El senador Jota Pe Hernández denunció que los recientes acuerdos entre el congresista Iván Cepeda y la guerrilla del ELN incluyeron modificaciones legales que afectan la protección de menores de edad frente al reclutamiento armado.

Las declaraciones surgieron a través de la red social X y en un video difundido este martes 18 de noviembre de 2025, donde Hernández advirtió sobre el impacto de estos supuestos pactos en el marco de las negociaciones de paz impulsadas en el país.

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En un video durante una plenaria del Congreso, Jota Pe Hernández insistió en que el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales se agravó tras los cambios en la Ley 833 de 2003, que protegía de manera específica a menores de 18 años del reclutamiento forzado.

“Estoy completamente de acuerdo con que a estos grupos guerrilleros se bombardeen. Ha sido mi convicción y mi postura desde el principio y no va a cambiar”, afirmó el senador, quien además solicitó que el país no olvide “lo que pactó Iván Cepeda con el ELN”, expresó.

Hernández sostuvo que posee un documento que prueba la firma tanto de Cepeda, quien representa al sector del Pacto Histórico, como la del líder guerrillero Pablo Beltrán, en un texto que califica como el que “degrada una ley tan importante como la Ley 833”.

Según el senador, “ese documento facilita el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados”.

La Ley 833 de 2003 establecía un marco legal para impedir la vinculación de menores en el conflicto armado colombiano. Hernández atribuyó a los cambios introducidos durante las conversaciones de paz el “aumento en el uso de niños como escudos humanos”.

El congresista afirmó: “Cuando hicimos esta denuncia en la moción de censura, ese día el ministro Iván Velásquez les mandó un mensaje a los grupos guerrilleros y les dijo: ‘Si ustedes tienen menores de edad en sus filas, no los vamos a bombardear’”.

Según Hernández, tras esa comunicación oficial del entonces Ministro de Defensa, “empezó a aumentar el reclutamiento de menores en los grupos guerrilleros porque sabían que los iban a usar como escudos humanos para evitar bombardeos”.

El senador también señaló: “Los niños indígenas se empezaron a suicidar para que las disidencias de las Farc y el ELN no los reclutaran”.

El legislador opositor pertenece a sectores críticos con la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

“Seguiré rechazando los diálogos de la fracasada paz total que terminó beneficiando a los bandidos”, indicó Hernández en su publicación. Dijo: “Hoy, ese reclutamiento es consecuencia de los pactos que ha hecho el candidato del petrismo y de la izquierda, Iván Cepeda, con la guerrilla del ELN”.

Jota Pe Hernández advirtió sobre la violencia en Tunja y llamó a votar distinto en 2026: “Tiene que alertarnos”

El sábado 8 de noviembre de 2025, las autoridades recibieron el reporte de un automóvil cargado con explosivos abandonado cerca del batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja.

Un grupo especializado en desactivación ingresó a la zona para mitigar los riesgos, pero durante la operación ocurrieron detonaciones inesperadas de cuatro artefactos, que afectaron también el Batallón Bolívar.

Tras el hecho, el senador Jota Pe Hernández expresó su inconformidad con la gestión del presidente Gustavo Petro. A través de la red social X, Hernández escribió: “Tiene que alentarnos para el 2026”, en referencia al contexto electoral y a la necesidad de alertar sobre la evolución de la violencia en regiones normalmente pacíficas.

El legislador compartió un video donde profundizó su preocupación ante lo ocurrido, señalando: “Lo que sucedió en Tunja es muy grave. La guerrilla se metió a las ciudades y a territorios que históricamente han sido pacíficos, como Boyacá”.

Además, Hernández criticó las políticas del Gobierno Petro sobre el ELN y lanzó reproches directos: “Llegó a la presidencia sencillamente a beneficiar a los bandidos”.

