La Policía de Santa Fe detuvo a un falso mentalista de 44 años, identificado como H.D.P., quien está acusado de haber estafado a una mujer de 69 años por 300 mil pesos y 25 mil dólares. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el hombre le había manifestado a la víctima que su familia tenía un “maleficio”. Bajo esa premisa, se ofreció para realizar trabajos y viajes para revertir la situación.

Todo comenzó cuando la mujer escuchó en un programa de una radio de la localidad de Sarmiento que iba a ir un supuesto mentalista. Interesada, se comunicó con él y acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre le dijo durante esa visita que le habían hecho “magia negra” y le ofreció cirios pascuales -velas de cera que se bendicen y se encienden durante la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo- para proteger a su familia del “maleficio”.

La mujer confió en su relato y compró tres cirios. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, la víctima pagó 100 pesos por cada uno. Sin embargo, la estafa no terminó allí. Tiempo después, el “brujo” volvió a aparecer en su casa y le dijo que tenían que ir al cementerio.

Durante su recorrido por el lugar, H.D.P. agarró unas cintas que se encontraban en una lápida y le manifestó que debía viajar a Roma para bendecirlas y así terminar con la maldición que pesaba sobre su familia. Sin embargo, para llevar a cabo la travesía necesitaba dinero.

Con la fe de que se iba a deshacer el maleficio, le entregó tres mil dólares y luego, otros 22 mil más. Desde un principio, el acusado le dijo a la víctima que bajo ningún punto de vista debía contarle a sus hijos, ya que ellos también estaban “engualichados”.

A pesar de las órdenes del “brujo”, la mujer le contó a sus hijos, quienes la hicieron entrar en razón y le explicaron que debía realizar la denuncia por estafa.

El martes, tras tomar conocimiento de los hechos, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Alfonsina Storni al 6000.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un Peugeot color gris, un teléfono celular, un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos, sahumerios y demás elementos de interés para la investigación. Asimismo, detuvieron al falso mentalista, quien permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación. Fuentes judiciales detallaron que se espera que la próxima semana el fiscal impute al acusado, quien no cuenta con antecedentes penales, por el delito de defraudación, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión. Además, se espera que, durante la audiencia de la semana que viene, Benítez solicite la prisión preventiva del acusado.

Por otro lado, las fuentes consultadas por este medio señalaron que al tratarse de un ataque al patrimonio puede ser negociable. Esto quiere decir que las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo mutuo para resolver el problema sin la necesidad de ir a un juicio o aplicar una pena de prisión. Desde la familia de la víctima le solicitan al acusado que les devuelva el dinero. De lo contrario, pedirán que quede preso.

Una oferta de viviendas en Panamá Norte difundida por redes sociales terminó bajo investigación penal. El Ministerio Público informó que seis personas fueron aprehendidas en la Operación Ciclo por su presunta participación en un esquema que cobraba abonos para separar casas que nunca eran entregadas a quienes pagaban.

La Procuraduría General de la Nación señaló que la investigación comenzó en 2026. El proyecto habitacional privado se promocionaba principalmente entre personas con dificultades para cumplir los requisitos de compra de una casa. A los interesados se les solicitaba un pago inicial para apartar la vivienda ofrecida en los anuncios.

De acuerdo con las pesquisas, los abonos recibidos mediante este mecanismo dejaron una afectación económica aproximada de $38.145,50.

La Fiscalía investiga los hechos como presunta estafa, mientras busca establecer cómo operaba el grupo y la participación de cada una de las seis personas capturadas durante las diligencias.

Los allanamientos se realizaron en Don Bosco, La Cabima, Las Cumbres, Brisas del Golf y Torrijos Carter. Las acciones estuvieron a cargo de fiscalías especializadas en delitos contra el patrimonio económico, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Durante los registros se recabaron indicios relacionados con la investigación.

En la Operación Ciclo participaron las Secciones Tercera y Quinta contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Fiscalía Regional de San Miguelito. Los seis aprehendidos, junto con los indicios recogidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con las actuaciones del caso.

El operativo se produce en medio de un aumento de los registros de estafa en Panamá. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,196 noticias criminales por este delito, frente a 3.812 durante los mismos ocho meses de 2025. La diferencia es de 384 casos, cerca del 10%.

Al sumar la estafa agravada y los demás delitos incluidos en el apartado de estafa y otros fraudes, el registro nacional alcanzó 4.547 noticias criminales hasta agosto. En igual período del año anterior se habían contabilizado 3,987, lo que representa un incremento del 14%, según las cifras preliminares de la Procuraduría.

Marzo fue el mes con más registros de estafa, con 581 noticias criminales. Le siguieron enero, con 550, y abril, con 529. En agosto se reportaron 521 casos, ligeramente por encima de los 515 contabilizados en julio. El informe también registra 94 noticias criminales por estafa agravada entre enero y agosto.

La mayor cantidad de reportes se concentró en la provincia de Panamá, con 2.370 registros de estafa en los primeros ocho meses del año. Panamá Oeste sumó 595 y San Miguelito, 230. Esas tres áreas aparecen entre las de mayor incidencia del delito en el desglose territorial del Ministerio Público.

Panamá Oeste registró, además, un aumento del 33% en el conjunto de estafas y otros fraudes: pasó de 462 noticias criminales entre enero y agosto de 2025 a 615 en el mismo período de 2026. En la provincia de Panamá, el total subió de 2.288 a 2.607, una variación del 14%.

La investigación de la Operación Ciclo se concentra ahora en los pagos exigidos a quienes buscaban adquirir una casa y en la promoción del proyecto por redes sociales. Con los seis aprehendidos a disposición judicial, las fiscalías continuarán las diligencias para determinar el alcance del esquema y establecer las responsabilidades correspondientes.

En la era del culto a la plata fácil, la historia de EquiQuant Capital parece una de tantas. Según la acusación de la Justicia, se trataba de otra financiera de bajo brillo que ofrecía, a lo largo del territorio argentino, inversiones dudoso tenor, a través de una aplicación del mismo nombre. Hoyy está borrada del mapa.

Funcionaba de la misma forma que otras firmas de inversiones, mucho más sólidas, reconocidas, y para empezar, no sospechadas de ningún delito. Bizarramente, EquiQuant se presentaba a sí misma como una academa de negocios. En esta app, “los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales, a requisito y manejo de los “asesores” de la “academia de negocios”“, aseguró Andrés Madrea, el fiscal encargado de investigar el caso, en un reciente dictamen.

Hasta aquí, nada fuera de lo común, otro síntoma de época. Pero la dimensión de la historia vuelve distinta al caso EquiQuant. En una instrucción conjunta con la UFECI y el fiscal Fernando Rivarola del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Madrea pidió este semana al juez Darío Bonanno las indagatorias de 26 sospechosos entre líderes, operadores y prestanombres, acusados de reinsertar el dinero robado en una curiosa trama de empresas para ingresar el dinero robado al “circuito formal de circulación de capitales”.

El daño estimado, dijo Madrea en su dictamen ”supera holgadamente los mil millones de pesos". Su expediente condensa una decena de causas penales registradas en el fuero porteño desde fines de 2025, con, al menos, 17 víctimas.

Lautaro Germino, Alan Germino, Carlos Santiago Hazarabedian, Ignacio García Palma y María Fernanda Villanueva Salazar integran la presunta cúpula del caso, acusados de “haber ejercido la conducción y el diseño estratégico”. Los delitos de los que se los acusa: intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y estafas. Madrea pidió la prisión preventiva para Lautaro Germino y Hazarabedian, contador de profesión. No hará falta un arresto; ambos, junto con Alan Germino, fueron detenidos en mayo último en CABA y el Conurbano bonaerense por orden de la Justicia de Chubut, con tres meses de prisión preventiva, ya que una víctima los denunció en Puerto Madryn. La causa chubutense fue investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, a cargo de Rivarola.

El fiscal, también, pidió al juez Bonanno congelar las empresas ligadas a los movimientos del grupo. Se trata de Global T.T. S.A., Instrumental Norte S.A., Smile Tecnologías S.R.L., entre otras doce firmas y personas físicas.

Lautaro Germino, de 29 años, registrado como financista en ARCA, ex empleado de una importante multinacional, acumula más de $10 millones en deudas de larga data. Sus datos personales fueron empleados para activar las billeteras virtuales de Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas de la trama, registrada en diciembre de 2025 bajo el rubro de servicio de informática y presidida por un prestanombres de Merlo que también integró otros directorios del bizarro holding de presuntos timadores.

A Lautaro, también, lo acusan de operar las cuentas desde España, con un viaje registrado a fines de 2025 por Migraciones, así como de recibir giros millonarios. Su hermano mellizo Alan, con domicilio en Castelar, también detenido en la redada de mayo, habría aportado las oficinas del grupo en la calle Maipú, a las que alquiló junto a su mellizo.

Carlos Santiago Hazarabedian es un caso distinto. De 64 años, contador, integró varias empresas en la década pasada. El fiscal Madrea lo acusa de diseñar y manejar Instrumental Norte, otra de las empresas involucradas en el supuesto lavado, también frenteada por prestanombres.

La burbuja de EquiQuant comenzó a estallar, al igual que el caso Cositorto, en redes sociales. Expertos de Instagram en finanzas alertaban de la supuesta poca seriedad de EquiQuant. Los propios usuarios se dieron cuenta, de acuerdo a sus testimonios, cuando pedían recuperar sus ganancias, o retirar la inversión. Así, se encontraban con “distintas excusas, como la necesidad de “integrar pagos” para permitir la liberación de los activos, o la solicitud de nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA", siguió Madrea. “Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas”, finalizó el fiscal.

EquiQuant, por su parte, borró toda su huella digital. Ya ni siquiera puede encontrarse un logo de la firma.

Un joven oriundo de la provincia de Entre Ríos denunció que lo estafaron por $5 millones, que habrían sido transferidos de su billetera virtual sin que él lo haya autorizado. Previo a esto, había negociado la compra de un Volkswagen Gol Power, publicado en redes sociales.

“Era mi primer vehículo para uso personal”, lamentó la víctima, quien denunció que había pactado la supuesta compra del vehículo. Sin embargo, cuando había acordado el punto de entrega en Paraná, aseguró que el auto nunca llegó.

Según su relato, vio una publicación de un Gol Power modelo 2008 y se contactó con el supuesto vendedor para consultar por el estado del rodado. La operación incluía la posibilidad de revisar y probar el auto antes de concretar la compra.

“Busqué mucho. Me encantó ese auto”, contó durante un diálogo con El Once. Incluso, señaló que durante las conversaciones pidió ver el vehículo para comprobar sus condiciones antes de pagar el monto total. Fue así que el supuesto dueño del auto le indicó que se encontraba en la localidad entrerriana de Chajarí, es decir, a poco más de 300 kilómetros de distancia.

No obstante, fue en este punto que comenzaron a surgir las dudas del joven, debido a que detectó contradicciones a medida que avanzaba la negociación. Una de ellas fue que el número que utilizaba tenía característica de Córdoba, mientras que la publicación indicaba que el vehículo se encontraba en Santa Fe.

“Todo muy raro”, resumió la víctima, quien aseguró que, frente a estas dudas, un amigo se comunicó con el mismo contacto y recibió una propuesta similar. Según afirmó, al amigo también le dijeron que el auto estaba en Chajarí y le solicitaron dinero.

A partir de este doble chequeo, decidió pactar la entrega para el martes 11 de septiembre. Antes del encuentro, los presuntos vendedores le solicitaron una transferencia previa que, de acuerdo con el joven, correspondía al 10% del valor del vehículo.

Fue en esa instancia que su padre realizó un envío de $ 450.000 a un CBU aportado por el supuesto vendedor. Luego, le exigieron que transfiriera el resto del dinero antes de recibir el auto, algo a lo que se negó. “Yo no lo tengo, no lo vi, no sé cómo está, no sé si anda bien o mal”, sostuvo al explicar por qué no aceptó pagar el total de manera anticipada.

Fue así que la cita quedó fijada para las 21:30 horas de ese día en una estación de servicio de la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. De hecho, el denunciante indicó que el vendedor le había dicho que saldría desde Chajarí entre las 18 y las 19 y que demoraría cerca de tres horas y media.

Sin embargo, el vehículo no llegó. Cerca de las 23, los mensajes dejaron de ser entregados y las llamadas no fueron respondidas. En ese momento, el joven comenzó a sospechar que había sido engañado. Pero la situación se agravó cuando ingresó a su billetera virtual, donde guardaba el dinero destinado a la compra.

“Cuando entro, desapareció toda la plata”, afirmó, para luego remarcar que no había efectuado una transferencia por los $5 millones a quienes ofrecían el vehículo y negó haber compartido claves o códigos de verificación. También señaló que nunca informó qué billetera virtual ni qué banco utilizaba.

“Ellos entraban a mi billetera y se cobraban el auto solos. Yo no le hice ninguna transferencia”, manifestó. A raíz de esto, el joven radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná, sobre avenida Ejército. Según indicó, las actuaciones serían remitidas al área de Delitos Económicos, aunque todavía aguardaba ser contactado por esa dependencia.

A partir de este hecho, la víctima indicó que seguirá reuniendo información para incorporarla a la investigación. Además, afirmó haber identificado, por sus propios medios, a cinco personas que podrían estar vinculadas al hecho: cuatro de San Juan y una de Neuquén.

También relató que, al día siguiente de la cita fallida, el supuesto vendedor volvió a contactarlo y le aseguró que le habían hackeado el teléfono. No obstante, sostuvo que no creyó esa versión y que presentará los mensajes y demás elementos reunidos ante Delitos Económicos. Además, reclamó la restitución del monto robado.

Los clientes llegaban con importantes sumas de dinero en efectivo para depositar y entregaban los fajos a los cajeros. Después del conteo, en algunos casos aparecía una diferencia: había menos plata de la que creían haber llevado. Lejos de sospechar de los empleados que tenían enfrente, varios asumían que se habían equivocado y reponían el faltante de su propio bolsillo.

Detrás de esas diferencias estaba la maniobra conocida como “pellizco”, por la que esta semana fueron condenados Castro y Arias Knudsen, pareja y ex empleados de la entidad bancaria.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditados 18 hechos ocurridos durante 2023: 17 atribuidos a la mujer y uno al hombre. Ella recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y él, de seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La confianza como clave de la maniobra

La reconstrucción del caso permitió conocer cómo funcionaba un mecanismo que, principalmente, se apoyaba en la confianza de los clientes.

Castro llevaba más de 30 años trabajando en la sucursal. Entre quienes acudían a su caja había clientes habituales que realizaban depósitos por montos importantes, entre ellos representantes de empresas locales.

La disposición del lugar resultó clave. Una vez que recibía el efectivo, la cajera trasladaba los fajos hasta una máquina contadora ubicada en un box contiguo que quedaba fuera del campo visual del cliente. Además, un vidrio esmerilado impedía observar con claridad lo que ocurría durante el procedimiento.

Según quedó probado durante el juicio, Castro aprovechaba ese momento para separar billetes. En algunas oportunidades lo hacía antes de pasar el dinero por la máquina; en otras, después de un primer conteo. Luego ocultaba el efectivo dentro de un folleto publicitario del propio Banco Nación.

Cuando la máquina marcaba una suma inferior a la que el cliente aseguraba haber entregado, aparecía la otra parte de la maniobra: la víctima no sospechaba de quien estaba detrás de la caja.

Durante el debate declararon personas que habían sufrido esos faltantes. Contaron que, en ese momento, los habían atribuido a equivocaciones propias. Algunos incluso completaron la diferencia para poder realizar el depósito.

Cómo los descubrieron

La maniobra comenzó a quedar al descubierto el 17 de noviembre de 2023, y no fue inicialmente por la denuncia de uno de esos clientes.

Ese día, un compañero de Castro se acercó hasta su caja para comunicarle una gestión interna. Como la mujer estaba atendiendo, esperó. Fue entonces cuando observó que retiraba dinero de un depósito y lo guardaba dentro de un folleto.

El empleado esperó y luego revisó el material. Adentro encontró los billetes que habían sido separados del fajo entregado por el cliente.

El episodio fue comunicado a las autoridades del banco y abrió una revisión de las cámaras de seguridad de la sucursal. Los registros se remontaron hasta el 19 de julio de 2023 y permitieron detectar que no se trataba de un hecho aislado.

La investigación identificó inicialmente 22 maniobras: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Finalmente, el tribunal consideró probadas 18.

Los videos se convirtieron en una de las pruebas centrales del juicio. En las imágenes se observaron las maniobras realizadas detrás de las cajas y el ocultamiento de los billetes.

Los cajeros denunciaron una “persecución laboral”

Castro y Arias Knudsen negaron haber sustraído dinero y atribuyeron la acusación a conflictos internos dentro de la sucursal. Él, que al igual que su pareja se desempeña como delegado gremial, hizo hincapié durante su declaración en supuestos enfrentamientos con el tesorero del banco.

Castro, por su parte, habló de una “persecución laboral” y mencionó presuntas falencias internas de la entidad. También dio una explicación sobre una de las principales pruebas en su contra: los videos en los que se la veía separar billetes mientras realizaba operaciones.

Según declaró, ese dinero era suyo y lo llevaba desde su casa para cambiarlo por billetes de menor denominación, una práctica que, sostuvo, también realizaban otros empleados. Además, negó haberse quedado con plata de los clientes y argumentó que no se habían registrado reclamos por los faltantes.

Esa explicación, sin embargo, fue descartada por el juez Domingo Batule, quien tuvo en cuenta las filmaciones, los testimonios de las víctimas y el resto de la prueba incorporada al debate. El magistrado destacó además el abuso de confianza sobre el que se sostenía el mecanismo y consideró que la conducta no solamente perjudicó a quienes perdieron dinero, sino que también afectó la imagen de la entidad.

La investigación penal se había iniciado formalmente a partir de una denuncia presentada el 29 de diciembre de 2023 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), luego de que salieran a la luz los faltantes registrados en depósitos realizados en la sucursal.

En el juicio intervino el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, quien había solicitado dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y un año para Arias Knudsen.

Finalmente, el tribunal fijó penas de dos años y seis meses, respectivamente. Además, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas y deberán cumplir durante dos años distintas reglas de conducta.

Los clientes damnificados, en tanto, quedaron habilitados para iniciar reclamos por los perjuicios sufridos.

Al resolver, Batule también descartó que detrás de las maniobras hubiera una situación de necesidad económica. Durante el juicio se incorporó información sobre los ingresos de la pareja y una actividad comercial que desarrollaban por fuera del banco.

“Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos”, concluyó el juez.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4,547 denuncias criminales por estafas y otros fraudes, frente a 3,987 en el mismo período de 2025. La diferencia fue de 560 casos, equivalente a un aumento del 14%. Las cifras son preliminares y corresponden a hechos puestos en conocimiento de la institución, no a condenas.

La estafa común concentró 4,196 registros, más de nueve de cada diez casos del total. Esta categoría sumó 384 noticias criminales más que un año antes, cuando se habían contabilizado 3,812. Por su volumen, sigue siendo el principal delito del grupo y explica buena parte del incremento observado en 2026.

El segundo cambio más marcado apareció en la modificación o manipulación de programas informáticos. Los registros pasaron de 52 entre enero y agosto de 2025 a 228 en igual período de 2026: 176 casos adicionales, un alza de 338%. Aunque representa una fracción menor del total, fue la categoría con el mayor crecimiento relativo.

La clasificación del Ministerio Público permite distinguir ambos delitos, pero no detalla en estos cuadros cómo se cometió cada hecho. Por ello, los 228 registros informáticos no pueden atribuirse, sin información adicional, a mensajes falsos, suplantaciones o una plataforma específica. El aumento describe una categoría penal, no identifica por sí solo un método de fraude.

La estafa agravada, en cambio, bajó de 107 a 94 registros, una reducción de 13 casos. También descendió el fraude en servicios públicos, de ocho a siete, mientras que el cobro indebido de un seguro pasó de cinco a ninguno. Estas variaciones fueron menores en número que el crecimiento de la estafa común y los delitos informáticos.

Otras categorías tuvieron cifras reducidas, aunque algunas mostraron saltos visibles. Las denuncias criminales por prenda hipotecaria sobre bien ajeno aumentaron de tres a 21. El reporte de 2026 consignó, además, un caso de alteración o manipulación de instrumentos de medición.

Por mes, marzo registró el máximo de 2026, con 615 noticias criminales. Le siguieron agosto, con 577, y enero y julio, con 575 cada uno. Febrero presentó la menor cifra, 523. El reporte muestra así registros durante todo el período, sin que el dato de un mes baste para establecer una tendencia futura.

La mayor cantidad de casos se concentró en la provincia de Panamá, con 2,607, seguida de Panamá Oeste, con 615, y Chiriquí, con 405. San Miguelito aparece por separado con 244 registros. Panamá reunió cerca del 57% del total nacional, aunque los informes no ofrecen tasas por población para comparar el riesgo entre territorios.

En términos interanuales, Panamá Oeste pasó de 462 a 615 casos, un aumento de 153, mientras la provincia de Panamá subió de 2,288 a 2,607, es decir, 319 más. Chiriquí avanzó de 349 a 405. Los Santos registró 96 frente a 70, un crecimiento porcentual importante sobre una base más pequeña.

No todas las áreas mostraron incrementos. Veraguas bajó de 116 a 99 registros, Herrera de 112 a 100 y Coclé de 140 a 134. Bocas del Toro permaneció en 45. Estas diferencias muestran que el aumento nacional no se distribuyó de manera uniforme y que las cifras provinciales requieren leerse junto con su volumen inicial.

Como contexto sobre la experiencia de los consumidores, un estudio de Experian publicado en septiembre de 2026 señala que el 68% de sus encuestados recibió al menos un intento de fraude durante el último año.

Entre quienes estuvieron expuestos, el 62% dijo que el intento no se materializó. La encuesta mide experiencias declaradas; no equivale al registro penal.

El estudio también encontró que el 64% de los encuestados no había recibido capacitación o información para evitar fraudes y que la mitad no sabía cómo reportar uno. Esos hallazgos ayudan a entender las dificultades de prevención y denuncia, pero no permiten explicar por sí solos el aumento de las noticias criminales registradas por el Ministerio Público.

Las falsas propuestas de colaboración comercial se están utilizando para intentar robar cuentas de Google vinculadas a canales de YouTube. La campaña, analizada por ESET, suplanta a marcas reconocidas y contacta directamente a creadores de contenido con ofertas de patrocinio que parecen legítimas, para después conducirlos a plataformas falsas donde se les solicita iniciar sesión.

El engaño combina tres elementos para generar confianza: el nombre de una compañía conocida, una propuesta comercial aparentemente personalizada y una página web con diseño profesional.

La compañía de ciberseguridad advierte que esta estrategia también está dirigida a creadores de contenido de Latinoamérica y puede terminar con la pérdida del control de una cuenta de Google y, por extensión, de un canal de YouTube.

Una propuesta de patrocinio que parece real

La estafa comienza con un correo electrónico en el que los atacantes se presentan como representantes de una marca. En uno de los casos analizados, una periodista peruana recibió una propuesta de colaboración remunerada supuestamente enviada por una integrante del equipo de Creator Partnerships de Hollyland, una compañía legítima especializada en equipos audiovisuales.

La empresa no estaba detrás del contacto. Los atacantes utilizaban su identidad para dar credibilidad a la propuesta. Además, el mensaje hacía referencia a vídeos concretos del canal de la destinataria y ofrecía un producto junto con la posibilidad de establecer una colaboración a largo plazo.

Una primera señal de alerta era que el correo procedía de un dominio que no pertenecía a Hollyland.

Después de que la creadora respondiera con sus tarifas, el supuesto representante aceptó una colaboración valorada en 300 dólares y añadió elementos habituales en este tipo de acuerdos: un proceso de verificación, un documento con instrucciones, revisión de estadísticas, un panel de gestión y un sistema de “pago seguro”.

El siguiente paso lleva a una plataforma falsa

El contacto posteriormente dirigió a la víctima a un sitio web denominado Matchy. La página estaba diseñada para aparentar ser una plataforma profesional que conecta marcas y creadores de contenido.

El sitio incluía logotipos de compañías conocidas, estadísticas sobre campañas, una calculadora de ingresos y herramientas relacionadas con contratos, colaboraciones y pagos. También solicitaba la dirección del canal de YouTube para obtener información pública y crear una experiencia personalizada.

Según ESET, esta etapa es importante porque evita solicitar información sensible desde el primer momento. El usuario simplemente introduce datos que parecen necesarios para gestionar una colaboración comercial.

El problema aparece después, cuando la plataforma conduce al creador hasta una pantalla de inicio de sesión con Google para supuestamente verificar la propiedad del canal.

“Iniciar sesión con Google” es un mecanismo legítimo utilizado por numerosos servicios, pero en este caso aparece dentro de un sitio ajeno a los canales oficiales de la marca. Si el usuario introduce sus credenciales, los atacantes pueden obtener acceso a la cuenta.

La víctima puede perder el control de su cuenta

La compañía de ciberseguridad documentó el testimonio de una persona que inició sesión varias veces en uno de estos sitios. Poco después comenzó a detectar actividad que no reconocía en su cuenta de Google, incluidos accesos asociados con Rusia y Virginia.

Al revisar la configuración de seguridad, descubrió que habían cambiado elementos fundamentales para recuperar la cuenta. Los atacantes habían eliminado su teléfono y correo electrónico de recuperación, añadido información propia y sustituido los códigos de respaldo.

Esto puede dejar al propietario legítimo en una situación especialmente complicada, porque los mecanismos destinados a recuperar la cuenta también han sido modificados.

El riesgo no se limita al correo electrónico. Una cuenta de Google comprometida puede proporcionar acceso al canal de YouTube y a otros servicios, archivos, contactos, información personal y herramientas relacionadas con la actividad profesional del creador.

La campaña utiliza distintas marcas y dominios

ESET también encontró variantes que utilizan los nombres de otras compañías, entre ellas Nike y Spotify. La infraestructura observada alterna nombres como Matchy y Scouty y emplea diferentes dominios para evitar ser detectada.

Los investigadores encontraron coincidencias técnicas entre algunos sitios, como elementos del código, favicons, metadescripciones, textos y estructuras similares. Estos indicios permiten relacionar las distintas variantes con una misma infraestructura o campaña, aunque no identifican por sí solos a sus responsables.

Los contactos, además, están personalizados y se han observado casos en Perú, Japón y comunidades de habla inglesa.

Cómo evitar caer en la estafa

Los expertos recomienda verificar cualquier propuesta comercial mediante los canales oficiales de la marca. También es importante comprobar cuidadosamente el dominio desde el que llega el correo y la dirección de la página a la que se solicita acceder.

Un diseño profesional, logotipos conocidos o una negociación aparentemente formal no demuestran que una plataforma sea legítima. Antes de iniciar sesión con Google, los creadores deben comprobar qué servicio están autorizando y qué permisos solicita.

Si una cuenta ya fue comprometida, se recomienda revisar inmediatamente los eventos de seguridad, los dispositivos conectados, los métodos de recuperación y las aplicaciones de terceros autorizadas. También aconseja eliminar accesos desconocidos, cambiar la contraseña y activar un método adicional de autenticación.

Una oferta de patrocinio puede parecer una oportunidad comercial, pero en esta campaña constituye el primer paso de un ataque diseñado para conseguir algo mucho más valioso: el control de la cuenta y del canal del creador.

Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa por alrededor de 63 millones de pesos, luego de advertir que 33 operaciones de venta nunca habían sido abonadas. La investigación derivó en la aprehensión de una mujer de 25 años durante un allanamiento realizado en Quequén.

Durante un allanamiento, la Policía secuestró 95 piezas de queso y otros elementos de interés para la causa. La acusada habría realizado las compras con comprobantes de pagos falsos, perjudicando al comercio.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La investigación busca determinar el alcance de la presunta estafa y establecer si hubo otras personas involucradas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Capital, las operaciones se efectuaron entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre. La clienta habría contactado telefónicamente a la firma marplatense, enviaba una constancia de transferencia y luego enviaba a un comisionista para retirar la mercadería con destino a Quequén.

Cada compra rondaba los 1,5 millones de pesos. La empresa detectó que los supuestos pagos no habían ingresado a sus cuentas al revisar sus registros contables, luego de que otro cliente de la zona advirtiera sobre precios bajos en la reventa de los productos.

Las constancias de pago estaban vinculadas a una billetera virtual y a una cuenta inexistente. La denuncia fue presentada el 11 de septiembre ante la Justicia.

Con la identificación de la presunta compradora y su domicilio, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en Quequén. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea incautó: 95 piezas de queso de distintos tipos, tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La mujer fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal Ferreyra, según La Capital. Más tarde recuperó la libertad, aunque continuará imputada en la causa por el delito de estafa.

La fiscalía deberá analizar los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados para precisar el circuito de comercialización de la mercadería y el perjuicio económico total denunciado por la quesería.

Amazon debe devolver hasta USD 200 a clientes de Prime afectados por prácticas de inscripción irregulares, según acuerdo con la FTC de Estados Unidos que asciende a USD 2.500 millones en total. Los pagos comenzaron en noviembre de 2025 y se extenderán hasta abril de 2027.

Amazon comenzó en noviembre de 2025 a enviar reembolsos a clientes elegibles de Prime en Estados Unidos en el marco de un acuerdo de USD 2.500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC) tras una demanda por prácticas engañosas de inscripción y cancelación. De esa suma, USD 1.500 millones son para devoluciones a consumidores y USD 1.000 millones por multa civil al gobierno federal. Según la FTC, hasta septiembre de 2026 se distribuyeron más de USD 845 millones entre los clientes que califican para el reembolso.

El proceso incluye a quienes contrataron Prime mediante ciertos flujos de inscripción engañosos y cancelaron o intentaron cancelar su suscripción en el período señalado. Solo quienes cumplan los tres requisitos de la orden recibirán el pago. Los pagos serán automáticos, sin reclamaciones ni formularios, y continuarán hasta abril de 2027.

Quiénes califican para recibir el reembolso de Amazon Prime

Para ser elegible, un cliente debe cumplir las tres condiciones que establece la orden de acuerdo revisada:

• Haberse inscrito en Prime a través de alguno de los flujos cuestionados.
• Haber cancelado —o intentado cancelar— la suscripción durante el período comprendido por las prácticas objeto de la demanda.
• Cumplir con los demás criterios que Amazon determina en función de los registros internos de cada cuenta.

Quienes reúnan esas condiciones no deben tomar ninguna acción: Amazon enviará los pagos de forma automática. Los usuarios que no reciban un reembolso, o que no estén seguros de si califican, pueden consultar su situación a través de los canales oficiales del programa.

De acuerdo con la información publicada por la FTC, los pagos iniciales del acuerdo se limitaron a un máximo de USD 51 por cliente. Con la orden revisada, Amazon puede emitir abonos adicionales de hasta USD 149 por persona elegible, lo que eleva el tope total a USD 200 por cliente.

Cómo y cuándo llega el pago a los clientes elegibles

Los reembolsos se entregan por dos vías: cheque enviado por correo postal o pago electrónico a través de PayPal o Venmo. Amazon determina el método según la información disponible en cada cuenta. El usuario no elige la modalidad, pero puede gestionar consultas o inconvenientes con el pago a través del correo oficial del programa.

Cada pago tiene un plazo de validez de 60 días desde la fecha de emisión. Pasado ese período, el monto vence y no es posible cobrarlo. Los clientes elegibles que aún no hayan recibido su reembolso tienen tiempo hasta abril de 2027, fecha límite prevista para la distribución de los pagos automáticos bajo la orden revisada.

Canales oficiales para consultar el estado del reembolso

Los clientes de Prime en Estados Unidos que deseen verificar su situación o resolver dudas sobre el proceso disponen de tres vías de contacto oficiales:

• Sitio web: www.SubscriptionMembershipSettlement.com
• Correo electrónico: admin@SubscriptionMembershipSettlement.com
• Teléfono: 1-888-999-8094

Quienes ya recibieron un pago y necesitan asistencia también pueden escribir directamente a esa misma dirección de correo. El plazo máximo para que todos los pagos automáticos lleguen a los clientes elegibles es abril de 2027.

Qué prácticas de Amazon motivaron el acuerdo con la FTC

La demanda de la FTC se centró en que Amazon inscribió a consumidores en Prime sin su consentimiento explícito y dificultó la cancelación. Según la FTC, la empresa usó flujos de inscripción en la página universal de decisión de Prime, la página de selección de envío, el proceso de compra en una sola página y el flujo de inscripción de Prime Video. Estos “flujos de inscripción cuestionados” facilitaron suscripciones no deseadas.

Como resultado de ese acuerdo —calificado por la propia FTC como histórico—, Amazon quedó obligada a cesar esas prácticas, a abonar la multa de USD 1.000 millones y a destinar USD 1.500 millones a reembolsos para los clientes perjudicados.

Cómo evitar estafas relacionadas con los reembolsos de Amazon Prime

La FTC advierte que su organismo no toma contacto directo con los consumidores en el marco de este proceso. Cualquier llamada, mensaje o correo que afirme provenir de la FTC para tramitar el reembolso es una estafa. El organismo nunca solicita dinero, no emite amenazas, no pide transferencias ni promete premios a cambio de gestionar una devolución.

Lo mismo aplica del lado de Amazon: ningún representante de la empresa pedirá dinero ni datos personales para procesar un reembolso. Solo quienes buscan defraudar a los consumidores ofrecen “acceso especial” o garantizan devoluciones a cambio de un pago previo.

Ante cualquier contacto sospechoso, la FTC indica que se puede denunciar la situación en ReportFraud.ftc.gov.

Encontrar una moneda en el parabrisas del auto puede parecer una situación casual, pero existe una versión que relaciona este hecho con posibles intentos de robo o distracción.

Por ello, si al regresar a tu vehículo encuentras un objeto colocado en los limpiaparabrisas, lo recomendable es actuar con precaución y evitar bajar inmediatamente del automóvil.

La situación puede ocurrir después de salir de un supermercado, estacionamiento o cualquier otro lugar. Al notar la moneda sobre el parabrisas, la reacción más común sería detenerse para retirarla, pero precisamente ese momento de distracción es el que, según esta advertencia, podría ser aprovechado por delincuentes.

¿Por qué no debes bajar del auto si encuentras una moneda?

La principal recomendación es no descender inmediatamente del vehículo para quitar la moneda. Hacerlo podría dejar el automóvil desatendido y facilitar que alguien intente abrir alguna de las puertas o tomar objetos que se encuentren en el interior.

Por ello, si encuentras una moneda u otro objeto sobre el parabrisas, una medida de precaución es mantenerte dentro del automóvil, cerrar las puertas y alejarte del sitio.

¿Qué hacer si encuentras una moneda en el parabrisas?

Una vez que detectes el objeto, lo recomendable es no bajarte del auto en ese momento. Si te encuentras en un estacionamiento, puedes poner en marcha el vehículo y dirigirte hacia un sitio más transitado, iluminado o donde haya personal de seguridad.

Cuando estés en un lugar que consideres seguro, podrás detenerte y retirar el objeto del parabrisas.

La recomendación busca evitar que una situación aparentemente insignificante provoque una distracción y dejar el vehículo expuesto durante los primeros segundos.

Estafadores hacen uso de las quejas de pasajeros en redes sociales para suplantar a aerolíneas y robar dinero mediante una campaña de ingeniería social identificada por Check Point Software Technologies. La empresa de ciberseguridad detectó cuentas falsas que responden a reclamos públicos de viajeros, se ganan su confianza con lenguaje similar al de atención al cliente y trasladan la conversación a WhatsApp para solicitar datos personales y bancarios.

La investigación, realizada por el área de Exposure Management de la compañía, documentó el recorrido completo del fraude: desde el primer contacto en perfiles públicos hasta los intentos de pago final. El hallazgo expone un problema que va más allá de los sistemas informáticos de las aerolíneas.

Cómo operan las cuentas falsas que suplantan a las aerolíneas

El mecanismo del fraude parte de una situación cotidiana y real para cualquier viajero. Un vuelo retrasado, una maleta extraviada o una devolución pendiente lleva al pasajero a publicar su queja en redes sociales, generalmente etiquetando a la aerolínea con la expectativa de recibir una respuesta oficial.

Es en ese momento de frustración cuando actúan los ciberdelincuentes. Las cuentas fraudulentas monitorizan estas publicaciones y responden con rapidez, antes incluso de que lo haga el equipo legítimo de la marca.

Para resultar creíbles, estos perfiles copian logotipos oficiales, imágenes de portada y descripciones que imitan a las de la compañía real. Algunos utilizan nombres asociados a departamentos de reclamaciones o asistencia al cliente, lo que refuerza la sensación de legitimidad ante la víctima.

Una vez que el usuario responde al primer mensaje, los estafadores solicitan datos personales y proponen continuar la conversación en WhatsApp, fuera del alcance público de la red social original y, por lo tanto, con menos posibilidades de que la maniobra sea detectada o denunciada por terceros.

Los investigadores de Check Point interactuaron de forma directa con varias de estas cuentas y lograron documentar tres modalidades distintas de estafa.

En la primera, los delincuentes piden nombre completo, correo electrónico, datos de la reserva, detalles de la reclamación y el costo del viaje, para luego informar que la reclamación fue aprobada con una compensación de 500 dólares, monto que nunca se entrega porque antes exigen los datos de la tarjeta bancaria de la víctima.

En la segunda variante, la promesa sube a 1.200 dólares y la víctima es dirigida hacia una aplicación internacional de pagos. La tercera modalidad recurre a un formulario de Google con el título “COMPENSATION/REFUND APPLICATION” para recolectar información personal y datos de tarjetas bajo una apariencia de trámite oficial.

Crecimiento de la campaña de suplantación en redes sociales

Aunque existen cuentas de suplantación anteriores a 2024, la mayoría de los perfiles detectados por Check Point fueron creados a partir de ese año. Actualmente, los investigadores identifican cientos de cuentas nuevas cada día, un volumen que confirma una aceleración sostenida durante los últimos dos años.

Las tres modalidades documentadas por la compañía no agotan el repertorio de tácticas utilizadas por los delincuentes, que continúan diversificando sus métodos de captación y cobro.

Una campaña de ingeniería social de este tipo consiste en el uso de cuentas falsas en redes sociales para hacerse pasar por atención al cliente de aerolíneas, con el objetivo de responder a quejas reales de pasajeros, ganarse su confianza y obtener datos personales o bancarios mediante la promesa de compensaciones económicas que nunca se concretan.

El papel de la inteligencia artificial en la escalabilidad del fraude

Check Point no pudo confirmar el uso de inteligencia artificial generativa en las cuentas analizadas durante esta investigación. Sin embargo, la propia estructura de la campaña, con la necesidad de responder con rapidez y mantener conversaciones convincentes en simultáneo con numerosas víctimas, resulta compatible con el tipo de asistencia que este tipo de herramientas puede ofrecer.

La IA generativa permitiría redactar mensajes que imiten el tono de los equipos reales de atención al cliente, adaptar las respuestas al detalle de cada reclamación particular y comunicarse en distintos idiomas sin perder coherencia. Esta capacidad facilitaría, además, sostener un número elevado de conversaciones al mismo tiempo, algo que resultaría más difícil de lograr de forma manual.

A esto se suma que las propias quejas publicadas por los pasajeros funcionan como una fuente de información sobre el problema específico de cada cliente. Los delincuentes pueden usar esos datos para personalizar sus respuestas y ampliar el número de víctimas potenciales a las que dirigen la estafa.

Recomendaciones de Check Point para empresas y usuarios

Frente a este panorama, Check Point Software recomienda a las organizaciones monitorizar de forma continua cómo se representa su marca en redes sociales y contar con procedimientos definidos para actuar ante la detección de cuentas fraudulentas. Entre las medidas principales figura identificar y denunciar con rapidez los perfiles que suplantan a la compañía.

También recomienda formar tanto a clientes como a empleados para que puedan reconocer comunicaciones legítimas, y trasladar cualquier conversación que involucre datos de reservas, números de teléfono o información de pago hacia canales oficiales y seguros.

La coordinación con las plataformas sociales resulta otro punto señalado por la compañía, en tanto puede acelerar la retirada de las cuentas fraudulentas. A esto se agrega la posibilidad de compartir información con proveedores de servicios de pago cuando se detecten operaciones vinculadas a estas campañas.

Para los consumidores, la recomendación es contactar con las compañías únicamente a través de páginas web oficiales, perfiles verificados o números de teléfono conocidos previamente.

La compañía insiste en extremar la precaución ante cuentas de atención al cliente que contacten de manera directa por redes sociales y desconfiar de cualquier solicitud inusual de contraseñas, códigos de un solo uso, tarjetas regalo, transferencias bancarias o pagos en criptomonedas.

Las falsas páginas de reserva del iPhone 18 Pro pueden multiplicarse antes de la presentación esperada de Apple y copiar el aspecto de la tienda de la compañía para capturar datos personales y bancarios. Los delincuentes aprovechan anuncios de preventa, sorteos y programas de prueba para dirigir a los usuarios hacia formularios donde solicitan pagos o información sensible.

El riesgo cobra relevancia en América Latina, donde el phishing mantiene una presencia constante. La empresa de seguridad digital, Kaspersky, registró en la región un promedio de 3,5 millones de ataques diarios durante el último año, una cifra que muestra la escala de estos engaños. Los lanzamientos tecnológicos generan una oportunidad para los ciberdelincuentes porque combinan expectativa, urgencia y el deseo de conseguir un producto antes que otras personas.

Estafas imitan el diseño de la Apple Store

La llegada del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max puede impulsar la circulación de páginas que reproducen logos, colores, fotografías y estructuras similares a las de la tienda oficial de Apple. El objetivo consiste en reducir la desconfianza inicial del visitante para que introduzca sus datos sin comprobar la dirección web.

Estas campañas pueden aparecer en anuncios de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en foros o enlaces enviados por aplicaciones de mensajería. Algunos mensajes prometen acceso exclusivo a una reserva, un descuento limitado o la posibilidad de recibir el teléfono antes de su lanzamiento oficial.

El método no requiere que el sitio falso tenga un diseño deficiente. Por el contrario, los delincuentes pueden replicar elementos visuales conocidos, incluir imágenes del dispositivo y usar textos que parecen propios de una promoción legítima. La diferencia suele estar en la URL, en las peticiones de información o en las condiciones que presenta la supuesta oferta.

Probar el iPhone 18 antes de su lanzamiento: la nueva estafa

Otra modalidad consiste en invitar a los usuarios a convertirse en “probadores” del nuevo iPhone. La propuesta suele ofrecer un equipo anticipado a cambio de completar un registro, facilitar una dirección de envío y pagar una tarifa de entrega.

El teléfono nunca llega. La persona puede perder el dinero enviado y, además, entregar nombre completo, correo electrónico, teléfono, domicilio y datos de pago. Esa información puede utilizarse después para campañas de spam, intentos de fraude dirigidos o nuevas páginas de phishing con mensajes personalizados.

El antecedente está en septiembre de 2025, tras la presentación del iPhone 17. La compañía de seguridad detectó campañas que usaban falsas preventas, sorteos y programas para usuarios de prueba. Los engaños buscaban obtener información personal y financiera o inducir a pagos por productos inexistentes.

La expectativa por el iPhone 18 Pro facilita que esas fórmulas reaparezcan. La promesa de conseguir un dispositivo sin costo, reservarlo antes que el resto o participar en una experiencia exclusiva puede hacer que una oferta irreal parezca creíble.

Los mensajes fraudulentos suelen utilizar frases como “últimas unidades”, “reserva disponible por pocas horas”, “confirmación inmediata” o “has sido seleccionado”. Esas expresiones pretenden provocar una reacción rápida y evitar que la persona revise la autenticidad de la página.

Una promoción que exige contraseña, códigos de verificación, datos bancarios o un pago para acceder a un premio debe considerarse una señal de alerta. Los sorteos legítimos no suelen pedir información financiera antes de confirmar la participación ni condicionan la entrega de un regalo a una transferencia.

Cómo evitar una página clonada del iPhone 18 Pro

Antes de reservar un dispositivo o participar en una promoción, conviene aplicar estas medidas:

• Revisar la dirección web y detectar letras cambiadas, palabras añadidas o dominios extraños.
• Evitar enlaces recibidos por mensajes, anuncios o correos no solicitados.
• Entrar a la Apple Store desde la aplicación o escribir la dirección oficial en el navegador.
• Desconfiar de ofertas que prometen productos gratuitos, acceso anticipado o descuentos fuera de lo habitual.
• No compartir códigos de verificación, contraseñas, números de tarjeta ni documentos personales.
• No realizar pagos para recibir un supuesto premio o participar en una prueba.
• Utilizar herramientas de seguridad actualizadas para identificar sitios maliciosos.

La prevención comienza antes de pulsar un enlace. Ante promociones que apelan a la urgencia, la exclusividad o la gratuidad, revisar la dirección web y acudir a los canales oficiales permite evitar pérdidas económicas y el robo de información. La cautela sigue siendo la herramienta más efectiva frente a estafas que se apoyan en la apariencia de sitios conocidos.

Una llamada puede presentarse como una alerta del banco, un problema con una cuenta o una oferta que parece legítima. Sin embargo, el 71% de los colombianos recibió al menos un intento de fraude en 2025, de acuerdo con cifras de DataCrédito Experian. Identificar una estafa telefónica a tiempo permite proteger datos, dinero y cuentas personales.

El dato muestra la dimensión de un riesgo que se extiende más allá de los mensajes sospechosos y los correos falsos. El 95% de los encuestados considera que estos delitos ocurren con frecuencia en Colombia y el 70% conoce a una víctima en su entorno. Entre quienes sufrieron un fraude, el 20% recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por una entidad reconocida.

Qué es el vishing y cómo opera

El vishing es una modalidad de ingeniería social basada en llamadas telefónicas. Los delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos, empresas, organismos públicos o personas de confianza para obtener datos sensibles, lograr un pago o inducir a la víctima a realizar una acción que comprometa su seguridad.

La llamada puede comenzar con una supuesta transacción irregular, un bloqueo de cuenta, una actualización de información o una oferta. El objetivo es generar confianza y, al mismo tiempo, crear una sensación de urgencia que lleve a actuar sin comprobar la identidad de quien llama.

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, explicó que la tecnología no es el único elemento de estas estafas. “Los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas para hacer que una interacción fraudulenta parezca legítima”, afirmó.

La urgencia es una de las señales más frecuentes

Quien llama puede conocer el nombre de la víctima, la entidad donde tiene una cuenta o algunos datos personales. Esa información puede hacer que la comunicación parezca real, aunque no demuestre que se trata de un contacto autorizado.

“Una llamada puede parecer auténtica porque quien está al otro lado conoce información real, se presenta como representante de una entidad reconocida o crea una situación de urgencia”, señaló Vargas. Ante ese escenario, la recomendación es detener la conversación antes de compartir información o seguir instrucciones.

