas públicas, judicialización y retrocesos

La abogada señaló que la baja en las cifras oficiales de femicidios puede responder a cambios en la calificación judicial: “Hay que ver cómo se están caratulando las causas. Una vez que ocurre una muerte violenta de una mujer, si esa muerte, cuando ingresa al sistema judicial, está nombrada o caratulada de modo tal de que luego pueda ser identificada como un femicidio”.

Deza también apuntó al retroceso institucional: “Hay un retiro del Estado en el rol de rector del derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Y en eso se pliega de manera transversal el Ejecutivo, que no asegura las políticas públicas, pero también el Legislativo, cuando se atreve a revertir algunos estándares legales, como las falsas denuncias, y el Judicial, que es el que quizás da la primera respuesta o la respuesta concreta institucional”.

En relación al contexto social actual, subrayó: “Estamos viendo las primeras imágenes de un naufragio que va a ser muy profundo. Son los primeros coletazos de una campaña abierta desde las narrativas oficiales en contra de toda política pública para prevenir. También muy fuertemente instalada en términos de validar la misoginia, validar el machismo”.

Cambios culturales y desafíos en Tucumán

Sobre el cambio cultural tras el caso de Belén en Tucumán y su correspondiente filme, Deza valoró el impacto social: “Me parece que la película desdemonizó un poco la defensa técnica de emergencias obstétricas. Lo que más nos sorprendió no fue la reacción judicial, sino la empatía cuando hicimos público el caso, la gente apoyando el pedido de justicia”.

Sin embargo, advirtió sobre los límites que impone el sistema: “El Poder Judicial es quizás el más recalcitrante de todos los poderes del Estado. Nosotras las feministas siempre decimos que las calles puede ser que nos pertenezcan, pero los pasillos de tribunales son de los conservadores. Entonces, ahí hay una disputa todavía que continuar”.

Por último, Deza advirtió sobre el acceso a la salud y el riesgo de retrocesos: “Las mujeres por ahí no encuentran la medicación, que tienen derecho a recibirla de manera gratuita, y eso las va a empujar a la clandestinidad o quizás las va a sacar de la legalidad, porque las va a hacer pasar las 14 semanas. De a poco es un Estado que va corriendo el alambre y va haciendo que tomemos otras decisiones, decisiones que no debieran tener riesgo, que no debieran tener peligro para nosotras”.

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La joven de 25 años llegó hasta la casa de su ex novio, en el tradicional edificio Euskalerría de Malvín Norte (Montevideo), decidida a llevarse sus cosas. Era el 19 de marzo de 2025 y hasta el mes anterior la pareja había convivido allí. Lo había denunciado tres veces al hombre de 24 años, pero cada tanto retomaban la relación. Ella estaba dispuesta a dejar el vínculo para siempre, pero él la terminó matando tirándola desde un séptimo piso.

Ahora, la Justicia uruguaya condenó al hombre que mató a su novia, que asumió la responsabilidad del femicidio, a 22 años de cárcel, como informó el diario uruguayo El País. Habían estado en pareja durante tres años.

Él tenía un vínculo violento sobre ella. La alejaba de su familia, le decía que no servía para nada, le controlaba el celular y le manipulaba sus redes sociales, según relató la Fiscalía en una audiencia judicial consignada por el diario uruguayo.

La joven llegó hasta la casa con la intención de buscar sus cosas y llevárselas a lo de su abuela, de 78 años, donde se iba a vivir definitivamente. Cuando ella estaba juntando sus cosas, la mujer le “imploraba” que se retirara lo más rápido que pudiera, de acuerdo a las palabras que utilizó la fiscal del caso Andrea Mastroianni.

“Que te deje libre. Que te dé las cosas tuyas y venite rápido. Ya. Ahora. Ya te dije que salgas de ahí”, le escribió en un mensaje de texto la abuela a las 16.32, según leyó la fiscal. Su nieta a esa hora ya había muerto.

La madre del joven de 24 años fue la primera en llamar a la Policía, en un estado de desesperación. Pidió que los efectivos fueran urgente al lugar porque se estaban “reventando”. Hacía unos minutos que se había iniciado un conflicto entre ellos. Los jóvenes discutieron y él comenzó a pegarle y a tirar cosas por la ventana del apartamento.

Los vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, de acuerdo con la crónica de El País. La señora que vivía en el departamento de al lado sintió gritos y vio que la víctima estaba en la puerta del ascensor con sus bolsos. Él apareció, “visiblemente enojado”, detrás. La agarró de los brazos y la arrastró de nuevo hacia el interior de la vivienda.

Ella se resistía. Le gritaba que la soltara. Le decía que era un maltratador, de acuerdo al relato de la testigo.

De a poco, el condenado la fue llevando hasta la ventana en la que estaba el balcón, por el que la lanzó. Primero cayó de 15 metros ella y después se tiró él. Ella murió en el momento, pero él casi no perdió la consciencia y la siguió agrediendo incluso cuando estaba muerta dándole patadas en la cabeza.

Un vecino que vivía enfrente vio el momento y también lo hicieron algunos policías que llegaron al lugar en ese momento. Los efectivos tuvieron que impedir que le siguiera pegando.

El hombre sufrió politraumatismo grave y fue trasladado con custodia al Hospital de Clínicas, el centro de salud universitario del país. Una vez que fue dado de alta, fue detenido. Para ese momento, él ya tenía cuatro denuncias: tres por violencia doméstica por parte de su novia y una de parte de su madre.

La condena fue resuelta por un proceso simplificado, que implica que el juicio es más corte. Se utiliza cuando el imputado y la Fiscalía están de acuerdo y se requiere una menor exposición de pruebas.

La Fiscalía pidió que fuera condenado por homicidio especialmente agravado por femicidio originalmente por 28 años. Sin embargo, luego de que el condenado reconoció su participación, la pena se acortó a 22 años de cárcel.

La familia de Cecilia Strzyzowski atraviesa por estos días un nuevo aniversario por el femicidio que conmocionó a Chaco y al país hace tres años. La Justicia condenó a quien era su esposo, César Sena, y a otras seis personas, entre ellos sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El recuerdo se da en medio de la conmoción que se vive en estos días por el crimen de la adolescente Agostina Vega y el ensañamiento con el que fue encontrado su cadáver en Córdoba. El único sospechoso, Claudio Barrelier, está imputado por femicidio.

Tres años pasaron del crimen de Cecilia. Su mamá, Gloria Romero, utilizó las redes para contar mediante un extenso mensaje cómo se vive con el dolor de la pérdida. “Mientras los Sena reclaman comida, estudio y sus derechos humanos, yo solo reclamo el derecho de tener hoy un lugar donde llorar a mi hija, un cierre para tanto dolor”, apuntó Romero. En su relato, denunció el daño personal y social que sufrió tras la muerte: “Para mí, son 28 años de mi vida borrados, sin siquiera un porqué. Destrozaron mi vida como si no valiera nada”.

Gloria reflexionó acerca de la crisis de valores en la sociedad chaqueña y cuestionó las acusaciones políticas mientras la investigación se estaba llevando a cabo en 2023.

El mensaje concluyó: “De la muerte de mi hija conocí lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Hoy, a tres años de su ausencia, solo puedo decir: Te extraño, Negra. Siempre y para siempre”. La publicación estaba acompañada de un video en el que se ve a Gloria llorando.

En los días previos a que se cumpla el tercer aniversario, había descrito cómo enfrenta el proceso de duelo. “Después de un femicidio como el de Cecilia Strzyzowski, el proceso de sanar para una familia suele ser muy largo, irregular y profundamente doloroso, y la ausencia del cuerpo vuelve todo todavía más complejo”, describió. En este sentido, la falta genera una sensación de historia inconclusa “para que la mente pueda aceptar completamente la realidad de la pérdida”.

Respecto al estado público que tomó el caso, recordó: “El dolor privado atraviesa la exposición mediática, las opiniones ajenas y hasta el morbo social. Eso puede revictimizar mucho”.

Por último volvió a reclamar una resolución judicial: “Necesitamos una sentencia firme y la entrega de sus restos… aunque sea hollín es mi hija”. Durante la investigación se encontraron restos óseos triturados en un campo del dirigente social chaqueño Emerenciano Sena, lo que hizo suponer que el cuerpo de la joven de 28 años había sido quemado. También hallaron un dije con forma de cruz similar a uno que, según la familia de la víctima, usaba constantemente; una valija quemada, restos de ropa y una llave.

Cómo está la causa hoy

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió el viernes 2 de junio de 2023 cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde la asesinaron.

Según determinaron los fiscales, murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese mismo día. Esa franja horaria surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa. Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena.

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. Luego determinaron que el cuerpo fue descartado.

El procurador general Jorge Canteros se refirió al caso de manera pública e indicó en conferencia de prensa: “Es la primera vez que en un juicio por jurados hay una condena sin un cuerpo y sin un certificado de defunción previo”. “Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, agregó.

Si bien el clan Sena fue condenado a prisión perpetua en primera instancia -junto con Gustavo Obregón (cinco años y diez meses de prisión) y Fabiana González (cinco años), ambos por encubrimiento agravado; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión, en suspenso- las sentencias aún permanecen sin firmeza debido a los recursos de apelación presentados por las defensas.

Eso lleva a que Romero no pueda inhumar a su hija debido a que la Justicia mantiene los restos resguardados como evidencia mientras el proceso judicial sigue abierto.

Marcha #NiUnaMenos

Este miércoles, el colectivo feminista vuelve a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, para pedir justicia por la muerte de Agostina Vega (14 años), Dulce María Beatriz Candia (17) y Noelia Carolina Romero (30), halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley, respectivamente, en los últimos días.

