Una pesquisa a las ayudas sociales instauradas para apoyar a panameños en condiciones de pobreza, agrupadas bajo el nombre de “Programas de Transferencia Monetaria Condicionada”, puso al descubierto que al menos 8 mil beneficiarios tienen vehículos y cupos de taxi, lo que les garantiza ingresos.

La revelación surge luego de un cruce de información que hiciera el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que sacó a relucir que 8,010 beneficiarios de dichos programas figuran con algún registro vehicular.

De esa cantidad, 7,976 tienen placas de vehículos y 205 mantienen cupos de transporte público, situación que según las autoridades activó un proceso de revisión por parte de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social.

En uno de los programas, “120 a los 65”, se identificaron a 6,961 beneficiarios que a su nombre mantenían registros de placas vehiculares, particulares, taxis o buses.

Tras la verificación, realizada entre los periodos 2025 y 2026, un total de 154 beneficiarios fueron excluidos específicamente por “poseer cupo de transporte en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre”.

Unos 450 beneficiarios con registro de cupos fueron sacados de los distintos programas sociales, informó la entidad de seguridad social.

Otros cuatro beneficiarios con cupo salieron del padrón por causas distintas (defunción, renuncia, pensión), elevando a 158 los procesados.

Quedan 47 beneficiarios con cupo de transporte todavía activos en el padrón, pendientes de revisión inmediata.

Adicional, 292 beneficiarios que tenían placa vehicular fueron excluidos por motivos no relacionados al cruce, entre ellos defunción (180), pensión o jubilación (45), renuncia voluntaria (39), entre otros.

El programa “120 a los 65”, que otorga $120 mensuales a mayores de 65 años, concentra el grueso de los hallazgos, teniéndose que 6,961 beneficiarios poseen placa vehicular y 165 tienen cupo de transporte. De estos últimos, 117 fueron excluidos por tener cupo en la ATTT y 45 permanecen pendientes.

En el programa “Ángel Guardián”, cuyo beneficio es de $80.00 mensuales, se identificaron a 28 beneficiarios con cupo, de los cuales 25 fueron excluidos, mientras que el programa “Red de Oportunidades”, cuyo beneficio es de $50.00 mensuales, 10 casos con cupo fueron procesados en su totalidad, al igual que dos de SENAPAN, que otorga una ayuda de $50.00 mensuales.

Magalys Araúz, directora de Desarrollo e Inclusión Social del citado ministerio, declaró que “aquellos beneficiarios que aparecían con placas registradas a su nombre en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre fueron remitidos a las direcciones provinciales, comarcales y regionales del MIDES para la elaboración de informes sociales que evaluaran su condición”.

Araúz agregó que “los programas sociales existen para proteger a quienes más lo necesitan, no para ser utilizados de forma indebida. Por eso, en el Ministerio de Desarrollo Social estamos reforzando los cruces de información entre instituciones y aplicando controles más estrictos que nos permitan actuar con transparencia y responsabilidad”.

Una nota de prensa institucional detalla que poseer un cupo de transporte es causal directa de exclusión, por tratarse de un generador de ingresos comprobado, mientras que tener una placa vehicular es solo un indicador referencial que no implica la exclusión automática.

El Ministerio de Desarrollo Social, que en las últimas semanas ha estado bajo el escrutinio público por supuestos hechos acaecidos en los albergues donde se mantienen jóvenes y adolescentes, concluyó el primer pago del 2026, por un monto total de $54,193,470, a 186,225 beneficiarios de los programas “Ángel Guardián”, “120 a los 65”, “Red De Oportunidades” y el “Bono Alimenticio de Senapan”.

La brecha en las pensiones entre hombres y mujeres mayores de 65 años en España alcanza el 29,2%, cifra superior al promedio de la Unión Europea, según datos recogidos por Eurostat este año y consignados por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Este dato evidencia que la desigualdad de género persiste incluso tras la jubilación, desencadenando vulnerabilidad económica entre las mujeres mayores. En vísperas del 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema de ONU Mujeres ‘Derechos, justicia y acción para TODAS las mujeres y niñas’, distintas organizaciones han reiterado sus demandas de medidas urgentes, compromiso político y cambios estructurales para erradicar las desigualdades que afectan a mujeres de diferentes ámbitos, según reportó Europa Press.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha rendido homenaje a las mujeres que sostienen el sector de la discapacidad y la dependencia, incluyendo mujeres con discapacidad, cuidadoras y profesionales sociosanitarias. De acuerdo con Europa Press, la entidad insiste en que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble desventaja: menor presencia en el mercado laboral y una significativa brecha salarial. El CEDDD denuncia que el salario medio anual de las mujeres con discapacidad resulta 8.710 euros menor al de los hombres sin discapacidad. La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha publicado un manifiesto titulado ‘Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad’, señalando que persisten obstáculos estructurales que impiden a este colectivo ejercer plenamente sus derechos judiciales. Según relató Europa Press, este manifiesto fue leído públicamente en un video, en el que once mujeres con discapacidad expusieron, en primera persona, las reivindicaciones del movimiento.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), a través de su propio manifiesto, denuncia exclusión estructural en áreas clave de la vida de las mujeres sordas y urge a la administración pública a implementar acciones inmediatas orientadas al reconocimiento efectivo de sus derechos. En una línea similar, la IX Jornada Mujeres en el Autismo, organizada por Fundación Orange y la Federación Autismo Madrid, destacó las dificultades cotidianas que afrontan las mujeres autistas y sus familias. Dichas barreras, tanto visibles como invisibles, condicionan sus posibilidades y su bienestar, motivo por el cual las organizaciones han propuesto fortalecer experiencias e iniciativas probadas que hayan demostrado eficacia para reducir este tipo de obstáculos.

