Un ferry privado avanza por las aguas turquesas y se acerca a una franja de tierra que parece flotar lejos del resto de Miami. Detrás de los muros y jardines imposibles, la opulencia es la norma: residencias de decenas de millones de dólares, autos de lujo y un acceso restringido a solo unos pocos elegidos. Nadie aquí recuerda que, antes de que fuera el vecindario más rico de Estados Unidos, la isla tuvo un dueño afroamericano.

En los registros oficiales, el nombre de Dana Albert Dorsey aparece como una anomalía. Hijo de esclavos, con una educación formal limitada —algunas fuentes mencionan hasta cuarto grado—, Dorsey desafió la lógica de la segregación y el racismo en la Florida de comienzos del siglo XX.

El silencio sobre el pasado de la isla es tan absoluto como su aislamiento actual. No hay placas ni monumentos que cuenten que, durante un breve lapso, Fisher Island fue el sueño de un afroamericano que buscaba un refugio para su comunidad, en una ciudad que les negaba incluso el acceso al mar.

El afroamericano que desafió la segregación en Miami

Mucho antes de que Fisher Island fuera sinónimo de lujo, Dana Dorsey llegó a Miami en 1896 con sus herramientas de carpintero y una ambición que excedía todo estándar de la época. Nacido en 1872 en Georgia, hijo de antiguos esclavos, pronto descubrió que la ciudad recién fundada estaba marcada por la segregación: los afroamericanos solo podían vivir en barrios marginales y trabajar en condiciones precarias. Pero Dorsey vio en esa exclusión una oportunidad.

Comenzó comprando pequeños lotes en Overtown y Lemon City, zonas relegadas para la comunidad negra. Construía casas sencillas y las alquilaba a quienes no tenían otra opción. Cada peso ganado lo reinvertía en nuevos terrenos y viviendas.

Así, paso a paso, levantó un pequeño imperio inmobiliario en la sombra, que lo transformó en el primer afrodescendiente millonario de Florida, como documenta la Florida International University, centro de estudios superior, y medios locales como WLRN y CBS Miami.

Sin embargo, su éxito no se limitó al negocio: Dorsey también donó terrenos para escuelas y bibliotecas, y fundó bancos que apoyaron la movilidad social de toda una generación afroamericana en Miami.

La compra de Fisher Island: un acto revolucionario

En 1918, Dorsey realizó una jugada que descolocó a las élites blancas de la ciudad. Adquirió 8,5 hectáreas de Fisher Island al empresario Herman B. Walker: le pagó USD 8.000 y 10 lotes de Lemon City, según las escrituras de la Marvin Dunn Collection y la cronología de Fisher Island Club. La isla, hasta ese momento, era un espacio reservado de facto solo para blancos.

Dorsey tenía un objetivo claro: crear un balneario y centro de recreación para la comunidad negra, a la que le prohibían el acceso a las playas públicas de Miami. Para lograrlo, organizó un ferry que transportaba afroamericanos y turistas desde el río Miami hasta la isla. De este modo, desafió abiertamente las reglas de la segregación y provocó rechazo entre empresarios y autoridades blancas.

Los archivos históricos detallan que la propuesta de Dorsey era inédita para la época, y su mera existencia se percibía como una amenaza para el statu quo de la ciudad. Imaginó un espacio de esparcimiento y encuentro en un contexto donde la ley y la costumbre negaban ambas cosas a su gente.

El sueño truncado: presiones y venta forzada

La sociedad dominante no estaba preparada para el proyecto de Dorsey. Empresarios blancos presionaron para bloquear el transporte de materiales y limitar el acceso a la isla. El aislamiento natural del lugar, sumado a la hostilidad institucional, hizo que el desarrollo fuera inviable. Las autoridades y los intereses económicos se encargaron de cerrar cualquier puerta posible.

En 1919, menos de dos años después de la compra, Dorsey vendió Fisher Island a Carl Fisher, el magnate que transformaría Miami Beach en un enclave para las élites blancas. La operación quedó registrada en los archivos del condado de Miami-Dade y en medios como CBS Miami.

Aunque no fue despojado de manera directa ni por la fuerza, diversas presiones sociales, económicas e institucionales asociadas a la segregación dificultaron su proyecto y propiciaron la venta.

Ese momento marcó el punto en el que la isla dejó de ser símbolo de esperanza para la comunidad afroamericana y empezó a convertirse en el enclave de opulencia que es hoy.

Fisher Island: de sueño de inclusión a símbolo de exclusividad

Tras la venta, Carl Fisher intentó convertir la isla en un puerto de aguas profundas, pero el proyecto no prosperó. En 1927, Fisher intercambió parte del terreno con William Kissam Vanderbilt II, a cambio de su yate Eagle. Así nació la era de la exclusividad: el arquitecto Maurice Fatio diseñó una mansión rodeada de jardines, casas de huéspedes y hangares para aviones privados.

La isla fue refugio de magnates, políticos y celebridades: desde Edward S. Moore hasta Charles G. Rebozo, íntimo de Richard Nixon, según la cronología de Fisher Island Club.

El desarrollo continuó con nuevos inversores, cada uno sumando capas de lujo y blindando el acceso a la isla. La memoria de Dorsey quedó eliminada del relato oficial, desplazada por la narrativa de exclusividad.

El legado invisible de Dana Dorsey

Lejos de Fisher Island, Dana Dorsey continuó construyendo su legado en Miami. Fundó bancos, donó terrenos para escuelas y bibliotecas, y su nombre aún sobrevive en instituciones de Overtown y otros barrios históricos. Falleció en 1940, sin ver su sueño realizado: un balneario afroamericano en la isla que alguna vez le perteneció.

El enclave pasó de ser un símbolo de inclusión posible a convertirse en el vecindario con mayor ingreso per cápita del país.

Hoy, Fisher Island ocupa 87,4 hectáreas y cuenta con unas 800 residencias. El acceso es solo por ferry privado.

No hay ningún monumento ni referencia visible a Dorsey en la isla. Quien busque la memoria de Dana Dorsey tendrá que cruzar el canal y caminar por Overtown, donde su nombre sobrevive en una escuela y una biblioteca.

El nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros introduce la posibilidad de obtener atención sanitaria pública desde la presentación de la solicitud en los centros de salud, lo que permite que la asistencia comience sin demoras. Según informó el Ministerio de Sanidad, la medida busca eliminar los obstáculos burocráticos mediante la aceptación de una declaración responsable y diversifica las formas de acreditar la residencia en España. De este modo, la norma establece que el acceso a la sanidad pública se convierta en la opción por defecto para todas las personas residentes en el país.

De acuerdo con el medio, la ministra de Sanidad, Mónica García, acudió a la presentación de este decreto destacando que el texto representa un "paso decisivo" para conseguir que la universalidad de la cobertura sanitaria sea efectiva y plena. García subrayó que la aprobación del decreto se produce en un contexto marcado por el avance de la ultraderecha, el racismo y las medidas de exclusión en distintos países del entorno, y situó la decisión del Ejecutivo dentro de una estrategia más amplia para fortalecer la cohesión y la protección social en España.

En declaraciones difundidas por el Ministerio de Sanidad, recogidas por el medio, Mónica García señaló: "Convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto y reafirmamos un principio que es muy sencillo: la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país". Según reportó el medio, la ministra hizo referencia directa a la situación generada en 2012, cuando el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy modificó el modelo, restringiendo el acceso y excluyendo a miles de personas en situación irregular de la sanidad pública, lo que, en palabras de García, rompió la universalidad del sistema sanitario español.

El medio detalló que el nuevo decreto simplifica la acreditación del derecho mediante una declaración responsable y amplía las posibilidades de demostrar la residencia, lo que —según la ministra— elimina la complejidad administrativa que hasta ahora dificultaba el acceso a quienes se encontraban en situación irregular. De acuerdo con las comunicaciones oficiales difundidas por el Ministerio y recogidas por el medio, otra novedad clave es que la asistencia sanitaria se iniciará en el mismo momento en que se presente la solicitud, evitando así momentos de desprotección mientras se resolvía el trámite.

La ministra, citada por el medio, afirmó: "Evitar obstáculos y hacer que el reconocimiento del derecho a la sanidad sea la opción por defecto" constituye el eje del Real Decreto, priorizando la protección de la salud como bien común. García expresó que la sanidad pública española se fundó sobre la premisa de que la salud concierne a toda la sociedad y recalcó que crear barreras al acceso repercute sobre la cohesión, la convivencia y la dignidad colectivas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio y detallada por el medio, la ministra volvió a recordar que el actual Gobierno ya impulsó medidas como la regularización extraordinaria para otorgar estabilidad y derechos a personas migrantes, igual que lo hace con la reforma sanitaria. En el acto, la titular de Sanidad enfatizó la posición del Ejecutivo frente a propuestas que abogan por deportaciones y exclusión, y remarcó la diferencia entre las políticas de su gobierno y las que apuestan por el cierre de fronteras.

La ministra, en una intervención recogida por el medio, afirmó que "la solidaridad es también la mejor vacuna contra el miedo, el racismo y el odio". Finalizó sosteniendo la apuesta de España por el cuidado y la garantía del derecho a la salud, transmitiendo el mensaje de que nadie debe sentir temor al solicitar asistencia médica dentro del territorio nacional.

El medio subrayó así el objetivo gubernamental de fortalecer la igualdad y la protección social a través de políticas inclusivas, dirigidas especialmente a quienes hasta ahora enfrentaban dificultades administrativas para acceder al sistema sanitario público. La publicación remarcó que la aprobación del Real Decreto forma parte de un conjunto de medidas que buscan reafirmar el principio de universalización y reducir las diferencias de trato para los residentes en España, independientemente de su situación administrativa.

Decenas de mujeres migrantes han visto dificultades para acceder a cuidados médicos básicos durante el embarazo, mientras que menores han enfrentado retrasos en sus calendarios de vacunación y personas con enfermedades crónicas permanecen sin el debido control sanitario. Tal como publicó la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho a través de un informe presentado recientemente, estos hechos se relacionan directamente con los problemas de empadronamiento que afectan a la población sin documentación regular en España, quienes quedan apartados de servicios fundamentales como sanidad, educación, vivienda y ayudas sociales. Según consignó el medio, la situación deriva del creciente fenómeno de barreras y trabas administrativas que diversos ayuntamientos imponen para registrar a las personas migrantes en el padrón municipal.

El informe “El derecho a tener derechos”, elaborado por la Coordinadora —integrada por entidades como Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios, Sindicato de Manteros, Regularización Ya Valencia, Oxfam Intermón y Red Acoge, entre otras— advierte que la exclusión en el empadronamiento ha propiciado un mercado clandestino en el que migrantes deben pagar hasta 500 euros para figurar en domicilios sobreocupados, como reportó la ONG Murcia Acoge. Según el documento citado por la Coordinadora, en algunos pisos se inscribe a decenas de personas y el pago por acceder a empadronarse constituye un coste adicional para quienes ya enfrentan precariedad económica. De acuerdo con las ONG, este sistema ilegal favorece la explotación y el endeudamiento de las personas migrantes, quienes recurren a redes informales ante la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos en los ayuntamientos.

Tal como detalló la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, el padrón municipal no representa un documento que acredite la situación legal en el país, sino que simplemente certifica la residencia efectiva en determinada localidad. La exigencia de presentar contratos de alquiler, escrituras de propiedad o permisos de residencia vigentes para acceder al registro entra en contradicción con la normativa vigente. Las organizaciones firmantes señalan que estas prácticas administrativas no solo contravienen la ley, sino que además dejan a la población migrante en un “limbo administrativo” que obstaculiza su acceso a derechos esenciales.

De acuerdo con el informe, la administración pública, al poner obstáculos para el empadronamiento, genera una demanda que se canaliza a través de actores informales, quienes ofrecen el registro a cambio de elevadas sumas de dinero. En las ciudades donde estas prácticas proliferan, la consecuencia se traduce en una consolidación de la “mercantilización” del padrón y en la normalización de la sobreocupación de viviendas. Médicos del Mundo aportó datos en este sentido al informar, según recogió el documento, que en los últimos tres años al menos 28.700 personas vieron restringido su acceso a la atención sanitaria o a tratamientos esenciales debido a problemas vinculados con el empadronamiento. De este conjunto, 885 eran menores y 363 mujeres embarazadas que encontraron dificultades para recibir asistencia.

El análisis presentado por la Coordinadora evidencia además que el 61,4% de las restricciones en el acceso sanitario impactaron específicamente en mujeres, lo que apunta a una dimensión de género en la exclusión derivada de la falta de padrón. Entre los efectos descritos en el informe aparecen los embarazos sin seguimiento prenatal, menores sin completar los calendarios de vacunación recomendados y personas con enfermedades crónicas que no accedieron al control o al tratamiento adecuado. El medio refleja también que, en la esfera educativa, el no estar empadronado puede demorar la escolarización de niños y niñas durante varios meses.

El acceso a empleo regular y la posibilidad de regularización administrativa por arraigo también se ven obstaculizados por la falta de certificado de empadronamiento, según alertó la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho en el documento citado. La exclusión del padrón lleva a muchas personas a participar en la economía informal ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral en condiciones legales. La ausencia de registro en los censos municipales impide además solicitar ayudas sociales, acceder a viviendas públicas y, en ocasiones, hasta abrir cuentas bancarias, como detalló la Coordinadora.

El informe también pone de manifiesto que estas dificultades no solamente afectan a las personas físicamente excluidas del padrón, sino que repercuten en la gestión de los propios municipios. Un ayuntamiento que no registra a todos sus vecinos termina recibiendo menos recursos económicos del Estado del que correspondería en función de su población real, limitando su capacidad para financiar y prestar servicios.

En el texto difundido por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho se analiza además el papel que desempeña el padrón como mecanismo de control migratorio bajo determinados contextos políticos. Para las entidades firmantes, impedir que personas migrantes se inscriban en el padrón no produce una disminución de los flujos migratorios, sino que genera más irregularidad, impulsa la economía sumergida y dificulta los procesos de regularización administrativa, como indicó el informe.

Frente a la problemática detectada, la Coordinadora propone distintas medidas destinadas a garantizar el acceso universal al padrón. Entre las recomendaciones recogidas en el documento figuran la creación de unidades municipales especializadas con personal formado en empadronamiento y la supresión de requisitos no previstos en la normativa vigente. Además, sugiere establecer protocolos claros y específicos para quienes carecen de domicilio fijo o residen en asentamientos, así como la puesta en marcha de un observatorio nacional que supervise y controle las prácticas de los ayuntamientos en la materia. Otra propuesta apunta a la necesidad de desarrollar mecanismos administrativos accesibles, ágiles y comprensibles para toda la población migrante y vulnerable.

El informe enfatiza que la exclusión padronal afecta de manera estructural la vida de muchas personas migrantes y sus familias, y limita el funcionamiento democrático si parte de la población permanece invisible en los registros oficiales. Según las entidades agrupadas en la Coordinadora, es necesario abordar la situación desde la voluntad política, la coordinación interadministrativa y lo que definen como una empatía social. El documento concluye con una cita señalando: “Mientras existan mujeres que crían, cuidan, trabajan y viven en nuestras ciudades sin constar en los registros, la democracia estará incompleta”.

El Tribunal Supremo, en una resolución que recibió la ponencia del magistrado Vicente Magro, identificó en este caso una conducta de exclusión ejercida por motivos de nacionalidad y raza. La sentencia, difundida por Europa Press, destacó que las expresiones racistas formuladas por el acusado constituyeron una "discriminación integrante de exclusión social", al tratar al propietario de un bar como "de inferior categoría" y recalcar una perspectiva dominante basada tanto en el color de la piel como en el hecho de no ostentar la nacionalidad española. Bajo este análisis, el alto tribunal ratificó la condena por delito de odio y por amenazas leves, considerando que este tipo de actos no son tolerables en el marco de un Estado social, democrático y de derecho.

Según publicó Europa Press, el acusado se presentó en el local de la víctima, situado en Valencia, después de que una máquina expendedora de tabaco no le devolviera correctamente el cambio de un euro. El hombre pidió explicaciones al propietario, quien le indicó que debía solicitar la devolución a los responsables de la máquina. En ese momento, el condenado comenzó a proferir insultos racistas, incluyendo frases como "negro de mierda, te voy a matar". Cuando intervinieron agentes de policía, el hombre persistió en sus agravios, gritando delante de los funcionarios: "Os vamos a tirar del barrio, nos están estafando, monos", y reclamó un trato diferenciado para sí mismo por ser español.

La Audiencia Provincial de Valencia había dictado inicialmente la sentencia de seis meses de prisión y más de 1.000 euros de multa para el acusado, fallo que después fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y más recientemente, por el Tribunal Supremo. Europa Press precisó que el Supremo consideró probado tanto el trato excluyente como el ataque dirigido por cuestiones de nacionalidad y raza. Los magistrados advirtieron que en el Estado español no es legítimo ni permitido discriminar a una persona por no ser española, y enfatizaron que la exclusión deliberada de ese tipo sí se tipifica en el derecho penal como delito de odio.

El texto judicial se detuvo además en la naturaleza de las expresiones utilizadas por el condenado. Los jueces recalcaron que frases como "negro de mierda" no sólo buscan ofender en tono despectivo, sino que manifiestan abiertamente sentimientos de odio hacia la diferencia racial. De acuerdo con el fallo difundido por Europa Press, la sentencia incluyó una referencia a la frecuente utilización de este tipo de insultos en espectáculos públicos y, especialmente, en el ámbito deportivo, lo que muestra su persistencia en ciertos espacios de la vida social y la peligrosidad de facilitar el discurso de odio.

El Tribunal Supremo consideró debidamente acreditado que el acusado ejerció un “trato excluyente” tanto por la diferencia racial como por la ausencia de nacionalidad española, manifestando una discriminación que trasciende el acto individual e impacta de manera directa en la convivencia y el orden democrático. “No cabe odiar al que consideran algunas personas 'diferente' por razón territorial, ni quienes pretenden ejecutar esas 'diferencias' resaltando su territorialidad frente al concepto de nación desde una perspectiva excluyente”, subrayó el alto tribunal, según recogió Europa Press.

Dentro de la resolución, el Tribunal Supremo vinculó estas expresiones de odio a una forma de imposición ideológica sustentada en el miedo, aludiendo a la peligrosidad de no admitir el disenso o la diferencia en un contexto democrático. Europa Press consignó que los magistrados advirtieron que tolerar este tipo de comportamientos conduce a una afectación “profunda” tanto de la convivencia como del propio orden constitucional.

La sentencia del Supremo sostiene que la intolerancia y la exclusión de quienes son percibidos como “diferentes” dibujan un escenario en el que no se admite el pensamiento divergente y se promueve la imposición por la fuerza o el temor. Esta situación, según la máxima instancia judicial, compromete los fundamentos del pacto democrático, al tiempo que atenta contra la convivencia social.

Por último, Europa Press recogió la valoración del Tribunal Supremo sobre la recurrencia de expresiones de odio similares en contextos deportivos, subrayando que el lenguaje de odio no se limita al ámbito privado, sino que circula en espacios públicos y masificados, fortaleciendo patrones de discriminación y exclusión. La ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo refuerza la consideración de estos actos como amenazas directas a la paz social y la igualdad de derechos, elementos esenciales para la estabilidad del sistema democrático y legal.

Enrique Santiago, portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, advirtió sobre el riesgo de que la aprobación de la ley de multirreincidencia, impulsada por Junts y respaldada por el PSOE junto a la derecha y la ultraderecha, provoque un aumento de la saturación en el sistema penitenciario y de los juzgados penales, al imponer penas que, según afirma, no atacan el origen social de los delitos y pueden derivar en un retroceso en las políticas de progreso. Según recopiló Europa Press en base a una entrevista de Santiago en el programa “Parlamento” de RNE, el dirigente expuso su inquietud respecto a una posible aproximación entre los socialistas y el Partido Popular, similar a la gran coalición alemana, como consecuencia de estos posicionamientos legislativos, y señaló que la medida penal puede desembocar en la congestión de cárceles con personas en situación de exclusión social.

De acuerdo con el medio Europa Press, Santiago calificó la reforma de la multirreincidencia como “ineficaz y muy mal orientada”, argumentando que la aplicación de penas severas para hurtos leves equivale a “intentar matar moscas a cañonazos”. A su juicio, la vía para combatir los delitos que surgen en contextos de exclusión social necesita la combinación de herramientas de resocialización y refuerzos en políticas sociales, no únicamente medidas penales. Además, recordó que el actual marco legal ya otorga la posibilidad de dictar órdenes de alejamiento, sin que resulte imprescindible modificar el Código Penal para reforzarlas.

El portavoz destacó que la reforma prevé sanciones de hasta tres años de prisión incluso por el robo de un teléfono móvil, lo que equipara la pena máxima con la prevista en delitos societarios y de defraudación. Explicó que este endurecimiento no solo puede “llenar las cárceles de personas en situación de exclusión”, sino también “congestionar los ya saturados Juzgados de lo Penal”, retrasando los procedimientos y la ejecución de las sanciones, lo cual, en su opinión, dificulta la eficacia del sistema de justicia.

Según consignó Europa Press, Santiago recordó antecedentes legislativos en esta materia. Expuso que en 2015, la reforma introducida por el Gobierno del PP endureció de modo similar las penas ante la multirreincidencia, lo que provocó un incremento del número de internos en prisiones. Contrastó esa situación con la reforma aprobada en 2022 por el Gobierno de coalición, la cual adoptó un enfoque mixto entre sanciones penales y medidas sociales, logrando una disminución de ese tipo de infracciones. Reportó que en 2024 los delitos contra el patrimonio descendieron un 4%, mientras que los hurtos lo hicieron en poco más de un 2%.

El representante de IU defendió que el gasto destinado a cada recluso podría emplearse en alternativas de apoyo social como la formación profesional, recordando que las plazas en este ámbito están actualmente limitadas al máximo. Consideró poco rentable, tanto en términos sociales como económicos, invertir en encierros en lugar de fomentar la integración y la capacitación laboral.

Al referirse al apoyo del PSOE a esta reforma, Santiago expresó preocupación porque, según remarcó, reproduce estrategias de la ultraderecha que consisten en magnificar problemas sociales y promover la percepción de inseguridad asociada a colectivos extranjeros. Según detalló Europa Press, el portavoz identificó en estos discursos una forma de “expandir planteamientos racistas” y criticó que los socialistas puedan “dar pábulo” a tales ideas.

Citó como ejemplo la actitud de Vox, que celebró la aprobación de propuesas propias en la Cámara, y alertó sobre el riesgo de que normalizar este tipo de discursos alimente el crecimiento electoral de la ultraderecha, en la medida en que la ciudadanía percibe que solo es posible afrontar estos problemas con políticas punitivas. Santiago subrayó que no se trata de fenómenos generalizados ni de la mejor solución recurrir al endurecimiento penal.

Por otro lado, el diputado de Sumar calificó como “más lamentable y estéril” que el respaldo del PSOE a la ley promovida por Junts no tenga repercusiones en su relación con la formación catalana, y advirtió sobre la posible repetición del modelo de gran coalición en España, en referencia a los pactos entre socialdemocracia y conservadores alemanes. Manifestó inquietud ante la posibilidad de que el PSOE retome acuerdos con el PP, recuperando políticas neoliberales que, a su juicio, afectan a las mayorías sociales.

Interrogado sobre una eventual ampliación de las diferencias entre Sumar y el PSOE, Santiago manifestó su deseo de que los socialistas mantengan el rumbo de las políticas de progreso, expansión de derechos y estrategias eficaces, sin ceder ante la influencia de la derecha ni la presión de la ultraderecha, tanto a nivel cultural como político y legislativo, informó Europa Press.