El senador subrayó la importancia de las elecciones presidenciales de 2026, advirtiendo sobre las consecuencias de elegir candidatos afines al actual oficialismo.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe, utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el escolta que le asignó la Unidad Nacional de Protección, a propósito de la controversia creada a la manera en cómo se asignan los esquemas de seguridad para figuras políticas en Colombia.

El descontento de Jota Pe surgió porque, en sus palabras, su guardaespaldas es un “exguerrillero”: “El día viernes tendré que trasladarme de mi casa al congreso y del Congreso a mi casa con un único hombre de protección (un ex guerrillero) porque la Unp no tiene personal. Es eso o realizar el traslado solo. Ya informé que no recibía al ex guerrillero pero dejo la constancia!”, escribió el senador en su cuenta de X, cuyo post generó múltiples reacciones y respuestas a favor y en contra.

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A Augusto Rodríguez, director de la UNP, le preguntaron por la queja de Jota Pe Hernández, aunque en su respuesta aseguró que el congresista no puede comprobar que su escolta es o fue alguna vez un guerrillero.

“Debo decirle que no puede decir que haya tenido escoltas guerrilleros, que creo fue lo que utilizó: él de hecho se está refiriendo a exguerrilleros, porque no hay guerrilleros prestando el servicio de escoltas, y el jefe de la Unidad Nacional de Protección, el director, tiene esa categoría. Entonces, pues, nos quiere a todos o no quedaría ninguno.”, dijo Rodríguez ante medios de comunicación.

Rodríguez añadió además que los firmantes del Acuerdo de Paz y que hacen parte de los cuerpos de protección forman parte de la Subdirección Especializada de la UNP, “y solamente protegen a las personas firmantes de los acuerdos”.

Tras sus palabras, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que lo acompañaba, terció en el asunto: “Es que parece muy raro y muy ilógico que alguien que pretenda o que quiera seguridad primero llame a los medios de comunicación, que los organismos que lo pueden proteger. Eso es una contradicción y puede prestarse a malas interpretaciones y sospechosos”, dijo el jefe de la cartera.

Los reclamos de Jota Pe sobre los esquemas de seguridad a políticos

No es la primera vez que el senador cuestiona la forma en como se asignan los esquemas de seguridad a los congresistas en Colombia: las inquietudes de Jota Pe Hernández sobre el tema surgieron tras una denuncia pública del excongresista Jorge Enrique Robledo, que en junio de 2025 manifestó que la UNP le retiró la camioneta blindada que tenía asignada desde 2022, a pesar de que la entidad había ratificado su “nivel de riesgo como extraordinario”.

Según relató Robledo en su cuenta de X, la decisión de reemplazar el vehículo blindado por uno convencional resultaba “irresponsable” y solo podía interpretarse como una represalia por su postura crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El excongresista añadió que su nivel de riesgo extraordinario debía considerar la “sistemática agresión” que, según él, proviene de las “bodegas petristas”, las cuales, en sus palabras, “llenan de odio y de rabia a los seguidores de Petro”. Además, subrayó que esta situación coincidía con el inicio de su campaña nacional para el Senado, y adjuntó copia de la parte resolutoria de la decisión.

En ese contexto, Jota Pe Hernández expresó su preocupación por lo que consideró un patrón en el tratamiento de los esquemas de seguridad asignados a figuras de la oposición. Según su análisis, tanto la UNP como la Policía estarían implicadas en el proceso de deterioro de las medidas de protección.

El congresista sostuvo que el debilitamiento de los esquemas no era un hecho aislado, sino que respondía a una directriz sistemática que afectaba especialmente a quienes mantenían una postura crítica frente al Ejecutivo.

La crisis humanitaria en el Catatumbo ha dejado a más de 54.000 colombianos desplazados y alrededor de 20.000 confinados en la región nororiental del país.

El ataque armado por parte del ELN a los habitantes de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, busca, según el Ejército de Liberación Nacional, acabar con las personas, que de acuerdo con la guerrilla, colaboran con las disidencias de las Farc.