La concentración principal se realizará en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 17, frente al Congreso de la Nación, donde se prevé la realización del acto central. En otras ciudades del país se esperan movilizaciones simultáneas.

En Córdoba, la convocatoria es en la intersección de Colón y Cañada a la misma hora. La capital provincial aún no sale de la conmoción tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado. Estaba desmembrado y enterrado en distintos lugares. Agostina desapareció el fin de semana pasado y los restos aparecieron el martes.

“Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, escribió la organización en un comunicado.

En Chaco, indicaron que el encuentro será en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sársfield. La movilización cobra especial relevancia debido a los tres años que se cumplen por el femicidio de Strzyzowski.

Mataron a una nena.

¿Por qué felicitan a los perros?

Asfixiaron a una adolescente.

¿Por qué felicitan a los perros?

Encontraron a una chica descuartizada.

¿Por qué felicitan a los perros?

No tomaron la denuncia a tiempo.

¿Por qué felicitan a los perros?

Sospechaban de la víctima y no el sospechoso.

¿Por qué felicitan a los perros?

Liberaron a un secuestrador de mujeres.

¿Por qué felicitan a los perros?

Permitieron que un asesino le quite la vida a una piba.

¿Por qué felicitan a los perros?

Culpan a la madre a la que le mataron a la hija.

¿Por qué felicitan a los perros?

Quitaron las jornadas para prevenir la violencia de género en la escuela.

¿Por qué felicitan a los perros?

Proponer derogar la figura del femicidio y los femicidas matan.

¿Por qué felicitan a los perros?

Dicen que no existen los femicidios pero las que tienen miedo son las chicas.

¿Por qué felicitan a los perros?

Agostina se defendió con las manos, pero nadie la defendió a ella.

¿Por qué felicitan a los perros?

La descuartizaron en bolsas de basura y tachos de basura.

¿Por qué felicitan a los perros?

Quieren penar a las que denuncian y no escucharon a la que había denunciado al asesino.

¿Por qué felicitan a los perros?

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo. El fiscal Raúl Garzón, en una conferencia de prensa en la sede de Tribunales 2, en la ciudad de Córdoba, quiso ponerse una medalla canina al felicitar conmovido al perro que encontró el cuerpo.

Claudio Barrelier está detenido e imputado. Es inentendible que haya podido matar si no se entiende la impunidad para violentar mujeres que existe en Argentina. Él ya había sido denunciado por el secuestro de una joven que dio su testimonio a la justicia, pero que no pareció importar demasiado, como no importa lo que pasa entre las muñecas femeninas.

A pesar de la palabra de la víctima no se lo condenó, controló, ni limitó en su vida laboral, política y pública. Estuvo procesado por privación ilegítima de la liberta, pero solo paso veinte días preso y salió en libertad con una fianza de cinco millones de pesos.

Agostina habría sido abusada, ahorcada y desmembrada con un cuchillo, según se desprende de la autopsia. “No hay ninguna, absolutamente ninguna autocrítica que hacer”, se autoelogió el fiscal a pesar de la tardanza en buscar a Agostina.

Él fiscal no hace autocrítica, pero la sociedad sí lo critica. La denuncia no fue tomada ni en tiempo ni en forma. Miguel, el abuelo de Agostina, declaró: “Queremos que tomen en serio las denuncias; a nosotros nos boludearon todo el fin de semana”.

En un femicidio los minutos cuentan para salvar a una víctima y en la predisposición que se demuestra para salvar a las que siguen. “Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar, con su olfato, bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen”, sostuvo Garzón con una sonrisa.

En ese contexto, lo interrumpió la legisladora Laura Vilchés y le pidió que “no fuese cínico”. Ahora hay un pedido de jury de enjuiciamiento. El 11 de agosto del 2017 escribí la nota sobre el femicidio de Anahí Benitéz, de 16 años, encontrada el 4 de agosto de ese año, en la Reserva Natural Santa Catalina, de Lomas de Zamora. El título fue “¿Por qué los perros buscan cadáveres?”.

En Argentina “tirar los perros” es una frase equivalente a intentar seducir. Hay una enorme diferencia entre seducción y violencia y entre ser sexy y correr riesgos. El fiscal que sonrió para decir que había que felicitar al perro que encontró los restos (solo la palabra resto de algo que ya da arcadas de dolor) de una chica tan chica que se vuelve hija de todos los que vemos las noticias y pensamos en las propias, las ajenas, las que conocemos y las que no sabemos donde están, no aludió a una mascota (que no necesita felicitaciones, ascensos, ni premios) inocentemente.

Tiró los perros en el peor de los sentidos. Volvió huesos un cuerpo descuartizado. Animalizó a una víctima. Desmembró el reclamo de justicia. Deshumanizó a una niña. Se erigió como héroe con correa en un caso que solo puede evidenciar la complicidad política, judicial y social con los verdugos.

Ni Una Menos surgió el 3 de junio del 2015 a partir del asesinato, el 10 de mayo del 2015, de una adolescente de 14 años, Chiara Páez, en Rufino, Santa Fe, pero no era un caso excepcional y por eso Ni Una Menos tuvo un eco que se convirtió en un grito mundial.

En Argentina no eran solo mujeres maduras, señoras, esposas, trabajadoras y personas con recursos vitales las que sufrían violencia de género. Las chicas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nosotras, las que fuimos, las que somos, las que queremos ser, las que queremos cuidar y querer están en riesgo.

Las que vemos en el subte y en el tren, las sobrinas y primas, las ahijadas y las nietas de nuestras amigas, están en peligro. Las argentinas son especialmente condenadas por la violencia machista y por las condenas de los medios que las matan antes de morir y después de muertas.

Las fanáticas de los boliches, las putas, las mal vestidas, las atrevidas, las drogadictas, las zarpadas, las arriesgadas, las descuidadas, se mueren por su culpa, como si en vez de ser asesinadas se suicidaran, como si la muerte fuera inevitable, como si nadie pudiera hacer nada y si solo se podría mirar con horror o como una serie nocturna su vida derretida entre las manos de alguien que las toma del cuello.

La palabra femicidio no nació sola. La impusimos en las redacciones -con más peleas de las que podríamos volver a dar en mil vidas- las periodistas que nos negamos a naturalizar la culpa de las chicas y la inocencia de los culpables.

El femicidio es un tipo penal que agrava la pena, pero que -por sobre todo- demuestra que un homicidio no es igual porque no hay igualdad cuando una chica no puede subirse a un remise o a un taxi, cuando no se siente cómoda en la calle, cuando salir de fiesta es escalar una cima de riesgo, cuando su vida pende de un hilo por portación física, cuando le pueden hacer un daño que no comprende y cuando el encierro es una opción que solo se les endilga a ellas.

Sin embargo, quienes tienen que garantizar la seguridad de las chicas niegan su riesgo, anulan su voz para denunciar, descreen de sus miedos y demonizan sus certezas, desvalorizan su vida y descuidan su integridad, desalojan su muerte de justicia y desamparan a las que velan su tumba colectiva.

La culpa de la pollerita no es un hit de cumbia, es un hit machista que se usó para demonizar a las chicas que salen de su casa. No es un juicio neutro. No se juzga a los chicos. Se las juzga a ellas. No es una impunidad neutra. Se las mata a ellas para abusarlas, porque no se dejan abusar, porque las abusaron.

La diferencia de nombrar femicidio al femicidio es tan clara como el miedo que siente una adolescente cuando escucha un paso atrás y el miedo que sienten su papá y su mamá cuando sus pasos no se escuchan cerca. Es el miedo a que la quieran lastimar. No necesita ni explicación. Pero sí revalidación en un país en el que el retroceso quitó hasta la lógica más vital de proteger a sus hijas.

El 3 de junio de 2015 Argentina salió a la calle masivamente y el caso que disparó la marcha fue el de una chica. A once años la convocatoria tiene el nombre de Agostina en cada vereda a caminar y en cada charla mediática. No es casual. Somos un país que tiene en el corazón a sus hijas. Pero que hoy son descuidadas en su supervivencia y ensañadas en el altar del recuerdo.

Ni Una Menos cambio la conversación nacional e internacional sobre la violencia sexual y los asesinatos de mujeres. No fueron ladridos al cielo, sino voces que avanzaron en la comprensión de lo que implica crecer como una niña y desarrollarse como una mujer en una sociedad que hace de la amenaza una alarma constante.

Más de una década después Ni Una Menos no es historia, es una demanda del presente, es la única salida para el futuro: que la libertad sea de las que crecen y que ser mujeres no las deje a la deriva de ser olfateadas por perros.

El mensaje de una nación que generó ese grito entre sus calles es que la vida de las chicas no es una lotería sino que depende de una sociedad que las abrace a ellas y destierre a los cuervos que las destripan por creer que tienen el poder de disponer sobre sus cuerpos y desechar su vida como a un hueso que se tira.

Durante el encuentro, primero pidió un minuto de silencio en homenaje a Agostina y solicitó que el foco se mantenga en la víctima y en el avance de la causa. “Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella”, insistió Alaniz al enfatizar que “es una víctima” y ese tipo de escrutinio solo buscaba revictimizarla.

Al momento de reconstruir los pasos de la causa, explicaron el motivo por el que Claudio Barrelier, actual detenido y principal sospechoso del femicidio, no fue investigado desde el minuto cero. “Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, apuntaron.

Según expusieron los abogados de Vega, a partir de la denuncia de la madre de Agostina, Melisa Heredia, las autoridades habían comenzado a buscar a una persona identificada solo por el nombre “Franco”. El relato planteaba la posibilidad de que la menor estuviera con este masculino, por lo que en las primeras actuaciones se ordenó localizar el domicilio y hacer una averiguación de antecedentes penales.

