Un hombre de Córdoba denunció haber sido estafado en dos oportunidades: denunció un fraude, contrató a un abogado, que resultó ser un falso profesional. Ahora, narró que el presunto letrado le robó 10 millones de pesos.

La víctima es J. P. N., de 29 años, quien se había contactado con R. E. Y., un hombre que se presentaba como abogado, para iniciar una causa contra una concesionaria de autos en Córdoba.

El supuesto letrado no solo le cobró reiteradamente por honorarios que no correspondían a ningún proceso real, sino que extendió su engaño durante varios meses, generando en la víctima una situación económica insostenible.

En medio de la desesperación y las deudas acumuladas, J. P. N. tomó la decisión de exponer el caso públicamente, denunciar penalmente al estafador y solicitar ayuda.

Además, según contó la víctima, el supuesto profesional pedía pagos constantes bajo el argumento de avanzar con los trámites legales. Al advertir inconsistencias y ante la falta de pruebas de que la causa prosperara, J. P. N. empezó a realizar averiguaciones, hasta comprobar que nada de lo prometido por R. E. Y. tenía respaldo judicial. El joven ya había entregado todos sus ahorros y recursos económicos para sostener la supuesta representación.

La magnitud del engaño llevó a J. P. N. a tomar medidas desesperadas para cumplir con los pagos exigidos. Tuvo que recurrir a la solicitud de préstamos y a endeudarse con tarjetas de crédito, lo que generó una deuda total que supera los diez millones de pesos, cifra imposible de afrontar con su salario actual y las responsabilidades familiares que asume en su hogar.

Según informó el portal del diario La Voz, el hombre vive junto a su pareja y los dos hijos de ella, de 12 y 14 años. La presión financiera, sumada a la angustia de haber sido engañado, complicó aún más la rutina y las posibilidades de desarrollo para sus allegados.

Tras la presentación judicial, el nuevo abogado de la víctima, Claudio Suárez, confirmó que el acusado no figura como matriculado en el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba. Suárez remarcó que la Fiscalía investiga si el sospechoso cuenta con alguna matrícula válida a nivel federal o en otra jurisdicción de la provincia.

Condenaron a un falso abogado en Neuquén

Con una maniobra similar, un falso abogado estafó a la familia de tres hombres que se encontraban detenidos en Neuquén. Tras un largo proceso judicial, el impostor fue condenado a 3 años de prisión efectiva, pena menor a la que había solicitado la Fiscalía. En total, la suma sustraída es de 16 millones de pesos.

El análisis de los hechos revela que, entre junio y agosto de 2022, el falso letrado Martín Alexis Lino se hizo pasar por abogado para estafar a una persona imputada en una causa penal por abuso sexual, que ya fue condenado y está detenido en la Comisaría Séptima de Plottier, y a su pareja. Les cobró $292.000 y les aconsejó no asistir a una audiencia, lo que provocó la detención de la víctima y permitió descubrir el engaño.

En 2024, el acusado repitió el esquema con los familiares de dos hombres condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil, a quienes prometió la libertad de sus allegados. Cobró un adelanto de $1 millón y, mediante sucesivos pedidos, obtuvo más de $16 millones. Además, fingió haber iniciado una demanda por $88 millones y, con la colaboración de un falso fiscal, indujo a las víctimas a endeudarse para cubrir supuestos gastos, relacionados con una liberación bajo tobillera electrónica.

Todo salió a la luz, cuando uno de los prestamistas le advirtió a sus deudores que Lino no era quien decía ser. De esta manera, realizaron la denuncia correspondiente y, con la información que pudo recopilar la Justicia, el fiscal Zabala logró imputarlo.

Entre las pruebas que sustentaron la acusación se encuentran: declaraciones de testigos y efectivos policiales, así como las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa.

Durante el mes de enero, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Louisville, Kentucky, llevaron a cabo la incautación de 28 envíos de joyería “de diseño” falsificada. Según informó el organismo a través de un comunicado de prensa emitido el jueves 6 de febrero, los productos, que incluían relojes, pulseras, anillos, collares y aretes de marcas de lujo, habrían alcanzado un valor total de 27.5 millones de dólares si hubieran sido auténticos.

De acuerdo con CBP, los envíos incautados tienen un valor de 975.000 dólares, provenían principalmente de China y Hong Kong y tenían como destino diversas ubicaciones dentro de Estados Unidos. Los expertos del Centro de Excelencia y Experiencia de la agencia, especializados en comercio, inspeccionaron los artículos y confirmaron que se trataba de productos falsificados que infringían los derechos de propiedad intelectual de las marcas registradas. Como resultado, todos los artículos fueron confiscados.

La directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Chicago, LaFonda D. Sutton-Burke, destacó el impacto negativo de este tipo de mercancías en la economía estadounidense. “Los productos falsificados son de baja calidad y le cuestan miles de millones de dólares a las empresas estadounidenses cada año y privan al país de empleos e ingresos fiscales”, afirmó.