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Un reportaje de France 24 indica que el poder armado que tiene en ELN en la actualidad es usado en el Catatumbo para controlar el paso de estupefacientes en esta parte de Colombia. No obstante, el control del grupo armado es binacional, puesto que en Venezuela hace presencia y se dedica a la minería ilegal y el narcotráfico.

El actual senador de la República Ariel Ávila afirmó en una entrevista para La Píldora que el ELN actúa como guerrilla en Colombia, pero como paramilitares en el vecino país, dadas las circunstancias que se viven en las dos naciones.

Pero, volviendo a los afectados, entre los más de 50.000 colombianos que se han desplazado hay campesinos, líderes sociales y exguerrilleros que, en 2016, decidieron firmar la paz con el Gobierno nacional y dedicarse a cultivar la tierra. Uno de ellos es Dairo Abril, que concedió una entrevista Under Periodismo para hablar de las acciones del ELN en la actualidad. Afirmó que debió salir para evitar ser asesinado por los integrantes del grupo armado.

El ELN, según un exguerrillero

Abril perteneció al bloque 33 de las extintas Farc, luego de firmar la paz, se dedicó a sembrar la tierra. No obstante, según indicó para el programa citado, el grupo armado que hoy tiene azotada la región, perdió sus valores políticos, por lo que hoy, de acuerdo con su testimonio, no se puede hablar de una guerrilla que busque la paz, sino de un grupo ilegal que quiere poder territorial.

Según indicó Abril, desde sus inicios la guerrilla tuvo problemas, puesto que sus fundadores querían gobernar sobre sus subordinados sin que estos reprocharan algo, por lo que siempre estaban alerta de los movimientos de los hombres armados, para evitar ser traicionados: “La historia del ELN en su interior es pésima, y es que acabó con toda la resistencia citadina, como ellos lo dicen, desde que iniciaron, los hermanos Vásquez tenían ascendencia campesina y parece que uno no sabía leer o escribir; entonces llegaba otra persona con otras ideas y ellos los consideraban como enemigos”.

Asimismo, el exmilitante de las extintas Farc indicó que el ELN buscaba financiación para continuar con la guerra, por lo que comenzó a poner en riesgo a la población civil cobrando vacunas e impuestos a productos de mercado, pero fue insuficiente, por lo que se dedicaron al negocio del narcotráfico.

“La economía de la coca llegó al territorio donde estaba el ELN y para mantener una guerra se necesitan armas, y por lo tanto, dinero. Entonces, el ELN usó el narcotráfico para mantenerse; del secuestro y de la extorsión no alcanzan a mantener la cantidad de hombres que quieren tener”, mencionó Abril al programa citado.

El narcotráfico: el fin de la base política del ELN

Dairo Abril, afirmó que en general los grupos armados se dejaron seducir por las ganancias que daba el negocio del narcotráfico, por lo que migraron a acciones ilegales, para financiarse.

“Los grupos alzados en armas se dejaron permear por el narcotráfico; el ELN está permeada por el narcotráfico, y cuando el narcotráfico permea algo, es muy difícil sanarlo, afirmó.

Asimismo, indicó que las cabezas del grupo armado ilegal estaban corruptas: “La contaminación ya no solo está en la base, de hecho, las bases aún siguen creyendo que hay un proyecto político real que hay que defender, pero las cabezas están permeadas por el poder y la ambición, y un revolucionario con poder y ambiciones es un tirano”.

El Catatumbo, una región rica en recursos

Por lo anterior, Abril afirmó que el ELN buscaba controlar la región nororiental colombiana, y que ese era el origen del conflicto: “Ellos quieren quedarse con el control de la región más rica que es el Catatumbo, esa es la pelea que tienen con el frente 33 de las Farc”.

