Tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro en la que más de 130 personas fueron asesinadas, el Gobierno de Bolivia reforzó los controles en la frontera con Brasil para evitar el ingreso de miembros de organizaciones criminales.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, informó que no se ha registrado la presencia de ningún sospechoso pero que la medida es preventiva y se realiza en las zonas vulnerables de la frontera en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, al norte y este del país.

La frontera con Brasil es una de las más extensas de la región con una longitud de 3.423 kilómetros y que incluye zonas selváticas y fluviales. El operativo incluye acciones coordinadas con las autoridades brasileñas en tes localidades de alto flujo comercial.

Aguilera explicó que el plan de control prevé la creación de una instancia de inteligencia fronteriza que permitirá cruzar información sobre personas con posibles identidades falsas o antecedentes criminales.

“Hemos identificado casos de ciudadanos extranjeros que ingresan al país con documentación adulterada, logran inscribirse en el Registro Civil y consiguen cédulas bolivianas”, explicó, citado por los medios locales.

Según la autoridad, algunas de estas personas abren empresas en Bolivia para lavar el dinero ilícito. “Llegan huyendo de sus países, cambian su identidad y se presentan como empresarios prósperos, pero detrás de eso existen redes criminales que buscan operar en Bolivia”, explicó Aguilera.

En mayo de este año, se identificó a dos ciudadanos brasileños vinculados al Comando Vermelho que fueron deportados y meses más tarde, se reveló la presencia en Bolivia de Sérgio Luiz de Freitas Filho, vinculado a la organización del Primer Comando Capital (PCC), quien aún no ha sido capturado por la Policía boliviana.

Aguilera manifestó que la lucha contra el crimen organizado se desarrolla “con respeto a los derechos humanos y en el marco de la cooperación internacional”, fortaleciendo la presencia policial en las zonas fronterizas y urbanas más vulnerables.

Tras la intervención en las favelas, se generó una alerta en la región y otros países, como Uruguay, Paraguay y Argentina también fortalecieron la vigilancia fronteriza para evitar el escape de personas vinculadas con el Comando Vermelho.

El megaoperativo en Río de Janeiro se inició 28 de octubre con el objetivo de ejecutar órdenes de detención contra miembros del Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales de ese país junto al PCC.

La redada incluyó el despliegue de más de 2.500 policías y militares en las favelas da Penha y de Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Tras varias horas de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, las autoridades reportaron más de 130 muertos

La escena de los cuerpos tendidos en las calles de la favela, rodeados por familiares que intentaban reconocer a las víctimas, provocaron una fuerte conmoción social y reabrieron el debate sobre la violencia del operativo y los posibles excesos en la actuación policial.

“Este operativo es una tragedia de gran magnitud y no tiene ningún impacto real en la lucha contra la criminalidad. Se trata de personas de base de los grupos criminales, y mañana otros estarán vendiendo drogas en las esquinas”, afirmó el director de Human Rights Watch (HRW) en Brasil.

La reciente operación reavivó el debate en Brasil sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y social del país.

Mujeres sumergidas en hielo, hombres arrastrados por las calles y víctimas golpeadas mientras suplican por su vida forman parte de los casos de tortura y castigo documentados por el Ministerio Público de Río de Janeiro, atribuidos a la organización criminal Comando Vermelho.

Según una denuncia presentada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, los líderes y operadores de la facción utilizaron estos métodos como mecanismos de control y disciplina, aplicados tanto a sus propios integrantes como a los residentes de las favelas que están bajo su influencia.

El informe expone la cadena de mando y las prácticas de sanción dentro del Comando Vermelho, que opera principalmente en los complejos del Alemão y la Penha, en Río de Janeiro.

En dicho expediente se identifica como responsable máximo de la banda criminal a Edgar Alves Andrade (alias Doca), actualmente prófugo de la Justicia, y como coordinador directo de los castigos a Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, apodado “BMW”.

Este último dirige los llamados “tribunales del tráfico”, estructuras internas donde miembros de la facción y, en ocasiones, vecinos de las comunidades, son llevados ante los líderes para que se decida su castigo por supuestas faltas, disputas o transgresiones a las normas impuestas por la organización.

En estos espacios, los responsables del grupo determinan, sin intervención de las autoridades estatales, qué sanción física o humillación se aplicará, llegando incluso a ordenar torturas o ejecuciones.

