La tarde de este 7 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ricardo “N” por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuadas en 25 millones de pesos.

Según las investigaciones, el imputado habría ofrecido como garantía de pago dos inmuebles que no eran de su propiedad. Cuando la víctima exigió el pago pactado, Ricardo “N” presuntamente respondió con insultos y amenazas de represalias si denunciaba los hechos.

El sujeto fue capturado el pasado 31 de octubre en Aguascalientes. Tres días después, en su audiencia inicial celebrada el 3 de noviembre, el juez de control determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de un mes.

Los hechos ocurrieron en 2020 en la alcaldía Cuauhtémoc

Las investigaciones revelaron que el pasado 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país, la víctima entregó las dos pinturas a Ricardo “N” por el precio pactado de 25 millones de pesos, de acuerdo con un contrato de compraventa firmado entre ambas partes. La operación quedó estipulada en ese documento, que más tarde sería pieza central de la investigación del Ministerio Público.

Como garantía de pago, el imputado entregó escrituras que, según su propio dicho, acreditaban la propiedad de dos inmuebles. Con ese respaldo documental, la víctima aceptó desprenderse de las dos obras atribuidas a los artistas mexicanos, confiada en que el pago se concretaría dentro del plazo establecido en el contrato.

El plazo acordado venció sin que la víctima recibiera la millonaria suma correspondiente a la compraventa. Ante el incumplimiento, reclamó a Ricardo “N” el pago de las obras o, en su defecto, la devolución de las piezas que había entregado meses antes bajo la promesa de un pago garantizado con bienes inmuebles.

La FGJCDMX no compartió imágenes de las dos pinturas involucradas en la transacción, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad precisa de las obras atribuidas a Frida Kahlo y Siqueiros que fueron entregadas como parte del acuerdo comercial entre ambas partes.

Un notario de Guanajuato detectó que las escrituras eran falsas

Tras recibir insultos y amenazas de represalias, la víctima buscó una verificación independiente de los documentos entregados como garantía. Acudió con un notario de Celaya, Guanajuato, identificado como el supuesto emisor de las escrituras presentadas por Ricardo “N” durante la transacción.

El notario informó a la víctima que esos documentos no habían sido expedidos por él, lo que confirmó las sospechas sobre la legitimidad de la operación y de las garantías ofrecidas.

Con esa información, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante la FGJCDMX en septiembre de 2022, casi dos años después de la entrega original de las pinturas.

A partir de ese momento, el Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público analizó el contrato de compraventa firmado por ambas partes, recabó las declaraciones de la víctima y de dos testigos, y solicitó información directamente al notario de Celaya para confirmar la irregularidad señalada.

Las escrituras correspondían a otros trámites notariales ajenos a los inmuebles

La verificación realizada por el Ministerio Público arrojó que los números de las escrituras entregadas como garantía correspondían a otros trámites notariales completamente ajenos a los inmuebles que Ricardo “N” había presentado como respaldo de pago. Ninguno de los documentos acreditaba la propiedad que el imputado afirmaba tener sobre esas propiedades.

Uno de esos números de escritura, según la indagatoria de la FGJCDMX, pertenecía a un acta de asamblea sin relación con bienes inmuebles. El otro correspondía a la cancelación de un crédito del FOVISSSTE, un trámite distinto que tampoco acreditaba propiedad alguna sobre los inmuebles ofrecidos como garantía.

Con esos datos de prueba reunidos durante la investigación, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo “N”.

La Policía de Investigación capitalina localizó a Ricardo “N” en Aguascalientes

La detención estuvo a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Tras su captura, el 31 de octubre, Ricardo “N” fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

En la audiencia inicial, celebrada el 3 de noviembre, la defensa y el Ministerio Público expusieron sus argumentos ante el juez de control, quien finalmente determinó la vinculación a proceso del imputado y ordenó que permanezca en prisión preventiva durante la etapa de investigación complementaria.

Luego de dar a conocer el caso y los avances obtenidos hasta el momento, la FGJCDMX reiteró su compromiso de investigar los delitos patrimoniales para esclarecer los hechos, identificar a las personas que participaron en ellos y llevarlas ante la justicia, además de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y la protección de sus derechos durante todo el procedimiento.

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, conocido como “Kiko” o “La 14”, acusado de integrar una modalidad de estafa que ofrecía supuestos premios y bendiciones a personas abordadas en la vía pública. La investigación sostiene que el hombre y otros individuos usaban textos bíblicos, números y cruces para obtener dinero, prendas y otros bienes de sus víctimas.

El detenido fue interceptado en la avenida Charles de Gaulle, en el sector Brisas del Este, de Santo Domingo Este, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención intentó identificarse con un documento que pertenecía a otra persona.

La orden judicial 0309-JULIO-2026 fue emitida por la presunta violación del artículo 405 del Código Penal dominicano. La pesquisa incluye como presuntas afectadas a una mujer, su hija de 17 años y otras personas que habrían sido engañadas bajo el mismo mecanismo.

La versión de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) indica que el grupo contactaba a sus potenciales víctimas en espacios públicos. Luego les presentaba notas escritas a mano con referencias religiosas, combinaciones numéricas y símbolos de cruces, con el argumento de que recibirían un premio o una bendición.

La maniobra, siempre según la Policía, buscaba generar confianza y convencer a las personas de entregar efectivo, joyas o pertenencias. El informe no precisa cuántas víctimas habrían sido afectadas ni el monto total que presuntamente obtuvieron los involucrados.

Durante el registro, los agentes ocuparon un cuchillo y una mochila que contenía papeles impresos con apariencia de billetes. La Policía contabilizó 2,700 papeletas tipo dominicano, con un valor aparente de RD$ 3.678.000 (USD 60.72), y 933 papeles tipo USD 100, equivalentes a USD 93,300 si se tratara de dinero auténtico.

También fueron incautados una cartera con documentos y tarjetas a nombre de un tercero, un encendedor, un frasco de perfume, un guante místico, un amuleto y varios papeles manuscritos. Esos objetos quedaron bajo custodia para su incorporación a la investigación que estará a cargo del Ministerio Público.

El artículo 405 castiga las maniobras para obtener bienes ajenos

El artículo 405 del Código Penal dominicano, que figura en la orden de arresto, contempla el delito de estafa cuando una persona utiliza nombres o calidades falsas, o recurre a maniobras fraudulentas, para lograr que otra entregue fondos, valores, muebles u otros efectos.

La norma también incluye los casos en que el engaño crea la expectativa o el temor ante un hecho inexistente o imaginario con el fin de conseguir bienes ajenos. En ese marco, la investigación deberá determinar si los supuestos premios y bendiciones fueron empleados como un recurso para inducir a las víctimas a desprenderse de dinero o pertenencias.

Para la estafa común, el artículo fija una pena de seis meses a dos años de prisión correccional y una multa de 20 a 200 pesos, según la redacción vigente de esa disposición. Además, un tribunal puede imponer inhabilitación absoluta o especial para determinados cargos u oficios, sin perjuicio de sanciones adicionales si se comprueba falsedad documental u otra infracción.

El antecedente de un documento ajeno y la ocupación de papeles que simulaban efectivo podrían dar lugar a líneas de investigación separadas, aunque la eventual calificación jurídica corresponde al Ministerio Público y a los tribunales. Por ahora, Troncoso del Rosario permanece detenido y las autoridades anunciaron que pondrán las pruebas incautadas a disposición de la justicia.

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó reabrir una investigación por una presunta estafa de USD 400.000 contra la empresaria Esther Inés Porto Tobías, luego de determinar que la Fiscalía no podía archivar el expediente cuando ya existía un escrito de acusación.

La decisión, adoptada el 15 de octubre de 2026 por el Juzgado 48 Penal Municipal con función de control de garantías, favorece a la contratista Adriana Angulo Santana, quien denunció que entregó sus ahorros para un negocio de distribución de prendas que, según el proceso, nunca se concretó en los términos prometidos.

El caso había quedado archivado el 22 de enero de 2020 por la entonces fiscal 160 seccional Beatriz Sierra Cruz.

Angulo cuestionó esa decisión porque, para ese momento, la investigación había superado las etapas de indagación e imputación y la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación contra Porto Tobías por el delito de estafa.

El juzgado concluyó que la Fiscalía no podía archivar un expediente ya acusado

De acuerdo con los detalles de la decisión judicial que reveló un informe del diario El Tiempo, el archivo de una actuación procede durante la fase inicial de indagación, antes de la audiencia de imputación.

Cuando existe una acusación formal, una eventual terminación del proceso debe tramitarse mediante una solicitud de preclusión ante un juez.

El despacho consideró que la fiscal Sierra Cruz utilizó un mecanismo que no correspondía a la etapa procesal del expediente.

Por esa razón, ordenó a la Fiscalía General de la Nación desarchivar la actuación.

El proceso podrá retomar el camino hacia un juicio o, si el ente acusador considera que no reúne los elementos suficientes para sostener la acusación, deberá pedir la preclusión ante un juez de la República. Esa autoridad podrá aceptar o rechazar la solicitud.

La defensa de Angulo Santana advirtió que el expediente está próximo a prescribir: un negocio de ropa de marcas de Inditex

El abogado Pedro Aguilar, quien asumió la representación de la denunciante después del archivo, alegó que la decisión de 2020 desconoció el traslado del escrito de acusación que había ocurrido el 27 de julio de 2018.

Según los hechos jurídicos relevantes consignados en la acusación, Porto Tobías se acercó en septiembre de 2014 a la familia de Angulo Santana con una propuesta comercial relacionada con la redistribución mayorista de 434.000 prendas de Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, marcas del grupo Inditex.

La denunciante debía aportar USD 400.000 y, de acuerdo con la oferta que habría recibido, obtendría una utilidad neta de USD 402.209 en cinco semanas.

La operación habría dejado un retorno cercano a USD 800.000.

Dsde la Fiscalía se sostuvo en la acusación que la empresaria habría realizado afirmaciones falsas durante la negociación para inducir a la víctima a entregar el dinero.

Entre ellas, figuraba que la mercancía ya estaba disponible y que se comercializaba con empresas como TJ/Marshall.

El expediente también indica que Porto Tobías habría asegurado que una compañía reconocida respaldaría el reembolso si el negocio no se llevaba a cabo. La acusación cuestionó la existencia de esa relación contractual en la época de los hechos.

Un acuerdo de pago por USD 500.000 no se habría cumplido

Las partes participaron en julio de 2018 en una audiencia de conciliación de perjuicios ante la Fiscalía.

Allí, según el informe del mismo medio, acordaron un pago de USD 500.000 a favor de Adriana Angulo Santana, dividido en varios desembolsos previstos entre septiembre y noviembre de ese año y enero de 2019.

El acuerdo establecía que, si existía incumplimiento, se judicializarían de inmediato el escrito de acusación y el acta de traslado de la acusación. La denunciante sostiene que no recibió los pagos pactados.

