Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado de capitales y, en los últimos años, los cedears, las obligaciones negociables y las cauciones encabezaron el crecimiento de la plaza financiera local, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobresaliendo como el distrito con mayor porcentaje de inversores.

Así se desprende del último informe elaborado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Al cierre de mayo de 2026, el número de cuentas abiertas en Caja de Valores superó los 24,6 millones, lo que equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi un tercio de la población total del país. El incremento registrado desde 2018 alcanza el 1.967%, cifra que ilustra el salto en la participación ciudadana dentro del sistema financiero formal, que incluye las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

El documento indica que más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente. En el último año, el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847, lo que representa que 1 de cada 21 personas económicamente activas opera en la bolsa cada mes. Desde 2024, la actividad inversora se aceleró: la cantidad de operaciones mensuales aumentó 90%, y el volumen promedio negociado por cuenta subió 82 por ciento. El flujo de operaciones entre 2024 y 2025 creció 116% y, en lo que va de 2026, ya se negoció casi la mitad de ese total.

Los instrumentos más elegidos

En términos de instrumentos, el reporte señala que los Cedear, certificados que representas acciones de empresas que cotizan en el exterior y permiten comprarlas y venderlas en la Bolsa de Argentina, y las cauciones, préstamos bursátiles de corto plazo, fueron los segmentos con mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2018 y 2026, los Cedear aumentaron 12.328% y las cauciones 8.840 por ciento. Los títulos públicos y las obligaciones negociables también evidenciaron avances, con subas del 1.079% y 1.321%, respectivamente.

El estudio puntualiza que “el crecimiento más significativo de los Cedear se dio en 2019, con una suba de 369,3% respecto del año anterior”. Actualmente, más de un millón de personas mantienen posiciones en esta opción, siendo los instrumentos más operados aquellos vinculados a empresas como Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del que replica al S&P 500.

El ranking provincial

En cuanto a la distribución geográfica, el reporte muestra que la participación del interior del país crece año tras año. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes correspondía al interior, frente al 41% de 2023. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran el crecimiento fuera del área metropolitana. Córdoba, en particular, concentra el 20,3% de las cuentas en relación a su población económicamente activa, seguida por Santa Fe y Mendoza. “La federalización del mercado es uno de los procesos más notables del último trienio”, subrayaron desde BYMA.

El ranking de provincias por proporción de personas físicas inversoras lo encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 24,2%, seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. Córdoba destaca por registrar una cantidad de cuentas comitentes equivalente al 296% de su población económicamente activa, mientras que CABA alcanza el 258 por ciento.

El volumen diario promedio de negociación al cierre de mayo de 2026 llegó a USD 12.261 millones, lo que representa un aumento del 1.866% respecto a 2018. El informe subraya que entre 2024 y 2025 se dio el mayor salto, con un incremento del 158% en el volumen negociado.

El promedio diario de órdenes pasó de 7,6 millones en 2024 a 17,5 millones en 2026. Solo en mayo, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% mayor que el mismo mes del año anterior y el sistema procesó picos de más de 25 millones de órdenes en una jornada.

En el financiamiento empresarial, las obligaciones negociables representaron el 46% de los fondos obtenidos por empresas en el mercado de capitales entre enero y junio de 2026. Para las pymes, los pagarés y los cheques de pago diferido fueron instrumentos clave, con participaciones del 24% y 21% respectivamente. “Estas herramientas son fundamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, sostiene BYMA.

Por otra parte, la participación femenina en el mercado de capitales también presentó avances. Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representaban el 40% de la base total de inversores, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2023. El análisis señala que “el porcentaje de nuevas cuentas abiertas por mujeres creció 42,8% en comparación con mayo de 2025”.

¿El mercado argentino es chico?

Durante la presentación del informe, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ponderó ante la prensa el crecimiento del mercado de capitales en los últimos años y rechazó, de manera enfática, las voces que describen al mercado argentino como “chico” o poco profundo, como alguna vez mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo. En efecto, el titular de Hacienda impulsó la ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dentro de la reforma laboral, para darle mayor dinamismo a los flujos financieros y económicos.

“Yo creo que el mensaje del ministro está mucho más orientado a que hay espacio de oportunidad para hacerlo crecer. Y estoy de acuerdo. Lo que le falta al mercado de capitales argentino son inversores de largo plazo consolidados”, planteó Merlo.

¿Qué falta para que eso ocurra? “Grandes pools de liquidez que puedan ir nutriendo más la construcción, sobre todo cuando querés que se dinamice ese mercado primario donde las empresas vienen a buscar financiamiento", respondió.

Y agregó: “Desde esa perspectiva, el FAL será un gran valor sobre ese punto. Si en algún momento aparece una alternativa a lo que hoy es el FGS como gran jugador, también se van dando oportunidades para que esto redinamice. Pero decir que no hay mercado de capitales no es cierto”.

A modo ilustrativo, el titular de BYMA planteó que el interés inversor por los Bonares 2027 y 2028, que alcanzaron un nivel de emisión de USD 4.000 millones entre ambos, demuestra hasta qué punto el mercado da respuesta a este tipo de colocaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había reconocido que para mantener el superávit fiscal son necesarios mayores ingresos. En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para sostener el pilar central del programa económico y busca evitar tensiones en las cuentas públicas.

Entre las decisiones que van en esa línea, se cuentan la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la entrega de una canasta de letras capitalizables (Lecap) al PAMI como forma de asistencia financiera o el ajuste en la focalización de los subsidios al transporte. El objetivo común de estas decisiones fue blindar el equilibrio fiscal en un contexto de presión legislativa y volatilidad en la recaudación.

“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, aseguró Caputo en una entrevista con Economía de quincho.

Aunque en mayo la recaudación tributaria mostró un repunte tras nueve meses de caída en términos reales, impulsado en gran medida por la presentación de la declaración jurada de Ganancias de empresas, ese incremento resulta insuficiente. La fragilidad de los ingresos del Gobierno quedó en evidencia la semana pasada, cuando se postergó hasta el 1° de noviembre la entrada en vigencia del FAL, tal como anticipó Infobae.

Un informe de Facimex estimó que la postergación del fondo para pagar indemnizaciones generó un ahorro fiscal del 0,15% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto se trata de un compromiso que había asumido el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el último Staff Report se conoció que a los fines de alcanzar el superávit primario de cerca de 1,5%/PBI durante el 2026, Caputo podía llegar a tomar medidas complementarias entre ellas postergar la entrada en vigencia de la reforma laboral.

A su vez, el reporte de Facimex añadió que el Ejecutivo transfirió al PAMI una canasta de Lecap por $580.000 millones, equivalente al 0,05% del PBI. Y que tanto la postergación del FAL como el aporte financiero al PAMI vía Lecaps buscaron blindar el equilibrio fiscal, en un escenario donde la recaudación tributaria mostró un desempeño negativo: la recaudación cayó 4,9% interanual real en los primeros cinco meses del año y alcanzó mínimos desde 2009, cuando se excluye el atípico 2020.

No obstante, los desafíos fiscales de 2026 no se limitaron a la prórroga del FAL. Según el análisis en cuestión, las principales presiones provienen de los gastos vinculados a leyes aprobadas en el Congreso, especialmente el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Estas normativas, consideradas clave para la aprobación del Presupuesto 2026, implicaron un costo fiscal de 0,20% y 0,15% del PBI respectivamente, de acuerdo con estimaciones del FMI.

El mismo informe destacó que la eliminación de impuestos internos, que ya impactó en la recaudación de mayo, y la reciente baja de retenciones al campo que se oficializó la semana pasada, tienen un costo fiscal muy bajo que no superó en conjunto el 0,1% del PBI. Fue el propio ministro Caputo quien indicó que la baja de retenciones al sector agropecuario e industrial representó apenas USD 57 millones en 2026.

“Para este año proyectamos un superávit primario del 1,3% del PBI, donde excluimos los ingresos correspondientes a las privatizaciones (ya suman 0,14% del PBI entre las represas del Comahue y Citelec) que no cuentan para la meta fiscal acordada con el FMI, la cual contempla un superávit primario de 1,4% del PBI”, estimó Facimex.

La ayuda de mayo

En materia de ingresos, desde la consultora Invecq destacaron que en mayo el principal motor fue Ganancias DGI, que venía promediando 31% interanual en los meses previos (-1,4% real) y en mayo trepó a 71% (+28% real).

“Esta aceleración abrupta no se explicaría por una mejora estructural en la rentabilidad empresarial, sino por una baja base de comparación de las ganancias en 2024 (cubiertas mayormente con los anticipos mensuales) y por la habilitación a distribuir utilidades, que habría llevado a muchas empresas a adelantar o concentrar el pago del saldo de Ganancias para poder girar dividendos. También se destacó Bienes Personales (+46,5% i.a. real), aunque su peso sobre el total es muy acotado”, precisaron.

A la vez, los economistas de la firma advirtieron que depurado el efecto de Ganancias a sociedades, el panorama luce “significativamente más frío” ya que los tributos con mayor correlación con el nivel de actividad mostraron en mayo una performance negativa generalizada: “IVA DGI cayó -3,1% i.a. real —profundizando la caída promedio de -2% de meses anteriores—, créditos y débitos en cuenta corriente retrocedieron -3,7% i.a. real —retomando la baja tras dos meses de subas—, y contribuciones patronales anotaron -4,6% i.a. real —también por debajo del -3,7% promedio previo—“.

“En conjunto, el promedio de los tributos ligados a actividad se ubicó en -3,8% i.a. en mayo, profundizando la caída de -2,5% i.a. de los últimos tres meses. Este deterioro, por ahora, no compromete el superávit primario. Pero sí pone un límite claro a la posibilidad de bajar impuestos —uno de los ejes esperados de la reforma tributaria integral de 2026— y es parte de la explicación detrás del ajuste en las proyecciones del FMI, que recortó su estimación de superávit primario de 2,2% a 1,5% del PIB", acotaron.

En los próximos meses, la recaudación por Ganancias tendería a disminuir, ya que en julio corresponde actualizar tanto el Mínimo No Imponible como las deducciones según el Índice de Precios al Consumidor del primer semestre. En un contexto donde los salarios se mantienen por debajo de la inflación, una gran cantidad de trabajadores en relación de dependencia dejará de tributar este impuesto o lo hará con una alícuota menor.