Alias “BMW” también lidera al grupo ejecutor conocido como Equipe Sombra, encargado material de llevar a cabo esas “sanciones”.

En uno de los videos que tuvo acceso la Fiscalía y que presentó como prueba, integrantes de la facción sumergen a una mujer en una bañera llena de hielo, como castigo por ser “conflictiva en fiestas”.

“No queremos golpear a vecinas, creemos que esta es la mejor forma de castigo”, indica una declaración en la denuncia, justificando la elección del método ante la comunidad.

Otro episodio que forma parte del expediente muestra cómo un hombre, atado, amordazado y parcialmente desnudo, es arrastrado por un vehículo en plena vía pública, mientras grita pidiendo perdón y menciona reiteradamente el apodo de BMW.

De acuerdo con el archivo del Ministerio Público, los agresores graban todo el proceso e incluso se burlan de la víctima.

“El automotor solo detiene su marcha cuando se observa un posible desmayo de la víctima y se oye: ‘Ih, apagó’”, detalla el documento.

La estructura de mando del Comando Vermelho también quedó evidenciada en un registro de videollamada: durante la intervención, alias BMW conecta en video con Carlos Costa Neves, apodado “Gadernal" y ordena al castigado que explique ante el jefe los motivos de su sanción.

El informe muestra, además, los antecedentes contra BMW, vinculado a la muerte de tres médicos en un quiosco de Barra da Tijuca, en el sur de Río. Según las pesquisas policiales, las víctimas habrían sido confundidas con un jefe de una milicia rival. Tras descubrir el error, la propia facción ejecutó a los responsables materiales del ataque.

La investigación precisa que BMW no participó en esa ejecución, lo que explica que no haya sido objeto de represalias dentro de la organización.

El expediente resalta también la actuación de Fagner Campos Marinho, alias Bafo, identificado como brazo operativo en el tráfico de drogas y responsable de aplicar las agresiones físicas.

En uno de los casos documentados, Bafo golpeó a una persona, grabó un video mostrando a la víctima ensangrentada y le preguntó: “¿Quieres morir?”.

El material presentado ante la fiscalía muestra a la víctima atada, en evidente estado de sufrimiento y apenas capaz de balbucear respuestas tras la intensidad de la agresión.

El Ministerio Público sostiene que estas prácticas forman parte de un sistema de “disciplina”, empleado tanto contra miembros acusados de fallas internas como contra habitantes señalados por causar disturbios en el entorno de las favelas.

Según la denuncia, la organización utiliza los castigos para establecer reglas, infundir temor y demostrar su capacidad de control, no solo en el tráfico de drogas sino también en las dinámicas sociales de los barrios bajo su influencia.

Las autoridades también admiten el desafío que representa enfrentar estas conductas para el sistema judicial, que depende en gran medida del acceso a pruebas y de la identificación de los eslabones en las cadenas de mando del crimen organizado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la obtención de estos registros permite fortalecer las investigaciones y responsabilizar penalmente tanto a quienes cumplen las órdenes como a los que las imparten.

El informe concluye que la vigencia del régimen de castigos violentos sigue siendo una de las principales herramientas de control interno y externo del Comando Vermelho en las comunidades de Río de Janeiro, y que evidenciar su dinámica resulta esencial para la acción penal de las autoridades.

La Policía de Brasil realizó este martes un importante operativo en una favela cercana al barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, en el que al menos cinco personas murieron.

El operativo tuvo lugar en la Ladeira dos Tabajaras, un barrio carenciado en el morro que divide los barrios de Copacabana y Botafogo, al sur de Río. Vecinos informaron del ruido de intensos tiroteos desde primera hora de la mañana.

El comisario de la Policía Civil, Romulo Coelho, confirmó la maniobra en una rueda de y sumó que se desplegaron de decenas de policías, vehículos blindados y un helicóptero.

Los uniformados, sumó Coelho, fueron detrás de Vinicius Kleber di Carloantonio Martins, jefe del narcotráfico de la favela, responsable de la muerte de otro agente de la policía, pocos días atrás.

Joao Pedro Marquini era un agente de la Coordinación de Recursos Especiales (CORE) de la Policía Civil, que fue asesinado por el criminal el pasado 30 de marzo al oeste de Río, frente a su esposa -una jueza de la región- que lo seguía en otro automóvil.