En términos de inserción laboral, la tasa de empleo entre mujeres con discapacidad ha alcanzado el 29,8% este año, una mejora respecto a años anteriores, pero considerablemente por debajo del 47% que registra el conjunto de mujeres en España, conforme al informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’ elaborado por Fundación Randstad y Randstad Research y citado por Europa Press. En paralelo, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco–en colaboración con dieciséis empresas–ha publicado el ‘13º informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral’. El informe subraya la importancia de considerar una perspectiva interseccional, ya que diferentes factores como edad, discapacidad, responsabilidades familiares y experiencia de violencia de género pueden acumularse y dificultar el acceso y mantenimiento del empleo. Europa Press detalló que la combinación de estas situaciones intensifica la exclusión social y laboral, por lo que se proponen respuestas adaptadas e integrales a cada caso.

Organizaciones feministas y sociales levantan la voz sobre la persistencia de múltiples formas de discriminación en el mercado laboral. De acuerdo con la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la actualidad está marcada por amenazas de retroceso en los derechos adquiridos, el auge de discursos hostiles y el creciente negacionismo de las violencias machistas. La UNAF aboga por políticas públicas centradas en una educación igualitaria, educación sexual integral y amplio respaldo al asociacionismo feminista. Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) solicitó al Gobierno mayor reconocimiento de la maternidad y la implementación de políticas efectivas que eliminen las dificultades económicas, sociales y laborales que enfrentan las mujeres madres, especialmente las de familias numerosas.

En el contexto del emprendimiento femenino, la Fundación Madrina acompaña a unas cien madres jóvenes, muchas en situación de vulnerabilidad y de más de cincuenta y cinco nacionalidades, a través de su Universidad de Madres para brindar formación y facilitar la creación de microemprendimientos, lo que representa una alternativa concreta para la autonomía económica y la conciliación familiar. Según Europa Press, tanto la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) como Autónomas por la Igualdad (AxI) han impulsado campañas para visibilizar la precariedad y la desigualdad estructural que enfrentan las trabajadoras autónomas. AxI, bajo el slogan ‘No queremos medallas. Queremos derechos’, denuncia la narrativa que pone en valor la resiliencia femenina mientras se desatienden los problemas reales de desprotección social.

A nivel internacional, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) considera que el contexto actual presenta una oportunidad para el avance del liderazgo femenino, sobre todo en la gestión y resolución de conflictos, en el marco de crisis como la escalada bélica reciente en Oriente Medio. La ONG Entreculturas, mediante su campaña ‘Mujeres que construyen futuro’, advierte que la violencia de género es una problemática estructural, no limitada a territorios concretos, sino presente tanto en contextos internacionales como en España. En declaraciones recogidas por Europa Press, la organización señala que "este 8M debe ser 'un punto de inflexión' que traduzca los compromisos políticos en decisiones concretas", con el objetivo de modificar las circunstancias que perpetúan la desigualdad.

El medio Europa Press informa que, globalmente, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 132 millones de niñas entre seis y diecisiete años no asisten a la escuela. Si las políticas públicas no se orientan a cambiar esta situación, 351 millones de mujeres y niñas podrían continuar en pobreza extrema en 2030. En regiones como África subsahariana, la organización Fundación Recover, Hospitales para África, trata de mejorar el acceso de mujeres y niñas a la atención médica. Desde 2016, las iniciativas de esta organización han beneficiado a cerca de 32.000 mujeres y niñas a través de campañas sanitarias.

Ante el 8 de marzo, colectivos de diferentes ámbitos, incluida la discapacidad, las familias, las mujeres mayores y las organizaciones feministas, coinciden en la necesidad de acciones decididas y sostenidas por parte de las instituciones y la sociedad civil para garantizar derechos, participación y bienestar de todas las mujeres y niñas, según relató Europa Press. La reiteración de estas demandas pone de manifiesto la persistencia de obstáculos en materia de derechos, justicia y acceso a oportunidades, e impulsa a reclamar compromiso político inmediato y medidas concretas que cambien las condiciones de desigualdad existentes.

En plena antesala electoral, el lenguaje político autoritario emerge como uno de los principales factores de deterioro democrático en el país, según dos investigaciones recientes. Los estudios coinciden en que este tipo de discurso está modificando lo que la ciudadanía percibe como aceptable en el debate político, debilitando los cimientos de la democracia incluso mientras las instituciones formales siguen operando.

Los hallazgos indican que el lenguaje político cumple hoy un rol clave como señal temprana de erosión democrática. Cuando la política se presenta como una confrontación moral entre bandos irreconciliables, el desacuerdo deja de considerarse parte legítima de la democracia y comienza a percibirse como una amenaza que debe ser neutralizada. Este fenómeno no solo afecta la percepción ciudadana, sino también la cobertura mediática, las redes sociales y la conversación pública cotidiana.