Por varias horas, las sospechas giraron en torno a esta persona hasta que la declaración aportada por el remisero que trasladó a la adolescente hasta el barrio Cofico comenzó a orientar a la causa hacia la casa ubicada en Juan del Campillo al 878.

“En la primera denuncia no está el nombre. Aparece recién el domingo a la tarde como un buen amigo de la familia, posterior al remisero”, aclaró Alaniz, tras mencionar que, bajo este contexto, es que lo citan a declarar por primera vez en calidad de testigo.

En línea con esto, Torreani aclaró que la investigación no tomó a Barrelier como sospechoso hasta que no se realizó una ampliación de la denuncia el martes, cuando la madre de Agostina contó que había hablado por mensajes con el acusado.

“El mismo martes fue que nosotros pedimos detención y pedimos allanamientos también. Eso se dio, sucedió y lo tuvimos preso ese día”, destacó la querella. Sin embargo, criticaron: “Ya era tarde, porque no se brindaron los datos. Si al primer momento nos hubiesen dicho todo, hoy quizás la historia sería otra”.

Por este motivo, Alaniz apuntó en contra de la mamá de Agostina al indicar que ella había facilitado la información y guiaba la conversación. “Ella lo introducía, lo corregía. Entonces hay responsabilidad y queremos que responda y que la imputen. Se lo hemos pedido al señor fiscal”, anticipó.

De la misma manera, Vega apuntó: “Cuando una denuncia es ambigua, no sabes para dónde encarar. Si vos tenés una pérdida de un hijo, tenés que decir todo desde un principio. Simple”. Asimismo, aclaró: “No tengo relación con la madre, así que lo que ella diga o haga… Cada uno toma sus propias decisiones”.

Al ser consultado sobre la investigación por cuenta propia que había iniciado apenas se enteró de la desaparición de su hija, el papá de Agostina recordó cómo fue el encuentro con el acusado el lunes por la tarde. “Al principio quería saber por qué no entendía qué estaba pasando. Hay una prueba donde, para mí, hay gente implicada en todo esto”, aseveró.

“No sé ni cómo llamarlo, no sé cómo describirlo. El psicópata enfermo, hijo de mil putas. Porque no sé cómo describirlo, no tiene nombre”, describió Vega. Asimismo, criticaron el actuar del fiscal Iván Rodríguez, acusado de haberlo dejado en libertad por haber abonado una fianza de 5 millones de pesos en mayo de 2025 en el marco de una causa por presunta privación ilegítima de la libertad.

Al plantear que el investigador debería “rendir cuentas si corresponde”, el papá de Agostina remarcó: “Este tipo no tenía que estar en la calle porque no estaba apto para la sociedad. No es normal que una persona secuestre a una mujer, la meta adentro de la casa, la tenga atada, desnuda, y esté en la calle a los veinte días”.

Por otro lado, Vega consideró que “las personas que vivían en esa casa también son responsables” y cuestionó: “¿Por qué están libres todavía? Eso hay que preguntárselo a la justicia”. En línea con esto, apuntó: “Esta persona no actuó sola y yo la voy a encontrar a esa persona”.

Tras insistir en la sospecha de que hay más personas involucradas, Vega expresó su apoyo al trabajo del fiscal Raúl Garzón. “Nos sentimos respaldados por el fiscal Garzón. Él me dijo: ‘Yo la voy a encontrar a tu hija’. Y la encontró”, resaltó.

Por su parte, la abogada del papá de Agostina sostuvo: “Apoyamos al fiscal Garzón abiertamente y no tenemos ningún vínculo con él. Creemos en la investigación. Este papá trabajó codo con codo con el fiscal”. Sin embargo, reiteraron su desacuerdo ante la falta de imputaciones en la causa. “Vamos a pedir más imputaciones. Hoy lo hablamos personalmente con el fiscal”, afirmaron.

En ese mismo sentido, los letrados adelantaron que solicitarán la imputación de Soledad, la dueña del vehículo Ford Ka utilizado por el acusado para descartar el cuerpo de la menor. “Ella debe responder. Vamos a pedir que sea imputada por encubrimiento”, anunciaron.

No obstante, el padre de Agostina recordó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que evitó dar detalles sobre los pedidos de imputación que presentarían en la brevedad. “Si está bajo sumario, es porque hay un montón de gente que está siendo investigada en este preciso momento y si nosotros decimos algo de algo de lo que sabemos, vamos a complicar la investigación”, aclaró.

Por último, pidieron que el caso no sea utilizado por la política. “Los políticos acá no tienen nada que ver. No la buscaron, no vi a ninguno, como les dije antes, arremangado buscando a Agostina ”, criticó la abogada querellante al sentenciar: “Nosotros queremos justicia por Agostina. Que no haya más Agostinas en el país”.

El hallazgo de Agostina Vega en Córdoba, investigado bajo la figura de femicidio, volvió a conmover a la sociedad y motivó un debate nacional sobre la respuesta de las instituciones. A pocos días de cumplirse quince años del asesinato de Candela Sol Rodríguez, Infobae a la Tarde convocó a su madre, Carola Labrador, para reconstruir la experiencia de las familias y el impacto de una justicia que, según denuncia, sigue sin dar respuestas.

La entrevista giró en torno al testimonio de Labrador y al valor de la memoria en la lucha contra la violencia de género. La madre de Candela trazó un recorrido desde el crimen de su hija —ocurrido el 22 de agosto de 2011 en Hurlingham— hasta las dificultades actuales para acceder a justicia y contención.

Carola Labrador: “Nada cambió del 2011 hasta ahora”

“Mal, la verdad que muy mal, porque no cambió nada del 2011 hasta ahora, absolutamente”, sostuvo Carola Labrador al ser consultada por el impacto del caso Agostina. Agregó: “Todos los días hay un femicidio nuevo, a toda hora, en todos los lugares, en toda la Argentina”.

Desde su rol de referente entre familiares de víctimas, la madre de Candela remarcó la repetición del dolor: “Desde que mataron a Candela, vivo con esto. Algunos casos salen en la tele, otros no. Pero todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor”.

La denuncia fue directa: “La justicia no hace nada. Los femicidas están un par de años presos, con todos los beneficios, con celulares, se casan de nuevo y después hacen su vida normal y nosotros tenemos que vivir con este dolor para toda la vida”.

“Para las chicas muertas no hay justicia”

Consultada sobre la expectativa de justicia después de quince años, Carola fue tajante: “Para nosotros, las familias, no hay. Para las chicas muertas no hay. Justicia no hay. Una perpetua, le dan una perpetua y a los quince años se van y les dan todos los beneficios a los asesinos, a los violadores, a los femicidas”.

La diferencia de trato se refleja en el acceso a derechos: “Tienen celulares, se casan, estudian, van a la facultad, todo. Mi hija no pudo festejar su cumpleaños de quince. Esta nena no pudo festejar su cumpleaños de quince”.

También criticó el acompañamiento estatal: “Los familiares andan rogando por un abogado y el femicida apenas entra tiene un abogado del Estado”.

Sobre el debate en torno a la figura de femicidio, la respuesta fue enfática: “Es una aberración. Cada 31 horas muere una mujer. ¿Cómo van a quitar la figura del femicidio si las que morimos somos las mujeres?”.

El acompañamiento entre familias y la ausencia institucional

Carola Labrador describió la red de apoyo que construyen los familiares: “Nos abrazamos, nos acompañamos a los juicios. El que más vivió, más ayuda al otro. Pero pasan aberraciones. Hay jueces y fiscales que no tienen visión de género, que no les explican nada a los familiares. Hay una ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, muy buena, pero en muchos lugares no la respetan”.

Al referirse a la familia de Agostina Vega, anticipó: “Seguro me voy a encontrar con su mamá. Y no voy a necesitar decirle nada. Nosotras lo único que necesitamos es otra mamá que perdió su hija y un abrazo, nada más. Ya sabemos de dolor, de resiliencia, de lucha”.

La madre de Candela también cuestionó el rol de los medios y las instituciones: “No cambió nada, pasaron tantos años y no cambió la prensa, no cambió la justicia, no cambió la policía. La policía metida en todo, siempre haciendo daño en vez de cuidarnos. Para que tomen la denuncia, una mujer tiene que ir con un ojo de la mano o apuñalada”.

Sobre la utilización política de los casos, recordó: “En esa época Mariotto y Scioli estaban peleados, hicieron una Comisión Candela, un libro. Usaron a una niña de doce años para una pelea política. Nada cambió”.

Cerró con una mirada sobre la crisis social: “Ves los hospitales devastados, la gente sin trabajo, la miseria. Cada vez perdemos más y más”.

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Esta semana, el fiscal Raúl Garzón dio un paso crucial. El encargado de esclarecer el crimen de Agostina Vega cambió la calificación del expediente: determinó que la muerte fue un femicidio, un asesinato agravado por la violencia de género.

Garzón, a pesar de haber detenido a Claudio Barrelier una semana atrás y de encontrar el cadáver de Agostina días después, se encuentra en medio de controversias por los modos empleados en su conferencia de prensa del sábado pasado y pedidos de jury en su contra, agitados por sectores políticos de su provincia con figuras como Luis Juez, junto a críticas del colectivo Ni Una Menos. Ahora, Garzón suma una polémica más que viene desde dentro de la Justicia, con la chance de dejar el expediente. El motivo, se debe, precisamente, al cambio de calificación que aplicó.

El Ministerio Público Fiscal cordobés cuenta con un fuero de violencia de género y violencia familiar, con ocho fiscales para la jurisdicción de la capital provincial. El código local establece que un femicidio debe ser investigado por uno de estos ocho fiscales.