Como ejemplo concreto de iniciativas que considera inservibles pero promovidas por discursos de alarma, mencionó la creación de una oficina antiokupación en Córdoba, la cual, según sus palabras recogidas por Europa Press, no ha gestionado ninguna denuncia y solo ha beneficiado a empresas de alarmas. Reiteró que espera que el PSOE evite reproducir narrativas de la ultraderecha o apoyar medidas que, en sus términos, no resuelven el problema y contribuyen a incrementar la exclusión.

La tasa de riesgo de pobreza relativa en España cayó en 2025 al 19,5%, su nivel más bajo desde la crisis de 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025. El dato consolida una tendencia positiva en los indicadores sociales, pero también deja al descubierto una fractura que se agrava entre los jóvenes: la diferencia cada vez mayor entre quienes consiguen independizarse y quienes permanecen en el hogar familiar.

Según recoge Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, en un análisis difundido por el think tank, la proporción de jóvenes de entre 16 y 34 años en situación de pobreza cayó del 22,2% en 2015 al 17,0% en 2025. Aunque la tendencia general es descendente, la recuperación no ha sido homogénea. La pandemia interrumpió el avance, con un repunte al 20,7% en 2021, y la tasa se ha mantenido estable entre el 17% y el 18% desde 2022.

Sin embargo, Galindo señala la preocupante evolución de una realidad que se está volviendo cada vez más común: el creciente número de jóvenes que ve imposible emanciparse. De hecho, el INE señala que la tasa de menores de 35 años independizados se ha reducido año tras año en la última década. El porcentaje de jóvenes emancipados bajó del 37,5% en 2015 al 27,0% en 2025, lo que significa que casi tres de cada cuatro jóvenes españoles de 16 a 34 años viven con al menos uno de sus padres. Aunque pueda parecer que aquellos que se mantienen sin ayuda financiera de su familia cuentan con economías más robustas, los datos oficiales apuntan a que poder contar con el apoyo financiero de los padres es una de las mejores garantías para correr menor riesgo de pobreza.

Los jóvenes emancipados, cada vez más pobres

En esta publicación, el sociólogo e investigador señala la existencia de una brecha de pobreza entre los jóvenes emancipados y aquellos que viven con sus padres. Aunque en su conjunto los dos grupos han logrado reducir la tasa de pobreza juvenil, esta mejora es la suma de su evolución a ritmos muy diferentes. A lo largo de la última década, la pobreza entre los jóvenes que viven con sus padres ha descendido 6,2 puntos. Entre los emancipados, en cambio, la cifra ha crecido 1,6 puntos. Por lo tanto, los jóvenes independizados han visto aumentar su probabilidad de encontrarse en situación de pobreza mientras que para los que no han abandonado la casa de sus padres se ha hecho menor, ensanchando la distancia entre las tasas de pobreza relativas de los dos colectivos hasta los 17,8 puntos.

Vistas estas diferencias, todo indica que la reducción de la pobreza juvenil agregada responde principalmente a la mejora entre quienes continúan en el hogar familiar. El análisis de EsadeEcPol revela que dos tercios de la reducción total se deben al descenso de la pobreza en este grupo, cuya tasa ha decaído hasta el 12,2% desde el 18,4% registrado diez años antes. Solo una quinta parte obedece al descenso en la proporción de jóvenes emancipados, que mantiene una tasa de pobreza del 30% (casi el triple de la de los que siguen viviendo con sus padres), frente al 28,4% de 2015.

Así, la buena noticia de la reducción de la tasa de pobreza no se corresponde necesariamente con una mejora en las condiciones de vida de los jóvenes emancipados, sino con un aumento del número de trabajadores de nuevas generaciones que no pueden permitirse la emancipación y se mantienen bajo el amparo de la economía familiar.

Estudiar no basta sin ayuda familiar

El incremento en el nivel educativo de la juventud es otro de los aspectos destacados por el artículo, que sin embargo ni tiene el impacto esperado en la tasa de pobreza ni afecta de la misma manera a los dos grupos estudiados. La proporción de jóvenes con educación terciaria, ya sea cursando o completada, ha crecido tanto en los emancipados como en los no emancipados. Entre quienes viven con sus padres, el porcentaje se acerca a dos tercios; entre los emancipados, el número sube hasta rozar el 75%.

La desagregación por nivel educativo muestra que, en 2025, la tasa de pobreza para jóvenes sin educación terciaria es del 15% si viven con sus padres y alcanza el 39,1% en el caso de los emancipados. Entre los emancipados con estudios superiores, la tasa se mantiene entre el 23% y el 25% a lo largo de la década analizada, mientras que los que viven con sus padres y cuentan con estudios terciarios mantienen el menor riesgo de pobreza, que cae desde el 16% en 2015 hasta el 11,3% en 2025.

De estos datos se desprende que la apuesta más segura para mantenerse lejos de la pobreza juvenil es cursar estudios terciarios, pero sobre todo poder depender del apoyo económico familiar. El siguiente grupo con mayor seguridad son los no emancipados sin estudios terciarios, cuyas tasas han estado generalmente por debajo de las de los independizados con formación superior en la última década, aunque en ocasiones las han sobrepasado.

El precio de la vivienda, otro gran condicionante

Las cifras ofrecidas anteriores se han calculado teniendo en cuenta solo los ingresos que entran en el hogar, por lo que dejan fuera diferencias importantes relacionadas con el precio del acceso a la vivienda, una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las generaciones más jóvenes. No obstante, existe una manera de estimar el valor económico de vivir en una casa sin pagar un alquiler de mercado. Eso es precisamente el alquiler imputado: una cifra que calcula cuánto costaría esa vivienda si hubiera que alquilarla en condiciones normales. Se aplica tanto a quienes viven en una vivienda en propiedad como a quienes residen en una casa cedida por un familiar o siguen viviendo con sus padres.

Cuando este componente se suma a la renta del hogar, el impacto es claro: la tasa de pobreza baja mucho más entre quienes viven con sus padres (−1,5 puntos) que entre quienes ya están emancipados (−0,4 puntos), según el análisis de Galindo. Este ajuste refuerza la hipótesis de que el hogar familiar actúa como principal red de protección económica frente a la pobreza juvenil.

El importe de las ayudas, según la convocatoria, variará entre 500 y 3.000 euros en función de la naturaleza y gravedad de la emergencia que haya generado la solicitud, mientras que el crédito total destinado a esta iniciativa alcanzará los 75.000 euros. Estas medidas de apoyo, enfocadas en situaciones críticas como desastres naturales o circunstancias extraordinarias de carácter sanitario, social o asistencial, han sido impulsadas por la Xunta de Galicia. Tal como informó el Diario Oficial de Galicia (DOG), las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de manera individual a partir del miércoles 18, a las 9:00 horas, y hasta el 5 de octubre a las 20:00 horas.

De acuerdo con lo publicado por el DOG, la finalidad de este programa se centra en dar respuesta a casos de emergencia social que afectan a gallegos residentes en América con pocos recursos económicos. Las ayudas estarán segmentadas según el tipo de necesidad: subsistencia, vivienda y salud o bienestar social. El procedimiento estipula que, una vez agotado el presupuesto fijado, no se admitirán nuevas solicitudes, lo que supone la inadmisión automática para quienes apliquen después de que se agote el crédito.

Según reportó el DOG, las personas que resulten beneficiarias dispondrán de diez días para comunicar a la Xunta su decisión de aceptar o rechazar la ayuda desde que la administración les notifique su asignación. Además, los solicitantes contarán con un plazo máximo hasta el 5 de diciembre de 2026 para presentar toda la documentación justificativa que acredite el uso de los recursos otorgados.

La resolución de la Xunta responde a la detección de situaciones graves de necesidad que se han producido entre gallegos en el exterior sin recursos económicos suficientes. El Ejecutivo autonómico explicó que esta convocatoria busca intervenir en casos donde la carencia de apoyo podría llevar a procesos de exclusión social, según detalló el propio boletín oficial.

En cuanto a los potenciales destinatarios, el DOG especificó que podrán acceder a estas ayudas quienes demuestren insuficiencia de recursos para afrontar gastos derivados de situaciones de emergencia. Entre los requisitos figura la incompatibilidad con cualquier otra ayuda similar procedente de la Administración Pública. Los solicitantes tendrán que justificar detalladamente la emergencia correspondiente y la falta de medios para resolverla por otras vías.

Los beneficiarios a los que se dirige la medida, puntualizó el medio oficial, son personas nacidas en Galicia pero residentes en países de América donde España haya reconocido una base de cálculo para prestaciones asociadas a necesidades. También podrán solicitar este respaldo los hijos e hijas de gallegos emigrantes, siempre que residan en esos países y acrediten una vinculación con algún ayuntamiento gallego de por lo menos tres meses de antigüedad antes de la presentación de la solicitud.

La normativa añade que los nietos y demás descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad solo podrán aplicar en los supuestos de emergencia relacionados con la salud, según recogió el DOG. Por otra parte, el procedimiento de solicitud estará habilitado tanto en modalidad digital como con opción presencial a través de determinadas entidades colaboradoras instaladas en países de América, facilitando así el acceso a quienes puedan tener dificultades con los trámites en línea.

El DOG determinó que, en caso de que el volumen de solicitudes supere la cuantía global destinada, se priorizarán los expedientes en función de la gravedad y el tipo de emergencia expuesta. Esta disposición tiene como objetivo principal garantizar que los recursos lleguen primero a quienes enfrentan las situaciones más críticas, conforme a lo publicado por el propio órgano oficial.

Las personas interesadas deberán tener en cuenta los plazos tanto para la presentación de documentación como para la notificación de la aceptación o renuncia de la ayuda. Además, la Xunta remitió el aviso de que la presentación parcial, incorrecta o extemporánea de la documentación solicitaría la revisión o incluso la denegación del apoyo económico, según resaltó el DOG.

Esta convocatoria de la Xunta de Galicia se enmarca dentro de las políticas de atención a la emigración, centradas en ofrecer apoyo a ciudadanos gallegos en el extranjero que, por causas sobrevenidas, ven amenazada su supervivencia básica, la capacidad para mantener una vivienda digna o la cobertura de necesidades de salud y bienestar social. La administración autonómica declaró que, con esta nueva partida para 2026, persigue evitar que aumenten los casos de exclusión social en la diáspora gallega, dando respuesta a las situaciones más urgentes según el orden de presentación y valoración de las solicitudes.

El DOG aclaró que todas las gestiones, tanto para la emisión de las solicitudes como para el seguimiento del proceso, podrán realizarse desde el exterior y estarán adaptadas a la realidad de los migrantes gallegos, con la intención de garantizar la equidad en el acceso a estas prestaciones de emergencia.

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó al Estado español a poner fin a cualquier tipo de exención que permita a miembros del clero abstenerse de denunciar casos de abuso, y subrayó la necesidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos por personal de la Iglesia católica, así como de ofrecer reparaciones a las víctimas. Esta recomendación forma parte de una serie de observaciones que el Comité incluyó en su más reciente informe tras el séptimo examen a España, tal como informó la ONU.

Según detalló la ONU en el documento de ‘Observaciones Finales’, existe preocupación por la falta de datos oficiales en España sobre casos de abuso sexual infantil dentro del entorno familiar. También alertó sobre el aumento de los abusos y la explotación sexual de menores, incluso en contextos de acogimiento institucional y alternativo, y señaló los bajos índices de procesamiento y condena en situaciones donde están implicados miembros de la Iglesia católica. El Comité recomendó reforzar la recopilación estadística a nivel nacional y mejorar los mecanismos de justicia para menores, con recursos y procedimientos especialmente adaptados a la infancia, así como la realización de investigaciones ágiles para evitar que las víctimas sean revictimizadas durante los procesos judiciales.

El informe de la ONU destacó los logros de España en la legislación de protección de la infancia frente a la violencia, pero puso énfasis en los vacíos existentes respecto al registro y la gestión de casos de violencia sexual. Según consignó la ONU, el Comité señaló que el escaso número de procesos judiciales y sentencias condenatorias relacionadas con delitos sexuales cometidos por clérigos plantea una preocupación relevante en la protección de la infancia.

Además de los temas vinculados a violencia y abuso sexual, el Comité de Derechos del Niño expresó inquietud por los elevados y crecientes niveles de pobreza y exclusión social infantil en España. El informe subrayó que la inversión pública en prestaciones dirigidas a familias e infancia resulta insuficiente. La ONU reportó que la privación acumulada de quienes residen en viviendas inadecuadas o en asentamientos informales afecta de manera desproporcionada a menores de etnia gitana, quienes enfrentan desalojos forzosos sin alternativas habitacionales adecuadas.

El Comité recomendó al Estado español adoptar una estrategia integral basada en los derechos del niño y dotada de recursos suficientes para atender este contexto. Entre las acciones sugeridas figuran la creación de una prestación progresiva y universal para la crianza, incluyendo créditos fiscales reembolsables. El objetivo, según puntualizó la ONU, consiste en garantizar respuestas coordinadas y equitativas ante la pobreza infantil y la exclusión social, mediante políticas públicas estructuradas que permitan reducir el impacto negativo de estas condiciones en la infancia.

La ONU añadió que, junto a la necesidad de mejorar la recopilación de datos y las respuestas judiciales, se deben establecer protocolos y procedimientos sensibles a las necesidades infantiles en todos los territorios de España, para asegurar procesos judiciales rápidos y eficaces que protejan a las víctimas de nuevos episodios de trauma. El Comité instó, asimismo, a mantener un seguimiento constante de las recomendaciones emitidas y a implementar mecanismos que favorezcan la reparación de daños y la prevención de nuevos casos de violencia o abuso.

El documento de ‘Observaciones Finales’ se inscribe en el conjunto de revisiones periódicas que la ONU realiza sobre el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño entre los Estados firmantes. En este informe, la ONU hizo hincapié en la importancia de atender las deudas pendientes en materia de protección y bienestar infantil, al tiempo que reconoció los avances realizados en legislación y políticas de infancia, aunque consideró necesario fortalecer su aplicación y garantizar que lleguen a todos los sectores de la población infantil en situación de vulnerabilidad.

El informe definitivo de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025' revela que el ingreso medio por persona en España alcanzó los 15.620 euros durante 2024, lo que representa un incremento anual del 5,5%, y que la renta neta media por hogar llegó a 38.994 euros, casi 2.000 euros más que en 2023 y el nivel más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar esta serie. Según publicó el INE este jueves, a pesar de este aumento de ingresos, un 25,7% de la población española seguía catalogada en 2025 como en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más baja desde 2014 pero prácticamente igual que la del año anterior.

El estudio del INE, consultado por múltiples medios, expone que aunque la tasa AROPE (porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social) descendió levemente, pasando del 25,8% de 2024 al 25,7% en 2025, la mejora resulta poco significativa consideradas las persistentes desigualdades. El mayor impacto se concentra en los menores de 16 años: el 33,9% de ellos viven bajo riesgo de pobreza, el porcentaje más elevado entre todos los grupos etarios. En contraste, la tasa baja al 25,9% para quienes tienen entre 16 y 64 años y se reduce al 19,2% para las personas mayores de 65 años.

De acuerdo con lo publicado por el INE, dos de los tres componentes que definen el riesgo de pobreza o exclusión social experimentaron mejoras respecto a 2024: la tasa de riesgo de pobreza relativa descendió y también lo hizo el porcentaje de población con carencia material y social severa, situándose este último en un 8,1%, dos décimas por debajo del año anterior y su nivel más bajo desde 2022. Sin embargo, el porcentaje de personas con baja intensidad en el empleo permaneció sin cambios.

En concreto, la proporción de la población considerada en riesgo de pobreza se situó en 2025 en el 19,5%, el nivel más bajo desde 2008. Según datos del INE, el 1,4% de la población cumplía al mismo tiempo con las tres condiciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Esta proporción representaba un ligero aumento respecto al año anterior, que fue del 1,3%.

El nivel de formación influye considerablemente en la probabilidad de encarar situaciones de precariedad. Quienes poseen estudios superiores presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 13,9%, mientras que el porcentaje aumenta al 24,6% entre quienes cuentan con secundaria de segunda etapa, sube al 31,5% en quienes sólo completaron la primera etapa de secundaria, y alcanza el 35,3% entre las personas con educación primaria o inferior.

El paro figura como el factor que más eleva la exposición a la pobreza o exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas están en esta situación, seguido del 37,4% entre los inactivos no jubilados. Los ocupados registran un 16,4% y los jubilados el menor dato, con un 15,4%.

El informe del INE también puntualiza las dificultades económicas cotidianas de los hogares españoles. El 8,5% declaraba llegar a fin de mes con "mucha dificultad", una reducción respecto al 9,1% de 2024 y el mejor dato desde 2019. Respecto a la capacidad para afrontar imprevistos, el 36,4% de los hogares respondió no poder cubrir gastos inesperados, una cifra seis décimas superior al año previo. Por su parte, el 32,2% de los hogares no pudo permitir vacaciones de al menos una semana fuera del domicilio habitual, porcentaje que mejoró en comparación al 33,4% de 2024.

Los retrasos en pagos de la vivienda principal o compras a plazos afectaron al 13,3% de los hogares, nueve décimas por debajo del año anterior, según reflejó el INE en su publicación. Además, el 15,9% de las familias no logró mantener el hogar a una temperatura adecuada, cifra menor que en 2024, cuando alcanzó un 17,6%, y que en 2023, año que marcó el máximo desde el comienzo de la serie en 2004 con un 20,7%.

Respecto a la alimentación, el 5,4% de los hogares no podía permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada dos días, siete décimas menos que en 2024. En cuanto a bienes duraderos, el 5,4% no podía disponer de un automóvil, una décima más que el año anterior, y el 27,1% no podía sustituir muebles deteriorados, mejorando el dato del 27,7% de 2024.

La encuesta contempló también la situación de la vivienda: el 73,3% de los hogares residía en propiedad, el porcentaje más bajo registrado desde que el INE inició la serie en 2004. El 20,2% vivía de alquiler, dos décimas menos que el año anterior; el 16,7% lo hacía a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y el 3,5% a precios inferiores, con un ligero aumento.

Los datos regionales muestran marcadas diferencias territoriales. Andalucía registró la tasa más elevada de riesgo de pobreza o exclusión social con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha con el 34% y la Región de Murcia con el 32,5%. En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco, Baleares y Navarra, con tasas del 14,7%, 15,2% y 16,5% respectivamente. Si se considera únicamente la tasa de riesgo de pobreza, las regiones con los porcentajes más altos fueron Andalucía (27,7%), la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%), mientras que País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Navarra (12,3%) presentaron los menores valores.

Las dificultades económicas para llegar a fin de mes varían también según la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha alcanzó el porcentaje más alto, con un 12,7% de personas manifestando "mucha dificultad", seguida por la Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%). Los menores porcentajes se registraron en el País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).

El INE señala que la encuesta se realizó entre febrero y mayo de 2025, abarcando datos de renta correspondientes a 2024. Los resultados subrayan que, aunque algunas tasas mejoran de forma marginal y el ingreso promedio por persona y por hogar aumentan, la precariedad económica afecta todavía a una proporción considerable de la población. Las diferencias por edad, nivel educativo, situación laboral y territorio continúan marcando las posibilidades de los españoles para superar las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social.

Monseñor García Cariñanos, quien dirige el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), afirmó que la reciente decisión gubernamental sobre la regularización extraordinaria de migrantes representa "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular". De acuerdo con lo publicado por la propia CEE, este proceso supondrá nuevas vías para que miles de personas extranjeras puedan integrarse plenamente en la sociedad española, objetivo central de la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este martes tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos.

Según detalló la CEE, el organismo eclesiástico solicitó a las administraciones públicas que aseguren el establecimiento de mecanismos "adecuados y suficientes" a fin de que esta regularización pueda gestionarse de manera eficaz y en beneficio del colectivo migrante. El organismo consideró que la medida, según recogió en el comunicado difundido tras la reunión gubernamental, debe centrarse siempre en el servicio y la dignidad de quienes se encuentran en situación irregular.

El obispo García Cariñanos calificó el inicio de este proceso como una "muy buena noticia", señalando que la resolución favorable se logró tras un periodo prolongado de diálogos, encuentros y negociaciones con distintas formaciones del arco político. El responsable del Departamento de Migraciones de la CEE señaló que esta decisión "nos llena de esperanza", ya que, desde su perspectiva, permite avanzar más allá de los intereses políticos y dar respuesta a la situación de personas en condición de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, recogió la CEE en su balance.

Según informó la CEE, la Iglesia católica en España considera que la regularización facilitará que las personas migrantes, hasta ahora en situación irregular, puedan participar de manera plena en la vida social, económica y comunitaria del país. Desde el punto de vista eclesiástico, esto permitirá que dicho colectivo contribuya "con todas sus fuerzas al bien de esta sociedad de acogida".

En su declaración, el obispo García Cariñanos manifestó que "han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí" y reiteró el llamado a las distintas administraciones a garantizar que la regularización no solo exista como norma, sino que se acompañe con recursos y procesos eficientes para evitar nuevos escenarios de exclusión.

La decisión del Ejecutivo se tomó tras un proceso de negociaciones dentro del ámbito legislativo, resultando en la aprobación de la regularización en el Consejo de Ministros. El medio la CEE señaló que la medida cuenta con el respaldo de la Iglesia, que entiende la integración de las personas migrantes como parte fundamental para el desarrollo social y la cohesión comunitaria.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de que la implementación de la regularización se oriente siempre al interés y beneficio de las personas migrantes, y que las administraciones prevean todos los instrumentos legales y sociales necesarios para que el proceso se desarrolle "de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes", como consta en el comunicado oficial reproducido por la propia CEE.

La Iglesia española recordó que con esta nueva oportunidad legal se reconoce la aportación que las personas migrantes realizan al país pese a las dificultades que enfrentan por la falta de documentación regular. En palabras de García Cariñanos, "por encima de intereses políticos, considero que sirve para poner luz y esperanza a la situación de muchas personas migrantes que se situaban en tantas ocasiones en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social", recogió la CEE al destacar la relevancia del avance legislativo para el bienestar de miles de afectados.

El documento emitido por la Conferencia Episcopal Española resalta tanto la función social de la Iglesia como su papel de puente entre los distintos sectores implicados en la regularización, reiterando la exigencia de procedimientos accesibles, eficaces y humanos para todos los participantes en el proceso, informó la CEE.

El reciente apagón en la Cañada Real Galiana reavivó la preocupación acerca de las condiciones de vida de las familias residentes en sus sectores 4 y 5. Apenas un día después del corte de energía, un grupo de voluntarios, junto a la asociación de vecinos y la Fundación Madrina, organizó una entrega especial de juguetes destinada a menores en situación de vulnerabilidad, según detalló la propia fundación en un comunicado.

La distribución de juguetes, realizada este sábado en la Calle Real Galiana, incluyó coches, balones y otros juegos, con el propósito de llevar alivio y esperanza a decenas de hogares afectados por la precariedad y la exclusión social. Fundación Madrina, en palabras de su presidente Conrado Giménez, puso énfasis en la importancia de proteger el derecho a la infancia ante factores como el frío, la oscuridad y la falta de recursos. “No podemos permitir que el frío y la oscuridad roben la infancia a estos niños. Ayer se fue la luz física, pero hoy hemos encendido una luz mucho más potente: la de la dignidad y el apoyo mutuo”, expresó Giménez durante el acto, según consignó la fundación.