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La primera investigación titulada “Democracia bajo tensión en Colombia”, realizada con el apoyo de Asuntos del Sur, identificó señales de deterioro democrático asociadas a la desconfianza institucional, tensiones entre los poderes del Estado y discursos que transforman la política en una lucha moral. Aunque no hay rupturas formales del orden democrático, estas dinámicas generan polarización y debilitan la capacidad de construir acuerdos básicos, lo que prepara el terreno para la expansión de prácticas discursivas autoritarias.

Tácticas autoritarias en redes sociales

El segundo documento titulado “Manual de emergencia para tiempos autoritarios” se centró en el análisis del lenguaje político como síntoma poco monitoreado de erosión democrática, evaluando 14.709 trinos publicados entre mayo y octubre de 2025 en la red X (antes Twitter). El estudio identificó cinco Tácticas Autoritarias Discursivas (TAD), patrones de comunicación que buscan reorganizar el conflicto político mediante la exclusión, la deslegitimación, la sospecha o la agresión simbólica, en lugar de debatir ideas.

Los resultados muestran que el 13% de los trinos analizados contenía al menos una TAD, siendo la táctica más recurrente “Nosotros vs. ellos”, presente en el 30% de los casos. Además, el 42% de los mensajes con TAD se concentró en solo cinco candidaturas, lo que evidencia un uso focalizado y desigual del lenguaje autoritario.

Los investigadores subrayan que estas tácticas no dependen de ideologías específicas ni de una sola plataforma, sino que circulan entre diferentes actores políticos y se amplifican a través de medios, discursos públicos y conversaciones cotidianas.

Las cinco tácticas que debilitan la democracia

1. Nosotros vs. ellos: Cuando la política empieza a decidir quién cuenta y quién no, convirtiendo el desacuerdo en exclusión. Busca dividir.

Cómo combatirla:

• Volver la discusión a ideas y propuestas, no a personas.
• Desconfiar de mensajes que sugieren que “alguien sobra”.
• Defender el desacuerdo como parte normal de la democracia.

2. Todo es sospechoso: Instala una desconfianza permanente hacia quienes controlan y vigilan el poder. Busca desequilibrar.

Cómo combatirla:

• Exigir hechos y pruebas, no rumores.
• Diferenciar entre crítica legítima y desconfianza total.
• No asumir automáticamente trampa cuando un resultado no gusta.

3. Garrote y más garrote: Reduce los problemas a una lógica de control y castigo como respuesta central. Busca punitividad.

Cómo combatirla:

• Preguntar por límites, consecuencias y alternativas.
• Defender el diálogo y las soluciones institucionales.
• No confundir gobernar con castigar.

4. Niebla informativa: Dificulta comprender la realidad al mezclar, saturar o desordenar la información. Busca confundir.

Cómo combatirla:

• Leer más allá del titular.
• Buscar contexto y fuentes confiables.
• No compartir información que no ayude a entender mejor.

5. Del dicho al golpe: Desplaza el discurso hacia escenarios donde la agresión deja de verse como un límite. Busca normalizar la violencia.

Cómo combatirla:

• Rechazar burlas, insultos y deshumanización.
• No justificar ni celebrar el daño, venga de donde venga.
• Marcar límites claros frente a la violencia en el lenguaje.

Estas tácticas, según los estudios, preparan el terreno para prácticas más autoritarias, incluso cuando no se produce una ruptura formal del orden democrático, y contribuyen a que el desacuerdo deje de percibirse como legítimo, debilitando la democracia desde adentro.

Un llamado a proteger la conversación pública

“No escribimos este manual para ganar discusiones, sino para volver a encontrarnos. Para recordar que incluso en la diferencia es posible sostener una vida pública basada en el cuidado, el respeto y la escucha”, señaló Alejandra Ucrós, directora de Programas de Movilizatorio.

Por su parte, Juliana Uribe, directora ejecutiva, afirmó que el manual busca empoderar a la ciudadanía para identificar a tiempo las prácticas que ponen en tensión la democracia y decidir qué amplificar y qué no.

El mensaje de los investigadores es claro: cuidar la democracia también significa cuidar el lenguaje con el que nos relacionamos, reconociendo que los discursos autoritarios, aunque sutiles, pueden socavar la vida democrática desde adentro.

El fenómeno del rechazo atraviesa la vida de los jóvenes adultos contemporáneos con una frecuencia e intensidad que, según algunos expertos, podría posicionar a esta generación como una de las más afectadas.

Esta idea, impulsada por observaciones de periodistas y académicos como David Brooks, surge a partir del análisis de las dificultades que enfrentan los jóvenes en distintos ámbitos: educación superior, empleo, relaciones personales y hasta el acceso a vivienda, donde el número de solicitantes crece sin que las oportunidades lo hagan al mismo ritmo.

De acuerdo con Brooks, la competitividad actual obliga a los jóvenes a postularse a decenas de universidades, aunque solo reciban una o dos respuestas positivas, situación que termina replicándose en el mercado laboral y los vínculos personales, intensificando la sensación de exclusión.

Este fenómeno no se limita al entorno educativo. El psicólogo Roy Baumeister, uno de los principales investigadores del rechazo, subraya en diálogo con BBC News que factores como la “inflación de las notas” y la sobreproducción de élites educativas generan más competencia y menos espacios reales de inserción, aumentando las tasas de rechazo en varios niveles.

