WhatsApp permite silenciar las llamadas de números desconocidos con una función específica en su menú de privacidad, siendo una herramienta diseñada para proteger a los usuarios de interrupciones no deseadas y de posibles intentos de fraude.

Las llamadas provenientes de números que no están guardados en la agenda ya no interrumpen al usuario, pero quedan visibles en el historial y las notificaciones.

Cualquier persona que conozca un número puede intentar comunicarse por esta vía, lo que expone a los usuarios a situaciones incómodas, intentos de estafa o solicitudes no solicitadas. Silenciar las llamadas de números desconocidos ofrece mayor privacidad, tranquilidad y control sobre quién puede establecer contacto directo.

Cómo silenciar las llamadas de números desconocidos en la app de WhatsApp

La opción para silenciar las llamadas de números desconocidos está disponible en el menú de privacidad. El proceso se realiza en tres pasos: abrir WhatsApp y seleccionar el ícono de tres puntos verticales (Más opciones), luego Ajustes y después Privacidad.

En la sección Privacidad, se accede a Llamadas y se activa Silenciar las llamadas de números desconocidos. Desde ese momento, las llamadas de remitentes que no figuran en la agenda no harán sonar el teléfono, aunque seguirán registrándose en la pestaña Llamadas y mediante notificaciones.

Qué pasa tras activar el silenciador de llamadas en WhatsApp

Una vez habilitada la función, el usuario continúa recibiendo notificaciones y registros de las llamadas de números desconocidos, pero el dispositivo permanece en silencio ante estos intentos. El historial de llamadas dentro de la aplicación permite verificar quién intentó comunicarse y, si se desea, devolver la llamada.

Además, WhatsApp muestra un mensaje dentro del chat que indica que se silenció una llamada de un número desconocido. Así, la persona se mantiene informada sobre la actividad de su cuenta sin sufrir interrupciones.

Cuáles otras medidas refuerzan la privacidad en WhatsApp

Para aumentar la seguridad, se sugiere complementar el silenciador de llamadas con la verificación en dos pasos, que añade un PIN y una dirección de correo electrónico de respaldo a la cuenta.

No compartir el código de registro ni el PIN con nadie y revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta son otros pasos fundamentales, al igual que evitar pinchar enlaces desconocidos y no responder correos no solicitados para restablecer el PIN ayuda a prevenir accesos no autorizados.

Cómo reconocer intentos de estafa o mensajes fraudulentos

Algunas señales permiten identificar si un mensaje recibido por WhatsApp es fraudulento. Entre las más frecuentes están los errores ortográficos o gramaticales, las solicitudes de hacer clic en enlaces o descargar aplicaciones externas y los pedidos de información sensible, como datos bancarios o contraseñas.

Asimismo, se deben tomar precauciones ante solicitudes para reenviar mensajes, transferir dinero o pagar servicios supuestamente gratuitos. Los estafadores pueden hacerse pasar por conocidos, instituciones o prometer premios, empleos o inversiones con el objetivo de obtener información confidencial.

Cuáles son las estafas más comunes que entran por WhatsApp

En WhatsApp circulan diferentes tipos de estafas que buscan engañar a los usuarios y apropiarse de su dinero o información personal. Una de las más frecuentes es la estafa relacionada con un romance o una relación, en la que el estafador intenta establecer una conexión emocional para solicitar dinero o préstamos bajo pretextos creíbles.

Otra modalidad es la estafa de empleo, donde el estafador se presenta como reclutador de una empresa reconocida y ofrece trabajos remotos con altos salarios. Como parte del proceso, solicita información personal sensible o exige pagos para avanzar en la postulación, como supuestos gastos de gestión o compra de materiales.

Otra forma de fraude son las estafas de inversión, en los que se promete acceso a oportunidades con altos rendimientos y bajo riesgo, sobre todo en criptomonedas o acciones.

En cuanto a la suplantación de identidad, consiste en que el estafador se hace pasar por un familiar, amigo, figura pública o empresa con el objetivo de obtener dinero o datos personales, aprovechando la confianza que genera el nombre utilizado.

En este contexto, el Ministerio Público informó una sentencia obtenida contra un joven acusado de utilizar una cuenta en TikTok para ofrecer celulares de alta gama sin cumplir con las entregas prometidas. El caso también incluyó la obtención de información personal de los compradores para ejecutar otras acciones ilícitas relacionadas con los equipos adquiridos.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, obtuvo una condena de nueve años y dos meses de prisión efectiva contra Dan Fernández, de 25 años, por los delitos de estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el sentenciado utilizó una cuenta en la red social TikTok para promocionar la venta de equipos electrónicos, entre ellos iPhone 14, sin entregar posteriormente los dispositivos ofrecidos. La investigación fiscal permitió establecer un total de diez personas agraviadas.

La resolución judicial también dispuso el pago de S/ 7950 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas y de la empresa Bitel.

La aceptación de responsabilidad permitió una terminación anticipada

El Ministerio Público precisó que la sentencia se obtuvo mediante la figura de terminación anticipada. Este mecanismo permitió concluir el proceso después de que Dan Fernández aceptó su responsabilidad penal por los hechos investigados.

Con esa decisión, el Poder Judicial impuso la pena privativa de libertad y la reparación económica correspondiente, conforme al acuerdo alcanzado dentro del proceso penal.

La Fiscalía indicó que esta modalidad procesal permitió resolver el caso sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo, luego del reconocimiento de los delitos por parte del acusado.

Según los hechos comprobados durante la investigación fiscal, el condenado recibía los pagos por los celulares promocionados en TikTok y posteriormente obtenía información personal de los compradores.

Con esos datos, efectuaba reportes falsos de robo de los equipos ante la empresa operadora, lo que provocaba el bloqueo de los dispositivos adquiridos por las víctimas.

El Ministerio Público sostuvo que este procedimiento formó parte del esquema utilizado para perjudicar a quienes confiaban en las publicaciones realizadas mediante la red social.

Allanamiento permitió incautación de decenas de tarjetas SIM

Como parte de las diligencias desarrolladas durante la investigación, las autoridades ejecutaron un allanamiento y una detención preliminar contra Dan Fernández en marzo de este año.

Durante esa intervención, los agentes incautaron 52 tarjetas SIM activadas. Ese material pasó a formar parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar la acusación por posesión ilegítima de chips de telefonía.

La sentencia incluye este delito junto con la estafa agravada y la suplantación de identidad, infracciones contempladas dentro de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

El caso también motivó una investigación policial previa

Antes de la sentencia, la Policía Nacional del Perú desarrolló una investigación sobre las actividades del creador de contenido conocido en redes sociales con el alias de “Fake”. Según las pesquisas policiales difundidas entonces, el investigado utilizaba transmisiones en vivo en TikTok para captar audiencia mientras ofrecía celulares, tablets y otros equipos tecnológicos a precios inferiores a los del mercado.

Las indagaciones policiales señalaban que los pagos se efectuaban mediante depósitos bancarios y que, después de concretar las ventas, los compradores encontraban sus equipos bloqueados. En esa etapa inicial de la investigación se reportó un número mayor de posibles afectados, aunque la investigación fiscal consiguió acreditar diez agraviados para sustentar la condena obtenida.

Durante el operativo policial también se incautaron diversos objetos, entre ellos teléfonos celulares, un lector biométrico, una tablet y tarjetas SIM. Un agente explicó el mecanismo investigado: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

¿Quién es ‘Fake’ y cómo era su modus operandi?

En internet, Fernández Ramos adoptó el alias de “Fake”. En sus perfiles aparecía con lentes de sol y una gorra que cubría parte de su rostro. Ese estilo integraba el personaje que presentaba en transmisiones en vivo, seguidas por usuarios que reaccionaban a cada interacción.

En una de esas emisiones se escuchó la dinámica que caracterizaba su contenido: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”. La persona al otro lado de la línea respondió confundida: “¿Cómo que no sabes quién es?”. Ese tipo de escenas atraía espectadores en tiempo real.

Un informe policial sostuvo que el creador de contenido utilizaba esas transmisiones como una vitrina para fortalecer su imagen digital. La investigación señaló que el influencer ofrecía equipos tecnológicos a precios muy por debajo del mercado, entre ellos iPhone, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Las ofertas empezaban desde 850 soles, una cifra que despertaba interés en redes sociales. Muchos compradores realizaban depósitos bancarios con la expectativa de recibir equipos de alta gama a bajo costo. Según la policía, el fraude se completaba cuando el vendedor bloqueaba el chip de los celulares entregados o vendidos en línea, lo que dejaba los dispositivos sin funcionamiento.

Las autoridades sostienen que el esquema incluía la venta de acceso a información personal de ciudadanos registrados en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por montos bajos a través de internet.

Ante el riesgo de recibir llamadas spam, intentos de estafa o contactos no deseados, los celulares con sistema operativo Android ofrecen una función integrada que permite identificar al emisor de una llamada sin contestar.

La función está disponible en la mayoría de los dispositivos Android con versión 6.0 o superior y utiliza la base de datos de Google para proporcionar información sobre el origen de la llamada.

Al recibir una comunicación de un número desconocido, el sistema puede mostrar el nombre del emisor, advertir si se trata de una empresa, identificar posibles intentos de suplantación de identidad y alertar sobre llamadas sospechosas.

Qué es el identificador de llamadas en Android y cómo protege contra el spam

El identificador de llamadas en Android es una función que consulta la base de datos de Google cada vez que se recibe una llamada de un número que no está guardado en la agenda.

El sistema compara la información del número entrante y muestra detalles relevantes: si el emisor es una empresa, si ya ha sido reportado como spam o si puede tratarse de un intento de suplantación. La función puede evaluar patrones de llamadas masivas y advierte al usuario en caso de riesgo.

La protección contra el spam y las llamadas no deseadas se apoya en informes de millones de usuarios que marcan números como sospechosos. Cuando este tipo de llamada ingresa, el celular advierte con mensajes o símbolos específicos y, en ocasiones, identifica el nombre comercial o la categoría del emisor.

Cómo se activa el identificador de llamadas y la protección contra spam en Android

En la mayoría de los dispositivos, la función está habilitada de manera predeterminada. Para verificarlo o modificar la configuración, el usuario debe:

• Abrir la aplicación Teléfono de Google.
• Seleccionar Más opciones (representado con tres puntos verticales).
• Ingresar en Configuración y luego en Identificador de llamada y spam.
• Allí se encuentra la opción para activar o desactivar “Ver ID de emisor y spam”.

Al habilitar la función, el teléfono enviará información sobre las llamadas a los servidores de Google para analizarlas y mostrar datos precisos al usuario. Si se elige desactivar el identificador, el dispositivo dejará de mostrar esta información y no alertará ante posibles riesgos de spam o fraude.

Qué requisitos hay para utilizar el sistema de identificación de Android

Para acceder a estas funciones es necesario contar con un teléfono que ejecute Android 6.0 o superior y tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Las versiones recientes de Android incluyen estas aplicaciones por defecto, aunque algunos fabricantes pueden ofrecer variantes propias con ajustes diferentes. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento del identificador y de la protección contra spam.

La actualización periódica del sistema y de las aplicaciones de Google asegura el acceso a la base de datos más reciente, lo que fortalece la capacidad de identificación y respuesta ante nuevas amenazas.

Asimismo, los usuarios pueden colaborar marcando números como spam o bloqueando contactos indeseados, lo que contribuye a la mejora colectiva del servicio.

Cómo bloquear llamadas desde el teléfono

Para bloquear o marcar como spam un número específico, solo hay que abrir la aplicación Teléfono, seleccionar la llamada y elegir la opción correspondiente en el menú.

Bloquear un número impide que vuelva a comunicarse y reporta el incidente a Google, contribuyendo a la detección de fraudes y spam para otros usuarios.

Entre otras novedades, Android ofrece la posibilidad de activar el anuncio del identificador de llamada, una función que informa de viva voz el nombre o número del emisor cuando se recibe una llamada.

Para hacerlo, se debe abrir la aplicación Teléfono, acceder a Configuración, seleccionar Anuncio del identificador de llamada y elegir entre las opciones disponibles: siempre, solo con auriculares o nunca.

El teléfono suena y, al responder, una voz desconocida advierte sobre una supuesta actividad sospechosa en la cuenta bancaria. Esta es una de las modalidades de estafa telefónica más extendidas, que consiste en la suplantación de identidad de entidades bancarias para alarmar e inducir a la víctima a revelar datos personales.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores recurren a técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial y manipular a los usuarios bajo presión.

Las autoridades alertan sobre el aumento de este tipo de fraudes y recalcan que los ciberdelincuentes pueden disponer de información personal, como nombre completo o domicilio, adquirida ilícitamente. El objetivo es lograr que la persona actúe impulsivamente y facilite datos sensibles o realice acciones que comprometan la seguridad de sus cuentas.

Por qué resultan muy convincentes estas llamadas de estafadores

Los atacantes suelen contar con datos personales de la víctima antes de realizar la llamada. De acuerdo con la FTC, “es posible que la persona que llama sepa cosas sobre ti (como tu nombre completo o tu domicilio) o algunos datos sobre tus cuentas. Pero eso no significa que esa persona sea confiable”.

La obtención de estos datos se realiza mediante compra en mercados ilegales o robo de información, lo que permite construir un relato creíble y urgente.

Además, el tono alarmista de la llamada busca provocar pánico e impulsar una reacción inmediata. Según la FTC, frases como “se produjo un fraude con tu tarjeta de crédito” o “alguien pirateó tu cuenta bancaria” activan la alarma emocional, dificultando el razonamiento y la verificación de la identidad de quien llama.

Qué pasos se deben seguir ante una llamada sospechosa

La FTC sugiere obtener algunos detalles básicos sobre la supuesta incidencia y después colgar el teléfono. “¿De qué compañía o banco están llamando? ¿Cuál es el problema? Luego cuelga. Sí, cuelga el teléfono”, señala la entidad.

Después de colgar, se debe verificar la información comunicándose directamente con la entidad bancaria a través de canales oficiales. La FTC sugiere usar la aplicación o el sitio web oficial del banco, o bien el número de teléfono que figura en los resúmenes de cuenta o en el dorso de la tarjeta.

No se debe confiar en los resultados de búsqueda en internet para encontrar datos de contacto, porque los estafadores pueden posicionar números falsos mediante anuncios pagos.

Por qué no dar información personal ni códigos de verificación

Los departamentos legítimos de los bancos nunca solicitan datos confidenciales a través de llamadas inesperadas. La FTC advierte que “sea quien sea quien diga que llama, nunca compartas tu información personal o de tu cuenta, no le permitas a nadie acceso remoto a tu teléfono o computadora y nunca reveles los códigos de verificación de tu cuenta”.

La entrega de estos datos puede permitir el acceso a las cuentas bancarias, modificación de contraseñas o realización de transferencias no autorizadas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) agrega que el simple acto de decir “sí” durante la llamada puede ser grabado y utilizado para autorizar transacciones o contratos fraudulentos. Las grabaciones de voz pueden manipularse y emplearse como evidencia en procesos que comprometan la identidad o la reputación de la víctima.

Cómo identificar señales de alarma en una llamada desconocida

Uno de los indicadores más claros es la presión para actuar rápidamente, sin tiempo para reflexionar. Según la FTC, los estafadores suelen advertir que “tienes una deuda de impuestos o que tus beneficios terminarán hoy”, forzando una decisión urgente.

Asimismo, el uso de lenguaje amenazante, la solicitud de confidencialidad o la insistencia en mantener la llamada activa son señales propias de fraudes telefónicos.

Otra señal de alerta es la instrucción expresa de no comentar la llamada con nadie. La FTC subraya que “ningún departamento contra el fraude legítimo te dirá que mantengas la llamada en secreto”.

Los estafadores buscan aislar a la víctima para evitar que consulte a familiares o amigos, lo que podría frenar el proceso de manipulación.

Hay una estafa que circula a través de mensajes de texto y consiste en una falsa oferta de empleo. En el SMS, los estafadores señalan: “Su solicitud de empleo a tiempo parcial ha sido aprobada. Por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible”.

A continuación, incluyen un número de teléfono para comunicarse por WhatsApp y piden que la persona les escriba. Al agregar el contacto, aparece como una cuenta de empresa de WhatsApp que asegura ser operada por “Luna”, supuesta encargada de contratación de una empresa Kaufland.

En el chat, ofrecen un puesto como representante de atención al cliente online, con un “salario diario” de 20.000 a 120.000 pesos colombianos.

Luego, solicitan información personal con el argumento de “verificar requisitos”: nombre, edad, idiomas que habla y su puesto de trabajo actual.

Las estafas de empleo son fraudes diseñados para robar datos personales, credenciales de acceso y dinero utilizando ofertas laborales falsas que imitan a grandes marcas o prometen ganancias rápidas, explica la empresa de ciberseguridad ESET.

Cómo identificar una oferta de empleo falsa

Identificar una oferta de empleo falsa es clave para evitar fraudes y el robo de datos personales. Un primer indicio es recibir un mensaje de texto no solicitado que asegura que tu “solicitud de empleo” fue aprobada, aunque nunca hayas aplicado.

En el caso de esta estafa, el SMS invita a contactar “lo antes posible” y entrega un número para escribir por WhatsApp: esa urgencia es una señal típica para presionar decisiones rápidas.

Otro punto de alerta es que el contacto se presenta como una “cuenta de empresa” y afirma pertenecer a un gran nombre comercial, pero sin proporcionar un correo corporativo verificable, un sitio oficial o un proceso formal de selección.

Conviene desconfiar de rangos salariales demasiado amplios o poco claros, como un “salario diario” que va de 20.000 a 120.000 pesos colombianos, sin explicar tareas, horarios, contrato ni requisitos reales.

Una oferta sospechosa suele pedir datos personales desde el primer contacto. En este ejemplo, solicitan nombre, edad, idiomas y empleo actual para “validar requisitos”.

En el peor de los casos, los estadores solicitan dinero para continuar con el proceso de contratación.

Antes de responder, verifica la vacante en los canales oficiales de la empresa y evita compartir información sensible por mensajería. Si algo no cierra, corta el contacto y reporta el número.

Cómo protegerte de estas estafas

Para protegerte de estafas vinculadas a falsas ofertas de empleo, la regla principal es no responder. Si recibes un SMS o un mensaje por WhatsApp que asegura que tu “solicitud” fue aprobada sin que hayas postulado, trátalo como señal de alerta.

En estos fraudes, el objetivo suele ser llevarte a una conversación privada para obtener datos personales, dinero o acceso a tus cuentas.

Si el primer contacto llega por mensajería y te piden escribir “lo antes posible” a un número de WhatsApp, lo más recomendable es cortar la interacción de inmediato: bloquea el número y reporta la cuenta dentro de la aplicación.

No intentes “seguirles el juego” ni pedir explicaciones, porque cualquier respuesta confirma que tu número está activo y puede aumentar el volumen de intentos.

Evita compartir información personal (nombre completo, edad, dirección, documentos, datos bancarios, códigos de verificación o capturas de pantalla) con supuestos reclutadores.

Tampoco hagas clic en enlaces ni descargues archivos que te envíen. Si mencionan una empresa conocida, verifica la vacante únicamente en los canales oficiales (sitio web corporativo y perfiles verificados) y, si es posible, contacta a recursos humanos por vías institucionales.

Por último, guarda evidencias (capturas y número) y advierte a familiares y amigos, para que identifiquen el patrón y no caigan en la misma trampa.

La circulación de correos electrónicos fraudulentos que imitan notificaciones de Telepase encendió nuevas alertas esta semana tras múltiples denuncias en redes sociales.

Los mensajes, que simulan provenir de la empresa encargada del sistema de peajes electrónicos, buscan inducir a los destinatarios a entregar información sensible, exponiéndolos a la pérdida de dinero en sus cuentas bancarias.

La maniobra utiliza el asunto “Actualizá tus datos ahora para mantener tu Telepase activo” y notifica ficticiamente un supuesto pago rechazado, generando preocupación en quienes reciben el correo.

Cómo opera la estafa que suplanta a Telepase por correo

El mecanismo de la estafa se basa en reproducir la estética y el lenguaje característicos de las comunicaciones oficiales de Telepase, con el fin de dar verosimilitud al engaño.

Según citó TN, el correo presenta un logo muy similar al original y utiliza un tono urgente, informando al usuario que un pago no pudo procesarse y que debe actuar “de inmediato” para evitar la suspensión del servicio.

Dentro del mensaje, el botón de actualización representa el eje del fraude. Al hacer clic, la persona es dirigida a una página web que simula el portal oficial, pero que en realidad fue creada para recolectar números de tarjeta de crédito, claves y otros datos sensibles.

Una vez que los ciberdelincuentes obtienen esta información, pueden acceder a billeteras digitales, realizar transferencias no autorizadas y vaciar cuentas bancarias.

Qué buscan los ciberdelincuentes con este tipo de correos fraudulentos

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), las campañas de phishing suelen explotar la confianza y el desconocimiento del usuario promedio, recurriendo a amenazas o advertencias sobre la suspensión de servicios esenciales para aumentar el nivel de urgencia.

El objetivo principal de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y financieros de los usuarios, sobre todo números de tarjetas, contraseñas de acceso y claves bancarias.

Con estos elementos, pueden ejecutar operaciones fraudulentas como compras en línea, transferencias de fondos y solicitudes de créditos que luego se desvían a cuentas denominadas “mulas”, diseñadas para dificultar el rastreo del dinero.

Cómo diferenciar un correo legítimo de uno falso

El INCIBE sugiere prestar atención a varios aspectos antes de interactuar con cualquier correo que solicite información personal. El primer paso es verificar el remitente y preguntarse si se esperaba un mensaje de esa empresa.

Comprobar si la dirección de correo coincide exactamente con la oficial puede evitar caer en trampas. Las entidades reconocidas como Telepase no solicitan datos personales ni financieros por correo, una política que debe alertar ante cualquier pedido que contradiga este principio.

Otro indicio clave es el asunto del mensaje. Los correos fraudulentos suelen usar asuntos llamativos o amenazantes para captar la atención y presionar al destinatario. Si el mensaje parece urgente, amenaza con la suspensión de un servicio, o promete beneficios fuera de lo común, conviene desconfiar de inmediato.

Qué indicios permiten identificar un intento de phishing

La calidad de la redacción y la personalización del mensaje constituyen señales importantes. Errores ortográficos, gramaticales o frases poco naturales pueden indicar el uso de traducciones automáticas y delatan la falsedad del correo.

Además, es frecuente que estos mensajes carezcan de personalización, utilizando fórmulas genéricas como “Estimado cliente” en lugar de nombres reales.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, se aconseja situar el cursor sobre el mismo (o mantenerlo presionado en celulares) para visualizar la dirección real. Si la URL no coincide con la oficial o no utiliza un certificado de seguridad (https://), se sugiere no ingresar los datos solicitados.

Asimismo, el análisis de archivos adjuntos es esencial. Cualquier archivo inesperado debe ser escaneado con un antivirus, porque puede contener malware orientado a tomar el control del dispositivo o robar información personal o financiera.

La enorme expectativa que ha despertado la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha provocado una demanda sin precedentes por conseguir boletos para los encuentros más atractivos del torneo, sino que también ha abierto la puerta a intentos de fraude que buscan aprovechar el entusiasmo de los aficionados.

Uno de los casos que recientemente generó mayor repercusión en redes sociales involucra a Gabriela Ríos, esposa del futbolista mexicano Orbelín Pineda, quien hizo pública una advertencia después de descubrir que una persona utilizó su nombre para ofrecer supuestas entradas para el partido entre México y Ecuador.

La denuncia fue difundida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde la pareja del mediocampista de la Selección Mexicana aclaró que no tiene ninguna relación con la venta de boletos y pidió a sus seguidores mantenerse alerta para no ser víctimas de engaños.

El mensaje fue publicado horas antes del compromiso correspondiente a la fase de eliminación directa del Mundial 2026, encuentro en el que el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.

En su publicación, Gabriela Ríos explicó que la persona señalada habría aprovechado la confianza derivada de una amistad para hacerse pasar por ella y ofrecer accesos al partido, convenciendo a varias personas de que la operación era legítima.

Ante esa situación, decidió deslindarse completamente de cualquier actividad relacionada con la comercialización de entradas y lanzó un mensaje directo a quienes siguen sus redes sociales.

“Yo no vendo boletos y nunca le daría a alguien que vendiera boletos por mí. No confíen en nadie, una supuesta ‘amiga’ se hizo pasar por mí y vendió unos boletos diciendo que era mi amiga y la gente le creyó“, escribió.

La publicación comenzó a compartirse rápidamente entre usuarios de distintas plataformas digitales, quienes replicaron la advertencia con el objetivo de evitar que más aficionados cayeran en un posible fraude durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

El caso también reavivó las alertas sobre la compra de boletos mediante intermediarios o personas no autorizadas, una práctica que suele incrementarse cuando existe una alta demanda por eventos internacionales de gran convocatoria.

Además de negar cualquier participación en la venta de entradas, Gabriela Ríos explicó que la situación provocó el rompimiento definitivo de la relación que mantenía con la persona señalada, pues aseguró sentirse traicionada tras conocer lo ocurrido.

En el mismo mensaje manifestó su preocupación por quienes pudieron haber entregado dinero creyendo que estaban adquiriendo boletos de manera segura.

“Yo corté relación con ella, no confíen en nadie. Yo no vendo boletos y ni los vendería. Espero que no haya más gente que le haya robado esta niña“, agregó.

Hasta ahora, la esposa de Orbelín Pineda no ha revelado públicamente la identidad de la mujer a la que responsabiliza de utilizar su nombre para concretar las supuestas ventas, ni ha informado si presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando conversación entre aficionados del futbol y usuarios de redes sociales, quienes insisten en la importancia de verificar el origen de cualquier oferta relacionada con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades y los propios organizadores del torneo han recomendado en diversas ocasiones adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales y evitar realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas. La experiencia compartida por Gabriela Ríos vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que existen alrededor de la reventa y de las ofertas difundidas mediante redes sociales, especialmente cuando se utilizan identidades de figuras públicas para generar confianza entre los compradores.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alertó este miércoles sobre una modalidad de fraude que afecta a personas que intentan tramitar su certificado de estudios. Los delincuentes se aprovechan de la necesidad urgente de ese documento para cobrar dinero a cambio de un trámite que no pueden realizar.

El engaño opera bajo una premisa simple: ofrecer atajos que no existen. La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la única autoridad facultada para emitir certificados de estudios y no utiliza intermediarios de ningún tipo para ese proceso.

¿Qué hace la SEP y qué no hace?

Ninguna aplicación, sitio web externo ni persona particular tiene autorización para tramitar un certificado de estudios en nombre de la SEP. Quien ofrezca ese servicio a cambio de un pago opera al margen de la ley.

La condición para obtener un certificado es haber acreditado las materias correspondientes. Cualquier oferta que garantice el documento sin ese requisito previo es, por definición, una estafa.

La trampa del pago anticipado

Uno de los mecanismos más frecuentes del fraude es la solicitud de transferencias o depósitos bancarios. La PDI advierte que ningún pago debe realizarse sin antes verificar que la fuente sea oficial y confiable.

Los estafadores suelen crear urgencia artificial para presionar a sus víctimas. Ante cualquier solicitud de dinero por este trámite, la recomendación es detener la operación de inmediato y no transferir ninguna cantidad.

¿Cómo identificar un sitio o contacto falso?

Los delincuentes replican la apariencia de portales gubernamentales para capturar datos personales y bancarios. Una letra cambiada en la dirección web o un dominio distinto a gob.mx son señales de que el sitio no es legítimo.

Los formularios fraudulentos recolectan información que luego se usa para suplantar identidades o extorsionar a las víctimas. El solicitante debe verificar la URL antes de escribir cualquier dato personal.

El riesgo de compartir enlaces no verificados

Difundir o seguir enlaces de sitios no oficiales, aunque provengan de contactos conocidos, puede convertir al usuario en víctima. La PDI señala que esa práctica es una de las principales vías por las que el fraude se propaga.

El engaño se extiende cuando las personas comparten direcciones web falsas en grupos de mensajería o redes sociales. Detener esa cadena de difusión protege tanto al usuario como a quienes están en su entorno.

¿Qué hacer ante un contacto sospechoso?

Quien reciba una solicitud de pago o encuentre un formulario en una página no oficial debe abstenerse de proporcionar cualquier dato. La acción inmediata es comunicarse con la PDI para reportar el caso.

El canal de orientación habilitado por la PDI es el número telefónico (55) 5242 6489. También es posible enviar un reporte al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx con los detalles del sitio o del contacto sospechoso.

¿Por qué denunciar protege a más personas?

Presentar una denuncia no solo resguarda al afectado: también permite a las autoridades rastrear y desactivar los sitios fraudulentos. Cada reporte es un insumo directo para identificar a los responsables.

La PDI cuenta con una unidad de ciberdelitos que recibe y procesa estas denuncias de forma especializada. La información que aporten los ciudadanos es la base principal para desmantelar estas redes de engaño.

La verificación previa, el paso más eficaz

Antes de iniciar cualquier gestión, el solicitante debe confirmar que el portal o la instancia a la que acude corresponde a la SEP o a la autoridad educativa de su entidad. Ese paso previo toma poco tiempo y puede evitar pérdidas económicas o la exposición de datos sensibles.

Conocer estas medidas básicas y compartirlas con familiares o amigos que planeen tramitar su certificado reduce de forma directa la cantidad de personas que caen en estas estafas. La prevención informada es la herramienta más eficaz contra el fraude en este tipo de trámites.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó este martes detención provisional e instrucción formal contra el hondureño Denis Esteban G. C., de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público, según informó este martes el portal de Centros Judiciales El Salvador. El caso apunta a un perjuicio patrimonial preliminar de $350.000.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias como proveedores de servicios de activos digitales. En la audiencia inicial, el juez consideró que los indicios presentados acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, además del riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.

La acusación sostiene que Denis Esteban actuó junto con la también procesada Valeria Lisseth A. R., de 26 años, y que usaron una sociedad fantasma llamada Trade Corporation Capital S. A. de C. V. para captar personas por redes sociales y ofrecer inversiones en monedas digitales con promesas de ganancias.

La denuncia por la inversión y las amenazas

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima fue persuadida para invertir $976.920,02. Según el escrito, cuando pidió la devolución del capital y de las ganancias supuestamente generadas, los imputados se negaron a pagar y comenzaron a amenazarla de muerte.

El juzgado aún no resolvió la situación jurídica de Aragón Rivas porque figura en el proceso en calidad de ausente.

Casos similares de estafas en el país

Este año, en enero, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició la audiencia preliminar contra tres hermanos identificados como Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada en el denominado “Caso Forex”, donde hasta ahora se han contabilizado 500 víctimas y un monto defraudado superior a USD $2.5 millones.

Las investigaciones fiscales han demostrado que este tipo de esquemas fraudulentos se han multiplicado con la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso a mecanismos internacionales de transferencia.

A pesar de las tres órdenes de captura y la alerta de difusión internacional de Interpol, hasta hace un año los imputados permanecían fugitivos de la justicia salvadoreña. Las autoridades prevén que la actual audiencia preliminar se extienda durante toda la semana, mientras continúan recibiendo denuncias y ampliando el expediente de investigación.

En marzo de 2025, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que Gerardo Alfredo Escrich Torres continúe en detención provisional y abrió instrucción formal en su contra, acusado de estafa agravada por un monto total de USD 62.000, en perjuicio de cuatro víctimas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado convenció a las víctimas de entregar dinero con la promesa de inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, además de supuestas operaciones de trading en la bolsa de valores.

La acusación sostiene que ofrecía rendimientos de entre 10% y 15% por cada inversión. Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, periodo en el que las víctimas lo conocieron y, según el expediente, él aseguró que contaba con autorización del Banco Central de Reserva para realizar esas operaciones.

Según la imputación, cuando las víctimas reclamaban las ganancias tras realizar transferencias, Escrich Torres respondía que había perdido el dinero por problemas en el mercado de criptomonedas.

Sucedió a fines de 2025. Una mujer ingresó a la Alcaidía Policial de Chilecito, contactó a varios detenidos, entre ellos a un hombre acusado de abuso sexual, y le hizo una propuesta. Dijo que trabajaba para un reconocido abogado penalista de La Rioja y que podía hacerse cargo de su defensa. Antes de retirarse, le dejó un papel con un número de teléfono para que su familia arreglara los honorarios.

La llamada llegó poco después. Del otro lado de la línea, la mujer le repitió la historia: aseguró ser la secretaria del abogado Emanuel Lascoiti y fijó el precio de la defensa en dos millones de pesos. El hermano del preso, Jesús M. O., comenzó a transferir dinero convencido de que estaba contratando al estudio jurídico. En menos de un mes envió un millón de pesos.

Semanas más tarde, el engaño se derrumbó por un llamado inesperado. El verdadero abogado había logrado conseguir el teléfono del hombre después de enterarse de que alguien utilizaba su nombre para captar clientes dentro de la alcaidía.

“Lamento informarte que te estafaron, que yo no tengo secretaria”, le dijo.

Según consta en el requerimiento de instrucción formulado por el Ministerio Público Fiscal, al que accedió Infobae, la acusada es Natalia A. S. y tiene un pedido de captura vigente por el delito de defraudación por estafa. Hasta el momento permanece prófuga.

El expediente ubica el inicio de la maniobra a fines de diciembre de 2025. Según la reconstrucción de los investigadores, Natalia A. S. ingresó a la Alcaidía Policial de Chilecito y, tras presentarse como integrante del estudio jurídico de Lascoiti, dejó al detenido un papel con sus datos de contacto para que sus familiares pudieran comunicarse.

El hermano del interno llamó al número sin sospechar que, del otro lado, siempre atendía la misma persona. Durante las conversaciones, la mujer sostuvo que la defensa costaba dos millones de pesos y comenzó a reclamar adelantos para iniciar el trabajo.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el denunciante realizó tres transferencias a una cuenta de la billetera virtual Personal Pay a nombre de la imputada: la primera, de 200.000 pesos, el 29 de diciembre de 2025; la segunda, de 400.000 pesos, el 14 de enero de 2026; y la tercera, también por 400.000 pesos, el 21 de enero. En total, envió un millón de pesos.

La historia dio un giro el 4 de marzo de 2026. Según consta en el expediente, el abogado Emanuel Lascoiti consiguió el teléfono del denunciante después de que familiares de otro cliente le advirtieran que alguien estaba utilizando su nombre para ofrecer servicios jurídicos. Esa llamada fue la primera vez que la víctima supo que nunca había existido una secretaria ni una contratación del estudio.

Con las conversaciones mantenidas entre las partes, los audios y los comprobantes de las transferencias, el fiscal Ariel M. Ormeño Reinoso promovió el 16 de abril la acción penal por el delito de defraudación por estafa que prevé de un mes a seis años de cárcel. Además, pidió la inmediata detención de Natalia A. S. al considerar que carecía de arraigo en Chilecito, ya que registra domicilio en la capital riojana.

El planteo fue aceptado por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de Chilecito, Jorge Elías Jalil, quien el 10 de junio ordenó su detención y libró una orden de captura en todo el territorio nacional. La resolución también dispuso comunicar la medida a la Policía de La Rioja y a Gendarmería Nacional para concretar su arresto y posterior traslado a Chilecito. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la mujer continúa prófuga.

Una madre de Nevada fue sentenciada a prisión tras descubrirse que estafó a amigos cercanos por casi 20.000 dólares, valiéndose de una compleja mentira que incluyó fingir tener cáncer y prometer lucrativos negocios en común. El caso de Haleigh Morgan Knight, de Henderson, ha causado conmoción tanto en la comunidad local como entre quienes la consideraban una amiga y socia confiable.

La condena llegó después de que Knight se declarara culpable en marzo. El 24 de junio, los medios locales KLAS y KSNV informaron que la mujer deberá cumplir 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, seguidos de dos años de libertad condicional. Además, la sentencia incluye la obligación de pagar una indemnización a sus víctimas. Las autoridades otorgaron a Knight una semana para entregarse y comenzar a cumplir su condena, aunque su abogado no pudo ser contactado para ofrecer declaraciones.

El caso ejemplifica cómo una narrativa cuidadosamente elaborada puede afectar profundamente la vida de las personas. Haleigh Morgan Knight era conocida en redes sociales como creadora de contenido y aseguraba tener contactos comerciales con hoteles de lujo, presentándose como asesora de viajes. Aprovechándose de esa imagen profesional, propuso a varias personas, entre ellas amigos y excompañeros de clase, la idea de asociarse en un negocio de creación de viajes. La promesa de una empresa conjunta y la posibilidad de trabajar en un entorno aparentemente seguro y rentable convenció a sus allegados de invertir sumas importantes.

El engaño no terminó ahí. Knight afirmó, en plena maniobra de estafa, que padecía un cáncer de páncreas. El diagnóstico inventado generó una fuerte empatía entre las víctimas, quienes no solo evitaron cuestionar la desaparición de los fondos entregados como depósitos para supuestos viajes, sino que también le ofrecieron ayuda personal, como llevarle comida y cuidar a sus hijos durante los momentos más difíciles de su supuesta enfermedad. La justificación médica también sirvió para explicar la cancelación repetida de los viajes y la ausencia de reembolsos, según consta en la declaración jurada del Departamento de Policía de Henderson citada por el Las Vegas Review-Journal.

La familia Fink, una de las principales afectadas, relató en la audiencia judicial cómo la estafa impactó sus vidas y su economía. Cydney Fink explicó que ella y otro miembro de la familia estaban ilusionados con la idea de construir un proyecto familiar junto a Knight, motivados por la confianza y la expectativa de un futuro próspero. Cada vez que se acercaban las fechas de un viaje, recibían excusas para justificar la postergación o cancelación, pero la supuesta enfermedad de Knight les impidió sospechar y exigir la devolución de su dinero. “Nos mantuvimos al margen y no la presionamos para que nos devolviera el depósito”, relató una de las víctimas, quien también señaló que llegaron a realizar donaciones y tareas de apoyo personal para Knight y su familia, todo bajo la creencia de que luchaba contra el cáncer.

Los Fink y otras víctimas confiaron en Knight al punto de realizar gastos adicionales para los viajes ficticios, como la compra de equipaje y trámites de pasaporte. Una de las afectadas incluso reveló que su pareja renunció a su trabajo a tiempo completo para dedicarse a la supuesta empresa de viajes familiares, lo que representó un sacrificio real hecho de buena fe. La estafadora, según los testimonios recogidos por el tribunal, utilizó contratos falsos, simuló ser representante de diferentes empresas y empleó varios números de teléfono para que la comunicación pareciera auténtica. De este modo, logró que sus víctimas entregaran sumas considerables bajo la creencia de que se trataba de depósitos reembolsables para viajes.

Durante la audiencia de sentencia, Haleigh Morgan Knight se disculpó públicamente por sus acciones y expresó arrepentimiento ante el tribunal y las personas afectadas. Reconoció haber estafado a sus seres queridos por una suma de 19.787,12 dólares y aseguró que en el último año había seguido trabajando, manteniendo a su familia y recibiendo ayuda profesional para comprender mejor las decisiones que tomó. En su comunicado, pidió la oportunidad de reparar el daño causado y demostrar, con sus acciones futuras, que era capaz de aprender de lo ocurrido y convertirse en una mejor persona.

La jueza Jessica Peterson, a cargo del caso, fue contundente al dirigirse a Knight: “Usted cambió la vida de las personas por su propio egoísmo y su propia avaricia”. La severidad del fallo refleja la gravedad de la manipulación emocional y el abuso de confianza cometidos por la imputada. Además de la privación de libertad y la libertad condicional, la condena incluye el pago de una indemnización a quienes fueron engañados y perjudicados económicamente. Según informaron los medios, la Fiscalía del Condado de Clark también fue consultada tras la audiencia, aunque no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

El fraude digital dirigido a adultos mayores en Costa Rica ha adoptado métodos que combinan la obtención de datos públicos, la presión psicológica y el uso de herramientas digitales para acceder a cuentas y ahorros. Aunque este grupo no lidera las estadísticas de denuncias, representa un objetivo relevante por el posible monto de fondos en sus cuentas.

Durante 2024, el Organismo de Investigación Judicial contabilizó 812 denuncias de fraude informático en personas de 65 años o más. En comparación, el grupo de 30 a 39 años presentó 1,872 denuncias en el mismo periodo, lo que indica que los adultos mayores no son los más afectados en cantidad, pero sí pueden ser más vulnerables en términos económicos, según explicó Raúl Rivera, asesor en ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense. Esta información fue reportada por El Observador.

Modalidades frecuentes y mecanismos de engaño

Uno de los métodos más utilizados es el de falsos funcionarios municipales. De acuerdo con Yorkssan Carvajal, jefe de Delitos Informáticos del OIJ, los estafadores acceden al Registro de la Propiedad con usuarios falsos, buscan propiedades inscritas a nombre de adultos mayores y los contactan para informarles sobre supuestas devoluciones de impuestos.

El procedimiento suele iniciar con una llamada en la que el estafador genera sensación de urgencia y solicita información personal o acceso a la firma digital bajo el argumento de que “el trámite debe hacerse hoy”. Especialistas consultados por la publicación indican que esta presión resulta clave para atrapar a la víctima.

Posteriormente, los delincuentes envían enlaces a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. Bernardo Barrientos, especialista en Seguridad de la Información y Ciber riesgos del Banco Nacional, señaló que estos enlaces conducen a páginas falsas que buscan obtener datos bancarios. Por este motivo, los expertos recomiendan no acceder a sitios bancarios desde enlaces recibidos por mensajes y utilizar siempre canales oficiales.

Las entidades bancarias y gubernamentales no emplean WhatsApp para comunicaciones oficiales. Ingresar a los sitios web mediante la dirección escrita directamente en el navegador es otra medida preventiva sugerida.

Cualquier persona puede ser afectada por este tipo de fraude, independientemente de su edad o nivel socioeconómico. Los delincuentes actúan de manera masiva, esperando la respuesta de quienes caen en sus maniobras. La menor exposición tecnológica de la población mayor explica en parte que no lideren las cifras de denuncias, indicó Carvajal de acuerdo con El Observador.

Estafas románticas y nuevas variantes

El fraude romántico es otra modalidad identificada por el jefe de Seguridad Bancaria del Banco Popular, Raúl Lacayo. En este caso, el estafador establece una relación ficticia con la víctima y, tras ganar su confianza, solicita la apertura de una cuenta bancaria y el envío de la tarjeta al extranjero. De esta manera, los delincuentes pueden manejar hasta 14 víctimas de forma simultánea.

El objetivo no se limita a sustraer dinero, sino que la víctima puede terminar siendo parte de una red que facilita otras estafas. Cuando esto ocurre, la recomendación es contactar al banco de inmediato para bloquear las cuentas, ya que, según Carvajal, en diez minutos los fondos pueden transferirse fuera del alcance de la víctima.

La digitalización ha incrementado el acceso de la población mayor a servicios bancarios electrónicos, lo que favorece la aparición de nuevas oportunidades para los delincuentes. Antes, muchas estafas se producían en la vía pública, pero el contexto sanitario aceleró la adopción de herramientas digitales sin una formación específica en seguridad, según señaló Carvajal.

Recomendaciones y prevención

Para disminuir el riesgo de ser víctima de fraude, los especialistas sugieren desconfiar de llamadas o mensajes inesperados que soliciten datos personales o bancarios, especialmente si existe presión para actuar con rapidez.

La recomendación principal es evitar el acceso a sitios web bancarios mediante enlaces enviados por terceros y no compartir información sensible fuera de los canales oficiales. Ante cualquier sospecha, lo indicado es contactar a la entidad financiera y a las autoridades lo antes posible.

Aunque los adultos mayores no aparecen como el grupo con mayor cantidad de denuncias, la posesión de bienes y cuentas de pensión los convierte en un sector de interés para los estafadores. La protección de los ahorros requiere mantener la vigilancia y aplicar medidas de prevención en el entorno digital.

Las llamadas provenientes de números ocultos o privados se han convertido en una preocupación creciente para millones de usuarios de telefonía móvil. Aunque algunas pueden corresponder a empresas, instituciones o personas que buscan proteger su privacidad, expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de comunicaciones también son utilizadas por estafadores para engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera.

Ante el aumento del spam telefónico y de las estafas mediante llamadas, la principal recomendación es pensarlo dos veces antes de contestar un número oculto. Si la comunicación es realmente importante, lo habitual es que el remitente vuelva a llamar desde un número identificable o utilice otro canal de contacto, como un mensaje de texto o correo electrónico.

Por qué los números ocultos pueden representar un riesgo

Un número oculto aparece cuando quien realiza la llamada bloquea deliberadamente la visualización de su identificación o utiliza sistemas que impiden mostrar el número telefónico.

Aunque esta función también puede emplearse por motivos legítimos, como proteger la privacidad de determinadas instituciones o profesionales, especialistas señalan que este mecanismo también es utilizado por ciberdelincuentes para dificultar su identificación.

En muchos casos, las llamadas forman parte de campañas masivas de spam telefónico, mientras que en otros buscan obtener información confidencial mediante técnicas de ingeniería social.

Los delincuentes pueden intentar convencer a la víctima de revelar contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o información personal haciéndose pasar por bancos, empresas de mensajería, operadores de telefonía o entidades gubernamentales.

Qué hacer si recibes una llamada de un número oculto

Los expertos coinciden en que la medida más segura es no contestar llamadas provenientes de números privados cuando no se espera una comunicación de ese tipo.

Si la llamada resulta importante, lo más probable es que la persona vuelva a comunicarse desde un número visible o deje un mensaje en el buzón de voz explicando el motivo del contacto.

También se recomienda evitar devolver la llamada, especialmente si no se conoce su origen. En algunos casos, esta práctica puede derivar en fraudes telefónicos que generan cargos elevados por llamadas internacionales o servicios de tarificación especial.

Uno de los engaños más conocidos es el fraude Wangiri, una modalidad en la que los delincuentes realizan llamadas breves para inducir a la víctima a devolver la comunicación, generando costos económicos importantes.