Las solicitudes para entregar códigos de verificación, contraseñas, claves bancarias, números de tarjeta o datos financieros deben considerarse una alerta. También conviene desconfiar si el interlocutor exige una transferencia inmediata, propone instalar una aplicación o pide acceso remoto al teléfono o al ordenador.

Qué hacer si recibe una llamada sospechosa

Ante un contacto inesperado, las medidas más útiles son sencillas y deben aplicarse antes de tomar una decisión:

• No comparta códigos, contraseñas ni información financiera por teléfono.
• No confirme datos personales, aunque la persona afirme trabajar para una entidad conocida.
• Desconfíe de cualquier petición que exija actuar de inmediato.
• Finalice la llamada si aparecen amenazas, presión o inconsistencias.
• Contacte directamente al banco, empresa o institución mediante sus canales oficiales.
• Revise el número desde el que recibió la llamada antes de devolver el contacto.
• Informe a familiares cercanos, especialmente a quienes puedan ser más vulnerables a este tipo de engaños.

Vargas recomendó contar con más información antes de contestar o interactuar. “El usuario podrá conocer quién está detrás de una llamada antes de responder”, indicó sobre el uso de herramientas que identifican comunicaciones entrantes.

Las suplantaciones aprovechan la confianza cotidiana

El fraude telefónico suele apoyarse en situaciones comunes. Una llamada de servicio al cliente, una promoción, un premio o una advertencia sobre movimientos bancarios puede resultar creíble porque forma parte de interacciones habituales.

Por esa razón, reconocer el número no siempre es suficiente. Los estafadores pueden utilizar técnicas para aparentar que llaman desde una línea conocida. La verificación debe hacerse a través de los datos oficiales de la entidad y no mediante números o enlaces proporcionados durante la comunicación sospechosa.

La prevención empieza antes de responder, pero también depende de mantener una actitud de cautela cuando alguien solicita información o dinero. Ninguna situación urgente justifica entregar claves o códigos por teléfono.

Cómo actuar después de un intento de fraude

Si la persona compartió información o realizó una operación, debe comunicarse de inmediato con la entidad financiera mediante sus canales oficiales. También es recomendable cambiar las contraseñas comprometidas y revisar los movimientos de las cuentas.

Conservar capturas, números telefónicos, registros de llamadas y mensajes puede ayudar a documentar el caso. Estos elementos permiten reportar el intento de fraude y alertar a otras personas sobre la modalidad utilizada.

Las llamadas engañosas convierten una conversación cotidiana en una posible puerta de entrada a delitos financieros. Verificar la identidad del interlocutor, evitar decisiones bajo presión y cortar la comunicación ante cualquier duda son pasos esenciales para reducir el riesgo.

Las llamadas spam pueden convertirse en una puerta de entrada a fraudes, robos de identidad y engaños dirigidos a obtener datos de cuentas bancarias. El riesgo no se limita a una conversación incómoda: quien llama puede intentar confirmar que un número está activo o conducir a la víctima hacia enlaces, aplicaciones o transferencias de dinero.

Las medidas de seguridad de expertos como Kaspersky es evitar toda interacción con números desconocidos que generen dudas y, cuando sea posible, impedir que esas comunicaciones lleguen al teléfono.

No responder, no devolver llamadas sospechosas, ni compartir datos son medidas básicas para reducir la exposición a intentos de estafa.

Por qué responder una llamada spam puede facilitar un fraude

Una llamada no deseada puede ser el primer contacto de un esquema de fraude. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería, organismos públicos o servicios técnicos para ganar confianza.

Luego solicitan claves, códigos de verificación, números de tarjetas o datos personales con el argumento de resolver una supuesta urgencia.

Este método forma parte de prácticas conocidas como phishing telefónico o vishing. El objetivo consiste en engañar a la persona para que entregue información o autorice una operación.

Un banco no debe pedir por teléfono contraseñas, claves token, códigos que llegan por mensaje ni datos completos de una tarjeta. Ante una comunicación de ese tipo, conviene cortar y contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

Qué información buscan los ciberdelincuentes en estas comunicaciones

Los estafadores pueden buscar desde datos básicos, como el nombre completo, el documento de identidad o la dirección, hasta información financiera. A veces no solicitan todos los datos en una sola llamada: una primera conversación puede servir para confirmar la identidad de la persona y preparar un engaño posterior con información más precisa.

Kaspersky advierte que estas maniobras pueden derivar en robo de identidad. Con un número de teléfono, datos personales y respuestas a preguntas aparentemente inocentes, los ciberdelincuentes pueden intentar abrir cuentas, recuperar contraseñas o hacerse pasar por la víctima frente a otras empresas.

Por qué no conviene devolver una llamada desconocida

Responder o devolver una llamada puede confirmar que el número está en uso y que pertenece a una persona dispuesta a atender comunicaciones no solicitadas. Esa información tiene valor para quienes realizan campañas masivas, porque permite separar los números activos de aquellos que no generan respuesta.

Si un número es identificado como receptivo, puede circular entre redes de telemarketing ilegal o grupos dedicados a estafas digitales. Esto puede traducirse en más llamadas, mensajes de texto y contactos a través de aplicaciones de mensajería.

Cómo dejar de recibir llamadas spam en iPhone y Android

En los teléfonos iPhone, una de las opciones disponibles es “Silenciar llamadas desconocidas”. La función envía al buzón de voz las comunicaciones de números que no están guardados entre los contactos, aunque permite revisar luego el historial de llamadas recientes para detectar si una llamada legítima quedó filtrada.

Para activarla, se debe ingresar a Configuración, seleccionar Teléfono y habilitar la opción “Silenciar llamadas desconocidas”. La herramienta puede ser útil para reducir interrupciones, aunque exige revisar con cierta frecuencia las llamadas recientes y el buzón de voz, sobre todo si se espera una comunicación de una institución.

En los dispositivos Android, la aplicación Teléfono incluye opciones de identificador de llamada y protección contra spam. Para revisarlas, se debe abrir la aplicación, tocar “Más opciones”, ingresar a Configuración y seleccionar “Identificador de llamada y spam”.

Asimismo, es posible habilitar el filtro de llamadas spam. En ese caso, el teléfono bloquea esas comunicaciones y evita notificaciones de llamadas perdidas o mensajes de voz asociados. Las llamadas spam filtradas quedan registradas en el historial, lo que permite revisarlas si fuera necesario.

El Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, por las supuestas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto del barrio privado Verazul, de la empresa Hope Funds.

Después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la sentencia de diciembre de 2024 y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento, los magistrados del juicio reiteraron la decisión que favoreció a Blaksley Señorans, Federico Armando Dolinkue, Pablo Andrés Willa, Felipe Badino y María Paola D’Angelo.

Tras revisar el caso, el TOF 4 concluyó que las pruebas descartaron la hipótesis según la cual un grupo de 19 adherentes, que ingresaron al proyecto entre 2012 y 2013, carecía de solvencia para afrontar los pagos y había sido utilizado como prestanombres para incorporar al fideicomiso inmobiliario recursos de origen delictivo.

Durante el juicio, el tribunal había identificado a 11 de esos inversores, quienes acreditaron que aportaron ese dinero porque buscaban obtener una ganancia con la futura valorización de los terrenos. Declararon que un vendedor vinculado a Hope Funds les ofreció integrar el emprendimiento y les propuso organizarse colectivamente para reunir los montos requeridos.

La sentencia

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico concluyeron que la condición económica de los fiduciantes no coincidía con el perfil habitual de los compradores de un barrio privado, pero señalaron que esa circunstancia no permitía desconocer los desembolsos efectuados mediante fondos reunidos por varias personas.

Los testimonios también expusieron que varios adherentes trabajaban en actividades informales, como la construcción o talleres, y no podían demostrar el origen de los recursos ante requerimientos posteriores. Esa falta de documentación derivó en presiones para que rescindieran sus contratos.

Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, los fiduciantes firmaron las rescisiones. El fideicomiso retuvo un 10% del valor de cada lote como penalidad y reconoció a los inversores créditos a cobrar una vez cumplido el objeto del proyecto, en lugar de devolverles de inmediato los montos abonados.

El mismo día de las rescisiones, los créditos fueron cedidos a Wall Street Group SRL, una sociedad que, según la acusación, no tenía capacidad económica para adquirir los derechos y funcionaba como una estructura interpuesta.

Sin embargo, los jueces consideraron probado que Wall Street Group era una empresa real, dedicada a comercializar terrenos y registrada conforme a la normativa. También valoraron que la firma reclamó judicialmente el cobro de los créditos cuando Hope Funds incumplió los compromisos asumidos.

La sentencia indicó que algunos inversores recibieron lotes en el barrio La Asunción, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, como alternativa a la devolución del dinero. Otros aguardaron el vencimiento de préstamos otorgados a nombre de Wall Street Group, aunque los pagos prometidos no se concretaron.

La fiscalía había pedido condenar a Blaksley, Dolinkue, Badino y D’Angelo. En el caso de Willa, sostuvo su solicitud de absolución. Por su parte, la querella de ARCA mantuvo la acusación contra los cinco imputados. Solicitó que Blaksley fuera considerado autor y que los demás fueran declarados partícipes necesarios del lavado de activos.

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

Muchos usuarios reciben durante la semana varias llamadas desde números desconocidos, contestan sin identificar al interlocutor o descubren una grabación al otro lado de la línea. La frecuencia suele generar dudas sobre el origen de esos contactos y sobre la posibilidad de detenerlos.

El problema se amplió con el uso cotidiano del teléfono para trámites, compras, servicios financieros y comunicaciones laborales. Según datos de Kaspersky, la cantidad de números no deseados incorporados a su base de datos se multiplicó por seis desde el año 2020.

Además, la empresa de ciberseguridad estima que hasta el 70% de las llamadas de números desconocidos puede corresponder a intentos de estafa.

Qué son las llamadas spam y qué modalidades hay

Las llamadas spam son comunicaciones que el receptor no solicitó y que tienen como objetivo promover un servicio, obtener información o conseguir dinero.

Algunas proceden de empresas que realizan campañas masivas de telemarketing. Otras forman parte de maniobras fraudulentas diseñadas para engañar a quien atiende el teléfono.

Entre las modalidades más frecuentes aparece la suplantación de identidad, conocida como spoofing. En esos casos, los ciberdelincuentes imitan el número o la presentación de entidades conocidas, como bancos, empresas de envíos o áreas de soporte técnico.

Otra modalidad son las llamadas automáticas, en las que un sistema reproduce un mensaje pregrabado y contacta a una gran cantidad de números en poco tiempo.

Por qué un número puede recibir muchas llamadas durante la semana

Un número telefónico puede llegar a bases de datos por distintas vías. Una de ellas es el registro en formularios en línea, sorteos, servicios, comercios o aplicaciones que solicitan datos de contacto. Las condiciones de uso pueden habilitar la cesión de esa información a extraños, aunque el usuario no siempre advierta el alcance de esa autorización.

Asimismo, puede ocurrir que los estafadores compren listados de teléfonos de forma legal o ilegal, o que marquen combinaciones al azar hasta encontrar líneas activas.

Kaspersky advierte que una computadora o un celular infectado con malware puede exponer datos personales, incluido el número de teléfono. Por eso, recibir estas llamadas no siempre implica que la persona haya divulgado su contacto de manera directa.

Qué riesgos existen al atender una llamada desconocida

El principal peligro surge cuando quien llama intenta obtener información sensible. Los estafadores pueden pedir códigos de verificación, claves, datos de tarjetas, direcciones, números de documentos o accesos a cuentas.

Los usuarios deben saber que las instituciones financieras y las empresas legítimas no deberían solicitar contraseñas ni códigos de autenticación por teléfono.

A su vez, estas comunicaciones pueden formar parte de intentos de phishing, seguimiento de la actividad del dispositivo o robo de identidad. En algunos casos, una respuesta breve confirma que la línea está activa.

Los números cuyos titulares contestan con frecuencia pueden quedar identificados como contactos receptivos, lo que aumenta la posibilidad de nuevas campañas o de su circulación entre grupos dedicados al fraude.

Cómo funciona el identificador de spam de Google en Android

Los teléfonos con Android cuentan con herramientas de detección e identificación de llamadas sospechosas. La función de identificador de llamada y protección contra spam de Google se encuentra activada de forma predeterminada en muchos dispositivos.

Para operar, el sistema puede enviar a Google cierta información vinculada con las llamadas, aunque esa configuración no modifica la visibilidad del número propio al realizar comunicaciones.

Según las indicaciones de Google, se requiere Android 5.0 o una versión posterior, aparte de las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Para revisar la configuración, el usuario debe abrir la aplicación Teléfono, ingresar en Más opciones y seleccionar Configuración. Dentro del menú aparece la sección “Identificador de llamada y spam”, desde donde es posible activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Quienes quieran impedir directamente el ingreso de estos contactos pueden habilitar “Filtrar llamadas de spam”. Las llamadas filtradas no generan aviso de llamada perdida ni notificación de buzón de voz, pero quedan registradas en el historial y el usuario puede revisar el buzón si lo considera necesario.

Una cuenta bancaria perteneciente a un restaurante habría sido utilizada para recibir más de $51.000 generados mediante transacciones con tarjetas de crédito robadas. El dinero era retirado posteriormente en cajeros automáticos o transferido a cuentas personales, según la investigación desarrollada durante la Operación Carder.

La Procuraduría General de la Nación informó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Metropolitana, mediante su Sección de Delitos contra el Orden Económico, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

El esquema comenzaba con hurtos cometidos dentro de automóviles, de donde eran sustraídos artículos de valor y tarjetas bancarias. Poco después, los responsables presuntamente utilizaban los plásticos para realizar transacciones no autorizadas, antes de que las víctimas pudieran bloquearlos o denunciar su desaparición ante las entidades emisoras.

Los pagos eran procesados mediante un dispositivo móvil de punto de venta, conocido como MPOS, vinculado con la cuenta del establecimiento de comida. Los investigadores sostienen que las operaciones no correspondían a consumos reales, sino que permitían convertir el crédito disponible en dinero depositado dentro del sistema bancario.

Un MPOS permite conectar un teléfono o dispositivo portátil con una plataforma para aceptar tarjetas. Su funcionamiento es similar al de una terminal utilizada en un comercio, donde el pago se acredita en la cuenta afiliada después de registrar la compra de un producto o servicio ofrecido al cliente.

Una vez ingresados los fondos, la propietaria del restaurante supuestamente realizaba retiros en efectivo mediante cajeros automáticos. También enviaba dinero a una cuenta personal y a dos cuentas de su socio, identificado como chef, quien presuntamente le devolvía parte de las cantidades después de completar las transferencias bancarias.

La sucesión de pagos, retiros y envíos entre distintas cuentas es analizada por la Fiscalía para determinar si pretendía dificultar la identificación del origen del dinero. También deberá comprobarse si los involucrados conocían que los fondos procedían de tarjetas sustraídas y participaron deliberadamente en su movilización.

La afectación económica acumulada supera los $51.000, de acuerdo con la estimación preliminar de las autoridades. La investigación deberá establecer cuántas tarjetas fueron utilizadas y el número total de víctimas, además de determinar si otras personas participaron en los hurtos o se beneficiaron de las operaciones posteriores.

Mientras la Fiscalía seguía el recorrido digital de esos fondos, otro procedimiento puso la atención sobre el movimiento físico de efectivo. En Kuna Nega, la Policía Nacional retuvo a un ciudadano colombiano que viajaba en motocicleta, quien portaba más de $4.000 cuya procedencia no pudo justificar durante la verificación.

El caso fue remitido ante las autoridades judiciales para determinar el origen y propósito del dinero. Junto con el efectivo, distribuido parcialmente en billetes de baja denominación, fue decomisada una libreta que contenía anotaciones sobre cobros diarios, elemento que reforzó las sospechas de una posible relación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

Aunque esos indicios orientan la investigación, la tenencia del dinero y de la libreta no demuestra por sí sola que el ciudadano cometiera un delito. Corresponderá al Ministerio Público determinar si los fondos procedían de actividades ilícitas, identificar a posibles prestatarios y establecer si los registros encontrados están vinculados con cobros realizados mediante amenazas u otros actos delictivos.

La retención ocurrió pocos días después de que otro colombiano fuera aprehendido en Chitré, provincia de Herrera. En ese procedimiento, la Policía informó que el extranjero realizaba cobros vinculados con préstamos “gota a gota” cuando fue localizado durante la Operación Perseus. También fue verificada su condición migratoria dentro del país.

Esta modalidad, surgida y extendida principalmente desde Colombia hacia otros países latinoamericanos, ofrece préstamos rápidos sin garantías ni evaluaciones crediticias. Los clientes suelen ser comerciantes o personas excluidas de la banca, quienes deben devolver el dinero mediante cuotas diarias acompañadas de intereses elevados.

El acceso inmediato puede transformarse en una deuda difícil de pagar. Algunos cobradores recurren a amenazas, intimidación, agresiones o apropiación de bienes cuando el prestatario se atrasa. La frecuencia de los abonos también puede provocar que la persona entregue dinero constantemente sin disminuir sustancialmente la obligación acumulada.

En Panamá, prestar dinero informalmente o pactar intereses altos no constituye por sí solo el delito de usura, porque esa figura no está incluida en el Código Penal vigente. La responsabilidad penal puede surgir cuando el método de cobro incorpora extorsión, amenazas, lesiones, coacción u otras conductas ilícitas.

También podría configurarse blanqueo de capitales cuando los préstamos son financiados con recursos procedentes de actividades criminales y utilizados para incorporarlos a la economía. Ambos expedientes muestran cómo el efectivo, las cuentas comerciales y las plataformas de pago pueden facilitar movimientos sospechosos, aunque cada investigación deberá probar responsabilidades de manera independiente.

Las personas aprehendidas mantienen su presunción de inocencia y deberán responder únicamente por los hechos que puedan demostrarse ante los tribunales. Las diligencias continúan para identificar el origen y destino final de los fondos, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen otros integrantes dentro de ambos esquemas.

Una pareja detenida en Azcapotzalco cobró con amenazas e intimidación una deuda que su víctima ya había saldado. El 9 de septiembre de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arrestaron a Graciela “N” y Luis “N” en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco, tras exigirle 50 mil pesos a una mujer de 36 años bajo amenaza de causarle daño, pese a que el préstamo original ya estaba liquidado.

Los detenidos alegaban intereses desproporcionados sobre ese préstamo para justificar montos cada vez más elevados. La víctima se negó a pagar y la pareja efectuó detonaciones de arma de fuego antes de huir en un vehículo negro.

Disparos en San Pedro Xalpa alertaron al C2 Poniente sobre un modo de extorsión

De acuerdo con los reportes de aprehension, los oficiales realizaban recorridos preventivos en la zona cuando el Centro de Comando y Control (C2) Poniente los alertó de una emergencia por disparos en el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos. Los uniformados se aproximaron de inmediato al lugar.

Al llegar, la víctima les relató que los prestamistas le exigían dinero a cambio de no hacerle daño. Al negarse, los sujetos dispararon y escaparon a bordo del automóvil negro.

Los efectivos interceptaron el vehículo calles adelante y practicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. El operativo derivó en el aseguramiento de un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares, uno de ellos de gama alta.

La pareja fue detenida: Graciela “N”, de 26 años, y Luis “N”, de 34. Los policías les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron junto con el vehículo y los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público.

Luis “N” ya tenía dos ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX

El hombre detenido registra antecedentes en el sistema penitenciario capitalino: ingresó por primera vez en 2019 por robo agravado y por segunda ocasión en 2025 por delitos contra la salud. La autoridad obtuvo esa información durante las investigaciones posteriores al arresto.

El Ministerio Público es quien determinará la situación jurídica de ambos detenidos e iniciará la carpeta de investigación correspondiente. Por el momento, los señalan como probables responsables del delito de cobranza ilegítima.

A raíz de los hechos, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó esta mañana sobre el caso a través de sus redes sociales. El funcionario precisó que las acciones forman parte de las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para combatir la extorsión y proteger a los habitantes de la capital.

Vázquez Camacho hizo un llamado a quienes enfrenten situaciones similares a denunciar por las líneas telefónicas 089 y 55 5036 3301, o bien a solicitar apoyo al policía más cercano. La SSC reiteró que ninguna deuda, real o ficticia, justifica el uso de amenazas o violencia para su cobro.

La cobranza ilegítima es un delito tipificado en el Código Penal de la CDMX

La cobranza ilegítima ocurre cuando una persona o un despacho usa amenazas, engaños, intimidación o acoso para exigir el pago de una deuda, y está tipificada en el Código Penal de la Ciudad de México. La ley prohíbe esas prácticas sin importar si el adeudo es real o no.

El delito se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, según el código local. La norma protege no solo al deudor, sino también a avalistas y personas de referencia que sean contactadas con insultos, llamadas constantes o documentos falsos de embargo.

Quienes enfrenten una situación similar tienen a su disposición dos vías de denuncia formal. La primera es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; la segunda, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuando el adeudo involucra a una institución financiera.

Las autoridades recomiendan conservar toda evidencia disponible: mensajes, números telefónicos y grabaciones con amenazas o intimidaciones. Esa documentación es el insumo que el Ministerio Público necesita para integrar la carpeta de investigación.

La SSC recuerda que la cobranza ilegítima se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de entre 150 y 300 días de salario mínimo. La ley protege al deudor sin importar si la deuda es real: el uso de violencia o intimidación para cobrar está prohibido en cualquier circunstancia.

Los canales de denuncia de la SSC operan las 24 horas a través de las líneas 089 y 55 5036 3301. Los ciudadanos también pueden pedir apoyo directamente al policía más cercano.

Malone Lam, ciudadano de Singapur de 22 años y residente reciente de Miami, se declaró culpable el 8 de septiembre de participar en una conspiración para robar y lavar criptomonedas valuadas en más de USD 245 millones. El caso, investigado por autoridades federales de Estados Unidos, se vincula con el despojo de más de 4.100 bitcoin a una víctima residente en Washington durante agosto de 2024, según el Departamento de Justicia.

Lam admitió un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida por su sigla en inglés RICO. Esa imputación contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly fijó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Columbia.

La investigación comenzó tras una denuncia por el robo de activos digitales el 18 de agosto de 2024. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó entonces que Lam, Jeandiel Serrano y otros involucrados habrían usado suplantaciones de identidad y comunicaciones fraudulentas para obtener datos de acceso de la víctima. La acusación inicial valoró los bitcoin sustraídos en más de USD 230 millones; la causa posterior situó el monto de los activos robados y lavados por encima de USD 245 millones.

¿Quién es Malone Lam y de qué delito se declaró culpable?

El Departamento de Justicia identificó a Malone Lam como ciudadano singapurense y residente reciente de Miami. La Fiscalía lo señaló como uno de los organizadores de una red internacional dedicada a obtener criptomonedas mediante engaños, transferirlas a billeteras bajo control de los acusados y realizar operaciones destinadas a dificultar el rastreo de los fondos.

La declaración de culpabilidad se produjo ante la jueza Kollar-Kotelly en un tribunal federal de Washington. Lam aceptó responsabilidad por participar en una conspiración RICO, una norma federal utilizada para perseguir estructuras vinculadas con actividades delictivas coordinadas. El Departamento de Justicia no informó todavía cuál será la pena que solicitará la Fiscalía ni cuál será la recomendación de la defensa.

La admisión de culpabilidad cambia la situación procesal de Lam, pero no cierra el expediente. La pena máxima prevista por el cargo es de 20 años, aunque la sentencia final dependerá de la evaluación judicial, de los términos del acuerdo y de las normas federales de determinación de penas. Según la Fiscalía del Distrito de Columbia, la siguiente audiencia formal quedó programada para el 8 de diciembre.

La cobertura de Associated Press, publicada por NBC News, ABC News y WJLA, señaló que Lam abandonó la escuela en octavo grado antes de llegar a Estados Unidos desde Singapur. Ese antecedente fue citado por la agencia, pero no figura entre los datos centrales del comunicado difundido por el Departamento de Justicia tras la audiencia de culpabilidad.

¿Cómo fue el robo de más de 4.100 bitcoin en Washington?

La investigación del FBI sitúa el hecho principal el 18 de agosto de 2024. Según la acusación federal, integrantes de la red se comunicaron con la víctima y se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de criptomonedas Gemini. El objetivo era obtener información de seguridad y acceso a archivos que permitieran controlar los activos digitales.

El FBI indicó que los acusados lograron acceder a una cuenta de Google Drive y obtener códigos de seguridad. Con esa información, transfirieron más de 4.100 bitcoin desde las cuentas de la víctima hacia billeteras controladas por la organización, de acuerdo con la acusación divulgada en septiembre de 2024. En ese momento, los activos estaban valuados en más de USD 230 millones.

La Fiscalía federal describió el método como ingeniería social. Esta técnica se basa en la manipulación de una persona para que revele datos sensibles, entregue códigos de acceso o autorice acciones que favorecen al atacante. La causa no atribuye el robo a una falla pública de Google o Gemini; sostiene que los acusados simularon representar a esas empresas para engañar a la víctima.

El expediente del FBI menciona que Lam utilizaba los alias “Anne Hathaway” y “$$$” en internet. Jeandiel Serrano, uno de los primeros acusados, habría usado los nombres “VersaceGod” y “@SkidStar”. El FBI aclaró al divulgar la imputación inicial que una acusación formal no equivale a una condena y que los acusados conservaban la presunción de inocencia hasta una resolución judicial.

¿Por qué el caso pasó de USD 230 millones a más de USD 245 millones?

Las cifras difundidas por las autoridades corresponden a etapas distintas de la investigación. En septiembre de 2024, el FBI informó que el robo de más de 4.100 bitcoin superaba los USD 230 millones al momento de la maniobra. El comunicado emitido por el Departamento de Justicia tras la declaración de culpabilidad de Lam informó que la red robó y lavó criptomonedas por un valor superior a USD 245 millones.

Esa diferencia no implica necesariamente que el número de bitcoin robados haya cambiado. El valor de las criptomonedas puede variar por su cotización y las autoridades también pueden ampliar el cálculo de los fondos vinculados con una conspiración a medida que reúnen información sobre transferencias, conversiones y operaciones posteriores. La Fiscalía no publicó en su comunicado un desglose que explique cada componente del total superior a USD 245 millones.

Según el Departamento de Justicia, la organización operó desde al menos 2023 y realizó una serie de fraudes vinculados con criptomonedas. La Fiscalía describió a Lam como parte de una estructura internacional que recurrió a transferencias entre billeteras, plataformas de intercambio y otros mecanismos para ocultar la procedencia de los activos.

El FBI explicó que la red habría empleado servicios de mezcla, cadenas de transferencias, billeteras de paso y redes privadas virtuales. Los servicios de mezcla combinan fondos procedentes de distintas direcciones y buscan dificultar la trazabilidad de una operación. Las billeteras de paso permiten trasladar los activos a través de varias cuentas antes de convertirlos o enviarlos a otros destinatarios, de acuerdo con la acusación federal.

¿En qué gastó la red el dinero obtenido con las criptomonedas?

Las autoridades federales sostienen que una parte de los activos digitales fue convertida en efectivo y destinada a gastos personales. El FBI incluyó entre los destinos de los fondos vehículos de lujo, relojes, joyas, alquileres de viviendas en Los Ángeles y Miami, viajes internacionales y consumos en clubes nocturnos.

El Departamento de Justicia mantuvo esa descripción al informar la declaración de culpabilidad de Lam. La Fiscalía señaló que los fondos habrían sido lavados antes de utilizarse para financiar propiedades, automóviles y gastos de alto valor. El comunicado oficial no detalló el monto asignado a cada adquisición ni estableció qué bienes fueron comprados directamente por Lam y cuáles por otros integrantes de la organización.

Associated Press informó, a partir de documentos judiciales y declaraciones de autoridades, que miembros de la trama gastaron USD 569.000 durante una noche en un club de Los Ángeles. La agencia también reportó la compra de un reloj valuado en USD 2 millones y de más de 30 vehículos, entre ellos automóviles Porsche, Lamborghini y Ferrari. Esos datos deben atribuirse a la documentación citada por AP.

Lam fue detenido en Miami en septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del robo, según la información divulgada por el FBI. La acusación incorporó referencias a la forma en que los investigadores ubicaron a los presuntos responsables y a los movimientos efectuados con los activos digitales. El Departamento de Justicia no informó sobre nuevas detenciones al anunciar la declaración de culpabilidad.

¿Qué ocurrirá ahora con la causa por el robo de bitcoin?

La próxima fecha pública del proceso contra Lam es la audiencia de estado del 8 de diciembre de 2026. En esa instancia, el tribunal puede abordar el calendario para la sentencia y otros asuntos pendientes. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la jueza Kollar-Kotelly no estableció una fecha de condena durante la audiencia en la que el acusado admitió el cargo.

La causa sigue siendo relevante para otros imputados. El Departamento de Justicia indicó que Lam formaba parte de una red integrada por varios jóvenes acusados de participar en fraudes, transferencias y lavado de criptomonedas. La cobertura de Associated Press señaló que había 18 acusados y que Lam era el undécimo en declararse culpable, un dato que deberá seguirse a través de las actuaciones judiciales.

Para los usuarios de plataformas de criptomonedas, el expediente muestra que los ataques pueden apoyarse en llamadas, mensajes y falsas verificaciones de identidad. El FBI recomienda verificar de forma independiente cualquier contacto que solicite códigos, credenciales o acceso remoto a cuentas. En el caso de Lam, la Fiscalía sostiene que los acusados explotaron la confianza de la víctima mediante identidades falsas, mientras el tribunal prepara los próximos pasos del proceso penal.

Mientras la justicia en Colombia decide sobre un polémico caso de estafa en Bucaramanga que involucró la agencia Golden Vacation, dos de los tres imputados por la Fiscalía General de la Nación ya se encuentran envueltos en otro lío, pero esta vez en la ciudad de Valencia España.

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, el nuevo caso estaría vinculado a un despacho de trámites migratorios que acumula reclamos públicos de clientes.

Mientras tanto, la Fiscalía en Colombia sacará sus últimas cartas y un juez decidirá el futuro del caso el 20 de noviembre. La solicitud se presentó en julio, semanas después de que el Juzgado 11 Penal Municipal de Bucaramanga impusiera una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ingrit Liseth Gélvez Bedoya, Johann David Cárdenas Chávez y Giancarlo Cárdenas Chávez.

El caso Golden Vacation se remonta a denuncias surgidas entre 2015 y 2017 por planes turísticos que, de acuerdo con la Fiscalía, dejaron cerca de 280 afectados y pérdidas por más de 533 millones de pesos.

Los tres procesados fueron imputados por estafa agravada y concierto para delinquir. La decisión judicial se tomó el 19 de mayo de 2026, aunque dos de los implicados ya se encontraban fuera de Colombia.

La investigación sostiene que la agencia ofrecía viajes nacionales e internacionales a través de llamadas, correos electrónicos y redes sociales. Los clientes firmaban contratos, hacían pagos y, en algunos casos, recibían comprobantes.

El conflicto aparecía cuando se acercaba la fecha de salida. Entonces, varios compradores descubrieron que no existían tiquetes emitidos ni servicios turísticos contratados a su nombre.

Entre los casos expuestos figura el de Jairo Rueda, un empleado público de Bucaramanga que pagó un viaje familiar a Cancún para seis personas. El plan incluía pasajes, alojamiento y una afiliación a la empresa.

Rueda desembolsó cerca de 10,3 millones de pesos. La familia preparó las maletas, pero no pudo salir del aeropuerto de Palonegro.

Mientras el expediente avanzaba en Colombia, Gélvez y Johann David Cárdenas aparecieron vinculados a empresas creadas en Valencia, España. El rastreo societario publicado por Cambio ubica el inicio de esas actividades en abril de 2021.

En esa fecha constituyeron Grupo IMM Cárdenas Gélvez Sociedad Limitada, con un capital de 3.000 euros. El objeto social inicial de la empresa era la promoción inmobiliaria.

Un año después crearon Gélvez Cárdenas & Asociados Sociedad Limitada, con el mismo capital social. Esta segunda compañía quedó registrada para desarrollar actividades jurídicas.

Las dos sociedades declararon como domicilio el número 85 de la calle San Vicente Mártir, aunque en oficinas distintas del mismo edificio. En esa dirección funciona además IMM Consulting.

El despacho se presenta públicamente como una firma dedicada a extranjería, residencia, arraigo, nacionalidad española, visados, reagrupación familiar, homologación de títulos y asesoría jurídica. Fotografías publicadas en su sitio web vinculan a Gélvez y Cárdenas con esa actividad.

La actividad comercial en España es diferente de la que se investigó en Golden Vacation, porque ofrece servicios jurídicos y migratorios en lugar de paquetes turísticos. Las denuncias de algunos clientes, no obstante, describen pagos anticipados, demoras en las gestiones, falta de respuesta y problemas para recuperar el dinero.

Las reseñas de IMM Consulting comenzaron a acumular reclamos desde 2024

Los señalamientos públicos contra IMM Consulting pueden rastrearse desde septiembre de 2024 en Google y Trustpilot, una plataforma de opiniones de consumidores. Las reseñas describen inconvenientes con los trámites y meses sin respuestas.

En Trustpilot, la firma registraba 19 opiniones y el 79% correspondía a una estrella. En Google, algunos usuarios mencionaron de forma directa a Liseth Gélvez o David Cárdenas en sus reclamos.

Una persona que trabajó en el despacho afirmó a Cambio que atendió llamadas de clientes que preguntaban por el estado de sus procesos o exigían devoluciones. Según esa fuente, también hubo personas que acudieron a la oficina para reclamar.

La fuente, cuya identidad fue reservada, sostuvo que consultaba el sistema interno del despacho cuando los clientes preguntaban por sus expedientes. “Ni siquiera los creaban”, aseguró sobre algunos trámites por los que, según dijo, ya se habían efectuado pagos.

De acuerdo con su versión, había clientes que entregaban dinero, pero no figuraban en la base de datos a la que tenía acceso.

La audiencia de noviembre definirá si el expediente continúa

La petición de preclusión presentada por la Fiscalía no ha sido aceptada. La audiencia prevista para el 20 de noviembre definirá si el proceso contra los tres imputados sigue adelante o si se cierra.

La solicitud representa un cambio dentro de un expediente que había tenido un avance en mayo con las imputaciones, las medidas de aseguramiento y las órdenes de captura. Hasta que exista una decisión judicial, la responsabilidad penal de los procesados no está definida.

Tres personas acusadas de estafar con USD 55.125 a una víctima enferma mediante supuestas prácticas esotéricas continuarán en prisión provisional en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que dos ciudadanos nicaragüenses y una mujer salvadoreña convencieron a la persona afectada de que podían curarla, a cambio de sucesivos pagos.

El caso ocurrió en 2026 en el distrito de Nejapa, en San Salvador Oeste. Los imputados fueron identificados como Sander Z. M. y Víctor Gabriel R. G., ambos de nacionalidad nicaragüense, y Vanessa Elizabeth A., salvadoreña. La causa avanza por el delito de estafa agravada.

Les dijeron que su enfermedad tenía origen en un supuesto “mal”

De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima sí padecía una enfermedad. Los acusados aprovecharon esa situación para presentarse como personas capaces de aliviarla a través de prácticas esotéricas.

Según la investigación, el grupo le aseguró que el padecimiento obedecía a un supuesto “mal” que había sido enterrado en un cementerio. Le advirtieron que esa circunstancia impedía su recuperación y le ofrecieron sesiones para, supuestamente, eliminar el daño.

La Fiscalía General indicó que los imputados solicitaron pagos para realizar esas prácticas. La persona afectada entregó en total USD 55.125.

La denuncia se presentó cuando comenzaron a exigir más dinero

La víctima advirtió el presunto engaño cuando las exigencias de dinero aumentaron y ya no pudo cubrir nuevas sumas. También constató que su condición de salud no mejoraba pese a los pagos realizados.

Tras la denuncia, las autoridades arrestaron a Sander Z. M., Víctor Gabriel R. G. y Vanessa Elizabeth A.. La Fiscalía General de la República presentó las pruebas iniciales ante el Juzgado de Paz de Nejapa.

El tribunal resolvió mantener a los tres imputados bajo detención provisional y remitió el expediente a la etapa de instrucción, en la que se ampliarán las diligencias y la recolección de elementos para determinar la responsabilidad penal de los señalados.

La FGR exhortó a quienes consideren que pudieron haber sido afectados por hechos similares a acudir a sus oficinas para interponer una denuncia. La institución busca establecer si existen otras personas que hayan entregado dinero a los imputados bajo el argumento de recibir curaciones o tratamientos esotéricos.

Otras formas de estafas en El Salvador

El Gobierno de El Salvador alertó sobre cinco estafas comunes detectadas en 2025 y pidió a la población denunciar estos casos al teléfono 2999-9999.

Según las autoridades, una de las modalidades más frecuentes se ejecuta por mensajes de texto que simulan una emergencia para presionar a la víctima.

También identificaron fraudes que usan deepfake o recreaciones con Inteligencia Artificial de figuras públicas (algunas veces funcionarios de gobierno o personajes de la televisión), con promesas de retornos de inversión exagerados.

Otra táctica consiste en contactar a las personas por redes sociales con supuestos negocios de criptomonedas. El Gobierno incluyó además las pautas promocionales en YouTube sobre inversiones ficticias y llamadas telefónicas que insinúan una situación de emergencia en las que se ejercía presión a la víctima para que depositara dinero con prontitud.

Una mujer, oriunda de la localidad de Diamante, ubicada en la provincia de Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. Según relató, la engañaron y terminó por entregar sus joyas a una persona desconocida.

Tras iniciarse una investigación, la Policía realizó dos allanamientos en Paraná, en donde se secuestró una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Todo surgió a partir de una denuncia radicada días atrás por la damnificada.

Desde ese momento, en el caso intervino la División Investigaciones de Diamante bajo directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. Con tareas de inteligencia criminal y otras medidas investigativas, los efectivos reunieron indicios que orientaron la pesquisa hacia personas radicadas en la capital entrerriana.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó medidas ante el Juzgado de Garantías y, una vez autorizadas, una comisión policial de Diamante se trasladó a Paraná para concretar los procedimientos junto con personal de la División Delitos Económicos.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Juramento y Julio Benítez. Durante los operativos, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad, pero no se lo pudo vincular a la causa. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda y de otros objetos considerados relevantes para el expediente.

Por otro lado, aún se desconoce la maniobra que habrían utilizado los delincuentes para engañar a la mujer. Tampoco se precisó el valor de los elementos entregados ni se informó si las joyas fueron recuperadas durante los allanamientos realizados.

Las autoridades señalaron que el avance de la investigación permitió reunir pruebas e indicios suficientes para solicitar las órdenes judiciales que se ejecutaron en las dos propiedades. No obstante, el expediente continúa en trámite con intervención judicial para determinar cómo se concretó la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.

Tras los procedimientos, la Policía volvió a advertir sobre este tipo de estafas telefónicas y recomendó extremar los cuidados frente a llamados de desconocidos que soliciten dinero, joyas u otros objetos de valor.

De la misma manera, recordaron que ninguna entidad bancaria envía personas a los domicilios para retirar pertenencias y aconsejaron verificar cualquier versión con familiares antes de concretar una entrega.

Estafa amorosa en Paraná: creyó que su novio virtual iba a viajar y transfirió casi $30 millones

Hace una semana, otra mujer de Paraná denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi 30 millones de pesos después de sostener durante más de un año una relación a distancia con un supuesto ciudadano británico. El sospechoso le prometía viajar a Entre Ríos para conocerla y entablar una relación amorosa.

La investigación ya tuvo una primera medida judicial en Concordia. Allí, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares y también quedó vinculada a la causa una mujer sospechada de haber recibido parte del dinero.

Según se reconstruyó, la víctima, de 60 años, relató que el contacto comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook y luego siguió por WhatsApp. En ese intercambio, el hombre se presentaba como Michael Lawrence Williams y utilizaba una línea telefónica con característica del Reino Unido.

El vínculo fue tomando un tono sentimental con el correr del tiempo. En ese contexto, el supuesto británico le aseguró que quería viajar a la capital entrerriana para conocerla personalmente, pero empezó a pedirle dinero con distintos argumentos vinculados al traslado.

La mujer, convencida de que el encuentro iba a concretarse, tomó préstamos en entidades bancarias y no bancarias para reunir los fondos. De esa manera realizó transferencias por $29.816.400,69, monto que ahora forma parte central del expediente judicial.

La pesquisa quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y avanzó con tareas de la División Cibercrimen. Por medio de actuaciones, se logró determinar que parte del dinero había sido derivado a una cuenta a nombre de una mujer identificada por sus iniciales D.C.M.

Con ese dato, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda de calle La Heras, en Concordia. El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que notificó a la sospechosa y secuestró tres teléfonos celulares para su análisis pericial.

Una modalidad de estafa en WhatsApp aprovecha las fotos de visualización única para enviar imágenes comprometedoras desde números desconocidos y luego extorsionar a quien las abre con pedidos de dinero para evitar supuestas represalias.

Según advirtió la Policía Nacional de España, la maniobra fraudulenta se apoya en una función disponible desde 2021 en la aplicación de Meta, que fue diseñada para reforzar la privacidad, pero que ahora los ciberdelincuentes usan como gancho por el efecto de curiosidad que genera el contenido oculto.

El organismo español pidió a los usuarios no abrir ni responder este tipo de mensajes cuando lleguen desde teléfonos desconocidos, incluso si parecen inofensivos o despiertan interés.

Cómo opera esta estafa a través de mensajes en WhatsApp

El mecanismo, de acuerdo con la fuerza de seguridad, comienza con el envío de una foto de visualización única, por lo general con contenido sensible o comprometedor. Cuando la víctima la abre, el estafador detecta que ya fue vista y envía un segundo mensaje en el que afirma que se trató de un error.

A partir de ese momento empieza la presión. El ciberdelincuente acusa al usuario por haber accedido a la imagen y lo amenaza hasta exigirle dinero a cambio de no tomar represalias.

Las fotos de visualización única existen en la app desde hacer varios años y permiten compartir imágenes o archivos multimedia que desaparecen del chat después de una sola apertura. Se trata de mensajes temporales pensados para que el contenido no permanezca disponible de forma indefinida dentro de la conversación.

Esa característica práctica, que en origen buscaba proteger la privacidad, es precisamente la que explotan los ciberdelincuentes. La imagen permanece oculta hasta que el destinatario decide abrirla, y esa expectativa se convierte en el punto de entrada de la estafa.

La respuesta directa ante un caso así incluye acciones como bloquear el número dentro de la plataforma y reportar el contacto. Esas medidas buscan cortar el intercambio antes de que el intento de extorsión avance.

Qué señales permiten identificar un mensaje sospechoso en WhatsApp

Entre los indicios que pueden alertar sobre un contacto no confiable aparecen los errores ortográficos o gramaticales y los pedidos para pulsar enlaces, activar funciones por medio de un enlace o descargar una aplicación.

Además, figuran las solicitudes de información personal, como datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas. Otro grupo de señales incluye pedidos para reenviar mensajes, reclamos de dinero y avisos que aseguran que hay que pagar para usar el servicio.

WhatsApp recordó que la aplicación es gratuita y que cualquier cobro por utilizarla, o una oferta para desbloquear una cuenta a cambio de un pago, puede ser un intento de obtener información financiera o personal.

Cómo los estafadores se desenvuelven a través de WhatsApp

La aplicación advierte que son comunes los casos cuando el estafador se hace pasar por alguien conocido, mensajes vinculados con loterías, apuestas, empleos, inversiones o préstamos, y conversaciones en las que el remitente intenta ganar confianza antes de pedir datos privados.

Cuando el primer mensaje llega desde una persona que no está guardada en la agenda, la aplicación muestra detalles para ayudar al usuario a decidir cómo actuar.

Esos datos permiten comprobar si ambos comparten grupos y si el número está registrado en un país distinto. Con esa información, el usuario puede optar por responder, guardar el contacto, bloquearlo o reportarlo.

Las prácticas sugeridas ante un mensaje sospechoso son no tocarlo, no compartirlo y no reenviarlo si parece dudoso o muy bueno para ser cierto. Se aconseja revisar con atención enlaces y archivos antes de abrirlos, porque pueden parecer legítimos y aun así ser maliciosos.

Asimismo, si persisten las dudas sobre la identidad de un contacto desconocido, la recomendación es hacer preguntas personales para verificar quién está detrás del mensaje. Otra alternativa es confirmar esa identidad con una llamada o una videollamada.

La Nueva EPS emitió una alerta ante posibles contactos de terceros que estarían usando sin autorización el nombre de sus directivos y funcionarios para pedir dinero a cambio de intervenir en pagos, contratos o acuerdos con la entidad.

La advertencia, divulgada el 2 de septiembre de 2026, está dirigida a instituciones prestadoras de salud (IPS), proveedores y ciudadanos. Según informó la entidad, los presuntos intermediarios también invocarían el nombre de su agente especial interventor, Roberto Solano Navarra.

Nueva EPS indicó que recibió información sobre personas que solicitarían pagos, comisiones, transferencias a cuentas personales o dádivas con el argumento de agilizar obligaciones pendientes, gestionar contratos o intervenir en procedimientos administrativos.

Al respecto, la entidad precisó que ninguna persona está habilitada para cobrar o exigir contraprestaciones económicas como condición para adelantar pagos, obtener contratos o tramitar acuerdos.

“Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones utilizando mi nombre o el de los funcionarios de Nueva EPS”, afirmó Solano Navarra en una comunicación oficial.

El interventor agregó que la institución mantendrá una política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular” que use el nombre de la entidad o de sus representantes para obtener beneficios económicos indebidos.

La compañía recordó que todos sus procesos administrativos, financieros, contractuales y de pago se manejan por medio de los canales institucionales, las áreas competentes y los procedimientos ya definidos. Por esa razón, sostuvo que no se requiere recurrir a terceros para facilitar o acelerar ninguna gestión.

De la misma manera, la entidad de salud solicitó a prestadores, proveedores y ciudadanos que no entreguen dinero ni realicen transferencias si reciben llamadas, mensajes, correos electrónicos u otros contactos bajo esas modalidades.

También pidió conservar los números telefónicos, mensajes, correos, datos bancarios y cualquier otro elemento que permita identificar el presunto intento de suplantación. Nueva EPS señaló que verificará internamente los casos que sean puestos en su conocimiento y que, si corresponde, trasladará la información a las autoridades competentes.

Los reportes pueden realizarse a través de la Línea Ética de Nueva EPS, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año: la Línea telefónica: 01 8000 113051, y el correo electrónico: lineaeticanuevaeps@pwc.com.

Procuraduría pidió investigar a 13 exfuncionarios por la crisis de Nueva EPS

Un informe de la Procuraduría General de la Nación planteó abrir una indagación disciplinaria contra 13 exfuncionarios relacionados con la vigilancia, administración e intervención de Nueva EPS, para establecer si sus actuaciones u omisiones tuvieron incidencia en los problemas de atención, financieros y administrativos de la aseguradora.

Entre los nombres incluidos en el expediente figuran el exministro de Salud Guillermo Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exagente interventor de la entidad Jorge Iván Ospina, según informó El Colombiano.