Baumeister cita como ejemplo clave el incremento histórico de graduados universitarios, sin un crecimiento paralelo en la disponibilidad de empleos de calidad o plazas de posgrado. Adicionalmente, la búsqueda de pareja a través de plataformas virtuales, cada vez más prevalente, propicia conexiones fugaces y superficiales, lo que puede originar aún más rechazos en el ámbito sentimental.

Los efectos inmediatos y a corto plazo del rechazo han sido ampliamente estudiados en laboratorio por Baumeister y su equipo. Si bien la intuición apuntaba a una reacción de angustia o dolor emocional tras ser excluidos, los experimentos revelaron inicialmente una respuesta diferente: un entumecimiento emocional.

Este bloqueo, similar al efecto anestésico que sigue a una lesión física, impide que las personas sientan dolor de forma consciente y las hace temporalmente menos empáticas y más propensas a respuestas agresivas o antisociales.

Según los estudios, durante esta fase los individuos disminuyen su tendencia a ayudar y su disposición para conectar con otros, contrariamente a la expectativa de que buscarían compensar el rechazo acercándose a los demás. Aunque estos cambios son transitorios, pueden tener consecuencias sobre la capacidad de relacionarse y de integrarse socialmente si se repiten o cronifican.

A nivel social, el rechazo afecta también al rendimiento intelectual y al funcionamiento de los grupos. Experimentos realizados por Baumeister evidencian que quienes sufren rechazo muestran un descenso significativo en pruebas de coeficiente intelectual y en desempeño académico o profesional.

Esta disminución puede originarse tanto en la falta de motivación como en la incapacidad de regular las emociones tras la experiencia de exclusión. Tal como advierte el psicólogo, grupos sociales que se perciben rechazados exhiben menor disposición a colaborar por el bien común, un fenómeno que, a largo plazo, podría replicarse a escala social, erosionando el tejido comunitario.

Frente a este escenario, los mecanismos de afrontamiento se vuelven cruciales. Baumeister recomienda persistir y buscar nuevos espacios de integración tras vivir un rechazo.

En el ámbito romántico, por ejemplo, el malestar tiende a ceder cuando la persona establece un nuevo vínculo positivo, demostrando la capacidad de resiliencia ante la exclusión.

El especialista también hace hincapié en la necesidad de reconocer la reacción de insensibilidad y el “adormecimiento” emocional, muchas veces imperceptible, para no quedarse atrapado en un ciclo de aislamiento.

El aumento del rechazo y la soledad plantea, además, posibles riesgos para la salud pública. Aunque Baumeister reconoce que la expectativa de vida y los indicadores de salud global han mejorado, advierte que la soledad crónica puede deteriorar la salud física y mental.

Diversos estudios muestran que las personas con menos vínculos sociales sufren recuperaciones más lentas ante enfermedades y mayores niveles de malestar. El crecimiento de hogares unipersonales y la tendencia a posponer o evitar relaciones formales incrementan estos riesgos en sociedades modernas.

No todo resultado en la investigación sobre el rechazo ha sido predecible. Uno de los hallazgos más inesperados del trabajo de Baumeister fue la ausencia de una reacción emocional inmediata al rechazo y, en algunos casos, incluso un aumento de emociones positivas inconscientes, como si la mente buscara de forma automática recuerdos o pensamientos felices para amortiguar el impacto.

Este efecto podría funcionar como un mecanismo protector, minimizando el daño emocional al inicio, aunque el dolor real pueda manifestarse posteriormente. Finalmente, la transición de la comunicación presencial a la digital aparece como un factor que refuerza la problemática del rechazo.

Según Baumeister, las herramientas tecnológicas mejoran las relaciones cuando complementan el trato directo, pero generan desconexión y malestar cuando sustituyen completamente la interacción cara a cara. El reto actual radica, por tanto, en no dejar que la inmediatez y frialdad de la comunicación online profundicen la sensación de aislamiento y rechazo que tantos jóvenes ya enfrentan.

Ciudad del Vaticano, 15 ago (EFE).- El papa León XIV afirmó que "el dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta", en un mensaje que envió este viernes a los participantes en la Semana Social, que se realiza en Lima del 14 al 16 de agosto.

"Contemplemos ahora nuestro tiempo, atravesado por múltiples desafíos en el orden económico, político y cultural. El dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta que, en cuanto Iglesia, debe corresponder a los signos de los tiempos desde las entrañas del Evangelio", afirmó el pontífice estadounidense, pero con pasaporte peruano tras sus muchos años en este país.

El papa enumeró los varios santos peruanos y después subrayó que "no son adornos de un pasado barroco; surgen de un llamado de Dios para construir un futuro mejor".

"Comprendamos, al mismo tiempo, que toda acción social de la Iglesia ha de tener como centro y meta el anuncio del Evangelio de Cristo, de modo tal que, sin desatender lo inmediato, siempre conservemos la conciencia de la dirección propia y última de nuestro servicio", aconsejó.

Y agregó: "Pues si no damos a Cristo íntegro, estaremos siempre dando extremadamente poco" y explicó que hay que dar "tanto el pan material como el Pan de la Palabra".

"No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos", destacó.

Se despidió deseando que estas jornadas "sean fructíferas y contribuyan a dar un nuevo impulso a la pastoral social en esa querida Iglesia peruana".