Carloantoni Martins también estaba siendo buscado y tenía orden de captura por un delito cometido poco después, ya en otra favela, en el que quiso robar algunos de los vehículos de Marquini y su esposa para no levantar sospechas ante la policía, ya que el suyo había recibido impactos de bala.

Gracias al análisis de imágenes de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos e información de inteligencia es que las autoridades lograron reconstruir la secuencia de lo ocurrido aquella noche y actuar en consecuencia, este martes, explicó Coelho.

“Se logró vincular a los dos sospechosos con el cerro Tabajaras y definir la ruta que siguieron los delincuentes que atacaron a nuestro policía. No fueron solo ellos dos. El operativo aportó elementos que permitirán continuar las investigaciones”, señaló el jefe del Departamento General de Homicidios y Protección Personal de la Policía Civil, Alexandre Herdy.

El operativo de este martes se produjo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Brasil impusiera nuevas restricciones a la hora de llevar a cabo operativos policiales en favelas en Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones a los derechos humanos de los habitantes.

Según la nueva disposición, el máximo tribunal determinó que “siempre” que se realice una autopsia de las personas muertas durante acciones de las fuerzas de seguridad, se deben hacer en el sitio en el que fueron encontrados, al igual que las fotografías, que deben tomarse en la última posición de los cuerpos.

Asimismo, los primeros agentes en llegar deben ser responsables de que no se alteren las condiciones del lugar, que pudieran luego obstaculizar la investigación.

Por otro lado, los magistrados impusieron un plazo de 60 días para que los organismos de control interno de la Policía lleven a cabo las pertinentes investigaciones sobre muertes ocurridas durante operativos a su cargo, a la par que -en no más de 180 días- todos los vehículos y uniformes de las fuerzas de seguridad deberán disponer de cámaras que permitan documentar lo que ocurre en cada momento.

“No puede haber antagonismo entre la protección de derechos humanos y la construcción de políticas de seguridad pública compatibles con la Constitución”, se lee en el fallo.

(Con información de EFE)

Brasilia, 3 abr (EFE).- La Corte Suprema de Brasil impuso este jueves nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

El máximo tribunal determinó que "siempre" se lleve a cabo la autopsia de las personas muertas durante acciones de las fuerzas de seguridad y que los cadáveres sean fotografiados en la posición en que fueron encontrados.

Además, el tribunal ordenó que los agentes que lleguen primero al lugar de los hechos se aseguren de que no se hagan alteraciones que puedan obstaculizar la investigación posterior.

Los magistrados también impusieron un plazo de 60 días para que los organismos de control interno de la Policía lleven a cabo las pesquisas correspondientes sobre las circunstancias de cualquier muerte ocurrida durante un operativo policial.

Así mismo, el Supremo dio 180 días al Gobierno regional para comprobar que se instalen cámaras en los vehículos policiales y en los uniformes de los agentes, una medida clave para reducir las muertes.

La sentencia del tribunal sostiene que la política de reducción de la letalidad policial implementada por las autoridades de Río de Janeiro "todavía está lejos del ideal constitucional".

"No puede haber antagonismo entre la protección de derechos humanos y la construcción de políticas de seguridad pública compatibles con la Constitución", reza el fallo.

En relación con el combate al crimen organizado, el Supremo ordenó al Gobierno regional elaborar un plan de recuperación de territorios que estén bajo el control de bandas delictivas, con el objetivo de "permitir la presencia permanente del poder público".

La decisión del tribunal se da en respuesta a una demanda presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño, una formación de centroizquierda que alegó violaciones masivas de derechos humanos en materia de seguridad.

Según el partido en mención, el Gobierno regional incumplía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordenaba implementar una serie de medidas, tras la muerte de 26 personas durante unas incursiones policiales en la favela Nova Brasilia en 1994 y 1995.

En 2023, Río de Janeiro fue el séptimo estado brasileño con mayor letalidad policial, con una tasa de 5,4 muertes por cada 100.000 habitantes, según la ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

No lo meditó demasiado. La convenció una amiga suya, Salomé, que vive de manera itinerante en Brasil hace más de una década. “Venite. Acá vas a tener casa y trabajo”, le dijo. Con el visto bueno de sus padres, Gioia se ocupó de juntar dinero: vendió parte de su ropa y hasta organizó sorteos. Se fue con 600 reales, un bolso de mano y sin saber una palabra de portugués. Tampoco estaba familiarizada con Pavão Pavãozinho Cantagalo (PPG): la favela ubicada entre Ipanema y Copacabana, donde iba a vivir. “Sabía lo que sabe todo el mundo: que es peligroso. Pero me animé porque confié en mi amiga. Yo sola, no sé si lo hubiera hecho”, dice.