Uno de los puntos clave de la reforma laboral, la aparición del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), los fondos para pagar indemnizaciones por despido, comienza a tomar forma. Esta semana, el Gobierno publicó el decreto reglamentario que trajo algunas certezas que el mercado financiero y las empresas estaban esperando. A la vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó a una reunión a las Alycs (Agentes de liquidación y compensación), que serán grandes protagonistas en la administración de los fondos y saldrán a captar empresas empleadoras de todos los tamaños para ingresar al negocio.

Se trata de una medida que, más allá de su impacto laboral, también puede modificar sustancialmente el mercado de capitales argentino creando un flujo de dinero nada despreciable: cada mes 550.000 empleadores de todos los tamaños aportarán una porción de los aportes de 6,2 millones de trabajadores privados.

Cinco interrogantes y cinco respuestas que pueden ayudar a entender el nuevo sistema que entrará en vigencia el 1° de noviembre, según fuentes consultadas por Infobae que participaron de esa reunión:

1) ¿Cómo va a funcionar el Fondo de Asistencia Social (FAL)?: Cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la ARCA y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL. El pago deberá hacerse con las cargas sociales, lo que se conoce como el formulario 931.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

2) ¿En qué activos se va a invertir el dinero? La regla central ya se fijó: los FAL estarán integrados exclusivamente por “instrumentos financieros o valores negociables” argentinos. Se estima que habrá depósitos, acciones, obligaciones negociables, bonos y otros activos, en pesos o en dólares, siempre que no sean extranjeros. Esta regla excluyó, por caso, a los Cedears.

Los FAL deben crearse específicamente a los fines de cumplir con la ley laboral. No se podrán mezclar con los fondos comunes de inversión ya existentes, aunque tendrán una estructura parecida. Muchos bancos y alycs están preparando una “familia de FAL”, con opciones de inversión más conservadoras o más riesgosas, a gusto de cada empresa y su perfil, del mismo modo que ya ofrecen una “familia de FCI” a todos sus clientes.

No se espera que se establezca un “menu de inversiones” o normas excesivamente estrictas acerca de qué porcentaje de cada FAL debe destinarse a cada activo, tal como ocurría, por caso, con las AFJPs. Prevalecerá un criterio de aplicar la mayor flexibilidad posible.

3) ¿Qué deben hacer los empleadores y para qué pueden usar el fondo? Deberán elegir un FAL, que le ofrecerán un banco o una alyc, y girar allí cada mes los aportes por sus empleados. No se podrá subdividir ese aporte: deberán depositar el 100% de ese dinero en una única entidad. Y habrá “portabilidad”, de manera que la empresa podrá llevarse su FAL de un banco a otro si le ofrece mejores condiciones. Habrá un límite de veces para cambiar, que aún no fue fijado.

El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

4) ¿Cuánto le costará el nuevo sistema a las empresas? Absolutamente nada. Las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, ingresarán al FAL el mismo dinero que hoy aportan a la Anses como parte de los aportes laborales, por lo que no habrá ningún costo extra. De ese aporte también surgirá la comisión para los bancos y alycs administradores, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

El modelo de un FAL exclusivo para una sola empresa será excepcional, solamente para grandes compañías que puedan aspirar a un fondo propio por su gran cantidad de trabajadores.

En el otro extremo, se abrirá un registro de alycs dispuestas a atender a pymes o micropymes con pocos empleados, de manera que todos los empleadores de la Argentina tendrán un FAL a su disposición.

5) ¿Qué regulaciones falta sancionar? El ministerio de Economía, según el artículo 11 del decreto conocido esta semana, deberá establecer los límites para la inversión de los fondos, con las características ya explicadas. En el mercado se estima que esa regulación será flexible, dejando el mayor grado de libertad posible para invertir cada fondo.

No se espera que haya un piso de liquidez al que los FAL deban ajustarse, para que de esa forma puedan responder ante la necesidad de cubrir indemnizaciones. Un detalle de la normativa es que el aporte al FAL es obligatorio, pero una empresa puede afrontar las indemnizaciones con su propia caja si evalúa, financieramente, que le conviene no tocar el FAL.

Una vez dictada esa norma pendiente de Economía llegarán otras, en algunos casos de carácter operativo, provenientes de la CNV, ARCA y la secretaría de Trabajo.

El lunes se publicaron en el Boletín Oficial varios decretos que reglamentan aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral. Las nuevas disposiciones modifican el esquema de indemnizaciones, tanto en la modalidad de pago como en la fórmula de cálculo, y también introducen cambios en la confección de los recibos de sueldo. Estas medidas se suman a otras ya definidas, como las vacaciones fraccionadas y la implementación del banco de horas.

Uno de los puntos centrales de la reforma laboral es el régimen de indemnizaciones, que ahora presenta novedades en su cálculo y en el costo para los empleadores. La iniciativa oficial contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que funciona como un seguro para afrontar el pago de las indemnizaciones.

Indemnizaciones: forma de pago y calculo

En cuanto al FAL, entrará en vigencia el 1° de noviembre, como había adelantado Infobae, y cada empleador debe abrir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El procedimiento incluye la generación de un identificador único, el “ID FAL”, y la selección de una entidad habilitada. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deriva las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente, integrando ese pago a la declaración unificada de la seguridad social.

El esquema establece la portabilidad de los fondos y garantiza la continuidad del sistema. Si el empleador omite informar el ID FAL durante un mes, la CNV asigna de oficio un fondo o fideicomiso. Las contribuciones mensuales, que resultan deducibles del impuesto a las Ganancias y habilitan una reducción equivalente en las contribuciones patronales a la seguridad social, solo pueden destinarse a instrumentos financieros y valores negociados en el mercado argentino. La comisión de administración tiene un tope del 1% anual sobre el total de los activos.

Cuando se produce una desvinculación laboral cubierta por el FAL, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica y la entidad habilitada verificará la información bancaria y registral antes de transferir el monto indemnizatorio a la cuenta del trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles. La responsabilidad sobre el cálculo de la indemnización recae sobre el empleador.

A pesar de los avances oficializados a comienzos de junio, las ALyCs aún esperan la reglamentación de la CNV, que definirá los lineamientos para la gestión y la operatoria de los fondos. Existen aspectos pendientes de definición, como el límite de inversión del FAL, que según el artículo 11 del Decreto quedará a cargo del Ministerio de Economía y se estima entre el 50% y el 75 por ciento.

La reforma laboral también modificó el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. La nueva ley establece que el monto se determina únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, dejando fuera el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), los proporcionales de vacaciones y todos los conceptos que no correspondan a pagos mensuales.

La cifra resultante de esa fórmula constituye la única reparación por la ruptura del vínculo laboral, sin sumas adicionales. En caso de demora o litigio, la actualización de los créditos laborales se ajusta por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual fijo del 3 por ciento.

Recibo de sueldo

El segundo gran cambio afecta la confección del recibo de sueldo. Con la publicación del 407/2026, este documento debe incluir un gráfico de torta que resume la composición total del costo laboral. El gráfico agrupa los rubros a cargo del empleador: sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras empresariales y otros, identificando cada uno con su porcentaje sobre el costo total. De esta manera, el comprobante de pago suma transparencia y permite que empleados y empleadores visualicen en un solo documento todos los conceptos que integran el costo laboral mensual.

La estructura del recibo de sueldo ahora se compone de cuatro secciones obligatorias. La primera contiene los datos del empleador y del trabajador, como CUIT, CUIL, fecha de ingreso, antigüedad, categoría y cargas sociales. La segunda detalla todas las contribuciones y conceptos abonados. La tercera expone el monto bruto, la forma en que se determina y cada deducción aplicada. La cuarta sección informa el monto final que el empleado cobra como remuneración neta.

Vacaciones pagas y banco de horas

El tercer aspecto de la reforma incluye las vacaciones fraccionadas y el régimen de licencias. La nueva legislación establece que las vacaciones deben otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque empleadores y empleados pueden acordar un inicio fuera de ese período. La notificación debe realizarse por escrito con al menos 30 días de anticipación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo. Además, se permite fraccionar las vacaciones, siempre que cada tramo tenga un mínimo de siete días corridos.

Cuando la organización de las vacaciones se realiza por sectores o grupos dentro de una empresa, el empleador debe asegurar que cada trabajador goce de su licencia durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Otra de las medidas vigentes apunta a dar mayor flexibilidad laboral mediante el banco de horas. Esta herramienta autoriza que empleadores y trabajadores acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, bajo registro y dentro de límites definidos.

Los acuerdos pueden prever horas extras, banco de horas o francos compensatorios, y deben respetar los descansos mínimos legales de 12 horas para proteger la salud del trabajador. También pueden formalizarse con intervención sindical. El esquema permite alternar jornadas más extensas con otras más breves, siempre dentro de los topes semanales establecidos por la ley o el convenio colectivo.

Licencias por receta digital

Otro de los puntos clave incluidos en la reglamentación corresponde a las licencias médicas laborales previstas en el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, las licencias deberán instrumentarse obligatoriamente mediante receta digital, con el objetivo de “dar trazabilidad al diagnóstico y evitar cualquier tipo de duda”. La regulación también incorpora la posibilidad de recurrir a una junta médica cuando existan discrepancias entre las partes respecto de la situación planteada.

Cambios en convenios colectivos

A su vez, Sturzenegger destacó que la Ley 27.802 puso fin a la ultraactividad de los convenios colectivos y obliga a renegociar aquellos acuerdos que se encuentren vencidos. Según explicó, para los convenios vencidos dejaron de tener vigencia las cláusulas obligacionales. Entre ellas, las disposiciones vinculadas a descuentos sobre salarios o aportes compulsivos realizados por empleadores en favor de entidades empresarias. “Para los convenios vencidos todas sus cláusulas obligacionales cayeron el 6/3”, afirmó.

También señaló que “no serán exigibles en ningún contexto cláusulas que impongan aportes compulsivos a los empleadores, con destino a cámaras a las que no estén afiliados”. En el caso de convenios aún vigentes, la reglamentación establece límites para esas contribuciones. Las cláusulas obligacionales no podrán superar el 2% para los trabajadores y el 0,5% para los empleadores, tomando como referencia el salario mínimo de convenio. Asimismo, indicó que no se homologarán convenios que excedan esos porcentajes.

El Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir el 1° de noviembre y funcionará como un “seguro” para los empleadores ante eventuales pagos de indemnizaciones, además de apuntalar el desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, en el sector advierten que aún resta una decisión clave del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el límite de inversión permitido y la definición de aspectos operativos por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial a comienzos de semana, dejó algunos puntos sin precisar. El artículo 11, referido a las políticas de inversión, señala que las entidades habilitadas deberán ajustarse a los límites que establezca el Ministerio de Economía según la Ley N° 27.802, aunque esos parámetros todavía no fueron definidos.

Según fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda consultadas por Infobae, la intención es asegurar la mayor liquidez posible en los fondos, pero la decisión final aún no esta tomada. “Es un límite de lo que podés hacer. La idea es que el fondo sea lo más líquido posible porque si no tenés que pagar una indemnización y no te vas a poder hacer del dinero”, sintetizaron desde Economía.

Además, los Agentes de Compensación y Liquidación (ALyCs) mantienen la expectativa puesta en los criterios y procedimientos que deberá definir y publicar la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Necesitamos que la CNV nos diga cuál es el trámite para la aprobación de un fondo FAL, cuál es el reglamento de gestión base, en qué activos vamos a poder invertir y en cuáles no, cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser la declaración jurada que va a tener que recibir el Fondo”, describió otra fuente consultada en off the record.

Ante consultas previas de Infobae sobre el avance de la reglamentación, fuentes oficiales de la CNV señalaron que estaban a la espera de la publicación del decreto presidencial. Tras la oficialización de este lunes, el organismo que encabeza Roberto Silva ya cuenta con el marco necesario para avanzar.

La letra chica que si se definió

Hasta ahora, el Decreto 408/2026 estableció que el FAL será exclusivo para empleadores del sector privado, excluyendo las relaciones laborales no alcanzadas por la ley y dejando fuera al sector público. La normativa dispone que cada empleador deberá abrir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomiso financiero habilitado por la CNV, donde se canalizarán los aportes mensuales. Solo accederán a la cobertura los trabajadores registrados de manera formal y continua durante al menos los doce meses previos a la desvinculación.

El procedimiento prevé que el empleador seleccione una entidad habilitada, abra la cuenta correspondiente y reciba un identificador único, el “ID FAL”. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será responsable de transferir las contribuciones mensuales a la cuenta respectiva, integrando ese pago a la declaración unificada de la seguridad social. Si la empresa omite informar el “ID FAL” durante un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso, garantizando la portabilidad y la continuidad del sistema.

En la práctica, las empresas deberán informar el ID FAL para que ARCA pueda cruzar la información y procesar el pago junto con la declaración unificada de seguridad social. Si no cumplen en tiempo y forma, la CNV tomará la administración del fondo de manera automática, asegurando la continuidad operativa y la portabilidad de los recursos depositados.

La administración de los fondos tendrá un tope de comisión del 1% anual sobre los activos y las inversiones solo podrán destinarse a instrumentos financieros y valores negociados en el mercado argentino. “No pueden tomar riesgos innecesarios, como invertir en empresas del exterior. Además, deben ser productos con liquidez porque, si se produce una estampida de despidos, hay que cubrir el fondo y vender instrumentos con liquidez en el mercado argentino”, explicó una voz autorizada del mercado.

El circuito para el pago de indemnizaciones se apoya en la presentación de una declaración jurada electrónica por parte del empleador, que asume la responsabilidad por el cálculo indemnizatorio. La entidad habilitada verifica los datos bancarios y registrales del trabajador y transfiere los fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Además, el sistema contempla la posibilidad de migrar los fondos a otra entidad habilitada y establece reglas claras para la transferencia de cuentas en casos de reorganización societaria, cesión de personal o transferencia de establecimientos.

En caso de disolución o extinción de la cuenta, los recursos solo podrán volver al empleador si no existen contingencias laborales pendientes y tras verificación de todas las autoridades competentes. El decreto implementó sanciones económicas para los empleadores que no cumplan con sus obligaciones, permitiendo que ARCA ejecute el cobro fiscalmente y destinando los ingresos por sanciones a los subsistemas de la seguridad social. Las cuentas del FAL quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios y el intercambio de datos entre organismos contará con garantías de confidencialidad y seguridad.

A pesar de los avances que se conocieron este lunes, que tomaron por sorpresa a varios, en sector privado aún espera definiciones sobre los límites de inversión y el procedimiento específico que debe instrumentar la CNV, la reglamentación avanza en la formalización del sistema y la asignación de responsabilidades. Los actores del mercado aguardan los próximos pasos regulatorios para conocer en detalle los instrumentos habilitados y los trámites de aprobación.

A días de la fecha original que había sido fijada para su puesta en marcha, el Gobierno dejo trascender que demoraría la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el fondo creado con la Ley de Modernización Laboral y orientado a abaratar las indemnizaciones del sector privado, en un contexto de caída de la recaudación y presiones adicionales sobre el superávit fiscal. Frente a ello, en el Ministerio de Economía estiman que entrará en vigencia en el último trimestre del año, una posibilidad que habilita la Ley, pero que va a en contra al entusiasmo que tenía el sector privado por tener un “seguro” para el pago de de los costos de desvinculación.

La ley de reforma laboral estableció que el FAL debía comenzar a regir el 1° de junio próximo. Sin embargo, existía la posibilidad de prorrogar la implementación hasta seis meses, es decir, hasta el 1° de diciembre de 2026. Ante la proximidad de la fecha original, la semana pasada, fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que la se postergaría la entrada en vigencia sin dar mayores detalles.

Según pudo saber ahora Infobae con fuentes del Palacio de Hacienda, el FAL entrará en vigencia en octubre, a mas tardar noviembre. Pese a la demora en la agenda del ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa sigue teniendo un un rol central. “No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos. Con los últimos anuncios que hemos hecho con el presidente de la baja de retenciones al campo y a la industria y con la implementación del FAL vamos a estar cerca de los 3 puntos de Producto Bruto Interno (PBI) en baja de impuestos”, aseguró durante su discurso en el Latam Economic Forum 2026.

La decisión del Gobierno de postergar la implementación del FAL se debe entender en el estado en que se encuentran las cuentas públicas: a abril, las recaudación acumula nueve meses de baja consecutivas en términos reales. Lo que responde a la eliminación o disminución de impuestos, pero sobretodo al nivel de actividad. Esta situación supone mayores presiones sobre el superávit primario, el pilar de programa económico.

Y la entrada en vigencia del FAL implicaba una menor recaudación para el estado. Es que la ley determina que las empresas que decidan deben realizar una contribución mensual para constituir el fondo: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pyme) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción equivalente en las contribuciones patronales.

Aunque la demora también pasa por los avances en la reglamentación. Según pudo saber Infobae, existieron reuniones entre un miembro de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la implementación del FAL. Quienes participaron por parte de las ALyCs a estos encuentros manifestaron su sorpresa falta de definiciones concretas del fisco nacional sobre todo de cómo sería la operatoria de las contribuciones y los descuentos patronales.

Ante reiteradas consulta de Infobae a la fuentes oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la respuesta siempre fue que para avanzar en la reglamentación debían esperar la publicación del decreto por parte de presidencia. Aunque existieron reuniones por parte del presidencia, Roberto Silva con alrededor de 70 actores del mercado de capitales y representantes de cámaras.

Ajustes adicionales

La postergación del FAL se enmarca en las negociaciones que llevó a cabo el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del acuerdo. En el último informe staff report, el organismo expuso que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional para alcanzar el objetivo de superávit fiscal primario de cerca de 1,5%/PBI este año.

Pero en el documento, el FMI tambien reveló el equipo económico se comprometió a adoptar medidas adicionales para resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, además de diferir la reforma laboral, el fortalecimiento de impuestos especiales (0,10% del PBI) y la mejora en la focalización de subsidios al transporte (0,10% del PBI).

La postergación de la entrada en vigencia del FAL ocurre en un contexto de negociaciones con el FMI y de ajustes en la política fiscal. El cronograma previsto por el Ministerio de Economía apunta a que el FAL comience a aplicarse entre octubre y noviembre. El ministro Caputo tenía particular interés de que se implemente el FAL sobre todo como un mecanismo que fomente el desarrollo del mercado de capitales local. Aunque la realidad es que de cara al próximo vencimiento de julio por USD 4.200 millones, ya logró colocar USD 2.000 millones con el Bonar 2027 y le queda un resto con el Bonar 2028. Ademas de que con las garantías con organismo internacionales contaría con dólares de más para cubrir el compromiso.

La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.

En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.

Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.

La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.

Las demoras en la reglamentación

La reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.

Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.

Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.

En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.

La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.

Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.

La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.

Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.

El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.

Una implementación parcial de la reforma laboral

Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.

Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.

La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.

Por el momento, el Ejecutivo no difundió el nuevo cronograma previsto para avanzar con la implementación, aunque se daría en el segundo semestre. Con la confirmación oficial de que no comenzará a regir en junio, el FAL suma un nuevo capítulo de incertidumbre dentro del proceso de aplicación de la reforma laboral.

Aunque aún falta la reglamentación, las expectativas en el mercado y las empresas por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) son altas. Se trata de un mecanismo destinado a cambiar la forma en que se financian contingencias, como indemnizaciones por despido o eventuales juicios, al introducir un sistema de reservas, inajenable e inembargable, constituido con aportes periódicos de los empleadores.

La entrada en vigencia del FAL está prevista para el 1° de julio, pero al igual que otras disposiciones de la reforma laboral está frenada en la Justicia. Por otra parte, aún está pendiente su reglamentación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la que deberá determinar aspectos sustanciales de su funcionamiento.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), es un instrumento que contribuirá a la mejora del balance de las empresas, incrementando su activo, y a las actividades del mercado de capitales argentino. De acuerdo a AXIS, la administradora de fondos comunes de inversión del Grupo MAV Mercado Argentino de Valores, el flujo de recursos esperado hacia el FAL es de gran magnitud.

Cabe recordar que la normativa establece una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial para las grandes empresas. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), la alícuota asciende al 2,5%. El aporte se determina sobre la misma base imponible que las contribuciones patronales al sistema previsional.

En detalle, el sector privado registrado reúne aproximadamente 6,2 millones de trabajadores, con un salario bruto promedio cercano a $2.150.000. En conjunto, esto implica una masa salarial estimada en $13,3 billones. La estructura del empleo se distribuye en un 35% en grandes empresas y un 65% en MiPyMEs.

Sobre esta base, la aplicación de alícuotas del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs permitiría generar un flujo mensual estimado de alrededor de $263.268 millones, equivalente a aproximadamente USD 2.179 millones anuales.

Así, ese monto se canalizará hacia instrumentos financieros locales, a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.