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "seguir la línea de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y excluir a quien piensa diferente y convertir los actos institucionales en actos de partido".

"Creo que el señor Almeida se retrata con decisiones así. Nuevamente sigue la línea de la señora Díaz Ayuso, que es la línea del Partido Popular de Madrid, que es excluir a quien piensa diferente", ha lamentado desde la Pradera de San Isidro.

El equipo de José Luis Martínez-Almeida decidió no invitar al delegado del Gobierno al acto institucional de entrega de medallas de San Isidro por sus "ataques constantes e insultos recibidos contra el Ayuntamiento y la Comunidad".

"Es una decisión triste que yo lamento, pero también creo que aburre. Es una polémica artificial generada por los señores excluyendo a quien no opina como ellos. Es una pena, pero ellos se retratan. Y, desde luego, creo que a la gente le interesa cero este asunto", ha zanjado Martín.

El delegado tampoco fue invitado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso al acto institucional por el Dos de Mayo, que no contó con ningún representante del Gobierno de España después de que el Ejecutivo decidiera cancelar la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos.

En el marco del Día del Niño, el coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia — América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, advirtió que en México persiste una exclusión estructural hacia niñas, niños y adolescentes, quienes siguen sin ser considerados sujetos plenos de derechos en el diseño de políticas públicas, lo que se refleja en múltiples dimensiones de su vida cotidiana.

En entrevista para infobae México, Pérez García explicó que actualmente hay 36.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, es decir, uno de cada tres habitantes. Sin embargo, esta población continúa siendo marginada del espacio público, sin acceso efectivo a la participación ni a una representación significativa en los procesos de decisión. Según el especialista, esto se debe a la falta de relevancia política que se les otorga desde las instituciones, lo que provoca una baja inversión en políticas integrales para la niñez y un cumplimiento limitado de sus derechos fundamentales.

Uno de los ejemplos más claros de esta exclusión, explicó Pérez García, se encuentra en el sistema educativo. Tanto la Constitución, como la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho a la participación infantil. Sin embargo, en la práctica, este principio no se cumple. También destacó que los comités escolares siguen sin integrar a los estudiantes en los procesos de toma de decisiones, pese a que esto afecta directamente a más de 30 millones de menores en el sistema educativo nacional.

“Quizás el mayor desafío que tiene nuestro país es que las niñas y niños no tienen relevancia política para quienes toman decisiones. Esto se traduce en una escasa inversión del gasto público, salvo en los temas mínimos y, sobre todo, una negación a su participación directa en los temas que les afectan. Una ilustración cotidiana de ello es que en las escuelas los comités escolares no incluyen a los estudiantes… y estamos hablando de un impacto, una afectación a 30 millones de ellos. Es importante reconocer que esta práctica y esta cultura adultocéntrica les niega equivalencia humana frente al resto de las y los mexicanos adultos”, manifestó.

Pérez García afirmó que esta exclusión se vincula directamente con una cultura adultocéntrica que domina en las estructuras institucionales, escolares y familiares. Dicha cultura considera a las infancias como propiedad de sus familias o como personas incapaces de opinar y decidir sobre asuntos que les afectan. Como consecuencia, niñas y niños no sólo quedan fuera del debate público, sino que también son colocados en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia, pues se les educa para depender de adultos y no para ejercer sus derechos.

La falta de protección efectiva y la omisión del Estado también se reflejan en la inactividad del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mecanismo establecido por ley para coordinar la política pública en materia de derechos de la niñez entre los tres niveles de gobierno. Pérez señaló que dicho sistema no ha sesionado en más de cuatro años, a pesar de que, por mandato legal, debe ser presidido por la titular del Ejecutivo federal.

“Este 30 de abril es una buena oportunidad para que a la presidenta, Claudia Sheinbaum, le informen o se entere de que también es presidenta del SIPINNA y convoque a su reactivación para diseñar políticas efectivas”, dijo.

Niñez y altos niveles de violencia

La gravedad de la situación se agrava en un contexto nacional caracterizado por altos niveles de violencia. Pérez afirmó que, aunque no se reconozca oficialmente, México vive una dinámica similar a la de un país en guerra. Agregó que siete homicidios infantiles ocurren cada día, se registran 20 desapariciones diarias de menores y sólo en 2024 fueron asesinados más de 2 mil 400 niños, cifra que representa un aumento del 7 % respecto al año anterior y el acumulado histórico de menores desaparecidos supera los 17 mil 600 casos.

Pérez insistió en que, mientras el gasto público siga concentrado en armamento y militarización, será imposible revertir la violencia generalizada. Subrayó que las infancias tienen derecho a vivir libres de violencia y de guerra, y que una política pública enfocada en el fortalecimiento comunitario, la prevención territorial y la construcción de paz desde lo local tendría más impacto que el uso de la fuerza en la mayoría de los contextos.

“En tanto la militarización, la inversión y el gasto público siga estando en las armas no tendremos posibilidades de desmontar esta guerra. Hay que recordar que las infancias tienen derecho a una vida libre de violencia y, explícitamente, a vivir libres de guerra y, quizás, ese sería el desafío mayor en nuestro país en este rubro”, señaló.