La polémica surgió en una reunión realizada ayer en la Fiscalía General de la provincia, organismo liderado desde abril de este año por Carlos Lezcano, aseguran a Infobae altas fuentes con conocimiento directo de la situación. Dos fiscales generales adjuntos -que siguen en rango a Lezcano y superan en jerarquía a Garzón- estaban presentes. Uno de ellos, precisamente, fue quien notó que la causa debería ser traspasada al fuero de violencia familiar y de género, al menos según la normativa.

Garzón se niega a entregar el expediente, aseguran las mismas fuentes, aunque no hubo un planteo formal. En todo caso, será el fiscal general Lezcano quien deberá dirimir un posible planteo.

En todo caso, la causa sigue su marcha, con diversas dudas surgidas tras de la autopsia, que halló “posibles signos de abuso sexual”, según otra alta fuente judicial.

Surgió una discrepancia entre la fiscalía y los forenses que practicaron el estudio con respecto a este punto. El estudio anatomopatológico a los órganos -dificultado por la avanzada descomposición de los restos- deberá esclarecer este punto, que es esencial para definir la imputación contra Barrelier.

En paralelo, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina fue drogada, algo que deberán determinar las pericias toxicológicas, cuyos resultados se conocerán con el correr de los días.

La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en la capital de Córdoba el fin de semana pasado, arrojó sus primeros resultados. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada, coinciden fuentes del expediente en diálogo con Infobae.

¿La víctima fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”. Sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría, por lo pronto, una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.

La clave para determinar o descartar un abuso serán los estudios anatomopatológicos que se realizan luego de la autopsia inicial. Estos estudios suelen demorar varios días. Si el abuso es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho.

Los forenses, por otra parte, lograron establecer la data de muerte. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 23 y las 5 am del domingo 24 de mayo”, asegura una misma fuente. Agostina fue asesinada, al menos, casi cuatro horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición.

En las últimas horas, Barrelier -detenido en el penal de Bouwer, internado en un pabellón psiquiátrico luego de que expresara su deseo de quitarse la vida tras el hallazgo del cadáver- fue finalmente imputado por el delito de femicidio. Nuevos agravantes a la calificación podrían ser agregados.

¿Por qué nadie escuchó nada? La asfixia como método de muerte y el desmembramiento post-mortem son compatibles con la hipótesis del “crimen silencioso” que barajan los investigadores.

El fiscal Garzón, según reveló este medio, sospecha que Barrelier actuó solo en su casa del barrio Cofico de la capital cordobesa. Según confiaron altas fuentes del caso a Infobae, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina fue drogada, algo que deberán determinar las pericias toxicológicas, cuyos resultados se conocerán con el correr de los días.

La existencia de la denuncia fue ratificada a Infobae por fuentes judiciales de la provincia y por el propio entorno de Gabriel Vega. Desde los tribunales cordobeses, un funcionario de peso aseguró que Vega padre habría descubierto a su hija conversando con un joven, también menor de edad. El contenido de esa charla, según la presentación, habría llevado a la golpiza, lo que habría generado un distanciamiento, sumado a la separación de sus padres.

“Gabriel fue denunciado, pero la denuncia no prosperó. Hay actas escolares donde Agostina se retracta y dice que fue para llamar la atención porque el papá estaba enojado con ella”, asegura una fuente de contacto permanente con el padre de Agostina tras el femicidio. La causa continúa, con una imputación, pero el asesinato de la víctima dificulta cualquier avance.

Representado por la abogada querellante Fernanda Alaniz, Vega padre concedió una entrevista la semana pasada, poco antes del hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Allí, apuntó al vínculo entre Claudio Barrelier, el único acusado del femicidio, y Melisa Heredia, que reconoció haber sido pareja del imputado. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, aseguró.

“No quiero hablar de más, pero lo único que quiero es que Agostina aparezca. Lo único que necesito es que aparezca y que el que tenga que caer, que caiga, porque la verdad ya no me interesa más nada. Que caiga el que caiga. Es así de simple”, dijo en diálogo con TN.

Los resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina se conocieron en la tarde del lunes. El estudio forense reveló que Agostina fue asfixiada hasta morir para luego ser desmembrada. Se hallaron “posibles lesiones compatibles con abuso sexual”, aseguró una alta fuente del caso, sin embargo, el reporte preliminar no fue concluyente para determinar si fue abusada o no. El estudio anatomopatológico, posterior a la autopsia, deberá esclarecer este punto que es clave en la imputación a Barrelier.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba fundamental para determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si existió violencia, abuso sexual y el momento exacto del fallecimiento.

El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer acusado de homicidio. Sin embargo, las conclusiones forenses podrían derivar en una recalificación de la causa a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua. También se evalúa la incorporación de agravantes como alevosía o premeditación.

Además, los investigadores esperan los resultados de pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y distintos elementos secuestrados. También analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos registrados antes y después de la desaparición de Agostina.

El audio de Claudio Barrelier: “No entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”

En las últimas horas, se conoció un audio de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que estuvo una semana desaparecida en Córdoba. La conversación pertenece a parte de la prueba que presentó el papá de la menor que realizó una investigación por su cuenta.

“Yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las diez y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, asegura en el mensaje que transcendió en las últimas horas.

En la comunicación, afirma que la nena estaba esperando para irse con un joven en un auto rojo y agrega: “Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”.

/sociedad/policiales/2026/06/01/una-cama-un-bano-y-rastros-de-sangre-la-habitacion-reservada-de-barrelier-donde-ocurrio-el-crimen-de-agostina-vega/

El abuelo de Agostina Vega: “Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo”

El abuelo de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue asesinada, confirmó que la Justicia los aceptó como querellantes en la investigación y destacó el cambio de carátula de la causa.

Respecto a la labor del acusador Garzón, Miguel señaló: “El fiscal cambió la carátula de la causa. Estuvo a punto de ser desvinculado de la causa. Se arregló con el fiscal general para que sea el fiscal, porque si no, había que empezar de cero. Estamos conformes con que sea él el fiscal de la causa”.

“Están investigando si hay otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo”, afirmó.

En tanto, se refirió a la situación de la mamá de la menor, quien estuvo internada: “Mi hija salió de terapia, está en sala común y está tratada psicológicamente. Sabe que está muerta Agostina, pero no tiene detalle. No le van a dar el alta hasta que esté en condiciones de salir”.

Por último, habló sobre cuándo podría ser el último adiós a Agostina: “Todavía hay pericias que se tienen que terminar. Antes de que se termine la semana, vamos a tener el cuerpo de ella para poder hacerle una despedida”.

Pidieron un jury contra el fiscal Raúl Garzón

Siete bloques opositores de la Legislatura de Córdoba presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez que investigan la muerte de Agostina Vega, la nena de 14 años que apareció asesinada el último sábado.

La presentación fue impulsada por representantes de UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos que también apuntaron contra el gobernador Martín Llaryora.

En ese sentido, solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, tras considerar que existe una responsabilidad política por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia, según aclararon en un comunicado.

/sociedad/policiales/2026/06/01/se-conocio-el-resultado-de-la-autopsia-al-cuerpo-de-agostina-vega-se-hallaron-posibles-signos-de-abuso-sexual/

La Justicia agravó la acusación e imputó a Barrelier por femicidio

Agravaron la situación procesal del único detenido, Claudio Barrelier, y ahora fue imputado por femicidio, que tiene prevista una pena de prisión perpetua.

La Justicia hizo lugar al pedido que presentó el abogado Carlos Nayi que representa a la familia de la nena de 14 años y también anticipó que el juez aceptó el pedido de que los abuelos de Agostina estén como querellantes en la causa.

Según anticipó Infobae, los investigadores no descartan añadir otros agravantes que podrían ampliar la pena.

La mamá de Agostina salió de terapia intensiva

La madre de la menor de 14 años que fue asesinada en Córdoba, Melisa Heredia, estaba en terapia intensiva por un grave cuadro de deshidratación. Sin embargo, en las últimas horas, según informó su abogado, la mujer fue dada de alta y pasó a una sala común donde la siguen monitoreando.

De acuerdo a lo que informó Miguel, el abuelo de la víctima, a la mujer le dieron la trágica noticia en la mañana de este domingo mientras todavía estaba en cuidados intensivos.

Expectativa por los resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina

Ahora, la atención de los investigadores está centrada en los resultados de la autopsia y en una serie de peritajes forenses que podrían aportar datos fundamentales para esclarecer el caso.

Los estudios buscan establecer la causa exacta de la muerte y determinar cuándo ocurrió el crimen. Hasta ahora, la principal hipótesis ubica el fallecimiento entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del 24, aunque la autopsia será determinante para confirmar o descartar esa línea temporal.

Además, los especialistas analizan muestras biológicas y otros indicios para establecer si existió una agresión sexual y reconstruir la secuencia de lesiones que presentaba la víctima. Los peritos también intentan determinar si Barrelier actuó solo o si contó con algún tipo de ayuda, una cuestión que podría modificar el rumbo de la investigación y las futuras imputaciones.

“Queremos la verdad completa”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió a la investigación por el crimen de Agostina Vega y aseguró que el principal objetivo es que se conozca “la verdad completa” sobre lo ocurrido.

En conferencia de prensa, la funcionaria reveló que estuvo en Córdoba durante el fin de semana y que mantuvo reuniones con autoridades provinciales y responsables de la investigación, quienes le transmitieron que el hallazgo del cuerpo de la adolescente era inminente.

Monteoliva destacó el trabajo conjunto entre la Justicia, las fuerzas provinciales y las fuerzas federales, y remarcó que el Ministerio de Seguridad nacional puso a disposición todos sus recursos para colaborar con la causa. En ese sentido, sostuvo que Córdoba cuenta con equipamiento tecnológico, recursos humanos y capacidad operativa de primer nivel para abordar investigaciones complejas como la de Agostina.