La reglamentación deberá definir, entre otros aspectos, la política de inversión. Se prevé que el 80% de las carteras se destine a títulos soberanos y que no se permitirá invertir en instrumentos como los CEDEARs, una decisión que responde a criterios prudenciales.

Dentro de ese universo, la normativa debería dar margen a los gestores para estructurar carteras eficientes en términos de rendimiento y duration.

En este marco, la BCR señaló: “Los Fondos de Asistencia Laboral pueden entenderse como nuevos instrumentos con potencial impacto sobre el mercado de capitales. Dado que los fondos acumulados pueden ser administrados e invertidos bajo ciertas condiciones, su implementación podría generar un aumento en la disponibilidad de recursos financieros de largo plazo”.

De este modo, las empresas dejan de efectuar un aporte de carácter tributario y pasan a canalizar esos recursos hacia fondos de afectación específica, contribuyendo a incrementar la liquidez del mercado de capitales argentino.

“Los rendimientos, intereses o cualquier otra renta derivada de los fondos estarán eximidos del Impuesto a las Ganancias y ninguno de los conceptos relativos al fondo estará gravado con IVA. Hasta tanto entre en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral, los empleadores deberán continuar abonando las alícuotas establecidas en el régimen de contribuciones patronales, sin la reducción prevista para su aporte a los FAL”, agregó la BCR.

Desde el lado empresarial, sostiene el informe, dicho cambio impacta en la estructura de costos laborales. Por un lado, aporta mayor previsibilidad, ya que el empleador sustituye un pasivo contingente —como la indemnización por despido— por un esquema de aportes mensuales conocidos, destinados a cubrir esa eventualidad.

Por otro lado, la modificación normativa incide en el flujo de caja, al permitir la acumulación de recursos —ya sea dentro de la empresa o en vehículos administrados bajo regulación específica— en lugar de afrontar desembolsos elevados en momentos puntuales.

Igualmente, la suspensión judicial de una parte significativa de la reforma laboral postergó la entrada en vigor del FAL. “Esta situación introduce un elemento adicional en la evaluación del régimen, ya que su efectividad dependerá no solo de su diseño teórico, sino también de la claridad regulatoria y la estabilidad normativa en el tiempo”, concluyó la BCR.

El sector financiero se prepara para lo que podría ser el cambio más sustancial para el mercado de capitales argentino en mucho tiempo: la aparición de los FAL (Fondo de Asistencia Laboral), el nuevo mecanismo por el que todas las empresas del país deberán financiar un fondo para pagar indemnizaciones por despido para su personal, tal como lo dispuso la reforma laboral. Algunos lo esperan como una revolución que traerá entre USD 2.000 y USD 3.000 millones por año a la torta de las inversiones financieras. Otros advierten que la clave del éxito del sistema está en la reglamentación, aún pendiente, que deberá decidir algunas cuestiones claves que pueden definir la suerte del negocio.

Según la reciente ley, los FAL debieran entrar en funcionamiento el próximo 1° de julio, pero al día de hoy el esquema está frenado en la justicia, al igual que otras disposiciones de la reforma laboral. No se descarta que esa fecha sea postergada. La reglamentación respectiva, en manos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), todavía está en una etapa preliminar.

Pero los agentes de Bolsa (Alyc) y los bancos no se quedan quietos porque lo que viene es importante. Todas las empresas, desde un kiosco con 3 empleados hasta una cadena de supermercados con 15.000, deberán armar un FAL destinando el 2,5% de la masa salarial, en el caso de las pymes, o el 1% en el de las grandes empresas.

Matías Salcedo, Head de Financiamiento de Cohen, sostuvo que “si bien aún falta reglamentar las posibilidades de inversión de los FALs, su implementación podría generar una revolución en el mercado de capitales, que aumentaría año tras año”. Salcedo remarcó que el impacto “se vería especialmente pasado los primeros ejercicios, cuando los fondos comiencen a crecer”.

Desde el equipo de Puente aseguran que la aparición de los FAL representa “una innovación relevante en el sistema laboral y mercado de capitales argentino”. Y que su éxito consistirá, por un lado, en mejorar la previsibilidad y eficiencia para los empleadores, y por otro, preservar la finalidad protectora del sistema laboral.

Sin costo adicional

Primer punto clave: para las empresas el nuevo sistema tiene costo 0. Ese porcentaje que aportarán a un FAL es el mismo que antes aportaban a Anses como parte de las contribuciones patronales. Por ello, las empresas deberán elegir un prestador para que administre ese fondo que utilizarán cuando tengan que despedir personal e indemnizarlo. Pero no deberán poner más dinero del que ya ponen hoy.

Desde el punto de vista comercial, se espera que las Alyc apunten a captar a los grandes empleadores, a cuyos CFO saldrán a tentar con rendimientos altos. En cambio, las pymes o comercios seguramente se vuelquen a lo que ofrecerán los bancos, como un servicio más dentro del mismo paquete que incluye las cuentas sueldo u otras prestaciones.

La reglamentación deberá definir tanto cuestiones operativas como financieras. Entre las primeras, en el mercado hay dudas sobre cómo será el circuito para pagarle al trabajador despedido, quién estará a cargo de esa liquidación. También sobre el modo de cobro: ¿el empleador le pagará al FAL o debe pagarle a ARCA?

Otro tema operativo pendiente es que para muchos no está claro cómo será el FAL para las mipymes: la ley habla de un FAL por empresa, pero es inviable generar los costos de armado del Fondo para un comercio que tiene 5 empleados. Se espera que la reglamentación habilite juntar muchas de esas empresas en un mismo FAL.

También deberá definirse como funcionará la portabilidad del FAL, es decir, que una empresas que tenga su fondo administrado en una banco o en una alyc pueda llevárselo a otra entidad que le ofrezca mejores condiciones.

En lo financiero, la expectativa es alta y por eso tiene tanto valor la reglamentación que viene. Para Nazareno Taus, Portfolio Manager de Cocos, y Sofía Bishop, responsable comercial de FCI en la misma compañía, los FAL son “una reforma estructural” que pondrá por primera vez una porción significativa de la masa salarial privada —que el propio Gobierno estima entre USD 3.000 y USD 5.000 millones por año— en instrumentos financieros locales, bajo la forma de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.

Para los expertos de Cocos, las dos cuestiones más determinantes que deberá definir la reglamentación son la política de inversión y la política de liquidez. Sobre el universo de inversión, estimaron que el 80% de las carteras deberá asignarse a títulos soberanos y que no se autorizará la inversión en instrumentos como CEDEARs, algo que consideran que tiene sentido desde el punto de vista prudencial. “Dentro de ese universo, la reglamentación debe permitir que los gestores construyan carteras eficientes en términos de rendimiento y duration”, agregaron.

El aspecto más delicado, según los ejecutivos de Cocos, es la política de liquidez. “Una indemnización se paga en días, no en meses. Si la norma fija un piso de liquidez muy alto —digamos, 50% en instrumentos T+0— neutraliza buena parte del rol transformador del FAL y lo convierte en otro money market vestido de largo plazo. Si lo fija muy bajo, expone al administrador a vender mal en momentos de estrés”, explicaron.

En ese sentido, los expertos consultados por Infobae coincidieron en que la reglamentación debe equilibrar la necesidad de liquidez rápida para el pago de indemnizaciones con el objetivo de canalizar el ahorro hacia instrumentos que permitan mayor rentabilidad y financiamiento de largo plazo para la economía real.

Cuánto dinero representarán los FAL

¿De cuánto estamos hablando? Las estimaciones varían, pero desde el Gobierno deslizan que el FAL aportará en su primer año más de USD 3.000 millones, considerando que la ley dispuso que los primeros 6 meses el dinero depositado no podrá utilizarse, de manera de armar un masa crítica. Aunque los analistas advierten que el número final puede ser más alto, en base al ritmo de implementación, la resolución judicial pendiente y la velocidad de la reglamentación.

En AdCap estiman que si el esquema entra en vigencia en julio, como está previsto, en mayo de 2027 los FAL alcanzarán en tamaño a los FCI de Cobertura CER y terminarán 2027 representando el 32% de los FCI administrados de Renta Fija en Pesos.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, consideró que la implementación del FAL trae de regreso un actor ausente en el mercado hace más de una década: el inversor institucional de largo plazo. Recordó que tras la desaparición de las AFJP en 2008, en simultáneo con la crisis subprime, el mercado argentino quedó enfocado casi exclusivamente en liquidez de corto plazo y cobertura frente a inflación o devaluación.

Ese mercado reducido al corto plazo “generó un descalce entre el ahorro y las necesidades de financiamiento de la economía real, que son de largo plazo”, explicó Casabal. Remarcó que uno de los puntos a definir es si el esquema contempla la creación de fondos específicos por empresa o si se usarán únicamente los fondos comunes de inversión ya existentes.

“Falta definición sobre los activos elegibles: falta aclarar si se pueden estructurar soluciones a través de fondos fiduciarios o se pueden utilizar otros, como Bonos del Tesoro local”, señaló el especialista de AdCap.

Salcedo, de Cohen, destacó que en caso de que se habilite la suscripción a diversos instrumentos de deuda corporativa “eso se traduciría también en un incremento de las emisiones y en una disminución de las tasas de financiamiento de las empresas”. Además, subrayó que la elección de la sociedad gerente que administre el FAL debería ser una decisión de los CFO de las compañías. “Al ser fondos que invertirán en instrumentos de mercado, se deberá realizar un análisis sobre que activos adquirir teniendo en cuenta riesgos, plazos y tasas”, detalló.

Otro impacto de la aparición de estos fondos tanto para el mercado de capitales como para las empresas que los aportan, explicaron en el equipo de Puente, es que ese dinero “gozará de protección patrimonial, recibirán una gestión profesional y se canalizarán hacia instrumentos como títulos públicos y otros valores negociables, generando un flujo sostenido de inversión”. Eso se reflejaría en mayor liquidez, profundidad y volumen en el mercado local.

En Puente señalaron que la ley estableció los lineamientos generales pero que la reglamentación “deberá ahondar sobre aspectos de su implementación, por ejemplo: régimen de inversión de los fondos, criterios de elegibilidad de activos, límites de riesgo y diversificación, gobernanza y supervisión —como el rol de la CNV y requerimientos a administradores—, y portabilidad y mecanismos de rescate”. Este último punto es clave. Si una empresa aporta durante años a ese fondo y no debe pagar indemnizaciones, ¿puede retirarlos?