Estructuras culturales nocivas

Finalmente, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia señaló que es posible desmontar las estructuras culturales que sostienen el adultocentrismo, el machismo, el racismo y otras formas de discriminación. Para ello, es necesario asumir estos cambios como una responsabilidad individual y colectiva. Afirmó que muchas personas adultas —en particular hombres— están trabajando en modificar sus prácticas cotidianas, aunque reconoció que es un proceso complejo y permanente.

También destacó que las políticas públicas deben apoyar esta transformación desde la educación, promoviendo desde las primeras etapas la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y combatiendo los roles tradicionales que reproducen la violencia de género. Agregó que el involucramiento de niñas, niños y adolescentes en la vida comunitaria puede prevenir muchas de las dinámicas que hoy derivan en desapariciones, homicidios y otras violencias.

“La educación en nuestro país tiene que seguir avanzando para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero esto tiene que empezar desde las escuelas, con los niños y niñas. Una forma contundente de reducir la violencia contra las mujeres es iniciar temprano (con la educación), con las niñas y adolescentes porque es ahí donde inicia la violencia de género y a partir de donde se asignan roles tradicionales. Lo mismo sucede con la dinámica de desaparición, muerte y homicidios: hay mucho que podemos prevenir desde los territorios sin esperar a que esto se resuelva por vías militares o con uso de la fuerza pública. Por supuesto que en algunas zonas será necesario, pero, en la mayoría de los territorios, el fortalecer las dinámicas comunitarias, la articulación de los temas cotidianos que afectan a las infancias puede representar una gran oportunidad para construir la cultura de paz”, concluyó.

Madrid, 10 ene (EFE).- La multinacional Meta ha modificado su política sobre conductas y permitirá que en Facebook, Instagram y Threads se pueda llamar "enfermos mentales" a personas LGTBI+, así como oponerse a la presencia de mujeres en organismos militares o fuerzas de seguridad.

La nueva política, disponible en la página web de Meta, recoge que ahora se permiten "acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre transexualismo y homosexualidad, y el uso habitual no grave de palabras como 'raro'".

Otro de los párrafos añadidos permite el contenido que "abogue por limitaciones de acceso a puestos de trabajo en organismos militares, fuerzas del orden y el sector educativo en función del género", lo que abriría la puerta, por ejemplo, a comentarios que defiendan la exclusión de las mujeres de la policía, el ejército o la enseñanza.

Lo mismo ocurre con las limitaciones en estos sectores "en función de la orientación sexual" cuando estén basadas en creencias religiosas.

Asimismo se ha eliminado una parte de su política anterior en la que se especificaba que, entre otros, estaba prohibido referirse a las mujeres como "objetos del hogar o propiedad".

La nueva política de Meta abre espacio al uso del "lenguaje exclusivo de un sexo o género al debatir el acceso a espacios que suelen limitarse conforme al sexo o al género, por ejemplo, acceso a baños, escuelas concretas, organismos militares específicos, fuerzas del orden, roles educativos y grupos de salud o apoyo".

Anteriormente, sólo se consentía abogar por la exclusión de un género en grupos de salud o apoyo.

Incitar a la exclusión o usar lenguaje "insultante" en debates sobre temas políticos o religiosos, por ejemplo sobre los derechos de las personas transgénero, la inmigración o la homosexualidad, también está permitido, así como expresar "rechazo por un género en el contexto de una ruptura amorosa".

Meta realizó estos cambios en su página web después de que su CEO, Mark Zuckerberg, anunciase en un mensaje en redes sociales que la multinacional pondrá fin a su programa de verificación de datos por terceros en Estados Unidos.

Zuckerberg no mencionó en ese mensaje que también se cambiaría la política sobre conductas que incitan al odio. EFE

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha pedido a los grupos políticos que "abandonen la polarización" para alcanzar acuerdos basados en "el bien común".

"Lo que estamos viendo en el diálogo con los políticos en cualquier materia es que es complicado generar consensos. Nosotros estamos convencidos de es posible alcanzar acuerdos", ha asegurado Peiro en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, ha reclamado a los diferentes grupos que "abandonen la polarización" para alcanzar acuerdos. "Tenemos las bases para alcanzar acuerdos basados en la dignidad de las personas, los derechos que les son inherentes y el bien común", ha añadido.

Peiro ha destacado que España acaba 2024 "con una dura constatación", ya que hay dos millones de personas más en situación de exclusión que antes de la Gran Recesión de 2007, según el IX Informe FOESSA. "Esta situación es especialmente grave para los menores y los jóvenes. El 16% de los menores de 18 años están en riesgo de exclusión y también para la población inmigrante en situación administrativa irregular", ha alertado.

Precisamente, sobre las personas extranjeras ha dicho que "la irregularidad es la causa determinante de la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión que sufren". Por ello, ha agregado que Cáritas ha reivindicado este año que las administraciones públicas competentes den una "respuesta estructural" al creciente número de personas en situación administrativa irregular que residen actualmente en España.

En esta línea, ha reafirmado su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes. "Esperamos que el 2025 sea el año en el que estas personas, que ya viven entre nosotros y en muchos casos trabajan en empleos informales, puedan integrarse plenamente en nuestra sociedad gracias a tener reconocido el derecho a la ciudadanía", ha subrayado.

