Con la muerte de Germán Vargas Lleras, el 8 de mayo de 2026, la política colombiana pierde una de sus voces más críticas y documentadas sobre los procesos de paz con grupos armados, particularmente aquellos carentes de hoja de ruta y con participación de organizaciones criminales. Su fallecimiento marca el fin de una trayectoria que incluyó momentos de enfrentamientos parlamentarios, gestiones ejecutivas y una defensa constante de la institucionalidad.

En octubre de 2001, Vargas Lleras, entonces senador de la República, encabezó un debate parlamentario considerado histórico, en el que denunció que la zona de distensión del Caguán –establecida por el gobierno del presidente Andrés Pastrana para la guerrilla de las Farc– se había convertido en un enclave criminal con presencia de cultivos ilícitos, secuestros y lavado de dinero.

En esa intervención, presentó cifras específicas: “En la zona neutral, en poder de la guerrilla de las Farc, se han cometido delitos inadmisibles. De acuerdo con las evidencias, en esos 42.139 kilómetros se han mantenido a 132 secuestrados, de los cuales 17 fueron asesinados allí mismo, incluso después de que sus familias pagaran el rescate”, citó entonces Vargas Lleras ante el Congreso.

El 2 de octubre de 2001, los señalamientos públicos de Vargas Lleras incrementaron la presión sobre el expresidente Pastrana, que luego suspendió las negociaciones a raíz del secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem durante el secuestro de un avión comercial. “La zona de distensión no es un laboratorio de paz, es un santuario del delito. Se pasó de 10.220 hectáreas de hoja de coca a más de 13.500 en solo 34 meses. Existen pistas para aviones que son usadas descaradamente para el tráfico de armas y estupefacientes ante la mirada impotente del Estado”, remarcó el exvicepresidente en aquel debate.

Vargas Lleras, de denunciante parlamentario a ejecutor de políticas sociales

El paso de Vargas Lleras por el Congreso de la República estuvo marcado por cuestionamientos frontales a las negociaciones de paz, primero durante el gobierno de Andrés Pastrana y, posteriormente, frente a los procesos impulsados por Gustavo Petro. Sobre la región del Caguán, fue enfático: “No podemos seguir permitiendo que el Caguán sea un Estado dentro del Estado. Mientras el Gobierno se sienta a dialogar en una mesa, las Farc utilizan ese territorio para fortalecerse militarmente, lavar dinero y planear ataques contra el resto del país”, sostuvo el político colombiano ante el Senado en 2001.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras asumió la vicepresidencia y se enfocó en la modernización de la infraestructura nacional y en el desarrollo de políticas sociales, dejando de lado su papel de crítico para dedicarse a la gestión ejecutiva. Fue responsable de la ejecución del programa de 100.000 viviendas gratis para personas vulnerables y del último gran salto en infraestructura vial que registró Colombia en las últimas décadas.

Aunque durante esos años se mantuvo en silencio respecto a las negociaciones de paz con las Farc, Vargas Lleras regresó posteriormente a la arena del debate público como columnista en El Tiempo. En este espacio, se consolidó como uno de los opositores más vehementes a la política de Paz total del presidente Gustavo Petro. En efecto, acusó al actual gobierno de falta de agenda, impunidad y de haber incrementado la violencia en el país, mientras cuestionaba los lineamientos y los compromisos asumidos en los recientes acercamientos con grupos armados ilegales.

En definitiva, Germán Vargas Lleras fue un severo crítico de los procesos de paz en Colombia. Su fallecimiento deja un vacío en el sector político que demandaba enfoque, agenda y resultados en materia de seguridad y legalidad, según documentó El Tiempo en sus análisis y columnas.

La firma del Acuerdo de Paz 2016 con las Farc bajo Juan Manuel Santos coincidió con el rol técnico y operativo de Vargas Lleras en el Ejecutivo, que no se pronunció públicamente sobre el proceso. Solo después, ya fuera de la vicepresidencia, retomó la crítica. Desde su columna publicada en septiembre de 2025 en El Tiempo, manifestó: “En estos tres años Petro empoderó a los narcos, dejó las zonas cocaleras bajo su control y nunca ha mostrado el menor interés en erradicar ni en combatir la producción de coca; no cooperó judicialmente y suspendió la extradición de muy peligrosos delincuentes... prueba de la desbordada tolerancia con que este gobierno maneja sus negociaciones de paz”.

Impedido por su enfermedad para postularse como candidato presidencial, Vargas Lleras orientó el debate político a través de sus columnas, en las que advertía sobre el riesgo de que la complacencia con actores armados ilegales se consolidara bajo el pretexto de la paz. En una de sus reflexiones más citadas, reiteró: “La complacencia con las estructuras criminales bajo la farsa de la ‘paz total’. Estamos en un punto de quiebre y nos enfrentamos a un debate decisivo. De un lado, un sector político encabezado por Petro que quiere sustituir la Constitución para, entre otros objetivos, perpetuarse en el poder; y del otro, un país que valora las libertades y la separación de poderes”, conformerecuperó el periódico.

La muerte de Germán Vargas Lleras, congresista, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, generó conmoción nacional y movilizó a todos los sectores políticos del país en torno a la figura y el legado de una de las figuras que definió la política nacional durante las últimas tres décadas.

Reconocido por su postura en contra del terrorismo por cuenta de los grupos armados al margen de la ley, Vargas Lleras fue víctima de uno de los atentados más sonados en contra de un líder político en la historia nacional. No fue la única vez que su vida estuvo en riesgo, y en cada ocasión tuvo implicaciones tanto en su salud como en su modo de manejarse en la política.

El “libro bomba” de 2002

El 13 de diciembre de 2002, el entonces senador de movimiento Colombia Siempre que le extendió su apoyo a Álvaro Uribe Vélez en su candidatura presidencial y previamente fue un opositor al proceso de paz adelantado por Andrés Pastrana; recibió una agenda en su despacho del Congreso de la República en Bogotá.

El paquete, presuntamente enviado por su esposa, según aparecía escrito en el paquete, contenía un libro bomba. Al manipular el objeto, una carga de explosivo C-4 detonó parcialmente, causando la pérdida de dos dedos de la mano derecha y quemaduras en el cuello y los brazos.

Vargas Lleras fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció varios meses en recuperación. En ese momento, no se conocía la autoría del atentado, aunque se realizaron dos capturas sin condenas. El hecho marcó un punto de inflexión en su carrera y vida personal, pese a lo cual regresó a ejercer su rol como senador tan pronto como le fue posible, contradiciendo las órdenes médicas.

El “carro bomba” de 2005

El 10 de octubre de 2005, al salir del programa Hora 20 de Caracol Radio, Vargas Lleras fue nuevamente objetivo de un atentado, esta vez con un carro bomba. El artefacto explotó al paso de la caravana de seguridad en la que se movilizaba el político por la carrera novena de Bogotá.

Vargas Lleras salió ileso, ya que se encontraba lejos del epicentro de la explosión, pero nueve personas, entre ellas varios de sus escoltas, resultaron heridas. Los vehículos quedaron destruidos y el atentado causó graves daños en los alrededores.

Durante años, Vargas Lleras manejó la hipótesis de una posible participación de organismos estatales, específicamente el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), algo que se incrementó en medio del escándalo de las “chuzadas” de dicha entidad. Tiempo después se confirmó la responsabilidad de las Farc en el acto terrorista.

Ese mismo año se conoció que grupos paramilitares del Meta planearon otro ataque contra Vargas Lleras durante un acto en la Plaza de Toros La Santamaría, que fue frustrado por los organismos de seguridad.

Reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc y reconocimiento de Vargas Lleras como víctima en la JEP

El 2 de noviembre de 2020, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exjefe de las extintas Farc, envió una carta al expresidente Juan Manuel Santos en la que reconoció la autoría de la guerrilla en los dos atentados contra Vargas Lleras.

En la misiva, Londoño pidió perdón por los hechos y se comprometió a aportar toda la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte del proceso de justicia transicional. El reconocimiento generó sorpresa en Vargas Lleras, que en una columna publicada días después manifestó su disposición a perdonar, y aunque las agresiones le causaron sufrimiento físico y emocional, aseguró que no buscaba reparaciones materiales ni beneficios políticos.

Eso sí, subrayó la importancia de conocer la verdad completa y que se garantice la no repetición de estos hechos, así como la identificación plena de los responsables. Consideró el acto de reconocimiento un avance en el proceso de reconciliación y justicia transicional en Colombia.

En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Germán Vargas Lleras como víctima de la violencia de las Farc en el macrocaso 10 sobre crímenes no amnistiables. Esta decisión le otorgó el derecho de participar activamente en el proceso de esclarecimiento de los hechos, formular preguntas y presentar observaciones ante la JEP. El organismo judicial valoró la relevancia de su testimonio para reconstruir la verdad histórica del conflicto armado.

“Me gasté las 10 vidas del gato”

A lo largo de su vida, Vargas Lleras no solo tuvo que lidiar con atentados que lo llevaron a ser uno de los hombres más escoltados de Colombia. Cuando daba sus primeros pasos en la vida política, fue testigo en primera fila del magnicidio de Luis Carlos Galán, y reveló que él pudo haber perdido la vida allí. “Si el sicario hubiera demorado cuatro segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente. Venía detrás de él y, pues, me hubieran también asesinado”, contó.

Además, las calamidades domésticas también hicieron mella en su salud. En 2002, después de la campaña presidencial en la que apoyó la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, Vargas Lleras tomó un crucero por el Caribe junto a su familia. Mientras se encontraba en la isla de San Martín, al costado oriental de Puerto Rico, el entonces senador nadaba en el mar cuando una corriente de agua lo arrastró hasta llevarlo a impactar con violencia contra unas piedras en el fondo del mar.

“El golpe fue tan duro que tuve un desprendimiento de la llamada cara del cráneo, lo que en términos médicos se denomina Le Fort”, contó a la revista SoHo en 2014. “En el centro de salud de la isla no tenían los implementos necesarios para atenderme, así que mi familia logró llevarme de urgencias a Bogotá, donde me operaron. Después de 12 horas de cirugía, salí con la cara llena de unas placas de hierro y platino que aún conservo”, agregó.

Un año más tarde, tuvo que lidiar con otra situación cercana a la muerte mientras viajaba en un helicóptero. “Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto cuando, saliendo, falló el rotor de cola. Fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas de un municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más: la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande”, recordó.

En diciembre de 2015, Vargas Lleras se desmayó en un acto público en Floridablanca, Santander, mismo que fue atribuido a exceso de trabajo. Fue el primer indicio de los problemas de salud que terminarían derivando en su deceso.

“Ya me gasté las diez vidas del gato, pero mientras tenga voz y tenga vida, mi único compromiso será seguir cumpliéndole a este país”, reflexionó sobre estas situaciones.

En la tarde del 28 de abril, las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron haber sido responsables del atentado terrorista registrado el 25 de abril en Cajibío, Cauca, en el que fallecieron 20 personas.

“Reconocemos ante las comunidades rurales de Colombia, la opinión nacional e internacional, que, en el marco de una acción propagandística sobre la vía panamericana que derivó en una confrontación contra fuerzas militares en la vereda el Túnel de Cajibio Cauca, se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos, que por años vieron transitar y construir patria a los combatientes“, se lee en el documento expuesto por el grupo armado en redes sociales.

Las disidencias confirmaron que se trató de un atentado que iba dirigido a las Fuerzas Militares, pero un error por parte de uno de sus militantes provocó que explotara antes de tiempo, cuando pasaban varios vehículos particulares y de servicio público.

En el documento, el grupo armado reconoce que hubo errores que terminaron en la muerte de ciudadanos civiles, por lo que aseguraron que desde que se registró el hecho están en contacto con las poblaciones de la zona para ayudarlas.

Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y sus exigencias"

A pesar de las disculpas, argumentaron que el atentado podría haberse evitado si las “élites” no los alejaran de las discusiones sobre un posible acuerdo de paz.

“En la violencia, incluido el trágico error que cometimos las partes, siempre han coincidido posiciones aferradas a la negación del adversario y a la creencia de que las soluciones son estructurales. Hemos defendido históricamente la negociación política como la solución política al conflicto social y armado. El Estado cierra las puertas al diálogo y profundiza la espiral de violencia, en la que siempre terminan los civiles en medio del fuego cruzado”.

El Estado Mayor Central anticipó que su “error” será utilizado durante la campaña presidencial para promover mensajes de odio y guerra.

“Es hora de desescalar la confrontación; insistimos en la necesidad y urgencia de buscar modos de solución política que eviten el derramamiento de sangre de más colombianos. Por ello, más allá de la instrumentación política y mediática que en campaña azuzan los coros guerreristas de la ultraderecha para confundir y que los colombianos caigan en la trampa de la venganza y horror de la guerra y así revivir la siniestra política de la seguridad democrática”.

De la misma forma, responsabilizaron al Gobierno Petro de aliarse con el “imperialismo norteamericano” y denunciaron que existe una alianza entre las autoridades y estructuras paramilitares para combatirlos.

“Llamamos al pueblo colombiano a retomar la bandera de la paz, que el gobierno del cambio bajó el son latino de intereses del imperialismo norteamericano para enfilar sus operaciones paramilitares contrainsurgentes en todo el territorio nacional, y que hoy tienen al país en un nuevo ciclo de accionar bélico. Reconocer nuestros errores no nos hace menos responsables de los actos, como tampoco callarnos ante la constante agresión que silenciosamente se ha desarrollado sobre zonas rurales por parte de las fuerzas militares y sus aliados paramilitares con sectores serviles que se lucran de la guerra”.

Por último, el grupo armado liderado por “Iván Mordisco” anticipó que estarán a disposición de las familias de las víctimas para repararlos de alguna forma.

“No podemos ocultar, ni justificar el error cometido, nuevamente a los familiares de las víctimas y a las comunidades afectadas en esta acción, nuestro más profundo sentimiento de condolencias y nuestra disposición para reparar hasta donde nos lo permitan, el dolor causado”.

Como parte del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad, la JEP anunció el llamado a 20 exintegrantes de las extintas Farc para que reconozcan su responsabilidad como máximos responsables a nivel regional, tras identificar su liderazgo o participación determinante en este patrón macrocriminal.

La decisión se fundamenta en una investigación que abarca hechos ocurridos entre 1971 y 2016 y que, según el tribunal de paz, permitió establecer la magnitud y sistematicidad del reclutamiento de menores en distintas regiones del país.

Identificación de responsables

De acuerdo con la Sala, los comparecientes pertenecieron a estructuras regionales como los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central. Fueron señalados como máximos responsables por su capacidad de decisión, control y ejecución de órdenes relacionadas con el reclutamiento de niños y niñas.

Catorce de los llamados fueron identificados como responsables por liderazgo regional, es decir, por haber ocupado cargos de mando desde los cuales dirigieron o facilitaron estas prácticas. Otros seis fueron vinculados por su participación determinante en hechos específicos considerados graves y representativos dentro del patrón investigado.

La JEP explicó que estas personas, incluso sin ejercer comandancias de bloque en algunos casos, realizaron aportes esenciales en la ejecución de delitos relacionados con el reclutamiento, ya fuera mediante funciones operativas, de inteligencia o de organización dentro de la estructura armada.

En total, la investigación del Caso 07 ha identificado a 26 máximos responsables entre niveles nacional y regional. Según la JEP, antes de este proceso, en la justicia ordinaria existían únicamente nueve sentencias relacionadas con estos hechos, una cifra que calificó como limitada frente a la dimensión documentada.

Dimensión del fenómeno y hallazgos de la investigación

La Sala de Reconocimiento indicó que 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las extintas Farc-EP entre 1971 y 2016, según el Universo Provisional de Hechos del Caso 07. Los años con mayor incidencia fueron 1999, 2002, 2007 y 2013.

El análisis determinó que el reclutamiento ocurrió de forma sistemática en todo el país, con excepción de San Andrés y Santa Catalina, y en todas las estructuras de la organización. Además, se estableció que el Bloque Oriental concentró cerca de la mitad de los casos documentados a nivel nacional.

En cuanto a las modalidades, la investigación señaló que el 64% de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22% se dio mediante engaño y el 13% por persuasión. Estos datos evidencian distintos mecanismos de vinculación utilizados en los territorios.

La Sala también documentó que las condiciones sociales y económicas de las zonas rurales, caracterizadas por pobreza, limitada presencia estatal y dificultades de acceso a servicios básicos, fueron factores que incidieron en la vulnerabilidad de las víctimas.

En testimonios recogidos por la JEP, algunas víctimas describieron estas condiciones. “Siempre fui un niño de campo y la verdad la vida de campo no es la misma que la de la ciudad (…) los niños y niñas del campo viven en el olvido y por eso suceden estas cosas”, relató una de ellas ante la Sala.

Otro testimonio señaló: “teníamos la escuela muy lejos, nos tocaba pasar por barro, por potreros con ganado bravísimo, hasta meternos por la selva para poder llegar al colegio”.

Política de incorporación

La investigación concluyó que el reclutamiento de menores respondió a una política de facto de incorporación dentro de la organización, derivada de la necesidad de aumentar su capacidad militar. Aunque existían lineamientos formales que establecían una edad mínima de ingreso, estos no se aplicaron de manera efectiva.

La Sala identificó factores como la ausencia de mecanismos de verificación de edad, la falta de sanciones internas y la priorización de la aptitud física sobre la edad, lo que permitió la incorporación de menores incluso por debajo de los 15 años.

En el proceso participan 11.052 víctimas acreditadas, de las cuales 2.025 son individuales y 9.027 pertenecen a comunidades étnicas, incluyendo pueblos indígenas y un consejo comunitario afrodescendiente. A partir de sus relatos, la JEP reconstruyó más de 1.500 historias individuales.

Asimismo, el tribunal documentó impactos colectivos en comunidades étnicas, donde el reclutamiento afectó estructuras sociales, prácticas culturales y procesos de transmisión de conocimiento, según lo expuesto por autoridades indígenas y representantes comunitarios.

Etapas del proceso y posibles consecuencias

Tras este llamado, los 20 exintegrantes deberán decidir si reconocen o no su responsabilidad. En caso de aceptación, el proceso continuará por una vía dialógica que puede derivar en sanciones propias dentro del sistema de justicia transicional.

Por el contrario, quienes no reconozcan los hechos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que evaluará si presenta cargos ante el tribunal para la paz. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

La Sala indicó que con esta decisión se completa la investigación del patrón de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el Caso 07, tras haber definido los hechos, identificado a los responsables y establecido el alcance territorial del fenómeno. Este proceso se suma a decisiones previas en las que integrantes del antiguo Secretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad por estos hechos en marzo de 2026, en el marco del mismo caso.

El Gobierno de Perú a través de la Cancillería manifestó su más enérgica condena por el atentado terrorista que dejó al menos 14 muertos y 38 heridos en Cajibío, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Además, expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo colombiano.

De acuerdo con reportes recogidos por Reuters, el ataque, atribuido a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afectó a vehículos civiles en la vía Panamericana, una de las principales arterias del país.

Comunicado de Cancillería

Según la Cancillería peruana, el mensaje oficial incluyó votos por la pronta recuperación de los heridos y reafirmó el compromiso de cooperación con Colombia frente a la delincuencia organizada transnacional y cualquier manifestación de violencia en la región. El pronunciamiento surgió horas después del atentado, que generó consternación tanto en la población local como en los gobiernos de América Latina.

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la localidad de Cajibio en el departamento del Cauca en la República de Colombia, y expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano en estos momentos de pesar” aseveró en su comunicado oficial.

Asimismo, precisó que: “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región, y hace llegar sus votos por la pronta recuperación de los heridos y afectados por estos hechos que atentan contra el bienestar y la tranquilidad pública del hermano pueblo de Colombia”.

¿Qué pasó en el municipio de Cajibío en Colombia?

El hecho ocurrió el sábado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando un artefacto explosivo detonó de manera indiscriminada al paso de una caravana de al menos 15 vehículos. Las autoridades señalaron que entre las víctimas fatales se encuentran civiles, incluidos cinco menores de edad, mientras que los lesionados presentan quemaduras y heridas de diversa gravedad. El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, detalló en un primer momento que el ataque había causado siete muertos y 20 heridos, pero posteriormente actualizó la cifra a 14 fallecidos y 38 heridos tras la revisión de los equipos de emergencia.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, se informó a través de la red social X. Horas después, el propio gobernador amplió la cifra. “Lo sucedido es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, agregó en su declaración pública el funcionario.

Octavio Guzmán, gobernador de Cauca, también alertó sobre otros hechos violentos registrados en los municipios de El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, enfatizó Guzmán, según recogió Reuters.

De acuerdo con las Fuerzas Militares de Colombia, la acción fue atribuida a estructuras criminales de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, informó en conferencia de prensa que durante las últimas horas se han reportado “una ola de atentados” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. “Durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil”, afirmó López Barreto, citado por El Tiempo.

El jefe militar explicó que esta serie de ataques estaría relacionada con la presión sostenida que el Gobierno colombiano mantiene sobre estos grupos armados. “Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló López Barreto.

Pronunciamiento de Gustavo Petro

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y solicitó a la comunidad internacional la máxima persecución contra el grupo armado. En su cuenta oficial de X, el mandatario remarcó: “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Petro vinculó a los autores materiales con alias “Iván Mordisco”, líder de una de las principales facciones disidentes de las FARC.

El atentado se produjo pocas horas después de la visita de Petro a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y altos mandos militares para acordar acciones conjuntas contra los grupos criminales en la extensa frontera binacional de más de 2.200 kilómetros.

Las fuerzas armadas de Colombia mantienen operativos de vigilancia y patrullaje aéreo en el área de Cauca para detectar posibles explosivos remanentes y prevenir nuevas amenazas. El Ejército informó que se encuentra en máxima alerta y que permanece en coordinación con las autoridades civiles y organismos de emergencia para atender a los heridos y garantizar la seguridad de la población.

La condena de Perú se suma a la de otros países y organismos internacionales que han rechazado los hechos y expresado su solidaridad con las víctimas. El comunicado oficial del gobierno peruano reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región”, indicó el mensaje diplomático difundido este sábado.

El 24 de abril se llevó a cabo la segunda audiencia del proceso en el que cabecillas del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP reconocieron y entregaron testimonios sobre secuestros y crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su mando.

Uno de los hechos resaltados de la diligencia fue cuando el compareciente Luis Alejandro Cuadras reconoció que él estuvo a cargo del secuestro y la muerte de la exministra Consuelo Araujo Noguera, conocida en la región como “La Cacica”, conocida en Colombia por haber sido parte del comité fundador del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Hago el reconocimiento del secuestro de la exministra Consuelo Araujo Noguera, como un hecho que realmente nos ha dejado a nosotros una mancha imborrable... Esto fue realizado en el corregimiento de Patillal, hacia la vía Valledupar. El secuestro lo registró una unidad de doce hombres que estaban en este lugar. Tenían el conocimiento de que había un evento con altas personalidades”, fueron las palabras del compareciente.

El exguerrillero reveló que este hecho fue ordenado y autorizado por “Iván Márquez”, actual comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“Él me manifiesta o me orienta, me dice que Consuelo va para el canje de prisioneros de guerra con guerrilleros presos. Reconozco que esto no tengo cómo explicarlo o justificarlo, no tengo cómo decir que cometimos una falla, fue un delito de lesa humanidad contra una persona muy querida por el pueblo vallenato, era una leyenda que todo mundo admiraba y reconocía”.

Luis Alejandro Cuadras lamentó la muerte de “La Cacica” y reconoció la importancia que esta mujer tenía para la cultura de la región.

“No se puede justificar la magnitud del sufrimiento que tuvo que pasar Consuelo y todas las personas cerca de ella que fueron secuestradas. Las afectaciones fueron múltiples y no solo se afectó a su familia. A su fanaticada y a la cultura vallenata, que tiene que ver con la educación cultural en el departamento. Son cosas que ocurrieron e hicieron nuestros hombres y, por lo tanto, hay que responder”.

La importancia de Consuelo Araujo para el Cesar y La Guajira

“La Cacica” era una figura emblemática de la cultura colombiana, especialmente en la región Caribe. Nació en Valledupar en 1940 y su vida se caracterizó por una intensa actividad en la promoción del folclor vallenato. Desde joven, Araujo Noguera incursionó en el periodismo y la gestión cultural, fundando el Festival de la Leyenda Vallenata junto a Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen.

Este festival se convirtió en el principal escenario para la preservación y difusión de la música vallenata, atrayendo cada año a intérpretes, compositores y público de todo el país y del extranjero.

Su apodo, “La Cacica”, le fue dado como una muestra del liderazgo que demostró en un ámbito marcado por la presencia masculina. Defendió la identidad y las tradiciones de la costa Caribe, impulsando la literatura, la música y la memoria oral. Además, incursionó en la vida política, fue representante a la Cámara y ministra de Cultura, desde donde continuó gestionando iniciativas para fortalecer el patrimonio cultural colombiano.

En septiembre de 2001 fue secuestrada por un grupo armado (se especuló sobre cuál) mientras se desplazaba por una vía rural en Cesar.

Tras varios días de incertidumbre y operaciones de búsqueda, se confirmó que había sido asesinada. Su muerte generó un profundo rechazo social y puso en evidencia la vulnerabilidad de líderes sociales y culturales en medio del conflicto armado colombiano. La figura de “La Cacica” quedó asociada a la defensa de la cultura vallenata y a la lucha por la paz y la justicia en Colombia.

La Policía Nacional entregó un balance de los diez años de funcionamiento de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en el que se destaca que 101.785 uniformados han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado interno, según información publicada por Revista Semana.

El informe evidencia el impacto del conflicto dentro de la institución y el papel que ha tenido esta unidad en la implementación de acciones relacionadas con el proceso de paz en Colombia. Durante este periodo, la UNIPEP ha liderado el diseño, coordinación y despliegue de estrategias institucionales orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el acuerdo firmado con las extintas Farc.

Entre las funciones principales de esta unidad se encuentra el acompañamiento a las zonas de reincorporación, la verificación de los ceses al fuego y la dejación de armas por parte de los excombatientes. Estas labores han sido clave para consolidar la transición hacia escenarios de menor confrontación en distintas regiones del país.

Uno de los datos más relevantes del balance es el relacionado con el material de guerra entregado por la antigua guerrilla. Según el reporte oficial, se logró la custodia y extracción de 8.122 armas, equivalentes a 69 toneladas de armamento, en el marco del proceso de desarme.

Además de estas acciones operativas, la institución ha avanzado en procesos de memoria histórica y reparación dirigidos a los miembros de la Policía afectados por la violencia. Este enfoque busca visibilizar el impacto del conflicto en la fuerza pública y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

“Este enfoque del servicio de policía ha permitido fortalecer la confianza institucional en las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, ya que trasciende la atención de los fenómenos delictivos”, señala el balance, citado por Revista Semana.

La estrategia implementada por la UNIPEP también ha estado orientada a promover acciones preventivas, con el objetivo de reducir la violencia y mejorar las condiciones de seguridad en territorios vulnerables. Estas intervenciones incluyen un enfoque diferencial basado en derechos humanos, género y protección de comunidades en riesgo.

En paralelo, la unidad ha desempeñado un papel como enlace con países y organismos internacionales de cooperación, facilitando el desarrollo de programas enfocados en la reconstrucción social en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estas zonas han sido históricamente afectadas por el conflicto armado.

El balance también resalta los esfuerzos en materia de memoria histórica. Como parte de estas iniciativas, se han construido cinco monumentos, se han publicado 21 libros y se han producido cinco documentales, además de otros contenidos audiovisuales orientados a preservar la memoria de las víctimas y promover la verdad.

A pesar de los avances reportados, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz continúan siendo evidentes en varios territorios del país. Un informe de Función Pública citado en el contexto del balance advierte que 38 municipios con PDET no han entregado sus informes de rendición de cuentas, lo que refleja dificultades en el seguimiento institucional.

Estos resultados se conocen en medio de un debate nacional sobre el alcance y cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con la seguridad en las regiones y la reparación de las víctimas.

El reconocimiento de más de 100.000 policías como víctimas del conflicto pone en evidencia la magnitud del impacto que la violencia ha tenido en la fuerza pública y plantea la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de reparación y memoria en el país.

En la noche del lunes 20 de abril de 2026, uniformados de la Policía Nacional fueron atacados en Cartagena del Chairá, Caquetá, durante un operativo especial vinculado a una feria regional, resultando en la muerte del patrullero Geison Rayo Espinoza, de 24 años.

El joven agente, junto a sus compañeros, llevaba a cabo tareas de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes cuando sujetos armados perpetraron el atentado.

El ataque se produjo mientras los policías cumplían una asignación temporal, limitada al fin de semana, para reforzar la vigilancia y prevenir alteraciones del orden en la localidad.

La agresión dejó, además, tres policías y un civil lesionados, quienes fueron remitidos de inmediato a la clínica Medilaser para recibir atención médica. Los informes médicos indicaron que todos permanecen en condición estable.

Autoridades calificaron el hecho como una acción directa contra la Fuerza Pública y señalaron la presencia de estructuras ilegales asociadas a las disidencias de las Farc, como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, en esa región. Estos grupos han sido responsables de incidentes previos contra efectivos policiales y civiles.

El comando de la Policía y organismos gubernamentales rechazaron lo sucedido, expresaron solidaridad con los familiares de la víctima fatal y anunciaron la apertura de investigaciones para identificar y capturar a los autores del atentado. Equipos de inteligencia trabajan en la zona para esclarecer detalles del caso y prevenir nuevos episodios de violencia.

Pronunciamiento en X del general William Rincón sobre el atentado: “Despedimos a un héroe de la patria”

Tras lo anterior, el director general de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano, se pronunció a través de sus redes sociales y lamentó la pérdida del joven patrullero. “Despedimos a un héroe de la patria”, escribió el oficial.

“Una vez más, el corazón de la Policía se llena de profundo dolor. Anoche, en el municipio de Cartagena del Chairá, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales fueron víctimas de un ataque violento. Como consecuencia de este lamentable hecho, nuestro patrullero de policía Geison Rayo Espinoza fue vilmente asesinado en cumplimiento de su deber”, expresó.

El general también manifestó su solidaridad con los familiares del uniformado fallecido y con los agentes lesionados: “Hoy, como la gran familia policial que somos, acompañamos con respeto y solidaridad al señor Claudio Rayo y a sus seres queridos. Reiteramos que no están solos y que estaremos a su lado en este difícil camino tras la pérdida de su hijo”.

Añadió: “Expresamos nuestro apoyo a los patrulleros de policía Daniel Cardona, Enuar Sancho y Laura Quintero, quienes se recuperan y reciben atención médica especializada”.

Finalmente, el comandante rechazó con firmeza el ataque y aseguró que la institución no descansará hasta que los responsables sean presentados ante la justicia.

“Rechazamos con firmeza este acto criminal contra nuestros policías y la comunidad de Caquetá. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”, concluyó el general Rincón Zambrano.

Por su parte, el coronel de la Policía de Caquetá, César Pinzón, confirmó que dos estructuras armadas operan en Cartagena del Chairá. El oficial señaló: “en esa jurisdicción delinquen la estructura Rodrigo Cadete, pero también, la Carolina Ramírez” de alias Calarcá.

General retirado Camacho condenó asesinato de patrullero en Caquetá y expresó solidaridad: “Atenta contra quienes trabajan por la seguridad del país”

El general retirado Jorge Eliecer Camacho se pronunció en la red social X para condenar el asesinato del patrullero Geison Rayo Espinoza en Cartagena del Chairá, Caquetá.

“Rechazo con firmeza el asesinato del patrullero Geison Rayo Espinoza”, expresó Camacho, calificando el crimen como un acto “inaceptable” que afecta a quienes protegen la seguridad nacional.

El excomandante manifestó su solidaridad con los allegados del uniformado: “A su familia, amigos y compañeros, expreso mis más sinceras condolencias, solidaridad y fortaleza en este difícil momento”.

Camacho instó a que los seres queridos encuentren consuelo tras la dolorosa pérdida, subrayando la importancia de respaldar a quienes, desde la Fuerza Pública, arriesgan la vida en cumplimiento del deber.

Uno de los compromisos con los que deben cumplir los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es entregar una versión completa y detallada de sus actos para que de esa forma las víctimas puedan tener claridad de lo que pasó con sus familiares y seres queridos.

Es por ello que se ha destacado todo lo registrado durante las audiencias del caso 10, en el que las víctimas presentaron sus observaciones frente a las versiones entregadas por los comparecientes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP.

El 17 de abril se llevó a cabo la última diligencia de esta índole en el caso, recordando que el proceso mencionado es en el que se investigan crímenes no amnistiables como masacres, homicidios, desplazamientos forzados y atentados registrados en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

En el inicio de la jornada, la magistrada Marcela Giraldo Muñoz mencionó que en todo momento habrá disposición para escuchar nuevas versiones de los comparecientes para poder lograr llegar a una verdad absoluta de los hechos.

“Hoy cerramos este ciclo de audiencias de observaciones manteniendo viva la disposición para escuchar y seguir construyendo juntos una verdad que dignifique a las víctimas y contribuya a la construcción de paz”.

La primera víctima en hablar fue Nancy Vargas Ávila, que no mostró su rostro por seguridad y pidió que los comparecientes hablen en futuras audiencias sobre qué pasó con sus hermanas Martha y Alexandra, reportadas como desaparecidas desde octubre de 1988.

“Mi hermana (Alexandra) era una niña llena de vida y sueños. Mi hermana Martha no solo era una mujer de sueños, una mujer docente que enseñaba a construirlos y a creer en la vida. Hoy las nombro no solo para recordarlas, sino también para exigir que este país no olvide a las víctimas. Sin verdad no hay justicia ni reparación”, expresó Nancy Vargas Ávila.

Por su parte, María Eugenia Lago Muegues habló sobre lo registrado el 2 de marzo de 1989 en San Diego, César, en donde el grupo guerrillero asesinó a dos de sus hermanos y uno de sus cuñados.

“Quiero pedir que aclaren, que me digan por qué lo hicieron, si mis hermanos eran trabajadores, si vivíamos en la finca trabajando”, fue la exigencia de la víctima durante la audiencia.

Édgar Elihut Moreno Guerrero, hijo de Marta Sofía Guerrero, que fue asesinada el 12 de mayo de 1993 en el caserío El Mango, Cesar, narró cómo fueron los hechos y les pidió a los comparecientes aclarar las razones que los llevaron a cometer este crimen.

“Yo sé que fueron ellos. Yo lo único que quiero saber es por qué lo hicieron, cuál fue el motivo”, fueron las palabras de Moreno Guerrero durante la diligencia.

Por último, una víctima que fue presentada por la magistrada como “Memo” por solicitud de reserva de su nombre y rostro para evitar posibles ataques, pidió a los desmovilizados de las extintas Farc-EP reconocer de manera integral los daños ocasionados a su familia, tras poner un explosivo el 9 de abril de 1999 en Ovejas, Sucre.

“Lo que les pido es que reconozcan en su totalidad el daño grande que nos han hecho”, fueron parte de las palabras de la víctima, que aseguró que las consecuencias por este hecho no solo fueron físicas, sino también emocionales y que persisten hasta la fecha.

Cabe recordar que hasta el momento las Farc-EP han sido responsabilizadas por más de 90.000 homicidios entre 1985 y 2018, representando el 21% de los asesinatos registrados durante el conflicto interno, principalmente en el Caribe y el Magdalena Medio.

El tribunal de Nueva York resolvió aplazar indefinidamente la sentencia a Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, declarado culpable por narcotráfico y vínculos con las FARC en una causa ligada judicialmente con la de Nicolás Maduro.

La sentencia a Carvajal no tiene nueva fecha y el tribunal no ha informado los motivos de la postergación. El aplazamiento es relevante porque los cargos que enfrenta Carvajal provienen del mismo expediente por el que se procesa a Nicolás Maduro por narcotráfico internacional y apoyo a las FARC, lo que subraya la conexión directa entre ambos casos.

Los cargos contra Carvajal y su conexión con Nicolás Maduro

Carvajal se declaró culpable en junio de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, de participar en narcoterrorismo por colaborar con las FARC y de delitos relacionados con armas.

Estos cargos se desprenden exactamente de la misma causa por la que será juzgado Nicolás Maduro, antiguo presidente de Venezuela, quien actualmente enfrenta un proceso abierto por narcotráfico internacional.

La relación judicial entre ambos procesos concentra la atención de diversos actores políticos, ya que afecta a los niveles más altos del chavismo. El destino legal de Carvajal está directamente entrelazado con el proceso pendiente contra Maduro.

La fuga y captura de Hugo “El Pollo” Carvajal

Antes de su extradición en 2023, Carvajal fue un estrecho colaborador de Hugo Chávez y figura clave de la inteligencia venezolana. Tras ser apartado progresivamente del poder por el sucesor de Chávez, se convirtió en opositor al gobierno.

Carvajal buscó refugio inicialmente en República Dominicana y más tarde en España. Para evitar ser localizado, recurrió a cirugías estéticas, utilizó bigotes, barbas y pelucas postizas, y cambiaba de escondite cada pocos meses sin dejarse ver en público.

Finalmente, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta juicio por cargos de narcotráfico y colaboración con organizaciones consideradas terroristas en Washington.

La vida en la clandestinidad de Carvajal estuvo marcada por continuos cambios de identidad y ocultamiento, desafíos que culminaron cuando fue localizado tras años de evasión, cerrando así un largo episodio de fuga internacional.

La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que convoque a la senadora Sandra Ramírez a rendir testimonio dentro del macrocaso 07, que indaga hechos de violencia sexual, abuso infantil y abortos ocurridos en las filas de la antigua guerrilla.

La solicitud se basa en que Sandra Ramírez ocupó un cargo importante en las Farc, fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo” y tuvo alto rango dentro del grupo. Por eso, la organización de víctimas considera que ella podría aportar información relevante y que, debido a su posición, podría ser señalada como una de las principales responsables de los hechos investigados.

“Estas conductas de extrema gravedad comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción”, precisaron.

Por este motivo, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, se pronunció y calificó las afirmaciones como acusaciones que constituyen “injurias y calumnias”.

“Frente a las recientes acusaciones, que constituyen injurias y calumnias sobre mi militancia durante el conflicto armado, me dirijo al país con transparencia, claridad política y sentido de responsabilidad”, expresó Sandra Ramírez.

Sandra Ramírez expresó su respeto para las víctimas, asegurando que nada debe estar por encima de su dignidad.

“Ratifico mi profundo respeto por las víctimas. Su dolor es incuestionable y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son en el centro de cualquier debate. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima de su dignidad”, expresó Ramírez.

No obstante, afirmó que la JEP no debe ceder ante posibles presiones políticas o mediáticas. Además, indicó que hasta el momento no ha sido vinculada a ningún caso en la justicia transicional.

“También quiero ser clara: la JEP no puede ni debe ceder ante presiones políticas o mediáticas. La justicia transicional constituye un camino legítimo y necesario para el esclarecimiento de la verdad, y debe regirse por sus propios procedimientos y tiempos, no por las dinámicas coyunturales ni los vaivenes político-electorales del país. También quiero dejar constancia de que, hasta la fecha, no he sido vinculada a ningún caso dentro de la justicia transiciona”, señalól.

Y agregó: “Como firmante del Acuerdo de Paz y como mujer, asumí una decisión ética y política: dejar las armas, defender la vida y contribuir a la construcción de paz. Ese compromiso no ha sido simbólico, ha sido real, verificable y sostenido en el tiempo”.

La senadora afirmó que existen responsables del conflicto que supuestamente han eludido sus obligaciones o callado.

“Mientras quienes firmamos la paz hemos asumido nuestras responsabilidades y nos hemos sometido a la justicia, hay actores del conflicto que han eludido sus obligaciones, han callado o han huido de la verdad. La justicia no puede ser a la carta, ni la memoria puede construirse desde el silencio cómplice”, aseveró.

Sandra Ramírez advirtió sobre un escenario de inseguridad jurídica para los firmantes de paz, debido a que, según sus declaraciones, se está vulnerando la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Hoy advertimos con preocupación un escenario de inseguridad jurídica para los firmantes de paz. Se vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, se violan los derechos políticos adquiridos, se alimenta una estigmatización que pone en riesgo no solo a quienes hicimos tránsito a la vida civil, sino también a nuestras familias”, afirmó la senadora.

Cuestionó el “incumplimiento” del Estado, porque, según ella, eso debilita el proceso de reincorporación. Aseguró que existen “vacíos profundos” en garantías políticas y sociales.

“A esto se suma el incumplimiento del Estado colombiano frente a lo pactado, lo cual está debilitando el proceso de reincorporación. Persisten vacíos profundos en garantías sociales, económicas y políticas. El espíritu del Acuerdo de Paz como herramienta de transformación para el país se ha desdibujado peligrosamente”, expresó Ramírez.

Finalmente, señaló que su compromiso es con las víctimas, con la verdad y la paz.

“Mi compromiso es con las víctimas, con la verdad y con la paz. Colombia no solo merece, sino que exige verdad completa y garantías reales de no repetición. Nada menos es aceptable”, puntualizó Sandra Ramírez.

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) presentó una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako o “Yacopí”, sea expulsado del sistema transicional y se emita su orden de captura.

La petición se produce luego de que se revelara su presunta participación en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay y la reincidencia en actividades delictivas tras su comparecencia ante la JEP.

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El documento de Fevcol, firmado por Sergio Alzate como representante judicial de las víctimas, detalla que el incidente de incumplimiento se solicita “en ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia y en defensa de la integridad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Según la federación, la permanencia de Téllez Álvarez en la JEP está condicionada al cumplimiento de compromisos de verdad y reparación, y su conducta evidencia un incumplimiento estructural de esas condiciones.

Incumplimientos y solicitud de medidas

En la misiva, Fevcol argumenta que alias Yako ha demostrado “una desvinculación material del sistema transicional, manifestada en la incomparecencia ante la jurisdicción, la imposibilidad de ejercer control judicial efectivo, su presunta reincidencia en actividades delictivas y su eventual integración a estructuras armadas ilegales posteriores al Acuerdo Final”.

La federación resalta la gravedad de su presunta participación en el asesinato de Uribe Turbay, lo que, de confirmarse, constituiría una violación directa del principio de no repetición.

Como medida provisional, se solicita “la suspensión de todos los beneficios y la orden de captura preventiva, mientras se decide el incidente”, con el fin de garantizar la integridad del sistema transicional y la protección de los derechos de las víctimas. Fevcol indica que permitir que Téllez Álvarez permanezca en la JEP podría generar un precedente que afectaría la credibilidad de la justicia transicional en Colombia.

El rol de alias Yako en el crimen de Miguel Uribe Turbay

El caso de alias Yako se reforzó con los testimonios de Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, durante la audiencia de imputación realizada el 20 de marzo, en la que fue condenado a 22 años de prisión por su participación en la planeación del ataque contra el exsenador Uribe Turbay.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako (...) siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”, declaró alias El Viejo ante la justicia.

Según El Viejo, su relación con Yako se remonta a aproximadamente 20 años, cuando ambos compartieron reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá por homicidio. Antes del crimen, Yako habría contactado a Pérez Marroquín para coordinar “trabajos importantes, como mover armas y cometer homicidios”, mencionando que debía conocer a una persona clave en la frontera, identificada como José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, jefe disidente de la Segunda Marquetalia fallecido en 2025.

Asimismo, alias El Viejo relató que un primer intento de asesinato de Uribe Turbay en Bogotá fracasó debido a la ausencia del candidato en Villa Amalia, lo que llevó a reconfigurar el plan hasta que se consumó el ataque en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

Fuga a Venezuela y nexos internacionales

Tras la revelación de estos hechos, la Fiscalía confirmó que alias Yako habría huido a Venezuela, donde se refugiaría junto a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia. Esta situación, según las autoridades, permite un “corredor de impunidad para los delincuentes de alto perfil” y podría motivar una orden de captura internacional contra Márquez por el asesinato de Uribe Turbay.

Kendry Téllez Álvarez alcanzó notoriedad en 2022 cuando compareció ante la JEP tras su desmovilización de las antiguas Farc. Sin embargo, los testimonios judiciales indican que su reincorporación a actividades armadas se produjo posteriormente bajo las órdenes de alias Zarco Aldinever, con coordinación logística en la frontera colombo-venezolana.

Un juez de control de garantías ya avaló la orden de captura contra Téllez Álvarez por su vinculación con alias Zarco Aldinever en el asesinato del exsenador, y Fevcol insiste en que la JEP debe declarar el incumplimiento del régimen de condicionalidad, revocar los beneficios otorgados y remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio por concluido el proceso de entrega de bienes por parte de las extintas Farc-EP. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el informe fue expuesto en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (Csivi) el 24 de marzo de 2026 e indica que el grupo armado no entregó la totalidad del inventario reportado durante el proceso de dejación de armas y de reincorporación.

Según el documento, hubo varias situaciones que impidieron la recuperación de los bienes de la organización criminal, entre ellas, el hecho de que algunos estaban destinados a la chatarrización o carecían de valor comercial. En otros casos, los inmuebles fueron robados.

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“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S. y llevaron al hurto de algunos de ellos”, detalló la cartera en un comunicado.

La revista Cambio tuvo acceso al informe, en el que se detalla cuáles fueron los bienes que entregaron las extintas Farc-EP, destinados a la reparación de miles de víctimas del conflicto armado. Según precisó, aunque originalmente se prometió la entrega de cerca de $1 billón, la monetización efectiva apenas alcanzó los $45.978 millones m/cte entre julio de 2021 y diciembre de 2022, una cifra considerablemente inferior a lo que se esperaba recoger.

El 86% de esa suma provino de la venta de 18 lingotes de oro comercializados en una subasta internacional el 15 de diciembre de 2020 por $38.970.998. Gracias a este dinero, se ha indemnizado individualmente a 2.335 víctimas —por un total de $21.186 millones— y entregado 21 indemnizaciones colectivas por $7.874 millones, mientras $16.447 millones se destinaron a otros procesos vinculados a la reparación.

Por otro lado, el documento revelado por la revista Cambio indica que el proceso de verificación evidenció graves dificultades para ubicar o monetizar la mayoría de los activos prometidos, estableciendo entonces solo $548.000 millones como susceptibles de monetización tras la depuración del inventario inicial.

Eso quiere decir que el 43% de los bienes anunciados —calculado en $419.698 millones— se declaró inviabilizado para la monetización, por tratarse de inversiones en infraestructura comunitaria no recuperable, bienes hurtados o incautados y activos imposibles de rastrear.

El inventario inicial de las Farc-EP incluía armas, municiones, 698 inmuebles —447 eran fincas—, USD450.000, $2.000 millones en efectivo, 267.520 gramos de oro, 23.174 semovientes, 200 medios de transporte, 102.456 muebles y enseres. El desglose final revela que solo se formalizó la entrega de un inmueble y el recibo de 132 adicionales, de los cuales 121 eran baldíos; no pertenecían a los exguerrilleros. En ese sentido, nunca se recibieron 590 predios, según se indica en el informe revelado por el medio citado.