A PPG llegó en Uber. Salomé la recibió y la guió hasta el departamento que compartirían. “Empezamos a subir escaleras y, en el camino, ella me fue presentando a los vecinos. Me sorprendió la cantidad de personas que había. Todos hablaban a los gritos y en portugués, yo no entendía nada”, cuenta Gioia acerca de sus impresiones iniciales de la favela. Lo primero que hizo ese día fue ir a la playa: “Queda, literalmente, a tres cuadras. Es un lujo”. El contacto con el agua la conectó de manera inmediata con su abuela Mirta. “Nosotras siempre fuimos muy unidas. Nuestro sueño era hacer un viaje juntas. Lo habíamos hablado, pero nunca pudimos concretarlo. Ella amaba el mar”, relata.

Empezar de cero

Ya instalada en la favela, Gioia empezó a construir su nueva vida de a poco. A la convivencia, explica, se sumó Canela, otra amiga argentina que también estaba en Brasil. “Acá es fácil conseguir una casa porque no te piden más que un adelanto. En PPG los alquileres cuestan entre 1000 y 2000 reales, dependiendo si los departamentos están más o menos equipados. Nosotras pagamos 800 reales entre las tres (NdR: aprox. 135 mil pesos) porque el nuestro tiene poco mobiliario y una sola ventana”, cuenta Gioia sobre la unidad con dos habitaciones, baño, cocina y living en la que se instaló.

“No sé si el departamento es hermoso, pero nunca sentí que no podía estar ahí. Y eso que muchas veces aparecían ratas o se juntaba basura en los pasillos. De hecho, nuestros vecinos vendían comida y arrancaban a cocinar desde las 7 de la mañana con la música a todo volumen. Entre el olor y el ruido, al principio me costó; pero bueno, me entregué a la experiencia y decidí aceptarla tal como era”, detalla.

Para sostenerse, Gioia se dedicó a la venta ambulante en la playa. Empezó ofreciendo caipiriñas en un carrito prestado. “Las preparaba yo misma. Pero, como no tomo alcohol, las hacía sin probarlas. Fueron un éxito”, cuenta entre risas. “Trabajaba de seis de la tarde a dos de la mañana. En un día normal podía llevarme entre 100 y 150 reales, que es lo que necesitás para cubrir tus gastos. Si era una noche más movida, entre 200 y 300″, agrega. Tiempo después, la argentina cambió los tragos por vestidos. “Arrancaba cerca de las diez de la mañana y cortaba tipo cuatro de la tarde. A diferencia del carrito, que estaba quieto, acá caminaba por la playa para que me vieran”, explica.

Vivir en una favela

Hace unos meses, Gioia compartió un video suyo en PPG. “Una argentina viviendo en una favela. Acá no existen ni las zapatillas ni las medias”, se la escucha decir mientras camina en ojotas con un termo y un mate en la mano. La secuencia, que encabeza esta nota, se viralizó rápidamente en TikTok y generó cierta polémica. “Mirá si me voy a ir a vivir a una favela”, le comentó uno. “Es lo mismo que vivir en la 1.11.14, pero como es Brasil suena más cool”, se sumó otro. Gioia respondió a las críticas con un posteo en su cuenta de Instagram. “Te pueden vender la favela como lo más peligroso que existe (que también lo es para quien no respete) pero esta experiencia, no me la quita nadie”, escribió.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en los últimos doce años la población en las favelas brasileñas creció un 43,4 %. En la actualidad, de acuerdo con una revisión del Censo 2022, Brasil tiene 12.348 favelas. La más populosa, con 72.021 personas censadas, es la Rocinha, una famosa barriada que se desperdiga por un cerro ubicado entre São Conrado y Gávea, dos de los barrios más acaudalados de Río de Janeiro.

