Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad".

"Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

Los hechos de hoy también recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, que desató protestas masivas en todo Estados Unidos, exigiendo justicia y denunciando el racismo y la brutalidad policial.

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de "estar matando gente" tras el tiroteo en el que una mujer -identificada como una ciudadana estadounidense blanca- murió durante una redada en Minnesota, y exigió a los agentes que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

"No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" y "basura" el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

La mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo, apuntó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, en la conferencia, mientras que la senadora de Minnesota Tina Smith señaló en sus redes sociales que, "aparentemente", la víctima era una "ciudadana estadounidense".

"No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", comentó O'Hara.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en "defensa propia", pero el alcalde señaló que esto fue "un agente imprudentemente usando su poder, lo que resultó en la muerte"

"Tengo un mensaje para ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí", exclamó Frey.

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Frey consideró "basura" la versión de funcionarios como Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos".

"Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", sostuvo el alcalde.

Los hechos recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Mineápolis, lo que desató protestas masivas en el país contra el racismo y la brutalidad policial.

Austin (EE.UU), 7 ene (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó este miércoles a la mujer abatida hoy en Minnesota por disparos de agentes migratorios de cometer "un acto de terrorismo doméstico", que las autoridades actuaron en "defensa propia" y que el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques "a diario".

"Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días", señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas).

Un agente del Servicio de Control y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) le disparó a una mujer en Mineapolis este miércoles, mientras los oficiales estaban realizando un operativo en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos "utilizó el vehículo" de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el coche choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Según el portal, hasta el 7 de enero se han identificado 28 incidentes, incluidos 14 tiroteos, durante estos operativos.

Entre ellos figuran los disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o trataban de evadir una acción de las autoridades; y una redada ocurrida el 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual inquilinos medio dormidos y sus hijos fueron retenidos a punta de pistola. Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

Washington,7 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer que falleció en un tiroteo a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en ingles) en Minéapolis, de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, al tiempo que acusó a la "izquierda radical" de estar detrás del suceso.

"La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios en la mayor ciudad del estado de Minnesota.

El mandatario agregó que "estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales del ICE".

Un agente ICE le disparó a la mujer este miércoles mientras los oficiales estaban realizando un operativo a gran escala en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos "utilizó el vehículo" de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En videos compartidos en redes sociales se ve cómo la mujer que conducía una camioneta oscura fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo que cobró la vida de esta mujer, aún no identificada, era "de esperar" debido al gran dispositivo de ICE desplegado en la ciudad y "totalmente evitable".

Las redadas migratorias en Minneapolis se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia del Gobierno federal para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular -con especial énfasis en la comunidad somalí, duramente criticada por Trump-, política que ha generado protestas recurrentes en la ciudad y tensiones entre las autoridades federales y grupos comunitarios.

La Cámara de Diputados de México está integrada por 500 servidores públicos cuyas funciones principales consisten en legislar, proponer, discutir, modificar y aprobar las leyes que rigen al país.

Este órgano colegiado forma parte del Poder Legislativo federal y juega un papel fundamental en la creación del marco normativo nacional.

Mediante su cuenta oficial en X, la Cámara de Diputados informó sobre un método que facilita a la ciudadanía conocer, desde sus hogares, quiénes son sus representantes y acceder a información actualizada sobre cada uno de los diputados que conforman este cuerpo legislativo.

El mensaje publicado destaca la utilidad y accesibilidad de esta herramienta digital, promoviendo la transparencia y el acercamiento entre la población y sus representantes en el Congreso mexicano.

¿Cómo saber quién es tu diputado o diputada? Pasos para consultarlo en línea

El proceso para identificar a la diputada o diputado que representa a cada ciudadano mexicano se puede hacer de manera sencilla en línea. Sólo se necesita contar con la credencial de elector (INE).

A continuación, los pasos a seguir:

1. Consulta tu INE y localiza la sección que aparece en tu credencial.
2. Ingresa a la página de la Cámara de Diputados en la siguiente dirección: web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados
3. Escribe el número de la sección electoral que encontraste en tu INE en el sitio web.

Al completar estos pasos, el sitio desplegará información sobre la diputada o diputado correspondiente a tu distrito, permitiendo conocer quién integra la representación legislativa y acceder a información sobre su trabajo.

¿Cuáles son sus funciones principales?

1. Legislar: Proponer, discutir y aprobar leyes y reformas. Todas las iniciativas relacionadas con ingresos, egresos, deuda pública y presupuesto deben ser discutidas primero en la Cámara de Diputados.
2. Aprobar el presupuesto: Tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual del gobierno federal, lo que le permite influir en la asignación y fiscalización de los recursos públicos.
3. Control político: Puede citar a funcionarios del gobierno para que informen sobre su gestión, solicitar información y exigir cuentas mediante comparecencias y comisiones investigadoras.
4. Juicio político: Puede iniciar procesos de juicio político contra funcionarios públicos, incluido el presidente, en caso de faltas graves.
5. Ratificación de nombramientos: En algunos casos, ratifica o rechaza nombramientos presidenciales en cargos públicos clave.

De esta manera, la plataforma puesta a disposición por la Cámara de Diputados permite a cualquier persona identificar de forma ágil su representante y consultar su labor legislativo.

Un joven de 32 años permanece internado en estado reservado debido a un traumatismo de cráneo, producto brutal golpiza que sufrió de parte de tres personas a la salida de un pool en una localidad de Entre Ríos.