En cuanto a semovientes, no se entregaron los más de 24.000 prometidos y únicamente se logró la venta de 221 de ellos en 2018, por $133.218.650. Además, de los más de 51.000 muebles y enseres inventariados, aparecieron apenas 1.830 y no se recibieron los 288 medios de transporte inventariados.

Los recursos de origen ilícito decomisados también reflejaron dificultades. La SAE informó que se registró la incautación de $5.210 millones por parte del Ejército Nacional y el robo de $4.360 millones por disidentes, así como el hallazgo de USD1.500 falsos.

“La Csivi continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”, indicó el Ministerio del Interior en el comunicado.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, a través de sus redes sociales, debido al trabajo que tuvo como negociador oficial y facilitador de los diálogos de paz entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Estado.

Polo Polo, que se postula para repetir su curul en 2026, utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar con dureza las posturas del congresista respecto a la guerrilla y las acusaciones de abuso contra menores de edad.

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“Colombia no puede olvidar que Iván Cepeda exigió RESPETO por los pedófilos de las FARC, que obligaban a niñas de 10, 11 y 12 años a desfilar en ropa interior para después violarlas (sic)”, escribió el legislador en su publicación.

“Sí, el candidato de Petro defendió sin pudor a esos viejos verdes asesinos. ¡PORQUERÍAS!”, añadió el congresista, al dejar en claro su rechazo a lo que considera una defensa inaceptable hacia los responsables de quienes cometieron crímenes.

En su mensaje, el representante recordó las intervenciones de Iván Cepeda durante las negociaciones de paz que se mantuvieron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Durante esos procesos, Cepeda, que hizo parte de la mesa de diálogo con la guerrilla, abogó por la reintegración de los excombatientes y la búsqueda de una solución política al conflicto; sin embargo, Polo Polo no dudó en señalar al senador por su actitud hacia las graves acusaciones que pesaban sobre las Farc, especialmente el reclutamiento de menores y los abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros.

El mensaje de Polo Polo rememora un episodio tenso, cuando Iván Cepeda, en medio de las negociaciones de paz, supuestamente descalificó las denuncias de abusos y reclutamiento infantil, a través de varias emisoras, palabras que quedaron registradas, pero que fueron sacadas de contexto y quedó en evidencia que esto nunca ocurrió.

Pero a la discusión se suma que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su investigación sobre el reclutamiento y utilización de menores por parte de las Farc, reveló cifras alarmantes, independientemente de lo que rodea al ahora candidato presidencial Iván Cepeda.

Según la JEP, alrededor de 18.677 menores fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Esta cifra es considerada como un “universo provisional de víctimas” dentro del proceso de justicia transicional y se refiere tanto a niños y niñas que fueron involucrados en actividades bélicas como a aquellos que sufrieron otros tipos de abuso, incluido el sexual.

JEP confirma cifra de miles de menores de edad reclutados por las Farc-EP

La JEP reveló que 18.677 menores de edad fueron reclutados y utilizados por las Farc-EP entre 1996 y 2016. Esta cifra, dada a conocer dentro del Caso 07, tiene un impacto en el proceso de justicia transicional en el país.

El número no es solo una estadística, sino una base fundamental para establecer la responsabilidad de los antiguos mandos de las Farc en estos crímenes atroces. La JEP no se limita al reclutamiento, también investiga crímenes adicionales sufridos por los menores, como violencia sexual, abortos forzados, desaparición forzada, torturas y otros tratos crueles.

Este hallazgo puso de manifiesto la magnitud del daño causado a miles de familias colombianas y resalta la importancia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, base de la justicia transicional.

Si bien la cifra es provisional, se trata de un paso necesario para la reparación, pues su oficialización por parte del Estado y los responsables abre la puerta a un reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y al comienzo de un proceso de reparación, señalan los magistrados de esta instancia.

El apoyo del Partido Comunes, antes conocido como Farc, a la candidatura del Pacto Histórico Iván Cepeda ha generado un intenso debate en el escenario político colombiano.

La agrupación, surgida de la desmovilización de la guerrilla, anunció de manera pública su respaldo al senador, quien también cuenta con el aval de otros sectores de la izquierda y movimientos aliados al Gobierno Petro.

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El anuncio fue difundido a través de un video publicado por el congresista de Alianza Verde Jota Pe Hernández en la red social X, donde se observó una declaración que rápidamente se viralizó y encendió la discusión nacional.

En el video, Hernández señaló: “El partido de las Farc, que ahora se llama Comunes, pero que es tan de las Farc que antes de llamarse Comunes se llamaba Farc, ha decidido oficialmente contarle a Colombia que apoyan a Iván Cepeda, al heredero”.

El congresista acompañó sus palabras con una fotografía en la que Cepeda aparece junto a figuras históricas de la exguerrilla como Pastor Alape, Timochenko, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, este último señalado como líder de la llamada Segunda Marquetalia.

Hernández enfatizó que la Segunda Marquetalia, estructura disidente que retomó las armas tras la firma del acuerdo de paz, “bajo el mando de otros asesinó a Miguel Uribe”.

El senador aseguró que “apoyan a Iván Cepeda, a ese mismo Iván Cepeda que ha querido desmarcarse de las Farc, pero que ha estado tan cerca de ellos como, por ejemplo, aquí lo ven ustedes paradito en el atril de las Farc”.

La reacción del congresista se centró en el respaldo explícito de Comunes y en la percepción de cercanía de Cepeda con los antiguos integrantes de la guerrilla. Hernández afirmó: “Este partido, que ahora se llama Comunes, siente tranquilidad y garantía apoyando al heredero, a Iván Cepeda”.

El video incluyó referencias a la postura de otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, quienes, según el senador, también manifestaron su apoyo al candidato del oficialismo.

El video difundido en X también abordó el contexto de seguridad en Colombia tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

Hernández sostuvo que “bajo el mal gobierno de Gustavo Petro, desde el 2022, las guerrillas se fortalecieron en hombres, en aumento de posesión de los territorios, en armas, en economía ilegal, minería ilegal, rutas del narcotráfico, entre otros, como la extorsión y el secuestro”.

Apoyándose en cifras, el legislador alertó que “aumentaron en hombres de la manera que nunca se había visto: un 67%. Pasaron de 15 mil hombres a 27 mil”.

El pronunciamiento incluyó un llamado a la ciudadanía, advirtiendo sobre el peligro que representa, según Hernández, el avance de las guerrillas en las zonas rurales. “Hoy los niños huyen en los campos para que las guerrillas no los recluten”, afirmó.

El mensaje invitó a los colombianos a reflexionar sobre el futuro político del país: “Estamos en una decisión trascendental. Si le entregamos el país a un presidente o a una presidente de bien o se la entregamos al heredero”.

Esto dijo el Partido Comunes sobre apoyo a Iván Cepeda

La colectividad Comunes anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro y la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué.

Según la agrupación, ambos representan “liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”.

El partido, nacido tras el acuerdo firmado con las extintas Farc, remarcó que el momento exige “actuar con claridad y responsabilidad”, y afirmó que su estructura es “expresión de una ciudadanía organizada”, donde se unen distintas voces sociales.

Comunes subrayó la trayectoria de Cepeda y Quilcué en la defensa de derechos, pueblos y víctimas, convocando a la militancia a “sumarse con decisión” a la campaña del Pacto Histórico.

El seguimiento policial sobre las actividades de Alexánder Mendoza, identificado como ‘Calarcá’, tomó un giro decisivo después de que la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, notificó al Gobierno sobre la presunta implicación de este líder disidente en el asesinato de un líder social, fundamentando esta sospecha en pruebas obtenidas durante un operativo militar realizado en julio de 2024. Según informó el medio Caracol Radio, la investigación apunta a una conexión directa con hechos criminales recientes.

Pedro Sánchez, titular del Ministerio de Defensa de Colombia, reiteró durante una entrevista para Caracol Radio que la persecución y eventual captura de ‘Calarcá’ permanece como una de las más altas prioridades para las autoridades de seguridad nacional, independientemente de la continuidad del proceso de negociación entre el Ejecutivo y este grupo. Sánchez remarcó que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo el liderazgo de Mendoza, mantiene una estructura con motivación principalmente narcotraficante y que su accionar se financia en gran medida por economías ilegales. El ministro descartó que existan intereses ideológicos genuinos detrás de las operaciones de este grupo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Caracol Radio, la decisión última sobre la captura de Mendoza recae sobre el presidente Gustavo Petro, quien también ostenta el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sánchez apuntó que el Ministerio de Defensa se someterá a la directriz presidencial, recordando que recientemente la Fiscalía advirtió sobre la posibilidad de reactivar una orden de detención si el Ejecutivo no la ejecuta en un plazo de una semana, motivando este ultimátum ante lo que perciben como una falta de voluntad de paz por parte de Mendoza y su organización.

El EMBF representa una de las más relevantes escisiones surgidas tras la ruptura dentro del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por Néstor Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’. El bloque Jorge Briceño, dirigido específicamente por ‘Calarcá’, encabeza las tres estructuras principales de esta facción, que se ha distanciado abiertamente de las directrices originales del antiguo grupo insurgente.

El ministro Sánchez, según detalló Caracol Radio, enfatizó que aunque la mesa de diálogo con el EMBF continúa vigente, la suspensión temporal de la orden de captura contra ‘Calarcá’ solo tiene efectos procesales y no implica un cese de las operaciones de inteligencia militar y policial contra la organización. “Las Fuerzas Armadas no paralizan operativos ni detienen las acciones de control mientras se espera una determinación ejecutiva”, explicó Sánchez. Aclaró además que ninguna política de paz impulsada por el Gobierno constituye un permiso para la comisión de delitos o actividades ilícitas, remarcando que estas estructuras han defraudado no solo la confianza del gobierno sino también la de todo el país.

La reciente información divulgada por la Fiscalía ha agudizado el debate sobre la conveniencia de mantener la mesa de negociación mientras persisten acusaciones graves contra los jefes de estas estructuras armadas. Según publicó Caracol Radio, la Fiscalía asegura contar con material probatorio que comprometería a Mendoza con la violencia ejercida contra líderes sociales, lo que refuerza el argumento de aquellos que exigen una actuación judicial inmediata.

Las controversias han reflejado la tensión existente entre la aplicación estricta de la ley y los mecanismos de negociación promovidos por el Ejecutivo para intentar desmantelar estos grupos por la vía del diálogo. Según consignó el medio Caracol Radio, Sánchez reiteró que la actuación de las fuerzas públicas está sintonizada exclusivamente con las disposiciones presidenciales, subrayando el papel constitucional que define al presidente Petro como máxima autoridad en materia de seguridad.

La identidad y las actividades del EMBF han provocado diversas reacciones. La escisión entre el EMC y el bloque liderado por ‘Calarcá’ ha marcado una nueva etapa en el fenómeno de las disidencias armadas. Según reportó Caracol Radio, la influencia de las economías ilícitas es uno de los factores dominantes en la operatividad de estos grupos. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía mantiene el foco en los flujos financieros y en el seguimiento a sus principales líderes.

El desarrollo de la estrategia gubernamental respecto a la captura de ‘Calarcá’ y la persistencia de la mesa de diálogo sigue en el centro del debate institucional de Colombia. Tal como publicó Caracol Radio, el equilibrio entre las políticas de paz y la persecución de acciones criminales continúa siendo un tema en observación permanente tanto por las agencias estatales como por la opinión pública.

El debate político en Colombia sumó un nuevo capítulo con la publicación de un video en la cuenta de X de la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, donde se pronunció sobre las recientes declaraciones del aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda acerca de Antioquia.

En el material, Valencia expresó: “Hay mucha indignación en Antioquia con las palabras siempre ofensivas de Iván Cepeda contra esta tierra. Una tierra que ha defendido la libertad, una tierra que ha sido martirizada por las Farc y todas las llamadas guerrillas de izquierda, que han usado la política para asesinar”.

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En el video, la senadora aparece junto al exgobernador de Antioquia y compañero de la Gran Consulta por Colombia, Aníbal Gaviria, quien también se sumó a las críticas hacia el senador del Pacto Histórico.

Gaviria expresó que “duele, pero también causa rechazo esa animadversión, ese odio contra Antioquia y esa intención de enviar mentiras y cambiar la historia”.

El exmandatario departamental recordó el asesinato de su hermano, Guillermo Gaviria, junto a Gilberto Echeverri, mientras promovían la no violencia en la región, hecho atribuido a las Farc.

“Mi hermano Guillermo murió asesinado al lado de Gilberto Echeverri cuando enarbolaban las banderas de la no violencia”, señala Gaviria.

La polémica surgió en un contexto de alta sensibilidad en torno a la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Iván Cepeda, conocido por su postura crítica frente a las élites antioqueñas y su trabajo en derechos humanos, ha sido objeto de controversias por sus declaraciones referidas a la región.

De acuerdo con la publicación de Valencia, las palabras de Cepeda son percibidas como un agravio recurrente hacia Antioquia, una región que, según la senadora, ha sido víctima de múltiples expresiones de violencia.

Gaviria enfatizó la importancia de rechazar cualquier forma de violencia sin distinción de origen. “No queremos más violencia”, afirmó, y agregó que “no es la violencia buena si viene de las Farc, no es la violencia buena si viene de cualquiera de los paramilitares. La violencia es mala desde cualquier origen”.

El exgobernador criticó abiertamente la postura de Cepeda, quien, según su percepción, divide a los colombianos y enfrenta a los habitantes de Antioquia con otros sectores del país. “El camino es la no violencia y el camino es la paz. El camino de la unidad, es el camino de rechazar la violencia venga de donde viniere”, subraya Gaviria.

Las declaraciones de Gaviria y Valencia, pusieron en primer plano el reclamo de sectores antioqueños por lo que consideran una estigmatización injusta. El exgobernador, al recordar la muerte de su hermano, remarcó: “Guillermo y Gilberto tenían la razón. El camino es la no violencia y la paz”.

Iván Cepeda reafirmó sus críticas a Antioquia y prometió victoria presidencial en primera vuelta

Iván Cepeda, candidato presidencial, regresó a Medellín la tarde del 28 de marzo de 2026 para encabezar un acto masivo en el Parque de San Antonio, acompañado por figuras políticas como Aída Avella, Isabel Zuleta y Camilo Romero.

El evento, marcado por la alta presencia de seguidores, tuvo como principal eje la polémica generada tras su discurso del 12 de febrero, donde Cepeda afirmó: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Durante su intervención, Cepeda sostuvo que “mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas”. Además, celebró el reciente fallo judicial que lo favoreció, señalando: “Un juez de la República me dio la razón en que mi intención era destacar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizarlos”.

El candidato insistió en que “no vengo a retractarme, ni arrepentirme, ni a rectificar lo que dije ese gran acto del 12 de febrero en Medellín, por el contrario, vengo a reafirmarlo”.

Cepeda denunció “el negacionismo de la extrema derecha”, y sostuvo que “nuestra exigencia de verdad no es para alimentar divisiones, nuestro propósito es algo superior: construir un país donde la verdad histórica y política sea la base de la reconciliación nacional”.

Durante el acto, Cepeda relacionó al expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago con el paramilitarismo y el Cartel de Medellín.

En respuesta, Uribe publicó: “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí”. Finalmente, Cepeda concluyó: “Este próximo 31 de mayo vamos a ganar en primera vuelta. Se trata de una certeza construida sobre razones evidentes y poderosa”.

Fuentes consultadas por el diario El Tiempo señalaron que Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco', jefe de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, habría resultado gravemente herido durante una operación militar reciente y que su grupo de seguridad lo trasladó por territorios de difícil acceso para que recibiera atención médica. Según informó El Tiempo, este dato surge tras la identificación de las víctimas mortales del operativo de la semana pasada en una zona selvática ubicada entre Guaviare y Vaupés, confirmando que 'Mordisco' no se halla entre los seis fallecidos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal detalló en un comunicado que los cuerpos encontrados pertenecen a dos hombres y cuatro mujeres. De estas últimas, dos permanecen sin identificar, y se sospecha que una podría ser alias 'Lorena', quien según publicaciones de El Tiempo era pareja de 'Mordisco'. A pesar de la expectativa generada sobre la eventual muerte del líder disidente, las autoridades descartaron su presencia entre las víctimas, aclarando que la operación no logró ese objetivo principal.

El operativo, que se desarrolló en un área de difícil acceso por la presencia de selva espesa y condiciones geográficas adversas, fue la duodécima incursión aérea dirigida por el gobierno de Gustavo Petro contra posiciones atribuidas a 'Iván Mordisco'. De acuerdo con reportes de El Tiempo, los ataques recientes han desestabilizado el núcleo más estrecho del líder insurgente, cuyas filas han sufrido tanto bajas letales como detenciones cercanas.

En el transcurso de las acciones oficiales, no solo se registró la potencial muerte de 'Lorena', sino también la detención de los hermanos de 'Mordisco': Andrés, Juan Gabriel y Luis Vera Fernández. El medio El Tiempo reportó que estos arrestos fueron posibles gracias a delaciones de personas próximas a su entorno, circunstancia que habría incrementado la desconfianza y la vigilancia dentro del círculo del jefe disidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remarcó la importancia de la colaboración de terceros en las operaciones que condujeron a los arrestos recientes. Según consignó El Tiempo, la creciente presión ejercida por las fuerzas armadas y la aparente vulnerabilidad interna, derivada de las traiciones y capturas, han elevado la sensación de inseguridad alrededor de 'Iván Mordisco'. Aunque el jefe del EMC logró evadir la muerte en la más reciente ofensiva, las reiteradas bajas y traiciones en su entorno llamarían la atención sobre los desafíos que enfrenta actualmente la estructura disidente.

La serie continua de operaciones militares ha marcado un cambio en la estrategia estatal contra las FARC dissidentes, con un énfasis reiterado en la desarticulación de comandos clave y la captura de figuras centrales. El Tiempo detalló que, a pesar de los recursos y esfuerzos desplegados, la complejidad geográfica y el ocultamiento efectivo han dificultado la neutralización directa de 'Mordisco'. Las áreas selváticas proporcionan cobertura y complican el acceso tanto para las fuerzas armadas como para equipos de investigación forense.

El Instituto Nacional de Medicina Legal comunicó que, mientras prosigue la identificación de los cadáveres hallados en la operación, equipos especializados mantienen la búsqueda de mayores datos sobre las identidades de las víctimas no reconocidas hasta el momento. El caso de alias 'Lorena', presunta pareja de 'Mordisco', permanece en estudio, mientras las autoridades avanzan en la compilación de perfiles genéticos y testimoniales para confirmar su identidad.

El operativo forma parte de un contexto más amplio de ofensivas dirigidas contra insurgentes considerados objetivos de alto valor estratégico. Según El Tiempo, las acciones recientes reflejan la prioridad gubernamental de debilitar los liderazgos de los grupos armados que persisten tras la firma del acuerdo de paz de 2016. Si bien el impacto inmediato de la operación se expresa en la eliminación de seis integrantes, la persistencia de 'Mordisco' fuera del alcance de las autoridades subraya los retos pendientes para las fuerzas de seguridad.

Las repercusiones de la reciente ofensiva incluyen un aumento en la movilidad clandestina dentro de la organización disidente y la adopción de medidas adicionales de resguardo por parte de los miembros restantes. Según publicó El Tiempo, los desplazamientos por zonas de difícil acceso evidencian los niveles de protección implementados en torno a la figura de 'Mordisco', y la determinación de evitar nuevas bajas en su círculo más próximo.

Las operaciones aéreas y terrestres seguirán centradas en reducir la capacidad operativa de los grupos insurgentes al mando de 'Iván Mordisco'. Las fuentes militares citadas por El Tiempo han subrayado que continuarán los esfuerzos de inteligencia y vigilancia en la región de Guaviare y Vaupés, donde las características geográficas continúan representando un obstáculo para las labores de rastreo y captura. El desarrollo de la situación mantiene la atención tanto de las autoridades nacionales como de la opinión pública, dado el impacto que tiene sobre el mapa de actores armados ilegales en Colombia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el ingreso de seis cuerpos a sus instalaciones en Bogotá en la madrugada del 28 de marzo, en medio de la operación militar desarrollada días atrás en el suroriente del país.

Según el comunicado oficial, los cadáveres corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, provenientes de San José del Guaviare y vinculados con acciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Amazonas y Guaviare.

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De acuerdo con el documento, “el día de hoy, a las 2:00 a.m., ingresaron seis (6) cuerpos, 4 mujeres y 2 hombres”, y se indicó que el Instituto inició el abordaje técnico con tres equipos interdisciplinarios para establecer la identidad de las víctimas y las causas de muerte. La entidad agregó que el proceso se adelanta “garantizando el rigor técnico”.

El traslado de los cuerpos se produce tras la denominada “Operación Beta”, ejecutada el jueves 26 de marzo en una zona selvática de Pacoa, a orillas del río Apaporis, en el departamento del Vaupés. Esta acción combinó bombardeos y un asalto terrestre en un campamento señalado por las autoridades como un punto clave del Bloque Amazonas de las disidencias de las antiguas Farc.

Las Fuerzas Militares han señalado que el operativo dejó seis personas muertas, quienes serían integrantes del círculo de seguridad de Iván Mordisco, identificado como Néstor Gregorio Vera y considerado el principal cabecilla del Estado Mayor Central (EMC). Entre las víctimas se encuentra alias “Lorena”, cuya muerte ha sido destacada por las autoridades como una de las bajas más relevantes del operativo.

Según la información disponible, alias “Lorena” no solo tenía un vínculo personal con Mordisco, sino que también desempeñaba funciones dentro de la estructura armada.

Se le atribuía el liderazgo de un grupo de entre 70 y 100 combatientes y la gestión de recursos financieros en el Bloque Amazonas. Las identidades de los otros cinco fallecidos continúan en verificación por parte de Medicina Legal.

El comunicado del Instituto no hace referencia a los nombres de las víctimas ni a su presunta pertenencia a estructuras armadas, limitándose a informar sobre el ingreso de los cuerpos y el inicio de los procedimientos técnicos. La identificación plena dependerá de análisis forenses, que incluyen necropsias, cotejos dactilares y, de ser necesario, pruebas genéticas.

En paralelo, persisten interrogantes sobre el paradero de Iván Mordisco. Aunque en las horas posteriores al bombardeo circularon versiones sobre su posible muerte, reportes posteriores de las autoridades indican que habría logrado escapar del lugar.

En el campamento intervenido, las tropas hallaron objetos personales que apuntan a su presencia reciente, entre ellos sus gafas, un computador personal, un fusil de alta gama, equipos de comunicación y drones.

La “Operación Beta” se desarrolló en un contexto de intensificación de acciones militares en el suroriente del país, en medio de la presión del Ministerio de Defensa para afectar las estructuras armadas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. El campamento intervenido era considerado un punto estratégico para la logística de estas actividades.

Este episodio se suma a otros golpes recientes contra el entorno cercano de Mordisco. Meses atrás, alias “Yeny Lara”, también identificada como una figura próxima dentro de su círculo de confianza, murió en circunstancias violentas. Estos hechos han sido interpretados por las autoridades como parte de un debilitamiento progresivo de ese núcleo.

Por ahora, el avance de la investigación forense será determinante para confirmar la identidad de las seis personas fallecidas y esclarecer las circunstancias de su muerte. El Instituto de Medicina Legal no ha establecido un plazo para la entrega de resultados, pero señaló que el proceso se adelanta conforme a los protocolos técnicos vigentes.

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, que fue el último comandante de las extintas Farc-EP, habló sobre las responsabilidades de los firmantes de paz con respecto a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. En diálogo con Radio Nacional de Colombia, indicó que, si bien los integrantes de la organización armada se comprometieron a entregar sus bienes y riquezas, no están obligados a reparar económicamente a las víctimas.

“Un movimiento insurgente, un movimiento guerrillero que hace un acuerdo de paz, no repara, es decir, no va a reparar económicamente. La obligación es del Estado colombiano. No, nosotros… nos hubieran dado la plata para entrar a reparar. Nosotros entregamos lo que teníamos y está confirmado”, precisó el político y firmante de paz.

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La congresista María Fernanda Cabal, opositora del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, y de la firma del Acuerdo de Paz, condenó las declaraciones de Londoño. A través de una publicación en su cuenta de X, cuestionó el hecho de que los exmiembros de la organización armada no deban reparar económicamente a las víctimas.

Desde su perspectiva, resulta beneficioso para los exguerrilleros e injusto para la población colombiana la manera como han respondido ante los crímenes que cometieron. Gracias a lo pactado en 2016, no fueron privados de la libertad en un centro carcelario y, como resultado de procesos adelantados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que afrontar sanciones orientadas a la reparación –no económica– durante ocho años.

A juicio de la legisladora, las condiciones que se establecieron para acordar la paz entre la extinta guerrilla y el Estado constituyen un manto de “impunidad” para los excombatientes.

“¿Qué tal estos de las FARC? No solamente no pagaron un día de cárcel por su participación en un grupo terrorista y delitos señalados, sino que ahora dicen que no tienen por qué reparar económicamente a las víctimas. El acuerdo de impunidad los convirtió en intocables por la justicia e invisibles para las víctimas”, escribió la excandidata presidencial en la red social.

Las riquezas de las Farc utilizadas para la reparación de víctimas

De acuerdo con lo expuesto por Londoño en la entrevista radial, las extintas Farc entregaron todo tipo de bienes al Estado, cumpliendo con los compromisos pactados. Allegaron oro, dinero (dólares), inmuebles, armamento, entre otros. Aclaró que sus propiedades estaban en las zonas rurales del país y no en zonas urbanas como Bogotá.

“Nosotros no teníamos haciendas aquí en la Sabana de Bogotá. Teníamos fincas en la profundidad de la selva donde sembrábamos plátano, donde sembrábamos yuca, donde cuidábamos gallinas, marranos y hasta vacas, y teníamos mulas pa’ mover las cargas, la comida, pa’ mover las armas, pa’ mover munición, pa’ mover explosivo”, precisó.

Aseguró que esos bienes fueron entregados al Estado, pero que “no se hizo el procedimiento que debió hacerse“. En todo caso, afirmó que durante el Gobierno Petro se han utilizado esos bienes y recursos para la reparación de víctimas. Sin embargo, según el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el Presupuesto General de la Nación, donaciones y otras fuentes de financiación también son utilizadas para responderles a las personas afectadas por el conflicto armado.

No obstante, un estudio de la Contraloría General de la República indica que las extintas Farc no han entregado la totalidad de sus bienes y riquezas y, además, dieron dólares falsos.

“Este dinero ya está siendo usado para reparar a las víctimas; ya se ha venido monetizando, pero la brecha que hay para reparar es muy grande”, explicó la contralora delegada Jenny Lindo.

La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez ha sido blanco de críticas debido a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Los críticos rechazan la designación de la política, que lleva ocho años fungiendo como legisladora, debido a su pasado guerrillero, como miembro de las extintas Farc-EP.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño es una de las personas que ha expresado públicamente su rechazo a dicho nombramiento. En conversación con la revista Semana, el exfuncionario comparó a Ramírez con Luis Alfredo Garavito, un asesino y agresor sexual en serie, cuyas víctimas fueron más de 170 niños.

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“Esto es como si hubiésemos nombrado a Garavito director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), poner a Sandra Ramírez a dirigir la Comisión de Derechos Humanos cuando tiene una cantidad de procesos y de cuestionamientos en materia de derechos humanos”, señaló el exconcejal.

La congresista es señalada de haber propiciado abusos sexuales contra menores de edad reclutados por las Farc. Deisy Dorelly Guanaro, una de las miles de víctimas del grupo armado, aseguró que fue violada por Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas del extinto grupo armado, cuando ella tenía 12 años. Afirmó que Ramírez impulsó este y otros abusos sexuales.

“En repetidas ocasiones, me obligó a desfilar en ropa interior frente a criminales pedófilos que hoy son congresistas, mientras me apuntaba con un fusil a la cabeza”, aseveró.

En ese sentido, Briceño aseguró que los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 con el Estado colombiano y que se reincorporaron a la vida civil se muestran como si fueran “personas bondadosas” y como si hubieran “hecho un favor” a la población colombiana al dejar las armas.

Sin embargo, desde su perspectiva, la realidad es otra. En el caso de Ramírez, considera que, aunque no está condenada por ningún delito y esté ejerciendo como política, sigue siendo “criminal”.

“La señora Sandra Ramírez es una criminal y, por más curules que haya tenido durante ocho años y que haya tenido camionetas y sueldo y demás, en medio de un proceso mal negociado, no deja de ser una criminal y es lo que es. Y así la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no la vaya a juzgar, el país y la historia tienen que reconocerla siempre como es, como una criminal”, señaló el representante a la Cámara electo en la entrevista.

A través de su cuenta de X, la congresista defendió su nombramiento en el Senado, indicando que siempre ha reconocido su participación en las antiguas Farc-EP y que ha “puesto la cara” por los hechos violentos perpetrados por la guerrilla. Además, aseguró que no ha instrumentalizado a las víctimas con fines políticos.

Asimismo, aclaró que, debido a su trabajo como legisladora, tiene el derecho de hacer parte de los procesos de selección para las mesas directivas, así como a ser elegida y a elegir a otros. Ese derecho, según precisó, no debe ser tomado como una “burla” hacia las víctimas de las Farc.

Insistió, además, en que en varias oportunidades ha pedido perdón por los delitos cometidos por el grupo armado y que seguirá pidiendo disculpas por los hechos victimizantes que enfrentaron miles de víctimas en el país.

“Soy vicepresidenta de la Comisión de DDHH porque durante casi 8 años como Senadora he trabajado por la paz de Colombia, por los territorios, por los derechos de la gente. He pedido perdón mil veces a quienes por consecuencias de todos los intervinientes de la guerra sufrieron hechos dolorosos y lo seguiré haciendo siempre. Aquí estamos para reconocer y para garantizar la no repetición de la guerra (sic)”, añadió.

En una operación aérea ejecutada en el departamento del Vaupés contra una estructura armada vinculada a las disidencias de las antiguas Farc, fue confirmado el hallazgo del cuerpo de una mujer identificada como “alias Lorena”, señalada como integrante clave del círculo cercano de Iván Mordisco.

El balance preliminar entregado por las Fuerzas Militares indica que seis personas murieron durante el ataque, realizado en zona occidental de ese territorio.

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De acuerdo con la información oficial, la acción se dirigió contra el denominado bloque Amazonas, una de las facciones que opera bajo el mando de Mordisco. El comandante general de las Fuerzas Militares informó que la identificación de la mujer se logró en las últimas horas, tras labores en el terreno posteriores al bombardeo.

La verificación sobre la posible muerte de Iván Mordisco aún no ha concluido, pero se habla de que sería altamente probable. Según lo señalado, faltaría el examen médico legal que permita establecer con certeza si el jefe guerrillero se encuentra entre los abatidos. Por ahora, las autoridades mantienen la cautela frente a ese punto.

Alias Lorena era considerada una figura con responsabilidades operativas dentro de la estructura armada. Según datos de inteligencia, tenía bajo su mando un grupo de entre 70 y 100 integrantes, enfocados tanto en tareas de seguridad como en acciones en regiones del sur del país, incluyendo zonas de Amazonas y Caquetá.

Además, se le atribuían funciones relacionadas con la administración de recursos ilícitos y bienes vinculados a la organización.

La mujer no solo mantenía una relación personal con Mordisco, identificado como Néstor Gregorio Vera Hernández, sino que también hacía parte de su esquema de confianza. Esa cercanía la ubicaba en un lugar relevante dentro de la toma de decisiones internas.

Informes conocidos por las autoridades señalan que su presencia era habitual en los desplazamientos del jefe disidente en áreas selváticas, donde cumplía un papel dentro del anillo de seguridad cercano. Este esquema buscaba reducir riesgos ante operaciones militares, mediante acompañamiento permanente.

En paralelo, se le vincula con disputas internas dentro de la organización. A finales de 2025, reportes de inteligencia indicaron que habría ordenado el asesinato de alias “Yenny Lara”, quien también ocupaba una posición dentro del grupo armado como encargada de seguridad. Según esa información, el hecho habría estado relacionado con tensiones por control de rutas de narcotráfico hacia Brasil, así como conflictos personales y de poder.

Las versiones recogidas señalan que ese homicidio fue presentado inicialmente como una muerte en combate, con el objetivo de encubrir las circunstancias reales. Este tipo de episodios ha sido interpretado por las autoridades como evidencia de fracturas dentro de la estructura.

El operativo en Vaupés se enmarca en las acciones militares contra las disidencias que continúan operando en distintas zonas del país. En este caso, el objetivo fue impactar directamente a un componente considerado estratégico dentro del bloque Amazonas.

El número de personas fallecidas —seis en total— corresponde al reporte preliminar tras la intervención. Las labores en la zona continúan, tanto para la identificación plena de los cuerpos como para la recolección de información adicional.

Mientras se espera el resultado de los análisis forenses, la situación de Iván Mordisco sigue sin confirmación definitiva. Las autoridades han reiterado que cualquier anuncio sobre su posible muerte dependerá exclusivamente de la verificación técnica correspondiente.

El desarrollo de este caso mantiene atención en la región, debido a las implicaciones que tendría la eventual caída de uno de los principales jefes de las disidencias. Entretanto, la identificación de alias Lorena aporta un elemento adicional sobre la composición interna de ese grupo armado y las dinámicas que se registran en su interior.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez publicó un video en la red social X donde responsabilizó a Iván Cepeda, senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, de haber propiciado la impunidad de excomandantes de las Farc y de facilitar el ascenso de figuras de ese grupo al Congreso.

En la grabación, replicada por el partido Centro Democrático, Uribe aseguró que Cepeda “ha alcahueteado a esos criminales, los criminales que asesinaron a Miguel Uribe”, en referencia al asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este mes en el país.

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Según Uribe, Iván Cepeda habría gestionado beneficios judiciales para “los responsables de delitos atroces, de secuestros y de violación de niños”, enfatizando que tales privilegios no alcanzaron a los guerrilleros de base, sino a quienes, en su opinión, dirigieron y promovieron esos crímenes.

“No solamente les dio impunidad, ni un solo día de cárcel, sino que además los llevó al Congreso”, afirmó el exmandatario en su video.

La crítica de Uribe se centró en el proceso de paz firmado en La Habana, del que Iván Márquez y Jesús Santrich fueron negociadores en representación de las Farc. El expresidente recordó que, tras su paso por el Congreso, ambos reincidieron en actividades de narcotráfico, situación que llevó a las autoridades judiciales a intervenir.

“Al reincidir en el narcotráfico, la justicia los llamó. ¿Qué dijo Iván Cepeda? Que eso era un entrampamiento de la justicia”, expresó Uribe Vélez, aludiendo a declaraciones previas de Cepeda.

En uno de los pasajes destacados del video, el propio Cepeda es citado diciendo: “De lo que no me arrepiento es de haberme opuesto a esa trampa judicial, porque yo creo que ahí hubo una trampa judicial”.

Uribe interpretó esa postura como un acto de desafío a las instituciones: “Desafió la justicia que tanto dice respetar. Para Iván Cepeda, la justicia no tiene sino un camino, el camino de obedecerle”.

El exmandatario señaló que Cepeda acompañó a Santrich durante su salida de prisión y sostuvo que esa acción “facilitó la fuga de Márquez y de Santrich a Venezuela”.

Desde ese país, los excomandantes de las Farc anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia. En palabras de Iván Márquez, recogidas en el video, el objetivo de la nueva organización armada “no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía”.

Posteriormente, Uribe Vélez vinculó a la Segunda Marquetalia con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, al señalar que la víctima había sido “estigmatizada, señalada por Iván Cepeda y por Gustavo Petro, su jefe”.

El expresidente recordó que existieron registros audiovisuales en los que Iván Márquez aparecía en Venezuela anunciando la creación del nuevo grupo.

El video de Uribe también hizo referencia a una reciente acción de la Fiscalía General de la Nación, que publicó un cartel con los nombres y rostros de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, solicitando su captura.

Además, el exmandatario citó datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), según los cuales, “en 126 municipios, los más violentos, el Pacto Histórico tuvo el 54.9 del total de sus votos”.

El expresidente calificó esa cifra como “una tragedia” y afirmó que “la orden de Farc y del ELN es votar por Iván Cepeda. Él es el candidato de ellos y ellos son los electores de su candidato”.

Estas declaraciones se suman a un ambiente político marcado por la polarización y la confrontación entre sectores afines al acuerdo de paz y críticos del mismo.

Centro Democrático acusó a Iván Cepeda de eludir respuestas sobre nexos con líderes de la Segunda Marquetalia

El Centro Democrático criticó a Iván Cepeda tras su entrevista con Daniel Coronell. Según el partido, el senador “evade preguntas esenciales” sobre sus vínculos con alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, líderes de la Segunda Marquetalia.

La colectividad señaló que Cepeda adopta un “silencio preocupante” respecto a relaciones históricas con excombatientes y cuestionó su compromiso con los derechos humanos.

El partido sostuvo: “Siempre guarda silencio siendo aliado de las guerrillas”. Además, reclamó claridad sobre su postura frente a la violencia y las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro.

La inclusión de registros telefónicos, análisis detallados de ubicación de teléfonos móviles y conversaciones interceptadas permitió a la Fiscalía General de Colombia identificar a los máximos responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Esta evidencia, sumada a los testimonios directos de los involucrados, condujo a que la Fiscalía emitiera órdenes de arresto contra los principales líderes de la disidencia armada Segunda Marquetalia, según informó la revista Semana.

La decisión judicial, comunicada tras una serie de investigaciones, se fundamentó especialmente en las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", quien ya recibió una condena de 22 años de prisión por coordinar el crimen. Pérez Marroquín, a través de su testimonio, introdujo nuevos elementos que señalan al liderazgo de las FARC-EP Segunda Marquetalia como instigadores del asesinato, detalló la publicación Semana. Entre los señalados figura el líder del grupo, Luciano Marín Arango, conocido como "Iván Márquez", que actualmente, según la Fiscalía, reside en Caracas, la capital de Venezuela. La autoridad colombiana ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (1,6 millones de euros) a quien aporte información que conduzca a su captura.

Según la información divulgada por Semana, las órdenes de arresto también alcanzan a Gener García, llamado "Jhon 40", y a José Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever". La acusación sobre este último resulta relevante ya que, hasta ahora, había circulado la versión de que "Zarco Aldinever" había muerto en combate en la frontera entre Colombia y Venezuela durante agosto de 2025, enfrentamiento en el que habría participado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La nueva orden de detención desmiente la versión difundida por las autoridades colombianas, estableciendo que el señalado sigue activo y relacionado con el asesinato.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, explicó en una rueda de prensa que las pruebas recabadas incluyen no sólo los interrogatorios a responsables directos del atentado, sino también un conjunto de registros de llamadas, geolocalizaciones y conversaciones interceptadas que ubican de manera precisa a los sospechosos en sitios y momentos determinantes para la organización y ejecución del crimen, reportó el medio Caracol Radio. La Fiscalía sostiene que el crimen se planificó con el objetivo de incidir sobre las instituciones democráticas y desestabilizar los procesos políticos en el país.

El hecho que motivó estas acciones judiciales fue el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025, como consecuencia de las heridas sufridas dos meses antes. Uribe recibió un disparo efectuado por un joven de 15 años y, tras permanecer hospitalizado, perdió la vida. Semana consignó que el país experimentó una profunda conmoción, pues el atentado recordaba momentos de alta violencia política vividos en las décadas de los 80 y 90, época caracterizada por ataques sistemáticos contra dirigentes y candidatos.

La condena a Simeón Pérez Marroquín se suma a las penas impuestas contra otros participantes del complot. Carlos Mora González y Katherine Martínez fueron sentenciados a 21 años de prisión debido a su implicación en el homicidio, según publicó la revista Semana. En las primeras etapas de la investigación, hasta nueve personas fueron detenidas por las autoridades, en relación con su participación en la planificación y ejecución del atentado.

Al exponer los motivos detrás del asesinato, la fiscal Luz Adriana Camargo reiteró que los implicados buscaron afectar el funcionamiento del sistema político del país y atentar contra la democracia mediante este magnicidio. La Fiscalía, con el soporte de testimonios, tecnología y el cruce de múltiples fuentes de información, avanza en la judicialización de los líderes de la Segunda Marquetalia, detalló Semana, mientras mantiene la recompensa para quienes faciliten la captura de los principales responsables.

El pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, liderada por Scott Campbell, plantea que las medidas restrictivas impuestas por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC afectan directamente los derechos de la población civil atrapada en zonas de conflicto armado. Dichas restricciones, según la ONU, dificultan el acceso y la labor de organismos internacionales y nacionales encargados de proteger y monitorear los derechos fundamentales, y generan condiciones de mayor riesgo tanto para la población como para quienes trabajan prestando servicios humanitarios en estos territorios. Esta preocupación fue divulgada en redes sociales por la oficina de la ONU, que pidió a todos los grupos armados no estatales respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, que incluye garantizar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, así como de los funcionarios civiles estatales y de quienes integran organismos internacionales y organizaciones civiles activas en zonas de conflicto.

Según consignó el medio Europa Press, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Colombia han manifestado públicamente su desacuerdo ante los anuncios realizados por el EMC, principal grupo disidente de las FARC, que restringen la labor de verificación, monitoreo y acompañamiento en determinadas regiones bajo su control o donde ejercen influencia. De acuerdo con un comunicado de la oficina de la ONU en el país, Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria de la organización en Colombia, expresó “profunda preocupación y rechazo” por estas restricciones. Villar destacó que estas limitaciones reducen la capacidad tanto de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, como de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría, para proteger a la población civil y ofrecer asistencia esencial de forma oportuna.

La ONU enfatizó que las organizaciones humanitarias operan bajo principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Subrayó además que el respeto absoluto a estos principios resulta esencial para impedir malentendidos que puedan originar restricciones al acceso, incrementando los riesgos para civiles y trabajadores humanitarios en zonas afectadas por la violencia. Mireia Villar solicitó que se respete el espacio humanitario y se garantice el acceso seguro, oportuno y sin obstáculos a todas las instituciones que, sujetas a estos principios, sirven a las comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad. La funcionaria también aseguró que “la labor humanitaria se centra exclusivamente en responder a las necesidades más urgentes de las comunidades, contribuyendo a su bienestar y protección”.

Europa Press detalla que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, por su parte, publicó un comunicado en el que rechaza no solo las restricciones impuestas por el EMC, sino también los señalamientos relacionados con su supuesta falta de imparcialidad y la presunta filtración de información que favorecería operaciones militares. La OEA puntualizó que en 22 años de operaciones en Colombia ha acompañado a comunidades, víctimas y sectores vulnerables en regiones gravemente afectadas por la violencia, ejecutando su mandato gracias a la confianza institucional. Según este organismo, cualquier restricción impuesta atenta contra el Derecho Internacional Humanitario y repercute de manera negativa en los habitantes de zonas apartadas, donde la presencia de organismos nacionales e internacionales es clave para la defensa de sus derechos. El comunicado llamó a respetar el Derecho Internacional y a evitar interferencias en las labores de estos organismos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia también manifestó preocupación en un comunicado oficial, y lamentó lo que describe como una vulneración al Derecho Internacional Humanitario por parte del EMC, ya que restringir su labor impide la defensa de los derechos de la población civil y perjudica a las comunidades que, en contextos de conflicto, resultan especialmente expuestas a situaciones de riesgo. El organismo explicó que condicionar la presencia de instituciones humanitarias dificulta el monitoreo de riesgos, limita el acceso humanitario e interrumpe el acompañamiento necesario para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas. Además, advirtió sobre las consecuencias de restringir el trabajo de sus funcionarios, quienes mantienen misiones técnicas y humanas para velar por los derechos humanos y la dignidad en medio de la violencia armada. La Defensoría resaltó que ejerce su función de forma independiente y orientada a la construcción de paz, en concordancia con el respeto al Derecho Internacional y la protección de la naturaleza.

Según reportó Europa Press, la controversia surge tras el comunicado emitido por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, dirigido por Néstor Gregorio Vera, conocido como 'Iván Mordisco'. En este documento, la organización anunció la restricción de ingreso de las misiones humanitarias y de verificación de la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo a zonas bajo su control. El EMC argumentó que estas acciones respondían a “graves violaciones de confianza y neutralidad”, sosteniendo que operaciones humanitarias y tareas de verificación se habrían utilizado para obtener información sobre sus posiciones, facilitando así operaciones militares en su contra. El comunicado acusó también a la Defensoría del Pueblo de emitir alertas tempranas supuestamente manipuladas por encargo de sus funcionarios regionales, lo que –a su juicio– genera pánico entre la población y proporciona argumentos para operativos militares estatales.

En el mismo texto, el EMC indicó que mantendrá el ingreso únicamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre que se garantice la neutralidad absoluta, el secreto y la confidencialidad de las misiones. Las tres organizaciones afectadas han reiterado la relevancia de su trabajo para el monitoreo, acompañamiento y protección de comunidades sometidas a dinámicas de violencia crónica en Colombia. Según publicó Europa Press, estas instituciones han sostenido que su presencia ayuda a prevenir violaciones de derechos humanos y proporciona una vía de acceso a la justicia en casos de presuntas infracciones durante el desarrollo del conflicto armado.

Las advertencias de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo recogen el impacto que estas restricciones tienen sobre la defensa civil y la asistencia humanitaria, así como el incremento en los niveles de riesgo enfrentados por quienes trabajan en defensa de la población en territorios controlados por actores armados. Las organizaciones multilaterales coincidieron en que limitar su actuación mina el acompañamiento técnico, jurídico y humanitario que requieren las comunidades para enfrentar el conflicto y la exclusión. En los comunicados citados por Europa Press, se mantuvo la petición a todos los actores armados de permitir el acceso y respetar las normas internacionales que rigen la protección de la sociedad civil y de quienes colaboran para aliviar el sufrimiento causado por la guerra.

Tanto la ONU como la OEA y la Defensoría del Pueblo han reiterado, a través de diversas plataformas, su disposición para seguir trabajando en contextos de adversidad, enfatizando la autonomía e imparcialidad de su mandato y su compromiso con la promoción de la paz y los derechos fundamentales en Colombia.

ONU Colombia, a través de la Oficina para los Derechos Humanos, reiteró el llamado a que los grupos armados no estatales respeten el Derecho Internacional Humanitario, subrayando que esta obligación incluye la protección de la vida, la libertad y la libre circulación tanto de la población local como del personal de organismos estatales e internacionales. En este contexto, la organización alertó que las restricciones impuestas en varias regiones del país por el Estado Mayor Central (EMC), principal grupo disidente de las FARC, comprometen de manera significativa el acceso a la ayuda y la supervisión independiente sobre las condiciones de comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia.