Cómo bloquear llamadas de números privados

Tanto Android como iPhone permiten configurar el teléfono para bloquear automáticamente llamadas provenientes de números ocultos o privados.

Esta función ayuda a reducir las interrupciones diarias y disminuye la posibilidad de interactuar con campañas de spam o intentos de fraude.

Además del bloqueo integrado en el sistema operativo, algunos operadores de telefonía y aplicaciones especializadas ofrecen filtros capaces de identificar llamadas sospechosas antes de que el usuario responda.

Estas herramientas analizan bases de datos colaborativas y detectan números asociados previamente con actividades fraudulentas o campañas masivas de telemercadeo.

Nunca compartas información durante una llamada inesperada

Una de las principales recomendaciones de los especialistas en ciberseguridad consiste en no proporcionar datos personales durante llamadas no solicitadas.

Ninguna entidad financiera legítima solicita por teléfono contraseñas, códigos enviados por SMS, números completos de tarjetas bancarias o claves de acceso.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es finalizar la llamada y contactar directamente con la empresa utilizando los canales oficiales publicados en su sitio web o en la documentación del servicio.

Este sencillo hábito permite verificar la autenticidad de la comunicación y evita caer en intentos de suplantación de identidad.

Cómo protegerte del spam telefónico

Además de bloquear los números ocultos, los expertos aconsejan adoptar otras medidas preventivas para reducir el riesgo de fraude.

Entre ellas destacan compartir el número telefónico únicamente con personas y empresas de confianza, activar el buzón de voz para que los contactos legítimos puedan dejar mensajes y mantener actualizado el sistema operativo del teléfono.

Si las llamadas sospechosas se repiten de manera constante o se convierten en una forma de acoso, también es recomendable conservar registros de las comunicaciones y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Asimismo, especialistas recomiendan informar a familiares, especialmente adultos mayores y menores de edad, sobre este tipo de engaños, ya que suelen ser algunos de los grupos más vulnerables frente a las estafas telefónicas.

Según el reporte, delincuentes estarían utilizando el número 313 420 9350, que figura asociado a la Terminal en algunos buscadores de internet como Google, para engañar a usuarios y solicitar pagos de tiquetes a través de WhatsApp.

Desde la entidad aclararon que los operadores de la Terminal de Transporte de Bogotá no venden tiquetes directamente ni utilizan canales o redes sociales como WhatsApp para este fin.

Según la información de la Secretaría de Seguridad, la estafa consiste en que los viajeros, al buscar información en internet, encuentran números telefónicos falsos y, al contactarlos, los supuestos asesores asignan rutas, sillas y piden pagos mediante transferencias electrónicas o llaves digitales.

Una de las víctimas relató que, tras pagar 95.000 pesos por un pasaje a Bucaramanga, recibió una confirmación fraudulenta y descubrió el engaño al presentarse en la terminal.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre los canales oficiales de las empresas transportadoras y de la Terminal del Norte antes de realizar cualquier pago, así como desconfiar de números telefónicos encontrados en buscadores si no provienen de fuentes verificadas.

Insistieron en no compartir información personal o financiera con contactos cuya identidad no pueda comprobarse y en conservar los comprobantes de pago y conversaciones ante cualquier eventualidad.

En caso de ser víctima de esta modalidad, las autoridades instaron a denunciar de inmediato llamando a la línea de atención Aide (601) 377 9595, extensión 1137 para recibir acompañamiento y asesoría.

El llamado a los viajeros es a mantenerse alerta y utilizar solo los canales oficiales para la compra de tiquetes, para evitar caer en fraudes que afectan el patrimonio y la seguridad de los viajeros.

“Agrégame a WhatsApp”: la peligrosa llamada que usted no debe contestar

Desde la entidad también advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas laborales y mensajes por WhatsApp para engañar a la ciudadanía y obtener información personal o apoderarse de cuentas de mensajería móvil.

La alerta surgió tras reportes recibidos por la entidad y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, que identificaron un incremento en este tipo de fraudes.

La estafa comienza con una llamada o mensaje desde un número desconocido, en el que se informa a la persona: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o simplemente “Agrégame a WhatsApp”. El objetivo, según las autoridades, es captar la atención de quienes buscan empleo y entablar conversación por WhatsApp, utilizando técnicas de ingeniería social para ganar la confianza de la víctima.

Una vez que el contacto se establece, los estafadores solicitan datos personales o financieros y, como parte del supuesto proceso de selección, envían un código de verificación. Si la víctima comparte este código, los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta de WhatsApp, suplantar su identidad y solicitar dinero a familiares y amigos, además de intentar nuevas estafas o extorsiones.

Ante esta situación, desde la Secretaría Distrital de Seguridad recomienda a la ciudadanía desconfiar de llamadas o mensajes de números desconocidos que ofrezcan empleos sin haber participado en procesos de selección, no agregar a WhatsApp contactos desconocidos, nunca suministrar información personal o bancaria a personas no identificadas y no compartir códigos de verificación. Además, aconseja activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad en WhatsApp.

Las autoridades invitaron a compartir estas recomendaciones con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraude. En caso de ser afectado, la denuncia debe hacerse de manera inmediata ante el CAI Virtual de la Policía Nacional.

El Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de plataformas gratuitas para ver los partidos en línea, y una de las más populares vuelve a ser Fútbol Libre. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y organismos internacionales advierten que utilizar este tipo de servicios puede exponer a los usuarios a malware, robo de información personal e incluso consecuencias legales relacionadas con la transmisión no autorizada de contenidos deportivos.

La creciente demanda por seguir los encuentros del torneo ha impulsado nuevamente la popularidad de páginas y aplicaciones que prometen acceso gratuito a todos los partidos. El problema es que muchas de estas plataformas operan sin contar con los derechos oficiales de transmisión, convirtiéndose en un punto de entrada para estafas digitales y actividades ilícitas.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha advertido en diversas ocasiones sobre los riesgos asociados al consumo y distribución de contenido protegido por derechos de autor a través de servicios no autorizados.

Por qué Fútbol Libre genera preocupación durante el Mundial

El atractivo de Fútbol Libre es evidente: acceso gratuito a partidos que, en condiciones normales, requieren una suscripción o acceso a plataformas oficiales.

No obstante, este modelo de funcionamiento suele apoyarse en transmisiones sin licencia, lo que implica que la plataforma no posee autorización para retransmitir los encuentros.

Durante eventos masivos como el Mundial, millones de usuarios buscan alternativas rápidas para ver los partidos, reduciendo sus niveles habituales de precaución y convirtiéndose en objetivos más fáciles para ciberdelincuentes.

Los especialistas señalan que muchas de estas plataformas aprovechan precisamente esa urgencia para atraer tráfico y generar ingresos mediante publicidad invasiva o mecanismos más peligrosos.

Los riesgos legales de acceder a transmisiones no autorizadas

La transmisión de los partidos del Mundial está protegida por contratos internacionales de derechos audiovisuales. Esto significa que únicamente las cadenas de televisión y plataformas que han adquirido esos derechos pueden emitir legalmente los encuentros.

INTERPOL advierte que la descarga, distribución o acceso a contenidos protegidos sin autorización puede constituir una infracción a las leyes de propiedad intelectual vigentes en numerosos países.

Las consecuencias varían según la legislación local, pero pueden incluir sanciones económicas, bloqueos de servicios e incluso procesos judiciales en los casos más graves.

Además, varios proveedores de internet colaboran actualmente con organismos reguladores para restringir el acceso a determinados portales identificados como emisores de contenido pirateado.

Cómo estas plataformas pueden infectar un dispositivo

Uno de los mayores peligros asociados a Fútbol Libre y servicios similares no está relacionado con el fútbol, sino con la seguridad digital. Muchas de estas plataformas se financian mediante redes publicitarias poco controladas, ventanas emergentes y enlaces que redirigen a sitios externos.

Al hacer clic en estos anuncios, los usuarios pueden descargar sin saberlo programas maliciosos conocidos como malware. Este software puede adoptar múltiples formas: virus, troyanos, spyware o ransomware capaces de comprometer el funcionamiento del dispositivo.

En algunos casos, basta con descargar una aplicación no oficial o interactuar con determinados enlaces para que la infección se produzca.

El riesgo de perder información personal y bancaria

La instalación de malware puede derivar en consecuencias mucho más graves que una simple disminución del rendimiento del equipo. Los ciberdelincuentes suelen utilizar estos programas para recopilar información sensible, incluyendo contraseñas, correos electrónicos, documentos personales y datos bancarios.

Según las advertencias de INTERPOL, algunos ataques buscan directamente obtener credenciales financieras para realizar compras fraudulentas o acceder a cuentas bancarias.

También existen riesgos relacionados con el robo de identidad, una práctica que consiste en utilizar la información obtenida para cometer fraudes en nombre de la víctima. En muchos casos, los usuarios no descubren que sus datos han sido comprometidos hasta semanas o incluso meses después de la infección inicial.

Cómo identificar una plataforma sospechosa

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier servicio que ofrezca acceso gratuito e ilimitado a eventos deportivos de alto valor comercial. La ausencia de información corporativa clara, políticas de privacidad poco transparentes o inexistentes y la falta de canales de atención al cliente son señales de alerta importantes.

También es recomendable revisar cuidadosamente las direcciones web. Los sitios fraudulentos suelen cambiar constantemente de dominio y utilizar variaciones de nombres populares para atraer visitantes.

Otra señal de advertencia son las solicitudes excesivas de permisos, especialmente cuando una aplicación pide acceso a información que no necesita para reproducir video.

Cuáles son las alternativas oficiales para ver el Mundial 2026

Ante estos riesgos, los especialistas recomiendan utilizar únicamente plataformas autorizadas para seguir los partidos del torneo.

En América Latina y España, la disponibilidad varía según el país, pero entre las opciones oficiales se encuentran servicios como DSports y DGO, Telefe y Paramount+ en Argentina, ViX en México, América TV y DirecTV Sports en Perú, Televen en Venezuela, DAZN y La 1 en España, además de FOX, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

Aunque estas alternativas pueden requerir una suscripción o depender de acuerdos regionales de transmisión, ofrecen garantías de seguridad, calidad de imagen y cumplimiento legal que las plataformas piratas no pueden proporcionar.

En un contexto donde los ciberdelincuentes aprovechan cada gran evento deportivo para lanzar nuevas campañas de fraude, optar por servicios oficiales sigue siendo la forma más segura de disfrutar del Mundial 2026 sin poner en riesgo los datos personales ni el dispositivo.

Nelson es una localidad del departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe, a 42 kilómetros al norte de su cabecera y capital provincial. Esa ciudad, de casi 5.000 habitantes, se transformó en estos días en el epicentro de una presunta millonaria estafa luego de la muerte de un hombre. Y hay una entidad de ahorro y crédito en la mira.

El suicidio de Osvaldo Leiva, ocurrido el 4 de junio, destapó una profunda crisis en la Asociación Mutual Club Libertad, que luego cerró sus puertas y dejó paralizados los depósitos de sus asociados. Y fue denunciado por un presunto fraude que, en uno de los reclamos presentados, asciende a $42.818.474,91.

El caso tomó dimensión regional porque los damnificados no se concentran solo en esa localidad: entre los ahorristas hay vecinos de Nelson y de otras poblaciones cercanas como Laguna Paiva y Llambi Campbell.

“Ya hay cinco denuncias distintas presentadas y la investigación está a cargo del fiscal Ignacio Orio”, confirmaron fuente del Ministerio Público de la Acusación a Infobae. Estas denuncias, realizadas contra varias personas, señalaron desde el MPA, es por posibles delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta por un presunto manejo infiel de fondos de los asociados.

Por su parte, desde la Mutual emitieron un comunicado solicitando “calma, paciencia y empatía” ante la situación que atraviesan. Y dejaron un mensaje, con cierto tono de alarma: “En este proceso, nos encontramos tomando conocimiento de todos los aspectos que involucran a la Mutual, algunos de ellos desconocidos para nosotros y que requieren una mayor profundización”.

Qué denunciaron los ahorristas sobre los depósitos

La secuencia que hoy se discute en sede judicial comenzó antes de la muerte del presidente. Citada por La Capital, la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de comitentes, sostuvo: “Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo”.

La letrada explicó que uno de sus clientes, asociado a la mutual desde hacía unos 10 años, había anticipado que retiraría su plazo fijo al vencimiento. Cuando intentó hacerlo, el dinero ya no estaba disponible. “Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y él no obtenía cómo recuperar sus fondos”, dijo.

Tras el fallecimiento de Leiva, la incertidumbre se profundizó. La mutual permaneció cerrada y, aunque luego hubo una reapertura parcial, los ahorristas siguieron sin respuestas sobre el destino de sus depósitos ni sobre quiénes quedaron a cargo de la administración.

Spreggero resumió el principal problema: “No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo ni quiénes son los representantes. Solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre”.

La abogada también afirmó que en una de las escasas comunicaciones mantenidas con la entidad les transmitieron que no había liquidez para reintegrar el dinero. Según su relato, la mutual les informó que "no contaba con los fondos disponibles para devolver, estaban gestionando créditos con otras mutuales para poder hacer frente a eso y que si lo lograban lo iban a hacer en cuotas".

Ese planteo fue rechazado por sus representados. “Nosotros reclamábamos el íntegro recupero de los fondos y no nos daba lugar a eso”, afirmó.

Sospechas sobre la conducción y la investigación judicial

Uno de los denunciantes es Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía su dinero inmovilizado en un plazo fijo. En declaraciones a Power Max 104.5 Recreo, explicó que incluso si advertía señales de alarma no podía retirar antes el capital: “Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío”.

Beltrán sostuvo que lo más sospechoso fue la conducta que atribuye a miembros de la comisión directiva antes del cierre. "Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso“, afirmó.

También apuntó a los vínculos entre la mutual y la conducción política local. Osvaldo Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, conocido como “el Morocho”. El denunciante agregó: “El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual”.

En otra entrevista, publicada por Todos Para Uno Diario, el damnificado Roberto Jesús Gómez contó por qué había confiado sus ahorros a la entidad. Dijo que había depositado su dinero en la mutual porque jugaba al fútbol en el club Libertad de Nelson y agregó: "Mi dinero era para un proyecto y ahora no sé si lo voy a recuperar".

En medio del conflicto, la Asociación Civil Foot-ball Club Libertad de Nelson difundió un comunicado para despegarse de la operatoria de la mutual. El texto, publicado por el portal local, sostuvo que el club y la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes son "entidades jurídicas distintas e independientes“.

La comisión directiva del club afirmó además que no integró ni ejerció funciones en los órganos de administración, fiscalización o gobierno de la asociación mutual, y que tampoco participó en la gestión de sus actividades, en la administración de sus recursos ni en la toma de decisiones.

El documento llevó las firmas de Yamila Tion, secretaria, y Francisco Lanzo, presidente del club Libertad de Nelson.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a los aficionados que siguen el Mundial de Futbol 2026 ante la proliferación de ofertas falsas, promociones engañosas y posibles fraudes relacionados con boletos, paquetes turísticos, hospedaje y productos asociados al torneo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que mantiene vigilancia sobre prácticas comerciales que podrían vulnerar los derechos de los consumidores mediante información inexacta, exagerada o carente de sustento.

La autoridad explicó que la publicidad tiene como objetivo influir en las decisiones de compra al destacar características y beneficios de determinados bienes o servicios. Sin embargo, advirtió que durante eventos de gran alcance como la Copa Mundial también pueden aparecer estrategias comerciales que aprovechan el entusiasmo de los aficionados para generar expectativas alejadas de la realidad.

Según la Profeco, una de las principales señales de alerta surge cuando un proveedor realiza promesas que no puede demostrar o presenta beneficios sin evidencia que los respalde. En esos casos, la publicidad puede considerarse engañosa al inducir a error sobre las condiciones reales del producto o servicio ofrecido.

La dependencia también alertó sobre páginas de internet que aparentan ser confiables, pero que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el comercio electrónico. Estas plataformas suelen ofrecer promociones atractivas o supuestas oportunidades de último momento sin proporcionar información verificable sobre la empresa responsable.

Boletos, experiencias exclusivas, paquetes de viaje, hospedaje, entre los fraudes

Entre los casos identificados destacan anuncios relacionados con boletos para partidos, experiencias exclusivas, paquetes de viaje, reservaciones de hospedaje, alimentos y souvenirs vinculados con el Mundial. De acuerdo con la Procuraduría, los consumidores deben extremar precauciones cuando estas ofertas son difundidas por perfiles de redes sociales o sitios que carecen de datos de contacto verificables, domicilio físico o políticas claras de cancelación, devolución y cambios.

La institución también recomendó desconfiar de promociones con precios considerablemente inferiores a los del mercado o que presionen a realizar pagos inmediatos bajo el argumento de una supuesta disponibilidad limitada.

Como medida preventiva, la Profeco llamó a verificar que las páginas web utilicen protocolos de seguridad identificados mediante la dirección electrónica con “https” y el candado de protección correspondiente. Esto permite reducir riesgos relacionados con el robo de información personal o bancaria en sitios apócrifos.

La dependencia reiteró que la adquisición de productos y servicios vinculados con el Mundial debe realizarse únicamente a través de proveedores oficiales o autorizados, con el fin de garantizar que las operaciones comerciales se desarrollen conforme a la legislación vigente. Asimismo, recomendó evitar transacciones en mercados secundarios o con intermediarios cuya identidad no pueda confirmarse.

La Procuraduría informó que, mediante la Dirección General de Procedimientos, mantiene un monitoreo permanente de la publicidad difundida en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico para detectar posibles irregularidades.

Además, recordó que las denuncias ciudadanas son una herramienta fundamental para identificar prácticas indebidas. Con base en esos reportes, la autoridad puede iniciar procedimientos que deriven en sanciones económicas para los proveedores responsables e incluso solicitar la modificación o el retiro de campañas publicitarias que incumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, la Profeco insistió en que la mejor forma de prevenir fraudes es verificar la autenticidad de las ofertas, confirmar la identidad de los proveedores y denunciar cualquier publicidad que presente información falsa, confusa o imposible de comprobar.

En palabras de De Brito, el texto que le llegó desde el número de Barbieri fue directo: “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, detalló frente a las cámaras de LAM (América).

Las estafas de este tipo suelen afectar principalmente a los contactos de la persona cuyo WhatsApp fue vulnerado, ya que los delincuentes se hacen pasar por ella para solicitar dinero o realizar ofertas engañosas, como la venta de dólares a precios inferiores a los del mercado.

De Brito, acostumbrado a intercambiar mensajes con Barbieri, advirtió que el tono del pedido no coincidía con el tipo de charlas que ambos suelen mantener. “Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso le llamó la atención”, remarcó durante el relato.

Al detectar la irregularidad, el periodista respondió de manera categórica: “Uh, te hackearon”. Según lo que mostró en el aire, los estafadores intentaron seguir la conversación haciéndose los desentendidos. Sin embargo, De Brito optó por una medida de verificación sencilla pero efectiva: le pidió a su interlocutor que lo llamara por teléfono.

Esa llamada jamás se produjo, lo que confirmó de inmediato la sospecha del conductor. Así, De Brito logró cortar la comunicación antes de que los delincuentes pudieran avanzar con el engaño. La propia Carmen mostró en sus redes las capturas de pantalla como pruebas del intento de delito.

“Quería hacerte una consulta, estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabes de alguien de confianza que le interese?“, dice el texto anónimo, y enseguida llega su aclaración: ”Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales", expresó la capocómica, que no es la priemra vez que es víctima de una estafa de este tipo.

El modus operandi detrás de los hackeos

Cuando una figura pública como Barbieri es víctima de un hackeo, los atacantes aprovechan la confianza que existe entre ella y sus allegados. El mensaje suele ser urgente y busca provocar una reacción rápida, evitando que la víctima se tome el tiempo de verificar la autenticidad del pedido.

En el caso expuesto, el texto hacía referencia a una transferencia y ofrecía efectivo como forma de devolución, una táctica habitual en este tipo de engaños. La intención es que el destinatario, ante la premura, transfiera fondos creyendo que ayuda a un amigo o colega en apuros.

Este método ha ganado terreno en los últimos meses. La recomendación de especialistas y víctimas es la misma: no responder ni enviar dinero ante pedidos inusuales, y corroborar siempre la identidad real del solicitante mediante una llamada o un encuentro cara a cara.

La situación generó preocupación entre quienes integran el círculo de la farándula argentina. Las figuras públicas suelen ser blanco frecuente de este tipo de delitos, ya que su agenda de contactos abarca a numerosas personas y muchas de ellas mantienen cierto grado de confianza.

Por ese motivo, desde distintos programas y redes sociales se multiplicaron los mensajes de advertencia. “Ante esto, el pedido de no caer en la trampa si alguien cercano a la capocómica recibe un mensaje de esa índole”, se enfatizó durante la emisión.

La mejor defensa ante estos delitos digitales sigue siendo la prevención. Especialistas aconsejan activar la verificación en dos pasos y mantener la aplicación actualizada para dificultar el acceso de terceros. Además, se recomienda desconfiar de solicitudes repentinas de dinero, aun cuando provengan de contactos conocidos.

Una usuaria de X publicó este martes que había recibido un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el que se le informaba que tenía una encomienda internacional retenida a su nombre. “Me mandaron un mail de ARCA diciendo que tengo una encomienda internacional con mi número de documento. ¡No compré nada yo!”, escribió. La respuesta del organismo no tardó en llegar: se trata de una estafa.

ARCA confirmó desde su cuenta oficial en X que el mensaje es falso. “Te informamos que se trata de un mail apócrifo. ARCA no envía correos solicitando pagos ni datos personales”, respondió el organismo. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de maniobras —conocidas como phishing— vienen multiplicándose en los últimos meses y apuntan a obtener información sensible de los ciudadanos bajo la apariencia de comunicaciones oficiales del Estado.

El mecanismo es simple pero efectivo: los estafadores envían un correo que replica con fidelidad la identidad visual de ARCA —logotipo, colores institucionales, pie de página con dirección y teléfono— para generar una apariencia de legitimidad. El objetivo es que el destinatario no ponga en duda la autenticidad del mensaje y actúe siguiendo las instrucciones que contiene.

El texto del correo fraudulento informa que “la encomienda asociada al DNI se encuentra pendiente de regularización de aranceles aduaneros para continuar con su liberación operativa”. En un ejemplo al que pudo acceder Infobae, se desglosa un monto total a pagar de $198.092, distribuido en cuatro conceptos: derechos de importación ($124.848), tasa de estadística ($27.424), IVA sobre importación ($26.218) y “otros recargos por almacenamiento y gestión” ($19.602).

Además del cobro, el correo falso incluye una instrucción que constituye la parte más peligrosa de la maniobra: solicita al destinatario que adjunte una fotografía o captura de su DNI, “en la cual deberá encontrarse visible toda la información personal, a excepción del número de trámite, el cual deberá estar tapado u oculto por motivos de seguridad”. El mensaje fija además un plazo de tres días hábiles para iniciar la regularización y remata con una aclaración que busca transmitir confianza: “Solo comparta el frente de su DNI en respuesta a este correo”.

La combinación de un pago y la entrega de documentación personal configura una doble trampa: por un lado, una extracción de dinero; por el otro, la obtención de datos que pueden utilizarse para cometer fraudes de identidad u otras estafas posteriores.

Por qué es fácil caer

El correo fraudulento está construido para resultar convincente. Utiliza el diseño institucional de ARCA, menciona el número de DNI del destinatario —dato que los estafadores pueden obtener de bases de datos filtradas— y apela a la urgencia como mecanismo de presión. El plazo de tres días y la advertencia sobre la “liberación operativa” de la encomienda buscan generar ansiedad y llevar al receptor a actuar sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje.

Sin embargo, hay señales que permiten identificarlo como falso. ARCA ya lo explicó en una advertencia anterior ante una situación similar: los correos apócrifos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial del Estado, y el remitente de respuesta configurado en esos envíos tampoco guarda relación con una casilla institucional legítima. Verificar ese dato —el dominio desde el que llega el correo— es el primer paso para detectar la estafa.

Qué hacer si llega ese correo

El organismo fue claro al respecto: no hay que responder, no hay que hacer click en ningún enlace y no hay que descargar archivos adjuntos. “Todas las comunicaciones podés encontrarlas en tu Domicilio Fiscal Electrónico”, precisó ARCA en su respuesta pública en X.

El organismo también habilitó un canal específico para que quienes reciban este tipo de mensajes puedan reportarlos. “Ante cualquier sospecha sobre el origen o contenido de un correo electrónico en el que piden información personal o acceder a un sitio web poco confiable, el email puede ser reenviado a la casilla phishing@arca.gob.ar para su posterior análisis”, indicó la agencia. El reenvío del mensaje original a esa dirección permite que el área técnica del organismo analice la estructura del correo, identifique los servidores de origen y tome las medidas correspondientes.

Un recordatorio para tener siempre a mano

La regla de oro que ARCA reitera ante cada caso es la misma: el organismo nunca solicita pagos, datos personales ni la descarga de archivos por correo electrónico. Cualquier mensaje que requiera alguna de esas acciones —sin importar cuán oficial parezca— debe tratarse como sospechoso.

En este caso puntual, el elemento más revelador es la solicitud del DNI. Ninguna gestión aduanera legítima requiere que el contribuyente envíe una fotografía de su documento de identidad como respuesta a un correo. Ese pedido, por sí solo, alcanza para confirmar que el mensaje no proviene de ARCA.

Un hombre acusado de curanderismo fue hallado culpable de estafa, abuso sexual con acceso carnal y extorsión por el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. Tras deliberar durante dos horas, la decisión fue unánime.

De esta manera, el fallo estableció la responsabilidad penal del imputado identificado por las iniciales G. N. G., en perjuicio de una mujer que reside en la misma localidad. Luego de que evaluaran las pruebas, determinaron que las maniobras abusivas y defraudatorias se desarrollaron de manera sistemática entre octubre de 2023 y enero de 2024.

Por este motivo, los magistrados encuadraron los hechos bajo la figura de delito continuado y en concurso real, lo que elevará la futura escala penal. En este sentido, sostuvieron que el acusado principal ejecutó un raid delictivo sostenido, combinando engaños económicos y abuso sexual sobre la víctima.

Según la información publicada por El Litoral, en el proceso penal también estuvo imputada una segunda persona, identificada como R. A. R., acusada inicialmente por la Fiscalía como presunta partícipe de la red de engaños económicos.

En un principio, los jueces resolvieron absolver de culpa y cargo a R. A. R. por insuficiencia probatoria. Tras evaluar la falta de pruebas directas sobre su participación en los hechos patrimoniales, decidieron exculparla de tener que abonar las costas del proceso.

No obstante, la situación de la mujer cambió hacia el final del expediente, debido a que los magistrados determinaron su responsabilidad penal como coautora material del delito de extorsión. Según el fallo, quedó acreditado que participó activamente junto al curandero en un acto intimidatorio ocurrido en enero de 2024, dirigido a la misma víctima y con el objetivo de obtener dinero mediante amenazas.

En línea con esto, el tribunal explicó que la sentencia condenatoria fue dictada conforme a las disposiciones del Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de Corrientes, por lo que estaba garantizado el debido proceso y el principio de inocencia durante todas las etapas previas.

Después de la lectura del veredicto de culpabilidad, se dispuso un cuarto intermedio regular. De esta forma, dieron a conocer que en la próxima audiencia de cesura, la querella, la fiscalía y las defensas presentarán sus alegatos finales sobre la mensuración del daño. Tras ello, los magistrados darán a conocer la pena de prisión efectiva que corresponderá a los dos condenados.

Condenaron a un policía por abuso sexual y grooming contra dos menores de edad

Un policía de Salta fue condenado a siete años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming contra dos menores de edad. El acusado, identificado como Alberto Gabriel Guaymás, integraba la fuerza policial provincial y las víctimas tenían cinco y doce años al momento de los hechos.

Según resolvió la jueza María Victoria Montoya Quiroga, el acusado quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 14 años, es decir, el doble del tiempo de la condena, debido a que los delitos fueron considerados en concurso real.

La investigación comprobó que, una tarde, la hija de una amiga del acusado, de cinco años, fue víctima de los abusos mientras acompañaba a su madre de visita a la casa de Guaymás. Mientras los adultos permanecían en el comedor, la menor veía televisión en otra habitación.

Según el relato que la niña ofreció en Cámara Gesell, el policía entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. Además, le tocó sus partes íntimas. A raíz de que no hubo testigos directos de los hechos, la consistencia del relato de la víctima resultó central para la acusación.

El testimonio se mantuvo firme en el tiempo y fue respaldado por declaraciones de docentes, profesionales de salud mental y referentes de una fundación que asistía a la menor. Las pericias psicológicas indicaron que la experiencia afectó el desarrollo emocional de la menor, produciéndole problemas de aprendizaje, episodios de angustia y una baja notable en su rendimiento escolar.

El segundo caso juzgado involucró a una adolescente de 12 años, a la que el acusado contactó luego de haber obtenido el número de celular de la menor producto de un llamado que había realizado al 911. A partir de ese momento, inició comunicaciones privadas con la joven, le envió mensajes personales, le hizo preguntas de contenido sexual, solicitó fotografías e intentó organizar un encuentro.

De acuerdo con el relato de la madre de la adolescente, la menor de edad desarrolló miedo y desconfianza hacia la policía tras descubrir los mensajes, lo que llevó a la familia a modificar rutinas diarias por temor.

Por este motivo, la fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo que Guaymás “quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad”.

En este sentido, la funcionaria subrayó que “aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza depositada por las familias”. Por este motivo, los delitos fueron tipificados bajo los artículos 119 y 131 del Código Penal, referidos al abuso sexual y el grooming.

Estados Unidos amplió el martes las sanciones contra un grupo de ciberestafa con base en Camboya, sumando a la lista a nueve personas y una red internacional de 26 empresas. La acción responde al crecimiento de Camboya como centro de operaciones para organizaciones criminales involucradas en esquemas de relaciones románticas falsas e inversiones fraudulentas en criptomonedas, donde tanto estafadores voluntarios como víctimas de trata engañan a usuarios globales.

Las sanciones recién anunciadas tienen como objetivo a Hu Xiaowei, señalado como el segundo al mando de Prince Group, y a socios radicados en Hong Kong, que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, gestionan una “red de empresas” vinculadas a los fraudes. Dentro de la lista figuran 11 empresas con sede en el Reino Unido.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidenses.

Ante la presión de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, las autoridades camboyanas aseguraron estar intensificando las acciones contra este tipo de delitos. Chen Zhi, fundador de Prince Group y de origen chino, fue extraditado por Phnom Penh a China en enero, luego de que su conglomerado fuera sancionado meses atrás por los gobiernos estadounidense y británico por su supuesta participación en estafas cibernéticas.

El impacto de las medidas alcanza también a dos inversores de los centros fraudulentos de Prince Group, a Dai An, identificado como líder de alto nivel, y a otros presuntos implicados en operaciones de blanqueo de dinero para la organización. Entre las compañías sancionadas figura la cadena hotelera tailandesa White Horse Hotel Management Group.

El Departamento de Estado detalló que “los autores de estas estafas, entre los que se incluyen delincuentes vinculados a Corea del Norte, han utilizado el Grupo Huione —incluidas Huione Pay y H-Pay— para transferir y blanquear activos procedentes de las estafas”. Estas nuevas restricciones complementan las medidas emitidas en octubre del año pasado contra 146 personas y entidades relacionadas con Prince Group.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que, solo en 2024, ciudadanos estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en estafas perpetradas desde el sudeste asiático. Estas organizaciones emplean técnicas variadas, siendo una de las más frecuentes el engaño a víctimas para que inviertan en combinaciones de activos digitales reales y falsos.

El lunes pasado, la Policía de Japón arrestó a un alto dirigente del conglomerado Prince Group, señalado por Washington como líder de una de las mayores redes de fraude digital y trata de personas en el sudeste asiático.

El detenido, Hu Shi, es ciudadano chipriota de 44 años, nacido en China, y fue arrestado el 14 de junio por presentar una notificación fraudulenta de cambio de domicilio, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Las autoridades japonesas también detuvieron a dos ciudadanos chinos de 31 y 36 años, empleados de una empresa en Tokio, bajo sospecha de falsificar el registro de residencia de Hu. Ambos negaron los cargos, de acuerdo con la cadena de televisión NHK.

Por su parte, el pasado 8 de junio, Amnistía Internacional (AI) señaló que Camboya no logró “desmantelar” los centros de estafas digitales ni “proteger y apoyar a las miles de víctimas de trata, tortura y esclavitud”, en contradicción con la versión oficial y la campaña de cierres promovida por el gobierno de Nom Pen. El grupo de derechos humanos, con sede en Londres, denunció que las redadas, difundidas en el marco de una estrategia de propaganda estatal, resultaron insuficientes tanto en la identificación y cierre de los centros como en la protección a las víctimas.

AI informó que identificó 33 nuevos centros de estafas digitales en el último año, lo que eleva el total de 53 en 2025 a 86 en 2026. Solo encontró evidencia de intervención estatal en 24 complejos, mientras que la versión oficial sostiene que el gobierno actuó contra más de 250 lugares.

“La gestión del gobierno camboyano sobre su campaña contra las estafas ha sido cuidadosamente planeada para la imagen pública, pero detrás de cada titular sobre una redada o detención en un complejo, hay supervivientes de esclavitud, tortura y violación que apenas reciben apoyo”, declaró la codirectora regional de Amnistía Internacional, Montse Ferrer.

(Con información AFP)

El esperado duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo el 22 de junio de 2026 ha disparado la búsqueda de alternativas para ver el partido en línea, pero acceder a plataformas como Magis TV o Xuper TV puede convertirse en una puerta de entrada para estafas, robo de datos y hackeos.

La fiebre por el Mundial lleva a miles de aficionados a recurrir a servicios no oficiales que, bajo la promesa de transmisiones gratuitas, exponen a los usuarios a riesgos digitales y legales.

El consumo de contenido por streaming ha transformado los hábitos de entretenimiento en todo el mundo. Según datos de Statista, el audio en streaming supera los 750 millones de usuarios de pago, y el video cuenta con más de 155 millones de suscriptores globales. No obstante, junto con las plataformas oficiales han proliferado aplicaciones y dispositivos que ofrecen acceso gratuito a eventos deportivos, series y películas, muchas veces fuera del control de tiendas como Google Play o App Store.

Qué riesgos existen en apps como Magis y Xuper TV

Las aplicaciones que no pasan por los filtros de las tiendas oficiales suelen solicitar permisos críticos y excesivos en los dispositivos de los usuarios. Estos permisos pueden incluir acceso a tareas en ejecución, almacenamiento externo, notificaciones, audio, instalación de paquetes y escritura de archivos, entre otros.

Cada uno de estos privilegios puede ser aprovechado por software malicioso para espiar, robar información o controlar el equipo a distancia.

Al examinar aplicaciones de acceso ilegal para ver partidos, expertos en ciberseguridad han identificado que muchas de estas herramientas solicitan permisos poco habituales y altamente invasivos en los dispositivos. Entre ellos, se encuentran autorizaciones para consultar qué tareas están activas en el teléfono, montar o desmontar sistemas de archivos, leer y modificar archivos almacenados, e incluso instalar nuevas aplicaciones sin aviso.

Estos privilegios, una vez concedidos, abren la puerta para que un atacante pueda revisar fotos, videos, mensajes, documentos y hasta instalar programas maliciosos sin que el usuario lo perciba. La consecuencia es que la privacidad y la seguridad del dispositivo quedan completamente expuestas, y toda la información personal puede ser sustraída o manipulada a distancia.

¿Se puede robar información por ver un partido online?

La criticidad de los permisos solicitados convierte al usuario en un objetivo vulnerable. El dispositivo puede ser usado para instalar herramientas que rastrean la ubicación, acceden a contenido multimedia, espían mensajes y envían datos a servidores externos. Además, estas aplicaciones pueden abrir las puertas para que otras amenazas ingresen a la red doméstica.

El uso de plataformas no oficiales para retransmitir eventos con derechos protegidos conlleva consecuencias legales. Las autoridades y proveedores de internet pueden bloquear el acceso a estos servicios, y en algunos casos, los usuarios pueden enfrentar sanciones o acciones judiciales. Además, los perjuicios económicos derivados del robo de información personal pueden superar, con creces, el costo de una suscripción legal.

Cómo protegerse

• Evitar instalar aplicaciones fuera de tiendas oficiales: Esta es la principal barrera de protección contra el malware y el robo de datos.
• Revisar los permisos solicitados: Si una app pide acceso a funciones críticas que no corresponden a su propósito, es mejor no instalarla.
• Usar soluciones de seguridad confiables: Mantener el sistema operativo actualizado y contar con software de protección ayuda a detectar y bloquear amenazas.
• No compartir la red doméstica con dispositivos de dudosa procedencia: Un solo equipo comprometido puede afectar a toda la red familiar.

La emoción por el fútbol y la facilidad para encontrar alternativas gratuitas generan un entorno ideal para que los ciberdelincuentes desplieguen campañas de fraude y malware. Aunque la tentación de ver partidos sin pagar es alta, el costo en términos de privacidad, seguridad y legalidad puede ser mucho mayor. La decisión de cómo consumir contenido digital debe basarse en una evaluación consciente de los riesgos y en la prioridad de la protección personal y familiar.

Las estafas telefónicas evolucionan y afectan cada año a millones de personas, que pueden perder desde pequeñas sumas hasta todos sus ahorros por responder a una llamada inesperada. Reconocer las señales de alerta resulta fundamental para proteger la información personal y financiera frente a fraudes cada vez más sofisticados.

El incremento de llamadas fraudulentas se explica por la facilidad con la que los delincuentes acceden a bases de datos personales y por la transformación del número de teléfono en una especie de “segunda cédula” digital. Detectar una estafa a tiempo es vital para evitar consecuencias económicas y riesgos de suplantación de identidad.

Qué es una estafa telefónica

Las estafas telefónicas consisten en llamadas engañosas que buscan obtener dinero o información confidencial de la víctima. Los estafadores suelen presentarse como empleados de entidades bancarias, representantes de servicios públicos, funcionarios gubernamentales o incluso familiares en apuros. El objetivo siempre es el mismo: lograr que la persona entregue datos sensibles o realice algún pago bajo presión.

El auge del uso de datos personales y la presencia constante de teléfonos móviles facilitan que los ciberdelincuentes contacten a potenciales víctimas en cualquier momento. Esta tendencia preocupa porque las tácticas de engaño son cada vez más personalizadas y difíciles de detectar.

Cómo identificar una llamada sospechosa

Reconocer una estafa telefónica es posible si se presta atención a ciertas señales comunes. Entre las más frecuentes se encuentran:

• Ofertas exclusivas o premios inesperados: Afirman que la persona fue especialmente seleccionada o que ha ganado algo sin haber participado en ningún concurso.
• Presión para tomar decisiones rápidas: Los estafadores utilizan tácticas de venta agresivas y ofrecen supuestas promociones por tiempo limitado.
• Solicitudes de información personal: Piden confirmar datos bancarios, números de tarjeta, contraseñas o detalles de identidad.
• Rechazo a responder preguntas: Muestran renuencia a entregar detalles sobre la empresa, el producto o la oferta.
• Medios de pago poco convencionales: Solicitan transferencias bancarias, tarjetas de regalo, pagos en efectivo o a través de mensajeros privados.
• Mensajes grabados o robollamadas: La llamada inicia con una grabación automática, lo que suele indicar un intento masivo de fraude.
• Amenazas o advertencias legales: Insinúan consecuencias graves, como arresto, si la persona no responde a la solicitud.
• Solicitudes de acceso remoto o soporte técnico falso: Advierten sobre supuestos virus en la computadora y piden tomar control del equipo.
• Suplantación de identidad: Se hacen pasar por familiares o amigos en problemas, buscando que la víctima actúe sin verificar la historia.

Cómo protegerse y limitar el riesgo de estafas

Existen varios mecanismos para reducir la exposición a llamadas no deseadas y fraudes telefónicos, tanto en móviles como en líneas fijas.

Herramientas para bloquear llamadas

• Aplicaciones de terceros: En teléfonos móviles, existen apps especializadas que detectan y bloquean números reportados como spam o fraude. Estas aplicaciones, actualizadas con bases de datos colaborativas, ayudan a filtrar llamadas sospechosas.
• Funciones integradas: Muchos dispositivos permiten identificar y bloquear llamadas no deseadas desde el propio sistema operativo. Estas opciones pueden complementarse con listas de bloqueo personalizadas.
• Soluciones para teléfonos fijos: Algunos proveedores ofrecen dispositivos o servicios que bloquean llamadas no deseadas en líneas residenciales. Es recomendable consultar con la compañía telefónica para conocer las opciones disponibles.

Prácticas recomendadas al recibir una llamada

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, resalta tres recomendaciones esenciales para evitar caer en la trampa:

1. No contestar llamadas desconocidas de inmediato: Si el número no es reconocido, conviene esperar a que el interlocutor insista. Si decide atender, debe preguntar con cautela la identidad y el motivo de la llamada.
2. Nunca entregar información personal por teléfono: Ante cualquier solicitud de datos confidenciales, lo adecuado es cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad supuestamente involucrada.
3. Utilizar herramientas de identificación: Aplicaciones que permiten identificar el contexto de la llamada y saber si el número ha sido reportado por otros usuarios.

Cómo obtienen los ciberdelincuentes los datos

El número de teléfono se ha convertido en un identificador permanente, acompañando a los usuarios aunque cambien de operador. Basta con rellenar un formulario digital o compartir información en redes sociales para que los datos circulen y lleguen a manos equivocadas.

Los delincuentes utilizan bases de datos recopiladas por diferentes medios, tanto legales como ilegales, para organizar campañas masivas de llamadas fraudulentas. El objetivo va desde vender productos inexistentes hasta extraer información bancaria para cometer delitos de suplantación de identidad.

Si sospecha que ha sido blanco de una estafa telefónica, debe reportar el incidente ante las autoridades o la entidad financiera correspondiente, cambiar contraseñas de servicios afectados y vigilar movimientos bancarios. Actuar con rapidez puede limitar el impacto del fraude y evitar que se repita.

Este lunes, el Ministerio de Vivienda entregó títulos de propiedad a 84 familias de la zona rural de Morazán Sur, en el oriente de El Salvador. Las familias beneficiadas residen en los distritos de Sensembra y Lolotiquillo y muchas de ellas esperaron más de 40 años para recibir la documentación que les acredita como propietarias de sus viviendas.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron el impacto que tiene la legalización de estos inmuebles en la vida de las familias. Alfredo Hernández, uno de los beneficiarios, expresó: “Hoy culmina un proceso que representa tranquilidad y certeza para nuestras familias. Gracias a este título de propiedad, ahora podemos decir con orgullo que somos dueños de nuestra casa”.

La titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, explicó que la inversión gubernamental destinada a este proceso superó los 37,800 dólares. Estos fondos se utilizaron para cubrir los gastos técnicos y legales requeridos en la medición, segregación e inscripción de las propiedades. “Aquí se han invertido $37,800 por parte del Ministerio de Vivienda en todo el proceso técnico y legal que se debe realizar para remedir, segregar e inscribir las propiedades. Antes, a los gobiernos no les interesaba ni valoraban la importancia que tiene para una familia contar con su escritura de propiedad”, señaló la ministra.

El 73% de las escrituras entregadas corresponden a mujeres jefas de hogar, en línea con las medidas implementadas por el gobierno para fortalecer la seguridad patrimonial de las familias. Muchas de las beneficiarias son mujeres de edad avanzada, quienes ahora cuentan con respaldo legal sobre sus viviendas.

La funcionaria explicó que el proceso incluyó inspecciones de campo, estudios jurídicos, técnicos y catastrales, mediciones topográficas, estudios hidrológicos y la aprobación de planos. Además, cada escritura fue preparada para ser inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR), garantizando la seguridad jurídica de las familias beneficiadas. “Nuestros equipos realizaron un trabajo integral para hacer posible la entrega de estas escrituras. Se llevaron a cabo inspecciones de campo, estudios jurídicos, técnicos registrales y catastrales, mediciones topográficas, estudios hidrológicos, así como la elaboración y aprobación de planos. Además, se preparó cada una de las escrituras para que pudieran ser inscritas debidamente en el CNR, garantizando la seguridad jurídica de las familias beneficiadas”, explicó la ministra.

Entrega de escrituras a familias estafadas por Argoz

En semanas recientes, el Ministerio de Vivienda también otorgó 150 escrituras a familias de al menos 10 departamentos del país, vinculadas con el caso de estafa por parte de la corporación Argoz. Estas familias, procedentes de 33 lotificaciones, recibieron documentos legales sobre 154 lotes que habían pagado a empresas asociadas a Argoz hace décadas.

Las autoridades señalaron que esta acción representa una recuperación de inversión para las familias de 1.6 millones de dólares. El proceso de entrega se realizó con el apoyo técnico del Sistema de Vivienda y bajo la administración actual de la entidad.

La ministra Michelle Sol subrayó la importancia de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de la República para asegurar que este caso no quede impune. Además, destacó el papel de la Asamblea Legislativa en la creación de un marco legal que permita la protección de los derechos de los afectados.

Dentro de este grupo, la lotificación El Nazareno I, en Santa Ana, fue la de mayor antigüedad, ya que su comercialización inició en 1984, y las familias esperaron 42 años para recibir la certeza legal sobre sus parcelas.

La ministra también explicó que la entrega de escrituras inicia con la regularización de los lotes y la declaración de interés social, lo que permite reducir los costos de inscripción para cada familia. Añadió que se mantiene el compromiso de liberar más lotes y continuar devolviendo la seguridad jurídica y la tranquilidad a las familias que fueron estafadas por la corporación Argoz.

El sistema de videovigilancia instalado en la capital salvadoreña permitió la detención oportuna de un hombre tras forzar un vehículo estacionado en el centro de San Salvador. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto fue captado forzando un vehículo para sustraer una cangurera que contenía más de $3,000 y un revólver.