Peiro también se ha referido a las familias y ha reclamado que las que tengan hijos a cargo puedan tener apoyos y políticas sociales "coherentes" con el contexto europeo. "Seguimos muy lejos de los países de nuestro entorno. España apenas invierte en políticas de apoyo a la familia el 36% de la media europea", ha advertido.

Por otro lado, Peiro ha recordado que Cáritas ha respondido este año a las emergencias humanitarias causadas por las guerras en Gaza y el tercer año de conflicto bélico en Ucrania, además de las numerosas crisis olvidadas que afectan a miles de personas, como es el caso de Haití, la región de los Grandes Lagos y el Sahel. "Nos cuesta apoyar estas realidades con grandes programas, porque los fondos privados están muy vinculados a emergencias. Estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir en estos lugares y mantener una presencia real de la Iglesia", ha expuesto.

Asimismo, en cuanto a los retos para el próximo año, Peiro ha destacado que existe una "tarea importante" en la que hay que seguir avanzando: la incidencia política. "Nosotros siempre vamos a ofrecer ayuda a las personas que la necesitan de forma cada vez más creativa e innovadora para conseguir cambios en estas vidas, pero coincidimos toda la confederación, todas las Cáritas, en la necesidad de reforzar la incidencia política, para que las políticas sociales y las leyes que afectan a las personas cambien", ha asegurado.

Si bien, ha reclamado seguir mirando la realidad desde una mirada de derechos humanos. Es decir, analizar cuáles son los derechos que no se están respetando y cuáles son las nuevas pobrezas que se están generando y, desde ahí, proponer cambios legales. Además, ha apuntado que el objetivo de Cáritas es reforzar el voluntariado y abrirse a otras realidades, como es el voluntariado familiar, a través de empresas.

Ginebra, 31 dic (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió sobre el endurecimiento de las medidas del régimen talibán contra las mujeres afganas que trabajan en las ONG, y pidió a las autoridades de facto de Afganistán que pongan fin a su creciente exclusión en la sociedad.

En un comunicado publicado este martes, indicó que el Ministro de Economía de Afganistán ordenó el 26 de diciembre a organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales que cumplan el decreto emitido hace dos años en el que se amenazaba con revocar licencias de éstas si seguían dando empleo a mujeres.

"Urjo una vez más a las autoridades afganas de facto a que revoquen este decreto tan discriminatorio, así como otras medidas que persiguen erradicar el acceso de mujeres y niñas a la educación, el empleo y servicios públicos como la sanidad, restringiendo su libertad de movimientos", señaló Türk.

"Ningún país puede progresar en lo político, lo económico o lo social si excluye a la mitad de su población de la vida pública. Por el bien de Afganistán, las autoridades tienen que cambiar de rumbo", insistió.

También subrayó que esta medida afectará al trabajo de las ONG en Afganistán, en un momento en que éstas juegan un papel vital para dar asistencia a su población, con más de la mitad de los afganos viviendo en la pobreza. EFE

(Actualiza la noticia EC1119 con datos del cierre de la compañía en la bolsa)

Madrid, 16 dic (EFECOM).- Minor Hotels Europe & Americas (MHEA) ha subido un 34,77 %, la mayor subida de la bolsa este lunes, después de que su principal accionista, el grupo tailandés Minor International, haya lanzado una opa a 6,37 euros por título para excluir de negociación a su filial en España.

La acción de la compañía se ha revalorizado 1,61 euros, ese 34,77 %, y ha cerrado en 6,24 euros.

En lo que va de año, Minor Hotels Europe & Americas, gana ya cerca del 49 %.

El pasado viernes, MHG Continental Holdings, la sociedad a través de la cual el grupo tailandés Minor International controla Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), la antigua NH Hoteles, anunció el lanzamiento de una opa a 6,37 euros por acción para hacerse con el 4,135 % del capital de la hotelera que no controla (18.017.448 acciones).

El consejo de administración de MHEA ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 20 de enero de 2025 en primera y única convocatoria para someter a su aprobación la exclusión de la hotelera de negociación de las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Minor es titular, a través del MHG Continental Holding, de 417.728.222 acciones de MHEA, representativas de aproximadamente el 95,865 % de su capital social, que inmovilizaría hasta la finalización del plazo de aceptación de la oferta y, por tanto, quedarían excluidas de la misma. EFECOM

Barcelona, 15 nov (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente la cotización de Applus, con efectos inmediatos, hasta que se concrete su "exclusión definitiva", al finalizar el plazo de aceptación de la opa lanzada por Amber.

La CNMV ha hecho pública esta decisión al haber finalizado el plazo de aceptación de la opa de exclusión formulada por los fondos I Squared y TDR a través de la sociedad Amber.

"Esta suspensión -señala en una nota- se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada sociedad".

El pasado 30 de octubre, el Consejo de la CNMV autorizó la opa de exclusión que habían presentado I Squared y TDR.

El plazo de aceptación quedó fijado entre los días 1 y 15 de noviembre,

La oferta se dirigía, en principio, al cien por cien del capital de Applus, compuesto por 129 millones de acciones.

No obstante, de la opa quedaron excluidos 93,4 millones de títulos, representativos del 72,38 % del capital, que fueron inmovilizados por el oferente.

De esta forma, la oferta se dirigía de modo efectivo a 34,6 millones de acciones (27,62 % del capital).