De acuerdo con ONU Colombia, la decisión del EMC limita la asistencia y protección en zonas donde la presencia institucional resulta fundamental para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad. El medio detalló que la coordinadora residente y humanitaria de Naciones Unidas en el país, Mireia Villar, manifestó rechazo a los anuncios del EMC sobre la imposición de restricciones al ingreso de misiones extranjeras y nacionales en áreas bajo su control. Según el comunicado oficial difundido el jueves, las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento y monitoreo dirigido a la población civil y obstaculizan la provisión de servicios esenciales para quienes más los requieren.

Tal como informó la entidad internacional, las medidas dadas a conocer por el EMC, cuya dirigencia recae en Néstor Gregorio Vera, identificado como “Iván Mordisco”, aparecieron en un comunicado donde el grupo notificó que considera “restringido” el acceso de organismos como la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo, en los territorios bajo influencia política y militar del grupo armado. El EMC argumentó su decisión afirmando la existencia de “graves violaciones de confianza y neutralidad”, señalando que labores humanitarias y misiones de verificación se habrían utilizado para obtener información sobre sus posiciones, lo que, desde su perspectiva, facilitó posteriores operativos militares en su contra.

En el mismo documento, el EMC cuestionó las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, acusando una “manipulación” atribuida a responsables regionales que distorsionaría la realidad en el terreno y aportaría elementos para generar alarma y justificar acciones armadas contra las FARC-EP. Añadió que a partir de ahora solo permitirá la entrada de misiones humanitarias acompañadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), siempre y cuando cumplan condiciones expuestas en el comunicado relativas a la “neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad”.

ONU Colombia remarcó, según reportó el medio, que las organizaciones internacionales y nacionales de carácter humanitario sustentan su trabajo en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Insistió en que la observancia y respeto de estos valores resulta esencial para evitar restricciones de acceso, alegaciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad tanto de las misiones como de la población civil. De igual modo, el comunicado de ONU Colombia enfatizó la urgencia de “respetar plenamente el espacio humanitario” y garantizar un acceso seguro, sin obstáculos ni demoras, a todas las entidades humanitarias, sin distinción entre agencias internacionales o estatales.

Según consignó la ONU, la determinación del EMC de restringir el ingreso a zonas bajo su control transforma el entorno en el que normalmente opera la asistencia humanitaria y dificulta la verificación independiente de la situación de derechos humanos en regiones caracterizadas por altos niveles de necesidad. El rol del CICR quedaría garantizado de forma condicional, bajo términos fijados por el EMC, restringiendo aún más el accionar de agencias internacionales en el área.

El impacto de estas limitaciones afecta principalmente a comunidades que dependen de la presencia de observadores externos para relatar su situación y acceder a ayuda básica. Las misiones internacionales, junto a organismos nacionales, desempeñan funciones de monitoreo que buscan proteger a civiles, vigilar el respeto a los derechos humanos y asegurar la prestación de servicios humanitarios en escenarios de conflicto.

La decisión formalizada por el EMC coincidió, según lo publicado por ONU Colombia, con un momento crítico en la relación entre organismos internacionales y grupos armados sobre el terreno, debido a la exigencia de este último de garantizar niveles de neutralidad y confidencialidad que no resultan compatibles con los estándares de verificación e independencia requeridos para la protección de los derechos humanos. ONU Colombia reiteró su solicitud de que todas las restricciones se levanten y se reconozca plenamente la función humanitaria e independiente de las organizaciones internacionales y nacionales que operan en Colombia.

Desde el punto de vista de la respuesta humanitaria, no contar con monitoreo internacional y nacional implica que numerosas regiones quedarían expuestas a la ausencia de informes fiables y a un vacío en la protección de civiles. La intervención de actores internacionales, señala ONU Colombia, ofrece una garantía adicional de protección para las personas expuestas a violencia, desplazamiento y carencias extremas. Naciones Unidas subraya que el cumplimiento de las normas humanitarias internacionales constituye el único camino para la salvaguardia y la mejora de la situación de quienes se encuentran en mayor riesgo.

La decisión del EMC de canalizar toda la asistencia futura a través del CICR, bajo condiciones definidas unilateralmente, introduce una dinámica distinta en la gestión de la ayuda y la supervisión en terreno. De acuerdo con lo informado, esta condición establece límites estrictos para la actuación de otros organismos, ya que la colaboración quedaría supeditada a criterios de neutralidad y confidencialidad interpretados de forma exclusiva por el grupo armado.

La postura de la ONU recogida en el comunicado insiste en que las organizaciones internacionales y nacionales no solo prestan ayuda material y protección inmediata, sino que generan mecanismos de denuncia y seguimiento que contribuyen a la prevención de nuevas afectaciones a los derechos humanos. La falta de acceso y el impedimento al trabajo de estos organismos incrementan la situación de vulnerabilidad y pueden derivar en una mayor inseguridad para la población civil.

Por último, ONU Colombia, acorde a lo registrado en sus comunicaciones, instó al EMC y a todos los actores armados del país a respetar en su totalidad las obligaciones internacionales relativas al trato de la población civil, el personal de organismos humanitarios, y los empleados estatales y sociales que desarrollan labores en regiones inmersas en el conflicto armado.

El operativo llevado a cabo en Remolinos del Orteguaza, Florencia, permitió a las fuerzas militares colombianas localizar un depósito ilegal con ocho fusiles, una ametralladora M60, cerca de 3.981 cartuchos de diferentes calibres, 32 cargadores y dos artefactos explosivos, según informó el ejército colombiano. En la misma intervención, los uniformados lograron rescatar a un adolescente que, de acuerdo con las versiones oficiales, había sido reclutado previamente por la organización armada disidente.

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas Armadas y recogida por distintas plataformas informativas, la operación resultó en la captura de Alexis Ávila Orozco, conocido como ‘Nelson’, señalado como uno de los máximos dirigentes de la llamada Columna Rodrigo Cadete. Esta facción disidente forma parte de las agrupaciones que se separaron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es dirigida por Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’. El medio detalló que la detención de Ávila Orozco ocurrió en el municipio de Florencia, departamento de Caquetá, en una zona rural identificada como Remolinos del Orteguaza.

El menor de edad que fue recuperado durante el operativo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes, quienes evaluarán las condiciones en que fue reclutado por el grupo armado. Según reportó el medio, la recuperación del adolescente representó uno de los aspectos centrales de la intervención armada en la región del Caquetá.

Sobre el material incautado, el ejército precisó la localización de un depósito oculto en el que se almacenaban armas de largo alcance y explosivos, que según los voceros oficiales, incrementaban la capacidad de fuego de la facción disidente. Las autoridades subrayaron el hallazgo de la ametralladora M60 y la cantidad significativa de municiones, señalando que esto representa un golpe logístico para el grupo comandado por Mendoza.

Según consignaron las Fuerzas Armadas y diversos medios, la Columna Rodrigo Cadete implica una estructura armada que no se ha adherido al proceso de paz establecido en años recientes y ha continuado las actividades armadas en distintas zonas del país. La detención de Ávila Orozco y la recuperación del menor se inscriben en la política de ofensiva estatal contra las disidencias, en un contexto de persistentes enfrentamientos y presencia de estructuras criminales en el sur del territorio colombiano.

También informaron las autoridades que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para enfrentar cargos relacionados con la conformación de grupos armados ilegales, reclutamiento de menores y tenencia de armamento de uso exclusivo de las fuerzas militares. El material incautado será sometido a procedimientos periciales para determinar su origen y posible relación con otros hechos violentos en la región.

La intervención militar realizada en Caquetá refuerza las acciones emprendidas para debilitar a las disidencias de las FARC, que según fuentes oficiales continúan desempeñando actividades ilícitas en departamentos clave como Caquetá, Guaviare y Meta. Las operaciones buscan frenar el reclutamiento forzado y desarticular los arsenales con los que cuentan estas agrupaciones.

Según lo detallado por los portavoces de las Fuerzas Armadas, la captura de un cabecilla como Alexis Ávila Orozco representa un avance en los esfuerzos por restablecer condiciones de seguridad en zonas rurales donde persisten grupos armados, y recalcaron su compromiso con la protección de menores y el decomiso de material bélico empleado en acciones ilegales.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, rechazó públicamente la difusión de publicaciones en redes sociales sobre un presunto retorno a las armas, en caso de un posible resultado adverso en las elecciones presidenciales en Colombia.

En su cuenta de X, el hoy líder del partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y el extinto grupo armado, afirmó que dichas afirmaciones alimentan la polarización política y ponen en riesgo la integridad de aquellos que firmaron la paz y se reincorporaron a la vida civil.

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“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.

En la publicación, Londoño recopiló varios portales digitales en la que se mencionaba la siguiente frase: “Timochenko dice que si gana la derecha en Colombia está pensando seriamente volver al monte”.

Ante esta situación, “Timochenko” informó que ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia para que se indague al responsable de la difusión del mensaje considerado como calumnia. “Denuncio ante la @FiscaliaCol y @CaiVirtual la propagación de mentiras e injurias de distintos medios”, añadió.

Así mismo, Rodrigo Londoño insistió en el compromiso con el proceso de reconciliación y en el cumplimiento del acuerdo por parte del antiguo grupo guerrillero.

“La divulgación de noticias falsas y calumniosas atenta contra la integridad física y moral de los firmantes del Acuerdo de Paz y viola la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia. Los firmantes del Acuerdo de Paz estamos firmes en la brega por la paz”, concluyó.

Revés electoral de Comunes

La tensión política se agrava tras la reciente pérdida de la personería jurídica de Comunes. En las elecciones al Congreos del 8 de marzo de 2026, la agrupación política encabezada por Londoño no solamente no pudo retener sus diez curules en el legislativo (5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes), derechos garantizados específicamente por el Acuerdo de La Habana (Cuba), sino que dejara de contar con personería jurídica.

En ese contexto, Sandra Ramírez, histórica dirigente y viuda de Manuel Marulanda (alias Tirofijo), intentó postularse a través de la lista de Fuerza Ciudadana. Sin embargo, recibió apenas 10.505 votos (0,05%), cifra que, sumada a los 114.722 votos totales de Fuerza Ciudadana, no superó el umbral necesario para obtener representación en el Congreso.

En ese sentido, Rodrigo Londoño dirigió mensajes de serenidad a la militancia, la comunidad internacional y los observadores de procesos de paz tras no obtener los resultados requeridos para llegar al Congreso.

“A los amigos y amigas de la paz de Colombia, a la comunidad internacional y a la militancia, mi mensaje de sosiego en esta coyuntura. Comunes sufrió un revés electoral, pero no perdimos la convicción de seguir luchando en democracia por la paz con justicia social. Venceremos”, escribió Londoño en una publicación en la red social X.

Del mismo modo, Londoño recalcó que el resultado adverso no implica el abandono de la causa política ni de los compromisos suscritos en 2016.

“No hemos perdido la credencial de firmante del acuerdo de paz ni de alta parte contratante y como tal seguiremos trabajando sin descanso porque se implemente el acuerdo en su espíritu y en su letra”, declaró “Timochenko” en un video publicado en la misma red social.

Frente a los resultados de la contienda electoral, el líder de Comunes aseveró que la derrota en las urnas obedece a factores internos y externos, que, aseguró, merecen un análisis detenido.

“Sí, como Comunes tuvimos un revés electoral. Hay causas endógenas y exógenas que habrá que analizar con detenimiento, pero no hemos perdido la convicción de trabajar por la paz de Colombia”, indicó.

No obstante, señaló problemas crecientes vinculados a la seguridad de los excombatientes y a la gestión institucional por parte del Estado.

“Hay dificultades con el tema de la seguridad, lo que está sucediendo en la UNP. Hay dificultades que tienen a muchos muy angustiados, como lo del tema de la asignación mensual, pero ahí seguimos en la brega porque estas cosas logremos reversarlas”, destacó.

Por último, Rodrigo Londoño reiteró su llamado a mantener la moral y la esperanza. “Hacer la paz es revolucionario, ¡Estamos absolutamente llenos de moral!”, concluyó.

Oviedo presentó como condiciones para sumarse a la candidatura de Valencia el compromiso con la continuidad del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el reconocimiento de que en Palestina se desarrolla un “genocidio” por las acciones militares de Israel.

El plazo para definir la fórmula vicepresidencial vence el 13 de marzo, por lo que Valencia deberá tomar una decisión y anunciar a su compañero de fórmula en las próximas jornadas. Dos días antes, la candidata se impuso en La Gran Consulta por Colombia con 3.236.286 votos.

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Tras este triunfo, su aliado político Álvaro Uribe Vélez reiteró su respaldo en diferentes publicaciones y declaraciones. El exmandatario enfatizó en redes sociales: “Paloma es firme, coherente y no oportunista. Dialoga y busca concertar. La atacan por La Habana y por mí”.

El líder del Centro Democrático instó a “crear más de 500 comités cívicos por Paloma, con personas de todos los partidos e independientes”, apostando por fortalecer la movilización ciudadana que respalde la campaña presidencial.

Y agregó: “Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores, por ejemplo, con el doctor David Luna”.

Según el análisis de Uribe Vélez, los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los puntos de quiebre entre Valencia y Oviedo, con las extintas Farc, impulsaron la vulneración de derechos humanos.

“La impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo. Impunidad por delitos atroces, como el secuestro, la violación de niños. Además, le dio a los actores elegibilidad política. Nuestras críticas no son para que los encarcelen”, expresó el exmandatario.}

Las críticas de Álvaro Uribe contra el Acuerdo de Paz

Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, afirmó que los Acuerdos de Paz 2016, según su perspectiva, aumentaron la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el país, pasando de 48.000 en 2012 a 220.000 al finalizar 2018.

“Eso está hecho, pero es muy importante tener esto para el futuro. Ahora hay 26.000 personas en armas, más las ciudades llenas de bandas y de distribución de droga, que en 2012 Colombia había bajado a 48.000 hectáreas. Con los anuncios de La Habana, al cambio de gobierno en 2018, ya tenía 220.000 y ahora pasa de 300.000. Eso hace inviable al país, como también el costo de ese proceso, la cantidad de agencias burocráticas que creó con un estado más pequeño, con el que había, inclusive con algo menos, se habrían podido cumplir los mismos propósitos”, explicó Uribe Vélez.

El exmandatario expuso: “La Habana igualó a nuestros militares con el terrorismo. Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales, constitucionales, no han estado al servicio de dictadores, no han sido beneficiarias de impunidad”.

Incluso, señaló que a lo largo de su carrera política siempre veló por los desmovilizados de los grupos armados, además de que con Paloma Valencia tienen en planes impulsar propuestas que beneficien a las personas afectadas por el conflicto armado.

“Nosotros siempre hemos dicho que a los desmovilizados sí hay que apoyarlos, que a los municipios pobres sí hay que atenderlos con acuerdo o sin acuerdo. Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado. También eso incluye los desmovilizados. Nosotros hemos sido amigos del diálogo, no de la impunidad”, aseguró.

A renglón seguido, Uribe Vélez pidió a los colombianos que “no cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho, lo multiplica. Lo nuevo, sabe incorporarlo. Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”.

El operativo, coordinado con apoyo de inteligencia y medios estadounidenses, tuvo como objetivo un campamento usado por los Comandos de la Frontera, liderado por el cabecilla conocido como "Mono Tole“, con capacidad para entrenar hasta 50 narcotraficantes, según fuentes oficiales.

Hasta el momento, no se detalló si hubo detenidos ni el tipo preciso de apoyo operativo o logístico brindado por el país norteamericano.

“Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre la intervención en el municipio de Cascales. Las fuerzas ecuatorianas emplearon aviones, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para localizar y destruir la infraestructura criminal.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos comunica públicamente una operación militar conjunta con Ecuador.

El Ministerio de Defensa destacó que la colaboración se enmarca en los acuerdos bilaterales de seguridad que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EEUU ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, publicó en redes sociales el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

El también asesor principal del secretario de Guerra Pete Hegseth agregó que la operación demuestra el impacto de la acción coordinada y envía un mensaje claro de que las redes narcoterroristas no encontrarán refugio en el continente.

Por su parte, el comandante del Comando Sur estadounidense expresó a través de un comunicado en X: “Avanzamos junto a nuestros aliados en la lucha contra el narcoterrorismo. Felicito a nuestras fuerzas conjuntas y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por la exitosa operación contra los narcoterroristas en Ecuador".

“Esta acción colaborativa y decisiva es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con la lucha contra el narcoterrorismo”, subrayó el general Francis L. Donovan.

Desde inicios de 2024, Estados Unidos se consolidó como socio clave de Ecuador en la ofensiva lanzada por el presidente Daniel Noboa contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas ante la escalada de violencia que ha llevado al país a encabezar los índices de homicidios en la región. Entre los grupos designados como terroristas por el gobierno figuran tres disidencias de las FARC, incluidos los Comandos de la Frontera, responsables de la emboscada en mayo que dejó once militares ecuatorianos muertos en la zona de Alto Punino, entre las provincias de Orellana y Napo.

De acuerdo con las autoridades, los Comandos de la Frontera mantienen vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa de Ecuador, para expandirse en actividades ilícitas como la minería ilegal en enclaves amazónicos.

El general Donovan afirmó que Ecuador es “uno de los socios más fuertes de Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región”, y sostuvo que la población ecuatoriana ha experimentado de primera mano los efectos de la violencia y la corrupción vinculadas al narcotráfico.

(Con información de EFE)

Las declaraciones de la periodista se dieron a través de un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, en la que expresó su indignación por la falta de atención a las víctimas de este reclutamiento.

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“Iván Cepeda, ¿qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados y convertidos en máquinas de guerra por parte de las Farc?“, escribió Dávila, refiriéndose a las estadísticas oficiales que revelan la magnitud del sufrimiento infantil causado por la guerrilla, antes de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Y es que la cifra de 18.677 menores, dada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corresponde a los niños que fueron forzosamente reclutados y sometidos a diversos abusos por los grupos armados ilegales, cifra que sigue impactando al país y que reposa en el Caso 07.

Dávila denunció la impunidad de los líderes de las Farc

La periodista, que actualmente participa en la Gran Consulta por Colombia para elegir a un solo candidato de centro-derecha que los representará en las elecciones de primera vuelta presidencial, continuó su mensaje al señalar directamente la implicación de Cepeda en las negociaciones de paz con las Farc.

“De todos esos criminales como Tirofijo, Alfonso Cano, Santrich, Iván Márquez… todos esos bandidos con los que usted se sentó (sic)”, publicó Dávila, refiriéndose a los líderes guerrilleros con los que el senador Cepeda participó en los diálogos de paz durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

En su extenso mensaje, Dávila no dejó de resaltar la contradicción que, a su juicio, representaba el hecho de que Cepeda y su grupo político —refiriéndose al Pacto Histórico, al cual también pertenece el presidente Gustavo Petro—, se mostrarán preocupados por situaciones internacionales, como el sufrimiento de los niños en Gaza e Irán, mientras ignoraban el destino de los menores colombianos víctimas de la guerrilla.

“Estos niños no valen una protesta, una marcha o siquiera un trino, ¿cierto?”, publicó la candidata presidencial, en el que resaltó lo que consideró como un doble estándar en la actitud de los defensores del proceso de paz.

La crítica de Dávila se derivó de un video de ella misma en el que, también a través de redes sociales, expresó su frustración y sorpresa ante la aparente indiferencia del Gobierno actual y de sectores como el de Iván Cepeda.

“Estoy indignada, asqueada”, fueron sus primeras palabras en dicho video. Dávila destacó que el reclutamiento infantil por parte de las Farc era una realidad que no podía ser ignorada, pero que, a su juicio, “ni Petro, ni Cepeda, ni los activistas de Colombia” parecían darle la atención que merecía.

La periodista añadió que, en su opinión, el Gobierno nacional fue “defensor de los victimarios”, pues varios de los responsables de estos crímenes, incluidos los exjefes guerrilleros, gozaron de impunidad, incluso al ser recibidos en el Congreso y aplaudidos por algunos sectores políticos.

Dávila acusa a Cepeda de defender a los guerrilleros de las Farc, pese a sus crímenes

Cargada de indignación, Vicky Dávila también dejó claro que el reclutamiento forzoso de menores no ha cesado e incluso se intensificó durante la gestión de Petro. “El reclutamiento en este Gobierno corrupto que usted apoya, se recrudeció”, agregó Dávila, acusando al candidato de ser cómplice de una situación que ella calificó de “trágica” para los niños colombianos.

Por su parte, Cepeda mantiene una postura firme en la defensa del proceso de paz, abogando por la reintegración de los excombatientes y criticando las políticas que considera como parte de un conflicto armado que, según él, debe resolverse de manera política.

El senador, que fue uno de los principales negociadores en los diálogos entre el Estado y las Farc, también defiende los acuerdos alcanzados en La Habana, los cuales llevaron a la desmovilización de miles de guerrilleros.

Sin embargo, su intervención durante las negociaciones, en la que descalificó las denuncias de abusos sexuales y reclutamiento infantil por parte de las Farc, es criticada por varios sectores, tal y como lo hizo Vicky Dávila.

Tras la admisión de responsabilidad por el reclutamiento de menores durante el conflicto armado, el antiguo secretariado de las Farc enfrenta una inminente audiencia de reconocimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, señaló en entrevista con El Tiempo que este proceso implica la apertura de sanciones restaurativas y plantea un diálogo directo con las víctimas.

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Tras la aceptación de los crímenes, la JEP contempla trabajos, obras y actividades reparadoras (Toar) como sanciones restaurativas en este caso. Estos mecanismos, que deben ser concertados con las víctimas y aprobados por el Tribunal para la Paz, están dirigidos a reparar los daños ocasionados por el reclutamiento de más de 11.000 menores.

La ley establece que estas sanciones no admiten amnistía y que el tiempo máximo de cumplimiento es de ocho años, sin posibilidad de acumulación incluso para quienes han sido condenados en varios macrocasos.

“Acabamos de entregar al país una solicitud de perdón dirigida a las víctimas y a la sociedad. En el plano procesal, después de seis años de investigación de este Caso 07, que hoy agrupa más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, se abre la posibilidad de lo que llamamos en la JEP un diálogo restaurativo. Es decir, un escenario de encuentro directo entre víctimas y comparecientes”, señalo Rueda en diálogo con el diario nacional.

El reconocimiento de responsabilidad, la admisión del daño infligido a las víctimas y la gravedad de los hechos perpetrados contra niños y niñas —quienes no pueden ser objeto de amnistías— constituyeron, según la magistrada, el punto de partida que hasta ahora había impedido abrir este diálogo

“En el diseño de este sistema de justicia especial, este diálogo es fundamental, porque permite a las víctimas expresar directamente a los comparecientes todas sus consideraciones sobre el proceso, sus expectativas de justicia, sus emociones, sus perspectivas sobre el futuro y las tareas que los máximos responsables podrían hacer para contribuir en el proceso de restauración y construcción de verdad”, señaló Rueda.

Según la magistrada, si las conversaciones avanzan favorablemente, la Sala de Reconocimiento tendrá la posibilidad de convocar a una audiencia de reconocimiento. En ese contexto, los comparecientes deberán reconocer públicamente su responsabilidad, lo cual permitirá posteriormente considerar la aplicación de una sanción restaurativa.

La ruta hacia las sanciones restaurativas de la JEP

Rueda explicó que los comparecientes pueden proponer trabajos, obras y actividades reparadoras (Toar), pero estas iniciativas requieren tanto la consulta con las víctimas como el visto bueno de la Sala y del Tribunal de Paz.

De acuerdo con la magistrada, este procedimiento garantiza que las acciones de reparación respondan a las propuestas de las víctimas y no queden sujetas exclusivamente a la voluntad de los procesados.

“Esta fase que sigue permitirá escuchar a los comparecientes sobre estas iniciativas y ponerlas a dialogar con aquellas que provienen de las víctimas, -las que ellas ya han presentado y las que presenten en lo que sigue-. Hasta este momento, algunas víctimas han compartido con la Sala ideas de proyectos restaurativos que son valiosos y profundos”, precisó la magistrada a El Tiempo.

Entre los proyectos presentados por las víctimas figuran iniciativas de memoria, prevención y fortalecimiento comunitario. Según indicó la magistrada, víctimas de Cali propusieron la creación de la “Casa Xingu: Juventud de Luz”, un espacio participativo para prevenir el reclutamiento, fomentar la resiliencia social y promover la paz.

En el Guaviare, madres y familiares de menores desaparecidos solicitaron la creación de una “Casa de la memoria paz y reconciliación”, orientada a la sanación mediante el arte, la escucha y el apoyo psicosocial.

Por su parte, las comunidades indígenas han presentado propuestas propias. “Desde los pueblos étnicos que participan en el caso también hemos recibido propuestas que podrían transformar realidades y ser restaurativas, especialmente desde la prevención del reclutamiento de niños y niñas”, detalló Rueda.

En Arauca, se ha planteado la creación de centros de educación media, la formación de liderazgos familiares y femeninos, y la transmisión de saberes ancestrales, permitiendo que los niños continúen su educación dentro de sus territorios y bajo su cosmovisión.

En el Caquetá, se han realizado solicitudes para garantizar el acceso a agua potable y chalupas escolares, así como mejoras en las escuelas y espacios educativos con enfoque étnico.

“Todo esto, por supuesto, son semillas que se gestan y crecen en el proceso restaurativo, en donde la mayoría de víctimas han dicho que sería bienvenida la participación de comparecientes”, señaló la magistrada.

Rueda también identificó la posibilidad de articular estos trabajos con programas estatales para lograr cambios estructurales en la protección de la niñez colombiana.

Los retos jurídicos y el alcance de las sanciones propias

Frente a quienes consideran que las sanciones restaurativas establecidas —un máximo de ocho años— resultan insuficientes por la magnitud del daño, la magistrada aclaró a El Tiempo: “Aunque los comparecientes estén condenados en múltiples macrocasos, la ley establece que el máximo término de las sanciones propias para cada persona condenada es de ocho años y estas no son acumulables como si fuese una suma aritmética”.

La JEP remarca que la sanción propia no agota el compromiso institucional con la verdad ni la garantía de no repetición, sino que también constituye un principio de seguridad jurídica para los comparecientes.

“El Tribunal para la Paz, particularmente la Sección con Reconocimiento, es la instancia que continúa este proceso dialógico”, afirmó la magistrada.

El proceso de reconocimiento y sanción abre una oportunidad para que la sociedad colombiana reflexione y se involucre en la protección integral de la niñez, con el fin de evitar que las generaciones futuras sean víctimas de la violencia armada.

“El país no puede tener un candidato presidencial que genere tantas dudas. Si aquí no hay verdad, cuénteselo al país y convénzalo; pero si la hay, también cuénteselo, porque no puede ser que la clandestinidad proteja a un candidato”, expresó el candidato.

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Pinzón planteó que, si permanecen ocultos detalles relevantes, los riesgos para la verdad judicial sobre crímenes de guerra y redes de narcotráfico se amplifican en un contexto en el que la Corte Penal Internacional puede intervenir por delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados, según el Estatuto de Roma, firmado por Colombia, según recogió el propio aspirante en el comunicado divulgado por su equipo.

La declaración de Pinzón, se produjo después de que la cúpula de las Farc confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzado de 18.677 menores y violencia sexual contra ellos.

El candidato presidencial resaltó que esos hechos se constituyen en crímenes de guerra confesos, “que no prescriben”, remitiéndose al Estatuto de Roma.

Así mismo, enfatizó que el sistema judicial nacional no tiene competencia para otorgar amnistía sobre esos delitos, y que cualquier intento de hacerlo activaría el examen de la Corte Penal Internacional.

Juan Carlos Pinzón sostuvo que la financiación de estas acciones provenía de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, aportando como evidencia documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según esos archivos, en 2006 Nicolás Maduro habría recibido USD 5 millones de las Farc para operaciones de blanqueo de capitales, y que Hugo Chávez llegó a prometer USD 300 millones a la organización insurgente.

Adicionalmente, citó documentación de la DEA sobre la convergencia de las Farc con Hezbollah en territorio venezolano.

“Estos crímenes fueron financiados a través de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Citó documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos según la cual en 2006 Nicolás Maduro recibió 5 millones de dólares de las Farc para lavar dinero y que Hugo Chávez prometió 300 millones de dólares. También mencionó documentación de la DEA sobre convergencia criminal entre las Farc y Hezbollah en Venezuela”, se lee en el documento.

Pinzón recordó que el Ejército Nacional incautó computadores de altos mandos de las Farc en operativos de 2008, 2010 y 2011, específicamente a Raúl Reyes, el “mono Jojoy” y Alfonso Cano. En los tres casos, sostuvo que, la justicia nacional anuló la validez probatoria de esos dispositivos. El precandidato contrastó esta postura con la estadounidense, afirmando: “Mientras en Colombia los jueces anulan pruebas con tecnicismos, en Estados Unidos esas mismas evidencias sirven para acusar a un jefe de Estado”.

Según Pinzón, en el computador de Raúl Reyes aparecieron mencionadas organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz, fundada por Piedad Córdoba y con la participación de Iván Cepeda.

Además, citó reportes de The Guardian y Associated Press en los que se indica que Cepeda visitó en varias ocasiones a Simón Trinidad —reconocido dirigente de las Farc— en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Una de estas visitas se habría realizado junto al abogado Enrique Santiago, a quien Pinzón describe como asesor legal de las Farc y uno de los arquitectos de la JEP.

Pinzón señaló que, de los nueve magistrados que en 2011 firmaron el auto que anuló los computadores de Reyes como prueba, cuatro terminaron envueltos en escándalos judiciales y uno de ellos, José Leonidas Bustos, recibió una condena a 10 años de prisión por haber liderado el caso conocido como el “Cartel de la Toga”.

El candidato exigió a la Fiscalía General de la Nación que recopile las pruebas que Estados Unidos ha utilizado para judicializar a Nicolás Maduro y se las aporte a la justicia colombiana.

A la Corte Suprema de Justicia, le solicitó que revoque la decisión firmada por el magistrado condenado Leonidas Bustos. Pinzón pidió que se liberen y desclasifiquen los contenidos de los computadores atribuidos a Jojoy, Reyes y Cano, a fin de que “Colombia entera vea los nombres que ahí aparecen”.

El aspirante presidencial advirtió que, si la justicia colombiana opta por la amnistía, debe prevalecer la competencia internacional: “Las Farc confesaron un crimen de guerra contra 18.677 niños. Si la justicia colombiana les da amnistía, que la justicia internacional les dé una condena. CPI, Unicef, Cidh: el mundo los está mirando”, sostuvo Pinzón en su comunicado.

Finalmente, Pinzón enfatizó el derecho de la sociedad colombiana a conocer la totalidad de los hechos y reiteró que Iván Cepeda, actual candidato presidencial, debe explicar a la opinión pública su papel y las relaciones que mantuvo con los actores involucrados en los hechos mencionados en los computadores de las Farc.

El debate sobre la participación política de excombatientes de las Farc volvió a escena tras un mensaje publicado por Martín Santos, hijo del exmandatario Juan Manuel Santos, en su cuenta de la red social X.

En el trino, Santos compartió una reflexión sobre el lugar que ocupan los firmantes del acuerdo de paz en el escenario electoral colombiano. El mensaje generó múltiples reacciones de figuras públicas y analistas.

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“Todos quisiéramos ver al secretariado de las ExFarc tras las rejas por décadas pero fue imposible por +60 años”, escribió Martín Santos, citando la imposibilidad de lograr juzgamiento efectivo durante el prolongado conflicto armado.

El mensaje, destacó la preferencia del hijo del expresidente por la vía política frente a la continuación de la violencia.

Santos agregó: “Yo sí prefiero verlos participando en política, cambiando las balas por votos y confesando sus crímenes en lugar de continuar matando, secuestrando y extorsionando”.

El pronunciamiento subrayó la importancia de la transición de la lucha armada al ejercicio democrático y la rendición de cuentas mediante la verdad judicial.

El comentario de Martín Santos reavivó la discusión acerca de los beneficios y obligaciones previstos para los desmovilizados, así como el papel de la justicia transicional en la reparación de las víctimas. Incluso, usuarios recordaron que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc abrió la puerta a la participación política bajo el compromiso de abandonar la violencia y colaborar con la verdad.

Tras lo anterior, usuarios en la red social X cuestionaron el proceso de paz y la participación política de exintegrantes de las Farc.

Uno comentó: “Pues claro si eso es lo que su padre hizo y quería ver a las Farc gobernar”, señalando al expresidente Santos. Otro señaló: “A ver si alguien le dice que las Farc no se extinguieron... se fueron al congreso sin justicia y reparación a las víctimas”.

Un tercero añadió: “El problema es que quedaron en el congreso, con la plata y en el monte echando bala...”. Los mensajes reflejan escepticismo y desconfianza hacia el acuerdo firmado en 2016.

Martín Santos cuestionó la nueva candidatura de Álvaro Uribe Vélez: “Adicto al poder”

Un reciente trino de Martín Santos, reavivó la discusión sobre la permanencia de figuras históricas en la política colombiana. En su mensaje, Santos cuestionó abiertamente la decisión de Álvaro Uribe Vélez de postularse otra vez al Senado a los 73 años.

“Uno tiene que estar muy adicto al poder de haber sido presidente por 2 períodos y haber intentado un tercero. De seguir manejando un partido, de haber sido senador y ahora de querer repetir”, escribió en la red social X.

La expresión “adicto al poder” generó un intenso debate en plataformas digitales, donde usuarios interpretaron el comentario como una crítica a la continuidad de liderazgos que han marcado la agenda pública del país.

Santos sugirió que el prolongado protagonismo de Uribe, sumado a su control sobre el Centro Democrático y su presencia constante en el Congreso, refleja una búsqueda inagotable de influencia política.

El comentario se viralizó rápidamente y motivó respuestas desde diferentes sectores. Simpatizantes de Uribe defendieron su experiencia y liderazgo, mientras voces de oposición aprovecharon el mensaje para insistir en la necesidad de renovación y alternancia.

El pronunciamiento de Santos reflejó una preocupación compartida sobre los límites del poder y la importancia de abrir espacios a nuevas generaciones. Su posible regreso a la cámara alta mantiene vigentes los debates sobre reelección, control de partidos y representación en el Congreso.

El trino de Martín Santos, breve pero contundente, puso en primer plano el dilema sobre la alternancia y la permanencia en la política colombiana, evidenciando la polarización en torno a figuras emblemáticas y su influencia en la toma de decisiones nacionales. El intercambio digital sumó un nuevo capítulo a la relación tensa entre los sectores que representan los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.

El candidato a la Presidencia Iván Cepeda Castro, que irá a la primera vuelta de las elecciones (31 de mayo de 2026), denunció a través de sus redes sociales que está siendo víctima de una “nueva campaña sucia” que se suma a la que, a su juicio, han impulsado algunos medios de comunicación de “extrema derecha”.

De acuerdo con la explicación que dio, se trata de mensajes “calumniosos” relacionados con declaraciones que dio en una entrevista de hace algunos años que otorgó a W Radio, con la periodista Vicky Dávila como moderadora, en la cual también participó la congresista María Fernanda Cabal. En ella, según precisó, la legisladora acusó a asociaciones de campesinos y a organizaciones civiles de ser integrantes de grupos guerrilleros.

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Un fragmento de esa conversación en la emisora, al parecer, estaría siendo utilizado para afectar su imagen. “Descontextualizan el fragmento del video y lo ponen a circular en redes. Como van perdiendo en todas las encuestas, no les queda otra que la propaganda sucia”, señaló.

La periodista y ahora candidata a la Presidencia Vicky Dávila se refirió a la denuncia pública que hizo Cepeda en sus redes, afirmando que los señalamientos que han surgido en su contra en relación con los grupos armados, específicamente las extintas Farc-EP, estarían fundamentados. Recordó que hay fotografías del aspirante con distintos excombatientes de la organización criminal, las cuales corresponden a su trabajo como facilitador de las negociaciones de paz con las Farc.

Sin embargo, Dávila criticó el involucramiento de Cepeda en los diálogos. “Usted ha estado sentado con los peores criminales de Colombia. Eso no es calumnia. Con el cuento de la tal paz usted se ha lagarteado un montón de mesas de conversación con esos bandidos. ¿Cuál paz? Sus fotos con ellos son de “simpatía”, como mínimo. No es calumnia que usted defendió al narco Jesús Santrich. Y siempre ha estado del lado de esos criminales", aseveró la periodista.

Recordó, además, que Cepeda aparece en registros hallados en computadores de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, guerrillero que comandó el Bloque Sur de las Farc-EP.

De igual manera, respaldó otros señalamientos contra el candidato y aseguró que, desde su perspectiva y la de otros ciudadanos, Cepeda está a favor de una política de paz que beneficie a los narcotraficantes y que empeore la problemática del tráfico de cocaína en Colombia.

Lo acusó de simpatizar con “terroristas”, mientras, presuntamente, “ha perseguido” al expresidente Álvaro Uribe en un largo proceso judicial por fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos por los cuales fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia. “Su lucha por encarcelarlo es el mayor empeño de su vida y es su principal propuesta de gobierno”, indicó la comunicadora.

Aunado a ello, afirmó que tanto el aspirante como el presidente Gustavo Petro se han valido del populismo para garantizar su victoria en las elecciones presidenciales y puso en duda la financiación de su campaña.

Así las cosas, señaló al candidato de ser “peor que Petro”, afirmando que actúa como un comandante y que pretende “radicalizar” políticas del actual mandatario, cuya administración, a su juicio, ha tenido resultados muy negativos en materia económica, de salud y de seguridad.

“Lo vamos a derrotar Iván Cepeda. Aquí vendrá la unión total para ganar las elecciones. No vamos a permitir que nos roben el país, la democracia y la libertad. Si usted llega a ser presidente, quizás tengamos la reelección de Petro y no sé si alcanzaremos a estar vivos para ver el retorno de la democracia a nuestra amada Colombia”, añadió la candidata.

El presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvieron un nuevo cruce de palabras en las redes sociales.

En publicaciones hechas el martes 3 de marzo de 2026 en la red social X, el mandatario colombiano denunció que Jeffrey Epstein, empresario estadounidense fallecido e implicado en una red internacional de pedofilia, abusó de menores en Colombia durante una visita realizada bajo el mandato del entonces presidente Andrés Pastrana.

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En su mensaje, el jefe de Estado enfatizó la necesidad urgente de identificar y judicializar a quienes facilitaron la estadía de Epstein y de su entorno en el país.

“Epstein y su club de pedófilos estuvo en Colombia de vacaciones y ejerció abusos sexuales contra menores de edad en el país. ¿Quién lo invitó? ¿Quiénes fueron sus cómplices en el país?”, comentó Petro en sus redes sociales.

No obstante, el comentario de Petro generó diferentes reacciones en las plataformas digitales.

Uno de ellos fue el abogado, empresario y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella que cuestionó al presidente colombiano sobre la polémica con el empresario norteamericano y no hizo ningún pronunciamiento frente al reciente reconocimiento de los exjefes de la extinta guerrilla de las Farc frente al reclutamiento de menores edad durante el conflicto armado en Colombia.

“Y a propósito de la confesión tardía de tu llave Timochenko, ¿Qué tienes que decir sobre los niños reclutados, violados, desaparecidos y asesinados por tus camaradas pedófilos de las FARC? (A.D.L.E.)”, interrogó el aspirante presidencial en X.

Ante ello, el presidente Petro se desligó de su percepción sobre la declaración del extinto grupo armado y se enfocó en otro episodio que involucró a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

En otra publicación hecha en X, el mandatario se refirió a la divulgación de un informe periodístico sobre los eventos de cierres de campaña que realizaron los candidatos presidenciales entre el 28 de febrero y el 1 de marzo del año en curso.

Uno de ellos correspondía a la congregación que había convocado De la Espriella, pero en ese informe realizado por el medio Antioquia Amanece, habían manifestado que el aspirante presidencial había tenido un masivo evento en el municipio de Libano (Tolima). No obstante, en el material audiovisual se observan imágenes de una manifestación realizada en India.

Frente al hecho, el presidente aprovechó esta situación para cuestionar a la prensa nacional, al considerar que se estaría engañando a la ciudadanía en cuanto a la verdad y la información, agregando que se encuentra prohibido en la Carta Magna Política del país.

“El engaño aberrante a la ciudadanía está prohibido en la Constitución. Hay un derecho a la verdad y a la información. No sé puede construir y sumir a un pueblo en una burbuja informativa falsa. La democratización de la informacion en Colombia y en Antioquia es fundamental”, manifestó Petro.

El medio citado aclaró la situación y reconoció el error frente a la divulgación del material en cuestión.

Reconocimiento de las Farc ante la JEP

En un documento fechado el 27 de enero de 2026 y entregado a la JEP, los siete excomandantes de las Farc reconocieron plena responsabilidad en los hechos de violencia cometidos contra miles de niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016.

De acuerdo con los registros de la JEP, de los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% permanece desaparecido y un 30% tenía menos de 15 años en el momento de su captura forzosa.

La JEP documentó cinco patrones delictivos desplegados por la antigua guerrilla: el reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual, y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

El documento oficial detalla que el 24% de los sobrevivientes de reclutamiento forzado fue víctima de violencia de género y que el 35% de las mujeres reclutadas denunciaron abusos sexuales.

En el texto entregado a la JEP, los exdirigentes subrayan su posición como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y manifiestan la voluntad de responder directamente ante las preguntas de víctimas y representantes, así como de dialogar con la sociedad colombiana y con las entidades de justicia transicional.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció una campaña de desprestigio en su contra, liderada, según él, por la “extrema derecha” para que no gane las elecciones.

“NUEVA CAMPAÑA SUCIA Como parte de las diversas campañas de la comunicación mentirosa que adelantan distintos medios de extrema derecha, ahora se desarrolla en redes sociales una nueva campaña sucia en mi contra”, escribió en su cuenta de X.

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Según el senador, una conversación que sostuvo con María Fernanda Cabal, legisladora del Centro Democrático, está siendo sacada fuera de contexto, ya que se han publicado fragmentos en los que se le acusa de defender a las extintas Farc y señalar que no reclutaron a menores de edad.

“Se trata de mensajes calumniosos en los que se toma un fragmento del debate que sostuve, hace años, con la senadora Cabal en la que ella acusaba a asociaciones de campesinos, organizaciones civiles, de ser guerrilleros y secuestradores de niños”, sostuvo Iván Cepeda, refiriéndose al video que circula por redes sociales.

En efecto, advirtió que están utilizando sus entrevistas anteriores de manera malintencionada para afectar su popularidad e impactar negativamente en su aspiración a la Presidencia de la República.

“Descontextualizan el fragmento del video y lo ponen a circular en redes. Como van perdiendo en todas las encuestas, no les queda otra que la propaganda sucia”, expuso en la misma plataforma.

La historia detrás de las declaraciones de Iván Cepeda

La entrevista de la que habla el candidato presidencial Iván Cepeda fue realizada en 2017 en W Radio, en la que abordaron, entre otros temas, los Acuerdos de Paz 2016 alcanzados con las Farc y la posibilidad de cambiarlos si un candidato uribista llegaba al poder en las elecciones presidenciales de 2018.

A lo largo de la conversación, María Fernanda Cabal, congresista de derecha, señaló que había dificultades para impulsar el desarrollo agrícola en distintas regiones del país por la influencia de los grupos armados, además de que el campesinado se estaba dedicando a los cultivos de hoja de coca.

“La Asociación Campesina del Río Cimitarra (ACVC) tiene relación con grupos ilegales o que simplemente están instrumentalizadas por las FARC y ELN”, denunció la legisladora.

Frente a las acusaciones de Cabal, Iván Cepeda pidió respeto por campesinos miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), y por la Asociación Campesina del Río Cimitarra (ACVC).

“No convierta este micrófono en una vía para criminalizar a la gente, estos campesinos viven en unas situaciones muy difíciles, le pido el favor de que los respete”, dijo en el diálogo con el medio citado.

Sobre las acusaciones de reclutamiento infantil que realizó la exprecandidata a la Presidencia de la República, Cepeda sostuvo que primero era necesario comprobar ante la justicia la participación de los campesinos en ese tipo de actividades ilegales.

“Usted tiene que probarlo ante las instancias judiciales, si tiene información, vaya ante las autoridades (...) si hay una investigación, deje que la haga la Fiscalía”, afirmó.

Los legisladores discutieron sobre la posibilidad de que los beneficios otorgados a los exguerrilleros de participar en política y tener representación en el Congreso de la República desaparezcan.

En respuesta, Cepeda señaló que los acuerdos están respaldados por la Constitución Política de 1991, además de organismos internacionales y los países garantes de los diálogos de paz.

“Se puede intentar hacer, pero estos acuerdos tienen un blindaje por la Constitución, también hay un blindaje internacional, porque estos acuerdos han sido depositados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Federación Suiza”, explicó.

El ahora representante del Pacto Histórico añadió: “Eso tiene unas responsabilidades a nivel global, ya que el país se comprometió a realizar un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas, por lo que si viene un gobierno a destruir esos acuerdos, puede haber una consecuencia”.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo cuestionó públicamente la cifra tradicionalmente atribuida a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

En un mensaje publicado en su red social de X, el congresista aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no cuenta con los 6.402 nombres de víctimas y sostuvo que el número real sería 1.934, según datos revelados por la propia entidad.

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De acuerdo con Polo Polo, la cifra original habría sido usada “para hacer politiquería, para perseguir a adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública”.

La declaración del legislador se produce poco después de que según Polo Polo, la JEP informara sobre el número de registros que actualmente tiene en su poder, lo que reavivó el debate sobre la transparencia en la documentación de los casos vinculados a los llamados “falsos positivos”, aludiendo a los muertos que ocurrieron durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2.002-2010).

El representante enfatizó que aún existe incertidumbre sobre la composición de esos 1.934 nombres y planteó dudas acerca de la inclusión de “guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombres repetidos o nombres que ni siquiera pueden ser soportados con números de cédula”.

Para Polo Polo, esto “pone en entredicho la integridad de los datos que se han difundido acerca de uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno colombiano”.

En contraste, el congresista subrayó la existencia de otro dato que calificó como incuestionable: “Este número sí está respaldado, sí está acreditado y sí está verificado”.

Polo Polo se refirió así a los 18.677 menores de edad que, según cifras oficiales, “fueron secuestrados, reclutados, obligados a cargar un arma en vez de estar jugando a la pelota en sus escuelas, varios de ellos violados y muchos de ellos asesinados por varios miembros que hoy están aquí sentados en el Congreso de la República”.

El mensaje de Polo Polo también incluyó una crítica directa a quienes, según él, “le quieren dar lecciones de moral a uno que no tiene las manos manchadas de sangre como ellos”.

El congresista afirmó que, mientras la cifra asociada a los falsos positivos “va decreciendo a medida que la verdad sale a la luz”, la relacionada con el reclutamiento forzado de menores “va en aumento en este gobierno”.

La controversia sobre los números reales de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento infantil continúa generando divisiones en la opinión pública y entre sectores políticos.

La JEP, creada para esclarecer violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, ha reiterado su compromiso con la verificación rigurosa de los datos y la identificación de las víctimas. El debate se mantiene abierto sobre la exactitud de los registros y la responsabilidad de los actores involucrados.