Angulo afirmó que conoce otros posibles casos con características similares, aunque esa versión requerirá ser establecida dentro de las actuaciones que adelante la Fiscalía.

Sumado a lo anterior, ella expresó que las consecuencias del presunto fraude afectaron su situación económica, su salud y la de su hija.

La fiscal justificó el archivo en la falta de garantías documentales

En la orden de archivo anulada, la fiscal Beatriz Sierra Cruz consideró que Angulo Santana entregó el dinero con base en documentos que, a su juicio, no ofrecían suficientes garantías.

La funcionaria sustentó que la denunciante debió exigir soportes adicionales, como letras, cheques o documentos con reconocimiento notarial.

Adicional a lo anterior, la fiscal concluyó entonces que el ente investigador no había sido creada para el cobro de deudas. Sin embargo, el juez de garantías no analizó de fondo la responsabilidad penal de Porto Tobías, sino la validez de la decisión de archivar el expediente cuando ya se encontraba en fase de acusación.

El informe también señala que, durante el trámite del proceso, Porto Tobías registró una residencia en Miami, Estados Unidos, en un exclusivo sector donde habría pasado desapercibida entre la alta sociedad.

El inmueble, que se vendió en agosto llegó a valer USD 4 millones, es decir más de 12.000 millones de pesos colombianos, situado en una zona de lujo conocida como Indian Creek

La reactivación del caso obliga ahora a la Fiscalía a definir si avanza hacia el juicio por la presunta estafa o si presenta una solicitud de preclusión ante un juez competente.

Un comerciante de Cutral Co denunció que una serie de movimientos que no autorizó derivó en el vaciamiento de su cuenta bancaria mientras operaba desde su computadora. Según relató, la secuencia se produjo en pocos minutos y culminó con una transferencia que advirtió cuando ya no tenía margen para detenerla.

El damnificado es Miguel S., propietario de una bicicletería de la localidad neuquina y cliente de un banco local desde hace tres décadas. El comerciante sostuvo que acudió de inmediato a una sucursal de la entidad.

El caso expuesto por S. se conoció luego de que decidiera hacerlo público para determinar si otros usuarios o comercios atravesaron situaciones similares. Su denuncia se suma a un antecedente judicial reciente en el que la Cámara de Apelaciones revocó un fallo previo y responsabilizó a una entidad bancaria por operaciones que un cliente había desconocido.

Silka estaba utilizando el sistema bancario desde su computadora el pasado 29 de octubre, una práctica que, según indicó, forma parte de sus tareas cotidianas. Durante esa operación comenzaron a aparecer avisos que le resultaron llamativos.

Ante esas señales, se comunicó con un ejecutivo del banco. “Cuando vi el cartel, me comuniqué con un ejecutivo de la entidad bancaria y me dijeron que, mientras yo estuviera adentro de mi cuenta, el sistema era seguro”, declaró el comerciante al medio neuquino.

Poco después, el aviso dejó de aparecer en pantalla. De esta manera, continuó con los trámites que realizaba, al considerar que la situación había quedado resuelta tras la comunicación con la entidad.

Sin embargo, una nueva notificación modificó ese escenario. Esta vez, el sistema le informó que había una transferencia en proceso. El comerciante aseguró que no había realizado ni autorizado esa operación.

“Me vaciaron la cuenta corriente y me di cuenta de que era una estafa. Lo único que atiné a hacer fue desenchufar la computadora y dirigirme a la sede del banco”, afirmó Silka.

Según su versión, en la sucursal, le informaron que la plataforma de la entidad era “inviolable” y atribuyeron lo ocurrido a una posible vulneración de su equipo informático.

El dueño de la bicicletería cuestionó esa explicación y sostuvo que no se efectuaron verificaciones en su presencia. “Me volvieron a decir que el sistema del banco es inviolable y que me habían hackeado la computadora, sin revisar ni hacer ningún tipo de consulta”, manifestó.

Según informó el portal LM Neuquén, el comerciante planteó que, a su entender, el episodio no debería analizarse únicamente como un acceso indebido a su computadora. Busca reunir otros testimonios que permitan establecer si existió un patrón de estafa virtual vinculado con cuentas de usuarios de la entidad.

La denuncia pública de S. se produjo en un contexto marcado por una decisión de la Cámara de Apelaciones, dictada el 28 de octubre, en otro reclamo contra una entidad bancaria. El tribunal revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de un cliente por transferencias y un giro en descubierto que el usuario aseguró desconocer.

Los jueces pusieron el foco en el deber de seguridad que corresponde a las entidades financieras y concluyeron que no corresponde al consumidor reconstruir de qué forma técnica se concretó una maniobra fraudulenta.

El antecedente se originó en enero de 2024, cuando un cliente intentó pagar una compra con su tarjeta de débito. En el comercio le indicaron que la cuenta no existía. Luego, al acceder a la aplicación bancaria, recibió la misma respuesta.

El usuario se comunicó de inmediato con el banco. Tras validar su identidad, le consultaron si reconocía una serie de operaciones. El cliente las desconoció: se trataba de transferencias hacia personas con las que, según planteó en la demanda, nunca había tenido vínculos comerciales, además de un débito asociado a un descubierto por un monto superior al límite que tenía habilitado.

Parte de los consumos se registraron en Mar del Plata, a unos 1.200 kilómetros del domicilio del cliente, situado en Rincón de los Sauces. La entidad abrió un reclamo, pero después le requirió que aportara pruebas sobre una posible maniobra de phishing.

En primera instancia, el juez Martín Peliquero había considerado que el usuario no demostró que una tercera persona hubiera ingresado al sistema ni que la plataforma bancaria tuviera fallas. La Cámara adoptó un criterio diferente: sostuvo que la información técnica sobre servidores, direcciones de conexión y métodos empleados para ejecutar las operaciones está bajo control de la entidad.

Un gran jurado federal acusó formalmente a 14 personas por una presunta conspiración nacional de megafraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad que habría afectado a víctimas en todo Estados Unidos y vinculó cuentas con más de USD 373 millones. El presunto líder de la red, Muhamed Dieye, de 35 años y residente de Dallas, enfrenta cargos tras su detención en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde las autoridades lo interceptaron cuando presuntamente intentaba abandonar el país. Actualmente se encuentra bajo custodia federal a la espera de juicio.

El gran jurado emitió la acusación federal de 22 cargos el 26 de agosto de 2026 y el caso se hizo público el 3 de noviembre, según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas. La difusión se produjo tras el arresto en Florida de un presunto co-conspirador clave, lo que permitió desmantelar la operación.

Los 13 coacusados de Dieye también enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado. Entre ellos figuran Maurice Rashad McDuffie, Saad Nashat Botros, Sammed Kweku Okyne, Renaldo Santez Gaines, Alphonso Brndon Seke-Horton, Terry Leon Daniels Jr., Jamel Allen Small, Kemar Fitzroy Needham, Kevin Brandon Flores Cazares, Dylon Amari Ruby, Courtney Jane Sutton y un acusado identificado como C.S.

Cómo operó la presunta red de fraude bancario en Estados Unidos

Según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas, la organización funcionó entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Durante ese período, los acusados habrían obtenido datos de identificación personal de las víctimas, producido y distribuido documentos falsos, suplantado identidades, manipulado líneas telefónicas mediante intercambio de tarjetas SIM e interceptado códigos de seguridad. Para sortear los sistemas de autenticación bancaria, contaron, según la acusación, con la colaboración de presuntos empleados corruptos de bancos y empresas de telecomunicaciones.

La acusación señala que Dieye poseía una hoja de cálculo con información personal y comercial detallada de casi 3.000 víctimas, cuyas cuentas sumaban en conjunto más de USD 373 millones. Los imputados habrían accedido o intentado acceder a fondos en entidades como Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase Bank y Charles Schwab.

Entre las operaciones investigadas figura un intento de transferencia de USD 2 millones al Emirates Islamic Bank.

Acusación federal por robo de identidad: el intento de fuga del presunto líder de la red

Antes de que se hiciera pública la acusación, las fuerzas federales detectaron que Dieye habría intentado salir del país. Según la moción del gobierno para revocar su liberación, él y su familia dejaron su residencia en Dallas, enviaron la mayor parte de sus pertenencias a Kenia y viajaron a Nueva York con la intención de abordar un vuelo con destino a Malasia.

Tras escanear la tarjeta de embarque, Dieye se resistió físicamente al arresto y trató de destruir un teléfono móvil que contenía pruebas relacionadas con una posible compra de vivienda en Malasia, según la misma moción. Varios agentes federales tuvieron que reducirlo.

Aunque un tribunal del Distrito Este de Nueva York ordenó inicialmente su liberación bajo fianza, el gobierno obtuvo de inmediato una suspensión de emergencia de esa resolución. Las autoridades lo trasladaron luego al Distrito Norte de Texas, donde permanece bajo custodia federal junto con varios coacusados.

“Estos acusados están imputados por robar los ahorros de toda la vida de miles de estadounidenses, y el cabecilla fue detenido antes de que pudiera huir”, declaró el fiscal federal Ryan Raybould en el comunicado difundido por la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas.

Penas que enfrentan los acusados por conspiración y fraude bancario

En caso de condena, los imputados podrían recibir hasta 30 años de prisión federal por el cargo de conspiración para cometer fraude bancario y hasta 20 años por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. El cargo de robo de identidad agravado establece una pena obligatoria adicional de dos años, que se cumple de forma consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta.

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática, con apoyo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias federales y locales, entre ellas el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del Condado de Collin.

Como establece el sistema legal estadounidense, una acusación formal es una alegación de conducta delictiva. Todos los imputados se presumen inocentes hasta que un tribunal de justicia determine lo contrario.

Un mail que parece oficial, con un logo conocido y un tono que apura. Un mensaje que avisa de una supuesta deuda o de un trámite pendiente y pide resolver todo “cuanto antes”. Para muchos contribuyentes, esa combinación alcanza para que el dedo vaya directo al link. Y ahí es donde empieza el problema.

Es el mecanismo de una nueva ola de estafas que usa el nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para engañar a las personas. El objetivo es doble: que la víctima pague dinero que no debe o que entregue información sensible, como su clave fiscal, que después se usa para vaciar cuentas o hacer movimientos a su nombre.

El propio organismo salió a advertirlo en sus redes. “Detectamos casos de phishing y fraudes que utilizan nuestro nombre, logo o correos similares a los oficiales para engañar a contribuyentes”, alertó ARCA. La clave de estos engaños es justamente esa: se parecen tanto a lo real que, a simple vista, cuesta distinguirlos.

De todas formas, no hace falta ser un experto para esquivar la trampa. Alcanza con conocer unas pocas reglas que la agencia deja en claro, y que los estafadores, casi siempre, rompen.

ARCA no pide plata ni datos por mail

Si hay una sola frase para quedarse, es esta: “Nunca solicitamos pagos ni datos personales por correo electrónico”. Cualquier mensaje que reclame una transferencia, un pago con tarjeta o que pida “confirmar” datos es, directamente, falso. No hay letra chica ni excepciones.