El hecho ocurrió en un pick up estacionado con las ventanas parcialmente abajo, en la intersección de la 11 Avenida Sur, la calle Gerardo Barrios y el pasaje Acosta. La alerta fue recibida por los equipos policiales asignados al Centro Histórico, quienes iniciaron un operativo para localizar al sospechoso. El rastreo incluyó el uso de drones y cámaras de videovigilancia, lo que permitió seguir la ruta de José Roberto Aquino Chicas, de 60 años, y ubicarlo en un hospedaje sobre la 11 Calle Oriente.

Las autoridades procedieron a la captura del sospechoso dentro del hospedaje, donde fue aprehendido por el delito de hurto. Según los registros policiales, Aquino Chicas ya había sido detenido en agosto del año anterior por el mismo delito, aunque en esa ocasión fue liberado por decisión judicial.

La Policía advirtió que quienes reincidan en delitos de este tipo serán detenidos y remitidos a prisión. El centro de San Salvador presenta un flujo constante de comerciantes mayoristas, aunque hasta el momento no se ha especificado el origen del dinero y del arma sustraída. En la actualidad en El Salvador, el hurto simple con un valor superior a $22.85 se castiga con penas de seis a ocho años de cárcel, mientras que el hurto agravado puede alcanzar hasta quince años de prisión.

Intento de estafa y agresión en supuesto negocio de vehículos

En otro caso, la Policía Nacional Civil arrestó a tres personas acusadas de estafa y agresión a una familia que buscaba adquirir un vehículo. Los sospechosos, identificados como Carlos Armando M. P., de 28 años; Gerson Alexander E. O., de 27 años; y Demar Hander F. P., de 42 años, ofrecieron en venta un vehículo que en realidad estaba alquilado. Las víctimas entregaron un adelanto de $11,000 y, bajo engaños, fueron llevadas a una zona rural.

El encuentro inicial se realizó en Quezaltepeque, departamento de La Libertad, pero los estafadores trasladaron a la familia hasta el caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, en Chalatenango. Al descubrir el fraude y tratar de recuperar el dinero, los agresores atacaron a la familia. Uno de sus integrantes resultó herido con una navaja y fue trasladado a un hospital, donde permanece estable, según información oficial.

Gracias a labores de inteligencia y seguimiento, las autoridades ubicaron y capturaron a los sospechosos en flagrancia en Lourdes, distrito de Colón. Los detenidos serán procesados por intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.

La legislación salvadoreña establece penas de hasta ocho años de prisión para la estafa agravada y de uno a tres años por privación de libertad, de acuerdo con la gravedad de los hechos.

Lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó convirtiéndose en una amarga decepción. Hernández asegura haber pagado cerca de cinco mil dólares, equivalentes a unos 86 mil pesos mexicanos, por dos entradas adquiridas mediante los portales StubHub y Viagogo. Sin embargo, los boletos jamás fueron entregados.

La joven compartió su historia mediante un video en redes sociales que rápidamente se viralizó.

“Está muy triste mi abuelo, no pudimos entrar. Más que nada la razón no era tanto el dinero, sino que mi abuelo tiene 90 años y era su sueño. Nos estafaron, nadie me ayudó, entonces si me pueden ayudar con Stubhub y Viagogo porque no se nos hizo justo lo que nos hicieron, más que nada por mi abuelito, gastamos mucho dinero”.

La grabación provocó cientos de mensajes de apoyo y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de adquirir entradas en plataformas ajenas al sistema oficial de la FIFA.

No es un caso aislado: las denuncias se multiplican durante el torneo

La experiencia de Paola Hernández está lejos de ser única. Conforme avanza el torneo, cada vez más aficionados reportan problemas similares relacionados con entradas que nunca llegaron, cancelaciones de último momento y transferencias que no pudieron concretarse.

Uno de los casos más conmovedores ocurrió en Atlanta, donde Bina Ramroop había planeado celebrar el cumpleaños número 13 de su nieto asistiendo al encuentro entre España y Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium.

La mujer compró las entradas con meses de anticipación a través de StubHub, pagando aproximadamente 485 dólares por boleto (es decir, 8,412 pesos mexicanos). Sin embargo, cuando llegó el día del partido descubrió que las entradas nunca fueron transferidas correctamente a la aplicación oficial de la FIFA.

Mientras miles de aficionados ingresaban al estadio, Ramroop pasó horas intentando resolver el problema entre representantes de la FIFA y personal de la plataforma de reventa. Ninguna de las partes logró ofrecer una solución inmediata.

Finalmente, la empresa le ofreció un reembolso.

“No quería un reembolso, no quería que me devolvieran el dinero”. “Quería ir al partido”.

Al escuchar el rugido de la afición dentro del estadio, comprendió que ya no había posibilidad de ingresar.

La FIFA insiste en utilizar su sistema oficial de reventa

Ante la creciente cantidad de quejas, la FIFA ha reiterado en varias ocasiones que las únicas operaciones completamente garantizadas son aquellas realizadas a través de su propio mercado oficial de reventa.

El organismo ha explicado que dicho sistema aplica un cargo del 30 por ciento sobre cada boleto revendida, dividido entre comprador y vendedor. A pesar de ello, miles de aficionados continúan recurriendo a plataformas externas debido a la familiaridad con estos servicios, precios aparentemente más competitivos o una experiencia de compra más sencilla.

Sin embargo, la situación ha generado una confrontación pública entre las empresas de reventa y la FIFA.

¿Fallas técnicas o boletos que nunca existieron?

Especialistas de la industria consideran que los problemas reportados tienen múltiples causas.

Por un lado, algunas incidencias podrían estar relacionadas con errores tecnológicos durante el proceso de transferencia de boletos digitales. StubHub ha señalado públicamente que la FIFA implementó restricciones y cambios de último momento en su infraestructura tecnológica.

Por otro lado, expertos creen que algunos casos podrían estar vinculados con los llamados vendedores especulativos, personas que publican boletos sin tenerlos físicamente en su poder.

Según explicó Scott Friedman, cofundador de la consultora Ticket Talk Network, algunos revendedores apuestan a que los precios bajarán conforme se acerque el evento para adquirir posteriormente los boletos a menor costo y cumplir con sus clientes.

El problema es que los precios del Mundial han seguido aumentando, dejando a muchos vendedores incapaces de cumplir con sus compromisos.

“Esto no es nada nuevo”.

“Esto ha estado ocurriendo, pero está siendo noticia mundial porque es el Mundial”.

La Justicia de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, formalizó una investigación contra una mujer de 35 años, identificada públicamente como C.F.S.A., acusada de utilizar datos personales y biométricos de los abuelos de su novio para crear accesos de home banking en Banco Nación.

De esta forma, la presunta estafadora solicitó préstamos y transfirió el dinero a su billetera virtual. Según la fiscalía, el perjuicio económico supera los $3.102.500.

Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, $2.462.500 habrían sido transferidos desde un préstamo tomado a nombre de la abuela de su novio y otros $640.000 desde un crédito gestionado con los datos del abuelo. La investigación sostiene además que el banco informó a una de las denunciantes que debía afrontar 48 cuotas del préstamo otorgado en su nombre.

Cómo se habría gestado el plan

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Ministerio Público Fiscal, la acusada primero se ganó la confianza de las víctimas, ambas integrantes de su familia política. Después creó, desde su teléfono celular, un servicio digital del banco con información personal y biométrica de los damnificados.

La procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi representaron a la fiscalía en la audiencia realizada en la sala n°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. La imputada fue asistida por la abogada particular Claudia Isabel Jones.

Bernardi expuso que el primer hecho se registró el 30 de octubre de 2024 a las 17:28, cuando la acusada realizó dos movimientos para enviar a su billetera virtual el dinero de un préstamo solicitado a nombre de la abuela de su pareja. La primera transferencia fue de $1.000.000 y la segunda, hecha minutos más tarde, de $1.462.500.

La fiscalía sostuvo además que parte de ese dinero fue usada para pagar servicios de telefonía y realizar compras. En el segundo episodio, la acusación indicó que la mujer repitió el mismo mecanismo con el abuelo de su pareja, obtuvo un crédito por $640.000 y transfirió de inmediato esos fondos a la misma billetera virtual.

Para la fiscalía, la maniobra consistió en una presunta estafa basada en la apertura fraudulenta del home banking, la solicitud de créditos sin consentimiento y el desvío del dinero a cuentas bajo su control.

La estafa afectó también a una discapacitada

Según la acusación, hubo además una tercera damnificada indirecta: la hija de una de las denunciantes, representada legalmente por su madre porque es una persona con discapacidad. De acuerdo con las averiguaciones expuestas en la audiencia, el dinero robado por la maniobra estaba reservado para una cirugía en las piernas, por lo que la familia no pudo disponer de sus ahorros.

Para las investigadoras, la mujer manipuló informáticamente el sistema bancario de Banco Nación para que las operaciones aparecieran como realizadas por la titular de la cuenta, cuando en realidad las habría ejecutado la imputada. Esa es la base de la calificación legal presentada por la fiscalía en la apertura de la investigación preparatoria de juicio.

La defensa no formuló objeciones a la formalización y propuso analizar una salida alternativa del conflicto. Según el organismo judicial y la publicación local, Jones planteó que su asistida está en condiciones de ofrecer una reparación económica en un solo pago a favor de los damnificados.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido fiscal, formalizó la investigación preparatoria de juicio en relación con los hechos expuestos y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya la pesquisa.

En una reciente operación, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó, este jueves, que cerraron puntos de enseñanza de manejo que operaban sin autorización oficial. La intervención se llevó a cabo en dos ubicaciones estratégicas: el Barrio San Jacinto y Los Planes de Renderos, ambos ubicadas en la ciudad de San Salvador. Según informaron las autoridades, el hallazgo responde a un trabajo de supervisión orientado a proteger la seguridad vial y la legalidad en la formación de conductores.

De acuerdo con el VMT, los responsables ofrecían capacitación a futuros conductores sin contar con las credenciales necesarias. Esta práctica, según la institución, representa un riesgo para quienes buscan aprender a conducir y para el resto de usuarios de la vía pública. “Nuestros inspectores identificaron un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente, por lo que se procedió al cierre de dos puntos de operación ubicados en el Barrio San Jacinto, San Salvador, y en Los Planes de Renderos”, detalló la institución.

El Viceministerio destacó que la formación de conductores sin los debidos avales institucionales constituye una amenaza para la seguridad vial. La falta de control sobre los contenidos impartidos y la ausencia de instructores certificados pueden derivar en una capacitación deficiente, lo que incrementa el riesgo de accidentes y conductas irresponsables en las calles de El Salvador.

El VMT denuncia ante la Fiscalía posibles estafas

Este tipo de actividades ilegales suele aprovecharse de la necesidad de la población que busca obtener una licencia de conducir, presentándose como una opción rápida, pero al margen de la ley.

El Viceministerio de Transporte ha iniciado ya el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República de El Salvador por la posible comisión del delito de estafa. “Hemos iniciado el proceso de aviso a la Fiscalía General de la República de El Salvador por el delito de estafa”, informó la institución. El VMT explicó que estas acciones buscan que se apliquen las sanciones correspondientes y se desincentive la proliferación de servicios no autorizados que ponen en riesgo tanto a los estudiantes como a los peatones y conductores en general.

Las autoridades recordaron que únicamente los centros autorizados por el Viceministerio de Transporte pueden impartir clases de manejo, según establece la normativa vigente en El Salvador. Los aspirantes a conductores deben verificar la legalidad de los lugares donde reciben instrucción y exigir las certificaciones pertinentes. El VMT reiteró que continuará con las inspecciones en todo el territorio nacional para identificar y clausurar cualquier intento de operar de manera irregular.

El VMT exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier oferta sospechosa de formación de conductores y recordó que el proceso legal para obtener una licencia de conducir incluye requisitos y controles diseñados para garantizar la preparación adecuada de los nuevos conductores. La institución insistió en que el respeto a la normativa es fundamental para reducir la siniestralidad y proteger la vida en las carreteras salvadoreñas.

La investigación continúa y podrían detectarse más puntos de operación ilegal en otras zonas del país.

Las estafas continúan consolidándose como uno de los delitos patrimoniales de mayor incidencia en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público registró 2,834 noticias criminales relacionadas con estafa y otros fraudes, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2,427 casos.

Las cifras reflejan que, en promedio, las autoridades reciben cerca de 19 denuncias diarias por este tipo de delitos, que abarcan desde engaños a particulares hasta sofisticados esquemas de fraude contra empresas.

De acuerdo con el Informe Estadístico de Delitos de Estafa y Otros Fraudes del Ministerio Público, la modalidad más frecuente sigue siendo la estafa contemplada en el artículo 220 del Código Penal, con 2,655 casos registrados durante los primeros cinco meses del año, equivalente al 94% de todas las investigaciones abiertas por delitos de fraude.

Aunque las estafas agravadas disminuyeron de 64 a 49 casos respecto al año anterior, otras modalidades muestran un comportamiento preocupante. La modificación o manipulación de programas informáticos pasó de 34 casos en 2025 a 110 en 2026, un incremento de 224%, convirtiéndose en la categoría de mayor crecimiento porcentual registrada por las autoridades.

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias, con 1,649 casos, seguida por Panamá Oeste con 381, Chiriquí con 229, San Miguelito con 151 y Colón con 112.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos destacan Los Santos, con un aumento del 53%, y Panamá Oeste, donde las denuncias crecieron 51% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, el Ministerio Público ha llevado recientemente ante los tribunales dos casos que muestran cómo operan algunos de los esquemas de engaño que afectan tanto a ciudadanos como al sector empresarial.

Uno de ellos involra a un ciudadano venezolano que quedó bajo detención provisional por los delitos de estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión. La medida fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación.

Según las investigaciones, el imputado se hacía pasar por abogado especializado en trámites migratorios. Bajo esa fachada, ofrecía gestionar documentación y procesos legales a ciudadanos extranjeros y nacionales, recibiendo pagos por adelantado para realizar supuestos trámites.

Sin embargo, una vez obtenía el dinero, dejaba de responder a sus clientes y desaparecía sin ejecutar las gestiones prometidas. El caso mantiene cuatro carpetas abiertas y durante las audiencias correspondientes se legalizó la aprehensión realizada el 17 de junio de 2026, se formularon cargos y posteriormente se ordenó la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades consideran que este tipo de conductas aprovechan la vulnerabilidad de personas que requieren orientación migratoria y que, en muchos casos, desconocen los mecanismos para verificar si quien les ofrece servicios legales está debidamente autorizado para ejercer la profesión.

El segundo caso tiene como víctima a una empresa portuaria y terminó con una condena de 60 meses de prisión por el delito de estafa.

La sentencia fue obtenida por la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana mediante un acuerdo de pena validado por el Tribunal entre el Ministerio Público, la defensa y el imputado.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa de $272,315 a favor del Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

La investigación determinó que, entre 2023 y 2024, el sentenciado laboraba para la empresa afectada y aprovechó esa posición para solicitar pagos bajo el argumento de cubrir supuestos servicios urgentes relacionados con consignatarias, transporte, guías aéreas, almacenaje y manejo de embarques.

Para respaldar las solicitudes presentó documentación vinculada a proveedores y servicios que, según logró acreditar la Fiscalía, no correspondían a operaciones reales. El esquema permitió desviar recursos económicos de la empresa mediante engaño y obtener beneficios ilícitos a costa del patrimonio de la compañía.

Los procesos reflejan la diversidad de modalidades que actualmente enfrentan las autoridades. Mientras algunas estafas se dirigen a ciudadanos mediante falsas promesas de servicios profesionales, otras utilizan documentación aparentemente legítima y conocimientos internos para defraudar a empresas y organizaciones.

Ante el aumento sostenido de denuncias, las autoridades recomiendan verificar credenciales profesionales, desconfiar de solicitudes de pago urgentes sin respaldo documental comprobable y confirmar directamente la existencia de proveedores o intermediarios antes de realizar transferencias o desembolsos.

Las estadísticas muestran que el fenómeno continúa en expansión. Con más de 2,800 investigaciones abiertas en apenas cinco meses, la estafa se mantiene como uno de los principales desafíos para la persecución penal y la protección del patrimonio económico de ciudadanos y empresas en Panamá.

Una joven de 23 años, requerida por la Justicia de Corrientes, fue detenida este jueves por la tarde en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo. La aprehensión se produjo tras una investigación que la vincula con una serie de estafas a jubilados mediante la gestión fraudulenta de préstamos bancarios. Ahora, será trasladada a Corrientes para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes.

Los agentes lograron localizar a la sospechosa en un domicilio de la calle Hipólito González, donde finalmente se produjo la detención.

Tras su detención, la joven fue notificada de su aprehensión y quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría de Concepción Bermejo. Desde allí, las autoridades de Corrientes gestionan los trámites judiciales para su traslado a la provincia donde se radica la causa.

La causa está caratulada como “Supuesta Estafa” y es investigada por el Juzgado de Garantías de Corrientes.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, la investigación se inició a partir de un pedido de colaboración enviado por la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes. Este organismo aportó los datos necesarios para orientar la búsqueda en territorio chaqueño, lo que permitió la localización y posterior detención de la joven.

Según la investigación, la acusada obtenía información personal de personas mayores, especialmente jubilados, para gestionar créditos en distintas entidades bancarias sin el consentimiento de las víctimas. Estas operaciones fraudulentas fueron detectadas en la provincia de Corrientes y dieron origen a la causa judicial que culminó con su captura.

La investigación permitió identificar una serie de movimientos bancarios irregulares asociados a los datos de varias víctimas. Tras un análisis de estas operaciones, los investigadores lograron rastrear el origen de los pedidos de crédito y vincularlos con la ahora detenida.

La investigación se mantiene abierta y el traslado de la acusada a Corrientes se efectuará en las próximas horas, según se informó.

Horas atrás, una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Para ese punto, la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó una advertencia pública ante el incremento de mensajes falsos que circulan entre los contribuyentes.

La entidad detectó que ciberdelincuentes envían comunicaciones fraudulentas desde cuentas no oficiales, simulando notificaciones de multas o papeletas pendientes con el fin de robar información personal y financiera.

En los mensajes, los remitentes incluyen enlaces que aparentan ser del portal oficial del SAT de Lima, pero en realidad redirigen a páginas fraudulentas con pasarelas de pago falsas. 

La institución aclaró que todas las notificaciones oficiales contienen datos personalizados del contribuyente y se envían únicamente desde sus canales verificados. La recomendación principal consiste en no abrir los enlaces ni proporcionar datos personales ante mensajes sospechosos.

La Municipalidad de Lima instó a la ciudadanía a consultar de forma directa el portal oficial (www.gob.pe/satlima) o los canales de atención como Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe para confirmar cualquier deuda o papeleta real. La entidad también recibe denuncias sobre comunicaciones sospechosas a través de sus redes sociales oficiales.

Métodos de fraude digital evolucionan y amplían riesgos

La problemática de los avisos falsos refleja una tendencia más amplia: los métodos de fraude digital se han sofisticado notablemente. Según explicó Hobber Siccha, director consultivo de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información de Centrum PUCP, los ciberdelincuentes aprovechan tecnologías actuales para perfeccionar sus estafas.

“Los delincuentes utilizan las mismas herramientas tecnológicas que facilitan nuestra vida diaria para cometer fraudes cada vez más sofisticados”, declaró Siccha para Infobae Perú.

Entre las modalidades emergentes se encuentra el quishing, una técnica que utiliza códigos QR para dirigir a los usuarios a sitios falsos y obtener credenciales bancarias o instalar programas maliciosos.

Los códigos QR, presentes en restaurantes, comercios y servicios digitales, se han convertido en un objetivo frecuente. “Lo que el delincuente busca es que la persona entregue información sensible o descargue un programa que permita acceder a sus datos”, puntualizó Siccha.

Otra táctica en auge es el wangiri, basada en llamadas perdidas desde números internacionales. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada y, según el número marcado, los cargos pueden alcanzar 20 o 30 dólares o más si la persona insiste en comunicarse. 

En las últimas semanas se han multiplicado los reportes de llamadas desde países con los que los usuarios no tienen ningún vínculo, como Bangladesh, Congo, Yemen o Irak.

Spoofing e inteligencia artificial

El caller ID spoofing representa otro riesgo: mediante esta técnica se falsifica el identificador de llamadas para que en la pantalla del usuario aparezca el número de una entidad legítima, como un banco o una institución estatal.

Esto permite a los estafadores simular comunicaciones urgentes sobre bloqueos de cuentas o consumos sospechosos, buscando obtener contraseñas o inducir a transferencias.

La ingeniería social sigue siendo el eje de estos fraudes. Los delincuentes apelan a la urgencia y al miedo para que el usuario actúe sin verificar la autenticidad de los mensajes, según detalló Siccha para Infobae Perú. Además, el avance de la inteligencia artificial ha facilitado la clonación de voces y la creación de videos falsos, lo que dificulta distinguir entre una comunicación legítima y una estafa.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: más de 42 mil denuncias por ciberdelitos se registran cada año en el Perú, según datos citados por Siccha. La principal herramienta de defensa sigue siendo la prevención. “Verificar antes de hacer clic, antes de escanear un código QR o antes de compartir información personal puede marcar la diferencia entre una operación segura y una pérdida económica importante”, aconsejó el especialista.

El buzón de voz de tu teléfono móvil se convirtió en una puerta de entrada para el robo de cuentas de WhatsApp. La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios cierren esa vulnerabilidad antes de que los delincuentes la exploten.

El mecanismo del fraude es directo. Los ciberdelincuentes marcan al número de la víctima mientras la línea está ocupada, de modo que el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por llamada cae directamente al buzón de voz. Luego acceden a ese buzón, recuperan el código y toman control total de la cuenta.

¿Cómo funciona el ataque al buzón de voz?

Una vez que los delincuentes obtienen el código, bloquean a la víctima de su propia cuenta. A partir de ese momento, usan la identidad de la persona para contactar a sus familiares y amigos, solicitar transferencias de dinero o distribuir enlaces maliciosos entre los contactos de la cuenta robada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que este esquema aprovecha tres factores: la confianza del entorno social de la víctima, la urgencia artificial que generan los mensajes y el desconocimiento tecnológico sobre el funcionamiento del buzón de voz.

El paso más importante: desactivar el buzón

La medida preventiva que la PDI coloca al frente de sus recomendaciones es la desactivación del buzón de voz. El procedimiento se realiza desde la aplicación del operador de telefonía móvil en cuatro pasos: ingresar a la sección de servicios, seleccionar la pestaña de servicios activos, tocar la opción de buzón inteligente y aceptar los términos para desactivarlo.

Quien prefiera no hacerlo por la aplicación tiene una alternativa: llamar directamente a la línea de atención al cliente del operador para completar el proceso vía telefónica.

Protección adicional dentro de WhatsApp

La desactivación del buzón elimina el canal de entrada, pero no es la única barrera disponible. WhatsApp ofrece la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN personal al proceso de registro de la cuenta en cualquier dispositivo nuevo.

Con ese PIN activo, aunque un atacante consiga el código de seis dígitos, no puede completar el acceso sin el segundo factor de autenticación. La PDI recomienda activar esta función de forma inmediata, antes de que ocurra cualquier intento de fraude.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los usuarios deben reconocer los patrones que anteceden al ataque. Los delincuentes suelen contactar a la víctima haciéndose pasar por un conocido, por soporte técnico de WhatsApp o por personal de una institución financiera, y construyen un pretexto para que la persona espere o reenvíe un código de verificación.

WhatsApp nunca contacta a sus usuarios por teléfono para solicitar códigos de restablecimiento ni confirmaciones de dos pasos. Cualquier llamada o mensaje que pida ese tipo de información es una señal de fraude.

¿Qué hacer si ya robaron la cuenta?

Si la sesión se cerró de forma inesperada, la víctima debe abrir WhatsApp en su dispositivo e iniciar sesión con su número para recibir un nuevo código por SMS. En caso de que el atacante haya configurado un PIN propio de verificación en dos pasos, la recuperación requiere un periodo de espera de siete días antes de que el sistema permita el acceso con un código nuevo.

Como alternativa, se puede escribir al correo support@whatsapp.com con el asunto “Cuenta robada” y el número telefónico en formato internacional, para solicitar el cierre de todas las sesiones activas.

¿Dónde reportar el fraude?

La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea (55) 5242 6489 para orientación sobre este tipo de delitos. Las consultas también pueden dirigirse al correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna es la herramienta que permite a las autoridades detener el daño, deslindar a la víctima de cualquier responsabilidad derivada del uso ilícito de su cuenta y alertar a otros usuarios sobre las modalidades activas de fraude.

Las compras por el Día del Padre representan uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, pero también uno de los periodos en los que aumentan los intentos de fraude digital. Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a ciertas señales de alerta antes de realizar pagos por internet, con el objetivo de evitar pérdidas económicas y el robo de información bancaria.

El crecimiento del comercio electrónico en Perú ha estado acompañado por un incremento de los delitos informáticos. Según cifras de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 31.028 denuncias por delitos informáticos en el país. De ese total, el 68,9% estuvo relacionado con fraudes informáticos.

A ello se suma un panorama más complejo en materia de amenazas digitales. Datos de Fortinet indican que Perú registró más de 748 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2025, mientras que América Latina concentró cerca de una cuarta parte de las detecciones de amenazas a nivel mundial.

El aumento de las compras también atrae a los ciberdelincuentes

Las campañas comerciales suelen generar un sentido de urgencia entre los consumidores, quienes buscan aprovechar descuentos y promociones de último momento. Esta situación es aprovechada por los delincuentes para desplegar diversas estrategias de engaño.

Pablo García, BDM Cyber de TIVIT Latam, explicó que muchas de estas amenazas pueden evitarse con medidas sencillas.

“La clave para disfrutar de estas celebraciones con tranquilidad es mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las entidades financieras. La mayoría de los ataques puede evitarse con acciones simples, como no ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería”, señaló.

Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas

Una de las señales más importantes es la aparición de promociones con descuentos exagerados o precios considerablemente más bajos que los habituales.

Los especialistas advierten que, si una oferta parece demasiado buena para ser real, probablemente se trate de una estrategia de ingeniería social diseñada para captar víctimas.

En muchos casos, los delincuentes utilizan la imagen de marcas reconocidas para generar una falsa sensación de confianza y convencer a los usuarios de realizar pagos en sitios fraudulentos.

Verificar siempre la dirección del sitio web

Antes de ingresar información personal o datos bancarios, es importante comprobar que la página corresponda realmente al sitio oficial.

Los expertos recomiendan revisar que la dirección comience con “https” y verificar cuidadosamente que el nombre del portal sea exactamente el correcto.

Un solo carácter diferente o una ligera modificación en el dominio puede ser suficiente para redirigir a una página falsa creada para robar credenciales y datos financieros.

Evitar enlaces recibidos por WhatsApp y redes sociales

El phishing continúa siendo una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes.

Por ello, los especialistas aconsejan no abrir enlaces de promociones recibidos mediante WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales, incluso cuando aparentemente provienen de familiares, amigos o contactos conocidos.

En muchos casos, las cuentas han sido comprometidas o los mensajes han sido manipulados para suplantar a empresas legítimas.

Las redes WiFi públicas representan un riesgo adicional

Otra recomendación importante es evitar realizar pagos cuando se está conectado a redes WiFi abiertas en centros comerciales, cafeterías o restaurantes.

Este tipo de conexiones puede ser aprovechado por atacantes para interceptar información sensible, como números de tarjetas o credenciales de acceso.

Siempre que sea posible, se recomienda utilizar redes privadas o la conexión de datos móviles para realizar transacciones financieras.

Mantener la tarjeta bajo supervisión y activar las alertas bancarias

En las compras presenciales, los especialistas sugieren no perder de vista las tarjetas de crédito o débito y realizar el pago directamente en la caja o mediante terminales visibles para evitar posibles clonaciones.

Asimismo, activar las notificaciones del banco permite recibir avisos en tiempo real sobre cada movimiento realizado con las cuentas y tarjetas.

Estas alertas pueden facilitar la detección temprana de operaciones sospechosas y permitir actuar rápidamente para bloquear productos financieros y reducir posibles pérdidas.

En una fecha de alta demanda comercial como el Día del Padre, adoptar medidas básicas de seguridad puede marcar la diferencia entre aprovechar una promoción y convertirse en víctima de una estafa digital.

Al menos dos mantas en las que se acusa a César Moreno, hermano del exseleccionado nacional Héctor Moreno, por presuntamente haber vendido boletos para encuentros del Mundial 2026 que no se entregaron, fueron colocadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los hallazgos se realizaron este martes por la mañana, una en los puentes peatonales cercanos al Boulevard Emiliano Zapata y otra en la zona de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), en las que se solicita la devolución del dinero.

La manta contiene una imagen de ambos hombres y tenía el siguiente mensaje:

“César Moreno hermano de Héctor Moreno (exfutbolista de la selección mexicana), eres un estafador... regresa el dinero a todos los afectados por la venta de boletos falsos del mundial 2026″, se lee en la lona.

Estos hechos ocurrieron a siete días de que una usuaria en redes sociales, identificada como Sugey Valencia, publicó un video en el que relató que varias personas habrían pagado por entradas para la inauguración del Mundial y otros compromisos del torneo pero no recibieron los accesos.

La acusación la realizó a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en la que relató que ella, su esposo y varias personas cercanas pagaron por accesos al partido inaugural y a otros encuentros del torneo aproximadamente un año antes de su celebración.

Según Valencia, la relación familiar de César Moreno con el exfutbolista fue el principal factor que generó confianza entre los compradores para concretar la operación.

“Hace aproximadamente un año mi esposo y yo compramos boletos para ir a la inauguración del Mundial 2026 y también para otros partidos. No fuimos los únicos, también compraron mi cuñado, mi tío y varios amigos de mi esposo. La persona que nos vendió los boletos fue César Moreno, hermano de Héctor Moreno, exjugador de la selección mexicana”, dijo la mujer.

Recibieron excusas durante meses para no entregarles los boletos, acusó

La joven aseguró que durante meses recibieron explicaciones sobre supuestos retrasos administrativos, trámites pendientes y procesos internos que habrían impedido la entrega de los boletos.

Mientras esperaban y el inicio del torneo se acercaba, los afectados comenzaron a preocuparse. Sin embargo, ningún comprador recibió las entradas, tampoco obtuvieron comprobantes claros de la operación ni una fecha concreta de entrega.

De acuerdo con Valencia, una de las justificaciones recibidas indicaba que el dinero había sido canalizado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF); sin embargo, aseguró que no existe documentación que respalde esa versión ni prueba de que los recursos se hayan destinado a adquirir los accesos.

“Nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca hubo una respuesta concreta. Y todavía, o sea, ayer se nos dijo que la federación estaba pidiendo más dinero”, acusó la mujer.

La denuncia no involucra a Héctor Moreno ni a la FMF

Ante la viralización del caso, Valencia aclaró que su reclamo no está dirigido contra la Federación Mexicana de Futbol ni contra Héctor Moreno, a quien deslindó de haber participado en la operación. El señalamiento recae de manera exclusiva sobre César Moreno, a quien los afectados responsabilizan por la falta de entrega de los boletos.

Según la denunciante, alrededor de 50 personas habrían entregado dinero para obtener entradas al Mundial 2026 y, a pocas horas del pitazo inicial, seguían sin accesos y sin una respuesta definitiva.

A poco más de seis días de haberse hecho pública la acusación en redes sociales por Sugey Valencia, en Culiacán fueron colocadas las dos mantas en las que también se señala al hermano del exseleccionado nacional para que se regrese el dinero de la supuesta venta de boletos para el Mundial 2026.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México— alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que combina el robo de identidad en redes sociales con la transferencia de recursos a través de cuentas de criptomonedas, cuyo anonimato hace casi imposible rastrear el dinero una vez enviado.

El mecanismo central de la estafa se apoya en aplicaciones vinculadas a billeteras digitales de criptomonedas. Esos sistemas ofrecen al estafador un escudo de anonimato que convierte las transferencias en prácticamente irrecuperables para la víctima.

Tres perfiles que usan los estafadores para acercarse

Los delincuentes no actúan de forma improvisada: adoptan identidades construidas para generar confianza. El primero de esos perfiles es el del supuesto “gerente de inversiones”, una figura de autoridad financiera que promete rendimientos seguros y rápidos.

El segundo perfil suplanta a celebridades. Bajo ese disfraz, los estafadores afirman que la persona famosa tiene la capacidad de multiplicar las criptomonedas que la víctima decida invertir.

El tercer perfil es el del “enamorado virtual”. Esa figura construye una relación afectiva progresiva y, una vez ganada la confianza de la víctima, solicita el envío de dinero o criptomonedas bajo el pretexto de financiar una inversión conjunta.

Hackeo y robo de identidad como herramientas del fraude

Los grupos detrás de estas estafas no se limitan a crear perfiles falsos. Sus integrantes también se dedican al hackeo y al robo de identidad de cuentas legítimas en redes sociales, lo que les permite operar con mayor credibilidad al suplantar a personas reales.

Esa táctica eleva el riesgo para cualquier usuario: el mensaje fraudulento puede llegar desde la cuenta de un conocido cuya identidad fue comprometida. La víctima baja la guardia porque reconoce al remitente.

¿Cómo captan a las víctimas en plataformas digitales?

El punto de entrada más frecuente son los grupos y perfiles falsos en redes sociales. Esos espacios incluyen enlaces diseñados para que el usuario haga clic y, al hacerlo, entregue acceso total a sus propias cuentas.

Una vez que el estafador controla esa información, puede operar en nombre de la víctima, ampliar la red de engaño hacia los contactos de esa persona y vaciar cualquier recurso digital disponible. El daño se multiplica en cadena.

¿Por qué las criptomonedas son el método de pago preferido?

A diferencia de una transferencia bancaria, una transacción en criptomonedas no cuenta con mecanismos de reversión ni protección al consumidor. Cuando los fondos cambian de billetera digital, la recuperación es, en la práctica, imposible.

Esa característica convierte a las criptomonedas en el instrumento ideal para este tipo de fraudes. El anonimato del receptor y la irreversibilidad de las operaciones dejan a la víctima sin vías de reembolso una vez consumado el engaño.

Señales de alerta que permiten identificar el fraude

Cualquier propuesta que combine una relación virtual reciente con una oportunidad de inversión debe tratarse como una señal de alarma. Los estafadores suelen generar urgencia artificial: plazos cortos, ofertas que “vencen pronto” o situaciones de emergencia que requieren un envío inmediato de fondos.

Ningún asesor financiero legítimo solicita transferencias en criptomonedas a través de redes sociales ni construye una relación romántica como paso previo a una inversión. Si alguien desconocido propone ambas cosas al mismo tiempo, se trata de una estafa.

¿Cómo denunciar ante la PDI

La PDI pone a disposición de la ciudadanía dos canales de atención directa para quienes sean víctimas de este tipo de fraude o necesiten orientación preventiva. El número telefónico es el (55) 5242 6489 y el correo electrónico es ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz para detener a estos grupos. Cada reporte permite a las autoridades mapear patrones, identificar redes de operadores y proteger a futuros posibles afectados.

El empresario Pablo Carrasco, preso a la espera de un juicio por estafa y lavado de activos en Uruguay, es una de las caras visibles de los reclamos de los damnificados de Conexión Ganadera, el fondo pecuario uruguayo que tenía el funcionamiento de un esquema Ponzi y esfumó el dinero de unos 4.000 ahorristas. Sus cuentas y las de su familia están embargadas y ahora son sus hijos los que recurren a la Justicia porque dicen no tener dinero para cosas básicas, “como una entrada al cine”.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, el otro director que se suicidó en un accidente de tránsito justo antes de que se supieran los números rojos de la empresa.

Según informó El Observador, Carrasco solicitó en la justicia concursal que se levante su embargo y que caduquen todas las medidas cautelares impuestas en su contra. Lo mismo pidieron sus cinco hijos, que se presentaron en nombre de la sociedad anónima Muralir, de la que figuraban como accionistas.

El argumento de Carrasco es que pudo haber actuado con “negligencia” por la omisión de controles pero aseguró que nunca tuvo control bancario, financiero ni económico de Conexión Ganadera. Señala que quienes se encargaban “de hecho” eran las personas vinculadas a un escritorio rural que tenía Basso.

“Se ha probado además que, incluso después del fallecimiento, fueron utilizadas cuentas personales de personas allegadas a Gustavo Basso (no administradoras de la sociedad), con el argumento de evitar la restricción que implicaba el bloque de las cuentas del causante”, expresó Carrasco a través de un escrito presentado a la Justicia e informado por El Observador.

“Soy plenamente consciente del alcance de los efectos no deseados que arrojó la suerte de la empresa, que involuntariamente se ha provocado daños a múltiples familias. Es claro que me encuentro afrontando y respondiendo por ello (con mi prisión y la de mi esposa)”, expresa el imputado.

Guadalupe y Baltasar Carrasco, los hijos del matrimonio Carrasco-Iewdiukow, pretenden también que les levanten sus embargos. Su defensa argumenta que no existe argumento para hacerlo dado que se trata de jóvenes profesionales o estudiantes, que nunca intervinieron en el giro social de Conexión Ganadera, como tampoco en su administración o en sus finanzas.

Los jóvenes aseguran que no conocían el estado de insolvencia de Conexión Ganadera y marcan que ni siquiera inversores experimentados lo habían detectado.

El embargo fue por USD 250 millones.

Los hijos del imputado señalan que estas medidas afectan el patrimonio de ellos y su “propia vida”: “Nos irrogan perjuicios irremediables por cuestiones ajenas completamente a los comparecientes”.

“No solo nos inhibe de bienes genéricamente, sino de nuestra propia vida. Se nos impide el acceso a una cuenta bancaria, que resulta no solo necesaria sino indispensable para requerimientos básicos como comprar una entrada al cine al día de hoy, efectos que se agravan con el transcurso de casi un año desde que se efectivizaran sin que se nos diera vista”, señalan.

Mientras tanto, los afectados por la megaestafa en Uruguay tienen la oferta de cobrar USD 35 millones en 60 días, lo que les dejaría un porcentaje menor a cada uno;

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entusiasmo de millones de aficionados ha impulsado un aumento en los intentos de fraude digital y estafas relacionadas con el evento internacional.

En este contexto, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y la urgencia de la ocasión para orquestar campañas engañosas que buscan obtener datos personales y financieros de los usuarios.

La oferta de boletos gratuitos, promociones bancarias exclusivas o aplicaciones para seguir los partidos figuran entre las estrategias más utilizadas por los estafadores.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Rodríguez, director de la maestría en ciberseguridad del Tec de Monterrey, a CONECTA, los métodos para engañar a los usuarios se han sofisticado y abarcan desde correos falsos hasta transmisiones piratas o códigos QR maliciosos.

Qué pasa si ofrecen boletos gratis para el Mundial 2026

La promesa de entradas gratuitas para partidos del Mundial circula con frecuencia en correos, mensajes directos y publicaciones en redes sociales. Estas ofertas suelen vincularse a sorteos inexistentes o a supuestos premios, cuyo único objetivo es captar la atención y provocar que la víctima entregue información sensible.

El especialista indicó que las organizaciones legítimas distribuyen los boletos a través de canales oficiales y comunicados masivos. “Si nosotros no nos registramos, lo más seguro es que no sea real”, puntualizó el experto.

Cómo reconocer promociones bancarias falsas

Las estafas involucran ofertas bancarias falsas, donde los usuarios reciben promociones de 2x1 en boletos, grandes descuentos en productos oficiales o beneficios exclusivos en la compra de televisores y artículos deportivos.

Según expertos, estos mensajes suelen solicitar datos de tarjetas o contraseñas bancarias, con el pretexto de concretar la compra o liberar el beneficio.

Rodríguez advirtió que los bancos no solicitan información personal sensible a través de enlaces o mensajes no solicitados. En estos casos, la víctima nunca recibe el producto o beneficio anunciado, pero los estafadores obtienen acceso a los datos financieros.

“Al final no te otorgan ningún boleto, no te otorgan ninguna oferta, no te dan lo que compraste, no te entregan nada, pero con eso ya tienen los datos de tu tarjeta”, señaló Rodríguez.

Qué peligros implican las apps falsas y los sitios web piratas

El Mundial 2026 ha propiciado la aparición de aplicaciones no oficiales y sitios web que prometen transmisiones en vivo gratuitas o servicios exclusivos.

Al instalar estas apps o ingresar en sitios ‘piratas’, los dispositivos quedan expuestos a virus informáticos y programas maliciosos capaces de robar fotografías, mensajes, información bancaria y otros datos personales.

El experto explicó que los atacantes buscan tomar el control de los teléfonos y computadoras, exigiendo pagos para “limpiar” los dispositivos afectados. “Aquí en estos casos, probablemente aunque pagues no dejen el teléfono limpio y sigan buscando estos datos”.

Cuál es el riesgo de los códigos QR durante el Mundial

El uso de códigos QR se ha extendido para facilitar el acceso a menús, promociones o sitios web relacionados con la Copa.

No obstante, los ciberdelincuentes aprovechan esta tendencia para colocar adhesivos con códigos maliciosos en lugares públicos, restaurantes y eventos, de modo que los usuarios terminen en páginas fraudulentas o descarguen aplicaciones maliciosas sin darse cuenta.

Es clave evitar escanear códigos QR que se encuentren en la calle o en superficies no verificadas. “El problema es que los QR podrían llevarnos a un sitio malicioso, a sitios apócrifos o sitios sospechosos”, dijo el especialista.

Cómo evitar estafas digitales durante la Copa Mundial 2026

Para minimizar los riesgos de fraude, en primer lugar, es fundamental verificar la legitimidad de cualquier oferta o noticia a través de medios oficiales, periódicos o fuentes gubernamentales. La desconfianza ante mensajes urgentes o promociones demasiado atractivas puede marcar la diferencia para no caer en un fraude.

Otras sugerencias incluyen evitar hacer clic en enlaces de correos o mensajes no solicitados, escribir manualmente la dirección web oficial de bancos o eventos y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas reconocidas, como App Store o Google Play.

Asimismo, sobre el uso de códigos QR, hay que escanear solo aquellos que puedan verificarse como legítimos y consultar al personal de los establecimientos en caso de duda.

Grudke es una modelo, actriz, conductora y fisicoculturista argentina nacida en Misiones. Con más de tres décadas de trayectoria, se consolidó como una de las figuras más reconocidas del modelaje en el país, trabajando para importantes marcas nacionales e internacionales y desfilando en distintos mercados alrededor del mundo.

Además de su carrera en la moda, participó en cine, teatro y televisión, y fue parte de programas como Los 8 escalones. En los últimos años incorporó una nueva faceta como atleta de fisicoculturismo en la categoría Fit Model, representando a la Argentina en competencias internacionales.

—¿Cuántos años de carrera llevás, Ingrid?

—30 años como modelo. Ininterrumpidos, salvo por la cuarentena, que ahí cambiaron las cosas. Agregado a lo que es la carrera de modelo, también hice cine, teatro, televisión, actuación, todo. En realidad comencé como actriz publicitaria antes de que me conozcan como modelo de alta costura.

—¿Te falta conocer algún país del mundo?

—Sí, todavía me faltan varios lugares.

—Porque has viajado por todos lados...

—Sí y muchas veces. Obviamente todo América, la Polinesia, Europa un montón de veces, Lituania, Estonia, de todo...

—¿Es realmente complicado el ambiente del modelaje o es un mito?

—Es un mito. Depende cómo lo podemos encarar, porque de afuera se ve complicado, pero ¿en qué sentido?

—Desde lo profesional, ¿cómo lo ves? Como trabajo, ¿es complicado?

—El trabajo de modelo no es un sueño, es un trabajo. Empecemos por ahí, porque muchos dicen: “¡Ay! Es mi sueño ser modelo”. Y no. Las modelos prestamos un servicio de uso de imagen para promocionar, difundir y promover un producto, un diseño, una marca, comunicar a través de nuestra imagen para que la persona del otro lado del televisor, de una revista, de una publicidad, compre y consuma lo que tenemos puesto. Ese es nuestro trabajo. Entonces, cada casting es una entrevista de trabajo.

—Pero hay una realidad: en tu trabajo y en esos castings o entrevistas laborales se mezclan varias cosas. Primero, porque sos una mujer muy linda. Segundo, porque muchas veces trabajás con muy poca ropa. ¿Te tocó vivir situaciones incómodas, vinculadas al machismo o a conductas que no estuvieron bien?

—Sí, muchas. Hay que ser en claro, yo trato de cuidar mucho las palabras. Pero hay muchas cosas turbias detrás de una imagen de modelo, si tu pregunta es esa, podemos explayarnos un montón de cosas. Por ejemplo, las estafas. Hoy en día está muy de moda cobrar por ir a hacer un casting. Un casting, que es una entrevista de trabajo. Si yo estoy yendo a una entrevista de trabajo para quedar en un comercial de alguna marca, ¿cómo me van a cobrar por ir a un casting? Es una estafa. Muchas chicas se comunican en redes sociales y me dicen: “Ingrid, me quisieron cobrar 50 mil pesos para ir a hacer un casting”. Es un absurdo. La gente que no sabe cree que es así y no. Ahora, en una escuela de modelo es distinto porque te enseñan cómo funciona el trabajo de una modelo. Y yo lo divido así: el trabajo de una modelo es pasarela, fotografía y comerciales, publicidad de televisión, cine o redes sociales. Son tres aristas. Dentro del mundo de la pasarela vos tenés desfile de colección, desfile de venta, desfile de calce, desfile de moda show...

—¿Y la competetencia con las otras modelos es real?

—La competencia existe como en todos los trabajos. Siempre, obviamente, en un casting querés quedarte en ese trabajo, querés que te elijan. Es lo mismo que ir a una entrevista para ser secretario de alguna empresa. Hay competencia, pero también hay inseguridades de muchas personas cuando no entienden lo que es ser modelo. Para hacer un desfile vos necesitás 20 puestos de trabajo. Son 20 modelos que van a trabajar. Y todas tienen su oportunidad para lucirse y vender lo que tienen puesto. Pero te elige el diseñador.