“Lo que yo les pedí cuando estuve hablando con las autoridades fue que se conozca toda la verdad. Eso es lo más importante: conocer la verdad completa”, afirmó la ministra. Además, señaló que ese proceso debe desarrollarse respetando los tiempos de la Justicia y teniendo en cuenta el dolor que atraviesa la familia de la víctima mientras avanza la investigación.

/sociedad/policiales/2026/06/01/la-hipotesis-del-crimen-silencioso-como-creen-los-investigadores-que-fue-asesinada-agostina-vega/

Habló la joven que había denunciado a Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”

La joven que denunció a Claudio Barrelier en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega y aseguró que ella también pudo haber sido víctima de un desenlace similar. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir”, expresó a Cadena3.

La mujer relató que tenía 20 años cuando vivió un episodio de extrema violencia en la misma vivienda de barrio Cofico que hoy forma parte de la investigación por el crimen de la adolescente. Según contó, Barrelier la obligó a permanecer dentro de la casa, la amenazó con un arma y la ató de pies y manos con cinta adhesiva.

“Estaba desesperada y llorando. Le decía que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo esto”, recordó. La víctima logró escapar semidesnuda y fue auxiliada por vecinos que dieron aviso a la Policía.

También cuestionó duramente la actuación judicial que permitió la liberación de Barrelier tras permanecer detenido apenas 20 días. “Presenté todo tipo de pruebas. Fue muy injusto que no hayan hecho nada”, afirmó.

Pese al miedo que aún siente, decidió hablar públicamente para reclamar justicia por Agostina. “Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.

El ministro de Seguridad cuestionó la liberación de Barrelier pese a sus antecedentes: “Tiene que ser un punto de inflexión”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su indignación por la situación judicial de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y cuestionó que haya permanecido en libertad a pesar de contar con antecedentes por hechos de extrema violencia.

El funcionario se refirió a la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por un episodio de privación ilegítima de la libertad, en el que una mujer logró escapar de una vivienda y denunció haber sido retenida contra su voluntad. Pese a esa acusación, el sospechoso recuperó la libertad y la investigación continuó abierta.

“Como funcionario y como papá, tiene que ser un punto de inflexión”, sostuvo Quinteros al ser entrevistado en ElDoceTV, visiblemente conmovido por el crimen de la adolescente de 14 años.

El ministro aclaró que no puede intervenir en las decisiones judiciales ni acceder al expediente, pero consideró necesario que se revise cómo fue el proceso que permitió que Barrelier quedara libre. “La Justicia deberá determinar qué elementos se evaluaron en aquel momento y si la actuación de los funcionarios judiciales fue la adecuada”, dijo.

Quinteros recordó que la causa anterior no fue archivada ni cerrada, sino que permaneció abierta tras la imputación del acusado. Por ese motivo, remarcó que será fundamental establecer qué ocurrió durante la investigación y cuáles fueron los argumentos que derivaron en su liberación.

La familia de Agostina dijo que la mujer que le prestó el auto a Barrelier para trasladar el cuerpo “es cómplice”

La familia de la adolescente volvió a reclamar justicia y apuntó contra una mujer cercana a Claudio Barrelier, el principal acusado por el caso. Según sostienen, la persona que le habría prestado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la menor tuvo participación en los hechos y debería ser investigada.

Elizabeth, abuela de Agostina, afirmó que la mujer en cuestión mantenía una relación con Barrelier y que le facilitó un Ford Ka que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizado para mover el cuerpo hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue encontrado.

“Estamos seguros de que es cómplice”, aseguró la familiar al diario La Voz. Además, recordó un episodio ocurrido durante los primeros días de búsqueda de la adolescente, cuando el padre de Agostina mantuvo una conversación con el acusado.

Según relató Elizabeth, ese encuentro fue grabado y en el registro se escucharía a la mujer intervenir mientras Barrelier daba explicaciones sobre lo ocurrido. “Ella le tiraba letra para que siguiera el relato”, sostuvo la abuela, quien consideró que esa actitud refuerza las sospechas de la familia sobre una posible participación en el encubrimiento del crimen.

El cuerpo de Agostina es sometido a “una autopsia especial”

La investigación por la muerte de Agostina Vega continúa centrada en los resultados de una “autopsia especial” que podría aportar datos clave para esclarecer las circunstancias del hecho. Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que los estudios comenzaron entre la tarde y la noche del domingo y que las pericias continúan en marcha.

Además de los procedimientos habituales, los especialistas ordenaron una serie de análisis complementarios para obtener la mayor cantidad de información posible. Entre ellos, se dispuso el cotejo de huellas dactilares con registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper), una medida que forma parte del protocolo aplicado en este tipo de casos.

Los peritos también realizan estudios sobre piezas dentales y exámenes toxicológicos, con el objetivo de reconstruir distintos aspectos relacionados con la muerte de la adolescente. Estas pruebas permitirán determinar elementos fundamentales para la causa y complementar el resto de la evidencia recolectada durante la investigación.

Por el momento, las autoridades no difundieron conclusiones preliminares y aguardan los informes finales de los especialistas.

La querella adelantó que pedirá prisión perpetua para Barrelier

La querella que representa a Gabriel Vega, padre de Agostina, adelantó que solicitará que la causa contra Claudio Barrelier sea recalificada como femicidio y que el acusado reciba la pena de prisión perpetua. Así lo confirmó la abogada Fernanda Alaniz, quien sostuvo que las características del crimen y las circunstancias que rodean el caso permiten encuadrarlo dentro de esa figura penal.

“Esperamos que se cambie la imputación para poder encuadrar legalmente esto como corresponde y pedir perpetua”, afirmó la letrada a La Voz.

Además, cuestionó que Barrelier estuviera en libertad pese a contar con antecedentes por hechos de violencia de género. Mientras avanza la investigación, la familia de Agostina también recibió el respaldo del Gobierno provincial, que comprometió asistencia psicológica, médica y recursos periciales para el proceso judicial.

Actrices Argentinas se suma a la marcha de Ni Una Menos en reclamo de justicia

El femicidio de Agostina Vega volvió a sacudir a la sociedad argentina a pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos. En ese contexto, el colectivo Actrices Argentinas convocó a participar de la marcha federal que se realizará este miércoles 3 de junio para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por la joven cordobesa.

La convocatoria tomó fuerza tras la difusión de información que señala que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, tenía antecedentes vinculados a hechos de violencia de género. Desde organizaciones feministas y referentes del movimiento advirtieron sobre la necesidad de respuestas más efectivas por parte de la Justicia y el Estado para prevenir estos casos.

Artistas como Ángela Torres, Lali y Dolores Fonzi expresaron su repudio y llamaron a sumarse a la movilización. Este año, la marcha se realizará bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en un contexto marcado por nuevos reclamos contra la violencia machista.

Un día clave para la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo el fin de semana en un descampado, se esperan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió Agostina. También se busca determinar si existió algún tipo de abuso sexual previo, lo que impactaría en la calificación de la causa y una eventual pena para el único imputado.

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Los vecinos estaban acostumbrados al movimiento. A veces, más del que les gustaba. Claudio Barrelier solía copar la vereda como si fuera el dueño de la cuadra: hacía fiestas, invitaba barras de Instituto, cortaban la calle, ponían música y colgaban banderas. “Gente fea. Daba miedo”, coinciden varios.

Sin embargo, para muchos, el episodio que marcó un antes y un después ocurrió en mayo de 2025, cuando una mujer salió corriendo de la propiedad semidesnuda y con las muñecas atadas. El hecho derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad que mantuvo a Barrelier detenido durante veinte días. Más tarde recuperó la libertad bajo fianza y con la obligación de presentarse una vez por mes ante la fiscalía, mientras la investigación continuaba.

Hoy esa misma dirección volvió a quedar en el centro de una causa mucho más grave. Es que, según la hipótesis judicial, fue en ese domicilio donde Agostina Vega pasó sus últimas horas con vida.

La vivienda —propiedad de la pareja de Barrelier— está construida sobre un terreno largo, con varios ambientes, un patio y una terraza. Allí, según supo Infobae, el imputado vivía con su novia, Marianela, y la hija de 11 años que ambos tienen en común. Además, la propiedad contaba con una habitación subalquilada ocupada por otras dos personas.

Imágenes obtenidas mediante drones por el medio cordobés El Doce permitieron observar una construcción deteriorada, con sectores externos poco mantenidos y signos visibles de abandono.

Fue en ese contexto donde Barrelier había logrado reservarse un espacio propio. En lo que alguna vez fue un garaje, acondicionó una pieza con una cama y un baño cercano que, según reconstruyeron los investigadores, utilizaba de manera exclusiva. “La tenía reservada para él”, explicaron fuentes del caso.

Los peritos encontraron en ese ambiente rastros de interés para la investigación. Aunque los investigadores creen que alguien intentó limpiar la escena, durante los allanamientos se levantaron muestras de sangre que ahora son sometidas a distintos análisis.

Según contó El Doce, la vivienda no tiene salidas hacia el sector trasero ni accesos a las calles linderas. El único ingreso y egreso identificado por los investigadores es el portón del frente, el mismo por el que Agostina fue filmada entrando junto a Barrelier.

Para la fiscalía, Agostina llegó hasta esa casa engañada.

La investigación logró reconstruir que antes de encontrarse con Barrelier, la adolescente les había contado a amigas que el hombre le había prometido una sorpresa relacionada con su madre.

Ese dato aparece hoy como una de las claves para entender cómo logró convencerla de ir hasta el domicilio. Una vez adentro, la mató. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 23 y las 5 am del domingo 24 de mayo”, indicaron fuentes del caso a este medio.