Los mails reales cumplen una función mucho más modesta. “Los correos que enviamos solo informan que tenés una comunicación oficial disponible en tu Domicilio Fiscal Electrónico”, señaló el organismo en su cuenta oficial de X. En otras palabras, los correos oficiales de ARCA no traen adjuntos misteriosos ni exigen hacer nada en el momento: solo avisan que hay algo para leer en la cuenta, a la que se entra por la vía habitual y con las credenciales del usuario.

Ese es, justamente, el único canal oficial que usa la agencia para notificar la situación fiscal de los contribuyentes. Se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal desde el sitio. Si la supuesta notificación llega por cualquier otro camino, lo más sensato es desconfiar.

Ni WhatsApp, ni llamadas, ni redes sociales

Muchas de las estafas más efectivas no entran por el correo, sino por las aplicaciones que se usan todo el día. Sobre eso, ARCA fue tajante: “No utilizamos redes sociales, llamadas telefónicas ni WhatsApp para reclamar deudas o pedir acciones vinculadas a trámites”.

Si alguien escribe o llama diciendo que es de ARCA y que se debe regularizar algo ya mismo, no hay nada que discutir: no es el organismo. La presión y la urgencia son las herramientas favoritas de los estafadores, que necesitan que actúes antes de pensar.

Lo mismo vale para la clave fiscal, que funciona como la llave de todo lo que cada usuario tiene registrado frente al fisco. “Tu clave fiscal es única y personal. No la compartas con nadie”, insistió la agencia. Ni con un supuesto empleado, ni con un “gestor” que se ofrece a ayudarte, ni en un formulario al que se llega desde un link.

Un antecedente reciente: la falsa encomienda y el DNI

No es la primera vez que los delincuentes se disfrazan de ARCA. Hace apenas unos meses circulaba un correo que avisaba que había una encomienda internacional retenida a nombre del destinatario. Para liberarla, reclamaba el pago de aranceles aduaneros: en el ejemplo al que accedió este medio, el total ascendía a 198.092 pesos. Además, pedía una foto del DNI y daba tres días hábiles para actuar.

Una usuaria de X que recibió el mensaje se preguntó cómo era posible, si no había comprado nada. La respuesta de ARCA no tardó: “Se trata de un mail apócrifo”. Y dejó una de las pistas más útiles para cualquiera: ninguna gestión aduanera legítima necesita que se envíe una foto del documento por mail. Antes de eso, la agencia ya había recibido reportes de correos que simulaban venir de cuentas “oficiales” y que reclamaban una deuda originada en una supuesta fiscalización.

El susto de pensar que ARCA está haciendo una auditoría funciona como gancho. Sobre ese punto, el organismo recuerda otro dato clave: tras la disolución de la AFIP, “ninguna comunicación que invoque a la AFIP es oficial”. Si el mensaje todavía habla de la vieja AFIP, es una señal más de que algo no cierra.

Qué hacer si llega un mensaje sospechoso

Ante un mail sospechoso la recomendación es simple y se resume en no hacer nada de lo que el mensaje pide. “No abras enlaces ni archivos adjuntos”, pidió el organismo, que además solicita reportar el caso. Para eso, hay que reenviar el correo sospechoso a phishing@arca.gob.ar, de modo que el área técnica pueda analizarlo.

También ayuda mirar con atención desde qué dirección llega el mail. En casos anteriores, ARCA explicó que los correos apócrifos salían de remitentes que no pertenecen a un dominio oficial del Estado. Y ante la duda, la regla es la más sencilla de todas: ignorar el mensaje, entrar por cuenta propia al Domicilio Fiscal Electrónico y confirmar si realmente hay algo pendiente.

Mark Walter, el magnate de 66 años que fundó Guggenheim Partners, es dueño de los Los Ángeles Dodgers y controla el equipo Cadillac de la Fórmula 1, está en el centro de una investigación federal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indagan si sus aseguradoras ocultaron más de USD 20.000 millones en préstamos a empresas vinculadas a él. Ahora, busca vender el equipo Cadillac por al menos USD 3.000 millones. En el entramado, además, aparecen dos hermanos argentinos con larga trayectoria en Wall Street: uno de ellos era dueño de la mansión de Barrio Parque que compró recientemente el magnate tecnológico Peter Thiel.

La venta de Cadillac sería el último eslabón de una cadena de desinversiones que arrancó en el momento en que la investigación federal comenzó a apretar. En junio de 2025, Walter había comprado la mayoría de los Los Ángeles Lakers por USD 10.000 millones, el precio más alto pagado hasta entonces por una franquicia deportiva. Apenas 14 meses después, en agosto de 2026, los vendió a Bob Iger —ex CEO de Disney— y al inversor Josh Kushner por USD 12.500 millones.

En septiembre se desprendió de su participación en el Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. También explora la posible venta de los Los Ángeles Sparks de la WNBA. Lo único que declaró fuera de discusión son los Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol que lidera desde 2012 y que ganó la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025.

Según Sportico, hay al menos siete partes interesadas en adquirir el equipo de Fórmula 1. El propio grupo había declarado que no estaba considerando vender su participación en Cadillac ni en ningún otro negocio de TWG Motorsports, aunque casi al mismo tiempo reconoció que Walter y sus socios evalúan ofertas serias de manera habitual.

Por qué buscaría desprenderse del equipo de F1

Entrar a la parrilla de la Fórmula 1 le costó a TWG alrededor de USD 450 millones en concepto de dilución, más al menos USD 1.000 millones adicionales en inversión operativa, según estimaciones del mercado. El equipo camina hacia una pérdida de aproximadamente USD 400 millones solo en 2026. En la pista, los resultados no acompañan. Cadillac es el único equipo que llega al Gran Premio de Brasil sin un solo punto en el campeonato. Las valuaciones de los otros 10 equipos de la grilla promedian USD 3.420 millones, lo que hace que el precio pedido —USD 3.000 millones— parezca más conservador que abusivo para los estándares del certamen.

El equipo fue originalmente armado por Michael Andretti, hijo del legendario piloto Mario Andretti y empresario del automovilismo estadounidense. En la alineación actual corren el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Los argentinos en el entramado

El escándalo incluye, además, nombres argentinos. El más visible en el expediente es Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company (ABS Capco) desde 2015: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander. ABS Capco funcionó como una de las principales intermediarias para canalizar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter, a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

Walter y Juan Ball compraron además, junto al empresario Pablo Stalman, una residencia de USD 85 millones en Malibú sin fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ante la SEC.

Su hermano, Diego Ball, ya había estado bajo la lupa regulatoria: en 2017, Bloomberg informó que la SEC examinaba sus vínculos con Guggenheim, cuyas compañías realizaron cerca de USD 1.000 millones en transacciones con la firma. Diego Ball era además dueño de una propiedad en Barrio Parque que fue adquirida luego por el magnate tecnológico Peter Thiel.

Un tercer argentino aparece en el expediente: Federico Hermida, directivo de ABS Capco, a cuyas empresas la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones en 2026 según el Wall Street Journal. Ninguno de los tres fue imputado.

La conexión argentina con el equipo tiene además otra historia. Bárbara Bessolo llegó a Indianápolis en 1987 como única representante argentina en los Juegos Panamericanos —tenía 15 años y competía en gimnasia rítmica— y volvió décadas después como empresaria tecnológica. Acordó con Michael Andretti construir una empresa conjunta llamada AndrettiEdge que combinaría su tecnología con el apellido del piloto, pero en 2021 Andretti lanzó un vehículo de inversión de USD 200 millones que replicaba ese modelo sin incluirla. Bessolo presentó una demanda por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato por USD 100 millones, que incluye también a Palantir, la empresa de Thiel. El caso sigue en instrucción.

El origen del dilema

El detonante del conflicto fue una citación del gran jurado federal. En febrero de 2026, las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life and Annuity —ambas controladas por Walter a través de TWG— recibieron intimaciones del DOJ. Las revelaron en documentos presentados el 26 de junio, publicados inicialmente por Bloomberg Law. Los fiscales federales de Manhattan y la SEC investigan si participaciones en créditos privados que las aseguradoras declaraban como no afiliadas estaban, en realidad, vinculadas a otros negocios de Walter.

La reformulación de balances que siguió fue significativa. Delaware Life había informado que alrededor del 3% de sus activos invertidos —unos USD 1.400 millones— estaban vinculados a partes relacionadas. Los informes corregidos mostraron al menos USD 17.000 millones, equivalentes a por lo menos el 39% del total. La calificadora AM Best calculó que las inversiones afiliadas pasaron del 3% al 42% a fines de 2025. A marzo de 2026, Delaware Life tenía unos USD 69.000 millones en activos; Clear Spring, alrededor de USD 16.000 millones.

La investigación no se quedó en los papeles. Según informó el Financial Times, Walter entregó su teléfono y su computadora a los investigadores federales, al igual que Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments. Los dispositivos fueron incautados luego de que agentes federales interceptaran el avión privado de Walter en Chicago en septiembre de 2025, aunque, hasta el momento, no se presentaron cargos. TWG Global niega haber cometido irregularidad alguna y declaró que sus directivos “siempre actuaron de buena fe”.

Un hombre identificado por las iniciales R. C., nacido en 1961 y ex inspector de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado luego de que la Justicia determinara que se hizo pasar por funcionario para cobrar dinero a comerciantes a cambio de no clausurar sus locales. La secuencia terminó cuando uno de los damnificados llamó al 911 y siguió al acusado en moto.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25, a cargo de manera interina de Juan Cruz Ártico, consiguió la condena a través de un juicio abreviado. El imputado recibió tres años de prisión en suspenso por los delitos de usurpación de autoridad, estafa y uso de certificado falso, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El episodio ocurrió en 2025, en el barrio porteño de Monserrat. Según reconstruyó la investigación, R. C. llegó a un taller mecánico y se identificó como inspector de la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad.

Tras revisar los extintores del local, le comunicó al dueño que debía aplicarle una multa y clausurar el negocio. A continuación, le planteó que podía evitar ambas medidas si le entregaba $60.000. El comerciante accedió al pago.

Luego, el acusado se dirigió a otro taller situado junto al primero y recurrió al mismo método. Le dijo a un empleado que el comercio presentaba infracciones y que correspondía una multa seguida de la clausura.

“Si vos me ayudás, entonces todo se puede arreglar, pero tenés que realizar un aporte significativo en pesos argentinos; vos me entendés cómo funciona esto”, le expresó, según consta en el expediente.

El trabajador le entregó $20.000. Sin embargo, al ver que el supuesto inspector subía al asiento del conductor de un taxi Volkswagen, optó por seguirlo en su moto y alertar a la Policía de la Ciudad mediante una llamada al 911.