El documento fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. La actuación deberá ser asumida por el delegado José Rodrigo Vargas, quien definirá si existen méritos para avanzar en la investigación y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias.

La solicitud no equivale a una sanción ni determina, por ahora, responsabilidades individuales. El proceso deberá establecer si hubo conductas que puedan ser objeto de reproche disciplinario y si existió relación entre las decisiones de los exfuncionarios y la situación de la EPS.

El informe menciona a Guillermo Jaramillo, que estuvo al frente del Ministerio de Salud entre mayo de 2023 y agosto de 2026. La Procuraduría busca establecer si decisiones adoptadas durante su gestión tuvieron relación con el deterioro de la atención a los afiliados y con las dificultades administrativas y financieras de Nueva EPS.

El expediente también incluye a Daniel Quintero, por su vinculación con las funciones de vigilancia y supervisión de la entidad, y a Jorge Iván Ospina, quien ejerció como agente interventor.

El doble homicidio de una pareja dentro de un automóvil en Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, podría estar relacionado con redes de crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, según las dos líneas de investigación que mantiene abiertas la Policía Nacional.

El director de la institución, Jaime Fernández, explicó que los investigadores recopilan videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena. La Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial analizan ese material para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

Fernández aclaró que hasta ahora no existen personas aprehendidas por el doble homicidio, contrario a versiones que circularon inicialmente. Aseguró, sin embargo, que las autoridades cuentan con abundante evidencia y trabajan junto con el Ministerio Público para realizar las diligencias y los allanamientos que requiera la investigación.

El ataque ocurrió la tarde del 25 de agosto, cuando varios hombres armados se aproximaron a un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre y dispararon contra sus ocupantes.

El lugar se encuentra cerca de una estación del Metro y mantiene una circulación constante de peatones, conductores y repartidores.

El hombre murió en el sitio, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. La mujer falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El crimen provocó una tercera muerte al interrumpir violentamente el embarazo de la víctima.

La condición de la mujer agregó especial gravedad a un ataque cometido alrededor de las 5:00 p. m. y en un área ampliamente transitada. Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la DIJ procesaron la escena, recopilaron indicios balísticos y comenzaron a revisar la ruta utilizada por los pistoleros para escapar.

Una de las hipótesis mencionadas por Fernández relaciona el crimen con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, una modalidad que habría surgido en Medellín, Colombia, durante la década de 1990. Posteriormente, el mecanismo se extendió hacia otros países de América Latina y el Caribe.

El esquema ofrece dinero inmediato sin contratos formales, garantías, referencias bancarias ni evaluación de la capacidad de pago. Sus principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas excluidas del sistema financiero. A cambio de esa facilidad, los prestamistas imponen intereses elevados y cobros diarios.

El nombre “gota a gota” proviene precisamente de la entrega diaria de pequeñas cuotas que van pagando gradualmente la deuda. Sin embargo, los intereses y recargos pueden impedir que el compromiso disminuya. En algunos casos, el deudor termina entregando varias veces la cantidad recibida originalmente sin cancelar el préstamo.

Cuando una persona se atrasa, los cobradores pueden recurrir a intimidaciones, amenazas, agresiones, destrucción de negocios o ataques contra familiares. La información personal entregada al solicitar el dinero también puede utilizarse para ejercer presión. Estas acciones convierten una deuda informal en un mecanismo de control y explotación criminal.

El préstamo informal, por sí solo, no convierte automáticamente cada caso en un delito ni demuestra la actuación de una organización criminal. La conducta adquiere relevancia penal cuando intervienen prácticas como la extorsión, las amenazas, las lesiones, la asociación ilícita, el blanqueo de capitales o el homicidio utilizado como método de cobro.

Estos grupos suelen utilizar cobradores distribuidos por zonas y registros detallados de clientes, cuotas, domicilios y lugares de trabajo. La facilidad para entregar dinero en efectivo también les permite penetrar comunidades con limitado acceso al crédito, mientras el temor a represalias reduce las denuncias y dificulta rastrear las operaciones financieras.

En el caso de Villa Lucre, la Policía todavía debe establecer si alguna de las víctimas mantenía una deuda vinculada con esta modalidad o si el ataque respondió a otra actividad del crimen organizado. Fernández enfatizó que todas las posibilidades permanecen abiertas y calificó el doble asesinato como un hecho inusual dentro de ese sector de San Miguelito.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue su motivación y si otras personas ordenaron el crimen. Los videos, peritajes balísticos, comunicaciones y movimientos previos de las víctimas serán determinantes para comprobar o descartar la hipótesis del “gota a gota”, que por ahora continúa siendo únicamente una línea investigativa.

“El tiempo pasa, sin novedades de la causa, los días avanzan, las deudas crecen y me veo en la obligación de tomar la decisión de vender la fábrica”, escribió Lanzelotta en sus redes sociales junto al video del anuncio de que quiere desprenderse de Bien Limpio, su emprendimiento. “No hay palabras, solo un profundo dolor y mucha tristeza”.

En el video, el exparticipante de Gran Hermano aclaró que la venta no implica el cierre del negocio. La fábrica opera con normalidad, tiene una cartera de clientes activa y factura cada mes un poco más que el anterior. “No venís de cero, venís con una fábrica armada y en funcionamiento”, dijo en el anuncio. Según su testimonio, el comprador recibirá maquinaria, redes sociales consolidadas y proveedores ya establecidos, y Lanzelotta se comprometió a acompañar la transición con asesoramiento. “Quiero creer que la persona que venga va a llevar a Bien Limpio a donde yo no pude. Es una fábrica chica, pero en crecimiento”, afirmó, y se comprometió a acompañar al comprador con proveedores, insumos y cartera de clientes. “Yo lo voy a asesorar y ayudar con todo”.

El 10 de agosto pasado, Brian denunció haber sufrido una estafa por 17 millones de pesos y desde entonces su vida se volvió pura incertidumbre, entre el impulso por cerrar y la reacción solidaria que lo empujó a intentarlo. “Yo daba por terminado Bien Limpio. Pero me senté a leer los mensajes de cariño y la verdad es que no me puedo dejar vencer una vez más”, había dicho cuando una ola de apoyo en redes parecía darle un nuevo empujón al emprendimiento.

El derrumbe comenzó con lo que parecía una oportunidad extraordinaria. Un supuesto cliente, que dijo ser de Mendoza, encargó 3.800 bolsones de papel higiénico, el volumen más alto que la fábrica había recibido. Para afrontar la materia prima, el suegro de Lanzelotta sacó un préstamo. Él y su hermano Eloy se instalaron en el galpón y trabajaron sin pausa. Lograron preparar 3.100 bolsones. “Lo demás ya lo hice todo yo. Simplemente hoy ya no lo puedo sostener”, diría después Lanzelotta al explicar su decisión.

El día de la entrega, los comprobantes de transferencia que presentó el comprador resultaron ser falsos: el CUIT y el nombre de la empresa existían, pero ningún dinero había salido de esa cuenta. El camión con la mercadería partió rumbo a Mendoza y el pago nunca llegó.

Seguidores mendocinos que vieron los videos en redes comenzaron a enviarle fotos, nombres y direcciones. Así se supo que parte de la mercadería había llegado a una distribuidora local y que algunos vendedores la comercializaban por TikTok. Su abogado presentó la denuncia en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín. La causa investiga si el esquema responde a una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices.

En paralelo, se inició una campaña solidaria en redes y en medios. La difusión del caso en los programas de Carmen Barbieri y de Sergio Lapegüe permitió recaudar 10 millones de pesos. Esa cifra redujo la deuda de forma significativa, pero no alcanzó para saldarla. “Dejé todo para meterle a este proyecto y de la peor manera tengo que despedirme. Dejé la música, dejé mi vida entera para poder hacer esto y no se dio”, dijo Lanzelotta en el video. “Con mucha tristeza me toca vender”.

Un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral. Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la evidencia reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.

R.A.B. quedó a disposición de la Justicia. La imputación formulada en su contra tiene carácter provisorio y deberá ser evaluada en las próximas audiencias, en el marco del principio de inocencia.

Procesaron a una funcionaria por comprar cuentas para lavar dinero

En otro caso de presunta defraudación financiera, una funcionaria judicial de La Plata fue procesada por estafa, lavado de activos y asociación ilícita en el marco de una investigación que apunta al manejo irregular de aproximadamente $27.000 millones movilizados en el término de un año.

La acusada, identificada con las iniciales A. M. e integrante del Patronato de Liberados, se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización que habría liderado la acusada captaba personas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos. Con esa información se abrían cuentas en billeteras virtuales que luego operaban como “mulas” para recibir y transferir fondos de origen desconocido.

La operatoria, conocida como “smurfing” o “pitufeo”, consistía en fraccionar grandes sumas en múltiples transacciones menores para eludir los controles financieros. Una vez completado ese circuito, el dinero era derivado a un casino online ilegal, donde se convertía en supuestas ganancias de juego para dificultar el rastreo de los fondos.

El avance clave de la causa se produjo el 16 de abril de 2026, cuando Lacki ordenó múltiples allanamientos sobre la base de pruebas reunidas durante meses de análisis técnico. Las autoridades investigan el papel que desempeñó cada integrante de la estructura y sospechan que A. M. habría utilizado su posición en el Patronato para acceder a personas bajo supervisión judicial o en contextos de vulnerabilidad social, circunstancia que podría derivar en un cargo adicional por abuso de función pública.

Cinco acusados por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación en septiembre de 2024, fueron condenados a penas de dos a tres años y dos meses de prisión efectiva.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires, que homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, las defensas y la querella del Banco Nación.

Una maniobra coordinada para estafar

En la sentencia, el tribunal dio por probado que hubo una maniobra coordinada para desviar fondos de la UBA mediante documentación y correos falsos, mover ese dinero por cuentas de empresas y convertir parte en criptomonedas para ocultar su origen. Todos los acusados aceptaron el acuerdo de juicio abreviado, reconocieron los hechos y fueron condenados, según el fallo firmado por el juez subrogante Diego García Berro al que accedió Infobae.

Desde sus lugares de detención se conectaron por Zoom con el Tribunal y admitieron ante el juez su participación en lo ocurrido en septiembre de 2024 cuando mediante engaños lograron que se les gire una millonaria suma de dinero desde las cuentas bancarias de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires.

El juez remarcó que los imputados “han admitido tanto la existencia de los hechos atribuidos como sus respectivas participaciones”. También dejó asentado que los acusados “ratificaron el contenido del acuerdo, reconocieron la existencia de los hechos y sus participaciones en aquél y manifestaron comprender sus alcances y sus consecuencias”.

De qué se los acusó

La causa giró en torno a una maniobra de defraudación contra la administración pública que tuvo como damnificada a la UBA, a través de transferencias ejecutadas desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología durante dos días, en septiembre de 2024.

Para eso usaron “notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”, dirigidas al Banco Nación. A eso se sumó la creación de correos electrónicos con un dominio similar al de la UBA y comunicaciones telefónicas para darle apariencia de legitimidad a las órdenes de transferencia.

El tribunal dio por acreditado que parte del dinero fue enviado a cuentas de las firmas Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A., luego redireccionado principalmente hacia otra sociedad Aigle S.A., y finalmente usado para la compra de criptomonedas USDT, en una secuencia que encuadró como lavado de activos.

La ruta del dinero

Dos de los condenados, Lucas Rigoni y Enrique Cutrona, eran responsables de Eksplodo S.A. y recibieron en la cuenta de esa firma dos transferencias provenientes de la cuenta de la Facultad de Derecho de la UBA por $275.480.000 el 12 de septiembre de 2024 y $172.990.533 un día después, el 13 de septiembre.

Según la sentencia, una vez acreditados esos fondos, “realizaron diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”. Entre otras operaciones, transfirieron a Aigle S.A. $200 millones, $150 millones, $21,1 millones y $50 millones. Los fondos fueron luego aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT, lo que configuró “un claro circuito de lavado de activos”, concluyó la sentencia. La acusación los ubicó como partícipes necesarios en la defraudación y autores del lavado.

Un tercer acusado, Alex Heredia, era apoderado de Elysium Capital y recibió en la cuenta de esa empresa dos transferencias enviadas desde la cuenta de la Facultad de Odontología de la UBA por $496.720.000 el 13 de septiembre de 2024 y $451.901.000 el 16 de septiembre de ese año. Después transfirió todo a Aigle S.A. Esos fondos fueron después aplicados a la compra de 694.974 USDT y enviados a una billetera electrónica. El tribunal afirmó que Heredia participó “de manera necesaria y coordinada en la maniobra defraudatoria en perjuicio de la UBA”.

El acusado Ángel Martín fue quien ideó la “simulación” que hizo creer que la UBA estaba “canalizando órdenes de transferencias de fondos emitidas por los funcionarios de las facultades autorizados a operar las cuentas bancarias”. Ese ardid se desplegó “a través de comunicaciones telefónicas y por correo electrónico, utilizando dos abonados telefónicos y cuentas de correo electrónico con un dominio similar al de la UBA”.

El tribunal detalló que el dominio ubatec.net.ar y varias casillas como tesoreria@ubatec.net.ar y economia@ubatec.net.ar fueron creados el 10 de septiembre de 2024 por un usuario identificado como “Pablo García”, a través de Donweb, y que los accesos informados por la empresa estaban vinculados a una línea atribuida a Martín. “Su aporte fue primordial, al brindar un canal de contacto con la víctima que se asemejaba al real, asegurando la concreción del ardid desplegado”.

Por último, Micaela Bounchanavong fue condenada por su rol de coordinación en la maniobra. “Brindó la información necesaria y dio las instrucciones para que se realizaran determinadas transferencias en favor de Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A.”. También se la señaló como quien ordenó los movimientos posteriores para dificultar la trazabilidad del dinero. El tribunal afirmó que instruyó a Enrique Aníbal Cutrona y Lucas Rigoni para que transfirieran a Aigle $421.100.000 y a Heredia para que transfiriera $937.000.000. Fue condenada como partícipe necesaria de la defraudación y autora del lavado.

Las penas impuestas fueron pactadas en el juicio abreviado. Rigoni recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Cutrona: 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Heredia: 3 años y 2 meses; Bounchanavong: 3 años y 2 meses y Martín: 2 años y 3 meses.

El juez explicó en la sentencia que, en este tipo de trámite, no pudo imponer una pena más grave que la acordada por las partes. También remarcó “la particular sofisticación de las maniobras” y “la extensión del daño causado”.

La Justicia de California desarticuló una maniobra que dejó sin ahorros a decenas de trabajadores latinos que buscaban abrir un negocio propio.

Fernando Jauregui Ochoa, dueño de 8A Food Trucks, fue declarado culpable de 18 cargos por obtención de dinero mediante fraude, un cargo por intimidación de testigos y un agravante por haber apuntado a personas vulnerables por su situación migratoria, afirmó Los Angeles Times.

El caso tomó relevancia por el perfil de los afectados y por la magnitud de las pérdidas. La fiscalía del condado de Stanislaus sostuvo que muchas de esas personas habían trabajado durante años para reunir los recursos necesarios para comprar un camión o un remolque gastronómico, con la expectativa de convertir ese vehículo en su fuente de ingreso.

Los Angeles Times indicó además que Ochoa fue obligado a pagar restitución y que la audiencia de sentencia quedó prevista para octubre.

La acusación señaló que el empresario, de 30 años, recibía pagos por adelantado para fabricar esas unidades, pero no concretaba las entregas o entregaba vehículos en malas condiciones.

El diario estadounidense detalló que los fiscales atribuyeron a esa operatoria pérdidas cercanas a USD 1.000.000.

El caso se apoyó en decenas de denuncias y en un patrón de engaño

De acuerdo con Los Angeles Times, la investigación comenzó en abril de 2023, después de que la oficina de investigaciones del fiscal recibiera múltiples denuncias vinculadas con 8A Food Trucks. Los fiscales aseguraron que más de 40 personas sufrieron pérdidas por cientos de miles de dólares.

En una etapa anterior del proceso, las autoridades habían señalado que el monto del fraude alcanzaba unos USD 993.000 y que al menos 28 denunciantes ya habían sido identificados.

Los Angeles Times consignó además que 15 clientes atribuían pérdidas por más de USD 475.000.

Los investigadores sostuvieron que Ochoa utilizó el dinero de sus clientes para gastos personales. La acusación afirmó que parte de esos fondos terminó en drogas, viajes y artículos de lujo.

El medio también recordó que el empresario mostraba en redes sociales una imagen de prosperidad, con publicaciones en motos de agua y junto a un Corvette negro.

La fiscalía apoyó parte de su acusación en ese contraste. Jeff Laugero, fiscal de distrito de Stanislaus, afirmó que el acusado “explotó la confianza y las vulnerabilidades de sus víctimas y les robó”, en declaraciones difundidas por su oficina y recogidas por Los Angeles Times.

Las víctimas eran trabajadores que buscaban abrir un emprendimiento propio

El impacto del caso alcanzó a familias que habían apostado sus recursos a un emprendimiento propio. Los Angeles Times señaló que entre los afectados había trabajadores rurales, cocineros, personal de limpieza y obreros de la construcción.

Una de las denunciantes, Paulina Quintal, declaró al medio que muchas de las personas engañadas eran jornaleros y que varias incluso pidieron ayuda económica a familiares en México. Quintal aseguró que al menos una persona sufrió un infarto después de perder su dinero y ahora necesita una silla de ruedas.

“Soy residente legal, pero muchas de las personas a las que les robó no tenían papeles. A él no le importó. Me rompió el corazón y me dije: no vas a salirte con la tuya y no vas a burlarte de tu propia gente”, dijo Quintal al periódico.

El jurado validó ese agravante al emitir el veredicto y respaldó así la acusación de la fiscalía sobre la especial vulnerabilidad de parte de los denunciantes.

Una sentencia prevista para octubre marcará el cierre judicial del caso

El expediente también incluyó un episodio de intimidación. Los Angeles Times recordó que Paulina Quintal y su esposo, Alejandro Gonzalez, denunciaron amenazas después de una disputa con Ochoa por pagos y por la propiedad de un remolque que habían comprado.

La pareja sostuvo que el conflicto derivó en el cierre de su restaurante, Mi Casita Purepecha, en San Bernardino. Gonzalez declaró que, tras la desaparición del tráiler, acudió al negocio de Ochoa en Ceres y encontró el lugar vacío.

Días después, añadió, dos hombres llegaron al restaurante y uno exhibió un arma. Más tarde, la pareja afirmó haber recibido un mensaje de voz amenazante.

Consultado por Los Angeles Times, Ochoa negó haber robado los remolques y rechazó haber enviado personas para intimidar al matrimonio.

Ochoa será sentenciado el 30 de octubre y, de acuerdo con los fiscales, deberá cumplir 20 años de prisión además de pagar restitución.

Quintal dijo a Los Angeles Times que estará presente ese día, después de haber impulsado durante meses las denuncias contra el empresario.

Las víctimas, un hombre de 64 años y una mujer de 63, fueron trasladadas al hospital y quedaron fuera de peligro, debido a los debido a los golpes propinados con una varilla de hierro por el hombre de 32 años.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 461 C y 12 B, especificó 0221. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría escalado el paredón del frente del inmueble y accedido al interior a través de una ventana que se encontraba abierta. Estando adentro sorprendió a los propietarios que se encontraban en la cocina.

En ese lugar, el acusado tomó una varilla de hierro de unos 35 centímetros y golpeó a la pareja en la cabeza provocándoles un traumatismo craneal a ambos. Tras el ataque, se apoderó de dos teléfonos celulares —un iPhone con funda roja y un Samsung con funda azul— y abandonó la vivienda. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por vecinos del barrio antes de que pudiera alejarse.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Comando de Patrullas Norte. Los policías hallaron al sospechoso inmovilizado por los vecinos y encontraron que entre sus ropas llevaba los dispositivos teléfonicos. Los aparatos fueron renocodiso por los dueños. Dentro de la vivienda, los efectivos también hallaron el arma utilizada durante el ataque, junto a manchas de sangre. Todos estos elementos quedaron secuestrados y fueron incorporados a la investigación como prueba.

La pareja fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica. Tras ser asistidos, los dos propietarios quedaron fuera de peligro.

El sospechoso quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial. La causa fue caratulada como “robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien dispuso la aprehensión formal y el traslado del acusado para prestar declaración. La Justicia deberá definir su situación procesal.

Se salvó de una golpiza en la calle

Un joven de 26 años fue rescatado por la Policía en la localidad misionera de Apóstoles luego de que un grupo de personas intentara agredirlo en la vía pública al acusarlo de haberlos engañado con presuntas promesas de trabajo en Brasil. Tras la intervención policial, el sospechoso quedó demorado y avanzó una causa por presunta estafa.

El episodio ocurrió días atrás en la esquina de López y Planes, donde efectivos de la Comisaría Primera advirtieron la situación mientras realizaban recorridas preventivas por la zona. De acuerdo con la información difundida por El Territorio, los agentes observaron cerca de las 19.50 que al menos ocho personas se abalanzaban sobre el joven, identificado como David R., por lo que intervinieron para dispersar al grupo y ponerlo a resguardo.

Según la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por una supuesta gestión laboral que el acusado ofrecía para facilitar trámites vinculados con empleos en territorio brasileño. A partir de esa propuesta, varias personas le habrían entregado dinero con la expectativa de avanzar con la documentación requerida para trasladarse y trabajar en ese país. Sin embargo, nunca se concretó.

El Territorio informó que al menos dos jóvenes, de 18 y 22 años, formalizaron una denuncia contra el sospechoso. Ambos aseguraron que le transfirieron una suma que superaba los 10.000 pesos para cubrir trámites relacionados con el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), un documento exigido para diversas gestiones en Brasil.

Tras ser retirado del lugar, David R. fue trasladado a una dependencia policial. La investigación continúa para determinar si hubo más damnificados y para avanzar con la notificación formal de la causa judicial en su contra por presunta estafa.

El rapero del área de Los Ángeles Ada William Obayuwana, conocido como ColdheartedAC, quedó bajo custodia esta semana en un caso que expone el presunto uso de pagos públicos robados, documentación alterada y cuentas abiertas para captar fondos ajenos en el sur de California.

El expediente tomó dimensión por el volumen atribuido a la maniobra y por la variedad de desembolsos comprometidos, entre ellos reembolsos impositivos, beneficios para veteranos y transferencias de la Administración del Seguro Social, tal y como informó Los Angeles Times.

La presentación judicial también involucra a Albert Tai Vu, de Westminster, y a Cassandra Marie Murillo, de San Diego. De acuerdo con el medio, los tres quedaron señalados en una acusación de 25 cargos vinculada con documentos del Tesoro de Estados Unidos y otros papeles bancarios pertenecientes a particulares y empresas.

Los fiscales sostienen que las operaciones se extendieron entre abril de 2022 y diciembre de 2023. La pesquisa ubica esas maniobras en entidades financieras de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego.

Qué dice la acusación federal sobre los cheques, las cuentas y la suplantación de identidad

El Departamento de Justicia afirma que el grupo tuvo en su poder más de 50 cheques robados del Tesoro de Estados Unidos y cientos de documentos adicionales pertenecientes a particulares y empresas. El valor total superó los USD 8,1 millones, aseguró Los Angeles Times.

Ese conjunto abarcaba tanto pagos oficiales como privados. Para hacerse con el dinero, los imputados abrieron cuentas bancarias a nombre de terceros y utilizaron documentación comercial para suplantar a las víctimas, indicó el medio.

El rol que le atribuyen a ColdheartedAC

A Obayuwana le atribuyen el intento de cobro de al menos tres documentos del Tesoro asociados con devoluciones de impuestos por USD 382.109. Los fiscales aseguraron que uno de ellos terminó en un retiro de USD 229.109.

Uno de los tramos centrales del caso remite a un episodio de diciembre de 2023. En ese momento, las autoridades indicaron que Obayuwana tenía en su auto, en Oceanside, más de 100 cheques robados o fraudulentos por un valor acumulado superior a USD 6,1 millones. Dentro de ese conjunto había 48 documentos del Tesoro por unos USD 2.555.417, detalló Los Angeles Times.

Los investigadores además le adjudican el cobro de ocho de esos papeles por cerca de USD 1,7 millones.

Tras el arresto, quedó bajo custodia federal. Enfrenta nueve cargos de fraude bancario, tres cargos por entrega de cheques del Tesoro robados y un cargo por robo de identidad agravado, indicó el reporte.

Los otros acusados y los próximos pasos

La causa también describe maniobras atribuidas a Vu. Los fiscales afirmaron que intentó presentar al menos seis documentos del Tesoro por un total de USD 2,15 millones y que obtuvo fondos de dos devoluciones impositivas por USD 772.159.

La acusación además le atribuye el cobro de dos cheques de caja de USD 250.000 cada uno en un banco de Anaheim.

Con parte de ese dinero, compró un Range Rover y destinó el resto a un pago para Murillo, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times.

En el caso de Murillo, los investigadores le atribuyen el intento de hacer efectivos al menos dos papeles por USD 60.193.

Las autoridades sostienen que obtuvo USD 31.405 de uno de ellos. Vu fue arrestado el jueves y enfrenta cargos por entrega de cheques del Tesoro robados, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Murillo, en tanto, debía entregarse ante las autoridades federales en Los Ángeles el lunes. La acusación en su contra suma un cargo adicional por entrega de cheques del Tesoro robados, señaló Los Angeles Times al reconstruir el avance judicial del caso.

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a Daejon Labrayae Love, de 35 años, y a Taylor Jamie Chan, de 18, de haber defraudado a al menos 26 mujeres por alrededor de USD 1,3 millones mediante una maniobra en la que Love se presentaba como jugador de los San Francisco 49ers.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a ambos el 24 de agosto en el aeropuerto de Boise, Idaho.

La Fiscalía Federal del Distrito de Oregón los imputó por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico. Ambos permanecen bajo custodia, informó The Guardian

Tanto la NFL como los 49ers aseguraron a los investigadores que Love no tenía ninguna relación con ellos, precisó The Athletic.

La construcción de la identidad falsa

De acuerdo con ESPN, la operación comenzó en febrero de 2022 y se prolongó durante más de cuatro años. Los investigadores afirman que Love atraía a las víctimas a través de aplicaciones de citas y redes sociales, donde utilizaba perfiles falsos y distintos nombres, entre los que se encontraban Jon Love, Daejon Love y Avril Lyto Love.

En algunas ocasiones, se hacía pasar por Jordan Love, mariscal de campo de los Green Bay Packers, o aseguraba que ambos eran familiares.

El plan consistía en presentar a Love como un receptor activo de los 49ers o incluso como un inversor inmobiliario acaudalado, miembro de una adinerada familia suiza.

Para respaldar esa historia, publicaba en internet imágenes con indumentaria oficial del equipo, vehículos de lujo y supuestos documentos financieros. A su vez, compartía contenido de jugadores reales de la NFL como si fuera propio y simuló la firma de un contrato en video.

Según el reporte judicial, citado por The Athletic, los investigadores detectaron que había realizado compras por más de USD 1.160 dólares en Green Gridiron, un sitio especializado en cascos personalizados de fútbol americano.

Además, efectuó adquisiciones en empresas que venden dinero falso para producciones audiovisuales y servicios para incrementar seguidores, “me gusta” y visualizaciones en redes sociales.

“Los investigadores creen que estas compras se hicieron para mejorar la imagen en línea de Love y su supuesta posición social, en el marco de la estafa”, indicó la declaración jurada.

Varias víctimas comenzaron a sospechar y buscaron información sobre él en internet. Debido a las publicaciones falsas que había compartido en redes sociales, los motores de búsqueda y algunas herramientas de inteligencia artificial lo identificaban, en ciertos casos, como un jugador legítimo de los San Francisco 49ers.

En enero de 2026, los investigadores confirmaron ese efecto al introducir su nombre y apellido en los buscadores.

El rol de Chan: el supuesto asesor financiero

El segundo imputado, Taylor Jamie Chan, se presentaba ante las víctimas como asesor financiero de Love.

La declaración jurada alega que ambos creaban oportunidades de inversión inexistentes y utilizaban conversaciones, capturas de pantalla y saldos bancarios ficticios para dar una apariencia de legitimidad.

Asimismo, los investigadores afirman que Love llegó a asegurar a las víctimas que Chan poseía un algoritmo secreto de inversión que le había permitido acumular más de USD 30 millones, consignó The Athletic.

Como parte de la estafa, Chan enviaba mensajes a Love sobre supuestas nuevas oportunidades de inversión; Love, a su vez, compartía esas informaciones con las víctimas para convencerlas de enviar dinero.

Además, la pareja organizaba videollamadas por FaceTime, en las que mostraban a las víctimas las supuestas ganancias, reportó CBS News.

En privado, Love se burlaba de algunas de las mujeres junto con Chan, quien tenía solo 14 años cuando comenzó la maniobra, y se quejaba de tener que mantener esas relaciones.

El alcance del fraude y las víctimas detectadas

Los registros financieros analizados por los investigadores indican que Love y Chan habrían recibido aproximadamente USD 1,3 millones de 26 víctimas identificadas en California, Idaho, Washington y Oregón. El FBI sospecha que podría haber muchas más personas afectadas.

La Fiscalía de Oregón señaló que Love prometía rendimientos extraordinarios tanto para él como para las mujeres con las que iniciaba relaciones.

Cuando alguna de ellas no disponía de fondos suficientes, le solicitaba que pidiera préstamos personales bajo la promesa de devolver el dinero posteriormente.

Si una víctima ya no tenía dinero disponible o comenzaba a hacer preguntas incómodas, Love interrumpía el contacto. Ninguna de las mujeres entrevistadas recibió ganancias, reembolso de préstamos ni información real sobre cuentas de inversión.

El acusado hacía creer a muchas de las víctimas que mantenían una relación sentimental auténtica con él. Una de las denunciantes, identificada en documentos judiciales como A.T., relató que tuvieron una relación durante casi un año antes de descubrir la estafa.

Según The Athletic, esta mujer perdió más de USD 87.000 en inversiones ficticias, alquiler de vehículos y otros pagos.

Otra víctima, identificada como G.H., aseguró que la amenazó con violencia física cuando se negó a entregarle sus ahorros.

Las autoridades no encontraron evidencias que demostraran que Love tuviera ingresos legítimos.

Descargar una aplicación en el celular parece una tarea sencilla, pero puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Algunas apps falsas imitan el nombre, el diseño o el logotipo de servicios conocidos para engañar a los usuarios e instalar software malicioso capaz de poner en riesgo datos personales, contraseñas e incluso información bancaria.

Por ello, especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a varias señales antes de pulsar el botón de instalación.

Aunque las tiendas oficiales cuentan con sistemas de revisión y seguridad, ninguna plataforma está completamente libre de aplicaciones fraudulentas. Detectar ciertas irregularidades puede ayudar a evitar caer en una estafa digital.

Las cinco señales que pueden revelar una aplicación falsa

Una de las primeras alertas está en las reseñas y calificaciones de otros usuarios. Las aplicaciones fraudulentas pueden utilizar comentarios falsos para generar una apariencia de confianza. Una gran cantidad de valoraciones de cinco estrellas acompañadas de mensajes muy cortos, repetitivos o poco naturales puede ser una señal para investigar antes de descargar.

También es recomendable revisar la cantidad de descargas. Si una aplicación afirma pertenecer a una empresa o servicio muy popular, pero tiene apenas unos pocos usuarios, conviene desconfiar. Las aplicaciones oficiales de plataformas ampliamente conocidas suelen acumular miles o millones de instalaciones.

Otra señal está relacionada con el nombre, el logotipo y el diseño de la aplicación. Los delincuentes pueden copiar elementos visuales de marcas reconocidas, aunque suelen cometer pequeños errores. Una letra diferente en el nombre, una imagen de baja calidad, colores distintos o un diseño descuidado pueden indicar que se trata de una imitación.

Antes de instalar cualquier aplicación también es importante verificar quién la desarrolló. Los desarrolladores legítimos suelen contar con información identificable y, en muchos casos, con otras aplicaciones publicadas. Si el creador tiene un historial desconocido, poca información o utiliza un nombre sospechoso, es recomendable investigar un poco más.

Finalmente, hay que prestar especial atención a los permisos que solicita la aplicación. Una herramienta sencilla, como una linterna o un editor de imágenes, no debería necesitar acceso a funciones que no están relacionadas con su actividad, como los mensajes, los contactos o determinadas funciones del dispositivo. Cuando una aplicación pide más permisos de los necesarios, puede ser una señal de riesgo.

Verificar si existe una aplicación oficial puede evitar el engaño

Una forma sencilla de comprobar la autenticidad de una aplicación es visitar la página web oficial de la empresa o servicio que dice representar. Desde allí se puede verificar si realmente cuenta con una aplicación para celulares y acceder al enlace oficial para descargarla.

Esta recomendación resulta especialmente útil cuando se trata de bancos, plataformas de pagos, redes sociales o servicios que almacenan información sensible. Los delincuentes suelen aprovechar la confianza que los usuarios tienen en marcas conocidas para crear copias capaces de pasar desapercibidas.

También conviene revisar cuidadosamente la descripción de la aplicación. Los errores ortográficos, frases incoherentes, información contradictoria o una explicación demasiado pobre pueden ser señales de que el programa no pertenece a una empresa legítima.

El peligro no se limita a las tiendas de aplicaciones de terceros

La mayor parte de las aplicaciones maliciosas suele encontrarse en sitios web o tiendas de terceros que cuentan con menos controles de seguridad. Sin embargo, los expertos advierten que algunas también pueden llegar a infiltrarse temporalmente en plataformas oficiales como Google Play Store o la App Store de Apple.

Por este motivo, instalar una aplicación desde una tienda oficial reduce los riesgos, pero no elimina por completo la necesidad de revisar lo que se descarga.

Mario Micucci, especialista de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó que las aplicaciones falsas suelen aprovechar la confianza de los usuarios en servicios conocidos. Por eso, recomienda fijarse en detalles como el desarrollador, la cantidad de descargas y los permisos solicitados antes de realizar una instalación.

Qué hacer antes de descargar una nueva app

Los usuarios pueden reducir considerablemente el riesgo si convierten la verificación en un hábito. Antes de descargar una aplicación, conviene revisar su nombre, buscar información sobre su desarrollador y comprobar las opiniones de otros usuarios.

También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo y evitar instalar archivos de fuentes desconocidas. Una aplicación falsa puede parecer completamente normal a primera vista, pero pequeños detalles pueden revelar que se trata de una imitación.

En un contexto donde los ataques digitales buscan obtener información personal y financiera, dedicar unos minutos a comprobar una aplicación puede evitar problemas mayores. La regla principal es sencilla: si algo parece extraño o la aplicación solicita más información de la necesaria, lo mejor es detenerse y buscar una alternativa oficial y confiable.

Un joven de 26 años tuvo que ser socorrido por efectivos de la Policía cuando un grupo de personas intentó agredirlo en la esquina de López y Planes de la localidad de Apóstoles, acusándolo de haberlos estafado.

El conflicto se generó a partir de un supuestio trámite laboral que el sospechoso les estaba facilitaba por una propuesta laboral en Brasil. Para esto, varias personas le depositaron dinero. Sin embargo, la gestión nunca se concretó.

Los efectivos de la Comisaría Primera misionera se toparon con la situación cuando realizaban recorridas preventivas por la zona. Alrededor de las 19.50 observaron que ocho individuos se abalanzaban sobre David R. por lo que intervinieron de inmediato, separaron al grupo y resguardaron al joven, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Territorio, dos jóvenes de 18 y 22 años lo habían denunciado formalmente por cobrarles dinero para ayudarlos con los papeles necesarios para moverse en Brasil, incluido los supuestos empleos. La suma que le habían transferido al acusado superaba los 10 mil pesos.

Los denunciantes indicaron que el dinero estaba destinado al CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento requerido para distintas gestiones en territorio brasileño. Los jóvenes sostuvieron que, tras recibir los fondos, el hombre no cumplió con lo acordado, lo que derivó primero en un reclamo y luego en un intento de agresión.

Ahora, aguardan a que David R. sea notificado de la instrucción de una causa por estafa. Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar si existen otras personas damnificadas más allá de los dos denunciantes identificados hasta el momento.

Estafó a más de 100 personas con una promesa de empleo

Un hombre fue imputado en Salta por estafar a más de cien personas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial, según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía salteña. El acusado se presentaba ante las víctimas como licenciado en Psicología y aseguraba tener vínculos con ese organismo para gestionar ingresos laborales como secretarias en la Ciudad Judicial.

La maniobra, difundida a través de redes sociales y WhatsApp, incluía el cobro de $40.000 pesos por persona para tramitar certificados de antecedentes. Además, el imputado solicitaba currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal con el pretexto de armar un supuesto legajo.

Tras entregar el dinero y los papeles, las víctimas recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales. La postergación sistemática fue la primera señal de alarma: al acercarse al área de recursos humanos del Poder Judicial de Salta, las denunciantes confirmaron que no existía ninguna convocatoria abierta y que el acusado no trabajaba allí.

La UDEC formalizó la imputación en audiencia a través del auxiliar fiscal Pablo Nieva. El acusado se negó a declarar y, por vía de su defensa oficial, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal. La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real. La investigación se inició a partir de denuncias radicadas entre mayo y junio de este año

Entre los elementos reunidos figuran conversaciones de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y publicaciones oficiales del Poder Judicial. Ante el alcance del fraude, el organismo instó a la ciudadanía a verificar cualquier búsqueda de empleo exclusivamente a través de los canales oficiales y a desconfiar de todo pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales.

Un joven fue detenido en Neuquén luego de intentar pagr con comprobantes de transferencia falsos en un hotel. En consecuencia, se inició una investigación por presunta estafa. La deuda supera el millón de pesos.

El hecho se registró durante la mañana del miércoles 26 de agosto en un hotel céntrico de la capital provincial. La secuencia sumó una denuncia del establecimiento, la actuación de efectivos de la comisaría Primera que realizaban tareas como Bicipolicías y la posterior intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que dispuso la demora del hombre.

La situación no quedó limitada al reclamo administrativo por una cuenta impaga. La causa incorporó luego una requisa personal ordenada por la Justicia, el secuestro de un teléfono celular de alta gama y la apertura de actuaciones que mantienen al sospechoso vinculado al expediente, pese a que recuperó la libertad tras el cumplimiento de las diligencias. De todos modos, quedó supeditado a las actuaciones y resoluciones que adopte la Justicia en el marco de la investigación abierta por la presunta maniobra.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio local Diario de Rio Negro, el conflicto comenzó cuando el huésped buscó retirarse del hotel sin cancelar una deuda que superaba el millón de pesos. Para sostener que el pago ya se había realizado, exhibió distintos comprobantes de transferencias bancarias. El establecimiento revisó esos respaldos y constató que el dinero no figuraba acreditado.

Esa verificación llevó a la administración a dar aviso a la Policía. En ese momento intervinieron agentes de la Policía de Neuquén que desarrollaban recorridas preventivas en la zona céntrica bajo la modalidad de Bicipolicías. Los uniformados tomaron contacto con el personal del hotel y relevaron la información vinculada con los supuestos pagos, según informó el portal Río Negro.

Según los datos difundidos sobre el episodio, los comprobantes presentados por el hombre mostraban inconsistencias. A partir de esa constatación, el caso fue comunicado a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Desde esa dependencia se dispuso la demora del sospechoso por una presunta estafa y su traslado a una dependencia policial.

Durante la tarde, por orden judicial, se realizó una requisa personal sobre el hombre demorado. Ese procedimiento tuvo resultado positivo y permitió el secuestro de un celular de alta gama que, según la investigación, habría sido utilizado para concretar la maniobra. El aparato quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para el expediente.

El secuestro del dispositivo puede ocupar un lugar central en la pesquisa. A partir del análisis del teléfono, los investigadores buscarán establecer su eventual relación con los comprobantes mostrados en el hotel y con la operatoria que derivó en la denuncia. Hasta el momento, la información disponible no incorpora detalles sobre el contenido hallado ni sobre peritajes realizados sobre el equipo.

El caso también expone una modalidad que suele colocar a comercios y servicios ante la necesidad de verificar en tiempo real la acreditación de transferencias antes de cerrar una operación o autorizar el retiro de un cliente.

El expediente continuará ahora con la evaluación de la evidencia reunida, entre ella el teléfono secuestrado y los comprobantes presentados ante el hotel. Ese material será clave para definir el alcance del caso y los próximos pasos judiciales en Neuquén.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un comunicado para advertir a los fieles sobre publicaciones falsas que ofrecen bendiciones, reuniones de 10 minutos y fotos con el papa León VIX a cambio 1.000 soles.

La institución denunció que estos mensajes han comenzado a circular en distintas redes sociales, presentándose como anuncios pagados y utilizando sin autorización el nombre, logotipo e imagen de la CEP. Según la institución, no existe ninguna solicitud legítima de pagos ni transferencias para recibir bendiciones y encuentros con el santo padre en su visita al Perú.

La advertencia se produjo luego de que varios usuarios reportaran haber recibido mensajes que prometen supuestas bendiciones papales a cambio de depósitos bancarios.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos”, expresa el comunicado. De acuerdo a la CEP, ninguna instancia de la Iglesia Católica en el Perú está autorizada a exigir pagos para acceder a actos religiosos o reuniones con el papa.

La institución eclesiástica recomendó que, ante la duda, los ciudadanos consulten únicamente los canales oficiales de la Conferencia Episcopal Peruana o escriban al correo institucional prensa@iglesiacatolica.org.pe para comprobar la veracidad de estos mensajes.

Vaticano advierte sobre estafas digitales

En paralelo a la alerta de la CEP, el Vaticano también manifestó su preocupación por la aparición de perfiles falsos del Papa León XIV en la red social Facebook. Desde 2025, la Santa Sede informó sobre una modalidad de fraude digital que utiliza cuentas fraudulentas para solicitar donaciones económicas a nombre del sumo pontífice, generando confusión entre los fieles católicos de todo el mundo.

“Están circulando perfiles falsos en Facebook del ‘Papa León XIV’, solicitando donaciones”, informó el Vaticano a través de su sitio web y canales oficiales.

Las autoridades eclesiásticas enfatizaron que el Papa no posee una página oficial en Facebook y que jamás realiza peticiones económicas por mensaje privado ni a través de redes sociales. “No existe una página oficial en Facebook del Papa León XIV”, subraya el comunicado.

El Dicasterio para las Comunicaciones explicó que el Papa solo mantiene presencia digital en X (antes Twitter) e Instagram, bajo el usuario verificado @Pontifex. Estas plataformas son los únicos canales reconocidos para difundir mensajes públicos del Santo Padre.

+El Vaticano instó a la comunidad católica a no interactuar con los perfiles falsos y reportarlos directamente a Facebook. Hasta el momento, cientos de usuarios habrían sido contactados por estos estafadores, aunque no se ha informado la cifra exacta de víctimas.

Vía oficial y segura para donaciones

El Vaticano aclaró que la única forma legítima de realizar donaciones al Papa León XIV es a través del Óbolo de San Pedro, la colecta anual que se celebra los días 28 y 29 de junio en parroquias de todo el mundo.

Los fieles pueden colaborar en persona durante las misas o a través del portal oficial del Óbolo de San Pedro, que ofrece opciones seguras para tarjetas de crédito y transferencias bancarias internacionales.

En el caso del Perú, la Conferencia Episcopal Peruana ha habilitado cuentas en el Banco de Crédito del Perú en soles y dólares, facilitando así la contribución de los fieles.

• Cuenta en soles: 193-1448637-0-95
• CCI en soles: 00219300144863709511
• Cuenta en dólares: 193-1448557-1-97
• CCI en dólares: 00219300144855719711

El depósito debe hacerse a nombre de Conferencia Episcopal Peruana – Óbolo de San Pedro. Tras realizar el pago, los usuarios deben enviar una copia del voucher a los correos electrónicos ospedro@iglesiacatolica.org.pe y sec.ospedro@iglesiacatolica.org.pe.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán a Marta Noemí Mitrovich, una líder de la comunidad gitana que permanecía prófuga y sobre quien pesaba un pedido de captura por los delitos de estafa e instigación al suicidio.

La causa se inició en enero de este año, cuando Merlín Díaz Silva, una peluquera de Lomas de Zamora, fue abordada por tres mujeres de la comunidad gitana que le ofrecieron realizar una supuesta “limpieza espiritual” para eliminar un presunto “maleficio económico”.

Según la investigación, para llevar adelante el ritual las sospechosas le pidieron que entregara la totalidad de sus ahorros, una suma millonaria que le prometieron devolver una vez finalizado el supuesto trabajo. En total fueron 14 millones de pesos y joyas.

Sin embargo, el dinero nunca fue restituido. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa e intentó comunicarse con las acusadas.

“Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, fue uno de los mensajes que la víctima les escribió por WhatsApp. Ante la falta de respuestas, advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”.

Frente a esto, una de ellas respondió: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema”. Y continuó: “No te pongas así, porque lo que está sabiendo Dios, te va a castigar si no sacás esas palabras de la boca. Yo te voy a llevar la plata, no seas pelotuda”.

En ese contexto, Silva dejó una carta en la que aportó datos y pidió que se investigara a las responsables del engaño. Finalmente, tomó la decisión de quitarse la vida.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA las tareas destinadas a localizar y detener a Mitrovich, que ya había sido identificada como una de las sospechosas.

La investigación expuso la modalidad utilizada por las acusadas: convencían a sus víctimas de que estaban bajo un maleficio y les pedían importantes sumas de dinero para realizar supuestos “trabajos espirituales”. El avance de las averiguaciones permitió, además, detectar la existencia de otras presuntas damnificadas.

En mayo, la búsqueda de Mitrovich sumó un episodio insólito. Pese a que tenía un pedido de captura vigente, se presentó en una oficina del RENAPER para tramitar un nuevo DNI y no fue detenida porque el sistema no arrojó una alerta en tiempo real. El organismo explicó posteriormente que la notificación judicial ingresó después de que la mujer se había retirado del lugar.

En julio, a partir de tareas de campo y del análisis de la información reunida durante la pesquisa, la Policía Federal detuvo en Temperley a dos hombres familiares de la prófuga, quienes habrían actuado como encubridores al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.

Luego de esas detenciones, los investigadores continuaron con el procesamiento de la información vinculada a un teléfono celular que presuntamente utilizaba Mitrovich. El análisis de distintas redes sociales y de los impactos de antena permitió establecer que la mujer se encontraría en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

Según informó la PFA, allí continuaba realizando sus “trabajos espirituales” para quitar supuestos maleficios.

Con esa información, la División Búsqueda de Prófugos solicitó la colaboración de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán para localizarla. Los investigadores lograron identificar un domicilio en el que sospechaban que se encontraba la mujer.

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Orán, a cargo del juez Gustavo Ramiro Morizzio, los efectivos irrumpieron en la finca y detuvieron a Mitrovich.

La acusada quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Verónica Ninni.