El hecho sucedió el sábado en Federal, cuando la víctima caminaba junto a otro individuo a unas pocas cuadras del local ubicado cerca del Club Ferrocarril. La agresión se desató en la vía pública y, de acuerdo a lo declarado por el acompañante, tres hombres interceptaron al joven y comenzaron a darle golpes principalmente a la cabeza.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, aunque por la gravedad de las lesiones tuvieron que derivarlo de urgencia al hospital Masvernat de Concordia, un centro de mayor complejidad. Allí, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo sin fracturas, pero sí con múltiples lesiones en la cabeza de carácter severo. El paciente permanece en terapia bajo medicación y bajo una constante observación.

El subjefe departamental, Lucio Cepeda, relató en diálogo con el portal Elonce que el aviso policial se registró a las 5 de la mañana. Desde ese momento, la Policía de Federal lleva adelante una investigación para identificar a los responsables del ataque, dado que hasta ahora no se realizaron detenciones. Sin embargo, las autoridades adelantaron al mismo medio que cuentan con “algunos datos recabados durante la investigación”. “No hay cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el hecho. Dependemos de los testimonios para reconstruir la secuencia completa”, indicó Cepeda.

Al mismo tiempo, la Policía trabaja en determinar el posible móvil del hecho, aunque el funcionario indicó que “no habría motivos aparentes para el ataque, ya que la víctima salió del pool y tras cruzarse con el grupo fue agredida”. Además, “no hay indicios firmes de que hubiera existido una discusión previa en el interior del establecimiento”, insistió. En este sentido, remarcó que este tipo de episodios no es usual en Federal.

El hermano del joven atacado presentó la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Federal, para avanzar en la investigación que aún no tiene detenidos.

Otra muerte en un pool de José C. Paz

Una joven de 25 años, identificada como Karen Ailén Donnarumma, murió en la madrugada del domingo en un pool de José C. Paz, ubicado en la calle Alem al 5100. La Unidad Funcional de Instrucción N° 18 del Departamento Judicial de San Martín investiga el hecho bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Según fuentes judiciales, hasta el momento no hay detenidos y se espera el resultado de la autopsia.

La víctima, madre de dos niños, había concurrido al lugar el sábado por la noche acompañada por un amigo, quien permanece internado. La familia de Donnarumma sostiene que la joven falleció luego de quedar en medio de una pelea dentro del establecimiento. De acuerdo con declaraciones de la madre, los testigos habrían informado que hubo una confrontación antes del deceso y que el cuerpo de la joven fue hallado con lesiones y sangre.

La mujer difundió un pedido público de colaboración para que aquellos que hayan estado presentes en el lugar, aporten información sobre el episodio. “Mi hija era una persona responsable, no consumía alcohol, ni mucho menos drogas. Ella era una mamá dedicada a sus dos hijitos, uno de dos y el otro de cuatro años. Solo salió a divertirse después de mucho tiempo, ya que solo dedicaba tiempo el tiempo de su vida a sus hijos”, dijo la mamá en un video publicado en las redes sociales.

“Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado”, señalaron los familiares al diario local SMN. “No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, indicó la mujer respecto a la explicación por parte del dueño del local, que manifestó que no contaban con sistema de cámaras en el interior, aunque se puso a disposición de la Justicia y de la familia.

Colleges and Universities Federal Aid (US) Foreign Students (in US) Harvard University Harvard School of Public Health Cambridge (Mass) Burroughs, Allison D Trump, Donald J

Una carta dirigida a agencias federales les ordenará poner fin a contratos que suman alrededor de 100 millones de dólares. El objetivo es cortar los últimos lazos del gobierno con la universidad.

El gobierno de Donald Trump se dispone a cancelar los contratos federales que le quedan al gobierno federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta enviada a las agencias federales el martes. La misiva también ordena a las agencias que busquen "proveedores alternativos" para futuros servicios.

Los recortes adicionales previstos, descritos en un borrador del documento obtenido por The New York Times, representaban lo que un funcionario del gobierno calificó como una ruptura total de la larga relación comercial del gobierno con Harvard.

La carta es el más reciente ejemplo de la determinación del gobierno de Trump para poner de rodillas a Harvard --posiblemente la universidad más elitista y culturalmente dominante del país-- debilitando su salud financiera y su influencia mundial. Desde el mes pasado, el gobierno ha congelado unos 3200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard. También ha intentado impedir que estudiantes internacionales se inscriban en la universidad.

La carta más reciente, fechada el 27 de mayo y enviada por la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA, por su sigla en inglés), se entregó a los organismos federales el martes por la mañana, según un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar de comunicaciones internas.

La carta ordena a las agencias que respondan antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos. Los contratos de servicios considerados críticos no se cancelarán de inmediato, sino que se transferirán a otros proveedores, según la carta, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, responsable de la adquisición de bienes y servicios públicos.

Según el funcionario gubernamental, los contratos con unas nueve agencias se verían afectados.

Algunos ejemplos de contratos que serían afectados, según una base de datos federal, son un contrato de 49.858 dólares de los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos del consumo de café y un contrato de 25.800 dólares del Departamento de Seguridad Nacional para la formación de altos ejecutivos. Es posible que algunos de los contratos de Harvard que se están revisando ya hayan sido objeto de órdenes de "suspensión del trabajo".

"De cara al futuro, también animamos a su agencia a que busque proveedores alternativos para futuros servicios en los que anteriormente habían considerado a Harvard", decía la carta.

El gobierno ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles. Ha acusado a la universidad de tener un sesgo liberal, de seguir usando consideraciones raciales en sus políticas de admisión a pesar de la prohibición de la Corte Suprema y de permitir comportamientos antisemitas en el campus.