—¿Nunca codeaste a nadie?

—Jamás. Nunca codié a nadie, nunca busqué ni abrir ni cerrar la pasada. Si el diseñador me elegía para eso, yo me sentía realizada, porque son formas de pensar también. Mi forma de pensar es esa. Para mí no hay competencia, es ganarse el puesto o ganarse el trabajo.

—Contame cómo fue mutar del modelaje al fisicoculturismo.

—Mi categoría se llama Fit Model y está dentro del culturismo. Es una categoría nueva que no se suplementa ni se usa la hipertrofia muscular. O sea, es entrenamiento fuerte, comés seis veces al día, descansás y no se usan suplementos... Ahora hace un año que no entreno como debería porque estaba trabajando mucho y aparte me pasaron cosas personales que hicieron que adelgace mucho. Entré al culturismo por Analía Galeano, que es una culturista atleta profesional argentina. Ella me empezó a entrenar y me dijo: “Vos vas a ser mi fit model porque tenés todas las medidas para ser esa categoría”. Porque también son formas de cuerpo y hay que respetarlas. Todos tenemos diferentes formas de cuerpo, de músculos y de contextura ósea. Por eso también están las diferentes categorías dentro del culturismo. Y lo mío daba para fit model.

—Me quiero meter un poco en tu vida amorosa. Tuviste tu primer novio...

—14 años con el empleado público de la biblioteca.

—El bibliotecario. Después saliste dos años con Cristóbal López y después con este novio último que tuviste.

—Siete años…

—Y terminó todo muy mal.

—Muy mal.

—Te lo voy a preguntar directamente porque no lo puedo creer. ¿Él te engañó con tu sobrina?

—Sí, con la esposa de mi sobrino.

—¿Pero se separó de tu sobrino o ella lo engañó también a tu sobrino?

—Lo engañó también a mi sobrino. Ella trabajaba para nosotros en nuestra empresa. Después de la cuarentena, me fui a vivir a Misiones, porque el trabajo de modelo y como actriz en cine, teatro, no se podía hacer. Lo único que estaba haciendo era Los 8 escalones. Decidimos mudarnos a Posadas porque justo mi papá se enfermó. Yo hacía un año y medio que estaba saliendo con esta pareja, que era Mar de Plata, y dijimos: “Bueno, vamos a vivir a Posadas que es más tranquilo”. Abrimos una empresa y de un negocio saltamos a cinco, de dos empleados saltamos a 22; y obviamente necesitábamos una mano derecha. “Busquemos alguien de confianza”, dijimos.

—Ahí aparece la esposa de tu sobrino.

—Claro. La esposa de mi sobrino, que supuestamente era de confianza.

—¿Qué hiciste cuando te enteraste? ¿Qué les dijiste?

—Para acusar a alguien tenés que tener pruebas y yo solo tenía versiones. Una de mis mejores amigas me dice: “Ingrid, cada vez que viajás a Buenos Aires a trabajar acá el rumor en Posadas es muy fuerte que ellos están saliendo”. Ella era mi secretaria, la secretaria de la empresa y vivíamos viajando juntos. Entonces, cuando ella me alerta, digo: “Ahora entiendo de dónde viene el estrés de él”. Se estresaba mucho últimamente y era porque yo no era la única. Hacían una vida paralela a mi relación y a la relación de mi sobrino. Era como la canción Felices los cuatro. Ahora lo tomo con humor, por supuesto, pero la pasé muy mal.

—¿Y qué hiciste?

—Directamente fui y los encaré a los dos juntos.

—¿Y qué pasó?

—“¿Estás loca, Ingrid? ¿Cómo me vas a decir eso?“, me dijo. Un acting total. Como no tenía pruebas todavía, dejé pasar el tiempo…

—¿Y tu sobrino?

—Yo estaba trabajando mucho y mi sobrino había descubierto unos mensajes entre ellos. Hizo las capturas de esos mensajes muy polémicos, muy fuertes, donde se cuentan un montón de cosas. Mi sobrino no es que descubrió unos chats diciendo: “Bueno, vamos al telo de Paraguay”. Descubre las conversaciones que fueron delante mío. Fuimos al teatro, a inaugurar otro negocio en Mar del Plata y estando en mi casa en Buenos Aires. Todas esas conversaciones. Mi sobrino queda en shock y le costó decirme lo que pasaba. Pasaron unos meses después de que yo me había enterado por medio de mi amiga que me había dicho los rumores.

—Aguantaste unos meses, sos de hierro.

—Sí, aguanté unos meses porque tenía que recuperar un crédito. Entonces, cuando me muestra las pruebas... Es muy largo, es una novela japonesa (risas).

—¿Le pudiste cobrar?

—Sí, recuperé. En realidad no le pude cobrar todo. Me debe un montón todavía, pero es algo que no voy a poder recuperar nunca porque no estaba escrito. Si quiero recuperar algo, tengo que empezar a mandar cartas documento y meterme en algo que me va a hacer mucho daño. Yo creo que la estafa emocional fue mucho peor de lo que es la estafa económica.

—¿Cuánto te debe? Más de 100 mil dólares leí por ahí.

—Sí, eso era lo inicial. Eso fue lo inicial que me debía para empezar el negocio, la heladería que abrimos en Posadas. Después, un montón de cosas más. Era mi pareja, yo confié en él y necesitamos para esto, necesitamos para lo otro e iba saliendo de mi bolsillo.

—¿Qué le dijiste? ¿Cómo terminó todo con él?

—Y terminó cuando lo encaré, le dije: “Mirá, sé toda la verdad, sé que estás saliendo con Andrea, sé esto, esto y esto”. Le dije todo después de hablar con mi sobrino, que me mostró las pruebas.

—¿Lo perdonás?

—No. Ni a él ni a ella. Porque se burlaron mucho de mí. Para perdonar está Dios. Yo me brindo cien por cien con las personas. Yo siento que la vida está para vivirla de la mejor manera. Yo confío en la gente, creo en la gente, necesito creer para vivir. Puede pasar que te equivoques. Yo le di la oportunidad de que me digan en la cara: “Che, nos enamoramos, nos equivocamos”. Somos humanos y te pueden pasar. No es que me hago la superada.

—¿Te lo aceptó? ¿Te pidió perdón?

—No, nunca jamás. Hasta el día de hoy. De hecho, me echó de mi lugar cuando yo fui y lo encaré. Igual siento que estoy hablando de 1810 (risas). Es muy morboso todo.

—¿Siguen juntos?

—No lo sé. ¿Querés averiguarlo vos? (risas)

—¿Y con tu sobrino qué pasó?

—Él también se divorció, obviamente. Pero no van a estar juntos si después de todo el escándalo mediático que se armó, si están juntos ahora van a darme la razón y ellos me negaban a muerte eso. Pero nosotros sabemos que es cierto.

—Nunca nadie tuvo el valor para decirte la verdad.

—Niguno de los dos. Los senté a los dos solos en un cuarto diciendo: “Che, está pasando esto”. Y el acting era total. Se ganaban el Martín Fierro (risas).

—Y cuando los confrontaste con los mensajes, ¿qué dijeron?

—Que eran inventados por mi sobrino. La IA (risas). Ahora la culpa toda la tiene la IA, ¿viste? Le digo: “¿Se va a poder escribir te amo Martín, te amo Andrea?. Mirá si se va a tomar el trabajo de hacer eso... Hay cosas muy infantiles en todo esto.

—¿Había mensaje hot?

—Sí, habían. Ellos no me engañaban, pero hacían…

—¿Sexting?

—Sexting. ¿Eso para vos es un engaño o no?

—Recontra (risas). ¿Ellos dijeron que era eso?

—Sí.

—Entonces blanquearon algo. Al menos por teléfono.

—Yo ahora me río, ¿qué voy a hacer?

—¿Estás en pareja ahora?

—No. Estoy conociendo a alguien, pero vamos tranquilito. Vamos a esperar a ver primero qué me pasa. De verdad esto fue muy doloroso para toda mi familia, para mi hermana, mi mamá. No existe eso en nuestra cabeza. Somos una familia chica y que hagan una relación paralela para nosotros fue muy serio. Para mí, fue mucho trabajo. A mí me afectó la salud y eso no perdono. Porque un engaño puede ocurrir porque somos humanos. Soy la persona más tranquila y libre. Les di la oportunidad que me pregunten, pero el sentirme tan violentada... Porque no dejó de ser violento la forma que me trató, la forma que me violentó después de que yo lo descubra. Pasaron muchas otras cosas que tampoco puedo entrar en detalle a contar todo. Pero fue una relación muy violenta después de eso. Hay muchas otras cosas que no me permiten contar, que tienen que ver con las chicas que trabajaban dentro de los negocios.

—Era un picante.

—¿Sabés lo que me duele a mí? Una parte que no puedo dejar de ser justiciera. Yo digo cuídense de esta persona. El día de mañana, si alguien se enamora, cuidate de esta persona, porque quizás muchas no me creen lo que yo viví. Pero a mí nadie me avisó y es una mala persona. A mí lo que más me molesta es que me haya usado de escudo para someter y hacer ciertas maldades. Comenzamos la entrevista hablando de esto que pasa en el medio. Bueno, muchas cosas se ocultan detrás de una imagen de modelo. La desesperación de querer ser modelo a veces hace que te metas en lugares muy turbios y podés ser abusada, engañada, estafada. Es peligroso y las cosas que pasan son reales. Entonces, no seamos ingenuos.

—Tema hijos, ¿te interesó? ¿Alguna vez lo hablaste?

—No, nunca tuve interés de tener hijos. Siempre lo hablé. Pero en los últimos años tengo la libertad de poder decir con más liviandad que no es algo que yo sueñe ser mamá. Viste que muchas mujeres tienen el deseo y la necesidad de gestar, yo nunca lo sentí. Soy la mejor tía del mundo, me divierto, se quedan días en mi casa, cero drama. Pero el tema de gestar nunca fue un deseo fuerte.

—Y a la hora de conocer hombres, ¿eso te jugó en contra? ¿Algunos querían y vos no?

—Sí, todos. Siempre me pedían. Lo primero que siempre me pedían era tener un hijo. Y yo de entrada siempre decía: “¿Pero por qué me quieren hacer un hijo? Soy una mina que no jodo con la plata, no necesito tarjeta de crédito porque me gestiono todo yo, soy autosuficiente”. Cuando yo cuento que nosotras las modelos nos alquilábamos taxis aéreos para ir de una provincia a otra para hacer desfile, era así. Juntábamos, entre tres o cuatro modelos, por ejemplo, una vez en La Chola, Hernán Drago y yo teníamos que ir al carnaval de Paso de los Libres y al otro día estar en Mar del Plata. Y nos alquilamos un avión privado. El trabajo de modelo era muy bueno durante muchos años. Yo trabajé muy bien. Yo no necesité de un hombre para saber lo que es el millón de dólares. Cuando sabés cómo trabajar de esto, ganás muy bien y sobre todo nosotros que empezamos en el 96. Hacía comerciales, no era conocida y ganaba muchísimo. Yo en un año hice 38 comerciales, publicidad para México, Alemania, Chile. Imaginate, el mínimo era 10 mil dólares por un comercial. Sin ser conocida. Si vos sabés administrar eso, te va bien. La verdad que gané muy bien. Nunca hablo de dinero, pero a veces es necesario porque decís: ¿es un buen trabajo? Sí. ¿Es mucho trabajo? Sí, pero lo tenés que tener en claro y saber administrarte. Porque esta carrera es como la de un jugador de fútbol. Si no sabés aprovechar tu momento de gloria, te la quemás en dos minutos.

—¿Te han piropeado mujeres?

—Sí y me halaga. Me siento cómoda, pero soy una persona de una pareja clásica.

—¿Nunca te dio curiosidad?

—No, nunca me dio curiosidad. Me siento bien, por supuesto. Y he tenido muchas propuestas de mujeres. Me parece algo lindo.

—Vos estás acostumbrada también a que te piropeen.

—Me ha pasado también que me han manoseado...

—¿En la vida o en el trabajo?

—En el trabajo, diciendo: “Te pruebo el vestido”, qué sé yo. Porque los abusos están tanto de hombre como mujeres, también me ha pasado. Te acomodan… y uno está ahí… Ahora después de 30 años ya te das cuenta. Pero al principio no lo ves tan así.

—A mí me llamó mucho la atención que, cuando cubría para CQC, los backstage de desfiles eran espacios bastante abiertos y todas se cambiaban ahí mismo. Es como que se pierde un poco el pudor respecto de la desnudez, y supongo que también hay miradas tanto de hombres como de mujeres.

—Sí, pasa. “Ay, mirá el, el culo que tiene” o “cómo me gustaría tener esas piernas”. Por admiración, por curiosidad o por deseo también. Pero lo que pasa es que cuando estás en un backstage, vos no pensás en todo lo sexual, pensás en hacer bien tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? En segundos cambiarte para volver a estar en pasarela. La pasarela es la exhibición de un diseño. La mayoría de las veces se lleva todo al terreno de lo sexual y hoy en día más todavía. Pero este es un muy lindo trabajo, el saber promocionar, difundir un producto. Cuando vos entendés tu trabajo, es un hermoso trabajo. La moda nos encanta a todos, a la mayoría de las mujeres, a los hombres, nos gusta la moda. Lo que pasa que detrás de esa imagen casi intocable de una mujer divina, arreglada, maquillada, peinada, espléndida, que está en una pasarela, hay mucha gente trabajando. Desde el diseñador que te confecciona, la bordadora. Es una gran industria de trabajo, merece mucho respeto toda la gente que trabaja en la industria textil argentina y estoy agradecida de pertenecer a esa industria.

La Fiscalía General de la República contactará directamente a 212 personas para que recuperen el dinero que depositaron en CrediCash, como parte de la primera fase de devolución de fondos recuperados tras el desmantelamiento del esquema ilegal.

Así lo anunció el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, al detallar el procedimiento que busca restituir los ahorros de los afectados.

De acuerdo con Delgado, estas personas ya presentaron su denuncia y entregaron la documentación que acredita el origen de los fondos. El monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y comprende depósitos que van desde un dólar hasta cinco mil dólares.

La devolución se realizará bajo estricta supervisión judicial y mediante mecanismos institucionales definidos por la Fiscalía, distintos a los que utilizó Gerson Adriel Orellana para captar el dinero originalmente. Sostiene que por motivos de seguridad, cada beneficiario será notificado de manera individual sobre el procedimiento para recibir sus fondos.

Según Delgado, este proceso representa un primer paso en la restitución a las víctimas y se irá ampliando conforme se validen más denuncias y documentos de otros afectados.

Esquema de captación ilegal y dinámica de CrediCash

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que CrediCash operó bajo un esquema de captación ilegal de dinero. La empresa ofrecía rendimientos extraordinarios, sin respaldo en actividades económicas reales, a través de redes sociales y recomendaciones entre conocidos.

La estructura no cumplió con ninguna regulación aplicable a este tipo de operaciones financieras. No llevaba contabilidad formal y utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes ya habían depositado previamente, generando una apariencia de rentabilidad y confianza.

Según lo expuesto por el fiscal general, miles de personas entregaron sus ahorros a la estructura. La investigación sostiene que, de no haberse producido la intervención de las autoridades, los fondos depositados habrían estado en riesgo de pérdida total.

Fondos recuperados, atención a víctimas y validación

De acuerdo con Delgado, desde el primer allanamiento, la Fiscalía desplegó una investigación financiera y patrimonial de gran magnitud. Se inmovilizaron fondos en cuentas bancarias a nombre de Gerson Adriel Orellana Ayala y se decomisó dinero en efectivo hallado en su domicilio y en las instalaciones de CrediCash.

El total recuperado asciende a $38.574.722, actualmente resguardados bajo estrictas medidas de seguridad en instalaciones del Ministerio de Hacienda, bajo custodia del Estado salvadoreño.

Durante los procedimientos, se encontró dinero en efectivo en distintos lugares, lo que dificultó inicialmente el rastreo del destino de todos los fondos.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha atendido a 8.654 personas que presentaron denuncia por haber sido afectadas por CrediCash. Cada caso pasa por un proceso de identificación y documentación individual, donde se verifica el depósito realizado y se acredita el origen lícito de los fondos.

Delgado indicó que no se devolverán intereses ficticios, ya que la supuesta rentabilidad provenía de los aportes de otras víctimas y no de actividades legítimas. El proceso de validación exige que los denunciantes demuestren la procedencia legal de su dinero, ya sea por ahorros, préstamos o ingresos de actividades económicas formales.

El número de denuncias ha mostrado un incremento sostenido. Inicialmente se recibían entre veinte y treinta denuncias diarias; en la actualidad, la Fiscalía registra entre trescientas y cuatrocientas atenciones por día.

Según antecedentes de la investigación, la empresa captaba clientes y exigía abonos de hasta el 20% del presupuesto a sabiendas de que no contaban con la solvencia económica para prestar los servicios, y al llegar el día del matrimonio simplemente no se presentaban, forzando a los novios a buscar soluciones de último minuto. Hasta ahora, la fiscalía estima los montos defraudados en unos $120 millones de pesos (USD 135 mil).

La mayoría de estas estafas se llevaron a cabo durante todo el año pasado y una influencer rusa que participó de uno de los casamientos, con más de 200 invitados, relató en un video la experiencia.

“No había mesas, ni sillas, ni comida, nada (...) Algunos fuimos a comprar comida. Otros se fueron a la casa de los padres del novio: ahí organizamos picoteo, carnes y bebidas en cuestión de minutos y la verdad lo pasamos increíble“, narró la chica.

“La empresa de banquetería era recomendada, con experiencia, pero, al parecer, decidieron cerrar y antes de hacerlo, estafar a cientos de personas (...) Es terrible, no debería pasar“, agregó.

Finalmente, hizo una reflexión: “La vida se lo quita multiplicado. Y no siempre en dinero; a veces en cosas mucho más valiosas. Todo tiene un precio. Y todo se paga. La vida siempre encuentra la manera de recuperar el equilibrio”.

Los descargos de la banquetera

Una vez estalló el escándalo, aupado por la viralización del video de la influencer rusa, Natalia Álvarez publicó una declaración pública y después cerró todas sus redes sociales.

“Ese día, por circunstancias externas que interfirieron directamente en la operación y que escaparon a mi capacidad de control los servicios comprometidos no pudieron ser ejecutados (...) Si bien existieron factores que impidieron la realización de los eventos, asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde como representante legal y dueña del servicio“, aseguró la banquetera.

“Como corresponde, se iniciará el proceso de reembolsos e indemnizaciones para todas las personas y familias afectadas. Cada caso será abordado de manera individual con el fin de garantizar un proceso justo, respetuoso y totalmente transparente. Sé que ninguna acción borrará lo sucedido, pero reitero mi compromiso total con la reparación, la verdad y la responsabilidad”, remató en esa oportunidad.

Un grupo de inversores uruguayos había confiado en la corredora de bolsa Pérez Marexiano para hacer rendir sus ahorros. La empresa les generaba confianza por la trayectoria y antigüedad. Lo que no se esperaban era que sus dueños y uno de sus empleados se aprovecharan de esa imagen para concretar una estafa.

Los dueños de la corredora, Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, fueron imputados por estafa y asociación para delinquir a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. Tiempo atrás, por un delito continuado de estafa y falsificación de documento, lo había sido Ignacio González Palombo, el principal ejecutor de esta maniobra.

Los mismos dueños de la empresa habían denunciado a González Palombo, pero ahora también quedaron involucrados en la artimaña.

La maniobra

La semana pasada hubo una audiencia, consignada por el diario uruguayo El Observador, en la que la fiscal dio detalles de la maniobra. “Los denunciantes confiaban en la empresa por su trayectoria y antigüedad”, detalló Fleitas. Consideró que de la “asociación”con González Palombo obtuvieron “beneficios económicos”.

González Palumbo había trabajado en la corredora de bolsa Pérez Marexiano entre 2008 y 2015. Allí se encargaba de la realización de estudios contables para entregarlo a auditores. Luego fue despedido por no haber hecho los aportes correspondientes. Sin embargo, se dedicó a capactiar a los empleados que lo iban a suplantar y a captar inversiones.

Como la cartera de clientes se agrandaba, en 2020 se asoció con la uruguaya radicada en México Tamara Taube. Su rol era el de captar ahorristas de ese lugar, aunque también participaba de reuniones con clientes uruguayos.

Pero, ¿los Pérez estaban al tanto de la maniobra? Según la teoría fiscal, hay evidencia que muestra que sí. González Palombo daba directivas a un operador sobre las acciones que tenían que comprar y ese trader se encargaba de ejecutarlas. Hubo órdenes de compras por hasta un millón de dólares.

La fiscal describió: “Cuando González Palombo traía un cliente, le daban la documentación y los Pérez decidían si se creaba la cuenta o no”. Además, relató que le pagaban comisiones por orden de los socios cada dos o tres meses, algunas de hasta 20 mil dólares que eran considerados “gastos propios”. Se lo transferían directamente a su cuenta bancaria o se entregaban como cheques.

Los Pérez habían evitado mencionarle al Banco Central del Uruguay –el regulador del mercado de valores– que González Palombo actuaba como intermediario o que enviaba estados de cuenta a los clientes. Esto porque, según afirmó la fiscal, “sabían que estaba violando la ley del mercado de valores”.

La corredora de bolsa Pérez Marexiano tenía 652 clientes, de los cuales 107 se vinculaban a González Palombo, según los datos consignados por El Observador.

En definitiva, los dueño de la corredora de bolsa le dieron a González Palombo “carta abierta para que dispusiera del dinero de los damnificados”.

“Esto significó importantes beneficios económicos para ambos imputados, en perjuicio de los denunciantes, desde que cobraban buenas comisiones por una gestión deficiente y disponían de los dineros ajenos, realizando transacciones no solicitadas por los inversores”, señaló.

Por último, la fiscal agregó otra contradicción: “No se entiende cómo un ex empleado podía llevar adelante operaciones de quien se dedica a la actividad bursátil. Pone de manifiesto que hay un concierto y un conocimiento”.

La medida cautelar que dispuso la jueza Diovanet Olivera es la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país hasta el 11 de diciembre. Uno de los imputados señaló que requiere la libertad ambulatoria para un tratamiento al que tiene que someterse, al tiempo que el otro expresó que pretende seguir haciendo su trabajo para “recuperar dinero para devolverle a los clientes”.

La fiscal prevé avanzar sobre otras personas involucradas en la asociación para delinquir. Taube, la socia de González Palombo, está en calidad de indagada.

La defensa de los nuevos imputados aceptó la imputación, pero aclaró que tiene “otra teoría del caso”. Señaló que el monto a pagar –1,6 millones de dólares– se redujo porque los dueños de la corredora pusieron a disposición que se liquidara todo el patrimonio.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alerta sobre una práctica que afecta a miles de personas: las llamadas de cobranza ilegal provenientes de aplicaciones de préstamos que operan fuera de toda regulación financiera. Solo entre enero y febrero de 2026, la Policía Cibernética de la CDMX registró más de 5.800 reportes por aplicaciones de préstamos fraudulentas, la cifra más alta de ciberdelitos en la capital.

Estas plataformas, conocidas como “montadeudas”, ofrecen créditos rápidos sin verificación en el Buró de Crédito y sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Una vez que el usuario acepta el préstamo, los operadores inician ciclos de cobranza agresiva con amenazas, difamación ante familiares y extorsión directa.

Cómo operan estas aplicaciones fraudulentas

Al momento de la descarga, estas apps solicitan permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan a los deudores con el envío de mensajes a sus círculos sociales y familiares.

El esquema incluye el cobro de montos muy superiores a los pactados, incluso antes de la fecha de vencimiento. Según la doctora en derecho Erika Vanesa García Rico, estas plataformas “otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“, lo que las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión.

Qué hacer si ya eres víctima

Si recibes llamadas o mensajes de cobranza ilegal de una aplicación de préstamos, la PDI establece una serie de pasos concretos. El primer paso es alertar a todos tus contactos para que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos.

A continuación, elimina todo el contenido personal que tengas almacenado en el dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma donde adquiriste el préstamo, así como de los montos del depósito y de los pagos que ya realizaste.

Con esas pruebas en mano, acude a la Agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio para presentar la denuncia correspondiente. La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea de orientación (55) 5242 6489 y el correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

Por qué no debes ceder a las amenazas

Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que pagar no detiene el acoso: “Aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. La recomendación es no ceder a ninguna presión económica y documentar cada intento de extorsión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) refuerza esa postura y añade que el usuario debe bloquear de inmediato los permisos que la aplicación tiene sobre el dispositivo. Cambiar contraseñas y denunciar ante la Policía Cibernética son pasos que deben seguirse en paralelo.

Cómo verificar si una app es legal

Toda aplicación financiera que opere en México debe tener registro en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF. Una búsqueda rápida en ese sistema permite confirmar si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

Las financieras reguladas nunca usan cuentas personales para sus transacciones ni solicitan adelantos con excusas como “liberar el préstamo” o “pagar un seguro”. El cambio frecuente de número de contacto y la ausencia de un canal oficial de comunicación son señales de alerta inmediatas.

Las sanciones que enfrentan los responsables

En México, la extorsión está contemplada en el Código Penal con penas de hasta ocho años de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante el Amparo en Revisión 323/2025 resuelto en enero de 2026, confirmó además que la CONDUSEF tiene plenas facultades para multar a las instituciones financieras que no transparenten sus métodos de cobranza.

Las multas por prácticas abusivas van de 13.458 pesos hasta 134.580 pesos, y la responsabilidad recae en la entidad contratante aunque el acoso lo ejecute un despacho externo. La Fiscalía del Estado de México, por su parte, recibió 1.084 denuncias por extorsión entre julio de 2025 y marzo de 2026, de las cuales el 62% correspondió a la modalidad no presencial.

La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció a través de un comunicado que hay personas inescrupulosas que están pidiendo dinero en nombre del aspirante y del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria. Aclaró que la recaudación de recursos por parte de la campaña no incluye la solicitud de ayudas económicas a la población.

Eso quiere decir que nadie que integre la campaña puede solicitar, recibir o recolectar aportes de ningún tipo, ya sea en efectivo, por medio de transacciones bancarias o donaciones. Además, informó que tampoco se hacen ese tipo de movimientos a través de personas, grupos, cadenas de WhatsApp, enlaces de pago, cuentas bancarias o plataformas digitales.

“Ningún coordinador, voluntario, simpatizante, grupo regional o tercero puede solicitar aportes económicos utilizando nuestros símbolos, mensajes, piezas gráficas o canales de difusión”, indicó la campaña.

Adicionalmente, explicó que ni en Colombia ni en el exterior, está permitido que alguien que apoye la candidatura de De la Espriella reciba aportes o haga negocios de cualquier naturaleza en nombre del aspirante o del movimiento que lo respalda. Esto incluye también a personas que se presenten como amigos, conocidos, personas cercanas al candidato presidencial, o que aseguren servir como enlaces para gestionar reuniones, contactos o cualquier tipo de apoyo con De la Espriella.

Teniendo en cuenta esta alerta, la campaña instó a la ciudadanía a abstenerse de entregar recursos a personas que aseguren apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“La instrucción es inequívoca: no entregue un solo peso a quien invoque el nombre de Abelardo de la Espriella, de su campaña o de Defensores de la Patria para solicitar recursos económicos. Ninguna persona está autorizada para recaudar dinero en nombre de este movimiento ciudadano”, precisó.

Cualquier ciudadano que entregue dinero a personas que afirmen estar apoyando la candidatura de De la Espriella está siendo engañado. Por eso, la campaña solicitó a quienes reciban este tipo de solicitudes que, además de no efectuar ninguna transacción, conserven las pruebas y las presenten ante las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

“No permita que nadie utilice esta causa para engañar a los colombianos”, indicó.

Añadió: “Este movimiento se construye con el respaldo libre, democrático y fervoroso de los colombianos. No con colectas improvisadas, intermediarios ni solicitudes económicas realizadas en la sombra. La campaña continuará actuando con transparencia y denunciando cualquier intento de aprovecharse de la confianza de los ciudadanos”.

No es la primera vez que se presentan irregularidades relacionadas con los recursos de la campaña del abogado. En noviembre de 2025, cuando De la Espriella era todavía precandidato a la Presidencia, denunció había personas revendiendo boletas para un evento que se llevó a cabo en el Movistar Arena, el cual era gratuito.

“Las boletas para entrar al Movistar Arena eran gratis pero recibimos un informe de que a las afueras las estaban revendiendo, algo que marca el rebusque de las personas”, explicó el aspirante presidencial en entrevista con Blu Radio.

Así ha sido la financiación de la campaña de Abelardo de la Espriella

En la conversación con el informativo, el profesional en Derecho entregó detalles de cómo estaba financiando su campaña. Según detalló, no tiene “dueños”, lo que quiere decir que todos los recursos surgen de la autofinanciación. Una buena parte del dinero que había logrado recolectar para ese momento provino de la venta de prendas de vestir y accesorios con los que estaba impulsando su candidatura.

“La gente los está comprando, eso ha ayudado bastante. Esto es una campaña autosostenible. La gente compra tenis, compra la ropa, vino, llaveros, gorras. Parte importante de la campaña viene de allí”, precisó al medio de comunicación citado.

Además, según un informe de Transparencia por Colombia sobre gastos e ingresos, la campaña de De la Espriella también se ha sostenido financieramente por medio de créditos del sector financiero.

De acuerdo con Latina, varias víctimas relataron que los sospechosos se acercaban con una actitud de falsa ayuda. Les decían que “había cambiado el sistema del banco” y, bajo esa excusa, les pedían la tarjeta para “apoyarlos” durante la operación. En ese mismo momento, solicitaban la clave secreta, con lo que obtenían acceso total a la cuenta.

El método, según las imágenes de seguimiento policial, comenzaba con una fase previa: los intervenidos ingresaban a agencias bancarias, pero también a centros comerciales, supermercados y otros establecimientos concurridos. Allí observaban a potenciales objetivos, los ubicaban y, en algunos casos, regresaban días después para concretar el engaño.

La modalidad: acercamiento, engaño y cambiazo

En las grabaciones analizadas por los agentes se observa cómo los sospechosos se aproximaban a las personas en la zona de cajeros automáticos. Luego de iniciar conversación, simulaban orientar a la víctima sobre un supuesto cambio del sistema o un error durante la operación. En ese lapso, realizaban el cambiazo: sustituían la tarjeta real por otra, que entregaban a la persona afectada para que no notara de inmediato la sustitución.

Con la tarjeta original en su poder y la clave obtenida, uno de los implicados entregaba el plástico a un cómplice. De acuerdo con el reporte del medio, ese segundo integrante se desplazaba a otro punto para realizar retiros de dinero o efectuar compras por Internet, con el objetivo de reducir la posibilidad de ser identificado en el mismo lugar del engaño.

Las autoridades tampoco descartaron que el grupo empleara otras variantes para lograr el mismo fin, entre ellas la instalación de mecanismos para que el cajero retuviera la tarjeta. Ese escenario, señalaron, forma parte de las hipótesis en investigación debido a la forma en que se seleccionaba a las víctimas y a la rapidez con la que se concretaban los retiros posteriores.

Seis víctimas reportadas y vínculos bajo investigación

Hasta el momento, según Latina, se reportaron seis víctimas vinculadas a esta organización, aunque la Policía evalúa si existen más afectados que no denunciaron. Los intervenidos, siempre según la información disponible, actuaban en varios distritos de Lima y elegían puntos con alto flujo de personas, pese a la presencia de sistemas de videovigilancia.

La investigación incluye el perfil de los detenidos. Dos de ellos registraban salidas al extranjero, y la Policía no descartó posibles conexiones con bandas criminales fuera del país. Los agentes que participaron en la intervención también identificaron indicios que podrían vincularlos con otras estructuras delictivas, por lo que las diligencias continuarán.

La Policía recomendó a los usuarios evitar aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, proteger el teclado al digitar claves y retirar la tarjeta solo cuando finalice la operación. Además, pidió reportar cualquier intento de contacto sospechoso al personal de seguridad o a las autoridades del lugar.

Las autoridades de Bogotá han detectado una nueva modalidad de estafa digital que utiliza falsos resultados de pruebas médicas para sustraer datos personales de los ciudadanos.

A través de las redes sociales, voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad de Bogotá informaron que el mensaje fraudulento llega por correo electrónico y busca generar alarma al notificar al destinatario sobre supuestos exámenes médicos —incluso pruebas falsas de VIH— invitando a descargar y ejecutar un archivo adjunto.

“Alerta de estafa! Están enviando estos mensajes a los correos con resultados de falsas pruebas médicas y así llevarlos a abrir un link y hurtar sus datos”, dice la alerta de la Secretaría de Seguridad.

Según alertaron fuentes de seguridad digital con una foto de ejemplo del mensaje que reciben las potenciales víctimas, el correo contiene instrucciones específicas: “Para una correcta visualización del documento, se recomienda abrirlo desde un computador de escritorio o portátil. Una vez descargado, pulse en ‘Ejecutar’ para acceder al contenido completo”.

Los mensajes también ofrecen asistencia para agendar citas y orientación adicional, intentando dar legitimidad al engaño.

Las autoridades advirtieron que el objetivo de estos correos es inducir a los usuarios a instalar software malicioso en sus dispositivos, con el fin de hurtar información confidencial como contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso.

Por lo tanto, las autoridades recomendaron no abrir ningún enlace ni archivo adjunto, especialmente si la persona no se ha realizado pruebas médicas recientemente.

“¡No lo abra y más si usted no se ha hecho ese tipo de pruebas! Si tiene dudas llame a su EPS y reporte de inmediato al @CaiVirtual”, señalaron los voceros de la entidad distrital.

Ante cualquier sospecha, se aconseja comunicarse directamente con las autoridades como la Policía y reportar el caso al CAI Virtual. Los organismos de control reiteran que no se debe seguir ninguna instrucción ni brindar datos personales en respuesta a este tipo de mensajes.

Las denuncias en redes sociales deben estar respaldadas por una denuncia formal ante las autoridades: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Desde la misma entidad, sus voceros advirtieron que la publicación de videos y fotografías en redes sociales sobre cualquier delito no reemplaza la denuncia formal ante las autoridades.

En un comunicado emitido el 11 de junio de 2026, desde la entidad se comunicó que solo la denuncia activa la respuesta institucional y posibilita el avance de las investigaciones.

“En medio del crecimiento de las redes sociales y la búsqueda constante de visibilidad, cada vez es más común que los ciudadanos graben y publiquen hechos delictivos con la intención de que se vuelvan virales. Sin embargo, las autoridades advierten que esta práctica, aunque útil para evidenciar situaciones, no reemplaza el proceso formal”, dice el comunicado.

A pesar de que estos videos pueden generar impacto y viralidad, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recalcó que la viralización no garantiza consecuencias legales para los responsables.

Según los voceros de la entidad, la denuncia formal es el mecanismo que permite recopilar información, analizar pruebas y desarrollar investigaciones que pueden culminar en sanciones.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó: “Las redes ayudan a mostrar lo que ocurre, pero la denuncia es la que activa la acción de las autoridades. Denunciar permite que el caso entre a la ruta institucional y se aporten elementos clave para la investigación”. La intervención de los testigos y víctimas también es fundamental, ya que sus testimonios fortalecen los procesos y contribuyen a esclarecer los hechos.

El comunicado aclaró que todo ciudadano puede denunciar, incluso si no dispone de pruebas concretas, pues las autoridades se encargan de recolectarlas y darles el tratamiento adecuado. La participación activa permite capturar delincuentes o aportar a investigaciones en curso sobre otros delitos.

La creciente integración de ChatGPT en el proceso de compra online ha abierto una puerta inesperada para los estafadores digitales. El chatbot de OpenAI ha comenzado a mostrar enlaces a sitios web fraudulentos que imitan a minoristas conocidos, exponiendo a los usuarios al robo de datos personales y financieros.

El fenómeno ha sido monitoreado por Ask Silver, un servicio de detección de fraudes, y detallado por The Guardian, donde se advierte sobre la aparición de sitios clonados dentro de los resultados que ofrece ChatGPT. Estos sitios, diseñados para parecer auténticos, permiten a los estafadores apropiarse de los datos bancarios de compradores desprevenidos.

Cómo operan y usan los estafadores a ChatGPT

El método es sofisticado y aprovecha la confianza que inspiran las recomendaciones automáticas de la inteligencia artificial. Un usuario típico consulta a ChatGPT por productos de una marca popular, como ocurrió con Russell & Bromley, cadena británica de calzado que entró en concurso de acreedores en enero de 2026.

Tras su absorción por Next, la ausencia de un sitio web oficial dejó a los consumidores sin una referencia clara. Los estafadores detectaron esta oportunidad y crearon páginas clonadas con nombres similares, como therussellbromleyofficial o russellandbromleylondon, optimizándolas para que el chatbot las sugiriera.

ChatGPT ofrece opciones de productos, precios y enlaces a sitios aparentemente legítimos. El comprador selecciona su producto y realiza la compra, pero el artículo nunca llega. En cambio, los delincuentes se apoderan del dinero y los detalles bancarios del usuario, consolidando un fraude difícil de rastrear.

La investigación de Ask Silver reveló que estas páginas fraudulentas suelen ofrecer descuentos de hasta 80 % para atraer a las víctimas. Además, la dirección web suele incorporar términos como “official” o “deals”, lo que añade una capa de credibilidad ante quienes no examinan la URL en profundidad.

El auge de las recomendaciones maliciosas se atribuye, en parte, al “envenenamiento de datos”, una técnica en la que los actores maliciosos insertan información falsa o páginas clonadas en los datos que usa la IA para aprender. Anna Jones, de Ask Silver, advierte que es posible que los estafadores hayan introducido deliberadamente estos sitios para manipular los resultados de ChatGPT.

Respuestas de OpenAI y las marcas afectadas

Frente a este escenario, OpenAI ha reaccionado actualizando sus resultados para consultas de compra relacionadas con marcas afectadas.

Ahora, cuando un usuario pregunta por productos de Russell & Bromley, el chatbot advierte: “Varios sitios web que actualmente anuncian productos de Russell & Bromley con un 80 % de descuento parecen sospechosos y podrían no ser distribuidores oficiales. Informes recientes han puesto de manifiesto la aparición de tiendas falsas de Russell & Bromley en los resultados de búsqueda generados por IA”.

Por su parte, representantes de Next, la empresa que adquirió Russell & Bromley, confirmaron que están al tanto de la situación y trabajan para cerrar los sitios fraudulentos.

Otras marcas, como Dunelm, han recomendado a sus clientes acceder solo a las páginas oficiales, como www.dunelm.com, o a través de aplicaciones propias, e informan que retiran los sitios falsos en cuanto son detectados.

ChatGPT también ha implementado mecanismos para eliminar de sus respuestas los enlaces a páginas que violan sus políticas. Los usuarios pueden reportar sitios sospechosos mediante un formulario específico, permitiendo así una respuesta más rápida ante nuevos fraudes.

Cómo evitar caer en estafas promovidas por IA

La clave para no convertirse en víctima de este tipo de fraudes radica en la precaución. Expertos como Louise Baxter, de la Agencia Nacional de Normas Comerciales del Reino Unido, insisten en que no se debe asumir que un sitio es legítimo solo porque lo recomienda una herramienta de IA.

Algunas señales para identificar sitios fraudulentos incluyen:

• Direcciones web poco habituales o con palabras extra, como “official” o “deals”.
• Ofertas de descuentos desproporcionados, especialmente superiores al 70 %.
• Solicitud de pagos exclusivamente por transferencia bancaria, lo que impide recuperar el dinero en caso de fraude.
• Ausencia de contacto directo o información legal clara en la web.

La recomendación más segura es acceder siempre directamente a las páginas oficiales de los comercios, evitando seguir enlaces proporcionados por intermediarios, incluso si provienen de sistemas de inteligencia artificial.

La historia tomó fuerza luego de que la usuaria Sugey Valencia publicara un video en redes sociales donde relata cómo ella, su esposo y varias personas cercanas habrían pagado por entradas para la inauguración del Mundial y otros compromisos del torneo, sin recibir hasta ahora los accesos prometidos.

En su testimonio, Valencia explicó que la compra se realizó aproximadamente un año atrás y que la relación familiar de César Moreno con el ex futbolista mexicano fue uno de los factores que les generó confianza para concretar la operación.

“Hace aproximadamente un año mi esposo y yo compramos boletos para ir a la inauguración del mundial 2026 y también para otros partidos. No fuimos los únicos, también compraron mi cuñado, mi tío y varios amigos de mi esposo. La persona que nos vendió los boletos fue César Moreno, hermano de Héctor Moreno, exjugador de la selección mexicana. Y lo menciono porque obviamente eso nos generó confianza”.

De acuerdo con la denunciante, durante meses recibieron distintas explicaciones relacionadas con supuestos retrasos administrativos, trámites pendientes y procesos internos que impedían la entrega de las entradas. Sin embargo, conforme se acercó la fecha de inicio del torneo, las respuestas dejaron más dudas que certezas.

Según relató, ni ella ni el resto de los compradores recibieron los boletos oficiales, tampoco tuvieron acceso a comprobantes claros que acreditaran la operación y, además, nunca obtuvieron una fecha concreta para recibir las entradas.

“Durante meses estuvimos esperando pues que los boletos que ya casi que ya estaban por llegar, que la federación, que el trámite, que esto, que lo otro, que chuchita, la bolsearon. Pero nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca hubo una respuesta concreta. Y todavía, o sea, ayer se nos dijo que la federación estaba pidiendo más dinero”.

Uno de los elementos que más llamó la atención en esta denuncia fue la mención de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Valencia explicó que una de las justificaciones que habrían recibido era que el dinero entregado por los compradores supuestamente había sido canalizado a dicho organismo.

No obstante, aseguró que hasta este momento no existe documentación que respalde esa versión ni evidencia de que los recursos hayan sido utilizados para adquirir los boletos.

“La explicación que se nos ha dado es que el dinero supuestamente se entregó a la federación, pero hasta este momento pues no hay comprobantes, como les digo, no hay boletos y pues no ha habido una devolución. Entonces hago este video porque queremos respuestas y yo quiero aclarar algo”.

Ante la creciente viralización del caso, la afectada también quiso dejar claro que su denuncia no está dirigida contra la Federación Mexicana de Futbol ni contra Héctor Moreno, quien no ha sido señalado de participar en la operación. Según explicó, el reclamo está enfocado exclusivamente en César Moreno, a quien responsabilizan por la falta de entrega de los accesos.

Además, Valencia aseguró que no se trata de un caso aislado. De acuerdo con su versión, alrededor de 50 personas habrían resultado afectadas tras entregar dinero para obtener entradas de la Copa Mundial 2026 y que, a pocas horas del silbatazo inicial, continúan sin boletos y sin una respuesta definitiva.

Mientras la polémica sigue creciendo en redes sociales, el caso se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados mexicanos en la víspera de la inauguración del torneo más importante del futbol mundial. Por ahora, los denunciantes esperan una explicación, la entrega de las entradas o el reembolso correspondiente, mientras la historia continúa generando debate en internet.

Una pareja de jubilados sufrió un violento robo bajo la modalidad del “cuento del tío” el martes por la tarde en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes se hicieron pasar por su hija y por empleados bancarios, los engañaron para que entregaran sus ahorros y escaparon con entre USD 800.000 y USD 1.000.000.

De acuerdo con Aire de Santa Fe, el robo ocurrió cerca de las 18:50 en una vivienda de calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, y dejó al propietario con lesiones leves tras ser empujado durante la entrega del dinero.

Según fuentes policiales, las víctimas son un hombre de 82 años y una mujer de 83, quienes recibieron una llamada de una mujer que simuló ser su hija. Durante esa comunicación, la falsa familiar les dijo que dos personas pasarían a retirar los ahorros en dólares para depositarlos en una sucursal del Banco Nación.

Minutos después llegaron dos hombres que se presentaron como empleados bancarios y, cuando los jubilados iban a entregar el dinero, empujaron al dueño de casa y le provocaron lesiones leves antes de escapar con el efectivo. Tras recibir el efectivo, huyeron y las víctimas alertaron al 911.

Tras la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se presentó en el lugar para entrevistar a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones. En el operativo se revisaron cámaras de seguridad y se registró la retirada de los autores en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación que trabaja en la identificación de los culpables y el la reconstrucción del hecho.

Robaron más de 25 mil dólares a jubilados en La Plata

Una banda asaltó a una pareja de jubilados en La Plata, los maniataron y robó más de USD 25.000, además de pesos, armas de fuego y una camioneta, en una entradera ocurrida en una vivienda sobre la ruta 36 y 66, en el límite entre Lisandro Olmos y Los Hornos.

Los delincuentes también exigieron las llaves de un comercio lindero, donde forzaron dos cajas de seguridad y se apoderaron de una suma superior a la mencionada, de acuerdo con 0221. Dentro de la vivienda estaba su esposa, que intentó cerrar la puerta al advertir la situación, pero los agresores la derribaron a patadas y entraron por la fuerza.

El ataque comenzó cuando el hombre regresaba a su casa y bajaba de su vehículo. En ese momento, tres asaltantes vestidos de negro, con gorras y pasamontañas, lo abordaron armados y lo obligaron a ingresar a la propiedad. El episodio duró cerca de una hora.

Ya en el interior, redujeron al matrimonio, lo ataron de pies y manos y exigieron dinero. Según la denuncia, uno de los ladrones golpeó al jubilado mientras repetía: “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le corto los dedos”.

La investigación reconstruyó que dos integrantes recorrieron los ambientes en busca de efectivo y objetos de valor, mientras un tercero custodiaba a las víctimas. El botín incluyó $8.000.000, documentación personal, dos armas de fuego registradas del jubilado y una camioneta Ford Territory.