“El peor de los crímenes es meterse con un niño”, concluyó Polo Polo en su intervención, frase que resalta el tono de denuncia adoptado por el congresista frente al fenómeno del reclutamiento forzado en Colombia.

Defensa y Procuraduría apelan fallo de la JEP contra coronel (r) Mejía Gutiérrez por falsos positivos

El futuro judicial del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez continúa sin definición tras la apelación presentada por la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitando la reducción de la condena de 20 años por la muerte de 72 civiles en los llamados falsos positivos bajo su mando en el Batallón La Popa, Valledupar.

El Ministerio Público argumentó errores en el cálculo de la pena y cuestiona la motivación del fallo, destacando la privación preventiva de libertad durante una década. Además, criticó la insuficiente ponderación de factores atenuantes como la ausencia de antecedentes penales y advirtió que la sentencia no clarificó la razón para imponer el máximo legal.

La Procuraduría también cuestionó la anticipación sobre la redención de pena, condicionada a la satisfacción de las víctimas, lo que podría afectar el proceso transicional.

La defensa de Mejía, liderada por Germán Guillermo Navarrete Riveros, también solicitó la revocatoria parcial de la sentencia, alegando falta de pruebas para los delitos imputados y pidió restablecer los derechos del acusado. La Sala de Segunda Instancia de la JEP decidirá si ratifica o modifica la condena.

La reciente denuncia sobre un presunto plan para atentar contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, durante una visita a la central hidroeléctrica Hidroituango el 2 de marzo de 2026, generó una ola de reacciones en el espectro político colombiano.

Ante la gravedad del caso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su respaldo a los líderes regionales y lanzó críticas a la gestión de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, al considerar que la administración minimizó el posible riesgo.

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En un mensaje difundido en X, Uribe afirmó: “Este atentado contra el Gobernador y el Alcalde nos pone a pensar en la necesidad de pedir ayuda a la comunidad internacional. Que los amigos del terrorismo se rasguen las vestiduras gritando soberanía y que nosotros defendamos la mayor expresión soberana que es la seguridad de los ciudadanos”.

Sus palabras evidencian la inquietud del exmandatario respecto al actual enfoque gubernamental, sugiriendo la intervención de actores internacionales ante situaciones que, a su juicio, trascienden el ámbito nacional.

La denuncia de amenazas contra figuras públicas en Antioquia se da en un contexto de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas de seguridad en la región.

El Gobierno nacional descartó inicialmente la existencia de un plan concreto, lo que provocó malestar entre sectores de la oposición que consideran insuficientes las garantías para los funcionarios electos.

La controversia escaló aún más con la intervención de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual candidato presidencial, quien respondió a Uribe con un mensaje sarcástico en redes sociales: “Expresidente, en el exterior no hay trasplante de cerebro todavía. Pero mientras tanto, ¿Qué tal si les recuerda que usar recursos públicos para hacer campaña es un delito?”

La respuesta de Quintero sobre usar recursos públicos para hacer campaña política surge a raíz de la controversia de los últimos días, donde el exalcalde denunció que Federico Gutiérrez estaría usando a la administración de Medellín para hacerle campaña a su hermana, Juliana Gutiérrez, quien aspira al Senado por el Partido Creemos.

En otro pronunciamiento en su cuenta de X, Daniel Quintero, se pronunció de manera irónica sobre la reciente controversia en Antioquia relacionada con la supuesta amenaza contra el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

En un video difundido en sus redes sociales, Quintero recopiló imágenes en las que ambos mandatarios permanecen en silencio ante una pregunta sobre las declaraciones del general Royer Gómez, comandante del Ejército Nacional.

El alto oficial había aclarado en rueda de prensa que la institución no emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un posible ataque durante la planeada visita a Hidroituango, señalando que desconocía los motivos para suspender el evento.

“Para esa visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto, razón por la cual, nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, expresó el general Gómez.

Aprovechando el episodio, Quintero compartió en sus plataformas el momento en que Gutiérrez y Rendón se quedan callados, apuntando en tono burlón: “¿Quieren ver la cara de un par de tontos cuando los pillan diciendo mentiras? Se lo muestro, pero una condición: no se vayan a reír”.

El video, extraído de una entrevista concedida a Noticias Caracol, generó múltiples reacciones.

En otro mensaje, Quintero acusó a los dos funcionarios de crear “un falso atentado” para desviar la atención de una investigación sobre presuntas irregularidades que, según él, beneficiarían a familiares de Gutiérrez y al partido Creemos.

“Parecen tontos pero lo que son es pícaros”, afirmó el candidato, señalando que la denuncia busca encubrir el uso de recursos para favorecer candidaturas en los próximos comicios legislativos.

Esta es la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de administración del exalcalde Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación investiga una presunta red de corrupción que habría operado durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle en Antioquia.

Según información oficial, el esquema usó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí para desviar recursos públicos.

La investigación se centra en un grupo de contratos que, en conjunto, superan los 18.000 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, los fondos, destinados a proyectos ambientales y servicios ciudadanos, terminaron en manos de terceros mediante un mecanismo de triangulación. El caso forma parte de denuncias que surgieron desde 2021.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) anunció que mantendrá el subsidio mensual para los excombatientes de las Farc que no cuenten con ingresos formales, ajustando los requisitos de acceso debido a la crisis fiscal y la necesidad de focalizar recursos públicos, según informó la entidad en un comunicado.

La medida no implica la eliminación de los apoyos económicos, sino una concentración en los beneficiarios que dependen de este sostén para avanzar en su proceso de reincorporación social y laboral.

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La ARN precisó que el ajuste impactará solamente a quienes superen el umbral de un salario mínimo en ingresos formales. En la actualidad, el 80% de los excombatientes activos en el proceso de reincorporación no registra ingresos formales, por lo que conservará los beneficios hasta al menos 2026.

Esta proporción significa que la mayoría de los firmantes del Acuerdo de Paz podrá mantener el acompañamiento económico sin alteraciones.

La nueva normativa modifica las resoluciones 2319 de 2024 y 1797 de 2023, restringiendo la asignación mensual —equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente— y el auxilio de alimentación solamente para quienes no reciban ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo.

Además, la ARN detalló que el subsidio de alimentación asciende a $427.723 mensuales, con un adicional de $86.994 por cada hijo menor de 12 años.

De los 2.600 firmantes que actualmente cuentan con ingresos formales por debajo de cinco salarios mínimos, 1.900 reciben ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos legales vigentes, explicó la agencia.

La entidad argumentó que no resulta equitativo destinar recursos públicos adicionales a quienes ya perciben sumas elevadas para los estándares del programa, en un contexto de restricciones presupuestarias agravadas por el reciente aumento del salario mínimo en 23%.

La ARN destacó que el subsidio mensual no estaba contemplado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, que solo estipuló una renta básica por 24 meses tras la firma. El beneficio actual surgió posteriormente como respuesta a los avances limitados en la implementación del Acuerdo y a la persistente vulnerabilidad económica de los excombatientes.

En el comunicado de la ARN se enfatizó: “El ajuste que actualmente realiza la ARN no constituye un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino una medida de racionalización y focalización del beneficio creado mediante reglamentación posterior”. El organismo ratificó que quienes se encuentren formalmente empleados podrán volver a solicitar el beneficio en caso de perder su fuente de ingresos, conforme a los procedimientos vigentes.

Alejandra Miller, directora de la ARN, explicó que el criterio de exclusión se estableció con fines de equidad. “Una persona de cinco salarios mínimos hoy es una persona que gana hasta $10 millones. No tiene ningún sentido que a una persona que se gana entre $6 y $10 millones, el Estado además le dé $2 millones más. Es también una cuestión de equidad”, declaró Miller a El Espectador.

El partido Comunes —integrante del Consejo Nacional de Reincorporación— criticó la decisión, advirtiendo que podría desincentivar la formalización laboral entre los excombatientes, ya que registrar ingresos formales bajos conllevaría la exclusión del subsidio.

La ARN rechazó esa hipótesis. Para la agencia, el subsidio es inferior al salario mínimo y la experiencia laboral formal resulta más valiosa en el tránsito a la vida civil que la continuidad indefinida del apoyo económico.

La entidad asegura que se mantendrán intactos los acompañamientos y derechos adicionales propios del Programa de Reincorporación Integral para quienes adquieran empleos formales, sin afectar su proceso de inserción.

Frente a la posible pérdida de empleo por parte de algún beneficiario excluido por la nueva normativa, la ARN precisó que podrá presentar nuevamente la solicitud para recuperar el subsidio, garantizando flexibilidad en el acceso bajo criterios de vulnerabilidad económica.

Con estos ajustes, la política estatal de reincorporación continua priorizando la equidad y una distribución responsable de los recursos públicos, en medio de un escenario fiscal restrictivo y con el compromiso declarado de mantener la cobertura sobre la población excombatiente que aún depende de apoyos estatales para consolidar su reintegración a la vida civil.

El antiguo secretariado de las Farc reconoció públicamente el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños entre 1971 y 2016.

La declaración, entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante una carta y un video, representa la primera vez que los excomandantes de la guerrilla piden perdón de manera explícita por estos crímenes.

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En entrevista con El Espectador, la magistrada Lily Rueda recalcó: “Nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”.

La magistrada Rueda, relatora del macrocaso 07 en la JEP, explicó que el reconocimiento de los hechos por parte de los exjefes de las Farc constituye un paso inédito en el proceso judicial y de justicia restaurativa.

El caso investiga la política sistemática de reclutamiento y utilización de menores por parte de ese grupo armado. Las víctimas documentadas por la JEP superan las 18.600, muchas de ellas sometidas a violencia sexual, reproductiva y de género, incluyendo abortos forzados y malos tratos.

“Hemos documentado 18.677 casos desde 1971 a 2016, sólo a manos de las antiguas Farc”, detalló la magistrada.

En la comunicación pública, el antiguo secretariado de las Farc asumió tanto responsabilidad individual como colectiva por estos crímenes de guerra, incluyendo patrones de malos tratos, torturas, homicidios y juicios sin garantías.

La JEP, según relató Rueda, evalúa actualmente las observaciones de víctimas, Ministerio Público y comparecientes para determinar el alcance jurídico del reconocimiento, en una fase denominada de “observaciones”.

“La Sala pronto decidirá el marco del reconocimiento y si las expresiones de los comparecientes cumplen los requisitos para continuar en la vía restaurativa”, adelantó Rueda a El Espectador.

El proceso de perdón no implica amnistía ni eliminación de responsabilidad penal, subrayó la magistrada. “Dada la gravedad de estos hechos, estas conductas no pueden recibir amnistías o perdones judiciales”, puntualizó.

En el modelo restaurativo de la JEP, el perdón sólo puede traducirse en beneficios si va acompañado de acciones verificables y un compromiso real de no repetición. Los excomandantes afirmaron su disposición a trabajar en medidas concretas para evitar que el reclutamiento de menores se repita, mientras la JEP vigilará el cumplimiento de estos compromisos.

El reconocimiento abre la posibilidad de encuentros directos entre víctimas y excomandantes, instancia inédita en este tipo de crímenes. Según la magistrada Rueda, más de 11.000 víctimas individuales y colectivas participan en el proceso y tendrán la opción de decidir si aceptan el perdón o inician un proceso de reconciliación. Algunas han manifestado su disposición a dialogar, otras expresaron que no están dispuestas a perdonar, pero consideran fundamental que los comparecientes escuchen sus razones.

El caso 07 de la JEP estableció patrones macrocriminales de reclutamiento, violencias sexuales y reproductivas, que afectaron especialmente a niñas y adolescentes. La magistrada remarcó que el daño causado es “profundo, multidimensional, intergeneracional”. Las manifestaciones de perdón no buscan silenciar estos daños, sino abrir un proceso de reconocimiento y reparación. “Nada de lo que hagamos como jurisdicción especial devolverá la infancia arrebatada”, insistió.

El reclutamiento de menores en Colombia habría crecido un 300% en los últimos cinco años, según Unicef. La magistrada Rueda llamó a garantizar que las víctimas que sobrevivieron estos crímenes no sean nuevamente vulneradas por el reclutamiento de sus hijos en el presente. La JEP resaltó que estos hechos constituyen crímenes de guerra y no son amnistiables, ni siquiera en el marco de acuerdos de paz.

En julio de 2025, los exjefes de las Farc ya habían reconocido parcialmente su responsabilidad, aunque negaron la existencia de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. Ahora, según la magistrada, admiten que ocurrieron violencias sexuales y reproductivas en las filas, y que no ejercieron los controles necesarios para impedirlas, afectando especialmente a niñas y mujeres.

El avance del proceso dialógico determinará si los comparecientes podrán continuar en la vía restaurativa o enfrentarán investigaciones y sanciones más severas. La decisión final dependerá de si la JEP considera que las manifestaciones cumplen los mínimos de reconocimiento requeridos.

La magistrada Lily Rueda enfatizó, al cierre de su conversación con El Espectador: “Nada devolverá la infancia: la oportunidad que se abre ahora es sobre el presente y el futuro, para que ni sus propios hijos ni ningún otro niño o niña se enfrente a los dolores que ellas sufrieron”.

La condena de 37 años de prisión dictada contra Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, marca un nuevo capítulo en la persecución judicial a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

El fallo se centra en un episodio ocurrido el 2 de julio de 1997, cuando cuatro militares del Ejército Nacional fueron asesinados en zona rural de Turbo, Antioquia, tras un combate con miembros de las antiguas Farc.

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La Fiscalía General de la Nación logró acreditar que Márquez, por entonces miembro del Secretariado y líder del denominado bloque nororiental de las Farc, impartió la orden directa para ejecutar los asesinatos.

Los militares, pertenecientes a la Brigada XVII, resultaron heridos en enfrentamientos con los frentes 5, 18, 57 y 58. Sus identidades quedaron consignadas en la sentencia: el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte, los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, y el enfermero de combate Fabio Pineda Serna.

El ataque no solo dejó heridos a los uniformados. Documentos judiciales y testimonios recopilados por la Fiscalía detallan cómo, tras el combate, hombres armados irrumpieron en el lugar donde los militares recibían los primeros auxilios. Los agresores capturaron a cinco miembros del Ejército y los trasladaron por la fuerza ante otros jefes de estructura.

La Fiscalía describió que, tras ser presentados ante los mandos, los tres soldados heridos y el enfermero fueron asesinados en cumplimiento de la orden de Márquez. En paralelo, el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle fue secuestrado y permaneció en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, cuando se produjo su rescate.

Aunque los hechos juzgados datan de 1997, la figura de Iván Márquez sigue activa en los escenarios de violencia. Hoy, según información de inteligencia, Márquez lidera la organización armada conocida como Segunda Marquetalia y se encontraría en territorio venezolano.

La condena, por tanto, tiene un alcance simbólico y judicial: reafirma la responsabilidad del excomandante en crímenes graves y evidencia la persistencia de estructuras disidentes tras el proceso de paz.

El proceso fue liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que formuló cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. La sentencia expone que la finalidad de las órdenes de Márquez era ejercer presión extorsiva y atacar a miembros de la Fuerza Pública.

Al presentar el caso ante un juzgado penal especializado de Antioquia, la Fiscalía destacó la contundencia de las pruebas recabadas. Informó que los elementos probatorios vincularon de manera directa a Márquez con la cadena de mando y con la planificación del crimen.

“En atención a las pruebas aportadas, un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Buitrago, alias Iván Márquez, a 37 años de prisión”, señaló la entidad.

El expediente detalla el trato violento a los soldados y al enfermero, así como el secuestro de Guarnizo Ovalle, quien soportó casi seis años en cautiverio antes de ser liberado.

La condena llega en un contexto de persistentes debates sobre la eficacia de la justicia ordinaria frente a los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante décadas. Mientras Iván Márquez permanece prófugo, la Fiscalía insiste en que su localización internacional representa un reto para la cooperación judicial con países vecinos.

Las víctimas y sus familias esperan que este fallo represente un paso efectivo contra la impunidad, al tiempo que pone en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia para cerrar los ciclos de violencia de las disidencias armadas.

“La orden de asesinar y secuestrar militares era una directriz que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran con fines extorsivos y en contra de miembros de la Fuerza Pública”, concluyó la Fiscalía al dar a conocer la sentencia.

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

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La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.

Medios digitales del Catatumbo reportaron la recepción de un mensaje firmado por disidencias de las Farc, en el cual se cuestiona el manejo informativo de varias plataformas de la región.

En el texto, los firmantes señalan: “Algunos medios de comunicación de la región del Catatumbo están rindiendo apología a la organización ELN divulgando toda la información que transmiten o envían, en caso contrario a las Farc-EP”.

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El documento menciona específicamente a La Voz del Catatumbo, TV San Jorge, Notiplaya, Ocaña Región, Catatumbo, Ocaña Hoy y Chepe Noticias.

La misiva advierte que dichas páginas estarían bajo seguimiento constante debido a la difusión de contenidos que, según los autores, favorecerían al ELN.

El mensaje sostiene que la organización conoce los nombres de propietarios, periodistas y demás integrantes de cada medio. Además, extiende la advertencia a otros portales digitales que, de acuerdo con el texto, también estarían siendo observados por la agrupación armada.

En el escrito, las disidencias afirman: “Les hacemos el llamado muy formalmente ser neutrales en la noticia e información, si publican de un grupo háganlo de todos”.

Los firmantes aseguran que su intención no es amenazar ni obstaculizar la labor periodística, sino exigir objetividad, seriedad y precisión. El comunicado añade: “No queremos interrumpir la labor periodística y el derecho a informar, pero se debe hacer con objetividad, seriedad, veracidad y puntualidad, cuando se conoce la información real más no al ritmo recopiar y pegar”.

A pesar de la aclaración, los equipos detrás de estos medios expresaron temor por la mención directa de sus nombres y el seguimiento anunciado por la organización armada.

Integrantes de las plataformas aludidas manifestaron inquietud respecto a su seguridad y la de sus familias, dado el contexto de amenazas y riesgos que históricamente enfrentan los comunicadores en zonas de conflicto.

El mensaje concluye solicitando a la población que evite compartir noticias sin verificación. “Las personas naturales evitar recompartir noticias cuando son verificada”, señala el texto, aunque la redacción genera confusión respecto a si se trata de una recomendación sobre la difusión responsable de información.

Defensoría alertó sobre alto riesgo electoral en el Catatumbo

A menos de una semana de las elecciones al Congreso en Colombia, la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por el panorama de riesgo electoral en el Catatumbo y otras regiones del país.

Según el organismo, quienes firmaron acuerdos de paz enfrentan amenazas de estructuras armadas ilegales. En áreas rurales de Tibú, como Caño Indio, el desplazamiento forzado podría impedir la participación ciudadana en los comicios.

El informe advierte que líderes sociales y defensores de derechos humanos viven bajo riesgo constante por homicidios, atentados e intimidaciones, situación especialmente alarmante para miembros de juntas de acción comunal. Además, la Defensoría señala que empleados públicos experimentan amenazas, restricciones de movilidad y ataques directos, lo cual afecta la gestión institucional y debilita la gobernabilidad local.

Esta problemática se ha presentado en departamentos como Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca, generando desplazamiento institucional y afectando la organización de los procesos electorales.

El organismo alertó sobre la situación de periodistas y comunicadores sociales, quienes, ante el aumento de la polarización y el ambiente tenso, enfrentan riesgos adicionales durante la cobertura de la contienda electoral.

La Defensoría identificó como responsables de las amenazas al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a disidencias de las extintas Farc, entre ellas el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), Nuevo Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. También se mencionan como fuente de peligro el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente 57 disidente y organizaciones de criminalidad organizada.

La Defensoría hace un llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos, autoridades y periodistas en el marco de las elecciones, advirtiendo que la violencia y las restricciones afectan la participación democrática y la estabilidad institucional.

Colombia figura como la segunda nación con mayor presencia de criminalidad organizada a nivel mundial, de acuerdo con la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado, un estudio elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime que evalúa a 193 países. El país obtuvo una puntuación de 7,82 sobre 10, una cifra que lo ubica únicamente por debajo de Myanmar, que alcanzó 8,08.

La medición posiciona a Colombia como el territorio con mayor nivel de criminalidad organizada en América Latina y en toda Sudamérica. Este resultado no responde únicamente a indicadores de violencia tradicional, sino a una evaluación más amplia que incluye la operación de mercados ilegales y la capacidad de las organizaciones criminales para sostenerlos.

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El informe se basa en dos ejes principales. El primero examina las economías ilícitas presentes en cada país, entre ellas el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas y los delitos ambientales y financieros.

El segundo analiza la fortaleza y el alcance de los actores criminales, incluyendo redes locales, mafias transnacionales, grupos armados y estructuras que logran infiltrarse en instituciones estatales o sectores económicos.

La tendencia de Colombia ha mostrado un aumento gradual en los últimos años. En 2021, el país registraba un puntaje de 7,66; en 2023, la cifra subió a 7,75; y en la medición más reciente alcanzó 7,82. Aunque la variación parece reducida, el sistema de calificación está diseñado en una escala donde cada incremento refleja una consolidación mayor de las actividades ilegales y una presencia más profunda de organizaciones criminales en distintos ámbitos.

El listado global ubica a México en el tercer lugar, con 7,68 puntos, seguido por Ecuador y Paraguay, ambos con una puntuación de 7,48. Más abajo en la clasificación aparecen Brasil en la posición 14, Venezuela en el puesto 20 y Panamá en el lugar 21, lo que confirma la fuerte presencia regional de redes ilícitas en América Latina.

En el extremo opuesto, los países con menor incidencia de criminalidad organizada son Tuvalu, con 1,53 puntos; Nauru, con 1,72; y Santo Tomé y Príncipe, con 1,8. La diferencia entre estas naciones y los países latinoamericanos evidencia una brecha considerable en la penetración de economías ilegales.

El informe también destaca que el crimen organizado no permanece estático, sino que evoluciona. En el caso colombiano, además del narcotráfico, han ganado relevancia otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de recursos naturales, el lavado de dinero y las operaciones financieras ilegales. Estas dinámicas, según lo dicho por el estudio, han permitido que las estructuras criminales mantengan su influencia incluso en escenarios donde algunos indicadores de seguridad han mostrado mejoras.

Otro elemento que incide en el resultado es la presencia de organizaciones con capacidad operativa sostenida en el tiempo y con alcance internacional, entre ellas el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Estas estructuras han logrado mantener redes de producción, transporte y exportación de economías ilegales, lo que refuerza el posicionamiento del país dentro del índice.

El análisis también advierte que la criminalidad organizada no depende exclusivamente de los niveles de violencia visible. Incluso cuando algunos delitos disminuyen, las organizaciones pueden adaptarse, diversificar sus actividades y fortalecer sus operaciones en otros sectores. Esta capacidad de transformación permite que el fenómeno persista y se consolide en el tiempo.

Además, el contexto regional influye en la situación de Colombia. La existencia de corredores estratégicos y la conexión con mercados internacionales facilitan el movimiento de bienes ilegales. La interacción entre redes criminales de distintos países contribuye a la expansión de estas economías y a la permanencia de estructuras complejas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Las cifras sobre el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el partido Comunes, conocido anteriormente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han generado controversia después de la divulgación de datos oficiales de la Contraloría General de la República.

El exconcejal de Bogotá y actual aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que la colectividad no ha entregado los recursos prometidos al Estado colombiano tras ocho años de representación en el Congreso.

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Briceño afirmó que la organización política garantizó al país la entrega de 12 mil millones de pesos en efectivo dentro del proceso de implementación del acuerdo. “Solo entregaron dos mil millones”, afirmó el dirigente.

Según Briceño, el informe de la Contraloría General de la República respalda estos datos y detalla que el compromiso financiero asumido por Comunes dista mucho de lo consignado ante las autoridades estatales.

La revisión de los inventarios pactados incluyó otros bienes, como lingotes de oro y joyas. Briceño sostuvo que los exmiembros de las Farc ofrecieron al país la entrega de cuatrocientos cuarenta mil gramos de oro, de los cuales solo se recibieron doscientos cincuenta y dos mil gramos.

En cuanto a joyas, el compromiso ascendía a veinticinco mil gramos, aunque únicamente se formalizó la entrega de dos mil quinientos gramos. “¿Dónde está el oro que le prometieron a Colombia?”, cuestionó.

Las cifras entregadas por la Contraloría General de la República también abarcan activos inmuebles y bienes agrícolas.

La organización política se comprometió a transferir 722 inmuebles al Estado; sin embargo, el informe oficial indica que solo uno ha sido entregado. Además, de las 24.456 cabezas de ganado prometidas, apenas 258 llegaron a manos de las autoridades.

La controversia creció con la referencia directa a Sandra Ramírez, actual senadora por Comunes, quien según Briceño “quiere volverse a reelegir”, mientras enfrenta señalamientos públicos de presunta participación en actividades ilícitas durante el conflicto armado.

“Hablan de paz, pero nunca cumplieron”, expresó el denunciante, quien insistió en que los compromisos adquiridos por la colectividad no se han materializado en los términos acordados.

Daniel Briceño señaló contradicciones en denuncias de Petro sobre el sistema electoral

El debate político en Colombia suma un nuevo capítulo en los últimos días, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre un posible fraude en las próximas elecciones.

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño difundió un mensaje en redes sociales donde acusa a Petro de crear un ambiente de desconfianza y califica de “muy grave” la situación. En palabras de Briceño, el mandatario estaría “inventando un supuesto fraude electoral”, lo que ha generado inquietud en varios sectores del país.

Según Briceño, el jefe de Estado cuestionó la transparencia del sistema electoral al señalar que el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil estaría manipulado por una empresa privada.

El funcionario recordó que “el sistema actual fue el mismo que permitió a Petro ser representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente”. Planteó la interrogante: “¿Por qué el señor Petro nunca habló de fraude cuando ganaba las elecciones?”.

El actual aspirante a la Cámara, también se refirió a la empresa Grupo ASD SAS, mencionada por Petro como responsable de posibles irregularidades. Briceño afirmó que el propio gobierno del presidente ha adjudicado a esa compañía contratos por más de 154 mil millones de pesos en áreas tecnológicas y de manejo de datos.

“Muchas entidades del gobierno Petro han confiado en la empresa Grupo ASD SAS”, recalcó el exconcejal, y preguntó: “¿Por qué, si la empresa es tan mala, el gobierno la ha contratado por más de ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos?”.

Otro de los puntos destacados en el pronunciamiento de Briceño es el papel de Nataly Carmona Giraldo, quien fue presentada en una rueda de prensa como testigo de un supuesto fraude en 2022.

El exconcejal reveló que Carmona tiene contratos “por más de 379 millones de pesos con el gobierno Petro” y se identifica como militante del Pacto Histórico. Briceño cuestionó la validez del testimonio y señaló: “La testigo estrella es realmente una contratista del gobierno”.

El exconcejal sostuvo que el discurso del presidente busca “preparar el terreno en las elecciones legislativas para comenzar a desvirtuar los resultados”.

Según Briceño, estas declaraciones podrían provocar “estallidos sociales, protestas y consolidar el mito de que a Petro le robaron las elecciones”.

En medio de la campaña electoral, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y miembro del Partido Salvación Nacional, amplió sus declaraciones donde afirmó que varios aspirantes de esa colectividad, entre los que se encuentra su propio nombre y el de Germán Rodríguez, han sido señalados como posibles objetivos de ataques por parte de integrantes del Frente 33 de las Farc.

El exministro advirtió que las autoridades recibieron información de inteligencia y técnica sobre la presunta amenaza, lo cual calificó de “extremadamente grave” para la seguridad y la estabilidad democrática del país.

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La alerta, emitida a través de una publicación en X por Ruiz Orejuela, generó reacciones en distintos sectores políticos, ya que pone en evidencia las dificultades que enfrenta el ejercicio político en Colombia, especialmente en regiones donde persisten grupos armados ilegales.

“Hoy debo informar al país que hemos recibido información de inteligencia y técnica que señala que terroristas del Frente 33 de las Farc habrían declarado objetivo militar a varios candidatos de nuestro Partido de Salvación Nacional, una lista en la que aparece mi nombre y el de Germán Rodríguez, entre otros”, expresó el dirigente.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Ruiz Orejuela, la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, con el objetivo de que se adelanten las investigaciones pertinentes.

El político insistió en la gravedad de los hechos y recalcó que la amenaza “atenta contra la vida, la democracia y además, el ejercicio libre de la actividad política en Colombia”.

En su mensaje, el militante de Salvación Nacional también solicitó al presidente Gustavo Petro y a las autoridades responsables garantizar la integridad de los candidatos y el pleno desarrollo de los derechos políticos.

“Le solicitamos al señor Gustavo Petro y a las autoridades competentes que garanticen nuestra vida y el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos”, puntualizó.

En otro pronunciamiento en X, Ruiz Orejuela volvió a recordar que reportó ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior los mensajes alarmantes que, según sus palabras, comprometen su seguridad personal.

El dirigente del Partido de Salvación Nacional señaló que envió comunicaciones a Luz Adriana Camargo y Armando Benedetti sobre la situación.

“Estoy enviado a la srta Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo y al Ministro del Interior respectivas comunicaciones donde pongo de presente la información que he recibido sobre amenazas contra mi vida por parte del Frente 33 de las Farc”, señaló el aspirante en redes sociales.

Ruiz Orejuela insistió en la necesidad de establecer mecanismos efectivos de protección que permitan la participación política sin riesgos. “Como candidato al Senado exijo garantías de seguridad para mi ejercicio político”, aseguró.

Tras lo anterior, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la solicitud presentada por Wilson Ruiz Orejuela para recibir protección fue remitida al Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cormpe).

Benedetti precisó que la petición será estudiada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y el Ejército Nacional para establecer si el candidato requiere medidas de seguridad, bajo los parámetros aplicados a quienes participan en la actual contienda electoral.

“Personalmente remití su solicitud al CORMPE para que sea evaluado por la UNP, la Policía y el Ejército”, manifestó Benedetti en una comunicación dirigida a Ruiz Orejuela.

El diplomático subrayó que ese procedimiento “se ha hecho con todos los candidatos que lo han solicitado en este proceso electoral”.

Según datos oficiales, más de 520 aspirantes a la Presidencia, el Congreso y la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) han sido objeto de análisis y cuentan con esquemas de protección.

Benedetti resaltó que “todos los partidos y movimientos políticos” han sido invitados al encuentro de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, cuyo objetivo es coordinar acciones preventivas para garantizar la seguridad durante la jornada.

Germán Rodríguez denunció plan sicarial contra candidatos de Salvación Nacional

Por su parte, el mayor (r) Germán Rodríguez, candidato al Senado por el Partido de Salvación Nacional, realizó una denuncia pública tras recibir información sobre un posible atentado dirigido a cuatro aspirantes de esa colectividad.

Según Rodríguez, tanto fuentes de inteligencia humana como técnica confirmaron la planeación de una “actividad sicarial” contra Carlos Felipe Mejía, Wilson Ruiz, Alejandro Bermeo y él mismo.

“Fuentes de inteligencia humana y técnica me confirman el planeamiento de una actividad sicarial contra los candidatos de Salvación Nacional”, sostuvo Rodríguez en un video divulgado en sus redes sociales.

El exoficial detalló que la información recibida señala como responsable a alias Calarcá, quien habría ordenado impedir que los candidatos lleguen con vida al 8 de marzo, fecha de las elecciones legislativas.

“Mi fuente, con la que he trabajado durante varios años, incluso cuando estaba en servicio activo, me informa que estas amenazas provienen de alias Calarcá”, afirmó el aspirante.

Rodríguez solicitó respaldo a las instituciones, pidiendo a la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección acciones concretas para evitar que los candidatos sean dejados “solos” ante la amenaza.

El mayor retirado también indicó que la situación se suma a intimidaciones recibidas por el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de sus redes sociales, Betancourt compartió el incidente, en el que afirmó que Porras agredió al miembro de su equipo de seguridad con una sombrilla. La denuncia no tardó en generar controversia, con ambos involucrados ofreciendo versiones contradictorias de los hechos.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, la lideresa política relató lo sucedido: “Un influencer petrista le pegó a uno de los muchachos de protección que me acompañan. Le exijo al influencer @DavidPorrasP que presente una disculpa pública al escolta que agredió y a su familia (sic)”.

“¿El señor Porras se cree con el derecho de venir a pegarle a un humilde muchacho que se gana la vida honestamente protegiendo a las víctimas de las Farc? Yo no voy a permitir que la ideología de las FARC nos vuelva a poner una mano encima. Y mucho menos a los que arriesgan la vida por nosotros (sic)”, agregó.

Betancourt no solo hizo la denuncia de la agresión, sino que cuestionó el vínculo entre Porras y el medio de comunicación estatal Rtvc. La excongresista exigió explicaciones sobre la relación entre el creador de contenido y la entidad, ya que, según ella, el joven portaba logos oficiales del medio de comunicación durante el incidente y se identificó como periodista.

“Le exijo a @RTVCco que explique el vínculo laboral que tiene con el influencer David Porras. Porque él portaba logos oficiales de RTVC y se identificó como periodista (sic)”, recalcó Betancourt.

El mensaje iba acompañado de un video en el que la excandidata presidencial se mostraba indignada por lo ocurrido: “Esto ya se pasó de castaño a oscuro. ¿Ahora ya no solo insultan a través de redes, sino que mandan a sus bodegueros rabiosos a maltratarnos físicamente?”.

La líder de Oxígeno Verde se mostró firme en su rechazo a la violencia y a lo que percibe como una actitud de impunidad por parte del activista político de izquierda y seguidor del presidente Gustavo Petro.

Así respondió el activista político a las denuncias de Ingrid Betancourt

David Porras, por su parte, no tardó en responder a la denuncia de Betancourt a través de un mensaje en su propia cuenta de X. El activista ofreció una versión completamente diferente de los hechos, al justificar su acción como una defensa propia ante lo que él considera una agresión de parte de uno de los escoltas de la lideresa.

“Una sombrilla contra un equipo de seguridad armado. Le recuerdo que un señor de su equipo de seguridad me estaba golpeando con el codo y me defendí con una sombrilla. Una sombrilla contra hombres armados, vaya comparación”, escribió Porras, minimizando el incidente y sugiriendo que la agresión inicial fue por parte de uno de los integrantes del equipo de Betancourt.

Además, el creador de contenido detalló lo que él considera los motivos que llevaron al enfrentamiento. Según su relato, la situación comenzó cuando cuestionó a Betancourt por utilizar un evento del Gobierno nacional como plataforma para hacer política.

“La cuestioné legítimamente porque usted estaba usando un evento realizado por el gobierno nacional para hacer politiquería. Dicho evento es para que los campesinos vendan sus productos y no para hacer politiquería vacía (sic)”, explicó el activista en su cuenta de X.

El joven también acusó a Betancourt de abuso durante el evento, señalando que ella había ocupado las sillas que pertenecían a los campesinos que participaban en el mercado: “Usted le quitó las sillas a los campesinos que estaban vendiendo sus productos en el evento para sentarse abusivamente a hacer una reunión política en el marco de dicho evento, mercado campesino”.

Porras continuó relatando cómo, tras su cuestionamiento, uno de los empleados de Betancourt lo comenzó a hostigar y grabar, lo que lo llevó a confrontarlo. Según el creador de contenido, fue en ese momento cuando el escolta de Betancourt lo agredió: “Cuando confronté al hostigador me golpeó como se evidencia en el video (sic)”.

A pesar de la acusación de Betancourt sobre el vínculo laboral de Porras con Rtvc, medio de comunicación que dirige Hollman Morris, el joven se defendió con la aclaración de que no tenía relación alguna con el medio estatal: “Aclaración pública: No trabajo ni he trabajado con RTVC. No tengo vínculo laboral. Una colega que recibió como regalo dicha sombrilla como obsequio en un evento me la prestó por el intenso sol que hacía (sic)”.

El incidente rápidamente generó una oleada de reacciones en redes sociales, con muchos usuarios tomando partido por uno u otro lado. Mientras los seguidores de Betancourt expresaron su apoyo a la denuncia, al destacar la gravedad de la agresión y la necesidad de una disculpa pública, los simpatizantes del activista acusaron a la excandidata de manipular los hechos para obtener réditos políticos.

El 16 de junio de 2025, un menor de edad asesinó al concejal del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, Juan Camilo Espinosa Vanegas, que además de ser un político local, era conocido por seguir una lucha social a pesar de tener una discapacidad motriz, motivo por el que se movilizaba en silla de ruedas.

Espinosa Vanegas era parte del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y era reconocido en la comunidad por su trabajo social, por lo que su asesinato generó indignación en la región.

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Sobre el crimen, las autoridades confirmaron, luego de inspeccionar las cámaras de seguridad de la zona, que el concejal fue interceptado por dos personas que se movilizaban en motocicleta. Uno de los agresores, un joven armado, se acercó y le disparó.

La rápida intervención de la Policía permitió la captura de uno de los responsables, un adolescente de 17 años, a quien se le incautó el arma de fuego utilizada en el crimen y la motocicleta en la que se desplazaba. Las autoridades confirmaron que el otro implicado, que conducía la motocicleta, escapó corriendo y sigue prófugo de la justicia.

Durante la investigación se afirmó que el adolescente capturado podría estar vinculado a una estructura armada ilegal, puesto que los grupos armados podrían estar en desacuerdo con algunos de los proyectos que adelantaba el concejal en la región.

Fiscalía judicializó a cabecilla de las disidencias por crimen del concejal Espinosa

El 24 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó que, por el crimen del homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, se registró la judicialización de Elkides de Jesús Piedrahita, que sería la persona que dio la orden de terminar con la vida del cabildante.

La fiscalía reveló que, tras las actividades investigativas, se confirmó que Piedrahita Velásquez, conocido en la región como “Richard” o “Manaty”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, habría ordenado a una de sus estructuras armadas ubicar al adolescente que tendría la misión de asesinar al cabildante.

Además, el grupo armado le habría suministrado al menor de edad el arma con la que asesinó a Espinosa, que se desplazaba por el centro del municipio en una silla de ruedas cuando se registró el crimen.

“Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en el centro carcelario en el que permanece privado de la libertad por otra investigación a la que fue vinculado anteriormente.

Cabe recordar que esta es la segunda persona judicializada por el crimen del concejal Espinosa Vanegas, ya que el menor que fue imputado tiene medida de internamiento preventivo en centro especializado.

En Colombia, una persona imputada por homicidio agravado enfrenta una pena de entre 400 y 600 meses de prisión, según el Código Penal. Si además se le imputa el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, la pena adicional puede oscilar entre 216 y 450 meses de prisión. Cuando ambas conductas son agravadas, el juez puede acumular las penas, siempre respetando los límites máximos previstos por la ley, que no pueden superar los 60 años de prisión en total. La gravedad de la condena depende de factores como la modalidad del hecho, los antecedentes y la existencia de circunstancias agravantes adicionales.

Una investigación de La Silla Vacía sobre la supuesta relación del senador Iván Cepeda con la guerrilla de las antiguas Farc y los contenidos de los computadores incautados a Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, tras el bombardeo de la fuerza pública en territorio ecuatoriano, que provocó su muerte el 1 de marzo de 2008, volvió a poner el caso en el centro de la atención pública.

Entre los documentos hallados en los dispositivos de Reyes se encontraban correos electrónicos que mencionaban a varias figuras públicas. Según la investigación, uno de estos registros, fechado el 18 de febrero de 2008, provino de Inés Graciela Dorado, alias Storgen, una colaboradora argentina de la guerrilla, que señalaba en un mensaje una supuesta vinculación de Cepeda con la organización. En el correo se leía: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”.

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En ese momento, Colombia vivía un contexto de movilizaciones ciudadanas. La primera, realizada el 4 de febrero de 2008, consistió en una masiva marcha en contra de las Farc en varias ciudades del país. Posteriormente, Cepeda, junto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), promovió una convocatoria para reunir a víctimas del paramilitarismo y de agentes estatales, que finalmente se llevó a cabo el 6 de marzo.

Los hechos ocurridos entre estas movilizaciones han vuelto a generar atención sobre Cepeda, 18 años después, en medio de su candidatura presidencial. Aunque los archivos hallados en los dispositivos de Reyes incluían menciones a Cepeda y a la senadora fallecida Piedad Córdoba, la Corte Suprema de Justicia determinó que no podían ser utilizados como prueba en ningún proceso judicial debido a irregularidades en su obtención.

El debate sobre la legalidad de estas evidencias se remonta a 2011, cuando el alto tribunal declaró ilegales dichos archivos, al establecer que la Policía colombiana actuó fuera de sus competencias en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, un dato que no pasa desapercibido es que, entre los magistrados que intervinieron en la decisión, se encontraban José Leonidas Bustos Martínez y Gustavo Enrique Malo Fernández, quienes más tarde fueron condenados por el llamado ‘cartel de la toga’. Bustos Martínez, expresidente de la Corte Suprema, recibió una condena de 10 años y 2 meses de prisión por cohecho y concierto para delinquir, mientras que Malo Fernández fue sentenciado a 9 años, 6 meses y 12 días por cohecho, prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

Los autos judiciales indican que los magistrados consideraron que solo el fiscal General de la Nación puede recolectar pruebas en el extranjero, con autorización de las autoridades locales, lo que no ocurrió en la Operación Fénix, ejecutada por un comando de la Policía Nacional en Sucumbíos, Ecuador. Por ello, la Corte concluyó que los archivos eran nulos de pleno derecho y no podían ser utilizados como evidencia en procesos judiciales en Colombia.

Confirmación de la ilegalidad en 2016

Infobae Colombia investigó y pudo establecer que en 2016, la Corte Suprema ratificó la ilegalidad de estas actuaciones como parte del caso de Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor de sociología de la Universidad Nacional que había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá como autor del delito de rebelión, con base en archivos derivados de los computadores de Reyes.

En la sentencia a la que tuvo acceso este medio, la Corte determinó que la captura de Beltrán y la incautación de la USB que portaba en su mochila carecían de legalidad, porque se habían fundamentado en informes policiales derivados de evidencia obtenida ilegalmente en Ecuador. El fallo indicó que, aunque la captura se materializó en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, la base probatoria utilizada para solicitar la orden de detención era nula, afectando derechos fundamentales como el debido proceso y la libertad personal.

Con base en estos fundamentos, la Sala de Casación Penal decidió casar la sentencia de segunda instancia que condenaba a Beltrán por rebelión, confirmar el fallo absolutorio de primera instancia a favor de Beltrán y, además, ordenar la libertad inmediata del procesado y la cancelación de compromisos judiciales derivados de la condena.

Consideraciones de la Corte sobre las pruebas

El fallo de 2016 detalló la distinción entre pruebas ilegales y pruebas ilícitas:

• Las pruebas ilegales derivan de procedimientos que incumplen formalidades esenciales para la validez de los medios de convicción y deben excluirse si afectan garantías fundamentales.
• Las pruebas ilícitas resultan de vulneraciones de derechos esenciales, como tortura, violación de intimidad o autoincriminación forzada, y deben ser anuladas de pleno derecho.

Asimismo, se reafirmó que los elementos derivados de evidencia primaria ilegal, como los informes de policía basados en los computadores de Raúl Reyes, no podían sustentar la condena, porque no existía independencia ni descubrimiento inevitable que los hiciera admisibles.

La sentencia que confirmó la ilegalidad de los contenidos de los computadores de Raúl Reyes fue firmada, además de Gustavo Malo Fernández, por los magistrados José Francisco Acuña Vizcaya, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, Luis Antonio Hernández Barbosa, Eyder Patiño Cabrera, Patricia Salazar Cuellar, Luis Guillermo Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho, conocido por su papel clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La discusión que se ha gestado por la autenticidad de los archivos hallados en los computadores de alias Raúl Reyes, exintegrante del antiguo secretariado de las Farc, que adquirió nuevos matices tras las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, llevaron al Centro Democrático a responderle de forma pública al congresista. La colectividad de oposición al progresismo defendió la legitimidad de los documentos y pidió que el parlamentario dé explicaciones al país.

Pese a que Cepeda denunció la presunta manipulación de las pruebas que lo vinculan con esa extinta guerrilla, la colectividad contraria al presidente Gustavo Petro arremetió contra el aspirante y recordó, en tres mensajes en la red social X, la legalidad de lo hallado en los computadores del cabecilla insurgente abatido el 1 de marzo de 2008 en la denominada Operación Fénix, que se llevó a cabo en territorio ecuatoriano y que ocasionó una crisis binacional.

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“Ayer envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), junto a mis abogados y abogadas, una comunicación que informa sobre múltiples actos de persecución política en mi contra, en el contexto de la actual campaña electoral. Por una parte, el expresidente Álvaro Uribe y su entorno ha desatado una campaña publicitaria en la cual se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública como ‘Heredero de las Farc”, dijo.

Y agregó que se ha intentado también judicializarlo en Estados Unidos. “Recuerdo la campaña que se hizo con la participación del llamado abogangster Diego Cadena para implicarnos al doctor Miguel Ángel Del Río y a mí en hechos del narcotráfico. Pues bien, ahora hemos visto un desfile de personajes del uribismo por distintas oficinas federales en Estados Unidos, pidiendo que yo sea investigado", agregó Cepeda, en relación con la visita del candidato Daniel Palacios.

A su vez, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que existen versiones que buscan ligar la movilización de víctimas del 6 de marzo de 2008 con el grupo alzado en armas, que firmó la paz en noviembre de 2016. “Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior, con las Farc”, indicó Cepeda, que añadió que el material incautado fue manipulado para inculparlo.

En efecto, el congresista indicó que la justicia, incluida la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría, determinó que el contenido de los dispositivos electrónicos, USB y discos duros recuperados tras la operación militar no representan fielmente lo que se ha denunciado. “Ese material está en la USB y en el computador, fue manipulado porque no se respetó lo que se llama la cadena de custodia, es decir, la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba".

El dirigente también indicó que el extinto DAS intentó influir en la opinión pública a través de operaciones de inteligencia conocidas como “chuzadas” y que, posteriormente, surgió la versión de que él solicitó a las Farc intervenir en la movilización. “Apareció el cuento de que en el computador de Reyes, y en otras piezas, que había una USB, aparecían supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración”.

Centro Democrático le salió al paso a la versión de Iván Cepeda

La respuesta del Centro Democrático se conoció a través de un comunicado en redes sociales, en la que el partido encabezado por el expresidente Álvaro Uribe acusó a Cepeda de “evadir las explicaciones que el país exige” y de usar “retórica para ocultar lo que ya es vox pópuli: su histórica cercanía con las Farc”. El pronunciamiento incluyó una referencia directa a la reciente presentación de Cepeda ante la referida Cidh.

“Su reciente show ante la Cidh es solo otra maniobra para distraer sobre su aparición en los computadores del cabecilla guerrillero Raúl Reyes y atacar a la prensa que de manera exhaustiva concluyó que no hubo montaje ni manipulación como lo indicó en un informe periodístico La Silla Vacía y como ya lo había ratificado la Interpol”, afirmó la colectividad opositora al líder de izquierda, que es uno de los más opcionados a avanzar a la segunda vuelta.