Una mujer de Atlanta recibió una pena de 16 años de prisión por un fraude que desvió casi 10 millones de dólares de Amazon, en un caso que, de acuerdo con CBS News Atlanta, incluyó proveedores falsos, facturas adulteradas y el uso del dinero en propiedades y vehículos de lujo. La condenada es Brittany Hudson, de 40 años, quien además deberá pagar casi 9,5 millones de dólares en restitución.

La historia se remonta a 2022 y tiene como eje una maniobra armada junto a Kayricka Wortham, entonces gerente de operaciones en un depósito de Amazon en Smyrna, en el estado de Georgia. Tal y como informó CBS News Atlanta, ambas aprovecharon sus vínculos con la compañía para canalizar pagos hacia cuentas bajo su control y el de otros involucrados.

Cómo funcionó la maniobra con proveedores falsos

La fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia sostuvo que el esquema operó entre enero y junio de 2022. En ese período, Hudson y Wortham hicieron incorporar proveedores falsos al sistema de la empresa y luego presentaron facturas fraudulentas que simulaban la prestación de bienes y servicios. Wortham, por su cargo dentro de la firma, aprobó esos movimientos.

A partir de esa operatoria, aseguró la oficina del fiscal federal citada por CBS News Atlanta, se transfirieron 9,4 millones de dólares a cuentas bancarias manejadas por la pareja y por otros co-conspiradores. El caso expuso, además, que subordinados de la compañía habrían sido inducidos a intervenir sin conocer que formaban parte de una estafa.

El expediente judicial mostró que el dinero terminó financiando compras de alto valor. Entre ellas aparecieron una vivienda de casi 1 millón de dólares en Smyrna, un Lamborghini Urus 2019, un Tesla Model X 2022, un Porsche Panamera 2018, una motocicleta Kawasaki ZX636 y otros bienes. Esa parte del caso fue presentada por los fiscales como una prueba del destino que tuvo el dinero desviado.

Qué delitos le imputaron y qué resolvió la Justicia

Hudson fue hallada culpable en marzo por un jurado federal. La condena abarcó dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, 17 cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para lavar dinero, nueve cargos de lavado de dinero y un cargo por falsificar la firma de un juez federal.

La sentencia se conoció el miércoles 26 de agosto de 2026. El fallo dispuso 16 años de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, además del pago de la restitución millonaria. CBS News Atlanta precisó que la pena deberá cumplirse sin posibilidad de libertad condicional.

En la misma cobertura, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que Hudson y su pareja “idearon un fraude masivo contra Amazon y robaron casi 10 millones de dólares en apenas unos meses”. El funcionario también expresó, en declaraciones recogidas por el medio, que la acusada “mostró un desprecio absoluto por la ley al falsificar la firma de un juez federal” mientras se encontraba en libertad bajo fianza.

Las acusaciones posteriores y el antecedente de su pareja

La causa no se limitó al desvío de fondos dentro de la compañía. Los fiscales también indicaron que, después de que ambas fueran imputadas en septiembre de 2022, Hudson y Wortham intentaron sostener nuevos vínculos comerciales con terceros a partir de información falsa. Para eso, habrían dicho que los cargos en su contra ya habían sido desestimados.

Esa versión, señaló CBS News Atlanta, estuvo acompañada por documentos judiciales falsificados y también por extractos bancarios adulterados. Ese tramo del expediente fue uno de los elementos que agravaron la situación judicial de Hudson, sobre todo por la acusación vinculada con la firma apócrifa de un magistrado federal.

Wortham, la otra acusada en el caso, ya había sido sentenciada en 2023. Recibió la misma pena de 16 años de prisión, tal y como recordó la emisora local. De esa manera, la Justicia federal de Georgia impuso castigos idénticos a las dos principales involucradas en una maniobra que afectó a una de las mayores compañías del comercio global.

La detención fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras durante controles en el área de Llegada Internacional.

La oficial Sheyla Corea, quien proporcionó detalles sobre el procedimiento, explicó que el ciudadano ingresó a Honduras en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, y fue sometido a la verificación correspondiente en el sistema.

Durante la consulta se confirmó que mantenía una orden de captura pendiente y una alerta internacional, por lo que los agentes ejecutaron el requerimiento judicial. El detenido tiene residencia en Alabama, Estados Unidos, y cuenta con nacionalidad hondureña y estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, la orden de captura fue emitida el 29 de marzo de 2019 por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

El requerimiento judicial lo señala por suponerlo responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública del Estado de Honduras.

La notificación roja de INTERPOL permitió mantener activa la búsqueda internacional del ciudadano y facilitó su identificación cuando ingresó nuevamente al territorio hondureño.

Investigación relacionada con Patuca III

Las acusaciones están relacionadas con un proceso de contratación para el equipamiento de viviendas y oficinas ubicadas en el campamento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

La investigación se enfocó en las compras efectuadas para equipar las instalaciones del proyecto hidroeléctrico. Durante la revisión de esas operaciones, las autoridades detectaron que determinados productos y materiales habrían sido adquiridos por montos superiores a los establecidos en el contrato.

“Las compras realizadas se encontraban sobrevaloradas respecto a lo establecido en el contrato”, explicó la oficial Sheyla Corea al referirse a uno de los elementos identificados durante las diligencias.

El caso a los tribunales

Por la naturaleza de los hechos investigados y su relación con recursos de la Administración Pública, el expediente fue conocido por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. La acusación incluye delitos relacionados tanto con el supuesto perjuicio económico como con el uso de documentación pública.

Las autoridades policiales aclararon que el detenido fue requerido en cumplimiento de una orden judicial y que será el órgano jurisdiccional competente el encargado de continuar con el proceso y determinar las responsabilidades que correspondan.

En este caso, el ciudadano llegó desde Estados Unidos y fue identificado mediante la consulta de los registros policiales antes de abandonar la terminal aérea.

La alerta internacional y la orden de captura permitieron a los agentes establecer que se trataba de una persona requerida desde hacía varios años por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en un contrato vinculado al proyecto Patuca III.

Luego de confirmar el requerimiento, los funcionarios policiales detuvieron al ciudadano en las instalaciones del aeropuerto. Como establece el procedimiento, los agentes le comunicaron los derechos que le asisten como persona detenida antes de trasladarlo bajo custodia.

Una integrante de una junta escolar de Pensilvania quedó en el centro de una investigación judicial tras ser acusada de haber desviado más de 50.000 dólares de la empresa en la que trabajaba para gastos personales.

Jennifer Rivera, de 41 años, miembro de la junta escolar de Lower Merion, enfrenta varios cargos después de entregarse a la policía el 24 de agosto. La información fue difundida por People y retomada por otros medios locales a partir de un comunicado de la fiscalía del condado de Montgomery.

De acuerdo con People, el caso comenzó a tomar forma en junio de 2026, cuando la policía de Lower Merion recibió una denuncia vinculada a la firma SMB, una agencia de marketing para estudios jurídicos con sede en Bala Cynwyd.

La empresa afirmó que una revisión financiera interna detectó movimientos incompatibles con gastos laborales y apuntó a Rivera como la persona que habría usado una tarjeta corporativa para cubrir consumos particulares desde septiembre de 2024.

La acusación, tal y como publicó People, sostiene que el monto total observado por los investigadores asciende a 50.243,31 dólares. A esa cifra se suma otro dato relevante: las autoridades aseguraron que también apareció una reserva para un futuro viaje a las Bahamas pagada con más de 9.000 dólares en puntos de American Express de la compañía, un uso que, de acuerdo con el expediente citado por los medios, no estaba autorizado.

Qué gastos quedaron bajo investigación

El detalle de los consumos atribuidos a Jennifer Rivera incluye varias categorías de gastos personales. People informó que una parte central del caso se relaciona con más de 25.000 dólares destinados a vacaciones para familiares y amigos. La acusación también menciona compras por 25.596,68 dólares en Amazon, donde, de acuerdo con la pesquisa, se habrían cargado prendas de vestir, accesorios de baño y otros artículos de uso privado a la cuenta comercial de la empresa.

A eso se suma otro desembolso más pequeño en términos comparativos, aunque igual de sensible en el expediente. Las autoridades afirmaron, en declaraciones recogidas por People, que 1.339 dólares fueron usados para pagar servicios de fotografía y video vinculados a un bar mitzvah. El caso tomó notoriedad por la combinación de gastos atribuidos a Rivera y por el hecho de que se trata de una funcionaria elegida para integrar un organismo escolar.

El medio local PennLive coincidió en el monto total presuntamente desviado y señaló que la acusada ocupaba funciones dentro de comités de currícula, instalaciones y compras en el distrito escolar. Ese mismo medio remarcó que los cargos no están relacionados con las finanzas del sistema educativo, una aclaración que también aparece en la cobertura de otros portales.

La investigación y los cargos presentados

Según la reconstrucción publicada por People, la denuncia inicial surgió después de que directivos de SMB revisaran documentación interna y detectaran operaciones que, a su entender, no correspondían a actividades de la compañía. A partir de ese hallazgo, detectives de Lower Merion entrevistaron a empleados y examinaron registros contables para establecer el alcance de los consumos observados.

La fiscalía del condado de Montgomery aseguró luego que Jennifer Rivera fue acusada de cuatro cargos de hurto por engaño, recepción de bienes robados y fraude con dispositivo de acceso, todos clasificados como delitos graves de tercer grado. PhillyVoice también publicó que la mujer fue elegida para la junta escolar en 2025.

Tras su comparecencia inicial, las autoridades fijaron una fianza de 25.000 dólares sin garantía de pago inmediata, de acuerdo con lo informado por People a partir de fuentes oficiales. El expediente además establece una restricción de contacto con personas vinculadas a la empresa afectada, afirmaron medios que citaron el comunicado judicial.

Qué puede pasar ahora en el caso

La próxima instancia judicial será una audiencia preliminar prevista para el 2 de septiembre de 2026. Esa instancia servirá para revisar de manera inicial la base probatoria del caso y definir cómo continúa el proceso.

Hasta el momento, toda la información difundida se apoya en la investigación oficial y en los cargos presentados por la fiscalía. En ese marco, las acusaciones siguen siendo alegaciones y deberán ser examinadas en sede judicial. La atención pública permanece puesta en Lower Merion por la combinación de dinero presuntamente desviado, el perfil institucional de la acusada y la cercanía de la primera audiencia.

Una demanda por presunto fraude contra el excandidato presidencial Santiago Botero fue presentada el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por la venta de la fintech FinSocial, en un proceso que podría derivar en reclamaciones superiores a USD 150.000.000. La acción judicial apunta a la información financiera entregada durante la negociación de 2021 y cuestiona la solidez con la que fue presentada la empresa ante sus compradores.

La operación por la que se adquirió el 100% de las acciones de FinSocial se cerró por cerca de USD 36.000.000. Los demandantes argumentaron que la compañía fue ofrecida como una firma tecnológica enfocada en créditos de libranza y consumo, pero que auditorías posteriores detectaron inconsistencias relevantes en los estados financieros usados durante la venta, informó El Tiempo.

La demanda fue interpuesta por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registrada en Islas Caimán. Según la publicación, ambas firmas señalan a Botero, al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. de haber suministrado información presuntamente falsa para concretar la transacción.

El expediente cuestiona garantías crediticias y operaciones no reveladas

Uno de los ejes del caso es un préstamo puente por USD 19.000.000 entregado a la fintech para ampliar su cartera crediticia. Los compradores afirmaron que al aprobar ese desembolso se certificó que la información financiera era correcta y que los créditos entregados como garantía eran válidos, aunque la demanda sostiene que parte de esa cartera habría sido inexistente.

El expediente incorpora además un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. De acuerdo con ese documento, al que accedió el medio citado, el 98% de los créditos ofrecidos como garantía tenía mora superior a 30 días y cerca de $42.000.000.000 del capital de respaldo corresponderían a créditos ficticios o inactivos.

Otro punto central de la demanda es el testimonio del exdirector financiero de FinSocial, Juan Manuel Puerto, a quien los demandantes presentaron como testigo clave. Señalaron que Puerto reconoció irregularidades contables dentro de la empresa.

Sin embargo, el diario precisó que existe una declaración notariada en la que Puerto niega haber dicho que Botero ordenó manipular los libros contables de la compañía. Ese matiz introduce una disputa sobre el alcance real de uno de los testimonios más sensibles del proceso.

Los compradores denuncian desvío de fondos tras la adquisición

La acción judicial también describe una supuesta red de transacciones entre FinSocial y compañías vinculadas al empresario. El expediente señala que entre 2019 y 2021 se habrían realizado operaciones por aproximadamente $57.000.000.000 con empresas relacionadas con Botero, movimientos que, según los compradores, no fueron revelados durante el proceso de adquisición.

Los demandantes agregaron que, después del cierre de la compra, hubo desvío de fondos y ocultamiento de activos. En efecto, afirmaron que decenas de millones de dólares fueron transferidos sin un propósito comercial legítimo, incluidos pagos directos a Botero y a empresas afiliadas.

El empresario, consultado por El Tiempo, rechazó los señalamientos y calificó la demanda como una “distorsión de los hechos”. También sostuvo que los compradores buscan justificar pérdidas derivadas de la operación y afirmó que todas las transacciones tuvieron supervisión de revisores fiscales.

“CRC como de pronto ha perdido plata por el tema del dólar, pues tienen unos costos en las aperturas en los que han perdido dinero. Ellos quieren de alguna manera simular que su fondo no se equivocó en la operación, que los engañaron, sabiendo que ellos hicieron una simulación de una compra de una empresa con un fondo de deuda que ellos no lo podían hacer como fondo de ‘equity’ (fondo de capital privado), eso sí es un ilícito. Ellos hicieron la trampa, hicieron un modelo como si fuera una un crédito”, explicó.

Recibir un paquete inesperado de una empresa reconocida como Amazon puede parecer una simple confusión logística o, incluso, una pequeña sorpresa. Sin embargo, puede esconder una modalidad de estafa, conocida como “brushing”, que afecta a consumidores de plataformas de comercio electrónico en distintos países.

En muchos casos, esta práctica implica la utilización fraudulenta de datos personales con fines de suplantación de identidad y fraudes asociados, lo que representa un riesgo tanto para la privacidad como para la seguridad financiera de los usuarios.

El fraude, que afecta a usuarios en Estados Unidos, España y otros países, se ha sofisticado hasta incluir técnicas de phishing mediante códigos QR y enlaces maliciosos.

En qué consiste la estafa brushing

El brushing es una táctica de fraude en la que un estafador envía productos de bajo costo a destinatarios aleatorios, utilizando sus nombres y direcciones obtenidas de bases de datos digitales o filtraciones.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el objetivo principal es generar una “validación” de entrega que permita a los vendedores publicar reseñas falsas en tiendas como Amazon. Así, los estafadores buscan mejorar artificialmente la reputación de sus productos o tiendas.

Los paquetes asociados a esta estafa suelen contener artículos baratos e intrascendentes, como toallitas húmedas, cepillos de dientes o sobres de semillas.

Además, el envío proviene de compañías desconocidas o nombres genéricos, lo que dificulta rastrear su origen. Según la FTC, la simple recepción de uno de estos paquetes podría indicar que la información personal del destinatario ha sido obtenida o está en riesgo de robo.

Por qué es peligroso recibir paquetes de Amazon no solicitados

El brushing no solo afecta la reputación de las plataformas de comercio electrónico, representa un riesgo de exposición de datos personales. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) señala que recibir un paquete no solicitado puede ser la primera señal de que una identidad ha sido comprometida.

Los datos personales utilizados para estos envíos pueden provenir de filtraciones de información, ataques informáticos o compras de bases de datos ilegales.

En ocasiones, los estafadores incluyen en el paquete una nota con un código QR o un enlace web. De acuerdo con la FTC, los destinatarios pueden ser inducidos a escanear el código para obtener más información sobre el remitente o para gestionar una devolución.

Sin embargo, estos códigos pueden dirigir a sitios de phishing diseñados para recolectar contraseñas o números de tarjetas de crédito, amplificando el riesgo de sufrir un ataque cibernético.

Cómo saber si se ha sido víctima de esta estafa digital

INCIBE advierte que hay indicios claros para detectar el brushing. El primero es la recepción de paquetes sin haber hecho pedidos recientes, sobre todo de productos de bajo costo y marcas desconocidas. Otro signo es la ausencia de información clara sobre el remitente en el paquete, lo cual dificulta hacer un reclamo o una devolución.

Asimismo, recibir notificaciones de entrega de paquetes que el destinatario no reconoce puede ser una alerta. Según el INCIBE, este tipo de comunicaciones suelen llegar mediante correos o mensajes de texto, lo que puede facilitar la confusión y aumentar el riesgo de que la persona caiga en algún tipo de trampa digital.

De igual modo, la insistencia en que el destinatario realice acciones como escanear códigos o ingresar a enlaces extraños debe considerarse una señal de alarma.

Qué pasos seguir si se recibe un paquete de Amazon que no se solicitó

La FTC e INCIBE sugieren actuar con cautela frente a cualquier paquete no solicitado. En primer lugar, no se debe abrir ni usar el producto recibido, porque el hecho de aceptarlo no implica ninguna obligación hacia el remitente. Es preferible mantener el paquete cerrado y contactar con la plataforma de comercio electrónico para reportar el incidente.

El siguiente paso consiste en revisar las cuentas de compras online. Se debe verificar que no existan pedidos no autorizados y analizar el historial de compras para detectar cualquier actividad inusual.

Según la FTC, cambiar las contraseñas de las cuentas, sobre todo si se sospecha una filtración, es una medida preventiva clave. Se debe elegir credenciales robustas y diferentes para cada plataforma.

Una red que manipulaba la muerte para obtener beneficios millonarios

Según Latina Noticias, el principal investigado es Edgar Eduardo Poma Condori, médico legista, acusado de liderar una organización criminal que se valió de su cargo en la fiscalía de Locumba, en Tacna, para emitir certificados de defunción con fechas y datos falsos. El informe revela que los beneficiarios presentaban documentación alterada, incluyendo actas de matrimonio y partidas de nacimiento, para simular vínculos familiares con las personas fallecidas.

La investigación policial, detalla que los certificados emitidos por Poma Condori activaban el pago de seguros de vida y reembolsos de gastos funerarios a través de diversas AFP y aseguradoras. Los expedientes muestran un patrón: personas que habían muerto reaparecían como afiliadas, registraban aportes recientes y, posteriormente, volvían a morir, esta vez con seguros activos a su nombre.

Casos emblemáticos: muertos que recibieron aportes y seguros

Entre los hechos documentados por la Fiscalía destaca el caso de Josué Valdés Gutiérrez, cuyo deceso se certificó dos veces: la primera en 2008 y la segunda en 2020. Días antes de la segunda “muerte”, la empresa Raquelita realizó aportes a su cuenta previsional, y Raquel Rojas Díaz, quien se presentó como esposa, tramitó los pagos de sepelio y el cobro del seguro. Finalmente, la cuenta de Valdés recibió un millón trescientos mil soles provenientes de una aseguradora.

En otro expediente, César Chura Ticona fue afiliado al sistema previsional en mayo de 2020 y declarado muerto en noviembre del mismo año. Su ‘esposa’, Evelyn Enoqui Torres, presentó documentación que la acreditaba como beneficiaria, lo que permitió el cobro de 941.983 soles. Enoqui también aparece vinculada a otro caso como supuesta madre y beneficiaria de Ronald Janco Gallegos, fallecido en 2023, cuyo seguro también fue cobrado tras un certificado firmado por Poma Condori.

La lista incluye más nombres: Rosa Pimentel, afiliada y fallecida dos veces entre 2013 y 2022, con un pago de 88.000 soles a beneficiarios ficticios; César Quispe Arriaga, muerto en 2013 y nuevamente en 2024, con un desembolso de un millón de soles; y Lino Huamaní Ilares, cuya esposa cobró 1.200.000 soles tras su “segunda muerte”.

El rol de funerarias, empresas y otros cómplices

La investigación de la Dirincri y el Ministerio Público identificó la participación de funerarias como Luz en el Cielo y de Alcázar, cuyos registros incluían servicios para varios de los supuestos fallecidos. Además, empresas como Delta Élite Seguridad y Vigilancia, dirigida por Tania Nataly Ticona Nina, figuran como empleadoras de personas que ya habían muerto, facilitando la simulación de aportes previsionales.

Las autoridades también señalaron a Nelly Monroy Zapana, gerente de una de las funerarias, y a Adriana Villanueva Flores, quien presentaba solicitudes para cobrar pensiones de sobrevivencia y reembolsos de sepelio. Todos los integrantes de esta red fueron detenidos y cumplen dieciocho meses de prisión preventiva.

Investigación en curso y posibles conexiones con otros delitos

El fiscal de la Nación, Aladino Gálvez, informó a Latina Noticias que la pesquisa busca determinar no solo el destino de los fondos cobrados sino también si parte de la organización utilizó la falsificación de certificados para encubrir a personas buscadas por la justicia. Según la policía, se hallaron indicios de que el mecanismo pudo haber servido para dar por muertas a personas requeridas por delitos.

Las autoridades han asegurado que investigarán posibles casos de enriquecimiento ilícito y que se emplearán herramientas de inteligencia económica para rastrear bienes y movimientos financieros de los implicados. El caso sigue abierto y la ruta del dinero permanece bajo análisis.

El distrito de San Borja se convirtió en el escenario de una millonaria estafa que dejó sin ahorros a los propietarios de un conocido chifa. Cheng Ching Te, ciudadano taiwanés, y su pareja peruana, Mari Luz Soto, entregaron US$ 80 mil convencidos de que compraban trece kilos de lingotes de oro.

Según relataron, todo comenzó cuando un hombre asiático, quien se presentó como cliente habitual, los abordó en el restaurante y les ofreció oro que, supuestamente, había encontrado durante trabajos de excavación en una constructora.

El vendedor mostró una muestra y propuso realizar pruebas en tres casas de compra de metales. “Nos fuimos a hacer la prueba a tres lugares de compra y venta de oro, el cual certificaron que era oro de verdad de 22 y 18 quilates, pero él al cortar se lo guarda en el bolsillo, entonces ahí es que el desgraciado hace el cambiazo”, explicó Mari Luz Soto en declaraciones recogidas por Panamericana.

Confiados por la validación de los peritos y la aparente autenticidad de la operación, la pareja entregó todos sus ahorros, fruto de años de trabajo en el restaurante. “Yo hice un retiro bancario de 42 que es nuestros ahorros como pareja, también teníamos otros ahorros en la casa, yo tengo en este chifa 13 años, todo eso se nos llevó”, lamentó la empresaria.

El engaño se reveló días después, cuando intentaron vender los lingotes y descubrieron que solo tenían barras de cobre. La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó que el estafador habría usado documentos falsos y hasta un supuesto testamento en chino para aumentar la credibilidad del fraude. “Cuando uno chino habla, pesa palabra”, relató Cheng Ching Te, reconociendo la confianza cultural que facilitó el delito.

Investigación policial y advertencia a la comunidad

La denuncia fue presentada en la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, donde los afectados entregaron videos de cámaras de seguridad que muestran al sospechoso transportando la mercancía en una mochila con ruedas.

“Es lo que pido, que identifiquen su rostro porque se ve en el video, pero ellos tienen todas las herramientas necesarias para que puedan capturarlo”, solicitó Mari Luz Soto.

La Municipalidad de San Borja colabora con la revisión de imágenes de más de diez cámaras de vigilancia para identificar al responsable. La policía investiga si el sospechoso forma parte de una red criminal dedicada a estafas contra comerciantes de la comunidad asiática.

“Es una red criminal de mafia de asiáticos que andan delinquiendo aquí en Perú. Ya conversando esto con otros paisanos, nos dicen que igual o casi similar le han hecho la jugada, igual con montos, dineros altos”, advirtió la empresaria.

Las autoridades exhortan a los empresarios del sector gastronómico y a la comunidad a denunciar cualquier intento de fraude. El caso revela la vulnerabilidad de quienes confían en procedimientos aparentemente legítimos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y alerta en las transacciones de metales preciosos.

La investigación policial sigue en curso, mientras Cheng Ching Te y Mari Luz Soto esperan recuperar parte del dinero que, tras trece años de trabajo, perdieron en un solo día por la confianza y la astucia de un estafador.

La estafa de la llamada perdida, conocida como Wangiri, utiliza la curiosidad que generan las llamadas no contestadas desde números desconocidos para incitar a las víctimas a devolver la llamada y así activar cargos inesperados en la factura.

Existen diversos prefijos internacionales asociados a este tipo de fraude, muchos de ellos correspondientes a países de África, Asia y América Central. Los ciberdelincuentes usan números de tarificación especial, que no figuran dentro de los planes de llamadas ilimitadas ofrecidos por las compañías.

En este contexto, identificar el origen de la llamada es fundamental para evitar caer en la trampa, porque devolver una llamada a estos números puede traducirse en un coste elevado para el usuario.

Cuáles son los prefijos relacionados a la estafa de la llamada perdida

Según Movistar, la lista de prefijos peligrosos relacionados con la estafa Wangiri incluye, entre los más habituales, los siguientes:

• Mozambique (+258).
• Túnez (+216).
• Gambia (+220).
• Redes internacionales (+882).
• Armenia (+374).
• Chad (+235).
• Seychelles (+248).
• Honduras (+504).
• Ruanda (+250).

La presencia de estos prefijos en llamadas perdidas es una señal de alerta para sospechar un intento de fraude. Las operadoras de telefonía han detectado un aumento en el uso de estos códigos y sugieren a sus clientes precaución ante cualquier llamada desconocida proveniente de estas regiones.

De qué trata el fraude de la llamada perdida

El fraude Wangiri opera de manera sencilla: los ciberdelincuentes realizan llamadas muy breves, que no dejan tiempo suficiente para contestar, y solo buscan dejar la notificación de una “llamada perdida” en el registro del teléfono. Al devolver la llamada, la persona es derivada a líneas de tarificación especial.

Durante la comunicación, el usuario puede quedar retenido mediante locuciones automáticas o mensajes que simulan problemas técnicos, cuyo único objetivo es prolongar la llamada.

El resultado suele ser un incremento inesperado en la factura telefónica, porque estos servicios no están incluidos en los paquetes habituales de llamadas ilimitadas. Las pérdidas económicas pueden ser de varios en una sola llamada.

Qué hacer si se recibe una llamada de un número internacional desconocido

Ante la recepción de una llamada internacional desconocida, se debe comprobar a qué país pertenece el prefijo telefónico. Así se puede descartar que se trate de un familiar o conocido contactando desde el extranjero.

Si la llamada proviene de los países mencionados anteriormente o de números con el prefijo +882, lo más seguro es no devolver la llamada y bloquear el número.

Además, es útil buscar el número en internet para comprobar si otros usuarios han reportado intentos de fraude asociados. Si surge alguna duda sobre la autenticidad de una llamada de una empresa, lo mejor es contactar directamente con la compañía a través de sus canales oficiales antes de compartir información privada.

Cómo evitar estafas a través de llamadas

Ente las principales medidas de prevención de estafas telefónicas que sugieren asociaciones de consumidores, operadoras y autoridades están:

• No proporcionar datos privados por teléfono, como cuentas bancarias o documentos de identidad, a desconocidos.
• No devolver llamadas a números internacionales o nacionales con formatos inusuales o sin identificación clara.
• Bloquear inmediatamente los números sospechosos tras detectar un posible intento de estafa.
• Consultar foros y buscadores para verificar si un número ha sido reportado como fraudulento.
• Desconfiar de llamadas inesperadas y confirmar siempre la autenticidad a través de canales oficiales de las empresas.

Qué otras modalidades de estafa existen en aplicaciones como WhatsApp

Algunas señales que pueden alertar sobre mensajes sospechosos o estafas son los errores ortográficos o gramaticales, enlaces desconocidos, solicitudes para compartir información personal y mensajes de remitentes que buscan ganarse la confianza antes de pedir datos personales o dinero.

Asimismo, WhatsApp permite comprobar, al recibir un mensaje de un número no almacenado en los contactos, si ese remitente comparte grupos en común o si el número proviene de otro país.

Esta función facilita la decisión sobre bloquear, reportar o ignorar mensajes dudosos. No obstante, la prevención y la cautela ante solicitudes inusuales siguen siendo las mejores herramientas para evitar fraudes digitales.

Una fuga con tobilleras electrónicas cortadas, tres hijos abandonados con una nota y una captura final en Montenegro terminó por convertir un fraude con fondos de la pandemia en una nueva bandera política en Washington.

Así quedó planteado el caso de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, la pareja de California condenada por quedarse con USD 18 millones en ayudas públicas, tal y como publicó el New York Post.

Los dos integraron una red que usó identidades robadas para cobrar dinero creado durante la emergencia sanitaria. La maniobra incluyó datos de estudiantes extranjeros, personas mayores y fallecidos, afirmó el New York Post.

A partir de ese episodio, la senadora republicana Joni Ernst presentó una ley para impedir que quienes comparten hogar con personas condenadas por fraude accedan a subvenciones, préstamos, reembolsos y otras asistencias federales.

El diario estadounidense indicó que el texto contempla excepciones para cónyuges que viven separados y para víctimas de violencia doméstica.

El expediente de California que empujó el debate

La causa judicial tuvo como figura central a Ayvazyan, a quien la Justicia señaló como líder del esquema, y a Terabelian, su esposa.

El proceso terminó en 2021 con condenas por el desvío de dinero estatal y federal destinado a aliviar el impacto económico del COVID-19, de acuerdo con el reporte del New York Post.

En la trama también aparecieron Tamara Dadyan, cuñada de Ayvazyan, y su esposo Artur Ayvazyan. La cobertura del New York Post aseguró que ambos participaron del mecanismo que permitió cobrar fondos reservados para personas y empresas afectadas por la crisis sanitaria.

La fuga amplió la repercusión del expediente. La pareja escapó de Estados Unidos pese al monitoreo judicial y fue localizada tiempo después en Montenegro, informó el periódico.

Ayvazyan cumple hoy una pena de 17 años de prisión. Terabelian cumple otra de seis años. El New York Post recordó que un juez definió al principal acusado como un “estafador de sangre fría” que “ve el fraude como un logro”.

La ley que impulsa Joni Ernst

Ernst tomó ese antecedente como base para una nueva ofensiva contra el uso irregular de recursos públicos. La legisladora bautizó su proyecto como No Cash for Cohabitating Kins of Crooks Act, precisó el New York Post.

La republicana de Iowa sostuvo que el problema supera este episodio y alcanza a otros núcleos del país. “Cometer fraude es algo literal en estas familias de delincuentes”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario.

La senadora agregó que su investigación detectó maniobras similares en varios estados. “Mi última investigación encontró esquemas que brotan de árboles familiares de todo el país, con parientes que se unen para despojar a los contribuyentes por USD 50 millones”, aseguró.

Ese cálculo surge de una lista de 15 grupos incluidos en su premio mensual Squeal Award, una distinción con la que busca exponer episodios de despilfarro, abuso y estafa con dinero estatal.

La propuesta forma parte también del trabajo que Ernst desarrolla en el Senate DOGE Caucus, desde donde promovió otras acciones orientadas al control del gasto y a la supervisión de programas federales, detalló el New York Post.

Los otros expedientes que citó como respaldo

La legisladora no limitó su argumento a lo ocurrido en California. En su lista también aparece un grupo de Minnesota vinculado al escándalo de Feeding Our Future, una trama por USD 250 millones asociada al programa federal de nutrición infantil.

Dentro de esa causa, Gandi Yusuf Mohamed y cinco parientes fueron condenados por desviar más de USD 10 millones que debían destinarse a comida para niños necesitados, señaló el New York Post.

La nota agregó que uno de los implicados mantuvo una reunión con el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, hecho que atrajo críticas de legisladores republicanos.

Ernst también mencionó a los Edwards, residentes de Florida cuando presentaron una supuesta organización religiosa para pedir asistencia del programa de protección de salarios durante la pandemia.

El diario afirmó que ese grupo buscó USD 6 millones, aunque recibió USD 8,4 millones tras declarar más de 500 empleados.

Otro expediente citado fue el de cuatro hermanas acusadas de presentar cerca de 200 reclamos falsos para obtener ayudas agrícolas por USD 11,5 millones.

Las autoridades concluyeron que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían intentado explotar campos, aseguró el New York Post.

La lista se completa con allegados del estado de Washington que simularon tareas de cuidado para cobrar USD 1,1 millones de la Administración de Veteranos.

Ernst cerró su ofensiva con una frase que dejó expuesto el tono de su campaña. “La próxima reunión de esta familia de estafadores será en la cárcel”, afirmó, tal y como reprodujo el medio estadounidense.

Una mujer fue condenada en Mercedes, Corrientes, por haber estafado a una amiga mediante la obtención de créditos y la realización de operaciones bancarias con datos personales de la víctima. La jueza de Garantías Simy Beatriz Benasayag le impuso tres años de prisión en suspenso y una reparación económica de $10 millones.

De acuerdo con la reconstrucción, la acusada inició en abril de 2023 una relación personal con la damnificada y construyó con ella un vínculo de confianza que luego utilizó para acceder a datos sensibles. La maniobra, según tuvo por acreditado el tribunal, incluyó el uso de información personal de la víctima para gestionar aplicaciones, productos bancarios y operaciones financieras a su nombre, sin autorización.

El expediente detalla que ese acercamiento se originó en un centro de estética de Mercedes. A partir de ese contacto, la ahora condenada le habría ofrecido a la víctima la posibilidad de asociarse a una empresa de medicina prepaga. Bajo ese argumento, le solicitó fotografías tomadas desde su teléfono celular, recibos de sueldo y una copia del Documento Nacional de Identidad. Esa documentación quedó luego vinculada con la apertura o gestión de herramientas financieras utilizadas para concretar la estafa.

Entre las operaciones detectadas figura un crédito virtual por $1.148.500, además de otras transacciones posteriores que profundizaron el perjuicio patrimonial. Según la acusación admitida en la sentencia, durante julio de 2023 se registraron movimientos por $820.000 y $1.344.000, junto con un adelanto de aguinaldo por $90.000. El conjunto de esas maniobras provocó una deuda y un daño económico directo sobre el patrimonio de la víctima.

Al momento de evaluar el acuerdo entre las partes, Benasayag dejó asentado que una sentencia dictada mediante juicio abreviado no puede sostenerse solo en la admisión de los hechos por parte de la imputada. En esa línea, remarcó que era necesario verificar que la aceptación tuviera respaldo en pruebas objetivas incorporadas al expediente.

Entre los elementos analizados por el juzgado se contaron la denuncia inicial y sus ampliaciones, capturas de pantalla, comunicaciones con entidades financieras, informes bancarios y movimientos de cuentas. Ese material permitió corroborar que existieron operaciones realizadas a nombre de la damnificada y que hubo productos financieros activados o utilizados sin su consentimiento.

“Las probanzas incorporadas a la investigación me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada”, sostuvo la jueza. A partir de esa conclusión, el tribunal dio por acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de la acusada.

En la sentencia, sostuvo que la conducta debía ser encuadrada como estafa en carácter de autora material. Esa validación resultó central para homologar el acuerdo de juicio abreviado pleno, mecanismo que evitó la realización de un debate oral completo. Finalmente, impusieron tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, además de costas y reglas de conducta por el término de tres años.

Durante ese período, la condenada deberá fijar residencia y número de contacto, mantener una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de la víctima y abstenerse de establecer cualquier tipo de comunicación con ella. También tendrá prohibido cometer nuevos delitos, consumir en exceso bebidas alcohólicas en lugares públicos y usar estupefacientes. A eso se suma la obligación de presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial para el control del cumplimiento de las pautas impuestas.

Por otro lado, la sentencia estableció que la mujer deberá pagar $10 millones por daños y perjuicios a favor de la víctima. El esquema previsto fija una primera cuota de $1 millón dentro de los cinco días hábiles posteriores a la apertura de una cuenta judicial, mientras que el resto deberá abonarse en 18 cuotas iguales y consecutivas de $500.000.

Al justificar esa decisión, Simy Beatriz Benasayag señaló que “el monto acordado resulta prudencial teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso” y entendió que esa suma aparece como una compensación adecuada frente al daño material y moral acreditado en el expediente.

Una vez que la sentencia quede firme, el legajo será remitido a la Oficina Judicial para la formación del Legajo de Ejecución. La resolución también deberá comunicarse a la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los demás organismos estatales que correspondan.

El inicio del ciclo escolar suele implicar un incremento significativo en los gastos familiares, ya sea por la compra de útiles, uniformes o insumos adicionales.

Frente a esta presión económica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de recurrir a préstamos ofrecidos por aplicaciones de origen dudoso, conocidas por sus prácticas de cobranza ilegítima y extorsión, un fenómeno que se ha popularizado bajo el nombre de “montadeudas”.

Estas plataformas de créditos rápidos suelen atraer a usuarios con la promesa de entregar dinero de manera fácil y veloz. Sin embargo, para acceder al servicio exigen el registro personal y permisos de acceso a la información del dispositivo móvil. Cuando llega el momento de la cobranza, muchas veces recurren a métodos ilegales, como el hostigamiento, los insultos, amenazas e incluso advertencias de divulgar datos privados, vulnerando la tranquilidad y la privacidad de quienes solicitaron el financiamiento.

El organismo recomendó extremar precauciones antes de aceptar este tipo de ofertas monetarias, así como verificar la legalidad de la institución crediticia y revisar cuidadosamente qué registro personal solicitan puede evitar ser víctima de estas estafas, especialmente durante el regreso a clases.

Modalidades de abuso y cifras de reportes

Entre 2020 hasta la actualidad, el Consejo Ciudadano ha recibido 51 mil 325 reportes de personas que recurrieron a préstamos en estas aplicaciones. En 62% de los casos, las víctimas denunciaron cobros acompañados de amenazas o insultos, mientras que 15% recibió intimidaciones sobre la posible divulgación de información privada por falta de pago.

Otras modalidades identificadas incluyen deudas inexistentes (8%), difamación (8%) y cobros dirigidos a contactos personales (6%). Solo el 2% señaló que la cantidad depositada fue menor a la solicitada.

El importe de los créditos también varían, el 30% corresponde hasta mil pesos, el 15% a sumas de entre mil y 2 mil 500 pesos, un 18% a cantidades entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, y un 9% a fondos superiores a los 5 mil pesos. Estas cifras reflejan tanto la diversidad de montos como el alcance del problema en distintos sectores de la población.

Aplicaciones más señaladas y recomendaciones

Entre las plataformas mencionadas con mayor frecuencia en las denuncias se encuentran Prestamax (11%), seguida de CashMax, Conficreo Loan y We Finanzas–Crédito Rápido (6% cada una); además de Efectivo Hoy y Feliz Loan (5% respectivamente). El patrón común es el uso de tácticas agresivas para el cobro e invasión de la privacidad como método de presión.

Consejo Ciudadano recomienda:

• Verificar que la institución financiera sea legítima antes de solicitar un préstamo, a través de los canales oficiales de la CONDUSEF.
• Evitar aplicaciones que prometan dinero fácil e inmediato sin condiciones claras.
• No proporcionar datos personales en páginas, formularios o aplicaciones cuya autenticidad no haya sido comprobada.
• Revisar cuidadosamente los términos y condiciones y el aviso de privacidad.
• No otorgar a las aplicaciones permisos innecesarios para acceder a contactos, fotografías, archivos u otra información del dispositivo.

Asimismo, dio a conocer el canal de comunicación donde la ciudadanía puede denunciar este delito:

• Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533

En este número también se recibe orientación jurídica y apoyo psicológico gratuito, las 24 horas, los siete días de la semana.

Retirar dinero en efectivo sigue siendo una costumbre entre los usuarios bancarios de España y la presencia extendida de los cajeros automáticos los convierte en un objetivo prioritario para aquellos delincuentes que buscan aprovecharse de despistes, vulnerabilidades tecnológicas o confianza excesiva.

Según el Banco de España, los fraudes más habituales en cajeros automáticos se clasifican en tres grandes categorías: la clonación de tarjetas, la colocación de trampas en dispensadores de efectivo y los engaños en la calle mediante ingeniería social.

Aunque existen múltiples variantes, estas modalidades encabezan las denuncias y motivan campañas de prevención tanto en entidades bancarias como en fuerzas de seguridad.

Cómo operan los delincuentes para clonar tarjetas en cajeros automáticos

El método de clonación de tarjetas consiste en la instalación de dispositivos ilegales en los lectores de los cajeros automáticos. Según las autoridades, los delincuentes colocan un pequeño aparato sobre la ranura donde el usuario introduce la tarjeta.

Este aparato copia la banda magnética y, en ocasiones, se complementa con cámaras ocultas o teclados falsos para captar el código PIN introducido por la víctima.

Una vez obtenidos los datos, los estafadores pueden fabricar duplicados y realizar extracciones no autorizadas en otros puntos del país o incluso en el extranjero. Entre las pautas más efectivas para evitar este fraude, el Banco de España sugiere revisar cuidadosamente el aspecto del cajero antes de operar y cubrir el teclado al digitar el PIN.

Además, el organismo aconseja pulsar el botón de cancelar al finalizar cualquier operación, porque en ciertos modelos la sesión permanece activa unos segundos y podría ser aprovechada por desconocidos.

Qué tipos de trampas se instalan en los dispensadores de efectivo del cajero

Las trampas en dispensadores suelen consistir en la instalación de elementos mecánicos o adhesivos que impiden la salida del dinero, provocando que el usuario crea que el cajero no ha dispensado el efectivo solicitado.

Según advierten las autoridades, los delincuentes esperan a que la persona se retire frustrada y luego recuperan el dinero bloqueado por el dispositivo.

El Banco de España sugiere inspeccionar el cajero antes de su uso y, ante cualquier incidente, no alejarse del lugar ni aceptar ayuda de desconocidos. La entidad aconseja informar inmediatamente a la sucursal o a la policía y nunca abandonar el cajero si la máquina retiene el dinero.

Cómo engañan los estafadores a personas en los cajeros

La práctica conocida como ingeniería social abarca diferentes estrategias de engaño en la calle. Los delincuentes se acercan a los usuarios mientras realizan operaciones para simular la necesidad de ayuda, ofrecer asistencia desinteresada o distraerlos con cualquier pretexto.

El objetivo final es obtener información sensible, como el PIN o la tarjeta misma. Según las autoridades, estos fraudes ocurren con mayor frecuencia en cajeros ubicados en zonas poco transitadas o en horarios de baja afluencia.

La pauta principal es desconfiar de cualquier persona que ofrezca ayuda sin haberla solicitado e interrumpir la operación ante cualquier comportamiento sospechoso. La entidad enfatiza que, en caso de necesitar asistencia real, lo más seguro es contactar directamente con el banco.

Qué precauciones básicas reducen el riesgo de estafas al usar cajeros

El Banco de España insiste en la importancia de una serie de acciones preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de estafas. Entre ellas se encuentra:

• El uso preferente de cajeros ubicados en interiores o en zonas con buena iluminación.
• La destrucción adecuada de los recibos, que pueden contener datos sensibles como parte del número de tarjeta o el saldo disponible.
• Guardar el dinero y los artículos personales antes de alejarse del cajero, evitando organizar pertenencias en la vía pública.

Asimismo, el organismo sugiere activar notificaciones por SMS o correo para cada transacción, lo que permite detectar rápidamente movimientos no autorizados.

Entre otras prácticas para mitigar riesgos financiertos, configurar límites diarios de extracción puede limitar el alcance del fraude en caso de que se produzca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió este miércoles una alerta sobre la estafa del “Artista Enamorado”, un fraude en el que ciberdelincuentes crean perfiles falsos de cantantes, actores, deportistas e influencers en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp para manipular emocionalmente a sus víctimas y obtener dinero o información personal.

El esquema opera a través de mensajes privados no solicitados en los que el supuesto famoso afirma haber elegido a la víctima de forma especial entre sus seguidores, tal como le ocurrió a Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que fue engañada durante dos años por un impostor que se hizo pasar por Enrique Iglesias y le extrajo más de USD 3.000 en tarjetas de regalo, según informó Infobae.

La SSC describe las tres fases del fraude

La alerta de la SSC, difundida a través de su Unidad de Policía Cibernética, describe el fraude en etapas progresivas. La primera consiste en el contacto inicial: la víctima recibe un mensaje privado de un perfil que suplanta a una celebridad con la excusa de que fue “elegida de manera especial” o de que el artista desea comunicarse fuera de la aplicación.

La segunda fase es la construcción del vínculo emocional. Los delincuentes sostienen conversaciones frecuentes y, con el paso del tiempo, declaran un supuesto interés afectivo hacia la víctima, con promesas de encuentros personales o incluso de una relación sentimental formal.

La tercera fase es la extracción de recursos. Tras consolidar la manipulación, los estafadores solicitan dinero con pretextos como problemas legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para continuar la comunicación.

En otros casos, los ciberdelincuentes no piden dinero de forma directa, sino datos personales: documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación. Esa información se utiliza posteriormente para cometer robo de identidad o para acceder a otras cuentas de la víctima.

Cómo identificar un perfil falso de celebridad

La SSC señala que el primer paso para detectar el fraude es revisar si el perfil que envió el mensaje cuenta con la insignia oficial de verificación de la plataforma. El usuario también debe comparar ese perfil con las cuentas oficiales del artista para detectar diferencias en el nombre de usuario, la cantidad de publicaciones o los seguidores.

La dependencia advierte que ninguna celebridad real contacta a sus fans de forma privada y no solicitada para establecer una relación personal. La sola recepción de ese tipo de mensaje debe activar una señal de alerta inmediata en el usuario.

La SSC también recomienda realizar búsquedas inversas de las fotografías del perfil sospechoso para verificar si las imágenes fueron tomadas de internet. Esa técnica permite confirmar en minutos si las fotos pertenecen a la persona que dice ser o si fueron extraídas de otras fuentes.

Qué hacer si ya se tuvo contacto con un perfil sospechoso

Si la víctima ya entabló conversación con uno de estos perfiles, la SSC indica que debe evitar continuar la comunicación en aplicaciones de mensajería externas. Bajo ninguna circunstancia debe enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias bancarias.

La autoridad también prohíbe compartir datos personales, contraseñas, documentos oficiales o códigos de verificación recibidos por SMS o por aplicaciones de autenticación. El solo hecho de proporcionar esa información puede derivar en el robo de la identidad o el vaciamiento de cuentas bancarias.

En caso de haber realizado algún depósito o de haber compartido información sensible, la SSC indica que la víctima debe comunicarse de inmediato con su institución bancaria para solicitar medidas de protección. También debe modificar las contraseñas de todas las cuentas que pudieran estar comprometidas.

La dependencia exhorta a conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra prueba relacionada con el fraude. Ese material facilita tanto la denuncia ante las autoridades como las investigaciones posteriores.

La SSC recomienda, además, configurar la privacidad de las redes sociales para limitar la información personal visible al público y activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas. Esas dos medidas reducen la probabilidad de ser contactado por este tipo de perfiles fraudulentos.