Luego de firmar el tratado de paz, Abril afirmó haberse dedicado a la agricultura, por lo que, confesó, llegó a ser raspachín: “Desde que firmé el acuerdo me he dedicado a ser un agricultor, yo tengo palma sembrada, pero también he sido recolector de coca, porque en la región no hay proyectos agropecuarios, esos son los productos que hay en la región. No tenía una tierra, ni un trabajo fijo”.

El ex guerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue capturado este lunes en La Paz por la Interpol de Bolivia, según informó el director de la entidad, Juan Carlos Bazualto.

Muñoz Hoffman era buscado internacionalmente desde diciembre de 1996, cuando protagonizó una cinematográfica fuga de una prisión de alta seguridad en Chile, durante un operativo que incluyó la intervención de un helicóptero secuestrado.

El director de Interpol en Bolivia explicó que Muñoz Hoffman fue interceptado cerca del consulado chileno en La Paz.

“Una vez que somos alertados (...), lo interceptamos y logramos dar con la verdadera identidad de esa persona”, detalló Bazualto.

Las autoridades bolivianas confirmaron que el ex guerrillero había ingresado al país por pasos fronterizos ilegales, aunque no especificaron cuánto tiempo llevaba en el territorio.

Tras su captura, se iniciaron inmediatamente los trámites para su extradición a Chile, país que lo reclama por varios delitos. Según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Muñoz Hoffman tenía una notificación roja de Interpol y dos órdenes de detención vigentes por infracción a la Ley de Armas, secuestro y fuga del territorio nacional.

La PDI señaló en un comunicado que ya se están coordinando los procedimientos necesarios para que sea puesto a disposición de un juzgado penal en Santiago.

Al momento de su fuga en 1996, Muñoz Hoffman cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato, en 1991, del senador ultraderechista Jaime Guzmán, cercano al ex dictador Augusto Pinochet. El crimen ocurrió un año después del término de la dictadura que gobernó Chile entre 1973 y 1990, período que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

La fuga de Muñoz Hoffman fue parte de un operativo orquestado por un comando del FPMR, grupo armado que luchó contra la dictadura de Pinochet. Junto a él, escaparon otros tres miembros del grupo también condenados por el asesinato de Guzmán: Ricardo Palma Salamanca, Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro.

Amarrados y colgados de una cuerda lograron burlar la seguridad de uno de los recintos con mayor vigilancia en Santiago y se convirtieron en los presos más buscados de Chile.

La fuga duró menos de un minuto y apenas se bajaron del helicóptero, se separaron y abandonaron Chile.

Ricardo Palma Salamanca fue detenido en París en 2018 y recibió asilo político en Francia, lo que generó tensiones diplomáticas con Chile. Mauricio Hernández Norambuena se encuentra cumpliendo una pena de 30 años en Brasil por su participación en un secuestro en 2002. Por su parte, Patricio Ortiz Montenegro obtuvo asilo político en Suiza.

La captura de Pablo Muñoz Hoffman cierra un largo período de búsqueda internacional. Según las autoridades bolivianas, el exguerrillero utilizaba identidades falsas para permanecer en el país de manera clandestina.

Su arresto se produce en un momento en el que Chile sigue enfrentando debates sobre los crímenes de la dictadura y las complejidades de su transición a la democracia.

El Gobierno chileno espera que su extradición permita avanzar en los procesos judiciales relacionados con el caso del asesinato de Jaime Guzmán y con los crímenes asociados al pasado reciente del país.

Chile y Bolivia firmaron en diciembre del año asado un histórico acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, un esfuerzo de cooperación que trata especialmente los casos de retorno o reingreso de personas migrantes irregulares a ambos países.

Según difundieron las autoridades, el pacto abarca tanto a ciudadanos de Chile y Bolivia como de terceros países, y establece nuevas medidas para gestionar el ingreso irregular de personas a ambos territorios. A su vez, ambos Estados suscribieron convenios orientados a combatir el contrabando y regular el tránsito de habitantes en zonas limítrofes.