Así pues, el partido insistió en que la autenticidad de los archivos fue certificada por la Interpol y respaldada por investigaciones periodísticas. “Desde el Centro Democrático publicamos el informe de la Interpol que certificó la veracidad y autenticidad de los computadores de Raúl Reyes, donde fueron hallados los correos que relacionan el nombre de Iván Cepeda con el grupo criminal de las Farc”, se leyó en la segunda de las publicaciones.

Y, por último, recordó que, según los correos incautados, alias Ingrid, que fue integrante de las Farc, informó que Cepeda le solicitó ayuda para coordinar la marcha del 6 de marzo de 2008. “Cabe recordarle que en la mención de los correos hallados en los computadores de Reyes, alias Ingrid, integrante de las Farc, informa que usted le solicitó ayuda para coordinar las marchas del 6 de marzo de 2008”, expresó la representatividad de derecha frente a este asunto.

La controversia surgió después de la publicación de una investigación periodística citada por el Centro Democrático, que concluyó que la mención de Iván Cepeda en los archivos de las Farc “no fue un montaje”. El senador sostiene que esas pruebas fueron “falsas y modificadas”, mientras que el partido opositor reafirma que los informes técnicos y las pesquisas de la Interpol y medios como La Silla Vacía confirman la legitimidad de los documentos.

El ex jefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal será sentenciado el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York tras declararse culpable de conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

El juez Alvin Hellerstein fijó la nueva fecha luego de aplazar la audiencia originalmente prevista para esta semana por el cierre del tribunal a causa de una tormenta invernal en la ciudad.

Carvajal, de 65 años, admitió en junio ante la justicia estadounidense haber conspirado en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y participando en actividades con armas de uso restringido. Los cargos pueden acarrearle cadena perpetua, en uno de los procesos penales más relevantes que involucran a ex funcionarios del régimen venezolano.

El caso se enmarca en una investigación federal que en 2020 incluyó cargos contra el dictador depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos mandos chavistas, como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), todos acusados de conspiración narcoterrorista y delitos vinculados a armas.

Desde enero, Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Nueva York, enfrentando cargos similares bajo jurisdicción estadounidense.

La sentencia de Carvajal ha sido aplazada en varias ocasiones desde su extradición a Estados Unidos, proceso que siguió a su detención en España y posterior entrega a la justicia norteamericana. El último aplazamiento fue consecuencia del cierre temporal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según confirmó el equipo legal del ex general. Ahora, la audiencia definitiva está programada para el 16 de abril a las 10:00 (hora local).

El expediente judicial detalla que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana entre 2004 y 2011 y luego la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada, reconoció haber brindado apoyo logístico y protección a la red de narcotráfico de las FARC.

De acuerdo con los fiscales, facilitó rutas y operaciones para la introducción de grandes cargamentos de cocaína en territorio estadounidense, en coordinación con miembros de la cúpula chavista y estructuras del crimen organizado internacional.

En diciembre, Carvajal envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, ofreciendo detalles sobre la implicación de Nicolás Maduro en el Cartel de los Soles, organización criminal señalada por Washington por coordinar operaciones de narcotráfico con la participación de militares y altos funcionarios venezolanos.

En la misiva, el ex general manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense para esclarecer los vínculos entre el chavismo y el crimen transnacional.

Durante el proceso, la defensa de Carvajal reconoció la gravedad de los hechos y subrayó la disposición del acusado a cooperar con las autoridades estadounidenses, una estrategia que podría incidir en la determinación final de la pena. Sin embargo, la fiscalía ha enfatizado la magnitud del daño causado por la red criminal y la importancia de la colaboración entre funcionarios venezolanos y la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La investigación federal sostiene que las operaciones criminales en las que participó Carvajal representaron una amenaza para la seguridad estadounidense, involucrando el uso de armas de fuego y la coordinación de envíos masivos de cocaína. El caso es considerado emblemático en la política de Washington contra el narcotráfico y una advertencia sobre la penetración de estructuras criminales en las esferas de poder en América Latina.

El testimonio de Carvajal y las pruebas recabadas durante la investigación refuerzan la acusación contra otros altos dirigentes venezolanos, en particular Maduro y Cabello, cuyos procesos judiciales continúan en tribunales federales.

El resultado de la audiencia del 16 de abril será clave para definir las consecuencias judiciales para uno de los principales responsables de la inteligencia chavista y para el futuro de los procesos abiertos contra la cúpula del régimen venezolano.

(Con información de EFE)

El juez Alvin Hellerstein, responsable del caso, notificó oficialmente a través de un archivo judicial que la audiencia, originalmente prevista para el lunes anterior, pasará a realizarse el 16 de abril a las 10:00 (hora local de Nueva York), de acuerdo a lo reportado por EFE. El aplazamiento se debió al cierre temporal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ocasionado por una tormenta invernal que afectó al noreste de Estados Unidos, según confirmó el despacho de Robert Feitel, uno de los abogados de Carvajal.

Desde junio, Hugo Carvajal ha admitido ante la justicia estadounidense su culpabilidad en delitos como conspiración para ejecutar narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y cargos por la posesión y conspiración vinculada al uso de armas de fuego, detalló EFE. La sentencia por estos cargos podría alcanzar la cadena perpetua, la sanción máxima estipulada por la ley en estos casos.

Estados Unidos ya había formulado cargos contra Carvajal en 2020, así como contra el expresidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello —considerado como la segunda figura más importante dentro del chavismo y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, junto a otros altos funcionarios venezolanos. La acusación presentada se enmarcó en una investigación federal sobre conspiración narcoterrorista, una de las más relevantes en el contexto de la política y seguridad latinoamericanas, según consignó EFE en su cobertura.

En el marco de este proceso, EFE reportó que desde enero Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en un penal federal de Nueva York, enfrentando igualmente cargos relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas bajo jurisdicción estadounidense.

De acuerdo con lo relatado en el expediente judicial citado por EFE, la situación judicial de Carvajal se ha caracterizado por continuos aplazamientos. La audiencia de sentencia ya ha cambiado de fecha en varias oportunidades. Además, el medio recordó que Carvajal, de 65 años, sostuvo cargos de relevancia dentro de las estructuras de seguridad venezolana bajo la gestión de Hugo Chávez, incluyendo la jefatura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

La carta enviada por Carvajal a Donald Trump en diciembre, mencionada por EFE, ofrecía información sobre la supuesta implicación de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, una organización criminal señalada por Estados Unidos por coordinar operaciones de narcotráfico a gran escala con supuesta participación de militares y funcionarios del gobierno venezolano. Esta misiva buscaba establecer canales de colaboración entre el exgeneral y las autoridades estadounidenses.

El proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York se centra en la cooperación de Carvajal con las FARC, organización guerrillera colombiana considerada como grupo terrorista por Estados Unidos, al facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio norteamericano. Los fiscales han sostenido que las actividades concertadas entre funcionarios venezolanos y la guerrilla colombiana constituyen parte de una estructura criminal transnacional, una acusación que —según las fuentes— sustentó la imputación de cargos contra varios altos dirigentes venezolanos.

Al informar sobre la actualidad judicial del exgeneral, EFE detalló que la expectativa en torno a la sentencia se mantiene, ante la posibilidad concreta de que Carvajal reciba cadena perpetua por la gravedad de los delitos reconocidos. La cobertura del medio también precisó las funciones desempeñadas por Carvajal antes de su imputación y la relevancia de su testimonio en el tablero judicial internacional.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó su aparición en los archivos hallados en el computador de Luis Édgar Devia Silva, mejor conocido como alias Raúl Reyes, en 2008, calificando como “pruebas falsas y modificadas” los documentos en los que fue mencionado.

Cabe recordar que esta mención en los equipos del fallecido guerrillero volvió a ser una controversia nacional tras conocerse un mensaje atribuido al senador, dirigido a alias Ingrid Storgen, que supuestamente solicitaba a las Farc apoyo para una multitudinaria marcha de víctimas del 6 de marzo de 2008, tanto en Colombia como en el exterior, según informó La Silla Vacía.

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Por su parte, la Corte Suprema argumentó que la manera en que las autoridades colombianas recolectaron la evidencia, durante la Operación Fénix en territorio ecuatoriano, no se ajustó a los métodos establecidos por el Código de Procedimiento Penal colombiano ni a los convenios internacionales de cooperación judicial. Por ese motivo, la Corte inadmitió su uso como prueba en casos como el de Iván Cepeda y otros mencionados en dichos archivos.

En otras palabras, la Corte Suprema no cuestionó la autenticidad de los polémicos archivos, sino la legalidad de su obtención y custodia. Sin embargo, tanto el DAS como la Interpol ratificaron la veracidad de los documentos incautados, lo que contradice la versión del congresista que negó acercamientos con las Farc.

Cepeda insistió en que los intentos de vincular esa movilización con las Farc surgieron tras una operación de interceptaciones del (Departamento Administrativo de Seguridad) DAS y que, más tarde, aparecieron menciones en el computador de Reyes y una USB, donde presuntamente miembros del grupo armado señalaban una petición directa suya para involucrarse en la marcha.

Según el congresista, las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación concluyeron que estos materiales presentaban irregularidades, ya que “la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y, por lo tanto, fue manipulada”. Añadió que el respeto a la cadena de custodia fue vulnerado, lo que invalidaría la validez legal de dicha información.

“Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización […] con las Farc. Ahora, ¿qué es lo que mostró la justicia? Que el DAS hizo un intento para generar en la opinión pública esa sensación a través de la operación de las chuzadas… y después apareció el cuento de que en el computador de Reyes, y en otras piezas, que había una USB, aparecían supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las Farc intervinieran en esa movilización”, expresó el candidato en declaraciones a Noticias Caracol.

En rueda de prensa, el senador señaló que “ya hay un pronunciamiento de la justicia”; agregó que dicha polémica revivió para afectar su aspiración presidencial.

Las reacciones a la aparición de Iván Cepeda en los archivos de alias Raúl Reyes

Los presuntos vínculos entre Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, con los cabecillas del disuelto grupo armado ilegal fueron cuestionados por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

“Tontos son quienes creen que los demás lo son Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones (sic)”, escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a la participación del senador en operaciones de las Farc.

El líder político del Centro Democrático sostuvo que la Interpol determinó que no hubo ningún tipo de alteración en los ordenadores de alias Raúl Reyes.

“La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces, ¿será que el “montaje” a Cepeda lo hizo la Farc? (sic)”, cuestionó Uribe Vélez.

Bajo la misma línea, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Iván Duque, señaló que “La Interpol certificó que los archivos del computador incautado en la operación contra Raúl Reyes NO habían sido manipulados”, expuso en la misma plataforma.

Incluso, citó un informe relacionado con la recuperación del computador de Luis Édgar Devia Silva: “Esta conclusión estaba inseparablemente vinculada a la determinación de Interpol sobre si había existido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos incautados”.

En contraposición, el presidente Gustavo Petro aseguró que los argumentos que relacionan al candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico con las extintas Farc carecen de validez judicial.

“Los computadores de reyes son prueba considerada inválida, porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, escribió en su cuenta de X.

La aparición del nombre de Iván Cepeda en los archivos extraídos del computador de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, fallecido líder de las extintas Farc, sigue siendo un tema de investigación.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia inadmitió las pruebas, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) indicó que la mención de senador del Pacto Histórico no fue un montaje.

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A la par, no hay pruebas que relacionen la operación de la extinta entidad con la manipulación de los archivos de las Farc. Por el contrario, un informe forense realizado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en francés) certificó la falta de alteración de los archivos tras su incautación en Ecuador, confirmando la integridad del contenido.

Frente a los presuntos vínculos entre el candidato presidencial del Pacto Histórico con los cabecillas del disuelto grupo armado ilegal, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para cuestionar a Cepeda.

“Tontos son quienes creen que los demás lo son Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones (sic)”, escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a la participación del senador en operaciones de las Farc.

Según el líder político del Centro Democrático, la Interpol determinó que no hubo ningún tipo de alteración en los ordenadores de alias Raúl Reyes.

“La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces ¿será que el “montaje” a Cepeda lo hizo la Farc? (sic)”, cuestionó Uribe Vélez.

Bajo la misma línea, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Iván Duque señaló que “La Interpol certificó que los archivos del computador incautado en la operación contra Raúl Reyes NO habían sido manipulados”, manifestó en X

Incluso, citó un informe relacionado con la recuperación del computador de Devia Silva afirmaba que “Esta conclusión estaba inseparablemente vinculada a la determinación de Interpol sobre si había existido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos incautados”.

La defensa de Petro a Iván Cepeda por archivos de alías Raúl Reyes

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Iván Cepeda por su presunta relación con alias Raúl Reyes, señalando que los argumentos carecen de validez judicial. En efecto, mencionó que la justicia colombiana determinó que los equipos del líder guerrillero fueron manipulados antes de ser presentados ante las autoridades.

“Los computadores de reyes son prueba considerada inválida, por qué fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, escribió en su cuenta de X.

Según el primer mandatario, la manipulación de los textos en los computadores de Reyes fue comprobada, lo que obligó a descartar su uso como material probatorio. A raíz de ello, los jueces anularon su valor en los procesos judiciales. Petro consideró que la alteración de estas pruebas tuvo como propósito involucrar a opositores políticos, y sostuvo que, de no haberse modificado los dispositivos, las decisiones judiciales habrían sido diferentes.

En otro momento, el presidente relató que durante su administración se detectaron intentos similares de fabricar pruebas. Citó los casos del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, donde —según su versión— se buscó coaccionar a una persona privada de la libertad para que inculpara a los implicados. Petro enfatizó que, pese a versiones difundidas, no existe ninguna evidencia que vincule acusaciones a computadores o memorias USB presuntamente incautadas a alias Calarcá.

Además, el jefe de Estado cololmbiano criticó el proceder de la fiscal General de la Naciòn , Luz Adriana Camargo, reprochando la falta de contundencia al descartar públicamente la inexistencia de tales pruebas y la preferencia por mantener una postura ambigua.

La controversia por la legitimidad de los llamados computadores de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, volvió a convertirse en tema de intensa discusión en el espectro político, tras las acusaciones que involucrarían, según los sectores de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, al candidato del partido oficialista a la presidencia: el senador Iván Cepeda, que habría sido mencionado en los archivos que fueron encontrados en estos dispositivos electrónicos.

Aunque la Interpol certificó en 2008 que la información de los dispositivos no había sido manipulada tras su incautación, la Corte Suprema de Justicia declaró más tarde que los archivos carecían de validez legal como prueba judicial por graves fallos en su custodia y recolección. Una afirmación que intentó reencauchar el presidente, con una publicación en sus redes sociales que desató una dura respuesta de un exfuncionario del gobierno de Iván Duque.

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En efecto, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y hombre de confianza del exmandatario, le salió al paso a lo dicho por el jefe de Estado, y lo acusó de mentir sistemáticamente sobre este asunto, pues por la misma plataforma digital lanzó duros señalamientos contra el gobernante: al que le restan 165 días para el final del mandato constitucional, pues deberá entregar el poder el 7 de agosto.

“Los computadores de Reyes son prueba considerada inválida porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia”, escribió en su mensaje Petro, que añadió que durante el gobierno anterior se intentó modificar las evidencias para comprometer a figuras de la oposición. “La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí”, agregó el presidente, que expresó que los archivos quedaron desestimados como prueba, de acuerdo con la interpretación del fallo.

La dura respuesta de Víctor Muñoz a Gustavo Petro: “Mitómano”

En su réplica al primer mandatario, Muñoz acusó a Petro de mentir y defendió la legitimidad técnica del proceso de incautación y análisis. “Mitómano: mentir, mentir, mentir. La Interpol certificó que los archivos del computador incautado en la operación contra Raúl Reyes NO habían sido manipulados”, señaló el exdirector del Dapre, que en un mensaje posterior, incluso, recopiló el informe emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal.

Así pues, el informe citado por Muñoz sería claro sobre el tema en cuestión. “Esta conclusión estaba inseparablemente vinculada a la determinación de Interpol sobre si había existido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos incautados”, se leyó en el reporte oficial, en el que se señaló que el examen forense de la policía internacional respaldó el manejo de la información incautada tras la conocida Operación Fénix.

Es oportuno rememorar que el origen de los computadores de Reyes se remonta a la ofensiva militar que se llevó a cabo el 1 de marzo de 2008. En ese operativo, las Fuerzas Militares, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, abatieron en territorio ecuatoriano al temido cabecilla y decomisaron tres computadores portátiles, discos duros y memorias USB que se encontraron en el campamento del exmiembro del antiguo secretariado de las Farc.

Posteriormente, la Interpol concluyó que no se produjo modificación, alteración ni borrado de la información tras la incautación, como lo reseñó Muñoz y otros personajes que hacen parte de los colectivos de oposición.

Pese a ello, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2011 marcó un cambio en este caso, pues los archivos, incluidos miles de documentos y correos electrónicos, con información sensible, fueron desestimados por el alto tribunal como prueba.

Según se expuso por parte de la Corte Suprema, se habría roto la cadena de custodia y no se cumplieron requisitos internacionales para la obtención de evidencias. En este proceso, del análisis de los equipos de Reyes surgió el término Farcpolítica, ya que figuraban nombres de personas públicas y políticos colombianos, además de presuntos vínculos con gobiernos extranjeros, en especial con Venezuela; como los de Iván Cepeda y la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Pese a la imposibilidad de usar la evidencia en Colombia, información extraída de esos archivos sí ha sido empleada en tribunales estadounidenses en causas vinculadas con funcionarios venezolanos y otros procesos internacionales. La certificación pericial de Interpol, pese a ser invocada por Muñoz como argumento concluyente, tiene como principal obstáculo el fallo definido en su momento por la Corte; en una decisión altamente cuestionada a 15 años de darse.

Luego de que las autoridades mexicanas confirmaran la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, hasta entonces líder del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), volvió a la escena las alianzas que el líder del narcotráfico mexicano logró establecer con Colombia.

Ese peligroso cartel logró mantener una relación cercana con el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, que se convirtió en una de las alianzas más peligrosas para América Latina.

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Así lo concluyó en su momento la revista Criminalidad con base en informes recientes de la DEA. Estos grupos lograron capitalizar las deficiencias sistémicas en la cooperación de los Estados, estructurando redes capaces de negociar recursos, compartir rutas y actuar con eficacia transnacional en escenarios sumamente cambiantes.

Y es que el Clan del Golfo se consolida como uno de los principales grupos armados en Colombia tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Esa célula ilegal ha logrado establecer su dominio en diferentes regiones del país y cuenta con una compleja infraestructura económica, militar y social. Por su parte, el Cjng surge tras la intervención y fragmentación de carteles históricos en México y se caracteriza por su capacidad armada, su red de colaboradores y su presencia continental. Ambos grupos han reforzado mecanismos de gobernanza criminal y alianzas que superan las fronteras nacionales.

La cooperación entre estos cárteles abarcó acuerdos económicos y logísticos para asegurar rutas de tráfico de drogas, compartir infraestructuras (como puertos y puntos estratégicos), y defender intereses en común frente a rivales o respuestas estatales, explicó la Revista Criminalidad.

Uno de los ejemplos más recientes y documentados, según la DEA, fue la relación operativa entre el Cjng y la facción “Los Metros” del Clan del Golfo en el noreste de México.

En esta alianza, Los Metros facilitaron el acceso del cartel mexicano a puntos de entrada clave en la frontera entre Tamaulipas y Texas y al puerto de Altamira, estratégico para la importación de precursores químicos.

Los Metros protegían los cargamentos de metanfetamina y cocaína del Cjng destinados a Estados Unidos, a cambio de apoyo logístico y militar en la zona, reforzando así la presencia de ambos bandos en territorios históricamente disputados.

De acuerdo con una investigación adelantada por los expertos César Niño Ángela Cristina Pinto-Quijano, titulada Integración regional criminal: aproximación a la relación entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, esta integración criminal implicó políticas comunes en materia de seguridad y defensa dentro de la estructura delictiva, y la adopción de mecanismos coordinados que aseguraban el flujo eficiente de recursos y beneficios.

Además, la flexibilidad para modificar o romper estas alianzas, según las coyunturas ilegales y las amenazas, fue una de las ventajas principales de estos acuerdos.

Los otros vínculos de alias Mencho con Colombia

El ascenso y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, marcaron décadas de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng) no solo en México, sino en regiones estratégicas del suroccidente colombiano.

La expansión del Cjng hacia Colombia se consolidó principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño, donde la organización estableció vínculos directos con frentes de las Farc. En sus primeras etapas, el cartel recurría a intermediarios para adquirir cocaína, pero, a medida que creció, “El Mencho” prefirió negociar sin intermediarios para reducir costos y obtener mayor control sobre el flujo de la droga.

El bloque Caribe y el frente sexto de las Farc, con importante presencia en el Cauca y la Costa Atlántica en su momento, se convirtieron en interlocutores clave. Además, documentos señalan contactos con el frente 33 en el Catatumbo, aunque el eje de la cooperación se mantuvo en la región pacífica.

El Cartel Jalisco Nueva Generación no solo financió cargamentos, sino que invirtió en el desarrollo de tecnología de transporte: submarinos semisumergibles construidos en la selva de Tumaco y Buenaventura. Estas embarcaciones, que viajaban casi a ras del agua para evadir los radares, permitieron incrementar los volúmenes de droga transportados hacia México, utilizando barcos de mayor calado para completar la travesía en mar abierto.

La organización llegó a instalar laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales de Cauca y Nariño. De esta manera, el cártel dejó de depender de los precios impuestos por las guerrillas y controló directamente la cadena de producción.

Incluso, la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016 no interrumpió este esquema, ya que las disidencias, como el Estado Mayor Central, heredaron rutas y alianzas, permitiendo al Cjng mantener su estructura de negocios en la región.

Diversificación criminal: del Pacífico al fentanilo

Hacia 2020, “El Mencho” orientó el negocio hacia el fentanilo, un opioide sintético con márgenes de ganancia superiores a los de la cocaína. El cartel instaló laboratorios en México, abastecidos con insumos importados principalmente desde China.

No obstante, Colombia siguió siendo parte del engranaje criminal, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su informe “Cauca: voces que resisten 2024-2025”. El reporte confirmaba la presencia tanto del Cjng como del Cártel de Sinaloa en el departamento.

La presencia de estos grupos criminales transnacionales, junto con estructuras como el Nuevo Estado Mayor Central y el ELN, desencadenó una ola de violencia en Cauca: 827 homicidios, 13 masacres y 16 desplazamientos masivos en 2024, afectando a más de 2.650 familias. Además, el reclutamiento forzado de menores creció un 36 % respecto al año anterior, según cifras oficiales.

El nombre de Kevin R., alias Camilo, aparece en la lista de detenidos como el presunto cabecilla de un grupo que, según las autoridades ecuatorianas, cuenta principalmente con integrantes provenientes del departamento colombiano de Nariño y opera en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Según publicó el diario 'El Comercio', estos individuos fueron arrestados en medio de una operación militar realizada en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde se produjo un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información consignada por la Fiscalía de Ecuador, se presentaron cargos contra 20 personas, identificadas como presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra, organización disidente de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. Las acusaciones principales incluyen tráfico ilícito de armas. En un comunicado, la Fiscalía señaló que un juez dispuso la prisión preventiva de los sospechosos.

Durante la operación militar en Esmeraldas, al noroeste del territorio ecuatoriano, las fuerzas armadas reportaron que los sujetos armados realizaron disparos y emplearon artefactos explosivos en un intento por resistir la intervención. Según detalló el medio 'El Comercio', estos esfuerzos no lograron impedir el avance de los militares, quienes finalmente aseguraron la detención de los presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra.

El Ejército de Ecuador sostiene que este grupo, aunque no es el más grande entre las disidencias de las FARC, constituye uno de los principales focos de sus investigaciones y acciones militares. Además del narcotráfico y el tráfico de armas, se les vincula con actividades de minería ilegal en la región fronteriza. Las fuerzas militares también les atribuyen la autoría del secuestro y asesinato en 2018 de tres miembros del equipo periodístico de un medio ecuatoriano: Javier Ortega, periodista; Paúl Rivas, fotógrafo; y Efraín Segarra, conductor. Según la versión militar, los secuestradores, bajo el mando de Walter Artízala, alias Guacho, demandaron la liberación de integrantes de su organización a cambio de los rehenes. Los tres comunicadores fueron asesinados.

El Frente Oliver Sinisterra, según indica la Fiscalía y las fuerzas armadas, ha tenido participación en diversos ataques a puestos de control fronterizos. Sus acciones se extienden a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador y se caracterizan por la violencia dirigida contra personal de seguridad y la persistencia en actividades vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas. El grupo surgió tras la disolución de la guerrilla de las FARC, integrando tanto a antiguos miembros como a nuevas incorporaciones, especialmente en la región de Nariño.

El caso de los detenidos en Esmeraldas ha tenido repercusión en ambos países, debido a la persistencia de la problemática de seguridad en las zonas limítrofes y a la histórica relación de la región con la presencia de actores armados ilegales. Según publicó el diario 'El Comercio', la detención se da en el contexto de esfuerzos coordinados entre instituciones ecuatorianas para contrarrestar el accionar de estos grupos. Tras el enfrentamiento y arresto, la Fiscalía anunció la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares, mientras se espera el avance del proceso judicial que definirá la situación de los presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra.

De acuerdo con información preliminar suministrada por el alcalde de Argelia, Osmán Duan, el hecho dejó una persona muerta y más de 14 heridas.

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El ataque ocurrió en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes de la zona, que ya están entre tensiones luego de registrarse la muerte de dos hombres en confusos hechos conocidos el lunes 26 de enero, lo que ha movilizado a la población civil a exigir respuestas, según señaló el alcalde a Noticias Caracol.

“En el marco del diálogo, de la conversa, se pudo hacer alguna gestión para que la situación no pasara a mayores, pero gran cantidad de la comunidad, estando reunida al lado del parque Central, observa que sobre la zona sobrevolaban algunos drones. Uno de estos libera un artefacto explosivo y tiene unas consecuencias, en realidad, pues muy muy lamentables”, dijo puntualmente al medio citado.

Y agregó: “Hay en este momento el reporte de una persona que ha perdido la vida; hasta el momento hay un reporte de 14 heridos, algunos de mayor gravedad que otros. Pero la situación es confusa, la situación es triste, es lamentable. La comunidad en este momento se encuentra reunida todavía en algunas zonas del corregimiento, pero de verdad que esta situación se tiene que esclarecer porque se repiten episodios de otros tiempos que considerábamos que ya había pasado, ya eran hechos superados, pero vemos que nuevamente la conflictividad y todo el tema de alteración del orden público nos toca y nos enluta de nuevo”.

Las autoridades se encuentran evaluando la situación mientras los lesionados reciben atención en el hospital local.

Sobre la situación de los heridos, la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, afirmó que una menor de edad es la víctima que reviste mayor gravedad por sus heridas. “La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siendo atendida y la comunidad continúa en pánico”, señaló.

En esta región opera principalmente el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, aunque también se ha reportado presencia del ELN.

Y es que en un video conocido en redes sociales se observa el momento en que, minutos después de la explosión, una aeronave no tripulada aún sobrevolaba sobre el sitio donde la población se encontraba reunida, lo que desató temor y las personas se dispersaron en busca de refugio.

La muerte de dos hombres a bordo de una camioneta desató tensiones en El Plateado

La situación se vive en medio de tensiones entre la población, pues el lunes 26 se conoció la muerte de dos hombres, al parecer jóvenes venezolanos, que fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo tipo campero.

Tras la situación, comunidades campesinas habrían realizado una movilización para exigir respuestas a la fuerza pública. Los habitantes difundieron un video y fotografías que muestran múltiples impactos de bala en el vehículo de las víctimas.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Centro, Kevin Arcos, explicó que la movilización realizada tras el hecho busca exigir una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables. Arcos manifestó: “Cuando ocurren hechos como este, la comunidad tiene derecho a exigir respuestas. El llamado es a todas las veredas a movilizarse pacíficamente”.

Los habitantes solicitaron además la intervención de la Fiscalía General de la Nación, así como de organismos de control y entidades humanitarias, para garantizar el esclarecimiento del caso y la protección de los derechos de los residentes de la zona.

Cabe recordar que en la madrugada del 21 de enero de 2026 se produjo una explosión en El Plateado, tras la detonación anticipada de una camioneta cargada con explosivos.

Según las investigaciones, la estructura Carlos Patiño, vinculada a disidencias de las Farc, sería responsable del atentado. El vehículo, que presuntamente iba a ser ubicado cerca de la estación de Policía, explotó entre un colegio y varias viviendas, sin que se reportaran personas heridas.

La infiltración de criminales en las escuelas de Jamundí encendió una alerta en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que están implementando diferentes estrategias para enlistar a menores de edad a sus filas.

Según datos revelados por la Fundación Territorio de Paz, el reclutamiento forzado se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de 76 reportes a más de 300 casos verificados y denunciados ante la justicia. Esta crisis expone la falta de presencia estatal en siete corregimientos de la zona alta, donde la disidencia Jaime Martínez actúa afectando la cotidianidad de la ciudadanía.

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De acuerdo con el reporte, en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, los integrantes de este grupo armado han adoptado la estrategia de ingresar a las escuelas, haciéndose pasar por estudiantes para persuadir a los jóvenes para hacer parte de la guerrilla.

Su objetivo no solo está relacionado con captar la confianza de los menores y sumarlos a sus filas, pues además del acercamiento presencial, intensifican la presencia en la zona valiéndose de redes sociales como Facebook y TikTok, donde lanzan llamados que buscan captar la atención e influir en adolescentes vulnerables, aprovechándose de sus carencias para involucrarlos en el mundo criminal.

La escasa presencia estatal agrava la situación. Según lo informado por Lina Tabares, representante de la Fundación Territorio de Paz, la institucionalidad no tiene presencia permanente en estos territorios, pues si fuera así no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos: “Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio”, dijo en declaraciones citadas por Blu Radio.

Ante el aumento sostenido de los reclutamientos y la alarma social, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie formalmente los casos, con el fin de evitar que los menores sean reclutados por las disidencias de las Farc que azotan la región.

“Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les dé miedo porque aquí lo que necesitamos es información”, aseguró la mandataria departamental.

A su vez, la comunidad reconoció la persistencia de la ofensiva militar en la zona como un intento por restablecer el control territorial, pero exige garantías de seguridad para poder denunciar sin temor.

Y es que la falta de protección y la ausencia de instituciones mantienen a los menores en una situación de alta vulnerabilidad ante grupos armados, por lo que el llamado de la comunidad está dirigido para que las autoridades refuercen acciones en contra de los grupos criminales.

Incluso, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) reveló que el impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

Cabe mencionar que las autoridades colombianas afirman que la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, tiene sus filas compuestas en un 37% por menores de edad.

En la mañana del martes 17 de febrero de 2026 se confirmó el fallecimiento del reverendo Jesse Jackson, activista de los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces candidato presidencial.

En un comunicado público, la familia indicó que el dirigente político, de 84 años, murió rodeado de su familia, tras años de enfrentar Parkinson y una parálisis supranuclear progresiva (PSP) que lo obligó a estar internado en una clinica de Chicago (EE. UU.).

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Entre sus labores en favor de las comunidades, Jackson también tuvo un vinculo cercano con Colombia, en la que fue reconocido por su contribución histórica a la paz, la lucha contra la pobreza y la discriminación racial.

Proceso de paz

Jesse Jackson desempeñó un papel relevante durante el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, colaborando como mediador humanitario y defendiendo activamente el cese del conflicto armado.

De hecho, en septiembre de 2013, intervino en la liberación del exmarine estadounidense Kevin Scott Sutay, quien estaba secuestrado por la antigua guerrilla de las Farc.

Incluso, el extinto grupo armado recurrió expresamente a la figura de Jackson, argumentando que su “probidad y experiencia” facilitarían un acuerdo para la liberación de Sutay, considerada por el propio mediador como una prueba de “buena voluntad” necesaria para avanzar hacia la paz.

Durante ese año, Jackson viajó a La Habana (Cuba) y se reunió con los negociadores de la guerrilla, presionando a favor de una liberación sin condiciones y advirtiendo que gestos así tendrían impacto directo sobre la confianza internacional en la mesa negociadora.

Las gestiones no estuvieron exentas de controversias. El entonces presidente Juan Manuel Santos rechazó en un primer momento la intervención directa de Jackson en la logística de entrega, al considerar que no permitiría que la liberación se convirtiera en lo que calificó como un “espectáculo mediático”.

Sutay, exmarine de Estados Unidos, había sido retenido por las Farc en el departamento del Guaviare en junio de 2013 y liberado en octubre de ese año, convirtiéndose en un símbolo de la presión internacional sobre las negociaciones de paz.

Esa visión de paz y desarrollo resonó durante su presencia en encuentros clave, como la Cumbre de Mandatarios Afrodescendientes de 2013, donde también abogó por el diálogo y la reconciliación.

“Yo promuevo la reconciliación. En algunas ocasiones, cuando no se puede escoger un lado o el otro, uno debe estar del lado de la reconciliación. Siempre y cuando haya guerra habrá miedo, siempre y cuando haya miedo, el crecimiento se detiene y las personas más pobres siempre son las víctimas”, declaró Jackson en su momento.

Orden de San Carlos

En julio de 2023, el Gobierno colombiano le concedió la Orden de San Carlos, el mayor reconocimiento civil de Colombia, en una ceremonia encabezada por el entonces embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.

La distinción homenajea su prolongado apoyo en el fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos, así como su influencia en avances sociales, especialmente en la representación afrodescendiente, tanto en su propio país como en la sociedad colombiana.

Durante la ceremonia, Jackson manifestó gratitud al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, y remarcó la importancia personal de este honor. “Me siento profundamente honrado y emocionado de recibir este prestigioso reconocimiento de Colombia, un país que tiene un lugar muy especial en mi corazón”, expresó en ese entonces.

Tras conocerse el fallecimiento del dirigente afroamericano, el exembajador en Washington y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo destacó las labores de Jesse Jackson para defender la democracia en el continente americano, considerándolo como “amigo de Colombia”.

“El Gran Reverendo Jesse Jackson ha partido a mejor vida. El mundo afrodescendiente, de los derechos de las personas y de defensa de la democracia está triste y de luto. El Reverendo fue un gran amigo de Colombia y referente global en la defensa de los derechos civiles”, escribió Murillo en su cuenta de X.

Igualmente, remarcó que “su voz abrió caminos de dignidad, igualdad y justicia que seguirán inspirando a generaciones. Su legado no se apaga: se multiplica en cada causa por la libertad”.

La campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, continúa generando divisiones y tensiones en la política colombiana; mientras algunos lo ven como la opción para continuar con el legado de Gustavo Petro, otros, incluidos algunos miembros de la oposición, comenzaron a señalar los aspectos que consideran peligrosos para el futuro del país.

Uno de los más críticos es Ernesto Macías Tovar, exsenador del Centro Democrático, que apuntó contra la candidatura de la coalición del Gobierno, especialmente por lo que él considera dos puntos caóticos en su propuesta.

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A través de su cuenta en la red social X, Macías expresó su preocupación por lo que, en su opinión, representa un “continuismo” peligroso para Colombia. En su mensaje, afirmó que el candidato Iván Cepeda no ofrece un futuro claro ni mejoras para el bienestar de los colombianos, sino que se enfoca en perpetuar las políticas del actual gobierno, las cuales, según él, condujeron a la crisis económica y social del país.

“El discurso –ojo, siempre leído– de @IvanCepedaCast no promete futuro, sino continuismo: derroche, corrupción, clientelismo y ruptura del equilibrio institucional. Colombia no resiste un Petro 2, con las FARC moviendo los hilos (sic)”, escribió Macías, al dejar en claro su postura en contra de lo que considera una amenaza para la estabilidad de la nación.

Las palabras de Macías reflejan una profunda desconfianza en las propuestas de Cepeda, aludiendo directamente a lo que él percibe como una continuación de las políticas impulsadas por Petro durante su mandato. Según Macías, la gestión del actual presidente está marcada por la crisis económica, la inestabilidad social y la falta de una estrategia efectiva para enfrentar los desafíos del país.

En su análisis, el excongresista mencionó específicamente dos elementos que considera cruciales para entender el riesgo de un gobierno liderado por Cepeda. Él se refirió a lo que considera una vinculación preocupante entre el candidato del Pacto Histórico y ciertos grupos armados ilegales que, según algunas voces de la oposición, seguirían ejerciendo influencia en el panorama político del país.

La relación entre Iván Cepeda y las Farc, un tema que la oposición saca a la luz

La relación entre Iván Cepeda y las extintas Farc (ahora partido Comunes) —que también se transformó en disidencias— es uno de los temas más debatidos en la política colombiana en los últimos años. La oposición, principalmente encabezada por sectores de derecha como el Centro Democrático, señala al candidato del Pacto Histórico como un aliado cercano de la guerrilla, acusándolo de ser un “brazo civil” que facilita los intereses de ese grupo armado.

Y es que Iván Cepeda es un ferviente defensor de los procesos de paz y tuvo contacto directo con los líderes de las Farc en diversas instancias, incluidas negociaciones en Cuba y reuniones en cárceles colombianas, en lo que terminó en el firmado Acuerdo de Paz en 2016. Sin embargo, para sus detractores, esos contactos sobrepasaron el rol de mediador y lo sitúan como un “embajador” de la guerrilla en lugar de un facilitador neutral de la paz.

Otro punto álgido es su confrontación judicial con el expresidente Álvaro Uribe, que comenzó con una denuncia de Cepeda sobre presuntos fraudes procesales y sobornos a testigos. La oposición sostiene que el senador estuvo detrás de una estrategia para desprestigiar al exmandatario mediante el uso de exparamilitares y exguerrilleros, en un intento por fortalecer la narrativa contra el expresidente, que fue uno de los principales opositores al proceso de paz con las Farc.

Desde el punto de vista de la oposición, las propuestas de Cepeda (como la reforma agraria, cambios en la doctrina militar y justicia transicional) se alinean estrechamente con las exigencias históricas de las Farc. Al ser una figura central del Pacto Histórico, coalición apoyada por el partido Comunes, la oposición argumenta que Cepeda y las Farc comparten un proyecto político común.

Además, a lo largo de los años, la oposición cita los correos electrónicos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, líder de las Farc abatido en 2008, donde se menciona a un “Iván” en contacto con la guerrilla. Aunque la Corte Suprema de Justicia desestimó estos documentos debido a irregularidades en su cadena de custodia, la oposición sigue considerándolos una prueba clave de los vínculos entre el congresista y el grupo armado.

El 10 de febrero, durante más de tres horas estuvo secuestrada la senadora Aida Quilcué, hecho que le fue atribuido a las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

La liberación de la congresista se registró gracias a la presión de las comunidades indígenas, principalmente del pueblo Nasa, que es uno de los que tiene más presencia en el país.

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Cabe recordar que el pueblo Nasa se ha asentado históricamente en el departamento del Cauca, especialmente en Toribío, Páez y Caldono. También tienen presencia en el Valle del Cauca, Putumayo, Tolima y Huila.

Antes de que la senadora Quilcué fuera liberada, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la líder indígena representaba un “grito de guerra” de las disidencias contra el pueblo Nasa, algo que se viene registrando desde hace varios años.

Debido a que se trata de una comunidad amplia, que no sigue los lineamientos ordenados por el grupo armado de “Iván Mordisco”, los líderes del pueblo Nasa han sido víctimas de persecuciones constantes por parte de los grupos armados.

Precisamente, al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches habló sobre lo que representa para el futuro inmediato en el Cauca el secuestro de la congresista Aida Quilcué.

“El secuestro de la senadora evidencia un panorama preocupante, que en época electoral se han agravado los atentados, los ataques y las amenazas a candidatos al senado y presidencia. Podemos hablar de tres puntos principales: la precariedad de la democracia, la ausencia del Estado para controlar la violencia y la debilidad de las instituciones para hacer frente a las organizaciones criminales”, declaró inicialmente Wilches.

El experto recordó que la guerra contra las comunidades indígenas en el Cauca se ha mantenido durante décadas, siendo las disidencias de “Iván Mordisco” los atacantes de turno en una región que es fundamental para la consolidación de rutas de narcotráfico.

“Lo que vemos es una guerra histórica en la que han participado diferentes actores, no solo con las fuerzas militares, sino con la autonomía de los pueblos indígenas. Hay que ver cuáles son los resultados de la Paz Total en la región para que no se tenga que seguir viviendo con la incertidumbre”.

Para el experto, el contexto actual que se vive en el Cauca es la demostración de que los gobiernos de turno siguen sin poder garantizar la seguridad de la comunidad Nasa y los otros pueblos indígenas que tienen presencia en el departamento.

“De manera histórica, las tensiones por el territorio han derivado en complejos conflictos en la zona. “Iván Mordisco” solo es el eslabón de una historia marcada por la compleja legislación de autonomías indígenas y la ausencia del Estado“.

Por último, Jaime Wilches afirmó que, entendiendo que no se trata del primer grupo armado que intenta apoderarse de territorios de la comunidad Nasa, lo que se requiere en estos momentos es el respaldo de las autoridades ante la lucha que tendrá el pueblo indígena para mantener la soberanía en su territorio.

“Las comunidades indígenas han tenido que enfrentar las disputas jurídicas con el Estado y el asedio de distintos grupos criminales que lo ven como una ventana de oportunidad para apropiarse de estos territorios y ejercer gobernanzas criminales. La importancia del pueblo Nasa radica en una historia anclada en los territorios y luchas históricas que se concretaron con la autonomía de territorios indígenas en la Constitución de 1991. Por esa razón, el secuestro de la senadora supone un golpe a una comunidad que ha sido símbolo de lucha, resistencia y dignificación de los territorios”.

El reclutamiento de menores en Colombia por parte de grupos armados ha experimentado un crecimiento alarmante que no da tregua, según advirtió el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

En los últimos cinco años, los casos verificados aumentaron en un 300%, mientras los factores que alimentan la violencia, como la pobreza y la escasez de oportunidades, siguen extendiendo el riesgo a decenas de miles de niños y niñas.

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Lejos de disminuir tras la firma del histórico Acuerdo de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la amenaza se mantiene vigente y se agrava, con un promedio de un niño o niña reclutado cada 20 horas, de acuerdo con el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados correspondiente a 2024.

Uno de los ejemplos de la magnitud de este delito se demostró en noviembre con la muerte de siete menores durante un bombardeo militar contra disidencias de las Farc. De acuerdo con Unicef, tras el inicio del gobierno de Gustavo Petro se suspendieron los bombardeos cuando existía sospecha de presencia de niños en campamentos ilegales.

Sin embargo, la estrategia se modificó posteriormente y estas acciones fueron nuevamente autorizadas. Según expresó Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, a The Associated Press, los grupos armados emplean a los menores como escudos, situándolos cerca de los comandantes más influyentes para impedir operativos militares, ya que “los primeros muertos van a ser los niños”.

El deterioro queda confirmado en las cifras: mientras que en 2020 Naciones Unidas documentó 116 casos de reclutamiento, para 2024 la cifra saltó a 453, con un registro oficial que, advierte Unicef, está subestimado ya que muchas familias prefieren no denunciar por temor a represalias.

El impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

¿Por qué incrementó el reclutamiento de menores?

El vacío territorial dejado tras la desmovilización de las Farc fue rápidamente ocupado por otros actores armados, incluidas disidencias y bandas que se disputan el control de economías ilegales. El gobierno colombiano acusa a la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, de mantener filas compuestas en un 37% por menores.

La metodología de reclutamiento es aún más sofisticada e incluye el uso intensivo de redes sociales y tácticas de engaño, según corroboró la ONU y documentó el informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia”, generado por International Crisis Group.

Según explicó Dickinson a The Associated Press, una de las modalidades recurre a reclutadores independientes ajenos a los grupos armados, que venden a los menores al mejor postor: “Me describieron que una niña ‘con buen cuerpo’ puede alcanzar $1 millón y un niño $500.000”.

El reclutamiento y uso de menores, además de estar prohibido por el derecho internacional, constituye una de las violaciones más graves. La situación se agrava en zonas rurales, donde convergen la pobreza, la falta de acceso a servicios sociales y la inseguridad: “Identifican niños con necesidades y se las satisfacen: si tienen hambre, les llevan con comida; si la niña está sola, la enamoran”, relató Dickinson.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales que buscan acuerdos con los grupos armados, la Unicef advierte que aún persisten enormes desafíos. Según Dickinson, algunos de los pactos logrados con la política de “paz total” no han llegado a implementarse mientras otros se desvanecieron tras la ruptura de negociaciones.

Con ayuda de la comunidad, sobre las 4:30 p. m. se registró la liberación de Quilcué, que minutos después se reencontró con sus familiares mientras era custodiada por hombres del Ejército Nacional.

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Precisamente, a las 6:00 p. m. la congresista atendió a los medios de comunicación junto con el brigadier general Hernando Javier Africano López en el Cantón Militar Hilario López, en las instalaciones de la tercera brigada del Ejército Nacional.

Las palabras de la congresista Quilcué tras ser liberada

En primer lugar, la congresista agradeció a las personas que se pronunciaron pidiendo su liberación, reconociendo que la presión que se ejerció en la zona fue lo que provocó que fuera liberada tras su retención por parte de hombres armados.

“Tenía que pasar esa situación el día de hoy. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien. Agradecer a la guardia indígena, a la fuerza pública y la solidaridad que se movió. La presión hizo que saliéramos de ahí”.

Quilcué reveló detalles de lo registrado en la tarde del 10 de febrero cuando se movilizaba junto con su esquema de seguridad en una camioneta que fue abandonada en una vía del Cauca.

“No se identificaron, pero sé que era un grupo armado; nos cogieron en un sitio solo, nos llevaron, pero ya estamos a salvo”.

Así fue la liberación de la senadora

El operativo de liberación se registró en el páramo de Guanacas, en la parte alta del municipio de Inzá, una zona de acceso complicado. El alcalde municipal, Delio Trujillo, confirmó que la recuperación de la senadora fue el resultado de una acción conjunta entre ciudadanía, guardia indígena, autoridades tradicionales y fuerza pública.

Trujillo explicó que la presión ejercida por estos actores permitió localizar a la congresista, quien fue hallada junto a dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector sin señal de telefonía ni comunicación por radio.

Tras el contacto inicial, las autoridades confirmaron que la senadora Quilcué estaba en buen estado físico y tranquila, según relató el alcalde tras hablar con ella. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, resaltó la peligrosidad de la zona y recordó que allí han ocurrido anteriormente varios hechos que han afectado a comuneros y ciudadanos.

¿Quién es Aida Quilcué?

Aida Quilcué es una lideresa indígena del pueblo Nasa nacida en el Cauca. Durante su vida ha enfrentado grandes desafíos personales y políticos. Está formada como enfermera, profesión que ejerció en su comunidad antes de dedicarse de lleno al trabajo organizativo y la defensa de los derechos indígenas.