Harvard ha presentado la situación como una lucha por los derechos de la Primera Enmienda, y acusa al gobierno de Trump de intentar controlar su personal, su plan de estudios y su matrícula.

Ante las exigencias del gobierno, que incluían la prohibición de estudiantes "hostiles a los valores estadounidenses", una auditoría de la ideología política de los estudiantes y el profesorado para garantizar la "diversidad de puntos de vista" e informes trimestrales para el gobierno, Harvard se ha defendido enérgicamente en los tribunales federales.

En una demanda presentada el mes pasado, Harvard solicita la restitución de más de 3000 millones de dólares de financiación federal. En otra, presentada la semana pasada, pidió a una corte federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.

La semana pasada, la jueza Allison D. Burroughs restableció temporalmente el derecho de Harvard a matricular estudiantes internacionales, y el jueves se realizará una audiencia para determinar si debe prorrogarse esa orden.

Durante su campaña para un segundo mandato, el presidente Trump atacó a las universidades de élite, tachándolas de estar controladas por "maníacos marxistas y lunáticos", y prometió aumentar los impuestos sobre el rendimiento de las inversiones de las dotaciones universitarias, un plan aprobado este mes por la Cámara de Representantes. La disposición fiscal, que aún necesita la aprobación del Senado, le costaría a Harvard, que tiene una dotación de 53.000 millones de dólares, alrededor de 850 millones de dólares al año.

Harvard ha experimentado la peor parte del asalto de la Casa Blanca a la educación superior, y los administradores y el profesorado del campus han observado con creciente temor cómo el gobierno federal ha emitido decreto tras decreto, socavando la base financiera de la universidad.

La universidad cuenta con alrededor de 6800 estudiantes internacionales, que representan el 27 por ciento de su matrícula total. El rector de Harvard, Alan M. Garber, dijo que la cancelación de su capacidad para matricular a estudiantes internacionales era un golpe potencialmente devastador.

"Condenamos esta acción ilegal e injustificada", escribió Garber en un comunicado la semana pasada, añadiendo que "pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a un número incontable de personas en escuelas y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños".

La carta del gobierno de Trump citaba lo que calificaba como un patrón en el que Harvard había mostrado una "falta de compromiso con la no discriminación y con nuestros valores y prioridades nacionales".

Como prueba, la misiva decía que The Harvard Law Review, una publicación independiente dirigida por estudiantes, había otorgado recientemente una beca a un estudiante de derecho que fue acusado de agredir a un estudiante judío durante una protesta pro-Palestina en el campus en 2023.

El estudiante evitó el procesamiento penal por cargos de agresión menor en ese caso y aceptó realizar servicio comunitario, pero no admitió haber cometido ninguna falta.

En la carta también se afirmaba que Harvard no había acatado la decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohibía el uso de la raza como factor decisivo en las admisiones.

Sin embargo, el porcentaje de estudiantes negros de primer curso descendió al 14 por ciento en otoño de 2024 tras esa decisión, frente al 18 por ciento del año anterior. En el mismo periodo, la matriculación de estudiantes negros en la clase de primer curso de la Facultad de Derecho de Harvard descendió al 3,4 por ciento, el porcentaje más bajo desde la década de 1960.

La carta no aportaba pruebas estadísticas de su afirmación sobre las admisiones, pero citaba la adición por parte de la universidad de un curso de matemáticas de recuperación. Decía que el curso era el resultado "de emplear factores discriminatorios, en lugar de méritos, en las decisiones de admisión".

Stephanie Saul es una reportera que cubre la educación superior, centrándose recientemente en los drásticos cambios en las admisiones a las universidades y el debate en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión en la enseñanza superior.

Un juez federal ha rechazado la solicitud de Denver Public Schools para detener las redadas de agentes de inmigración en escuelas, una medida que buscaba proteger a los estudiantes y sus familias de posibles detenciones en estos espacios considerados sensibles. Esta decisión representa un respaldo a la política de la administración de Donald Trump, que busca intensificar los esfuerzos de deportación en todo el país.

El fallo fue emitido por el juez del Distrito de los Estados Unidos, Daniel Domenico, quien determinó que el distrito escolar no logró demostrar que la disminución en la asistencia de estudiantes estuviera directamente relacionada con la decisión del gobierno federal de revertir una política de la administración del expresidente Joe Biden.

Esta medida, implementada durante el gobierno de Biden protegía lugares sensibles como escuelas e iglesias de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según reportó The Associated Press (AP), no estaba claro qué tanto del temor respecto a las posibles redadas en las escuelas se debió a las nuevas reglas, tomando como punto de comparación las preocupaciones más amplias de un aumento de las acciones de inmigración.

El impacto en las escuelas y la respuesta del distrito

El distrito escolar de Denver presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, argumentando que la reversión de la política de 2021 había afectado su capacidad para cumplir con su misión educativa, tal y como reportó Fox News.

El distrito alegó que muchos estudiantes dejaron de asistir a clases debido al temor generado por las redadas en las escuelas, lo que, según ellos, obstaculizó su labor de garantizar el acceso a la educación.

En su demanda, el distrito también solicitó una orden judicial preliminar que prohibiera al gobierno federal realizar arrestos en lugares sensibles como las escuelas. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez Domenico, quien también rechazó una solicitud para imponer una orden judicial a nivel nacional que obligara a las autoridades de inmigración a volver a las directrices de 2021.

La decisión de permitir redadas en escuelas y otros lugares sensibles forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Trump para reforzar las políticas de inmigración y aumentar las deportaciones.

El debate sobre los lugares sensibles y las políticas de inmigración

Según información de AP, las Escuelas Públicas de Denver alegaron que tuvieron que desviar recursos para responder al temor entre los estudiantes y sus familias.