La autopsia reveló que la joven fue asfixiada. Este detalle es compatible con la hipotesis del “crimen silecioso” que barajan los investigadores y que explicaría por qué si había más personas en la casa nadie escuchó nada.

Además, se hallaron “posibles signos de abuso sexual”. Luego, siempre según la reconstrucción judicial, la desmembró, posiblemente con un cuchillo, cargó sus restos en tachos y bolsas a bordo del Ford Ka negro y los descartó en el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados una semana después durante los rastrillajes.

Por ahora, la principal sospecha es que Barrelier actuó solo. Aunque en la vivienda residían otras personas, los investigadores creen que la disposición de los ambientes, el uso exclusivo que el acusado hacía de la habitación y la propia mecánica del crimen, podrían explicar cómo se desarrolló la secuencia sin que nadie advirtiera lo que ocurría.

Mientras tanto, Barrelier continúa detenido. Con los elementos, la fiscalía avanza hacia una imputación por femicidio a la que pueden sumarser varios agravantes. La figura prevé como única pena posible la prisión perpetua.

El caso de Agostina se conoce a pocos días de un nuevo aniversario de la movilización Ni Una Menos. Según un informe del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” y la Universidad Nacional del Delta, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina.

El relevamiento también advierte que el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima y que el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer asesinada o en un domicilio compartido con el agresor.

En el caso de las adolescentes, los datos muestran otra coincidencia inquietante: el 22% de las jóvenes menores de 17 años asesinadas había sido reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida. Además, el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual.

Sólo entre el 1° de enero y el 24 de mayo de este año, el observatorio registró 99 víctimas fatales de violencia de género en todo el país: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios/transfemicidios.

Desde Córdoba.— Mientras los peritos avanzan con la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, los investigadores trabajan sobre una hipótesis que gana fuerza dentro del expediente: la de un “crimen silencioso”.

La expresión surge de una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo pudo ocurrir el femicidio de una adolescente de 14 años dentro de una vivienda donde había otras personas sin que nadie escuchara gritos, pedidos de auxilio o advirtiera una situación fuera de lo habitual?

Por ahora, la principal sospecha de la fiscalía es que Claudio Barrelier habría actuado solo. El hombre de 33 años permanece detenido e imputado por el homicidio de la adolescente. Sin embargo, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió exactamente dentro de la propiedad de barrio Cofico durante las horas previas al crimen, que habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la madrugada del domingo 24.

Según confiaron altas fuentes del caso a Infobae, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina pudo haber sido drogada. Eso explicaría por qué el crimen habría ocurrido sin gritos, pese a que en la propiedad había otras personas.

La posibilidad de que nadie haya advertido lo ocurrido también fue mencionada por la pareja de Barrelier, quien se encontraba en la vivienda cuando comenzaron los allanamientos.

“Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran. Lo único que pido es perdón a la familia. Yo no escuché nada. Mi casa es enorme”, aseguró la mujer en declaraciones a A24.

Los estudios toxicológicos serán determinantes para confirmar o descartar si la víctima ingirió droga.

La autopsia, por su parte, permitirá establecer la causa y el mecanismo de muerte, reconstruir lesiones y determinar si existen elementos compatibles con una agresión sexual.

Además, los resultados podrían aportar información relevante para esclarecer el móvil del crimen, uno de los aspectos que todavía permanece bajo investigación.

En ese sentido, durante las últimas horas, circularon versiones vinculadas a un posible embarazo de la joven. Las fuentes judiciales consultadas evitaron adelantar conclusiones. “Se aguardan medidas científicas dispuestas”, indicaron.

La causa cuenta con un volumen inusual de evidencia. Los peritos analizan cámaras de seguridad, domos urbanos, registros telefónicos, mensajes, pruebas recolectadas en los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico, el Ford Ka negro secuestrado y distintos elementos encontrados durante la investigación.

“Tenemos elementos para reconstruir prácticamente hora por hora lo que fue pasando”, aseguró una fuente al tanto del expediente.

La hipótesis judicial sostiene que Agostina ingresó a la casa de Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Lo que todavía no está claro es por qué fue hasta allí. “Resta determinar para qué fue y qué pasó una vez que ingresó a la vivienda”, explicaron los investigadores.

Ese punto es considerado central para la causa.

La fiscalía intenta establecer si la adolescente acudió voluntariamente a un encuentro, si fue engañada o si existió algún mecanismo de persuasión previo. También buscan reconstruir el vínculo exacto que mantenía con el acusado.

En un audio que ella le mandó a sus amigas habló de “una sorpresa”. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se escucha decir.

Otro aspecto que los investigadores descartan, al menos por ahora, es que el desmembramiento del cuerpo haya tenido el objetivo de enviar un mensaje, como suele ocurrir en algunos crímenes vinculados al narcotráfico.

La principal hipótesis es otra: que la maniobra estuvo orientada a facilitar el traslado, descarte y ocultamiento de los restos.

Por estas horas, los peritos continúan trabajando sobre el cuerpo de la adolescente. El torso es una de las piezas de mayor interés para los especialistas porque concentra información clave para determinar la mecánica de la muerte y la existencia de posibles lesiones vitales.

Las conclusiones de la autopsia no sólo permitirán establecer cómo murió Agostina. También podrían modificar la calificación legal del expediente.

Hoy Barrelier está imputado por homicidio. Sin embargo, la fiscalía ya analiza la posibilidad de avanzar hacia una figura de homicidio agravado o femicidio, además de evaluar otros agravantes que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

Según señalaron a este medio, este lunes por la mañana, el principal apuntado por el crimen, identificado con las iniciales M. A. Y., de 46 años, fue detenido en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 de la ciudad. El operativo fue encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski, junto a personal de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

La investigación, impulsada por la Dra. María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado, había cobrado notoriedad en la provincia de Misiones desde el hallazgo del cuerpo de la joven, ocurrido el jueves 28 de mayo cerca de las 19.

La víctima fue encontrada en avanzado estado de descomposición dentro de una construcción abandonada en el barrio El Tucán, tras casi dos semanas de búsqueda ininterrumpida. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por un familiar directo, quien confirmó que se trataba de la joven que había desaparecido de su domicilio el 17 de mayo, en el barrio Avanti, situado a pocas cuadras del lugar donde fue localizada.

La escena fue preservada por efectivos policiales, quienes avisaron de inmediato a la jueza de Instrucción y coordinaron las pericias junto al personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado, encargados de la extracción del cuerpo. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que orientó la causa en un principio hacia un homicidio.

Tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de la víctima el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, se había activado el protocolo de búsqueda de menores, con la intervención de diversas áreas especializadas de la policía. A pesar de la denuncia, vecinos y familiares criticaron la falta de difusión oficial e inacción estatal. “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”, sostuvo un vecino de Eldorado.

La investigación avanzó con relevamientos, análisis de registros, pericias y entrevistas, lo cual llevó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima y reunir pruebas fundamentales. Como resultado, la jueza Rodríguez ordenó la detención del sospechoso, quien permanece a disposición de la Justicia mientras se profundizan las actuaciones judiciales y periciales.

Entre las medidas clave dispuestas por la magistrada se encuentra el análisis pericial de dos teléfonos celulares secuestrados, cuyos resultados podrían aportar elementos determinantes para esclarecer completamente el hecho. La causa sigue bajo la órbita de la Justicia provincial, con actuaciones investigativas aún en curso.

El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Eldorado. “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”, relató una fuente consultada por El Territorio. A su vez, vecinos subrayaron la carencia de servicios en el barrio: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”.

El femicidio de Dulce Beatriz Candia se suma a otro caso que mantiene en vilo al país: el asesinato de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba. La adolescente fue hallada asesinada en el barrio Ampliación Ferreyra.

El hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega en las afueras de Córdoba generó conmoción y debate social en Argentina. La investigación se centra en Claudio Barrelier, único imputado y actualmente detenido en una unidad psiquiátrica, mientras fiscales, especialistas y organizaciones sociales discuten la calificación judicial del caso y la gestión institucional de la investigación. El perito psiquiatra forense Rafael Herrera Milano analizó en Infobae en Vivo A las Nueve, qué puede decir la psiquiatría sobre el acusado.

“La realidad es que es muy difícil desde la psiquiatría. Sí, se escucha mucho que los criminólogos lo perfilan, pero para hablar de la psiquiatría hay que ver a la persona”, explicó Herrera Milano. El profesional marcó un límite desde el comienzo. Explicó que no corresponde asignar un diagnóstico por televisión ni definir si una persona “es un psicópata, un perverso, un narcisista” sin una evaluación formal.

Según relatos de quienes siguen el expediente, Agostina fue vista por última vez camino a la casa de Barrelier en barrio Cofico. El giro en la investigación se produjo el sábado, al encontrarse el cuerpo en un terreno de 200 hectáreas en Ampliación Ferreira, a 12 kilómetros de la vivienda del principal sospechoso.

En detalle, el perito psiquiatra reflexionó que muchas veces la sociedad busca una explicación lineal para hechos de este tipo y los asocia con la locura. Afirmó que ese razonamiento no alcanza para entender una conducta criminal. "Muchas veces la sociedad, para tranquilizarse, asocia estos hechos con locura”, afirmó.

En esa línea, agregó que la psiquiatría no debe usarse para explicar de manera automática un delito. Según sostuvo, existen la maldad, la perversión y los actos impulsivos, y una pericia debe estudiar cada caso de forma específica. “Lo primero de todo es que no hay que psiquiatrizar la conducta delictiva”.

El perito sostuvo que una respuesta científica exige una evaluación directa de la persona. Indicó que esas pericias suelen ser complejas, interdisciplinarias y pueden demandar tiempo. “Una respuesta fundada científicamente no se puede hacer sin ver a la persona”, afirmó.