El empleado interceptó el taxi y el acusado lo embistió

El seguimiento terminó en la intersección de Ramón Lista y Víctor Hugo, donde el empleado logró interponerse delante del taxi para detenerlo. En ese momento, el acusado aceleró y lo embistió, aunque no le provocó lesiones ni daños materiales.

Al llegar al lugar, los agentes advirtieron que en la luneta del vehículo había un certificado de discapacidad que parecía apócrifo. La revisión posterior confirmó que el documento era falso.

Durante la requisa, la Policía secuestró un chaleco y una campera con inscripciones de la APRA, una faja de clausura, un sello y dos credenciales del Gobierno de la Ciudad. La pesquisa estableció que R. C. había sido inspector del organismo hasta 2022, cuando se acogió al retiro voluntario.

La sentencia fue homologada por Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21. Además de la pena condicional, el condenado deberá cumplir pautas de conducta y realizar 120 horas de trabajo de utilidad pública.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó este 3 de noviembre sobre un esquema que suplanta la identidad del Grupo Financiero Barclays México para vender cursos falsos de inversión y captar dinero a través de una aplicación móvil fraudulenta.

El organismo detectó que delincuentes promueven el fraude en Facebook y trasladan a las víctimas a grupos de WhatsApp para inducirlas a invertir en la plataforma falsa.

La Condusef precisó que el Grupo Financiero Barclays México no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no imparte capacitaciones ni crea grupos de WhatsApp con ese fin, y tampoco utiliza esquemas de ese tipo en la formalización de sus operaciones. El organismo recibió reportes de dos de sus instituciones afectadas por el uso indebido de su nombre comercial, denominación, logo y datos fiscales.

El fraude operaba desde Facebook hasta la falsa inversión

El modus operandi arranca con publicidad en Facebook, donde perfiles desconocidos ofrecen convertir a los usuarios en “especialistas en inversiones”. De ahí, las víctimas son trasladadas a grupos de mensajería como WhatsApp bajo nombres como “D115 Academia Financiera Barclays”, donde reciben instrucciones para inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.

Una vez que las víctimas acreditan supuestamente el curso, los estafadores las inducen a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial que les permite, según el discurso de los defraudadores, poner en práctica lo aprendido. La inversión se ofrece bajo las figuras de “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.

Desde el momento en que la víctima realiza la primera inversión, los estafadores mantienen comunicación constante para generar confianza. El esquema completo depende de ese vínculo sostenido en el tiempo, que sirve para que la víctima baje la guardia antes del desenlace del fraude.

El punto de quiebre llega cuando la víctima intenta realizar el retiro de su capital, o de los supuestos rendimientos generados por la inversión. Ahí los estafadores exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, con el argumento de que ese cobro no puede descontarse del saldo ya invertido. Tras recibir el pago, cortan toda comunicación con la víctima.

La Condusef identificó que el mismo esquema podría aplicar para un producto adicional llamado “Programa de Valoración del 800%”, que ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%” a través de fases mensuales. Según el discurso de los defraudadores, al término de cinco meses el esquema entrega un rendimiento acumulado superior al 800% sobre el capital invertido.

Dos instituciones del Grupo Financiero Barclays México fueron suplantadas

La Condusef recibió reportes de Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y de Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, ambas integrantes del Grupo Financiero Barclays México, sobre el uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.

Los estafadores reutilizan la dirección física real de las oficinas corporativas de ambas instituciones, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 505, interior Torre Mayor, piso 41, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, en la Ciudad de México. También usan el mismo número telefónico institucional real, (55) 5241-3200, para dar apariencia de legitimidad al fraude.

Para el caso de Barclays Capital Casa de Bolsa, la Condusef documentó más de 20 números telefónicos falsos distintos utilizados por los defraudadores para atender a las víctimas, además de una aplicación móvil llamada “KapitalMex” y denominaciones falsas como “Academia Financiera Barclays”, “Barclays Capital”, “Academia Financiera Barclays-Vip” y “D115 Academia Financiera Barclays”.

Los estafadores usan las páginas falsas barclaysmx.com, trade.blctrading.net y trade.blctrading.com, en contraste con el sitio oficial de la institución, investmentbank.barclays.com, y el correo real registrado ante el organismo, pedro.tejero@barcap.com.

En el caso de Barclays Bank México, los estafadores replican de forma idéntica la denominación legal completa de la institución, “Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México”, para confundir a las víctimas con el nombre real.

Usan además las páginas falsas www.barclaysmx.com y trade.blctrading.com, frente al correo real registrado ante la Condusef, pedro.tejero@barclays.com. El organismo no reportó un teléfono falso específico asociado a esta segunda institución.

Recomiendan verificar en el SIPRES cualquier oferta de inversión

El organismo recomienda verificar directamente en el Sistema de Información Pública de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) que cualquier institución financiera esté debidamente registrada y que sus datos coincidan con los oficiales. También sugiere confirmar siempre la información con las instituciones financieras a través de los canales oficiales registrados en esa plataforma.

Entre las recomendaciones adicionales, el organismo pide no realizar depósitos ni transferencias a cuentas personales, ni entregar dinero antes de firmar un contrato formal y verificado con la institución financiera correspondiente. También llama a desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado para “liberar”, “gestionar” o “activar” una inversión o un crédito.

La Condusef indica que, en caso de dudas, los usuarios pueden contactar directamente a la institución financiera a través de sus canales oficiales, o acudir al organismo para recibir orientación gratuita. Pone a disposición del público su Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos, al teléfono 55 53 400 999.

Barclays, por su parte, publicó en su sitio oficial un aviso donde precisa que el Grupo Financiero Barclays México no es una entidad de cara al público y que no se pone en contacto con clientes a través de redes sociales, correo electrónico, teléfono ni intermediarios. La institución remite además a los usuarios a un portal de su casa matriz en el Reino Unido con información sobre cómo identificar estafas de inversión.

Los descuentos de 40% o 50%, la financiación sin intereses y los anuncios que prometen precios disponibles por pocos minutos forman parte de los recursos utilizados para captar potenciales víctimas. El objetivo es que el comprador decida rápido, antes de comprobar si el enlace, la tienda o el medio de pago son legítimos.

“Buscan hackearte emocionalmente para que caigas en esa oferta”, explicó Alvarado. La promesa de un beneficio inmediato puede reducir la atención sobre detalles como la dirección web, la identidad del remitente o las condiciones de una operación. Esa reacción abre la puerta a mecanismos de fraude que apuntan a vaciar cuentas, utilizar tarjetas sin autorización o tomar control de perfiles digitales.

Los enlaces de WhatsApp y SMS pueden llevar a páginas que imitan marcas conocidas

Uno de los métodos más frecuentes es el phishing, una técnica que suplanta la identidad de una empresa, entidad financiera o plataforma digital para obtener datos personales. Los estafadores crean portales parecidos a los originales, con logotipos, imágenes de productos, formularios de pago y mensajes de atención al cliente que buscan transmitir confianza.

El uso de inteligencia artificial elevó el nivel de esas imitaciones. Los errores ortográficos, las traducciones deficientes o los diseños rudimentarios ya no son las únicas señales de alerta. Una página falsa puede replicar con precisión la apariencia de una tienda reconocida, incluir fotografías reales y ofrecer descuentos que parecen coherentes con una campaña comercial.

Los mensajes distribuidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales suelen incluir un enlace directo a la supuesta promoción. Alvarado recomendó no acceder a tiendas, plataformas de reservas ni servicios de pago desde esos vínculos. La alternativa es escribir la dirección oficial en el navegador o abrir la aplicación legítima que ya está instalada en el teléfono.

El especialista mencionó que las búsquedas en internet pueden ayudar a identificar portales validados y certificados digitales, aunque esa revisión no garantiza por sí sola que una operación sea segura. Una plataforma puede sufrir una intervención temporal y los delincuentes también pueden usar dominios parecidos al original, con cambios mínimos en una letra, un signo o la extensión de la dirección.

Las páginas que se presentan como servicios de compras, alojamiento o envíos concentran parte de los intentos de engaño. Entre los nombres que pueden ser usados para estas maniobras figuran Amazon, Alibaba, AliExpress, Temu, Shein y Booking.com. La presencia de una marca conocida en un mensaje no confirma que el contenido provenga de esa empresa.

En España se conocieron casos de usuarios que llegaron a sus alojamientos luego de pagar una reserva y descubrieron que el hospedaje no existía o que sus nombres no aparecían en el registro. En Perú, también hubo denuncias de personas que alquilaron una casa de playa y, al llegar, encontraron a otros clientes con reservas para el mismo inmueble. En varios de esos episodios, el contacto inicial ocurrió por canales ajenos a las plataformas oficiales.

Tarjetas con límites y alertas inmediatas para reducir las pérdidas

La descarga de aplicaciones desde enlaces compartidos también implica un riesgo. Una herramienta que aparenta pertenecer a una plataforma de comercio electrónico o de reservas puede dirigir al usuario hacia formularios falsos y capturar claves, números de tarjetas o códigos de verificación. La recomendación es instalar aplicaciones únicamente desde las tiendas digitales formales de cada sistema operativo.

El momento de pago requiere una revisión adicional. Ingresar los datos de una tarjeta de crédito o débito, incluido el código de seguridad del reverso, puede tener consecuencias si el sitio no es confiable. “Es un tremendo riesgo”, sostuvo Alvarado sobre la entrega de esa información en páginas cuya procedencia no fue verificada.

Las tiendas oficiales suelen utilizar pasarelas de pago, sistemas que procesan la transacción sin que el comercio acceda de forma directa a los datos de la cuenta bancaria. Servicios como PayPal incorporan mecanismos de cifrado para resguardar esa información. Aun así, el uso de una pasarela no reemplaza la necesidad de comprobar que el usuario se encuentra en el portal oficial y no en una copia diseñada para recolectar datos.

Entre las medidas sugeridas está activar las compras por internet solo al momento de realizar una operación y deshabilitarlas después. También resulta conveniente utilizar una tarjeta con un límite específico para transacciones digitales o una cuenta separada de los fondos principales. De ese modo, una eventual filtración de credenciales puede tener un impacto económico menor.

Los usuarios pueden solicitar a sus bancos topes para compras en el extranjero o por internet. Si una operación supera ese monto, la entidad puede rechazarla o requerir una verificación adicional. Las notificaciones inmediatas por WhatsApp, SMS o aplicaciones bancarias permiten detectar movimientos no reconocidos antes de que se acumulen nuevos cargos.

Según cifras atribuidas al Ministerio Público, entre enero y julio se registraron más de 29 mil denuncias por estafas digitales, un promedio cercano a 130 casos diarios. El volumen de reportes muestra la exposición de los consumidores en períodos de alta actividad comercial, cuando las promociones multiplican los mensajes, los enlaces y las oportunidades para que una oferta falsa parezca real.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes de Costa Rica consiguió una condena de seis años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Martín Solís, declarado culpable de estafar a cinco inversionistas mediante falsas concesiones de tecnología satelital, supuestas alianzas con empresas multinacionales y argumentos religiosos utilizados para ganarse la confianza de sus víctimas.