“Esto incluye brindar apoyo de salud mental a los estudiantes, desviar la atención de los administradores de los asuntos académicos a los asuntos de inmigración y ayudar a los estudiantes que faltan a la escuela a ponerse al día”, explicaron los abogados del distrito escolar en la solicitud para bloquear la nueva política, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

La política de 2021, implementada bajo la administración de Joe Biden, establecía que lugares como escuelas, iglesias y hospitales debían ser considerados zonas seguras, libres de redadas de inmigración.

Generalmente, los agentes migratorios debían obtener aprobación para realizar operaciones en estos lugares, sin embargo, se permitían excepciones por cuestiones como la seguridad nacional.

Hasta una semana antes del fallo del juez Domenico, arrestos nuevos en escuelas no se habían producido como fruto de la nueva política, reveló AP.

United States Politics and GovernmentDefense DepartmentFederal Bureau of InvestigationGovernment Efficiency Department (US)Musk, ElonTrump, Donald J

El rechazo refleja un creciente malestar --y, en algunos casos, inquietud-- en el gobierno de Trump ante la percepción del enorme poder de Musk.

Varios líderes de agencias nombrados por el presidente Trump instaron a los trabajadores federales a no cumplir la orden de Elon Musk de resumir sus logros la semana pasada o ser destituidos de sus cargos, incluso cuando Musk redobló su exigencia el fin de semana.

Las instrucciones de los funcionarios, en efecto, contrarrestaron la orden de Musk en gran parte del gobierno, desafiando la amplia autoridad que Trump ha otorgado al hombre más rico del mundo para realizar cambios drásticos en la burocracia federal. El enfrentamiento constituye una de las primeras pruebas significativas de hasta dónde llegará el poder de Musk.

Cuando la directiva resonó por todo el gobierno federal, los funcionarios de algunas agencias, como el FBI, la oficina que coordina las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los Departamentos de Defensa, Estado, Energía, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional, dijeron a sus empleados que no respondieran.

El correo electrónico de Musk había llegado incluso a las bandejas de entrada de jueces federales en activo, quienes pertenecen al poder judicial, no al ejecutivo. La oficina administrativa de los tribunales federales informó a los jueces y al personal de que "este correo electrónico no procedía del poder judicial ni de la oficina administrativa y sugerimos que no se tomen medidas".

La resistencia pública a la medida refleja un creciente malestar --y, en algunos casos, inquietud-- entre bastidores en el gobierno de Trump ante la percepción del poder sin control de Musk.

El malestar se extiende desde el personal de menor rango hasta algunos secretarios del gabinete, quienes se han cansado de tener que justificar complejidades específicas de la política de la agencia y de tener que apresurarse a abordar controversias imprevistas que Musk ha desatado.

Esos funcionarios son conscientes de que Musk tiene influencia sobre el presidente en privado, y temen que utilice X, el sitio web de redes sociales de su propiedad, para señalar a personas que considera que lo obstruyen, según un alto funcionario de la administración.

Horas después de que un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa se opusiera pública y firmemente a la directriz de Musk el domingo por la tarde, Musk lo señaló para castigarlo, diciendo en X que "cualquiera con la actitud de ese funcionario del Pentágono necesita buscar un nuevo trabajo".

Quien se mantuvo en silencio sobre la controversia durante gran parte del fin de semana fue Trump; tras publicar en las redes sociales el sábado por la mañana que quería que Musk fuera más "agresivo", y luego alardear de la purga de trabajadores federales en un discurso horas después, el presidente no dijo nada acerca del tema durante gran parte del domingo.

Esa tarde, sin embargo, Trump publicó un meme, que dijo que procedía de Musk, burlándose de los trabajadores federales que tenían que explicar sus funciones y logros, pero no se pronunció sobre el conflicto interno del gobierno entre sus funcionarios designados.

Las declaraciones públicas de Musk sobre su iniciativa de recorte de costes, conocida como Departamento de Eficiencia Gubernamental, han expresado a menudo un abierto desprecio por la fuerza de trabajo federal, que incluye a algunos de los partidarios de Trump.

El domingo por la tarde, algunas de las reacciones en contra de Musk por parte de funcionarios de la administración --procedentes en gran parte del aparato de seguridad nacional y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley-- se habían hecho públicas y explícitas.

"El Departamento de Defensa es responsable de revisar la actuación de su personal y llevará a cabo cualquier revisión de acuerdo con sus propios procedimientos", dijo en un comunicado Darin Selnick, el funcionario del Pentágono que está actualmente a cargo del personal, y dio instrucciones a los empleados del Pentágono para que "por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta".

Tulsi Gabbard, directora de la oficina de inteligencia nacional, ordenó a todos los funcionarios de la comunidad de inteligencia que no respondieran, en un mensaje a los funcionarios de inteligencia revisado por The New York Times.

"Dada la naturaleza inherentemente sensible y clasificada de nuestro trabajo, los empleados de la CI no deben responder al correo electrónico de la OPM", escribió Gabbard, usando las siglas para referirse a la comunidad de inteligencia y a la Oficina de la Administración de Personal.

Kash Patel,director del FBI, escribió en un correo electrónico a los empleados que "el FBI, a través de la oficina del director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión", y dijo a los trabajadores que debían "por ahora, por favor, poner en pausa cualquier respuesta".

Los funcionarios de alto rango de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional también dieron instrucciones a sus empleados para que no respondieran al correo electrónico.