Similar a un FCI

Damián Zuzek, Director de SBS Asset Management, explicó que el sistema funcionará de manera similar a un Fondo Común de Inversión (FCI), donde cada empleador elegirá un FAL en el que se acumularán sus aportes mensuales. “Estos fondos buscan capitalizar el ahorro mediante una gestión profesional de activos”, señaló Zuzek. Así, en el momento de una desvinculación, el empleador podrá optar por pagar la indemnización con recursos propios —como hasta ahora— o utilizar los saldos acumulados en su cuenta del FAL, total o parcialmente.

De acuerdo a Zuzek, aún falta definir la reglamentación sobre los activos autorizados para las carteras de los FAL. “El rendimiento neto mínimo esperable para estos productos debería, como mínimo, equiparar la inflación”, afirmó el directivo, quien agregó que lo esperable es que haya foco en activos locales con sesgo a instrumentos en pesos ajustados por capital.

Los cálculos de Grupo SBS son más conservadores y esperan un aporte a los FAL entre USD 1.600 y USD 1.900 millones durante el primer año. Ese monto dependerá principalmente de los aportes mensuales y del uso que hagan los empleadores de los fondos al momento de abonar indemnizaciones. Zuzek remarcó que la clave del saldo final al cierre de cada año estará menos en los ingresos y más en la porción de obligaciones que los empleadores decidan cubrir con recursos del FAL.

Transformar un costo en oportunidad: la lógica detrás del FAL. ¿Cuánto le costaría a tu empresa afrontar hoy una desvinculación? Es una pregunta que pocos empleadores pueden responder con precisión, porque se trata de un pasivo incierto por naturaleza.

Lo que pocos saben es que, a partir del 1 de junio de 2026, una parte de lo que hoy se paga en contribuciones patronales comenzará a acumularse en un fondo a nombre de la propia empresa. Este fondo genera rendimientos y queda disponible para cubrir el costo de eventuales despidos. Eso es el Fondo de Asistencia Laboral.

Comprender su funcionamiento puede incidir directamente en la planificación financiera de cualquier organización.

Qué cambia y qué no

La Ley 27.802 crea un régimen obligatorio mediante el cual los empleadores destinarán un porcentaje de sus contribuciones patronales al FAL: 1% para grandes empresas y 2,5% para pyme. Ese capital se constituye como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica: solo puede usarse para el pago de indemnizaciones laborales.

La ley prevé una reducción equivalente en las contribuciones patronales para compensar el aporte: la carga total no varía

Es importante aclarar -y aquí radica el principal motivo de confusión- que esto no implica un costo adicional. La ley prevé una reducción equivalente en las contribuciones patronales para compensar el aporte: la carga total no varía, simplemente cambia el destino de una parte de ese flujo. Lo que antes se destinaba en su totalidad a Anses, ahora pasa a trabajar para la propia empresa.

Herramienta de planificación, no solo de cumplimiento

El FAL cubre las principales contingencias laborales: despido sin causa, preaviso, integración del mes de despido, incapacidad laboral, fuerza mayor, fallecimiento y mutuo acuerdo. En todos los casos, aplica para trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad.

Al margen de la cobertura, el FAL permite modificar la lógica de gestión del pasivo laboral. Actualmente, una desvinculación implica un egreso de caja inmediato e impredecible. Con el fondo constituido, esa obligación está provisionada, genera rendimientos en el tiempo y reduce la incertidumbre financiera ante reestructuraciones.

Ventajas fiscales

Los rendimientos del fondo están exentos del Impuesto a las Ganancias y no están alcanzados por IVA. En un entorno donde la tasa de interés en pesos sigue siendo elevada en el equivalente en dólares, el capital acumulado crece con una eficiencia que pocas alternativas de inversión corporativa pueden igualar.

La ley también habilita aportes voluntarios adicionales por encima de la contribución obligatoria. Esto permite agilizar la constitución del fondo y fortalecer la cobertura para empresas con nóminas más expuestas.

El dato que le da dimensión al fenómeno

Además de sus efectos en cada empresa, el FAL tiene una lectura macroeconómica relevante. La implementación del régimen implicará el ingreso de un flujo nuevo y recurrente estimado en torno a USD 2.000 millones anuales al mercado de capitales argentino.

Se trata de una masa de recursos de origen sistémico y carácter permanente, con uso potencial para mejorar la liquidez y la profundidad de un mercado históricamente deficitario en estos aspectos.

La implementación del régimen implicará el ingreso de un flujo nuevo y recurrente estimado en torno a USD 2.000 millones anuales al mercado de capitales

La ventana es corta

La vigencia arranca el 1 de junio de 2026 y la adhesión es obligatoria. Las empresas deberán elegir un administrador autorizado por la Comisión Nacional de Valores, el ente regulador del mercado de capitales argentino. Tomar esa decisión con tiempo y asesoramiento adecuado puede incidir tanto en las condiciones que se obtienen como en la estrategia de constitución del fondo.

El pasivo laboral siempre existió. La novedad es que, por primera vez, hay un instrumento que transforma ese riesgo en un recurso disponible para las organizaciones.

El autor es CEO, IEB Fondos de Inversión

En medio del debate por la reciente reforma laboral, un relevamiento privado concluyó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) permitirá a las pymes reunir en seis meses fondos suficientes para cubrir hasta seis sueldos promedio de indemnización.

Según un informe de la consultora PMP, el FAL aparece como una alternativa para uno de los principales desafíos de las pymes: afrontar indemnizaciones sin afectar el capital operativo, lo que mejora la previsibilidad y reduce el impacto financiero de estos eventos. El esquema prevé que la empresa destine mensualmente el 2,5% de su masa salarial a un fondo administrado por una entidad externa.

La capacidad de acumulación del FAL varía en función de la nómina de empleados y el nivel de aportes. Por ejemplo, una pyme de 20 trabajadores con sueldos promedio de $2.000.000 podría reunir en seis meses fondos equivalentes a tres sueldos de indemnización y, al cabo de un año, ese monto ascendería a 5,6 sueldos.

Si la empresa cuenta con 40 empleados, en seis meses alcanzaría para cubrir 5,9 sueldos y en un año, 11,2. En el caso de una pyme de 75 personas, el fondo permitiría afrontar 11,1 sueldos promedio de indemnización en seis meses y hasta 20,9 en un año.

En tanto, para una gran empresa de 1.000 empleados, la acumulación sería aún más significativa: el FAL permitiría cubrir 59,1 sueldos en seis meses y 114,3 en un año, aunque en este caso la contribución es del 1% de la masa salarial.

De acuerdo con la normativa vigente, el Fondo de Asistencia Laboral es optativo, inembargable, exento del impuesto a las ganancias; además, su saldo solo puede transferirse con los trabajadores en caso de venta o cesión de la empresa. A su vez, la cobertura de indemnizaciones mediante el FAL puede ser total o parcial, lo que permite al empleador complementar con flujos propios según cada situación.

La reciente reforma laboral, promulgada a través de la Ley 27.802 y oficializada el pasado 6 de marzo, otorga a las pymes otras dos herramientas clave para la planificación y crecimiento formal: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), reglamentado justamente este lunes. En conjunto, estos instrumentos conforman un esquema orientado a la previsión, el ahorro y la expansión productiva.

El FAL acelera la capitalización indemnizatoria para pymes

Juan Pablo Perojo, director de PMP, analizó que el FAL representa “la opción más viable para darle resultados rápidos en términos de previsión a las pymes para poder enfrentar futuros problemas frente al pago de indemnizaciones”.

En este sentido, Perojo señaló que el FAL no incentiva despidos sino que funciona como un fondo de previsión: “El problema de las pymes argentinas no es que quieran retener empleados sin razón, sino que cuando la situación se complica, el costo indemnizatorio las deja sin aire, complicando el status de todo el personal por la desvinculación de un solo empleado”.

Según la consultora, los efectos financieros pueden verse en plazos de entre tres y seis meses, lo que permite a las empresas iniciar un proceso de capitalización y reducir su exposición a contingencias laborales. El estudio también estimó que, combinando el FAL con el RIFL —herramienta para promover la regularización laboral—, una pyme podría pagar 7,5% en contribuciones, frente al 18% habitual, lo que implica un ahorro del 58 por ciento.

RIFL y RIMI, incentivos para empleo e inversión con beneficios fiscales

Dentro de la reforma también se incluyó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta orientada a facilitar la incorporación de trabajadores registrados.

El RIFL es voluntario y supone la reducción de contribuciones patronales durante un periodo de 48 meses, para empleados que se incorporen entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones: estar desempleados al menos seis meses, haber sido monotributistas, no haber tenido relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025 o que su último empleo haya sido estatal.

El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) completa el esquema. Está dirigido a empresas de hasta mediana tramo 2 y ofrece beneficios fiscales para inversiones productivas en los primeros dos años. Los montos mínimos para acogerse varían entre USD 150.000 para microempresas y USD 9 millones para medianas tramo 2.

El régimen, cuya reglamentación se publicó este lunes en el Boletín Oficial, tiene como objetivo final estimular las inversiones de mediana escala para potenciar la competitividad, el desarrollo económico y la creación de empleo en el país. A su vez, está orientado a fortalecer las cadenas de valor, incrementar las exportaciones y consolidar el crecimiento sostenible de los sectores productivos argentinos.

El frente judicial y los desafíos de la reforma

Tras su aprobación definitiva en el Congreso el 27 de febrero, la nueva ley laboral quedó rápidamente atravesada por una disputa judicial que frenó parte de su implementación.

A fines de marzo, una cautelar impulsada por la CGT suspendió 82 artículos vinculados a indemnizaciones, teletrabajo, negociación colectiva y nuevas modalidades laborales, entre otros puntos. El fallo fue dictado por el juez Raúl Ojeda y luego apelado por la Procuración del Tesoro, que advirtió sobre la “gravedad institucional” de la medida y cuestionó que la central sindical pueda representar a todo el universo de trabajadores.

En abril, la jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la causa debe tramitar en la justicia federal y no en el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión implica un cambio de ámbito clave para el tratamiento del caso.

La CGT —representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo— sostiene que varios artículos de la ley afectan derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales, en particular en temas como la progresividad de derechos, la protección sindical y el acceso a la justicia.

Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado, planteó que se trata de una discusión de derecho público y que, por lo tanto, debe resolverse en el fuero contencioso administrativo federal.