Según informó el Ministerio Público, el condenado creó una empresa denominada Intersat, que utilizó para ofrecer oportunidades de inversión relacionadas con dispositivos de rastreo satelital instalados en contenedores de transporte de carga.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una condena civil por ₡45.9 millones (USD 100,918), como consecuencia de los perjuicios económicos ocasionados por los delitos.

Aseguraba que Dios le indicaba quiénes debían ser sus socios

Uno de los principales mecanismos utilizados por Martín Solís consistía en presentarse como un empresario religioso, filántropo y comprometido con los principios bíblicos.

Según la acusación, afirmaba que seleccionaba a sus socios mediante revelaciones divinas y exigía que fueran personas creyentes para “no abrirle las puertas al diablo”.

Con este discurso buscaba generar confianza entre los inversionistas y convencerlos de participar en negocios que presentaba como altamente rentables.

El condenado también aseguraba falsamente que había obtenido licitaciones y concesiones exclusivas con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la desinstalación de dispositivos de rastreo satelital GPS, específicamente equipos GT2000, utilizados en contenedores de mercancías.

Para respaldar sus afirmaciones, mostraba cotizaciones sin valor contractual y equipos de demostración, con los que aparentaba mantener operaciones comerciales y alianzas con importantes compañías tecnológicas internacionales.

Prometía ganancias superiores a USD 146,000 mensuales

La investigación determinó que el empresario solicitaba a sus víctimas inversiones iniciales de entre USD 15,000 y USD 60,000, a cambio de participar en supuestas concesiones que valoraba en USD 360,000 cada una.

Como parte de su estrategia, ofrecía rendimientos superiores a USD 146,137.50 mensuales por concesión, una promesa que resultaba atractiva para quienes buscaban oportunidades de negocio.

También aseguraba que los técnicos contratados podrían desinstalar al menos 15 dispositivos satelitales diarios, lo que supuestamente garantizaría ingresos constantes.

Además, exigía a los inversionistas crear nuevas sociedades anónimas, firmar contratos de confidencialidad y contratar cuadrillas de técnicos para desarrollar las operaciones.

Sin embargo, la Fiscalía demostró que las concesiones ofrecidas eran ficticias y que las supuestas relaciones comerciales no respaldaban los negocios anunciados.

Utilizaba la pandemia para justificar los retrasos

Cuando los inversionistas comenzaron a cuestionar por qué las operaciones no iniciaban, Martín Solís ofrecía distintas explicaciones para justificar los incumplimientos.

Entre los argumentos utilizados figuraban los efectos de la pandemia de COVID-19, problemas relacionados con el tráfico marítimo internacional y supuestos gastos adicionales por licencias de software y viáticos.

Estas justificaciones permitían prolongar las expectativas de las víctimas, pese a que las operaciones prometidas no se concretaban.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar que el empresario había estructurado un mecanismo de engaño para obtener recursos económicos de los cinco afectados.

No podrá salir de Costa Rica mientras la sentencia queda firme

El juicio se desarrolló entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre de 2026, y concluyó con una condena de seis años y seis meses de prisión.

Mientras la resolución judicial adquiere firmeza, el tribunal ordenó que Martín Solís se presente a firmar mensualmente ante el Tribunal Penal de San José.

También se le impuso impedimento de salida del país, como medida para asegurar su sujeción al proceso judicial.

El expediente se tramitó bajo el número 20-002106-0175-PE.

La sentencia establece la responsabilidad del empresario en un esquema que combinó falsas oportunidades tecnológicas, promesas de ganancias millonarias y manipulación de creencias religiosas para estafar a cinco inversionistas.

Un asistente de IA detectó un programa espía instalado en la computadora de un jugador profesional de póquer en línea. El software permitía a un atacante ver su pantalla y, con ella, sus cartas. Según Wired, cientos de jugadores de apuestas altas fueron blanco del mismo método durante años.

El jugador, que habló con la revista bajo el seudónimo de Alex por temor a represalias, usaba el asistente Claude para revisar estadísticas de juego. Tras una falla en su base de datos, el asistente advirtió un programa llamado MeshAgent, capaz de capturar la pantalla y controlar el equipo.

El programa se había instalado sin que Alex lo hiciera. El asistente identificó 11 momentos en que capturó su pantalla, y en todos Alex jugaba en Americas Cardroom (ACR), un sitio de póquer en línea. En 10 de esas sesiones, el mismo rival, con el nombre de usuario OxOO, estaba en su mesa.

Alex revisó las estadísticas públicas de ese jugador y encontró tasas de victoria imposibles para la cantidad de manos jugadas. Calcula que perdió unos USD 30.000, una suma moderada para su nivel. Otros perdieron más.

Cómo eran los programas para espiar

El experto en seguridad que se identifica como WolfSec, y que asesora a jugadores de alto nivel, reveló el caso el pasado 29 de septiembre en X. Según él, el atacante no fue tras cada jugador, sino tras dos programas para jugar en varias mesas a la vez: IntuitiveTables y Jurojin.

En Jurojin, el atacante accedió al sistema del desarrollador para enviar actualizaciones, y el programa espía llegó a los usuarios por el canal normal. El desarrollador de IntuitiveTables usaba Jurojin en su computadora de pruebas, y esa máquina recibió el agente. Con él, el atacante añadió código malicioso a IntuitiveTables antes de que se firmara la versión.

WolfSec estima que el software llegó a más de mil usuarios. Como el código viajó por una actualización o una descarga oficial, ni los jugadores ni sus antivirus notaron nada. La versión alterada de IntuitiveTables solo actuaba si el nombre de usuario figuraba en una lista almacenada en la infraestructura del atacante, formada sobre todo por jugadores habituales de apuestas altas.

Según WolfSec, el mismo atacante intentó infectar equipos desde 2022 con una técnica más simple. No hubo dinero robado en ese momento, así que nadie siguió el caso.

Qué hicieron los sitios frente a esta situación

CoinPoker investiga desde 2025 a un jugador sospechoso. Su portavoz Mario Mosböck dijo a Wired que la empresa lo expulsó y devolvió más de USD 100.000 a afectados. También dijo que la identidad del jugador se conocía desde una entrevista por cámara en febrero de 2025, y que la compañía avisó a ACR sin recibir respuesta.

El profesional Patrick Howard informó a GGPoker a comienzos de septiembre sobre resultados estadísticamente anómalos y no obtuvo respuesta. Tras la revelación pública, el sitio le dijo que no había habido “pruebas concluyentes” en ese momento. ACR y GGPoker no respondieron a las consultas de Wired.

Las fuentes de la revista estiman que el atacante se llevó entre USD 1,5 y 4 millones, sobre todo en GGPoker y ACR, hasta fines de septiembre. ClubWPT Gold expulsó una cuenta y reembolsó a un jugador afectado, según Randy Lundy, responsable de operaciones con clientes del sitio.

El 15 de octubre, GGPoker publicó medidas: prohibir programas de terceros y detectar anomalías en las tasas de victoria. Dijo que rastreó fondos del acusado hasta una cuenta en Coinbase y que pidió restringirla. Jurojin e IntuitiveTables lanzaron herramientas para detectar la infección.

ACR, en cambio, envió el 18 de octubre un correo a sus jugadores: su equipo de seguridad no halló resultados comprometidos ni irregularidades y no habrá reembolsos. WolfSec presentó una denuncia ante el centro de denuncias de delitos informáticos del FBI, que no confirmó a Wired haberla recibido.

Google Play eliminó una aplicación que se hacía pasar por WhatsApp y que, antes de ser retirada, acumuló más de 500.000 descargas. La copia, publicada por un desarrollador identificado como Agment Assets sallu, permaneció varias semanas disponible en la tienda de Android y logró engañar a usuarios.

El caso se conoció después de que un usuario de Reddit, identificado como 2ne1cheese, alertara sobre la presencia de una aplicación llamada “WhatsApp Messenger” que replicaba casi a la perfección la app oficial de Meta. La publicación original databa de septiembre, según la información recogida en la propia ficha de la tienda.

Cómo se infiltró la copia de WhatsApp

El desarrollador de la app falsa utilizó capturas de pantalla, íconos y textos descriptivos prácticamente idénticos a los de la versión real de WhatsApp.

Según usuarios de Reddit, la aplicación fraudulenta apareció en algunos países como resultado patrocinado cuando los usuarios buscaban WhatsApp para descargar en su teléfono. Esta visibilidad, sumada a la copia casi exacta de la ficha oficial, favoreció buena parte de las descargas fraudulentas.

La única diferencia visible entre ambas aplicaciones era el nombre del desarrollador: Agment Assets sallu en lugar de WhatsApp LLC, propiedad de Meta. Se trata de un detalle fácil de pasar por alto para cualquier usuario que busque la app de manera habitual.

La app real de WhatsApp supera los 10.000 millones de descargas, cuenta con más de 246 millones de reseñas y exhibe la insignia “Elección del editor”. Cualquier aplicación que se presente como WhatsApp sin estos elementos corresponde a una falsificación.

Además, en este caso, la cuenta del desarrollador solo tenía publicada esta aplicación.

Los riesgos de instalar una aplicación falsa

Una aplicación que suplanta a WhatsApp sin serlo representa un peligro directo para los datos personales y la seguridad de quienes la descargan. Entre los riesgos más habituales figura la instalación de malware o la obtención de permisos para acceder a información sensible almacenada en el teléfono.

Este tipo de software fraudulento suele utilizarse para robar contraseñas, credenciales bancarias, archivos y fotografías. La ausencia de reseñas, combinada con una ficha casi idéntica a la original, dificulta que los usuarios perciban la amenaza antes de completar la descarga.

El caso de la falsa WhatsApp no fue un hecho aislado. La misma semana se conoció otro clon, esta vez de Google Chrome, desarrollado por una cuenta identificada como Hizbartech. Esa aplicación se posicionó en los primeros resultados de búsqueda mediante campañas publicitarias y alcanzó más de 100.000 descargas antes de su eliminación.

Al igual que con WhatsApp, el imitador de Chrome replicó imágenes y descripciones oficiales para presentarse como la aplicación legítima, lo que confirma un patrón de suplantación que se repite en distintas aplicaciones populares dentro de la tienda de Android.

La respuesta de Google Play ante el fraude

Google Play eliminó la aplicación falsa de WhatsApp una vez que tomó conocimiento de la suplantación, por lo que ya no puede descargarse desde la plataforma. La cuenta de su desarrollador, Agment Assets sallu, también fue bloqueada.

Por el momento no se ha informado de medidas adicionales por parte de Google frente a este tipo de incidentes, más allá de la retirada puntual de las aplicaciones detectadas. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios revisar si tienen instalada esta aplicación falsa y, en caso afirmativo, desinstalarla de inmediato para evitar riesgos en sus dispositivos.