El medio informativo añade que la acción solidaria se llevó a cabo bajo el lema ‘Que la ilusión no se apague’, reflejando el esfuerzo coordinado entre vecinos y voluntariado para contrarrestar las consecuencias del último corte de electricidad. Este evento forma parte del programa de emergencia social de la Fundación Madrina, que mantiene su actividad durante los meses de invierno y está orientado a proveer apoyo a madres y menores en riesgo de exclusión en zonas especialmente afectadas por la pobreza energética.

Según lo reportado por Fundación Madrina, la situación en la Cañada Real continúa siendo “crítica”, y la entidad insistió en la necesidad de que tanto las autoridades como la ciudadanía mantengan el interés y el apoyo hacia quienes sufren carencias energéticas en la capital. Durante la jornada, la entrega de juguetes se enfocó en las familias más golpeadas por la ausencia regular de servicios básicos, en un ambiente donde los niños, pese a las dificultades, pudieron experimentar momentos de juego y compañerismo.

La Fundación Madrina recordó que esta intervención no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en un esfuerzo continuado por paliar los efectos sociales de la pobreza energética y reivindicar la situación de las familias en exclusión. En este sentido, el acto sirvió también como llamada de atención dirigida a las administraciones, para que intensifiquen su respuesta a los problemas de acceso a la energía y a la protección de los derechos de los menores. El medio recogió además la petición expresa de la fundación: no olvidar las necesidades de las familias en la Cañada Real, especialmente en el contexto de las bajas temperaturas y la inestabilidad en el suministro eléctrico.

La jornada de distribución fue posible gracias a la colaboración activa de voluntarios y miembros de la asociación vecinal de los sectores afectados, quienes se movilizaron para organizar y entregar los materiales donados entre las familias. Fundación Madrina destacó en su comunicado que este tipo de acciones pretenden generar redes de solidaridad y reforzar el tejido comunitario en entornos donde la vulnerabilidad se ha visto acentuada por incidentes recientes como el apagón.

El programa de emergencia social desplegado por la entidad se mantiene durante los periodos de mayor necesidad, con especial atención a los menores y madres que afrontan condiciones adversas en la periferia de Madrid. Según la información facilitada por la fundación, el alcance de sus iniciativas depende tanto de recursos donados como de la implicación del voluntariado y de la sociedad civil, elementos que, a juzgar por los últimos acontecimientos, resultan determinantes para mitigar el impacto de la precariedad en zonas como Cañada Real.

Fundación Madrina, en su llamado más reciente, subrayó la urgencia de buscar soluciones duraderas para los cortes de energía y las carencias estructurales que afectan a estos sectores. El medio recordó que la organización se dirige de manera recurrente a las administraciones competentes para solicitar mayor atención y respaldo a las familias en situación de vulnerabilidad, apostando por una intervención sostenida que medie entre la emergencia y la inclusión social efectiva.

Durante el acto celebrado en la Cañada Real, las familias participantes expresaron su agradecimiento a quienes hicieron posible la entrega. Para muchos de los niños presentes, el acceso a juguetes y materiales recreativos supuso un pequeño respiro frente a las dificultades cotidianas derivadas de la falta de servicios básicos y la inestabilidad en el suministro eléctrico. La fundación recalcó que estas acciones buscan garantizar un mínimo de bienestar y dignidad en un contexto en el que la infancia resulta especialmente vulnerable.

El comunicado difundido por Fundación Madrina concluyó con una reiteración de su compromiso con la infancia y las madres afectadas por la exclusión, remarcando la importancia de mantener viva “la luz de la ilusión”, incluso cuando la luz eléctrica deja de estar disponible. El balance de la jornada refleja el valor de la solidaridad ante situaciones de emergencia, así como la permanente movilización de entidades sociales y vecinos en favor de las familias de la Cañada Real.

La realidad de que más de la mitad de los hogares españoles con menores de edad enfrenta dificultades para llegar a fin de mes establece un escenario marcado por decisiones diarias que impactan directamente sobre los más jóvenes. Según Aldeas Infantiles SOS, las familias en situación de vulnerabilidad deben optar frecuentemente entre pagar el alquiler o cubrir el coste de la calefacción, adquirir materiales escolares o comprar alimentos frescos. Esta dinámica genera un estado de inestabilidad que afecta tanto a adultos como a niños, motivo por el cual la organización ha puesto en marcha la campaña #EnciendeSuLuz durante diciembre y enero, destinada a recaudar fondos para combatir la pobreza infantil extrema y la exclusión social en España.

De acuerdo con la información difundida por Aldeas Infantiles SOS, la iniciativa busca movilizar a la sociedad durante las fiestas navideñas para dar respuesta a lo que denominan “una emergencia silenciosa dentro de sus propios hogares”. La ONG señala que más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes en España se encuentran actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social, y que al menos un millón vive en condiciones de pobreza severa. Según lo publicado por la organización, esta situación implica una dificultad real y persistente para cubrir necesidades tan básicas como la luz eléctrica, la alimentación adecuada o la calefacción, desafíos acentuados en los meses más fríos del año.

La campaña #EnciendeSuLuz incluye un spot en el que el actor Miguel Ángel Muñoz recrea escenas habituales en hogares sometidos a privaciones, donde la nevera no contiene lo suficiente, la electricidad escasea y las bajas temperaturas afectan todos los rincones de la vivienda. En el anuncio se subraya que “esto no es una casa, es una emergencia”, y a través de un mensaje directo el actor afirma: “Con tu donación a Aldeas Infantiles SOS, enciendes la luz, llenas la nevera y devuelves el calor al hogar. Esta Navidad, enciende su luz”. El medio aclara que esta iniciativa permanecerá activa hasta el 6 de enero y que el objetivo principal es reunir fondos para las familias atendidas en los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar de la organización.

Según expone Aldeas Infantiles SOS, uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno es el efecto en el bienestar emocional de los menores. La organización describe cómo el estrés y la fatiga derivan de la constante preocupación de los adultos acerca de la capacidad para cubrir los gastos esenciales, una carga que los niños perciben de manera clara y que se traduce en sentimientos de ansiedad, tristeza y culpa. El reportaje del medio indica además que la imposibilidad de mantener rutinas diarias, la experiencia de mudanzas impuestas por la precariedad, o la vida en entornos poco adecuados, afectan la sensación de seguridad de los pequeños, lo cual se refleja tanto en el rendimiento escolar como en su desarrollo social y personal.

El medio Aldeas Infantiles SOS subraya que las restricciones económicas impiden, en muchos casos, la participación de los niños en actividades extraescolares, deportivas o culturales, reduciendo sus oportunidades para una integración social plena y perpetuando la desigualdad. La organización considera fundamental visibilizar este problema y apela a la solidaridad colectiva para “iluminar la vida” de la infancia afectada por la pobreza. La campaña invita a canalizar las donaciones que permiten que los hogares de estos menores cuenten con recursos mínimos durante el invierno, contribuyendo tanto a mejorar las condiciones materiales como a restituir parte de la estabilidad emocional de las familias.

De acuerdo con datos proporcionados por Aldeas Infantiles SOS en el marco del lanzamiento de #EnciendeSuLuz, en el 53,7% de los hogares con menores en España no resulta posible garantizar la cobertura de los gastos mensuales sin comprometer otras necesidades fundamentales. La ONG resalta que esta situación genera un círculo de desgaste en los adultos, quienes enfrentan la presión constante de seleccionar qué aspectos postergar para lograr sostener el día a día, y esto tiene un efecto en la vivencia y las posibilidades de los menores a cargo.

“Cuando los adultos viven con la incertidumbre constante de no saber si podrán cubrir necesidades básicas, la carga emocional se intensifica y los niños y niñas lo perciben con claridad, manifestándolo a menudo a través de ansiedad, tristeza o sentimientos de culpa”, afirma la organización citada por el medio. Desde Aldeas Infantiles SOS también han destacado cómo el aislamiento social se fortalece al no poder participar en actividades comunes para su franja etaria, lo cual refuerza el ciclo de exclusión.

La iniciativa #EnciendeSuLuz, detalló Aldeas Infantiles SOS, busca no solo recaudar fondos sino también concienciar acerca de estas circunstancias. El mensaje de la campaña insiste en que un gesto solidario puede ser determinante en la vida de los niños y niñas que “viven una emergencia silenciosa en su propio hogar”. Hasta el 6 de enero, las donaciones recibidas se canalizarán íntegramente a los programas de acompañamiento y asistencia directa gestionados por la asociación, con el propósito de proporcionar luz, alimentos y calefacción, elementos imprescindibles para el desarrollo físico y psicológico de la infancia en contexto de vulnerabilidad.

Aldeas Infantiles SOS asegura que la financiación obtenida permitirá mantener y ampliar los apoyos dirigidos a las familias incluidas en sus programas, ayudando a cubrir necesidades fundamentales y a afrontar el invierno en mejores condiciones. El medio enfatiza la importancia de este tipo de campañas para visibilizar problemáticas que se viven en silencio dentro de muchos hogares y que inciden tanto en el presente como en el futuro de una parte significativa de la población infantil en España.

El promedio de edad entre las personas amparadas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se sitúa en los 28,37 años, una cifra que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, refleja el respaldo de la prestación a sectores jóvenes en riesgo de exclusión social. El IMV, que garantiza un nivel mínimo de ingresos a hogares en situación vulnerable, ha ido adaptando sus requisitos para facilitar el acceso, permitiendo, por ejemplo, que jóvenes mayores de 18 años o menores emancipados con hijos puedan solicitarla, y acortando el tiempo necesario de vida independiente para quienes tienen menos de 30 años.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de hogares que recibe el Ingreso Mínimo Vital creció un 18,1% durante el último año, hasta alcanzar los 785.722, mientras que la cantidad de beneficiarios subió hasta 2,4 millones de personas, un aumento del 18,7%. Según datos oficiales recogidos en noviembre, había 120.214 prestaciones activas más que hace un año y se añadieron 378.838 nuevos beneficiarios. El importe medio entregado por hogar es de 485 euros mensuales, lo que elevó el desembolso total a 406,1 millones de euros en la última nómina.

El perfil de quienes acceden al IMV evidencia una presencia predominantemente femenina. El 67,9% de los titulares, es decir, 533.681 personas, son mujeres. Si se observa el conjunto de beneficiarios, el 53,5% corresponde también a mujeres, lo que representa a 1.420.373 personas, según reportó el ministerio. Esta prestación, que nació hace cinco años como una herramienta clave contra la pobreza y la exclusión social, pone especial atención en la protección de la infancia.

El Ministerio subraya que el IMV se considera una “herramienta esencial” en la estrategia contra la pobreza, con especial incidencia en la infantil, ya que la cuantía de la prestación aumenta en función del número de menores presentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios del IMV son menores de edad, lo que equivale a 980.194 niños, niñas y adolescentes que reciben cobertura. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expuso que “la pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes”, según consignó el propio ministerio.

En el mes de noviembre, más de dos tercios de las familias protegidas por el IMV (un total de 538.873 hogares, cifra que supone el 68,6% del total de perceptores) contaban con menores de edad conviviendo en el domicilio. Dentro de este grupo, 133.078 corresponden a hogares monoparentales, muchos de ellos encabezados por mujeres responsables exclusivas de la crianza y los cuidados familiares. Estas cifras marcan la orientación de la ayuda a situaciones familiares específicas, de acuerdo con lo reportado por el ministerio.

A la cobertura del IMV se añade el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Solo en el mes de noviembre, este complemento alcanzó a 553.300 hogares, con una ayuda media de 68,3 euros por cada menor y 126,10 euros por familia con menores. Las cuantías del CAPI varían en función de la edad de los hijos: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros mensuales para edades comprendidas entre 6 y 18 años. El CAPI puede solicitarse de manera independiente al IMV, ya que se aplica con umbrales de renta más elevados y protege tanto a familias en pobreza severa como a hogares con ingresos bajos o moderados, señaló el ministerio.

El alcance del CAPI amplía la red de protección social para la infancia. De acuerdo con los criterios técnicos vigentes, puede solicitarlo, por ejemplo, una familia formada por dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros mensuales, lo que extiende el apoyo mucho más allá de los núcleos en situación de pobreza extrema y abarca a nuevos segmentos de población.

Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde su implantación, el IMV ha respaldado ya a más de 3,3 millones de residentes en España, de los que más de 1,4 millones son niños y adolescentes. Este impacto se ha visto favorecido por la incorporación de mejoras en los criterios de acceso y en la gestión de la prestación, una de cuyas novedades es la introducción de un sistema de doble revisión de ingresos. De este modo, desde el mes de mayo, las familias beneficiarias pueden conocer con antelación si la cuantía de su prestación se mantendrá, aumentará, disminuirá o cesará en función de los ingresos percibidos el año anterior.

Para acceder al IMV, los solicitantes deben acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año previo a la solicitud. En el caso de ciudadanos comunitarios o suizos, este requisito se documenta con el registro central de extranjeros, mientras que las personas originarias de terceros países deben presentar la tarjeta o autorización de residencia correspondiente. Además, se exige demostrar el domicilio habitual por medio de certificado de empadronamiento, y la composición de la unidad familiar mediante libro de familia, certificados del registro civil o datos de empadronamiento, según detalla el ministerio.

El IMV demanda también que tanto la persona solicitante como su núcleo familiar se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, definida por la insuficiencia de ingresos o patrimonio. Esta prestación, explicó el ministerio, es compatible con rentas obtenidas a través de trabajo y contempla incentivos orientados a promover la inserción al mercado laboral y la mejora del bienestar de las familias. Además, el sistema de actualización anticipada de los importes busca aportar predictibilidad y mayor estabilidad a los hogares.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resalta que el IMV está concebido como un derecho subjetivo, es decir, se adapta a las circunstancias específicas de cada hogar solicitante, y forma parte del entramado de políticas sociales que buscan reducir las tasas de pobreza y exclusión en España. En palabras de la ministra Elma Saiz, recogidas por el propio ministerio, “el IMV ha acompañado ya a millones de personas y demuestra cada día que invertir en protección social es invertir en cohesión y en futuro”.

Desde la puesta en marcha de la prestación, las autoridades han mostrado su intención de continuar optimizando y ampliando su radio de acción para que llegue a quienes más lo necesitan. El objetivo, resumió la ministra Saiz, es consolidar el IMV como una herramienta que no solo cubra necesidades inmediatas, sino que refuerce la cohesión social y contribuya a construir mejores oportunidades para los colectivos en situación vulnerable.

Las autoridades han destacado que la búsqueda de la persona agredida tiene una doble importancia: no solo es clave en la investigación judicial por su relevancia penal, sino que también resulta fundamental para evaluar si la víctima necesita asistencia social o atención sanitaria. Según publicó Europa Press, esta preocupación se incrementó tras la detención de uno de los menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en una plaza de Benacazón, Sevilla. La Guardia Civil mantiene el foco en la localización de la víctima y de un segundo adolescente sospechoso, cuyo paradero permanece desconocido.

El caso ha sido transferido a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, conforme a los protocolos previstos para situaciones en las que la agresión puede encuadrarse como posible delito por motivos discriminatorios y la persona afectada se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Según detalló Europa Press, los investigadores consideran que el entorno de exclusión social en el que se encontraba la víctima y la naturaleza del ataque justifican la intervención de estos equipos especializados.

Agentes de la Guardia Civil ya han detenido a uno de los dos adolescentes vinculados inicialmente con el incidente, tal y como informó Europa Press. Paralelamente, continúa la operación policial para dar con el paradero tanto del segundo menor supuestamente implicado como de la propia víctima. La identidad de todos los involucrados se mantiene en reserva, respetando tanto la normativa de protección de datos como las leyes relativas a la protección de menores y la confidencialidad inherente a investigaciones en curso.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Europa Press, la víctima se hallaba en una plaza del municipio cuando fue agredida. La ausencia de información concreta sobre el estado de salud actual de la persona sin hogar se suma a la complejidad de la investigación. Los agentes han solicitado colaboración ciudadana, invitando a cualquier testigo o vecino que pueda aportar datos relevantes a ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad, ante la posibilidad de que esos aportes resulten clave para esclarecer los hechos.

Europa Press indicó que la recolección de pruebas incluye la revisión de imágenes grabadas mediante cámaras de seguridad situadas en los alrededores del lugar de la agresión, así como la toma de declaración a personas que pudieran haber presenciado el suceso o disponer de información que ayude a reconstruir los hechos. La Policía Judicial y otras unidades técnicas de la Guardia Civil colaboran de modo intensivo, evaluando la existencia de posibles incidentes similares en Benacazón para determinar si existen patrones recurrentes de este tipo de actos.

Dentro de la instrucción, los REDO han asumido el estudio de la motivación del ataque y examinan la hipótesis de una posible conducta basada en prejuicios. Según lo consignado por Europa Press, estos equipos no sólo investigan el incidente particular, sino que también ofrecen apoyo y asesoría a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las personas sin hogar, en cumplimiento de las políticas públicas de protección social.

Las fuentes consultadas por Europa Press confirman que la investigación se desarrolla en varias líneas. Se realiza un seguimiento tanto de la víctima, cuya identidad ha sido corroborada por los agentes, como del adolescente aún no localizado. Además, las autoridades se ocupan de verificar que se cumplan todas las garantías legales relativas a los derechos de los menores investigados y de la persona agredida.

La protección de la privacidad y el respeto al secreto de sumario marcan el ritmo y la comunicación sobre el caso. Europa Press informó que toda actualización sobre la situación de la víctima o el estado de la instrucción será comunicada exclusivamente a través de vías oficiales, sólo cuando la legislación de protección de datos y el avance de la investigación lo permitan.

El mismo medio subraya que la unidad de los REDO asume habitualmente la gestión de incidentes en los que hay indicios de motivación discriminatoria o prejuicios, lo que implica una doble finalidad: investigar la autoría y motivación del ataque, y asegurar que la víctima pueda acceder a recursos de apoyo o asistencia especializada si lo precisa.

Las autoridades, según reiteró Europa Press, han insistido en la necesidad de la colaboración vecinal y en la reserva máxima de la identidad de los implicados, recordando que la participación de menores obedece a protocolos legales estrictos que limitan la información que puede hacerse pública. Ante la falta de novedades sobre la localización de la víctima o el adolescente pendiente de localizar, la Guardia Civil continuará intensificando la recolección de pruebas y el análisis de los antecedentes en la zona, para descartar otros eventos similares.

Finalmente, Europa Press recogió que el desarrollo de la investigación depende en todo momento del respeto a las garantías procesales y de la protección de los derechos tanto de las personas investigadas como de la víctima, sin que por el momento hayan trascendido detalles adicionales sobre el trabajo policial, la intervención de otros organismos o eventuales actuaciones de servicios sociales para el apoyo a la persona afectada.

El informe preparado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales identifica diferencias notables entre regiones en el acceso a rentas mínimas de inserción (RMI), mostrando que la protección a la población vulnerable en España depende de forma significativa del lugar de residencia. Según reportó la Asociación, el País Vasco lidera la cobertura regional al incluir al 62,9% de los habitantes considerados en riesgo de exclusión económica dentro de sus programas autonómicos, seguido de Navarra, que atiende al 35,4%. Por contraste, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía presentan los niveles de coberturas más bajos, con tasas del 0,1%, 0,4% y 0,6%, respectivamente, lo que ilustra una desigualdad territorial estructural en las políticas de apoyo social.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, apenas el 6,1% de las personas bajo el umbral de la pobreza logra acceder a rentas mínimas autonómicas, mientras que el 93,9% -más de 8,7 millones de habitantes en España- continúa marginado del alcance de estos programas. Esta brecha ha crecido desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, el cual ha coincidido con un descenso pronunciado en la cantidad de beneficiarios de RMI gestionadas por las comunidades autónomas.

El ajuste en las coberturas también queda reflejado en los datos sobre los recursos asignados. Según publicó la Asociación, trece comunidades autónomas han aplicado recortes en sus presupuestos destinados a estas rentas durante los últimos tres años, lo que, a su vez, incrementó la distancia en el nivel de protección ofrecido entre territorios. El monto medio de la ayuda también varía signficativamente: Baleares destina el 33,6% de la renta media doméstica a esta prestación, situándose al frente en términos de esfuerzo económico relativo, seguido por Cataluña (18,8%), Canarias (18,1%), Asturias (16,2%) y Comunidad Valenciana (14,3%). Por debajo se encuentran Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y Aragón (1,4%).

Según consignó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la implantación estatal del IMV precipitó una caída del 33,1% en el número de perceptores de rentas mínimas autonómicas entre 2020 y 2023. El descenso fue especialmente marcado en la Comunidad de Madrid, reduciéndose los beneficiarios un 95,3% respecto a la situación anterior al IMV. En Castilla-La Mancha la cifra disminuyó en nueve de cada diez casos, mientras Andalucía y Castilla y León experimentaron caídas del 87,2% y 81,7%, respectivamente.

El análisis difundido por la Asociación destaca que solo tres comunidades han logrado aumentar su número de beneficiarios de rentas mínimas durante los tres últimos ejercicios presupuestarios. Comunidad Valenciana incrementó en un 87,8% el volumen de personas cubiertas, Canarias alcanzó el 35,8%, y el País Vasco un 2,5%. Este aumento se corresponde con mejoras presupuestarias notables en estos territorios. Canarias multiplicó por 2,39 el presupuesto asignado a la prestación autonómica durante el periodo revisado, suponiendo un avance del 139%, mientras Madrid registró una reducción del 95%. En concreto, la asignación en la capital cayó en más de 130 millones de euros; el caso de Aragón refleja también una caída sustancial, con una baja del 93% en recursos destinados.

El perfil de quienes perciben estas ayudas evidencia la feminización de la pobreza y su impacto en edades jóvenes, según los datos extraídos por la Asociación y difundidos en medios informativos. De acuerdo con el informe, el 60% de los titulares de RMI autonómicas son mujeres y el 23,4% de los beneficiarios tiene menos de 35 años de edad. Al mismo tiempo, la incidencia de los programas en la infancia se verifica a través de la inclusión de más de 87.000 menores entre los hogares cubiertos.

En cuanto a la articulación entre las rentas autonómicas y el IMV, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya el solapamiento de ambas medidas, pues los sistemas llegan tanto a perceptores exclusivos como a quienes reciben ambas prestaciones. Si se excluye del recuento a los beneficiarios del complemento de infancia del IMV, el número de personas que disponen de alguna protección directa contra la pobreza no supera 1,4 millones en el país, muy por debajo del total de residentes que, según parámetros oficiales, vive bajo el umbral de la pobreza.

Según remarca la Asociación, pese a los dispositivos existentes en los niveles estatal y autonómico, la mayor parte de las familias y personas vulnerables carecen de cobertura social suficiente para afrontar su situación. La institución recuerda que la creación del IMV suponía la oportunidad de revisar y actualizar los sistemas autonómicos, orientando los apoyos hacia la inclusión social y laboral más allá de la transferencia directa de fondos. El balance del estudio indica que estos objetivos no llegan a completarse de manera generalizada debido tanto a los límites presupuestarios como a la baja extensión de la cobertura.

El análisis presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogido por varios medios concluye que las políticas actuales mantienen una marcada desigualdad territorial y, a la vez, una tendencia descendente en el nivel de protección social sobre las poblaciones en riesgo. Según se indica en el estudio, este escenario dificulta la integración y la reducción de la pobreza al ampliar los obstáculos socioeconómicos para buena parte de quienes afrontan situaciones de exclusión en España.

“Me siento segura sobre el futuro, pero también me preocupa. Me da miedo elegir el camino equivocado porque quiero un trabajo que me haga sentir bien conmigo misma”, confiesa Habima, de 17 años, en el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la preparación profesional de los adolescentes. Y es que los jóvenes de hoy se enfrentan a una realidad socioeconómica muy inestable, lo que ha mermado sus expectativas y ha aumentado la incertidumbre sobre qué les deparará el futuro.