El caso de Guadalupe Cepeda y el falso Enrique Iglesias

El caso de Guadalupe Cepeda ilustra con precisión el funcionamiento del esquema. La mujer conoció al supuesto Enrique Iglesias al unirse a un grupo de fans en redes sociales y, poco después, recibió un mensaje directo de quien aseguraba ser el cantante.

Durante dos años, el impostor mantuvo la ilusión con promesas de amor, una casa y hasta el envío de una imagen de un anillo de compromiso. La situación llegó al punto en que Guadalupe estuvo a punto de dejar a su esposo, Martín Pérez, para reunirse con quien creía que era el artista.

Fue Martín quien descubrió el fraude al investigar el número de teléfono del supuesto cantante y detectar que la clave correspondía a Nigeria. La pareja contactó al equipo de relaciones públicas de Enrique Iglesias, quienes confirmaron que el cantante no tiene contacto directo con sus fans; cuando acudieron a las autoridades a denunciar, el estafador ya había eliminado su perfil falso de Instagram.

“Ellos nos buscan a nosotros, a las personas mayores, porque saben que ya tenemos casa, saben que ya tenemos una pensión. Saben que nos podemos ilusionar fácil de una persona, una celebridad”, advirtió Martín sobre el perfil de víctima que buscan estos delincuentes. Guadalupe, por su parte, hizo un llamado directo: “Que no hagan mucho caso porque pueden caer con gente mala. Y juegan con los sentimientos de uno”.

Las redes sociales se han convertido en un primer punto de consulta para mexicanos que enfrentan posibles fraudes financieros, de acuerdo con el estudio Confianzómetro, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Tala.

El documento señala que 4 de cada 10 personas recurren a grupos de redes sociales (facebook, en primer lugar) antes de presentar una denuncia, principalmente para buscar consejos y validar si la situación que enfrentan también les ha ocurrido a otros usuarios.

El comportamiento representa un reto para las autoridades, debido a que las comunidades digitales pueden convertirse en el primer espacio de orientación para quienes sospechan que fueron víctimas de un fraude, antes de acudir a los canales institucionales.

El fenómeno adquiere mayor relevancia frente a la expansión de los llamados montadeudas, aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos y con pocos requisitos, pero que pueden utilizar los datos obtenidos del teléfono para ejercer presión contra los usuarios.

¿Cómo operan las apps montadeudas?

La Condusef ha advertido que estas aplicaciones suelen atraer a los usuarios con la promesa de dinero inmediato, pocos requisitos y aprobación sin revisar el historial crediticio.

El problema puede comenzar desde la instalación. Algunas plataformas solicitan permisos para acceder a contactos, fotografías, archivos, ubicación u otra información almacenada en el dispositivo. Una vez concedidos esos permisos, los operadores pueden utilizar los datos para presionar al usuario cuando llega el momento de cobrar.

La propia Condusef explica que los intereses pueden incrementarse sin previo aviso y que, ante un retraso, comienzan las amenazas, el acoso y la extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también ha documentado casos en los que los responsables recurren a mensajes intimidatorios y difamaciones dirigidas a familiares y contactos de las personas afectadas.

Los usuarios confían más en las reseñas de las aplicaciones

Otro de los puntos identificados en el estudio está relacionado con la manera en que las personas determinan si una aplicación financiera es confiable.

Antes de descargar una plataforma, los usuarios pueden revisar las calificaciones y comentarios publicados en las tiendas digitales, pero esa información no sustituye la comprobación de que la empresa esté autorizada para ofrecer servicios financieros.

La Condusef recomienda verificar directamente si la institución aparece en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprobar que los datos de contacto, razón social y demás información correspondan con la entidad que ofrece el crédito.

La autoridad también ha advertido que existen personas o empresas que utilizan nombres, logotipos e información de instituciones financieras reales para hacerse pasar por ellas y atraer a usuarios mediante plataformas digitales.

Borrar la app no necesariamente elimina el riesgo

El Confianzómetro también plantea las posibles reacciones de los usuarios ante una situación relacionada con un montadeudas.

De acuerdo con los datos proporcionados, 49 por ciento eliminaría inmediatamente la aplicación si descubriera que está involucrada en un posible fraude. Sin embargo, borrar el programa del teléfono no significa necesariamente que la información previamente obtenida haya desaparecido.

Por ello, las autoridades han recomendado revisar los permisos concedidos a las aplicaciones y evitar aquellos que permitan acceder a información que no sea necesaria para el funcionamiento del servicio. La SSPC ha señalado específicamente los riesgos de otorgar acceso a contactos, fotografías, archivos o ubicación.

El estudio también plantea el escenario de una supuesta carta de embargo enviada al domicilio. En ese caso, 55 por ciento de los participantes aseguró que mantendría la calma porque consideraría que podría tratarse de un documento falso, mientras que 43 por ciento consideraría que podría ser auténtico.

A pesar de que las redes sociales aparecen como un primer recurso para buscar orientación, 74 por ciento de los participantes afirmó que presentaría una denuncia formal si fuera víctima del robo de dinero o de una exhibición ante sus contactos.

La recomendación: verificar antes de pedir el préstamo

Frente a este tipo de esquemas, la Condusef recomienda no entregar dinero por adelantado para obtener un crédito, verificar que la institución esté registrada en el SIPRES y desconfiar de ofertas que prometan préstamos inmediatos sin revisar la capacidad de pago.

También aconseja no proporcionar documentos personales, información bancaria o permisos innecesarios a aplicaciones cuya legitimidad no haya sido comprobada.

El objetivo es evitar que una necesidad de liquidez termine convirtiéndose en un problema mayor: primero con cobros abusivos y después con amenazas, acoso o extorsión mediante la información almacenada en el teléfono.

Un panameño de 23 años se convirtió en el tercer imputado dentro de las investigaciones por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra entre Rusia y Ucrania. El hombre quedó detenido provisionalmente tras ser aprehendido el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba en un vuelo procedente de Colombia y fue identificado mediante una alerta silenciosa de Interpol.

El juez de garantías Edgar Naterón Rodríguez legalizó la aprehensión y admitió la imputación por el presunto delito de trata de personas agravada. La Fiscalía sostiene que existen entrevistas con señalamientos directos y elementos relacionados con la captación mediante redes sociales, mientras el tribunal consideró acreditados riesgos de fuga, afectación de pruebas, peligro para las víctimas y para la comunidad.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el investigado habría participado junto con otras personas en la captación de panameños mediante ofertas de trabajo superiores a $2.500, para posteriormente trasladarlos a un país de Europa del Este.

Las autoridades sostienen que las promesas laborales habrían terminado convirtiéndose en servicios militares forzados, hipótesis que deberá determinarse durante el proceso penal.

La Fiscalía indicó que la trata de personas agravada puede alcanzar penas de entre 20 y 30 años de prisión. La defensa particular, ejercida por Ana María Aznarán, anunció una apelación contra la detención provisional, cuya audiencia fue programada para el 4 de septiembre a las 10:00 a.m. ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

El nuevo imputado se suma a otros dos hombres detenidos previamente dentro de las investigaciones desarrolladas en Panamá. El primero fue Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, aprehendido a finales de julio en Tocumen cuando mantenía los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia. El hombre ha sostenido que únicamente prestaba servicios como taxista y no reclutaba personas.

Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, señalado por tres víctimas como la persona que presuntamente las habría reclutado y ayudado a financiar gestiones para viajar.

Ryfkogel también ha rechazado esa acusación y sostiene que solo ayudó a personas que se acercaron voluntariamente interesadas en viajar al conflicto.

Las investigaciones avanzan mientras las autoridades intentan establecer cuántos panameños han participado realmente en la guerra. Una estimación divulgada el 12 de agosto situó en alrededor de 77 los nacionales que podrían haber estado o permanecer vinculados: cerca de 60 con fuerzas rusas y 17 con Ucrania, aunque Cancillería advirtió que no se trata de un registro definitivo.

Otras verificaciones oficiales posteriores han manejado cifras menores. Cancillería informó que los datos continúan cambiando conforme avanzan los reportes familiares y las comprobaciones consulares, por lo que mantiene abiertos canales con ambos países.

El Gobierno también confirmó al menos un panameño fallecido y casos de compatriotas con quienes sus familiares han perdido contacto.

Al menos siete panameños regresaron recientemente al país con apoyo de Cancillería, cinco procedentes de Rusia y dos de Ucrania. Dos de estos últimos permanecieron aproximadamente un mes y medio en territorio ucraniano y denunciaron que las condiciones encontradas eran distintas de las ofrecidas antes de viajar, incluyendo retención de documentos y presión para participar en misiones.

Los dos repatriados aseguraron que sus teléfonos y pasaportes fueron retirados y que firmaron contratos redactados en ucraniano que no pudieron comprender.

También afirmaron que no recibieron el dinero prometido y que, al solicitar abandonar la brigada, les indicaron que debían permanecer durante seis meses debido al compromiso contractual que habían firmado.

La dimensión internacional del caso llegó esta semana hasta Moscú. El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, recibió el 18 de agosto a la embajadora panameña en Rusia, Carmen Inés Ávila Ortega, en medio de las gestiones para conocer la situación de los nacionales vinculados al conflicto.

Según la información divulgada por Moscú, ambas partes abordaron asuntos bilaterales y mecanismos para intensificar el diálogo político.

Panamá también ha solicitado directamente información a las autoridades rusas. El canciller Javier Martínez-Acha explicó que envió dos comunicaciones para procurar la ubicación de los nacionales y facilitar su eventual retorno, mediante un circuito humanitario que permita desvincularlos de sus obligaciones.

El objetivo es que quienes manifiesten su voluntad de regresar puedan ser entregados a la representación diplomática panameña para gestionar su repatriación.

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones relacionadas con la captación de panameños para el conflicto, mientras intenta determinar la participación individual de quienes presuntamente intervinieron en los traslados.

Los testimonios recopilados describen contactos mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, junto con ofertas económicas que habrían sido utilizadas para atraer a personas interesadas en mejorar sus ingresos.

La reunión celebrada en Moscú y los detalles sobre las gestiones diplomáticas fueron reportados también por la agencia EFE, que señaló que Panamá mantiene contactos con Rusia para facilitar el regreso de sus ciudadanos.

Mientras avanzan esas gestiones, la investigación penal en Panamá ya alcanza a tres imputados, y las autoridades continúan intentando precisar cuántos nacionales permanecen actualmente en territorio ruso o ucraniano.

El reciente aumento de denuncias por la estafa del “Artista Enamorado” ha llevado a la Policía Cibernética de la Ciudad de México a emitir una alerta para quienes interactúan con figuras públicas en internet.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes aprovechan la confianza que generan las redes sociales para obtener beneficios económicos o información personal de los usuarios.

En este fraude, los responsables crean perfiles falsos o acceden a cuentas comprometidas de cantantes, actores, deportistas e influencers.

El objetivo es claro: simular una relación cercana con seguidores y, tras ganar su confianza, solicitar dinero o datos sensibles bajo distintas excusas.

El mecanismo suele iniciar cuando una supuesta celebridad envía un mensaje privado a la víctima.

Los delincuentes afirman haber elegido a la persona entre sus seguidores y proponen continuar la comunicación fuera de la plataforma original.

Así, buscan fortalecer el vínculo emocional mediante conversaciones frecuentes y manifestaciones de afecto, prometiendo incluso encuentros personales.

Una vez que la manipulación emocional está consolidada, comienzan las solicitudes de dinero.

Los pretextos que usan son variados: desde emergencias legales y gastos médicos, hasta boletos de viaje o membresías exclusivas para “mantener la comunicación”.

En algunos casos, la petición se extiende a documentos personales, información bancaria o códigos de verificación, lo que puede derivar en robo de identidad o acceso a otras cuentas.

La Policía Cibernética recomienda desconfiar de cualquier mensaje inesperado de supuestas celebridades.

Es fundamental verificar la autenticidad de los perfiles y evitar trasladar la conversación a otras aplicaciones de mensajería, especialmente si la persona es desconocida.

También se aconseja no enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias por solicitudes surgidas únicamente a través de internet.

Para quienes han sido víctimas de este fraude —ya sea por haber transferido fondos o compartido datos sensibles—, la dependencia sugiere contactar de inmediato a la institución bancaria, modificar las contraseñas de cuentas potencialmente comprometidas y conservar toda la evidencia posible, como capturas de pantalla, nombres de usuario y enlaces.

Así puedes evitar caer en la estafa del artista enamorado

• Desconfía de mensajes privados inesperados de supuestas celebridades o figuras públicas.
• Verifica que los perfiles tengan insignias oficiales y compara la información con los canales auténticos de la celebridad.
• Realiza búsquedas inversas de imágenes si sospechas que las fotos de perfil pueden ser robadas de internet.
• Evita continuar la conversación en aplicaciones de mensajería externas cuando te lo pida un contacto desconocido.
• No envíes dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realices transferencias solicitadas por personas que solo conoces por internet.
• No compartas datos personales, información bancaria, documentos oficiales, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones.
• Mantén una actitud crítica ante declaraciones de amor, promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica de desconocidos.
• Configura adecuadamente la privacidad de tus redes sociales para limitar la información visible al público.
• Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas para reducir el riesgo de accesos no autorizados.
• Reporta y bloquea los perfiles que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers o figuras públicas.
• Conserva capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier evidencia del posible fraude para facilitar la denuncia.
• Conversa con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas.
• Si compartiste información sensible o realizaste un depósito, contacta de inmediato a tu banco, cambia contraseñas y solicita medidas de protección.
• Recuerda que ninguna celebridad legítima solicitará dinero ni información bancaria por mensajes privados a sus seguidores.

La Guardia Civil ha detenido en Calpe (Alicante) a tres personas acusadas de someter durante meses a una mujer de 91 años a un sistema de aislamiento, control y manipulación para apoderarse de su patrimonio, una operación que también ha destapado un intento de alterar su testamento y de sacarla de España para mantener ese dominio.

Los arrestados son dos hombres de 64 y 67 años y una mujer de 62, que ya han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia. Se les imputan los delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal. El juzgado ha decretado su libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la víctima fue elegida por su alto poder adquisitivo y porque vivía sola en España, mientras sus familiares residían en el extranjero. La investigación se abrió a partir de la denuncia presentada por sus hijos, que alertaron del aislamiento progresivo al que estaba siendo sometida su madre y de la influencia que varias personas ejercían sobre ella.

Las pesquisas del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calpe, desarrolladas en el marco de la operación Confide, apuntan a un método organizado en varias fases para controlar de forma gradual a la mujer y acceder tanto a su dinero como a sus bienes.

Un plan minucioso para arrebatarle su patrimonio

El primer paso, de acuerdo con la Benemérita, habría consistido en apartar a la mujer de su entorno habitual. Los investigados habrían cambiado las cerraduras de su vivienda, retenido su pasaporte y bloqueado los contactos telefónicos de familiares y amigos. El medio de control también incluía, según el instituto armado, una cámara de videovigilancia instalada en las zonas comunes del edificio y orientada hacia la puerta del domicilio. El objetivo, siempre según la investigación, era vigilar quién acudía a visitarla.

A eso se sumaba el desvío de la correspondencia bancaria y personal a un buzón exterior bajo control del grupo. Esa maniobra impedía que la víctima conociera sus asuntos financieros y personales, mientras los arrestados acompañaban de forma sistemática a la mujer a distintas sucursales bancarias para retirar efectivo. Ese comportamiento levantó sospechas entre personas de su entorno porque la anciana tenía los recibos domiciliados y solía pagar con tarjeta bancaria. La extracción continuada de dinero en metálico no respondía, por tanto, a una necesidad aparente.

Un intento de modificar la herencia y sacar a la víctima del país

La investigación también ha revelado que el grupo habría logrado que la víctima modificara sus disposiciones testamentarias en favor de los ahora detenidos. Según la Guardia Civil, el deterioro cognitivo de la mujer fue aprovechado para hacerle creer que firmaba la aceptación de la herencia de su marido, cuando en realidad rubricaba documentos para incluir a los investigados en sus últimas voluntades.

Esa situación ya ha sido revertida. Los agentes sostienen además que los sospechosos colocaron fotografías suyas en por la vivienda, una actuación que los investigadores interpretan como un posible mecanismo de condicionamiento psicológico para reforzar una falsa relación afectiva y aumentar su influencia sobre la mujer.

En la segunda mitad de la investigación, la Guardia Civil ha concluido que, debido al elevado patrimonio que la víctima posee también en el extranjero, el grupo habría llegado a intentar trasladarla fuera de España. La finalidad, según las pesquisas, era continuar el control sobre ella y disponer de sus bienes.

Chiara Ferragni es una de las figuras más reconocidas del entorno digital global y la empresaria italiana que logró transformar la exposición personal en redes sociales en un modelo de negocio millonario. Nacida en Cremona en 1987, Ferragni se convirtió en referente del fenómeno influencer gracias a su blog The Blonde Salad, lanzado en 2009, y a su capacidad para convertir la moda y la vida cotidiana en contenido de alto valor comercial. Su historia, estudiada en universidades como Harvard, es también la de una transformación de las reglas tradicionales de la industria, donde la atención digital, la gestión de marca personal y la exposición familiar pasan a ser activos empresariales.

La consolidación de su perfil internacional se apoya en la creación de empresas como TBS Crew y la marca Chiara Ferragni Collection, que abarca desde calzado hasta accesorios y líneas de ropa, y que ha establecido colaboraciones con firmas como Louis Vuitton, Chanel y Dior. Su cuenta de Instagram supera los 28 millones de seguidores, situándola entre las personalidades más influyentes de la economía digital europea, con ingresos mensuales estimados en decenas de miles de dólares y campañas publicitarias con marcas globales. La expansión de su negocio la llevó a captar inversiones de fondos como AVM Gestioni y a consolidar una estructura empresarial replicada por otros influencers en todo el mundo.

Según La Vanguardia, el caso de Ferragni ha sido paradigmático para entender la profesionalización de las redes sociales como espacio de negocios. Desde su infancia en Cremona, marcada por la influencia de su madre, la escritora Marina Di Guardo, y su padre, el dentista Marco Ferragni, Chiara mostró interés por la moda y la comunicación visual. Su paso por la Universidad Bocconi en Milán, donde inició estudios de Derecho, coincidió con el auge de los blogs de moda y la irrupción de nuevas plataformas como Instagram. La decisión de abandonar la carrera universitaria en favor de su proyecto digital resultó decisiva para el desarrollo de su marca personal.

La estrategia de Ferragni se distingue por la integración de la vida privada como parte del contenido. La exposición de su matrimonio con el rapero Fedez, la crianza de sus hijos y la gestión de crisis personales forman parte de un relato que ha influido en la manera en que las marcas y los públicos consumen moda, estilo de vida y entretenimiento. El análisis académico de su trayectoria, como el realizado por la profesora Anat Keinan en Harvard, resalta la capacidad de Ferragni para profesionalizar la atención, diversificar productos y convertir la biografía en activo económico.

La diversificación empresarial de Ferragni se materializó en la creación de Chiara Ferragni Collection, inicialmente centrada en calzado y luego expandida a bolsos, lencería y accesorios. Business of Fashion y HypeAuditor subrayan que la marca ha mantenido altos ingresos incluso en momentos de crisis, con presencia en cientos de puntos de venta y colaboraciones con empresas como Tod’s y Nespresso. La propiedad de la totalidad del capital de TBS Crew le permitió tener control total sobre su imagen y sus decisiones estratégicas, un rasgo que la diferencia de otras figuras públicas.

La internacionalización de Ferragni se refleja en su participación en eventos y campañas en Europa, Estados Unidos y Asia, así como en su relación con el mercado latinoamericano, fortalecida a partir de su vínculo sentimental con el ingeniero colombiano José Hernández. Viajes a destinos como España, Namibia y ahora Perú forman parte de una narrativa que combina turismo de alto poder adquisitivo, construcción de imagen y acercamiento a nuevas audiencias. La visita de Ferragni a Perú se interpreta como la apertura de una etapa en la que la empresaria busca reconstruir su reputación y ampliar su mapa de influencia.

El modelo Ferragni: de Cremona a Harvard y el ascenso en la economía digital

El origen de Chiara Ferragni en una familia de clase media profesional y su educación en Cremona y Milán sentaron las bases para una trayectoria marcada por la combinación de sensibilidad estética, vocación narrativa y visión empresarial. La fundación de The Blonde Salad en 2009 supuso el punto de partida para la profesionalización del blog como plataforma de negocio. Según El País, Ferragni fue pionera en comprender que la atención en redes podía convertirse en ingresos reales, y estructuró su modelo en torno a la generación constante de contenido, la colaboración con marcas y la diversificación de productos.

El éxito de su blog llevó a la creación de TBS Crew, la agencia y empresa matriz que gestiona su presencia digital, representa a otros talentos y ofrece servicios de consultoría en marketing digital. La decisión de adquirir la totalidad de la empresa tras una etapa inicial de sociedad con su entonces pareja fue clave para consolidar su control sobre el negocio. El crecimiento de The Blonde Salad y la expansión de la marca personal de Ferragni permitieron que su caso fuera analizado en Harvard como ejemplo de transformación de la economía digital y de la profesionalización de la influencia en línea.

Las cifras de su éxito son relevantes: en 2016, Chiara Ferragni Collection reportó ingresos superiores a los 17 millones de dólares, con presencia en más de 300 puntos de venta internacionales. Holded y Business of Fashion señalan que la rentabilidad de la marca y la integración de la vida personal como parte del contenido representan el modelo Ferragni, donde la frontera entre lo privado y lo público se diluye en beneficio del negocio. Este enfoque ha sido replicado por figuras de la moda y el entretenimiento en diferentes países y contextos.

La expansión de Ferragni incluye colaboraciones con marcas de lujo como Dior, Louis Vuitton, Chanel, Valentino y Mercedes-Benz, que han utilizado su imagen para conectar con públicos jóvenes y digitales. Diario de Sevilla y La Vanguardia destacan que la empresaria ha sido anfitriona e invitada especial en eventos internacionales, y que su capacidad de adaptación a diferentes mercados ha reforzado su relevancia incluso tras el surgimiento de nuevas figuras en el universo influencer.

Imagen familiar, vida privada y relación con América Latina

La construcción del relato Ferragni ha incluido de manera sistemática la exposición de su vida familiar. La relación con Fedez, la organización de bodas y celebraciones, el nacimiento de sus hijos Leone y Vittoria y la gestión de crisis personales han sido compartidos en tiempo real con su audiencia. Hola y El País documentan que la pareja Ferragni-Fedez fue considerada una de las más admiradas en el entorno digital italiano, y que la maternidad se integró como parte central de la narrativa de éxito y compatibilidad entre vida profesional y privada.

La ruptura con Fedez, coincidente con el inicio del proceso judicial por el Pandoro Gate, agregó complejidad a la imagen pública de Ferragni. La empresaria optó por la reserva y el distanciamiento, priorizando viajes y momentos de tranquilidad fuera de Italia, mientras su exmarido ampliaba su familia con otra pareja. La nueva relación con José Hernández, ingeniero colombiano con experiencia en el sector industrial y carrera profesional propia en Milán, aportó un giro en la narrativa al alejarse del universo de la música y el espectáculo.

La presencia de Ferragni en destinos como España, Namibia y Perú refuerza la internacionalización de su imagen y la apertura hacia América Latina. Medios como RPP Noticias y Hola resaltan que el viaje a Perú, presentado en redes como “Peru for our first time”, representa la búsqueda de nuevos escenarios y la consolidación de un vínculo sentimental con Hernández, quien aporta una conexión directa con el contexto latinoamericano.

En Colombia, la presencia de Hernández y su historia personal han sido destacados por la prensa local como parte del perfil de Ferragni, que busca diversificar sus públicos y ampliar el alcance de su marca. La relación con América Latina se inscribe en una estrategia de internacionalización que excede los mercados tradicionales de la moda europea y estadounidense, y que responde a la creciente demanda de contenido aspiracional en la región.

El Pandoro Gate: origen, desarrollo y consecuencias judiciales

El mayor desafío en la trayectoria de Chiara Ferragni surgió en 2021, cuando la empresaria fue señalada por la supuesta promoción engañosa de campañas benéficas vinculadas a la venta de dulces navideños, conocidos como pandoros. El escándalo, bautizado por la prensa como Pandoro Gate, se originó al descubrirse que las donaciones anunciadas en las campañas no estaban directamente relacionadas con las ventas, sino que habían sido realizadas previamente por la empresa colaboradora, sin conexión con la recaudación obtenida por la marca Ferragni.

El País y La Vanguardia informan que la investigación administrativa comenzó en 2021 y que la autoridad de competencia italiana impuso una multa de un millón de euros en 2024 por “práctica comercial incorrecta”. El caso evolucionó hacia una investigación penal en el tribunal de Milán, donde Ferragni enfrenta cargos por presunta estafa agravada. El proceso judicial sigue en curso, con la expectativa de un veredicto para enero de 2026, y representa el punto de inflexión más importante en la carrera de la empresaria.

La crisis reputacional derivada del Pandoro Gate alteró la relación de Ferragni con las marcas y la audiencia. Según La Vanguardia, muchas empresas revisaron sus contratos y limitaron su vinculación con la influencer, mientras parte del público expresó desconfianza por la gestión de las campañas solidarias. Ferragni aceptó la multa administrativa, realizó donaciones adicionales por más de tres millones de euros y defendió públicamente que el error fue de comunicación y no de dolo penal.

El escándalo obligó a Ferragni a retirarse temporalmente de la vida pública, pedir disculpas y modificar la estrategia de contenido, disminuyendo la exposición de la vida familiar y privilegiando relatos de viajes, reflexión y reconstrucción personal. La empresaria reconoció ante el tribunal que atraviesa “un momento difícil”, según declaraciones recogidas por El País, y su situación se ha convertido en caso de estudio sobre los riesgos reputacionales en la economía digital.

Presente y horizontes: reconstrucción, turismo y nuevas audiencias

En la actualidad, Chiara Ferragni mantiene su relevancia en redes sociales, aunque la influencia y la estructura empresarial se encuentran en proceso de ajuste. El viaje al Perú junto a José Hernández se interpreta como un intento de consolidar una nueva narrativa, basada en el turismo de destinos naturales, la vida de pareja adulta y el acercamiento a públicos latinoamericanos. RPP Noticias subraya que la visita puede contribuir a posicionar al Perú entre los destinos preferidos por celebridades internacionales, aunque el impacto dependerá del contenido compartido y de la reacción de la audiencia.

Las imágenes difundidas por Ferragni muestran una estética más relajada, asociada a la tranquilidad y el descanso, en contraste con los años de máxima exposición y consumo de lujo. El cambio de tono responde tanto a la necesidad de proteger a su familia y a su nueva pareja como a la estrategia de reconstrucción de imagen en un escenario de crisis judicial. El futuro del imperio Ferragni dependerá de la resolución del proceso en Milán, la respuesta de las marcas y la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias éticas de la economía influencer.

La historia de Ferragni, desde Cremona hasta Lima, pasando por Milán, Harvard y los tribunales italianos, ilustra las posibilidades y los riesgos de la profesionalización digital. La empresaria representa una generación que convirtió la vida cotidiana en negocio, institucionalizó la influencia y ahora enfrenta el desafío de sostener la relevancia en tiempos de escrutinio y transformación. La consolidación de su vínculo con América Latina abre una etapa en la que la búsqueda de nuevos horizontes y la reflexión sobre los límites de la exposición pública definirán su camino.

Darren Anthony Robinson, un hombre de 56 años nacido en Brooklyn, Nueva York, se encuentra en la mira del FBI por operar un esquema Ponzi que despojó a cientos de inversionistas de unos USD 100 millones. Huyó en enero de 2024 y hoy figura en la lista de “Los estafadores más buscados”.

Las autoridades ofrecen hasta USD 150.000 de recompensa por información que lleve a su arresto y condena.

Quién es Robinson y de qué lo acusan

Robinson fundó QYU Holdings en Brooklyn y la operó como una supuesta firma de inversión profesional en el mercado de divisas extranjeras. La empresa captó clientes en Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros países con la promesa de ganancias en ese mercado y creció hasta reunir unos USD 100 millones entre 2015 y junio de 2023.

El dinero nunca llegó al mercado de divisas. Robinson usó los fondos de los nuevos participantes para pagarles a los anteriores —la mecánica clásica de un esquema Ponzi— y desvió el resto a gastos operativos de QYU y a su propio estilo de vida, según el FBI.

La investigación federal arrancó a partir de una denuncia que llegó a la oficina del FBI en Detroit. Las autoridades determinaron que el esquema operó durante más de ocho años sin que los inversionistas recibieran los retornos prometidos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Míchigan emitió una orden de arresto el 11 de enero de 2024. En total, Robinson enfrenta 12 cargos federales: 11 por fraude electrónico y uno por lavado de dinero. Cada cargo de fraude electrónico puede conllevar hasta 20 años de prisión bajo la ley federal.

Jubilados, familias y dueños de negocios entre las víctimas

Cientos de personas cayeron en el esquema. La mayoría de las víctimas vive en Míchigan, según Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Detroit.

Entre los afectados hay jubilados, familias que ahorraban para la universidad de sus hijos y dueños de negocios. Runyan describió el daño colectivo como un “perjuicio financiero significativo”.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)también participa en el caso. Robert Kuszynski, agente especial interino a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS en Detroit, lo explicó sin vueltas: “El lavado de dinero es, en esencia, fraude fiscal en proceso”.

Cómo escapó y dónde puede estar

Robinson tenía autorización para viajar mientras estaba en libertad bajo fianza. En ese período logró que le retiraran el monitor GPS y desapareció. Desde entonces, las autoridades no dan con su paradero.

El FBI señala que tiene vínculos con Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia y que viaja con frecuencia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Qué incluye la lista de “Los estafadores más buscados”

Esta lista es distinta a la tradicional de “Los más buscados del FBI”, que se enfoca en delitos violentos. La de estafadores arrancó en junio de 2026 y apunta a crímenes financieros que afectan a miles de personas comunes.

Desde su lanzamiento, ya produjo cuatro arrestos, según Runyan. La inclusión de Robinson refleja la urgencia de las autoridades por localizarlo.

En una conferencia de prensa del 13 de agosto, Runyan fue directa: “Alguien sabe dónde está”. Y le habló al prófugo sin rodeos: “Darren Robinson, si estás viendo esta conferencia de prensa, entrégate”.

Quienes crean haber sufrido pérdidas por el esquema de QYU Holdings pueden contactar al FBI a través de una página especial que la oficina de Detroit habilitó para este caso.

También pueden aportar información por estas vías:

• Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
• Oficina local del FBI más cercana.
• Embajada o consulado estadounidense más próximo.
• Envío anónimo en línea: tips.fbi.gov.

El sospechoso lleva la cabeza rapada, tiene ojos marrones, mide 1,80 metros y pesa 81 kilos.

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó una nueva detención provisional a Tránsito Guadalupe M., una (wedding planner) planificadora de bodas acusada de estafa agravada, tras recibir denuncias de siete víctimas que contrataron sus servicios para la organización de eventos entre 2024 y 2026. Según la información divulgada este viernes por Centros Judiciales, el perjuicio económico ocasionado asciende a USD 9,990.

Centros Judiciales detalló que la mujer ofrecía, principalmente a través de redes sociales, distintos paquetes para bodas y eventos privados. Las parejas interesadas la contactaban para contratar servicios que incluían el alquiler de salones de recepción, discomóvil, florería y banquete. Además, ofrecía servicios adicionales con un costo extra, como horas de baile, batucadas y licor de cortesía, ampliando las opciones para quienes buscaban una celebración personalizada.

La investigación expuesta en la audiencia inicial señaló que Tránsito Guadalupe M. solicitaba a sus clientes anticipos mediante transferencias bancarias, bajo la premisa de asegurar la reserva de los espacios y el pago a proveedores. No obstante, la fiscalía sostiene que en varios casos la imputada nunca gestionó la reserva de los locales ni garantizó la entrega de los servicios contratados. Centros Judiciales indicó que, en ocasiones, aunque las bodas sí se celebraron, los servicios prestados difirieron de lo pactado, afectando la experiencia de los clientes. Las promociones adicionales, como el licor de cortesía y las batucadas, tampoco se cumplieron en muchos casos.

Estafas en bodas

La información oficial revela que la imputada atribuía los incumplimientos a supuestos problemas con los proveedores. Esta justificación resultó en la ausencia de elementos esenciales para las celebraciones, como bebidas, ramos de novia, cristalería, decoración y alimentación. El juzgado determinó que los indicios presentados por la representación fiscal permiten establecer la existencia del delito y la probable participación de la acusada en los hechos denunciados.

Durante la audiencia inicial, el juzgado valoró que persiste tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización de la investigación, motivo por el cual se dictó instrucción formal con detención provisional para la acusada.

La situación de Tránsito Guadalupe M. se agrava porque, desde julio de 2026, permanece recluida de forma provisional por otro proceso similar. En ese caso, enfrenta cargos similares de estafa agravada en perjuicio de once víctimas, con un monto estimado de USD 19,651. La reiteración de conductas delictivas y el número creciente de afectados refuerzan el argumento de la fiscalía sobre la peligrosidad procesal de la imputada.

El fenómeno de las estafas asociadas a la organización de bodas ha generado preocupación debido a la vulnerabilidad de quienes buscan celebrar acontecimientos significativos en su vida. En este contexto, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y el avance de los procesos judiciales contra quienes, presuntamente, utilizan la confianza de sus clientes para obtener ventajas económicas de forma ilícita.

La causa continuará en fase de instrucción, mientras se amplía la recolección de pruebas y se analizan nuevos testimonios. El proceso judicial servirá para esclarecer el alcance de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

WhatsApp está probando una nueva función de seguridad diseñada para detectar posibles estafas antes de que el usuario interactúe con ellas. La herramienta, denominada Scam Alert, utiliza inteligencia artificial para analizar determinados mensajes y mostrar una advertencia cuando identifica patrones asociados con fraudes conocidos.

La función se encuentra actualmente en fase de pruebas con un grupo limitado de usuarios. Uno de sus principales elementos es que el análisis se realiza directamente en el teléfono mediante un modelo de aprendizaje automático, sin necesidad de enviar el contenido de las conversaciones a los servidores de Meta.

La inteligencia artificial analiza los mensajes en el celular

Scam Alert está diseñada principalmente para revisar mensajes procedentes de números que el usuario no tiene guardados entre sus contactos. El sistema analiza elementos como la estructura de la conversación y determinadas características del lenguaje para identificar comportamientos que puedan estar relacionados con intentos de estafa.

Cuando el modelo detecta suficientes señales de riesgo, WhatsApp puede mostrar una advertencia dentro de la conversación. Esta alerta solamente será visible para el usuario y busca darle una oportunidad de identificar el posible fraude antes de responder, compartir información o seguir las instrucciones del remitente.

La función está pensada para combatir una modalidad de fraude cada vez más habitual en las aplicaciones de mensajería: los contactos desconocidos que intentan ganarse la confianza de una persona para después solicitar dinero, datos personales, códigos de seguridad o acceder a determinadas cuentas.

Meta asegura que los mensajes no salen del dispositivo

Uno de los principales aspectos de Scam Alert está relacionado con la privacidad. Meta asegura que el contenido utilizado para realizar el análisis permanece en el dispositivo y que los mensajes no son enviados a sus servidores ni a los de otras compañías.

Para conseguirlo, WhatsApp descarga en el teléfono el modelo de inteligencia artificial encargado de identificar las señales relacionadas con posibles estafas. De esta manera, el procesamiento se realiza localmente y no requiere trasladar las conversaciones a la nube.

La compañía sostiene que este diseño permite mantener el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. El objetivo es incorporar una nueva capa de protección sin modificar el funcionamiento de este sistema de seguridad.

El usuario tendrá el control de la función

Scam Alert será una herramienta opcional. Los usuarios podrán activarla o desactivarla desde los ajustes de WhatsApp, mientras que una conversación identificada erróneamente como sospechosa podrá marcarse como confiable.

WhatsApp también contempla una opción para compartir voluntariamente los últimos cinco mensajes recibidos con el objetivo de ayudar a mejorar la precisión del sistema. Esta alternativa no será obligatoria para utilizar Scam Alert.

Meta también afirma que ha desarrollado mecanismos para evitar que la información recopilada pueda utilizarse para identificar directamente al usuario o acceder al contenido de sus conversaciones.

WhatsApp probará el modelo antes de extenderlo

La compañía asegura que el desarrollo de Scam Alert está sujeto a diferentes mecanismos de supervisión. Las versiones del modelo se registrarían previamente en un sistema público de transparencia y Meta tiene previsto publicar sus parámetros para facilitar las auditorías por parte de investigadores especializados en seguridad.

Por ahora, la función permanece limitada a una prueba beta con determinados usuarios y miembros de la comunidad vinculada a la detección de vulnerabilidades. WhatsApp todavía no ha anunciado una fecha para su lanzamiento general.

La compañía deberá comprobar primero que el sistema consigue identificar estafas con suficiente precisión sin generar un número elevado de falsas alarmas. También tendrá que garantizar que el procesamiento local mantiene las condiciones de privacidad prometidas. Si las pruebas son satisfactorias, Scam Alert podría convertirse en una nueva barrera para detectar fraudes antes de que el usuario caiga en ellos.

En el marco de la investigación por la estafa a Brian Lanzelotta, ex participante de Gran Hermano, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre en marco de una serie de opertivos realziados este jueves en dos domicilios del departamento de San Martín.

El procedimiento, a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, culminó con el secuestro de documentación y varios elementos relevantes para la causa, además del hallazgo de dos armas de fuego —uno de seis alvéolos con la inscripción “Colt” en la empuñadura y otro de cinco alvéolos sin marcas visibles— y cinco cartuchos de diferentes calibres.

La acción judicial se enmarca dentro de una causa impulsada por la Fiscalía interviniente de la provincia de Buenos Aires, que busca esclarecer el mecanismo a través del cual se habría concretado la supuesta maniobra fraudulenta. El operativo puso el foco en dos puntos específicos de Palmira: un depósito situado en calle Javier Molina y una vivienda ubicada en el costado oeste del carril San Pedro.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Mendoza, las diligencias permitieron el secuestro de tres remitos, paquetes y bolsones de papel higiénico, que serían parte de la encomienda que envió Lanzelotta a Mendoza. Además, también incautaron dos celulares. Todo el material quedó bajo custodia para ser sometido a un análisis detallado, con el objetivo de determinar su relación con la denuncia presentada por estafa.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes, aunque uno de los ocupantes de los domicilios allanados fue trasladado en calidad de aprehendido. El individuo quedó a disposición de la Justicia para su identificación y para definir su eventual situación procesal en el marco de la causa.

La causa se inició tras la denuncia presentada por Lazelotta en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, donde llegó acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”. Al poco tiempo, se percataron de que era una estafa.

Según pudo precisar su abogado, lograron identificar que sus productos se venden en redes sociales, a través de TikTok y que algunos bloquearon a Lanzelotta para que él no pueda contacarlos.

Pese a los últimos avances en la causa, la investigación continuará su curso para dar con todos los responsables.

Autos Italianos de Colombia S.A. informó este 12 de agosto de 2026 que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una respuesta integral al requerimiento formulado por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Según la compañía, el documento, de más de 210 páginas, fue radicado dentro del plazo otorgado por la autoridad y contiene un desarrollo individual de los 15 puntos exigidos en la averiguación preliminar identificada con el radicado 26-294239. La empresa aclaró que la información remitida incluye la documentación y los datos que obran en su poder sobre las operaciones celebradas con los clientes, así como una relación detallada del estado de cada transacción.

La comunicación oficial enfatizó que el requerimiento de la SIC fue recibido el 22 de julio de 2026, con un plazo de diez días hábiles para su respuesta. Autos Italianos de Colombia recalcó que la contestación se presentó de acuerdo con los plazos legales, lo cual quedó certificado en la constancia de radicación entregada a la autoridad.

Auditoría forense y compromiso de colaboración

En su comunicado, Autos Italianos de Colombia detalló que adelanta una auditoría forense para verificar la información contable, financiera y administrativa disponible. El proceso busca aportar claridad sobre la situación de la compañía, el manejo de los recursos recibidos y las obligaciones pendientes con clientes y proveedores.

La empresa reiteró su disposición de colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio y de atender cualquier requerimiento adicional de la autoridad, así como de seguir utilizando los canales institucionales y judiciales previstos en la ley para contribuir al esclarecimiento de las operaciones realizadas bajo la administración anterior.

La compañía remarcó que las declaraciones contenidas en su comunicado tienen carácter informativo y no representan conclusiones definitivas ni atribuciones de responsabilidad sobre los hechos investigados. “Cualquier determinación deberá ser adoptada por las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, indicó la empresa.

Investigación por presunta estafa y antecedentes del caso

Las actuaciones de la SIC forman parte de una investigación iniciada tras denuncias públicas sobre presuntos incumplimientos millonarios en la entrega de vehículos de la marca Ferrari.

El caso se hizo visible en medios nacionales después de que compradores relataran que adelantaron pagos por anticipado sin recibir el automóvil comprometido. Uno de los afectados declaró que entregó 30.000 dólares para la adquisición de un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares, y que ese dinero nunca llegó a la fábrica italiana.

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que investiga la situación de al menos seis clientes que habrían entregado sumas importantes como anticipo, sin recibir el vehículo tras el retiro de la concesión de la marca. Hasta el 30 de julio, la SIC reveló no había recibido denuncias formales, aunque las actuaciones de oficio continuaron por el impacto público del caso.

Cielo Rusinque, que hasta entonces fungía como superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa:

“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”. La funcionaria aclaró que la entidad puede actuar aun sin denuncias individuales, siempre que existan indicios de posibles vulneraciones de derechos.

La autoridad de protección al consumidor continuará con la revisión de la documentación y la verificación de la información suministrada, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones con los consumidores afectados y la trazabilidad de los recursos involucrados.

Una jueza del Distrito Judicial de Barahona dictó una sentencia de tres años de prisión contra Ana Minerva Terrero Sánchez, hallada culpable de estafar a maestros que participaron en un concurso de oposición para nombramientos docentes en 2023.

La decisión, solicitada por el Ministerio Público de República Dominicana, se conoció tras comprobarse que la acusada ofrecía arreglar calificaciones y asegurar nombramientos a cambio de dinero, promesas que nunca cumplió, según informó el Ministerio Público.

La investigación oficial determinó que Terrero Sánchez, empleada de una entidad pública, logró convencer a varias personas de que tenía influencia en el Ministerio de Educación (Minerd) y en el Distrito Educativo de Barahona. A través de este ardid, obtuvo sumas de dinero de los afectados, que buscaban acceder a plazas docentes para ellos y sus familiares. El monto sustraído ascendió a 880.000 pesos dominicanos (aproximadamente a 15.081,41 dólares estadounidenses), cifra que la condenada deberá restituir, además de pagar una indemnización de 500.000 pesos (aproximadamente a 8.568,98 dólares estadounidenses) a una de las víctimas, de acuerdo con el reporte del propio Ministerio Público.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada el 31 de octubre de 2023 por una de las afectadas, quien aseguró que ni ella ni sus parientes lograron superar las pruebas ni recibir los nombramientos prometidos.

Ante la negativa de Terrero Sánchez a devolver el dinero entregado, los perjudicados decidieron recurrir a la justicia. El Caribe detalló que la acusada se había comprometido formalmente a la devolución, pero incumplió ese acuerdo.

La sentencia fue dictada por la jueza Santa Kenia Pérez Féliz, quien consideró válidos los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público durante el proceso judicial. La acusada deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní, provincia Peravia. La fiscalía estuvo representada por Vilmania Pérez y la aspirante a fiscalizadora Fiordaliza Gómez, mientras que la investigación estuvo a cargo del fiscal Johedis Medina.

Reparación económica y posible apelación

El comunicado oficial señala que la condena incluye la obligación de reparar económicamente a los afectados y que la sanción busca proteger la integridad de los concursos de oposición para docentes y restaurar la confianza en los procedimientos de nombramiento gestionados por el Ministerio de Educación. La sentencia podría ser apelada por la defensa, aunque hasta el momento no se han anunciado recursos.

Cuatro dominicanos se declaran culpables por una estafa a adultos mayores

Cuatro dominicanos se declararon culpables en Estados Unidos este martes por integrar una red de estafa telefónica que defraudó a más de 400 adultos mayores y causó pérdidas de más de USD 5 millones, un caso que expone el alcance transnacional de la llamada “estafa del abuelo” y que aún mantiene a los acusados detenidos a la espera de sentencia.

La investigación identificó a más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, y estableció que al menos 50 residían en Massachusetts, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, citado por Diario Libre.

Las autoridades sostienen que las pérdidas acumuladas superaron los cinco millones de dólares.

Los cuatro habían sido acusados formalmente por un gran jurado federal en mayo de 2024. Después fueron arrestados en República Dominicana en agosto de 2025 a solicitud de las autoridades estadounidenses, extraditados a Estados Unidos y desde entonces permanecen bajo custodia mientras esperan la sentencia.

Recibir un mensaje que aparenta ser de Amazon puede generar dudas sobre su autenticidad. Las estafas de suplantación de identidad, conocidas como phishing, emplean distintas estrategias para engañar a los usuarios y obtener datos personales, dinero o acceso a dispositivos.

Estos fraudes imitan comunicaciones legítimas de compañías reconocidas, usando canales tan variados como correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y redes sociales. Reconocer las señales de alerta resulta fundamental para evitar caer en este tipo de engaños.

Qué es una estafa de suplantación de identidad según Amazon

Amazon advierte que la suplantación de identidad consiste en que un estafador se haga pasar por una empresa o persona de confianza. El objetivo principal de estas acciones es apropiarse de información personal o de recursos económicos de la víctima.

Los delincuentes se valen de mensajes o llamadas en los que aparentan representar a la compañía, simulando procesos de compra, entrega o problemas con la cuenta. A través de estos medios, buscan que el usuario realice pagos, entregue datos sensibles o permita el acceso remoto a su computadora.

La clave de la estafa radica en la apariencia de legitimidad, ya que el mensaje intenta replicar el estilo y formato de Amazon, generando confianza en quien lo recibe.

5 señales que permiten detectar un mensaje falso de Amazon

Identificar una estafa de suplantación de identidad no siempre resulta sencillo. Amazon destaca cinco señales que pueden ayudar a reconocer estos intentos de fraude.

La primera es la creación de una falsa sensación de urgencia. Los estafadores suelen presionar para que la persona actúe rápidamente, alegando problemas con la cuenta, pedidos bloqueados o amenazas de suspensión de servicios. Esta táctica busca que la víctima no tenga tiempo de analizar la situación y responda impulsivamente.

Otra señal es la solicitud de información personal. Puede tratarse de datos bancarios, direcciones, credenciales de inicio de sesión o cualquier dato que permita acceder a cuentas sensibles. Amazon nunca solicita este tipo de información a través de canales no oficiales.