Antes de este acuerdo, Bolivia no permitía el retorno o reingreso de migrantes desde territorios ajenos, lo que generaba un vacío en la gestión del flujo irregular de migrantes. Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, tanto Chile como Bolivia se comprometen a aceptar el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.

(Con información de EFE y AFP)

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó el beneficio de amnistía de iure a Rodrigo Granda Escobar, exintegrante del secretariado de las Farc-EP, por el delito de rebelión en cinco procesos judiciales remitidos por la justicia ordinaria en Bogotá y Puerto Asís.

Según la JEP, la decisión abarca un total de diez procesos penales relacionados con 275 hechos, determinando que las pruebas en su contra estaban vinculadas a sus funciones dentro del grupo armado, sin evidencias directas de su participación o órdenes en los delitos imputados.

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De los 42 expedientes que la justicia ordinaria trasladó a la JEP, 38 ya han sido resueltos por la SAI, mientras que cuatro siguen en trámite. Sin embargo, algunos de los crímenes relacionados con Granda no califican para la amnistía debido a su gravedad.

La SAI evaluó procesos relacionados con el reclutamiento de menores y desapariciones forzadas en los que Granda fue vinculado. Dado que estas conductas no son amnistiables y conforme al Auto 5 de 2024 del Caso 07 de la JEP, que imputó a otros miembros del secretariado por reclutamiento forzado y otros crímenes, estos casos fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta última activará una ruta no sancionatoria para el compareciente, quien no fue señalado como máximo responsable.

La JEP ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) localizar a las víctimas de reclutamiento y desaparición forzada mencionadas en los procesos, con el fin de garantizar su participación en la ruta no sancionatoria.

Por los crímenes de lesa humanidad y guerra, como secuestro, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, la Sección de Reconocimiento de la JEP continúa evaluando la responsabilidad de Rodrigo Granda. Estos crímenes están asociados a la práctica sistemática de secuestros cometidos por las Farc-EP.

En cuanto al caso específico del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, ocurrido en 2004, la SAI reiteró que la JEP se declaró incompetente para investigar dichos hechos. La decisión final sobre la competencia está en manos de la Sección de Apelación.

Quién es Rodrigo Granda

Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller de las Farc”, ha sido un personaje central en la historia reciente de Colombia. Su captura en Ciudad de México en 2021, debido a su presunta implicación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, generó profundas tensiones diplomáticas y políticas.

Granda tenía una circular roja de Interpol emitida por Paraguay, lo que generó un conflicto en Colombia, ya que los desmovilizados de las Farc acusaron al entonces presidente Iván Duque de incumplir el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Granda, nacido el 9 de abril de 1949 en Frontino, Antioquia, se unió al Partido Comunista Colombiano y posteriormente a la Unión Patriótica antes de integrarse a la guerrilla. arcSu notoriedad aumentó en diciembre de 2004 cuando fue capturado en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que provocó una crisis diplomática entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez.

En 2007, fue liberado a petición del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, como un gesto para facilitar la liberación de la política Ingrid Betancourt y otros secuestrados, aunque finalmente fueron rescatados en la Operación Jaque en 2008.

Durante las negociaciones de paz en La Habana, Granda negó cualquier vínculo de las Farc con el narcotráfico y participó activamente en las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, su detención en México se basó en pruebas encontradas en el computador del excomandante de las Farc Raúl Reyes, que lo vinculaban con el crimen de Cecilia Cubas. Según el diario paraguayo, la estrategia para el secuestro se habría planeado en Venezuela, donde Granda se reunió con miembros del Partido Patria Libre.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia le concedió amnistía y solicitó borrar sus antecedentes por delitos graves como rebelión. Sin embargo, la justicia paraguaya ha reiterado numerosas veces su pedido de captura, recordando una sentencia pendiente de 35 años de cárcel.