Un caso similar a lo que sucede con WhatsApp Plus, una versión falsa de la plataforma de Meta que se promociona por fuera de Google Play, ofreciendo funciones mejoradas, pero que no cuenta con el respaldo de seguridad en su proceso descarga, instalación y uso.

Dos prófugos fueron capturados en Managua por su presunta participación en una red acusada de defraudar a Seguros Lafise con reclamos por accidentes de tránsito que, según la investigación, nunca ocurrieron.

Los detenidos son Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga y Juan Ramón Pérez Marenco, quienes permanecían fuera del alcance de las autoridades. Ambos fueron arrestados en la capital nicaragüense.

La Fiscalía sostiene que los acusados facilitaron sus documentos de identidad para elaborar expedientes fraudulentos. Esos trámites habrían servido para reclamar y cobrar indemnizaciones por supuestos siniestros viales.

La pesquisa identifica una estructura de al menos 14 personas, activa entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. En ese lapso, Seguros Lafise emitió 46 cheques por C$4,287,100 (USD 115,751.70), según informó Nicaragua Investiga.

Los documentos personales sustentaban colisiones que no ocurrieron

Mendieta Zúñiga y Pérez Marenco habrían aportado sus datos personales junto con Johanna María Montenegro González, quien ya está bajo custodia. La documentación era utilizada para construir casos de choques que, de acuerdo con la acusación, no existieron.

El Ministerio Público señaló que los expedientes contenían certificados de tránsito y otros documentos que las autoridades consideran irregulares o falsificados. Con esos elementos, la organización solicitaba pagos vinculados a pólizas de seguro obligatorio.

La red preparaba siniestros completos con información de terceros, fotografías y cotizaciones para respaldar los reclamos ante la aseguradora.

El dinero obtenido mediante esas gestiones presuntamente se repartía entre los participantes, de acuerdo con la investigación difundida por Nicaragua Investiga.

La causa también involucra a personas que, según la Fiscalía, habrían intervenido desde distintos puntos del proceso. La acusación busca establecer cómo se armaban los expedientes, quiénes los presentaban y qué función cumplía cada señalado.

Los investigadores sostienen que el uso de identidades ajenas o facilitadas era una parte central del esquema. Los datos personales permitían dar apariencia de legalidad a reclamos basados en accidentes viales inexistentes.

Una exagente de tránsito aparece como principal operadora

Entre los implicados figura Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, exagente de tránsito del Distrito Tres de la Policía Nacional en Managua. La Fiscalía la identifica como la principal operadora de la estructura investigada.

El expediente incluye además a tres extrabajadores de Seguros Lafise. Uno de ellos es John Hamilton Mendieta Jiménez, exjefe de reclamos de automóviles, quien continúa prófugo.

También está señalado el fiscal Livingstone Ramón Zepeda Cruz, quien ejercía funciones en el Centro de Atención Fiscal de la misma delegación policial. La acusación lo incorpora dentro del grupo investigado por la presunta maniobra.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otros procesados que todavía no han sido localizados. Algunos enfrentan señalamientos por el supuesto uso de documentos falsos y otros por estafa agravada.

El proceso judicial fue declarado de tramitación compleja

El juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación formal presentada por la Fiscalía y autorizó el intercambio de pruebas. El caso seguirá su curso en los tribunales de Managua.

Pérez Marenco enfrenta cargos por estafa agravada y crimen organizado. Mendieta Zúñiga y Montenegro González son procesados por estafa agravada.

La declaratoria de tramitación compleja responde al número de imputados y a la presunta forma organizada de las operaciones. La investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales dentro de la red.

Leandro Pérez es un influencer de notable éxito. El personal trainer con domicilio en Villa Domínico es una figura en el rubro del fitness, con negocios y canjes con grandes marcas. Tiene un millón de seguidores en Instagram, y casi medio millón más en TikTok, donde supera el millón de likes.

Curiosamente, su perfil en el Banco Central no revela deuda alguna, ni siquiera los gastos de la tarjeta del mes. Hoy, Leandro Pérez enfrenta una fuerte denuncia en la custodia: una amiga y compañera de trabajo lo acusó, precisamente, de robarle las tarjetas de crédito, el presunto de estafa, para una serie de compras online.

La lista de gastos en la denuncia incluye pedidos de sushi, bots para redes sociales, juegos en el store de Playstation. El monto reportado por la denunciante, una empresaria de Puerto Madero, es de casi 11 millones de pesos y más de 10 mil dólares.

El caso está en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°43, con un investigación delegada en el fiscal Martín Mainardi; la denunciante presentó un abogado, que buscará ser considerado querellante en el expediente. Además, ratificó la denuncia. El presunto desfalco apunta a tarjetas de crédito de dos bancos, así como a extensiones de las tarjetas de su pareja, otro empresario.

Infobae accedió a documentos presentados en los tribunales porteños. Allí, la denunciante relató: “El 6 de octubre pasado me comuniqué con Visa por una tarjeta de crédito del banco ICBC para desconocer cargos en Playstation y Pedidos Ya”. Desde el banco, siempre según su relato, que las compras “estaban asociadas” a una cuenta de email, con el nombre del acusado.

La denuncia, inicialmente realizada en la División Antifraudes de la PFA, “incluye un período que se remonta a 2023″, declaró la empresaria ante la Justicia. “Nunca imaginé que esta persona había realizado tantas operaciones durante tanto tiempo. Al día de hoy, encuentro movimientos que rondan los 10,8 millones de pesos y 10,8 mil dólares. Estas operaciones incluyen compras de ropa, compras diarias en Starbucks y la tienda Shellbox, espectáculos, ropa, comida y Pedidos Ya”, aseveró. Los consumos en dólares, por otra parte, apuntaban a marcas como Playstation, la plataforma de Apple y bots en redes sociales.

La denunciante también afirmó que, al recibir estos consumos, los desconocía para dar de baja la tarjeta. Sin embargo, “en los nuevos plásticos seguían viniendo consumos”, continuó.

Qué dice el acusado

La denunciante afirmó que mantuvo un encuentro con Pérez “el jueves 8 de octubre” en su departamento en Puerto Madero, Allí, siempre según la acusación, Pérez negó los hechos. “No amiga, imposible”, habría afirmado el personal trainer. “Le dije que muestre su celular, y vi que tenía mis tarjetas asociadas”, continuó la supuesta víctima. Tiempo después, Pérez “me hizo una transferencia de $395 mil” “en concepto de los gastos que reconocía en la tarjeta ICBC que me vencía en esa fecha”.

Infobae contactó al influencer denunciado. No estaba enterado de la causa en el Juzgado N°43; la noticia lo tomó por sorpresa. En un breve diálogo, reconoció el vínculo con la que denunciante, con la que afirma haber tenido “un problema”. “Tendría que hablar con un abogado”, evaluó. Con la mujer que lo acusó “quedamos en juntarnos para solucionarlo”.

Sobre la devolución del dinero en Puerto Madero, el personal trainer afirmó:

“Me junté con ella y de lo que me reclamó, le devolví la plata, porque la tarjeta tenía gastos comunes, nunca me dijo que eran de su tarjeta. Lo que me estás comentando es una sorpresa porque ella es un amiga”.

De la acusación en general, en cambio, Pérez no realizó comentarios.

Un hombre de 46 años fue imputado en Sídney por hacerse pasar por una de las víctimas del ataque en Bondi Beach para cobrar una compensación económica. La acusación se produjo mientras la causa contra Naveed Akram, señalado como uno de los autores del tiroteo, fue aplazada hasta febrero.

El sospechoso, cuya identidad no fue difundida, afirmó que había resultado herido durante el ataque del 14 de diciembre de 2025, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra una multitud en la playa durante una celebración de Janucá. La policía sostiene que la versión buscaba permitirle acceder a mecanismos de asistencia destinados a víctimas de delitos.

Según informó Associated Press (AP), el hombre fue detenido el martes y acusado de difundir material engañoso para obtener un beneficio financiero, además de realizar una declaración falsa que motivó una investigación policial. Recuperó la libertad bajo fianza y deberá comparecer ante un tribunal de Sídney el 18 de noviembre.

El sospechoso habría intentado acceder a ayudas para los heridos

Las autoridades no precisaron a qué programa de compensaciones habría intentado acceder el acusado. Tras el atentado, los gobiernos federal y estatal anunciaron un esquema que contemplaba pagos de hasta AUD 35.000 —unos USD 25.000— para las víctimas heridas por balas o esquirlas en Bondi Beach.

Para solicitar esa ayuda, los damnificados debían ser reconocidos primero en un plan del gobierno de Nueva Gales del Sur, que contemplaba hasta AUD 5.000 —aproximadamente USD 3.500— por persona.

El Departamento de Asuntos Internos de Australia confirmó que un ciudadano indio fue detenido el martes en la comisaría donde se concretó la imputación. El organismo evitó aportar detalles adicionales y alegó razones de privacidad. The Daily Telegraph informó que el hombre fue trasladado a un centro de detención migratoria y que podría enfrentar una deportación.

La acusación provocó rechazo entre integrantes de la comunidad judía de la ciudad. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, calificó la presunta estafa como “despreciable” y cuestionó que el caso movilizara recursos policiales, de acuerdo con declaraciones recogidas por AP.

El ataque dejó 15 muertos y cerca de 40 heridos

El tiroteo ocurrió durante una celebración de Janucá en Bondi Beach y dejó 15 muertos, de entre 10 y 87 años, y alrededor de 40 heridos. La policía abatió a uno de los atacantes, Sajid Akram, durante el operativo. Su hijo, Naveed Akram, resultó herido y fue detenido.

La policía australiana sostiene que padre e hijo actuaron inspirados por el grupo Estado Islámico. Naveed Akram, de 25 años, enfrenta 78 cargos, entre ellos 15 acusaciones de asesinato, 43 por intento de asesinato y una por la comisión de un acto terrorista. Hasta el momento, no presentó una declaración de culpabilidad.

La policía aclaró que la investigación sobre la presunta estafa no tendrá impacto en el expediente abierto contra Akram. De ese modo, separó la situación del hombre acusado de fingir heridas de la causa que investiga el ataque y sus consecuencias para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

Como se encuentra la causa contra el tirador

Akram compareció el miércoles ante un tribunal de Sídney. La jueza Karen Stafford aceptó el pedido de la fiscal Danielle New para aplazar la causa hasta el 24 de febrero, sin objeciones por parte de la defensa.

La fiscalía explicó que requiere más tiempo para consultar a víctimas y familiares antes de completar la certificación de los cargos. Ese trámite define formalmente cuáles acusaciones continuarán ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur.

La próxima audiencia de Akram quedó fijada para el 24 de febrero. El hombre imputado por el presunto fraude, en tanto, deberá volver a comparecer ante la Justicia el 18 de noviembre.