Herrera Milano planteó que, para entender una conducta, hace falta reconstruir si hubo un hecho aislado, si existió consumo problemático de sustancias y qué elementos aparecen en el examen pericial. Por eso evitó asignar un cuadro clínico preciso.

También señaló que, fuera de una evaluación formal, solo pueden plantearse hipótesis generales. Aun así, insistió en que no corresponde convertir esas hipótesis en una conclusión cerrada. “Es raro que salgan de ese tipo de personalidades, pero una respuesta fundada científicamente no se puede hacer sin ver a la persona”.

Qué puede cambiar una pericia en una causa penal

Al mismo tiempo, el profesional explicó que una pericia psiquiátrica puede modificar de manera total el encuadre judicial solo si determina una inimputabilidad. Si no ocurre eso, la existencia de un trastorno no altera por sí sola la responsabilidad penal.

Asimismo dijo que, si una persona presenta un trastorno de personalidad, ansiedad o depresión, pero conserva el juicio, responde penalmente como cualquier otra.

“Si él tiene un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad, un cuadro depresivo, cualquier cuadro psicopatológico que esté dentro del DSM-5 pero que no altere su juicio, tiene la suerte de una persona normal”, indicó.

La aclaración apuntó a diferenciar dos planos. Uno es el del diagnóstico clínico. Otro es el de la capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones.

La crisis psiquiátrica del acusado y su posible valor en la investigación

Herrera Milano también se refirió a la crisis psiquiátrica atribuida al acusado después de su detención. Sobre ese punto, pidió cautela y consideró que, sin conocer el diagnóstico, ese episodio tiene un valor limitado.

Según explicó, esa crisis puede responder a distintas causas. Puede surgir por haber sido descubierto, por una situación de estrés extremo o por un cuadro de angustia o ansiedad. Por eso advirtió que no debe leerse de inmediato como prueba de un trastorno grave.

En el mismo sentido, indicó que la reacción posterior al hecho incluso puede mostrar que la persona comprende lo ocurrido y la consecuencia penal que enfrenta. “Eso habla de cierta organización psíquica, que él puede leer lo que está pasando y por eso reacciona”.

A partir de esa observación, sostuvo que el caso no presenta, en principio, rasgos compatibles con un crimen desorganizado. “Esto no tiene la pinta, por llamarlo de alguna manera, de un crimen desorganizado”.

Qué elementos, según el perito, llaman la atención del caso

El perito mencionó además aspectos del expediente que le generan preguntas, aunque evitó extraer conclusiones. Entre ellos, señaló el modo en que se habría producido la muerte y la ausencia de referencias a ruidos o alertas en el lugar. “A mí también lo que me llama la atención es que nadie escuchó nada”, analizó.

Y enumeró algunos puntos que, a su criterio, deberá aclarar la autopsia y los estudios complementarios: si la víctima fue dormida, cómo se produjo el ataque, si las heridas fueron hechas en vida o después de la muerte y si hubo signos de abuso.

También indicó que de esos estudios podrían surgir inferencias sobre la posible intervención de más de una persona, aunque aclaró que esa conclusión no siempre resulta directa. “Eso es un poco más complicado, pero sí se puede llegar a inferir”.

Cómo pesan las pericias psiquiátricas en la decisión judicial

Hacia el final, Herrera Milano explicó cuál suele ser el lugar de estas evaluaciones en los expedientes penales. Dijo que, en la mayoría de los casos, el mayor peso lo tiene la pericia oficial.

“La mayoría de las veces, te diría en un 95%, el mayor peso lo tiene la pericia oficial”. Agregó que los conflictos aparecen cuando existe divergencia entre el perito oficial y un perito de parte. En esos casos, el juez debe evaluar cuál de los dictámenes tiene mejor sustento o si corresponde avanzar con una tercera pericia.

“El problema es cuando viene la divergencia, que uno dice es imputable y el otro dice es inimputable”. Por eso, insistió en que el eje no pasa por especular en público sobre un diagnóstico, sino por esperar una evaluación técnica, fundada y producida dentro del proceso judicial.

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Durante su presentación, la cantante detuvo el show para pedir al auditorio un minuto de silencio. El pedido tenía un destinatario claro: honrar la memoria de Agostina, cuyo femicidio en Córdoba generó una conmoción nacional. El silencio en la sala fue absoluto, y la emoción colectiva se hizo palpable en el ambiente.

El homenaje cobró mayor profundidad cuando Cantilo, con la voz quebrada por la tragedia, interpretó "Canción Sin miedo". La elección de este tema no fue casual: su letra y su contexto la convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. La interpretación de la artista, cargada de sensibilidad, reforzó el mensaje de repudio ante hechos como el ocurrido con Agostina.

La secuencia del homenaje fue clara y rotunda: primero el minuto de silencio, solicitado por Cantilo con respeto y empatía, luego la música como canal para expresar el dolor y la indignación colectivos. El público acompañó todo el momento en un clima de profundo respeto, alineándose con el pedido de justicia y el reclamo de que estos crímenes no se repitan y se haga justicia.

El caso de Agostina Vega había sacudido a la opinión pública pocos días antes. La niña, de 14 años, fue encontrada sin vida en Córdoba tras una semana de búsqueda intensa. La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito nacional y se convirtió en tema central de debate sobre la situación de violencia de género en la Argentina.

La presencia del tema en la agenda social se evidenció en la reacción espontánea del público sanjuanino al gesto de la artista. El minuto de silencio y la posterior interpretación de la canción conectaron a la audiencia con la urgencia de reflexionar sobre estos crímenes y su dimensión colectiva.

Durante el homenaje, Fabi Cantilo fue más allá de la música: “Ni una más, ni una menos”, expresó desde el escenario, planteando con claridad su postura frente a la violencia contra las mujeres. La frase resonó en el teatro y fue recibida con aplausos, en una suerte de comunión entre artista y espectadores.

Este tipo de intervenciones en espectáculos públicos refuerzan el rol de los artistas como voceros de demandas sociales. En este caso, la figura de Fabiana y su decisión de utilizar el espacio escénico para visibilizar el femicidio de Agostina Vega dotaron al show de un sentido colectivo. La reacción del público fue inmediata y masiva: el respeto absoluto y la emoción compartida marcaron el momento.

El homenaje realizado por la cantante no solo fue un momento destacado del show, sino que también puso de manifiesto la disposición del público para acompañar y sostener el reclamo social. El público sanjuanino asumió el homenaje como propio, participando activamente y acompañando con aplausos la frase de Cantilo: “Ni una más, ni una menos”. La reacción fue inmediata y sincera, lo que refleja el impacto que el caso de Agostina y la violencia de género generan en la sociedad.

Este momento se consolidó como uno de los instantes más impactantes de la noche, demostrando que el arte y la música pueden ser vehículos poderosos para el duelo, la denuncia y la construcción de memoria colectiva.

Son cerca de las 18.30 del sábado y hace poco más de dos horas que se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Agostina Vega está muerta, la mataron: sus restos aparecieron en un descampado después de dos días de rastrillaje.

Aunque la adolescente de 14 años llevaba siete días desaparecida, entre sus familiares, vecinos y amigos todavía sobrevivía una esperanza de encontrarla con vida. El hallazgo de sus restos transformó la angustia en bronca.

A medida que la noticia comenzó a circular por Córdoba, cada vez más personas llegaron hasta la casa familiar de la adolescente, sobre la calle Alem al 3700. Muchos todavía llevaban en las manos los mismos carteles que habían utilizado durante las marchas de los días anteriores. “¿Dónde está Agostina?”, decía uno. “Que aparezca ya”, reclamaba otro. “Seguimos buscando a Agostina Vega”, se leía en otro.

Dentro de la vivienda el clima es devastador. Familiares lloran, se abrazan y se lamentan. “Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron”, reprochó una tía de la menor.

Afuera del domicilio, mientras tanto, la bronca popular comienza a expandirse. Ya no apunta únicamente contra Claudio Barrelier, hasta ahora, el único detenido por el crimen. También alcanza a la policía y a las autoridades provinciales. “Quinteros hijo de puta”, gritan algunos en referencia al ministro de Seguridad de Córdoba. Otros reprochan la actuación policial durante la búsqueda y la presunta demora en declarar la Alerta Sofía. “Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”, se queja una vecina. “El ministro ya tendría que haber renunciado”, agrega. “Vamos a prender fuego todo”, siguen.

Por precausión, algunos comerciantes de la zona deciden bajar las persianas de sus locales antes de tiempo.

La madre de Agostina no está presente. Según explicó su abogado, Carlos Nayi, Melisa Heredia sufrió una fuerte descompensación y fue trasladada a un centro de salud. “Está en terapia intensiva, con un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y algunas complicaciones orgánicas. Todavía no conoce la noticia oficial”, detalló el letrado.

Muchos de los que están ahí se autoconvocaron. Ya lo habían hecho los días previos para acompañar el reclamo de la familia en plena búsqueda de la joven. “Tenemos el corazón roto”, dice una mujer que se acercó junto a otras madres del barrio. “Estamos acá por solidaridad. Como dice el dicho: ‘Hoy por tí, mañana por mí’. Todos tenemos hijos”, explica. “Sí, somos una comunidad”, responde otra.

También están los compañeros de colegio de Agostina, algunos todavía llorando después de haberse enterado de la noticia por televisión. “Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda”, la describe uno de los chicos. “Haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante”, agrega otra.