Acerca de PPG, un artículo del diario O Globo Río del año 2017, relata que, en la década de 1960, la comunidad vivió su primera gran tragedia cuando una enorme piedra se desprendió de la colina. No solo destruyó varias casas, sino que se cobró la vida de unos cuantos residentes. Este desastre marcó un hito en la historia de la favela, que, aunque tuvo mejoras urbanas en los años 70, como como conseguir suministro de agua y electricidad, enfrentó otro hecho devastador en 1983. Ese año, el colapso de un tanque de agua antiguo causó derrumbes y más pérdidas humanas.

—¿Cómo es PPG?

—Enorme. Tiene desde una asociación de moradores, hasta clínicas, escuelas, y talleres de boxeo y Jiu-jitsu para niños. También hay almacenes, kioscos, gimnasios, peluquerías y locales de ropa y comida. De hecho, entre estos últimos, hay una fábrica de empanadas argentinas que muchos compran para después vender en la playa. Acá viven del turismo y la mayoría se dedica a la venta ambulante. También alquilan reposeras y sombrillas en la playa. A diferencia de otras favelas, PPG tiene dos ascensores (NdR: se instalaron en 2010. Transportan al Mirante da Paz, un punto emblemático que simboliza las aspiraciones de integración de la favela con la ciudad). Como estamos en un piso 15, podemos usarlos de lunes a viernes, pero los fines de semana no están disponibles. Esos días pagamos un “mototaxi”, que te sube y baja por el morro porque es superempinado. Te cobran seis reales para subir y dos para bajar. Aunque parece poco, no todos pueden costearlo. Muchas veces veo gente mayor subiendo las escaleras con un bastón.

—¿Alguna vez viviste una situación de inseguridad?

—Yo no. Pero a una de mis amigas le robaron a una cadena de oro. Lo anecdótico es que fue afuera de la favela. PPG tiene códigos. Vos dejás la ropa colgada y no te la roban. Si llegara a pasar, le contás al responsable y alguien te va a ayudar a recuperarla. Como cualquier lugar, este tiene sus reglas y hay que respetarlas. Hay sectores a los que aconsejan no acercarse y otros donde no está permitido filmar ni sacar fotos. Siento que por vivir acá te tildan de ladrón o traficante de droga. “Si entrás te van a matar”, te dicen. Como en todos lados, hay gente que roba o vende droga. Eso existe, no lo voy a negar, pero también hay toda otra parte de calidez humana que nadie muestra. Las personas son amables, te reciben con una sonrisa y quieren saber de vos. En lo personal, acá me sentí muy segura y cuidada.

—¿Podrías describir un día de tu vida?

—Lo primero que hago cuando me levanto es salir a comprar pan. Acá las panaderías te venden pan con café y es lo que desayuna todo el mundo. En mi caso, prefiero el mate cocido. Compro el pan, desayuno y me preparo para ir a la playa. Hasta las 16 estoy vendiendo y después pego la vuelta. Desde que llegué, la idea siempre fue armar una rutina para el post playa, pero costó porque acá todos los días son diferentes. A veces se hacen ruedas de samba y voy. Otros días hago ejercicio, otros me quedo en casa.

Un balance

A diez meses de su llegada a Río, Gioia dirá que la experiencia la hizo crecer más en términos personales que económicos. “Yo me fui un poco deprimida de Argentina y estar en PPG me cambió la cabeza y la energía. Acá me hice un montón de amigos brasileros que me devolvieron la alegría. Ellos siempre están bailando y de buen humor. Tienen un don para ver la parte llena del vaso”, dice la joven que, por estos días, está de visita en Argentina.

“Vine a resolver unos temas de salud y a pasar las fiestas con mi familia. Pero el plan es volver porque soy muy feliz allá”, señala. Hace una pausa y se despide: “Antes, yo sentía que mi vida era aburrida y no le interesaba a nadie. Ahora soy la argentina que vive en una favela y me encanta mostrar cómo vivo y qué hago”.

Río de Janeiro, 30 oct (EFE).- El expolicía Ronnie Lessa, asesino confeso de la concejala Marielle Franco, declaró este miércoles ante la juez que mató a la política porque los autores intelectuales consideraban que ella podía ser un obstáculo para la venta de terrenos en un negocio inmobiliario.

Lessa dijo en el primer día de juicio que los mandantes del asesinato creían que la concejala de Río de Janeiro iba a ser una "piedra en el camino" para vender terrenos ligados a la milicia, los grupos paramilitares que controlan áreas del extrarradio de la ciudad brasileña.