Según el relato de la víctima, los asaltantes deslizaron durante el hecho que abandonarían el vehículo en el partido de La Matanza, aunque no había precisiones sobre el destino de la camioneta ni sobre el recorrido de escape. Tras la fuga, el matrimonio se liberó por sus propios medios y alertó a las autoridades. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Policía Científica para realizar peritajes e intentar identificar a los responsables.

La aparición de un débito no autorizado en el resumen de una tarjeta de crédito o en la cuenta bancaria puede generar preocupación y desconcierto entre los usuarios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece una serie de pasos claros para que los clientes puedan reclamar, proteger su dinero y revertir la operación en tiempo y forma. A continuación, se describe el procedimiento recomendado y los derechos que asisten a los usuarios, con citas textuales de la normativa y recomendaciones del organismo.

Primeros pasos ante un débito no autorizado

La acción inmediata ante la detección de un débito no consentido es contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta. El BCRA indica: “Comunicáte primero con tu banco para iniciar el reclamo y pedir la suspensión del débito automático”. Esta comunicación puede realizarse por los canales oficiales del banco, como teléfono, home banking o sucursales, y debe quedar registrada.

El usuario debe solicitar la suspensión del débito automático para evitar que se repita en el futuro. Además, el cliente tiene derecho a exigir la constancia del trámite presentado y el número de reclamo, elementos que servirán como respaldo en futuras gestiones. Según el BCRA, “una vez que lo hayas formalizado, pedí un número de reclamo y la constancia o copia del trámite presentado”.

Plazos y derechos: reversión del débito

El marco regulatorio vigente permite al usuario solicitar la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se efectuó. El BCRA detalla que, para que la devolución sea efectiva, el banco debe responder en un plazo máximo de 72 horas hábiles. En palabras del organismo: “Podés pedir la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se efectuó y solicitar que la devolución se realice en un máximo de 72 horas hábiles”.

En caso de que el banco no brinde respuesta satisfactoria dentro de los 10 días hábiles posteriores al reclamo, el cliente puede elevar la queja ante el propio BCRA a través de su sitio web oficial. El formulario específico para este tipo de reclamos está disponible en la dirección de la entidad monetaria - Otros reclamos relacionados con productos o servicios financieros.

El BCRA recuerda además que “la normativa permite suspender débitos automáticos hasta el día hábil anterior al vencimiento y revertirlos dentro de los 30 días corridos”. Esto significa que el usuario cuenta con una ventana de tiempo amplia para ejercer sus derechos sobre la operatoria bancaria.

Paso a paso: cómo actuar ante un débito no autorizado

A continuación, el procedimiento recomendado por el Banco Central de la República Argentina:

1. Verificá el débito en tu resumen de tarjeta de crédito o movimientos de cuenta bancaria.
2. Contactá de inmediato a tu banco o entidad emisora para iniciar el reclamo y solicitar la suspensión del débito automático.
3. Solicitá el número de reclamo y la constancia o copia del trámite realizado.
4. Pedí la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se realizó la operación.
5. Exigí que la devolución se realice en un plazo máximo de 72 horas hábiles contadas desde el momento del pedido.
6. Conservar toda la documentación relacionada con el reclamo, incluyendo capturas de pantalla, correos electrónicos y constancias emitidas por el banco.
7. Si en 10 días hábiles no recibís respuesta o la solución no es satisfactoria, presentá el reclamo ante el BCRA mediante el formulario web oficial.

Recomendaciones para prevenir débitos no autorizados

La prevención resulta clave para evitar inconvenientes con débitos automáticos no consentidos. El BCRA recomienda:

• Controlar periódicamente servicios como suscripciones digitales, seguros o membresías, que suelen generar cobros automáticos.
• Activar notificaciones en la app del banco para recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento o débito en la cuenta.
• Revisar de forma frecuente el resumen de la tarjeta de crédito y los movimientos de la cuenta bancaria para detectar operaciones desconocidas.

Estas prácticas permiten identificar rápidamente cualquier débito no autorizado y agilizar el reclamo, ya que los plazos para revertir la operación comienzan a correr desde la fecha en que se efectúa el débito.

La normativa del Banco Central de la República Argentina protege a los usuarios de servicios financieros ante situaciones de débitos no consentidos. Los bancos y entidades emisoras están obligados a suspender y revertir operaciones no autorizadas según los plazos y condiciones estipulados. En caso de incumplimiento, el BCRA actúa como instancia de reclamo y supervisión.

El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana autorizó la demolición total del edificio inconcluso del proyecto Floreal del Sol, ubicado en la avenida San Martín 565, en las cercanías del centro de Escobar. Se trata de un proyecto de viviendas de lujo que se presentaba como una opción de inversión rentable. Ahora se investiga una presunta estafa.

La resolución judicial responde a un pedido formal de la Municipalidad de Escobar, que fundamentó la solicitud en la necesidad de garantizar la seguridad pública.

“Ante los distintos riesgos que provoca la edificación inconclusa y abandonada y su impacto potencial en cuanto a la seguridad estructural por riesgo de hundimiento o deslizamiento de suelo haciendo peligrar su estabilidad, se autoriza a la demolición de la totalidad de dicha construcción”, indica el documento judicial.

El fallo, según informó el portal El Día de Escobar, ordena no solo la demolición del edificio de 14 pisos, paralizado hace más de una década, sino también el desmonte de una grúa torre de aproximadamente 30 metros de altura y la remoción de andamios, encofrados y otros elementos que representan un peligro para el entorno.

“Por riesgo de colapso de la grúa torre de aproximadamente 50 metros de altura con sus contrapesos y accesorios, que está sin funcionamiento por más 10 años, se proceda a su inmediato desanclaje del terreno, desarme y retiro del lugar por constituir un factor de riesgo para la seguridad de su entorno (viviendas y personas)”, ordena el juzgado.

“Esta tarea quedará a cargo de personal especializado del municipio(o de terceros que este contrate) y será con cargo de su costo al titular del inmueble. El municipioresultará depositario de las piezas desmontadas ysus accesorios”, agrega.

El magistrado Leandro Marcos Cappello consideró que la falta de respuesta por parte de la empresa propietaria, Doro Florida S.A., a los reiterados requerimientos municipales agravó el deterioro de la obra y el suelo donde se emplaza.

La sentencia representa un avance en las gestiones iniciadas por el Municipio, que desde 2022 impulsa medidas para definir el destino de la obra.

El expediente judicial, que sigue abierto, acumula cientos de reclamos de damnificados que esperan una solución para el desarrollo inmobiliario anunciado en 2010 como uno de los más ambiciosos de la zona, y que contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos y un hotel internacional.

El desarrollo inmobiliario prometía acceso a cocheras desde USD 16.000 y habitaciones de hotel a partir de USD 102.000, bajo un sistema de fideicomiso que aseguraba ganancias en divisas.

La propuesta logró captar a numerosos inversores y permitió iniciar la construcción, aunque el proyecto nunca alcanzó la etapa de finalización.

La actividad en la obra quedó completamente suspendida en 2015. A partir de ahí, el tema pasó a la Justicia, donde se investiga una supuesta estafa vinculada a maniobras fraudulentas que habría afectado a más de 240 personas.

Entre abril de 2011 y mayo de 2016, las inversiones sumaron cerca de 5 millones de dólares, pero los compradores nunca recibieron las propiedades prometidas.

La sentencia se encuentra en primera instancia y podría ser apelada por los dueños, lo que dejaría la medida en suspenso hasta que el proceso judicial avance y se definan los aspectos operativos para la ejecución de la demolición.

El documento judicial subraya que no existen impedimentos legales para el retiro de la grúa ni de los elementos de riesgo, incluso en relación a medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al predio.

Mientras la resolución aguarda quedar firme, el edificio permanece sin uso y el futuro del terreno sigue indefinido, a la espera de que el proceso judicial se complete.

El teléfono puede sonar y, al contestar, la voz al otro lado asegura representar al banco. El mensaje suele ser urgente: “su dinero está en peligro”, “su cuenta ha sufrido un acceso no autorizado” o “hay un movimiento sospechoso”, siendo unas llamadas que logran inquietar a cualquier persona.

De acuerdo con la la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores explotan el miedo y la sorpresa, aprovechando la presión del momento para obtener información confidencial.

“Ellos lo perciben y dicen que te pueden ayudar. ¿Deberías confiar? No”, sostiene la agencia estadounidense. Los ciberdelincuentes cuentan con datos como el nombre, la dirección o los últimos movimientos bancarios de la víctima, lo que añade credibilidad a la llamada.

Cuáles señales ayudan a detectar si una llamada de alerta bancaria es legítima

Las entidades bancarias y autoridades subrayan que ningún banco solicitará contraseñas, códigos de verificación o accesos remotos durante una llamada. De hecho, una de las primeras pautas es colgar el teléfono y contactar directamente al banco usando datos oficiales.

Según la FTC, “usa la aplicación o el sitio web oficial para ponerte en contacto con el departamento de fraude” y evita confiar en números que aparecen en búsquedas de internet, porque los estafadores pagan anuncios para posicionar teléfonos falsos.

Otra señal de alerta es la urgencia. Los ciberdelincuentes insisten en que el problema debe resolverse de inmediato, amenazando con bloqueos o pérdidas irreparables.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) afirma que “bajo presión, es más fácil que actuemos sin pararnos a pensar”, así que sugieren no ceder ante la prisa y desconfiar de cualquier demanda urgente.

Qué es la ingeniería social y cómo se usa en las estafas bancarias

La ingeniería social es una técnica empleada por los ciberdelincuentes para manipular a la víctima con el fin de que entregue voluntariamente datos personales o realice alguna acción, como transferir fondos económicos.

Según el INCIBE, los estafadores utilizan el phishing (correo), smishing (mensaje de texto) o vishing (llamada telefónica) para lograr sus objetivos, y la llamada falsa del banco es una de las estafas más extendidas.

En muchos casos, los datos no se obtienen mediante un ataque técnico, sino por el engaño directo. El INCIBE señala que “el eslabón más débil es el propio usuario”, porque el delincuente crea una narrativa persuasiva y solicita la información bajo la excusa de proteger la cuenta.

Por qué los ciberdelincuentes pueden saber datos personales y bancarios

El acceso a información personal por parte de los estafadores responde a varias vías. Una de las más frecuentes es la compra o robo de bases de datos con nombres, direcciones, fechas de nacimiento o incluso detalles bancarios.

La FTC advierte que “es posible que la persona que llama sepa cosas sobre ti, pero eso no significa que sea confiable”. Otro punto clave es que la propia huella digital facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.

El INCIBE destaca que gran parte de los datos están disponibles públicamente en redes sociales, fotografías o comentarios que revelan rutinas y relaciones. “Con estos datos pueden construir perfiles detallados y lanzar ataques personalizados mucho más creíbles”.

Cómo protegerse ante una llamada fraudulenta

Los expertos sugieren actuar con cautela y seguir ciertos pasos para evitar caer en la trampa. Lo primero es obtener información básica sobre la supuesta alerta y colgar el teléfono.

Luego, se debe verificar la historia comunicándose con el banco mediante canales oficiales. Según la FTC, nunca hay que compartir información personal o códigos de verificación, ni permitir el acceso remoto a dispositivos.

Asimismo, otra pauta es conversar con un familiar o amigo antes de tomar una decisión. Ningún departamento de fraude legítimo pedirá que la llamada se mantenga en secreto.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 10 años de prisión para Mauricio Alonso Alvarado Ayala, ciudadano guatemalteco, por el delito de estafa tras comprobarse su responsabilidad en un fraude relacionado con falsas gestiones de visas de trabajo para Estados Unidos.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de USD 1,297 como responsabilidad civil a favor de las dos víctimas.

La investigación judicial estableció que, en 2022, Alvarado Ayala contactó a dos personas en Santa Tecla, La Libertad, asegurando que poseía la nacionalidad estadounidense y contactos dentro de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Según la denuncia, afirmó que podía agilizar trámites migratorios y facilitar la obtención de visas de trabajo. Las víctimas, confiando en sus afirmaciones, entregaron la suma de dinero solicitada por el imputado en calidad de supuestos gastos de gestión.

Los trámites prometidos nunca se realizaron. Durante meses, las víctimas esperaron una respuesta favorable, pero al no recibir información ni avances en el proceso, intentaron comunicarse insistentemente con el imputado, quien dejó de responder a sus llamadas y mensajes.

Ante la ausencia de comunicación, decidieron consultar directamente en la sede diplomática, donde confirmaron que no existía ningún trámite de visa a sus nombres.

Al constatar el fraude, las afectadas presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades. La Fiscalía General de la República reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron identificar la participación de Alvarado Ayala en el delito de estafa.

El tribunal consideró suficientes los elementos probatorios presentados y dictó la condena de 10 años de prisión, junto con la obligación de restituir el monto entregado por las víctimas.

El caso pone de manifiesto cómo la confianza depositada en intermediarios no autorizados puede derivar en situaciones de fraude y pérdida económica para quienes buscan oportunidades laborales fuera del país. Las autoridades reiteran la importancia de verificar siempre la legalidad de los procedimientos migratorios y evitar acudir a personas que ofrezcan atajos o garantías irregulares para la obtención de documentos.

Envían a juicio a hombre acusado de tráfico ilegal de personas en Sonsonate

El Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate resolvió enviar a juicio a Wilber M. C. por el delito de tráfico ilegal de personas, después de que la Fiscalía General de la República presentara pruebas durante la audiencia preliminar.

El informe del caso indica que el imputado ofreció sus servicios a una víctima para guiarla de manera irregular hacia Estados Unidos.

El acuerdo entre ambas partes contemplaba un viaje a inicios de 2024, para lo cual el imputado exigió un pago anticipado de USD 1,500 y prometió ayudar a la víctima a evadir los controles migratorios.

Tras recibir el dinero, el acusado dejó de responder llamadas y mensajes, lo que motivó a la persona afectada a presentar la denuncia ante las autoridades. Al no presentarse a la audiencia, el juzgado declaró a Wilmer M. C. en condición de rebelde.

Millones de personas descargaron aplicaciones que prometían acceder a llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp de terceros, pero terminaron siendo víctimas de una estafa. Investigadores de la empresa de ciberseguridad ESET descubrieron una red de 28 aplicaciones fraudulentas distribuidas a través de Google Play que cobraban hasta 80 dólares por información completamente inventada.

La campaña, denominada CallPhantom, consiguió más de 7,3 millones de descargas antes de que Google retirara las aplicaciones de su tienda oficial. Los ciberdelincuentes aprovecharon la curiosidad de los usuarios y utilizaron falsas promesas de espionaje para obtener dinero mediante suscripciones y pagos directos.

Según los investigadores de ESET, ninguna de las aplicaciones tenía capacidad para acceder a las comunicaciones de otras personas. En realidad, todo lo que mostraban eran datos generados de forma artificial para dar la impresión de que estaban obteniendo información real.

Cómo funcionaba la estafa

El mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes era sencillo, pero efectivo. Después de instalar una de las aplicaciones, el usuario debía ingresar el número de teléfono de la persona cuya actividad quería consultar. A continuación, aparecían barras de progreso, animaciones y mensajes que simulaban un proceso de análisis en tiempo real.

Una vez finalizado el supuesto procedimiento, la aplicación informaba que había encontrado llamadas, nombres y conversaciones. Sin embargo, para acceder a esos resultados era necesario pagar una suscripción.

El análisis realizado por ESET reveló que toda la información era falsa. Los investigadores explicaron que las aplicaciones combinaban números telefónicos codificados previamente, nombres predefinidos y marcas de tiempo generadas aleatoriamente para crear la apariencia de datos auténticos.

“Nuestro análisis reveló que los resultados mostrados a las víctimas son completamente fabricados”, señalaron desde la compañía.

Aprovecharon la curiosidad de los usuarios

ESET indicó que no está claro cómo se promocionaron estas aplicaciones, aunque considera que los delincuentes se beneficiaron del interés que generan este tipo de herramientas. Además, algunas aplicaciones incluían reseñas falsas que contribuían a generar una sensación de legitimidad.

En ciertos casos, los desarrolladores utilizaban nombres engañosos como “Indian gov.in”, con el objetivo de aparentar una vinculación con organismos oficiales. La presión para conseguir que los usuarios pagaran también formaba parte de la estrategia.

Si una persona intentaba abandonar la aplicación sin contratar una suscripción, recibía notificaciones que aseguraban que los resultados ya estaban listos y que solo debía desbloquearlos mediante un pago.

Las suscripciones llegaban hasta los 80 dólares

Los investigadores detectaron diferentes modalidades de cobro. Algunas aplicaciones ofrecían planes básicos por unos cinco euros, mientras que las suscripciones más costosas podían alcanzar los 80 dólares anuales.

Los pagos se realizaban a través del sistema oficial de Google Play, pero también mediante servicios de terceros e incluso formularios que solicitaban directamente los datos de las tarjetas bancarias.

Esta última modalidad representa un riesgo adicional para las víctimas, ya que Google no puede intervenir ni gestionar reembolsos cuando el pago se efectúa fuera de su plataforma.

La compañía de ciberseguridad advirtió que quienes ingresaron los datos de su tarjeta directamente en las aplicaciones podrían quedar expuestos a cargos no autorizados.

Qué hacer si descargaste alguna de estas aplicaciones

ESET recomienda actuar de inmediato en caso de haber instalado alguna de las herramientas relacionadas con CallPhantom.

La primera medida consiste en revisar las suscripciones activas dentro de Google Play. Para ello, los usuarios deben ingresar en Perfil, luego en “Pagos y suscripciones” y finalmente en “Suscripciones”.

Si existe algún pago asociado, es recomendable cancelarlo manualmente. En aquellos casos en los que la compra se haya realizado mediante el sistema oficial de Google Play, también es posible solicitar un reembolso siguiendo las políticas de la compañía.

Por otra parte, quienes hayan introducido los datos de su tarjeta directamente dentro de las aplicaciones deberían comunicarse con su banco para bloquear el medio de pago y desconocer cualquier operación sospechosa.

Por qué estas promesas son imposibles de cumplir

Los investigadores de ESET subrayan que ninguna aplicación legítima puede acceder a las llamadas, mensajes o conversaciones privadas de otra persona sin su consentimiento y sin tener acceso físico al dispositivo.

Por ello, cualquier herramienta que prometa espiar las comunicaciones de terceros debe considerarse una señal de alerta.

“Es imposible que una aplicación legítima obtenga datos privados de otro número sin el consentimiento y acceso físico al dispositivo; cualquier promesa en sentido contrario es, por definición, una estafa”, concluyeron los especialistas.

El caso de CallPhantom demuestra que, en muchos casos, quienes intentan obtener información privada de otras personas terminan convirtiéndose en las verdaderas víctimas del fraude.

Aquellas personas que confían en aplicaciones que prometen espiar celulares de terceros con la esperanza de acceder a llamadas, mensajes y conversaciones de WhatsApp de sus parejas o conocidos, fueron objetivos de estafa y su dinero puede estar en riesgo.

Al acceder a estas plataformas, muchos lo que en realidad se encuentran es un esquema de fraude global, orquestado por una red de ciberdelincuentes que aprovecha la curiosidad de los usuarios y termina generando pérdidas económicas y riesgos adicionales para las víctimas.

Cómo funcionan las apps fraudulentas de espionaje

Las investigaciones de ESET, empresa especializada en ciberseguridad, revelaron la existencia de al menos 28 aplicaciones distribuidas en Google Play bajo la campaña denominada CallPhantom. Estas apps aseguraban poder recuperar historiales de llamadas, registros de mensajes SMS y hasta logs de WhatsApp de cualquier número telefónico.

El proceso era sencillo para el usuario: descargar la aplicación, ingresar el número de teléfono que se quería espiar y observar cómo la pantalla mostraba barras de progreso, mensajes y simulaciones de carga que fingían estar accediendo a información privada en tiempo real. Para visualizar los supuestos resultados, la app exigía el pago de una suscripción o tarifa especial.

Sin embargo, el análisis de los expertos fue contundente: ninguna de estas aplicaciones tenía la capacidad de acceder a datos reales. Todo el contenido presentado –números de teléfono, nombres, horarios y duraciones de llamadas– era generado de manera aleatoria y predefinida dentro del código de la aplicación.

El usuario, tras pagar, solo recibía información fabricada, pero presentada con un formato que buscaba engañar y convencer de su autenticidad.

Cuántas personas fueron víctimas de esta estafa

La magnitud de la estafa fue global. CallPhantom y sus variantes lograron superar los 7,3 millones de descargas antes de ser retiradas de la tienda oficial de Android. Los delincuentes detrás de este esquema apelaron a la curiosidad y el deseo de control de los usuarios, quienes terminaron pagando hasta 80 dólares por suscripciones anuales por datos falsos.

Para incrementar la credibilidad de sus productos, los desarrolladores utilizaban nombres falsos, como “Indian gov.in”, simulando una supuesta afiliación con entidades oficiales. Además, las apps publicaban reseñas falsas para atraer a más víctimas y presentaban capturas de pantalla con historiales inventados como si fueran pruebas de funcionamiento.

Los métodos de cobro eran variados: desde suscripciones oficiales de Google Play, pasando por plataformas de pago de terceros compatibles con UPI, hasta formularios internos para ingresar directamente los datos de la tarjeta bancaria.

En muchos casos, las aplicaciones incluían URLs codificadas o utilizaban bases de datos en tiempo real, lo que permitía a los operadores modificar las cuentas receptoras de pagos en cualquier momento y dificultar la recuperación del dinero.

Cuando el usuario intentaba salir de la app sin pagar, esta enviaba notificaciones insistiendo en que los resultados ya estaban disponibles, presionando para completar la suscripción y aumentar la urgencia de la decisión.

Cuáles eran los riesgos para quienes pagan por estas apps

El principal riesgo es financiero: los usuarios pierden el dinero invertido sin recibir ningún dato verdadero. Las sumas cobradas iban desde cinco euros en los niveles más bajos hasta 80 dólares por suscripciones anuales.

En los casos en que el pago se realizaba mediante Google Play, era posible solicitar algún reembolso, pero si el pago se hacía por plataformas externas o ingresando la tarjeta directamente en la app, las víctimas quedaban a merced de los desarrolladores o de los intermediarios de pago, sin protección ni posibilidad de recuperar el dinero.

A esto se suma el peligro de exponer datos bancarios en plataformas administradas por ciberdelincuentes. Ingresar información sensible como los datos de la tarjeta de crédito en una aplicación fraudulenta puede derivar en cargos no autorizados y eventuales robos de identidad o acceso indebido a cuentas bancarias.

Además, el uso de estas apps puede generar consecuencias legales, ya que la promesa de espiar comunicaciones privadas sin consentimiento es, por definición, una actividad ilícita.

Según el análisis de ESET, ninguna aplicación legítima puede obtener datos privados de otro número sin el consentimiento y acceso físico al dispositivo. Cualquier afirmación contraria es una señal clara de estafa.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Mauricio Alonso Ayala a 10 años de prisión por estafa contra dos víctimas, tras ofrecerles gestionar visas de trabajo hacia Estados Unidos, según Centros Judiciales. La sentencia también ordenó el pago de $1.297 en concepto de responsabilidad civil.

De acuerdo con Centros Judiciales, el tribunal giró una orden de captura contra Ayala por estar en condición de rebeldía. La condena se basó en las declaraciones de las víctimas y en prueba documental y pericial incorporada al proceso.

Los hechos ocurrieron en enero de 2022, cuando Ayala dijo a dos compañeras de trabajo que era ciudadano estadounidense y que tenía contactos dentro de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador para agilizar trámites migratorios. Las víctimas entregaron el monto para supuestos gastos de gestión.

Con el paso de los meses, el imputado dejó de responder llamadas y las afectadas verificaron en la embajada que no existía ninguna solicitud de visa a su nombre, según Centros Judiciales. Tras esa confirmación, presentaron la denuncia.

La ley castiga con hasta 15 años los fraudes que safecten a 10 personas

En El Salvador, la estafa está castigada en el Código Penal con penas que, según la modalidad y la cuantía defraudada, van de 5 a 8 años de prisión en su forma básica y de 8 a 15 años cuando concurre una agravante, después de que en febrero de 2025 la Asamblea Legislativa determinó un nuevo marco sancionatorio para este delito.

La legislación salvadoreña distingue entre estafa simple y estafa agravada. Para la modalidad agravada, la pena se mantiene entre 8 a 15 años cuando el valor de lo defraudado supera los 87.500 colones o cuando afecta a 10 o más personas. La misma sanción también aplica si en el hecho participa un servidor público, una autoridad o una o más personas pertenecientes a organizaciones terroristas.

Para que la Fiscalía General de la República pueda impulsar un proceso penal por estafa, los tribunales exigen una secuencia concreta de hechos. Primero debe existir un engaño o ardid; luego ese engaño debe provocar error en la víctima; después la persona afectada debe realizar voluntariamente un acto de disposición patrimonial; y, por último, debe producirse un perjuicio económico con beneficio ilícito para el autor.

Ese orden no es accesorio. Si el engaño aparece después de haber recibido el dinero, la justicia salvadoreña suele encuadrar el caso como un incumplimiento de contrato civil y no como un delito de estafa.

Esa diferencia responde a la estructura misma del tipo penal: el fraude debe ser el detonante que induce a la víctima a entregar dinero o bienes. Si no hubo engaño previo, falta uno de los elementos que permiten perseguir el hecho en la vía penal.

Fraudes con tecnología, cheques sin fondos y bienes de primera necesidad

El régimen agravado incluye varios supuestos específicos. Entre ellos figuran los casos en que la estafa recae sobre artículos de primera necesidad, viviendas o terrenos destinados a la construcción de viviendas.

También se considera agravada cuando se comete mediante medios informáticos, manipulación de datos o tecnologías de la información. A eso se suman los fraudes ejecutados con cheques sin fondos, abuso de firma en blanco o con el propósito de cobrar indebidamente un seguro.

La ley también endurece el castigo cuando el delito se comete en un distrito distinto al del domicilio del autor para dificultar su persecución. Ese mismo aumento de pena se aplica si la maniobra perjudica a un grupo amplio de víctimas o si el monto supera el umbral económico previsto por la norma.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza homologó la condena a 4 años y 8 meses de prisión contra la extitular del Registro Civil de la localidad sanjuanina de Pocito, acusada de integrar una asociación ilícita que emitía documentos nacionales de identidad apócrifos para concretar estafas mediante la obtención de créditos y la compra de bienes que luego eran comercializados. También fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionaria pública.

Se trata de Natalia Lorena Castillo, a quien le secuestraron en su domicilio un total de 197 DNI realizados con material auténtico, a nombre de personas reales, pero con los datos biométricos de otras personas. La pesquisa determinó que el perjuicio económico fue superior a los 142 millones de pesos.

Otros 4 integrantes de la organización recibieron penas entre 3 y 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que un sexto imputado obtuvo una pena de ejecución condicional.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan

En tanto, las condenas fueron homologadas por el juez con funciones de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi.

La investigación

El jefe de la organización fue identificado como Rolando Javier Navarro Saide, con la colaboración de Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba, Marcelo Omar Cardozo, Natalia Castillo y Marcos Vallejo.

El caso comenzó a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires. En su planteo advirtió que habían usado un DNI a su nombre para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales con sus datos. Sin embargo, la fotografía y huellas dactilares eran ajenas.

Las primeras pesquisas permitieron vincular las maniobras con la sede Pocito del Registro Civil, con la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.

A raíz de los allanamientos y el secuestro de prueba documental y digital, la Unidad Fiscal San Juan logró reconstruir el funcionamiento de la organización liderada por Navarro Saide.

La maniobra consistía en reclutar personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar DNI falsos. Luego, con esa documentación, se gestionaban créditos y se adquirían bienes, especialmente electrodomésticos, que posteriormente eran vendidos en el mercado informal.

De acuerdo a las actuaciones, Castillo aprovechó su condición de funcionaria pública y del uso de claves de acceso al sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para facilitar la carga de datos filiatorios auténticos de las víctimas, pero incorporando las huellas dactilares y fotografías de las personas enviadas por la organización.

De ese modo, se emitieron documentos materialmente auténticos por provenir de un organismo oficial, aunque ideológicamente falsos porque los datos biométricos no correspondían con sus verdaderos titulares.

Si bien los sistemas de control del RENAPER detectaron inconsistencias y bloquearon 18 trámites, la organización ya había concretado al menos cinco emisiones de documentos que sirvieron para solicitar créditos y efectuar compras tanto de manera presencial como virtual.

Bioceres Crop Solutions denunció una presunta estafa por USD 12 millones que involucra a su exdirectiva Gloria Montarón Estrada.

Según la presentación hecha ante la justicia de Santa Fe el miércoles pasado, Montarón Estrada habría transferido 5,3 millones de acciones de la empresa, lo que habría causado un perjuicio económico para Bioceres y, de manera indirecta, para sus accionistas y acreedores.

La denuncia ubica los hechos en octubre de 2025. Allí se detalla que la operación se realizó a través de una carta de indemnidad, mediante la cual se evitó el trámite habitual de certificación de firmas y se liberó de responsabilidad a la entidad que custodiaba las acciones. Todo el proceso, según comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae, fue gestionado por Montarón Estrada, quien en ese momento ya no era parte de Bioceres, sino que presidía el directorio y encabezaba el área legal de Moolec, la holding que controlaba toda la operación.

De acuerdo al escrito judicial, la carta presentada incluía una firma falsa atribuida a Federico Trucco, CEO de Bioceres. Trucco declaró que nunca firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. La denuncia sostiene que Montarón Estrada habría aprovechado su relación previa con la empresa para ejecutar la maniobra.

La operación culminó con la transferencia de las acciones a una firma vinculada al ecosistema de Moolec Science, lo que generó una pérdida para Bioceres Crop Solutions, que fue uno los apéndices de la empresa que cotiza en Wall Street (BIOX) y hoy funciona de manera separada, y sus accionistas. Voceros de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. afirman que los nuevos accionistas, entre ellos el empresario uruguayo, Juan Sartori, no estaban al tanto de la maniobra y señalan a Montarón Estrada como principal responsable.

En el centro del conflicto, marcado por denuncias cruzadas y graves acusaciones económicas, están Federico Trucco, CEO y fundador de la compañía, y Juan Sartori, empresario uruguayo, exsenador y exprecandidato presidencial, quien ingresó como accionista en 2025.

El enfrentamiento entre Trucco y Sartori atraviesa el presente de Bioceres y explica el trasfondo de la crisis. En los últimos años, la compañía biotecnológica, que alguna vez fue señalada como potencial unicornio argentino, quedó envuelta en una profunda crisis financiera y societaria. El conflicto se agudizó luego del ingreso de Sartori como accionista tras la convocatoria de Trucco.

La relación se deterioró rápidamente y derivó en una “guerra de comunicados” y denuncias cruzadas. La nueva conducción, encabezada por Sartori, responsabilizó a Trucco y a la gestión anterior por el deterioro patrimonial y la caída del valor de la empresa. De hecho, atribuyó el colapso financiero a decisiones tomadas bajo la conducción centralizada de Trucco, incluyendo la emisión de pagarés bursátiles, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones de deuda. Alegaron que estas maniobras terminaron por agravar la exposición financiera del grupo y precipitaron el pedido de quiebra de Bioceres S.A., presentado como una “medida necesaria” ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles.

Por su parte, allegados a Trucco rechazan la versión de la nueva conducción y acusan a Sartori de haber impulsado el default de pagarés y una estrategia hostil con los acreedores. Según fuentes cercanas al ex CEO, Sartori intentó desplazarlo del control de BIOX con una oferta hostil que no prosperó, y luego avanzó con la venta de acciones a pérdida, lo que habría generado una pérdida adicional de unos USD 20 millones. Además, señalan que la quiebra de Bioceres S.A., decretada el pasado 3 de marzo por la justicia santafesina, fue utilizada como herramienta de presión societaria en medio del proceso judicial.

El conflicto escaló en los últimos meses, en paralelo a la caída del valor de las acciones de BIOX en el Nasdaq, que pasaron de USD 7 a menos de USD 1 desde el ingreso de Sartori. Hoy la acción cotiza a USD 0,49, uno de los valores mas altos del papel de BIOX en todo mayo, aunque tuvo picos de USD 0,54. En este escenario, la empresa se encuentra dividida entre quienes responden a Trucco y quienes apoyan a Sartori, mientras las causas judiciales y las acusaciones por el manejo de activos y decisiones estratégicas siguen sin resolverse.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador dictó prisión provisional para José Roberto Aparicio Chávez, de 53 años, acusado de estafa agravada en contra de una sociedad dedicada a la venta de productos farmacéuticos. La medida surge tras comprobar que el imputado giró cuatro cheques sin fondos por un valor total de $33,320 en el marco de un acuerdo comercial relacionado con la compra de guantes quirúrgicos, según la información difundida por Centros Judiciales El Salvador.

De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), desde 2020 el procesado estableció una relación comercial con la sociedad víctima para la adquisición de productos médicos e insumos hospitalarios. Durante este período, el acusado realizó varias transacciones sin inconvenientes, lo que generó confianza en la empresa afectada.

El caso que derivó en la detención ocurrió cuando la víctima entregó un lote de guantes quirúrgicos tras recibir los cheques que posteriormente resultaron incobrables, debido a que la cuenta bancaria había sido cerrada antes de su emisión. La suma de los documentos ascendía, según la FGR, a $33,320, monto que la farmacia no logró recuperar.

La acusación sostiene que el imputado tenía pleno conocimiento de que la cuenta ya no estaba activa en el momento en que emitió los cheques. Pese a los intentos de contacto realizados por la sociedad afectada tras el rechazo bancario, Aparicio Chávez no atendió llamadas ni respondió mensajes, lo que para la parte acusadora constituye una maniobra deliberada para burlar la buena fe del proveedor.

Durante la audiencia inicial, la jueza valoró que existen elementos suficientes para presumir la existencia del delito y la probable participación del acusado, por lo que ordenó su detención provisional y la remisión del expediente a la etapa de instrucción formal, según los datos publicados Centros Judiciales El Salvador.

El delito de estafa agravada en la legislación salvadoreña

El Código Penal de El Salvador tipifica la estafa en su artículo 215, estableciendo que comete este delito quien, con ánimo de lucro y valiéndose de ardid o engaño, induce a error a otra persona para obtener un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de un tercero. La pena ordinaria oscila entre uno y cinco años de prisión, pero si la cuantía defraudada supera los valores indicados en la ley, o si existen circunstancias agravantes —como el uso de documentos bancarios falsos o el abuso de relaciones comerciales previas—, la sanción puede elevarse hasta ocho años.

La modalidad de emitir cheques sin fondos, o después de cerrar la cuenta, constituye un agravante conforme al mismo artículo y a la Ley de Cheques, lo que refuerza la aplicación de la detención preventiva durante la fase de instrucción, de acuerdo con analistas jurídicos consultados por El Diario de Hoy, medio que ha reportado sobre casos similares en el país.

Contexto: otros casos recientes de estafas en El Salvador

Durante los últimos meses, la Policía Nacional Civil (PNC) ha informado sobre un aumento en denuncias por estafa relacionadas con cheques y transferencias electrónicas fraudulentas, muchas de ellas enfocadas en el sector de proveedores médicos y farmacias. En marzo pasado, las autoridades capturaron a dos personas por un esquema similar que afectó a una distribuidora de medicamentos en San Miguel, donde las víctimas entregaron mercadería tras recibir comprobantes falsos de transferencias.

Según cifras de la FGR, las denuncias por estafa en operaciones comerciales han crecido más de 15 % respecto al año anterior. El Ministerio de Economía ha advertido a empresas y comercios sobre la necesidad de verificar la validez de documentos bancarios antes de concretar entregas de productos, especialmente en el sector salud, donde la demanda de insumos genera oportunidades para fraudes.

El proceso judicial contra Aparicio Chávez continuará en los tribunales de San Salvador, mientras la empresa espera que la resolución siente un precedente frente a la proliferación de este tipo de delitos en el país.

La Policía de Barcelona ha abierto una investigación contra Francisco Rodríguez, conocido como el “mayor quiromántico vivo del mundo”, tras ser denunciado en abril por estafa, publicidad engañosa, intrusismo profesional y posible vulneración de la privacidad.

Una denuncia interpuesta por sus alumnos al no existir el certificado oficial del curso que imparte el acusado. Precisamente, el caso arrancó cuando un grupo de estudiantes de sus cursos encargó un informe a la agencia Cástor & Pólux Consulting, según ha adelantado El Confidencial.

Rodríguez lleva décadas construyendo una imagen de autoridad en el mundo de la quiromancia. Mexicano de nacimiento y afincado en España desde hace más de 40 años, acumula en su currículum 9 libros publicados, más de 40.000 lecturas de manos y la fundación de Mundo Quiromancia, una plataforma especializada con más de 30 millones de visitas. En 2024 protagonizó la contraportada de La Vanguardia, donde se presentaba como “quiromántico y doctor en Filosofía”, además de “sociólogo, filósofo y psicólogo”.

El Barça, Gasol y Bolt: nombres propios como aval

Entre sus credenciales más llamativas figuran sus supuestos vínculos con el deporte de élite. Aseguró haber trabajado para el FC Barcelona “en época de Sandro Rosell” y haber leído la mano a figuras como Xavi Hernández, Pau Gasol o Usain Bolt. De Bolt decía que tenía “colosal energía vital y voluntad”. A Gasol le diagnosticó “una doble línea del corazón”.

El informe encargado por sus alumnos desmonta esos relatos. Según el dossier, Rodríguez “se presenta como un gurú carismático atribuyéndose credenciales de prestigio para ganar la confianza de sus clientes” y utilizó las lecturas de Hernández y Gasol “como vehículo para validar sus teorías sobre la independencia afectiva”. Una mención que, según los investigadores, “carece de contraste científico y busca únicamente la transferencia de autoridad”.

El informe también cuestiona que se haya presentado en podcasts y entrevistas como “psicólogo del FC Barcelona”, cuando no consta colegiación activa como psicólogo en los registros oficiales de España. Eso le acarrea la acusación de posible intrusismo profesional.

Un certificado que no existe

El núcleo de la denuncia está en su curso online. Unas 700 personas pagaron 400 euros de matrícula para acceder al Programa Profesional de Quiromancia y Marketing, lo que habría generado unos 280.000 euros solo en concepto de matrículas. A cambio, se les prometía un “certificado oficial” y, según transcripciones de audios del equipo de ventas recogidas en la investigación, también importantes ingresos económicos y acceso a una bolsa de empleo para graduados.

El problema es que ese certificado no existe. “La quiromancia no es una enseñanza reglada ni reconocida oficialmente en España ni en Andorra”, recoge el informe. “No existe ningún título oficial expedido o reconocido por el Ministerio de Educación en esta materia”. Lo que recibían los alumnos era, según la investigación, “un automatismo digital generado por una plataforma al completar las visualizaciones”, sin homologación oficial ni control de calidad externo.

“El perjuicio económico es evidente y el moral también”, concluye el dossier. “Las víctimas alteraron sus planes de vida confiando en estas promesas”.

Más gastos para los mismos problemas

Varios alumnos relataron además que, una vez dentro del curso, se les presionaba para adquirir servicios adicionales: packs de marketing en redes sociales, mentorías personalizadas, formaciones complementarias. La fórmula era siempre la misma: si algo no funcionaba, la solución pasaba por invertir más dinero.

La lectura de manos individual tampoco se salvó de las quejas. Clientes que pagaron 60 euros por el servicio denuncian que nadie les atendió. Y cuando sí lo hicieron, quien estaba al otro lado no era Rodríguez. “La oferta comercial sugiere que las lecturas son realizadas por el maestro o expertos cualificados”, señala el informe. “Sin embargo, una vez realizado el pago, el servicio es derivado a terceros sin la cualificación prometida”.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el último recurso de la defensa de una mujer y confirmó su condena a tres años de prisión en suspenso por estafa y expendio de moneda extranjera falsa.

La sala IV, además, ordenó que se restituyan U$S 14.900 y U$S 7.700 a las víctimas del engaño, y dejó sin efecto la responsabilidad solidaria de su pareja, por no haber sido juzgado en el proceso.

Estafa con billetes apócrifos

La resolución de la Sala IV de Casación, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, se centró en la obligación de reparar el daño a las víctimas, delegando en el fuero civil la discusión sobre terceros involucrados.

La sentencia confirmó que la mujer cometió una estafa al entregar dólares falsos como parte de pago en la cancelación de un mutuo hipotecario. El hecho, que comenzó con la denuncia presentada en agosto de 2013, tuvo su origen en un préstamo de U$S 80.000 que otra mujer otorgó a la acusada y a su entonces pareja.

La maniobra delictiva fue documentada a partir de sucesivas entregas de dinero, con pagos parciales e irregulares. En particular, la investigación probó que el 7 de mayo de 2013 la deudora entregó $15.200 dólares en una escribanía, de los cuales $14.900 resultaron falsos y fueron depositados por la víctima en una caja de seguridad bancaria.

A su vez, tiempo después, la escribana que intervino también recibió U$S 7.700 en concepto de cancelación de deuda, que resultaron ser apócrifos, según el peritaje de la División Scopometría de la Policía Federal.

Los argumentos de la defensa: demora y desconocimiento

Durante el proceso, la defensa pública oficial de la acusada intentó anular la condena alegando, entre otros motivos, que el tiempo insumido por el trámite judicial excedió lo que considera un “plazo razonable”. El expediente tiene más de doce años de trámite: iniciado en 2013, el juicio oral y público comenzó recién en noviembre de 2025 y la sentencia se dictó el 1 de diciembre de ese año.

Se sostuvo que el proceso no presentó complejidades ni demandó medidas probatorias sofisticadas y que la demora fue injustificada, añadiendo que “la investigación de un hecho relacionado con una estafa y la puesta en circulación de billetes adulterados no presentó complejidad alguna… y se extendió por más de doce años”.

El planteo central fue, además, que no existe prueba objetiva de que la persona acusada conociera la falsedad de los billetes, ni de que los dólares que la víctima guardó efectivamente provinieran de ella. La defensa argumentó que “en la escribanía no se tomaron recaudos para afirmar, fuera de toda duda razonable, que los billetes falsos sean exactamente los recibidos”, y que era imposible saber cómo se identificaban y guardaban esas cantidades de dólares.

Por último, la defensa cuestionó la orden de restituir el dinero, al considerar que la reparación debía impulsarse por las propias víctimas y sólo podía recaer sobre bienes individuales, no sumas de dinero.

La respuesta de la Cámara: plazo razonable y carga probatoria

El tribunal de Casación descartó de plano estos argumentos. Según el voto principal, no hay derecho a un plazo automático, y la duración del proceso debe analizarse según la complejidad del caso y la conducta de las partes.

Citando fallos de la Corte Suprema y la jurisprudencia interamericana, Borinsky afirmó que “el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número específico de días, meses o años” y que, en este caso particular, “la hipótesis criminal insumió variadas medidas probatorias, tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, prueba informativa y pericial”.

La cámara consideró, además, el impacto de la emergencia sanitaria entre 2020 y 2023, entendiendo que las circunstancias justificaron la extensión del trámite y que “la duración del proceso no se presenta como irrazonable” bajo los estándares legales.

La prueba central: origen y conocimiento de los dólares falsos

En cuanto a la supuesta falta de pruebas objetivas, el fallo resalta que hubo un cúmulo de testimonios, peritajes y documentación que probaron la maniobra.

El tribunal identificó un patrón de incumplimiento reiterado del préstamo, pagos irregulares y dificultades para abonar las cuotas acordadas, lo que derivó en negociaciones para reducir el monto de la hipoteca. Cuando se concretaron los pagos, surgieron los dólares apócrifos.

Según el fallo, el peritaje de la Policía Federal determinó que todos los billetes entregados —tanto los de la caja de seguridad de la víctima como los recibidos por la escribana— eran falsos y provenían de un único origen, coincidiendo con los valores aportados en las operaciones inmobiliarias.

El tribunal subrayó que la acusada argumentó que era su pareja quien conseguía los dólares en “arbolitos” de la calle Lavalle. Pero —sostuvieron los jueces— esto no logró despejar la convicción de que conocía el origen espurio del dinero, y que incluso tenía contacto directo con el cambista.

En palabras del fallo: “La existencia de divisas apócrifas, de un mismo origen falso, en manos de las personas que realizaron transacciones con la encausada, la sitúa a ésta en una posición central”.

La reparación económica

El tribunal confirmó la obligación de la mujer, quien resultó condenada de restituir las sumas de U$S 14.900 a la dadora del crédito y U$S 7.700 a la escribana interviniente, confirmando así lo establecido por la fiscalía y los jueces de primera instancia.

La sentencia aclara que esta restitución es una consecuencia accesoria de la condena penal y puede ser dispuesta por el juez aun de oficio, sin que haya una acción civil paralela o la necesidad de que la víctima la solicite formalmente.

Sin embargo, se dejó sin efecto la obligación solidaria que alcanzaba a la pareja de la mujer, al considerar que no fue imputado en esta causa y no pudo ejercer su defensa. Para los jueces, “imponer una consecuencia patrimonial derivada de la condena penal a una persona que no fue juzgada vulnera garantías esenciales del debido proceso”.

El uso masivo de WhatsApp ha vuelto a la aplicación un espacio favorable para que circulen intentos de estafa que buscan engañar a los usuarios. En este contexto, reconocer las señales de alerta es clave para proteger la información personal y evitar caer en trampas que pueden tener consecuencias económicas o de privacidad.

Según información de WhatsApp y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), existen patrones y estrategias que revelan la verdadera naturaleza de estos mensajes.

Detectar estos indicios permite frenar la propagación de fraudes y salvaguardar datos sensibles, como contactos, conversaciones y archivos, tanto en WhatsApp como en otras plataformas de mensajería.