En el Departamento de Justicia y el FBI, las señales amenazadoras de Musk se recibieron con una mezcla de enfado y asombro por el hecho de que alguien exigiera algo tan general sin tener en cuenta aspectos delicados como las investigaciones penales, la confidencialidad legal o el material de gran jurado.

Algunos supervisores de las fuerzas de seguridad dijeron rápidamente a los empleados que esperaran a recibir más indicaciones de los jefes el lunes antes de responder a la exigencia, según funcionarios y exfuncionarios.

Otros departamentos dieron orientaciones contradictorias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo a sus empleados el domingo por la mañana que siguieran la directiva. Una hora más tarde, un correo electrónico del director en funciones nombrado por Trump de los Institutos Nacionales de Salud, una agencia subordinada, dijo a los empleados que no respondieran. Horas más tarde, el Departamento de Salud dijo a todos los empleados que "pusieran en pausa" las respuestas al ultimátum.

El sábado, Musk publicó una exigencia a los empleados del gobierno para que resumieran sus logros de la semana, advirtiéndoles de que no hacerlo se consideraría una dimisión. Poco después, la Oficina de Administración de Personal, que gestiona la fuerza de trabajo federal, envió un correo electrónico pidiendo a los funcionarios una lista de logros, pero no incluía la amenaza de destitución por no cumplirla.

Los sindicatos que representan a los trabajadores federales sugirieron que la orden de Musk no era válida. Aconsejaron a sus miembros que siguieran las directrices de sus supervisores sobre cómo responder al correo electrónico, si es que debían hacerlo.

En una mordaz carta enviada el domingo, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno --el mayor sindicato de empleados federales--, dijo al director en funciones de la Oficina de Administración de Personal que el correo electrónico enviado a los empleados federales era "manifiestamente ilegal" e "irreflexivo".

Kelley exigió que se retractara de la orden y señaló: "Al permitir que Elon Musk, que no fue elegido y está desquiciado, dicte las acciones de la OPM, usted ha demostrado una falta de consideración por la integridad de los empleados federales y su trabajo crítico".

Múltiples agencias de inteligencia, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, habían advertido a los empleados de que responder podría suponer el riesgo de revelar inadvertidamente trabajo clasificado.

Aunque el correo electrónico original de Musk decía a los empleados que no incluyeran material clasificado, funcionarios y exfuncionarios de inteligencia dijeron que si un adversario accediera a miles de informes no clasificados del trabajo de los funcionarios de inteligencia, podría reconstruir detalles sensibles o enterarse de proyectos que se suponía que debían permanecer secretos.

El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, cuyo escaño puede estar entre los más disputados en 2026, planteó dudas sobre la orden, incluso cuando dio un apoyo más amplio al esfuerzo de Musk por reducir costes.

"No sé si es necesariamente factible", dijo Lawler sobre el ultimátum. "Obviamente, muchos empleados federales están bajo contrato sindical".

La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, también criticó la orden de Musk.

"Nuestra fuerza de trabajo pública merece ser tratada con dignidad y respeto por el trabajo poco reconocido que realiza", escribió en una declaración en las redes sociales. "El absurdo correo electrónico de fin de semana para justificar su existencia no lo era".

No está claro qué base legal tendría Musk para justificar despidos masivos basándose en las respuestas al correo electrónico, y la Casa Blanca y la Oficina de Administración de Personal no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre la amenaza de despido.

Pero Musk --quien planteó exigencias poco convencionales similares durante su absorción de Twitter, ahora conocida como X-- insistió el domingo por la mañana en que la orden equivalía a "una revisión muy básica del pulso".

En una serie de publicaciones, Musk también promovió afirmaciones infundadas de fraude salarial: que un número significativo de personas "inexistentes" o muertas estaban empleadas en la fuerza de trabajo federal, y que los delincuentes estaban utilizando a los empleados falsos para cobrar los cheques de pago del gobierno.

"Están encubriendo un fraude inmenso", dijo Musk en respuesta a una publicación de un simpatizante que decía que "la izquierda está perdiendo la cabeza por un simple correo electrónico".

Sus afirmaciones replican otra similar, según la cual decenas de millones de personas fallecidas podrían estar recibiendo pagos fraudulentos del Seguro Social. Un informe reciente del inspector general de la Administración del Seguro Social --un organismo de control que investiga el programa en busca de despilfarro, fraude y abuso-- descubrió que "casi ninguna" de las personas de la base de datos de la agencia que probablemente habían fallecido estaban recibiendo pagos.

Julian E. Barnes, Hamed Aleaziz, Apoorva Mandavilli, Devlin Barrett, Rebecca Davis O'Brien, Ken Bensinger, Kate Conger, Sheryl Gay Stolberg, Adam Goldman, Minho Kim, Kate Zernike, Lisa Friedman y Margot Sanger-Katz colaboraron con reportería.

Chris Cameron cubre temas políticos para el Times, con enfoque en las noticias de último momento y en la campaña de 2024. Más de Chris Cameron

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca y reporta sobre el segundo mandato no consecutivo de Donald Trump. Más de Maggie Haberman

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Musk, ElonTrump, Donald JAgrawal, ParagGovernment EmployeesLabor and JobsX (Formerly Twitter)Government Efficiency Department (US)United States Politics and Government

Empleados de distintas oficinas del gobierno recibieron un correo electrónico el sábado en el que se les pide un resumen de su trabajo. Musk dijo en X que quienes no respondan perderían sus empleos.

Elon Musk agravó el sábado la confusión y la alarma de los trabajadores del gobierno federal al ordenarles que resumieran sus logros de la semana, advirtiéndoles de que no hacerlo se tomaría como una renuncia.