Según la OCDE, la brecha entre las aspiraciones de los adolescentes y las necesidades reales del mercado laboral se ha ampliado. A su vez, la organización recalca que la actual orientación profesional y el contacto con las empresas es insuficiente, especialmente para los estudiantes más desfavorecidos y de clases bajas.

El informe, basado en los datos de PISA 2022 y publicado en 2025, analiza la situación de más de 690.000 estudiantes de 81 países, y aclara que el entorno social y económico de los jóvenes es el principal factor que determina sus planes educativos y laborales, por encima del rendimiento académico. Ante esto, la OCDE advierte que la mayoría de los jóvenes no recibe el suficiente apoyo para explorar y comprender las oportunidades laborales que se le pueden presentar en el futuro.

Hay tres veces más estudiantes que puestos que cubrir

Así, la OCDE señala que el 39% de los estudiantes de 15 años no tiene claro a qué se quiere dedicar en el futuro, porcentaje que aumenta año a año desde el 2000. Además, el 21% de los adolescentes está “descompensado” entre sus expectativas laborales y su trayectoria educativa, porque esperan trabajar en profesiones que requieren estudios universitarios, pero no esperan llegar a completar ese nivel de formación.

Esta falta de alineación está más presente entre los estudiantes de entornos más vulnerables, ya que, a pesar de obtener buenos resultados académicos, tienen menos expectativas de acceder a la educación superior que sus compañeros de familias más acomodadas y con menor rendimiento escolar. Además, quienes provienen de entornos menos favorecidos participan menos en actividades de orientación profesional, y tienen menos acceso a información relevante sobre el mundo laboral.

Sobre esto, el informe también revela que las aspiraciones profesionales de los jóvenes se concentran cada vez más en un número reducido de ocupaciones tradicionales y de alto estatus, como medicina, derecho, ingeniería o tecnología. El 58% de los estudiantes que expresan una preferencia laboral espera trabajar como profesional de ello, un porcentaje que alcanza el 69% entre las chicas y un 72% entre los alumnos de familias con mayor nivel socioeconómico.

Sin embargo, la demanda real del mercado laboral no se corresponde con estas expectativas: en países como Inglaterra, por ejemplo, hay tres veces más estudiantes que desean ser profesionales que los que deberán cubrir esos puestos disponibles en ese ámbito.

La desconexión entre las aspiraciones juveniles y la realidad del mercado laboral se traduce en ansiedad y confusión. “Estoy ansiosa por la vida laboral. Quiero disfrutar de mi carrera y tener unos ingresos estables, pero no sé qué opciones tengo porque no estoy segura de qué profesión elegir”, expresa Bella, otra estudiante de 17 años citada por la OCDE.

El abandono escolar en España

En el caso de España, los datos del Ministerio de Educación recogidos por Funcas, confirman la fuerte relación entre el nivel educativo de las madres y la probabilidad de abandono escolar. En 2024, la tasa de abandono entre jóvenes cuyas madres solo alcanzaron la educación primaria o inferior es del 34%, frente al 2,3% de entre quienes tienen madres con estudios superiores. Además, el 79,9% de los jóvenes españoles de 20 a 24 años ha completado al menos la segunda etapa de secundaria, una gran mejora con respecto a 2014, aunque persisten diferencias de género y regiones.

La OCDE destaca que la participación en actividades de orientación profesional, como ferias de empleo, visitas a empresas, prácticas o entrevistas, está lejos de ser una opción al alcance de todos. Solo el 35% de los estudiantes ha asistido a una feria de empleo, el 45% ha realizado una visita a un lugar de trabajo o ha ido a ver cómo es un puesto de trabajo, y el 35% ha completado unas prácticas profesionales. Estas cifras son aún más bajas entre los alumnos de entornos desfavorecidos, quienes, paradójicamente, son los que más se beneficiarían de este tipo de experiencias.

La brecha de género también persiste en la participación y los resultados de la orientación profesional. Las chicas son menos propensas que los chicos a involucrarse en actividades que las conecten con el mundo laboral, y la segregación por género en las aspiraciones profesionales apenas ha variado en las últimas dos décadas. Por ejemplo, solo el 1,5% de las chicas espera trabajar en el sector de las tecnologías de la información, frente al 11,2% de los chicos, según los datos de PISA 2022.

La clave está en más orientación profesional

Para la OCDE, lo más importante es invertir en sistemas de orientación profesional desde etapas tempranas, y que incluyan un contacto frecuente con las empresas. Además, la organización insiste en que la orientación profesional debe ser una prioridad educativa y social, especialmente para los estudiantes más vulnerables. Estar en contacto directo con profesionales y empresas no solo amplía el horizonte de los jóvenes, sino que también les proporciona información fiable y de peso para tomar decisiones bien fundadas sobre su futuro.

Aunque nunca antes tantos jóvenes han alcanzado niveles educativos tan altos, algunos todavía se encuentran piedras por el camino para trasladar ese capital humano al mercado laboral, y la mayoría están entre las clases sociales más bajas.

A finales del primer semestre de 2024, el 30% de la población joven en España vivía en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Aunque esta tasa apenas se ha reducido en torno a un punto porcentual desde 2023, las cifras confirman la dificultad de los jóvenes para acceder a una vida, digna, independiente y estable. En este contexto, la juventud se mantiene como el segundo grupo generacional más golpeado por la precariedad, solo por detrás de la infancia.

La trampa de la pobreza laboral

Tener un trabajo ya no es sinónimo de evitar situaciones de vulnerabilidad entre los menores de 30 años. El informe señala que el 18,8% de los jóvenes con empleo se encuentran en riesgo de pobreza. Esta proporción supera en casi cinco puntos a la registrada en 2009 y revela que el mercado laboral ha perdido capacidad protectora frente a la exclusión, incluso en un periodo de crecimiento del salario mediano y baja del paro juvenil.

Entre los jóvenes desempleados, la situación es aún más dura: más de la mitad (52,1%) vive bajo el umbral de la pobreza, una cifra que duplica la media del conjunto de la población.

Mujeres jóvenes: doble vulnerabilidad

La pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres: la tasa de riesgo asciende al 31,1% entre las jóvenes, frente al 28,9% de los hombres. Esta diferencia aumenta entre las personas con menos estudios. El informe recoge, además, la persistencia de una brecha salarial notable: los varones jóvenes perciben de media 1.929 euros más al año que sus compañeras, una diferencia que equivale a más de una mensualidad.

De acuerdo con lo publicado por el Observatorio de Emancipación, pese a las subidas salariales recientes en nuestro país, la desigualdad se mantiene y refuerza situaciones de discriminación estructural.

Los ingresos crecen, pero son insuficientes

Durante 2024, el salario mediano juvenil se incrementó alrededor de un 11,4% y alcanzó los 14.046 euros anuales, una subida que el informe relaciona con la evolución del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, este crecimiento no consigue reducir el nivel de vulnerabilidad, pues un porcentaje elevado de jóvenes no cuentan con los ingresos suficientes para tener calidad de vida: el 53,6% de las personas de 16 a 29 años no tienen ingresos ordinarios propios y el 14,9% de los hogares jóvenes carecen por completo de personas ocupadas.

El riesgo de pobreza según la situación laboral y la edad

El riesgo de pobreza afecta al 33,1% de los jóvenes inactivos, es decir, de quienes ni estudian ni trabajan. Los datos recogidos en el informe distinguen, además, entre grupos de edad: el 31,2% de los jóvenes entre 16 y 24 años está en riesgo, una cifra que se reduce a 27,7% entre los de 25 a 29 años. El fenómeno, así, involucra tanto a quienes buscan incorporarse al mercado laboral como a quienes, por diferentes razones, permanecen fuera de él.

Un reto pendiente: educación y desigualdad

Por último, este último informe del Consejo de la Juventud de España subraya que el nivel educativo es un factor decisivo: a mayor formación, menor es el riesgo de pobreza. Sin embargo, la situación social de la juventud sigue marcada por una precariedad estructural que ni el aumento de los títulos académicos logra revertir.

La propia dinámica del mercado de trabajo y los precios de la vivienda lastran las posibilidades de emancipación. Los avances en el ámbito laboral son insuficientes para mejorar la situación vital de los jóvenes españoles.

La ayuda para las familias y personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, la Renta Mínima de Inserción (RMI), está en vías de “extinción”. Con estos términos se manifestó Ignacio Ayres Janeiro, Director General de Servicios Sociales e Integración en el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, el pasado 30 de septiembre de 2024 en la penúltima reunión de la comisión que evalúa periódicamente la evolución de esta prestación. Meses después, en la última reunión, celebrada el 1 de abril de este año, los integrantes de la comisión pudieron certificar la premonición de Ayres Janeiro: en 2024 solo se han concedido 47 nuevas ayudas.

Y eso que el año pasado se presentaron 1.075 peticiones, por lo que solo se concedieron el 4,3% y se rechazaron o se archivaron más del 95%. De todas estas denegaciones, el 74% se justificaron porque el solicitante no pudo acreditar la carencia de recursos económicosLa RMI agoniza. Los datos son tozudos. Si en el año 2020 la media mensual de familias perceptoras fue de 19.736, el último informe de mayo de 2025 revela que solo la recibieron 307 familias. La cifra baja mes a mes. En enero de este año la ayuda llegaba a 391 familias, en febrero bajó a 363, a 331 en marzo, a 316 en abril, y 307 en mayo. Si nos vamos a la parte económica, La Comunidad de Madrid gastó 4.256.435,92 millones de los 15.000.000 presupuestados para la RMI de 2024. Cuando Ayuso empezó a gobernar en 2019, el presupuesto fue de 166.900.000 euros, un descenso del 97,5%

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La RMI fue aprobada en 2001 para ayudar a personas en situación de extrema necesidad que no contaran con otro tipo de ingresos. Las actas de la comisión señalan que el récord de perceptores se alcanzó en 2017. Veinte años después, en 2021, los beneficiarios llegaban a 6.589. Ahora, en mayo de este año, como ya hemos dicho, apenas superan los 300. Hoy en día el importe de esta ayuda varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de los recursos económicos de que dispongan. Una persona que viva sola, sin otros ingresos, percibirá 469,93 euros al mes; dos personas llegarán a los 587,41 euros; y tres personas, a los 662,52 euros. El máximo es de 1.184 ​euros.

Diana Paredes es diputada de Más Madrid y está alarmada por estos datos. “Hay mucha población en riesgo de pobreza que necesita esta ayuda y no la está recibiendo”. Paredes ha hecho unas preguntas a la Comunidad de Madrid y ha recibido unas respuestas que le preocupan. “Solo 10 personas que están bajo la tutela del Gobierno regional reciben esta ayuda, solo una mujer víctima de violencia de género, solo 15 personas mayores de 75 años. Son datos irrisorios”, señala.

Ayuda incompatible con el IMV

Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explica que la “Comunidad de Madrid mantiene la RMI abierta a todos aquellos que cumplan los requisitos de acceso y de mantenimiento. En la inmensa mayoría de los casos el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) no son compatibles. Por este motivo, y tras la entrada en vigor del IMV, ha caído el número de perceptores de la RMI”. El IMV entró en vigor en 2020, durante la pandemia, y a día de hoy se pagan 58.000 prestaciones en la Comunidad de Madrid que benefician a 179.000 personas.

Desde la Consejería de Familia señalan que “el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se niega de forma reiterada a entregar los datos relativos a la evolución del IMV, por lo que resulta imposible realizar una predicción ajustada de las solicitudes de RMI. Hemos pedido insistentemente los datos mensuales de los expedientes del IMV que se deniegan, archivan, suspenden y extinguen en la Comunidad de Madrid, desde la activación del IMV hace cinco años hasta la fecha actual. Sin embargo, el Ministerio se mantiene en la negativa de conceder estos datos a las Comunidades, lo que perjudica gravemente la gestión a las autonomías y en último término al ciudadano.

Diana Paredes, de Más Madrid, es partidaria de cambiar el sistema porque para “poder percibir la RMI te han tenido que denegar antes el IMV”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el de Más Madrid han presentado sendas Proposici No de Ley (PNL) en la que instaba al gobierno de Ayuso a que cambiase la normativa para que las dos ayudas puedan coexistir, como han hecho otras comunidades. Lo cierto es que el Gobierno regional no ha reformado su RMI, como han hecho otras Comunidades Autónomas, para adaptarla a esa coexistencia con el IMV estatal. No salió adelante. El 21,2% de la población residente en Madrid estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. El INE usa datos del indicador europeo AROPE, que mide tanto el riesgo de pobreza (un 14,3% de los habitantes de Madrid están en esta situación) como la carencia material severa (un 8,5%) y la baja intensidad en el empleo (4,9%).

Bogotá inició la segunda fase de la ‘Estrategia en Pagadiarios’, priorizando la intervención en 12 localidades donde se han identificado 237 inmuebles ocupados por personas en situación vulnerable o en extrema exclusión, quienes carecen de residencia fija y permanecen invisibles para las políticas sociales.

La iniciativa, liderada por las secretarías Distrital de Integración Social y de Planeación, tiene como fin visibilizar y atender a quienes residen en pagadiarios en las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal y Puente Aranda.

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La estrategia responde a la necesidad de abordar una problemática social que afecta a cientos de familias y personas que, por su condición de inestabilidad habitacional, quedan fuera del alcance de los programas sociales tradicionales.

El primer paso de la segunda fase consiste en la caracterización de la población que habita en los pagadiarios, tarea que recae en la Secretaría Distrital de Planeación. El proceso busca recopilar información básica que permita a las entidades distritales garantizar una atención integral y focalizada.

La secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, explicó que “esta estrategia nos ha permitido y seguirá permitiendo abrir rutas de atención después de adelantar las encuestas para atender oportunamente a la población que habita en pagadiarios, ya que a través de la caracterización que hacemos en las localidades nos hemos dado cuenta de primera mano cuáles son sus necesidades y realidad en la que viven”. Además, subrayó que el propósito es combatir las formas extremas de exclusión en la ciudad, fortalecer la respuesta institucional y focalizar la oferta social.

En paralelo, la Secretaría Distrital de Integración Social se encarga de direccionar a los habitantes de pagadiarios hacia los servicios sociales disponibles, con el fin de garantizar el acceso a la atención social para la primera infancia, jóvenes, personas con discapacidad, comunidad Lgbti y personas mayores. secretario de Integración Social, Roberto Angulo, detalló que:

 “Esta semana inicia un primer grupo en Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, donde el distrito operará de dos formas: primero, Planeación capacita al equipo de Integración Social para aplicar encuestas de forma permanente en pagadiarios; segundo, un segundo grupo, con operador bajo supervisión de Planeación, trabajará en localidades como Kennedy, Suba, Engativá, entre otras, activando una oferta de emergencia con ocho entidades distritales. Independientemente del puntaje de la encuesta, se activan rutas de atención según cada caso (niños desescolarizados, adultos mayores con desnutrición, etc.). Luego, las personas ingresan a la base de datos para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado”.

La estrategia contempla igualmente la participación activa de las secretarías de Salud y Educación, que se suman al abordaje territorial para garantizar el acceso a derechos fundamentales. La entidad de Salud por ejemplo despliega equipos para identificar necesidades urgentes en salud pública, mientras que la depedencia de Educación acompaña con equipos de búsqueda activa para ubicar a niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar y facilitar su ingreso a instituciones educativas.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, destacó que “este programa es clave porque permite visibilizar a personas excluidas del sistema, especialmente al 48% que no tiene aseguramiento en salud. Esto indica que están fuera del sistema de seguridad social, en su mayoría por no haber legalizado su situación, aunque viven en Bogotá. Visibilizarlos permite activar rutas de atención en salud, educación y otros servicios, lo cual es esencial para garantizar sus derechos y la salud colectiva. Esta estrategia también se ha aplicado en casos como la habitabilidad en calle”.

Por su parte, la Secretaría de Educación fortaleció la estrategia mediante el acompañamiento de equipos de búsqueda activa, enfocados en identificar y caracterizar a todas las personas que se encuentran fuera del sistema educativo y desean acceder a su derecho a la educación.

Durante la primera etapa de la fase 2, los equipos territoriales de Integración Social y Planeación abordarán los inmuebles que no fueron visitados en la primera fase, ubicados en el barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, y en el sector de San Bernardo de la localidad de Santa Fe.

Uno de los componentes centrales de la estrategia es el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Las personas caracterizadas que cumplan con los requisitos definidos por el distrito recibirán una transferencia monetaria a través de este programa, implementado por Integración Social. A diferencia de otros componentes del IMG, que se focalizan mediante el Sisbén, en este caso la identificación de beneficiarios se realiza a través de un instrumento de caracterización aplicado por la Secretaría Distrital de Planeación.

La primera fase de la Estrategia en Pagadiarios, desarrollada entre el 19 de noviembre de 2024 y mayo de 2025, se centró en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. En ese periodo, Planeación Distrital e Integración Social caracterizaron 2.426 hogares, lo que corresponde a 4.408 personas usuarias de estos alojamientos. De los hogares caracterizados, el 68% no cuenta con la encuesta Sisbén.

Para la entidad, dicho hallazgo motivó la aplicación de la encuesta Sisbén a hogares que hayan indicado residencia habitual, incluso si viven en vivienda tipo pagadiario, con el objetivo de superar barreras estructurales de acceso.

El 53,4% de los hogares encuestados en 2024 sí tiene residencia habitual según las metodologías de recolección de información. Se identificó que los hogares más pobres destinan solo el 24,8 % de sus gastos a alimentación y un 53,2% a transporte y alojamiento, lo que evidencia que muchas personas priorizan el pago del pagadiario sobre la alimentación.

Además, la Secretaría de Integración Social logró que más de 1.000 personas fueran bancarizadas para recibir transferencias monetarias, un avance que para la entidad reconoce y dignifica a una población históricamente excluida, integrándola a las estrategias de superación de la pobreza en la ciudad.

En términos de atención directa, la entidad caracterizó a más de 2.439 hogares y registró a 4.449 personas. Se atendió en jardines infantiles a 117 niñas y niños, y en los Centros Abrazar, Centros Amar y Atrapasueños a 417 niñas, niños y adolescentes, lo que refleja la magnitud y concentración del fenómeno en el centro de Bogotá.

Es importante tener presente que los pagadiarios constituyen una modalidad de alojamiento en la que los inquilinos pagan por el uso de una habitación o cama con frecuencia diaria, semanal u otro plazo acordado verbalmente. Dichas residencias, caracterizadas por la ausencia de contratos formales, suelen imponer horarios de entrada y salida y no garantizan estabilidad o permanencia a largo plazo para quienes las ocupan.

Unos 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, una cuarta parte de la población, la cifra más baja de la última década, aunque sube la pobreza severa que alcanza a 4,1 millones de personas, según el XV Informe Anual 'El Estado de la Pobreza', elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Española (EAPN-ES).

Según el estudio, basado en los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y presentado este miércoles en Madrid, la tasa AROPE --personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-- ha descendido en el último año pasando de un 26,5% en 2023 a un 25,8% en 2024. En total, están en esta situación 12,5 millones de personas, 200.000 menos que el año anterior.

"Hemos visto que la pobreza ha bajado, que las medidas que van dirigidas contra la pobreza funcionan pero también hemos visto que esto tiene un límite. Pero el límite no puede estar basado en cuestiones ideológicas. Muchas veces se nos dice que el mero crecimiento va a erradicar la pobreza pero desde 2013 el PIB por persona ha aumentado un 40% y la pobreza se ha reducido en un 3,43% pero además desde 2014 vemos que el nivel de desempleo ha bajado 13 puntos y la pobreza, 8. En definitiva, no el mero crecimiento reduce la pobreza", ha advertido el presidente de la EAPN en España, Carlos Susías.

Ocho de cada diez niños vulnerables no van a campamentos de verano donde se les garantiza una comida, según ha advertido la ONG Educo.

En concreto, la organización ha denunciado que, durante los 80 días que duran las vacaciones de verano, uno de cada cinco niños (21,71%) que vive en hogares de nivel socioeconómico bajo va a campamentos o similares en los que se le asegura la comida. Mientras, en el caso de los que pertenecen a familias con mayor nivel socioeconómico, la cifra sube casi 13 puntos, hasta el 34,02%.

Esta es una de las conclusiones de la encuesta representativa que ha realizado la ONG a 2.316 familias con hijos entre 6 y 13 años. El sondeo también muestra que en los hogares de nivel socioeconómico bajo alrededor del 20% de niños va a actividades que no incluyen alimentación y casi el 60% no participa en campamentos.

Educo también ha destacado que, en España, unos 900.000 alumnos perciben ayudas y becas para ir al comedor escolar. Si bien, avisa de que estas no llegan a toda la infancia que las necesita, no cubren todo el coste y desaparecen en junio al acabar las clases hasta la vuelta a las aulas, en septiembre.

En este caso, expone que uno de cada tres niños (36,2%) que recibe beca comedor durante el curso escolar va a campamentos o actividades de verano donde se asegura su alimentación. El 18% restante va unas horas por la mañana sin comer y alrededor del 45% no participan en ninguna.

La directora general de Educo, Pilar Orenes, ha indicado que "la alimentación de la infancia más vulnerable, reciba o no ayudas para el comedor escolar, no está asegurada durante los casi tres meses de vacaciones estivales". Así, ha añadido que aquellos que van a campamentos o similares que incluyen la comida, sean del nivel socioeconómico que sean, lo hacen por un periodo medio de 15 días.

Orenes ha urgido a garantizar que todos los niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión tengan asegurada su alimentación durante todo el año, incluido el verano. "Una primera medida puede ser que quienes reciben la beca comedor durante el curso también tengan este apoyo en verano", ha propuesto.

La organización también recuerda que en España más de 550.000 niños y adolescentes (6,9%) no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días, como recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. "Es los últimos 20 años, este número se ha multiplicado por cuatro", subraya.

EL DINERO, LA GRAN BARRERA

Según la encuesta de Educo, las familias que respondieron que no llevaban a sus hijos a colonias, campamentos u otras actividades aseguran que la mayor barrera es la económica, una respuesta que marcaron el 34,9% de ellas. En el caso de las familias con un nivel económico alto, esto ocurre en el 20,71% de los casos y en las familias de nivel medio, es el 38,3%.

En los hogares más vulnerables la barrera económica se dio en casi la mitad de los casos, el 45,23%. El siguiente motivo esgrimido para no ir es que no hay oferta, con el 25,2% de las respuestas de todas las familias.

"Nosotros proponemos que la infancia en riesgo de pobreza y exclusión tenga acceso gratuito a actividades de ocio y tiempo libre, que incluyan una comida saludable, al menos durante dos semanas del verano. Para que esto sea un hecho es absolutamente necesario que contemos con datos e información que nos permita conocer la realidad actual y poder diseñar las políticas públicas necesarias para revertir esta situación", concluye la directora de Educo.

Por otro lado, la encuesta de la ONG revela que el 5,97% de las familias de un nivel económico alto no se pueden ir ningún día de vacaciones en verano, frente al 38,08% de las que tienen ingresos bajos.

Ante las dificultades que tienen las familias vulnerables para alimentar a sus hijos en verano, pero también durante todo el curso, Educo ha presentado la campaña 'No queremos dar pena, queremos darles de comer'. Las protagonistas del anuncio son las cocineras de las escuelas, que "ven a diario lo importante que es asegurar el acceso al comedor escolar para muchos niños y niñas que no tienen esa comida garantizada en casa".

Desde 2013, Educo tiene en marcha el programa Beca Comedor Educo, a través del que se ha apoyado a las familias cuyos hijos e hijas no tienen una beca comedor pública, total o parcial, a pesar de necesitarla, tanto durante el curso como en verano. Desde entonces se han facilitado más de 5.700.000 comidas.