Su activismo se consolidó en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde promovió la autonomía y la defensa del territorio. En 2008 su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado tras recibir varios disparos cuando transportaba a Quilcué, que había recibido amenazas por su papel en la Minga Social y Comunitaria.

Este hecho marcó profundamente su vida y la de su hija, pero no detuvo su lucha. Como senadora por el partido Mais, Quilcué ha defendido la paz, los derechos colectivos, el territorio y la justicia social, siendo una de las voces más reconocidas del movimiento indígena colombiano.

Por parte del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la congresista es un “grito de guerra” de las disidencias contra las comunidades indígenas.

“Si no la sueltan, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Enorme error que cometieron las Farc, que mataron a sus autoridades religiosas por no entender la diferencia, algo en lo que me he vuelto experto. Nos entendemos entre diferentes y aquí tenemos algo; ojalá se resuelva rápido, o si no, han cruzado una línea roja que es volver a lo que hicieron los españoles, exterminar a los pueblos a través de sus baluartes”, fueron las palabras del mandatario después de que se confirmó el secuestro de Quilcué en la tarde del 10 de febrero.

Las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, expresaron su sorpresa ante el presidente Gustavo Petro por su reciente disposición a dialogar con el grupo armado, luego de que el mandatario retomara el tema de la paz en un tono diferente al expresado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En una carta divulgada por el medio La Silla Vacía, la organización ilegal solicita al jefe de Estado retomar las negociaciones de paz sin imponer medidas que afecten el ambiente entre las partes.

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“Que regrese sin ultimátums y sin la intención de acabar las guerrillas para que todo siga igual”, se lee en la misiva revelada por el citado medio de comunicación.

Las facciones manifestaron su asombro por el cambio de tono del presidente, quien, según su percepción, volvió a hablar de paz en referencia a su comunicado anterior, y no en el tono amenazante que atribuyen al ministro de Defensa.

“Estamos sorprendidos de que Petro volviera a hablar de paz y no en el tono amenazador de su ministro de Defensa”, expresaron en la carta.

La declaración del grupo armado se debe a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, durante el lanzamiento del documental de Chiribiquete, ocurrido el sábado 14 de junio en San José del Guaviare (sur de Colombia).

Allí, el mandatario insistió en los avances que ha tenido los acercamientos con el grupo de alias Calarcá, cuestionando la actitud de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el máximo líder de las disidencias, que actualmente estaría liderando un paro armado en el departamento del Guaviare.

“Las fuerzas de Calarcá, con las que también estamos hablando, dicen que van a dejar libres las comunidades, y lo dijeron en el último comunicado, no hay cese al fuego con ellos, porque el mismo dirigente Calarcá dijo que no, entonces hay guerra, pero aún se habla. Calarcá en su último comunicado que leí hoy, que es cierto, porque ahora hay que saber si son ciertos o no, dice que está dispuesto a que las comunidades sean libres”, indicó el mandatario en su intervención.

El mandatario también planteó que el primer punto de un eventual acuerdo de paz debía centrarse en la revitalización de la selva y en permitir que el campesinado gestione los recursos de manera autónoma, en lugar de que estos queden bajo control de los grupos armados. “El primer punto de un acuerdo de paz posible es revitalizar la selva y ayudar a que el campesinado libremente lo haga”, afirmó Petro.

Sin embargo, las disidencias de alias Calarcá, en su misiva, que la deforestación no se originó con las Farc, sino que es consecuencia de décadas de colonización mal planificada promovida por el Estado. Además, señalaron que el verdadero problema radica en la ausencia de una reforma agraria.

Suspensión del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá

El estancamiento en los diálogos entre el Gobierno y esta facción de las disidencias se produjo después de que la administración de Petro optara por no renovar el cese al fuego bilateral y reactivar las operaciones militares, tal como lo anunció la Presidencia en una carta dirigida a la Consejería Comisionado de Paz.

“Por medio de la presente, la Consejería Comisionada de Paz notifica por vía escrita la decisión formal del señor Presidente de la República, notificada al Consejero Comisionado de Paz y al Coordinador de la Delegación del Gobierno para estos diálogos, de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC)”, se lee en el documento que había establecido un plazo de 30 días para garantizar un ambiente ameno para la mesa de diálogos con la administración nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que, ante el anuncio de la suspensión del cese al fuego, no hay impedimentos para la ofensiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra estas organizaciones armadas.

“Desde el domingo a las 24 horas no tenemos ninguna suspensión de operaciones militares ofensivas o de cese al fuego con algún grupo en Colombia”, indicó el ministro en diálogo con Blu Radio.

Además, el funcionario sostuvo que el retorno de las operaciones militares contra las disidencias de alias Calarcá no comprometen los avances de los diálogos entre el Gobierno y el frente 33.

“Eso no restringe los diálogos que adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (...) Pero mientras tanto, la orden es adelantar toda la ofensiva contra todos los grupos armados organizados que delinquen en Colombia”, indicó Sánchez al espacio radial.

El Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, cuyo cabecilla es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, anunció el domingo 15 de junio de 2025 un paro armado en el departamento de Guaviare, justo cuando sostienen fuertes enfrentamientos con las estructuras de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá en esta región del país. Todo esto ante lo que sería la inacción del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que no se ha pronunciado

Este paro comenzará el 16 de junio y se extenderá hasta el sábado 21 de junio, según indica un comunicado emitido por este grupo armado disidente, que continúa en su ofensiva armada por el sur del país, sin que exista respuesta efectiva del Estado. En el documento, el grupo armado detalló que el paro armado implica la prohibición total de la movilidad en el Guaviare durante cinco días, con la advertencia de que, una vez finalizado, se impondrá un toque de queda general con restricciones adicionales, que fueron dadas a conocer en el referido documento.

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En la misiva, se denunció la colaboración entre el grupo paramilitar de “Calarcá” y las fuerzas de seguridad locales, y señaló lo que serían las prácticas de extorsión y robos que afectan a los habitantes de esta región. Estas actividades, según el comunicado, generan temor entre los habitantes de la región. “El contubernio entre el grupo paramilitar de Calarcá Córdoba y las fuerzas policiales y militares que operan en el departamento, viene creando una situación de zozobra y miedo en la población civil”, se leyó en la misiva de esta estructura criminal.

 Además, acusan a este grupo de moverse “como pez en el agua” bajo la protección de la fuerza pública, mientras denuncian desapariciones y extorsiones.

Las advertencias del Estado Mayor Central; Gobierno guarda silencio

Se ha instruido a la población local sobre una serie de medidas a adoptar durante el paro. Estas incluyen la prohibición de movimiento entre las 6:00 p. m. y las 06:00 a. m., además de la restricción del uso de cascos para motociclistas y la obligación de portar placas y documentos en regla para vehículos.

Asimismo, se prohibió el traslado en vehículos cerrados o cubiertos, con excepción en caso de lluvias, para facilitar la entrega de ayuda humanitaria debido a inundaciones actuales. Y es que la situación en el Guaviare se ha visto agravada por las recientes inundaciones en diferentes poblaciones, lo que ha motivado una excepción en este cese forzado de actividades para el transporte fluvial de pasajeros y la entrada de ayuda humanitaria al departamento.

En resumen, estas son las disposiciones de las disidencias de las Farc en el Guaviare;

1. Se decreta paro armado en todo el departamento del Guaviare,. desde el 16 de junio a las 0:00 horas hasta el 21 de junio a las 00:00 horas.
2. Al finalizar el paro armado, se establece toque de queda general para el departamento del Guaviare con las siguientes restricciones:

• Prohibición de movimiento desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.
• No se permite el uso de cascos para motociclistas.
• No se permite circular con vidrios cerrados en los vehículos.
• Prohibido el tránsito de vehículos terrestres y fluviales con carpas.
• En caso de lluvia, los vehículos deberán estar carpados y estacionados.
• Todos los vehículos deben portar placas y documentos vigentes.
• Quien introduzca o recomiende personas foráneas será responsable por sus actos.

“Estas restricciones no aplican a la línea de pasajeros que transita por el río Guaviare, para facilitar la entrada de ayudas humanitarias debido a las inundaciones”, precisó la estructura al margen de la ley en su polémica misiva; en una región en la que el 27 de abril se registró una emboscada contra hombres del Ejército, que dejó cinco muertos.

Otras “recomendaciones” del EMC por paro armado en Guaviare

• Si grupos armados o fuerzas públicas acampan a menos de 200 metros de una vivienda, se recomienda evacuar temporalmente.
• Si un vehículo es expropiado, de forma definitiva o temporal, el propietario debe informar a la junta de acción comunal o a la autoridad de su comunidad, acreditando el hecho.
• Evitar la ubicación cerca de guarniciones militares, policiales o grupos armados.
• Mantener una distancia de al menos 500 metros de cualquier vehículo terrestre o fluvial que transporte personal armado.

Este lunes 9 de febrero de 2026, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que dio por concluida la investigación sobre los miles de secuestros cometidos por las extintas Farc-EP.

“Por primera vez, el país cuenta con una radiografía judicial completa sobre quiénes son los máximos responsables, cómo y por qué se ejecutaron estos crímenes, y el daño diferenciado causado a las víctimas, las comunidades y los territorios”, señaló la JEP.

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Por tal motivo, la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre Ripoll, informó que imputarán los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 antiguos integrantes de las extintas Farc-EP por su responsabilidad en 1.637 secuestros perpetrados por los bloques Oriental y Sur.

La decisión involucra a 15 antiguos integrantes del Bloque Oriental y siete del Bloque Sur, quienes deberán responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el caso del Bloque Oriental, la estructura más grande de la antigua guerrilla, los hechos abarcan los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como zonas puntuales de Boyacá, Caquetá y Santander.

Por parte del Bloque Sur, los responsables fueron hallados culpables de secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y áreas específicas de Cauca y Meta. La extensión geográfica de estas imputaciones cubre cerca de la mitad del país, reflejando la magnitud del fenómeno.

Listado de imputados y contexto judicial

Bloque Oriental

1. Wilmar Antonio Marín (“Hugo 22”)
2. Bernardo Mosquera (“Negro Antonio”)
3. Nelson Quintero (“Arcesio Angarilla”)
4. Marco Fidel Suárez (“Kokoriko”)
5. Holmes Puentes (“Ricaurte Páez”)
6. Marcos Patiño (“Patequeso”)
7. Germán Gómez (“Lucas 40”)
8. José Ricaurte Valencia (“Jerónimo Gutiérrez”)
9. Luis Garzón (“Severiano”)
10. Elmer Caviedes (“Albeiro Córdoba”)
11. Rodolfo Restrepo (“Víctor Tirado”)
12. Bertulfo Caicedo (“Alberto Pitufo”)
13. Julián Saavedra (“William Sánchez”)
14. Jaime Aguilar Ramírez (“Dionisio Rayo”)
15. Gerardo Aguilar (“César”)

Bloque Sur

1. Fabián Ramírez
2. Floresmiro Burbano (“Martín Corena”)
3. Darío Lee Díaz (“Robledo”)
4. Luis Montes (“Euclides Bermúdez”)
5. Ángel García (“Hernán Benítez”)
6. Ezequiel Hueguía (“Rolando Romero”)
7. William Tovar (“Franklin Smith Caicedo”)

Según la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre Ripoll, a estos comparecientes se les atribuye responsabilidad por crímenes de guerra, toma de rehenes y delitos cometidos durante el cautiverio, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Además, enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad, incluyendo privaciones graves de la libertad, desaparición forzada, esclavitud y otros actos inhumanos.

La imputación resultó de una contrastación minuciosa que incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, testimonios de víctimas y aportes de organizaciones de la sociedad civil. Se examinaron versiones escritas y orales de 61 comparecientes del Bloque Oriental y 65 del Bloque Sur, así como observaciones de 140 víctimas del Oriental y 182 del Sur sobre las declaraciones de excombatientes y la resolución de imputación previa contra el secretariado.

La investigación determinó que los imputados ejercieron liderazgo efectivo en la toma de decisiones sobre secuestros y que tenían control sobre la disciplina de sus tropas. Por tanto, la Sala halló responsables tanto a quienes dieron las órdenes como a quienes no impidieron los abusos contra las personas privadas de libertad.

Algunos participaron directamente en la ejecución de estos crímenes y comandaron los campamentos donde permanecieron los secuestrados.

El Bloque Oriental figura como la estructura con mayor número de secuestros en el país, responsable del 34% de los casos, seguido por el Bloque Sur con el 8%. Las víctimas de estos bloques, según la JEP, sufrieron los cautiverios más extensos y en las condiciones más extremas dentro de la geografía colombiana.

Los antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur imputados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o para rechazarlos.

Durante ese mismo periodo, pueden presentar argumentos o pruebas adicionales. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público disponen del mismo plazo para presentar sus observaciones sobre la decisión.

El tribunal también exige a los comparecientes que aporten toda la información faltante sobre las víctimas desaparecidas durante el cautiverio. Se ha identificado a 185 personas cuyo paradero permanece desconocido desde su secuestro por estos bloques, y los responsables deben entregar cualquier dato relevante en un lapso de 30 días.

Víctimas de las extintas Farc solicitaron la apertura de un incidente de verificación del régimen de condicionalidad al exsecretariado por supuestos incumplimientos relacionados con la reparación materia.

Según reveló Semana, el pedido fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el abogado Bernardo Henao Jaramillo, en representación de Martha Dolores López de Vargas, Jorge Enrique Vargas Garzón, Viviane Arlette Vargas López e Yvinne Natalia Vargas López, todas reconocidas como víctimas de hechos atribuidos a la antigua guerrilla, entre ellos el atentado al Club El Nogal.

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La solicitud señala que los comparecientes, antiguos miembros del secretariado de las Farc, habrían incumplido de forma grave y prolongada sus obligaciones de reparación, en especial la entrega efectiva de bienes para la indemnización de las víctimas.

El documento, citado por Semana, refiere que existen inconsistencias detectadas por organismos de control, lo que ha dificultado la materialización de las medidas de reparación.

Entre los informes tomados como referencia, figura una alerta reciente de la Contraloría General de la República, que reportó la entrega de dólares falsificados y una cantidad de inmuebles y bienes inferior a la comprometida en el acuerdo de paz.

Según el texto presentado ante la JEP, “el mismo seguimiento institucional divulgado señala que existen faltantes significativos para financiar el componente de reparación derivado de decisiones tempranas de la propia jurisdicción, situación que se agrava si los bienes reportados por los comparecientes no son localizables, transferibles o monetizables”.

El abogado Henao Jaramillo argumentó que la situación expone a las víctimas a una revictimización, dado el impacto real de la falta de reparación material.

Además, sostuvo que la ausencia de avances tras varios años compromete la buena fe exigida en procesos de justicia transicional. El documento enfatiza que “la justicia transicional no puede sostenerse sobre un estándar de indulgencia indefinida frente al incumplimiento de obligaciones esenciales. La reparación material no es decorativa y el deber de contribuir con bienes reales para reparar a las víctimas constituye un mínimo ético y jurídico que condiciona la permanencia en el sistema”.

Las víctimas solicitaron que se tomen como pruebas los reportes emitidos por entidades como la Contraloría, en los que se detallan los supuestos incumplimientos.

También pidieron la adopción de medidas de verificación judicial, incluyendo requerimientos formales a los comparecientes y a las entidades involucradas, con el fin de determinar con precisión el inventario, la entrega efectiva, la localización y la monetización de los bienes destinados a la reparación.

El escrito concluye solicitando que se garantice la participación efectiva de las víctimas en el trámite y que, una vez finalizado este proceso, la JEP adopte decisiones de fondo, entre las que podría figurar la pérdida de beneficios para los exintegrantes del secretariado de las Farc, así como otras consecuencias derivadas del presunto incumplimiento.

¿Qué dice el informe de la Contraloría?

El informe del organismo estableció que solo un inmueble había sido transferido de manera efectiva de los 722 reportados por el antiguo grupo armado. En cuanto al dinero, el Estado colombiano recibió únicamente 2.114 millones de pesos de los más de 12.070 millones acordados, lo que representó apenas el 17% del compromiso económico contemplado en el Acuerdo de Paz.

La Contraloría verificó que, de los 450.000 dólares prometidos por las Farc, 1.500 dólares eran falsos. Además, aunque la antigua guerrilla declaró cientos de bienes, los avances concretos en la entrega de propiedades, tierras y activos resultaron mínimos.

El informe también señaló que solo se habían entregado 252.000 gramos de oro de los 440.000 pactados. Respecto a las cabezas de ganado, únicamente se recibieron 258 de las 24.000 comprometidas.

En cuanto a bienes muebles, el Estado recibió 1.830 de los 51.992 acordados y, sobre los medios de transporte, solo se entregaron 31 unidades de las 319 reportadas. La falta de verificación por parte de la Sociedad de Activos Especiales y la ineficiencia administrativa de los gobiernos anteriores aumentaron la incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional.

El fallecimiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como 'Gonzalito' y segundo al mando del Clan del Golfo, se produjo mientras se desplazaba en lancha hacia una zona próxima al municipio de Tierralta, en Córdoba, donde iba a participar en reuniones con representantes del Gobierno. Este suceso se confirmó pocos días antes del anuncio por parte de la organización criminal de suspender de forma provisional las conversaciones con las autoridades colombianas. Según informó el medio original, la razón principal de este cese estaría vinculada a supuestos compromisos asumidos por el presidente Gustavo Petro con el expresidente estadounidense Donald Trump, cuyo contenido comprometería la continuidad y la confianza en el proceso de diálogo.

El medio detalló que el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, hizo pública su decisión a través de sus canales en redes sociales. Allí, el grupo expresó que su suspensión responde a la información difundida por la prensa colombiana, que indica que Petro habría acordado con Trump una estrategia destinada a capturar o neutralizar en un plazo de dos meses a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', quien lidera la organización. En el mismo supuesto acuerdo también figurarían los nombres de Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', jefe del ELN, y Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', comandante de las disidencias de las FARC, según consignó el medio.

El Clan del Golfo comunicó que la suspensión de las negociaciones es “provisional” y pretende servir para llevar a cabo consultas internas y buscar aclaraciones sobre la información publicada. Enfatizó que, de confirmarse estos acuerdos y su contenido, se trataría de una ruptura de buena fe y vulneraría los compromisos alcanzados previamente en Doha, ciudad sede de las conversaciones mantenidas desde septiembre de 2025.

En sus declaraciones, la organización criminal puntualizó que “el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia”, como prefiere ser llamado el Clan del Golfo. Además, acusó al presidente Gustavo Petro de anteponer sus intereses personales a la búsqueda de la paz en las regiones donde la banda mantiene su influencia, de acuerdo con las comunicaciones oficiales difundidas por el grupo y citadas por el medio colombiano.

'Chiquito Malo', líder actual del Clan del Golfo, asumió la conducción de la organización tras la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel'. Úsuga, considerado durante años el principal fugitivo del país, cumple actualmente una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos, después de ser extraditado.

La estructura del Clan del Golfo ha sufrido, además de la pérdida de 'Otoniel', el reciente fallecimiento de 'Gonzalito'. Según publicó el medio original, José Gonzalo Sánchez murió ahogado mientras viajaba por vía fluvial a una localidad del departamento de Córdoba, donde estaban previstas negociaciones con funcionarios gubernamentales.

La suspensión de las conversaciones en Doha pone en pausa el proceso instalado desde septiembre de 2025. El medio colombiano detalló que el grupo justifica la decisión ante lo que consideran una amenaza directa a sus líderes, señalando que la revelación de los supuestos compromisos internacionales les obliga a revisar su posición antes de cualquier avance en la mesa de diálogos.

El Clan del Golfo ha utilizado sus espacios en redes sociales para insistir en que solo retomará las conversaciones si logra confirmar la veracidad o falsedad del presunto acuerdo entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. Según consignó el medio, la organización considera indispensable esclarecer este punto para evitar lo que califica como un atentado contra la confianza construida alrededor de la mesa de Doha.

En este contexto, la banda recalca su visión sobre el proceso de paz y resalta su comportamiento en comparación con otros actores armados con los que el Gobierno mantiene negociaciones. El grupo sostiene que su compromiso hasta la fecha ha sido respetado y advierte que cualquier acción contraria a los acuerdos previos podría comprometer la estabilidad en los territorios.

Según publicó el medio, la decisión del Clan del Golfo de suspender el diálogo se produce en un periodo especialmente delicado, marcado por la muerte de altos mandos, la presión internacional sobre el tráfico de drogas y los intentos de impulsar procesos de paz con diferentes grupos armados en Colombia. La reacción del Gobierno y el desarrollo de la situación dependerán de los próximos movimientos y de la comprobación respecto al tipo de acuerdos supuestamente alcanzados por las autoridades con el gobierno estadounidense.

El exmandatario Álvaro Uribe ha lanzado graves acusaciones públicas contra el senador y candidato presidencial por el Pacto Historico, Iván Cepeda, a quien señala como responsable del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, situándolo como protagonista de las políticas que permitieron la impunidad para exguerrilleros de las Farc.

“Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hts de droga a 300 mil hts. (Entiéndase ‘hts’ como ‘hectáreas’)“, escribió Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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En su declaración, el exjefe de Estado asocia al senador con Fidel Castro ―político revolucionario marxista y dictador cubano― y Hugo Chávez ―militar, político y líder de la dictadura venezolana hasta 2013―, a quienes atribuye la creación de un entramado de políticas de no persecución penal hacia quienes integraron grupos armados.

El expresidente sostiene que la candidatura de Cepeda cuenta con el respaldo de “28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”, expresión que se utiliza en el país para aludir a posibles acuerdos entre políticos y sectores armados fuera de la ley.

Las afirmaciones encienden el debate sobre el papel de los actores políticos y armados en el rumbo político y judicial de Colombia.

El expresidente Uribe cuestiona el eventual protagonismo de Iván Cepeda en la política nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 28 de enero del 2026, intensificó en Pasto sus advertencias respecto al rumbo que podría tomar Colombia si Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, llegara a asumir un papel protagónico en el futuro político del país.

Uribe enfatizó que, bajo el liderazgo de Cepeda, “ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”. En el mismo evento, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respaldó estos señalamientos y calificó a Cepeda y sus aliados de izquierda como “carnívoros”.

En fechas cercanas, Uribe afirmó haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca que denunciaron presuntas presiones ejercidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que votaran por Cepeda.

El exmandatario expresó públicamente esta preocupación: “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, en un video difundido a través de sus redes sociales.

Durante su intervención desde Pasto (Nariño), donde continúa su recorrido nacional, Uribe profundizó en la distancia ideológica que lo separa de Cepeda. Atribuyó al senador afinidad política y económica con regímenes como los de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuestionando la preferencia de Cepeda por estos modelos: “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera”, declaró el exjefe de Estado.

Uribe vinculó directamente la propuesta política de Cepeda con lo que denominó como una búsqueda de “estatismo” y responsabilizó a estas ideas de un aumento de la pobreza, que, según sus cifras, alcanzaría el 40%.

En contraste, defendió la candidatura de Paloma Valencia, quien participará en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo. Para Uribe, Valencia representa “un concepto puro de la democracia” y un enfoque orientado al compromiso social y al emprendimiento.

El expresidente subrayó que las políticas impulsadas por Cepeda y el actual gobierno tendrían efectos adversos en el desarrollo económico nacional. Sostuvo que el incremento del salario mínimo y las obligaciones laborales podrían volverse ilusorios ante la falta de condiciones propicias para la inversión privada. Alertó que estas circunstancias debilitarían la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos y mantener el crecimiento económico sostenido.

Al referirse a la visión económica que promueve su propio partido, Uribe insistió en la necesidad de una economía “fraterna” y recordó su historial de motivar estas ideas junto a Franco Salazar Bucheli, haciendo un reconocimiento público a su memoria. Desde esa perspectiva, Uribe mantuvo sus críticas sistemáticas contra la campaña de Cepeda, a quien identifica como el principal oponente en la próxima contienda electoral.

Cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) recibieron penas de 40 años de prisión por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

La condena responde a una serie de 44 hechos criminales realizados entre 1995 y 2005, en los que resultaron 165 víctimas directas e indirectas por homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes.

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“Dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional”, señaló el ente acusatorio.

Según la investigación judicial, los crímenes se perpetraron en al menos 10 departamentos: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.

Además, la sentencia incluida una multa de 30.000 salarios mínimos legales vigentes para 2001, equivalente a aproximadamente 8.500 millones de pesos, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por la misma duración de la pena.

Los condenados son Efraín Quiñones Barreiro, quien comandó estructuras armadas del Bloque Oriental; César Díaz, considerado principal articulador financiero; Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, encargado de inteligencia, y dos guerrilleros de base, Daniel Zárate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.

Dentro de los delitos documentados, la Fiscalía General de la Nación destacó el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto (Meta) y su familia en 2002, así como el secuestro de quien ejercía como alcalde de Chiscas (Boyacá) el 17 de abril de ese mismo año.

“El mandatario fue retenido durante tres días, en medio de cuestionamientos por desatender una instrucción del grupo armado ilegal, que había prohibido la realización de elecciones en el municipio y ejercido presiones para impedirlas”, mencionó la Fiscalía.

Además el caso del secuestro de un agente de la Policía Nacional en la cabecera urbana de El Espino (Boyacá) el 9 de junio de 1999. La investigación adelantada por el ente acusatorio detalla que “el uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc EP acordaban un denominado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, que se materializó en junio de 2001”.

Pese a la pena establecida por el Tribunal Superior de Bogotá, la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) permite que, si los sentenciados cumplen con los requisitos y obligaciones fijadas por el fallo, puedan acceder a una pena alternativa de hasta ocho años de prisión. En caso de incumplir tales compromisos, se restablece la pena inicial.

“La condena precisa que los cinco postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión, multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena, con la alternativa que contempla la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo”, puntualizó la Fiscalía.

Condena a secretariado de las Farc por parte de la JEP

En septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una condena histórica de ocho años a siete exmiembros del último secretariado de las extintas Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal de paz, los exjefes debían cumplir las sanciones bajo la figura de trabajos restaurativos, que incluyen la ejecución de proyectos restaurativos, una innovación en el sistema colombiano, que busca reparar el daño causado por la guerra.

Según la sentencia, los crímenes atribuidos a los líderes de las Farc –que reconocieron su responsabilidad por crímenes de guerra en 2021– fueron parte de una política criminal sostenida a gran escala, con patrones sistemáticos a lo largo de todo el país.

Los magistrados destacaron que el secuestro no solo se utilizó como mecanismo de financiación, sino también como “instrumento de control social y territorial”, y a partir de 1998, para forzar intercambios por guerrilleros presos.

Frente a este escenario, el antiguo secretariado de las Farc, compuesto por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, presentó una apelación formal en enero de 2026, al manifestar su inconformidad con varios aspectos de la condena, entre ellos, la utilización de dispositivos electrónicos de monitoreo, considerando que esta medida contradice el carácter restaurativo de la sanción e introduce elementos propios de la justicia ordinaria, más que de la transicional.

Como alternativa, los sancionados propusieron la presentación de informes periódicos sobre el avance de los proyectos restaurativos, bajo supervisión de entidades de reincorporación.

En su apelación, los excomandantes argumentaron que la sentencia desconoce el contexto histórico y los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, “reduciendo su alzamiento a un simple concierto para delinquir” y obviando el carácter político del conflicto.

Así mismo, los exjefes guerrilleros también manifestaron reservas sobre las restricciones preventivas estipuladas en la condena, al considerar que podrían afectar sus derechos políticos y la participación democrática, en abierta contradicción con los estándares constitucionales y regionales de libertad de expresión y de participación política.

La noticia fue difundida por diversos medios, incluidos reportes de El Tiempo, que detallaron que la desaparición ocurrió el 23 de octubre de 2002. Según la información recabada, los hermanos Herrera habrían contactado presuntamente con miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare con el fin de que estos capturaran a varios vecinos de los alrededores de las propiedades que pertenecían a la familia Herrera Herrera. En la comunicación oficial de la Fiscalía se afirma: “La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002”.

Luis Alberto Herrera, conocido en el ámbito deportivo como “Lucho” Herrera, ganó notoriedad internacional tras sus victorias en grandes competencias ciclísticas y también fue secuestrado por las FARC en el año 2000, episodio en el que permaneció privado de libertad durante 24 horas. Dos años después, la zona donde nació volvió a aparecer en la agenda pública, aunque esta vez ligada al presunto involucramiento de él y su hermano en la retención ilegal de habitantes locales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se acusa a los Herrera de colaborar con grupos armados ilegales al supuestamente delegar la tarea de desaparecer a personas que vivían cerca de sus terrenos familiares. La Fiscalía ha sostenido que el proceso se encuentra abierto y que los hechos atribuidos datan de hace 23 años, momento en el que la presencia y control territorial de diversos actores armados, incluidas agrupaciones paramilitares, incidía directamente sobre la vida cotidiana de los pobladores rurales.

El caso cobró nuevo impulso en 2023, luego de que un juzgado penal de Fusagasugá solicitara la actuación directa de la Fiscalía tras recibir información que comprometía a los hermanos Herrera en los hechos objeto de investigación. Según consignó el medio El Tiempo, las hipótesis iniciales no han variado desde entonces: la defensa de Lucho Herrera ha sostenido durante años que su cliente no tiene relación alguna con la desaparición forzada de los vecinos y niega cualquier nexo con grupos paramilitares.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado cargos formales, aunque el proceso avanza dentro de la fase de indagación. El Ministerio Público ha reiterado que los implicados son considerados sujetos de investigación por su supuesto vínculo con la estructura armada que operaba en el Casanare durante aquellos años, una región que en ese periodo fue epicentro de diversos abusos y desplazamientos relacionados con el accionar de las autodefensas.

El caso se inscribe en un contexto de violencia ocurrida en varias regiones rurales de Colombia, donde la confluencia de intereses rurales, disputas territoriales y presencia de organizaciones armadas ilegales generó episodios de desplazamiento y desapariciones forzadas ampliamente documentados en expedientes judiciales y reportes de prensa independiente. La Fiscalía, detalló El Tiempo, continúa analizando testimonios y pruebas documentales para esclarecer el grado de participación de los hermanos Herrera en los hechos.

La notoriedad de Lucho Herrera como una figura emblemática del deporte colombiano dio una visibilidad significativa a una investigación que, sin esa conexión, probablemente habría pasado inadvertida fuera del ámbito local. No obstante, la Fiscalía subrayó en su comunicado que la apertura de la investigación responde exclusivamente a la información recabada y no a consideraciones mediáticas. Según consignó El Tiempo, los defensores de los hermanos Herrera reclaman respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De acuerdo con los registros consignados por el Ministerio Público, el testimonio de residentes y otros elementos incorporados en la investigación serán claves para determinar si existió algún tipo de asociación directa o indirecta entre los hermanos Herrera y los grupos armados involucrados en la desaparición de los cuatro pobladores. El proceso judicial, según detalló la Fiscalía, se mantiene bajo estricto seguimiento y su avance depende de la recolección de nuevos elementos probatorios que permitan establecer responsabilidades penales o exoneraciones definitivas.

La comunidad de Fusagasugá se mantiene atenta al desarrollo del caso, dado el impacto que el episodio tuvo tanto en lo social como en su historia reciente. De momento, las autoridades judiciales evitan pronunciarse sobre conclusiones anticipadas y enfocan sus pesquisas en reconstruir las circunstancias que rodearon a la retención y posterior desaparición de los moradores afectados en el año 2002.

Tras la publicación en X de un video por parte de David Toledo, aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia, en el que aparece junto al concejal de Medellín, Andrés “El Gury” Rodríguez, la candidata al Congreso Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como “Lalis”, decidió iniciar acciones legales debido a una de las afirmaciones realizadas en la grabación.

La publicación que llevó a que Beltrán se dirigiera a las instalaciones de la Fiscalía a interponer la denuncia la tarde del martes 27 de enero de 2026 se dio porque en el video Rodríguez afirmó que ella es “guerrillera” luego de una pregunta que le hace Toledo.

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“He decidido ponerle un límite a esto. Acabo de radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra los señores David Toledo Ospina y Andrés Felipe Rodríguez, uno de ellos, concejal de Medellín”, explicó al principio de la grabación “Lalis”.

El argumento que señaló la candidata por el Pacto Histórico fue que “estas personas publicaron un video en redes sociales donde de manera irresponsable y peligrosa aseguran que soy una guerrillera y que tengo alianzas con grupos criminales como el ELN o las Farc”.

Qué dijeron Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y el candidato a la Cámara David Toledo

El video que compartió Toledo desde su cuenta de X (@DavidToledoOsp) está acompañado de este mensaje:

“Salir con un bate no es paramilitarismo: es el ejercicio excepcional de la legítima defensa. Defender a niños atrapados, la propiedad privada y la seguridad ciudadana es un deber jurídico y social. Lo haremos cuantas veces sea necesario”, inicia la publicación.

Al final se hace mención a “Lalis”, y se etiqueta incluso en el mensaje: “A @smilelalis cuando quiera le explicamos que es la legítima defensa: no permitiremos que ELN ni FARC se apoderen de nuestras ciudades”.

Ya en el video todo inicia con “El Gury” Rodríguez diciéndole a Toledo: “¿Oíste? ¿Ya viste a la lista indignada?”

En la pregunta el cabildante de Medellín (del Centro Democrático) hace alusión a la coalición del Pacto Histórico.

Rodríguez se enfrentó con bate en mano a manifestantes pro Palestina en Medellín

“Sí, ahí salió a decir que porque se anima a defender a la ciudad con un bate, somos paramilitares. ¿Vos podés creer?”, contesta Toledo al referirse a “Lalis”, y seguido a esto compartió el fragmento de una entrevista que Lalis concedió al medio Tercer Canal.

“A mí me preocupa el auge del paramilitarismo. Hay candidatos abiertamente fascistas hablando de darle palo a la gente. Ellos están haciendo encuentros de señores con palos”, dijo Beltrán, que en esa ocasión se pronunció por los videos que se conocieron de Rodríguez, en los que con bate en mano el concejal se enfrentó a manifestantes pro Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín, a inicios de octubre de 2025.

“Ella dice que porque los ve con unos palos, a nosotros con unos bates, entonces estamos formando grupos paramilitares, viste. Entonces, ¿qué? ¿Ella qué? Ella no fue una de las que azuzó los ánimos para que salieran a destruir la ciudad”, le replica Rodríguez a Toledo luego de que “Lalis” finaliza.

Seguido a esto, el candidato a la Cámara de Representantes argumentó: “Y el problema es que eso ya está probado que fue el ELN, ya con capturados y documentados”. Rodríguez agrega: “Y de las Farc”.

Toledo esgrimió esta pregunta: “Entonces, ¿sos guerrillera?”, al señalar a “Lalis”.

“Pues sí, debe ser guerrillera entonces”, agrega “El Gury”, y seguido a esto, el aspirante al Congreso expuso: “El problema es que no entienden el valor de defender a la ciudad y a la ciudadanía. Eso les gusta, aliarse con criminales”

“‘Ay, pero estoy indignada. Yo no hago nada’“, dice Rodríguez que imita a ”Lalis", y siguió con su arremetida: “Ah, pero claro, secuestrar niños en locales comerciales, quemar estaciones de policías, degollar ingenieros. Eso es muy normal, pero sale uno con un palo y paramilitar. Qué tristeza, huevón”, cierra Rodríguez.

Mientras que Toledo dijo: “Cuando quiera le explicamos a Lalis qué significa el bate. Pura defensa legítima”.

Esto fue lo que le respondió ‘Lalis’ a Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y David Toledo, del Centro Democrático

“En la entrevista que ellos mismos citan, yo ni los mencioné. Quiero ser muy clara: esto no es libertad de expresión ni es una opinión política”, sigue Lalis en la grabación que dejó en su perfil de X el mismo lunes 27 de enero.

Luego, Beltrán afirmó que “en un país como Colombia, señalar falsamente a una mujer, a una candidata, a una persona en general, de pertenecer a un grupo armado, no es un juego, es ponerle una lápida en la espalda”.

"Sus afirmaciones que tildan de guerrillera a quien piensa distinto no solo dañan mi buen nombre, sino que alimentan unos discursos de odio que históricamente le han cobrado la vida a miles de personas", detalló la activista e influencer que, al igual que Toledo, busca quedarse con un escaño en la Cámara.

Al final ella explicó: “Sé que lo hacen porque están en campaña e intentan con esto llamar la atención. Pero es irresponsable. Por eso he solicitado a la justicia que investigue y sancione estas conductas”.

Por último, “Lalis” sentenció que “la política se hace con ideas, no con estigmatización política ni combates. No voy a permitir que pongan en riesgo mi seguridad ni la de mi equipo con mentiras. Nos vemos en los estrados judiciales”.

A través de una fuerte publicación en las redes sociales, la senadora Sandra Ramírez, excompañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, defendió el miércoles 21 de enero de 2026 a los exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ante recientes acusaciones de incumplimiento de los Acuerdos de Paz, y exigió al Estado rendir cuentas sobre un asunto que ha sido traído a colación por los hoy líderes políticos.

En efecto, Ramírez le pidió al Ejecutivo aclarar cuál fue el destino de los fondos obtenidos por la venta de oro entregado por la desmovilizada guerrilla. Las declaraciones de la mujer, que antes de la vida armada era conocida como Griselda Lobo, nombre que modificó de manera legal desde 2021, han encendido aún más la discusión sobre la implementación de los compromisos pactados en La Habana (Cuba) y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

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Los duros cuestionamientos de la exesposa de ‘Tirofijo’ al Estado

En un mensaje difundido en su perfil de X, Ramírez Lobo rechazó de manera enfática los señalamientos de sectores políticos y sociales que acusan a los exmiembros de las Farc de incumplir lo pactado en el proceso de paz. “NUNCA hemos incumplido lo pactado en La Habana. Firmamos el Acuerdo de Paz con la plena convicción de que la guerra no resolvía nada y que el futuro de Colombia es la paz”, afirmó la congresista, que aspirará a un nuevo periodo legislativo.

En esa misma línea, remarcó que el centro del proceso siempre han sido las víctimas, “así a muchas de ellas hoy las estén instrumentalizando con fines políticos”. E insistió en que los antiguos combatientes han aportado verdad y asumido la responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto armado, en contraste con los señalamientos que han provenido de los sectores de oposición; entre otros, por su llegada al Congreso como parte de las negociaciones.

“Nunca hemos mentido. Hemos aportado verdad y se ha asumido la responsabilidad de los hechos dolorosos de la guerra”, sostuvo la mujer, que puso sobre la mesa el tema de los bienes entregados por la antigua guerrilla, en particular el oro, y preguntó por el uso y destino de los recursos obtenidos. “¿Qué hizo el Estado con los bienes que monetizaron? Por ejemplo, el oro que se entregó y por el cual recibieron más de 11 millones de dólares", precisó la parlamentaria.

De esta forma, en las postales adjuntas a su publicación, fue clara en expresar sus inquietudes. “Nosotros estamos cumpliendo ¿y el Estado?”, señaló Ramírez: que durante dos periodos (2018-2022 y 2022-2026) fue senadora por el partido Comunes, derivado de la organización armada, pero que en las elecciones legislativas que se avecinan tendrá que buscar el apoyo de los electores, con su aspiración por el partido Fuerza Ciudadana, el mismo de Carlos Caicedo.

El oro de las Farc: así fue la subasta y destino de los fondos

Es oportuno recordar que el 15 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la subasta de más de 200.000 gramos de oro fino entregados por las Farc en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la operación recaudó más de $40.000 millones de pesos (11,9 millones de dólares), recursos que se destinarían a la reparación de las víctimas del conflicto armado y a programas de lucha contra el crimen organizado.

En la subasta, se vendieron por 11,28 millones de dólares 197.286 gramos de oro provenientes de la organización insurgente, mientras que otros 10.904 gramos, relacionados con procesos de extinción de dominio, fueron negociados por un valor de USD 623.769. El entonces presidente de la SAE, Andrés Ávila, afirmó que la recaudación superó en $10.000 millones las expectativas, y señaló que estos fondos contribuirían a cumplir con la reparación a víctimas.

La compañía inglesa Condor Partners Limited adquirió el oro tras imponerse en una subasta virtual a empresas internacionales. Según la SAE, una vez consignado el valor del oro, el metal fue enviado a Londres para su entrega y los fondos recaudados debían ser transferidos al Patrimonio Autónomo y de allí a la Unidad de Víctimas y al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), responsables de canalizar los recursos.

El proceso de entrega de bienes por parte de la guerrilla ha estado rodeado de polémica. En 2017, el listado presentado a la Misión de la ONU en Colombia fue objeto de críticas cuando la Fiscalía señaló que incluía objetos como escobas, tazas y botas, además de metales preciosos; mientras que en noviembre de 2019, representantes del entonces partido Farc informaron que se había entregado el 63% de la cantidad de oro comprometida en el acuerdo.

El reciente ajuste en los esquemas de seguridad para los excombatientes y militantes del partido Comunes, resultado de la expedición de los Decretos 019 y 020 de 2026, ha generado una fuerte preocupación sobre la continuidad y la seguridad del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

Desde su firma en 2016, que puso fin a más de 54 años de conflicto armado, el cumplimiento de lo pactado ha sido considerado no solo un mandato constitucional, sino también un compromiso internacional que obliga al Estado colombiano a garantizar la protección de quienes decidieron abandonar la guerra.

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Según el partido Comunes, las nuevas disposiciones, adoptadas sin consulta previa ni verificación con los mecanismos establecidos, representan un retroceso significativo que amenaza la vida y la integridad de los excombatientes y militantes de la formación política.

En un pronunciamiento público, la colectividad señaló que la expedición de los decretos constituye un acto “unilateral y regresivo”, que modifica el esquema de seguridad sin la concertación ni la supervisión de los órganos correspondientes, vaciando de garantías fundamentales el marco de protección previsto en el Acuerdo Final.

“Estos decretos alteran de manera directa el esquema de seguridad y protección de los y las firmantes del Acuerdo Final, sin consulta, sin verificación y en abierto desconocimiento de los compromisos adquiridos por el Estado”, afirmó el partido en su comunicado.

El señalamiento cobra mayor gravedad por lo que Comunes considera un desmantelamiento del carácter especializado de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, que ahora pasaría a formar parte de una estructura general dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según la agrupación, esta decisión contraviene los lineamientos institucionales establecidos en los Decretos 30 y 301 de 2017, incrementando el riesgo sobre una población que continúa siendo víctima de asesinatos, amenazas y persecución en diferentes regiones del país.

“Estas medidas envían un mensaje de fragilidad e incertidumbre a quienes deberían estar protegidos por el Acuerdo Final de Paz”, enfatizó la colectividad. Comunes también destacó que los decretos en cuestión omiten cualquier referencia al Acuerdo, y no se sometieron a verificación ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), organismo creado para garantizar la correcta ejecución de los compromisos adquiridos por el Estado.

El partido hizo un llamado a la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas y a los países garantes del proceso de paz, para que se pronuncien frente a esta situación que consideran una violación directa de lo estipulado en el Decreto 1995 de 2016 y el Acto Legislativo 01 de 2017.

Estas normas obligan a todas las autoridades del Estado a actuar con “coherencia, integridad y fidelidad” en la implementación del Acuerdo, garantías que, según Comunes, se vulneran con los cambios recientes.

La denuncia subraya que cualquier derogación o sustitución normativa de los instrumentos de protección, aunque mantenga formalmente algunos elementos previos, solo puede realizarse dentro de los procedimientos y concertaciones previstas en la normativa.

“Advertimos a la comunidad internacional que la derogatoria y sustitución de los instrumentos de protección del Acuerdo Final, aun cuando reproduzcan formalmente contenidos anteriores, constituye un acto de implementación que no puede ejecutarse al margen de los procedimientos, verificaciones y concertaciones establecidas”, señala el comunicado.

La organización política concluye que la adopción de los Decretos 019 y 020 de manera unilateral y sin los mecanismos de control establecidos genera un precedente negativo para la consolidación de la paz en Colombia.

“No puede hablarse de paz sin garantías reales, ni de reconciliación posible cuando se incumple la palabra empeñada por el Estado”, advierte Comunes, responsabilizando al Gobierno de cualquier afectación que puedan sufrir sus firmantes y militantes como consecuencia de estas decisiones.

El líder del partido Pastor Alape también se pronunció frente al reciente informe de la Contraloría sobre los bienes entregados por las desmovilizadas Farc, rechazando las críticas y defendiendo el cumplimiento del proceso por parte de los firmantes del Acuerdo de Paz. Alape destacó que la entrega de los bienes se realizó siguiendo los procedimientos establecidos y dentro del marco legal y constitucional, con supervisión de las autoridades competentes.

Crece la polémica en Colombia luego de que la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el profundo déficit de recursos que enfrenta la reparación a las víctimas del conflicto armado, a raíz del bajo cumplimiento de la antigua guerrilla de las Farc en la entrega de bienes y dinero comprometidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El informe del organismo plantea que solo existe un inmueble transferido de manera efectiva de los 722 reportados por el antiguo grupo armado, mientras que del efectivo aportado, el Estado colombiano ha recibido únicamente 2.114 millones de pesos de los más de 12.070 millones acordados, lo que representa solo el 17% del compromiso económico suscrito en el Acuerdo de Paz.

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Incluso, la Contraloría determinó que, de los 450.000 dólares prometidos por las Farc, 1.500 dólares resultaron ser falsos.

Además, la Contraloría señaló que, pese a que la antigua guerrilla declaró cientos de bienes, los avances concretos en la entrega de propiedades, tierras y activos han sido mínimos.

De acuerdo con el informe, solo 252.000 gramos de oro han sido entregados de los 440.000 gramos pactados y, respecto a las cabezas de ganado, se han recibido apenas 258 de las 24.000 comprometidas.

Así mismo, se reveló que, de los 51.992 bienes muebles acordados, el Estado ha recibido únicamente 1.830 y, en relación a los medios de transporte, de 319 unidades reportadas, solo se han entregado 31.

Adicional a ello, el informe de la Contraloría señala que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha efectuado la verificación de las caletas entregadas por las Farc, lo que, sumado a la ineficiencia administrativa de los últimos gobiernos, incrementa la incertidumbre sobre la eficacia de la justicia transicional.

Respuesta de los exFarc

Frente al análisis detallado por el órgano de control, desde la extinta guerrilla, que se transformó en un partido político denominado Comunes, se pronunciaron al respecto.

Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo para la anterior organización terrorista, defendió la transparencia del proceso, advirtiendo que nuevas exigencias constituyen un acto de estigmatización contra el hoy grupo político.

A su vez, el exnegociador de paz del extinto grupo armado, en diálogo con Caracol Radio W, invitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y Naciones Unidas (ONU) para que profundicen en el análisis de la entrega de sus bienes, con el fin de disipar la actual controversia.

“Cada proceso que se hizo se realizó de manera clara y, por supuesto, que el inventario de bienes que se entregó inicialmente, la Fiscalía lo filtró, lo hizo público, a partir de unas ruedas de prensa en las que hacían mofa del inventario (...) esto es estigmatización”, indicó el exlíder guerrillero al medio citado.