Un pastor de una iglesia cristiana en Kirkland, Washington, enfrenta 15 cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero tras una investigación del FBI y el IRS que desarticuló un esquema que despojó a más de 30 feligreses de unos USD 13 millones. Cristian Popescu, de 46 años y ciudadano rumano residente en Bothell, se declaró no culpable durante su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle el 13 de octubre de 2026, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington.

El juicio quedó programado para el 21 de diciembre de este año. De acuerdo con la acusación formal, Popescu utilizó su posición como líder de la congregación Passion for Christ para convencer a sus fieles de invertir en una empresa ficticia llamada Followone, Inc., supuestamente radicada en Bellevue.

El pastor aseguró que la compañía operaba una plataforma de internet que combinaba un mercado global en línea con una red social, donde los usuarios podían comprar y vender bienes y servicios como automóviles, bienes raíces, atención médica, alimentos y viajes. En realidad, la plataforma era un entramado de pantallas no funcionales.

Cómo Popescu usó la fe para captar inversores en su esquema de fraude

Popescu apeló a la confianza espiritual de su congregación como herramienta de captación. Les dijo que “Dios los eligió para invertir” en la empresa y que hacerlo contribuiría a la misión de la iglesia. También les prometió que sus fondos permanecerían dentro de Followone y que podrían retirar su dinero en cualquier momento.

Para atraer mayores sumas, el pastor ofreció puestos en la junta directiva de Followone a quienes alcanzaran el millón de dólares invertido. Instó a sus víctimas a vaciar sus cuentas de jubilación, solicitar préstamos personales o hipotecarios e incluso echar mano de los ahorros universitarios de sus hijos.

Oficinas de lujo, empleados fantasma y comunicados falsos para aparentar éxito

El esquema se sostuvo sobre una fachada cuidadosamente construida. Popescu alquiló oficinas costosas en Bellevue y afirmó contar con 20 empleados, cuando en realidad solo tres personas trabajaban allí. Publicó sus propios comunicados de prensa con declaraciones falsas sobre el rendimiento de la empresa y aseguró haber contratado a ingenieros de software de las principales compañías tecnológicas.

Llegó a afirmar que Followone tenía un valor de USD 1.400 millones, a sabiendas de que la compañía no valía prácticamente nada. Además, creó un sitio web que mostraba a los inversores un crecimiento sustancial y ficticio de sus aportes, y difundió la falsa promesa de que la empresa estaba a punto de cotizar en la bolsa Nasdaq.

Empresas fantasma y lavado de dinero: cómo se desvió el dinero de los feligreses

Para dar apariencia de actividad comercial legítima, Popescu creó empresas fantasma que simulaban relaciones de negocios con Followone. En la práctica, el dinero de los inversores se destinó a pagar facturas falsas emitidas por esas mismas entidades ficticias, que él controlaba.

Según la acusación, Popescu transfirió más de USD 4,5 millones de los fondos de Followone a cuentas propias, de su esposa y de otros familiares. También se pagó a sí mismo más de USD 1 millón en salarios entre 2017 y 2024, y destinó unos USD 300.000 a su esposa, que ni siquiera era empleada de la compañía.

El dinero se utilizó para gastos personales y para operaciones bursátiles en su propia cuenta de inversión.

Encriptación, acuerdos de confidencialidad y acusaciones de posesión demoníaca

Popescu impuso un hermetismo extremo en sus comunicaciones con los inversores. Les exigió firmar acuerdos de confidencialidad y comunicarse exclusivamente a través de servicios de mensajería cifrada. En reuniones presenciales, les ordenó apagar sus teléfonos y desactivar dispositivos inteligentes como el asistente Alexa de Amazon.

Cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero, Popescu respondió con evasivas: alegó que los reembolsos interferirían con la futura salida a bolsa. A quienes expresaron dudas o pidieron más información, los acusó de estar “poseídos por demonios”, invocó su autoridad pastoral y se mostró iracundo, según consta en la acusación federal.

Cargos por fraude electrónico y lavado de dinero: las penas que enfrenta el pastor

La acusación incluye diez cargos de fraude electrónico y cinco de lavado de dinero. Entre las transferencias detalladas, una víctima invirtió cerca de USD 1 millón en un solo envío, mientras que otras realizaron aportes de aproximadamente USD 600.000 y USD 500.000. Los cargos de lavado detallan cómo Popescu trasladó los fondos desde la cuenta de Followone a sus cuentas personales.

“Popescu atrajo a inversores de su iglesia con materiales de marketing falsos, sitios web y oficinas costosas, y luego tomó su dinero para sus propios lujos y operaciones bursátiles, al traicionarlos financiera y espiritualmente”, declaró el fiscal federal interino Charles Neil Floyd.

“El crimen financiero no es un delito sin víctimas y con frecuencia destruye la vida de quienes lo padecen”, señaló la agente especial a cargo Carrie Nordyke, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Seattle.

A pesar de las objeciones de los fiscales, Popescu fue puesto en libertad bajo monitoreo electrónico mientras aguarda el juicio. El fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 250.000 por cargo; el lavado de dinero, hasta diez años de prisión y una multa equivalente.

Los cargos contenidos en la acusación son solo alegaciones; toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal. El caso es investigado por el FBI y la IRS-CI.

La intervención se produjo cuando la mujer caminaba por una vía pública del distrito. Según la información policial, los agentes lograron ubicarla tras labores de seguimiento, en cumplimiento de una requisitoria vigente y de una notificación roja emitida por Interpol desde 2024.

El caso está relacionado con una estructura delictiva que operó desde Lima y dirigió sus acciones contra personas hispanohablantes en Estados Unidos. La organización utilizaba llamadas telefónicas para ofrecer servicios falsos y recurría a amenazas para exigir pagos a quienes contactaba.

La captura contó con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos y de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. La detenida quedó a disposición de las autoridades peruanas, en el marco del procedimiento de extradición solicitado por la justicia estadounidense.

Organización ofrecía falsos cursos de inglés a migrantes

De acuerdo con las investigaciones del caso, la red delictiva operaba desde una oficina clandestina en Lima, acondicionada como un centro de atención telefónica o call center. Desde ese lugar, sus integrantes contactaban a migrantes latinoamericanos con ofertas engañosas de cursos de inglés y otros productos.

Para convencer a las víctimas, los implicados se hacían pasar por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. La apariencia de legalidad de las llamadas formaba parte del mecanismo utilizado para conseguir que los afectados aceptaran las supuestas obligaciones de pago.

Las investigaciones estadounidenses atribuyen a la organización pérdidas superiores a los 15 millones de dólares y más de 30.000 personas afectadas. El esquema habría funcionado entre 2013 y 2018, periodo durante el cual los integrantes del grupo utilizaron distintas formas de presión para obtener dinero.

Entre las prácticas denunciadas figuraban las amenazas de deportación y las referencias a presuntas deudas pendientes. Los responsables recurrían a estos argumentos para intimidar a las víctimas y exigirles nuevos desembolsos, de acuerdo con los antecedentes del caso.

Interpol emitió una alerta roja contra la investigada

La mujer, identificada como Karount Jannet Toledo Vásquez, figuraba en los registros de Interpol con una notificación roja desde 2024. Esta alerta internacional estaba vinculada con la solicitud de las autoridades estadounidenses para localizarla y proceder con su detención con fines de extradición.

Según la información difundida sobre la intervención, Toledo Vásquez ya había sido detenida en 2019, pero recuperó su libertad. Su reciente ubicación en San Juan de Lurigancho permitió a las autoridades concretar una nueva captura dentro del proceso judicial relacionado con la red.

La Embajada de Estados Unidos informó que el operativo contó con la participación del Servicio de Seguridad Diplomática y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), mediante la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco).

Por su parte, la Policía Nacional del Perú señaló que agentes especializados localizaron a la mujer en la vía pública y ejecutaron la orden correspondiente. Tras la intervención, fue trasladada a dependencias policiales para las diligencias de ley.

Extradición permitirá que responda ante la justicia estadounidense

Karount Jannet Toledo Vásquez cuenta con una solicitud de extradición pasiva concedida para comparecer ante los tribunales de Estados Unidos. El requerimiento está relacionado con presuntos delitos de extorsión, fraude y lavado de dinero, de acuerdo con la información proporcionada sobre el expediente.

El procedimiento implica la intervención de las autoridades judiciales peruanas, que deben cumplir las actuaciones correspondientes antes de la entrega de la persona requerida al país solicitante. Por ello, la captura no representa por sí misma el traslado inmediato a territorio estadounidense.

La detenida permanece a disposición de la justicia peruana mientras continúan las diligencias vinculadas con su extradición. Las entidades competentes deben coordinar las actuaciones necesarias para ejecutar el requerimiento internacional.

La Embajada de Estados Unidos indicó que la mujer era la última prófuga identificada de la organización investigada. Otros ciudadanos peruanos implicados en el mismo caso ya fueron extraditados a Estados Unidos, donde cumplen condena por su participación en los hechos.

Dos nuevos ciudadanos panameños viajaron a Moscú la semana pasada, atraídos por contrataciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno sobre los peligros de incorporarse al conflicto.

El canciller Javier Martínez-Acha confirmó que uno pudo ser rescatado mediante gestiones diplomáticas, mientras el segundo no logró acceder a la embajada panameña.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó su preocupación porque continúan apareciendo personas dispuestas a aceptar ofrecimientos que ocultan las condiciones reales que enfrentarán al llegar a territorio ruso.

Durante sus declaraciones, insistió en que los interesados deben comprender que no se trata de oportunidades laborales convencionales, sino de desplazamientos hacia zonas de combate.

“No van a un sarao a Moscú, no van a un sarao a Ucrania, van al frente de batalla”, advirtió Martínez-Acha, utilizando el término sarao para referirse a una fiesta. El funcionario calificó de inconcebible que nuevos ciudadanos sigan aceptando estas propuestas pese a las alertas públicas, especialmente cuando las autoridades han documentado fallecimientos, desapariciones y dificultades para abandonar las fuerzas militares.

El canciller reconoció que Panamá no dispone de una cifra exacta de los nacionales que permanecen en el conflicto, porque muchos viajan sin informar previamente a las autoridades.

Sin embargo, confirmó que cerca de doce panameños han regresado al país, mientras continúan las gestiones para facilitar la salida de otros ciudadanos.

La dimensión del problema quedó reflejada en un informe de la Cancillería fechado el 15 de septiembre, al que tuvo acceso el diario La Prensa, que contabilizó seis panameños fallecidos, 15 desaparecidos y otros 70 ciudadanos que figuraban como activos en el conflicto armado, según la información publicada por ese medio.

De acuerdo con las cifras divulgadas por La Prensa, 62 panameños estaban vinculados a las fuerzas rusas y ocho a las ucranianas. El documento también registraba ocho desaparecidos en Rusia y siete en Ucrania, además de 18 ciudadanos repatriados, once desde territorio ruso y siete desde el ucraniano.