Cuáles son las señales más comunes para detectar una estafa en WhatsApp

La identificación de un intento de estafa requiere observar ciertos comportamientos y características en los mensajes recibidos. Según WhatsApp, las señales de alerta más frecuentes incluyen:

• Errores ortográficos o gramaticales evidentes.
• Solicitudes para tocar enlaces, activar funciones o descargar aplicaciones externas.
• Peticiones de información personal, como datos bancarios, contraseñas o fechas de nacimiento.
• Solicitudes para reenviar el mensaje a otros contactos.
• Exigencias de pago o afirmaciones de que se debe abonar dinero para usar WhatsApp.
• El remitente se hace pasar por una persona conocida o cercana.
• Mensajes que mencionan premios, loterías, empleos, inversiones o préstamos de dudosa procedencia.

Por qué no se deben abrir enlaces o archivos enviados por extraños en WhatsApp

Los enlaces y archivos adjuntos se han convertido en herramientas recurrentes para los estafadores que operan en plataformas de mensajería. Los enlaces pueden dirigir a sitios web maliciosos diseñados para robar datos personales o instalar software no autorizado en el dispositivo.

En ocasiones, estos enlaces simulan ser parte de actualizaciones oficiales o promociones exclusivas, lo que dificulta la distinción entre un mensaje legítimo y uno fraudulento.

La descarga de archivos adjuntos supone un riesgo adicional, porque pueden contener programas dañinos, conocidos como malware, que comprometen la seguridad del teléfono.

WhatsApp advierte que antes de abrir cualquier enlace o archivo es necesario examinar con detenimiento el remitente y la naturaleza del contenido. Analizar la procedencia de estos archivos y enlaces es una medida básica para frenar la entrada de amenazas.

Qué hacer si un mensaje en WhatsApp solicita datos personales o bancarios

La petición de información confidencial es una táctica clásica en los fraudes de phishing. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por entidades conocidas para obtener datos bancarios como números de tarjetas de crédito, contraseñas o documentos de identidad.

El INCIBE sugiere no proporcionar información personal a través de mensajes, incluso si el remitente parece ser un conocido, porque las cuentas pueden haber sido suplantadas.

WhatsApp aconseja verificar la identidad del remitente por otros medios, como una llamada telefónica o videollamada, antes de compartir cualquier dato.

Los estafadores suelen aprovechar la urgencia o el miedo para obtener una respuesta rápida, así que mantener la calma y revisar cada solicitud resulta esencial para evitar consecuencias negativas.

Por qué no se debe reenviar un mensaje de un desconocido en WhatsApp

Solicitar el reenvío de mensajes es una táctica para amplificar el alcance de fraudes y rumores. WhatsApp ha detectado que este tipo de mensajes suelen incluir promesas de premios, alertas o amenazas para presionar a los usuarios.

Se sugiere no reenviar mensajes que resulten sospechosos o provengan de personas desconocidas, porque se puede contribuir a la difusión de estafas masivas.

Asimismo, compartir estos mensajes facilita la obtención de nuevos objetivos para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la viralidad para expandir ciberataques. Incluso mensajes aparentemente inofensivos pueden formar parte de campañas coordinadas para recabar información personal o financiera o propagar software malicioso en cadenas de contactos.

Qué prácticas fortalecen la protección frente a fraudes en WhatsApp y otras apps

La prevención es el recurso más efectivo frente a los intentos de estafa en servicios de mensajería. El INCIBE y WhatsApp sugieren mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, así como activar la autenticación de dos factores para añadir una capa extra de seguridad.

En caso de recibir un mensaje dudoso, se sugiere reportarlo y bloquear al remitente. Utilizar software antivirus y analizar los archivos antes de abrirlos reduce la exposición ante amenazas.

A poco más de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, expertos en ciberseguridad alertaron sobre la aparición de sitios web fraudulentos que imitan páginas oficiales para vender entradas y merchandising inexistente.

El objetivo de estas plataformas es robar datos personales, contraseñas e información bancaria de los aficionados que buscan asegurar boletos o productos relacionados con el torneo. La advertencia llega en un momento de gran expectativa por el Mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La compañía de ciberseguridad ESET detectó varias páginas falsas diseñadas para parecerse a la web oficial de la FIFA. Según los especialistas, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y urgencia de los fanáticos para engañarlos mediante ofertas falsas y supuestos accesos exclusivos.

Cómo funcionan las falsas tiendas del Mundial 2026

Las páginas fraudulentas utilizan dominios que incluyen términos relacionados con “FIFA”, “World Cup” o “Mundial 2026”, acompañados por palabras como “shop”, “store” o “tickets”.

A simple vista, muchos de estos sitios parecen legítimos porque copian:

• Diseños similares a la página oficial
• Logos y colores del torneo
• Formularios de compra reales
• Fotografías oficiales
• Promociones falsas de entradas y camisetas

Los especialistas explican que esta técnica recibe el nombre de “typosquatting”, una práctica que consiste en crear direcciones web casi idénticas a las originales cambiando apenas una letra, un símbolo o una extensión del dominio.

El objetivo es que los usuarios no detecten la diferencia y entreguen voluntariamente su información personal.

Qué sucede cuando una persona entra en estas páginas

En la mayoría de los casos, las webs fraudulentas solicitan primero un registro obligatorio para supuestamente acceder a entradas o productos exclusivos.

Durante ese proceso, los ciberdelincuentes pueden pedir:

• Nombre completo
• Correo electrónico
• Número telefónico
• Contraseñas
• Dirección personal
• Datos bancarios

Luego, cuando el usuario intenta concretar la compra, aparece un formulario de pago falso diseñado para capturar los números de tarjeta y otra información financiera sensible.

Según ESET, el problema no se limita a una sola página, sino que existen múltiples sitios con estructuras prácticamente idénticas, lo que sugiere una campaña organizada.

Los delincuentes también registran varios dominios al mismo tiempo para mantener activas otras páginas en caso de que algunas sean eliminadas o bloqueadas.

El entusiasmo por el Mundial favorece este tipo de engaños

Los expertos señalan que eventos masivos como un Mundial de fútbol suelen convertirse en terreno ideal para las estafas digitales.

La razón principal es que millones de personas buscan:

• Entradas para partidos
• Camisetas oficiales
• Paquetes turísticos
• Productos coleccionables
• Accesos exclusivos

En muchos casos, la ansiedad por conseguir boletos antes de que se agoten hace que algunos usuarios no revisen cuidadosamente la autenticidad de las páginas.

Los ciberdelincuentes aprovechan precisamente ese sentido de urgencia para presionar a las víctimas mediante promociones limitadas o supuestas ofertas especiales.

La FIFA recuerda cuáles son los canales oficiales

Ante el crecimiento de estas estafas, la FIFA recordó que las entradas oficiales para el Mundial 2026 solo podrán adquirirse a través de los canales autorizados.

La organización recomendó evitar compras mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes privados o páginas desconocidas.

Además, especialistas en seguridad digital aconsejan:

• Revisar cuidadosamente la URL antes de comprar
• Desconfiar de ofertas demasiado económicas
• No compartir contraseñas fuera de plataformas oficiales
• Verificar certificados de seguridad del sitio web
• Utilizar métodos de pago protegidos

También recomiendan activar la autenticación en dos pasos en servicios bancarios y correos electrónicos para reducir riesgos en caso de filtraciones.

Las estafas digitales crecen alrededor de eventos masivos

El auge de este tipo de fraudes refleja una tendencia cada vez más común en internet: aprovechar grandes eventos deportivos, conciertos o lanzamientos populares para desarrollar campañas de phishing y robo de datos.

En los últimos años, ciberdelincuentes utilizaron tácticas similares durante competencias internacionales, Juegos Olímpicos y finales deportivas para engañar a usuarios en distintas partes del mundo.

Ahora, con el Mundial 2026 acercándose y el interés global aumentando, expertos advierten que las campañas fraudulentas probablemente seguirán creciendo durante los próximos meses.

A medida que la expectativa por el Mundial 2026 crece, también lo hacen las amenazas digitales. Expertos en ciberseguridad han detectado un aumento preocupante de estafas que utilizan el fervor del torneo como gancho para robar datos y vaciar cuentas bancarias.

La compañía de ciberseguridad, Kaspersky, entre otros especialistas han alertado sobre nuevas tácticas que prometen desde supuestos “premios” millonarios hasta entradas y productos oficiales, todo con la intención de engañar a los aficionados y aprovechar la urgencia y emoción propias de un evento deportivo de esta magnitud.

Las campañas fraudulentas se presentan en múltiples formas: sitios web clonados, correos electrónicos con premios inexistentes, mensajes en redes sociales y falsas plataformas de venta de entradas. El objetivo es siempre el mismo: obtener datos personales, bancarios y credenciales de acceso de los usuarios.

Cuáles son las estafas más comunes sobre la Copa Mundo

Entre las modalidades más detectadas, destacan los sitios web que imitan el diseño y los colores oficiales del torneo, ofreciendo entradas, mercancía y hasta la posibilidad de ganar premios de hasta 500.000 dólares. Tras completar formularios y realizar pagos, las víctimas no solo pierden dinero, también exponen su identidad y su información financiera.

Algunas páginas, por ejemplo, ofrecen peluches de las mascotas oficiales o camisetas exclusivas, mostrando descuentos llamativos y distintivos de “compra segura” para aparentar legitimidad. Los formularios de registro piden datos bancarios, lo que facilita el acceso de los ciberdelincuentes a las cuentas de los usuarios.

Otra trampa frecuente son los correos electrónicos que informan sobre irregularidades en la compra de entradas o, más agresivo aún, mensajes que notifican al usuario que es ganador de un premio millonario para cubrir gastos del Mundial. En todos los casos, las instrucciones incluyen la entrega de información confidencial o la transferencia de dinero para “confirmar” la identidad.

Cómo se compran entradas legalmente para el Mundial 2026

La FIFA ha dispuesto que para el Mundial 2026 solo se utilicen boletos digitales, gestionados por su aplicación oficial mediante códigos QR dinámicos. Esto elimina la posibilidad de boletos impresos o en PDF.

Si recibes una oferta de entradas en papel o archivos digitales, se trata de un fraude. Comprar únicamente a través de la plataforma oficial es la única forma de asegurarte de que tu entrada sea válida.

Fraudes con “visas especiales” y reservas de alojamiento

Los estafadores también han creado sitios que prometen visas exclusivas para el Mundial, cobrando tarifas por trámites inexistentes. Los requisitos migratorios no cambian por el torneo y cualquier oferta de este tipo es falsa. En cuanto a alojamiento, abundan páginas que imitan portales reconocidos como Expedia o Airbnb, pero con direcciones web alteradas. Realizar pagos en estos sitios puede resultar en la pérdida de fondos y el robo de datos bancarios.

La proximidad del torneo ha multiplicado los mensajes de phishing: correos y redes sociales que invitan a reclamar premios, entradas o paquetes VIP. Si no participaste en un sorteo oficial, desconfía de cualquier notificación de premio. Nunca ingreses tus datos en páginas desconocidas ni sigas enlaces sospechosos.

Consejos clave para una experiencia segura

• Compra siempre en sitios oficiales, como la web de la FIFA.
• Revisa cuidadosamente la dirección URL antes de hacer clic o ingresar información.
• No compartas datos personales o bancarios en formularios fuera de páginas seguras.
• Activa la autenticación de dos pasos en tus cuentas y revisa frecuentemente tus estados bancarios.
• Desconfía de ofertas urgentes, correos inesperados o descuentos excesivos.

Según los expertos en ciberseguridad de KnowBe4, la mejor defensa es la prevención y el escepticismo ante cualquier oferta que prometa ganancias o beneficios extraordinarios. El Mundial 2026 será un evento sin precedentes, pero también un escenario fértil para las estafas digitales. Analizar cada paso y verificar siempre las fuentes es hoy tan importante como celebrar un gol.

Las alertas como “Tu cuenta será bloqueada” o “Tienes un pago pendiente” se han convertido en herramientas frecuentes para los estafadores digitales. Este tipo de llamadas buscan generar una sensación de pánico en las víctimas al advertir consecuencias inmediatas.

Diferentes autoridades advierten que estos mensajes llegan por diversos canales, como SMS, correos o llamadas telefónicas, y que el objetivo de los ciberdelincuentes es lograr que la persona actúe de inmediato, sin verificar la autenticidad del aviso.

Las frases que sugieren bloqueos de cuentas o pagos pendientes suelen incluir enlaces o números de teléfono falsos que, al ser utilizados, pueden comprometer la seguridad del usuario.

Cómo utilizan la ingeniería social los estafadores para engañar a las víctimas

Los ciberdelincuentes usan técnicas de ingeniería social para manipular a las víctimas y lograr que entreguen sus datos de manera voluntaria. Los ataques más comunes incluyen el phishing (correos fraudulentos), el smishing (mensajes de texto maliciosos) y el vishing (llamadas telefónicas falsas).

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la ingeniería social no depende de software sofisticado, sino de la capacidad para convencer a la persona de que se enfrenta a una amenaza real e inminente.

En este tipo de fraudes, el eslabón más vulnerable es el propio usuario. Los atacantes se presentan como representantes de bancos, empresas de servicios o plataformas digitales y solicitan datos personales, contraseñas o información bancaria con el pretexto de evitar bloqueos de cuentas o solucionar supuestos pagos.

Por qué las frases que generan urgencia son tan efectivas para los atacantes

Los mensajes con advertencias como “tu cuenta será bloqueada” o “tienes un cargo pendiente” buscan crear un estado de alerta máxima en el destinatario.

Según el análisis del INCIBE, bajo presión, las personas tienden a actuar rápidamente y a no analizar los detalles del mensaje, lo que aumenta la probabilidad de caer en la trampa. La urgencia es un detonador psicológico eficaz porque reduce la capacidad de juicio crítico.

El miedo a perder acceso a cuentas bancarias, aplicaciones o servicios esenciales lleva a muchos usuarios a seguir instrucciones sin verificar su procedencia.

Qué datos sensibles buscan los atacantes y cómo los obtienen

Los estafadores no solo buscan contraseñas o números de tarjeta, sino cualquier información útil para construir un perfil detallado de la víctima.

El INCIBE advierte que mucha de esta información se encuentra de manera pública en redes sociales: fechas de nacimiento, direcciones, matrículas de vehículos o publicaciones que revelan hábitos y relaciones personales.

Con estos datos, los ciberdelincuentes personalizan sus ataques para que sean más creíbles. Una comunicación que incluye información real sobre el usuario genera mayor confianza y aumenta las posibilidades de éxito de la estafa.

En muchos casos, el objetivo de los ciberdelincuentes no es solo obtener dinero de inmediato, sino abrir la puerta a futuros fraudes más complejos.

Cuáles medidas de protección sugieren las autoridades

El INCIBE y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sugieren instalar programas de seguridad en todos los dispositivos y mantenerlos actualizados. Es clave que el software de protección escanee automáticamente los archivos nuevos y que nunca se descarguen programas a partir de anuncios o enlaces sospechosos.

Otra medida es evitar hacer clic en enlaces o responder a mensajes de origen dudoso. Si se recibe una alerta sobre una cuenta bloqueada o un cargo pendiente, lo más pertinente y seguro es contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

“No haga clic en el enlace de un email inesperado. En lugar de eso, comuníquese con la compañía llamando a un número de teléfono o visitando un sitio web que le conste que es real”, señala la FTC.

Muchas personas suelen recibir a diario mensajes a través de WhatsApp, redes sociales o correo ofreciendo la oportunidad de ganar dinero rápido a cambio de tareas mínimas.

La promesa de ingresos fáciles y horarios flexibles resulta atractiva para quienes buscan un ingreso extra o necesitan saldar deudas, sin embargo, detrás de estas propuestas se esconden esquemas de fraude diseñados que pueden dejar a las víctimas sin dinero y con su información personal comprometida.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estos anuncios de trabajos falsos constituyen una de las estrategias más extendidas de los estafadores en línea.

Lejos de ofrecer empleo real, buscan acceder a números de cuentas bancarias, identidades o incluso solicitar pagos por conceptos inexistentes. La advertencia es clara: la mayoría de las ofertas de “dinero rápido” por trabajo mínimo son una estafa.

Cómo funcionan las estafas de “dinero rápido” en internet

Las estafas relacionadas con trabajos fáciles y pagos inmediatos suelen comenzar con un contacto inesperado. De acuerdo con la FTC, los estafadores utilizan mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales o emails para presentar propuestas laborales que supuestamente permiten trabajar desde casa, reenviar paquetes o ingresar datos.

La táctica principal consiste en seducir con la idea de horarios flexibles y salarios elevados, apelando a la necesidad de obtener ingresos extra de forma sencilla, pero en realidad, no existe ninguna vacante genuina.

El verdadero objetivo de estos mensajes es obtener información confidencial, como el número de cuenta bancaria o el número de Seguro Social, y así cometer delitos como robo de identidad o extracción de dinero.

Qué señales indican que una oferta de empleo es una estafa

La FTC sugiere estar atento a ciertos signos comunes en las propuestas fraudulentas. El primero es la promesa de mucho dinero por muy poco esfuerzo, una fórmula poco realista en el mercado laboral.

Además, los presuntos empleadores suelen presionar para que el destinatario decida de inmediato, sugiriendo que la oportunidad desaparecerá si no se responde rápido.

Otra señal de alerta es la exigencia de pagar por adelantado conceptos como gastos administrativos, capacitaciones o materiales. La agencia enfatiza: “Nadie que ofrezca un trabajo legítimo te hará pagar gastos, capacitación ni ninguna otra cosa para obtener el trabajo. Cualquiera que lo haga es un estafador”.

Por qué se debe desconfiar de mensajes sospechosos en WhatsApp

Responder o interactuar con mensajes sospechosos puede tener consecuencias graves. WhatsApp advierte que los remitentes suelen cometer errores ortográficos o gramaticales, piden tocar enlaces o descargar aplicaciones y, en muchos casos, solicitan información personal como números de cuenta bancaria, tarjetas de crédito o contraseñas.

En ocasiones, los estafadores se hacen pasar por conocidos o por representantes de empresas reconocidas. Según las pautas de la plataforma de mensajería, la solicitud de dinero, promesas de empleo o referencias a la lotería o inversiones suelen ser señales de fraude.

El objetivo final es conseguir datos sensibles o, mediante ingeniería social, lograr que la víctima realice pagos o reenvíe el mensaje a otros contactos, ampliando el alcance de la estafa.

Qué prácticas ayudan a protegerse de este tipo de fraudes digitales

Tanto la FTC como WhatsApp coinciden en la importancia de mantener una actitud crítica ante cualquier propuesta laboral inesperada. Ante la duda, no se debe abrir, compartir ni reenviar mensajes sospechosos.

Asimismo, antes de confiar en un enlace o archivo adjunto, es clave revisarlo con atención, porque pueden parecer legítimos pero contener software malicioso.

En caso de recibir mensajes de contactos desconocidos, es aconsejable confirmar su identidad mediante preguntas personales o, si es posible, a través de una llamada.

Si la oferta requiere información personal o un pago, lo más seguro es descartarla. La FTC sugiere hablar con alguien de confianza sobre la propuesta antes de tomar cualquier decisión.

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera.

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

Durante los procedimientos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos responsables de las maniobras fraudulentas. Además, los investigadores secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido y 6.036 dólares en efectivo.

La pesquisa había comenzado un mes atrás con 21 allanamientos simultáneos que permitieron desarmar el núcleo operativo de la organización criminal. En aquel operativo, los agentes secuestraron más de 172 mil dólares en efectivo y alrededor de 80 mil dólares en criptomonedas. También fueron imputados ocho integrantes de las familias investigadas y detenido otro sospechoso que tenía pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.

Desde el inicio de la causa trabajaron de manera conjunta la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Según la denuncia que dio origen al expediente, una mujer aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en 2023 luego de ser captada por los acusados. Durante el primer mes recibió supuestas ganancias que reforzaron la credibilidad de la maniobra, pero posteriormente nunca pudo recuperar el resto del dinero aportado.

De acuerdo con la investigación judicial, cuando las víctimas intentaban retirar los fondos, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar las demoras y evitar las devoluciones. Mientras tanto, la aplicación ficticia continuaba mostrando movimientos financieros inexistentes para sostener el engaño.

Una exsupervisora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfrentó a la justicia tras admitir haber desviado más de 190.000 dólares de fondos públicos mediante un elaborado esquema de facturación falsa. Gwendolyn Brandon, de 43 años y residente de Cumming, Georgia, se declaró culpable ante un tribunal federal de haber robado dinero de los contribuyentes, reconociendo su responsabilidad en la creación y presentación de decenas de facturas fraudulentas dirigidas a los CDC. Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas internos de una de las principales agencias de salud pública de Estados Unidos.

La investigación reveló que Brandon ideó un mecanismo para apropiarse de fondos federales a través de facturas ficticias. Utilizando su posición de supervisora en los CDC, ella misma elaboró documentos diseñados para simular solicitudes legítimas de pago por bienes o servicios presuntamente prestados a la agencia. Estas facturas, que aparentaban proceder de proveedores reales, fueron introducidas en el sistema interno de los CDC, aprovechando su conocimiento de los procesos de facturación y manejo de tarjetas de crédito corporativas de la institución.

Para concretar el desvío de fondos, Brandon no solo confeccionó las facturas falsas, sino que también recurrió a una estrategia que involucraba a su equipo de trabajo. De acuerdo con los documentos judiciales y la acusación de los fiscales, la exfuncionaria ordenó a los empleados bajo su supervisión que aprobaran los pagos correspondientes, sin que estos tuvieran conocimiento del carácter fraudulento de los documentos. Los trabajadores, confiando en la legitimidad de las órdenes de su superiora, validaron los desembolsos, lo que permitió que el dinero fuera transferido a una cuenta bancaria controlada directamente por Brandon.

Este esquema de fraude se extendió durante un periodo de aproximadamente un año y medio, comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2025. Según la información presentada por la fiscalía, a lo largo de ese tiempo Brandon emitió al menos 46 facturas fraudulentas. Los montos de cada factura oscilaban entre 2.230 y 9.970 dólares, sumando un total de 190.461,50 dólares en fondos públicos desviados. La precisión en la ejecución del fraude y la recurrencia de las operaciones permitieron que la sustracción pasara desapercibida hasta que fue detectada por los mecanismos de control y auditoría.

La gravedad del caso llevó a una respuesta enérgica por parte de las autoridades federales. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg subrayó la traición a la confianza pública y la naturaleza deliberada de los actos de Brandon. En sus declaraciones, Hertzberg afirmó: “Esta acusada malversó dinero de los contribuyentes y abusó descaradamente de su posición de confianza pública falsificando facturas”. El fiscal también anticipó que la exsupervisora enfrentará las consecuencias legales de sus acciones cuando se dicte sentencia.

Desde la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el agente especial a cargo, Marcus L. Sykes, calificó a Brandon como una “empleada federal convertida en estafadora”, enfatizando que utilizó su acceso y autoridad en el gobierno federal para su propio beneficio económico. La investigación dejó en claro que la funcionaria no solo cometió fraude, sino que también comprometió la integridad del sistema de pagos de una entidad crucial para la salud pública.

Como resultado de su confesión y dentro del acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía, Brandon aceptó no solo su responsabilidad penal, sino también una serie de sanciones administrativas y profesionales. En primer lugar, debió renunciar de manera inmediata y definitiva a su puesto en los CDC. Además, se le impuso la prohibición permanente de buscar empleo en cualquier agencia federal o de participar como contratista o proveedor en negocios con el gobierno de Estados Unidos. Estas restricciones buscan impedir que vuelvan a repetirse conductas similares y proteger los recursos públicos de futuros intentos de fraude.

El proceso judicial contra Gwendolyn Brandon avanza hacia su etapa final. La audiencia para dictar sentencia está programada para el 3 de septiembre de 2026 a las 10 de la mañana, ante el juez federal de distrito Steven D. Grimberg. En esa instancia, el tribunal determinará la pena que deberá cumplir la exsupervisora, teniendo en cuenta la magnitud del robo, el abuso de confianza y las circunstancias confesadas en el acuerdo de culpabilidad. La expectativa generada en torno a la resolución del caso refleja la importancia de la transparencia y el control en el manejo de fondos públicos dentro de las instituciones federales estadounidenses.

La historia reciente convirtió a Leonardo Cositorto en el estafador más icónico de la Argentina, un literal sinónimo de esquema Ponzi. Pero antes, mucho antes, estuvo Enrique Blaksley Señorans.

Blaksley fue condenado en marzo de 2023 a ocho años de cárcel por la megaestafa de Hope Funds, un esquema Ponzi idéntico a Generación Zoe -acaso más elegante- nueve años después de que comenzara la causa en su contra. Los delitos que el Tribunal Oral Federal N°4 le enrostró: asociación ilícita,311 estafas, lavado de activos de origen delictivo, e insolvencia fraudulenta.

El daño estimado en la causa, según el expediente, fue de, al menos, 90 millones de dólares.

Hoy, 12 años después del comienzo de su caída, el nombre de Blaksley regresa a Comodoro Py. Esta semana, el empresario pactó un acuerdo de juicio abreviado en el marco del mismo expediente que lo condenó. Aceptó ser condenado nuevamente a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, una pena que sería unificada a su condena previa, si el Tribunal Federal N°4 la homologa, con una audiencia via Zoom para tratar el asunto fijada el miércoles próximo.

El delito que se trata aquí es lavado de dinero, “la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito”, asevera la imputación en el acuerdo, para comprar una serie de departamentos de lujo en Panamá.

La imputación original del caso enumeró nueve unidades en la PH Twist Tower, ubicada en la zona de Obarrio, el corazón financiero de la ciudad de Panamá, casi el piso 25 completo del edificio, así como la “unidad L 10 A del edificio Office One”, en la misma zona, comprada “a fines de 2010 por un valor aproximado de US$ 330.000″. Irónicamente, Hope Funds fue mencionado en su momento en el escándalo de los Panama Papers.

Luego, fue acusado de lavar dinero con la compra de otros tres departamentos en Hollywood, Florida, una zona satélite de Miami. El departamento, ubicado en Sian Ocean Residences, un complejo con pileta entre otras amenities, fueron comprados entre 2010 y 2011 por Blaksley.

La lista termina con otros tres departamentos ubicados en el edificio The Victoria II, también en Hollywood, comprados en 2009 y vendidos en 2015 por 140 mil dólares cada uno.

Una de las operaciones de los edificios de Sian Ocean Residences se vincula a Alejandro Carozzino y Federico Dolinkue. Carozzino había sido detenido en 2018, en la redada que terminó con Blaksey preso. Dolinkue figura como director suplente en la última composición societaria de Hope Funds SA, un socio minoritario. Se entregó él mismo en el juzgado de Servini.

El nuevo acuerdo extiende la pena original de Blaksley en dos meses. La pena de Carozzino, originalmente de tres años y seis meses, se extendería un mes más si el juez Néstor Costabel acepta los términos de imputado y fiscalía. La nueva propuesta es una cosa mixta. Blaksley y Carozzino lograron ser absueltos en parte de la acusación original.

El nuevo combo incluye solo tres departamentos en Panamá: dos en el edificio PH Twist y la unidad del Office One valuada en más de 330 mil dólares. Con respecto a otros departamentos en la lista, o ya fueron condenados al respecto, o no hay pruebas suficientes para conectar el dinero de las estafas a las compras de las propiedades, como en el caso de los bienes de Florida. Dolinkue, por su parte, quedaría absuelto del todo.

El tiempo pasó, ciertamente. Blaksley hoy tiene 61 años. En sus épocas de gloria, una década y media atrás, el empresario paseó a sus voraces vendedores de contratos por el mundo para elaboradas fiestas en San Petersburgo y Hawaii, asoció su marca a La Dolfina de Adolfo Cambiaso en la campaña más triunfal de su historia, atrajo a deportistas como Roger Federer y Serena Williams, compró su propio club de polo.

El empresario terminó detenido y preso en el penal de Ezeiza, rodeado de imputados célebres como “El Pata” Medina, con el que entabló cierta buena onda. Su familia y un misterioso empresario de orígen boliviano entregaron una fianza de 391 millones de pesos en propiedades y autos para que regrese a su casa en el country Pacheco Golf.

Gonzalo Romero Victorica, histórico abogado querellante en la causa -junto a Hernán Vega y Victor Varone-, asegura:

“Creemos que el acuerdo arribado por la fiscalía y los imputados es bueno en términos de atribución de responsabilidad penal, aunque el aumento de la pena no tenga relevancia. Al final del día es sólo un papel pintado para los 2200 acreedores que se presentaron en la quiebra de Hope Funds S.A.. Ese es el número real, aunque solo unos cientos se hayan presentado como querellantes ante la justicia penal. Los damnificados necesitan recuperar al menos una parte de aquello que les fue arrebatado, y no que Blaksley esté más tiempo detenido".

En plena temporada de descuentos y compras en línea por el Hot Sale 2026, especialistas en seguridad digital advirtieron sobre una modalidad de fraude que cada vez gana más fuerza en México: el envío de paquetes falsos con códigos QR maliciosos.

La escena parece inofensiva. Un repartidor toca a la puerta y entrega una caja o sobre con el nombre y dirección correctos del destinatario. Sin embargo, la víctima nunca realizó esa compra.

Dentro del paquete suele haber un objeto barato, como un llavero, unas semillas o una funda para celular. En otros casos no hay nada relevante, salvo una tarjeta con un mensaje que invita a escanear un código QR para descubrir quién envió el supuesto “regalo” o para gestionar una devolución.

¡El problema comienza justo en ese momento!

Así operan las estafas de “Brushing” y “Quishing”

Expertos identifican esta modalidad como una combinación de dos fraudes digitales: el “Brushing” y el “Quishing”.

El primero consiste en utilizar datos personales filtrados —como nombre completo y dirección— para simular compras reales en plataformas de comercio electrónico. El segundo usa códigos QR fraudulentos para dirigir a las víctimas a sitios falsos y robar información sensible.

La mecánica suele desarrollarse en tres pasos.

Primero, los delincuentes adquieren bases de datos filtradas en internet o foros clandestinos. Con esa información realizan pedidos pequeños a nombre de las víctimas para que los paquetes lleguen sin levantar sospechas.

Después, el usuario recibe el envío en su domicilio. Debido al alto volumen de entregas durante eventos como el Hot Sale, muchas personas asumen que se trata de alguna compra olvidada o incluso de un obsequio.

Finalmente llega el fraude real: al escanear el código QR, el teléfono abre una página que aparenta pertenecer a empresas de mensajería o tiendas digitales reconocidas.

Ahí solicitan datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación. En otros casos, piden descargar aplicaciones falsas en formato APK que contienen malware capaz de espiar el dispositivo o clonar aplicaciones bancarias.

El verdadero objetivo detrás de estos paquetes

Especialistas explican que este fraude tiene un doble propósito. Por un lado, busca robar información financiera y comprometer dispositivos móviles. Pero además, el esquema de “Brushing” permite a vendedores fraudulentos generar compras ficticias en plataformas digitales.

Una vez que el paquete aparece como “entregado”, los estafadores pueden publicar reseñas positivas falsas utilizando la identidad del destinatario. De esta forma inflan artificialmente la reputación de productos de baja calidad en marketplaces internacionales.

Empresas de ciberseguridad y autoridades han señalado que este tipo de prácticas aumentan durante temporadas de descuentos, cuando los consumidores esperan múltiples entregas y bajan la guardia frente a paquetes inesperados.

¿Qué hacer si recibes un paquete sospechoso?

Autoridades y expertos recomiendan no escanear códigos QR provenientes de paquetes desconocidos o sin remitente claro.

También sugieren verificar directamente en aplicaciones oficiales de tiendas como Amazon o Mercado Libre si existe algún pedido registrado en la cuenta personal. Nunca debe utilizarse el QR incluido en la caja para consultar información.

Otro punto clave es evitar descargar aplicaciones externas. Si una página solicita instalar un archivo para “confirmar” el remitente o rastrear el paquete, lo más recomendable es cerrar inmediatamente el sitio.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitieron alertas previas sobre fraudes relacionados con códigos QR.

Asimismo, especialistas recomiendan reportar cualquier situación sospechosa ante la Policía Cibernética local o a través de las líneas de emergencia correspondientes.

Aunque recibir un paquete inesperado puede parecer una simple confusión, expertos advierten que podría tratarse de la puerta de entrada a un fraude digital capaz de comprometer cuentas bancarias, datos personales y hasta el control del teléfono móvil.

El incremento de promociones de viajes en internet y redes sociales ha traído consigo nuevas oportunidades para los consumidores, pero también un aumento en los casos de estafas vinculadas a paquetes turísticos falsos, agencias inexistentes y depósitos sin respaldo.

En ese contexto, el especialista en turismo interno y externo del Travel Outlet, José Ignacio Ais Rossenouff, advirtió que es fundamental identificar ciertas señales de alerta antes de realizar una compra de viajes en línea, a fin de evitar fraudes y pérdidas económicas.

Señales de que es estafa

Uno de los principales riesgos, explicó, son las ofertas con precios excesivamente bajos en comparación con el mercado. Este tipo de promociones pueden ser engañosas y no siempre cuentan con respaldo formal o condiciones claras del servicio.

Ais Rossenouff recomendó verificar siempre la formalidad de la agencia de viajes, asegurándose de que cuente con canales oficiales de atención, presencia verificable y condiciones transparentes de venta.

Otro punto clave es evitar realizar pagos a cuentas personales o enlaces no verificados, una práctica frecuente en estafas digitales. Sugirió utilizar plataformas seguras y exigir comprobantes de pago que respalden cada transacción.

También señaló la importancia de revisar detalladamente qué incluye cada paquete turístico, ya que algunos anuncios pueden omitir servicios esenciales como equipaje, traslados, impuestos o condiciones del hospedaje.

Comparar diferentes ofertas permite a los usuarios identificar opciones reales y tomar decisiones informadas, especialmente en temporadas de alta demanda o campañas promocionales del sector turismo.

Las modalidades de estafa frecuentes

• Agencias de viaje fantasmas: Empresas con redes sociales activas que ofrecen paquetes a precios “demasiado bajos”. Suelen solicitar transferencias bancarias (Yape, Plin o depósitos) y luego bloquean al cliente y desaparecen con el dinero.
• El “Raspa y Gana” / Premios falsos: Personas en la calle entregan cupones donde supuestamente ganas un viaje a Cancún, Cusco o Tarapoto. Para reclamarlo te citan en una oficina, donde aplican técnicas de venta muy agresivas para cobrarte membresías o comisiones ilegales.
• Boletos aéreos falsificados: Estafadores difunden promociones y envían boletos electrónicos que han sido manipulados o falsificados después de recibir el pago. 

¿Dónde encontrar viajes en oferta de forma segura?

Los especialistas recomiendan que los viajes en oferta se adquieran únicamente a través de canales formales y verificables, evitando promociones difundidas en redes sociales sin respaldo empresarial o información clara de la agencia.

Una de las principales herramientas para verificar la seguridad de una agencia es el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), donde se puede consultar si una empresa está debidamente registrada y autorizada para operar en el país. https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/directoriodeserviciosturisticos/

Asimismo, se recomienda optar por agencias de viajes formales que cuenten con canales oficiales de atención, RUC activo y condiciones de venta transparentes, lo que permite mayor respaldo ante cualquier inconveniente durante la compra o el viaje.

Otra alternativa segura son las ferias y eventos turísticos organizados por operadores del sector formal, donde participan empresas registradas y se pueden comparar paquetes en un entorno supervisado, con asesoría directa para los usuarios, como el Travel Outlet 2026, que se realizará del 28 al 31 de mayo en el Club Social de Miraflores y reunirá a operadores turísticos, cadenas hoteleras y especialistas del sector con promociones nacionales e internacionales.

En todos los casos, el Mincetur recuerda que la verificación en su plataforma oficial es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de estafas en la compra de paquetes turísticos en línea.

La ruptura de Diva Jessurum con su esposo no se debió a una infidelidad sentimental, sino a una acción que ella describió como una “deslealtad económica”.

Esta historia de la periodista de entretenimiento, permitió por primera vez que fuera ella la que abriera su corazón para hablar del dolor que le generó esta situación.

Durante una entrevista con Vanessa de la Torre para Caracol Radio, la periodista barranquillera relató que la relación terminó cuando su pareja cobró cheques a su nombre y nunca le informó sobre el destino del dinero.

“Mi matrimonio se acabó por una deslealtad por parte de quien fuera mi pareja... Cobró unos cheques a mi nombre, se quedó callado y no dijo nada”, contó Jessurum durante la charla.

Según su testimonio, Jessurum descubrió que se habían realizado movimientos bancarios sin su consentimiento. Al confrontar a su entonces esposo, no obtuvo una explicación clara, lo que la llevó a considerar ese acto como el motivo determinante para poner fin al matrimonio.

La presentadora también expuso como, durante años, enfrentó comentarios y etiquetas negativas. Explicó que muchas veces la tildaron de “difícil” o “bruja” sin conocer las circunstancias que vivía en su vida privada.

Su intervención buscó cuestionar esas etiquetas y dar contexto a sus decisiones personales, mostrando que muchas mujeres son juzgadas severamente por proteger sus intereses o poner límites en situaciones que consideran injustas.

En la misma conversación, Jessurum abordó otros momentos dolorosos de su vida, como la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer que atravesó mientras continuaba trabajando en televisión.

La periodista aseguró que estos episodios marcaron profundamente su perspectiva sobre la vida y la llevaron a replantear prioridades personales y profesionales.

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, la periodista quiso hacer pública esta experiencia para esclarecer una parte de su historia que hasta ahora no había contado con franqueza. Hasta la fecha, no se conocen declaraciones públicas recientes de su expareja sobre estos hechos.

Diva insistió en que muchas de las situaciones difíciles que vivió ocurrieron mientras mantenía una imagen de fortaleza ante el público. Su testimonio puso en evidencia que, detrás de la pantalla, las figuras del entretenimiento también atraviesan duelos, enfermedades y rupturas en silencio, lejos de la exposición mediática que caracteriza su trabajo.

Los desafíos que marcaron su vida

La presentadora Diva Jessurum abordó recientemente los episodios más difíciles de su vida, marcados por la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en etapa dos.

La comunicadora relató que el diagnóstico llegó tras una serie de molestias persistentes y diagnósticos erróneos, hasta que una biopsia en Barranquilla confirmó la enfermedad. Decidió mantener la noticia en privado, evitando la compasión de su entorno y resguardando su imagen profesional.

Otro de los relatos que marcaron la entrevista tuvo que ver con la enfermedad, ya que durante el tratamiento, debió adaptar la producción de sus programas para disimular los efectos de la quimioterapia, como la pérdida de cabello y pestañas, y así pudo continuar con su actividad laboral.

Aseguró que la enfermedad supuso una pausa abrupta en su vida, pero eligió sorprender a la adversidad manteniéndose activa y resiliente.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue la narración de la pérdida de sus dos hijos. El primer aborto ocurrió durante una transmisión en vivo del Reinado Nacional de Belleza, donde continuó al aire a pesar de la crisis personal.

El segundo se confirmó tras una ecografía de rutina y lo enfrentó sin el apoyo de su pareja, quien optó por distanciarse. La presentadora afirmó que este episodio la llevó a priorizar su bienestar por encima de relaciones inestables.

Tras el incidente, los contactos de la señora comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero a nombre de ella, con depósitos dirigidos a cuentas de Bancomer y Banamex, según advirtió la actriz de 40 y 20 en un video en Instagram.

La comediante indicó que los responsables engañaron a su madre con una llamada simulando ser empleados de un servicio de paquetería, mecanismo con el que lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp. Michelle Rodríguez recalcó que el objetivo de los delincuentes es obtener transferencias de los conocidos registrados en el teléfono de su madre.

En el mensaje difundido este mismo domingo, Rodríguez pidió ayuda para evitar que más personas sean defraudadas y recomendó: “No hagan caso y ayúdenos a pasar la voz”. La actriz insistió en que el fraude inicia con una llamada telefónica falsa y la posterior solicitud de un código para instalar WhatsApp en otro dispositivo.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, dijo.

La familia señaló que ya busca opciones para recuperar la cuenta y exhortó a tomar precauciones ante este tipo de estafas. Hilda Varela Laurrabaquio se encuentra en buen estado de salud tras el incidente, agregó Michelle Rodríguez en la red social.

Qué hacer en caso de hackeo de Whatsapp

Esto debes hacer si todavía tienes acceso a tu número telefónico

1. Recupera tu cuenta

• Entra a WhatsApp FAQ
• Vuelve a iniciar sesión con tu número
• Usa el código SMS que llegue a tu celular

Si aparece un PIN desconocido, puede ser que activaron la verificación en dos pasos.En algunos casos tendrás que esperar hasta 7 días para recuperarla.

2. Si fue SIM Swapping (Clonación o robo de tu chip)

• Comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica
• Solicita bloquear la línea o el chip
• Cambia contraseñas vinculadas a tu número

3. Avisa a tus contactos

Publica historias o mensajes diciendo que:

• No hagan depósitos
• No compartan códigos
• Ignoren mensajes sospechosos

4. ¿Qué puedes denunciar?

• Suplantación de identidad

Si alguien se hace pasar por ti usando tu cuenta o tu imagen.

• Fraude

Si pidieron dinero a tus contactos o realizaron engaños.

La llamativa trama que tiene como víctima al diputado libertario Manuel Quintar por la compra fallida de su primer Tesla arranca unos nueve meses antes de que se lo viera llegar la semana pasada al Congreso de la Nación a bordo de la camioneta modelo Cybertruck.

Era agosto de 2025 cuando el legislador jujeño -que ahora quedó en la mira por su ostentación- había comenzado a negociar con los dueños de una concesionaria de autos de alta gama, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, para adquirir su primer vehículo de la marca de Elon Musk. Según supo Infobae, el modelo que le interesaba era el mismo que tiene actualmente.

Así, pactó con los vendedores el pago de la suma total de 285 mil dólares que abonó mediante transferencias bancarias y dinero en efectivo. Una vez concretada la operación, le iban a entregar la camioneta Tesla Cybertruck 0 km en un determinado plazo.

Sin embargo, pasaron los meses, el tiempo de espera acordado venció y, pese a los reclamos del diputado, nunca le entregaron la unidad.

El 17 de abril de 2026, unas tres semanas antes del episodio que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del palacio legislativo, Quintar denunció por estafa a la concesionaria y a sus dueños, una pareja de 42 y 44 años.

En el caso tomó intervención la UFI N°2 de Pilar, que abrió un expediente por estafa y asociación ilícita contra los acusados. En este contexto, la Policía Bonaerense desarrolló tareas investigativas que establecieron que los señalados por el libertario estaban ofreciendo a la venta vehículos de alta gama bajo “un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas”, según reza la acusación.

Con las pruebas recabadas, a finales de abril los agentes de la bonaerense allanaron el local denunciado y el domicilio de los acusados, quienes fueron aprehendidos y luego liberados. De ambos lugares incautaron material de interés para la investigación.

En el marco de la causa, que aún está en pleno desarrollo, los investigadores establecieron que los imputados trasladaban vehículos y pertenencias desde la concesionaria allanada hacia otro local ubicado en la localidad de Del Viso.

Este nuevo punto fue allanado en las últimas horas, cuando ya el diputado denunciante había levantado su perfil por haber logrado comprar efectivamente su Tesla a pesar de la estafa presuntamente sufrida hace 9 meses.

En este nuevo procedimiento, los investigadores constataron que los sospechosos seguían operando. Si bien no se logró la localización de los dueños de la concesionaria, las autoridades sí incautaron 19 autos de alta gama, valuados en aproximadamente U$S 1.229.200.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, que ordenó el embargo de esos vehículos para afrontar el perjuicio económico ocasionado al diputado de La Libertad Avanza.

A pesar de la estafa, se compró otro Tesla

Si bien el diputado aún no logró recuperar el dinero invertido en la operación que ahora investiga la Justicia, un tiempo después logró adquirir la camioneta que buscó en ese entonces.

Es el Tesla con el que se lo vio llegar al Congreso de la Nación el pasado miércoles y que dejó en el estacionamiento del lugar. Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

“Es la versión grande, la de más potencia”, contaron desde su entorno sobre el modelo de la camioneta.

Acerca de la compra, aclararon que el vehículo “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta de redes sociales.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

La llegada del Mundial 2026 reavivó el entusiasmo por el clásico álbum de los jugadores que participarán en el certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Bajo este escenario, la modalidad de estafa digital vinculada al álbum viene ganando fuerza y preocupa a miles de aficionados. Los delincuentes aprovechan la expectativa para promover enlaces fraudulentos que prometen el acceso gratuito a todas las figuritas virtuales o al álbum completo en formato PDF, pero en realidad buscan robar información personal y financiera.

El proceso suele comenzar en redes sociales, grupos de WhatsApp o foros de coleccionistas, donde circulan mensajes como “descarga gratis todas las figuras del álbum del Mundial”.

Los enlaces conducen a sitios web que imitan la imagen y los logos oficiales de Panini, la empresa encargada de la colección. Sin embargo, tras hacer click, la víctima es redirigida a portales que solicitan datos personales o descargan programas maliciosos capaces de acceder a información bancaria y vaciar cuentas en minutos.

Miguel Montalvo, coleccionista entrevistado por ATV Noticias, señaló que esta estrategia se repite cada cuatro años. “Siempre durante cada Mundial pasa lo mismo. Aparecen links fraudulentos que se hacen pasar por Panini”, explicó.

Los delincuentes utilizan archivos PDF aparentemente inofensivos en los que, al abrirlos, el usuario permite la instalación de software espía que otorga control sobre el dispositivo.

Estafa y confusión digital

Según los expertos, las estafas no alcanzan a coleccionistas experimentados. Cualquier usuario atraído por la emoción del torneo puede caer en la trampa. La promesa de un álbum digital gratuito y la posibilidad de completar la colección desde casa actúan como anzuelo perfecto, sobre todo para quienes desconocen los canales oficiales de distribución.

Al descargar estos archivos, los ciberdelincuentes pueden acceder a aplicaciones de banca móvil, billeteras digitales como Yape o Plin, y realizar movimientos, transferencias y hasta solicitar préstamos a nombre del usuario.

