La Universidad Central de Venezuela (UCV) propuso iniciar un “diálogo constructivo” entre las autoridades ministeriales y delegados de las casas de estudio, tras la aprobación de la eliminación de las pruebas internas y diagnósticas de ingreso a los institutos públicos de educación superior en el país.

A través de un comunicado divulgado por el rector Víctor Rago, la UCV sugirió analizar “en toda su complejidad conceptual, técnica y práctica la problemática del ingreso a la educación universitaria pública” con la finalidad de alcanzar “soluciones consensuadas”.

Según la UCV, en el marco de la autonomía universitaria prevista por la legislación, la institución ha implementado mecanismos de ingreso adicionales y complementarios a los gestionados por el Ministerio para la Educación Universitaria, entre los que destacan el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (SIMADI) y el Programa de Admisión Integral Samuel Robinson.

El comunicado puntualiza que el desarrollo de tales mecanismos “responde a políticas académicas institucionales” que consideran “las capacidades, recursos y características de cada facultad y escuela”, en concordancia con la Ley de Universidades vigente.

El pasado lunes, el movimiento estudiantil venezolano denunció que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) avaló la supresión de las pruebas internas y diagnósticas de ingreso a los institutos públicos de educación superior.

Esta medida fue calificada como una violación a la “autonomía universitaria” garantizada por la Constitución.

A través de un comunicado difundido en la red social X, los estudiantes manifestaron su “firme y categórico rechazo” a lo aprobado por el CNU el 26 de junio. Argumentaron que con esta acción “se elimina la potestad de las universidades de definir sus propios mecanismos de admisión”.

El documento señala también que “se centraliza el 100% del ingreso a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)”, dependencia del Ministerio para la Educación Universitaria.

Frente a esta situación, los estudiantes demandaron “la inmediata reversión de esta medida”, a la que calificaron como “arbitraria y unilateral”.

En Colombia, la población migrante venezolana ha experimentado un crecimiento significativo en el sistema educativo, con más de 600.000 alumnos provenientes del vecino país matriculados en el año escolar 2023, según datos revelados por el Ministerio de Educación Nacional.

Este aumento representa un crecimiento del 6,6% en 2023 y un 3,5% adicional hasta julio de 2024 en comparación con 2022, de acuerdo con un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El informe destaca que el 34% de los estudiantes venezolanos se encuentran en la región centro oriente, que incluye Bogotá y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

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A su vez, la región caribe alberga al 32% de estos estudiantes, mientras que el 16% se encuentra en el Eje Cafetero y Antioquia. Otras regiones como la pacífica, los llanos y la centro sur y Amazonía tienen menores concentraciones de estudiantes venezolanos.

En cuanto a la distribución por tipo de institución, el 87% de los estudiantes migrantes están en el sector oficial, el 6% en el sector privado y el 7% en modalidad contratada. Además, el 79% de los estudiantes se ubican en áreas urbanas, mientras que el 21% están en zonas rurales. Sobre la proporción de mujeres, se indicó que es ligeramente superior, con un 50,4% frente al 49,6% de hombres.

Así también, se reveló que por nivel educativo, el 57% de los estudiantes venezolanos están matriculados en primaria, el 25% en secundaria, el 10% en transición, el 7% en media y el 0,9% en prejardín y jardín. El informe aclara que existe una disminución en la matrícula de educación inicial, con una caída de 7 puntos porcentuales en transición y 0,6 puntos en prejardín y jardín desde 2022 hasta 2024.

Un aspecto positivo es la reducción de estudiantes matriculados como irregulares, de acuerdo con lo expuesto en el estudio de la universidad, pues para julio de 2024, el 62% de los estudiantes venezolanos contaban con un documento de identidad válido, lo que los clasifica como regulares en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Sin embargo, el informe se refiere a la necesidad de acelerar los procesos de regularización para garantizar la inclusión de todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, convirtiendo al país en el principal receptor de migrantes venezolanos en la región. Este fenómeno ha planteado desafíos significativos para el sistema educativo colombiano, que requiere una mayor inversión en infraestructura para asegurar la calidad y cobertura del servicio educativo.

El LEE de la Javeriana recomienda promover estrategias educativas para la nivelación escolar y la permanencia en el sistema educativo, así como la prevención de la xenofobia en comunidades de acogida, teniendo en cuenta que este es uno de los principales problemas que tienen las personas migrantes, puesto que se han enfrentado al rechazo y no solo en edad adulta, sino los menores de edad en etapa escolar han sufrido por estos actos.

Los expertos sugieren que es necesario continuar con programas que fortalezcan las habilidades socioemocionales y el apoyo psicosocial para estudiantes migrantes, además de capacitar a los docentes en estrategias pedagógicas inclusivas.

Finalmente, el informe reitera la importancia de la difusión de disposiciones para el acceso al Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, ajustando la regularización de estudiantes y sensibilizando a las autoridades educativas sobre la gratuidad y homologación de escolaridad para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.