Con el correr de los minutos, el nerviosismo escala. Cerca de las 19.30, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros brindan una conferencia de prensa para informar los avances de la investigación. Pero las explicaciones que ofrecen no alcanzan para calmar los ánimos. La tensión que se percibe en las calles también se traslada dentro del recinto. Garzón rechaza cuestionamientos sobre la investigación y mantiene varios cruces con periodistas que le preguntan por la búsqueda de la adolescente y las medidas adoptadas durante los siete días que permaneció desaparecida.

Ya entrada la noche, decenas de vecinos se movilizaron hasta el Destacamento Policial Juan Pablo II, ubicado a pocas cuadras de la casa de Agostina. Allí se produjeron los primeros incidentes. Algunos manifestantes arrojaron piedras contra el edificio. La policía respondió con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo corridas, gritos y momentos de descontrol.

En medio de ese escenario apareció el abuelo de Agostina, Miguel Heredia, que no pudo contener el llanto frente a las cámaras. “No esperaba esta noticia, es la peor que pudimos recibir en nuestra vida”, dijo con la voz quebrada. “Voy a seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta. A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, siguió.

La noche avanza sobre Córdoba y el humo sigue cubriendo parte de la avenida. La ciudad que durante una semana pidió que Agostina apareciera con vida ahora exige respuestas.

El rostro de Claudio Gabriel Barrelier aparece en la secuencia de cámaras que marcan el último registro de Agostina Vega, la adolescente que hoy apareció asesinada en Córdoba y estaba desaparecida desde hace siete días. Su nombre resuena en los partes oficiales, pero también en los archivos de la Justicia, donde cuenta con antecedentes por secuestro y privación ilegítima de la libertad.

Desde el miércoles pasado, Barrelier es el único detenido por el femicidio de la chica de 14 años.

El acusado está contratado por la Municipalidad de Córdoba, a través de una firma tercerizada. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés. Antes pasó por el rubro fruti-hortícola, en la empresa Tanus Jalil e Hijos SRL.

Según pudo saber Infobae, su rutina cambió el 6 de mayo de 2025, cuando fue detenido por una denuncia de su expareja. La acusación: privación ilegítima de la libertad calificada, un secuestro que lo mantuvo 20 días en prisión. La Justicia lo liberó con fianza y medidas restrictivas. Debía presentarse una vez al mes en la fiscalía, trámite que sostuvo hasta mayo de este año. El expediente no avanzó en profundidad sobre la prueba, pero el antecedente quedó asentado. Barrelier podía transitar el resto del proceso fuera de la cárcel.

J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, asegura haber presenciado la escena que derivó en la causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier.

Según contó a Infobae, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, contó.

Las mentiras de Barrelier

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22.30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

La noche en que Agostina Vega dejó su hogar, Barrelier fue la última persona registrada junto a ella, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, del barrio Cofico. Las cámaras de seguridad lo muestran en compañía de la adolescente, lo que desmonta parte de la versión que él mismo intentó instalar sobre el ingreso de su hija a su domicilio.

Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso y el hombre abonó el viaje del remís. Ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y hasta dónde llega la participación del acusado.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, reconstruyó el seguimiento técnico de las cámaras y afirmó que el acusado “no puede explicar” por qué aparece con la víctima en el registro fílmico. Barrelier dijo que quien aparecía en las imágenes era su hija.

“Ha mentido claramente en sus declaraciones, ha mentido porque él ha cambiado tres o cuatro veces ya a las versiones. Primero, plantea que la chica con la que se le ve entrando a su domicilio es su propia hija. La propia madre biológica de esa nena dice que no es. Los padres reconocen a Agostina. Después reconoció que efectivamente era Agostina, pero que estuvo solamente una hora y después se fue”, expuso Quinteros esta mañana.

La secuencia de contradicciones continuó, según Quinteros, ante la aparición de la evidencia. El acusado había declarado en su primera versión que “él simplemente había hecho un nexo para que se subiera a otro vehículo con otra persona”. “Eso lo pudimos rebatir muy rápidamente. Ahí tuvo que reconocer y ahí reconoció que entró” a la casa, explicó.

El abogado Jorge Sánchez Del Bianco —quien posteriormente renunció a la defensa— dijo que Agostina habría llamado a Barrelier para pedirle ayuda con el pago del remís. Según su testimonio, la acompañó dos cuadras, ella le pidió que la llevara a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, un vehículo apareció y la adolescente le dijo que se iba con esa persona. De acuerdo a la versión del acusado, no vio más a la menor y negó cualquier vínculo con la posterior desaparición.

Un hincha con actitud altiva

Barrelier se muestra desafiante en sus cuentas de redes social. En Instagram, su biografía reza: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

En Facebook, el acusado comparte imágenes con camisetas de Instituto de Córdoba y postales en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Se expone como un fanático de “La Gloria”.

Desde el primer momento, la fiscalía a cargo de Raúl Garzón dispuso el secreto de sumario en la causa y ordenó 19 allanamientos en simultáneo. El domicilio del sospechoso fue allanado por la Policía y peritos, quienes realizaron peritajes sobre la vivienda, ropa y objetos personales. En su casa vive con su pareja e hija.

De acuerdo con el relato del conductor del remís que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo, según deslizó el propio detenido. Es una versión que tiene poca fuerza.

Desde ese contacto, las familiares de Agostina aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes y su teléfono comenzó a dar apagado.

Este sábado, la joven fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades policiales realizaban rastrillajes. “Hoy estamos frente a un homicidio”, definió el fiscal Garzón.

En la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Luis Alberto J., de 36 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera. Según el informe oficial de la PNC, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de turno por el delito de femicidio.

La investigación, desarrollada por la Sección de Delitos Contra el Femicidio, determinó que el 17 de noviembre de 2025, Luis Alberto J. recogió a la adolescente en una motocicleta cuando ella salía del colegio en el centro de Guazacapán, departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte policial, la menor, quien vestía su uniforme escolar y portaba una mochila, aceptó acompañar al adulto. Las pesquisas establecen que el trayecto continuó hasta una finca situada en la aldea El Astillero, en el mismo municipio.

Días después de la desaparición, familiares y autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, donde el cadáver se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. A pocos metros, los investigadores encontraron una mochila con cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con una imagen religiosa, objetos que fueron reconocidos por allegados a la víctima. El caso generó consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de la región, quienes exigieron respuestas a las autoridades.

La PNC detalló que, gracias a labores de inteligencia y el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, fue posible reconstruir los movimientos y las rutas utilizadas por el presunto agresor. Estas pruebas permitieron sustentar la solicitud de orden de captura y fortalecer la hipótesis de la participación directa de Luis Alberto J. en los hechos investigados. La institución policial subrayó que la detención representa un avance en la lucha contra el femicidio y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la impunidad en estos delitos.

Durante el operativo de captura, los agentes incautaron un teléfono móvil y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor. Según la orden judicial, este vehículo está sujeto a secuestro como parte de la investigación, ya que habría sido utilizado para trasladar a la víctima el día de su desaparición. Las autoridades también evalúan la información almacenada en el dispositivo móvil para obtener nuevos elementos probatorios o identificar posibles cómplices.

Investigación policial y colaboración ciudadana en la captura del sospechoso

En declaraciones recogidas por la Policía Nacional Civil, se informó: “La investigación incluyó el análisis de las rutas y los tiempos de desplazamiento del sospechoso, así como la identificación de testigos y la recolección de evidencias materiales halladas en el lugar del hallazgo”. Además, la PNC reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó a quienes posean información adicional que la aporten por los canales oficiales.

En el operativo participaron unidades de investigación criminal, agentes uniformados y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron las acciones para asegurar la integridad del procedimiento y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

La Sala de Casación Penal de Costa Rica dejó firme el martes la condena contra Fabio Ríos Garro por el asesinato de su pareja, Fernanda Sánchez Aguilar, y de su hija, Raisha Ríos Sánchez. El tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de 76 años de prisión, informó el Ministerio Público, de acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE.

La decisión cerró la última vía de impugnación presentada por el condenado. La fiscalía sostuvo que no hubo irregularidades en la valoración de la prueba ni violaciones al debido proceso, e indicó que la sentencia, dictada en febrero de 2025, ya no admite revisión por esa vía.

El caso corresponde a un doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José, y fue investigado por el Ministerio Público, que comunicó el fallo tras la resolución del máximo órgano penal en materia de casación.

El doble femicidio y el fallo de la Sala de Casación Penal

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2020, según la reconstrucción presentada en el juicio. La acusación describió un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con el asesinato de Fernanda Sánchez Aguilar y de la niña Raisha Ríos Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

La fiscal Karen Valverde atribuyó la ratificación del fallo al trabajo técnico y jurídico de los equipos que intervinieron en el caso. “Acceso a la justicia”, sostuvo, al referirse al impacto de la decisión para víctimas de violencia.

Femicidios en Costa Rica: cifras oficiales y marco legal

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial contabiliza 557 femicidios desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Según esos registros, los picos se dieron en 2011, con 42 casos, y en 2024, con 44.

La normativa establece penas de 20 a 35 años de prisión para el femicidio, de acuerdo con la legislación vigente citada por el Poder Judicial. En el expediente de Ríos Garro, la condena total llegó a 76 años de cárcel por el doble crimen juzgado.

Los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 36 casos y que en lo que va de 2026 suman 10, según el observatorio judicial. El Ministerio Público enmarcó la resolución de la Sala de Casación Penal como parte de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Según medios locales 2024 marcó un récord con 44 femicidios y 2025 cerró con 36, lo que ubica a 2026 dentro de una tendencia que no se ha revertido.

La pregunta central es qué está ocurriendo en el país: Costa Rica acumula asesinatos de mujeres por razones de género en un ritmo que, según los registros del Poder Judicial citados por crhoy.com, llevó la cuenta a 10 casos antes de completar el primer cuatrimestre del año.