En esa línea, la jueza entendió que el eje del conflicto está en la validez de una reforma impulsada por el Estado y no en un reclamo laboral individual, por lo que definió que la causa seguirá en la justicia federal.

Aunque la reforma laboral fue aprobada a fines de febrero, aún falta la reglamentación de instrumentos clave como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a las empresas —sobre todo a las pequeñas y medianas— ante eventuales despidos y con ello, reducir la litigiosidad. La normativa vigente establece que el FAL debe estar operativo en junio y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja contrarreloj para definir sus parámetros, mientras que en las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) persiste la preocupación por la falta de definiciones concretas.

El Fondo de Asistencia Laboral será el vehículo para canalizar los aportes empresariales destinados a cubrir indemnizaciones, con el objetivo de disminuir la litigiosidad laboral y fortalecer el mercado de capitales local. Según la Ley 27.082, el esquema debe estar disponible a mediados de 2026. Sin embargo, fuentes del sector advirtieron que aún existen aspectos operativos y normativos pendientes de resolución.

La semana pasada, el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, encabezó una reunión para analizar la futura reglamentación del FAL, junto a los gerentes de Fideicomisos Financieros, Silvina Dimateo, y de Fondos Comunes de Inversión, Carlos Terribile. Participaron también la vicepresidenta, Sonia Salvatierra, y los directores Laura Herbón y Manuel Calderón. Del encuentro formaron parte representantes de fondos comunes de inversión, fiduciarios financieros, agencias de liquidación y compensación, la Cámara de Agentes de Bolsa, la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Economía sobre la futura reglamentación, que apunta a potenciar el crecimiento del mercado de capitales con un marco claro y previsible”, afirmó Silva. El funcionario calificó al FAL como una “oportunidad de crecimiento enorme” y alineó la estrategia con la decisión del ministro Luis Caputo de evitar nuevas emisiones en mercados internacionales y fortalecer el desarrollo local frente a los vencimientos de deuda soberana de los próximos meses.

Según pudo saber Infobae, la CNV prevé publicar en los próximos 15 días una resolución parcial en el Boletín Oficial, lo que permitirá a los fondos comunes de inversión y las ALyCs prepararse antes de la entrada en vigencia del FAL en junio. Según anticipó una fuente de una de las principales ALyCs, la presentación se tramitaría de manera abreviada para cumplir con los plazos ajustados, mediante un procedimiento automático de la CNV.

Para que las empresas constituyan el fondo, deberán realizar una contribución mensual: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pymes) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción en igual proporción de las contribuciones patronales. Las gestoras y ALyCs necesitan tiempo para adecuar sus equipos legales y definir los procedimientos internos de apertura de cuentas FAL para los clientes.

No solo resta la normativa de la CNV; los agentes del mercado advierten que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el propio Ministerio de Economía deben clarificar aspectos de la implementación. Una de las principales dudas es cómo se aplicará la reducción de cargas patronales a cambio de los aportes al FAL.

El funcionamiento operativo del Fondo también genera inquietudes entre las ALyCs. Según explicó la fuente, los aportes de empleadores, actualmente canalizados a través del formulario 931, pasarán a ser derivados automáticamente a la sociedad gerente o al fideicomiso que designe el empleador. El fisco nacional sería la entidad encargada de suscribir esas operaciones por cuenta y orden del cliente.

Hasta ahora, una de las cuestiones clave que fijó la Ley 27.082, es que los fondos y fideicomisos no podrán cobrar más del 1% por honorario de administración total. Además, se estima que el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos y, según agentes del mercado local, no se autorizaría la inversión en Cedears.

“Sabemos que se va a tener que invertir en instrumentos soberanos, va a ser una inyección de capital importante lo que es el mercado de capitales, que entendemos que van a ser entre USD 2.500 millones y USD 5.000 millones por año”, destacaron en una importante ALyC a este medio en off the record.

De cumplirse esa proyección, se trataría de una buena noticia para el ministro Caputo, que desde fines de febrero lanzó el BONAR 2027, un bono en dólares con el que busca juntar USD 2.000 millones de cara al pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y, en las últimas horas, anunció un segundo instrumento en moneda extranjera para juntar otros 2.000 millones de dólares.

El ministro sostiene que el eje de la estrategia oficial debe ser “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”, destacando que la base de ese desarrollo reside en los recursos ya existentes dentro del país.

Caputo puntualizó: “El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros, que son tres veces la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares”.

¿Transferencias de FAL?

Durante el encuentro con la CNV, los agentes plantearon dudas sobre el mecanismo de transferencias de suscripciones y rescates. Uno de los participantes explicó que los fondos permanecerán de forma permanente en el FAL, aunque el empleador podrá transferirlos de una ALyC a otra. Se sugirió que estas transferencias se realicen en especie, mediante acuerdos entre sociedades gerentes sobre la transferencia de títulos y la determinación de precios.

Asimismo, se debatió la posibilidad de que una empresa diversifique sus FAL en distintos fondos gestionados por entidades como Migo, Allaria, Balanz o Facimex, ampliando las alternativas para la administración de los aportes obligatorios.

La aprobación de la reforma laboral en el Congreso Nacional introdujo modificaciones estructurales en el sistema de relaciones del trabajo en el sector privado. A través de este nuevo marco normativo, se estableció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para que los empleadores puedan afrontar el pago de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral.

Este cambio de paradigma busca que el financiamiento de las desvinculaciones deje de ser una erogación directa y contingente de las empresas en el momento del despido, para pasar a un esquema de fondo acumulativo e individualizado. De esta manera, las organizaciones realizarán aportes mensuales que funcionarán como un respaldo financiero ante las eventualidades de su plantilla de personal.

El funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El FAL tiene como objetivo principal asistir a los empleadores del sector privado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley del Régimen de Trabajo Agrario. Se trata de un sistema de capitalización donde cada empleador deberá abrir una cuenta individual en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según la normativa aprobada, estas cuentas serán administradas como un patrimonio separado del resto de los activos del empleador y tendrán carácter de inembargables. El saldo acumulado en dichas cuentas solo podrá ser utilizado para cubrir las obligaciones laborales que surjan ante la finalización de una relación de trabajo. Es importante destacar que el Estado Nacional no asumirá responsabilidad por la disponibilidad o la suficiencia de los fondos, delegando la administración en entidades privadas autorizadas.

En cuanto a su aplicación técnica, el fondo no operará como un seguro de desempleo tradicional. Su uso está estrictamente limitado a situaciones específicas de egreso:

• Indemnizaciones por despido sin justa causa.
• Acuerdos de desvinculación por mutuo consentimiento.
• Fallecimiento del trabajador.

En los casos de renuncia voluntaria o jubilación del empleado, la Secretaría de Trabajo ha aclarado que los fondos no se pierden ni son retirados por el trabajador, sino que permanecen en el fondo común de la empresa para ser utilizados ante futuras contingencias de otros dependientes.

Esquema de aportes y financiamiento

El financiamiento del FAL recae exclusivamente sobre el sector empleador a través de contribuciones mensuales obligatorias. La reforma estableció una diferenciación en las alícuotas según el tamaño y la estructura de la unidad productiva, revirtiendo una intención inicial que proponía una tasa uniforme para todos los actores.

Bajo el esquema actual, las grandes empresas deben realizar un aporte correspondiente al 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tienen una carga superior, fijada en el 2,5% sobre la misma base salarial. Estas tasas tienen un margen de incremento; el Poder Ejecutivo, con previa aprobación del Congreso, podrá elevar los porcentajes hasta el 1,5% para las grandes firmas y hasta el 3% para las MiPyMEs.

Además de las contribuciones obligatorias, el fondo podrá nutrirse de aportes voluntarios, donaciones y los rendimientos generados por las inversiones que las entidades administradoras realicen con ese capital. En términos impositivos, los recursos acumulados estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no estarán alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a excepción de las comisiones que cobren las entidades por la gestión administrativa.

Requisitos de acceso y procesos administrativos

Para que un trabajador sea beneficiario de la cobertura de este fondo, debe estar debidamente registrado y contar con una antigüedad mínima de doce meses. La ley excluye explícitamente de este régimen a los trabajadores no registrados y a aquellos que pertenecen a sectores con regímenes de despido específicos, como la industria de la construcción o el personal de casas particulares.

La normativa también establece un período de carencia. El FAL solo podrá utilizarse para cubrir extinciones laborales una vez que el empleador haya realizado al menos seis contribuciones mensuales consecutivas. No obstante, el Poder Ejecutivo conserva la facultad de extender este plazo para sectores económicos determinados según la coyuntura.

Cuando se produce la desvinculación, el empleador debe iniciar un procedimiento administrativo:

1. Presentar una Declaración Jurada ante la entidad administradora con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente.
2. La entidad debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
3. Una vez aprobada, la transferencia del monto al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

A pesar de la existencia del fondo, la responsabilidad final por el pago de la indemnización continúa siendo del empleador. Si el saldo acumulado en la cuenta individual resultara insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda laboral, la empresa deberá abonar la diferencia con fondos propios. Asimismo, el sistema no impide que el trabajador recurra a la vía judicial si considera que sus créditos laborales no han sido satisfechos íntegramente.

Existe una cláusula de alivio para los empleadores: aquel que logre demostrar que el saldo acumulado en su cuenta ya cubre la totalidad de sus contingencias potenciales podrá solicitar la suspensión de las contribuciones mensuales obligatorias.

La nueva fórmula para el cálculo de indemnizaciones

Junto con la creación del FAL, la reforma laboral introdujo un cambio sustancial en el modo en que se computan las indemnizaciones por despido sin causa. El nuevo texto legal modifica la base de cálculo, limitándola estrictamente a la remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador.

Esta redefinición excluye de forma explícita del cálculo a todos aquellos conceptos que no tienen una frecuencia mensual. En consecuencia, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los proporcionales de vacaciones ya no forman parte de la base para determinar el monto indemnizatorio. Según el marco legal vigente, la cifra resultante de este cálculo constituye la única y total reparación por la ruptura del vínculo laboral, eliminando otros rubros que anteriormente solían integrarse por vía administrativa o jurisprudencial.

Finalmente, la reforma estipula un nuevo mecanismo para la actualización de los créditos laborales en caso de demora o litigio. El sistema de actualización se rige ahora por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al cual se le debe sumar un interés anual fijo del 3%. Este esquema busca estandarizar las actualizaciones y brindar previsibilidad sobre los montos finales de las liquidaciones.