El expolicía, que está en prisión desde 2019, aseguró por videoconferencia que, antes de recibir el encargo, él no conocía a Franco ni había oído hablar de ella.

Al mismo tiempo, Lessa aseguró que el objetivo original del atentado era Marcelo Freixo, otro concejal izquierdista, pero que él lo consideró "inviable" y una "locura" por tratarse de un político bastante conocido en la ciudad.

Franco fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 junto con Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que viajaba, luego de participar en un acto político en el centro de Río de Janeiro.

El expolicía dijo que su intención no era matar a Gomes, pero que la pistola que usó no era el arma "adecuada" para el crimen.

Antes de la declaración de Lessa, la asesora de la concejala González Chaves, que también se encontraba en el vehículo pero sobrevivió, narró sus recuerdos de aquel día y apuntó al impacto que tuvo sobre su vida, al verse forzada a mudarse a Madrid.

"No había cómo tener una vida normal después de ese episodio", dijo en la audiencia.

Lessa responde por los delitos de doble homicidio tres veces calificado, intento de homicidio y receptación del vehículo robado utilizado en el crimen y se enfrenta a penas que pueden llegar hasta los 84 años de prisión, como pide la Fiscalía.

Mujer, negra, lesbiana y nacida en una favela, Franco se destacó por ser una enérgica defensora de los derechos humanos de los más necesitados y por combatir a los grupos mafiosos que dominan las emprobrecidas comunidades de Río.EFE

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 30 oct (EFE).- La familia de Marielle Franco pidió este miércoles, en Río de Janeiro, justicia por el asesinato de la concejala y activista brasileña durante el primer día del juicio a los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, acusados de ser los autores materiales del crimen.

"Justicia sería que mi madre estuviera aquí", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada Luyara Santos, al recordar a su madre.

Franco fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 junto con Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que se trasladaba, luego de participar en un acto político en el centro de Río.

En medio de girasoles y pancartas y vistiendo camisetas que decían "Justicia por Marielle y Anderson", el acto, realizado antes del inicio del juicio, también pidió justicia por otras personas "negras, pobres y de favela" víctimas de crímenes que permanecen impunes.

La audiencia revivió en toda la familia el mismo dolor que tuvieron cuando supieron de la muerte de Marielle.

"La sensación que tengo es que estoy viviendo ese dolor", dijo Marinete da Silva, la madre de quien defendió a capa y espada los derechos de los más necesitados en Río.

En el acto también participaron el padre, Antônio Francisco da Silva Neto, y la hermana, Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien recordó que muchas familias como la suya pasan por el mismo dolor.

La familia estuvo acompañada por decenas de personas que se dieron cita frente al tribunal donde se realiza la audiencia, cargados con carteles, panfletos y broches.

El juicio contra los expolicías acusados de ser los autores materiales comenzó hacia las 11:00 hora local (14:00 GMT), dos horas después de lo previsto, con el testimonio de Fernanda González Chaves, única sobreviviente del atentado y la principal testigo.

La entonces asesora de Franco, por seguridad, tuvo que salir rumbo a Madrid con su familia tras el atentado y no pudo ni siquiera estar en el funeral de la que además de su jefa era su amiga.

"No había cómo tener una vida normal después de ese episodio", dijo durante su declaración en la audiencia.

La exasesora también narró lo ocurrido en la noche del crimen.

Según la testigo, iban charlando de cosas del trabajo y minutos después, dijo, oyó una ráfaga y en un acto reflejo se agachó y sintió que, aunque el carro había sido impactado, seguía en movimiento.

"Marielle estaba inmóvil y su cuerpo cayó encima de mí", añadió.

El juicio está previsto que termine el jueves y se lleva a cabo en la sala cuarta de un tribunal de Río, con siete jurados -cinco hombres y dos mujeres- que fueron elegidos entre un grupo de 21 y que decidirán la suerte de Lessa y Queiroz, presos desde 2019.

Los acusados responden por los delitos de doble homicidio tres veces calificado, intento de homicidio y receptación del vehículo robado utilizado en el crimen y se enfrentan a penas que pueden llegar hasta los 84 años de prisión para cada uno, como pide la Fiscalía.