Una tercera alerta es la invitación a realizar pagos fuera de las plataformas oficiales, como el sitio web de Amazon o su aplicación. Los delincuentes pueden pedir transferencias bancarias o pagos a través de sitios de terceros, lo que reduce la posibilidad de revertir la operación en caso de fraude.

El cuarto indicio es la exigencia de pagar con tarjetas de regalo. Los estafadores solicitan que la víctima adquiera tarjetas de regalo y comparta los códigos, una modalidad difícil de rastrear y recuperar una vez realizada la transacción.

Por último, Amazon destaca la notificación de pedidos o entregas que el usuario no reconoce. Si llega una alerta sobre una compra que no se hizo, es probable que se trate de un intento de engaño dirigido a obtener información adicional o inducir a un pago indebido.

Consejos para evitar caer en estafas de suplantación de identidad

Amazon recomienda mantener la cautela ante cualquier comunicación inesperada que solicite información o pagos. Es aconsejable verificar siempre la legitimidad del mensaje entrando directamente a la plataforma, evitando hacer clic en enlaces sospechosos o proporcionar datos a desconocidos.

Si un mensaje genera dudas, lo mejor es contactar al servicio al cliente de Amazon a través de los canales oficiales para confirmar la veracidad de la alerta.

Revisar cuidadosamente la dirección de correo, el formato del mensaje y los datos solicitados puede marcar la diferencia para identificar una estafa. Ante la menor sospecha, conviene ignorar el mensaje y reportarlo a la compañía.

La prevención y la atención a los detalles son las herramientas más efectivas para protegerse de las estafas de suplantación de identidad, especialmente cuando los intentos de fraude imitan a empresas de la magnitud y alcance de Amazon.

El también cantante detalló que, para cumplir con el pedido de 3200 bolsones de papel higiénico, recurrió a préstamos familiares y trabajó a contrarreloj junto a su hermano durante una semana. Sin embargo, una vez completada la entrega, descubrió que la transferencia nunca se había realizado y que el supuesto cliente jamás pagó la operación.

La operación comenzó cuando Lanzelotta recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

Durante una semana, Lanzelotta y su hermano se instalaron en el galpón de la fábrica. Trabajaron sin descanso para cumplir con los tiempos pautados y preparar la mercadería.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”.

La estafa dejó a Lanzelotta y su familia devastados. El emprendimiento, que representaba una apuesta para mejorar la situación financiera familiar, terminó generando una deuda considerable. “Estamos devastados, muy tristes, tratando de ver cómo seguir después de esto, porque por ahí para algunos no debe ser mucho. Hoy, por ahí 17 millones de pesos no hace nada, pero a mí me arruinaron la vida prácticamente porque yo pedí prestado un préstamo, mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo”, expresó.

El exparticipante del reality show remarcó el esfuerzo invertido: “Trabajé una semana de corrido junto a mi hermano, sin descanso, para cumplir con la entrega. Hoy no tenemos la mercadería ni el dinero”.

Ante la situación, Lanzelotta se presentó en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. Allí radicó la denuncia y comenzó el seguimiento de la mercadería.

El abogado explicó que cuentan con información precisa sobre el recorrido de los camiones y la ubicación de parte de los bolsones: “Tenemos identificado al camionero que retiró la mercadería, sabemos dónde se entregó y contamos con imágenes del camión en Mendoza. Identificamos también la distribuidora y el galpón donde está parte de la mercadería”.

El letrado señaló que parte de los productos ya se ofrecen en redes sociales, especialmente en TikTok, y que algunos vendedores bloquearon a Lanzelotta tras contactarlo. “Tenemos identificados a vendedores que están por TikTok y por redes sociales que están comercializando, ofreciendo la mercadería. Estamos a la espera de lo que indique la fiscalía para avanzar”, detalló.

Durante la investigación, Lanzelotta pudo reconstruir el trayecto de la mercadería gracias a los aportes de su comunidad en redes sociales. Varios seguidores de Mendoza le enviaron fotos, videos y direcciones del lugar donde estaban los bolsones.

Consultado sobre el rol del camionero, Lanzelotta aclaró que el transportista se mostró colaborativo y aportó documentación: “Es el que más predispuesto está, el que más información aportó. Me pasó nombre, apellido, documentos, está a disposición”.

La causa investiga ahora si la mercadería ingresó en el circuito de los conocidos “piratas del asfalto”, aunque el principal indicio apunta a una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices.

Lanzelotta subrayó que la información sobre el paradero de la mercadería llegó primero por redes sociales y por sus seguidores, antes que por la acción judicial: “Cuando hice los videos contando lo que nos estaba pasando, mucha gente de Mendoza que me sigue por mi carrera musical empezó a mandarme mensajes. Así supimos dónde estaba la mercadería”.

La defensa de Mauricio Novelli pidió a la Cámara Federal que confirme la exclusión de cinco compradores de $LIBRA, que se presentaron como querellantes en la causa que, según se expresa en el expediente, investiga el lanzamiento y el posterior derrumbe de la cotización del criptoactivo, promovido por un mensaje del presidente Javier Milei en febrero de 2025.

El planteo lo hizo el abogado Daniel Rubinovich en un memorial, en respuesta a las apelaciones de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que los apartó del rol de presuntos damnificados.

Argumentó que el derecho penal no castiga pérdidas especulativas ni decisiones financieras fallidas en mercados no regulados. En esa línea, remarcó que la estafa exige una secuencia precisa: un engaño idóneo, un error derivado de ese engaño y una disposición patrimonial perjudicial causada por ambos.

En el escrito agregó que la información relevante sobre $LIBRA estaba disponible públicamente en herramientas abiertas como SolScan. Por lo tanto, indicó que esa disponibilidad refuerza la idea de autorresponsabilidad de quienes operaron en un mercado descentralizado y sin supervisión estatal.

La defensa citó un documento de febrero de 2025 de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, en el que ese organismo señaló que las memecoins no constituyen securities bajo la ley federal estadounidense, y que suelen depender de la especulación, la demanda social y fenómenos culturales, más que de expectativas jurídicas de rentabilidad.

También mencionó advertencias de la Comisión Nacional de Valores sobre activos virtuales que no califican como negociables y que pueden implicar pérdida total en períodos breves.

La Sala I del tribunal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, deberá analizar los argumentos de las partes para resolver si ratifica la decisión de desplazar a los querellantes o si los reincorpora a la causa.

El pedido de los querellantes

El inversor Martín Romeo, patrocinado por su abogado Nicolás Ozsust, aseguró que la oferta de $LIBRA fue una estafa planeada y cuestionó que la pesquisa se hubiera enfocado en tomar la cuestión como un tema de riesgo propio de los mercados.

Además, enfatizó que “no se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”.

Por otro lado, aseguró que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.

La resolución cuestionada

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente, al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli.

De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que operó en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclamaron.

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo.

El posteo incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5, y luego se desplomó por ventas que se atribuyeron al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada.

Esa secuencia habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares desde pocas wallet addresses, y generó pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanzó a “Kip Network”, de Julián Peh, y “Kelsier Ventures”, de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y mencionó a “Kip Protocol” como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostuvo que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento en octubre de 2024 y en enero de 2025.

Todo empezó dos semanas atrás. Un supuesto cliente que se identificó como Mario se contactó desde Mendoza y le hizo un pedido grande, con urgencia. “Me realizaron un pedido. Yo tengo un pequeño emprendimiento, una fábrica de papeles higiénicos. Y bueno, me hicieron un pedido que es muy grande para lo que es mi emprendimiento”, contó Brian desde la puerta del juzgado.

La ambición de crecer pesó más que la desconfianza. “Esa ambición o ese pensar de decir: ‘bueno, esto me va a ayudar a mejorar, a progresar, a crecer’. Era el pedido que estaba esperando”, admitió. Para no perder la venta, pidió dinero prestado y resolvió afrontar la producción.

El mecanismo del engaño fue quirúrgico y así lo documentó en el móvil. “Me pasaron un CUIT de una empresa que sí existe, pero que no es la que me hizo el pedido. Ellos robaron datos”, explicó. Según su testimonio, Lanzelotta hizo todo de acuerdo a lo establecido. “Facturé para pagar impuestos sin ningún problema. Yo hice todo en el marco de lo legal”, remarcó.

La trampa se activó el día de la entrega. Brian puso una condición: sin pago, no cargaba la mercadería. El supuesto cliente le pidió que subiera un par de pallets, le mandara fotos y videos, y prometió transferir de inmediato. Después de cargar esos primeros bultos, exigió el pago antes de continuar.

Le pasaron los datos de la cuenta de su mujer. Llegó un comprobante, pero algo no cerraba. “Está mal el número de documento mío en el comprobante. El pago no va a llegar”, le avisó ella. Le pidió otra cuenta. Los estafadores mandaron un nuevo comprobante al instante: la transferencia se acreditaría en 24 horas.

Brian llamó al servicio de atención al cliente de su banco. Como era sábado, lo atendió un sistema de inteligencia artificial que confirmó que las transferencias podían demorar entre 24 y 48 horas hábiles. “Yo dije: bueno, el cliente no me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Vamos a avanzar, vamos a confiar, vamos a tener fe”, contó. Cargó el camión completo. 3100 bolsones que terminó de cargar bien entrada la noche. Pero la plata nunca apareció.

Tras publicar videos en sus redes contando lo ocurrido, seguidores mendocinos empezaron a acercarle información. Así ubicó su mercadería. “Me dicen: ‘Brian, nosotros sabemos dónde está tu mercadería, tenemos video, tenemos los nombres, tenemos el lugar’”, Brian intentó contactar al nombre que le acercaron. “Consigo el número, me atienden y cuando yo le digo: ‘Vos tenés mercadería que es mía y no me la pagaron’, me dice: ‘No, yo soy un chofer, cargué la mercadería, pero yo no cobré nada’”. Cuando Brian le preguntó quién le había vendido la mercadería, el hombre cortó la comunicación y lo bloqueó. “Él estaba promocionando mi papel higiénico en su TikTok”, agregó.

El golpe económico fue inmediato. “Yo ahora voy a tener que cerrar la fábrica”, advirtió. El alquiler del local vencía ese mismo día: $1,4 millones mensuales que no podía cubrir. “Hoy no tengo ni siquiera para pagarle el café a mi abogado. Y no es dar lástima, es la realidad”, dijo. Su plan inmediato era salir a vender su herramienta de trabajo: “Después de acá voy a hacer un video para redes y reventaré la camioneta del reparto para poder salir a pagar las deudas.”

Lapegüe le ofreció difundir su alias para que la audiencia pudiera ayudarlo. Brian rechazó la propuesta: “No quiero caer en eso. Tengo dos manos y dos pies y me gano la vida laburando. ¿Por qué tengo que pedir prestado? Hay gente enferma que sí, realmente necesita ayuda”.

Al final de la entrevista, el mediático no pudo contener las lágrimas: “Capaz que para algunos no es plata, pero para mí es un montón”, admitió. Y con la voz entrecortada por la emoción y al borde del llanto, contó el gesto de su hija más chica: “¿Sabes lo que más me duele? Estuve toda la semana sin ver a mis hijos, durmiendo en el galpón. Mi hija me hizo un dibujo que decía ‘Papá, te extraño’. Mi hijo más grande vino a visitarme el viernes y recién lo vi el sábado a las 12 de la noche que volví de entregar el pedido. Mi hija ayer, cuando me vio llorando, me vino a traer la plata de los ratones. ¿Vos sabés lo que es? Estoy destruido, no sé cómo hacer, no me importa nada ya, no quiero seguir con la fábrica, no tengo ganas", lamentó, antes de recibir la ayuda y la contención del conductor y su equipo y despedirse del móvil.

Todo comenzó cuando un supuesto cliente lo contactó con lo que parecía ser el pedido más grande de la historia de su emprendimiento. 3.800 bolsones de papel higiénico, equivalentes a la carga de un semirremolque. El plazo: una semana. Lanzelotta aceptó el desafío. Para financiar la materia prima —papel, conos, bolsas— su suegro sacó un préstamo y le prestó el dinero. Desde ese momento, el exparticipante del reality se instaló en el galpón junto a su hermano y no salió hasta que el camión llegó a cargar.

La semana fue un encadenamiento de problemas. El papel llegó tarde y en mal estado. La máquina se rompió el viernes a la noche, cuando todavía faltaba mercadería por fabricar. Se inundó el galpón. Un vidrio explotó cerca de su cara sin llegar a cortarlo. Con dos personas haciendo un trabajo que requería entre 15 y 20 días, el pedido se completó de manera parcial: de los 3.800 bolsones pactados, lograron preparar 3.100. “Fue una semana en la que nos pasaron muchas cosas, desde complicaciones con la máquina, desde el papel que tenía que llegar un día para poder trabajar y que nunca pasó”, relató en sus redes.

El acuerdo con el cliente era claro: el pago debía llegar mientras el camión se cargaba. El exparticipante de Gran Hermano cargó la mitad del vehículo, frenó la operación y mandó foto y video como prueba. El cliente respondió que haría la transferencia. El dinero, supuestamente, fue enviado a la cuenta de su pareja, Mariana César, pero el banco lo rechazó por un error en el número de documento. Le pasaron los datos de su propio banco y le dijeron que la acreditación llegaría en 24 o 48 horas por ser sábado. El lunes a la mañana, la plata no había llegado.

Lanzelotta fue primero a su banco: nada. Luego, al banco desde el que supuestamente se había enviado la transferencia. Llevó el CUIT de la empresa, el nombre y apellido del cliente, el número de documento. La respuesta fue terminante: ni el CUIT ni la persona eran clientes de esa entidad. La empresa que le habían dado para facturar existe, el CUIT existe, pero nadie desde allí había enviado dinero alguno. “Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos”, dijo al aire, con la voz rota.

El camión ya había partido. El chofer, que hasta ese momento respondía mensajes, dejó de contestar. Antes de desaparecer le había mandado una captura de Google Maps con la supuesta ubicación de descarga, pero nunca una ubicación en tiempo real. Lanzelotta sospecha que el chofer también podría ser parte del esquema, aunque no tiene certeza. Conserva las patentes del camión, las del chasis y los datos del supuesto conductor.

Lo que describió a continuación fue el inventario de lo que debe: el préstamo del suegro, el alquiler de la fábrica, las cuotas del colegio de sus hijos, la cuota del auto, el seguro, los pagos pendientes al proveedor de conos y al de bolsas. A todos les había prometido que cobraría el sábado a la noche. “Yo hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca, es la realidad”, dijo, y aclaró que no lo decía como figura retórica.

El momento más duro del relato llegó cuando describió su regreso a casa tras salir del banco. Su hija Roma había escuchado la conversación con su madre y lo esperó con los ahorros de su alcancía —la “platita de los ratones”, como la llamó él— para dárselos. “Me hicieron mierda. No sé cómo voy a pagar a mi suegro, a los proveedores”, dijo entre lágrimas. La máquina de la fábrica, que se había roto el viernes durante la producción, tampoco tenía reparación programada hasta el día siguiente, lo que dejó el emprendimiento paralizado.

El caso se originó a principios de mayo, cuando representantes de la firma petrolera denunciaron ante el Ministerio Público Fiscal un faltante millonario detectado en una de sus sucursales, lo que dio inicio a una causa que derivó en la identificación y arresto de los principales sospechosos.

La maniobra investigada consistió en la intervención fraudulenta de un dispositivo de pago utilizado para el cobro de combustibles. Según la investigación, la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos recolectó imágenes de cámaras de seguridad que documentan el momento en el que un hombre, aprovechando un instante en que el empleado de playa estaba distraído, descendió de un automóvil Volkswagen Gol y procedió a intercambiar el terminal de cobro electrónico. Este movimiento permitió operar el dispositivo adulterado durante un periodo prolongado, generando un desfasaje económico que recién fue advertido cuando la empresa realizó un control de sus cuentas.

A partir del análisis de los registros electrónicos y bancarios, los investigadores detectaron que fondos por un total de 38 millones de pesos fueron derivados hacia distintas cuentas, cuyas titularidades permitieron a la fiscalía avanzar en la identificación de los involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Sergio Carrizo (42 años), René Brandan Rodrigo Maximiliano (36), José Agustín Gauna (26) y Florencia Alcaraz (29), quienes resultaron titulares de las cuentas bancarias donde impactaron las transferencias producto de la maniobra delictiva.

La investigación fue coordinada por la UFIJ N° 08, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo. Con la recolección de pruebas y la vinculación de los sospechosos con las operaciones detectadas, la justicia autorizó la realización de cuatro allanamientos en domicilios situados en el partido de Almirante Brown.

Durante los procedimientos, llevados adelante por personal especializado de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, se incautaron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje, con el objetivo de profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos financieros asociados a la maniobra.

La investigación permitió desarticular la operatoria que afectó a la firma Shell y arrestar a todos los sospechosos señalados como partícipes necesarios de la maniobra. Los elementos secuestrados y las pruebas recolectadas serán presentados ante la justicia, que continuará con la instrucción del caso para determinar la posible existencia de otros implicados y el destino final de los fondos sustraídos.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas realizaron la captura de la presunta cabecilla de una estructura criminal dedicada a la estafa con visas falsas para trabajar en Estados Unidos.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el procedimiento se ejecutó con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

El operativo se llevó a cabo en residenciales Agua Santa, en Boca del Monte, municipio de Villa Canales, del departamento de Guatemala en cumpliendo con una orden de aprehensión emitida el 10 de febrero de 2026 por un juzgado del departamento de Santa Rosa.

La detenida fue identificada como Wendy “N”, de 39 años, acusada de casos especiales de estafa.

Eran engañados

De acuerdo con las pesquisas oficiales, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de víctimas engañadas por supuestas gestiones de documentación migratoria para Estados Unidos.

La estructura criminal tenía como principal zona de operación el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, donde ofrecía la tramitación de visas laborales a cambio de grandes sumas de dinero.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron tres pasaportes, dos teléfonos celulares, comprobantes de pago tipo vouchers, una libreta bancaria y documentos varios que pasarán a fortalecer el expediente fiscal.

Según detalló la PNC, el perjuicio económico acumulado por la red supera el millón de quetzales (USD 128.2 mil), afectando a decenas de ciudadanos que buscaban oportunidades laborales en el extranjero.

“La investigación se mantiene abierta y ya suman dos personas detenidas en conexión con este caso específico”, reportó la DEIC.

Las autoridades consideran que la detención de Wendy “N” representa un avance en la lucha contra el fraude migratorio en el país.

Antecedentes de fraudes similares y modus operandi

El caso reciente expone prácticas recurrentes en redes de estafadores que utilizan la promesa de visas laborales para Estados Unidos como gancho para captar víctimas.

Según antecedentes reportados por el Ministerio Público, estructuras similares han sido desarticuladas en el pasado mediante decenas de allanamientos.

En una de las investigaciones más amplias, se detectó una red que se hacía pasar por empresa legal y organizaba charlas informativas masivas para atraer interesados, acumulando cerca de 2 millones de quetzales (USD 256 mil) en pagos fraudulentos.

Otras organizaciones han empleado métodos digitales, simulando videollamadas con supuestos funcionarios estadounidenses para persuadir a los afectados y lograr que entreguen fuertes sumas de dinero bajo la promesa de una rápida adjudicación de visas.

Estas prácticas afectan principalmente a personas que buscan alternativas de migración segura y legal, pero terminan perdiendo sus ahorros en esquemas fraudulentos.

“La modalidad de engaño evoluciona y, en ocasiones, involucra actores transnacionales que utilizan documentos falsificados y plataformas digitales”, han repetido autoridades del MP en diferentes oportunidades.

Recomendaciones para evitar fraudes migratorios

Ante el incremento de denuncias, las autoridades nacionales e internacionales han reforzado las campañas de prevención y advierten a la población sobre los siguientes puntos clave:

• Todas las gestiones de visas estadounidenses deben realizarse de manera personal y los pagos de aranceles se efectúan únicamente a través de los mecanismos oficiales establecidos por la Embajada de Estados Unidos.
• Ninguna institución legítima solicita grandes sumas de dinero por adelantado ni depósitos en cuentas particulares.
• Se recomienda evitar intermediarios informales, como tramitadores empíricos, notarios sin respaldo o agencias que prometan una aprobación garantizada, ya que la decisión final siempre corresponde al consulado.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y denunciar cualquier intento de estafa ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público para contribuir a la erradicación de estas redes.

La promesa de haber ganado un premio u obsequio puede convertirse en el primer paso de un fraude bancario diseñado para obtener información confidencial y, posteriormente, vaciar las cuentas de las víctimas mediante retiros o transferencias que nunca autorizaron.

Este mecanismo habría sido utilizado por una presunta organización delictiva con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, a la que las autoridades atribuyen ganancias ilícitas cercanas a 40 millones de pesos.

Las investigaciones derivaron recientemente en la captura de cinco presuntos integrantes de la red, cuatro de ellos en diferentes alcaldías de la CDMX y uno más en Tlalnepantla, Estado de México. Con estas aprehensiones, suman 15 personas detenidas presuntamente relacionadas con el grupo.

¿Cómo opera este fraude bancario?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, el esquema comenzaba cuando los presuntos delincuentes se hacían pasar por empleados de una institución financiera y contactaban a las víctimas con el argumento de que habían ganado un premio o tenían derecho a recibir algún obsequio.

En algunos casos, los sospechosos incluso acudían a los domicilios de las víctimas para ofrecer los supuestos premios, de acuerdo con información difundida tras las detenciones.

El objetivo real era conseguir información personal y bancaria. Una vez obtenidos esos datos, presuntamente los utilizaban para efectuar retiros de efectivo y transferencias electrónicas sin autorización de los titulares de las cuentas.

El engaño aprovechaba principalmente la confianza generada al presentarse como representantes de una institución financiera y la expectativa de recibir una recompensa.

Este tipo de estrategia comparte características con el vishing, una modalidad de ingeniería social en la que los delincuentes utilizan llamadas telefónicas y se hacen pasar por bancos, empresas u otras organizaciones para conseguir datos confidenciales. Los argumentos pueden ir desde un supuesto cargo no reconocido hasta la actualización de una cuenta o, como en este caso, la entrega de un premio.

En otras variantes del fraude, el contacto puede continuar mediante SMS o WhatsApp, donde se envían enlaces para supuestamente verificar datos, cancelar operaciones o reclamar el premio.

¿Cómo identificarlo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido sobre los riesgos de proporcionar información ante llamadas, correos electrónicos o mensajes que anuncian supuestos premios, viajes o sorteos y condicionan su entrega a proporcionar previamente datos personales.

Una de las principales señales de alerta aparece cuando una llamada inesperada pide información confidencial o presiona al usuario para tomar una decisión de inmediato.

Mensajes como “ganaste un premio”, “detectamos un cargo no reconocido”, “tu cuenta será bloqueada” o “necesitamos verificar tu identidad” deben generar precaución cuando están acompañados de solicitudes de datos personales o financieros.

Además, que en la pantalla del teléfono aparezca aparentemente el número de un banco no garantiza que la llamada sea auténtica. Los delincuentes pueden emplear técnicas de spoofing para alterar la identificación de la llamada y hacer que parezca provenir de una institución legítima.

Consejos para evitar ser víctima de fraude bancario

Ante este tipo de comunicaciones, la recomendación principal es no entregar información financiera ni códigos de seguridad y verificar cualquier supuesto premio directamente con la institución involucrada.

Entre las medidas recomendadas se encuentran:

• No proporcionar datos financieros a personas desconocidas.
• Nunca compartir contraseñas, NIP o códigos recibidos por SMS.
• Evitar abrir enlaces enviados durante llamadas o conversaciones sospechosas.
• Revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias.
• Activar las notificaciones del banco para detectar operaciones en tiempo real.
• Colgar ante una llamada sospechosa y contactar al banco mediante su aplicación, página oficial o el número ubicado al reverso de la tarjeta.

Las instituciones financieras y operadores de tarjetas no deberían solicitar por llamadas, mensajes o correos datos personales o verificaciones de cuentas de esta naturaleza cuando el usuario no inició previamente el contacto.

¿Qué hacer si ya compartiste tus datos bancarios?

Si una persona ya proporcionó información durante una llamada o contacto sospechoso, debe comunicarse inmediatamente con su banco y revisar los movimientos de sus cuentas para identificar posibles operaciones no reconocidas.

También puede bloquear temporalmente sus tarjetas o accesos a la banca digital, modificar las contraseñas de sus cuentas bancarias y del correo electrónico vinculado, así como vigilar las operaciones realizadas durante las horas siguientes.

En caso de detectar movimientos sospechosos, además de iniciar la aclaración correspondiente con la institución financiera, es posible solicitar orientación ante la Condusef y presentar una denuncia ante las autoridades, dependiendo de las circunstancias del caso.

La detención de los cinco presuntos integrantes de esta célula muestra cómo la ingeniería social puede comenzar con una oferta aparentemente favorable. La principal señal de advertencia es que para recibir un supuesto premio se soliciten datos bancarios, contraseñas, NIP, códigos de seguridad o información personal confidencial.

Además de las dos fuentes que compartiste, contrasté los datos de las detenciones con El Financiero, La Jornada y Excélsior, particularmente el número de capturados, las entidades donde operaba la red, la denuncia bancaria que originó la investigación y el mecanismo utilizado para obtener información de las víctimas.

¿Quiénes son los cinco detenidos en CDMX y Edomex?

Las cinco órdenes de aprehensión fueron obtenidas después de trabajos de investigación y análisis de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una institución financiera. Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó las correspondientes órdenes de aprehensión a un juez de control.

Cuatro de los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en las alcaldías:

• Álvaro Obregón
• Cuauhtémoc
• Iztacalco
• Iztapalapa

La quinta captura ocurrió en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con apoyo de autoridades mexiquenses.

Los detenidos son dos mujeres de 36 y 50 años y tres hombres de 31, 31 y 45 años. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalan que la célula presuntamente tenía actividad en CDMX, Edomex, Puebla y San Luis Potosí y habría obtenido alrededor de 40 millones de pesos mediante su actividad ilícita.

Con estas capturas ya son 15 las personas detenidas por su posible relación con la misma red de fraude bancario.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Denis “N”, de 47 años, en el sector El Arbolón, municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, señalado de fingir ser inspector bancario para cometer estafas.

Según información oficial, el individuo era buscado por una orden de captura vigente por estafa propia, emitida el 28 de noviembre de 2023 por un juzgado de Quetzaltenango. De acuerdo con el reporte difundido por la PNC, Denis “N” se hacía pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos (SIB) para extorsionar a empresas de la zona.

Modus operandi: suplantación de identidad institucional

La investigación policial señala que Denis “N” se presentaba ante representantes de una empresa dedicada al otorgamiento de microcréditos en San Pedro Sacatepéquez, identificándose como funcionario de la SIB.

El reporte indica que advertía sobre supuestas irregularidades administrativas y amenazaba con sanciones, exigiendo a cambio pagos en efectivo para evitar procesos legales.

La empresa afectada denunció el hecho a las autoridades luego de recibir la solicitud de dinero y sospechar del proceder del supuesto inspector.

Identificación del sospechoso y antecedentes judiciales

Tras la denuncia, la PNC realizó una serie de diligencias que permitieron identificar plenamente a Denis “N” como el responsable de los hechos criminales denunciados.

Al cotejar los datos personales del señalado, los agentes confirmaron que existía una orden de aprehensión pendiente por el delito de estafa propia, girada por el juzgado de Quetzaltenango el 28 de noviembre de 2023. La captura se efectuó sin incidentes en el sector El Arbolón.

Complicaciones médicas y resguardo policial

De acuerdo con la información oficial, al momento de ser notificado sobre el proceso judicial en su contra, Denis “N” afirmó que se sentía mal, presentando supuestas complicaciones de salud.

Los agentes procedieron a trasladarlo bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica. No obstante, el detenido permanecerá bajo vigilancia policial hasta que pueda ser puesto a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal.

Advertencia de la Superintendencia de Bancos y recomendaciones a la población

La Superintendencia de Bancos (SIB) emitió un pronunciamiento público en el que rechaza cualquier intento de suplantación o uso indebido de su nombre para cometer fraudes.

La institución enfatizó que sus inspectores siempre se encuentran debidamente identificados y actúan conforme a procedimientos oficiales. La SIB precisó que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos, depósitos, dádivas o beneficios personales a particulares o empresas.

“Ante cualquier duda, la población debe abstenerse de proporcionar información confidencial y evitar efectuar pagos fuera de los canales institucionales”, recomendó la SIB en el documento publicado en sus redes sociales.

Además, instó a denunciar ante las autoridades cualquier intento de estafa o uso fraudulento de su identidad institucional, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en el sistema financiero nacional.

Las autoridades recomiendan verificar la identidad de cualquier persona que se presente como representante de la Superintendencia de Bancos o de cualquier otra institución y utilizar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite o consulta relacionada con el sistema financiero. El caso permanece bajo investigación y el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura.

Las estafas telefónicas continúan siendo una de las principales amenazas para los usuarios de teléfonos móviles. Frente al aumento de llamadas fraudulentas que buscan robar información personal o dinero mediante técnicas de ingeniería social, Apple incorporó en iOS 26 una función que permite filtrar automáticamente las llamadas de números desconocidos antes de que el usuario decida responder.

Esta herramienta, disponible para usuarios de iPhone con iOS 26, ofrece una capa adicional de protección al identificar llamadas de remitentes desconocidos y permitir que el usuario conozca el motivo de la comunicación antes de atenderla. Aunque no elimina por completo el riesgo de fraude, sí reduce considerablemente las interrupciones y dificulta el trabajo de los estafadores.

Cómo activar el filtro de llamadas en iPhone

El sistema de filtrado de llamadas puede configurarse desde los ajustes del teléfono y solo toma unos segundos activarlo.

Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación Configuración del iPhone.
2. Ingresar en Apps.
3. Seleccionar Teléfono.
4. Entrar en la opción Filtrar números desconocidos.
5. Elegir una de las dos modalidades disponibles:
6. • Preguntar el motivo de la llamada, para que el sistema solicite al interlocutor su nombre y la razón del contacto antes de hacer sonar el teléfono.
   • Silenciar, que envía automáticamente las llamadas de números desconocidos al buzón de voz sin interrumpir al usuario.

La primera alternativa resulta especialmente útil para quienes esperan llamadas de personas que no tienen registradas en sus contactos, mientras que la segunda está pensada para quienes desean minimizar al máximo las interrupciones.

Aunque esta función mejora el control sobre las llamadas entrantes, Apple recuerda que no sustituye otras medidas de seguridad y que siempre conviene actuar con precaución frente a números desconocidos.

Una herramienta útil frente al aumento de fraudes telefónicos

Los ciberdelincuentes utilizan cada vez con mayor frecuencia llamadas telefónicas para engañar a las víctimas. Mediante técnicas de ingeniería social intentan generar confianza o transmitir sensación de urgencia con el objetivo de obtener información confidencial.

En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por bancos, organismos públicos, compañías de servicios o incluso autoridades judiciales para convencer a la víctima de entregar datos personales o realizar transferencias de dinero.

El filtro de llamadas ayuda precisamente a reducir este tipo de situaciones, ya que permite conocer quién intenta comunicarse y cuál es el supuesto motivo de la llamada antes de responder.

Además, evita que muchos sistemas automáticos de llamadas masivas (robocalls) lleguen directamente al usuario.

Los expertos recomiendan no confirmar datos personales

Además de utilizar las herramientas disponibles en el teléfono, los especialistas en ciberseguridad aconsejan adoptar hábitos que reduzcan el riesgo de fraude.

James E. Lee, presidente del Identity Theft Resource Center, explicó que una de las principales recomendaciones consiste en no confirmar información personal durante llamadas inesperadas.

Datos aparentemente inofensivos como el nombre completo, la dirección, la fecha de nacimiento o los últimos dígitos de un documento pueden ser utilizados posteriormente para cometer fraudes de identidad.

El especialista también recomienda supervisar periódicamente el historial crediticio para detectar movimientos sospechosos cuanto antes.

Otra medida preventiva consiste en congelar el historial de crédito, una práctica muy utilizada en Estados Unidos que impide que terceros soliciten préstamos o tarjetas bancarias utilizando la identidad de otra persona.

Asimismo, aconseja desconfiar de cualquier llamada que genere presión para actuar de inmediato o exija realizar pagos urgentes.

El caso de una enfermera que evitó perder 9.000 dólares

Las estafas telefónicas afectan diariamente a miles de personas. Uno de los casos recientes fue el de Paloma Hernández, una enfermera residente en California.

Según relató Telemundo, recibió una llamada de un número desconocido justo cuando esperaba la comunicación de un médico, por lo que decidió contestar.

Al otro lado de la línea, un supuesto funcionario judicial aseguró que había incumplido una citación obligatoria para formar parte de un jurado y le informó que debía pagar dos multas que sumaban 9.000 dólares.

El delincuente utilizó un tono autoritario e insistente para intentar convencerla de realizar el pago de inmediato. Aunque inicialmente respondió algunas preguntas, Hernández comenzó a sospechar cuando el interlocutor aumentó la presión y exigió la transferencia urgente del dinero.

Finalmente decidió cortar la llamada antes de realizar cualquier pago, aunque reconoció que le preocupó haber confirmado algunos datos personales.

Tras esa experiencia, optó por activar el filtro de llamadas en su iPhone para reducir el riesgo de volver a enfrentarse a un intento de fraude similar.

Ningún filtro sustituye la prevención

Las funciones de filtrado incorporadas en los teléfonos inteligentes representan una ayuda importante para disminuir las llamadas no deseadas, pero no constituyen una solución definitiva contra las estafas telefónicas.

Los expertos recomiendan no compartir códigos de verificación, contraseñas ni información financiera durante llamadas inesperadas, incluso cuando el interlocutor afirme representar a una empresa conocida o una institución oficial.

También aconsejan colgar inmediatamente si la llamada genera sensación de urgencia, amenazas o presiones para tomar decisiones rápidas.

En el caso de Android, algunos fabricantes también ofrecen sistemas de identificación de spam y filtrado automático de llamadas, aunque las funciones disponibles y el procedimiento para activarlas pueden variar según la marca y el modelo del dispositivo.

Combinadas con hábitos de seguridad y una actitud prudente frente a números desconocidos, estas herramientas permiten reducir significativamente las posibilidades de caer en una estafa telefónica.

El comediante Germán Ortega relató cómo fue víctima de una estafa relacionada con la adquisición de una cocina, problema que arrastra desde hace meses y que, según dijo, afectó también a más de 70 familias en Monterrey.

En entrevista con la prensa, el integrante de los Mascabrothers detalló el modus operandi de quienes lo defraudaron y las dificultades para avanzar en el proceso legal.

¿Cómo fue la estafa?

En enero de 2026, el famoso denunció a través de sus redes sociales que le había depositado dinero a una persona para que le instalara una cocina, sin embargo, la persona nunca realizó el trabajo y señaló que supuestamente estaba muy grave de salud.

“Me manda con su gente, me da el teléfono de otras personas, y resulta que no me contestan hasta como cuatro días después. Finalmente, me dice: ‘German, las quimios están muy severas”. compartió.

“Tras esa última llamada, la comunicación se rompió por completo, por lo que, desde entonces no ha recibido respuesta”, dijo en su momento.

Durante el más reciente encuentro con la prensa, Ortega precisó que dos personas participaron en el fraude, aunque prefirió reservar sus nombres por motivos legales.

“El primer arquitecto anda feliz con mi dinero y el otro también. Estoy haciendo las cosas como deben de hacerse. El universo y la ley harán lo que tengan que hacer, porque yo lo único que hago es trabajar y depositar confianza en gente que, lamentablemente, le gusta abusar de la confianza”, declaró el actor.

El comediante explicó que tras denunciar el caso en redes sociales, recibió decenas de mensajes de otras personas afectadas.

“El primero que me hizo el fraude le hizo fraude a más de setenta familias en Monterrey. Cuando yo lo denuncié en Instagram, me llovieron los mensajes de: ‘A mí también me dijo esto, a mí me dijo lo otro’. Una señora me escribió: ‘Junté mis ahorros y pedí un préstamo para la cocina de mi vida y el señor se llevó todo mi dinero. Yo estoy pagando todavía lo del préstamo’”, narró Ortega.

Ortega identificó un patrón de abuso de confianza

El actor subrayó que el abuso de confianza es el eje del problema y lo calificó como uno de los delitos más graves.

“Cuando tú brindas confianza y abusan, el abuso de confianza es fatal”, sostuvo. Germán Ortega mencionó que, aunque el proceso legal avanza con lentitud, no piensa desistir.

“Es desgastante. Se atravesó el mundial y no tenía tiempo, pero voy paso a paso. No puede quedar así”, afirmó.

El proceso legal exige constantes trámites y recopilación de documentos. Ortega señaló que, mientras tanto, las personas responsables siguen libres.

“Ojalá no sigan haciendo lo que me hicieron a mí. El abuso de confianza es un mal en un ser humano”, dijo el comediante, quien enfatizó que su intención principal es recuperar su dinero y evitar que otros sean víctimas de la misma modalidad.

El caso afectó a decenas de familias

El propio Ortega relató que, tras hacer pública su situación, descubrió que el fraude no era un hecho aislado.

“Recibí mensajes de personas que también fueron estafadas. Una señora mayor me pidió que si sabía algo del responsable, le avisara. Ella todavía está pagando el préstamo que pidió para su cocina”, contó el actor. Destacó que el impacto del fraude trascendió su caso personal y alcanzó a muchas familias.

En el encuentro con la prensa, Ortega hizo un llamado a denunciar este tipo de delitos. “Denuncien, no se queden callados. Es tardado, pero lo peor que puede pasar es que ganes y recuperes. No se trata de un pleito, sino de hacer lo correcto”, afirmó.

El comediante explicó que el proceso judicial se retrasó por compromisos laborales, entre ellos la cobertura del mundial. “Eso retrasó un poco el proceso, pero ya lo estoy retomando”, aclaró.

Ortega reflexionó sobre la importancia de la confianza en las relaciones humanas y lamentó que existan personas dispuestas a aprovecharse de los demás. “Dame mi dinero y ojalá no sigas haciendo lo que me hiciste a mí”, concluyó.

Las autoridades panameñas ampliaron el alcance de las investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, revelara que el Ministerio Público ha identificado hasta el momento a 30 panameños que habrían sido enlistados para ambos bandos del conflicto.

La cifra representa un aumento con respecto a los reportes divulgados días atrás y mantiene abiertas varias líneas de investigación por posibles delitos de trata de personas y reclutamiento.

De acuerdo con el procurador, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la información actualizada indica que 21 panameños fueron potencialmente reclutados para integrarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve habrían viajado o intentado incorporarse al bando de Ucrania.

“Nos notificaron de veintiún personas que potencialmente fueron enlistadas para pertenecer a Rusia y nueve con respecto a Ucrania”, explicó Gómez al ofrecer un balance de las investigaciones.

El jefe del Ministerio Público informó además que actualmente existen seis investigaciones en curso bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, un incremento frente a los cuatro expedientes que se conocían hasta hace pocos días.

Asimismo, confirmó que una persona permanece detenida provisionalmente como parte de las pesquisas, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red de captación.

La persona bajo detención es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, quien fue imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía sostiene que habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia mediante supuestas ofertas de empleo que, según la investigación, ocultaban un esquema de reclutamiento para incorporarlos posteriormente al conflicto armado.

Durante la audiencia de garantías, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que al menos dos ciudadanos panameños fueron contactados mediante promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de bonos que oscilarían entre 20,000 y 70,000 dólares.

Según el Ministerio Público, esas ofertas buscaban atraer principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica para convencerlas de aceptar el viaje.

Las investigaciones también establecieron que entre las víctimas figuraban un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida. Para la Fiscalía, esos perfiles evidencian que los presuntos reclutadores seleccionaban personas con necesidades económicas, aprovechándose de su situación para ofrecerles una aparente oportunidad laboral en el extranjero.

Las autoridades sostienen que Brooks habría transportado a dos de esas personas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al momento de su captura, los investigadores aseguran que el imputado mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar Panamá.

Durante la audiencia, el imputado rechazó las acusaciones y afirmó que únicamente prestó un servicio de transporte. También sostuvo que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia y aseguró desconocer cómo funcionaba el supuesto mecanismo de captación.

Sin embargo, la jueza de garantías Eyvis Jaén consideró que existían suficientes elementos para ordenar la detención provisional, decisión que apelada por la defensa.

El procurador Luis Carlos Gómez advirtió que las investigaciones todavía no descartan la existencia de más personas involucradas en el reclutamiento de panameños. “No se descarta que puedan haber otras personas realizando labores de reclutamiento”, afirmó, al indicar que las autoridades continúan verificando el alcance de la estructura y los distintos niveles de participación de quienes facilitarían estos viajes.

Gómez también explicó que una de las principales líneas de investigación consiste en determinar si estos hechos pueden configurarse como trata de personas, particularmente cuando existan elementos de engaño o coacción.

“Habría que verificar esos niveles de reclutamiento y si pueden coincidir con modalidades posibles de trata de personas”, señaló.

Otra de las interrogantes que busca resolver el Ministerio Público es si algunos de los ciudadanos viajaron voluntariamente o si fueron inducidos mediante información falsa sobre las condiciones reales del empleo ofrecido.

Al ser consultado sobre este aspecto, el procurador respondió que esa será precisamente una de las tareas de las investigaciones. “Vamos a ir afinando las líneas que correspondan para identificar si efectivamente fue un ingreso voluntario o un ingreso bajo coacción”, indicó.

El funcionario también aprovechó para enviar un mensaje de advertencia a quienes puedan sentirse atraídos por este tipo de ofertas. Señaló que incorporarse a conflictos armados en el extranjero puede tener consecuencias fatales y reiteró el llamado a mantenerse alerta frente a propuestas laborales que prometen elevados ingresos sin suficiente respaldo o garantías.

Las investigaciones se producen mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha generado múltiples denuncias internacionales sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros mediante incentivos económicos.

En Panamá, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una organización dedicada a captar personas aprovechando su situación económica y trasladarlas hacia un escenario de guerra bajo falsas promesas de empleo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual en la que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes de la propia entidad para engañar a personas y promover inversiones fraudulentas.

El organismo informó que los estafadores emplean desde videos manipulados hasta comunicaciones directas por correo electrónico, WhatsApp o SMS, simulando ser parte del BCRA para lograr su objetivo de vaciar las cuentas.

La entidad monetaria detalló que los ataques comienzan con la difusión de videos falsos que simulan declaraciones de funcionarios del BCRA para promocionar supuestas inversiones. Otra variante ocurre cuando los delincuentes se contactan directamente con las víctimas por canales digitales y solicitan “un pago anticipado en dólares para liberar o permitir el cobro de una supuesta transferencia proveniente del exterior”.

“Detectamos nuevas modalidades de estafa virtual en las que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes del Banco Central para generar confianza y engañar a las personas”, advirtió la institución en su comunicado oficial.

El Banco Central remarcó que no ofrece servicios financieros al público ni solicita pagos, datos personales o información bancaria, y que su personal nunca recomienda plataformas de inversión ni pide dinero a través de redes sociales ni mensajería.

La institución enfatizó que “las autoridades y el personal del Banco Central nunca promocionan ni recomiendan inversiones o plataformas de inversión, ni solicitan pagos, datos personales o información bancaria por redes sociales, servicios de mensajería u otros canales de comunicación”.

Ante esta situación, el BCRA difundió una serie de recomendaciones para prevenir estos fraudes:

• Verificar la autenticidad de los mensajes: El Banco Central no solicita pagos, datos personales ni bancarios.
• Corroborar la identidad de los remitentes: Revisar minuciosamente direcciones de correo, números de contacto y perfiles en redes sociales para detectar posibles perfiles falsos.
• Identificar los canales oficiales de comunicación: El Banco Central solo se comunica a través de su sitio web verificado y cuentas oficiales con tilde de validación.
• Proteger los datos personales y bancarios: No compartir claves, contraseñas, token, números de tarjeta ni información sensible por ningún canal digital o telefónico.
• Desconfiar de mensajes de urgencia: Si existe presión para actuar de inmediato, detenerse y no divulgar información personal; esa es una estrategia habitual de engaño.

El BCRA reiteró la importancia de mantener la cautela frente a cualquier contacto sospechoso y recordó que toda comunicación oficial estará publicada en canales institucionales, nunca por vías informales o directas a particulares.

Lo que nunca hay que hacer

En paralelo, el BCRA difunde recomendaciones orientadas a evitar fraudes digitales que facilitan el acceso no autorizado a cuentas bancarias. La entidad emitió varias alertas tras detectar maniobras en las que se emplean aplicaciones de acceso remoto como recurso central del engaño.

El organismo detalló que una de las prácticas más habituales es solicitar a la víctima la instalación de una aplicación bajo el pretexto de “verificar su identidad” o “solucionar un problema con su cuenta”. Una vez instalado el software malicioso, los estafadores obtienen control sobre la pantalla del dispositivo y pueden ingresar a las cuentas bancarias para operar en nombre del usuario, sin que este lo perciba.

Al respecto, el BCRA remarcó: los bancos y los organismos públicos no solicitan la descarga de aplicaciones externas como parte de ningún trámite. Por lo tanto, cualquier pedido de este tipo debe interpretarse como un indicio de fraude.

Ante estos casos, la entidad sugirió desconfiar de cualquier pedido para instalar software o de enlaces enviados por chat, sin importar el medio por el que se reciban. La recomendación es interrumpir la comunicación y que sea la persona usuaria quien inicie el contacto con la entidad, siempre por canales oficiales y no por los proporcionados por quien realizó el primer contacto.

Si la aplicación ya fue instalada o se compartieron datos personales o bancarios, el BCRA indicó que corresponde contactar de inmediato al banco y denunciar la situación ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), mediante la casilla denunciasufeci@mpf.gob.ar. El organismo también instó a difundir estas advertencias para que más personas puedan identificar estas maniobras y protegerse.

El abogado Carlos Soler formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de contra Manel Grau, a quien acusa de haber recibido $4.900 millones por parte de empresarios colombianos bajo el supuesto de inversiones rápidas y seguras.

La relación entre Grau y figuras del poder, incluida Verónica Alcocer, es un elemento que —según los denunciantes— sirvió para generar confianza.

Durante dieciocho meses, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, los empresarios realizaron transferencias, entregas en efectivo y hasta la cesión de un vehículo de alta gama. Soler, quien representa a los afectados, entregó al ente investigador documentos y audios como prueba de la operación.

En total, Grau habría recibido $3.910 millones en efectivo, pagos por cheque por $280 millones y una transferencia bancaria de $60 millones. Además, la denuncia detalla la entrega de una Toyota Sequoia valorada en $650 millones. Todos estos montos y bienes están respaldados con documentación, propiedad y fechas de entrega.

Soler argumentó ante la revista Semana que los aportes no fueron hechos de una sola vez: “Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025 se realizaron múltiples entregas de dinero, cheques, transferencias bancarias y bienes valorados económicamente, cuyo valor consolidado asciende a la suma de 4.900 millones de pesos”, reza la denuncia presentada por el abogado.