El impacto económico de la falsificación

Sutton-Burke también subrayó el compromiso de los oficiales de CBP en la lucha contra el contrabando de productos falsificados, el desmantelamiento de las ganancias del crimen organizado y la protección de las comunidades frente a posibles riesgos asociados con estos productos.

La falsificación de productos de lujo, como la joyería, representa un problema significativo para la economía de Estados Unidos. Según detalló CBP, este tipo de actividad ilícita no solo afecta a las empresas legítimas al reducir sus ingresos, sino que también tiene consecuencias más amplias, como la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos fiscales. Además, los productos falsificados suelen ser de menor calidad y, en algunos casos, pueden representar riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores.

En los últimos tres años, los artículos más comúnmente incautados por violaciones a los derechos de propiedad intelectual han sido, en primer lugar, la joyería, seguida de los relojes y, en tercera posición, los bolsos y billeteras.

“China y Hong Kong son sistemáticamente los dos principales países de origen de las incautaciones de DPI. En el año fiscal 2024, las incautaciones de estas dos naciones representaron aproximadamente el 90% de la cantidad total incautada”, explicaron los agentes fronterizos y de aduanas.

CBP desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en la lucha contra el comercio ilícito. La agencia utiliza tecnología avanzada y la experiencia de sus especialistas para identificar y detener productos falsificados antes de que lleguen a los consumidores. Además, trabaja en colaboración con las marcas afectadas para garantizar que sus derechos sean protegidos.

Cómo combatir la venta de productos falsificados

La incautación de enero en Louisville es un ejemplo de los esfuerzos continuos de la agencia para combatir este problema. Según reportó CBP, las operaciones de incautación no solo buscan proteger a las empresas legítimas, sino también desmantelar las redes de crimen organizado que se benefician de la venta de productos falsificados.

Para tratar de enfrentar este problema, los especialistas recomendaron una serie de puntos que los consumidores pueden seguir para evitar “gastar su dinero en falsificaciones”:

• Comprar productos directamente del titular de la marca.
• Conocer el valor del artículo que está comprando, si su precio es muy inferior al que debería, podría ser una falsificación.
• Buscar en sitios web legítimos la información de contacto de servicio al cliente y políticas de devolución.
• Inspeccionar la guía de concientización sobre falsificaciones en el comercio electrónico para consumidores de CBP.

La ciberdelincuencia se ha convertido en un tema delicado para los españoles, especialmente con el auge de la inteligencia artificial, que ha dado lugar a nuevas técnicas de fraude. Entre ellas, se encuentran imágenes, videos y audios hiperrealistas que se alteran y utilizan en llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso en redes sociales con el objetivo de estafar a las víctimas.

Un estudio reciente de la EAE Business School reveló que el 94% de los ciudadanos en España está profundamente preocupado por el impacto de la inteligencia artificial, particularmente por la creciente dificultad de diferenciar entre lo real y lo falso en internet.

Esta preocupación no está injustificada: las estafas online siguen siendo el delito más prevalente en el país europeo, con un crecimiento exponencial del 509% desde 2016, en relación con datos del Sistema Estadístico de Criminalidad y Ministerio del Interior.

Cómo los cibercriminales utilizan la IA para estafar

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja en España ha advertido sobre una nueva modalidad de estafa que implica la manipulación de imágenes de viviendas mediante inteligencia artificial para ofrecerlas en alquiler.

Los estafadores publican anuncios en portales de compraventa o alquiler de inmuebles, presentando propiedades que no existen, no están disponibles o han sido modificadas digitalmente. Estos inmuebles suelen ofrecerse a precios atractivos, ligeramente por debajo del valor de mercado, lo que genera numerosas solicitudes de personas interesadas.

Una vez contactados, los delincuentes desvían las conversaciones a plataformas de mensajería instantánea fuera del portal, donde continúan las negociaciones.

Tras ganarse la confianza de las víctimas, argumentan que hay varios interesados en la propiedad y solicitan uno o dos meses de pago como concepto de reserva. Los interesados realizan el pago, pero días después, al no recibir noticias del supuesto propietario, descubren que han sido víctimas de una estafa.

Este es solo uno de los muchos casos en los que el uso de inteligencia artificial ha sido empleado en esquemas de fraude. La tecnología facilita la manipulación de imágenes, videos y audios, lo que permite a los delincuentes crear escenarios cada vez más convincentes para engañar a las víctimas.

Quiénes son las principales víctimas de las estafas en línea

El estudio realizado por la EAE Business School destaca que los jóvenes de entre 25 y 34 años (Millennials y Generación Z) son el grupo más afectado por las estafas en línea, representando un 61% de los casos de fraude o intentos de fraude.

Su elevado uso de la tecnología, ya sea para estudiar, trabajar o como ocio, los convierte en un blanco más vulnerable para los ciberdelincuentes. Según el profesor Jordi Ferrer Guillén de EAE Business School, esto es especialmente cierto en el caso de la Generación Z, que al ser nativa digital, consume, se informa y se comunica principalmente a través de redes sociales.