La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social --que coordina la campaña de la X solidaria--, Yolanda Besteiro, ha hecho un llamamiento a la población para que marque la casilla 106 de Fines Sociales en su Declaración de la Renta --que se puede presentar hasta el próximo 30 de junio--, un gesto que, según indica, se necesita "más que nunca" en el "contexto de crisis" y ante el aumento de las personas en situación de pobreza y exclusión social.

"Actualmente, atravesamos un momento de inestabilidad que se vive a todos los niveles en medio de un contexto de crisis, polarización y desinformación, que está teniendo graves consecuencias para muchísimas personas, pero en especial para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o riesgo de exclusión. Por todo ello, en el contexto actual de crisis social y económica necesitamos más que nunca que las personas contribuyentes marquen la X Solidaria en su declaración de la renta", ha subrayado Besteiro en una entrevista concedida a Europa Press.

Desde que la Plataforma inició en 2002 esta campaña de sensibilización --que este año lleva por lema 'No esperes a que lo bueno llegue, haz que pase'--, se ha pasado de 6.887.666 declarantes que marcaban esta casilla a 12.332.070 en 2024. En este sentido, Besteiro destaca que "la X Solidaria se ha convertido en un movimiento al que ya se han unido más de 12 millones de personas contribuyentes que suman el 52% de la población".

En cuanto a la recaudación, se ha pasado de 115.237.000 euros en 2002 a 512.655.000 euros en 2024. Además, en el último año, se ha conseguido un aumento respecto al año anterior en 36.753.000 euros.

Si bien, Besteiro considera que hay que seguir trabajando para animar a que cada vez más contribuyentes marquen la casilla solidaria, sobre todo, en este momento en que ha aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad. Según precisa, si todas las personas declarantes marcasen la casilla 106 se alcanzaría una cifra de más de 861 millones de euros.

"Lamentablemente, el número de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social ha crecido en los últimos años, por eso, es especialmente importante que la ciudadanía marque la casilla de la X Solidaria para que las entidades sociales puedan tener financiación suficiente y lleven a cabo sus programas que actualmente benefician a millones de personas que lo realmente lo necesitan", ha subrayado Besteiro.

LOS MÁS JÓVENES "DESCONOCEN" QUE PUEDEN MARCARLA

Por otro lado, Besteiro ha reconocido que les "preocupa" que "las personas más jóvenes, aquellas que hacen la declaración de la renta por primera vez o primeras veces, no suelen marcan la X Solidaria o casilla 106 de Fines Sociales en ella".

"Sabemos que las personas jóvenes están muy implicadas en causas sociales por lo que creemos que no la marcan porque desconocen que pueden hacerlo sin que les cueste nada, ya que ni pagan más ni les devuelven menos", ha subrayado. Por ello, indica que, cada año, realizan acciones concretas para la población más joven en redes sociales y en plataformas que consumen como Spotify.

Además, en general, Besteiro apunta que "todavía 9.194.144 millones de personas que no marcan la X Solidaria y que podrían sumar 348.865.000 millones más en la recaudación total de los 512 millones de euros conseguidos el año pasado".

"Creemos que en la mayoría de los casos, las personas que no marcan la casilla de Fines Sociales no lo hacen por desconocimiento en cuanto a su funcionamiento y a todo lo que se consigue gracias a ella", señala, al tiempo que insiste en que "al marcar la casilla de la X Solidaria ni pagas más, ni te devuelven menos".

También recuerda a las personas que marcan exclusivamente la casilla de la Iglesia, que si además marcasen la 106 de Actividades de Interés Social, destinarían un 0,7% a cada una de las casillas, "sumando en total un 1,4% de sus impuestos que irán destinados a causas sociales".

Entre los colectivos que se benefician de los proyectos de las ONG financiados con los fondos recaudados a través del 0,7% del IRPF, se encuentran las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, jóvenes, niños, niñas y familias, entre otras.

AYUDA A MAYORES, NIÑOS O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

"Son programas que, todos los años, atienden diferentes realidades concretas como puede ser la asistencia y el apoyo a personas mayores en centros de día o en sus domicilios; la ayuda a personas con discapacidad física, intelectual, así como a sus familias. Además, esta ayuda también se concreta en la asistencia a personas sin hogar, la lucha por la erradicación de la violencia de género, la integración laboral; así como la atención a población rural, y la atención psicosocial a personas diagnosticadas con cáncer, entre otras", explica Besteiro.

Además, frente a aquellos que critican a las ONG, Besteiro defiende que trabajan con "total transparencia". "La campaña de la X Solidaria está coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gracias a esta financiación las ONG o entidades sociales ayudan cada año a millones de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión. En el apartado de transparencia de la web se puede acceder a todas las acciones que la Plataforma de ONG realiza con la subvención otorgada, así como la distribución de gastos e impactos logrados", asegura.

Así lo ha explicado Francisco Mena, portavoz de esta organización integrada por colectivos de lucha contra la droga, sindicatos y asociaciones de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras entidades sociales del Campo de Gibraltar.

Mena es uno de los representantes que este martes se ha reunido con la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visita la provincia en el marco de la petición elevada a este organismo para que la UE afronte el aumento de las agresiones a los agentes de las fuerzas de seguridad de los países de la zona.

El colectivo ha hecho entrega a la delegación del documento denominado ‘Plan Integral del Campo de Gibraltar’, que contiene las medidas que consideran "importantes para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los agentes en la comarca”.

Subraya que la 'medida estrella' del plan es “la consideración de la comarca como zona de especial singularidad, un paso que, a su juicio, “mejoraría la calidad de vida de los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, de los funcionarios de prisiones y de la judicatura, así como jueces y magistrados” que en esta zona se enfrentan a los peligros del narcotráfico.

“No obstante -añade el portavoz-, queremos hacerles ver que la solución al narcotráfico no pasa solo por medidas policiales, sino que entendemos que el problema es mucho más profundo”.

Ha explicado que el narcotráfico “se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades; y eso hay que combatirlo con otro tipo de medidas: sociales, formativas, educativas, de empleo y de infraestructuras”.

“Si queremos ganar esta batalla habrá que hacer mucho más de lo que se hace actualmente y, dentro de esas medidas, habrá que plantearse que desde Europa se sienten con Marruecos para que haga mucho más de lo que hace contra el narcotráfico”, sostiene Mena.

Como representante del movimiento asociativo de lucha contra la droga dentro de la plataforma, Mena lamenta que “el Estado desapareció hace muchísimos años de las barriadas donde el narcotráfico tiene su caldo de cultivo”.

El portavoz de la plataforma espera que la delegación haya tomado nota de sus posiciones, como de las del resto de actores invitados a este encuentro, desde representantes de la Fiscalía Antidroga, de los distintos cuerpos policiales hasta dos agentes que resultaron heridos en la lucha contra el narcotráfico.

Tras visitar Barbate y Algeciras, la delegación terminará mañana miércoles su visita a España en Sevilla, donde se reunirán con representantes del Gobierno central y del autonómico. EFE

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El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha propuesto la firma de acuerdos entre el Gobierno autonómico y otros países, como Marruecos, Argelia o Malí, para la repatriación y reintegración de los menores extranjeros no acompañados con sus familias, porque "nostros no somos los servicios sociales de Marruecos".

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) que llevará Vox al Pleno de las Cortes de Aragón de este jueves y que ha presentado este martes Arranz en una rueda de prensa, con el objeto de "promover que el Gobierno de Aragón firme acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y con sus familias y culturas".

Arranz ha manifestado que, una vez más, "Vox quiere aplicar las leyes y su debida ejecución y desarrollo", apelando al artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, el cual establece que "las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia".

Ha argumentado que Vox pretende, con esta iniciativa, "defender el interés superior del menor, igual que nuestras leyes civiles aquí en España hacen para nuestros niños, que han de educarse y estar con sus padres, familias y su entorno cultural y en sus países".

"¿Ustedes imaginan que aparecieran en Aragón un grupo de menores finlandeses, daneses, alemanes y, sin realizar ninguna gestión para localizar a sus padres en un consulado, con la policía, con las embajadas o con los ministerios correspondientes, les acogiéramos y les metiéramos en un centro de protección de menores? Pues nos resultaría raro", ha expuesto el diputado de Vox.

En este punto, ha criticado que "demos por hecho" que con los menores llegados desde Marruecos, Argelia o Malí hay que actuar de forma distinta, en lugar de "procurarles lo mejor para ellos que es el estar con sus padres y devolverles y reintegrarles a sus culturas".

David Arranz ha afirmado que, en caso de que los progenitores conozcan la situación de sus hijos, "no tenemos ninguna obligación de criar, atender, alojar, dar formación y tutelar a cientos de menores extranjeros, miles en el caso de España. No somos los servicios sociales de Marruecos".

Sin embargo, "tampoco se puede dar por hecho que los padres conocen que esos menores se hayan escapado de su casa, se hayan fugado", ha indicado.

CENTROS SATURADOS

"Nuestros centros de protección están saturados completamente. No tenemos personal especializado y muchas veces estamos viendo casos donde ni siquiera podemos garantizar la propia seguridad de esos educadores y trabajadores sociales, de esos vigilantes de seguridad", ha advertido el parlamentario de Vox, que ha aludido a un "intento de agresión sexual a una educadora en un piso en la calle Comadre, en Teruel", algo que, ha enfatizado, "no es un caso aislado".

Ha añadido que los menores migrantes que llegan a España "están implicados en delitos", algunos graves, "que atacan nuestra seguridad ciudadana y la pacífica convivencia", además del coste que supone la tutela y atención global de estos menores, que ha calificado de "millonario".

En esta línea, ha Arranz ha planteado que mientras que en Aragón hay un 20,6 por ciento de población en riesgo de exclusión social y de pobreza, es decir, "no nos sobra el dinero", destinamos recursos a atender a los menores migrantes en lugar de a sanidad, educación y dependencia, pero "luego nos quejamos".

TRES PAUTAS

En primer lugar, ha comentado Arranz, hay que hacer pruebas médicoforenses para determinar la edad de los migrantes. Ha apuntado que en los casos en los que se ha realizado, se ha determinado que más del 80 por ciento eran mayores de edad, lo que implica una "condición distinta" y no han de estar tutelados por el Gobierno de Aragón.

Por otro lado, ha exigido poner fin al "repugnante" negocio de las de las mafias y de las ONG, "que a veces actúan como mafias", puesto que "han hecho un negocio millonario de un drama y debemos frenarlo".

Por último, se ha referido a la iniciativa parlamentaria presentada por Vox que aboga por implementar un "plan de reintegración y repatriación de esos menores extranjeros no acompañados llegados a Aragón de forma irregular y devolverlos con sus familias y a sus países de origen".

Para ello, ha apostillado, el Gobierno de Aragón ha de firmar acuerdos con los países de origen y se precisará la colaboración adecuada con los organismos del Sistema Público de Protección a la Infancia de esos países de origen. Además, "en caso de no localizarse a sus padres o a sus familias, entendemos que la tutela debe transferirse a los servicios sociales de esos países", insistiendo en que en Aragón "no somos los servicios sociales ni de Marruecos, ni de Argelia, ni de ninguno de estos países".

Arranz ha opinado que el Gobierno de Aragón debería instar al Ejecutivo central a dar cumplimiento a los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Marruecos en 2013 sobre cooperación en el ámbito de prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados y para su repatriación expresa.

"Entendemos que deberíamos contar con el voto favorable del Partido Popular, a juzgar por lo ocurrido en Valencia, donde han firmado los presupuestos --autonómicos con Vox-- recientemente, por cuestión de coherencia", ha finalizado.

Madrid, 17 may (EFE).- En las entrañas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde miles de personas recorren sus pasillos cada día, existen otras vidas que no despegan, las de personas sin hogar cuya presencia, ahora más que nunca, provoca tensiones y discrepancias entre las administraciones local, autonómica y central.

Aunque llevan años pernoctando en lo que se considera la puerta de entrada a España, relata a EFE Pablo Seco, capellán del aeropuerto, no es su presencia lo que ha generado los desencuentros, sino su creciente visibilidad.

"Siempre ha habido personas sin hogar en Barajas, lo que pasa es que ahora se ven más", asegura el sacerdote.

Seco explica que, desde que empezó a desarrollar sus labores religiosas en Barajas hace dos años, tras volver de Japón, donde predicó la palabra de Dios durante veinticinco años, en el aeropuerto siempre ha habido "cientos de personas", aunque ahora se estima que hay 412 personas sin hogar, un aumento que el capellán atribuye a las bajas temperaturas de los últimos meses.

Para quienes han perdido su casa, su trabajo o el rumbo -detalla- Barajas es mucho más que un aeropuerto, al tratarse de un lugar amplio y limpio, con baños, agua caliente e incluso enchufes para cargar el móvil, algo que no ofrecen otros espacios de Madrid.

Estas circunstancias han hecho del aeropuerto una especie de refugio informal, ya que, a juicio del religioso, personas que no encajan en los dispositivos institucionales, por desconfianza, falta de documentación o por pura necesidad de autonomía, acaban encontrando aquí un techo seguro, al menos por unas noches.

Lejos de los estereotipos, el capellán insiste en la variedad de perfiles que pernoctan en el aeropuerto de Barajas, que van desde trabajadores precarios que no pueden pagar un alquiler hasta personas migrantes en tránsito o vecinos de Madrid en situación de exclusión.

"Muchas veces no buscan una solución habitacional. No quieren ir a un centro. Quieren ducharse, descansar, y, sobre todo, que alguien los trate como personas", agrega.

"El problema no está en el aeropuerto, sino fuera de él: en una ciudad que no acoge, en políticas que no comprenden las diferentes realidades del sinhogarismo y en una sociedad que pide soluciones rápidas para problemas complejos", afirma.

A su juicio, el problema no está solo en la falta de techo, sino en una estructura que no permite caer y levantarse con "dignidad".

"Hay personas que simplemente no tienen interés en salir de esta situación, ni buscan una reinserción tradicional en el sistema de vivienda", explica, tras asegurar que "no se trata tanto de si pueden o quieren volver a una casa, sino de cómo pueden vivir con un poco de dignidad y respeto".

"No se trata de meter a las personas en una casa a toda costa, sino de entender qué quieren y qué necesitan realmente. Y eso muchas veces pasa por escucharlos, no por decidir por ellos", subraya.

Entre las historias ligadas al aeropuerto está la de Salvador Méndez, un joven madrileño de 28 años, que duerme en Barajas desde hace casi tres años, su único refugio desde que su familia lo abandonó.

"Básicamente lo que hago es buscar trabajo. No tengo empleo y estoy en el aeropuerto día a día, luchando por sobrevivir", cuenta.

Asimismo, reconoce que los servicios sociales "están saturados" y no siempre pueden responder con eficacia.

Desde su llegada en 2022, Méndez ha visto cómo la situación en Barajas se ha deteriorado: "Hay muchísima más gente que antes. El frío influye, pero también el boca a boca. La gente comenta que aquí, al menos, hay algo de refugio".

Sobre el reciente cierre nocturno de algunas terminales, como medida para reducir la presencia de personas sin hogar, opina que es "un error", ya que "solo ha creado malestar y caos, sin llegar a resolver nada". EFE

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Una quincena de entidades sociales han firmado un comunicado conjunto para exigir una respuesta "justa y humanitaria" de las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Las organizaciones advierten del "progresivo deterioro y abandono" de la situación de las personas en situación de sinhogarismo que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en los últimos meses.

El comunicado destaca que los datos, propios y ajenos, coinciden en que en torno a 400 personas "se encuentran varadas en dicho espacio, víctimas de un limbo legal y competencial que no aclara quiénes son los responsables de la atención social a todas estas personas que han acabado en el aeropuerto después de múltiples recorridos vitales, con un punto común: un sistema social y económico que expulsa y margina a un cada vez mayor número de sus participantes".

Las organizaciones ven con preocupación cómo se viene transmitiendo una "imagen caótica" de la situación en el aeropuerto, alimentada por determinados discursos mediáticos "plagados de prejuicios, malentendidos y altas dosis de aporofobia y desinformación": "Creemos que la puesta en marcha de estos discursos tiene una intencionalidad clara, en busca de un desalojo masivo y sin alternativas para las personas que allí sobreviven".

Desde las entidades sociales firmantes reconocen que la presencia de un número ciertamente elevado de personas en esta situación "genera problemas y conflictos de convivencia". "Principalmente para las personas que se ven obligadas a vivir en circunstancias y de formas que ninguno de nosotros aceptaríamos como dignas. Una situación que debe resolverse cuanto antes y de la mejor manera posible", reclaman.

Por ello, exigen soluciones "justas y humanitarias" para todas las personas afectadas por la situación que se está viviendo en las instalaciones del aeropuerto, apoyándose en los principios expresados en la Carta Social Europea, ratificada por España en junio de 2021 y en consonancia con las políticas comprometidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Sinhogarismo en la que se enuncian los marcos de cooperación y el reparto competencial para la atención a personas en situación de sinhogarismo y las vías prioritarias de actuación.

Entre otras actuaciones urgentes, precisan que se debería poner en marcha una mesa de coordinación entre las tres administraciones implicadas (Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) además de los ayuntamientos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama, donde se acuerde de "manera inmediata y urgente" la puesta en marcha de recursos suficientes para el realojo y el inicio de procesos de mejora personal e inclusión social de todas las personas afectadas por la situación de exclusión social extrema, que sobreviven en las instalaciones.

"Nadie vive en el aeropuerto porque quiere, porque le resulta cómodo o porque entre dentro de sus aviones vitales. Las personas que allí viven y duermen lo hacen porque no les queda más remedio, porque no tienen mejor alternativa. Porque ante la crisis residencial actual y ante la insuficiencia de las políticas públicas de protección social, vivir en la calle o en alojamientos de fortuna es una consecuencia cada vez más habitual", aseguran las organizaciones.

Las entidades ofrecen sus capacidades, medios y voluntariado para realizar las necesarias tareas de mediación y acercamiento entre los diversos colectivos de personas afectadas por la situación. "Desde las personas que allí viven, hasta las personas trabajadoras que cada día ven con desazón cómo se encuentra una situación por nadie deseada", concluyen.

El comunicado ha sido firmado por Acción en Red, Fundación Acogida, Acrescere, Asociación pasión por el hombre - Bocatas, Asociación Bokatas, Comunidad de Sant'Egidio, Dragones de Lavapiés, Granito a Granito, Hogar Mambré, Parroquia Jesús y María, Asociación Los Chicos de Jose y Leo, Plaza Solidaria, Asociación San Ricardo Pampuri, Proyecto Séforis, Solidarios para el desarrollo, Asociación Zaqueo

Actualmente el trasvase Tajo-Segura se encuentra en una fase crítica debido a las nuevas reglas de explotación propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Estas modificaciones contemplan una reducción progresiva de los volúmenes trasvasados, pasando de los actuales 320 hectómetros cúbicos (hm³) anuales a 193 hm³ en 2027, lo que representa una disminución del 40 por ciento.

Precisamente, López Miras defenderá el próximo martes en el Congreso una proposición legislativa para mantener el trasvase Tajo-Segura, aprobada por la Asamblea regional hace dos años. Mientras tanto, el Ministerio ha autorizado un trasvase de 180 hm³ para los meses de abril, mayo y junio de 2025, aprovechando las abundantes lluvias de marzo que han permitido mantener el sistema en nivel 1.

López Miras ha pedido hoy viernes, en el Pleno de Control que se celebra en la Asamblea Regional, esa reunión con Sánchez, al ser preguntado por el portavoz del grupo parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre cómo va a afectar el recorte de los envíos por el acueducto a la Región de Murcia.

Ha alertado López Miras de que el recorte del Tajo-Segura “pondrá en riesgo de exclusión social” a 300.000 familias que de forma directa o indirecta dependen de esta infraestructura, al tiempo que ha acusado a Sánchez de “romper de forma unilateral el consenso alcanzado en 2014” sobre las reglas de explotación.

“Lo más sangrante es que lo ha hecho en el momento en el que hay más agua en España, con 1.600 hm3 almacenados en la cabecera del Tajo y las cuencas hidrográficas con un 80% de reservas en sus pantanos, salvo los del Segura que no llegan al 30%”, ha reprochado. EFE

cgv/bc/cc

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Ahora lanzan un avance de las "conversaciones íntimas" del matrimonio Gere y personas que han sufrido sinhogarismo durante décadas con el objetivo de conseguir 37.117 firmas de apoyo, que es la estimación de las personas sin un hogar en España, como paso previo a un estreno masivo del proyecto.

Según explica la entidad social Hogar Sí, a la que pertenecen como miembros del patronato el actor y su mujer, el corto ofrece "una mirada incómoda, pero necesaria" frente a este fenómeno que se estima ha crecido un 25 % en España en la última década y continúa en ascenso en toda Europa.

El corto muestra las historias reales y duras de cuatro personas que han vivido muchos años en la calle y que ahora se recuperan en una vivienda.

En España, la preocupación por el problema de la vivienda está en una de sus cotas más altas desde el año 2008; su precio dificulta enormemente a cientos de miles de personas el acceso a un hogar digno y cronifica la situación de las personas que se ven obligadas a vivir en la calle, destaca la entidad social impulsora del proyecto.

Hogar Sí alerta de que el sinhogarismo está aumentando en toda Europa; aproximadamente 1.287.000 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en 2023, según la última edición del informe anual FEANTSA sobre la situación de la exclusión en la vivienda en Europa.

Esta entidad, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar, es la única gran red europea que se centra exclusivamente en las personas sin hogar a nivel europeo.

"Cuando ves a estas personas, ¿qué piensas? ¿qué sientes? En el fondo le podría pasar a cualquiera", asegura el actor en el documental. Alejandra Gere puntualiza: "Sabemos que es una realidad incómoda de ver, pero la respuesta no está en mirar hacia otro lado, sino en conocer de cerca la realidad de estas personas y actuar para buscar una solución".

Hogar Sí apuesta por ofrecer soluciones habitacionales que permitan a las personas en situación de sinhogarismo recuperar su dignidad y reconstruir sus vidas. Sus programas incluyen la provisión de viviendas temporales, programas de acompañamiento y apoyo en el acceso al empleo y la formación. EFE

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Berlín, 29 ene (EFE).- Alrededor de 17,6 millones de personas, el 20,9 % de la población en Alemania, vivían en 2024 al borde de la pobreza o la exclusión social, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, según datos preliminares publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, en 2023 alrededor de 17,9 millones de personas, el 21,3 % de la población, se encontraba en esta situación, similar al 21,0 % de 2021 y al 21,1 % de 2020.

Según los datos de Destatis, basado en los resultados iniciales de la Encuesta sobre la Renta y Condiciones de Vida (EU-SILC) publicada por Eurostat, en 2024 alrededor de 13,1 millones de personas, el 15,5 % de la población, estaba en riesgo de pobreza en Alemania, frente a 12,1 millones o el 14,4 % en 2023.

La UE-SILC considera que una persona está en riesgo de pobreza si dispone de menos del 60 % del ingreso medio equivalente del conjunto de la población, que en 2024 se situaba en 1.378 euros netos mensuales para una persona sola en Alemania, frente a 1.314 en 2023, y de 2.893 euros para una pareja con dos hijos menores de 14 años, frente a 2.759 un año atrás.

El 6,0 % de la población o 5,0 millones de personas en Alemania -frente al 6,9 % o 5,8 millones en 2023- afrontaba en 2024 privaciones materiales y sociales significativas, es decir, veía considerablemente restringidas sus condiciones de vida por la falta de recursos económicos.