Añadió que la delincuencia y la violencia en los territorios obstaculizaron la continuidad de los trabajos. “Entregamos el inventario, nos fuimos al territorio, empezaron a matarnos, empezaron a asesinarnos, empezaron a llevarse los otros actores que entraron a llevarse las cosas y llegamos en un momento en que no pudimos volver al territorio (...) tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que nos correspondía”, explicó.

En referencia a la validez del inventario de bienes, Alape dijo al medio que existen actas emitidas por las autoridades que dan fe de cada una de las entregas. “Todo lo que se entregó no era que se dejaba aquí, sino que se hacía un procedimiento con actas y demás. Por eso nos parece extraño y yo creería que era necesario convocar o consultarle a la SAE para que mire las actas”, manifestó.

Frente a las críticas de una posible vulneración a las víctimas del conflicto, Alape respondió: “No nos estamos burlando. Yo creo que hemos sido muy reiterativos en todas las acciones que tienen que ver con la reparación, el reconocimiento, la solicitud del perdón de los hechos del conflicto. Y aquí pusimos en disposición el patrimonio de guerra para la reparación”.

En cuanto a la entrega de un solo inmueble de los 772 prometidos en el acuerdo, el vocero del partido político aclaró que ese era el único que contaba con los documentos legales.

“Efectivamente, un solo predio recibió la SAE. ¿Por qué? Porque aquí hay unos intríngulis, digamos, legales y era el único predio que tenía matrícula inmobiliaria, que estaba legalizado. Los demás predios estaban en zonas de reserva, en zonas protegidas, en la retaguardia guerrillera. Hay uno en Sumapaz, pero no lo pudo recibir la SAE porque no tenía papeles, porque no era legal, entonces no podía monetizarlo”, remarcó.

Por último, Pastor Alape aseveró que el antiguo grupo armado ya cumplió con la entrega de sus bienes, por lo que cuestionó el informe revelado por la Contraloría.

“Efectivamente, no hay más bienes para entregar. Está muy claro que cualquier recurso del patrimonio de guerra que se quedara a cualquiera de nosotros, eso era violación de la ley, era entrar en otros procesos de violación al compromiso adquirido. Esa es la realidad”, concluyó.

El comandante de la Cuarta División del Ejército de Colombia, Ricardo Roque, destacó que la región amazónica donde se localiza el municipio de El Retorno, en Guaviare, resulta un punto estratégico por el cruce de dos rutas clave del narcotráfico hacia Perú y Brasil. Esta condición geográfica, detalló Roque en entrevista para Blu Radio, facilita que organizaciones armadas ilegales mantengan una lucha intensa por el dominio de las economías ilícitas, lo que refuerza la compleja situación de orden público en el sur del país. En este contexto, el Ejército reportó recientemente la recuperación de veintiséis cadáveres de combatientes pertenecientes a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, en el marco de los enfrentamientos sostenidos el viernes anterior contra un grupo rival encabezado por ‘Calarcá’. Según publicó el medio Blu Radio, los recientes enfrentamientos forman parte de una serie de choques violentos que han marcado la lucha por el control de las rutas que facilitan el traslado de drogas y otros recursos ilegales en la región amazónica.

El general Roque indicó que, tras localizar y recuperar los cuerpos en El Retorno, el Ejército ha reforzado su presencia con el fin de recuperar el dominio territorial de una zona donde las economías ilícitas —principalmente el narcotráfico— representan la principal fuente de alimentación de estos grupos armados, según detalló Blu Radio. El operativo militar se desplegó con el propósito de evitar nuevas confrontaciones y proteger a la población local, que ha sido especialmente vulnerable a los efectos de la violencia, como desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado, en especial entre menores de edad.

De acuerdo con el reporte consignado por Blu Radio, las disputas internas entre las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ no sólo tienen efectos en la seguridad, sino que han desencadenado una crisis humanitaria grave. En las zonas rurales y apartadas de Guaviare, la confrontación entre los dos grupos armados ha conducido a desplazamientos masivos de habitantes y a la restricción de libertades de comunidades que terminan en condición de confinamiento, bajo el poder de los actores ilegales. El fenómeno ha intensificado los riesgos para la vida y la integridad de la población civil, en un territorio históricamente alejado de la presencia estatal y con escaso acceso a servicios básicos.

El medio Blu Radio señaló que la competencia por los recursos procedentes de actividades ilícitas no se limita al negocio de las drogas: el tráfico ilegal de recursos naturales como la madera, el oro y otros minerales y metales preciosos también se encuentra en el centro de la pugna. Este contexto, sumado a la existencia de rutas transfronterizas, contribuye a la complejidad de la crisis humanitaria y la persistencia de la violencia armada en regiones limítrofes de Colombia.

Roque explicó, según difundió Blu Radio, que el objetivo institucional es atacar con mayor efectividad las estructuras del narcotráfico para 2026, respondiendo a la magnitud de los recursos manejados por las facciones ilegales y a la dificultad de erradicar la economía criminal en estos territorios. El general subrayó que mientras existan estos flujos de recursos ilegales, las disputas territoriales y de poder no disminuirán.

El impacto de las luchas armadas en zonas apartadas del país también se refleja en la situación de regiones como Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana, donde se cumple un año desde que comenzó una grave crisis humanitaria que involucró enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con lo que publica Blu Radio, la falta de presencia estatal en Catatumbo ha permitido una espiral de violencia que ha causado alrededor de un centenar de muertes y ha afectado a aproximadamente cien mil personas, principalmente por desplazamientos y confinamientos forzados.

Los hechos recientes en Guaviare se inscriben en una tendencia de recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en distintas regiones, vinculados a la disputa por los dividendos de actividades ilícitas que incluyen tanto cultivos y tráfico de drogas como extracción irregular de recursos naturales. Según Blu Radio, estos choques han fortalecido la percepción de inseguridad y han generado un llamado urgente a reforzar mecanismos de protección y atención humanitaria para las comunidades impactadas.

La persistencia del reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes y menores de edad, se mantiene como una de las realidades más sensibles del conflicto, con impactos directos en el tejido social rural. La explotación y control social de poblados enteros se ha convertido en una estrategia de supervivencia de los grupos armados ante la presión militar, lo que añade complejidad a los desafíos que enfrenta el Estado colombiano en su objetivo de restablecer el control territorial y desplegar la institucionalidad en la Amazonía y otras zonas estratégicas del país.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, enfrenta una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar para el tráfico de cocaína y armas, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La Fiscalía estadounidense atribuye a Maduro Guerra el envío de cargamentos de droga desde Venezuela hacia Miami y Nueva York, en coordinación con organizaciones armadas catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense.

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El expediente judicial señala que, hacia 2020, Maduro Guerra mantuvo una reunión en Medellín, Colombia, con representantes de las Farc.

Durante ese encuentro, considerado clave en la investigación, se discutieron arreglos logísticos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de territorio colombiano, con destino final en Estados Unidos.

Los documentos citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su acusación, destacan que las operaciones incluyeron rutas previamente establecidas, el uso de contenedores de chatarra y la manipulación de puertos para ocultar los envíos de droga.

En un caso particular, se planificó enviar quinientos kilogramos de cocaína para desembarcar cerca de Miami, mientras que otras cargas serían ocultadas en materiales metálicos hacia puertos de Nueva York.

La acusación indica que uno de los ejes del acuerdo era que Maduro Guerra propusiera pagar a las Farc con armas. Este intercambio buscaba asegurar la vigilancia de los cargamentos y garantizar el paso de las sustancias ilícitas, consolidando la colaboración logística y armada entre ambos actores.

El caso forma parte de una conspiración de mayor alcance, donde figuran como coacusados Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, además de otras personas no identificadas.

Todos ellos están vinculados, según documentos judiciales, a la fabricación, distribución y tenencia de sustancias controladas, con conocimiento de que serían transportadas ilegalmente a territorio estadounidense, incluso en aguas bajo jurisdicción de Estados Unidos.

La investigación establece que las operaciones fueron diseñadas para extenderse durante al menos seis años, con un alcance proyectado hasta después de 2026.

Las fuerzas venezolanas permiten operaciones del ELN y disidencias de las Farc en su territorio

Documentos y grabaciones que han sido analizados por agencias de inteligencia revelan una alianza entre el régimen venezolano, el ELN y disidencias de las Farc.

Según una investigación de Noticias Caracol, pactos con sectores de las fuerzas militares venezolanas permiten a estos grupos operar desde Venezuela y controlar rutas clave de tráfico de drogas y armas en la frontera con Colombia.

Entre las pruebas más importantes figura un video grabado en 2020 en Elorza, estado Apure, donde un hombre identificado como Julián Chollo, segundo cabecilla del Frente Acacio Medina, expresó públicamente su respaldo: “Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, afirmó el líder en presencia de campesinos.

Posteriormente, llamó a la estructura del Partido Patria Para Todos a convertirse en una “fuerza de poder para la solución de toda esta problemática, que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás (Maduro)”.

Las investigaciones muestran que el ELN ha alcanzado un trato privilegiado bajo el régimen de Nicolás Maduro. Se estima que la organización cuenta con 1.400 hombres armados distribuidos en Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas.

Paralelamente, las disidencias de las Farc mantienen cerca de 200 combatientes en regiones como Zulia, Táchira y Apure, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco desde Colombia. Además, la estructura conocida como Segunda Marquetalia alberga a 13 de sus principales jefes escondidos en suelo venezolano.

Los informes citados por Noticias Caracol consignan la existencia de al menos 30 pistas clandestinas localizadas en Zulia y Amazonas para facilitar el tráfico ilícito de drogas. A

demás, interceptaciones electrónicas revelan acuerdos logísticos y entrega de armamento de alta tecnología, que incluye la expectativa del ELN de acceder a misiles por medio de sus vínculos con funcionarios venezolanos. Un intercambio electrónico expuso la adquisición planificada de lanzamisiles, con la participación de delegados rusos y el pago propuesto de cinco millones de dólares (USD5.000.000) a militares venezolanos.

El abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez criticó duramente a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, al señalar en la red social X que es “el heredero porque su padre era el gran comisario político de la subversión en Colombia”.

Gómez aseguró que la herencia política de Cepeda está ligada a la inclusión del delito político en el Código Penal, una figura que, según su visión, “es la normalización del acto terrorista”.

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En su publicación, Gómez lanzó la pregunta: “¿Qué es lo más peligroso que ha heredado Iván Cepeda de la izquierda?”, apuntando directamente a la trayectoria de Manuel Cepeda, padre del senador, quien militó en la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994.

Gómez afirmó que el padre de Cepeda “era de las Farc” y, desde esa posición, habría impulsado la introducción del delito político en la legislación colombiana.

“Después de esa manipulación conceptual, lograron meter en el Código Penal el concepto de delito político”, expresó Gómez en un video publicado en X.

El excandidato vinculó ese antecedente familiar con la actuación actual del aspirante del petrismo. “Iván Cepeda es un hombre que ha ejercido esa ambigüedad de la manera más siniestra posible”, sostuvo Gómez, quien calificó el accionar político del legislador como una continuación del legado de su progenitor.

Gómez también hizo un llamado a apoyar las listas del movimiento Salvación Nacional y de Abelardo De La Espriella, al afirmar: “Tenemos que salvar al país con las listas del Tigre Abelardo De La Espriella y de Salvación Nacional”.

Las declaraciones de Gómez se producen en medio de un ambiente político polarizado, mientras sectores de la oposición y del oficialismo debaten el papel de figuras históricas y la influencia de sus legados en la política contemporánea.

Enrique Gómez intensificó críticas y llamó a la unidad tras resultados de encuesta

La reciente encuesta de Gad3, difundida el 18 de enero de 2026 por Noticias RCN, muestra a Iván Cepeda con 30% de intención de voto y a Abelardo de la Espriella con 22%. Paloma Valencia alcanza 3%, mientras Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón registran 2%.

Tras lo anterior, Enrique Gómez se dirigió a sus seguidores en la red social X para reafirmar su postura frente al panorama electoral, enfatizando que la contienda política actual se define entre el “Tigre” Abelardo De La Espriella y el “candidato de las Farc”, Iván Cepeda.

Gómez subrayó que la coyuntura representa una disyuntiva entre “la libertad o la dictadura”, e instó a sus simpatizantes a identificar a “un solo enemigo: Cepeda”.

Gómez celebró el crecimiento de la “manada del Tigre” junto al movimiento Salvación Nacional, destacando que la unión que propugnan responde a un anhelo persistente desde la época de Álvaro Gómez Hurtado.

“Estamos generando una unión que desde hace décadas buscaba Álvaro Gómez Hurtado”, afirmó.

El exaspirante presidencial insistió en la importancia de evitar distracciones y abandonar debates infructuosos, señalando: “No podemos distraernos, no podemos seguir perdiendo tiempo en la insignificancia”.

En su mensaje, Gómez reiteró la necesidad de consolidar “un bloque de defensa, para Salvar a Colombia”, remarcando que “Somos La Lista del Tigre. Vamos a Salvar a Colombia”.

De acuerdo con su publicación, el llamado a la acción incluyó una invitación directa a la ciudadanía: “¡Firme por la Patria!”.

Gómez reforzó su posición con una nueva declaración: “Está claro: Esto es entre el Tigre Abelardo De La Espriella y el candidato de las Farc: Iván Cepeda”. Insistió en la urgencia de la unidad: “Debemos unirnos en un bloque de defensa, para Salvar a Colombia”.

Las publicaciones de Enrique Gómez se producen cuando el escenario político muestra una fuerte polarización y la campaña de Salvación Nacional despliega estrategias para mostrar el descontento con las fuerzas tradicionales.

La figura del candidato Iván Cepeda permanece en el centro de las críticas, mientras aumenta la confrontación discursiva en redes sociales.

En la carretera que conecta la vereda La Paz con la vereda La Libertad, en la zona rural de El Retorno, fuentes castrenses reportaron la presencia de entre 20 y 30 cuerpos sin vida vestidos con uniformes de camuflaje. Estas imágenes, distribuidas por autoridades militares, contribuyeron a confirmar que se produjo un enfrentamiento armado directo entre dos compañías disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Guaviare. Según publicó Caracol Radio, el choque ocurrió el pasado viernes y dejó al menos 30 fallecidos, en un contexto marcado por luchas internas por el control territorial.

De acuerdo con información de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas colombianas citada por Caracol Radio, las dos facciones que protagonizaron el combate pertenecen al Estado Mayor Central, órgano en el cual se han dividido los antiguos miembros de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz. Una de las facciones es liderada por Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco', mientras que la otra está encabezada por Alexander Díaz, alias 'Calarcá Córdoba'. Ambas estructuras buscan consolidar su influencia en la región, clave para la movilidad y el manejo de economías ilegales.

La confrontación involucró a efectivos de la compañía Isaías Carvajal, vinculada a Calarcá Córdoba, y a integrantes de la compañía Martín Villa, asociada a Iván Mordisco. Las autoridades señalaron, según informó Caracol Radio, que el epicentro del enfrentamiento fue una vía estratégica para los desplazamientos y logística de los grupos armados. En ese lugar quedaron los cuerpos de los presuntos combatientes, que pertenecían en su mayoría a la compañía Martín Villa.

El episodio fue comunicado de inmediato al mando militar, que ahora encabeza un proceso para verificar los detalles de los hechos e identificar plenamente a las víctimas, así como para analizar las consecuencias del choque en la situación de seguridad regional. El medio Caracol Radio detalló que la verificación de los hechos continúa, debido a la dificultad para acceder de forma segura a la zona, donde la presencia de estructuras armadas y la persistencia de combates dificultan las operaciones de las autoridades.

Guaviare, situado al sur de la capital colombiana, Bogotá, representa un punto estratégico para los grupos armados no solo por su ubicación geográfica, sino también por la importancia que reviste para el paso de rutas utilizadas tanto para el tráfico de estupefacientes como para el traslado y acopio de recursos. El control de estos corredores es una de las principales causas de disputas entre las diferentes facciones, según consignó Caracol Radio.

El combate y sus consecuencias se insertan en la dinámica de fragmentación de las estructuras armadas posacuerdo de paz, proceso que ha provocado enfrentamientos internos por liderazgo y dominio de zonas consideradas estratégicas para actividades ilícitas. El medio Caracol Radio informó que esta disputa se da en medio de un panorama de recrudecimiento del conflicto entre las disidencias de las FARC, que en los últimos meses han protagonizado ataques y confrontaciones en diversos puntos del país.

Las imágenes que circularon sobre el enfrentamiento, donde se muestran cuerpos con vestimenta militar, han sido aportadas como evidencia en el proceso de esclarecimiento. Los militares destacaron, según reportó Caracol Radio, que estos elementos visuales refuerzan la hipótesis de una confrontación entre estructuras armadas plenamente identificadas, en lugar de un ataque unilateral o una masacre dirigida contra población civil. Las fuerzas armadas confirmaron que continúan las operaciones de monitoreo en el área para evitar nuevos choques y establecer la magnitud del conflicto entre los grupos implicados.

La región de Guaviare permanece bajo estricta vigilancia, pues las autoridades buscan determinar si el evento tendrá repercusiones en el orden público local y regional, así como anticipar posibles reacciones por parte de otros grupos armados presentes en la zona. Según la información recabada por Caracol Radio, la inseguridad derivada de estos enfrentamientos representa una amenaza para los habitantes de la región, que suele quedar expuesta a los efectos colaterales de las disputas internas entre organizaciones armadas ilegales.

Las labores de reconocimiento y verificación de los hechos permanecerán en desarrollo durante los días siguientes, con la colaboración de equipos de inteligencia y peritos forenses, quienes buscan aclarar los pormenores del enfrentamiento y proporcionar un balance definitivo tanto sobre el número de muertos como sobre el impacto que el choque pueda tener en el tejido social de Guaviare.

La amenaza de grupos armados ilegales sobre las elecciones Colombia 2026 se traduce en una coacción directa a millones de votantes y candidatos en regiones extensas del país.

El control territorial criminal, que hace cuatro años abarcaba 150 municipios, ahora supera las 600 localidades, según información recabada por Semana. Esta expansión sin precedentes incrementa de forma significativa los riesgos para la democracia, a meses de los comicios al Congreso y la presidencia.

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En departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra ejercen una llamada gobernanza armada ilegal.

Imponen reglas, restringen la movilidad, deciden quién puede ser candidato y amenazan con muerte o desplazamiento a los que desafían sus órdenes. Las estimaciones obtenidas por Semana, advierten que casi nueve millones de personas residen bajo este clima de constreñimiento electoral.

La consolidación de esa coacción incluye carnetización forzada, control de horarios y la presencia de hombres armados cerca de los puestos de votación.

Testimonios documentados por el mencionado medio reportan comunidades obligadas a sufragar bajo vigilancia armada, mientras las juntas de acción comunal, sometidas a amenazas, entregan listados de habitantes y posibles tendencias electorales.

Un líder social del Catatumbo relató: “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan”. Grabaciones entregadas a la justicia exhiben a cabecillas ordenando apoyo masivo a una candidata, bajo advertencia de represalias.

Esta intervención afecta de modo directo la libertad de voto. En lugares como Jamundí, Cauca y Nariño, la votación en bloque impuesta por grupos armados es recurrente.

Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, relató a Semana: “El miedo ya no es solo miedo, es terror… La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente”. Según Tabares, resulta imposible hablar de voto libre en esos territorios rurales.

El modus operandi de estas estructuras comprende vigilancia previa y posterior a la elección, perfilamiento de candidatos y bloqueo a la presencia de opositores. En el Cesar, denuncias recogidas señalan que los nuevos grupos asociados al Clan del Golfo cercan zonas rurales, impidiendo la competencia política real.

Habitantes de Barranquilla, consultados por el medio, sostienen que “solo algunos” candidatos logran entrar, mientras otros son expulsados con violencia. “La gente tiene miedo y miedo de participar en política”, contó un líder desplazado.

La presión armada, además, se ha trasladado a contextos urbanos. Barrios de Medellín, Barranquilla y Soledad experimentan actos de proselitismo controlados, con campañas favorecidas y financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico. De allí que, ante este escenario, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió: “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.

Las autoridades han solicitado medidas urgentes. Los gobernadores, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, enviaron una comunicación al Gobierno Nacional reclamando consejos de seguridad y acciones específicas dentro del Plan Democracia, con el objetivo de contener el control armado de los territorios y proteger el derecho al voto.

La Registraduría Nacional prevé instalar 7.450 puestos de votación rurales; no obstante, reconoce que por lo menos 104 municipios presentan alertas graves por riesgos políticos y armados.

La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, subrayó en diálogo con el medio mencionado la necesidad de respuestas diferenciadas, por la fragmentación y diversificación de los actores ilegales. Por otro lado, la MOE instó a garantizar la protección de funcionarios, materiales electorales y a ejecutar despliegues operativos de la fuerza pública antes y durante los comicios.

Desde Indepaz, Leonardo González manifestó que la gobernanza armada ilegal determina la vida comunitaria y política en múltiples regiones. Los grupos criminales no solo restringen campañas: seleccionan candidatos, atacan puestos de votación y llegan a controlar aspectos de organización local. El temor, destacó González, paraliza pueblos enteros.

Los datos oficiales perfilan un grave retroceso democrático. Pese al acuerdo de paz de 2016, la escalada de violencia política y hechos relacionados aumentó un 179% entre 2022 y 2025, según la MOE. En Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Antioquia, la presencia de estructuras armadas converge con altas tasas de participación electoral inducida y peligrosidad creciente. Las condiciones de pobreza y debilidad institucional, sumadas al control criminal, configuran un escenario sin precedentes y en expansión.

Así, en amplias regiones de Colombia, la decisión ciudadana sigue determinada por el miedo. Donde la autoridad real emana de quienes dominan el territorio, el ejercicio democrático deja de existir y la voluntad del electorado queda supeditada a la presión armada.

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez sostuvo que Colombia estaría exportando el 80% de la coca del mundo, advirtiendo que esto representa una alerta para Estados Unidos durante un acto político en Zipaquirá, Cundinamarca, junto a la candidata presidencial Paloma Valencia.

En su intervención, el líder del Centro Democrático afirmó que Iván Cepeda, representante del petrismo en las elecciones 2026, debía ser derrotado en la contienda política y expresó que “ojalá no pase a la segunda vuelta”. Reiteró que, según él, Cepeda tuvo el objetivo de enviarlo a prisión y criticó sus antecedentes judiciales y políticos.

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Entre las declaraciones dirigidas al senador del Pacto Histórico, señaló que “apoyó a Márquez y a Santrich después de esa impunidad para que volvieran al terrorismo”, recordando el respaldo que dio el senador a ambos exintegrantes de las Farc tras su incumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.

Uribe Vélez calificó a Cepeda de “admirador” de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y lo describió como “el edecán de Santrich e Iván Márquez”, apuntando que buscaría dar continuidad al gobierno de Gustavo Petro. Además, sostuvo que “Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, han sido aliados de Maduro. Se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro, se puso bravo Petro”.

Durante el evento, el exmandatario instó a los ciudadanos a apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia, que participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo para definir el representante a la primera vuelta. También recordó que, aunque en 2010, en el final de su mandato, el país no era “perfecto”, afirmó que “los criminales estaban reducidos”.

Uribe Vélez cerró su intervención con un mensaje directo: “No más Petro, no más Cepeda, vamos por Paloma. No más un Gobierno que solamente trabaja en Twitter y trabaja en destrucción”.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra el salario vital

El aspirante al Senado de la República, en el mismo evento, hizo referencia al aumento del 23% del salario mínimo para 2026. En su opinión, es positivo que los colombianos cuenten con un salario de $2.000.000, pero advirtió sobre los efectos negativos para el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo. Nosotros creemos en una economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Con la ayuda de Paloma sacamos la ley que reduce la jornada de trabajo de cuarenta y ocho a cuarenta y dos horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. Presidente Petro, nosotros apoyamos el salario mínimo, pero usted niega las posibilidades de que ese salario se aplique porque se ha gastado el dinero en la corrupción”, expuso Álvaro Uribe Vélez.

Y agregó: “Ustedes con corrupción han destruido la salud, con corrupción aprobaron una reforma pensional que ojalá la tranque la Corte Constitucional, porque esa reforma tiene el gran riesgo de que el Estado se quede poco a poco con cien mil millones de dólares que han sido bien manejados y que son la garantía para las pensiones de los trabajadores y de las nuevas generaciones de colombianos”.

Según su análisis, las decisiones que tomó el Ejecutivo tendrán incidencia en la inversión extranjera, lo que condiciona la producción de empleo en el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted está dejando este país sin quien invierta, porque hay ochocientos municipios donde los que mandan con la extorsión y con la amenaza son los criminales. Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted, con ese exceso de endeudamiento, ha bajado la tasa de cambio a tal punto que actividades generadoras intensamente de empleo, como las flores de la sabana de Bogotá y otras actividades, la confección, etcétera, pueden reducir sustancialmente el número de trabajadores”, señaló.

A renglón seguido, Uribe Vélez afirmó: “Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted le ha frenado a este país la inversión privada. Y sin inversión privada, entonces no habrá más empleo formal. Y los informales que aspiran a tener un empleo formal y de buena calidad también se verán frustrados”.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advirtió que la población de Catatumbo, en Colombia, enfrenta una notable pérdida de esperanza tras un año de enfrentamientos violentos entre grupos armados, una situación que ha causado la huida de cerca de 100.000 personas de sus comunidades y ha derivado en una crisis humanitaria de gran magnitud. Según informó el NRC, esta dinámica de violencia no muestra signos de disminuir, pese a la intervención de las autoridades y a los llamados de organismos internacionales para poner fin a las hostilidades.

El medio NRC detalló que los conflictos surgen principalmente tras la disputa entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes desde hace un año mantienen una pugna territorial en Catatumbo, una región ubicada en el noreste de Colombia y limítrofe con Venezuela. Como resultado, no solo se han producido decenas de muertes, sino también el confinamiento forzado de cientos de miles de habitantes y el desplazamiento de aproximadamente cien mil personas. Estas circunstancias han incrementado el temor diario entre la población, que denuncia reclutamientos forzosos, presencia de artefactos explosivos, asesinatos y amenazas de muerte.

Según consignó el medio NRC, Catatumbo incluye una decena de municipios que desde hace décadas han experimentado los efectos negativos de la falta de una presencia estatal sólida. Las autoridades se enfrentan a las consecuencias de una ubicación geográfica estratégica para el tráfico ilegal y la riqueza en recursos naturales, factores que convierten a esta zona en un escenario recurrente de disputas armadas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó el estado de conmoción interna con el objetivo de contrarrestar la inseguridad, buscando así fortalecer la presencia y los servicios del Estado en una de las regiones con mayores índices de pobreza y menor desarrollo en el país.

El director nacional del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, indicó que la situación en Catatumbo ha llevado a muchos niños a perder el acceso a la educación, ya que permanecer en sus poblados conlleva riesgos asociados a los enfrentamientos armados y, para algunos, la obligación de trabajar en cultivos ilícitos de hoja de coca. Este contexto ha transformado la región en lo que Rizzo calificó como “cuidados intensivos humanitarios”. Rizzo enfatizó la urgencia de incrementar los fondos destinados a la asistencia humanitaria, argumentando que una respuesta rápida y sostenida ayudaría a evitar gastos significativamente mayores por desplazamiento y reconstrucción en el futuro.

De acuerdo con lo expresado por el NRC, sin un apoyo humanitario adecuado, existe el riesgo de que numerosas familias, al quedarse sin opciones de subsistencia, se vean obligadas a retornar a sus hogares, lo que las expone a nuevos episodios de violencia, reclutamiento forzoso, incorporación a economías ilegales e incluso a situaciones de violencia sexual.

El NRC también exigió a los grupos armados la suspensión inmediata de los ataques dirigidos contra la población civil y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario. El organismo instó tanto al Estado colombiano como a la comunidad internacional a reforzar las medidas de protección y a diseñar respuestas sostenidas y efectivas en favor de los habitantes afectados en Catatumbo.

En este escenario, las denuncias de inseguridad y abandono estatal persisten entre los habitantes de la región, quienes continúan enfrentando la amenaza constante de violencia y el desplazamiento en masa. El NRC resumió la magnitud del problema al señalar que la situación humanitaria de Catatumbo refleja un desafío mayor para Colombia, donde la reconstrucción y la estabilización dependen de la acción coordinada de todos los sectores involucrados, de acuerdo con lo publicado por el propio organismo.

El abogado y político Enrique Gómez advirtió sobre el avance del control de grupos armados en regiones rurales de Colombia y cuestionó la estrategia política del sector oficialista en el marco de las elecciones.

Gómez hizo estas declaraciones a través de su cuenta en la red social X, donde se refirió al reciente informe de la periodista Salud Hernández, el cual describe la situación de inseguridad en amplias zonas del país.

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Según Gómez, actualmente “medio país está repartido entre las Farc de Calarcá y Mordisco”, mientras que el Clan del Golfo se consolida como “el grupo criminal que más crece en todas las regiones”. Además, señaló que Norte de Santander y la región del Catatumbo estarían bajo dominio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jurista enfatizó que la situación representa “un cuadro de horror que está viviendo la Colombia rural, la de las regiones que dejó en manos de las narcoguerrillas”.

Gómez sostuvo que la persistencia de la violencia responde a una estrategia electoral impulsada por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y por el mandatario Gustavo Petro.

“Esa es la estrategia electoral de Cepeda y el Pacto Histórico, vender procesos de paz que jamás se completarán”, afirmó.

Según el abogado, estos procesos, presentados como avances, “siempre habrá disidencias de las disidencias” y serían utilizados “por los marxistas-chavistas para engañar”.

El abogado y político concluyó que la decisión de los votantes en los próximos comicios “no se puede relegar al ‘gusto’ de votar”, ya que, a su juicio, las consecuencias afectarán el futuro del país por generaciones.

Gómez trazó una disyuntiva electoral entre “Cepeda, el candidato de todos los criminales del país”, y Abelardo De La Espriella, respaldado por las listas de Senado y Cámara del movimiento Salvación Nacional.

El ELN consolida su dominio en la frontera de Norte de Santander, según investigación de Salud Hernández

La periodista Salud Hernández documentó en una reciente investigación divulgada por la revista Semana que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla completamente la frontera entre Colombia y Venezuela en Norte de Santander.

Según Hernández, la guerrilla se ha convertido en la única autoridad real en la región, desplazando a otras organizaciones armadas y extendiendo su influencia a todos los pasos fronterizos, incluyendo los puentes internacionales.

Hernández señala que este crecimiento responde a la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno colombiano, así como a lo que la periodista describe como simpatías del presidente Gustavo Petro hacia la guerrilla.

La investigación también apuntó a una complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ya que el líder del ELN, Antonio García, habría recibido protección en el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano.

La publicación detalló que el grupo insurgente controla no solo las rutas del narcotráfico, sino también el contrabando de mercancías. “Vacunan a los comerciantes”, afirmó Hernández, quien describe un sistema en el que los productos que cruzan la frontera deben pagar sucesivos sobornos a distintos cuerpos de seguridad venezolanos y, finalmente, al propio ELN.

A lo largo del artículo, la reportera revela que la crisis económica y la hiperinflación en Venezuela alimentan el contrabando, ya que los productos adquiridos en Cúcuta pueden revenderse en el país vecino incluso después de pagar múltiples extorsiones.

Hernández subrayó también que la guerrilla permite el paso de pequeñas compras familiares sin cobro, pero exige pagos a quienes transportan mercancía en mayores cantidades.

Según la investigación, el proceso de paz y la falta de presión internacional han facilitado la expansión del ELN en la región.

Hernández recordó que, pese a la gravedad de la situación, el gobierno colombiano solicitó apoyo del presidente estadounidense Donald Trump para combatir a la guerrilla en la zona, una petición que califica de “cínica” por parte de Petro, según la interpretación de la investigación.

La periodista concluyó que la consolidación del ELN como actor dominante en la frontera representa un desafío para la seguridad de ambos países. Señala que el grupo insurgente utiliza la violencia, el secuestro y el terror como herramientas para mantener su control, y advierte que su desmantelamiento requerirá esfuerzos coordinados de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

La discusión sobre la soberanía nacional tomó fuerza en Colombia tras recientes declaraciones de la representante a la Cámara por Alianza Verde, Cathy Juvinao, quien puso en el centro del debate el control que grupos armados ilegales ejercen sobre amplias zonas del país.

Juvinao, a través de su cuenta oficial de X, cuestionó la situación actual y enfatizó que el Estado colombiano ha cedido soberanía a organizaciones criminales durante el gobierno de Gustavo Petro.

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En un mensaje publicado en la red social X, la representante señaló: “¿Ya podemos empezar a hablar de la soberanía que el Estado colombiano le ha cedido a los grupos armados ilegales durante este gobierno?”.

Según la militante de Alianza Verde, el Clan del Golfo, identificado como una estructura con raíces paramilitares, incrementó su presencia de 241 municipios en 2022 a 316 en 2024.

Por su parte, el Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, habría pasado de operar en 119 municipios en 2022 a 209 en 2024.

Juvinao precisó: “El Clan del Golfo pasó de tener presencia en 241 municipios en 2022 a trescientos dieciséis en 2024”.

La reorganización de las fuerzas criminales también incluyó la aparición del Estado Mayor de Bloques y Frentes, una división surgida en 2024 al mando de alias Calarcá. De acuerdo con Juvinao, este grupo pasó “de no existir a tener presencia en 111 municipios del país”.

Juvinao hizo referencia a una investigación del periodista Ricardo Calderón, quien reveló que “alias Calarcá y su bandola de criminales tiene infiltrado al Ejército, a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección Nacional de Inteligencia”.

La evolución del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también fue señalada por la representante. Según sus datos, esta guerrilla, que describió como de “carácter binacional” y con respaldo en Venezuela, amplió su área de influencia de 183 municipios en 2022 a 231 en 2024.

Juvinao afirmó: “Esta guerrilla, que además tiene carácter binacional y ha sido protegida en Venezuela por el narcodictador tirano Nicolás Maduro, pasó de 183 municipios en 2022 a 231 en 2024”.

El eje de la denuncia de la congresista gira en torno a la pregunta sobre el control estatal en cerca de ochocientos municipios del país.

En sus palabras: “¿Qué pasa con la soberanía de esos casi 800 municipios en todo el país que estos grupos armados ilegales han logrado controlar? Pues que el Estado en esas zonas no manda porque ellos son la autoridad en materia de economía, de seguridad y de control social”.

Juvinao describió que en estas regiones, los grupos armados ilegales imponen reglas sobre economía, seguridad y vida diaria. De acuerdo con su testimonio, estas organizaciones deciden “qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, a qué hora se hace, quién la hace y quién no la hace”.

Además, determinan qué familias deben entregar hijos para la guerra, quién puede permanecer en el territorio y quién debe desplazarse, y ejercen el poder sobre quién vive o muere.

La representante enfatizó que estos grupos también han consolidado el control de actividades económicas ilícitas. Mencionó tráfico de combustibles, minería, ganado, cultivos de coca, corredores de narcotráfico y, más recientemente, explotación de coltán.

Según Juvinao, “todo lo hacen usando a la población civil como escudos humanos, perpetrando asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros”.

Al argumentar sobre el concepto de soberanía, Juvinao sostuvo que no se trata únicamente de rechazar la injerencia externa, sino de ejercer control sobre el territorio, proteger a la población civil y garantizar que la ley prevalezca sobre la ilegalidad.

En un mensaje dirigido directamente al presidente Gustavo Petro, la representante lanzó el interrogante: “¿Para cuándo va a convocar usted a una marcha nacional para defender nuestra soberanía de los grupos armados ilegales?”.

Las afirmaciones de Juvinao han reavivado el debate sobre la seguridad y el control territorial en Colombia, así como sobre la efectividad de las políticas implementadas durante la actual administración.

El antiguo y último secretariado de las Farc, del que hicieron parte Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, presentó una apelación contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que les impone ocho años de sanciones restaurativas por secuestro; como parte del macrocaso 01, relacionado con esta práctica en el territorio nacional.

En el recurso, conocido por Blu Radio el martes 13 de enero de 2026, los excomandantes rechazaron de manera tajante la obligación de usar dispositivos electrónicos de monitoreo y plantearon dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la decisión. El documento de apelación, de 351 páginas, fue firmado por los siete antiguos máximos líderes de esta guerrilla, en el que detallaron sus principales argumentos, con críticas jurídicas y operativas.

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Uno de los puntos centrales del recurso presentado por los exintegrantes de la mencionada guerrilla, que firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, es la crítica al carácter político atribuido al grupo por la JEP. Los exjefes sostuvieron en su argumentación que la sentencia desnaturaliza el conflicto colombiano y reduce su alzamiento a “un simple concierto para delinquir”, apartándolo de los acuerdos de paz establecidos con el Estado colombiano.

El antiguo secretariado de la organización, de la que algunos de sus exintegrantes se reincorporaron a la vida civil, enfatizó que la jurisdicción hizo imputaciones con base en la posición de mando dentro de la organización y no en actos individuales comprobados. Y defendieron que la responsabilidad penal debe delimitarse por garantías como el dolo y la coautoría, por lo que rechazaron imputaciones que, a su juicio, se fundamentan en presunciones.

La petición de los exmiembros del antiguo secretariado de las Farc

En la apelación solicitaron que la jurisdicción revoque este tipo de imputaciones y que se verifique si las decisiones de los ex jefes produjeron los hechos investigados por la JEP. Del mismo modo, argumentaron que la sanción no puede basarse solo en el rango dentro de la extinta guerrilla, pese a que los exjefes, en relación con los delitos graves, negaron que en el proyecto de las Farc se incluyera la comisión sistemática de tortura, esclavitud o desaparición forzada.

Y sostuvieron que estas conductas no fueron parte de la estrategia del grupo y pidieron que se desestime el cargo de esclavitud. Todo esto, al señalar que la imposición de trabajos forzados no constituye automáticamente ese delito, por lo que reclamaron un análisis individual de cada caso. En ese sentido, añadieron que la desaparición de secuestrados tras la falta de pago de rescate no obedeció a un patrón sistemático, sino a hechos excepcionales.

De la misma manera, indicaron que la evidencia judicial no demuestra como consecuencia automática la desaparición o asesinato de rehenes por falta de pago de los montos exigidos. Y con respecto a las condiciones de privación de libertad y el desplazamiento de los secuestrados, atribuyeron parte de la responsabilidad a la política estatal, pues para ellos el endurecimiento del cautiverio resultó de operaciones militares y presión por resultados.

En el texto, en el que se refirieron a traslados forzados, campamentos improvisados y largas caminatas para los cautivos, se sostuvo que la antigua estructura de las Farc nunca tuvo control absoluto del territorio, sino que enfrentó disputas con el Estado y otros grupos armados. Critican que se califiquen ciertos secuestros como instrumentos de dominio territorial, alegando que tal argumento carece de base fáctica y jurídica.

En la apelación, los antiguos comandantes insistieron en que la JEP debería emitir una única resolución para garantizar seguridad jurídica y evitar la imposición de sanciones después del plazo de ocho años previsto en el proceso de paz. Y advirtieron que la indefinición de los proyectos restaurativos, que se decidirán a lo largo de ese periodo, agrava la falta de una resolución definitiva, por lo que señalaron que cumplir estos proyectos implica riesgos en los territorios.

Y denunciaron que la jurisdicción no hizo un análisis de riesgo específico ni incorporó la participación de los sancionados en el diseño de medidas de seguridad y protocolos diferenciados. En ese orden de ideas, defendieron que los proyectos como parte de las sanciones impuestas deben considerar las condiciones de seguridad, el arraigo familiar, los avances en reincorporación y las restricciones cumplidas desde la firma del acuerdo de paz.

La oposición de los exmiembros de las Farc al uso de dispositivos de monitoreo

El rechazo al uso de dispositivos electrónicos de monitoreo es uno de los puntos que generó mayor oposición en el recurso. Resaltaron, según Blu Radio, que este mecanismo es incompatible con el carácter restaurativo de las sanciones, pues se asemeja a una pena restrictiva de la justicia ordinaria, no de la jurisdicción transicional; y como alternativa, propusieron la elaboración informes periódicos sobre el cumplimiento, supervisados por entidades de reincorporación.

Otro argumento es que la sentencia introdujo restricciones preventivas que afectarían sus derechos políticos y la participación democrática. En este punto consideraron que estas limitaciones no cumplen con los estándares constitucionales ni interamericanos sobre libertad de expresión y participación política. Y cuestionaron que la sentencia permita a las víctimas presentar proyectos sancionatorios, pues no está previsto en el Acuerdo de Paz firmado.

Los abogados de los excombatientes pidieron que, en los casos de Granda y Catatumbo, se reconozca como parte de la sanción el tiempo privado de libertad antes de la sentencia. También solicitaron que se contabilicen las actividades desde la dejación de armas como aportes a las obligaciones de reparación y solicitaron a la Sección de Apelaciones que revise, modifique o revoque aspectos de la sentencia, y aclare el alcance y modalidad de las sanciones impuestas.

El computador de alias Raúl Reyes, de la guerrilla de las Farc, confiscado durante la Operación Fénix en 2008 en territorio ecuatoriano, se convirtió en pieza clave para la acusación de narcoterrorismo que enfrenta el capturado dictador Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Sin embargo, el material que hoy reposa en los estrados norteamericanos y que tiene tras las rejas al número uno del régimen venezolano, también estuvo durante años en los archivos de Colombia, pero nunca fue utilizado para destrabar casos de relevancia nacional como el proceso denominado como ‘farcpolítica’.

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Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, la Operación Fénix, desarrollada el 1 de marzo de 2008, fue un hecho clave que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las extintas Farc. Ese día, las Fuerzas Militares dieron de baja en Angostura, Ecuador, a Luis Edgar Devia Silva, conocido como “Raúl Reyes” y principal estratega internacional de la entonces guerrilla.

Tras la incursión, comandos colombianos hallaron tres computadores, dos discos duros y varias memorias USB atribuidas a Reyes. El análisis de estos dispositivos, según documentó diario nacional, permitió el acceso a cientos de correos electrónicos y archivos confidenciales de alto valor.

Entre los principales hallazgos se encontraron registros de contactos políticos de las Farc y flujos financieros, además de decenas de documentos que evidenciaban nexos con altos funcionarios venezolanos que, pese a su relevancia, fueron descartados por la justicia colombiana.

Incluso, uno de los correos desencriptados citaba textualmente la “disposición del Gobierno venezolano para facilitar recursos y protección”, según reveló en su momento la revista Semana.

La información recolectada detalló cómo el entonces régimen de Hugo Chávez apoyaba logísticamente a la guerrilla, incluyendo gestiones de armamento y operaciones financieras para la lucha insurgente. En ese periodo, Nicolás Maduro ocupaba el cargo de canciller, como lo confirman los documentos citados en la acusación formal estadounidense.

Entre los correos también apareció el nombre de Piedad Córdoba, reconocida como facilitadora humanitaria. Córdoba, que a veces firmaba como “Teodora”, defendió siempre su rol y denunció la investigación como persecución política destinada a criminalizar sus intentos de negociación de paz.

En 2011, la Corte Suprema de Colombia clausuró esa línea de indagación. Los magistrados determinaron que la incautación de los computadores fue ilegal y, en consecuencia, la evidencia no tenía valor judicial interno. El expediente sobre la ‘farcpolítica’ quedó archivado sin consecuencias penales.

Sin embargo, el general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía, tomó medidas para resguardar el valor internacional de la prueba. Solicitó la certificación de Interpol, que constató que los archivos no habían sido manipulados durante la cadena de custodia.

“La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la Operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro”, señaló Naranjo en diálogo con Cambio.

El general destacó que la justicia estadounidense reconoció la importancia de la prueba, aunque expresó su sensación “agridulce” por la falta de acción del sistema judicial colombiano.

Mientras en Colombia la investigación se detenía, agencias federales estadounidenses sistematizaban y verificaban datos provenientes de la Operación Fénix y de otras acciones como la Operación Sodoma en 2010. Esta última aportó más correos y comunicaciones internas de la estructura de las Farc, ampliando el alcance de la evidencia.

El impacto internacional de este material se consolidó con su inclusión en la acusación formal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos. El expediente integró los datos extraídos del computador de Reyes con testimonios clave, tras años de investigación.

Las conexiones reveladas traspasaron fronteras. En 2012, la detención de Daniel ‘el Loco’ Barrera permitió corroborar que parte de la estructura financiera de las Farc operaba con protección en Venezuela. Asimismo, el seguimiento a figuras como Iván Márquez, documentado en fotografías en territorio venezolano, confirmó la vigencia de dichos nexos frente a agencias estadounidenses.

La trama incorporó a otros protagonistas. El general Clíver Alcalá Cordones y Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefes del aparato de seguridad venezolano, han sido extraditados y se han convertido en testigos ante fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Ambos aportaron datos sensibles sobre operaciones conjuntas entre las Farc y el chavismo.

En el ámbito colombiano, en 2021, mientras Carvajal estaba detenido en España, este señaló en un escrito que el régimen de Chávez habría financiado movimientos de izquierda en la región por más de quince años, incluyendo —según ese testimonio— a Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente Petro negó los señalamientos y solicitó formalmente una investigación.

El caso de Alex Saab, arrestado en 2020 y extraditado a Miami como presunto testaferro del régimen venezolano, sumó otra arista a la relación entre política regional y circuitos financieros del chavismo. Tras una decisión política de Estados Unidos en 2023, Saab fue liberado, cerrando un expediente que pudo aportar más información sobre los vínculos entre Colombia, Venezuela y el tráfico de drogas.

El general Naranjo, en diálogo con Cambio, comentó sobre los actuales límites en la cooperación judicial debido al sometimiento de exintegrantes de las Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Señaló que esto impide reabrir procesos en Colombia sobre quienes se acogieron al acuerdo, aunque otros ciudadanos vinculados pueden ser objeto de investigación o colaboración internacional.

“En el caso particular de las Farc, como resultado de un acuerdo de negociación política que supuso la dejación de las armas, el sometimiento a la JEP, calculo que no hay caminos para que se reabran casos contra ellos. Eso no quiere decir que colombianos que no estén cobijados por la JEP puedan ser sujetos de investigaciones, bien se reabran, o que la justicia colombiana, en función de la asistencia judicial, coopere con Estados Unidos”, comentó Naranjo al diario nacional.

En la actualidad, mientras el proceso penal más decisivo de la historia reciente de Venezuela avanza sobre pruebas robustas, la justicia colombiana mantiene sin respuesta la ‘deuda histórica’ del caso de alias Raúl Reyes y su computador.

El reciente video que se ha vuelto viral del líder de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, podría marcar el inicio de una nueva y peligrosa etapa para los países vecinos de Venezuela, en particular Brasil. En el video, Mordisco, sobre quien pesa una recompensa del gobierno colombiano de 5.000 millones de pesos (1,35 millones de dólares), propone una tregua entre facciones rivales y la convocatoria de una cumbre de comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el objetivo de coordinar un frente armado “contra el imperialismo” de Estados Unidos. “Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos”, añadió el cabecilla de las disidencias de las FARC.