Por otro lado, están acusados de ser los autores intelectuales el diputado federal José 'Chiquinho' Brazão -que era concejal en la misma época de Franco-, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de Río Rivaldo Barbosa.

Los tres están denunciados tras la confesión de Lessa, en el marco de un acuerdo de cooperación judicial, y serán juzgados por la Corte Suprema en una fecha aún por concretar.

Mujer, negra, lesbiana y nacida en una favela, Franco, también se destacó por combatir a los grupos mafiosos que dominan las empobrecidas comunidades de Río.

El atentado contra la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que para entonces tenía 38 años, tuvo una clara connotación política que solo empezó a dilucidarse a comienzos de 2023, cuando las investigaciones pasaron al Supremo, en Brasilia, tras cinco años prácticamente paralizadas en Río. EFE

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Río de Janeiro, 22 ago (EFE).- ‘Ciudad de Dios: la lucha no para’, la serie que da continuidad a la galardonada película brasileña, llega a la pantalla chica este domingo con la misión de encontrar un equilibrio entre la extrema violencia del narcotráfico y el potencial de los habitantes de las favelas.

Más de dos décadas después de que la película atrajera la atención de miles de espectadores alrededor del mundo a las luchas en la periferia de Río de Janeiro, HBO y la productora O2 Filmes resucitan la estética y algunos de los personajes para hablar de una nueva realidad.

“Los personajes que sobrevivieron a la película volvieron ahora”, bromea en entrevista con EFE Fernando Meirelles, director del largometraje y ahora productor de la serie.

Los narcotraficantes siguen allí, igual de violentos y listos para apretar el gatillo, así como los políticos corruptos, con sus sobres de dinero y la sed de poder.

Además, han hecho su aparición nuevos actores como las milicias, los grupos de antiguos policías que hoy en día se disputan el control de las favelas con el narco.

“Antes el crimen tenía cuchillo, ahora lleva ametralladora”, relata en el primer capítulo el fotoperiodista de sucesos Buscapé, narrador tanto de la película como de la serie e interpretado por Alexandre Rodrigues.

Y en los primeros capítulos de ritmo trepidante, efectivamente, los tiros de ametralladora no faltan cuando un antiguo pandillero recién salido de prisión empieza a luchar contra su antiguo patrón por un hueco en los negocios.

Pero, en un contexto en el que proliferan las series sobre narcotraficantes latinoamericanos, 'Ciudad de Dios' quiere dar un paso más; no quedarse en el baño sangre, sino mostrar esta vez el punto de vista de los habitantes de la favela.

“Mostramos cómo en las comunidades está surgiendo el movimiento negro y cómo los que antes eran víctimas se están convirtiendo en protagonistas y empezando a cambiar la sociedad”, explica Meirelles.

Entre tiro y tiro, hay destellos de lo que dice Meirelles: el líder social Barbantinho busca presentarse a regidor en el Ayuntamiento de Río de Janeiro y el propio Buscapé empieza a preguntarse si debería fotografiar menos truculencia sensacionalista y más escenas de resistencia por parte de los vecinos.

Y también está Berenice, una peluquera de armas tomar que regresa a la favela después de varios años y que está alerta por si a su novio se le ocurre meterse a hacer fechorías.

“No es nuestra guerra; es la suya. Si escoges la vida de criminal, estás fuera de mi vida”, le advierte ella.

“No lo hago por convertirme en criminal, sino por la comunidad”, responde él, una referencia al solapamiento que hay a veces entre el papel de narcotraficante y el de proveedor para zonas históricamente ignoradas por las autoridades.

La actriz Roberta Rodrigues, que hace de Berenice tanto en la serie como en la película, afirma a EFE que ya es hora de hablar de “esperanza”.

Rodrigues nació y creció en la favela del Vidigal en Río de Janeiro y se formó como actriz gracias a un proyecto de teatro impulsado por una ONG y dirigido a los habitantes de la periferia.

“Sabemos que en las favelas solo el 1 % está dedicado al crimen… Es un lugar normal con gente que trabaja, que sueña, y que son atletas increíbles como vimos en los Juegos Olímpicos”, afirma.

La serie, dirigida por el cineasta brasileño Aly Muritiba, estará disponible en HBO Latino en EE.UU. y en la plataforma Max en el resto de países, con un nuevo capítulo cada domingo por la tarde.

Jon Martín Cullell