Así, por ejemplo, los afectados no podían hacer frente al pago del alquiler de la vivienda, de la hipoteca o de determinados servicios, costearse una viaje de vacaciones de una semana, sustituir muebles desgastados o salir a comer o tomar algo con amigos o la familia una vez al mes.

El 9,8 % de la población menor de 65 años -o alrededor de 6,2 millones de personas- vivía en un hogar con una tasa muy baja de ocupación, es decir, la participación en el mercado laboral de los miembros en edad de trabajar -entre los 18 y los 64 años- era menor del 20 %, frente al 9,9 % o 6,3 millones en 2023.

Este es el caso, por ejemplo, si en un hogar con dos personas en esta franja de edad, una de ellas no trabajó en absoluto y la otra sólo estuvo empleada cuatro de los doce meses del año. EFE

Ciudad del Vaticano, 28 ene (EFE).- El papa Francisco elogió este martes las iniciativas "para que nadie quede excluido y todos vean respetada su dignidad humana", en un mensaje en motivo de la VI Conferencia Internacional 'Por el Equilibrio del Mundo", que se inició este martes y se prolonga hasta el viernes en La Habana.

"Son de alabar todas las iniciativas que tratan de abrir caminos" para que "desde las instituciones y la sociedad en su conjunto, en colaboración de todos los agentes sociales, se asuman iniciativas e itinerarios que devuelvan" a las personas "la confianza en sí mismas y en la sociedad", aseguró el pontífice en su mensaje, difundido por la sala de prensa de la Santa Sede.

"Los pobres y enfermos, los jóvenes y ancianos, los migrantes y los desplazados, incluso los privados de libertad, deben estar en el centro de nuestras consideraciones, para que nadie quede excluido y todos vean respetada su dignidad humana", agregó.

También remarcó que se debe tener en consideración a "voluntarios y profesionales que trabajan en estos ámbitos, para que tengan los medios adecuados para llevar ese aliento en nombre de toda la humanidad".

"Aprendamos esta lección desde el amor, construyendo la esperanza en ese equilibrio que busca que todos tengan lo necesario", sobre la base de "compartir con el pobre y abrirnos con generosa actitud al otro" para contribuir "al bien común". EFE

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reiterado que Baleares "no tiene capacidad como comunidad autónoma para ser receptora de un reparto" de menores migrantes no acompañados "que marque el Gobierno".

Cirer se ha pronunciado así, este martes, a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa para presentar una línea de ayudas para que entidades sociales puedan comprar, rehabilitar, ampliar o mejorar aquellos centros donde atienden a personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión en Baleares.

La consellera ha recordado que, esta tarde, a las 16.00 horas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España, que dirige el ministro Ángel Víctor Torres, ha convocado una reunión de directores generales en la comisión sectorial preparatoria de la conferencia sectorial, donde se tratarán diferentes puntos, entre ellos un plan extraodinario de acogida de la infancia migrada y de las personas no acompañadas que han llegado a las Islas Canarias o a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla .

En este sentido, Cirer ha aclarado que "aún está llegando documentación" y, por tanto, "no se sabe exactamente cuál es la propuesta por parte del Gobierno de España" para de alguna manera dar respuesta a la llegada de menores migrantes no acompañados.

No obstante, "en principio" y dado que a día de "hoy, Baleares acoge a los menores migrantes no acompañados que llegan directamente a las costas" del archipiélago, ha apuntado la consellera, "la propuesta de esta comunidad sería que, si se estableciera un reparto, que todavía no se sabe, Baleares seguirá con la atención que brinda a los menores migrantes no acompañados que llegan directamente a las costas de las Islas pero que no tiene capacidad como comunidad autónoma para ser receptora de un reparto que marque el Gobierno, bien se con un convenio con Canarias o con Ceuta y Melilla".

"Solidaridad al máximo, cuando hemos tenido capacidad habíamos accedido a una parte del reparto pero, en estos momentos, vista la situación que tenemos, no tenemos capacidad para acoger de forma digna a personas que vengan de otras comunidades", este sería el planteamiento, según la consellera, pero "veremos cuál es el supuesto y qué condicione se plantean", ha reiterado.

PENDIENTES DE QUÉ PASARÁ CON LAS MEDIDAS TUMBADAS DEL DECRETO ÓMNIBUS

Por otro lado, la consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear ha asegurado estar "pendiente" de qué pasará finalmente con las medidas que fueron tumbadas del decreto 'ómnibus' del Gobierno --cuya convalidación fue rechazada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts--.

Especialmente, según ha detallado, las que atañen a la subida de las pensiones de las personas mayores, y las relativas a las prestaciones económicas para las personas más vulnerables. Pues, ha concluido, "el Govern deberá de actuar en consecuencia".

La Iglesia Católica, a través de Comisión Episcopal De Pastoral Social, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina y otras organizaciones -como la Federación Argentina De Organizaciones Sin Fines De Lucro De Y Para Personas Con Discapacidad-, advirtieron en un comunicado sobre “la situación de abandono que atraviesan” las personas con discapacidades diferentes “junto a sus familias”.

“La injusticia que están padeciendo las personas con discapacidad nos duele e interpela. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de abandono que atraviesan junto a sus familias”, señalaron en el inicio de la declaración.

El hecho se produce en un contexto marcado por denuncias de recortes y desprotección en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hace dos semanas, los diputados opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la “emergencia en discapacidad" que el Gobierno de La Libertad Avanza calificó de “demagogo” por su impacto fiscal, estimado en 153 millones de dólares mensuales.

Según el documento, miles de personas con discapacidad y sus familias atraviesan un estado de abandono que se agrava debido a la falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda. La declaración, firmada además por diversas organizaciones religiosas y sociales -también adhirió el rabino Daniel Goldman-, hace un llamado urgente a la acción colectiva para revertir esta problemática.

De acuerdo al texto, la situación económica del país ha profundizado las desigualdades, afectando de manera desproporcionada a quienes viven con alguna discapacidad y advierte sobre la eliminación o reducción de servicios esenciales que garantizan la inclusión y la calidad de vida de este sector de la población.

El comunicado enfatiza que la falta de acceso a servicios básicos ha llevado a muchas personas con discapacidad a una situación de desprotección extrema. Entre los servicios afectados se encuentran la salud, la rehabilitación, la habilitación, la educación y los programas de inclusión social.

Según el escrito, esta realidad se agrava en un contexto económico complejo que afecta a la mayoría de la población, pero que resulta aún más crítico para quienes enfrentan barreras adicionales debido a su discapacidad.

La declaración también subraya que, aunque existen voces que denuncian violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, estas no se traducen en acciones concretas que garanticen el ejercicio pleno de esos derechos. “La multiplicidad de discursos fragmentados nos lleva a invisibilizar y despersonalizar a quienes requieren ser mirados”, advierte el documento, que insta tanto a la sociedad como a las autoridades gubernamentales a actuar de manera inmediata para evitar que la exclusión y la desigualdad se perpetúen", se sostiene en duro texto de menos de dos carillas.

“No queremos que nos venza la sensación de impotencia, confiamos en la sensibilidad humana del pueblo y de las autoridades gubernamentales para salir de la indiferencia hacia quienes son nuestros hermanos y hermanas. Estamos convencidos de la igualdad en dignidad y derechos de cada ciudadano de nuestro país. Este es un llamado urgente a la conciencia colectiva. Es necesario que nosotros, como sociedad, y las autoridades gubernamentales actuemos ahora. Si no lo hacemos, seguiremos profundizando un sistema en el que la exclusión y la desigualdad se perpetuarán", se enfatiza.

En diciembre de 2023, el papa Francisco difundió un video en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que pidió “rezar por las personas con discapacidad". En ese momento, el Santo Padre recordó que entre las personas más frágiles “están las personas con discapacidad”. Y lamentó que “algunos de ellos sufran un rechazo, basado en la ignorancia o en los prejuicios, que los convierte en marginados”.

“Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad, y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa”, solicitó Francisco.

Este sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana, en la Plaza San Pedro (el Vaticano) se realizará el funeral del papa Francisco, ceremonia a la que asistirá el presidente Javier Milei. En simultáneo, en Buenos Aires se llevará a cabo una misa en su honor en la Catedral Metropolitana.

El pronunciamiento de la Iglesia y las organizaciones firmantes se produce en un momento en el que el gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lleva a cabo una auditoría sobre los más de 1.800.000 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y las pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Según informó la cartera de Salud, esta revisión ha detectado lo que califican como un “fraude gigantesco” en la asignación de beneficios, lo que podría derivar en la baja de más de 250.000 prestaciones.

El documento no sólo denuncia la situación actual, sino que también busca movilizar a la sociedad y a las autoridades para que actúen de manera inmediata. “Estamos convencidos de la igualdad en dignidad y derechos de cada ciudadano de nuestro país”, afirma el texto, que apela a la sensibilidad humana y a la responsabilidad colectiva para salir de la indiferencia hacia las personas con discapacidad.

El comunicado concluye con un mensaje claro: si no se toman medidas inmediatas, el sistema actual continuará profundizando la exclusión y la desigualdad. Las organizaciones firmantes confían en que tanto la sociedad como las autoridades gubernamentales puedan responder a este llamado urgente, reconociendo la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad como una prioridad ineludible.

Madrid, 23 ene (EFE).- La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado a todas las formaciones políticas "altura de miras" para apoyar las medidas sociales urgentes, como las que se iban a aprobar este miércoles en el Congreso, entre las que estaban la prórroga del bono social o la prohibición de los desahucios.

La entidad pide a los grupos "priorizar los derechos y las preocupaciones de la ciudadanía" y retomar esas medidas sin demora, ya que muchas de ellas formaban parte del "Escudo Social" que se ha mantenido desde la pandemia.

Recuerda que España presenta tasas muy preocupantes de pobreza y exclusión social, una situación que afecta al 26,5 % de la población, es decir, a 12,7 millones de personas, de ellas 2,3 millones de niños.

El decreto ley 'ómnibus', que decayó este miércoles con el voto en contra de PP, Vox y Junts, incluía medidas concretas para las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, como la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre del bono social eléctrico, la subida del Ingreso Mínimo Vital y del salario mínimo, o la prohibición de los desahucios de las familias en situación más vulnerable.

Para EAPN-ES se trata de "medidas imprescindibles" frente a la actual crisis de la vivienda y las cifras récord de pobreza energética: un 43,1 % de las personas pobres presenta dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano, y un 38,5 % cálida en invierno.

En lo que atañe a las ayudas al transporte, explica que los descuentos suponían un alivio para las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales, que son los que utilizan más el transporte público para acudir a su lugar de trabajo (un 17,2 % frente al 12,1 % del total de la población). EFE

Madrid, 16 ene (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado más acciones y políticas que sitúen la vivienda como un derecho para romper "la burbuja especulativa que impide a los jóvenes emanciparse".

Rego ha clausurado la presentación de los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud que muestran que solo el 14,8 % de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, el dato más bajo desde 2006, y que para pagar el alquiler de una vivienda en solitario tienen que dedicar todo su salario.

"La especulación de la vivienda está impidiendo que los jóvenes se puedan independizar", por lo que el acceso de la vivienda a los jóvenes debe ser "una prioridad" para todas la administraciones, ha aseverado la ministra.

Para Rego, la emancipación "es una tarea pendiente" como muestra "ese mal dato" del 14,8 %. "No es aceptable que en una democracia alguien deba dedicar más del cien por cien de su salario para vivir de manera independiente y que tres de cada diez jóvenes estén en riesgo de exclusión social".

"El Gobierno no va a quedarse de manos cruzadas mientras la juventud sufre por políticas de vivienda" que durante décadas han configurado esta situación: "la burbuja especulativa no es casual".

Para Rego, es necesario "dar un giro radical a la política de vivienda" y reclama para ello un esfuerzo conjunto de las administraciones.

A su juicio, junto a las propuestas anunciadas por el Gobierno se requieren más acciones: "No queremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres, pero privatizar y liberalizar el suelo público como defiende el PP son las recetas que nos han traído aquí", ha señalado Rego.

"Es el momento de avanzar con decisión y valentía, los datos confirman la urgencia, pero es imprescindible la participación de los jóvenes para el éxito de las políticas", ha indicado en el Consejo de la Juventud. EFE

Madrid, 7 ene (EFE).- La proporción de personas que perciben las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas no llega actualmente ni al 6 ciento de la población bajo el umbral de la pobreza y su cuantía no alcanza ni el 16 % de la renta media por hogar en España.

Esta son las principales conclusiones del Informe de la Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011 / 2022) dado a conocer este martes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe señala que en los tres últimos años -desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)-, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios de las rentas mínimas (RMI) y que 13 comunidades han reducido su gasto en este apartado.

En cuanto al número de beneficiarios, en cinco comunidades ni siquiera alcanzan al 2 % de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7 %), Murcia (1,2 %), Madrid (0,8 %) Andalucía (0,7 %) y Castilla La Mancha (0,3 %); y en Aragón la cuantía media no llega al 1 % de la renta media de la comunidad.

Por el contrario, en País Vasco y Navarra la rentas de inserción llegan al 51,2 % y al 38,2 %, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Respecto al gasto, Aragón (-96,2 %) y Madrid (-91,1 %) lideran la reducción y les siguen Castilla-La Mancha (-82,2 %), Castilla y León (-69,7 %), Andalucía (-65,4 %) y La Rioja (-64,5 %), mientras en el otro extremo Canarias ha aumentado su presupuesto un 103 %, Baleares un 74,7 %, la Comunidad Valenciana un 18,6 % y País Vasco un 4 % (con datos de 2023).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 % de la renta media por hogar, pero en Baleares alcanza el 36,4 %; en Cataluña (18,3 %), Canarias (17,9 %), Asturias (16,5 %) y la Comunidad Valenciana (15,2 %) se sitúa alrededor de la media; Murcia (9 %) y Madrid (9,1 %) están claramente por debajo y el caso más extremo, como dice el informe, es el de Aragón, que se queda en el 0,7 %.

La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.

Los directores y gerentes de servicios sociales argumentan que pobreza y exclusión social son conceptos diferentes y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas. EFE

Aldeas Infantiles SOS reparte este domingo 5 de enero en la Puerta del Sol, en Madrid, 7.500 raciones de su tradicional Roscón de Reyes para visibilizar a niños en exclusión social.

Así, la organización de atención directa a la infancia repartirá a los transeúntes 7.500 raciones de roscón, acompañado de chocolate caliente. Según han avanzado, el dulce navideño pesa 1.000 kilos y ha sido elaborado de forma altruista por Panaderías Orio.

El objetivo del evento, que contará con la animación del locutor de Kiss FM, Enrique Marrón, es "dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que viven estas fiestas lejos de sus familias o en situaciones de riesgo y exclusión social".

Se trata de la 33ª edición de este famoso Roscón, que comenzó en 1989 y se ha convertido en una tradición de la Navidad madrileña. Así lo ha destacado el presidente de Aldeas Infantiles SOS en España, Pedro Puig, en declaraciones a Europa Press Televisión.

Ha remarcado el "cariño" por esta tradición con la que buscan recordar a la sociedad madrileña que todo niño en estas fechas "tan entrañables" tiene derecho a " crecer en una familia o en un entorno familiar protector, donde se sientan queridos, respetados y escuchados".

Al hilo, ha detalaldo que actualmente se calcula que en España hay unos 50.000 niños que viven en el sistema de protección y que "muchos de los cuales no van a poder celebrarlo en familia", mientras que se estima que hay unos 300.000 que están en riesgo de perder el cuidado parental.

"No nos cansaremos de repetir, que uno de cada tres niños y niñas en España están en riesgo de pobreza y exclusión social, donde tienen difícil acceder a bienes de primera necesidad, o una alimentación adecuada, o ropa, o vestidos, o material escolar tan imprescindible para que no aumente la brecha de la pobreza", ha insistido.

Aldeas Infantiles SOS repartirá este domingo 5 de enero en la Puerta del Sol, en Madrid, 7.500 raciones de su tradicional Roscón de Reyes para visibilizar a niños en exlusión social.

Así, la organización de atención directa a la infancia repartirá a los transeúntes 7.500 raciones de roscón, acompañado de chocolate caliente. Según han avanzado, el dulce navideño pesa 1.000 kilos y ha sido elaborado de forma altruista por Panaderías Orio.

El objetivo del evento, que contará con la animación del locutor de Kiss FM, Enrique Marrón, es "dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que viven estas fiestas lejos de sus familias o en situaciones de riesgo y exclusión social".

Se trata de la 33ª edición de este famoso Roscón, que comenzó en 1989 y se ha convertido en una tradición de la Navidad madrileña. El acto comenzará este año a las 11:00 horas pero el reparto del dulce será una hora después.

Ilunion y la ONG Accem han firmado un convenio de colaboración para contribuir a la inclusión laboral de personas pertenecientes al colectivo de refugiados y migrantes, así como de aquellas otras en situación o riesgo de exclusión social.

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, ha sido suscrito en Madrid por la directora de Experiencia de Empleado de Ilunion, Paola del Río, y el director de Accem, Enrique Barbero. De esta forma, ambas entidades han reforzado su compromiso por favorecer el empleo inclusivo, con el objetivo de fomentar el bienestar y la calidad de vida de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Para Paola Del Río, este acuerdo ha puesto en valor "las acciones del grupo empresarial para apoyar a colectivos vulnerables y a personas afectadas por distintas circunstancias que las obligan a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor y un lugar más seguro".

Por otro lado, Enrique Barbero considera que "este acuerdo entre ambas organizaciones materializa la sinergia necesaria para una colaboración que es clave para avanzar hacia la cohesión social".

Madrid, 23 dic (EFE).- El Gobierno ha aprobado en su reunión de este lunes la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030, que define políticas que buscan un “cambio estructural” que permita superar situaciones de vulnerabilidad y “atajar de raíz las causas del problema”, ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El Gobierno busca así que los datos de la macroeconomía "se reflejen en cada hogar de nuestro país, donde todavía hay muchas personas y familias en una situación de exclusión intolerable”, ha señalado el ministro.

La estrategia es el resultado de la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y el Ministerio de Juventud e Infancia y presta especial atención a las personas más vulnerables, en situación de pobreza o exclusión social, ha subrayado el Gobierno por medio de un comunicado.

Estructurada en cuatro ejes, la estrategia recoge acciones para asegurar recursos para las personas en situación o riesgo de pobreza, reforzar la protección social y coordinar la acción entre administraciones.

Los ejes principales son:

1.- Garantizar recursos para la ciudadanía: lo componen políticas que buscan asegurar unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales y en favorecer el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad.

Así, se apoyará el alquiler para personas y familias vulnerables, se prevendrán los desahucios, se ampliarán las herramientas contra la pobreza energética y se abordarán medidas para erradicar el sinhogarismo.

Además, se revisará el IPREM para mantener su “intensidad protectora” y se fortalecerán las rentas del trabajo.

2.- Inversión social para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades a través de la creación de nuevas plazas en educación infantil y de asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias objetivo.

También buscará prevenir y reducir el abandono escolar y se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y medidas contra la discriminación laboral.

3.- Refuerzo del Estado de bienestar y la protección social: se trabajará por construir una red de protección que garantice los derechos sociales y facilite la conciliación, especialmente para las familias que sufren precariedad, para lo que se asegurarán comidas saludables en los comedores escolares y un apoyo especial a las familias en situación de pobreza con personas con discapacidad.

4.- Desarrollo de alianzas y trabajo en red para mejorar la gestión y la coordinación de las políticas y alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura.

Para ello, se impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de las iniciativas.

Estas líneas estratégicas se desarrollarán a través de planes operativos anuales en los que se concretarán las acciones, se consignará la dotación presupuestaria correspondiente y se hará un seguimiento de la evolución para asegurar la eficacia de las acciones. EFE

La Comisión Europea ha advertido este miércoles a España de que está a la cola de la UE en materia social y alerta de una situación "crítica" en indicadores como el abandono escolar; la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto general como infantil, o el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza.

Así se desprende del análisis de políticas sociales que ha publicado este miércoles el Ejecutivo comunitario --que impulsaron, entre otros, los gobiernos de España y Bélgica-- y que avisa al Gobierno de debilidades en 10 de 17 indicadores.

Bruselas se basa en un sistema de semáforo en el que España suma cuatro indicadores rojos o "críticos"; dos naranjas o "que necesitan vigilancia" y otros cuatro amarillos o "débiles", lo que la sitúa como el cuarto país con más indicadores negativos por detrás de Rumanía, Grecia e Italia.

A la luz de los resultados del análisis de la primera fase, y especialmente de los seis indicadores calificados como "críticos" o "que requieren vigilancia", incluido uno que se ha deteriorado con el tiempo --el impacto de las prestaciones sociales en la reducción de la reducción de la pobreza--, se considera que España se enfrenta a "riesgos potenciales para la convergencia social que requieren un análisis más detallado en una segunda fase".

Junto a España, la Comisión también someterá a este segundo test, más exhaustivo, a Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania, y Rumanía, que también fueron objeto del análisis de la segunda fase el año pasado, así como Grecia, Croacia y Luxemburgo.

El informe señala que en 2023, los porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social tanto general como infantil aumentaron hasta el 26,5% y el 34,5%, respectivamente, "significativamente por encima de la media de la UE --21,3% y 24,8%--, lo que representa una situación "crítica".

Según revela el análisis, España se enfrenta a retos en relación con el abandono prematuro de la educación y la formación, que sufrió un repunte en 2023, hasta el 13,7 % (frente al 9,5 % en la UE), lo que implica que se encuentra en una "situación crítica".

Bruselas atribuye estas deficiencias a problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales, el acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo.

Además, advierte de que pese a algunas mejoras en la desigualdad de ingresos --medido en base al ratio entre ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre-- esta se mantuvo en niveles elevados en 2023 (5,5 frente a 4,7 en la UE), una situación que "requiere vigilancia", mientras que el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza disminuyó hasta el 22,9% en 2023 (frente al 34,7% en la UE), un indicador que ha empeorado durante dos años consecutivos pasando así a un nivel "crítico".

El análisis también señala que la "escasa eficacia" de las prestaciones sociales en la reducción de los riesgos de pobreza infantil (17,0% frente al 41,4% en la UE), aunque, por contra, la proporción de niños menores de 3 años en guarderías en España se sitúa por encima de la media comunitaria.

MERCADO LABORAL Y TASA DE DESEMPLEO

En lo que respecta al mercado laboral, la Comisión subraya que la tasa de empleo aumentó sustancialmente hasta el 70,5% en 2023 (frente al 75,3% en la UE), pasando de una de una situación "crítica" (rojo) a una "débil pero en vías de mejora" (amarillo) debido al fuerte crecimiento económico, la expansión del empleo de las personas nacidas fuera de la UE y un aumento del empleo en el comercio, las profesiones técnicas y científicas y la creación de empleo en el sector público.

De igual modo, la tasa de desempleo (12,2%) y su componente a largo plazo (4,3%) también han obtenido una calificación de color amarillo, lo que subraya una mejora pese a la persistencia de las debilidades, ya que los niveles siguen siendo "muy elevados" pese a algunos "importantes descensos".

Por otro lado, siguió disminuyendo (hasta el 12,3% en 2023) la proporción de NINIs, aunque esta sigue siendo "elevada" y "necesita vigilancia" (nivel naranja), pero, por contra, España se sitúa entre los países con mejores resultados frente a la brecha de empleo por discapacidad.

Asimismo, el análisis evidencia que la participación de los adultos en el aprendizaje se situó "en la media" en 2022, con un 34,1% (frente al 39,5% en la UE), tras un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto a 2016, al tiempo que destaca unos resultados "por encima de la media" en competencias digitales.