La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.

Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.

Debate

Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.

Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.

Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.

Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.

Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.

Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.

Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.

Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.

“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.

La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.

“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.

Otros puntos de la ley

*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.

*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.

Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.

Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.

El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo atraviesa instancias decisivas en el Congreso de la Nación. Tras haber obtenido la media sanción inicial en el Senado, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación general. Sin embargo, debido a que el texto sufrió una serie de modificaciones sustanciales durante su tratamiento en la Cámara Baja —incluida la eliminación de artículos conflictivos y cambios en la redacción técnica—, la norma debe regresar ahora al Senado. Los senadores deberán decidir si aceptan las correcciones introducidas por los diputados o si insisten en la versión que habían aprobado originalmente.

A continuación, se detallan los diez puntos fundamentales que estructuran este nuevo marco regulatorio para el sector privado:

1. Modificación en el cálculo de indemnizaciones

El proyecto introduce un cambio estructural en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, lo que excluye explícitamente conceptos de pago no mensual, tales como el aguinaldo o las vacaciones. Se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización para los créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

2. Banco de horas y vacaciones

Se habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias, siempre respetando los descansos legales. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite que las partes pacten disfrutarlas fuera de esa fecha. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional en segmentos de un mínimo de siete días consecutivos.

3. Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.

4. Implementación de fondos de cese por convenio

En sintonía con la modernización del sistema, se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistemas de capitalización individual. Bajo esta modalidad, el empleador realiza un aporte mensual y, en caso de desvinculación, el trabajador percibe el monto acumulado en el fondo en lugar de la indemnización tradicional. Esta opción debe ser pactada en paritarias y no podrá representar una quita de derechos adquiridos.

5. Ampliación del período de prueba

Uno de los puntos que genera mayor impacto en la contratación es la extensión del período de prueba. El texto aprobado establece que el plazo general se ampliará a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En el caso de empresas que tengan hasta cinco empleados, este período podrá extenderse hasta los ocho meses. Durante este tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador está obligado a registrar el vínculo y realizar los aportes correspondientes desde el primer día.

6. Eliminación de multas por falta de registro

La reforma suprime las multas establecidas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registro deficiente. Los impulsores de la medida argumentan que estas sanciones fomentaban la litigiosidad y desalentaban la formalización. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización de trabajadores: los empleadores que blanqueen personal no pagarán las multas, aunque deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas.

7. Incentivos a la inversión y reducción de cargas sociales

El proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial. Como complemento, se establece una reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social: será de un 1 punto porcentual para las grandes empresas y de 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estos beneficios podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3% respectivamente si el Poder Ejecutivo así lo dispone con aprobación legislativa.

8. Pago de sentencias judiciales en cuotas

Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Por su parte, las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor, pudiendo realizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales.

9. Regulación de aportes sindicales y patronales

El proyecto pone límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser estrictamente voluntarios a partir de enero de 2028. En cuanto a las asociaciones de trabajadores, los aportes para afiliados o no afiliados no podrán superar el 2%. Asimismo, se mantiene el aporte del 6% para las obras sociales y se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

10. Registro digital y pago bancarizado

La reforma establece que el registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, eliminando requisitos adicionales de otras autoridades. Los libros laborales podrán digitalizarse con plena validez legal y deberán conservarse por diez años. En cuanto al pago de salarios, la norma ratifica que deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución de ahorro oficial, descartando explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.

Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.

En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.

Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.

A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.

Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.

Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.

A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.

Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.

Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.

“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.

Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.

Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.

Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.

Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.

¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?

La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.

El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.

Los principales puntos de la reforma

Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones

Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

El gobierno de Javier Milei está envalentonado. En la última semana avanzó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y con la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y UE en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada es que el Presidente pueda inaugurar el período ordinario del Congreso, el 1 de marzo, con todos los proyectos aprobados, como señal de fortaleza política. Pero la oposición afina su estrategia para ganar tiempo.

Los libertarios no solo lograron la aprobación de las iniciativas que incluyeron en el temario de las sesiones extraordinarias, sino que consiguieron amplios consensos con sectores aliados y dialoguistas. El panorama es muy complejo para la oposición y ya reconocen abiertamente que no tienen los votos necesarios para frenar la avanzada.

“Hay que resistir. Esto se parece al primer semestre del gobierno de Milei, cuando lograron avanzar con la Ley Bases y sostuvieron el DNU 70. Pero después el clima social terminó cambiando y la oposición pudo avanzar contra los recortes en discapacidad, universidades y jubilaciones”, analizó un diputado del peronismo, con cierto aire de resignación.

Entre los diputados de la oposición dura entienden que es lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral aproveche para avanzar con su agenda legislativa lo más rápido posible. En ese marco, la principal estrategia opositora es enfocarse en los artículos más polémicos de la reforma electoral para hacer modificaciones y enviarla nuevamente al Senado.

“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podremos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro en contra de la reforma”, sintetizaron.

En los pasillos de la Cámara de Diputados, referentes de varios bloques ya dejaron trascender su malestar con varios puntos del texto. Ahora buscarán tejer consensos sobre un puñado de puntos polémicos para forzar una modificación que envíe el proyecto de vuelta al Senado para su revisión.

Además del peronismo y la izquierda, diputados del socialismo santafesino y el radicalismo disidente que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el bloque de Pichetto y Massot y referentes gremiales, como el chubutense “Loma” Ávila, tienen una visión crítica de la reforma laboral.

Los cambios sobre el régimen de licencias por accidentes y enfermedades, y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya se perfilan como los principales focos de conflicto.

Luego de los últimos cambios, el proyecto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.

“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera”, señala el artículo 208 del proyecto. En caso de que el accidente o la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria, el trabajador cobrará el 75% de su sueldo básico.

En el caso del FAL, los principales cuestionamientos giran en torno al desfinanciamiento de la ANSES. El fondo para asistir a las empresas con el pago de las indemnizaciones estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

Ante la consulta de Infobae, un diputado de Provincias Unidas reconoció que la mitad del bloque no ve con buenos ojos el FAL y también rechaza la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades. De hecho, ya hubo algunas señales concretas: la senadora de Córdoba Alejandra Vigo apoyó la reforma pero votó en contra del FAL y también de la derogación de estatutos como el del periodista y el de los viajantes. Ese bloque será clave para terminar de inclinar la balanza. Cabe destacar que provincias como Córdoba mantienen históricos reclamos con Nación sobre los fondos de las Cajas Previsionales.

En el Senado el artículo del FAL fue rechazado por otros dos aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón (Salta). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene tres representantes en Diputados, dentro del bloque Innovación Federal. Este espacio también tendrá un papel determinante.

Por su parte, el oficialismo giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se prepara para convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 para dictaminar. A partir de ahí las opciones son: llamar al sesión el jueves 19 o el miércoles 25.

La primera opción resulta seductora para el Gobierno porque dejaría tiempo para que el Senado insista ante cualquier cambio que se produzca en Diputados. “Este es el texto definitivo, tengo los votos para insistir”, dijo Bullrich a sus allegados tras la media sanción. Sin embargo, representa un desafío logístico porque los feriados por Carnaval hacen más difícil conseguir vuelos para todos los diputados.

El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

El presidente Javier Milei firmó finalmente la reforma laboral este jueves y comenzó así el proceso legislativo de la norma que plantea varios cambios en el sistema actual y le quita poder a los sindicatos, además de crear distintos regímenes para fomentar el blanqueo de los trabajadores.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae las principales autoridades nacionales que participaron de la elaboración de esta iniciativa, el texto buscó dar respuestas a cuatro desafíos fundamentales: cómo crear empleo; cómo aumentar los salarios; cómo reducir los litigios para terminar con la “industria del juicio”, y cómo lograr una baja de impuestos que derive en un incremento de la productividad.

Para esto, los funcionarios se plantearon como objetivo para el diseño de los artículos la formulación de leyes para “incentivar a que las empresas salgan a contratar”, partiendo de la base de que el sector privado no muestra mejoras en la Argentina desde hace más de 10 años.

Según sus cálculos, de la masa total de personas en actividad que existe en el país, cerca del 50% tiene menos de 35 años y se encuentra en la informalidad, por lo que el Gobierno considera que el esquema actual perjudica, principalmente, a los trabajadores.

Por esa razón, en el Poder Ejecutivo destacan que la reforma introduce cambios tanto en el plano de los contratos y convenios colectivos, como en la Justicia, en las cargas patronales y en las inversiones.

Uno de los mecanismos que se crea con esta propuesta es, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.

“Esto beneficia mayormente a las PyMEs, que muchas veces tienen tres o cuatro empleados y cuando tienen que echar a uno, no pueden pagarlo y van a la quiebra. Terminan perdiendo todos”, explicó una de las personas que planificó esta nueva herramienta.

Según el proyecto, este pozo estará compuesto de “una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo” de los aportes patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Ese dinero será recaudado por cada empresa y administrado por “una entidad habilitada” que tenga autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero todavía no está definido cómo lo invertirán esos organismos.

“Cuando se apruebe la reforma, luego en la reglamentación se detallarán las reglas específicas, pero la idea es que la plata que se aporta mensualmente quede en un fondo que genere intereses, para evitar que se vaya devaluando. Habrá algunas limitaciones, por supuesto. Una de ellas va a ser que estos fondos no puedan invertir en ellos mismos, pero todo lo va a explicitar el Banco Central. Lo primero que hay que destacar es que esto tiene costo cero tanto para el empleador como para el empleado”, remarcaron desde el Gobierno.

Por otra parte, hay varios puntos que le quitan poder a los sindicatos o transparentan el sistema, como un ítem que se agregará en los recibos de sueldo para detallar, no solo cuanto se le saca al trabajador para financiar los gremios, sino también cuánto destina la empresa.

Mientras el Consejo de Mayo estaba elaborando el texto, en la secretaría de Trabajo Julio Cordero recibía semanalmente a representantes de la CGT para debatir junto a ellos algunos de estos aspectos.

De esos encuentros solían participar también el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

“En algunos casos nos poníamos de acuerdo, en otros, también por posicionamientos políticos, ellos planteaban que no estaban conformes con alguna parte en particular y no hubo consenso, pero son cambios que hay que hacer”, señaló una fuente del Ejecutivo al tanto de esas reuniones.

Si bien no se avanzó con la modificación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación.

A partir de ahora, esto será opcional y “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, aunque tampoco está claro cómo se va a implementar en caso de que la ley sea sancionada.