El caso contra Manel Grau se sostiene en la promesa de devolución rápida con intereses del 10% y en la confianza que generó su vínculo con altos círculos de la presidencia.

Soler enfatizó que la valoración de los bienes entregados en especie, como el vehículo mencionado, se encuentra respaldada “con la documentación correspondiente a su propiedad, tradición, fecha de entrega y demás documentos pertinentes”.

Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama: “Le dieron 2 millones de euros”

La filtración de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora de la actual primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sacudió el escenario político al revelar acusaciones sobre el manejo de dinero, influencia en entidades estatales y desaparición de recursos públicos.

En las grabaciones, difundidas por Semana, Ferrer Galcerán arremete contra el entorno de Alcocer y detalla, entre otros episodios, la recepción de dos millones de euros durante la campaña presidencial. Según la exfuncionaria, ese monto habría sido entregado por el empresario catalán Manel Grau.

Las denuncias se extienden a otros ámbitos. Ferrer Galcerán sostuvo que la primera dama mantenía un nivel de gasto elevado: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, sentenció en uno de los audios. Agregó que existían cobros por reuniones, de hasta esa misma cantidad, y que en el entorno de Alcocer, “el dinero les gusta pa ellos”.

Según las palabras de Ferrer Galcerán, parte de la estructura que rodeaba a Alcocer estaba compuesta por figuras provenientes de Cataluña.

Entre ellos, mencionó a Xavier Vendrell, vinculado al círculo próximo del presidente Gustavo Petro, y a un “italiano” que, según la exfuncionaria, operaba como testaferro de Grau: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”.

La exconsejera también denunció la desaparición de mil millones de pesos en efectivo de una consejería y la utilización de fondos para “bodegas”, asesores, estudios de opinión y movilizaciones políticas.

Otras denuncias y antecedentes de presunta estafa

No es la primera vez que el nombre de Grau aparece vinculado a señalamientos por fraude. En febrero de 2026, copropietarios del proyecto Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá, adelantaron acciones legales por presunta estafa contra el empresario catalán.

El proyecto inmobiliario, promovido por Grau, prometía una rentabilidad anual cercana al 7,92% a diez años, pero los inversionistas afirman que apenas recibieron un 3%.

La comercialización de las unidades, que comenzaron a venderse desde 2016 por aproximadamente 140 millones de pesos cada una, quedó en manos de sociedades relacionadas con Grau. El edificio fue entregado en 2020 y, desde entonces, la administración estuvo a cargo de una empresa del entorno del empresario. Para la gestión de los ingresos y utilidades se constituyó un fideicomiso.

Propietarios agrupados en la firma Defensa Inmobiliaria, que representa a más de 220 dueños, expresaron su inconformidad: un vocero señaló que, aunque el edificio habría generado ventas anuales de hasta $10.000 millones, la utilidad repartida no coincidió con lo que se había proyectado inicialmente.

Las ofertas de trabajo que prometen ganar cientos o miles de pesos al día por realizar tareas sencillas desde el celular se han convertido en una de las modalidades de fraude digital con mayor crecimiento en los últimos meses. Este esquema, conocido como task scam, ya circula de forma masiva en WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería.

En México, diversos usuarios han reportado recibir mensajes de supuestos reclutadores que aseguran trabajar para compañías ampliamente conocidas, como Mercado Libre, plataformas de comercio electrónico, agencias de marketing o empresas internacionales.

Sin embargo, detrás de esas propuestas laborales se encuentra un fraude diseñado para convencer a las víctimas de realizar depósitos de dinero. Hacen creer a la persona que está obteniendo ganancias fáciles para después solicitarle pagos con el argumento de desbloquear tareas, liberar comisiones o recuperar sus supuestas ganancias.

¿Qué es el task scam?

El task scam (traducido como “estafa de tareas”) es un fraude en línea en el que los delincuentes ofrecen supuestos empleos de medio tiempo o trabajo remoto con actividades muy simples, entre ellas:

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• Ver videos.
• Suscribirse a canales.
• Calificar comercios o aplicaciones.
• Realizar pequeñas tareas digitales.

A cambio prometen pagos inmediatos o ingresos diarios muy superiores a los de un empleo convencional, una estrategia diseñada para despertar el interés de quienes buscan ingresos adicionales.

En muchos casos, el primer contacto ocurre mediante un mensaje inesperado de WhatsApp, donde un supuesto reclutador afirma haber obtenido el número telefónico del usuario por medio de una bolsa de trabajo o una empresa de recursos humanos.

Así opera la nueva estafa por WhatsApp

Los especialistas en ciberseguridad identifican un patrón común en este tipo de fraude:

• El usuario recibe un mensaje ofreciendo un empleo con horarios flexibles y altos ingresos.
• Le asignan tareas extremadamente sencillas.
• Después de completar las primeras actividades, recibe pequeñas cantidades de dinero para generar confianza.
• Posteriormente le ofrecen acceder a tareas “premium” con mayores ganancias.
• Para desbloquearlas le solicitan realizar un depósito o invertir una cantidad de dinero.
• Una vez hecho el pago, aparecen nuevas cuotas, impuestos, verificaciones o depósitos obligatorios.
• Finalmente la víctima pierde el acceso al grupo, la plataforma o al supuesto asesor, junto con el dinero transferido.

Precisamente esa primera recompensa económica hace que muchas personas crean que el empleo es legítimo y continúen enviando dinero con la expectativa de recuperar una cantidad mucho mayor.

Señales para identificar un task scam

Si recibes una oferta laboral inesperada, conviene prestar atención a estas señales de alerta:

• Prometen ingresos muy elevados por tareas simples.
• El contacto llega desde un número desconocido, muchas veces internacional.
• Ofrecen incorporarte de inmediato sin entrevista.
• Solicitan descargar aplicaciones o ingresar a plataformas desconocidas.
• Piden realizar depósitos para liberar pagos o comisiones.
• Insisten en que la oferta tiene cupos limitados y debe aceptarse de inmediato.
• Utilizan nombres o logotipos de empresas conocidas sin comprobar su autenticidad.

La CONDUSEF también ha alertado sobre fraudes que utilizan el nombre e imagen de instituciones o empresas legítimas para solicitar información personal o depósitos anticipados, recomendando verificar siempre la autenticidad del contacto antes de compartir datos o enviar dinero.

¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

Los expertos recomiendan no responder ni interactuar con este tipo de ofertas si generan sospechas.

Las principales medidas de prevención son:

• No realizar depósitos para acceder a un supuesto empleo.
• No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.
• Confirmar las vacantes únicamente en los sitios oficiales de las empresas.
• Bloquear y reportar el número desde WhatsApp.
• Denunciar el intento de fraude si se detecta una suplantación de identidad.

En caso de que el mensaje mencione a una empresa específica, lo más recomendable es ingresar directamente a su portal oficial de empleo o comunicarse mediante sus canales autorizados para confirmar si la vacante realmente existe. De esta manera es posible evitar caer en una modalidad de fraude que aprovecha la necesidad de conseguir ingresos rápidos para obtener dinero de las víctimas.

¿Por qué utilizan nombres de empresas reconocidas?

Uno de los elementos más importantes del task scam es la suplantación de identidad de empresas con gran reconocimiento.

Los estafadores suelen mencionar marcas populares para transmitir confianza y convencer a la víctima de que realmente están realizando un proceso de contratación.

En semanas recientes, numerosos casos utilizaron el nombre de Mercado Libre, aunque también pueden hacerse pasar por empresas de logística, comercio electrónico, turismo, entretenimiento o tecnología.

La propia Mercado Libre advierte que las oportunidades laborales únicamente se publican a través de sus canales oficiales y recomienda desconfiar de cualquier oferta recibida por WhatsApp que no pueda verificarse. Asimismo, señala que nunca solicita pagos, contraseñas ni información financiera para participar en procesos de contratación.

Una investigación federal destapó un esquema millonario de fraude con cupones de alimentos que operaba en el sur de Florida, desviando recursos destinados a familias vulnerables. Según la acusación formal, la operación habría canalizado de manera ilícita más de 19 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante un periodo de casi siete años, afectando directamente la integridad de uno de los principales sistemas de ayuda social en Estados Unidos.

El caso involucra a cuatro hombres identificados como Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar; Sami Jamhour, de 43, domiciliado en Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 y residente de Miami; y Adel Amro, de 23, con domicilio en Fort Myers. Todos han sido acusados por un gran jurado federal de participar en una supuesta conspiración para desviar fondos públicos mediante fraudes en comercios localizados en los condados de Miami-Dade y Broward.

Las autoridades detallaron que Ali enfrenta, además, una orden final de deportación emitida previamente. Hasta el momento, tres de los cuatro acusados han sido detenidos; el arresto más reciente se produjo cuando uno de ellos llegó a Estados Unidos en un vuelo procedente de Jordania, lo que evidencia el alcance y la vigilancia internacional sobre el caso. El cuarto implicado permanece, hasta la última actualización, en libertad.

El mecanismo señalado por los fiscales se fundamentaba en el uso fraudulento de tiendas autorizadas para aceptar beneficios SNAP, programa conocido anteriormente como cupones de alimentos. Los imputados, valiéndose de sus posiciones como propietarios de comercios —Brown Sugar, Kwik Stop y Quickie Mini Market—, ubicados en Miami, Hollywood y Lauderhill, habrían ejecutado transacciones ficticias o infladas, procesando cargos superiores al valor real de las compras o simulando operaciones inexistentes.

La acusación sostiene que Ali y Amaro entregaron a Kwik Stop terminales de punto de venta que estaban asignadas a sus propios negocios, una práctica expresamente prohibida por las reglas del SNAP, que prohíben compartir estos equipos entre diferentes comercios. Esta maniobra permitía que las transacciones fraudulentas se realizaran de manera más ágil y difícil de rastrear, aumentando el volumen de fondos desviados en un corto periodo.

El procedimiento ilegal incluía también el reclutamiento de beneficiarios del programa dispuestos a intercambiar el saldo de sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) por efectivo. Según los documentos judiciales, Amro habría sido el encargado de captar a estos participantes, quienes entregaban sus tarjetas para que los empleados procesaran transacciones por montos superiores al dinero recibido.

Por ejemplo, si un beneficiario aceptaba recibir USD 100 en efectivo, el comercio procesaba un cargo de USD 199 a la tarjeta EBT, quedándose con la diferencia como ganancia ilícita. De este modo, los participantes recibían aproximadamente la mitad del valor descontado de sus beneficios, mientras que el resto se lo apropiaban los comercios implicados.

Los expedientes judiciales describen transacciones concretas que ilustran la mecánica del fraude: en un caso, se entregaron 100 dólares en efectivo a cambio de descontar 199 dólares de una tarjeta EBT; en otro episodio, un beneficiario recibió 128 dólares mientras se cargaban 238 dólares en beneficios. Estas operaciones, multiplicadas a lo largo de varios años y en diferentes establecimientos, habrían permitido desviar sumas millonarias de un programa federal destinado a garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.

En cuanto a las imputaciones, los cuatro hombres enfrentan cargos por conspiración para traficar beneficios de SNAP y lavado de dinero, aunque la gravedad de los cargos varía según el papel que supuestamente desempeñó cada uno dentro del esquema. Ali enfrenta, además, cargos específicos por lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras, lo que implica un riesgo de hasta 65 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Amaro podría recibir una pena máxima de 55 años; Jamhour, hasta 50 años; y Amro, hasta 30 años. Estas cifras reflejan la severidad con la que la justicia federal estadounidense persigue delitos relacionados con el desvío de fondos públicos y el fraude en programas sociales.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, todos los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme. La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades federales, quienes buscan esclarecer hasta el último detalle del caso antes de que avance el proceso judicial.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) continúa a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia en el desarrollo de la investigación por presunta estafa relacionada con la venta y entrega de vehículos Ferrari en el país.

La autoridad de protección al consumidor otorgó un plazo de diez días hábiles a la empresa para suministrar la documentación requerida, después de recibir denuncias públicas sobre millonarios incumplimientos con clientes.

Cielo Rusinque, superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa que la entidad envió solicitudes de información a la compañía, con el objetivo de determinar posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores por publicidad engañosa y por incumplimiento en la entrega de automóviles.

“Nosotros enviamos requerimientos a la matriz que estaba funcionando en Colombia para poder establecer las eventuales responsabilidades en cuanto a la protección de los derechos del consumidor”, afirmó Rusinque.

La funcionaria precisó que el plazo para responder a estos requerimientos vencía tras diez días hábiles desde el 21 de julio, y hasta el 30 de julio la SIC no ha recibido respuesta de Autos Italianos de Colombia.

La entidad investiga la situación de al menos seis compradores que habrían entregado sumas millonarias como anticipo para la compra de vehículos Ferrari, sin recibir los automóviles comprometidos tras el retiro de la concesión de la marca.

Sin denuncias formales, pero con actuaciones de oficio

A pesar de las denuncias públicas y la amplia repercusión en redes sociales, la SIC no ha recibido hasta el momento denuncias ni demandas formales por parte de los afectados. Rusinque señaló que, aunque la falta de denuncias individuales limita el alcance procesal, la autoridad puede actuar de oficio cuando detecta posibles vulneraciones de derechos.

“Formalmente no tenemos hasta el presente ninguna demanda o denuncia por parte de estas personas que pudieron verse afectadas, que, valga decir, tenemos entendido, son aproximadamente seis personas en todo el país”, precisó la superintendente.

La funcionaria subrayó que el deber de la entidad es garantizar la protección de los consumidores, independientemente del monto de la transacción o del perfil socioeconómico de los clientes.

“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”, destacó Rusinque.

El testimonio de los afectados y la postura de Autos Italianos

El caso salió a la luz luego de que compradores como Antonio Mendivil narraran públicamente su experiencia. Mendivil relató a Noticias Caracol que abonó 30.000 dólares como anticipo por un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares (alrededor de 3.000 millones de pesos colombianos).

“Hicimos el anticipo de 30.000 dólares... Nos quedamos con que los 30.000 dólares míos nunca llegaron a Ferrari, se quedaron en Colombia, en esta empresa que se llama Autos Italianos”, denunció Mendivil.

Además, el empresario señaló que el contrato exigía dejar el dinero en manos del concesionario local durante meses, sin garantías efectivas, y cuestionó la ausencia de apoyo de la casa matriz italiana a los clientes colombianos. “Si Ferrari entrega la concesión a un agente en Colombia, el responsable debería ser directamente la fábrica porque ellos los están representando”, afirmó.

El caso también afecta a actuales propietarios de vehículos de la marca, que pierden acceso al servicio de posventa y garantías tras el cierre del concesionario.

“Estos carros son muy costosos y el mantenimiento de estos carros es costoso y en este momento estamos sin la postventa, sin la garantía... parar un carro de eso, el solo seguro contra terceros vale 80 o 90 millones de pesos. Entonces, un carro parado sin poderlo usar”, advirtió Mendivil al medio citado.

En respuesta a la controversia, Sergio de la Vega, empresario mexicano y exdueño de Autos Italianos de Colombia, declaró a Caracol Radio que su empresa Italian Motors Holding ya no es accionista ni controla la compañía en cuestión. De la Vega aseguró que, pese a no tener vínculos actuales, busca que los reclamos pendientes sean atendidos “de manera seria y ordenada”.

“Cada caso tiene circunstancias distintas y hay acuerdos de confidencialidad que debemos respetar. Por eso, un foro público no es el lugar adecuado para discutir o resolver expedientes individuales”, expresó.

En las últimos días, los tribunales de El Salvador han conocido dos casos emblemáticos relacionados con la usurpación de títulos profesionales y la estafa agravada en perjuicio de particulares.

Ambos expedientes, tramitados en Santa Tecla, La Libertad Sur, muestran la modalidad en la que presuntos profesionales ofrecen servicios de ingeniería y arquitectura sin contar con la debida acreditación, obteniendo sumas significativas de dinero y dejando afectados a quienes confiaron en sus servicios.

El primer caso fue resuelto por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que condenó a Luis Alberto Laínez a tres años y seis meses de prisión por el delito de estafa en perjuicio de una víctima. Según las pruebas presentadas durante el juicio, en octubre de 2023 la víctima contactó al imputado a través de una red social, donde este se promocionaba como arquitecto y representante de una constructora.

Tras acordar la ampliación de una vivienda en Santa Tecla, la víctima entregó un anticipo de 8,500 dólares de un total pactado de 16,500 dólares. Aunque el procesado inició labores menores en el sitio, posteriormente suspendió toda comunicación y no volvió a presentarse.

La víctima, al buscar la dirección de la supuesta empresa, constató que no existía, por lo que denunció los hechos ante las autoridades.

El tribunal valoró pruebas documentales que acreditaban la transferencia del dinero a las cuentas del imputado y el testimonio de la víctima, quien expuso el perjuicio patrimonial y el engaño sufrido. Además de la condena de prisión, el juzgado ordenó el pago de 8,500 dólares en concepto de responsabilidad civil.

El segundo caso involucra a Ana Calixtha M. G., quien enfrentará juicio por el delito de estafa agravada, según lo ordenó el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla. La acusada se habría presentado como ingeniera civil ante la víctima, quien requería trabajos de remodelación en un inmueble recién adquirido.

La afectada transfirió más de 46,000 dólares para la ejecución del proyecto, sin que las obras fueran concluidas. Las investigaciones permitieron establecer que la procesada aún cursaba la carrera y no contaba con los permisos legales para ejercer la profesión ni ejecutar las obras contratadas.

Tras analizar la prueba ofrecida por las partes, la jueza consideró que existen suficientes elementos para enviar el caso a la etapa de sentencia. La acusada continuará el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la detención provisional.

Lo que establece el Código Penal de El Salvador para estos delitos

El Código Penal de El Salvador contempla de manera específica el delito de estafa y la usurpación de calidad profesional. Según el artículo 215, la estafa se configura cuando una persona, mediante engaño, induce a otra a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. La sanción para este delito puede alcanzar entre uno y cinco años de prisión, aunque la pena puede agravarse si concurren circunstancias como el abuso de confianza, la reiteración o el uso de medios tecnológicos para perpetrar el engaño.

Además, el artículo 307 tipifica la usurpación de calidad, estableciendo que quien, sin tener título legal, ejerza actos propios de una profesión regulada por ley, incurre en responsabilidad penal.

La sanción puede agravarse si del hecho se deriva un perjuicio patrimonial o daño a terceros, como ocurrió en los casos descritos. Además, el Código Penal contempla la imposición de responsabilidad civil, ordenando la restitución del daño económico causado a la víctima.

La normativa busca proteger tanto el patrimonio de las personas como la confianza pública en las profesiones reguladas, sancionando con severidad a quienes, sin contar con título válido, ofrecen servicios para obtener un beneficio económico ilícito.

Estos casos reflejan los mecanismos de control judicial y la aplicación de las leyes para combatir la estafa y la usurpación de títulos en el país.

La investigación de la causa $LIBRA retomará su ritmo después de la feria judicial, con dos cuestiones pendientes: por un lado, el acceso a la información que solicitó el tribunal para identificar a los usuarios detrás de las billeteras digitales; y, por otro, la audiencia prevista para el próximo 10 de agosto en la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si se sostiene la hipótesis de estafa que habilite la participación de querellantes.

Antes de ingresar en el receso de invierno, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano para disponer el congelamiento de las direcciones de criptoactivos hasta obtener información sobre su titularidad.

Se trata de una medida cautelar que, según se indicó, busca favorecer la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos involucrados y preservarlos ante la posibilidad de un futuro decomiso. La diligencia fue delegada al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que deberá presentar un informe una vez que se complete la instrucción.

Mientras tanto, el otro eje que condiciona el rumbo del proceso es el conflicto sobre la intervención de querellantes, que surgió cuando el imputado Mauricio Gaspar Novelli promovió una excepción por falta de acción para excluir a las cinco personas que se presentaron como particulares damnificados.

En la presentación, la defensa sostuvo que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo carecen de legitimación para continuar interviniendo en el caso, porque se supone que debían conocer que estaban operando en un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y fuerte exposición al riesgo.

La ruta del dinero

El análisis de la secuencia de movimientos de dinero que identificaron los peritos de la Policía Federal se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, Fixed Float y Bridge Finance.

Asimismo, se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a plataformas de intercambio centralizadas, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación “Expuestos en X”.

Los expertos señalaron que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.

La cuestión de la estafa

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli, con el argumento de que, en el estado actual de la causa, no está acreditado que hayan sufrido un perjuicio directo para intervenir como particulares ofendidos.

Los afectados apelaron para revertir la medida, por lo que la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para revisar la decisión el próximo 10 de agosto.

La controversia principal se sostiene en la cuestión de si hubo o no hubo estafa. De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que opera en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclaman.

En la misma línea, planteó que “aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”.

La causa

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo, que incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5 tras el posteo y luego se desplomó por ventas que fueron atribuidas al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada, lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, mediante unas pocas direcciones de billeteras digitales, generando pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanza a Kip Network de Julián Peh y Kelsier Ventures de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y menciona a Kip Protocol como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostiene que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento, en octubre de 2024 y en enero de 2025. Agrega que los empresarios habrían pagado para posibilitar esas reuniones.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Luis Alberto Laínez a tres años y seis meses de prisión por estafa, tras establecer que se presentó como arquitecto para obtener USD 8.500 de una víctima, según informó este miércoles Centros Judiciales El Salvador.

El fallo también ordenó el pago de USD 8.500 como responsabilidad civil. La víctima entregó esa suma como anticipo para una obra de ampliación de vivienda pactada por USD 16.500.

Según las pruebas incorporadas en el juicio, el contacto se produjo en octubre de 2023 a través de una red social, donde el imputado se promocionaba como arquitecto y representante de una constructora. El acuerdo consistía en ampliar una vivienda en Santa Tecla, La Libertad Sur, y el dinero debía cubrir el inicio de la obra y la compra de materiales.

El informe de Centros Judiciales El Salvador indicó que Laínez comenzó el trabajo con el desmontaje del techo, pero después cortó toda comunicación y no volvió a presentarse. La víctima buscó al acusado en la dirección de una supuesta sede corporativa, comprobó que la empresa no existía y presentó la denuncia.

Para dictar la sentencia, el tribunal valoró documentación que acreditó la recepción de los USD 8.500 en cuentas del imputado y el testimonio de la víctima, que sustentó el engaño y el perjuicio patrimonial.

“Según las pruebas acreditadas en juicio, en octubre de 2023, la víctima contactó al imputado a través de una red social, donde este se promocionaba como arquitecto y representante de una constructora. Tras acordar la ampliación de una vivienda en Santa Tecla, La Libertad Sur, por un monto de 16,500 dólares, la víctima le entregó 8,500 dólares en concepto de anticipo para el inicio de la obra y adquisición de materiales”, expone el reporte judicial.

Casos similares de estafas en El Salvador

Este lunes, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a la ciudadana Patricia del Carmen Flores de Cisneros a seis años de prisión por estafa en El Salvador, tras establecer que se hacía pasar por abogada para ofrecer servicios jurídicos y cobrar dinero mediante engaños. Además, le impuso dos años por ejercicio ilegal de la profesión.

La Fiscalía General de la República (FGR)acreditó que la mujer no estaba autorizada para ejercer, por lo que esa segunda pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Según lo expuesto en la vista pública, uno de los casos ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de Dora Alicia P. A. fue capturada. La condenada se presentó como abogada y amiga de la joven, y ofreció asumir la defensa por$500.

También, este mes la Fiscalía anunció que el salvadoreño José R. P. permanecerá detenido mientras avanza su proceso penal, acusado de estafa y uso de documentos falsosen perjuicio de comerciantes de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la institución,José simulaba ser empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvadory ofrecía gestionar permisos y licencias para la operación de negocios a cambio de 1.000 dólares estadounidenses.

Una mujer identificada como Cassandra Thompson quedó arrestada en Miami tras una acusación de haber drogado y robado más de USD 84.000 a un hombre en Brickell. Según las autoridades, se apropió del teléfono de la víctima para sustraer efectivo y criptomonedas mientras el afectado permanecía inconsciente.

El delito se cometió en diciembre de 2024 y la captura ocurrió más de un año después, al regresar la sospechosa a la ciudad.

Cómo fue el robo millonario en Brickell

La policía sostiene que la noche del 11 de diciembre de 2024, un hombre invitó a Thompson a su apartamento tras conocerla en un restaurante de la zona. Ya dentro del domicilio, la mujer preparó una bebida con vodka que la víctima bebió. Minutos después, él perdió el conocimiento.

Mientras el hombre permanecía inconsciente, Thompson tomó su teléfono y accedió a sus cuentas digitales. La sospechosa transfirió USD 72.800 en criptomonedas y USD 1.225 a través de Venmo usando el dispositivo, además de llevarse USD 10.000 en efectivo del dormitorio.

Cuando la víctima despertó horas después, encontró la puerta entreabierta, su celular desaparecido y un pedido de comida sin recoger en la entrada.

Quién es la acusada y cómo la ubicaron

Thompson, de 35 años, residente de Las Vegas, fue identificada gracias a grabaciones de seguridad y rastreo digital del teléfono robado. Según los informes policiales, la investigación permitió seguir la pista del dispositivo hasta Nueva York, Estados Unidos, ciudad a la que la acusada voló pocas horas después de cometer el robo.

Las pruebas digitales y los registros de las transferencias bancarias confirmaron la identidad de Thompson. El trabajo coordinado entre la víctima y las autoridades permitió emitir una orden de arresto, que se hizo efectiva el 26 de julio de 2026, cuando Thompson arribó al aeropuerto internacional de Miami.

Dónde y cuándo ocurrió el delito

El hecho se registró en un apartamento ubicado en Brickell, Miami. Todo sucedió durante la madrugada: la pareja llegó al apartamento cerca de las 3:30, la bebida fue servida poco después y, para las 4:00, la sospechosa ya había abandonado el lugar. A las 8:00, Thompson tomó un vuelo rumbo a Nueva York con el botín en su poder.

La detención de la acusada se realizó en el Turner Guilford Knight Correctional Center tras su llegada a Miami, donde quedó a disposición judicial bajo cargos de hurto mayor, lavado de dinero y fraude informático.

Qué reveló la investigación policial

La investigación determinó que la sustancia utilizada para incapacitar a la víctima no ha sido identificada, pero permitió a la acusada operar sin resistencia y apropiarse de grandes sumas en poco tiempo. Parte de las transferencias digitales fue bloqueada por la plataforma Coinbase, pero la mayoría de los fondos logró ser retirada antes de que se detectara el fraude.

Las pruebas presentadas incluyen videos de seguridad, rastreo de dispositivos y registros de las transacciones financieras, elementos que resultaron claves para la captura un año después del delito.

Otros fraudes recientes con criptomonedas y engaño en Estados Unidos

En Estados Unidos se han registrado recientemente otros delitos vinculados al robo digital y la manipulación de víctimas para sustraer criptomonedas. El 26 de julio de 2026, fiscales federales informaron la recuperación de más de USD 25 millones en activos virtuales defraudados a más de 200 personas, principalmente a través de falsas relaciones sentimentales y esquemas de inversión fraudulentos.

Las redes criminales, con base en el extranjero, lograron mezclar y mover los fondos de las víctimas antes de que fueran congelados por las autoridades, según detalló The Financial Wire.

Otro caso destacado en el sur de Florida involucró la detención de un joven de 21 años, acusado de liderar un grupo que instaló videojuegos infectados para acceder a unas 80 billeteras digitales y apropiarse de al menos USD 220.000 en criptomonedas.

De acuerdo con el reporte de WSVN, los fondos robados fueron blanqueados mediante tarjetas de regalo digitales. Las autoridades estadounidenses alertan sobre el aumento de estos delitos y aconsejan precaución al compartir información financiera o transferir dinero por internet.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a la ciudadana Patricia del Carmen Flores de Cisneros a seis años de prisión por estafa en El Salvador, tras establecer que se hacía pasar por abogada para ofrecer servicios jurídicos y cobrar dinero mediante engaños. Además, le impuso dos años por ejercicio ilegal de la profesión.

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que la mujer no estaba autorizada para ejercer, por lo que esa segunda pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Según lo expuesto en la vista pública, uno de los casos ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de Dora Alicia P. A. fue capturada. La condenada se presentó como abogada y amiga de la joven, y ofreció asumir la defensa por $500.

¿Cómo operó en los dos casos?

Después pidió más pagos por supuestos trámites, como una presunta fianza, permisos de ingreso al centro penal y una multa, hasta recibir USD $5.800. La víctima relató que luego no logró comunicarse con la procesada y más tarde supo que había sido capturada por otro hecho similar.

En un segundo caso, otra persona denunció que la contrató para gestionar un divorcio y le entregó $250. Tiempo después, al enterarse por redes sociales de la captura, presentó la denuncia. La documentación oficial presentada en el proceso estableció que Flores de Cisneros no está inscrita como abogada autorizada, sino que únicamente es egresada de la licenciatura de Ciencias Jurídicas.

Más casos similares en el país

Esta semana, Centros Judiciales de El Salvador informó que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador remitió a la etapa de sentencia el proceso penal contra Axel Moisés R. J., por el delito de estafa. Axel y la víctima pactaron el alquiler de una propiedad. En el transcurso de este acuerdo, el acusado se ganó la confianza de la víctima al fingir ser un comerciante de materiales de construcción, lo que llevó a la firma de un contrato de arrendamiento.

Tiempo después, la víctima le encargó diversos materiales de construcción a Axel R., quien le exigió el pago anticipado bajo la promesa de entregarlos en un plazo de cinco días. Para ello, la víctima le transfirió un total de $2,700 a su nombre. No obstante, tras transcurrir varias semanas de evasivas, excusas y la interrupción total de la comunicación, la víctima optó por denunciarlo.

Este mes la Fiscalía anunció que el salvadoreño José R. P. permanecerá detenido mientras avanza su proceso penal, acusado de estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de comerciantes de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la institución, José simulaba ser empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador y ofrecía gestionar permisos y licencias para la operación de negocios a cambio de 1.000 dólares estadounidenses.

Según la información recogida y divulgada por las autoridades de investigación penal, José R. P. contactaba a propietarios de pequeños comercios y emprendimientos en San Salvador, a quienes aseguraba contar con influencias dentro de la municipalidad. El imputado solicitaba pagos anticipados bajo la promesa de facilitar los trámites y evitar inspecciones, y tras recibir el dinero entregaba documentos apócrifos.

Las autoridades hondureñas capturaron a un ciudadano mexicano acusado de acceder de forma ilícita a sistemas de cajeros automáticos en San Pedro Sula, Honduras para retirar efectivo sin usar tarjetas bancarias. La Policía Nacional informó que el arresto se produjo tras alertas de una entidad bancaria sobre transacciones irregulares.

El arresto se realizó en las cercanías de un cajero automático ubicado sobre el bulevar del Norte, en el sector Los Álamos de San Pedro Sula, donde el sospechoso presuntamente intentaba continuar con la misma modalidad utilizada horas antes en otra agencia bancaria de la ciudad.

La investigación comenzó tras una serie de retiros irregulares. Según la Policía Nacional, la institución financiera detectó una secuencia de transacciones anómalas que comprometían el funcionamiento de varios cajeros automáticos.

Las alertas internas llevaron al banco a notificar de inmediato a las autoridades a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 y se activó un operativo conjunto entre unidades de investigación e inteligencia policial.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Honduras, los agentes ubicaron al sospechoso y lo capturaron cuando permanecía cerca de uno de los cajeros donde presuntamente realizaba nuevas operaciones irregulares.

Cómo operaba el presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido tiene 25 años, es originario de Culiacán, México, y reside en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

Las pesquisas indican que el sospechoso presuntamente utilizaba un método basado en la manipulación de los sistemas informáticos de los cajeros automáticos.

Según la hipótesis de los investigadores, quienes ejecutaban este procedimiento lograban obtener acceso previo al sistema interno del cajero automático y luego utilizaban un algoritmo instalado en un teléfono celular para generar códigos que autorizaban retiros de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria.

Ese mecanismo permitía realizar extracciones de dinero mediante vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos de los equipos, sin recurrir a métodos tradicionales de clonación de tarjetas o robo de información de clientes.

Las autoridades continúan analizando la forma en que habría sido comprometido el sistema y si existen antecedentes de operaciones similares en otras ciudades del país.

Utilizaban diferentes cajeros

Las investigaciones establecen que el primer retiro irregular fue detectado en un cajero automático ubicado en una agencia bancaria de la 7 calle de San Pedro Sula.

Tras identificar las operaciones sospechosas, el banco reforzó el monitoreo de sus equipos y pocas horas después emitió una segunda alerta desde un cajero automático ubicado en la agencia de Los Álamos.

El sistema detectó nuevamente movimientos con características similares y permitió establecer que una persona con la misma descripción física continuaba realizando retiros mediante el mismo procedimiento. Esa información permitió a las unidades policiales desplegar un operativo que culminó con la captura del ciudadano mexicano antes de abandonar el sector.

Durante la inspección posterior al arresto, los agentes encontraron en poder del sospechoso 190.000 lempiras en efectivo, equivalentes a aproximadamente más de 7 mil dólares, distribuidos en billetes de 500 lempiras.

Además, las autoridades decomisaron un teléfono celular marca que será sometido a análisis forenses para determinar si fue utilizado como herramienta para ejecutar el presunto acceso ilícito al sistema informático de los cajeros automáticos.

Investigaciones contra red de fraude

La Policía Nacional informó que las investigaciones permanecen abiertas porque existen indicios de que este mismo método habría sido utilizado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Las diligencias buscan determinar el monto total del perjuicio ocasionado a la institución financiera, establecer si hubo otras entidades afectadas e identificar a posibles cómplices que habrían participado en la planificación o ejecución de las operaciones.

Las autoridades tampoco descartan que el sospechoso forme parte de una organización dedicada a cometer delitos informáticos en distintos países de la región, por lo que mantienen coordinación con Interpol y otras instancias de investigación para verificar antecedentes y posibles vínculos internacionales.

Tras ser informado sobre los derechos que le asisten conforme a la legislación hondureña, el ciudadano mexicano fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía continuará el proceso judicial por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, mientras avanzan las investigaciones para determinar si enfrentará nuevas acusaciones relacionadas con otros retiros irregulares detectados en la ciudad.

Ferrari North America, filial regional de la marca italiana de automóviles deportivos de lujo y de competición, confirmó que Colombia quedó sin distribuidor oficial y que avanza en la búsqueda de un nuevo representante para retomar su presencia en el país, mientras se desmarca de la crisis de Autos Italianos de Colombia y sostiene que las causas de lo ocurrido no hacen parte de su ámbito de control ni de su responsabilidad.

El Departamento de Comunicación de Ferrari North America informó, en declaración enviada a Caracol Radio, que está en contacto con los clientes afectados y que garantizará la atención y el servicio de los vehículos de la marca. También indicó que cualquier reclamación o inconformidad relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad.

Según conoció el medio, la salida de la marca del mercado colombiano ocurrió después de una negociación para intentar salvar financieramente al distribuidor, que enfrentaba obligaciones cercanas a USD 1,5 millones. Esa operación incluyó la búsqueda de un inversionista capaz de capitalizar la compañía y asumir sus pasivos.

La entrada de Adolfo Salume quedó en el centro de la ruptura

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación citadas por la emisora, la llegada de Adolfo Salume Artiñano a la operación regional de Ferrari habría sido el detonante de la decisión que dejó a Colombia sin representación oficial. El empresario salvadoreño, cliente de la marca, fue contactado por directivos de Autos Italianos de Colombia encabezados por Sergio de la Vega.

Los testimonios apuntan a que el acuerdo no solo preveía su ingreso a la compañía, sino la asunción de las deudas que mantenía el distribuidor. Salume habría aceptado hacerse cargo de esas obligaciones como parte del entendimiento alcanzado entre las partes.

En el desarrollo de esa negociación se produjo además un cruce de comunicaciones entre Sergio de la Vega y Tadeo Bonelli, a quien las mismas fuentes consideran una figura clave en la operación regional de Ferrari. En esas cartas, Bonelli habría expresado reparos sobre la conveniencia de que Salume ingresara a la estructura societaria de Autos Italianos de Colombia y habría recomendado que la operación no siguiera en esos términos.

Pese a esas objeciones, la operación quedó consignada en un contrato suscrito en Panamá. Aunque el documento permanece bajo reserva por el velo corporativo, informantes confirmaron al medio su existencia.

Ferrari dijo que designará otro representante para el mercado colombiano

La consecuencia directa fue el retiro de la representación oficial de la marca de autos para el mercado colombiano. Según la publicación, las diferencias entre Salume y Ferrari en Estados Unidos se extendieron durante varios meses después de su entrada en la participación accionaria del distribuidor, hasta que la casa matriz decidió cortar ese vínculo.

El caso ocurre en medio de retrasos en la entrega de vehículos de alta gama a varios clientes del concesionario ubicado en la calle 113 con avenida 19, en Bogotá, y de investigaciones sobre la operación de la empresa. En ese contexto, la automotriz busca restablecer la comercialización y el respaldo de sus vehículos a través de un distribuidor con aval directo de la casa matriz.

La inclusión de Salume en la Lista Engel agregó presión al caso

Caracol Radio también estableció que Adolfo Salume fue incluido años atrás en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos con personas señaladas por presuntos actos de corrupción o de socavar procesos democráticos en Centroamérica. Su inclusión provocó controversia en El Salvador, donde el empresario ha desarrollado gran parte de su actividad económica y política.

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene: “Se vio involucrado en actos de corrupción significativos y socavó los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado del Tribunal Supremo para evitar pagar una multa”.

Mientras avanza la designación de un nuevo representante autorizado, la marca afirmó que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari en el país.

La búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero suele motivar a miles de personas a iniciar procesos migratorios con la expectativa de mejorar su situación económica. Ese interés también abre espacio para organizaciones y personas que aprovechan la necesidad de los postulantes mediante ofertas falsas, trámites inexistentes y el uso indebido de identidades vinculadas con instituciones oficiales.

Las modalidades de engaño relacionadas con visas de trabajo mantienen un patrón frecuente: anuncios publicados en redes sociales, supuestos representantes legales, solicitudes de depósitos escalonados y promesas de aprobación rápida. En muchos casos, los afectados entregan documentación personal y realizan varios pagos antes de advertir las irregularidades.

En Chiclayo, un ciudadano de 60 años denunció una situación de este tipo después de seguir un supuesto proceso para conseguir una visa laboral con destino a Estados Unidos. El caso tomó relevancia tras su testimonio difundido por el Rotafono de RPP y la posterior respuesta de la Embajada de Estados Unidos.

La denuncia también vuelve a poner atención sobre la importancia de verificar la autenticidad de cualquier trámite migratorio mediante los canales oficiales, especialmente cuando intervienen solicitudes de dinero o personas que aseguran representar a autoridades diplomáticas.

Denunciante relata cómo inició el supuesto trámite

Según informó el Rotafono de RPP, Julio Carhuatanta Zelada, de 60 años y residente de Chiclayo, explicó que todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando encontró en Facebook un anuncio relacionado con la obtención de visas de trabajo para Estados Unidos.

Después de responder al aviso, un hombre identificado como Jhon de la Vega, quien se presentó como abogado en Miami, tomó contacto con el ciudadano. De acuerdo con el denunciante, el supuesto representante aseguró que reclutaba personal para trabajar en territorio estadounidense y solicitó documentos personales para iniciar el procedimiento.

“El abogado me dijo que recluta personas para trabajar en los Estados Unidos, me pidió mi DNI y pasaporte, después me dijo que en dos días me iban a dar una respuesta. Hoy me llamó un señor Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, me dijo que estoy aprobado para ingresar a trabajar a los Estados Unidos y que continúe el trámite con el abogado”, relató el afectado a RPP.

Pagos sucesivos incrementaron las pérdidas económicas

El denunciante indicó que el supuesto proceso incluyó varios desembolsos de dinero. Precisó que en mayo realizó un primer pago de 910 soles a una cuenta bancaria. Posteriormente recibió documentos que, según le indicaron, correspondían al formulario para solicitar la visa y a un contrato laboral.

De acuerdo con la información proporcionada por Julio Carhuatanta, la empresa Ruppert Landscape supuestamente lo contrataría durante un año para desempeñarse como ayudante de mudanza, con una remuneración mensual de 1.850 dólares.

Sin embargo, las solicitudes de dinero continuaron. El ciudadano señaló que el supuesto abogado pidió nuevos depósitos, incluso a una cuenta ubicada en Venezuela. Además, le comunicó que debía acudir a la Embajada de Estados Unidos en Lima a fines de julio para programar una cita, aunque antes debía efectuar un pago adicional de 515 dólares destinado, según los estafadores, a la compra de pasajes aéreos.

El denunciante sostuvo que el monto entregado supera los dos mil dólares. Pese a esa cantidad, las exigencias económicas no cesaron, situación que despertó sus sospechas sobre una posible suplantación de identidad con fines ilícitos.

La víctima buscó confirmar la identidad de los involucrados

Ante las continuas solicitudes de dinero, Julio Carhuatanta decidió verificar si las personas que mantenían contacto con él realmente pertenecían a las instituciones mencionadas durante el supuesto trámite.

El ciudadano manifestó su preocupación porque quienes lo contactaron utilizaron el nombre de Bernie Navarro, identificado por los estafadores como embajador de Estados Unidos en Perú, con el objetivo de otorgar credibilidad al procedimiento y convencerlo de efectuar nuevos pagos.

Según la denuncia difundida, el afectado incluso solicitó licencia sin goce de haber en la institución donde trabaja porque confiaba en viajar a Estados Unidos para incorporarse al empleo ofrecido. Esa planificación quedó sin efecto tras descubrir las irregularidades del caso.

La principal inquietud del denunciante consiste ahora en determinar la identidad real de las personas involucradas y conocer si otras personas pudieron resultar perjudicadas mediante el mismo mecanismo.

Embajada confirma que se trató de una estafa

Tras conocerse la denuncia, la Embajada de Estados Unidos informó que el ciudadano fue víctima de estafadores y advirtió sobre la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para cualquier gestión relacionada con visas o servicios consulares.

“Es una pena que muchas personas sean víctimas de estos estafadores. Nosotros siempre animamos a las personas a siempre usar solo información oficial que se encuentra en nuestra página web. Este caso es más penoso porque los estafadores se aprovechan de una persona de la tercera edad para sus ilícitos”, comunicó la representación diplomática al Rotafono de RPP.

La institución también recordó que toda la información oficial sobre sus servicios se encuentra disponible en el portal pe.usembassy.gov, con el propósito de evitar que los ciudadanos recurran a intermediarios o acepten instrucciones provenientes de fuentes sin autorización oficial.

La seguridad digital enfrenta una nueva amenaza que aprovecha la confianza de los usuarios en una de las herramientas más conocidas de internet: el CAPTCHA. Originalmente diseñado para distinguir humanos de bots mediante tareas simples como identificar imágenes o ingresar texto, el CAPTCHA se ha convertido en el último disfraz de una campaña de phishing que puede poner en riesgo tus datos y tu dispositivo.

La relevancia de este nuevo fraude radica en su capacidad para engañar a usuarios experimentados y en la velocidad con la que puede comprometer información confidencial. Detectar el engaño y saber cómo actuar es fundamental en un entorno donde las estafas digitales evolucionan constantemente.

Cómo funciona el fraude del CAPTCHA falso

El ataque comienza cuando el usuario recibe una solicitud de CAPTCHA inesperada al navegar por un sitio web. A simple vista, la pantalla se parece a cualquier verificación legítima: cuadros de texto, imágenes para seleccionar o instrucciones para demostrar que no eres un robot. Sin embargo, la diferencia clave está en el tipo de tarea que solicita.

En lugar de pedir que resuelvas un puzzle visual o ingreses un código, el falso CAPTCHA te indica que ejecutes una serie de comandos en tu dispositivo, como “Windows + R”, seguido de “Ctrl + V” y “Enter”. Esta secuencia, lejos de ser una verificación de seguridad, está diseñada para que pegues y ejecutes un programa malicioso oculto, dando acceso a los estafadores a tus datos personales y cuentas sensibles.

¿Por qué es tan efectivo este fraude?

El éxito de esta estafa radica en la familiaridad. Los usuarios están acostumbrados a ver CAPTCHAs a diario y asumen que forman parte de la navegación segura. Al imitar el diseño y el lenguaje de los CAPTCHA reales, los estafadores logran que muchas personas sigan las instrucciones sin sospechar.

Además, el mensaje suele estar acompañado por frases como “verificación de seguridad” o “confirme que es humano”, lo que refuerza la sensación de legitimidad. Al ejecutar los comandos, el usuario puede instalar sin saberlo malware capaz de robar credenciales de email, banca móvil o cualquier otro dato almacenado en el dispositivo.

Claves para identificar un CAPTCHA falso

• Desconfía de solicitudes que pidan ejecutar comandos: Un CAPTCHA real nunca te pedirá que uses combinaciones de teclas del sistema ni que pegues líneas de código.
• Evita descargar archivos inesperados: Si tras la verificación se descarga automáticamente un archivo, no lo abras ni lo ejecutes.
• Verifica la dirección web: Los CAPTCHAs auténticos suelen estar asociados a sitios oficiales o servicios reconocidos.
• Presta atención a los detalles gráficos: Errores de ortografía, logotipos alterados o estilos visuales poco pulidos son señales de alerta.

¿Qué hacer si ejecutaste un CAPTCHA falso?

Si notas que tras interactuar con un CAPTCHA algo se descarga en tu dispositivo o seguiste instrucciones para ejecutar comandos, es crucial actuar de inmediato:

1. Desconéctate de internet: Esto limita el acceso remoto de los atacantes a tus cuentas y dispositivos.
2. Ejecuta un análisis de seguridad: Utiliza un software antivirus confiable para detectar y eliminar cualquier programa malicioso.
3. Actualiza tu sistema y aplicaciones: Mantener el software al día ayuda a bloquear vulnerabilidades que los atacantes podrían explotar.
4. Cambia todas tus contraseñas: Hazlo desde otro dispositivo seguro, especialmente para cuentas de correo, banca y tiendas online.
5. Activa la autenticación de dos factores (2FA): Esto añade una capa adicional de protección en caso de que tus credenciales hayan sido comprometidas.

El fraude del CAPTCHA falso es un ejemplo más de cómo los ciberdelincuentes explotan rutinas digitales cotidianas para obtener acceso a información sensible. A medida que los usuarios se familiarizan con ciertas interfaces, los atacantes adaptan sus métodos para aprovechar esa confianza.

La mejor defensa es la prevención: evita ejecutar instrucciones que no entiendas, mantente informado sobre las nuevas tácticas de phishing y utiliza herramientas de seguridad actualizadas. Si tienes dudas sobre una solicitud de verificación, cierra la página y accede solo a sitios oficiales o de confianza.

Detectar y frenar a tiempo estos engaños es clave para mantener tu información segura en un entorno digital cada vez más desafiante.