Bruselas, 18 dic (EFE).- España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en convergencia social por sus niveles de riesgo de pobreza y exclusión social, abandono escolar y desempleo, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea (CE).

España registra resultados negativos en 10 de los 17 indicadores sociales evaluados por Bruselas, que la coloca entre los diez socios comunitarios con "potenciales riesgos para la convergencia social al alza" tras haber analizado la situación del mercado laboral, la formación y los retos sociales de los Veintisiete.

Entre estos figuran también Rumanía, Grecia e Italia, los únicos con peores resultados que España, así como Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Croacia y Luxemburgo, países a los que el Ejecutivo comunitario someterá ahora a un examen más exhaustivo.

En el caso de España, el sistema de "semáforo" que utiliza Bruselas clasifica como "crítica" (rojo) la situación en cuatro indicadores ligados al riesgo de pobreza y exclusión social y al abandono escolar, cree que "requieren vigilancia" (naranja) la desigualdad de ingresos y la tasa de "ninis" -jóvenes que ni estudian ni trabajan-, y que la situación del empleo sigue "débil aunque está mejorando" (amarillo).

"España experimenta desafíos en relación a la protección social y la inclusión", arranca el análisis de la Comisión Europea, que señala que en 2023 la población en riesgo de pobreza y exclusión social aumentó al 26,5 % en general y al 34,5 % entre los niños, "muy por encima" del 21,3 % y 24,8 % de media en la UE, respectivamente.

Bruselas cree que esto puede atribuirse en parte a las dificultades de los sistemas de protección social para proporcionar cobertura adecuada, a las disparidades regionales en el acceso a servicios públicos y a la "persistente" alta tasa de pobreza entre quienes tienen trabajo.

Añade además que, pese a haber mejorado, la desigualdad en el nivel de ingresos se mantuvo alta en 2023, en el 5,5 frente al 4,7 en la UE medido como ratio entre los ingresos del 20 % más rico y del 20 % más pobre.

La Comisión destaca, por otra parte, que el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza cayó al 22,9 %, frente al 34,7 % en la UE, y que estas son particularmente ineficaces para atajar la pobreza infantil.

En cuanto al mercado laboral español, Bruselas destaca que "ha mejorado significativamente pero aún afronta desafíos".

La tasa de empleo aumentó "sustancialmente" al 70,5 %, pero está por debajo del 75,3 % en la UE, y los niveles de desempleo (12,2 %) y paro a largo plazo (4,3 %) son "todavía muy elevados a pesar de grandes descensos", por lo que estos indicadores salen del nivel "crítico" del año pasado pero se mantienen "débiles".

El informe también pide vigilar la todavía alta tasa de "ninis", pese a que bajó al 12,3 % en 2023, y señala que si bien los ingresos per cápita de los hogares registraron un "fuerte aumento", este indicador se mantiene "débil".

Por otra parte, la Comisión destaca como "crítico" el nivel de abandono escolar, del 13,7 % frente al 9,5 % en la UE, pese a que se ha reducido y subraya que es particularmente alto en el sur y este del país.

En el lado positivo, el informe subraya que España está entre los mejores de la UE en cuanto a la brecha de empleo de las personas con discapacidad, que es de las más bajas del bloque y sigue descendiendo, y se encuentra por encima de la media en el número de niños menores de tres años en guarderías y en la proporción de ciudadanos que tienen habilidades digitales.

El país está en línea con la media en otros indicadores analizados, como coste de la vivienda, acceso a sanidad, formación de adultos y brecha de género en el empleo.

España se mantiene así por segundo año consecutivo entre los farolillos rojos de este informe, que se elaboró por primera vez en 2023 precisamente a instancias del gobierno español y belga, que impulsaron una iniciativa para que el Semestre Europeo, que coordina las políticas económicas de los Veintisiete, analizase también indicadores sociales. EFE

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

"MarSenses Hotels & Homes tiene el objetivo de mantener una contratación estable de un mínimo del 3% proveniente de grupos en riesgo de exclusión social, como son las personas privadas de libertad

El pasado 2 de diciembre concluía el tercer curso formativo entre MarSenses Hotels & Homes, el GREC y la Fundación “la Caixa”

MarSenses Hotels & Homes demuestra su apuesta firme y definitiva por la inserción sociolaboral de las personas en situaciones más desfavorables a través de programas formativos y de prácticas laborales, como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su código ético.

Cooperando con el Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC) y los programas de inserción sociolaboral Incorpora y Reincorpora de la Fundación “la Caixa”, así como con Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo de Instituciones Penitenciarias, la entidad hotelera reitera su compromiso con la sociedad balear y el bienestar comunitario, a través de formación, y posterior incorporación al tejido empresarial de la isla, de las personas que más lo necesitan. El objetivo de la empresa es mantener una contratación estable de un mínimo del 3% proveniente de grupos en riesgo de exclusión social.

Actualmente, estas acciones formativas comprenden, en el caso de MarSenses Hotels & Homes, la realización de cursos de cocina con formación teórico-práctica y, además, la posibilidad de aprender, encontrar trabajo y hacer que estas personas vuelvan a sentirse “válidas y con ilusión”, gracias a esta oportunidad única.

Con estas iniciativas se normaliza la contratación de personas de varios grupos y colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social como son las personas privadas de libertad, atendiendo a las necesidades del sector hotelero de constantemente buscar, fidelizar y fomentar el talento entre sus equipos.

De esta forma, tal y como comenta su director general, Rodrigo Fitaroni: “Una empresa debe ser un agente de cambio local, ya que la colaboración y el apoyo con el entorno comunitario es una obligación que nunca debemos olvidar”.

MarSenses Hotels & Homes refleja su dedicación y conciencia con la sostenibilidad social, haciendo hincapié en las comunidades en las que desarrolla sus actividades, así como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que rige su operativa; poniendo el foco en las personas, su valor, fomentando la empatía, y potenciando la humanización de los equipos, a través de la reinserción sociolaboral, rompiendo prejuicios o estigmas que aún existen en nuestra comunidad.

Por ello, Fitaroni reivindica y pone en valor “el trabajo y la importancia” de los programas sociales de la Fundación “la Caixa” y del Grec en la inserción sociolaboral, al tiempo que hace un llamamiento a las empresas de las Islas Baleares a que se involucren y “vivan la experiencia de una forma participativa teniendo especial empatía y paciencia con el proceso de adaptación al entorno laboral”.  Asimismo, recuerda que se trata de una “apuesta decisiva por nuestro presente y nuestro futuro”.

Acompañamiento, formación y seguimiento

Los usuarios y beneficiarios de estas acciones formativas comentan que han recuperado una “ilusión que habíamos perdido” y que les ayuda a sentirse “válidos, motivados, con un objetivo y comprometidos” con ellos mismos. A efectos prácticos, MarSenses Hotels & Homes ya ha formalizado la contratación de personas que han participado en este programa, y que, gracias a esta oportunidad, ya forman parte del equipo tanto en los hoteles, en las cocinas centrales, así como en la cocina del restaurante QueBo, también propiedad de la hotelera.

Desde el primer minuto, estas personas están acompañadas tanto por el personal del GREC, los educadores sociales y la propia empresa, hecho que motiva mucho más a los usuarios a seguir luchando por esta oportunidad y seguir apostando por ellos mismos.

Programas Incorpora y Reincorpora de la Fundación la Caixa

La colaboración con el GREC (una de las entidades sociales que forman parte del programa Incorpora Baleares) y MarSenses Hotels & Homes nace de la pasión que tiene esta empresa por colaborar en el tejido social y empresarial de la isla, así como de una vocación social y solidaria de la misma a través de los programas de inserción sociolaboral de la Fundación “la Caixa”.

A este respecto, cabe recordar que los Puntos Formativos están impulsados por el programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” y que el Programa Reincorpora In Out es el resultante de un convenio de colaboración entre la Fundación “la Caixa” y Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo de Instituciones Penitenciarias, todos ellos gestionados por la entidad Grec.

Así, este programa cuenta en las Islas Baleares con un total de 375 empresas contratantes, así como un total de 15 entidades locales y autonómicas que ofrecen sus servicios y velan por la inserción de estos colectivos más desfavorecidos.

En 2023, se impulsaron a través de estos programas un total de 828 inserciones.

Contacto de prensa:

Lorena Coelho

lorena.coelho@marsenses.com

971 722 669 (ext. 1024)

MARCO

Mren Altarriba

914585490

MarSenses Hotels & Homes es un grupo hotelero con más de 40 años en el sector que engloba 6 hoteles en Mallorca, y uno en Menorca, además de una villa en alquiler vacacional. La compañía pone en valor la tradición hotelera puesta al día con permanente vocación de servicio que crea recuerdos y sensaciones que perdurarán en la mente del huésped. Cada alojamiento está diseñado como un espacio único y diferencial reconocido por sus huéspedes como marca balear. Dirigidos tanto al sector familiar, como al sólo adultos, somos un segundo hogar donde encontrar tranquilidad, confianza, seguridad y sensibilidad.

La sostenibilidad también es un eje transversal de la compañía, incorporándose a su misión de manera transparente y ejemplificándose en hechos llevados a cabo, con especial interés en la ayuda a la infancia, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, y un fuerte compromiso por el bienestar medioambiental."

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Estas actividades han permitido mejorar la calidad de vida de 126.842 personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social de un total de 23 países, ha informado la compañía en un comunicado.

El Programa de Voluntariado de Fundación Mapfre tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más desfavorecidas y de la sociedad en general.

También busca facilitar a los empleados de las empresas adheridas y a sus familiares la oportunidad de contribuir a mejorar la sociedad e incrementar su satisfacción personal, autoestima y motivación. "El voluntariado es sin duda una oportunidad para contribuir a construir un mundo más justo, solidario, humano y sostenible", ha señalado la entidad.

GENERAR VALOR SOCIAL

La experta en Diversidad y Voluntariado Corporativo de Mapfre, Marta Granero, ha afirmado que la compañía tiene el compromiso de actuar en el desarrollo de las comunidades donde opera, generar valor social, cuidar el entorno y contribuir a la transformación social.

"En Mapfre tenemos un enorme compromiso con las personas, con la sociedad y con el planeta y todo ello forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra cultura y lo demostramos cada vez que participamos en alguna actividad de voluntariado. Más del 20% de la plantilla global ha participado hasta el momento en alguna de las actividades de voluntariado realizadas durante el 2024. Cada minuto invertido en ayudar cobra sentido para nosotros", ha indicado.

APOYO A LA COMUNIDAD

A lo largo de 2024, han participado en actividades de voluntariado países como Chile, Uruguay, Alemania, Puerto Rico, Argentina, Malta, México, Brasil, España, Italia, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala.

Entre las acciones más relevantes destaca la campaña 'Básicos con Corazón', que realizaron los voluntarios de Puerto Rico en verano para entregar ropa a más de 800 personas con escasos recursos; 'Recorridas Solidarias', que llevó a cabo Argentina para entregar alimentos, ropa de abrigo y productos de higiene a personas sin hogar, y el proyecto 'Litro de Luz', donde 51 voluntarios de Brasil participaron en la elaboración de farolillos solares para iluminar una comunidad de 120 personas que viven sin electricidad.

También son reseñables una jornada de protección de la naturaleza en Venezuela en la que 80 voluntarios, entre empleados y familiares, recogieron hasta 200 kilos de basura en distintas playas; el proyecto 'Conectando Sonrisas', donde los voluntarios de Costa Rica invitaron a 200 personas, entre ellas 100 enfermos de cáncer, a charlas motivacionales para ellos y sus familiares; y el proyecto 'Operación Sonrisa', donde voluntarios de Guatemala compartieron actividades de ocio con 174 menores del orfanato Valle de los Ángeles.

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir un "plan especial de seguridad" de lucha contra la bandas juveniles al entender que se está "extendiendo la violencia" sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en otras como Valencia, Zaragoza, Toledo o Guadalajara, de ahí que solicite, además, que se endurezcan las penas ante la "multirreincidencia" y medidas para evitar la adquisición de armas blancas.

Según el partido que preside Alberto Núñez Feijóo, en estas bandas "suelen" integrarse "hijos de familias migrantes por la falta de recursos económicos suficientes y por otras razones que suponen, en muchos casos, la exclusión social de estos jóvenes que tienden a satisfacer sus necesidades buscando dinero fácil".

Además, la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso por el PP y consultada por Europa Press advierte de que el 80% de los delitos cometidos en 2023 fueron tipificados como leves, ya que no superaban los 400 euros de multa.

"Es fundamental endurecer las penas, principalmente, para los delitos de hurto y estafa, ya que las personas que cometen este tipo de delitos son multirreincidentes", solicita el PP, que también reclama aumentar los efectivos policiales y los "programas de concienciación familiar y de educación cívica en los centros escolares" para evitar la exclusión social.

"Estas bandas actúan en diferentes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona. Algunas de ellas, se han ido asentando progresivamente y están presentes en ciudades como Valencia, Zaragoza, Toledo o Guadalajara", señala la PNL.

ACABAR CON ACCESO Y VENTA DE ARMAS BLANCAS

Para el PP, urgen que el Gobierno apruebe "un plan especial" centrado en "cercenar el acceso y venta de armas blancas", como navajas automáticas o de tipo mariposa, incrementando las sanciones por tenencia de armas blancas y prohibidas a través de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.

El PP justifica su iniciativa en que "la violencia de algunas bandas juveniles se ha extendido por algunas ciudades de España, empeorando la convivencia vecinal y agravando los problemas ya existentes de seguridad pública en algunos barrios", lo que genera "una creciente preocupación entre los ciudadanos".

La formación añade que esta violencia se refleja en forma de enfrentamiento entre distintos grupos y en la comisión de delitos relacionados principalmente con el narcotráfico y atracos, incluyendo robos con violencia y amenazas.

"La presencia de estas bandas pone en peligro a todos los ciudadanos, incluso a quienes forman parte de ellas", continúa, precisando que son principalmente jóvenes de entre 15 y 23 años, siendo aproximadamente el 40% menores de edad.

"La mayoría provienen de entornos vulnerables, donde los familiares no han podido proporcionarlas necesidades básicas de sus hijos o simplemente no se han criado con los cuidados que necesitan los menores para su educación y posterior desarrollo", añade el PP.

"Estos problemas", prosigue, "suelen darse en hijos de familias migrantes, por la falta de recursos económicos suficientes y por otras razones que suponen, en muchos casos, la exclusión social de estos jóvenes que tienden a satisfacer sus necesidades buscando dinero fácil".

Según el PP, la integración de estos jóvenes en este tipo de bandas supone para ellos "una salida rápida hacia un supuesto estilo de vida estable, aunque ello implique acciones delictivas".

DIFICULTAD PARA DESVINCULARSE DE BANDAS

Para ello, los 'populares' se remite a lo que relatan exmiembros de estas bandas sobre que "entrar en ellas es algo sencillo, sin embargo, salir de estas organizaciones puede implicar grandes sumas de dinero, incluso varios miles de euros, para que se acepte la desvinculación de las mismas".

En este sentido, el PP agradece el compromiso de los cuerpos de seguridad y las "numerosas detenciones en lo que va de año", citando una operación policial con la detención de 29 pandilleros --22 menores de edad-- que tenían en posesión 132 armas, cinco de ellas, de fuego.

Además, cita datos del Ministerio del Interior sobre que actualmente hay registradas "unas 627 bandas juveniles que se encuentran bajo estrecha vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Solo en la Comunidad de Madrid, se ha detenido a 3.581 personas a través del dispositivo contra las denominadas bandas latinas desarrollado por la Delegación del Gobierno desde febrero de 2022, siendo muchas de estas personas reincidentes en sus delitos, precisa la PNL del PP, que exige "mayor control en redes sociales por jugar un papel fundamental para captar a los integrantes".

Barcelona, 12 nov (EFECOM).- MicroBank, el banco social de CaixaBank, concentra más de un tercio de la cartera de los microcréditos en Europa, según un informe de la European Microfinance Network (EMN), entidad con sede en Bruselas que promueve las microfinanzas como herramienta para luchar contra la exclusión social y financiera.

Según ha informado la entidad, el importe global de la cartera de microcréditos en el conjunto de Europa ascendió a 5.273 millones de euros en 2022, de los que MicroBank aglutina el 36 %.

El informe apunta que España, con una cartera de préstamos por importe de 2.136 millones de euros, es el país europeo con mayor penetración de los microcréditos y MicroBank tiene una cuota de mercado del 88,6 %.

Según el estudio de EMN, tras España y a gran distancia, los países con mayor cartera de préstamos son Bosnia & Herzegovina (538,3 millones de euros), Rumania (527,8 millones) y Albania (279,4 millones de euros).

El total de beneficiarios en Europa en 2022 ascendió a 1.258.806, de los que el 24,18 % recibieron microfinanciación a través de MicroBank, tanto para el impulso de negocios como para sufragar gastos personales.

En el caso de España, la cuota de mercado de MicroBank alcanza el 95 %.

El estudio constata que el 42 % de los solicitantes de microcréditos son mujeres, mientras que, desde el punto de vista geográfico, cuatro de cada diez personas de entornos rurales solicitan este tipo de préstamos.

Por edad, el 16 % de los prestatarios activos son jóvenes y un 13 % son personas mayores. El colectivo de migrantes, además, representa un 26 % de los solicitantes de microcréditos.

MicroBank otorgó sólo en microcréditos -préstamos que no superan los 30.000 euros- un total de 1.115,6 millones de euros a lo largo de 2023. EFECOM

Almería, 10 nov (EFE).- Andalucía Acoge atiende de forma estable durante todo el año a más de 4.500 migrantes en asentamientos vinculados a la agricultura intensiva en el campo de Níjar (Almería) y en los municipios onubenses de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Según indica la ONG en su informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas, de las cuales 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.

Por su parte, Huelva Acoge actúa en 16 de los 41 asentamientos de la provincia, con una población de aproximadamente 1.000 personas fuera de la temporada agrícola, aunque durante la campaña de los frutos rojos, esta población puede llegar a triplicarse.

En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30 y el 40 por ciento de la población podría vivir allí de forma permanente.

Según Andalucía Acoge, en ambos casos los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”, aunque hay “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”, lo que se debe, sobre todo, a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.

El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como derechos laborales, acceso a la vivienda, sanidad y de movilidad segura.

Existen diferentes tipos de asentamientos, como chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento, que es fundamental para el acceso a servicios básicos.

La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.

Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, y en las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de los trabajadores es más frecuente.

Consideran que el deterioro en la calidad de vida de los migrantes ha aumentado debido a su situación de exclusión social: “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”.

Las condiciones de vida en estos asentamientos son “extremadamente precarias”, y los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación. Estos incendios pueden ser causados por diversas razones, como el uso de materiales inflamables en la construcción de las chabolas, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua y electricidad, o el uso de métodos inseguros para cocinar y obtener calor en las infraviviendas.

Entre abril de 2020 y mayo de 2024, se han registrado 22 incendios en los asentamientos, siniestros que han afectado a 2.816 personas, de las que varias decenas han resultado heridas y tres han fallecido.

En Palos de la Frontera, los migrantes manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad: cobran hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar en contratos de trabajo irregulares.

Asimismo, cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa. A pesar del interés de la Administración Local, estos menores no están escolarizados, y aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente.

Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave; garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local; “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”, y acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.

También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.

Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros. EFE

mma/bfv/lml

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Madrid, 9 nov (EFE).- Save the Children ha pedido activar cuanto antes los comedores escolares de las zonas afectadas por la dana, donde 18.000 niños contaban con una beca de comedor, para que los menores, especialmente los más vulnerables, puedan asegurar una comida saludable al día.

En un comunicado con motivo de la reapertura de colegios programada por la Generalitat para el próximo lunes, el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha recordado la necesidad de activar los comedores escolares en los diferentes centros.

Más de 36.000 niños y niñas menores de 16 años de las diferentes zonas afectadas están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el 29,5 % del total de niños que viven allí, señala la asociación que cita datos del Instituto Valenciano de Estadística, por lo que -dice- la infancia vulnerable golpeada por esta catástrofe es mucho mayor.

“Es importante recordar que antes de la dana ya había muchos niños y niñas en una situación complicada, por lo que es imprescindible asegurar una nutrición adecuada", ha recalcado Hernández. EFE

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Madrid, 7 nov (EFE).- Migrantes que perdieron su vivienda o su empleo a consecuencia del temporal que azotó España corren el riesgo de quedar excluidos de las ayudas aprobadas por la Administración por no disponer de su documentación en regla: "Se olvidaron de nosotros", lamenta un damnificado colombiano.

"Ya pasó durante la pandemia y ahora otra vez", añade Jhon Hoover, que vive en la periferia de Valencia (este), la zona más golpeada por el temporal que, hasta el momento, ha provocado 219 muertos y 93 desaparecidos en España.

Jhon se dedica a arreglar electrodomésticos y en estos días lo hace para sus vecinos sin cobrar porque "hay que ayudar", pese a que se quedó sin trabajo tras la riada porque el agua se llevó su moto, con la que se desplazaba a casa de sus clientes.

Tiene hijos que mantener y se quedó sin trabajo, pero Jhon no reside en España de forma regular y, por lo tanto, no puede acogerse a ningún Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) excepcional como los que ya se están empezando a aplicar a los afectados por el temporal, no tiene contrato ni documentación como trabajador por cuenta propia (autónomo).

 "Entre las ayudas que anunció el Gobierno español no hay ninguna a la que se puedan acoger los migrantes en situación irregular", lamenta el responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro Garcia-Gil.

"Estas personas son las que tienen los trabajos más precarios, que son importantísimos, como los jornaleros que cultivan lo que comemos o los que se dedican al cuidado de nuestros mayores. Son personas como todos y están ayudando mucho a sus vecinos como todo el mundo, pero se han olvidado de ellos en las ayudas", critica en declaraciones a Efe.

En la misma situación que Jhon se encuentran muchas de las mujeres vinculadas con la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, que agrupa a unas doscientas, en su mayoría migrantes, de zonas próximas a Valencia, coordinadas por la colombiana Marcela Bahamón.

En el grupo hay cuidadoras que fueron despedidas de un día para otro porque sus empleadores perdieron el trabajo o la casa y no podían seguir pagándolas.

La mayoría cobraban por días o por semanas, perdieron su fuente de ingresos y no pueden pedir ayuda a la Administración porque no estaban legalmente contratadas, como también les ocurre a los jornaleros que no han vuelto al campo porque sigue inundado.

Otros migrantes perdieron todos sus enseres, como la hondureña Cinthya Torres, que vivía interna en casa de la anciana a la que cuidaba y vio como el agua se lo llevaba todo.

Ella no puede pedir ninguna ayuda de vivienda "porque lo que anunció el Gobierno es una moratoria del pago de la hipoteca para los propietarios de viviendas, pero nada para inquilinos y, menos aún, para personas que alquilan habitaciones o viven en la casa de empleadores o amigos sin ningún papel que lo avale", aclara Alejandro Garcia-Gil de Oxfam Intermón.

También para las ayudas a quienes hayan perdido muebles o sufrido graves desperfectos en casa "hay que presentar papeles que acrediten que resides regularmente en el país y los irregulares vuelven a quedar fuera", continúa.

Además, otra de las medidas anunciadas por el Gobierno, el incremento del Ingreso Mínimo Vital para los afectados, deja fuera a quienes no lo recibieran antes del temporal, según el activista.