Jaime Delgado, especialista en defensa del consumidor, advirtió que la rapidez con la que se ejecutan las estafas sorprende a muchos.

“Te dicen: ‘Entra a este link y tienes el álbum completo en PDF’. Haces clic y pueden vaciarte las cuentas en cinco minutos”, relató durante una entrevista. El acceso a los dispositivos permite a los criminales no solo robar el saldo disponible, sino también activar líneas de crédito y dejar a la víctima endeudada.

La empresa Panini ofrece una versión digital oficial del álbum, pero el proceso implica registrarse con una cuenta FIFA y utilizar códigos únicos incluidos en los sobres originales. Esta dinámica, poco clara para algunos usuarios, alimenta la confusión y facilita el éxito de los engaños digitales. Los delincuentes aprovechan la circulación de códigos apócrifos en redes sociales para fortalecer su estrategia y captar más víctimas.

Reclamo a Indecopi

La ciberdelincuencia vinculada al álbum del Mundial ha llevado a especialistas y defensores del consumidor a exigir mayor protección para los usuarios.

Se solicita a las autoridades, como Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las entidades bancarias, reforzar sus sistemas y educar a la población sobre los riesgos de abrir archivos o enlaces de origen desconocido.

“No debería ser tan simple que, abriendo un PDF, entren a tu cuenta bancaria”, cuestionó Delgado, pidiendo controles más estrictos en la banca digital y una respuesta más activa de los organismos reguladores.

Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el sector minero en Salta involucra hasta el momento a casi 60 víctimas. Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.

Hasta el momento, la detenida fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.

La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales como “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.

Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.

Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.

Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.

Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.

De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.

Más de 400 personas denunciaron fraude por falsas ofertas laborales para trabajar en un festival de Córdoba

Una banda integrada por al menos cuatro personas fue denunciada por más de 400 habitantes de La Rioja tras ser señalada como responsable de una megaestafa vinculada a la falsa oferta de empleos en el festival Cosquín Rock.

Los afectados relataron que los acusados les exigieron anticipos monetarios a cambio de reservarles puestos de trabajo en el área de seguridad para el evento, cuya realización estaba prevista en Córdoba. Sin embargo, días antes del viaje, el plan fue cancelado abruptamente, lo que llevó a los denunciantes a descubrir el engaño.

El caso comenzó a gestarse desde octubre de 2025, momento en el cual la banda habría iniciado la captación de víctimas mediante reuniones virtuales. Según se detalló en los testimonios recabados, los imputados prometían sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje incluidos, y alegaban contar con experiencia previa en la seguridad de eventos masivos, como la Copa Argentina.

De acuerdo con Rioja Política, la maniobra incluía la realización de encuentros virtuales para ofrecer una imagen de legalidad y profesionalismo. Asimismo, indicaron que los acusados, identificados por los apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez, solicitaban a las víctimas el depósito de sumas que oscilaban entre $90.000 y $350.000.

El argumento que utilizaban los sospechosos era la necesidad de costear uniformes de seguridad o el ingreso a una presunta mutual. No obstante, la promesa de trabajo fue desmontada cuando, a escasos días del viaje, los supuestos empleadores comunicaron la cancelación de la oferta, aduciendo una decisión unilateral de los organizadores del festival.

Asimismo, muchos damnificados lograron contactar a la empresa productora de Cosquín Rock, que desmintió cualquier vínculo con el grupo denunciado. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja y fue fragmentada en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de unos 30 denunciantes, aunque el número total de afectados podría multiplicarse hasta 400.

En respuesta al fraude, los afectados realizaron una protesta frente al domicilio de Díaz, uno de los imputados, reclamando su detención. Poco después, el letrado denunció que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, luego de que una mujer saliera del inmueble y golpeara en el rostro a una de las manifestantes.

El avance judicial incluyó el bloqueo de cuentas de Mercado Pago y el secuestro de un automóvil perteneciente a los acusados. No obstante, Brizuela advirtió que la recuperación del dinero no está asegurada en esta etapa, ya que la prioridad de la instrucción radica en determinar la figura penal aplicable. Además, informó que solicitará la acumulación de las denuncias para unificar la causa y endurecer la situación procesal de los sospechosos que permanecen en libertad.

En este sentido, adelantó que pedirá cambiar la calificación legal de “estafa” a “asociación ilícita”, argumentando la existencia de una estructura organizada y roles diferenciados entre los imputados. Por esto, dijo que la maniobra no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red delictiva coordinada.

La afectada relató entre lágrimas lo que le sucedió y aseguró que los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la empresa de telefonía Tigo, por lo que tras el engaño, lograron acceder no solo a la información personal de la emprendedora, sino a su número de teléfono y cuentas asociadas, generando un esquema de fraude donde terceros, incluidas clientas y familiares, fueron abordados por los estafadores para exigir transferencias adicionales.

La modalidad delictiva utiliza identidades institucionales falsas

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 6 de mayo de 2026, según relató Zapata en sus redes sociales. El sujeto que se comunicó con ella dijo llamarse Luis José Virgüez, le dio un número de cédula, un número de radicado y una presunta vinculación con la Policía.

Según el testimonio de Zapata, el supuesto objetivo de la comunicación era protegerla de una supuesta clonación de línea móvil: “Puedes confirmar mis datos en la página de la Policía, pero mi intención hoy es ayudarte a que no te clonen tu línea móvil”.

Al seguir las instrucciones en tiempo real, Zapata accedió a un enlace enviado por el supuesto funcionario, permitiendo así el hackeo de su cuenta de WhatsApp y la posterior intervención sobre su cuenta de Bancolombia. Este procedimiento habilitó el acceso remoto que, en cuestión de minutos, permitió la transferencia de $3.860.000 a una cuenta de Nequi.

Mientras esto sucedía, la cuenta de WhatsApp de la empresa fue utilizada para contactar a clientes, familiares y conocidos, pidiendo pagos bajo pretextos relacionados con la venta de fresas: “A las terceras personas les está escribiendo por el WhatsApp del negocio… Esa persona está pidiendo dinero”.

La afectada precisó que pudo actuar con rapidez al detectar el ataque gracias al consejo de una entrenadora en su gimnasio, que le urgió a acudir a una sucursal bancaria, lo que le permitió constatar el robo y, posteriormente, la denuncia formal fue radicada ante la Policía local de Necoclí, municipio donde opera el negocio.

Advertencia a la comunidad

El daño ocasionado se extendió más allá de la pérdida financiera inicial. Tras el hackeo, los delincuentes utilizaron la identidad de la empresaria para solicitar pagos falsos a distintos contactos: “A mi mamá, mis amigas, conocidos, fresiclientes… le han escrito diciéndole: ‘Mira, no tengo para la factura de las fresas, mándame un depósito’. Y lo han hecho. Tenemos comprobante de todo eso".

Tras la denuncia, la cuenta bancaria principal de Zapata fue congelada para la investigación oficial, según relató, mientras las autoridades se encargan de rastrear los movimientos realizados.

La recomendación de la joven para sus seguidores fue clara: “No contesten llamadas. No contesten llamadas de nadie. Vea, cuando ustedes necesiten algo de Tigo, de Bancolombia, de Claro, de lo que sea, parce”.

El ataque demostró la capacidad de los estafadores para operar con apenas el número de cédula y un acceso inicial proporcionado bajo engaño: “Lo que a mí me explicaron en la estación de la policía, hay hackers que son capaces de robarse millones, millones con solo el número de la cédula”.

En su video de TikTok, la joven acudió a la solidaridad de su comunidad en Necoclí y seguidores digitales para difundir la modalidad fraudulenta y evitar que otras personas sean engañadas en el futuro.

La joven pidió no caer en las llamadas inesperadas de aparentes funcionarios de empresas o bancos ni proporcionar datos personales a desconocidos, reiterando el “dolor” por lo ocurrido y la importancia de compartir la experiencia para frenar la expansión de este tipo de delitos.

La inteligencia artificial ya no solo transforma industrias y facilita tareas cotidianas; también se ha convertido en una de las herramientas favoritas de los ciberdelincuentes para cometer fraudes bancarios cada vez más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar.

Especialistas en ciberseguridad advierten que durante 2026 las estafas financieras evolucionaron a un nivel sin precedentes: ahora los delincuentes usan clonación de voz, mensajes SMS fraudulentos, aplicaciones falsas idénticas a las oficiales y hasta videos manipulados con tecnología deepfake para engañar a usuarios y vaciar cuentas bancarias.

De acuerdo con reportes recientes y análisis de expertos en seguridad digital, las señales clásicas que antes ayudaban a identificar un fraude —como errores ortográficos o enlaces sospechosos— prácticamente desaparecieron gracias al uso de IA generativa.

Los nuevos fraudes bancarios usan IA para parecer reales

Uno de los métodos más peligrosos es la clonación de voz mediante inteligencia artificial. Los delincuentes pueden tomar apenas unos segundos de audio publicados en redes sociales o videos para replicar la voz de una persona y hacerse pasar por ejecutivos bancarios, familiares o conocidos.

Con esta tecnología, las víctimas reciben llamadas extremadamente convincentes donde supuestos empleados del banco alertan sobre cargos no reconocidos, movimientos sospechosos o bloqueos de cuentas. Bajo presión, muchas personas terminan compartiendo códigos de verificación, contraseñas o autorizando transferencias.

Otro esquema en crecimiento es el llamado spoofing telefónico, donde los estafadores falsifican el número de teléfono para que en la pantalla aparezca el nombre real del banco. Esto aumenta la confianza de la víctima y hace más difícil sospechar del engaño.

SMS falsos y apps clonadas: el fraude que ya parece auténtico

Los expertos también alertan sobre el aumento del smishing, una modalidad de phishing vía SMS. Ahora los mensajes fraudulentos llegan con logotipos oficiales, lenguaje profesional e incluso dentro del mismo hilo de conversación legítimo del banco.

En muchos casos, los mensajes incluyen enlaces hacia páginas idénticas a las oficiales o invitan a descargar aplicaciones falsas que copian la interfaz de instituciones financieras reales. Una vez instaladas, estas apps roban contraseñas, datos personales y códigos de autenticación.

Incluso ha crecido el llamado quishing, un fraude mediante códigos QR falsos que redirigen a sitios diseñados para capturar información bancaria.

Según especialistas citados por firmas de ciberseguridad, los ataques ya no son masivos y genéricos, sino personalizados. Los delincuentes aprovechan información disponible en redes sociales, filtraciones de datos y hábitos digitales para crear engaños hechos prácticamente “a la medida” de cada víctima.

Deepfakes y reconocimiento facial: otra amenaza para bancos

La expansión de los deepfakes también preocupa a instituciones financieras y autoridades. Esta tecnología permite generar videos o rostros falsos hiperrealistas para burlar sistemas biométricos y verificaciones de identidad.

Especialistas advierten que la IA puede crear audios y videos tan convincentes que ya no basta con “reconocer una voz” o confiar en una videollamada para validar la identidad de una persona.

En América Latina, México ya figura entre los países con mayor preocupación por fraudes impulsados con inteligencia artificial, particularmente en sectores financieros y plataformas digitales.

¿Cómo protegerse de los nuevos fraudes bancarios?

Ante este panorama, expertos recomiendan adoptar nuevas medidas de seguridad digital:

• Nunca compartir códigos de verificación por llamada o mensaje.
• Evitar descargar aplicaciones desde enlaces enviados por SMS o WhatsApp.
• Verificar directamente con el banco cualquier alerta sospechosa.
• Activar la autenticación de dos factores.
• Desconfiar de llamadas que generen urgencia o presión inmediata.
• Revisar cuidadosamente códigos QR antes de escanearlos.
• Limitar la publicación de audios y videos personales en redes sociales.

Además, compañías tecnológicas ya trabajan en nuevas herramientas de protección. Google anunció recientemente funciones de seguridad en Android capaces de detectar llamadas bancarias fraudulentas y comportamientos sospechosos en aplicaciones mediante inteligencia artificial.

Los especialistas coinciden en que el gran desafío de 2026 será aprender a distinguir entre lo real y lo generado por IA, en un entorno donde los fraudes digitales son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.

La investigación en contra de la preceptora de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Bragado que fue denunciada por robarse 50 mil dólares destinados a un viaje de estudios recién comienza y todavía son varias las dudas que rodean el caso. Por lo pronto, mientras la Justicia avanza, a esta hora, la acusada no fue notificada de la denuncia penal y se desconoce dónde está.

Las víctimas son 38 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario. Y acá surge otra de las preguntas que todavía no tienen respuesta: en qué gastó el dinero. La causa está en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial de Mercedes.

Infobae dialogó con el abogado Federico Etcheún, representante de las familias, quien confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por el delito de estafa agravada.

“Todo el dinero que fueron pasando durante once meses o un año a esta preceptora, que era para un viaje al Bolsón, no se usó para pagar el viaje; no se pagó estadía, no se pagó nada. Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata”, relató el letrado.

En ese sentido, el abogado señaló que la condición de trabajora en una institución pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

El abogado intervino en el caso recién la semana pasada y durante los días siguientes estuvo reuniendo toda la documentación necesaria de todas las 38 familias que elevaron la denuncia. “Yo les dije a las familias que me reunieran todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los chats y fotos de eventos que hayan hecho para recaudar el dinero. Me consiguieron todo todas las familias, así que hice treinta y ocho carpetas diferentes con cada archivo de cada alumno”, detalló Etcheún. La documentación fue aportada por el abogado junto a la denuncia en contra de la preceptora.

Según trascendió, la preceptora habría dicho de manera extraoficial una frase que indigna: “Me patiné la plata”, aseguró en el colegio antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

“No la se vio más. La última vez que habló fue esa que dijo que se ”patinó la plata”. Después no se la vio más en la calle. No tengo idea si estará acá en Bragado, pero no salió más a ningún lado. Estimo que una vez que la denuncia penal ingresa correctamente, se tiene que notificar por cédula fehacientemente de que está siendo investigada por un delito penal y que tenés derecho a contratar un abogado y que después la van a llamar a una declaración indagatoria. Pero realmente no tenemos datos de dónde está ni si está acá“, aseguró el abogado.

Silencio absoluto

En ese sentido, el letrado indicó que a pesar de que se desconoce dónde está la acusada, su marido -que trabaja en el mismo colegio- sí concurre regularmente a trabajar. Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero.

“Hasta ahora el esposo no se expresó. Nadie en el colegio dijo nada. Solamente terminaron de confirmar que la plata no estaba y se había gastado, pero no aportaron ni cómo, ni dónde, ni por qué la gastaron. Eso calculo se lo tendrán que responder a la Justicia cuando la citen”, señaló.

El monto estimado en la denuncia de las 38 familias asciende a los 50 mil dólares aproximadamente. “Entre todas las familias calcularon el viaje total. Eso saldría todo el viaje completo a El Bolsón para todos los chicos con todo pago. Un dinero que ellos ya habían juntado todo y se lo iban pasando a ella”, continuó.

“El tema es que se lo pasaban semanalmente, mensualmente, algunos se lo daban en la mano, porque ya habían hecho viajes desde el mismo colegio con la misma preceptora y siempre habían salido bien, pero esta vez no se dio”, agregó.

En las redes sociales de la preceptora, observaron que en el último tiempo había realizado un viaje pero el abogado aclaró que desconoce si se hizo con el dinero que estaba destina para el viaje.

Según dijo Etcheún, la preceptora les informó a los padres un total de seis supuestas postergaciones del vuelo. Y en cada una expuso una excusa diferente. En una oportunidad, por ejemplo, aseguró que la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost para justificar las demoras ante los padres.

“Le mandó un documento Word que ponía el logo de la aerolínea, y que por cuestiones o inconvenientes internos tenían que cambiar. Como son familias trabajadoras que no suelen viajar, no se dieron cuenta”, dijo.

Una buena noticia

A partir de la trascendencia del caso, una aerolínea se puso contacto con los padres para comunicarles que decidió donarles los pasajes a El Bolsón para que no dejen de cumplir su sueño de viajar al sur del país.

El dato fue confirmado a este medio, tanto por el abogado de las familias robadas como desde la empresa. Con esta ayuda, el viaje se hace cada vez más realizable.

Por lo pronto, indicó Etcheún, las familias abrieron una cuenta con el alias “Viajamos al Bolsón” para pedir colaboración y así realizar el viaje de estudio, cuya fecha inicial era octubre del año pasado. “Estimo que con los pasajes y ahora con lo que logren reunir, van a poder realizarlo esta año, hacia la misma fecha”, concluyó el abogado en su diálogo con Infobae.

Google eliminó de su tienda oficial de aplicaciones una red de herramientas fraudulentas que engañó a más de 7,3 millones de usuarios con falsas promesas de acceso a llamadas, mensajes y conversaciones privadas de terceros.

La investigación, revelada por la firma de ciberseguridad ESET a través de Welivesecurity, detectó que las aplicaciones no solo simulaban funciones imposibles de realizar, sino que además ponían en riesgo la información financiera de quienes pagaban por sus supuestos servicios.

Las aplicaciones, agrupadas bajo la campaña denominada “CallPhantom”, ofrecían supuestamente acceso al historial de llamadas, mensajes SMS y hasta registros de WhatsApp de cualquier número telefónico. Para atraer víctimas, utilizaban nombres genéricos y llamativos como “Call History of Any Number”, prometiendo una especie de espionaje digital accesible para cualquier usuario.

Sin embargo, especialistas en seguridad aclararon que las funciones promocionadas eran técnicamente imposibles de ejecutar de la forma en que se anunciaban. En realidad, las aplicaciones simplemente generaban resultados falsos para convencer a las personas de pagar una suscripción.

El mecanismo de engaño estaba cuidadosamente diseñado. Una vez instalada la aplicación, el usuario ingresaba un número telefónico y el sistema simulaba un supuesto proceso de búsqueda. Luego aparecían listas de contactos, horarios y registros aparentemente reales, aunque toda la información mostrada había sido precargada o generada aleatoriamente dentro del propio código de la aplicación.

Los investigadores explicaron que la intención era crear la ilusión de que el sistema realmente estaba obteniendo información privada. Cuando la víctima intentaba acceder al supuesto informe completo, la aplicación solicitaba un pago.

Incluso si el usuario abandonaba el proceso sin pagar, algunas de las herramientas enviaban notificaciones falsas simulando correos electrónicos que aseguraban que los resultados ya estaban listos para ser desbloqueados.

El informe también advirtió sobre otro problema grave: la forma en que estas aplicaciones gestionaban los cobros. Algunas utilizaban el sistema oficial de pagos de Google, mientras que otras desviaban a métodos externos que escapaban del control de la compañía.

Entre ellos figuraban sistemas como UPI, una plataforma de transferencias ampliamente utilizada en India, y formularios internos donde las víctimas debían introducir directamente los datos de sus tarjetas de crédito. Este último método aumentaba considerablemente el riesgo de exposición financiera y posibles fraudes posteriores.

Los precios de las supuestas suscripciones variaban dependiendo de la aplicación y podían alcanzar hasta 80 dólares por acceso a informes inexistentes.

Tras recibir la alerta de los investigadores de seguridad, Google eliminó las 28 aplicaciones vinculadas a la campaña “CallPhantom” de la Google Play Store. La compañía también canceló automáticamente las suscripciones activas realizadas mediante su sistema oficial de facturación.

El caso vuelve a poner el foco sobre el crecimiento de las estafas digitales dentro de las tiendas de aplicaciones. Aunque Google mantiene sistemas automáticos de revisión y análisis de seguridad, los ciberdelincuentes continúan encontrando formas de aprovechar la curiosidad de los usuarios mediante falsas promesas relacionadas con el espionaje, la privacidad o el acceso a información sensible.

Expertos en ciberseguridad recuerdan que ninguna aplicación legítima puede ofrecer acceso remoto al historial de llamadas, mensajes o conversaciones privadas de otras personas sin autorización. Además, recomiendan desconfiar especialmente de servicios que prometen funciones invasivas o imposibles, así como evitar ingresar datos bancarios fuera de plataformas oficiales y verificadas.

La investigación de Welivesecurity también revela cómo las tácticas de manipulación psicológica se están sofisticando. En este caso, los desarrolladores aprovecharon el interés de los usuarios por acceder a información privada de terceros para monetizar la curiosidad mediante suscripciones fraudulentas y mecanismos de presión diseñados para generar sensación de urgencia.

Aunque las aplicaciones ya fueron retiradas, especialistas advierten que campañas similares continúan apareciendo regularmente bajo nuevos nombres y diseños. Por ello, recomiendan revisar cuidadosamente los permisos solicitados por las apps, verificar opiniones reales y descargar software únicamente desde desarrolladores reconocidos.

El caso de “CallPhantom” demuestra que incluso dentro de tiendas oficiales como Google Play pueden colarse aplicaciones maliciosas capaces de comprometer tanto la privacidad como la seguridad financiera de millones de personas.

La desarticulación de una presunta red vinculada a delitos financieros, hurto agravado y blanqueo de capitales dejó cuatro personas aprehendidas durante la operación “Farol”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional en las provincias de Panamá, Herrera y Los Santos.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, que ejecutó allanamientos con apoyo policial y logró el decomiso de bienes presuntamente relacionados con la investigación.

De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son investigados por la supuesta comisión de hurto con abuso de confianza, delito financiero, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En el operativo también se decomisaron dos vehículos en el área de Tocumen, mientras que las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400, además de automóviles con un valor estimado de $71,700, presuntamente vinculados a las actividades investigadas.

Según las investigaciones preliminares, uno de los principales implicados se habría aprovechado de su cargo como contador dentro de una empresa privada para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía.

La Fiscalía sostiene que esta operación habría sido ejecutada en coordinación con otros integrantes de la presunta estructura, lo que permitió mover recursos y ocultar el origen del dinero mediante maniobras financieras.

El caso se desarrolla en un contexto de aumento de las denuncias por estafa y otros fraudes en Panamá. Entre enero y abril de 2026, el Ministerio Público registró 2,279 denuncias criminales relacionadas con estafas y otros fraudes, frente a las 1,895 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Esto representa un incremento de 20%, según las cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público y la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.

El delito con mayor incidencia fue la estafa, contemplada en el artículo 220 del Código Penal, con 2,154 casos acumulados hasta abril de 2026. Le siguieron la modificación o manipulación de programas informáticos, con 71 investigaciones; la estafa agravada, con 37 casos; la prenda hipotecaria sobre bien ajeno, con 13; y el fraude en servicios públicos, con 4. No se registraron casos por cobro indebido de un seguro.

La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de reportes, con 1,310 noticias criminales por estafas y otros fraudes durante los primeros cuatro meses del año.

Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 320 casos, seguida de Chiriquí con 187, San Miguelito con 124, Colón con 81 y Coclé con 75. En Herrera, una de las provincias donde se realizaron diligencias de la operación “Farol”, se reportaron 58 casos, mientras que Los Santos registró 48.

El crecimiento no fue uniforme en todo el país. Panamá Oeste mostró uno de los mayores aumentos, al pasar de 194 casos en 2025 a 320 en 2026, una variación de 65%. Los Santos subió de 32 a 48 casos, equivalente a 50%, mientras que Herrera pasó de 44 a 58, con un incremento de 32%. San Miguelito también registró un alza, al pasar de 102 a 124 casos, lo que representa 22%.

Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento de los delitos relacionados con modificación o manipulación de programas informáticos, que pasaron de 30 casos entre enero y abril de 2025 a 71 en el mismo periodo de 2026.

Esta variación representa un crecimiento de 137%, el mayor entre las categorías comparadas. El dato confirma que las investigaciones por fraude ya no se limitan a esquemas tradicionales, sino que también involucran herramientas digitales y manipulación tecnológica.

Las autoridades sostienen que este tipo de estructuras suelen aprovechar posiciones de confianza, acceso a información interna y conocimiento financiero para ejecutar movimientos irregulares. En el caso de la operación “Farol”, la figura del contador investigado resulta clave, porque el presunto desvío de fondos habría partido desde el interior de la propia empresa afectada.

La investigación deberá establecer ahora el monto total del perjuicio económico y si existen más personas vinculadas.

Los aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el alcance de la presunta red.

La operación “Farol” se suma a otras investigaciones abiertas por delitos económicos en Panamá, en momentos en que las estadísticas oficiales reflejan un aumento de las denuncias por estafa, fraude informático y maniobras financieras irregulares en diferentes provincias del país.

La Policía de Neuquén desbarató una banda que estafó a una jubilada con el “cuento del tío” y se robaron todos sus ahorros. En total, le sustrajeron 20 mil dólares.

El episodio comenzó con una llamada telefónica recibida por la mujer de 82 años, en la que una mujer, que se hizo paasar por su sobrina, le indicaba que debía entregar todos sus ahorros para llevarlos al banco alegando que debía realizar un “cambio de billetes”.

Convencida por la urgencia y la familiaridad de la supuesta pariente, la víctima reunió un poco más de 20 mil dólares y aguardó la llegada de un hombre que se presentó como empleado bancario.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, el engaño fue ejecutado por una banda delictiva especializada en el denominado “cuento del tío”, que operaba en la región y logró hacerse de la suma sin encontrar inicialmente obstáculos. Tras concretarse el robo, la jubilada realizó la denuncia en la Comisaría 17 de la capital neuquina, lo que motivó el despliegue de un operativo policial coordinado por el Departamento Delitos Económicos.

La reconstrucción de los hechos se apoyó en el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano y en la revisión de comunicaciones telefónicas vinculadas al caso. Las tareas de investigación permitieron a los efectivos reconstruir el recorrido del vehículo utilizado por los sospechosos y centrar la pesquisa en domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se llevaron a cabo los allanamientos.

Bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el operativo incluyó la convocatoria de una treintena de efectivos policiales y el despliegue de nueve móviles. Durante la mañana de ayer martes, los agentes ingresaron a cuatro domicilios en la zona sur de la ciudad, considerados aguantaderos de la banda dedicada a estafas mediante el “cuento del tío”.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, 500 mil pesos en efectivo, una suma cercana a 300 dólares y dos vehículos —una Ford EcoSport y una camioneta Nissan Frontier—. Se incautaron también prendas de vestir similares a las utilizadas en el hecho bajo investigación.

En uno de los domicilios allanados, los agentes hallaron además más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que sumó un componente adicional al expediente judicial y motivó la intervención de especialistas en delitos relacionados con estupefacientes.

Como resultado de la operación, cinco personas fueron demoradas y quedaron a disposición del MPF. La labor policial involucró a distintas áreas especializadas, entre ellas Delitos Económicos, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad, Fuerza Pública, Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito. El trabajo se extendió hasta las primeras horas de la tarde, permitiendo reunir pruebas relevantes para el avance de la investigación.

El operativo desplegado por la Policía neuquina permitió no solo recuperar parte del dinero sustraído, sino también desarticular un núcleo delictivo vinculado a múltiples modalidades de estafa y posesión de drogas. El caso continúa bajo la órbita del MPF, que evalúa la responsabilidad penal de los detenidos y la eventual vinculación con otros hechos investigados en la región.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) aprobó la emisión automatizada de los Certificados Negativos de Inscripción de Sucesión Intestada y de Testamento solicitados de manera presencial en oficinas registrales, mediante el uso de firma digital institucional y un agente automatizado.

La medida entró en vigencia el pasado 11 de mayo de 2026 y tiene alcance nacional, según la Resolución N.° 00060-2026-SUNARP/SN, publicada el 8 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Qué son estos certificados y para qué sirven

Los Certificados Negativos de Inscripción son documentos oficiales que acreditan la inexistencia de una inscripción de sucesión intestada o testamento respecto de una persona fallecida.

Son indispensables en los procedimientos de sucesiones tramitados ante notarios o jueces, y constituyen el punto de partida para que los herederos puedan iniciar los trámites de transferencia de bienes.

Si el certificado de testamento es positivo, los herederos reconocidos pueden continuar con los trámites para registrar la nueva propiedad de los bienes heredados. Si es negativo, sirve como base para iniciar un procedimiento de sucesión intestada, que corresponde cuando la persona fallecida no dejó testamento.

Cómo funciona el nuevo sistema automatizado

Hasta ahora, quienes solicitaban estos certificados de forma presencial debían esperar hasta tres días hábiles para recibirlos, ya que el trámite era atendido manualmente por el personal del área de publicidad de cada oficina registral. Con el nuevo sistema, el proceso cambia de manera sustancial.

Al presentar la solicitud en el Área de Caja de cualquier oficina registral del país a través del Sistema de Caja Única Nacional (SCUNAC), el solicitante debe proporcionar dos datos esenciales: el documento oficial de identidad del causante o testador y su nombre completo.

Con esa información, el sistema realiza automáticamente una búsqueda en el Índice Nacional de Sucesiones y en los índices del Registro de Sucesiones Intestadas y del Registro de Testamentos de la oficina registral competente.

Si el sistema no detecta coincidencias, el certificado se emite de forma inmediata, en formato electrónico con código QR y mecanismos de verificación digital que garantizan su autenticidad. El documento puede descargarse e imprimirse sin necesidad de trámites adicionales.

Cuándo no aplica la emisión automática

El sistema automatizado tiene dos excepciones claras. La primera ocurre cuando el solicitante no proporciona la información completa requerida: nombre del causante o testador y su documento de identidad. La segunda, cuando el sistema detecta coincidencias entre los datos ingresados y la información registrada en los índices de sucesiones, lo que puede indicar la existencia de un trámite previo o un registro relacionado.

En ambos casos, la solicitud es derivada al Área de Publicidad de la oficina registral correspondiente para su atención dentro del plazo reglamentario de tres días hábiles, siguiendo el procedimiento ordinario vigente.

Por qué la Sunarp tomó esta decisión

La medida responde a un incremento sostenido en la demanda de estos certificados, especialmente en el marco de procedimientos no contenciosos de sucesión intestada. La Sunarp señaló que la alta demanda venía siendo atendida con la misma dotación de personal, lo que generaba cuellos de botella operativos.

El antecedente directo de esta resolución es la Resolución N.° 152-2024-SUNARP/SN, que en 2024 aprobó la emisión automatizada de los mismos certificados para solicitudes realizadas a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), la plataforma digital de la institución. Los resultados favorables de ese mecanismo llevaron a extender la automatización al canal presencial.

La Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunarp verificó la factibilidad técnica del sistema y confirmó que los componentes necesarios para su implementación en el canal presencial estaban listos para operar en producción a partir del 11 de mayo.

Cómo solicitar el certificado de forma presencial

El trámite presencial se realiza directamente en cualquier oficina registral del país. El solicitante debe acudir al Área de Caja, proporcionar el nombre completo y el documento de identidad del causante o testador, y abonar el derecho de trámite correspondiente. Si el sistema no detecta coincidencias, el certificado se entrega de inmediato en formato electrónico.

Para quienes prefieren el canal digital, la solicitud puede realizarse a través del SPRL en la plataforma oficial de la Sunarp, con usuario y contraseña registrados. El certificado se envía al correo electrónico del solicitante con un enlace de descarga que requiere el código de verificación asignado al trámite.

La Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunarp es la responsable de garantizar el funcionamiento continuo del agente automatizado y la correcta emisión de los certificados bajo este nuevo esquema.

La localidad bonaerense de Bragado aún trata de buscar explicaciones y algo de justicia, luego de conocerse el indignante caso de una preceptora de una escuela técnica que fue denunciada por robarse 45 mil dólares destinados a un viaje de estudios.

Las víctimas son 37 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario.

Según relató en diálogo con radio Mitre Delfina Méndez, hermana de uno de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: “Me patiné la plata” antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

Según dijo, en cada ocasión que le preguntaban, la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost— para justificar las demoras ante los padres. Decía que los vuelos habían sido cancelados.

“Todo esto está grabado, porque esta persona en octubre, noviembre del año pasado, dijo que la aerolínea había reprogramado el vuelo. Nadie sospechó, porque recordemos que a fines del año pasado hubo muchos problemas con las aerolíneas en general”, contó Delfina.

“Esta persona armó o falsificó, no sabemos si con inteligencia artificial o tiene muy buenas habilidades de edición, documentos haciéndose pasar por la aerolínea. Entonces, ninguna familia sospechó”, contó la familiar.

El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada. La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes, según precisó el letrado al medio Bragado Informa. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

“El día viernes me llama mi mamá, siete y media de la mañana, completamente angustiada, llorando y diciéndome que la habían llamado los directivos de la escuela para hacerla firmar un acta y ahí le avisaron, llorando, los mismos directivos, que el dinero no estaba, que los chicos no iban a poder viajar”, recordó Delfina.

“La situación es la siguiente: la escuela técnica de Bragado desde el año 2018 organiza un viaje escolar para los chicos cuando llegan a sexto, se van a El Bolsón. Pero los chicos hacen el viaje en sexto y no el viaje tradicional a Bariloche con una empresa de viajes, sino que se van con el colegio al Bolsón”, continuó la hermana del alumno, quien detalló que para costear parte del viaje y reunir dinero, los chicos armaron rifas y sorteos a lo largo de los meses previos al viaje.

“Desde fines del 2024, o sea, un año antes, los chicos empezaron a trabajar con las familias. Todos los fines de semana en las plazas del pueblo, en la laguna, yendo a eventos, vendiendo comida, porque todo esto, además de cuotas que debían pagar los padres, se iba financiando con todas estas actividades que iban realizando las familias”, detalló.

“Todos los que somos de la ciudad de Bragado sabemos que los chicos estuvieron más de un año, todos los fines de semana trabajando para juntar peso por peso. Finalmente lo que sucedió es que presentamos una denuncia penal”, indicó.

“Esto es un viaje escolar, así que los chicos no podían viajar y en marzo ella dijo que los chicos viajaban en abril y en abril ella empieza a desaparecer. Primero comenzó diciendo que había perdido supuestamente el teléfono institucional con el que estaba en el grupo de WhatsApp con los papás”, recordó la hermana.

“Después se tomó una licencia, supuestamente porque estaba enferma, con un resfrío, y ahí deja de contestar hasta en el grupo. Y cuando empiezan a saltarnos todas las alertas, se acercaron los directivos a su casa hace una semana y ahí ella fue cuando les confesó que se patinó la plata. Hay una investigación de Jefatura Distrital desde el primer momento”, añadió Delfina.

Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero. La única pista que tienen -siempre según el relato de la familiar- es que la mujer se habría comprado un auto nuevo. Desconocen si fue con el dinero del viaje de estudios.

La comunidad está profundamente afectada por la presunta traición de alguien que trabajó en la escuela por varios años, conocía a las familias y hasta participó activamente en la recaudación. Delfina anunció que están organizando nuevas colectas para que los chicos puedan realizar el viaje.

“Las cuarenta familias nos estamos organizando para que los chicos, más allá de todo esto y de lo legal, no se pierdan este viaje. Pueden buscarnos en las redes sociales, en el grupo Viajamos al Bolsón y ahí estamos armando un montón de actividades y de colectas para que los chicos puedan viajar”, concluyó.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes, en un fallo unánime de los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, el procesamiento de dos hermanos acusados de haber defraudado al Banco Nación por más de $257 millones mediante balances falsos, cheques sin fondo y sociedades ficticias.

La situación procesal de los hermanos Iván Cruz y Nicolás Costa resultó así ratificada por el máximo tribunal penal del país tras desestimar la queja presentada por la defensa compartida contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que había confirmado el 16 de marzo pasado, sin prisión preventiva, los procesamientos de los representantes de la firma “Iván Costa e Hijos S.R.L.“.

Según surge de las actuaciones, los hermanos Costa habrían liderado una organización ilícita que, entre octubre de 2022 y enero de 2023, accedió a quince préstamos del Banco Nación por un total de $257.759.775, bajo la modalidad de descuento de cheques de pago diferido. Para lograrlo, presentaron un balance que declaraba falsamente la existencia de 5.489 cabezas de ganado valuadas en 259 millones de pesos, lo que les valió una calificación crediticia de 277 millones. Los cheques fueron rechazados al vencimiento por falta de fondos. Al momento de la denuncia, en marzo de 2024, la deuda ascendía a aproximadamente 766 millones de pesos.

La maniobra incluyó dos versiones del mismo balance con resultados disímiles -uno presentado al banco y otro en sede civil- y 15 de 18 facturas que resultaron falsas. El ingeniero agrónomo Christian Alzú, del Cuerpo de Apoyo Técnico del banco, fue procesado por suscribir informes que avalaban la existencia del ganado sin haber realizado las verificaciones mínimas.

Los fondos habrían sido lavados a través de “El Henko S.A.S.”, constituida con un capital de 200 mil pesos e integrada por personas cercanas a los imputados, entre ellas María Fernanda Flores Jara, pareja de Nicolás Costa. Sus movimientos bancarios superaron los 2.200 millones de pesos entre enero y noviembre de 2024, todo mientras los acusados tramitaban concursos preventivos ante la justicia civil. El contador Natalio Lorenzo Traghetti, procesado por asociación ilícita y lavado de activos, asesoró la constitución de esa sociedad apenas 22 días después de la primera presentación concursal del grupo.

Por los hechos descriptos, los hermanos Costa están procesados por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador (art. 210 in fine del CP), en concurso real con fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5 del CP) y lavado de activos (arts. 303 y 304 del CP), en concurso ideal con falsificación material e ideológica de instrumento público (arts. 292 y 293 del CP), todos en calidad de coautores.

Al resolver no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de los hermanos, la Sala IV de la Casación consideró que el “recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara”.

También sostuvo que “las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un perjuicio que no admita reparación ulterior, circunstancia que no se verifica en el presente caso”.

En ese contexto, los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo tuvieron en cuenta que en la causa “han recaído pronunciamientos concordantes del juez de primera instancia y de la cámara respectiva”. Las costas fueron impuestas a los recurrentes.

En la era de la hiperconectividad, la promesa de acceder al historial de llamadas, SMS o hasta registros de WhatsApp de cualquier número es una tentación para quienes buscan información ajena. Sin embargo, detrás de esta oferta hay una de las estafas digitales más extendidas de los últimos años.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad ESET, se logró identificar bajo nombres como CallPhantom, al menos 28 aplicaciones fraudulentas estuvieron disponibles en Google Play, engañando a más de 7,3 millones de usuarios y recaudando pagos por servicios inexistentes.

El caso es relevante porque muestra cómo el modelo de negocio de las apps fraudulentas evoluciona: ya no basta con instalar software malicioso, ahora se combinan técnicas de ingeniería social, cobros directos y manipulación de expectativas para lucrar con la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios.

Así operaban las apps fraudulentas

Estas aplicaciones prometían ofrecer acceso a registros de llamadas, SMS y logs de WhatsApp de cualquier número. El usuario debía ingresar el número deseado y, tras realizar un pago, supuestamente recibiría un historial detallado.

En realidad, lo único que recibía eran datos generados aleatoriamente: nombres, números y horarios combinados en el código de la app para simular información real.

El atractivo de la estafa residía en la falsa posibilidad de espiar teléfonos ajenos, una función que, por motivos técnicos y legales, es imposible de cumplir. Las apps no solicitaban permisos intrusivos ni accedían a datos sensibles, simplemente generaban resultados ficticios tras el pago.

Alcance global y métodos de pago dudosos

El grupo de apps CallPhantom fue especialmente popular en India y la región Asia-Pacífico, pero llegó a usuarios de todo el mundo. Muchas apps utilizaban el código de país +91 y aceptaban pagos a través de UPI, tarjetas o enlaces de terceros, eludiendo en ocasiones el sistema oficial de facturación de Google Play. Esto dificultaba a las víctimas solicitar reembolsos o cancelar suscripciones, dejándolas desprotegidas ante el fraude.

Algunas aplicaciones incluso mostraban notificaciones falsas, simulando la llegada de correos con los supuestos registros, para presionar a los usuarios a completar el pago. Los precios variaban desde 5 euros hasta 80 dólares según el plan de suscripción (semanal, mensual o anual).

Reseñas falsas y manipulación social

Las apps fraudulentas lograron posicionarse en Google Play gracias a una mezcla de reseñas positivas creadas artificialmente, campañas en redes sociales y promesas atractivas. Aunque acumulaban muchas críticas negativas de usuarios que denunciaban el engaño, la curiosidad por “espiar” a otros o recuperar registros propios seguía atrayendo a nuevas víctimas.

La falta de controles efectivos permitió que las aplicaciones permanecieran activas durante meses, hasta que investigadores de seguridad y la App Defense Alliance reportaron y lograron su eliminación.

¿Qué hacer si fuiste víctima?

Si pagaste por una suscripción a través del sistema oficial de Google Play, puedes cancelarla y solicitar un reembolso desde la sección Pagos y suscripciones en la Play Store. Si la compra se realizó mediante un método externo, el proceso es más complicado y se debe contactar directamente al proveedor de pagos o al desarrollador, aunque las posibilidades de recuperar el dinero son limitadas.

Google eliminó automáticamente las suscripciones activas de las apps CallPhantom tras retirarlas de la tienda, pero muchas víctimas ya habían perdido su dinero.

Consejos para evitar caer en apps fraudulentas

• Desconfía de cualquier app que prometa acceso a información privada de terceros.
• Descarga solo aplicaciones de desarrolladores verificados y consulta reseñas auténticas.
• Revisa los permisos solicitados: apps legítimas no requieren datos innecesarios.
• Utiliza siempre métodos de pago oficiales y evita ingresar datos bancarios en apps desconocidas.
• Ante la duda, investiga antes de descargar y nunca pagues por servicios que prometen actividades ilegales o poco realistas.

El caso CallPhantom evidencia la sofisticación de las estafas móviles y la necesidad de fortalecer la educación digital y los controles de las tiendas de apps. En un entorno donde la curiosidad y el acceso rápido pueden jugar en contra, la mejor defensa sigue siendo la información y la prevención. Mantente alerta y protege tus datos: ninguna app puede darte acceso legal al historial de llamadas o mensajes ajenos, y quienes lo prometen solo buscan aprovecharse de los usuarios.

Las estafas impulsadas por inteligencia artificial están creciendo a una velocidad sin precedentes y ya permiten a los delincuentes clonar voces, generar rostros falsos y realizar videollamadas deepfake en tiempo real para engañar a víctimas y robar dinero. Expertos en ciberseguridad, como ESET, alertan que estas herramientas, antes reservadas para laboratorios tecnológicos, hoy pueden utilizarse con aplicaciones gratuitas y apenas unos segundos de audio.

Uno de los mayores temores de las autoridades es la facilidad con la que ahora puede suplantarse la identidad de cualquier persona. Un mensaje de voz enviado por WhatsApp, un video publicado en redes sociales o una llamada grabada pueden ser suficientes para entrenar sistemas capaces de imitar la voz de alguien con gran precisión.

El fenómeno ya está provocando pérdidas millonarias en todo el mundo. Empresas de seguridad reportaron un aumento explosivo de fraudes vinculados con contenido generado por IA, mientras organismos internacionales como Interpol advierten que redes criminales están utilizando estas herramientas para multiplicar sus ataques.

Cómo funciona el clonaje de voz con IA

La clonación de voz se convirtió en una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Los sistemas actuales necesitan apenas unos segundos de grabación para recrear el tono, la velocidad, las pausas y hasta las muletillas de una persona.

El resultado puede ser extremadamente convincente. Una víctima podría recibir una llamada aparentemente realizada por un familiar, un amigo o incluso un jefe de trabajo solicitando dinero urgente o información sensible.

La sofisticación alcanzó niveles preocupantes porque muchos modelos funcionan en tiempo real. Esto permite que el sistema responda preguntas, improvise conversaciones y adapte el tono emocional durante la llamada.

Especialistas de Kaspersky explican que la combinación de inteligencia artificial y manipulación emocional está convirtiendo estos fraudes en uno de los mayores riesgos digitales actuales.

Los deepfakes ya se usan en videollamadas

La amenaza no se limita únicamente al audio. Los videos deepfake generados por IA también crecieron de manera acelerada durante los últimos años. Empresas de ciberseguridad reportaron que los incidentes vinculados a videos falsos aumentaron drásticamente durante 2025, impulsados por herramientas cada vez más accesibles y fáciles de utilizar.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Hong Kong. Un empleado de la firma de ingeniería Arup participó en una videollamada donde creyó hablar con directivos reales de la compañía, incluido el director financiero.

Sin embargo, todas las personas presentes en pantalla eran recreaciones generadas por inteligencia artificial. Tras recibir instrucciones aparentemente legítimas, el trabajador autorizó transferencias millonarias antes de descubrir que había sido víctima de un fraude.

El caso mostró que los deepfakes ya no son simples videos editados, sino sistemas capaces de simular expresiones faciales, movimientos y conversaciones en vivo.

Las estafas románticas también evolucionaron

Otro de los delitos que más se transformó con la inteligencia artificial es el fraude romántico. Los especialistas llaman a esta nueva modalidad “pig butchering 2.0”, una evolución de las tradicionales estafas sentimentales utilizadas para convencer a las víctimas de invertir dinero en plataformas fraudulentas.

La diferencia es que ahora los delincuentes pueden aparecer en videollamadas usando rostros creados por IA, interactuar en tiempo real y construir vínculos emocionales mucho más creíbles. Las pérdidas económicas asociadas a este tipo de fraude alcanzaron cifras multimillonarias a nivel global durante los últimos años, según reportes internacionales.

Las personas mayores aparecen entre los grupos más afectados. Autoridades y expertos detectaron un incremento significativo en las pérdidas sufridas por adultos mayores víctimas de llamadas falsas y engaños emocionales.

El phishing también cambió con la IA

La inteligencia artificial no solo está transformando llamadas y videos falsos. También cambió radicalmente los correos electrónicos de phishing. Durante años, muchos mensajes fraudulentos podían identificarse fácilmente por errores ortográficos, traducciones deficientes o frases poco naturales.

Ahora, los modelos de lenguaje generan textos prácticamente indistinguibles de los mensajes reales enviados por bancos, empresas tecnológicas o servicios oficiales. Esto dificulta enormemente detectar fraudes, incluso para usuarios con conocimientos avanzados de seguridad digital.