Poco después de la exigencia de Musk, que publicó en X, los funcionarios del gobierno recibieron un correo electrónico de la Oficina de Administración de Personal con el asunto "¿Qué hiciste la semana pasada?".

El mensaje llegó simultáneamente a las bandejas de entrada de varios organismos, inquietando a los trabajadores que se habían visto sacudidos por una serie de despidos en las últimas semanas y no sabían si responder a la exigencia de Musk. Funcionarios de algunos organismos, como el FBI y el Departamento de Estado, dijeron a sus empleados que pusieran en pausa las respuestas al correo electrónico.

La creciente presión de Musk sobre la fuerza de trabajo federal se produjo a instancias del presidente Trump, quien ha estado pregonando cómo el multimillonario ha puesto de cabeza a la burocracia y el sábado le instó a ser aún "más agresivo".

En su publicación en X, Musk dijo que los empleados que no respondieran al mensaje perderían su empleo. Sin embargo, esa amenaza no figuraba en el correo electrónico.

"Por favor, responde a este correo electrónico con aproximadamente 5 puntos sobre lo que has conseguido esta semana y copia a tu jefe", decía el mensaje de la Oficina de Administración de Personal que se envió a los empleados federales el sábado por la tarde. El correo electrónico indicaba a los empleados que respondieran antes de la medianoche del lunes y que no incluyeran información clasificada.

El correo electrónico fue recibido por trabajadores de diversas oficinas del gobierno, incluidos los del FBI, el Departamento de Estado, la Agencia de Protección Ambiental, la Oficina de Administración de Personal, la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, según copias vistas por The New York Times.

Algunos líderes de agencias acogieron con satisfacción la medida de Musk. "¡El DOGE y Elon están haciendo un gran trabajo! Histórico. Estamos encantados de participar", escribió en un mensaje a su personal Ed Martin, fiscal federal interino de Washington D. C., a quien Trump ha designado para dirigir la oficina de forma permanente.

Pero en una señal de la agitación y de los posibles problemas legales y de seguridad causados por la exigencia, los funcionarios de algunas agencias federales dijeron a su personal que no respondieran y esperaran nuevas indicaciones.

Entre ellos estaba Kash Patel, el nuevo director del FBI. "El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión, y llevará a cabo las revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI", escribió Patel en un correo electrónico al personal obtenido por el Times. "Cuando y si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, pon en pausa cualquier respuesta".

Para los trabajadores de base, la última medida de Musk puso de relieve un clima de inestabilidad y miedo dentro del gobierno. Una empleada de los Institutos Nacionales de Salud, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que el mensaje la había conmocionado y que, según señaló, le había dejado una sensación de malestar en la boca del estómago. Cuando se enteró del contexto, dijo, envió un mensaje a un colega: "Nos están aterrorizando".

Mientras la confusión y la alarma se extendían el sábado por la tarde entre los trabajadores por la exigencia de Musk, este dijo en X que había una "valla baja" para cumplirla.

"¡Un correo electrónico con algunos puntos que tengan algún sentido es aceptable!", dijo. "Debería llevar menos de 5 minutos escribirlo".

En respuesta a su amenaza de despido si los trabajadores no cumplían, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de empleados federales, dijo que impugnaría cualquier despido "ilegal".

Everett Kelley, presidente del sindicato, acusó a Musk y a Trump de mostrar un "desprecio absoluto" por los empleados federales.

"Es cruel e irrespetuoso", dijo en un comunicado, "para cientos de miles de veteranos que llevan su segundo uniforme en la función pública, verse obligados a justificar sus obligaciones laborales ante este multimillonario desubicado, privilegiado y no elegido, que no ha realizado ni una sola hora de servicio público honesto en su vida".

El sindicato dijo a los trabajadores que "cree firmemente" que la Oficina de Administración de Personal no tiene autoridad para dirigir a los empleados en la manera que lo hace su petición enviada por correo electrónico y les aconsejó que pidieran orientación a un supervisor.

Los expertos dijeron que las exigencias planteaban importantes problemas jurídicos.

"No hay base alguna en el sistema de la función pública para ello", dijo Sam Bagenstos, profesor de derecho de la Universidad de Míchigan y exasesor general de la Oficina de Administración y Presupuesto. "Esto está obviamente diseñado para intimidar a los empleados. Musk, el DOGE y el gobierno de Trump están actuando persistentemente de una forma que hace caso omiso de las normas de la función pública y solo cuentan con que los tribunales no puedan ponerse al día y limpiar a su paso".

"Esperan que los empleados digan: 'Esto es demasiado, no puedo seguir haciendo esto'", añadió.

El mensaje que cuestionaba el rendimiento de los trabajadores repetía una táctica utilizada por Musk para reducir la planilla de su empresa de redes sociales. Musk se ha inspirado repetidamente en su adquisición en 2022 de X, entonces conocida como Twitter, mientras trabaja para reformar el gobierno federal con su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Con el apoyo del gobierno de Trump, Musk ha ordenado despidos en distintas oficinas del gobierno federal y ha cerrado varios organismos.

"Elon está haciendo un gran trabajo, pero me gustaría verlo ser más agresivo", dijo Trump en un mensaje publicado el sábado en su red social.

Musk aceptó rápidamente el reto. "Todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico en el que se les pedirá que comprendan lo que hicieron la semana pasada", escribió Musk el sábado en una publicación en las redes sociales, afirmando que sus acciones eran "coherentes" con las exigencias del presidente. "La falta de respuesta se tomará como una renuncia", añadió.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el correo electrónico enviado a los trabajadores federales, ni sobre si estos serían despedidos si no respondían.