"Siempre se olvidan de los mismos -sentencia Marcela Bahamón-. A nuestra sociedad le falta humanidad".e EFE

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No existe la salud mental. Quiero decir, el primer paso para trabajar sobre los padecimientos mentales es aceptar que no todas las personas habitan del mismo modo, con la misma subjetividad, con la misma forma de vida, en nuestra comunidad. Es decir, hablar de salud mental es hablar de un campo abierto, un campo en el cual hay conocimiento construido, legislación vigente y prácticas a transformar, pero siempre guiados por la idea de hacerle un lugar a cada quien en la vida social y comunitaria. La salud mental, en todo caso, no se trata de normalizar o disciplinar cuerpos y mentes, sino por el contrario, de acompañar procesos y hacerle un lugar a aquellos que no lo tienen. Porque bien sabemos que la locura, los trastornos, las depresiones, las psicosis tienen el denominador común de la exclusión, de la incomprensión, del aislamiento, de la pérdida de lazo social.

Ahora bien, en el último tiempo se ha hablado mucho de salud mental. Buen síntoma. Quiere decir que esta sociedad no es indolente a la pandemia silenciosa de padecimientos mentales con la que convivimos. Pero también hay que señalar que esta conversación sobre la salud mental muchas veces ha sido tomada por el paradigma médico hegemónico y clásico. Eso que podríamos llamar la salud medicalizada, controlada por el conocimiento corporativo (que como ya sabemos siempre tiene efectos políticos y nunca es arbitrario), que se obsesiona en diagnósticos y medicaciones e internaciones compulsivas. Como si la forma de resolver los problemas fuera etiquetar y encerrar personas.

Sectores de las tradiciones más crueles, inhumanas y disciplinantes ven en un problema real la oportunidad de restaurar modelos (sanitarios y de negocios) que solo traen más padecimiento. Y esto se grafica puntualmente en el ataque a la Ley de Salud Mental. Una ley modelo en el mundo, construida de forma democrática y participativa, que lleva 14 años desde su sanción, pero que aún hoy (con gobiernos de diversa pertenencia política) encuentra resistencias y obstáculos para su plena implementación; lo cual resolvería buena parte de los problemas que tenemos en la materia.

Para no escribir sola esta nota, le pregunté a Hugo Cohen, médico psiquiatra y máster en salud pública; ex asesor en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS. sobre cuáles creen que son los principales problemas que enfrentamos. Cohen me contestó lo siguiente: “El principal problema para atender y recuperar a una persona en salud mental no son los 10 días de internación que pudiesen ser necesarios, sino el apoyo y la continuidad en los 365 días restantes en la comunidad.” En segundo lugar, estamos frente a un cambio cultural y para eso necesitamos fundamentalmente la capacitación del personal, hay que actualizar la formación de los médicos generales y de los especialistas psiquiatras y psicólogos que no son formados en esta temática en los cursos de pregrado. Y tercero el apoyo a los sus propios usuarios y a los familiares. Es fundamental apoyar a la familia con herramientas para saber cómo intervenir a las 3 de la mañana cuando su hijo se descompensa.

Hay un argumento contra la Ley de Salud Mental que escuchamos todo el tiempo: prohíbe las internaciones. Sobre este punto consulté a Xavier Oñativia, ex Decano de la Facultad de Psicología, UNLP 2018-2022. Actualmente Prosecretario de Salud Mental de la UNLP, y me respondió así: “En su capítulo 7 hay 16 artículos referido a la internación de personas con padecimiento mental, además de otros que se relacionan con esto. De modo que la ley prevé de manera exhaustiva, la posibilidad de internación para personas con padecimiento mental, que así lo requieran. De modo que es falso, entonces, esa supuesta prohibición o impedimento respecto de la internación”.

Es clave que la internación sea un recurso posible y no una regla obligatoria. En este sentido hablé con Mirta Elvira, doctora en Salud Mental Comunitaria, docente e investigadora miembro de ACUFA (Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental), y me decía lo siguiente: “Hay un problema en cuanto a la manera de comunicar la ley y su implementación en algunos casos porque hay intereses creados para militar en contra de la ley, pero la ley presenta justamente toda la posibilidad de implementar un modelo comunitario donde se prioricen los dispositivos de tratamiento intersectorial complejo y no medicalizado.”

Quisiera agregar un estudio de costos que se realizó durante la presidencia de Mauricio Macri sobre la Ley de Salud Mental (a menudo criticada por el supuesto enorme presupuesto que requeriría). El estudio, del año 2019, señala en sus conclusiones: “Uno de los principales hallazgos del estudio ha sido que el modelo comunitario podría ser costo-efectivo respecto del modelo hospitalario monovalente, bajo escenarios de gestión eficiente de recursos. Por su parte, considerando el ahorro presupuestario anual que ofrecería el modelo comunitario respecto de los costos actuales de operación del modelo asilar, si se proyecta una transición gradual y progresiva en 5 años, la inversión inicial necesaria para implementar el modelo comunitario podría ser recuperada luego de 2 años de funcionamiento”.

En la Ley de Salud Mental no estamos discutiendo internaciones sí o internaciones no, no estamos discutiendo el “costo” que tiene su plena implementación. Esos son argumentos falsos que esgrimen quienes quieren restaurar un modelo de crueldad y exclusión, de personas encerradas, sobremedicadas, sin proyecto de vida. Hay que sincerar la discusión.

La vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado contra Vox por haber registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda de devolución al proyecto de ley por la que se prohíbe el despido automático por incapacidad.

"Se sitúan en el pasado. Les diría más, en un pasado lejano. Se sitúan en el antiguo régimen que calificaba como inválidos, incluso como vagos, a las personas con discapacidad, dejándolas fuera de sus derechos como personas y, sobre todo, también como personas trabajadoras", ha criticado este martes Díaz durante su defensa del proyecto de ley en el Pleno del Congreso.

Para la vicepresidenta Segunda del Gobierno, esta reforma "aúna la discapacidad, los derechos humanos y el derecho al trabajo", de conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en muchos otros instrumentos y tratados internacionales ratificados por España, que "realzan el derecho al trabajo y la obligación de los Estados de adoptar medidas orientadas al logro del pleno empleo".

En este punto, ha defendido que las personas con discapacidad "conforman un grupo numeroso de personas con mayor riesgo o en situación de vulnerabilidad social y laboral debido a que las formas en las que se estructura y funciona la sociedad habitualmente han mantenido a estas personas en condiciones de exclusión y discriminación".

Dirigiéndose a los diputados de Vox, Díaz ha destacado que la sociedad española "es diversa, plural y, afortunadamente, no es monolítica". No obstante, ha lamentado que en la actualidad persiste "un profuso conjunto de impedimentos que priva a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos".

"Los efectos de estos obstáculos se materializan y proyectan en una parte muy importante de nuestras vidas, sobre el derecho al trabajo, dando paso, en muchas ocasiones, a una situación de exclusión social y también de pobreza que creo que esta Cámara debe erradicar", ha señalado.

Por ello, ha reprochado a los diputados de Vox que su negativa a esta reforma "no responde a la realidad social del momento": "Su equivocada percepción de la discapacidad les retrotrae al pasado, a tiempos en los que estas personas fueron eliminadas como problema social".

A pesar del rechazo de Vox, la ministra ha celebrado que "hoy por fin" el Gobierno y España "va a hacer justicia con las personas con discapacidad". "Hoy es imperativa la necesidad de integración social de las personas con discapacidad, la garantía de formas de vida decentes y, por supuesto, de accesibilidad universal".

"Hoy con esta reforma queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, esta es muy buena reforma, nos hace un país mejor", ha afirmado.

En concreto, Díaz ha detallado que esta reforma "pretende profundizar de una manera más eficaz" en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad en los términos que mandata la Constitución Española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.

Aunque España dispone de un marco legislativo que "protege" a las personas con discapacidad, la ministra ha hecho hincapié en que el objetivo "es seguir avanzando en su protección y seguir avanzando en sus derechos".

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, las personas con discapacidad "se merecen esta reforma", por lo que, en su opinión, la formación que lidera Santiago Abascal "no tiene razón" con su enmienda de devolución. "Señorías de Vox, no son una carga, son seres humanos", ha sentenciado.

En su opinión, el modelo de Vox es "apartar a las personas con discapacidad, despedirlas de sus puestos de trabajo, excluirlas y mandarlas a casa sin parar a valorar qué posibles adaptaciones o posibles cambios introducir": "Y, sobre todo, qué beneficios nos reportará compartir nuestros tiempos y nuestros espacios de trabajo".

 Madrid, 17 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado la intención de aprobar una nueva estrategia contra la pobreza "antes de que acabe el año", que incidirá especialmente en la infantil, con el objetivo de "la erradicación completa de la pobreza en España".

Bustinduy ha presidido el acto institucional por el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza organizado junto a la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en el que ha reclamado a los grupos políticos "suspender el juego político de intereses a corto plazo para imponer el interés general y lograr consensos amplísimos" en políticas sociales, como la ley de familias y en torno a los presupuestos.

"Es necesaria una actuación decidida contra la pobreza infantil. Hay que atajarla ya y el objetivo no puede ser otro que la erradicación completa de la pobreza en España", ha aseverado el responsable de Derechos Sociales en relación con el objetivo prioritario que debe tener la nueva estrategia.

Para Bustinduy, la situación de riesgo de pobreza que alcanza a más de 12 millones de personas en España y a uno de cada tres niños "es algo inaceptable e inasumible en una democracia". "Debería ser la primera prioridad y el primer tema de la agenda pública en nuestra democracia".

Para afrontarla, ha insistido en la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza y mejorar los esquemas de garantía de ingresos y de los ingresos mínimos, "algo que está recogido en el acuerdo del Gobierno, pero que también requiere una mejor coordinación con las comunidades autónomas".

"También la problemática de la vivienda, que se ha convertido ya en uno de los principales factores de exclusión social y riesgo de pobreza", ha añadido.

Para el ministro, para que la estrategia sea efectiva y avance hacia el objetivo de la Agenda 2030 de erradicación de la pobreza es fundamental que los presupuestos salgan adelante en el debate político.

"Ha mejorado ligeramente" la situación con algunas medidas del Gobierno para redistribuir la riqueza, como el IMV, la subida del salario mínimo y de las pensiones, pero el ministro ha insistido en la urgencia de "intervenir el mercado de la vivienda: requiere de una intervención decida que no puede esperar".

Durante su intervención en el acto y ante las entidades sociales el ministro ha apelado a la movilización civil. "Existe la sociedad civil para presionar, tenemos el conocimiento y las ideas para hacerlo y lo que falta es generar la oportunidad política para que esas medidas se abran paso".

Por su parte, el presidente de la red de lucha contra la pobreza, Carlos Susías, ha defendido la necesidad de la estrategia y ha apelado a los partidos un pacto contra la pobreza "para coordinar todas las políticas y que tenga efectos en la población".

"Las políticas contra la pobreza no van contra nadie, nos benefician a todos", ha aseverado Susías, quien ha opinado que "la situación de la vivienda es dramática".

En España, la pobreza y la exclusión social afectan a 12,7 millones de personas, el 26,5 % de la población.

La Encuesta sobre desigualdades y tendencias sociales publicada en junio por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que al 86,4 % de la población española le preocupa "mucho o bastante" que haya desigualdades sociales, mientras que el 88,8 % cree que "la pobreza infantil necesita una acción urgente y decidida del Gobierno", y el 58 % considera que las y los jóvenes van a vivir peor que sus padres.

EAPN-ES ha recordado estos datos durante la presentación este jueves de su estudio 'Hablemos de Pobreza', un trabajo de análisis que busca poner el foco en la invisibilización de la pobreza en la agenda parlamentaria.

La entidad alerta de que los datos se encuadran en un contexto de aumento del riesgo de la pobreza y la exclusión social en España debido especialmente al coste de la vivienda y al encarecimiento de la vida. EFE

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que Madrid "no es una ciudad de derechas" y que, tanto la capital como la comunidad "merecen ser gobernadas desde la razón y no desde las vísceras".

Así lo ha trasladado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha sido encargado de presentar a la ponente, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

"Madrid no es una ciudad de derechas, Reyes habría hecho de ella un ejemplo de convivencia, que es algo diferente a que ricos y pobres coincidan en una terraza para tomar cañas. Donde tienen que coincidir en las mejores escuelas, en las mejores universidades, en tener las mismas oportunidades y en disfrutar de los mismos servicios públicos de calidad. Madrid, tanto la comunidad como la ciudad, se merecen ser gobernadas desde la razón, y Reyes es lo que utiliza para hacer política, no desde las vísceras", ha señalado.

Puente ha seguido su presentación defendiendo que Madrid necesita ser el hogar de sus 3,5 millones de habitantes, "no un parque temático o el sueño de ningún especulador, para el que el mercado inmobiliario no sea un paraíso para fondos buitre donde la única ley que impera es la de la selva".

El ministro ha añadido que "no es razonable que uno de cada cinco madrileños se encuentre en situación de exclusión o que se condene a miles y miles de trabajadores a vivir en la pobreza", abogando por que la ciudad sea un ejemplo de "sostenibilidad ambiental, económica y sobre todo social".

"Mi opinión personal es que nunca es tarde. Es verdad que la derecha de Madrid presume de haber hecho de esta ciudad un muro infranqueable. Yo lo que veo es que ese muro tiene grietas por donde más temprano que tarde acaba entrando la luz y Reyes Maroto es ese rayo de luz que entrará por ese muro más pronto que tarde", ha concluido el ministro.

Madrid, 14 oct (EFE).- "Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida", concluye un informe divulgado este lunes que revela que las regiones del sur del país tienen más altas tasas de pobreza que las situadas en el norte.

El informe sobre el Estado de la Pobreza 2024 confirma la existencia de "dos Españas" con una división clara que atraviesa Madrid por el sur, y deja abajo a la mitad pobre.

Las regiones "que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional-, incluso inferiores a las tasas medias europeas", afirma el estudio.

"Las situadas al sur mantienen tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE (27)”, continúa.

Regiones como Andalucía, Extremadura, en el sur; Valencia y Murcia en la costa mediterránea, y Castilla-La Mancha (centro), tienen las tasas más altas de pobreza, junto con las islas Canarias (Atlántico).

En el extremo opuesto figuran País Vasco, Navarra y las islas Baleares.

¿Se puede permitir un país semejantes diferencias territoriales?”, se preguntaba hoy Juan Carlos Llano, el director del informe durante su presentación en el Senado.

“Si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza”, añade el estudio, antes de apuntar que “el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza”.

La investigación advierte que el efecto que tienen en España las políticas públicas contra la pobreza es menor que en otras naciones europeas.

Denuncia, además, que “los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda” disparan el riesgo de pobreza, que afecta a 12,7 millones de personas.EFE

Madrid, 14 oct (EFE).- Las comunidades de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía tienen las tasas más altas de pobreza, mientras que en el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, seguidas de Madrid y, en general, todas las comunidades de la mitad norte.

Así lo señala el Informe sobre el Estado de la Pobreza 2024, centrado en estudiar las variables de “Pobreza y territorio”, firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y presentado este lunes en el Senado.

El informe señala la existencia de dos Españas, pero esta vez la división atraviesa Madrid por el sur, y deja abajo a la mitad pobre. Baleares figura en la lista de las mejor situadas.

“Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida”, señala el informe.

Y apunta: “Las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional-, incluso inferiores a las tasas medias europeas; y las situadas al sur mantienen tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE (27)”.

“Parecida relación mantienen la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo”, añade.

“¿Se puede permitir un país semejantes diferencias territoriales?”, se preguntaba hoy Juan Carlos Llano, el director del informe, en la presentación en el Senado.

“Si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza”, añade el estudio, antes de apuntar que “el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza”.

Y luego vuelve al factor territorial al apuntar que “pese al aumento del PIB en todas las Comunidades Autónomas desde 2015, la tasa de pobreza sólo ha descendido en diez de ellas” y, especialmente, en Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias, las regiones donde las transferencias reducen la pobreza con mayor intensidad.

En cualquier caso, el efecto que tienen en nuestro país las políticas públicas contra la pobreza es menor que en otras naciones europeas.

Y así, el informe señala que, “aun considerando la importancia que tienen dichas trasferencias, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE): mientras que en nuestro país permiten reducir la pobreza en un 52,6 %, en Alemania lo hacen en un 64,9 %, en Francia en un 67,2 % y en Finlandia en un 70,7 %”.

Además, el informe denuncia “los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda”, que “han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas”. EFE

Madrid, 3 oct (EFE).- Susi Díaz, Quique Dacosta, Mario Sandoval, Álvaro Castellanos e Iván Morales son algunos de los más de 400 cocineros que se han unido a la nueva edición de 'Restaurantes contra el hambre' que se mantendrá hasta el 15 de noviembre.

La iniciativa solidaria, liderada por Acción contra el Hambre y que cumple 15 años, suma cada año nuevos restaurantes que ofrecen platos solidarios para implicar a su clientela y recaudar fondos para la lucha contra el hambre y la exclusión social en España.

Cada restaurante selecciona un menú o plato solidario y durante dos meses destina una parte de su venta a Acción contra el Hambre.

En concreto, desde que comenzó hace 15 años, más de 12.000 establecimientos han participado en la campaña que ha recaudado cerca de 1,5 millones de euros, "que han transformado vidas en España y en todo el mundo", según ha explicado el director general de Acción contra el Hambre España, Olivier Longué.

Son padrinos de la iniciativa Susi Díaz, propietaria y chef de La Finca en Elche (Alicante); Quique Dacosta, con siete estrellas Michelin, responsable con su nombre en Denia (Alicante); Álvaro Castellanos e Iván Morales, del Grupo Arzábal; Mario Sandoval, chef del Coque; y Pepa Muñoz, de El Qüenco de Pepa en Madrid, entre otros.

"Es un orgullo pertenecer a esta alianza", ha explicado Pepa Muñoz en la presentación de la edición de este año de la campaña, a la que Susi Díaz ha augurado una larga vida por su importante impacto. "Todo el mundo tiene derecho a un plato de comida", ha señalado Mario Saldoval, quien ha invitado a más restaurantes a sumarse.

Los nuevos padrinos de este año, Morales y Castellanos, han recordado que las personas que pasan hambre están más cerca de lo que creemos y han destacado la importancia de la inserción laboral para internar superar esas situaciones de vulnerabilidad.

"La hostelería lleva en su genética la lucha contra el hambre, dar de comer a las personas", ha aseverado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, quien ha apelado a los más de 200.000 establecimientos que hay en España a sumarse a esta iniciativa para conseguir la mayor de las recaudaciones.

En España, más de seis millones de personas en España no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente; el 6,4 por ciento de la población no puede permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, y 2,3 millones de menores viven en riesgo de pobreza.

Gracias a la recaudación que se dedica, el 90 % a proyectos en España (el resto a los destinados en Gaza y Líbano), la ONG ha apoyado a 38.538 personas a mejorar su empleabilidad y a constituir 1.179 negocios en 11 comunidades autónomas.

"Hemos arrancado la edición con 400 restaurantes pero queremos llegar a más de 500" este año, ha señalado el responsable de Acción contra el Hambre, quien ha recordado que el 13 % de los hogares en España tienen dificultades para tener una alimentación saludable. EFE

En toda Europa, las ciudades se están enfrentando a un ajuste de cuentas con los turistas que han recibido con los brazos abiertos durante décadas.

Una avalancha de visitantes este verano ha llevado a una reacción histórica contra los lucrativos viajeros. La sobrepoblación en ciudades como Barcelona, Atenas y Ámsterdam está obligando a los locales a protestar y a los funcionarios a adoptar políticas menos amigables para disuadir su llegada. Mientras tanto, las compañías de cruceros están considerando cambiar sus itinerarios en un intento de proteger a los pasajeros del malestar.

Sin embargo, crecen las preocupaciones de que un impulso populista para abordar el número de turistas podría resultar contraproducente.

Viajeros económicos

Debajo del creciente sentimiento anti-turismo ha habido un movimiento latente dirigido a detener la afluencia de viajeros más pobres que son menos propensos a gastar mucho y más proclives a utilizar los servicios necesarios para los locales, es decir, rutas de autobús o restaurantes baratos.

El acceso incrementado a viajes asequibles ha sido identificado como el culpable principal del sobre-turismo en el continente.

“El auge de las aerolíneas de bajo costo ha permitido el desarrollo de escapadas urbanas baratas y viajes cortos. Paralelamente, en la mayoría de los casos, el sobre-turismo aún no ha sido abordado adecuadamente por las autoridades de destino,” Yassin El Khourouj, director gerente y socio de Boston Consulting Group, dijo a Fortune.

La proliferación de viajes de bajo costo significa que aquellos de orígenes socioeconómicos más bajos pueden acceder a viajes a ciudades con las que sus padres solo podían soñar mientras crecían, cuando los viajes al extranjero eran confines de los ricos.

Sin embargo, la afluencia de números récord de turistas está comenzando a irritar a los legisladores.

La Dra. Janina Steinmetz, lectora de Marketing en la Bayes Business School de City University London, señala que la falta de viviendas asequibles es la principal frustración entre los locales.

Harris Doukas, el alcalde de Atenas, lamentó cómo cada turista aportaba un promedio de solo USD 0,42 a la economía local.

“Necesitamos encontrar una manera de hacer que el turismo sea viable,” Doukas dijo a Euronews a principios de julio.

Los funcionarios han tomado como excepciones la forma en que los viajeros presupuestados pasan su tiempo en la ciudad. En Barcelona, donde los locales han comenzado a rociar a los turistas con pistolas de agua, los grupos de turismo están apuntando a los de bajo gasto.

“No queremos a los turistas que vienen a hacer lo que no pueden hacer en sus propios países,” dijo Mateu Hernández, director general de Turisme de Barcelona, al Financial Times.

“No queremos a los turistas que vienen a emborracharse. No queremos a los turistas que vienen aquí a comer barato.”

En cambio, Hernández abogó por un “ciclo virtuoso” de atraer a visitantes de élite que gastarían sumas considerables en la ciudad.

Las palabras de Hernández reflejan el sentimiento de la campaña “Quédate fuera” de Ámsterdam, inicialmente dirigida a hombres británicos de entre 18 y 35 años, pero que se ha ampliado para incluir a “visitantes molestos.”

Esto se ha extendido a una represión del turismo sexual a través del famoso distrito rojo de Ámsterdam, con planes para mover el sector a una zona más tranquila y prohibir el consumo de marihuana en el distrito mientras tanto.

¿Es el rechazo al turismo clasista?

El objetivo de las ciudades europeas parece ser maximizar la cantidad gastada por visitante para disminuir el impacto general de la reducción del número de turistas.

“Hay una sensación de que si un turista solo trae suficiente dinero, es más bienvenido a quedarse,” dijo la Dra. Steinmetz.

“El turismo a menudo trata de conocer gente, tener un vistazo de otras culturas y entendernos mutuamente.”

“Si las ciudades tienen este rechazo y tratan de mantener a los turistas fuera, eso no ayuda realmente a los locales a aceptar a los turistas.”

Hablando con el FT, el restaurantero barcelonés Iñaki López de Viñaspre advirtió que impedir a su ciudad acoger a viajeros económicos podría resultar contraproducente a largo plazo.

Señalando a un grupo de mujeres jóvenes, López de Viñaspre advirtió que corren el riesgo de impedirles regresar en un par de décadas cuando hayan acumulado riqueza.

“Entonces, ¿qué? ¿Vas a prohibir a estas chicas venir?”

“Son parte de la sociedad.”

El turismo tiene su propio impacto en la desigualdad en las ciudades que enfrentan la avalancha de viajeros.

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili en España encontró que el turismo en las ciudades europeas incrementó la exclusión social a través de un menor acceso a la vivienda y una concentración del mercado laboral en el sector de la hospitalidad precario y de bajos salarios.

Sin embargo, si la economía de goteo nos ha enseñado algo, es que un enfoque en los ricos es poco probable que alivie la difícil situación de los locales.

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