Las denuncias por estafas y otros fraudes continúan en aumento en Panamá. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró tres mil trescientas noventa y cinco denuncias criminales relacionadas con estos delitos, lo que representa un incremento del 15% respecto a las 2,947 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

La tendencia se produce mientras las autoridades desarticularon una presunta organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de terrenos utilizando documentos falsificados.

Las estadísticas muestran que el delito de estafa concentra prácticamente la totalidad de las investigaciones. Solo esta modalidad acumuló tres mil ciento sesenta denuncias en el primer semestre del año, equivalente a más del 93% del total de los casos registrados.

En comparación con el año pasado, las denuncias por este delito aumentaron un 12%, al pasar de 2,814 a 3,160 expedientes.

El informe también revela un fuerte incremento en la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de cuarenta a ciento cuarenta y nueve casos, un crecimiento del 273%, convirtiéndose en el delito con mayor aumento porcentual durante el período analizado.

En contraste, las estafas agravadas disminuyeron de setenta a 64 denuncias, mientras que otros delitos, como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros, mantuvieron una incidencia mucho menor.

De acuerdo con las cifras oficiales, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de investigaciones con 1,972 casos, seguida por Panamá Oeste, con 452, y Chiriquí, con 287.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos destacan Los Santos, con un aumento del cuarenta y nueve por ciento, y Panamá Oeste, donde las denuncias crecieron un 37% frente al mismo semestre de 2025.

Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, desde el punto de vista jurídico no siempre significan lo mismo.

La estafa consiste en engañar deliberadamente a una persona para que entregue dinero, bienes o derechos creyendo que realiza una transacción legítima. El elemento central es el engaño previo que induce a la víctima a actuar voluntariamente en perjuicio de su patrimonio.

El término fraude, por su parte, engloba un conjunto más amplio de conductas ilícitas que buscan obtener un beneficio económico mediante manipulación, falsificación o abuso de confianza. Dentro de esta categoría se encuentran modalidades específicas como el fraude informático, el fraude en servicios públicos, el fraude hipotecario o la utilización de documentación falsa para aparentar legalidad en una operación.

Capturan red por venta ilegal de terrenos

Precisamente este último esquema fue el que motivó una de las investigaciones más recientes de la Procuraduría General de la Nación.

Mediante la Operación Huellas, la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarticuló un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas ocho personas durante diligencias realizadas en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde además fueron ubicados diversos indicios vinculados con la investigación.

Según la Fiscalía, las pesquisas comenzaron en marzo de 2025 y permitieron establecer que el grupo utilizaba una red social para ofrecer terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios. Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, presuntamente utilizaban documentos falsificados atribuidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

Las autoridades estiman que las operaciones investigadas ocasionaron un perjuicio económico aproximado de 177,685 dólares a las víctimas.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal contra los responsables de estos hechos, al tiempo que reiteró su compromiso de desarrollar las investigaciones respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

La combinación del incremento sostenido en las denuncias por estafas, el crecimiento acelerado de los fraudes informáticos y casos como el detectado en la Operación Huellas reflejan la diversificación de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para apropiarse del patrimonio de las personas, lo que mantiene bajo presión a las autoridades encargadas de perseguir este tipo de delitos.

El abogado José Miguel Jurado Rovira, quien se entregó voluntariamente después de ser requerido por las autoridades, quedó bajo detención provisional por su presunta participación en la red que habría manipulado el sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse y comercializar créditos fiscales.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, imputó al abogado de 56 años por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, falsificación de documentos privados y delincuencia organizada.

Durante la audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la juzgadora consideró que existían riesgos de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba. También tomó en cuenta la naturaleza de los hechos y la cantidad de delitos atribuidos por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión de Jurado y dio por presentada la formulación de cargos realizada por el fiscal Dagoberto Alvarado. La defensa estuvo a cargo del abogado Víctor Harding, mientras que Jorge Gutiérrez y Diva Pinzón participaron como representantes de la querella presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Jurado se había entregado un día antes de la audiencia. El abogado figura como representante legal de Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside, dos sociedades mencionadas dentro de la investigación sobre la supuesta red que operó en la DGI.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, ambas compañías habrían servido como intermediarias en la cesión de por lo menos $23 millones en créditos fiscales. Esos recursos habrían sido desviados previamente mediante modificaciones irregulares realizadas por funcionarios con acceso al sistema tributario.

Al menos 17 personas procesadas

Con la comparecencia de Jurado, al menos 17 personas han sido imputadas dentro de esta fase de la Operación Pandora, según el recuento de las audiencias informadas por el Órgano Judicial.

En la primera audiencia, que se extendió durante tres días y concluyó el sábado 11 de julio, fueron presentadas inicialmente 16 personas. Sin embargo, dos investigadas sufrieron afectaciones médicas y debieron ser trasladadas a centros hospitalarios, por lo que en ese momento solamente se formularon cargos contra 14.

La jueza Zenia Pérez ordenó la detención provisional de 12 de los imputados y concedió arresto domiciliario a otros dos. Para aplicar la medida más severa, el tribunal valoró la pluralidad y gravedad de los delitos, la posible afectación al Estado y el riesgo de destrucción de pruebas.

Al día siguiente, las dos mujeres que no habían podido completar la primera audiencia fueron llevadas nuevamente ante un tribunal. Una recibió detención provisional y a la otra se le concedió arresto domiciliario por razones de salud.

Antes de la comparecencia de Jurado, el balance era de 13 personas detenidas provisionalmente y tres bajo arresto domiciliario. Con la nueva decisión judicial, la cantidad de investigados en prisión preventiva se elevó a 14.

Algunas de las medidas cautelares fueron apeladas y deberán ser revisadas el próximo 3 de agosto por el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna. Las medidas no representan una condena, pues la investigación se mantiene en curso y los imputados conservan la presunción de inocencia.

Créditos fiscales vendidos a terceros

La causa se originó entre 2024 y 2025 y produjo más de 20 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. La investigación involucra a funcionarios, exfuncionarios de la DGI y particulares que presuntamente utilizaron accesos privilegiados para alterar registros tributarios.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la red manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para convertir pagos ya realizados por contribuyentes en créditos no aplicados. Estos montos quedaban disponibles dentro de la plataforma y posteriormente eran cedidos o comercializados con terceros.

Las autoridades estiman que el esquema ocasionó una lesión patrimonial cercana a $40 millones. Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos que deberán ser sometidos a análisis pericial.

La investigación también alcanzó a BAC Panamá, entidad que reconoció haber adquirido créditos fiscales para utilizarlos posteriormente en el pago de sus propios impuestos. El banco sostuvo, sin embargo, que actuó de buena fe porque los montos aparecían oficialmente certificados dentro del sistema de la DGI.

BAC explicó que la compra y cesión de créditos fiscales constituye un mecanismo legal utilizado por diferentes empresas y aclaró que nunca recibió dinero del Estado por estas operaciones. Los créditos fueron aplicados exclusivamente a sus obligaciones tributarias.

“Las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-Tax para darle validez a créditos fiscales”, indicó la entidad financiera.

El banco aseguró que sus propios controles internos levantaron las alertas comunicadas a las autoridades y que una auditoría interna sobre las transacciones no encontró elementos que vincularan a la institución o a sus colaboradores con las presuntas irregularidades.

También afirmó que el caso no tiene relación con las cuentas, depósitos o fondos de sus clientes. El comunicado no precisó el monto total de los créditos adquiridos, el precio pagado por ellos ni las empresas intermediarias que participaron en las transacciones.

Según una publicación del diario La Prensa, una revisión realizada dentro de la Dirección General de Ingresos determinó que, de los $42.4 millones aplicados por BAC International Bank (Panamá) al pago de compromisos tributarios entre 2022 y 2025, aproximadamente $36.01 millones estarían asociados con acreditaciones que la institución fiscal cuestiona por carecer de legitimidad.

Chapman promete reforzar los controles

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó esta semana que el caso no tendrá impacto en la recaudación del Estado y aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles de la administración tributaria.

Chapman reconoció que el tráfico irregular de créditos fiscales es un problema de larga data y que, durante años, bancos, empresas y aseguradoras han sido engañados mediante este tipo de operaciones.

“Eso demuestra la debilidad de nuestro sistema”, expresó el ministro, quien insistió en que las investigaciones no deben afectar la confianza de los contribuyentes.

Más allá de las responsabilidades penales individuales, la Operación Pandora ha dejado expuesta la vulnerabilidad de la principal plataforma tributaria del país. La investigación deberá determinar quiénes alteraron los registros, cómo se distribuyeron los beneficios y si las entidades que recibieron los créditos aplicaron controles suficientes antes de utilizarlos para cancelar sus impuestos.

Un fraude en expansión usa FaceTime para suplantar bancos y robar contraseñas, después de convencer a las víctimas de que deben “verificar” su cuenta y lograr que compartan la pantalla mientras ingresan a la banca en línea, según informó CBS News el 14 de julio de 2026.

De acuerdo con la corresponsal nacional de consumo Ash-Har Quraishi, el engaño comienza con un mensaje de texto sobre supuesta actividad en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, que incluye un número para llamar.

En otros casos, el contacto llega como una llamada directa del estafador, donde el mismo asegura que necesita una “verificación adicional”.

El cambio clave ocurre cuando el delincuente pasa de una llamada solo de audio a una videollamada por FaceTime.

Ahí, la víctima comparte la pantalla del computador mientras inicia sesión: “El estafador observa en tiempo real mientras las víctimas exponen contraseñas, números de cuenta e incluso códigos de seguridad de un solo uso”, fue la advertencia de Quraishi.

Cómo se inicia el engaño y por qué la pantalla compartida es el punto crítico

En la práctica, el método apunta a un punto ciego habitual: la confianza que genera una app conocida y la sensación de control que ofrece una videollamada.

El estafador guía la conversación con un tono de urgencia, plantea que existe un riesgo inmediato para la cuenta y propone una “solución” que, en realidad, habilita la exposición de credenciales.

En ese marco, Quraishi explicó que el truco no depende de vulnerar técnicamente el sistema del banco, sino de inducir a la persona a mostrar su información.

El objetivo es que el usuario ingrese por sí mismo a la banca digital y, al compartir la pantalla, deje expuestos datos sensibles, sin necesidad de que el delincuente pida esas claves de manera directa.

La “verificación” funciona como una excusa para sostener a la víctima en línea el tiempo suficiente como para observar cada paso.

En ese encuadre, la persona cree que mantiene el control del proceso, aunque en realidad está transmitiendo datos que habilitan el robo de contraseñas y otros identificadores.

Qué buscan los estafadores durante la videollamada

Durante la sesión, el delincuente obtiene una vista directa de la cuenta a medida que el usuario inicia sesión. Según Quraishi, la pantalla compartida deja visibles contraseñas, números de cuenta e incluso códigos de seguridad de un solo uso, que el estafador puede ver en tiempo real mientras la víctima los introduce o los recibe.

El informe señaló que el ataque se construye con una secuencia simple: un primer contacto que alerta sobre “actividad” en una cuenta o tarjeta, un número para llamar o una llamada entrante, y una derivación hacia FaceTime con el argumento de una supuesta comprobación. La pantalla compartida, en ese tramo, funciona como el núcleo del engaño.

Qué recomendó Apple para reportar el fraude

Apple sostuvo que los estafadores explotan FaceTime porque muchos usuarios confían en la aplicación y la perciben como una plataforma segura.

La empresa remarcó que, ante una llamada sospechosa de alguien que dice ser del banco, conviene tratar el contacto como potencialmente fraudulento.

Como paso de reporte, recomendó que el usuario tome una captura de pantalla del contacto, toque el botón “info” junto a la llamada, seleccione “take live photo” y envíe la imagen a reportfacetimefraud@apple.com.

La compañía planteó que documentar el contacto permite aportar evidencia del perfil o del número asociado al intento de engaño y facilita su seguimiento a través del canal de denuncias indicado.

El celular concentra buena parte de la vida digital de millones de personas. En él se almacenan fotografías, documentos, conversaciones, aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos y datos personales que pueden convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes.

Consciente de esta realidad, la empresa de ciberseguridad ESET elaboró una guía práctica que propone revisar la seguridad del dispositivo en apenas diez minutos para reducir el riesgo de sufrir ataques informáticos.

La iniciativa reúne una serie de recomendaciones sencillas que pueden aplicarse tanto en dispositivos Android como en iPhone. Según la compañía, dedicar unos minutos a verificar la configuración del equipo permite detectar posibles vulnerabilidades, reforzar la protección de las cuentas personales y disminuir significativamente las probabilidades de que un tercero acceda a información sensible.

“Con apenas 10 minutos y algunos cambios simples es posible detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y prevenir problemas antes de que ocurran. De esta manera se reduce significativamente la posibilidad de que toda la vida digital quede expuesta”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Mantener el sistema actualizado es la primera línea de defensa

Uno de los consejos más importantes consiste en comprobar que el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas estén actualizados.

Las actualizaciones no solo incorporan nuevas funciones o mejoras de rendimiento. También corrigen fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes para acceder al dispositivo o instalar software malicioso.

Tanto Android como iOS publican periódicamente parches de seguridad destinados a corregir vulnerabilidades detectadas por investigadores y fabricantes. Retrasar estas actualizaciones aumenta la exposición a amenazas ya conocidas.

Por ello, la primera revisión debería centrarse en verificar si existen nuevas versiones disponibles e instalarlas cuanto antes.

Revisar el método de bloqueo del teléfono

El segundo paso consiste en comprobar que el acceso al dispositivo esté protegido mediante un método seguro.

Los especialistas recomiendan utilizar:

• PIN de varios dígitos.
• Contraseña robusta.
• Patrón difícil de adivinar.
• Huella dactilar.
• Reconocimiento facial.

También aconsejan activar el bloqueo automático de la pantalla después de pocos minutos de inactividad y evitar claves fáciles como fechas de nacimiento, secuencias simples o combinaciones repetidas.

Estas medidas dificultan que un tercero pueda acceder al contenido del teléfono en caso de pérdida o robo.

Eliminar aplicaciones innecesarias y revisar sus permisos

Otra de las recomendaciones consiste en revisar periódicamente todas las aplicaciones instaladas.

Eliminar aquellas que ya no se utilizan o cuya procedencia resulta desconocida reduce la superficie de ataque y disminuye la posibilidad de que programas maliciosos permanezcan instalados sin que el usuario lo note.

Además, conviene comprobar los permisos concedidos a cada aplicación. Muchas solicitan acceso al micrófono, la cámara, la ubicación, los contactos o el almacenamiento, incluso cuando esas funciones no son necesarias para su funcionamiento.

Revisar estos permisos desde la configuración del teléfono permite limitar el acceso únicamente a la información imprescindible, fortaleciendo tanto la privacidad como la seguridad.

Desactivar conexiones que no se utilizan

Las conexiones inalámbricas también pueden convertirse en una puerta de entrada para determinados ataques.

Por ese motivo, ESET recomienda apagar el Bluetooth cuando no esté siendo utilizado y eliminar de la memoria del teléfono las redes Wi-Fi públicas que ya no sean necesarias.

Las redes abiertas o poco seguras pueden facilitar intentos de interceptación de datos o accesos no autorizados, especialmente cuando el usuario se conecta sin verificar la autenticidad del punto de acceso.

Reducir este tipo de conexiones ayuda a minimizar riesgos durante el uso cotidiano del dispositivo.

Activar la autenticación en dos pasos

La autenticación en dos factores (2FA) es considerada actualmente una de las medidas más eficaces para proteger las cuentas digitales.

Esta función añade una segunda verificación además de la contraseña, generalmente mediante un código temporal enviado al teléfono o generado por una aplicación de autenticación.

Se recomienda activarla en:

• Correo electrónico.
• Redes sociales.
• Aplicaciones de mensajería.
• Cuentas de Google.
• Apple ID.
• Servicios bancarios.

De esta forma, aunque un atacante consiga descubrir la contraseña, tendrá muchas más dificultades para acceder a la cuenta.

Las copias de seguridad pueden evitar una pérdida de información

Otra práctica fundamental consiste en mantener copias de seguridad automáticas.

Servicios como Google Drive o iCloud permiten guardar fotografías, contactos, documentos, configuraciones y otros datos importantes para recuperarlos en caso de robo, avería o pérdida del dispositivo.

Contar con un respaldo actualizado reduce el impacto de cualquier incidente y facilita volver a utilizar un nuevo teléfono sin perder información importante.

Durante las semanas previas a Fiestas Patrias, aumenta el interés de muchas familias por adquirir pasajes para viajes nacionales e internacionales. Las promociones difundidas en redes sociales suelen convertirse en una de las principales alternativas para encontrar precios más bajos, aunque también representan un espacio utilizado por personas denunciadas por presuntos fraudes.

En ese contexto, una ciudadana denunció la compra de boletos de avión que, según su versión, nunca existieron. El caso también abrió la posibilidad de que otras personas atraviesen una situación similar, debido a la existencia de varias denuncias relacionadas con la misma persona y el mismo emprendimiento dedicado a la venta de pasajes.

La investigación se encuentra en manos de las autoridades, mientras las personas afectadas esperan la devolución del dinero entregado. Entre los elementos presentados figuran comprobantes de pago, documentos firmados y registros de comunicaciones que forman parte de las diligencias.

De acuerdo con la información expuesta por Latina Noticias, el caso involucra a Dayana Michelle Córdova Cáceres, señalada por varios clientes como responsable de ofrecer boletos de avión que finalmente no permitieron concretar los viajes programados.

Denunciante asegura que perdió cerca de seis mil dólares

Harumi Carrión relató que conoció a Dayana Michelle Córdova Cáceres hace aproximadamente cinco años por recomendación de un amigo. Según explicó, durante ese tiempo distintas personas de su entorno adquirieron pasajes mediante ella sin presentar inconvenientes.

Tras regresar al Perú en enero de este año, decidió contactarla para comprar tres boletos con destino a Japón para viajar junto a su esposo y su hijo el 28 de abril. Según indicó, entregó en efectivo 5.600 dólares en un espacio ubicado dentro del Centro Aéreo Comercial del antiguo aeropuerto, lugar donde, de acuerdo con su testimonio, la denunciada atendía a sus clientes.

La afectada sostuvo que posteriormente descubrió que los boletos eran falsos. Explicó que intentó verificar la reserva mediante el código de los pasajes y no encontró registro alguno. Después solicitó apoyo a un familiar en Estados Unidos, quien, según afirmó, confirmó con un asesor que la reserva no existía.

Además, señaló que detectó inconsistencias en la documentación recibida, pues una parte consignaba el año 2026 y otra el 2023, situación que incrementó sus dudas sobre la autenticidad de los boletos.

Solicitud de devolución del dinero y documento firmado

Frente a esa situación, Harumi Carrión indicó que el 6 de abril comunicó su decisión de cancelar el viaje y pidió la devolución del dinero. Según su versión, recibió la respuesta de que el reembolso demoraría 30 días hábiles.

Al cumplirse ese plazo, aseguró que no obtuvo el depósito prometido y que únicamente recibió distintas explicaciones sobre una supuesta demora atribuida a otra agencia.

Durante una reunión posterior, la denunciante afirmó que Dayana Michelle Córdova Cáceres firmó un documento mediante el cual se comprometía a devolver el dinero el 20 de junio. Sobre ese compromiso expresó: “Si ella dice que no, no es una falsa, ¿por qué me firmó este documento acertando que ella me va a pagar y me va a hacer la devolución de mi dinero el 20 de junio?”.

La afectada manifestó que, pese al compromiso escrito, el dinero todavía no fue entregado.

Víctima afirma que existen más personas afectadas

Harumi Carrión también declaró que intentó comunicarse en numerosas ocasiones con la denunciada mediante llamadas y mensajes, aunque indicó que no obtuvo una respuesta que permitiera resolver el problema.

Durante su testimonio señaló: “Estoy ahora mendigando mi plata”. Asimismo, afirmó que otras personas también atraviesan una situación similar.

“No, somos muchas personas y en las cuales también hay incluidos familiares. Y hasta el día de hoy no recibo respuesta de ella”, manifestó al referirse a otros presuntos afectados.

Investigación fiscal y otras denuncias

La denunciante explicó que presentó la denuncia correspondiente y acudió a una citación programada para el 11 de julio. Según relató, ese día recibió la información de que el fiscal no podía atender el caso debido a que la denunciada no asistió.

También sostuvo que las notificaciones fueron enviadas al domicilio registrado y que proporcionó otra dirección ubicada en la avenida Perú. Sin embargo, indicó que le informaron que la persona buscada ya no residía en ese lugar.

Respecto al avance de las diligencias, señaló que un efectivo policial le explicó que debía continuar esperando mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Según el reporte difundido por ese medio, existen nueve denuncias contra Dayana Michelle Córdova Cáceres y su agencia Dayana Dream of Travel por montos que superarían los 50 mil soles, relacionados con pasajes adquiridos para viajes que finalmente no se realizaron.

Hasta el momento de la difusión del informe, la denunciada no respondió las consultas realizadas por el medio de comunicación ni ofreció una versión sobre las acusaciones formuladas en su contra.

La cotidianidad de contestar una llamada y responder de forma afirmativa puede parecer inofensiva. Sin embargo, responder “sí” o compartir el código de verificación de WhatsApp durante una llamada realizada desde un número desconocido puede abrir la puerta a fraudes que ponen en riesgo los datos personales y financieros.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte sobre los peligros que conlleva un simple “sí” en estos contextos, subrayando que los ciberdelincuentes usan tácticas cada vez más sofisticadas para aprovecharse de respuestas automáticas o descuidos.

Según el INCIBE, las llamadas telefónicas continúan siendo una vía común de contacto para la mayoría de las personas. La confianza en el interlocutor suele influir poco en la reacción inicial, pues tanto amigos como extraños pueden obtener una respuesta afirmativa sin mayores reparos.

Por qué un “sí” puede ser peligroso en una llamada desconocida

El INCIBE explica que la grabación de la voz diciendo “sí” puede ser utilizada por estafadores para autorizar transacciones, contratos o incluso suplantar la identidad del usuario.

Los ciberdelincuentes pueden manipular estas grabaciones para presentarlas como prueba de consentimiento en trámites bancarios o en la contratación de servicios.

El riesgo no se limita a la autorización de operaciones. La manipulación de grabaciones puede derivar en situaciones que afectan la reputación o exponen datos sensibles.

Las aplicaciones de edición de audio permiten modificar el contexto de las respuestas grabadas, lo que agrava el potencial de daño. Por este motivo, el INCIBE sugiere extremar la precaución ante cualquier llamada que solicite una confirmación explícita.

Cómo operan los estafadores durante la llamada

El procedimiento habitual comienza con una llamada en la que el estafador se presenta como representante de una entidad bancaria, un servicio de atención al cliente o cualquier empresa reconocida.

Según el INCIBE, los ciberdelincuentes pueden usar técnicas de ingeniería social, como mencionar detalles personales de la víctima o referirse a transacciones recientes, para generar confianza.

El siguiente paso consiste en establecer un breve diálogo en el que se formulan preguntas inofensivas, diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Ejemplos de estas preguntas incluyen “¿Está usted autorizado para realizar transacciones?” o “¿Desea recibir actualizaciones de nuestro servicio?”.

El estafador suele grabar toda la conversación con aplicaciones específicas, esperando captar la palabra clave que le permita avanzar con la estafa.

Qué riesgos implica dar el código de verificación de WhatsApp

La segunda palabra prohibida en llamadas desconocidas es el código de verificación de WhatsApp. Según la empresa, recibir una notificación de este código sin haberlo solicitado indica que alguien más ha ingresado el número en la aplicación para intentar apropiarse de la cuenta.

Sin ese código, ningún extraño puede completar el proceso de verificación ni utilizar el número en WhatsApp, lo que garantiza que el usuario mantiene el control de la cuenta.

El INCIBE y la plataforma de Meta sugieren nunca compartir este código con nadie, ni siquiera con personas que afirmen pertenecer a la empresa. Sugieren activar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo para recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

La revisión de los dispositivos vinculados a la cuenta y la eliminación de aquellos desconocidos son medidas adicionales para reforzar la seguridad.

Cuáles medidas pueden proteger a los usuarios de fraudes

El INCIBE aconseja adoptar algunas pautas sencillas de prevención. Primero, evitar responder llamadas de números desconocidos y, si se responde, no compartir información personal ni confirmar datos mediante respuestas afirmativas.

Asimismo, en caso de recibir una llamada sospechosa, se debe cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad involucrada a través de canales oficiales.

La educación sobre estos riesgos resulta clave . El INCIBE insiste en la importancia de informar a familiares y amigos, sobre todo a personas mayores, sobre las tácticas de los estafadores.

“El perfil de las víctimas es de gente sin experiencia. Instruida, preparada, pero no en el ámbito de las operaciones y con este monto”, precisó Juan Silvestrini, abogado de una de las damnificadas por el esquema, en declaraciones a Infobae en Vivo.

Su representada, una mujer cuya identidad fue preservada, llegó a invertir 350 mil dólares en la firma Avalon Capital Futures Investments.

Según explicó el letrado, los sospechosos se presentaban como personas con experiencia en el mundo de las inversiones y exhibían un elevado nivel de vida, con bienes de lujo, para generar confianza entre los potenciales inversores.

“Uno tenía domicilio en el Buenos Aires Golf, en un barrio cerrado de prestigio donde ha atendido a una de las víctimas y llevado parte de las maniobras. Ha captado a vecinos de ese mismo barrio, ganándose la confianza”, relató, en diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan y Fede Mayol.

De acuerdo con la investigación, entre cinco y seis personas habrían participado activamente de las maniobras. Silvestrini señaló que la distribución de funciones responde a la estructura habitual de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas: había un recaudador, una persona encargada de captar nuevos clientes y otra destinada a atender a los inversores, entre otros roles.

“El tema de acá en más es terminar de esclarecer la cantidad de hechos que hay y el camino del dinero. Como son montos tan altos, habría que determinar si ha comprado bienes o dónde está. Eso es parte de la investigación y va a llevar tiempo”, opinó.

En relación con el mecanismo utilizado para captar víctimas, el abogado sostuvo que la organización se apoyaba principalmente en vínculos de confianza entre conocidos: “Empiezan a caer nuevas víctimas que han confiado en el consejo de un amigo, de un familiar”.

En el caso de su clienta, esta última ingresó al esquema Ponzi por recomendación de un conocido, luego de vender una propiedad. “Recibió el consejo de un amigo que le estaba yendo bien con los intereses”, sostuvo sobre la mujer, que terminó depositando cientos de miles de dólares.

“Hasta el momento, estamos cercano al millón de dólares, pero las víctimas siguen apareciendo y, con los números que venimos ondeamos, lo vamos a superar ampliamente”, confió Silvestrini, quien aseguró que la investigación se encuentra en un estado “muy incipiente”.

La causa es investigada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.

El caso

El abogado detenido es un hombre de 45 años identificado con las iniciales A.E.G. quien se presentaba como socio y dueño de la empresa. Lo encontraron en un domicilio de la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó.

En tanto, la jueza Laura Mariel Pinto emitió una orden de captura para su par, J.I.L. de 35, a quien no lograron encontrar en el allanamiento a su vivienda del barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, San Miguel.

Al primero le incautaron dos teléfonos celulares, una notebook, carpetas con el membrete de la firma, un pendrive y dinero en efectivo en pesos. También quedaron a disposición de la justicia tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper gris y una camioneta Dodge RAM 1500 blanca.

De acuerdo con lo informado por Primerplanoonline, las denuncias apuntan a que ambos letrados —quienes simulaban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina— prometían importantes ganancias en dólares mediante inversiones en criptomonedas y en la bolsa de valores. Operaban desde una oficina comercial del complejo Thays de Villa Udaondo, sobre la avenida Martín Fierro al 3300 en Parque Leloir, y utilizaban publicidades en redes sociales para captar a sus víctimas.

La mecánica de la estafa seguía un patrón existente: los primeros meses se devolvía una parte del dinero para generar confianza, y luego los pagos cesaron por completo. El mismo portal indicó que uno de los damnificados entregó 100.000 dólares en mayo de 2025 a través de un contrato de comisión para operaciones en el mercado de futuros, con promesa de reintegro en 180 días y un interés mensual del 3%. En octubre aportó otros 30.000 dólares más. Desde entonces no recibió ninguna devolución y los acusados dejaron de responderle.

Otra víctima fue convencida de invertir 350.000 dólares bajo la promesa de una rentabilidad superior a la del mercado financiero, con un interés pactado del 2,5% mensual. Solo recibió pagos durante tres meses y por montos muy inferiores a los estipulados.

El interés prometido llegaba al 5% mensual según los contratos firmados encontrados en el allanamiento.

El fiscal aguarda informes sobre la composición societaria de Avalon Capital Futures Investments por parte del Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ). En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de ambos imputados. La acusación que pesa sobre los letrados es la de estafa reiterada en al menos cinco hechos en concurso real, aunque la investigación no se cierra en los dos detenidos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) advirtió el miércoles 8 de julio sobre la presencia de individuos que se presentan como funcionarios y buscan acceder a los hogares mediante falsas visitas técnicas.

Según la compañía, los estafadores intentan cobrar dinero de manera directa, una práctica prohibida para el personal autorizado. La Eaab reiteró que sus trabajadores no reciben pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia.

La entidad explicó que estas personas aprovechan la confianza de los usuarios para ingresar a los inmuebles, argumentando revisiones técnicas o necesidades urgentes. Una vez dentro, solicitan dinero por supuestos servicios, como inspecciones, arreglos o verificaciones de medidores. “Nuestros funcionarios nunca están autorizados para recibir dinero directamente”, recordó la Eaab a través de sus canales oficiales.

Medidas de prevención y recomendaciones para los ciudadanos

En respuesta a estos casos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó una serie de medidas preventivas. Entre las principales sugerencias, se encuentra la exigencia del carné institucional a cualquier persona que se identifique como trabajador de la entidad. Además, la compañía enfatizó que ninguna visita técnica se realiza sin previa programación y que todos los trámites deben informarse con anticipación.

La Eaab puso a disposición la línea telefónica Acualínea 116, opción 4, para que los usuarios puedan verificar la identidad de los supuestos funcionarios y confirmar la agenda de cualquier inspección. La empresa indicó que el acceso a las viviendas solo ocurre en casos específicos, como variaciones inusuales en el consumo o solicitudes expresas de los usuarios, siempre informadas previamente.

Las labores en espacios públicos, como el mantenimiento de redes, medidores o hidrantes, no requieren el ingreso a los hogares, salvo cuando el medidor se encuentra dentro del predio y existe una solicitud debidamente registrada.

Derechos de los usuarios y marco legal

Conforme a la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios públicos tienen derecho a recibir información precisa y oportuna sobre las actividades y operaciones vinculadas a la prestación del servicio. Esto incluye la posibilidad de comprobar la identidad de los funcionarios, conocer el motivo de cada visita y confirmar los datos mediante los canales oficiales de la Eaab antes de permitir el ingreso a la vivienda.

La legislación también habilita a las empresas prestadoras de servicios públicos para realizar revisiones técnicas a los instrumentos de medición, aunque estas deben ajustarse a los procedimientos definidos por la compañía y notificarse conforme al contrato de servicios públicos.

Consecuencias legales para quienes simulan ser funcionarios

El Código Penal colombiano establece varias sanciones para quienes se hacen pasar por empleados públicos con el fin de engañar a la ciudadanía.

Entre los delitos que pueden configurarse se encuentran la simulación de investidura o cargo (artículo 426), la estafa (artículo 246) y el hurto calificado (artículo 240), dependiendo de las circunstancias y los hechos cometidos. La determinación de los delitos y sanciones recae en las autoridades competentes, que actúan con base en las pruebas presentadas.

La Eaab reiteró que los pagos por servicios solo deben realizarse a través de los canales oficiales y reflejarse en la factura correspondiente, nunca de manera directa o en efectivo a los funcionarios en terreno.

Ajuste en las tarifas del agua en Bogotá a partir de julio

En un contexto aparte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció un ajuste en las tarifas de acueducto y alcantarillado para Bogotá y algunas zonas de Soacha, Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá. El incremento, vigente desde el 1 de julio, responde a la aplicación de una nueva metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

La gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, explicó en declaraciones a Caracol Radio que los usuarios de Bogotá verán un aumento promedio del 6,67%, equivalente a cerca de $4.900 adicionales por factura mensual. En Soacha, el incremento será del 2,3% (alrededor de $1.180), mientras que en Gachancipá el ajuste rondará el 11%, unos $4.300 a $4.400 por factura.

La Eaab precisó que las nuevas tarifas no alteran la estructura de facturación, que seguirá incluyendo el cobro por consumo, cargos fijos y la aplicación de subsidios y contribuciones según la normativa vigente. Las modificaciones tarifarias obedecen a la actualización de costos, el reconocimiento de inversiones ejecutadas y los cambios metodológicos introducidos por la regulación nacional.

La empresa aclaró que no todas las facturas reflejarán inmediatamente el ajuste, debido a los diferentes ciclos de facturación; algunas liquidaciones combinarán tarifas anteriores y nuevas, dependiendo de las fechas de consumo registradas.

Según pudo saber Infoabe, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera detuvo al sospechoso en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, en el barrio Parque Patagonia de la ciudad bahiense. La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 74 años que relató que, luego de recibir un llamado telefónico, un hombre se presentó en su domicilio y se llevó una importante suma de dinero en dólares y euros, además de varias joyas.

Tras el hecho, los efectivos trabajaron junto al Centro Único de Monitoreo. El análisis de las cámaras de seguridad particulares y públicas permitió identificar al autor de la estafa y reconstruir el recorrido que realizó tras el robo. Luego de varias tareas encubiertas y el relevamiento de registros fílmicos, los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso en la vía pública.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía N.° 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos. Fuentes policiales confirmaron que el detenido cuenta con varios antecedentes, entre ellos, varias estafas bajo la modalidad “cuento del tío”, delitos contra la propiedad y también robos a mano armada. A su vez, indicaron que había estado preso en la unidad penal local.

Por último, las autoridades destacaron la importancia de alertar sobre este tipo de estafas, que suelen tener como principales víctimas a personas mayores. Asimismo, recomendaron que, ante cualquier situación sospechosa —ya sea por teléfono o ante la presencia de desconocidos en el domicilio— se comunique de inmediato al 911 para evitar caer en maniobras de este tipo y así desalentar estos delitos.

Días atrás, la Policía Bonaerense detuvo a dos personas acusadas de concretar una estafa bajo la misma modalidad por más de 180 mil dólares a un adulto mayor en la ciudad de Bahía Blanca. El caso comenzó tras la denuncia de un hombre de 76 años, quien relató haber recibido un llamado en el que una voz femenina, haciéndose pasar por su hija, le solicitó que reuniera y entregara todos los dólares que poseía en su casa. En total, les entregó 183.000 dólares.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Bahía Blanca identificaron a los sospechosos y los detuvieron. Se trata de Gabriela Noemí Such, de 46 años, y de José Luis Ramírez, de 52, oriundo de Neuquén y con antecedentes por delitos similares, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía acusados de estafa. A su vez, los agentes incautaron el rodado utilizado en el hecho, una suma de 1.714.140 pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol, dos pendrives, tres teléfonos celulares y documentación variada.

En este contexto, el Ministerio Público informó una sentencia obtenida contra un joven acusado de utilizar una cuenta en TikTok para ofrecer celulares de alta gama sin cumplir con las entregas prometidas. El caso también incluyó la obtención de información personal de los compradores para ejecutar otras acciones ilícitas relacionadas con los equipos adquiridos.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, obtuvo una condena de nueve años y dos meses de prisión efectiva contra Dan Fernández, de 25 años, por los delitos de estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el sentenciado utilizó una cuenta en la red social TikTok para promocionar la venta de equipos electrónicos, entre ellos iPhone 14, sin entregar posteriormente los dispositivos ofrecidos. La investigación fiscal permitió establecer un total de diez personas agraviadas.

La resolución judicial también dispuso el pago de S/ 7950 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas y de la empresa Bitel.

La aceptación de responsabilidad permitió una terminación anticipada

El Ministerio Público precisó que la sentencia se obtuvo mediante la figura de terminación anticipada. Este mecanismo permitió concluir el proceso después de que Dan Fernández aceptó su responsabilidad penal por los hechos investigados.

Con esa decisión, el Poder Judicial impuso la pena privativa de libertad y la reparación económica correspondiente, conforme al acuerdo alcanzado dentro del proceso penal.

La Fiscalía indicó que esta modalidad procesal permitió resolver el caso sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo, luego del reconocimiento de los delitos por parte del acusado.

Según los hechos comprobados durante la investigación fiscal, el condenado recibía los pagos por los celulares promocionados en TikTok y posteriormente obtenía información personal de los compradores.

Con esos datos, efectuaba reportes falsos de robo de los equipos ante la empresa operadora, lo que provocaba el bloqueo de los dispositivos adquiridos por las víctimas.

El Ministerio Público sostuvo que este procedimiento formó parte del esquema utilizado para perjudicar a quienes confiaban en las publicaciones realizadas mediante la red social.

Allanamiento permitió incautación de decenas de tarjetas SIM

Como parte de las diligencias desarrolladas durante la investigación, las autoridades ejecutaron un allanamiento y una detención preliminar contra Dan Fernández en marzo de este año.

Durante esa intervención, los agentes incautaron 52 tarjetas SIM activadas. Ese material pasó a formar parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar la acusación por posesión ilegítima de chips de telefonía.

La sentencia incluye este delito junto con la estafa agravada y la suplantación de identidad, infracciones contempladas dentro de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

El caso también motivó una investigación policial previa

Antes de la sentencia, la Policía Nacional del Perú desarrolló una investigación sobre las actividades del creador de contenido conocido en redes sociales con el alias de “Fake”. Según las pesquisas policiales difundidas entonces, el investigado utilizaba transmisiones en vivo en TikTok para captar audiencia mientras ofrecía celulares, tablets y otros equipos tecnológicos a precios inferiores a los del mercado.

Las indagaciones policiales señalaban que los pagos se efectuaban mediante depósitos bancarios y que, después de concretar las ventas, los compradores encontraban sus equipos bloqueados. En esa etapa inicial de la investigación se reportó un número mayor de posibles afectados, aunque la investigación fiscal consiguió acreditar diez agraviados para sustentar la condena obtenida.

Durante el operativo policial también se incautaron diversos objetos, entre ellos teléfonos celulares, un lector biométrico, una tablet y tarjetas SIM. Un agente explicó el mecanismo investigado: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

¿Quién es ‘Fake’ y cómo era su modus operandi?

En internet, Fernández Ramos adoptó el alias de “Fake”. En sus perfiles aparecía con lentes de sol y una gorra que cubría parte de su rostro. Ese estilo integraba el personaje que presentaba en transmisiones en vivo, seguidas por usuarios que reaccionaban a cada interacción.

En una de esas emisiones se escuchó la dinámica que caracterizaba su contenido: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”. La persona al otro lado de la línea respondió confundida: “¿Cómo que no sabes quién es?”. Ese tipo de escenas atraía espectadores en tiempo real.

Un informe policial sostuvo que el creador de contenido utilizaba esas transmisiones como una vitrina para fortalecer su imagen digital. La investigación señaló que el influencer ofrecía equipos tecnológicos a precios muy por debajo del mercado, entre ellos iPhone, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Las ofertas empezaban desde 850 soles, una cifra que despertaba interés en redes sociales. Muchos compradores realizaban depósitos bancarios con la expectativa de recibir equipos de alta gama a bajo costo. Según la policía, el fraude se completaba cuando el vendedor bloqueaba el chip de los celulares entregados o vendidos en línea, lo que dejaba los dispositivos sin funcionamiento.

Las autoridades sostienen que el esquema incluía la venta de acceso a información personal de ciudadanos registrados en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por montos bajos a través de internet.

WhatsApp permite silenciar las llamadas de números desconocidos con una función específica en su menú de privacidad, siendo una herramienta diseñada para proteger a los usuarios de interrupciones no deseadas y de posibles intentos de fraude.

Las llamadas provenientes de números que no están guardados en la agenda ya no interrumpen al usuario, pero quedan visibles en el historial y las notificaciones.

Cualquier persona que conozca un número puede intentar comunicarse por esta vía, lo que expone a los usuarios a situaciones incómodas, intentos de estafa o solicitudes no solicitadas. Silenciar las llamadas de números desconocidos ofrece mayor privacidad, tranquilidad y control sobre quién puede establecer contacto directo.

Cómo silenciar las llamadas de números desconocidos en la app de WhatsApp

La opción para silenciar las llamadas de números desconocidos está disponible en el menú de privacidad. El proceso se realiza en tres pasos: abrir WhatsApp y seleccionar el ícono de tres puntos verticales (Más opciones), luego Ajustes y después Privacidad.

En la sección Privacidad, se accede a Llamadas y se activa Silenciar las llamadas de números desconocidos. Desde ese momento, las llamadas de remitentes que no figuran en la agenda no harán sonar el teléfono, aunque seguirán registrándose en la pestaña Llamadas y mediante notificaciones.

Qué pasa tras activar el silenciador de llamadas en WhatsApp

Una vez habilitada la función, el usuario continúa recibiendo notificaciones y registros de las llamadas de números desconocidos, pero el dispositivo permanece en silencio ante estos intentos. El historial de llamadas dentro de la aplicación permite verificar quién intentó comunicarse y, si se desea, devolver la llamada.

Además, WhatsApp muestra un mensaje dentro del chat que indica que se silenció una llamada de un número desconocido. Así, la persona se mantiene informada sobre la actividad de su cuenta sin sufrir interrupciones.

Cuáles otras medidas refuerzan la privacidad en WhatsApp

Para aumentar la seguridad, se sugiere complementar el silenciador de llamadas con la verificación en dos pasos, que añade un PIN y una dirección de correo electrónico de respaldo a la cuenta.

No compartir el código de registro ni el PIN con nadie y revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta son otros pasos fundamentales, al igual que evitar pinchar enlaces desconocidos y no responder correos no solicitados para restablecer el PIN ayuda a prevenir accesos no autorizados.

Cómo reconocer intentos de estafa o mensajes fraudulentos

Algunas señales permiten identificar si un mensaje recibido por WhatsApp es fraudulento. Entre las más frecuentes están los errores ortográficos o gramaticales, las solicitudes de hacer clic en enlaces o descargar aplicaciones externas y los pedidos de información sensible, como datos bancarios o contraseñas.

Asimismo, se deben tomar precauciones ante solicitudes para reenviar mensajes, transferir dinero o pagar servicios supuestamente gratuitos. Los estafadores pueden hacerse pasar por conocidos, instituciones o prometer premios, empleos o inversiones con el objetivo de obtener información confidencial.

Cuáles son las estafas más comunes que entran por WhatsApp

En WhatsApp circulan diferentes tipos de estafas que buscan engañar a los usuarios y apropiarse de su dinero o información personal. Una de las más frecuentes es la estafa relacionada con un romance o una relación, en la que el estafador intenta establecer una conexión emocional para solicitar dinero o préstamos bajo pretextos creíbles.

Otra modalidad es la estafa de empleo, donde el estafador se presenta como reclutador de una empresa reconocida y ofrece trabajos remotos con altos salarios. Como parte del proceso, solicita información personal sensible o exige pagos para avanzar en la postulación, como supuestos gastos de gestión o compra de materiales.

Otra forma de fraude son las estafas de inversión, en los que se promete acceso a oportunidades con altos rendimientos y bajo riesgo, sobre todo en criptomonedas o acciones.

En cuanto a la suplantación de identidad, consiste en que el estafador se hace pasar por un familiar, amigo, figura pública o empresa con el objetivo de obtener dinero o datos personales, aprovechando la confianza que genera el nombre utilizado.

Ante el riesgo de recibir llamadas spam, intentos de estafa o contactos no deseados, los celulares con sistema operativo Android ofrecen una función integrada que permite identificar al emisor de una llamada sin contestar.

La función está disponible en la mayoría de los dispositivos Android con versión 6.0 o superior y utiliza la base de datos de Google para proporcionar información sobre el origen de la llamada.

Al recibir una comunicación de un número desconocido, el sistema puede mostrar el nombre del emisor, advertir si se trata de una empresa, identificar posibles intentos de suplantación de identidad y alertar sobre llamadas sospechosas.

Qué es el identificador de llamadas en Android y cómo protege contra el spam

El identificador de llamadas en Android es una función que consulta la base de datos de Google cada vez que se recibe una llamada de un número que no está guardado en la agenda.

El sistema compara la información del número entrante y muestra detalles relevantes: si el emisor es una empresa, si ya ha sido reportado como spam o si puede tratarse de un intento de suplantación. La función puede evaluar patrones de llamadas masivas y advierte al usuario en caso de riesgo.

La protección contra el spam y las llamadas no deseadas se apoya en informes de millones de usuarios que marcan números como sospechosos. Cuando este tipo de llamada ingresa, el celular advierte con mensajes o símbolos específicos y, en ocasiones, identifica el nombre comercial o la categoría del emisor.

Cómo se activa el identificador de llamadas y la protección contra spam en Android

En la mayoría de los dispositivos, la función está habilitada de manera predeterminada. Para verificarlo o modificar la configuración, el usuario debe:

• Abrir la aplicación Teléfono de Google.
• Seleccionar Más opciones (representado con tres puntos verticales).
• Ingresar en Configuración y luego en Identificador de llamada y spam.
• Allí se encuentra la opción para activar o desactivar “Ver ID de emisor y spam”.

Al habilitar la función, el teléfono enviará información sobre las llamadas a los servidores de Google para analizarlas y mostrar datos precisos al usuario. Si se elige desactivar el identificador, el dispositivo dejará de mostrar esta información y no alertará ante posibles riesgos de spam o fraude.

Qué requisitos hay para utilizar el sistema de identificación de Android

Para acceder a estas funciones es necesario contar con un teléfono que ejecute Android 6.0 o superior y tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Las versiones recientes de Android incluyen estas aplicaciones por defecto, aunque algunos fabricantes pueden ofrecer variantes propias con ajustes diferentes. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento del identificador y de la protección contra spam.

La actualización periódica del sistema y de las aplicaciones de Google asegura el acceso a la base de datos más reciente, lo que fortalece la capacidad de identificación y respuesta ante nuevas amenazas.

Asimismo, los usuarios pueden colaborar marcando números como spam o bloqueando contactos indeseados, lo que contribuye a la mejora colectiva del servicio.

Cómo bloquear llamadas desde el teléfono

Para bloquear o marcar como spam un número específico, solo hay que abrir la aplicación Teléfono, seleccionar la llamada y elegir la opción correspondiente en el menú.

Bloquear un número impide que vuelva a comunicarse y reporta el incidente a Google, contribuyendo a la detección de fraudes y spam para otros usuarios.

Entre otras novedades, Android ofrece la posibilidad de activar el anuncio del identificador de llamada, una función que informa de viva voz el nombre o número del emisor cuando se recibe una llamada.

Para hacerlo, se debe abrir la aplicación Teléfono, acceder a Configuración, seleccionar Anuncio del identificador de llamada y elegir entre las opciones disponibles: siempre, solo con auriculares o nunca.