El precio de la oferta quedó fijado en 12,78 euros por título. EFECOM

Sevilla, 18 oct (EFE).- La plataforma Nosotros También Somos Sevilla y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han señalado este viernes que la "violencia" que padece el Polígono Sur, donde se encuentran Las Tres Mil Viviendas, no es la causa de los problemas sino la consecuencia de decisiones políticas tomadas durante años.

Estos colectivos, que representan a distintas asociaciones del barrio, han pedido a los políticos, en un comunicado remitido a EFE, que "dejen de tirarse los trastos a la cabeza" y que demuestren que de verdad "les duele el pueblo".

Ante los acontecimientos violentos ocurridos en el Polígono Sur, donde el pasado sábado se produjo un tiroteo sin herido con armas de combate y en el que se mantiene desplegado un amplio dispositivo policial, han criticado el que consideran "circo mediático" y la "algarabía política" creados en torno al barrio.

"Hemos guardado un prudente silencio para no participar del circo mediático, que solo busca el morbo, ni de la algarabía política, que solo busca descargar la responsabilidad en el adversario, en lugar de unirse a él para pedir disculpas y decidirse a ejecutar las medidas necesarias", han señalado la asociación y la plataforma.

También han censurado que se utilice al Polígono Sur de Sevilla como "cuarto trastero de Sevilla" para esconder la pobreza y la exclusión que generan las políticas de empleo, vivienda, educación o salud.

"El resultado es que nos traen pobreza y exclusión, nos quitan recursos necesarios", han denunciado, al tiempo que han lamentado -ente otras cuestiones- el realojo de familias de poblados chabolistas en el barrio, el traslado de personas sin hogar y la ausencia de distintos servicios públicos.

Finalmente, han alertado de que se consienta que familias honradas "con contrato y pagando sus facturas" sufran interminables cortes de luz todos los días durante años, mientras que se permite la compraventa ilegal de viviendas y el uso de las mismas para el cultivo de marihuana. EFE

Quito, 27 sep (EFE).- La tercera Conferencia Ministerial Iberoamericana sobre Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo abordó este viernes, en Quito, soluciones contra las desigualdades y la exclusión de los sectores más desfavorecidos que aumentaron durante la pandemia.

El encuentro hizo énfasis, además, en que las brechas se exacerbaron con la crisis climática y los distintos conflictos internacionales, cuyos impactos económicos se han sentido de manera colateral en los países de la región.

Las deliberaciones de este encuentro serán trasladadas a la Secretaría General Iberoamericana (Segib) para la Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur) los días 14 y 15 de noviembre.

En esta cita celebrada en la capital ecuatoriana estuvieron presentes dieciséis delegaciones de los veintidós países que componen el bloque iberoamericanos, entre ellos Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Los delegados participantes en esta conferencia analizaron la situación actual del crecimiento sostenible, de los sistemas de protección social, de la migración y de las políticas sociales orientadas a generar un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo.

En la inauguración del encuentro, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, elogió la visión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de poner en el foco de la próxima Cumbre Iberoamericana los problemas de desempleo juvenil, que "son particularmente importantes en la región y que deben estar en el debate".

Allamand incidió en que el desempleo de la población joven de Iberoamérica triplica al de la población adulta, a lo que se suma también la alta informalidad que caracteriza a muchas de las economías de los países americanos del bloque y que "es mucho más fuerte en los jóvenes".

"Hay un porcentaje importante de 'ninis', jóvenes de menos de 24 años que ni estudian ni trabajan", subrayó Allamand, para quien estas cifras "esconden, además, brechas de género particularmente significativas".

Para ello, abogó por desarrollar "políticas públicas que apunten a los temas de desempleo juvenil", lo que a su juicio debe incluir una atención en mejorar la calidad de la educación, tanto elemental como universitaria e incentivos a la contratación de jóvenes.

Allamand también se refirió a las brechas de género en el acceso al financiamiento para emprender, pues "cuando las mujeres quieren emprender les cuesta más que a los hombres acceder a financiación, (y cuando logran acceder) el financiamiento es mucho más caro para ellas".

Además, resaltó que "el desempleo de mujeres jóvenes es casi el doble que en los hombres jóvenes", es decir, que "las posibilidades de acceso al empleo formal son mucho más bajas (para las mujeres)".

"Es un tema que tenemos que abordar con mucha intensidad. A las mujeres jóvenes no solo les cuesta más acceder a empleos formales, sino que por tareas de igual responsabilidad reciben remuneraciones significativamente inferiores", remarcó.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, también coincidió en resaltar la necesidad de poner en práctica "políticas públicas ambiciosas y transformadoras que respondan a los grupos más marginados de nuestra sociedad".

Sommerfeld señaló que los esfuerzos deben enfocarse en reducir la pobreza y extrema pobreza, que perpetúan la exclusión y la desigualdad, factores que además incentivan la migración, "un fenómeno complejo para nuestros países que cada día sentimos más".

La ministra señaló que esta conferencia "es una oportunidad valiosa para promover la cooperación multilateral y la movilización de recursos para erradicar la desnutrición crónica infantil".

De su lado, la ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Zaida Rovira, instó a velar para que toda la población iberoamericana tenga protección social de los Estados mediante herramientas de gestión pública que fomenten el crecimiento sostenible y mejoren la calidad de vida de toda la población, especialmente de los más vulnerables. EFE

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