Por qué los expertos están preocupados

Lo que más inquieta a los especialistas es que crear deepfakes o clonar voces dejó de ser costoso o complejo. Actualmente existen aplicaciones gratuitas y herramientas disponibles en internet capaces de realizar estas tareas en minutos.

Además, en foros clandestinos se comercializan kits completos para generar identidades falsas, videos manipulados y campañas automatizadas de fraude.

La expansión de estas tecnologías está provocando que las estafas digitales sean cada vez más difíciles de identificar. Para los expertos, el principal desafío será encontrar mecanismos de verificación y educación digital capaces de avanzar al mismo ritmo que la inteligencia artificial.

Una nueva estafa circula por WhatsApp y tiene un elemento que la hace especialmente peligrosa: conoce el nombre y apellido de la víctima. El timo, detectado por Antonio Ortiz en X, llega disfrazado de recordatorio de reserva hotelera y usa esa información personal para generar una falsa sensación de legitimidad. Los propios hoteles confirman que este tipo de fraude está en auge.

Cómo funciona la estafa de la reserva fantasma

El mensaje llega por WhatsApp desde una cuenta de empresa con verificación en la plataforma y varios seguidores, lo que le da una apariencia de credibilidad difícil de cuestionar a primera vista. El texto informa al destinatario de que tiene una reserva pendiente de confirmar en un hotel y le pide que acceda a un enlace para completarla.

Ese enlace lleva a una pasarela de pago falsa donde se solicita abonar una cantidad para cerrar la reserva. El dinero, por supuesto, va directamente al estafador, que no tiene ninguna vinculación con ningún hotel real.

Lo que distingue este timo de los habituales es el uso del nombre completo de la víctima. En la mayoría de las estafas, los delincuentes desconocen cómo se llama el destinatario. Aquí no: citan nombre y apellido, lo que rompe la guardia de quien recibe el mensaje, especialmente si tiene o ha tenido reservas hoteleras recientes.

De dónde obtienen los estafadores los datos personales de sus víctimas

No se sabe con certeza cómo consiguen vincular nombres completos con números de teléfono, pero la explicación más probable apunta a filtraciones de datos. Ese tipo de incidentes no ocurre todos los días, pero sucede con una frecuencia preocupante.

Uno de los casos más graves en España fue la filtración de Phone House hace cinco años, que dejó expuestos millones de datos de clientes, incluyendo nombres, apellidos, DNI y números de contacto.

Los estafadores acceden a ese tipo de bases de datos comprometidas y las usan para construir fraudes como este, con un nivel de personalización que los hace mucho más convincentes.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de una reserva hotelera

La medida más eficaz es también la más simple: llamar directamente al hotel o a la entidad que supuestamente envió el mensaje. No al teléfono que aparezca en el mensaje ni en la cuenta de WhatsApp, sino al número oficial que figure en la página web de la empresa.

Esa llamada permite verificar en segundos si el mensaje es legítimo. Lo más habitual es que no lo sea, y en ese caso conviene bloquear y reportar el contacto para evitar que siga enviando mensajes.

El enlace no debe abrirse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos rellenar formularios ni realizar pagos. Solo por entrar al enlace no suele ocurrir nada, pero toda precaución es poca. La llamada de verificación debe producirse antes de cualquier interacción con el mensaje.

Qué hacer si ya has caído en la estafa

Si el pago ya se realizó, hay dos pasos urgentes. El primero es contactar con el banco para bloquear posibles cobros fraudulentos adicionales o solicitar la devolución del importe pagado, presentando para ello la documentación del fraude.

El segundo es presentar una denuncia ante la policía, adjuntando capturas del mensaje, del enlace y de cualquier otro elemento que ayude a identificar a los responsables.

La estafa no se limita al formato hotelero. Ortiz advierte que puede aparecer con variantes en las que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria, un servicio de paquetería o cualquier otra organización de confianza. El mecanismo es el mismo: urgencia, datos personales reales y un enlace que lleva al fraude.

Felipe Pettinato fue procesado en las últimas horas por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa tramitada en los tribunales nacionales. Así lo resolvió el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además ordenó su arresto domiciliario con monitoreo electrónico y mantuvo la prohibición de salida del país.

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos privados, delitos que concurren de forma ideal entre sí. La causa se desprende del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: en ese marco, según pudo saber este medio, se detectó que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que dio origen a una investigación paralela que derivó en el procesamiento y la detención ordenada ahora.

Así las cosas, el magistrado dispuso que el imitador de Michael Jackson cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco de la condena dictada el pasado 20 de abril.

La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. Además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

La resolución fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa del imputado y a la parte querellante.

En diálogo con Infobae, el abogado de Felipe Pettinato confirmó que su defendido fue notificado de la resolución judicial esta mañana y que presentará un recurso de apelación.

El letrado explicó que se trata de “una parte residual de la causa del incendio que había quedado en etapa de instrucción” y precisó que, por este expediente, Pettinato fue indagado dos días después de la condena dictada por el TOC N°14.

Según detalló, se lo acusa de haber comprado medicación mediante el uso de recetas médicas falsas. De acuerdo con esa hipótesis, los damnificados serían una importante obra social, mientras que la familia del neurólogo fallecido no forma parte de este expediente.

La situación procesal de Felipe Pettinato no es nueva. A fines de abril pasado fue condenado por el TOC N°14 en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en 2022 tras un incendio en el departamento que el imputado ocupaba en el barrio de Belgrano.

Ese caso se originó la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando un foco ígneo se desató en el inmueble y derivó en la muerte del médico, que se encontraba en el lugar. La investigación incluyó peritajes para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión. La querella, en tanto, reclamó una condena más severa, al entender que existió una conducta con mayor grado de responsabilidad. La defensa, por su parte, centró su estrategia en el contexto de consumo problemático de sustancias.

Finalmente, el tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso y le impuso pautas de conducta, entre ellas la obligación de continuar con tratamiento por sus adicciones, un punto que ahora vuelve a aparecer en la resolución que ordenó su arresto domiciliario en la causa por estafas.

El registro audiovisual muestra cómo un vendedor ofrece listas con información detallada de ciudadanos, incluyendo nombres completos, números de cédula, teléfonos y nombres de las empresas para las que trabajan.

“Esta empresarial viene con 24.850 registros”, asegura el sujeto, que comercializa la base de datos por $100.000. Las listas se envían por WhatsApp o correo electrónico a quienes las adquieren.

En las imágenes, también se evidencia la venta de bases de datos de pensionados en Colombia, con 18.800 registros y a un costo de $200.000. “Si quiere ir a la fija, la de pensionados, a ellos les puede vender lo que sea”, afirma el vendedor, que presume de tener clientes frecuentes que rentabilizan este tipo de información.

Extorsión telefónica y digital: cifras y métodos

Durante la presentación ante el Concejo, Espinosa advirtió que “lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”.

Con base en cifras oficiales citadas por el concejal, en lo que va de 2026 se registraron 441 casos de extorsión en la capital; de estos, 214 se realizaron mediante llamadas telefónicas y 96 a través de redes sociales.

Estos datos reflejan que el 71% de los casos de extorsión en Bogotá involucran canales de contacto directo, como llamadas o redes sociales, lo que sugiere el uso de bases de datos filtradas. “Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, cuestionó el concejal en su intervención.

La denuncia destaca que entre los afectados se encuentran ciudadanos comunes, adultos mayores y personas naturales con empresas registradas legalmente, que reciben llamadas sospechosas, mensajes de números desconocidos y grabaciones automatizadas.

Deterioro de la seguridad y retos para la Administración distrital

La exposición pública de la venta de datos personales se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. De acuerdo con datos citados por Espinosa, la tasa de homicidios en Bogotá superó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura: en 2024, la meta era de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero el año cerró en 15,3; en 2025, con una meta de 12,9, la cifra alcanzó 14,7.

Las lesiones personales también mantienen cifras elevadas, con 18.607 casos reportados, y los hurtos en Transmilenio siguen por encima de los 10.000 incidentes anuales. Además, los registros de incidentes en la línea de emergencias 123 muestran un aumento en riñas, maltrato y otros hechos que afectan la convivencia.

“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el funcionario ante el Concejo de Bogotá.

Falta de avances en infraestructura penitenciaria

Espinosa también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán respecto a proyectos clave de seguridad. En particular, mencionó la ausencia de avances en la construcción de la Cárcel Distrital II, cuyo predio fue entregado por el Gobierno Nacional en 2024, pero actualmente no cuenta con un proyecto en ejecución.

El contrato para estudios y diseños, por más de $5.196 millones, fue terminado sin que exista una iniciativa concreta para ampliar la capacidad carcelaria del Distrito. “Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria”, concluyó Espinosa durante el debate.

El caso Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– ingresó en un momento clave en sus instancias judiciales. Los abogados de los 4.200 damnificados intentan por estos días recabar las firmas de sus clientes para aceptar un acuerdo que propone distribuir USD 35 millones en 60 días. Se trata de un porcentaje menor en comparación a los USD 410 millones de pasivo de la empresa.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

Según informó El Observador, con este acuerdo los clientes podrán cobrar algo de lo invertido. Quienes tenían ganado a su nombre (una modalidad de inversión) cobrarán un 33,3% sobre cada animal, mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%. Esto permite que no esperen a que termine el proceso y que se resuelvan impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.

Hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y han expresado su voluntad de adhesión, de acuerdo a un relevamiento realizado por este medio.

Graciela Abelenda, la defensora de un grupo de damnificados, declaró que sus clientes están adhiriendo al acuerdo de forma masiva y contó que la semana pasada debió extender el tiempo de atención para recabar las firmas.

En una misma línea se expresó Juan Pablo Decia, quien aseguró que el nivel de aceptación viene bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, señaló.

Quienes no adhieren al convenio no quedarán comprendidos. Para estos casos, la sindicatura deberá reservar una parte del activo.

Los USD 35 millones a repartir provienen de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

En qué consiste la propuesta

La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó semanas atrás el diario El País.

El plazo para tomar una decisión vence el 12 de mayo.

José (nombre ficticio) es un hombre de 79 años con graves problemas de visión que tiene (o tenía) por costumbre desayunar a diario en una cafetería-pastelería de Sant Fruitós de Bages, un municipio de la comarca del Bages, en Barcelona. El hombre padece de cataratas, una enfermedad que provoca una pérdida de transparencia del cristalino (la lente natural del ojo), causando como consecuencia una pérdida de visión. Es la causa más frecuente de ceguera, reversible mediante una cirugía, y afecta a alrededor de 94 millones de personas en todo el mundo, según la OMS.

Aprovechó la confianza y la ceguera del hombre para cobrar 100 euros de más cada día

La propietaria de la cafetería-pastelería, habiéndose ganado la confianza de José, comenzó a gestionar personalmente el pago de los desayunos, ya que la dificultad visual del cliente le impedía hacerlo por sí mismo. José le facilitaba su tarjeta bancaria y el PIN para que ella introdujera los datos en el terminal de pago. Llegó un punto, según el escrito de la Fiscalía, a partir del 30 de junio de 2023, en el que la acusada empezó a cobrar cantidades muy superiores al precio real de cada consumición, sumando más de 100 euros extra cada día. El ministerio público detalla en su informe: “La acusada validaba cobros superiores a los de las consumiciones reales, obteniendo un beneficio económico indebido que ascendió a 6.986,09 euros”. De este modo, el dinero terminó en el patrimonio de la acusada a través del negocio, mientras que José, debido a su discapacidad visual y a la confianza depositada, no era consciente del fraude.

La acusación subraya la especial vulnerabilidad de la víctima y el abuso de confianza generado por la situación personal del afectado. El texto presentado por el ministerio público señala: “El procesado se valió de la confianza generada y de las limitaciones visuales de la víctima para apropiarse de una cantidad económica que no le correspondía”.

En términos legales, la Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa recogido en los artículos 248 y 249 del Código Penal, e incorpora el agravante de abuso de superioridad. Como consecuencias penales, solicita para la acusada una condena de dos años y tres meses de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena y el pago de las costas judiciales. En lo referente a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la devolución íntegra a la víctima del importe presuntamente defraudado, sumando los intereses legales correspondientes.

El escrito presentado por la acusación incluye también a la sociedad gestora del establecimiento como responsable civil subsidiaria, lo que implica que, en caso de que la acusada no pudiera hacer frente al pago de la indemnización, la empresa que administra el local debería asumir la devolución de la cantidad reclamada. La vista oral servirá para aclarar si los hechos relatados por la Fiscalía quedan probados y si la acusada debe afrontar la devolución de los casi 7.000 euros y la pena solicitada. El juicio tiene lugar el 5 de mayo, en la Audiencia Provincial de Barcelona, que decidirá sobre la responsabilidad penal y económica de la propietaria en relación a los hechos descritos.

Un hombre de Miami fue detenido y enfrenta cargos tras ser acusado de orquestar una serie de estafas de alquiler que dejaron a varias víctimas sin miles de dólares. La policía local identificó a Nathan Guy, de treinta y cuatro años, como el principal sospechoso de un fraude que, según las investigaciones preliminares, habría causado pérdidas por más de 50.000 dólares a al menos siete personas. El caso, que salió a la luz tras diversas denuncias de afectados, expone las vulnerabilidades de quienes buscan vivienda a través de plataformas en línea y reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los procesos de alquiler digital.

El arresto de Guy se produjo después de que varios individuos reportaran haber sido engañados mediante anuncios falsos de alquiler de apartamentos ubicados en el centro de Miami. Las pesquisas apuntan a que Guy utilizaba identidades falsas para publicar ofertas atractivas en Facebook Marketplace, una de las plataformas más populares para la búsqueda de inmuebles. La operación fraudulenta, según la policía, consistía en captar la atención de potenciales inquilinos que buscaban mudarse a la ciudad, generando una falsa sensación de oportunidad y urgencia para cerrar el trato.

El mecanismo de la estafa seguía un patrón bien definido. Nathan Guy se presentaba en Facebook Marketplace bajo identidades ficticias, la más utilizada de ellas, el alias “Tyler Thomas”. Publicaba anuncios de habitaciones o apartamentos en alquiler, mostrando imágenes y descripciones que hacían que la oferta pareciera legítima y sumamente atractiva. Una vez que los interesados se ponían en contacto, Guy insistía en la necesidad de asegurar el inmueble lo antes posible, solicitando depósitos y el primer mes de alquiler por adelantado a través de aplicaciones de pago electrónico como Venmo. Este método, poco habitual en transacciones inmobiliarias formales, le permitía recibir el dinero de forma rápida y sin dejar rastro directo que facilitara su rastreo inmediato.

Las víctimas, al confiar en la apariencia de legitimidad del anuncio y la urgencia transmitida por Guy, transferían las sumas requeridas. Posteriormente, el supuesto arrendador comenzaba a poner excusas para evitar encuentros personales o visitas al inmueble. Alegaba estar fuera de la ciudad o demasiado ocupado, hasta que finalmente cortaba toda comunicación. Así, los afectados quedaban sin el dinero y sin la posibilidad de acceder a la vivienda prometida.

Entre los damnificados se encuentra Kaleb Joubert, quien relató que su experiencia con esta estafa fue especialmente dolorosa por tratarse de un intento de comenzar una nueva etapa en su vida. Joubert, residente en Texas, había decidido mudarse a Miami, atraído por la propuesta de un “apartamento muy bonito” que descubrió en la red social. Tras encontrar el anuncio, Joubert contactó con el supuesto propietario —que se hacía llamar Tyler Thomas— y le transfirió 4.000 dólares por concepto de primer mes de alquiler y depósito de seguridad. “Estaba muy ilusionada con un nuevo comienzo, con nuevas oportunidades”, expresó Joubert sobre sus expectativas iniciales.

La situación comenzó a tornarse sospechosa cuando Joubert solicitó visitar el apartamento en persona durante un viaje a Miami para entrevistas laborales. Guy, siempre bajo el alias de Thomas, empezó a dar evasivas, alegando compromisos o ausencia de la ciudad. A medida que las excusas se acumulaban, la comunicación terminó por romperse abruptamente. Fue entonces cuando Joubert, tras contactar a otra víctima por internet y comparar experiencias, comprendió que ambos habían sido engañados por la misma persona. “Lo tenías justo delante, en la cara”, lamentó.

Tras este descubrimiento, Joubert acudió a la policía, lo que permitió vincular los testimonios de varias víctimas y avanzar en la investigación. El arresto de Guy representó un alivio para quienes habían sido afectados. Joubert reconoció que, aunque aún enfrenta las secuelas económicas del engaño, la detención del sospechoso le dio una sensación de tranquilidad: “Ahora puedo dormir tranquilo”, afirmó.

En cuanto al procedimiento judicial, Nathan Guy fue presentado ante la corte de Miami, enfrentando cargos por fraude organizado y hurto mayor. Durante la primera audiencia, el abogado defensor, Nicolas Sconzo, no impugnó la existencia de causa probable y solicitó que se fijaran fianzas estándar. Guy permanece detenido bajo una fianza de 30.000 dólares, a la espera de que avance el proceso en su contra. El defensor no presentó argumentos en esa instancia, lo que agilizó la formalización de los cargos.

El caso ha servido de advertencia para la comunidad de Miami y para quienes buscan vivienda a través de internet. La policía de Miami recuerda a los inquilinos la importancia de extremar la precaución en el entorno digital. Entre las advertencias emitidas, los agentes destacan que las solicitudes de pago de alquiler o depósitos mediante aplicaciones de terceros como Venmo, Cash App o Zelle constituyen una señal de alerta. Recomiendan abstenerse de realizar transferencias sin antes verificar la identidad del propietario y la existencia del inmueble, y aconsejan preferir siempre métodos de pago formales y contratos escritos para evitar caer en fraudes similares.

El mecanismo comienza cuando la víctima recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada, muchas veces por un monto elevado, que puede alcanzar los $500.000 o más. Poco después, un tercero se comunica para solicitar la devolución de ese dinero, alegando que se trató de un error y proporcionando un nuevo CBU para realizar la transferencia.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, se brindó una detallada explicación de cómo operan los estafadores que buscan

“¿Te cayó una transferencia de quinientas lucas y te piden que la devuelvas? No es un error, es una estafa triangular. El delincuente engaña a otra persona y usa tu cuenta. La plata te llega a vos, pero no es tuya", comenzó diciendo un integrante de la fuerza policial provincial.

Y continuó: “Después te apura para que lo mandes a otro CBU. Si lo hacés, te usa para lavar dinero. No la devuelvas por tu cuenta. Contactá a tu banco y pedí la reversión oficial. Si la plata pasa por vos, quedás en el medio”.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcó que el engaño no termina con la simple devolución del dinero. La maniobra consiste en que el delincuente, luego de obtener fondos de una víctima principal mediante fraude, los traslada a la cuenta de una segunda persona (el intermediario), quien desconoce la verdadera procedencia del dinero.

De este modo, el estafador busca dificultar el rastreo de los fondos y comprometer a terceros en el circuito delictivo. “Estafa triangular: te llega plata, te piden que la devuelvas a otra persona… pero en realidad te están usando como intermediario para mover dinero de una maniobra fraudulenta. Estate atento, no transfieras sin verificar”, advirtieron desde la cartera de Seguridad.

El riesgo principal para la persona que recibe la transferencia radica en que, al mover el dinero a otra cuenta, queda involucrada en una operación de lavado de activos, aunque no haya participado conscientemente del delito original. Las autoridades explicaron que el simple hecho de actuar como intermediario puede derivar en investigaciones judiciales y sanciones, ya que la trazabilidad bancaria deja constancia del paso de los fondos por su cuenta.

Ante la detección de una transferencia sospechosa, la recomendación de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad es clara: no transferir el dinero a ninguna cuenta proporcionada por terceros ni intentar devolverlo por cuenta propia. En cambio, se debe contactar al banco de inmediato y solicitar la reversión oficial de la operación. De esta forma, la entidad financiera inicia el protocolo correspondiente y preserva a la persona de quedar comprometida judicialmente.

Las autoridades subrayaron la importancia de actuar con cautela. No devolver el dinero sin verificar el origen real de la transferencia y sin intervención bancaria oficial es fundamental para evitar ser parte de una maniobra ilegal. Además, aconsejaron dar aviso a las fuerzas de seguridad y compartir la advertencia para prevenir que otras personas caigan en la misma trampa.

El fenómeno de la estafa triangular evidencia la sofisticación creciente de los delitos financieros y la necesidad de mantener prácticas de seguridad estrictas en la administración de cuentas bancarias. El mensaje de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad apunta no solo a la prevención individual, sino también a la difusión social de la información para reducir el impacto de este tipo de fraudes.

La Justicia de San Luis investiga el caso de un barbero acusado de haber estafado a su círculo cercano mediante un esquema Ponzi. Son 19 los afectados y el perjuicio económico se estima en unos 100 millones de pesos.

Según pudo saber Infobae, el detenido -de apellido Pérez- captaba fondos de amigos, familiares y clientes de su barbería, a quienes les proponía invertir en distintos negocios. Las maniobras habrían comenzado entre fines de 2024 y principios de 2025, y se habrían extendido hasta enero de este año.

El dinero era aportado tanto en efectivo como por transferencias, bajo la promesa de obtener altos rendimientos. El esquema incluía supuestas operaciones de compra y venta de teléfonos iPhone importados, así como inversiones vinculadas a su propia barbería.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, al principio, el acusado cumplía con los pagos y ofrecía ganancias con intereses muy elevados, lo que generaba confianza entre los inversores. Sin embargo, hacia fines del año pasado dejó de pagar y cortó toda comunicación con las víctimas.

A partir de ese momento, los damnificados comenzaron a reclamarle y a intentar ubicarlo, pero Pérez dejó de contestar llamados y desapareció. Tiempo después, fue encontrado internado en un hospital de salud mental tras un presunto intento de suicidio.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a la ciudad de San Francisco, al este de la provincia Córdoba, donde residen sus padres. Según relataron las víctimas, en esa ciudad también habría personas previamente estafadas por el acusado.

El caso lo investiga la Fiscalía de Instrucción N° 1 de San Luis que, de momento, ordenó la prisión prevenetiva del acusado por 120 días. La imputación es por estafa reiterada en 19 hechos, todos en concurso real.

Una de las víctimas, identificada como Daniel Bollati, brindó mayores detalles sobre la estafa en declaraciones a Infobae En Vivo. Durante el streaming, precisó que mantenía una relación de amistad de aproximadamente ocho años con el imputado: “Ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas”.

Según su relato, en marzo del año pasado el presunto estafador le propuso un negocio de compra y venta de teléfonos. Bollati aportaba el dinero faltante para adquirir los equipos y, una vez que Pérez concretaba la venta, recibía una parte del rendimiento.

Durante todo el año, la cantidad de teléfonos aumentó, pero en diciembre el acusado dejó de pagar los intereses: “Decía que la gente no le pagaba, que se estaba demorando, que tenía un problema...”.

La víctima decidió entonces pedirle al barbero que le proporcionara los contactos de las personas a las que aún debía pagar. Sin embargo, al intentar comunicarse, ninguno respondía y los números no correspondían a abonados en servicio.

Una semana después, le solicitó explicaciones. En ese momento, el barbero le confesó que había dado de baja todos los teléfonos. Si bien se había comprometido a entregarle un listado de los supuestos clientes, esto nunca ocurrió. Tampoco existían pruebas de las conversaciones con esas personas.

“Yo le dije: ‘El viernes quiero la plata’ y el lunes 12 de enero desapareció. Dejó una nota muy rara en Instagram pidiendo perdón y desapareció. Nos enteramos que estaba internado porque se había empastillado, se había querido matar”, continuó Bollati.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a Córdoba y desde entonces no volvieron a tener noticias suyas: “Muchos eran clientes, muchos éramos amigos. Así como yo, hay un montón. Mucha mentira por atrás”.

De acuerdo con Bollati, el barbero “vivía trabajando” y no llevaba una vida de lujos. Sin embargo, advirtió que, al hablar con la dueña del departamento donde residía, esta les comentó que había escuchado que tenía problemas con el juego.

Una presunta estafa millonaria entre amigas sorprendió a la comunidad de Barranquilla. La víctima es Daniela Alfaro Torres, estudiante de último semestre en la Universidad Libre, que hizo pública su denuncia a través de las redes sociales del periodista Adolfo Charris Casseres, conocido como El Periodista de la Gente.

A solo un mes de obtener su título en medicina, la víctima enfrenta la posibilidad de no graduarse debido a la pérdida de $15 millones transferidos a su amiga, después de creer en los supuestos descuentos para el pago de la matrícula universitaria.

El testimonio de la estudiante indicó que tras las transferencias bancarias realizadas a cuentas del entorno familiar y sentimental de la presunta estafadora (una a la empresa del padre y otra a nombre del novio a través de la plataforma Nequi), la comunicación fue cortada de forma abrupta y no volvió a recibir información sobre la presunta rebaja en el costo del semestre.

Sin embargo, no solo la amiga le dejó de responder, sino que sus familiares cancelaron varios encuentros acordados para intentar solucionar la situación: “Siempre nos ponemos una cita, pero una hora antes o el mismo día dice ‘No voy a asistir, se me presentó algo’, y nunca me han dado una respuesta clara”.

La víctima aseguró que ya radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes por el presunto delito. Entre tanto, se desató todo un debate sobre los riesgos asociados a la oferta de servicios financieros no regulados a través de redes sociales.

La joven detalló que la supuesta estafa inició cuando su amiga, con la que construyó una amistad durante más de 12 años, publicaba en sus estados de WhatsApp e Instagram ofertas de descuentos del 10%, 20% y hasta 30% para estos pagos universitarios: “Le escribí y me dijo que me iba a ayudar, que le enviara el comprobante de la matrícula y que ella se encargaba del resto”.

La afectada le consignó en total $15.500.000, según su propio recuento: “Se lo mandé a un NIT, a una cuenta de Bancolombia que ella me mandó para inscribir, que está a nombre de la empresa del papá. Le mandé $15.000.000 y luego yo le quedé debiendo $500.000 y ella me mandó un número de Nequi, el cual estaba a nombre del novio. Bueno, ella ahora, pues no me responde”.

La joven se encontró sin respuesta, al tiempo que la fecha límite para saldar la deuda con la universidad se acercaba, lo que la preocupó bastante, pues este es un requisito indispensable para graduarse. El impacto financiero y emocional obligó a Alfaro a recurrir a la solidaridad comunitaria como estrategia de último recurso: “He hecho público el caso, muchas personas me están ayudando y voy a hacer una rifa para poder reunir el dinero que necesito”.

La joven insistió en que su objetivo al compartir la experiencia es advertir a otros sobre los riesgos de confiar en intermediarios no autorizados, incluso cuando se trate de miembros del propio círculo de confianza, en su diálogo con el periodista Adolfo Charris Casseres.

Alerta por estafas en redes sociales

La denuncia de Daniela Alfaro Torres avivó la conversación pública en Barranquilla sobre la facilidad y velocidad con la que las ofertas de descuentos y facilidades económicas se difunden en plataformas sociales, y cómo estos mecanismos pueden ser usados para la comisión de delitos financieros.

La Fiscalía General de la Nación, según lo consignado en la denuncia, deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para judicializar este caso y cuáles serán las consecuencias legales para la persona investigada por el presunto fraude.

Por ahora, la estudiante sigue en la búsqueda de apoyo económico para lograr saldar la deuda con la Universidad Libre y no perder la oportunidad de finalizar su formación como médica.

El uso diario del Bluetooth en teléfonos, tablets y otros dispositivos ha facilitado la conectividad, pero también ha abierto la puerta a nuevas amenazas de ciberseguridad.

Una de las más preocupantes es el Bluesnarfing, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), es un tipo de ataque donde los ciberdelincuentes acceden sin permiso a tu dispositivo para extraer información personal y confidencial.

Saber identificar los riesgos y adoptar medidas preventivas es clave para mantener tu privacidad y proteger tus datos más sensibles.

La importancia del tema radica en que cualquier dispositivo con Bluetooth activado y configurado en modo visible es vulnerable, especialmente si no está actualizado o tiene una configuración de seguridad débil.

Los ataques pueden ocurrir en lugares públicos con alta concentración de personas, como centros comerciales, aeropuertos y eventos, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física para ejecutar sus técnicas.

Qué es el Bluesnarfing y cómo funciona

El término Bluesnarfing surge de la unión de “Bluetooth” y “snarf” (“copiar o extraer datos sin permiso”). Este ataque se produce cuando un hacker utiliza vulnerabilidades en la comunicación Bluetooth para conectarse a dispositivos cercanos y robar información como contactos, mensajes, correos, archivos o datos bancarios.

De acuerdo con los estudios de Incibe, para llevar a cabo el ataque, el ciberdelincuente necesita estar a menos de 15 metros de distancia y explotar fallos en los protocolos de comunicación del Bluetooth, normalmente a través de herramientas especializadas. Muchas veces, la víctima no nota nada, ya que el proceso suele ser silencioso y sin alertas visibles.

Señales que podrías ser víctima de Bluesnarfing

Aunque el Bluesnarfing no siempre es fácil de detectar, existen síntomas que pueden alertarte:

• Comportamiento extraño del dispositivo: bloqueos inesperados, mensajes enviados desde tus apps sin que lo hagas tú o funcionamiento inusual.
• Aumento del consumo de batería: un uso anómalo de la batería, sin aplicaciones exigentes activas, puede indicar procesos sospechosos en segundo plano.
• Conexiones desconocidas: revisa el historial de dispositivos conectados a tu Bluetooth. Si encuentras alguno que no reconoces, puede ser señal de acceso no autorizado.
• Actividad sospechosa en tus cuentas: inicios de sesión extraños, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en servicios vinculados a tu dispositivo.

Las consecuencias del Bluesnarfing pueden ser especialmente graves para la privacidad y la seguridad del usuario. Este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes acceder a información personal como contactos, fotos, correos electrónicos y credenciales bancarias, datos que pueden ser utilizados para fraudes, extorsiones o chantajes.

Si los atacantes obtienen acceso a tu información financiera, existe el riesgo de que realicen transacciones no autorizadas, afectando directamente tus cuentas. Además, los datos personales robados pueden ser publicados, vendidos en la deep web o empleados para dirigir ataques a familiares y amigos, ampliando el daño más allá de la víctima inicial.

Cómo protegerte del Bluesnarfing

De acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad, con estos hábitos sencillos, puedes reducir dramáticamente el riesgo de ser víctima:

• Desactiva el Bluetooth cuando no lo uses: Es la forma más efectiva de evitar ser detectado.
• Evita el modo visible: Configura tu dispositivo para que no sea visible para otros mientras el Bluetooth está activo.
• Rechaza conexiones desconocidas: No aceptes solicitudes de emparejamiento de dispositivos que no reconozcas.
• Cambia la contraseña predeterminada: Si tu dispositivo lo permite, utiliza una clave única y robusta en lugar de la predeterminada.
• Elimina dispositivos emparejados que no utilices: Haz limpieza periódica de la lista de dispositivos conectados a tu Bluetooth.
• Mantén tu sistema actualizado: Instala siempre las actualizaciones de seguridad, ya que suelen corregir vulnerabilidades en los protocolos de comunicación.
• Evita instalar aplicaciones de fuentes no confiables: Muchas apps piden permisos innecesarios y pueden facilitar la explotación de tu Bluetooth.

El Bluesnarfing es una amenaza real en un mundo hiperconectado. La clave para evitar ser víctima está en la prevención, desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites, mantén tus dispositivos actualizados y revisa de forma regular tus conexiones. Recuerda que la seguridad digital comienza con tus propios hábitos; solo así podrás disfrutar de la tecnología con tranquilidad y sin sorpresas desagradables.

Cuatro integrantes de una banda dedicada a estafas digitales fueron detenidos en San Rafael, provincia de Mendoza, tras una serie de operativos realizados por la División Delitos Económicos de la Policía provincial. Los arrestados están acusados de haber perjudicado a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas “mulas” para transferir fondos mediante criptomonedas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos, realizados en Cañada Seca, figuran armas de fuego —incluida una pistola calibre 22 y escopetas—, equipos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, así como criptomonedas USDT, que fueron transferidas al Ministerio Público Fiscal.

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el grupo simulaba páginas oficiales para obtener datos personales de las víctimas y concretar operaciones fraudulentas, actuando con una estructura definida y roles diferenciados.

“No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”, afirmó Mercedes Rus. La investigación, encabezada junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos a cargo de Gabriela García Cobos, permitió identificar la metodología y a los presuntos miembros de la organización.

La causa, caratulada como defraudación con tarjetas y asociación ilícita, sigue su curso, y las autoridades no descartan nuevas detenciones, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes.

Según subrayó la ministra, el resultado del operativo es producto de meses de investigación y responde a una política de “prioridad absoluta en materia de seguridad” para la provincia.

Hace pocas semanas, efectivos de Delitos Tecnológicos Zona Sur detuvieron a dos hombres en San Rafael tras identificarlos como autores de estafas virtuales mediante falsas transferencias en Mercado Pago. En el operativo, realizado en la madrugada del domingo, les decomisaron más de 2 kilos de cocaína, según la información del Ministerio de Seguridad.

Todo comenzó con una denuncia registrada el 21 de marzo, después de que un comercio de avenida Urquiza recibiera como pago un falso comprobante por $94.000. Posteriormente, una segunda víctima denunció el 4 de abril una operación similar en un local comercial de avenida El Libertador. En este caso, el estafador presentó comprobantes que no fueron acreditados de un monto que ascendió a $135.900.

La investigación avanzó luego de detectar que, tras concretar maniobras fraudulentas en comercios, uno de los sospechosos se alojaba en un complejo de cabañas del distrito Las Paredes y tenía previsto asistir a un local bailable de la zona, lo que permitió su localización y posterior arresto. El procedimiento incluyó el secuestro de un Volkswagen Polo, dispositivos electrónicos, prendas de vestir nuevas y cuatro teléfonos celulares, de acuerdo a las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal Departamental San Rafael.

Durante un allanamiento en el alojamiento de los implicados, las fuerzas incautaron dos ladrillos de una sustancia blanquecina que, tras el análisis, resultó ser cocaína y pesó más de 2 kilogramos. Según el medio Los Andes, también se retuvo un Ford EcoSport y otros elementos vinculados a las compras fraudulentas.

Cómo evitar las estafas virtuales

Las “mulas de dinero” virtuales son personas que, de manera consciente o engañada, permiten que sus cuentas bancarias o billeteras digitales sean utilizadas para recibir y transferir fondos de origen ilícito. Muchas veces, los titulares de las cuentas reciben una comisión a cambio o son reclutados bajo falsas promesas laborales, mientras que en otras ocasiones desconocen que están participando en una actividad delictiva. Según especialistas, existen señales y acciones clave para protegerse:

• Desconfiar de llamadas desde números ocultos, desconocidos o con prefijos internacionales.
• No brindar datos personales, bancarios ni códigos de seguridad por teléfono. Ninguna entidad oficial pide claves, tokens ni números completos de tarjetas durante una llamada.
• Cortar la comunicación ante cualquier pedido urgente de información o si el interlocutor presiona para tomar decisiones rápidas.
• Instalar aplicaciones de identificación de llamadas para bloquear números reportados como spam.
• No seguir instrucciones para instalar aplicaciones ni presionar teclas durante la llamada.
• Estar atentos ante intentos de suplantación de identidad mediante imitaciones de voz utilizando inteligencia artificial
• Desconfiar de ofertas laborales o anuncios en redes sociales que prometen ganancias rápidas por recibir y transferir dinero.
• Antes de aceptar cualquier propuesta, investigar a la empresa o persona y consulta fuentes oficiales
• En el caso de detectar movimientos sospechosos en tu cuenta, es recomendable comunicarse de inmediato con tu banco y realizar la correspondiente denuncia.

En la jornada del 28 de abril de 2026 se conocieron detalles de un delito ocurrido en Bogotá, que reveló cómo la suplantación de identidad tras el robo de un celular puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, pues los criminales no solo se quedan con los dispositivos digitales, sino que emplean técnicas para manchar el nombre de los ciudadanos.

El caso involucra a un joven abogado que fue asaltado de forma violenta para arrebatarle su celular, lo que permitió a los delincuentes acceder a su cédula digital y utilizar sus datos para crear una empresa falsa que estafó a más de 20 personas, según el relato de la víctima a Noticias RCN.

Cabe mencionar que cuando una persona pierde su celular y este contiene la cédula digital, los delincuentes pueden acceder a datos personales confidenciales. Con esta información, logran constituir empresas ficticias y ejecutar fraudes, suplantando por completo al titular legítimo y generando graves consecuencias legales y reputacionales, incluso exponiéndolo a responder penalmente por delitos que no cometió.

El reporte del joven indica que fue interceptado y agredido por desconocidos en la capital del país: “Me robaron, me escopolaminaron, me dejaron inconsciente, me robaron diversas cosas, computador, celular, un reloj, audífonos, la billetera con todos mis documentos”.

Los responsables son integrantes de la banda conocida como Los Liberados, que se especializaban en el hurto violento de celulares en Bogotá y apenas obtuvieron el dispositivo de la víctima, accedieron a su cédula digital y a su información personal almacenada en el equipo.

El investigador del caso explicó a Noticias RCN que los miembros de la organización accedieron a los datos y constituyeron una empresa ficticia dedicada a la compraventa de vehículos, presentando a la víctima como el representante legal.

A través de esta fachada, la banda ofrecía oportunidades de inversión para compradores con el uso de una identidad legítima, lo que otorgaba credibilidad a la empresa falsa y facilitaba que personas confiaran en el supuesto negocio.

Más de 20 personas terminaron estafadas tras depositar su dinero en la compañía fraudulenta, quedando la víctima real expuesta a acciones legales y cuestionamientos por parte de las personas que fueron víctimas de la estafa.

El joven perdió una beca después de que su nombre se vinculara al fraude

La afectación para el joven trasciende lo material. Ahora enfrenta denuncias de aquellos que fueron engañados con su identidad, lo que complica su situación judicial y afecta seriamente su reputación profesional.

“Yo tenía un par de planes para irme fuera del país a estudiar una maestría en España. Pues claramente no lo puedo hacer. El tema de conseguir trabajo también ha sido algo complicado y pues a nivel reputacional también mi labor como abogado es voz a voz”, lamentó la víctima en diálogo con el noticiero nacional.

Así, demostró que su nombre y futuro laboral quedaron marcados por un delito cometido por terceros. Además de que teme por su seguridad, porque muchos afectados siguen buscándolo en busca de respuestas o soluciones que no puede ofrecer: “No saben todo lo que destruyen en la vida de una persona y la forma en la que pueden dañar el nombre, que es lo único que en realidad uno tiene”.

Avances judiciales en el caso

La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro miembros de la banda Los Liberados, incautando 380 celulares robados en medio del operativo. En las audiencias, imputaron cargos a los detenidos y solicitaron que permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

Entre tanto, la víctima intenta limpiar su historial y desvincularse de la empresa fraudulenta creada con su información. Sin embargo, enfrenta un proceso legal y administrativo complejo para desligar su nombre de esta banda criminal.

El caso se convierte en un ejemplo de los peligros crecientes de la suplantación digital y el largo camino que deben recorrer aquellos que sufren este tipo de delitos para restablecer su identidad y su nombre.

Las llamadas fraudulentas han encontrado en la urgencia y el miedo un terreno fértil para engañar a sus víctimas. Frases como “tu cuenta será bloqueada” o “tienes un pago pendiente” se han convertido en señales evidentes de estafa telefónica.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la manipulación psicológica está en el centro de estos engaños. Los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social para convencer a la víctima de entregar información personal o realizar acciones inmediatas.

Cómo opera la ingeniería social en las estafas

La ingeniería social es una técnica que explota la confianza y la urgencia. Según el INCIBE, el atacante no necesita vulnerar sistemas informáticos, sino que utiliza la propia colaboración de la víctima.

Frases como “tu cuenta será bloqueada” buscan instalar temor, lo que facilita que la persona comparta datos confidenciales o realice transferencias de dinero sin reflexionar antes.

Este tipo de ataques se presenta bajo diferentes formas: phishing (correos), smishing (mensajes de texto) y vishing (llamadas telefónicas).

En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener información personal o financiera. El INCIBE advierte que el usuario suele ser el eslabón más débil, porque bajo presión, actúa sin detenerse a analizar la situación.

De qué otras formas los ciberdelincuentes obtienen datos personales y bancarios

No todos los métodos de los ciberdelincuentes dependen de llamadas o mensajes alarmantes. Una vía igualmente peligrosa es el malware, un software malicioso que se instala en los dispositivos cuando el usuario descarga programas desde sitios no oficiales, abre archivos adjuntos sospechosos o instala extensiones dudosas en el navegador.

El INCIBE informa que existen variantes de malware capaces de extraer credenciales almacenadas, cookies de sesión y datos financieros de forma silenciosa.

En este sentido, la actualización constante del sistema operativo y el uso de un antivirus actualizado son medidas claves para minimizar el riesgo de infección. Además, nunca se debe descargar software a partir de enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

Qué papel juega la huella digital de cada persona en las estafas

La huella digital es la suma de la información personal disponible en internet. Fotos, fechas de nacimiento, direcciones y rutinas compartidas en redes sociales forman parte del perfil que los ciberdelincuentes pueden utilizar.

El INCIBE advierte que gran parte de los datos empleados en ataques provienen de fuentes públicas, no solo de técnicas intrusivas. Con estos detalles, los atacantes pueden personalizar sus estrategias y hacerlas más creíbles.

Al utilizar información real sobre la víctima, incrementan la confianza y la probabilidad de éxito del engaño. En ocasiones, el objetivo no es obtener un dato bancario específico, sino construir suficiente contexto para elaborar un fraude efectivo.

Cuáles son las pautas clave para evitar caer en estas trampas cibernéticas

El INCIBE sugiere mantener una actitud crítica frente a cualquier comunicación que genere presión o urgencia. Desconfiar de llamadas, mensajes o correos que solicitan información personal o financiera resulta fundamental para reducir el riesgo de estafa.

Entre las principales pautas se encuentran no descargar aplicaciones desde fuentes no oficiales, no abrir archivos adjuntos sospechosos, mantener los dispositivos protegidos con antivirus y evitar compartir datos personales en redes sociales.

Es aconsejable activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles y revisar con regularidad los movimientos bancarios para detectar operaciones no autorizadas.

Asimismo, se debe verificar siempre la identidad del remitente de cualquier comunicación, evitando proporcionar datos personales por teléfono o internet sin confirmar la procedencia. Consultar fuentes oficiales y denunciar intentos de fraude contribuye a fortalecer la seguridad individual y colectiva.

El INCIBE enfatiza que la prevención y la educación digital son herramientas esenciales para frenar la acción de los ciberdelincuentes.

Autoridades como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) han alertado sobre un nuevo método de fraude que afecta a titulares de servicios financieros. Ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras y ofrecen reducir la tasa de interés de las tarjetas de crédito.

Esta modalidad, cada vez más frecuente, se aprovecha del desconocimiento y la necesidad de los usuarios que buscan aliviar sus deudas, y busca obtener información personal y financiera con fines delictivos.

Cómo los ciberdelincuentes engañan a las víctimas

De acuerdo con la FTC, las víctimas suelen recibir llamadas inesperadas en las que los estafadores prometen gestionar una gran reducción en la tasa de interés, bajo el argumento de que poseen mecanismos especiales o contactos privilegiados.

En realidad, estos supuestos beneficios no existen; el objetivo es obtener datos personales o el pago de sumas anticipadas a cambio de servicios que nunca se concretan. El ente regulador ha reiterado que este tipo de ofertas, cuando provienen de llamadas no solicitadas, constituyen una estafa.

Para aumentar su credibilidad, los estafadores suelen aportar datos que ya conocen, como los últimos dígitos del número de Seguro Social, el saldo de la tarjeta o el código postal. Esta táctica busca reforzar la idea de que la llamada es legítima y, en consecuencia, inducir a la víctima a compartir más información sensible.

Qué señales revelan que una llamada es una estafa

Una de las características más claras de estas estafas, según la FTC, es la solicitud de pagos por adelantado. Los usuarios deben saber que nunca se debe pagar antes de recibir ayuda real. Cualquier empresa que exija dinero por adelantado está infringiendo la ley.

Otro indicio de estafa es la presión para tomar una decisión rápida, con frases como “la oferta solo es válida por tiempo limitado”. Se debe saber que las verdaderas entidades financieras no solicitan información sensible ni contraseñas por teléfono.

Cuando la llamada resulta inesperada y el interlocutor insiste en obtener datos personales o bancarios, lo más clave es cortar la comunicación y contactar directamente a la empresa, utilizando los canales oficiales.

Cómo deben actuar los usuarios ante estas llamadas fraudulentas

Los expertos sugieren rechazar cualquier oferta de reducción de tasas recibida por teléfono de manera inesperada. El usuario debe abstenerse de compartir información personal, como números de identificación, datos bancarios o contraseñas.

Si el estafador posee algunos de estos datos y trata de obtener otros adicionales, la pauta a seguir es no continuar la conversación.

Si se recibe una propuesta de este tipo, la FTC aconseja anotar los detalles de la llamada y reportarla a las autoridades competentes. Existen plataformas oficiales en las que se pueden denunciar intentos de fraude, lo que ayuda a las agencias a monitorear y combatir estas prácticas.

Qué alternativas legales existen para bajar la tasa de interés de la tarjeta de crédito

La reducción de la tasa de interés de una tarjeta de crédito sí es posible, pero debe gestionarse directamente ante la entidad emisora. La FTC aclara que el titular puede llamar a la línea oficial de atención al cliente del banco o de la compañía emisora de la tarjeta y solicitar una evaluación de su tasa.

En algunos casos, el historial crediticio o el comportamiento de pago pueden ser factores considerados para otorgar una reducción. No existen atajos ni intermediarios legítimos que puedan garantizar mejores condiciones a cambio de un pago anticipado.

Asimismo, en caso de haber proporcionado información personal o bancaria en una llamada sospechosa, se debe actuar de inmediato. Lo más importante es contactar a la entidad financiera para informar el incidente y solicitar el monitoreo de la cuenta ante posibles movimientos irregulares.