Por otro lado, el 60% de los españoles reconoce tener “poco o ningún” conocimiento sobre seguridad y protección de datos personales en línea, lo que refuerza la necesidad de educación y sensibilización en ciberseguridad.

Cómo saber si una foto ha sido alterada

Para saber si una foto ha sido alterada, se pueden seguir varios métodos y utilizar herramientas especializadas. Algunos pasos clave son:

1. Revisar los metadatos: Los metadatos de una imagen (información sobre cuándo y cómo fue tomada) pueden dar pistas sobre si ha sido editada.
2. Buscar inconsistencias visuales: Observar detalles como sombras, reflejos o bordes irregulares que no coincidan con la iluminación natural o la perspectiva de la imagen. Las ediciones pueden generar áreas borrosas, mal definidas o con coloraciones extrañas.
3. Usar herramientas de análisis digital: Existen plataformas que permiten analizar imágenes para detectar manipulaciones. Estas herramientas buscan cambios en los niveles de compresión o patrones anómalos.
4. Buscar la imagen en internet: Utilizar motores de búsqueda inversa de imágenes como Google Images puede ayudar a encontrar versiones originales de la foto, revelando si ha sido alterada o sacada de contexto.

Estos métodos combinados pueden ofrecer una buena idea de si una foto ha sido alterada o es genuina.

El viernes 21 de junio, luego del mediodía, seis policías resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en el corregimiento Limonar, ubicado entre los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el departamento de Bolívar. Según informó la Policía Nacional, el explosivo fue activado remotamente al paso de los uniformados.

Los afectados, cinco patrulleros y un auxiliar de Policía, formaban parte de un grupo asignado a la erradicación de cultivos ilícitos bajo la Dirección Antinarcóticos. Tras el ataque, los heridos fueron evacuados por vía aérea hacia Barrancabermeja, en el departamento de Santander, para recibir atención médica. “A esta hora, todos ellos se encuentran fuera de peligro”, aseguró la institución luego de que los uniformados fueran atendidos.

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Y aunque al principio se divulgó una carta en la que el Ejército de Liberación Nacional de atribuía los hechos, el Gobierno departamental desmintió que la carta fuera auténtica. De acuerdo con Semana, la información se dio así, porque el ELN es una de las estructuras armadas que operan ilegalmente en la región en la que ocurrieron los hechos.

Aun cuando ya se estaba difundiendo la supuesta misiva, el comandante operativo de la Policía Magdalena Medio, coronel Pedro Bonilla, explicó que las operaciones en la zona continuarán con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del acto. “Las operaciones policiales en el área continúan para lograr la identificación y captura de los responsables de este cobarde ataque”, como expresó la institución.

Ahora bien, más que el ELN, en la zona operan varias estructuras armadas al margen de la ley. De hecho, tanto ELN como las disidencias de las Farc se enfrentan al Clan del Golfo, que busca controlar actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y la cadena del narcotráfico.

El ataque se suma a otros incidentes de violencia que han ocurrido en la región. Por tanto, las autoridades han redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes y de los agentes que operan en áreas de conflicto. “Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestra comunidad y prevenir actos de violencia”, manifestó el coronel Bonilla.

La carta “falsa”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, fue quien confirmó a Blu Radio que dicho comunicado es falso. Arana expresó que desde el Gobierno nacional se ha desmentido el contenido del documento y que “Desde inteligencia del Gobierno nacional identificaron la falsedad del texto” (...) hasta ahora se desconoce, y ningún grupo se ha atribuido el hecho”. Por ejemplo, en las redes sociales del grupo guerrillero no se han emitido comunicaciones relacionadas a este evento.

El mencionado comunicado trataba de legitimar el ataque bajo el rótulo de “estrategias legítimas de defensa territorial frente a las constantes incursiones y operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos que vulneran nuestra soberanía y afectan gravemente nuestros intereses”. No obstante, las investigaciones adelantadas por la Fuerza Pública y la inteligencia del Gobierno nacional han determinado que el documento es engañoso.

Pese a la falsedad del documento, las acciones violentas del grupo armado ilegal siguen siendo una preocupación creciente en el Gobierno. “En materia de pie de fuerza, de herramientas tecnológicas y en vehículos. Incluso ha enviado refuerzos, pero no vemos que cesen las actividades por parte de estos grupos criminales”, comentó el gobernador de Bolívar.

Este atentado en San Pablo es solo uno de la una serie de eventos violentos que han afectado al departamento caribeño en el último año. La presencia de grupos armados y las actividades relacionadas con cultivos ilícitos están incrementando la tensión y la inseguridad en la región.

Ante la circunstancia, Arana manifestó: “Las investigaciones adelantadas por parte de la Fuerza Pública van dándonos mayores acercamientos en este sentido”. Mientras tanto, el ELN insiste en su mensaje de que el Gobierno debe cumplir con los puntos pactados en las conversaciones del diálogo de paz.