Si esta alianza llegara a concretarse de cualquier forma, las consecuencias para Brasil podrían ser devastadoras, porque además de una recrudescencia de la violencia en toda la región fronteriza, se redibujaría el mapa del crimen organizado. Los guerrilleros colombianos, que, según fuentes del ejército del presidente Gustavo Petro, en estos días estarían regresando a Colombia desde Venezuela, controlan los tráficos de oro y cocaína y podrían comenzar a desplazarse de manera masiva hacia Brasil, especialmente hacia la región amazónica. Allí el narcotráfico ya había cobrado impulso desde los años 2000 gracias a los vínculos entre Fernandinho Beira-Mar, líder de uno de los dos principales grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho (CV), y las FARC colombianas, que proporcionaban laboratorios y rutas. Hoy el CV, aunque originario y fuerte en Río de Janeiro, está presente en diez estados brasileños y participa en los principales conflictos entre facciones del país.

Un informe del International Crisis Group sobre la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, elaborado por el experto Bram Ebus, ya había denunciado en 2024 una nueva y peligrosa alianza que ahora podría fortalecerse: la existente entre el Comando Vermelho y el Frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las FARC que está ganando terreno, sobre todo a lo largo del río Caquetá, que atraviesa el departamento colombiano de Amazonas hasta llegar a Brasil. Inicialmente, el grupo colombiano se limitaba a robar equipos a los guardaparques, motores fuera de borda, combustible y GPS. Sin embargo, según Ebus, a partir de 2020 la situación se agravó: los guerrilleros prohibieron a los empleados de los parques trabajar en áreas protegidas como el Parque Nacional Río Puré. El Frente Carolina Ramírez vendía cocaína y marihuana al Comando Vermelho, pero, siempre según Ebus, desde septiembre de 2023 uno de sus líderes (alias El Tigre) creó una nueva unidad llamada Frente Amazonas, especializada en el tráfico de drogas y la extorsión a mineros de oro ilegales. Lo que agrava aún más la situación para Brasil es que muchos miembros del Frente Amazonas son brasileños y el grupo ya está activo en el municipio de Japurá, en Brasil. Esta localidad, situada en el estado de Amazonas pero en la frontera con Colombia, debe su nombre al río que la atraviesa, el Japurá, un influyente afluente del río Solimões. Se trata de un área estratégica para el cultivo de hoja de coca, la refinación y el tráfico de cocaína. Del lado colombiano, de hecho, las plantaciones se concentran en las cuencas de los ríos Japurá e Içá. Todas las rutas confluyen luego en el río Solimões, desde donde la droga es transportada a Manaos y a otras regiones de Brasil. La región del Alto Solimões, situada en el suroeste del estado de Amazonas, se ha consolidado como una de las principales rutas internacionales del narcotráfico en la Amazonía, dominada por la feroz disputa entre el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). Según el estudio “Cartografías de la Violencia en la Amazonía”, publicado el pasado noviembre por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, esta región, que cuenta con unos 281.000 habitantes, de los cuales el 54% son indígenas, presenta niveles muy elevados de vulnerabilidad social. La mayoría de la población depende de subsidios gubernamentales, lo que la convierte en mano de obra fácilmente reclutable por las redes del narcotráfico.

La situación actual deriva del colapso del grupo criminal local Família do Norte (FDN), que hasta 2018 dominaba el sistema penitenciario y el narcotráfico de la región, y que luego fue desmantelado por masacres, arrestos y divisiones internas. En la actualidad, el Comando Vermelho domina las vías fluviales del río Solimões, aprovechando la navegación natural para transportar cargamentos ilícitos y consolidar el control territorial, mientras que el PCC utiliza pistas de aterrizaje en zonas de minería ilegal, a menudo dentro de reservas indígenas. Las facciones brasileñas también controlan la extracción ilegal de oro y madera, además de impulsar la pesca depredadora. Esta nueva triple frontera amazónica, en particular el tramo comprendido entre la ciudad de Tabatinga, en Brasil, y Leticia, en Colombia, es una frontera terrestre completamente porosa, sin controles migratorios efectivos.

Los recientes cambios políticos en Venezuela podrían trasladar de manera aún más masiva hacia Brasil las dinámicas del narcotráfico venezolano, que desde hace años, en la frontera con Colombia —en el estado venezolano de Apure— almacena cocaína en haciendas gestionadas por el Cartel de los Soles, integrado por militares leales a Maduro, y alberga pistas aéreas clandestinas. Esta red involucra también a pilotos brasileños. En el pasado, su líder fue Paulo Jones da Cruz Flores, un empresario brasileño arrestado en el marco de la Operación Veraneio en 2014 y posteriormente condenado a 82 años de prisión por delitos de narcotráfico, asociación para delinquir con fines de tráfico de drogas, lavado de dinero y criminalidad organizada. Los pilotos brasileños de esta red transportaban la cocaína de las FARC desde Colombia y Venezuela hasta Honduras, donde toneladas de droga eran entregadas a los carteles mexicanos, que luego las enviaban al mercado de Estados Unidos.

Además, desde 2024 ha aumentado el número de aeronaves del narcotráfico procedentes de Venezuela interceptadas por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), casi siempre entre los estados brasileños de Roraima y Amazonas, en la región habitada por los indígenas Yanomami; la última intercepción tuvo lugar el 19 de diciembre. Se trataba de una pequeña Cessna 182P, detectada por las autoridades brasileñas mientras volaba sin plan de vuelo y con matrícula no identificada, probablemente ocultada o falsificada. El piloto, que realizó un aterrizaje forzoso, logró huir. En septiembre fue interceptado un bimotor, también procedente de Venezuela, con más de 300 kilos de cocaína a bordo, y algunos meses antes, en febrero, otra aeronave cargada con droga fue obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, con dos pilotos muertos en el acto.

También existe el temor de que los acontecimientos en Venezuela amplifiquen y extiendan en Brasil el tráfico de fentanilo, que los guerrilleros colombianos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC, han comenzado a explotar lentamente. En septiembre de 2025, una operación del Ejército Nacional Colombiano en Puerto Rondón (Arauca) condujo a la incautación de cientos de ampollas de esta potente droga sintética. Estos lotes, registrados ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), estaban destinados a hospitales, pero habían sido robados por los guerrilleros colombianos tanto para tratar a combatientes heridos como para abastecer de droga las zonas fronterizas. En Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, ya en 2023 se habían incautado 180 pastillas de fentanilo en el centro de clasificación de Correos; su destino era Italia.

Por último, preocupa la situación de las minas de oro ilegales del estado brasileño de Roraima, cuya explotación podría aumentar también debido a la presencia en territorio brasileño del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Dos operaciones de la Policía Federal brasileña, FLYGOLD I y II, en 2024, descubrieron una red criminal integrada por venezolanos y brasileños que, entre 2023 y 2024, traficó oro ilegal extraído de la cuenca amazónica de Brasil, principalmente de los estados de Pará y Roraima, hacia Venezuela, por un valor estimado de unos 800 millones de dólares. El oro era transportado en forma de lingotes mediante vuelos comerciales, aviones privados y rutas terrestres, para luego ser “legalizado” en Venezuela a través de empresas fantasma y redirigido hacia mercados negros internacionales, desde el Líbano hasta los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según el sitio venezolano de investigación Armando.info, la empresa en el centro del esquema era la venezolana Alibaba Gold Center C.A., con sede principal en Tumeremo, en el estado de Bolívar, y sucursales en Upata, El Callao y La Paragua, en el corazón del Arco Minero del Orinoco, el tesoro de la minería ilegal del gobierno de Maduro. Esta empresa funcionaba como el principal punto de lavado del metal precioso brasileño, aprovechando la inversión del flujo: en lugar de oro venezolano hacia Brasil, como ocurría en el pasado, el tráfico iba de allí a Venezuela, para explotar la crisis y las zonas mineras menos controladas. Según la justicia brasileña, once miembros de esta red siguen prófugos y es probable que muchos continúen actividades ilícitas vinculadas al oro en Brasil, en las ciudades de Itaituba, en el estado de Pará, Pacaraima y Boa Vista, en el de Roraima, Manaos y San Pablo Paulo. En este escenario extremadamente delicado, que en los próximos meses podría convertirse en un efecto boomerang para Brasil, el pasado viernes presentó su dimisión el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, por razones —según declaró— “familiares y personales”. En su lugar fue nombrado de forma interina el secretario ejecutivo del ministerio, el jurista Manoel Carlos de Almeida.

La justicia ordenó la reclusión de Jair Valencia Solís, señalado como miembro de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, tras aceptar su implicación en 19 homicidios cometidos en zonas rurales del Valle del Cauca.

La decisión se sustentó en el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas sobre su participación en los crímenes registrados en áreas de Jamundí, Restrepo y Dagua.

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“Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de, al menos, 19 personas, en zonas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua (Valle del Cauca)”, se lee en el comunicado del ente acusador.

El proceso judicial concluyó con una sentencia de 22 años y 2 meses de prisión para Valencia Solís. El fallo incluyó cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, así como la fabricación y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.

Durante la investigación, se atribuyó a Valencia Solís su intervención en tres homicidios colectivos entre 2020 y 2021, en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y en Restrepo.

En estos hechos, 14 personas perdieron la vida, incluida una víctima menor de edad. La Fiscalía documentó además la desaparición forzada y muerte de dos personas, una de ellas identificada como integrante del Ejército Nacional.

Según la información oficial, este militar fue secuestrado, asesinado y su cuerpo ocultado en una fosa de la vereda El Placer, en Dagua, el 23 de agosto de 2021.

“La investigación determinó que Valencia Solís, participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad”, precisa el comunicado de la Fiscalía.

El expediente judicial también relacionó a Valencia Solís con el asesinato de dos personas dedicadas a la minería, ocurrido el 15 de marzo de 2021, y de un ciudadano extranjero asesinado el 29 de junio de 2020. Ambos episodios se registraron en el área rural de Jamundí.

La autoridad judicial validó el acuerdo alcanzado y dispuso que Valencia Solís cumpla la totalidad de la condena en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios.

“En el mismo sentido, fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí. El juez avaló la negociación judicial y ordenó que Valencia Solís cumpla la sentencia en centro penitenciario, sin ningún tipo de beneficio”, aseveró el ente acusador. .

Otras capturas

Recientemente, las autoridades lograron la captura de tres presuntos miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, señalados como responsables de intensas actividades extorsivas y de hostigamiento armado que afectaron a comunidades del sur del Tolima.

Según la información oficial, la operación tuvo como epicentro la vereda Legía Alta, en el municipio de San Antonio, donde se ejecutaron diligencias de allanamiento y registro dirigidas a frenar una red delictiva que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría llegado a recaudar mensualmente cerca de $400.000.000 mediante cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, caficultores y propietarios de fincas.

El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Pérez, subrayó el alcance del operativo tras ahondar en el alcance de las operaciones del grupo armado en la zona.

“Se logra neutralizar la intención de esta estructura de continuar realizando cobros de ‘vacunas’ y extorsiones a los pobladores; esto, más exactamente, en el municipio de San Antonio, sur del Tolima”, aseveró.

En desarrollo del Plan Operacional Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional capturaron a alias Ismael, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque terrorista ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2025 en Aguachica, Cesar.

La detención se dio durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, tras labores de inteligencia que permitieron identificar su presunta implicación en el atentado contra el Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en la vereda El Juncal.

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El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue ejecutado mediante drones con explosivos improvisados, dejando siete soldados muertos y 31 heridos.

Este hecho, uno de los más graves registrados contra la Fuerza Pública en la región, provocó el despliegue de acciones coordinadas para dar con los autores materiales e intelectuales.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron cartuchos calibre 5.56 mm, una granada, pancartas y otros elementos alusivos al ELN.

Según el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, el material hallado servirá como evidencia para esclarecer la estructura de la red de apoyo a este grupo armado ilegal y su vinculación con actos terroristas recientes.

Alias Ismael deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Tanto él como lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

El coronel William Javier Morales Vargas, jefe de la Policía en Cesar, señaló que el detenido estaría ligado al apoyo logístico en distintas acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Por su parte, el teniente coronel Antonio José Londoño Londoño, comandante Operativo de la Policía en Cesar, afirmó a el portal El Pilón que alias Ismael es investigado por su presunta relación con el atentado ejecutado con drones en la base militar El Juncal, hecho que conmocionó a la región y motivó el refuerzo de operativos de seguridad en el sur del Cesar.

Alias Amaury, operador clave del narcotráfico internacional, fue detenido en operativo en Medellín

La Policía Nacional detuvo en Medellín a Amaury Santacruz Rodríguez, conocido como alias Amaury, señalado como un “narcotraficante invisible” al servicio del Clan del Golfo y requerido por la Corte de Texas (Estados Unidos) por delitos relacionados con tráfico internacional de estupefacientes.

La captura fue confirmada por el general William Rincón, director de la institución, quien calificó el operativo como un golpe estructural al narcotráfico transnacional.

Alias Amaury era considerado una figura clave en la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense, operando bajo un perfil extremadamente bajo para evitar la detección de las autoridades.

“Es un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos”, afirmó el general Rincón.

El capturado, por quien pesaba una orden de captura con fines de extradición, figuraba como objetivo prioritario tanto para agencias colombianas como para estadounidenses.

Las investigaciones de inteligencia atribuyen a la estructura en la que operaba Santacruz Rodríguez importantes incautaciones internacionales.

Entre los golpes más relevantes se cuentan la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en Panamá y el decomiso de 1,3 toneladas adicionales en Costa Rica, ambos resultados de operaciones conjuntas con agencias extranjeras.

En total, se le considera responsable del tráfico de, al menos, 2,5 toneladas de cocaína, transportadas a través de rutas marítimas estratégicas que abastecen el mercado de drogas en Estados Unidos.

El concepto de “narco invisible” se refiere a integrantes de organizaciones criminales que actúan sin ostentación ni esquemas de seguridad visibles, mimetizándose en sectores residenciales y aparentando ser empresarios legítimos.

Este perfil evita la exposición pública, utiliza empresas fachada y recurre a movimientos financieros fragmentados para el lavado de activos, dificultando su rastreo.

Alias Amaury desempeñaba un rol logístico, coordinando contactos portuarios y rutas marítimas, lo que complicó su localización durante años y permitió una operación prolongada bajo la apariencia de una vida ordinaria.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó que prepara una demanda dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. Según detalló Caracol Radio, el abogado de Petro confirmó que la acción judicial responde a los recientes llamamientos de 'Mordisco' a grupos armados, quienes han buscado reagruparse tras los hechos ocurridos en territorio venezolano. Esta medida se enmarca en un contexto regional marcado por el ataque de fuerzas estadounidenses a Caracas, que dejó como saldo la muerte de centenares de personas y la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Tal como publicó Caracol Radio, Petro utilizó sus redes sociales este viernes para iniciar su respuesta ante la propuesta lanzada por 'Iván Mordisco', líder de una facción disidente de las FARC. 'Mordisco' había convocado a varios grupos armados, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a dejar de lado "las diferencias heredadas del pasado" y conformar un "gran bloque insurgente" que enfrente "a los enemigos de la patria grande", en alusión a la intervención militar estadounidense reciente en Venezuela.

De acuerdo con el medio, el mandatario colombiano rechazó de manera enfática la iniciativa de 'Mordisco', afirmando que "la alianza que propone el señor 'Iván Mordisco' no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión". Petro sostuvo que estos grupos, dedicados al narcotráfico, constituyen el pretexto perfecto para justificar una agresión militar extranjera en el continente.

En respuesta, Petro extendió una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para fortalecer la cooperación militar entre ambos países. El objetivo, indicó en sus mensajes, consiste en desarmar y debilitar las estructuras de los grupos criminales que amenazan la estabilidad regional. "Debemos unir a las fuerzas latinoamericanas para combatir a estos grupos, a pesar de la turbulencia creada con la invasión", señaló el jefe de Estado colombiano según consignó Caracol Radio.

El medio también detalló que Petro llamó a que los ejércitos latinoamericanos se reúnan para expulsar de sus países a aquellos actores que, bajo la fachada de narcotráfico y lucha armada, contribuyen a la inestabilidad e intervencionismo externo. "Los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie", subrayó el presidente, quien abogó por la unidad de los pueblos, de sus armas y de los Estados para impedir el avance de las organizaciones armadas financiadas por el narcotráfico.

Caracol Radio informó que el mandatario insistió en que "los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados". El llamado de Petro busca crear un frente común con Venezuela contra el recrudecimiento de la violencia armada y la consolidación de alianzas entre grupos ilegales, enfatizando que la cooperación regional es clave ante esta nueva coyuntura.

El contexto de estas declaraciones se vincula estrechamente con la reciente operación militar estadounidense en Caracas, que desató una escalada de tensiones y provocó el llamado de 'Mordisco' a unificar fuerzas de distintas facciones, incluidas aquellas que han sido rivales en el pasado, en un esfuerzo conjunto por resistir lo que consideran amenazas externas. Según Caracol Radio, la operación resultó en la muerte de un centenar de personas y la captura del presidente venezolano y su esposa, impulsando un realineamiento estratégico en el tablero de la seguridad latinoamericana.

La preocupación de Petro apunta a que el surgimiento de este "gran bloque insurgente" serviría como una justificación a ojos de la comunidad internacional para posteriores intervenciones armadas en la región, desplazando la agenda de la defensa de la soberanía por la de la seguridad hemisférica dictada por actores externos. El mandatario colombiano destacó que cualquier actor que desestabilice América Latina debe enfrentar la respuesta unificada de los gobiernos legítimos del continente, y subrayó la importancia de dejar de lado las diferencias bilaterales para enfrentar en conjunto los retos de la seguridad regional.

La propuesta de Petro, publicada por Caracol Radio, se dirige especialmente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actual cabeza del gobierno venezolano tras la captura de Maduro. La invitación solicita acciones inmediatas y conjuntas de defensa, con el objetivo explícito de combatir la influencia y operatividad de organizaciones armadas ilegales cuya actividad ha trascendido fronteras y afecta tanto a la ciudadanía como a la gobernabilidad.

En líneas generales, la solicitud del presidente colombiano gira en torno a la necesidad de coordinar una respuesta militar integral y a la vez respaldada por los estados y sociedades del continente, despojando de legitimidad a las estrategias de alianzas insurgentes promovidas por 'Mordisco' y sus aliados. La demanda ante las autoridades norteamericanas representa un componente adicional en la estrategia oficial, que busca no solo detener los planes del líder disidente, sino también fortalecer el compromiso internacional en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada vinculada a la violencia armada en la región.

Las condiciones para la liberación de los cinco policías retenidos en Tibú estarán determinadas por la evolución de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad, según informó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado oficial difundido luego del secuestro. De acuerdo con información publicada por el medio que reportó el hecho, los policías permanecen en poder del grupo armado a la espera de que se definan los términos requeridos para ponerles en libertad, procesos que, según la guerrilla, dependerán directamente de la conducta de las autoridades colombianas en el transcurso de los próximos días.

Según publicó la fuente, el secuestro ocurrió el 6 de enero en el municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, una región considerada estratégica en el noreste de Colombia por la presencia de actores armados y las disputas en torno al control de rutas y territorios. El ELN, al atribuirse la autoría, informó que los agentes de policía fueron interceptados mientras se movilizaban en un vehículo del sistema de transporte público local, lo que permitió su retención sin un enfrentamiento armado, según lo consignado por el comunicado del propio grupo guerrillero.

De acuerdo con lo detallado en la declaración del ELN, la privación de libertad de los agentes constituye una respuesta a lo que el grupo denomina como “apoyo y protección” que la Policía local habría brindado al Frente 33, una facción conocida como disidencia de las FARC. Según el comunicado citado por el medio, dicho respaldo, que la guerrilla asocia a órdenes directas de instancias presidenciales, incluiría asistencia logística y operativa tanto del Ejército como de la Policía Nacional. “El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y la Policía a la banda narcoparamilitar del Frente 33 en la región, los hace partícipes y cómplices de accionar criminal de los narcobandidos”, recoge el texto divulgado, argumentando que éste sería el motivo central que justifica la retención de los cinco uniformados.

El ELN informó a través del comunicado, según citó el medio de referencia, que los agentes secuestrados “se encuentran en buen estado de salud” y ha destacado que recibirán un “trato digno” dentro de las garantías de seguridad que el grupo asegura mantener con los retenidos. Esta afirmación pretende proyectar una imagen de respeto por la integridad de los policías, a la vez que descarta un posible maltrato en el corto plazo, contexto en el que el grupo armado anticipó que las condiciones para una eventual liberación se darán a conocer “en los próximos días”.

La captura de los policías ocurre en un territorio donde confluyen intereses de diversas organizaciones, escenario habitual de disputas entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales. Tibú, y el departamento de Norte de Santander en general, ha sido históricamente escenario de conflictos por la presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico, así como un enclave de importancia para la articulación de redes logísticas de los grupos armados, según han reportado medios nacionales e internacionales en incidentes anteriores. El secuestro de funcionarios públicos en este contexto reviste especial relevancia, dado el impacto que este tipo de acciones puede tener sobre los procesos de diálogo o negociación que regularmente se desarrollan entre el gobierno colombiano y diversos actores armados.

Respecto a la liberación, el ELN ha condicionado cualquier avance en este sentido a la ausencia de intervenciones militares o policiales dirigidas a rescatar a los retenidos. Según aseguró la organización en su declaración difundida por el medio, cualquier intento de operación por parte del Estado para recuperar a los policías sin negociación previa podría modificar los términos para su entrega, lo que sitúa la continuidad y la seguridad de los secuestrados en un escenario de incertidumbre ligado al comportamiento de las fuerzas de seguridad oficiales.

En el comunicado citado por la fuente, la guerrilla no especificó plazos concretos ni detalles adicionales sobre las condiciones requeridas para la liberación de los policías, reiterando en cambio que la próxima comunicación pública proveerá información puntual sobre los criterios y el calendario para la posible puesta en libertad. El ELN también reiteró que su decisión responde a intereses de carácter político y estratégico relacionados con la dinámica local en Tibú y la relación entre la fuerza pública y actores armados ilegales en la región, según lo expresado en el mismo mensaje.

De acuerdo con antecedentes recogidos por medios como la agencia fuente de la noticia, los secuestros cometidos por grupos armados en la zona suelen estar vinculados a presiones por parte de estos actores para forzar negociaciones o lograr concesiones en el ámbito militar o político. El hecho de que el ELN haya explicitado la exigencia de un trato específico a los retenidos y la dependencia de la liberación respecto a la actuación de la fuerza pública se inscribe en esta lógica de escalada y desescalada calculada, con impacto tanto local como nacional.

El grupo guerrillero aprovechó el comunicado para denunciar lo que califica como una connivencia sistemática entre autoridades estatales y actores calificados como “narcoparamilitares”, señalamiento recurrente en las argumentaciones públicas del ELN frente a sus acciones contra fuerzas armadas o policiales. Aludiendo explícitamente al Frente 33, el pronunciamiento reforzó la acusación de que la Policía de Tibú habría ofrecido protección y colaboración a dicho grupo en actividades ilícitas, hecho no confirmado oficialmente por autoridades del Estado.

La eventual publicación de los términos para la liberación de los policías se ha convertido en un asunto de interés público, dada la preocupación por la situación de seguridad regional y los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y los grupos armados presentes en el territorio. El desarrollo de las próximas jornadas estará marcado por la expectativa de pronunciamientos oficiales y, eventualmente, el anuncio de condiciones, tal como anticipó el ELN en sus declaraciones difundidas por la fuente informativa.

El debate sobre la seguridad y el narcotráfico en Colombia se avivó tras una publicación en X de Enrique Gómez, político y abogado, quien lanzó fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro.

Gómez citó un video de Donald Trump en el que el mandatario estadounidense asegura que “los cárteles están dirigiendo México”, y extendió esa crítica al contexto colombiano.

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“No solo México. En Colombia, la complicidad de Gustavo Petro con los narcos del ELN y las Farc ha permitido que las economías regionales se inunden de dólares narco”, escribió Gómez en su cuenta de X.

El dirigente afirmó que el aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos y la proliferación de laboratorios de cocaína responden, en su opinión, a la supuesta permisividad de la actual administración.

“Se disparan las hectáreas y laboratorios de coca, y se entrega a estas organizaciones narcoterroristas, a través de ceses al fuego y mal llamadas ‘gestorías de paz’, el control del orden público”, agregó el abogado en el mensaje.

Gómez también cuestionó la política de paz del Ejecutivo, señalando que los ceses al fuego y las figuras de gestores de paz solo han fortalecido a estos grupos armados.

“Más de la mitad de los municipios y departamentos enteros están bajo dominio de los aliados del gobierno, cuyos cabecillas promueven la candidatura de Iván Cepeda. Apoyos que el candidato jamás ha rechazado”, sostuvo.

En otra publicación, el también excandidato presidencial Enrique Gómez volvió a lanzar acusaciones directas contra el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

En su mensaje, Gómez sostuvo que el mandatario “simula discrepancia con Iván Mordisco y su pedido de alianza con el ELN, pero no dice absolutamente nada sobre su contubernio con alias Calarcá, el otro jefe narco al que benefició a tal grado que terminó dentro de La Casa de Nariño”.

Gómez aseguró que existe una investigación pendiente en la que, a su juicio, el Gobierno habría protegido a estructuras criminales.

“Esa investigación no se puede olvidar: Petro tiene, por medio del general Huertas, amparo al cártel que maneja ese jefe terrorista desde la oficina de inteligencia”, escribió.

Según lo expresado en la publicación, el vínculo entre altos mandos oficiales y organizaciones ilegales habría permitido la entrada de jefes narcotraficantes a esferas del poder.

El dirigente opositor finalizó su mensaje con una promesa política: “Ese entramado narcoterrorista desaparece con la llegada del gobierno del Tigre”.

Las declaraciones generaron reacciones intensas en plataformas digitales y se suman a la controversia sobre la política de seguridad y los vínculos entre el Estado y grupos armados.

Enrique Gómez acusó al presidente colombiano de amenazar la democracia: “No lo permitiremos, a Petro lo derrotaremos en las urnas”

La crisis política desencadenada por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las declaraciones internacionales tuvo una fuerte repercusión en Colombia, donde el dirigente Enrique Gómez se pronunció con dureza contra el presidente Gustavo Petro.

Todo inició cuando en una entrevista el 4 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Petro de “enfermo” y de liderar el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos, no descartando una posible intervención militar del país norteamericano sobre Colombia.

Tras lo anterior, los mensajes del mandatario colombiano en los que mencionó la posibilidad de “tomar de nuevo las armas” para defender la patria no se hicieron esperar.

Gómez calificó esas frases como “gravísimas” y las interpretó como un llamado a desconocer autoridades elegidas democráticamente.

El líder opositor alertó sobre el riesgo de que el Ejecutivo utilice medidas excepcionales para alterar el calendario electoral y pidió a las instituciones mantenerse en alerta.

Frente a estas acusaciones, la administración de Petro ha negado cualquier relación con economías ilegales o grupos armados.

Gómez insistió en que enfrentará a Petro por vías electorales, asegurando que buscará derrotarlo en las urnas y exigir su responsabilidad ante la justicia nacional e internacional.

Durante su intervención, destacó la importancia de impulsar el sector empresarial orientado a aumentar las posibilidades de empleo para los colombianos. Además de explicar la necesidad urgente de conformar una unidad de cara a las elecciones de 2026.

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El exmandatario sostuvo un cruce de palabras con una asistente que terminó en declaración de amor. “Lo que pasa conmigo es que te quiero, te quiero totalmente. Te quiero con un amor que no conocía. Eso se lo quiero decir a todas las mujeres de Magangué”, expresó Uribe Vélez.

Después de este sorpresivo gesto, se refirió a los señalamientos en su contra de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, sobre una presunta participación en la creación de grupos paramilitares-

“¿Saben cómo me voy a defender yo cuando me muera? Que me diga San Pedro: “Pero si Cepeda decía que tú eras paramilitar”. Hombre, San Pedro, le trajo las pruebas”, dijo el aspirante al Senado de la República.

Y agregó: “No, él dijo por allá en un discurso, ¿a dónde están las pruebas? Le va a decir: “¿Usted qué bueno hizo, Uribe?” No me robé un peso y quise con corazón grande al gran pueblo colombiano. Muchas gracias”.

El exgobernador de Antioquia también señaló que Cepeda lo acusa sin pruebas en redes sociales. Sin embargo, durante el proceso legal en su contra que terminó en su absolución, el senador aseguró que no tenía pruebas que lo vincularan con grupos al margen de la ley.

El exgobernador de Antioquia también señaló que Cepeda lo calumnia sin pruebas, tanto así, que terminó absuelto durante el proceso legal en su contra por acusaciones de vínculos con grupos al margen de la ley.

En su defensa, sostuvo que Cepeda tenía contactos con los altos mandos de las extintas Farc, señalando que en los computadores incautados a alias Raúl Reyes había conversaciones en las que se mencionaban favores que recibió del legislador.

“Cepeda dice: Uribe paraco. Y apenas le pregunta un juez, dice: A mí no me consta. A mí no me consta. Él me... Él dice embustes contra mí, me calumnia sin pruebas. Cuando yo digo Cepeda le hacía mandados a la Farc, es porque eso está probado en los computadores de Reyes. Estaba muy jovencito Cepeda y en los computadores de Reyes decía: Hablen con Iván Cepeda para hacer una movilización. Ustedes lo vieron en fotos con Santrich y con Iván Márquez”.

Por otra parte, Álvaro Uribe Vélez hizo un análisis de las propuestas del presidente Gustavo Petro, que, a su juicio, tienen al sistema de salud en crisis, y a los jóvenes con menor acceso a educación tras cambios al Icetex y otras entidades educativas.

“¿En qué quedaron las promesas de Petro? Los médicos mal, los pobres comprándoles medicamentos, los hospitales públicos acabados y los jóvenes. Me llamó una amiga, una señora un poquito menos vieja que yo. Dijo: Tenía un muchacho en la universidad, lo tenía con crédito de Icetex y me dejaron sin Icetex. Dijo: ¿Y lo llevaste a la universidad gratuita del presidente Duque, que Petro dijo que iba a ampliar? Fui, pero me dijeron que los cupos gratuitos que dejó Duque, Petro no los había ampliado. ¿Y qué va a hacer ese muchacho? Me dijo: Estoy bregando a mandarlo para Estados Unidos para que trabaje allá, porque aquí no le queda sino ponerse a distribuir droga. Eso es lo que Petro le ha cumplido a la juventud. ¿Les parece bien?”, cuestionó.

El criminal, por el que Colombia ofrece más de 5.000 millones de pesos como recompensa, afirmó que su invitación era la respuesta a la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, lo que calificó como una agresión contra la soberanía regional.

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“Iván Mordisco” mencionó que los grupos insurgentes deben estar juntos para defender la “patria grande”, asegurando que los grupos armados son herederos de Simón Bolívar.

“El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa”, fueron parte de las palabras del disidente.

Debido al impacto que ha generado el pronunciamiento del criminal más buscado en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político del Politécnico Gran Colombiano Jaime Wilches calificó de “caricaturesco” el discurso expuesto en el video citado por “Iván Mordisco”.

“El pronunciamiento de Iván Mordisco es caricaturesco, descontextualizado y con el afán de protagonismo de una disidencia que está dedicada a actividades criminales. Solo pretender cazar en río revuelto en una situación que se debe resolver entre Estados”, declaró el analista.

En ese sentido, Wilches indicó que es improbable que la ciudadanía acepte ser defendida por un colectivo de grupos terroristas, además de recordar que es poco probable que se consolide una alianza entre guerrillas como el ELN y las disidencias de las Farc, que durante años han combatido por el poder territorial de las rutas de narcotráfico.

“Los grupos armados no tienen ningún eje de acción. La sociedad no legitimaría una defensa ante la intervención extranjera por parte de grupos terroristas. El ELN y las Farc jamás han hecho articulaciones para una lucha contra el Estado colombiano, sus acciones son transacciones con narcotráfico, minería ilegal y contrabando donde el Estado no llega”.

Para el analista, la reaparición de “Iván Mordisco” representa la perdida de poder que ha sufrido el Estado Mayor Central y una necesidad de volver a tener un reconocimiento de estructura de alto impacto, para ganar un margen de ganancia en una hipotética negociación del futuro.

“Este ejercicio de Estados Unidos es una oportunidad de tener protagonismo internacional y con ello un margen de negociación, poder tener rentas u amnistías por parte del Estado en una hipotética negociación. No se le debería prestar atención, sino combatir desde la acción”.

Cabe mencionar que en las últimas semanas las autoridades han entregado reportes positivos sobre operaciones contra el anillo de seguridad del disidente mencionado, siendo la caída de “Polo”, uno de sus hombres de confianza, el último en ser confirmado por el Ministerio de Defensa.

Petro rechazó la “excusa” de ‘Iván Mordisco’ para reaparecer

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que “Iván Mordisco” tomó lo registrado en Venezuela como una “excusa” para sabotear las elecciones presidenciales de mayo.

“La alianza que propone el señor ”Iván Mordisco", no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral. Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”.

El mandatario reafirmó que el Estado Mayor Central, el ELN y los demás grupos armados no representan movimientos de lucha, sino que se han convertido en narcos contemporáneos, por lo que invitó a la nueva presidenta de Venezuela para combatirlos.

“El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos se dé sus armas y de sus estados. Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados”.

Según confirmó el Ejército Nacional, durante la noche del 7 de enero de este 2025 tropas del frente 36 de las disidencias de las Farc sostuvieron combates con miembros de la fuerza pública en el municipio de Anorí, Antioquia.

La Séptima División del Ejército informó que durante el combate se presentó la muerte de uno de los integrantes del grupo insurgente, sin confirmarse, de momento, bajas en las filas de la fuerza pública.

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Pero detrás de este episodio aislado hay un trasfondo de disputas territoriales y fractura institucional que, según voces locales, tiene efectos graves y persistentes para la población civil. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz, explicó en entrevista a Infobae Colombia que el municipio de Anorí forma parte de una región marcada por una fuerte presencia de grupos armados ilegales debido al vacío institucional.

Según explicó Zapata, en zonas donde se esperaba la llegada efectiva del Estado tras la firma de los acuerdos de paz, la ausencia de intervención permitió que otros actores armados ocuparan el territorio, atraídos por “una representación significativa de minería, en muchos casos, ilegal”.

El líder social advirtió que, por su localización estratégica y recursos naturales, Anorí y municipios vecinos permanecen bajo disputa de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, este último estando especialmente interesado en expandir su control.

“Hay una disputa territorial entre la alianza ELN-disidencias contra el Clan del Golfo”, detalló, señalando que tanto las zonas rurales como urbanas están afectadas por la fragmentación del poder.

Las acciones militares estarían siendo insuficientes

Según datos suministrados por la Séptima División del Ejército, durante las operaciones de ese 7 de enero “nuestras tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de este grupo terrorista”. Las acciones ofensivas prosiguen en el departamento, consolidando una presencia militar que, para líderes sociales como Zapata, no alcanza a revertir las graves consecuencias de años de omisión institucional.

“Valoramos los esfuerzos que hace la fuerza pública en el territorio, pero esos esfuerzos serán insuficientes en la medida que los vacíos institucionales permiten que este control territorial de estos grupos sea de alta incidencia”, reconoció.

El impacto de esta situación rebasa las fronteras de Anorí. Zapata relató a Infobae Colombia que áreas cercanas como Amalfi, Remedios y Segovia experimentan eventos violentos que escalan el conflicto regional. Recordó la reciente masacre ocurrida en Amalfi, donde integrantes del Clan del Golfo habrían convocado a civiles a una reunión y posteriormente los asesinaron en distintas zonas del nordeste antioqueño. De acuerdo con su testimonio, estas acciones generan “una gran tensión territorial” en varios municipios y corredores estratégicos hasta el sur de Bolívar y Magdalena Medio.

Además, remarcó la exigencia de cumplir con las funciones constitucionales de preservar la vida y la integridad en las regiones. Hizo énfasis en que “la voluntad de paz también es el cese de cualquier forma de violencia”, instando a los actores armados a demostrar con hechos su disposición a avanzar en procesos de paz.

Las alertas tempranas suelen ser omitidas y los violentos se aprovechan

El defensor social subrayó la existencia de alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo que advierten sobre los riesgos que enfrenta la población del nordeste antioqueño. Una de estas alertas, con mapas y análisis de riesgo, recoge las recomendaciones para las instituciones estatales orientadas a mitigar las amenazas contra los civiles.

“Los incumplimientos de las instituciones son los que facilitan que se materialicen los riesgos”, lamentó Zapata, atribuyendo a la incapacidad de las entidades públicas la persistencia de las afectaciones a la población.

Pese a que las acciones militares continúan en la región, las organizaciones sociales y las alertas oficiales insisten en que la respuesta institucional aún no logra proteger de manera efectiva a los habitantes del nordeste antioqueño.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro tras conocerse la actualización del indictment por narcotráfico presentado por la justicia de Estados Unidos.

Según afirmó la congresista, el documento confirma lo que durante años —dice— fue negado por el chavismo y relativizado por sectores de la izquierda regional: la existencia de una alianza criminal sistemática entre el poder venezolano, las Farc y el narcotráfico internacional.

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“El escrito de acusación contra Maduro en Estados Unidos prueba la relación criminal entre las Farc y la cúpula del chavismo desde 1999”, afirmó Valencia a través de su cuenta oficial en la red social X.

Para la candidata, la nueva acusación no solo fortalece el caso judicial contra el mandatario venezolano, sino que desmonta la narrativa política que presentó esa relación como una simple afinidad ideológica. “Hablaron de socialismo y bienestar, pero lo único que lograron fue pobreza, corrupción y narcotráfico”, agregó.

La reacción de Valencia se da luego de que se conociera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York actualizó la acusación contra Maduro y su entorno, incorporando hechos recientes, nuevas estructuras criminales y alianzas vigentes, al tiempo que eliminó referencias a episodios ya superados, como el rol central que en el pasado ocupó la guerrilla de las Farc.

El ajuste busca fortalecer la solidez jurídica del caso de cara a un eventual juicio, en el que se espera la presentación de pruebas y testimonios clave.

Aunque el nuevo indictment reduce el protagonismo de las Farc como organización —tras su desmovilización formal—, mantiene la tesis de que durante más de dos décadas existió una cooperación activa entre la guerrilla colombiana y el aparato estatal venezolano.

Según el documento judicial, desde 1999 los acusados “se asociaron con organizaciones narcoterroristas transnacionales”, entre ellas las Farc, el ELN, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y, más recientemente, el Tren de Aragua.

Para Paloma Valencia, este punto es central. “La articulación entre el chavismo y las Farc era precisa”, sostuvo la senadora, al señalar que no se trató de contactos aislados, sino de una estructura con roles definidos.

En su análisis, las Farc se encargaban de la producción de cocaína, mientras que la cúpula chavista —a través del denominado Cartel de los Soles— facilitaba rutas, protección estatal y armamento militar. “Maduro negociaba los envíos a Estados Unidos y el régimen les suministraba armas”, afirmó.

La congresista recordó que, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se consolidó un cambio geopolítico que permitió la expansión de la guerrilla en territorio venezolano.

“La llegada del chavismo al poder fue clave para la expansión de las Farc”, aseguró. Según Valencia, desde finales de los años noventa, en paralelo a los diálogos del Caguán en Colombia, la guerrilla pactó con sectores del poder venezolano el traslado de su infraestructura criminal al otro lado de la frontera, bajo protección oficial.

En sus pronunciamientos, Paloma Valencia también recordó que, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este no sería el único episodio que evidencia la relación entre el chavismo y las Farc. La senadora afirmó que Piedad Córdoba habría recibido 320.000 dólares por un favor realizado a las Farc y a Hugo Chávez, y subrayó que su hermano, Álvaro Córdoba, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

Valencia agregó que, a su juicio, Chávez fue uno de los líderes del denominado Cartel de los Soles y que durante su gobierno brindó protección directa a la guerrilla colombiana.

La acusación estadounidense recoge varios episodios que respaldan esta tesis, entre ellos la entrega de armamento de origen venezolano a las Farc, operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico y el uso de pistas clandestinas con apoyo de autoridades militares.

Aunque algunos de estos hechos fueron depurados en la versión más reciente del indictment, la Fiscalía mantiene la narrativa de una organización criminal transnacional que utilizó el Estado venezolano como plataforma para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Valencia también evocó las denuncias realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. “El Gobierno Uribe denunció hasta el cansancio que Venezuela protegía y refugiaba a las Farc. Dieciséis años después, el tiempo dio la razón”, afirmó, sugiriendo que la acusación estadounidense valida esas advertencias ante la comunidad internacional.

En el nuevo escenario judicial, el énfasis está puesto en actores criminales actualmente activos, como el Tren de Aragua y el ELN, sin que ello —a juicio de la senadora— borre la responsabilidad histórica del chavismo en la consolidación del narcotráfico regional. Para Valencia, el caso contra Maduro expone un modelo de poder basado en economías ilegales que tuvo efectos devastadores en Venezuela y en países vecinos.

El hallazgo se dio en medio de las operaciones preparadas hace varias semanas y que realizan las Fuerzas Armadas para fortalecer el control territorial en la frontera norte del país, lo que permitió a los soldados encontrar una embarcación, en cuyo interior hallaron 2.204 paquetes de droga.

Al ver a los militares, quienes estaban en la embarcación la orillaron y se adentraron a la selva, por lo que en el operativo no hubo detenidos, explicó el Ejército en una rueda de prensa.

"Inteligencia militar presume que esta droga era de los Comandos de la Frontera. Desde el Valle del Cauca, de Colombia, transportan hacia nuestro territorio para buscar salir por varias vías, sobre todo la fluvial, con destino a Brasil", dijo un militar en la rueda de prensa en Sucumbíos.

Con el rostro cubierto por temas de seguridad, el delegado del Ejército anotó que la droga decomisada está valorada en el mercado en 5,5 millones de dólares.

Los militares sacaron vía aérea la droga, cuyo tipo no se ha revelado, y aseveraron que no "existirá tregua" contra las mafias y la delincuencia organizada.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.

El Gobierno de Ecuador vincula al grupo Comandos de la Frontera a una emboscada ocurrida el año pasado en la Amazonía local, donde fueron asesinados once soldados que participaban en operaciones contra la minería ilegal.

Con un mensaje en su perfil de X, principal medio de interacción con sus simpatizantes, el expresidente Andrés Pastrana agradeció al también exmandatario Álvaro Uribe Vélez por su reconocimiento a los logros del Plan Colombia: una iniciativa que, según ambos, permitió avanzar al país en diferentes programas, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, que se convirtieron a finales de la década del 90 y principios del 2000 en el principal socio estratégico del país.

“Álvaro Uribe Vélez, agradezco su reconocimiento a los aportes del Plan Colombia, como la iniciativa más exitosa a nivel internacional que fue creada en mi gobierno y que usted continuó en beneficio de la Política de Seguridad Democrática. De tiempo atrás y frente a las nuevas amenazas al país, expresó Pastrana en la primera parte de su mensaje en la plataforma digital, en el que sacó pecho por las alianzas que consolidó con el país norteamericano.

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En la segunda parte de su publicación, el ex jefe de Estado remarcó su propuesta de que la próxima administración gestione con el Gobierno de Donald Trump lo que sería un ‘Plan Colombia 2.0′, que sea beneficioso no solo en las iniciativas adelantadas anteriormente. “He propuesto un Plan Colombia 2.0 que permita luchar efectivamente contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional, así como fortalecer la justicia y el desarrollo social”.

Del mismo modo, el exmandatario insistió en la importancia de mantener la estrategia bilateral. “Necesitamos, en este momento, la unión nacional para recuperar a Colombia y trazar un nuevo rumbo de seguridad y prosperidad”, afirmó Pastrana, que ha hecho énfasis en los graves reveses de la actual gestión, que no ha podido consolidar, entre otras, la política de Paz Total, en la que se ha fortalecido el accionar de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias.

¿Qué dijo Álvaro Uribe del Plan Colombia?

Es válido destacar que Uribe, en entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo, expresó que la vigencia del Plan Colombia y la política de seguridad democrática fueron determinantes frente a la criminalidad y en la relación con Estados Unidos. Y, del mismo modo, expresó su deseo de que en los comicios del 31 de mayo de 2026 se empiece a marcar un nuevo camino tras cuatro años de lo hecho por Gustavo Petro, que consideró un retroceso.

“Lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé muy rápidamente. Que derrote el narcotráfico, la criminalidad, que reconstruya las relaciones tan importantes históricas de Colombia con Estados Unidos y el Plan Colombia”, afirmó el exmandatario al citado medio. Un diálogo en el que reafirmó que fue su labor la que dejó negociada la segunda fase del plan, en el inicio de esas gestiones con la administración de George W. Bush.

“Nosotros dejamos negociada la segunda fase del plan económico que ahora se reclama tanto. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, empezó la negociación con la administración Bush. Él salió para aspirar a la Presidencia y el gobierno nuestro terminó la negociación con la administración (Barack) Obama. Eso tenía el respaldo de los jefes naturales de ambos partidos”, afirmó Uribe en su declaración, en la que no dejó pasar la oportunidad para lanzar pullas.

En efecto, el exmandatario criticó posteriormente las decisiones de su sucesor- “Después, Santos accedió a la presión de Hugo Chávez, de Cuba, de la Farc y no llevó al Congreso la ratificación de ese segundo Plan Colombia. Santos suspendió el avance de la seguridad democrática”, añadió el ex jefe de Estado, que cuestionó la política exterior del exmandatario, al hacer énfasis en lo que sería -según él- la “ambivalencia calculada” de Santos.

¿Qué fue el Plan Colombia?

Esta iniciativa, formulada en 1999 como una estrategia conjunta entre los gobiernos de Pastrana y Bill Clinton, tenía como propósito enfrentar el narcotráfico y fortalecer la presencia institucional en las regiones. La estructura financiera contemplaba una inversión inicial de USD7.500 millones, con aportes de USD4.000 millones por parte de Colombia y USD3.500 millones provenientes de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos.

El 80% de los fondos estadounidenses se destinó al fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia militar y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea. El 20% restante apoyó el desarrollo alternativo, la atención a comunidades desplazadas y la protección de derechos humanos. Durante la presidencia de Uribe, el plan se integró a la política de seguridad democrática, lo que debilitó de manera significativa a guerrillas como las Farc y el ELN.

Posteriormente, en el contexto del proceso de paz, el programa evolucionó hacia Paz Colombia, que se orientó al desarrollo rural y la inclusión social. Pese al fortalecimiento institucional y la recuperación de zonas previamente controladas por grupos armados, la inversión acumulada de más de USD10.000 millones por Estados Unidos no logró reducir los niveles históricos de producción de cocaína, según índices conocidos desde Washington.