La Oficina de Administración de Personal, que el mes pasado envió a empleados la oferta de dimisión en diferido de Musk con el asunto "Fork in the Road" (encrucijada, en español), eludió la pregunta.

"Como parte del compromiso del gobierno de Trump con una fuerza de trabajo federal eficiente y responsable, la OPM está pidiendo a los empleados que proporcionen un breve resumen de lo que hicieron la semana pasada a finales del lunes, con copia a su jefe", dijo McLaurine Pinover, portavoz de la agencia, en un comunicado el sábado. "Las agencias determinarán los pasos siguientes".

La exigencia dejó tambaleando a muchos trabajadores.

La mayor parte de la plantilla de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor había sido puesta recientemente fuera de servicio mientras Musk destripaba la agencia, y ha recibido instrucciones de no trabajar, lo que les deja sin logros de los que informar, dijo un trabajador de la misma.

Los aliados de Musk en el gobierno han sugerido utilizar la inteligencia artificial para identificar recortes presupuestarios, y los trabajadores de varias agencias temían que sus respuestas fueran evaluadas por la IA.

El planteamiento hizo eco de uno que Musk adoptó con ejecutivos y empleados de Twitter. En abril de 2022, Musk iba a incorporarse a la junta directiva de la empresa de redes sociales, pero discutió con Parag Agrawal, su director ejecutivo en aquel momento, por las críticas que hizo públicamente sobre la empresa. Cuando Agrawal pidió a Musk que no publicara cosas perjudiciales sobre Twitter, Musk respondió en un mensaje de texto: "¿Qué has hecho esta semana?", y luego dijo a Agrawal que compraría Twitter directamente.

El intercambio condujo a la adquisición de la empresa por parte de Musk por valor de 44.000 millones de dólares, que completó en octubre de 2022. Musk afirmó que despidió a Agrawal inmediatamente, aunque Agrawal impugnó las circunstancias de su salida y demandó a Musk por retener las indemnizaciones por despido.

Poco después de la adquisición, Musk pidió a los empleados que imprimieran el código que habían escrito recientemente, un ejercicio destinado a demostrar lo mucho que trabajaban. Cuando los ejecutivos de la empresa expresaron su preocupación por la privacidad, Musk ordenó a los empleados que destruyeran el código que habían impreso.

El sábado, Musk reconoció las similitudes. "Parag no consiguió hacer nada. Parag fue despedido", escribió en una publicación en X sobre el mensaje que pretendía enviar a los trabajadores federales.

Nicholas Nehamas, Maggie Haberman, Rebecca Davis O'Brien, Madeleine Ngo, Mattathias Schwartz, Matthew Goldstein, Erica L. Green, Eileen Sullivan, Margot Sanger-Katz, Edward Wong, Mark Walker, Kennedy Elliott, Lisa Friedman y Adam Goldman colaboraron con la reportería.

Kate Conger es reportera de tecnología en San Francisco. Le puedes escribir a kate.conger@nytimes.com. Más de Kate Conger

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Con la aprobación de un juez, el gobierno de Trump se movió para dar los siguientes pasos en el plan y cerrarlo a nuevos participantes.

El gobierno de Donald Trump procedió el miércoles a cerrar las inscripciones para el programa de renuncias diferidas de los trabajadores federales y continuar con los pasos siguientes, tras el visto bueno de un juez federal.

La victoria judicial permitió a la Casa Blanca avanzar una parte crucial de su plan para reducir la plantilla federal mediante ofertas de pago masivas.

En una sentencia en la que denegaba una solicitud para detener el plan, el juez George O'Toole Jr., juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito de Massachusetts, no se pronunció sobre la legalidad del programa. El juez escribió que los demandantes, entre los que había sindicatos que representaban a trabajadores federales, no se veían directamente afectados por el plan de incentivos, conocido como "Fork in the Road" (encrucijada, en español), y carecían de legitimación para impugnarlo.

"Los sindicatos no tienen el interés directo requerido en la directiva Fork", escribió el juez O'Toole, añadiendo que estaban "impugnando una política que afecta a otros, concretamente a los empleados del poder ejecutivo".

"Esto no es suficiente" para la legitimación, escribió en su decisión de cinco páginas.

Los sindicatos que impugnaban el plan habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que el plan siguiera adelante. En su sentencia, el juez O'Toole añadió que los precedentes de casos anteriores demostraban que el tribunal carecía de competencia en la materia para examinar los reclamos de los sindicatos.

La decisión supuso una victoria para el gobierno de Trump, que en los últimos días se ha visto obstaculizado por una serie de sentencias judiciales que han ralentizado sus esfuerzos por congelar el gasto federal y dar de baja con licencia a un número significativo de empleados.

La semana pasada se amplió el plazo para aceptar las ofertas de renuncia mientras el juez deliberaba sobre el caso. Unos 75.000 trabajadores aceptaron las ofertas, según la Oficina de Administración de Personal.

"A partir de las 7 p. m. de esta noche, el programa está cerrado", dijo el miércoles McLaurine Pinover, vocera de la Oficina de Administración de Personal. "Ya no hay ninguna duda: el programa de renuncias diferidas era legal y una opción valiosa para los empleados federales".

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien ha liderado un agresivo intento de reducir y remodelar las instituciones del gobierno federal con la aprobación del presidente Trump, había presionado a los empleados para que aceptaran la oferta del incentivo para renunciar, que prometía paga hasta septiembre.

Los críticos habían argumentado que no se podía confiar en la oferta, especialmente debido a que el Congreso no había otorgado fondos a ninguna parte del gobierno federal más allá del 14 de marzo.