“Los sindicatos van a tener que hacer su propio sistema de recaudación, pero no vemos que sea un problema. Hoy en día, existen mil formas de cobrarle a un afiliado, hay un montón de mecanismos digitales, incluso, no necesitás ir puerta por puerta”, sostuvieron las autoridades nacionales.

Por último, en cuanto al sistema judicial se plantearon distintos ejes: por un lado, se agregó un artículo para reforzar el traspaso de los fueros laborales de la Nación al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y, por el otro, se precisaron algunas pautas para que no haya más “grises”.

Por caso, el texto aclara que el aguinaldo no forma parte del cálculo para las indemnizaciones en caso de despido, algo que muchas veces generó controversia por las diferentes interpretaciones en los juicios.

Para esto, los funcionarios consultaron al ex juez laboral Guillermo Comadira, quien defendió la decisión de no incluir ese sueldo complementario en el cálculo, “siguiendo la norma mayoritaria en el país”.

“Antes, había jurisprudencia contradictoria, porque mientras en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, tenías juzgados que consideraban que se tenía que tomar en cuenta para el monto final, en otros, como en la ciudad, se rechazaba. Ahora no hay más lugar a interpretaciones”, remarcaron quienes redactaron el artículo.

Para el Poder Ejecutivo, la reforma, si es aprobada por el Congreso, va a generar un incremento de la formalización en el sector privado, lo cual, a su vez, traerá más recaudación para el Estado y un sistema más eficiente. Esto permitiría avanzar con los cambios en el régimen previsional.

Sin embargo, en la cúpula libertaria no tienen un estimado del efecto que esta medida podría traer: “No queremos plantear ante la sociedad una cifra que después no se cumpla, queremos ser cautelosos. De lo que sí estamos convencidos es de que esto va a hacer que el sector privado prefiera registrar a su personal”, auguraron.

Emilio Jáuregui había sido secretario general del gremio de Prensa, y para fines de la década del sesenta instruía a los compañeros que resistían la dictadura del general Juan Carlos Onganía enseñándoles cómo desarmar y limpiar armas o armar bombas molotov. En la noche del 28 de junio de 1969 luego de participar de una marcha en Plaza Once al cumplirse tres años del gobierno de facto, en la esquina de Anchorena y Tucumán fue baleado a quemarropa por cuatro hombres vestidos de civil, aunque se suponían que eran policías que se la tenían jurada.

Su nombre fue tomado por un grupo que integraban las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), originado a comienzos de los sesenta con hombres de raíces distintas: de la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Revolucionaria Peronista, Socialistas Revolucionarios, Vanguardia Comunista, gente del Partido Comunista Revolucionario y del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Se venía Semana Santa cuando en la mañana del 24 de marzo de 1970 el Grupo Operativo Táctico Emilio Jáuregui secuestró al cónsul paraguayo de la ciudad correntina de Ituzaingó, Joaquín Waldemar Sánchez, un diplomático de bajo rango. Su caso fue noticia durante algunos días y motivó que el escritor británico Graham Greene, de visita en nuestro país, escribiese su novela El Cónsul Honorario, que además sería llevada al cine.

Ese grupo ilegal había cometido diversos hechos delictivos, como el robo en 1968 y 1969 de las sucursales del Banco Popular Argentino y del Nuevo Banco Italiano; en el medio, el 5 de abril de 1969 se hicieron de armamento luego de ingresar a una unidad militar de Campo de Mayo.

En un allanamiento a un galpón en busca de autos robados realizado, según la versión oficial, el 21 de marzo de 1970, la policía había dado con un depósito de las FAL donde encontraron dos camionetas pintadas como las del Ejército, armas, explosivos y medicamentos. Allí detuvieron a Carlos Della Nave, un militante de 20 años. La policía dejó gente de guardia y al día siguiente, detuvieron a Alejandro Baldú, que había ido al lugar. Las familias de ambos presentaron sendos hábeas corpus.

Sus compañeros temieron que quedasen detenidos en forma clandestina y planearon un hecho resonante que alertase a la opinión pública y que obligase a las autoridades a blanquearlos. Por qué no, entonces, secuestrar a un diplomático, operación que es relatada con lujo de detalles en el libro La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, escrito por Ariel Hendler.

Pensaron en embajadores como el de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, pero comprobaron que sería complicado sortear la cerrada vigilancia de sus custodios, hasta que descubrieron que el cónsul paraguayo había puesto en venta su Mercedes Benz y sería una presa más sencilla de atrapar.

El secuestro

El cónsul Sánchez, su esposa Eloísa Cáceres y su pequeña hija Norma se alojaban en el Hotel León sobre avenida Callao al 700. En la cochera lindera guardaba el Mercedes Benz 280 gris que pensaba vender.

En la mañana del 24 de marzo de 1970 llamó al hotel un interesado en el vehículo, luego de leer un aviso en el diario, y le avisó al cónsul que por la tarde irían dos hombres a verlo. Ellos quisieron probarlo e insistieron en que los acompañase Sánchez, aún cuando estaba presente Mario Vera, chofer del diplomático. Este terminó accediendo.

En los bosques de Palermo, ambos fueron reducidos, maniatados y sus ojos tapados. A los minutos el auto paró y ascendió una mujer. Siguieron dando vueltas y más adelante liberaron al chofer y después abandonaron el auto. El chofer, cuando encontró un teléfono, avisó a Manuel Ávila, embajador paraguayo. Esa noche todos estaban al tanto de la noticia.

Sánchez, en otro vehículo, fue llevado a una casa en Carapachay, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde quedó encerrado en una habitación.

A través de una suerte de proclama dejada en el baño de mujeres del bar El Ibérico, de avenida Córdoba y Uruguay, los secuestradores exigían por la liberación del cónsul, que las autoridades mostrasen, en rueda de prensa, a los detenidos Della Nave y Baldú.

Della Nave estaba detenido, había sido torturado y perdido la movilidad de su hombro derecho. Pero a Baldú aseguraron no tenerlo. Las versiones iban desde que había sido abatido cuando se enfrentó a la policía, que había muerto en una pelea con sus propios compañeros o que había tenido un paro cardíaco cuando había sido detenido por la policía en Luján.

Al día siguiente los secuestradores, a través de un llamado a una iglesia, redoblaron sus condiciones: que luego de ser mostrados al periodismo, a los militantes “antiimperalistas” les permitiesen abordar un avión que los llevaría México.

El gobierno adoptó la postura de no negociar. A la noche del día siguiente del secuestro, el ministerio del Interior informó que Della Nave había sido procesado en el Juzgado Federal de San Martín, que su liberación no estaba en su órbita y que Baldú estaba prófugo y que era intensamente buscado.

Para incorporarle más elementos a la historia, el miércoles aterrizó en Aeroparque el general Alfredo Stroessner, el presidente paraguayo, quien había decidido pasar Semana Santa en Villa La Angostura, pescando en el Nahuel Huapi. Almorzó con Onganía y luego partió al sur, en plan de pesca y de tranquilidad.

El jueves aún no se tenía noticias del cónsul secuestrado, pero sí de Della Nave, quien, sorprendentemente, le habría pedido al juez que no se le permitiese salir del país. El magistrado mostró a los periodistas un acta donde estaba asentada la voluntad del detenido.

Ese día a monseñor Miguel Raspanti, obispo de Morón, los secuestradores le exigieron, a través de un mensaje telefónico, que les comunique a las autoridades que si el gobierno no cedía a sus peticiones, encontrarían el cadáver de Sánchez flotando en el Riachuelo. El ministro del interior Francisco Imaz se encogió de hombros pero, por las dudas, mandaría al día siguiente efectivos a inspeccionar el curso de aguas pestilentes.

Con el objetivo de presionar, en un baño de un bar de la avenida Corrientes las FAL dejaron un comunicado junto a una carta manuscrita de Sánchez, donde se lamentaba que el gobierno había decidido sacrificar su vida al negarse a negociar, y que eso se debía a que Baldú había sido muerto. En un comunicado, responsabilizaban de la muerte del infortunado cónsul a Onganía y a Stroessner, quien siguió con sus planes de descanso en la Patagonia.

El gobierno se mantuvo en sus trece e insistió en que no sabía qué había ocurrido con Baldú quien, para los guerrilleros, era “uno de nuestros más queridos compañeros”.

El que sorprendió fue Raúl, el padre de Della Nave quien, en conferencia de prensa en el estudio de sus abogados, denunció que su hijo había sido torturado, que el juez lo había inducido a firmar el acta en que sostenía que había sido bien tratado y que Baldú había sido asesinado.

Paralelamente, el embajador paraguayo señaló que tenía serias esperanzas de que su cónsul estaba vivo, lo que hizo sospechar a los periodistas de tratativas secretas con los secuestradores. Además, aunque fue algo fugaz, las autoridades mostraron a Della Nave.

El sábado, en un baño de un edificio de oficinas en el microcentro porteño, otro comunicado anunciaba que Sánchez había quedado en libertad. Esa mañana, temprano, se lo dejó cerca de la estación de ferrocarril de Florida, en el norte del conurbano, con algo de dinero para que pudiese pagar el pasaje. Se subió a un tren que lo llevó a Retiro, y de ahí tomó un colectivo hasta el hotel donde se hospedaba. Los secuestradores le advirtieron que llegase en el mayor de los sigilos, porque temían que la misma policía lo matase para echarles la culpa a ellos. Se reencontró con el embajador y en Cancillería, junto a los ministros Juan B. Martín, de Relaciones Exteriores e Imaz, agradeció.

El caso que fue libro y película

La casualidad quiso que en abril de 1970 visitase el país el escritor británico Graham Greene. Lo hacía por segunda vez invitado por Victoria Ocampo. El inglés estaba interesado en viajar a Corrientes y tomar contacto con un grupo de curas tercermundistas. Enterado del secuestro, escribiría El Cónsul Honorario, dedicada a su anfitriona, y que fue publicado en 1973.

Contó la historia con algunos cambios, ya que la situó en la ciudad de Asunción, donde un grupo de revolucionarios buscaban secuestrar a un diplomático importante pero le erraron al elegir al hombre y terminaron capturando a un cónsul británico de poca monta, sin interés para el gobierno, casi al mismo nivel que el infortunado Waldemar Sánchez, cónsul de la ciudad correntina de Ituzaingó quien solo pretendía vender, en la ciudad de Buenos Aires, su Mercedes Benz color gris.