La demanda para detener el programa, presentada por el grupo liberal sin fines de lucro Democracy Forward, así como por tres sindicatos gubernamentales --la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE por su sigla en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME por su sigla en inglés), y la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales (NAGE por su sigla en inglés)-- argumentaba que la oferta era ilegal, en parte porque el Congreso aún no había consignado los fondos necesarios para compensar a los trabajadores que aceptaran la oferta.

En un comunicado, el dirigente de AFGE, el mayor sindicato de empleados federales, señaló que la sentencia no abordaba la legalidad del programa de renuncias, y dijo que los abogados del sindicato estaban considerando sus próximos pasos.

"La sentencia de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia para los funcionarios públicos", dijo Everett Kelley, presidente del sindicato.

Los 75.000 funcionarios que se ofrecieron voluntarios para el programa de renuncias representan alrededor del 3 por ciento de la plantilla de la función pública federal.

Esto no alcanza el objetivo declarado del gobierno de Trump para reducir drásticamente el tamaño de la plantilla federal. En un año cualquiera, más del 5 por ciento de los trabajadores federales se jubilarán o dejarán su empleo, según datos del gobierno federal.

Aun así, la renuncia masiva de decenas de miles de empleados públicos podría tener efectos de gran alcance en la sociedad estadounidense.

Actividades rutinarias como viajar, renovar pasaportes o declarar impuestos podrían verse retrasadas o interrumpidas. También podría verse afectado el funcionamiento de parques nacionales y museos, y la administración de prestaciones como la Seguridad Social, Medicare, la atención a los veteranos y los cupones de alimentos. Los reguladores e inspectores de alimentos, agua, medicamentos y seguridad laboral también podrían abandonar el gobierno.

Michael C. Bender colaboró con reportería.

Chris Cameron cubre temas políticos para el Times, con enfoque en las noticias de última hora y en la campaña de 2024. Más de Chris Cameron

Karoun Demirjian es reportera de noticias de última hora para el Times. Más de Karoun Demirjian

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Michael C. Bender colaboró con reportería.

La última orden ejecutiva del presidente dejó claro que el equipo de recorte de costos del multimillonario tendrá una supervisión continua de la administración pública.

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que ordena a los funcionarios de las agencias que elaboren planes de recortes "a gran escala" a la plantilla de trabajadores federales y da más poder al multimillonario Elon Musk y a su equipo para aprobar qué funcionarios de carrera serán contratados en el futuro.

La orden otorga al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) un amplio alcance sobre la configuración del servicio civil, mientras el gobierno de Trump intenta recortar drásticamente el número de empleados gubernamentales. La orden establece que, aparte de las agencias implicadas en funciones como la aplicación de la ley y la inmigración, los departamentos del poder ejecutivo necesitarán una aprobación de contratación de un funcionario del equipo de Musk.

Cada agencia federal, con algunas excepciones, podrá "contratar a no más de un empleado por cada cuatro que se vayan" después de que se levante la congelación de contrataciones, según la orden de Trump. Las nuevas contrataciones de carrera tendrían que hacerse en consulta con un "líder del equipo del DOGE", según la orden. También dice que las agencias no deben cubrir puestos de carrera que el equipo de Musk considere innecesarios, a menos que un jefe de agencia --que no sea miembro de la iniciativa de Musk-- decida que esos puestos deben cubrirse.

La "iniciativa de optimización de la fuerza laboral" fue firmada por Trump poco antes de que él y Musk pasaran unos 30 minutos defendiendo la drástica revisión ante los periodistas en el Despacho Oval. Musk, la persona más rica del mundo, se ha movido rápidamente para forzar el cambio en Washington, un esfuerzo que, afirmó el martes, beneficiaría al público.

En las tres primeras semanas del nuevo gobierno de Trump, el equipo de Musk se ha insertado en al menos 19 agencias, según un recuento de The New York Times, en las cuales ha empezado a identificar programas para recortar.

La nueva orden del presidente exige a las agencias federales que se inicien planes de reducción de personal "a gran escala". En las últimas semanas, algunos dirigentes de agencias han advertido sobre recortes inminentes y han instado a los empleados federales a considerar seriamente la oferta del gobierno de Trump de renunciar y acogerse a una licencia administrativa pagada hasta finales de septiembre. Aunque en un principio la oferta expiraba la semana pasada, el programa de renuncias está ahora en pausa hasta que un juez federal de Massachusetts se pronuncie sobre su legalidad.

La orden es la última medida de Trump para reforzar la autoridad del esfuerzo de Musk. El día de la toma de posesión, Trump firmó una orden que creaba oficialmente el Departamento de Eficiencia Gubernamental y otorgó al grupo la autoridad para instalar empleados en todas las agencias federales. También firmó otra orden que autorizaba al equipo de Musk a trabajar en un plan para reducir drásticamente el tamaño de la fuerza laboral federal mediante "mejoras de la eficiencia y las bajas voluntarias".

Russell T. Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a quien Musk presionó para que ocupara ese puesto, dijo que la orden ejecutiva del martes era el "siguiente paso" para cambiar la fuerza laboral, insistiendo en que estaba dentro de la autoridad de Trump.

"De nuevo, se trata de más acciones y actividades que podemos hacer", dijo Vought a Fox News poco después de que se firmara la orden. "El presidente puede avanzar unilateralmente utilizando las leyes vigentes para lograr reducciones de plantilla".

Maggie Haberman colaboró ​​con reportería.

Theodore Schleifer es un periodista del Times que cubre la financiación de las campañas y la influencia de los multimillonarios en la política estadounidense. Más de Theodore Schleifer

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