El reclutamiento ha generado investigaciones penales por presunta trata de personas y explotación laboral, debido a denuncias de jóvenes captados mediante ofertas engañosas. Las autoridades han identificado promesas de salarios mensuales de entre 2,000 y 5,000 dólares, además de supuestos beneficios económicos que no siempre se materializaron.

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que algunos reclutadores utilizaban TikTok y otras redes sociales para contactar a posibles interesados. Posteriormente, les facilitaban alojamiento, pasaportes y boletos aéreos. Una vez en Rusia, algunas víctimas denunciaron la retención de sus documentos y el incumplimiento de los pagos prometidos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de septiembre de 2026, durante la operación Rescate Soberano, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional. Las autoridades realizaron allanamientos en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, donde aprehendieron a tres sospechosos.

Al día siguiente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos, identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Los investigados fueron imputados por presunta trata de personas agravada y delincuencia organizada, relacionados con la captación de panameños para participar en el conflicto armado.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión sostuvo que los tres procesados habrían recibido transferencias superiores a 800.000 dólares para financiar actividades de reclutamiento. La investigación identificó a tres hombres residentes en Bocas del Toro que fueron contactados mediante TikTok y trasladados a la capital para tramitar pasaportes y preparar su salida hacia Rusia.

Según el expediente, dos de los posibles reclutas abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía, al sospechar que podían ser víctimas de explotación. El tercero viajó a Rusia, pero denunció que no recibió los 2.000 dólares prometidos y posteriormente solicitó asistencia consular para regresar a Panamá.

Con estas aprehensiones, al menos seis personas habían sido imputadas y detenidas en Panamá por investigaciones relacionadas con el reclutamiento. Entre los antecedentes figura el caso de Efraín Almengor, procesado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Las investigaciones permanecen abiertas y las imputaciones no constituyen condenas definitivas.

El Gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas ante Rusia y Ucrania para facilitar el retorno de sus ciudadanos. Martínez-Acha aseguró que la Cancillería atiende a los familiares y procura obtener información sobre quienes permanecen en el frente, aunque reconoció que las dificultades de comunicación impiden conocer con precisión su situación.

Al llegar, según relató, descubrió que las condiciones prometidas eran falsas y terminó en instalaciones de entrenamiento militar, donde temía ser enviado al frente de guerra.

“César” explicó que aceptó la propuesta porque necesitaba ayudar a su madre y a su hermano, quien sufrió un accidente que le impide mover las manos y los pies. La oferta prometía un bono de USD 17.000 por firmar contrato y un salario mensual de USD 3.000, equivalentes aproximadamente a 79,500 lempiras, respectivamente.

Tras llegar a Moscú, según contó César, le tramitaron una tarjeta bancaria y una línea telefónica. Luego, aseguró, le quitaron el pasaporte y el teléfono, eliminaron la información que tenía sobre sus contactos y lo trasladaron a Chitá, en Siberia.

Falsa oferta laboral

Allí fue llevado a un cuartel donde, según su testimonio, recibió alrededor de dos semanas de entrenamiento antes de que se contemplara enviarlo a la guerra. El joven afirmó que nunca recibió el dinero prometido y que buscó una forma de salir porque temía por su vida.

Logró abandonar el lugar con ayuda de un hermano que se encontraba en Moscú y el acompañamiento del cónsul hondureño. “César” relató que, después de perder sus boletos por retrasos de una aerolínea, la Cancillería lo ayudó a resolver el problema en menos de 24 horas para regresar al país.

Tras reencontrarse con su familia, pidió a otros hondureños que no confíen en ofertas similares sin verificar primero su legitimidad y recomendó buscar orientación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Diez hondureños desaparecidos

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, se han reportado 32 hondureños en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nueve han regresado al país mediante gestiones consulares, 10 figuran como desaparecidos y tres han sido reportados como fallecidos.

La Cancillería indicó que continúa realizando gestiones diplomáticas y consulares para proteger a los connacionales en situación de riesgo y facilitar su retorno cuando las condiciones lo permitan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alertó que algunas propuestas laborales difundidas por Facebook, WhatsApp y otros medios informales podrían utilizarse para captar personas y reclutarlas para participar en conflictos armados internacionales.

Según la institución, las ofertas pueden presentarse como empleos civiles en agricultura, limpieza, cocina, seguridad privada o remoción de nieve, con salarios elevados, alojamiento y transporte incluidos.

El riesgo, advirtió la Cancillería, es que los trabajadores descubran al llegar al destino que las condiciones reales son diferentes y enfrenten presiones o amenazas para firmar contratos relacionados con actividades militares.

Dónde pueden pedir ayuda los hondureños

La Cancillería indicó que, por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares y de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, brinda asistencia a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo en el extranjero.

Los hondureños que reciban ofertas de empleo por Facebook, WhatsApp u otros medios informales y tengan dudas sobre su legitimidad pueden comunicarse con el consulado correspondiente al país de destino antes de viajar o consultar con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Recientemente un informe oral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció una alarmante práctica dentro del conflicto armado: el reclutamiento engañoso de ciudadanos extranjeros procedente de diversos continentes entre ellos latinoamericanos para combatir en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

De acuerdo con lo detallado por Erik Møse, presidente de la Comisión, agentes e intermediarios captaron a estas personas prometiéndoles lucrativos puestos de trabajo en el sector civil dentro de Rusia.

Una simple casilla con el mensaje “No soy un robot” puede ocultar una trampa si, después del clic, exige abrir herramientas del PC, instalar programas o seguir combinaciones de teclas.

Las estafas con CAPTCHA falso buscan que la propia víctima ejecute acciones que permiten a extraños tomar el control de su computadora y acceder a contraseñas.

ESET advirtió sobre estas maniobras, que imitan verificaciones conocidas para generar confianza. El engaño aprovecha un hábito extendido: muchas personas completan CAPTCHA a diario y pueden seguir indicaciones fuera de lo común sin detenerse a revisar qué están autorizando.

Qué alertas permiten reconocer un CAPTCHA falso

Un CAPTCHA legítimo debe resolverse dentro del navegador. Puede pedir seleccionar imágenes, identificar objetos, escribir caracteres distorsionados o marcar una casilla de verificación. Algunas versiones incluso operan en segundo plano y no requieren ninguna intervención adicional.

La alerta aparece cuando la página solicita abrir Ejecutar, PowerShell, Terminal o el Símbolo del sistema. Conviene cerrar el sitio si pide descargar un archivo, instalar una extensión del navegador, habilitar notificaciones o copiar y pegar instrucciones.

Los expertos advierten que un CAPTCHA no necesita acceso a las herramientas internas del dispositivo para confirmar que hay una persona frente a la pantalla.

Cómo funciona el engaño conocido como ClickFix

Una modalidad frecuente recibe el nombre de ClickFix. En estos casos, una página muestra un supuesto CAPTCHA o un aviso que informa de un problema inexistente en la computadora. Luego, propone una “solución” que requiere abrir una función del sistema y pegar un comando.

El sitio puede copiar ese código al portapapeles sin que la persona lo advierta. Después, las instrucciones indican qué teclas presionar y dónde pegar el contenido. Si el comando se ejecuta, puede instalar programas diseñados para robar información o un troyano de acceso remoto, una herramienta que da a un atacante control sobre el dispositivo.

Por qué esta modalidad de estafa puede ser muy convincente

Los CAPTCHA forman parte de la navegación en internet desde hace más de dos décadas. Su objetivo es diferenciar a una persona de un programa automatizado que intenta acceder a un sitio, enviar formularios o realizar acciones repetitivas.

Google reCAPTCHA, hCaptcha y Cloudflare Turnstile son algunos de los servicios que ofrecen este tipo de controles, así que esa familiaridad explica la eficacia de la estafa.

La apariencia de una ventana falsa puede ser similar a la de un sistema de verificación real, pero el riesgo aparece en el paso posterior. Si una pantalla de seguridad propone salir del navegador, instalar algo o modificar ajustes, hay que interrumpir el proceso y cerrar la página.

Cómo prevenir ejecutar CAPTCHA falso

La dirección del sitio ofrece una primera pista. Es clave observar el nombre de dominio completo para detectar faltas de ortografía, letras cambiadas o direcciones que imitan a empresas y plataformas conocidas.

Asimismo, es útil verificar si el CAPTCHA está integrado en la página o si aparece en una ventana emergente aislada. Los controles legítimos suelen formar parte del formulario o del acceso al sitio.

Pasar el cursor sobre un enlace o una casilla puede mostrar el destino al que dirige. La presencia de HTTPS protege la comunicación frente a interceptaciones, pero no confirma por sí sola que la página sea auténtica.

Qué hacer si se copiaron instrucciones, pero no se ejecutaron en el PC

Si se copió un comando al portapapeles, pero todavía no se presionó Intro ni se completó la instrucción, la pauta es no ejecutarlo. Debe cerrarse cualquier cuadro de diálogo del sistema que haya quedado abierto y reemplazarse el contenido del portapapeles con un texto inofensivo, como una frase cualquiera.

Después, conviene realizar un análisis de seguridad con la herramienta de protección instalada en el dispositivo. Es aconsejable revisar las descargas recientes y las extensiones del navegador para eliminar elementos desconocidos.

El dueño de dos de los restaurantes más concurridos de Carrasco –un barrio residencial de Montevideo– fue estafado durante al menos seis años por su jefe de compras, que adquiría productos a nombre de la empresa, coordinaba el fraccionamiento y los comercializaba en otros negocios. La maniobra implicó un perjuicio de más de USD 1 millón para la empresa y terminó con cinco personas imputadas.

El manejo irregular fue detectado este año, cuando, tras una auditoría, representantes de la empresa encontraron diferencias significativas entre las cantidades de mercaderías facturadas y las efectivamente recibidas en sus establecimientos, detalló el Ministerio del Interior.

El principal involucrado se desempeñaba como el encargado de compras y aprovechó sus funciones en el cargo para solicitar productos a nombre de la empresa coordinando el fraccionamiento de los pedidos en distintas facturas.

Una parte de esa mercadería era entregada en los restaurantes Manzanar y Río –propiedad de la sociedad anónima Bowerdin–, pero otras partidas eran retiradas directamente desde los proveedores para su posterior comercialización en otros negocios, de acuerdo a la investigación. Sin embargo, todo el costo de estas adquisiciones era asumido por la empresa denunciante.

El avance del caso permitió identificar a cinco personas investigadas: el jefe de compras, su padre, un tío, su pareja y un ex empleado de la empresa.

Las cinco personas fueron imputadas por la Justicia uruguaya por los delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida.

El caso de los huevos

Una charla en la cocina dio el origen a esta investigación. Un encargado del local advirtió al dueño que faltaban huevos, un dato que lo desconcertó: los registros marcaban que hubo compras de hasta 1.800 unidades diarias, informó el diario El Observador.

Esto derivó en una auditoría que mostró que los números no cerraban. Y no solo los de la compra de huevos: también había sobrefacturación en la adquisición de hortalizas, verduras, artículos de limpieza e insumos de alto valor como el salmón.

La maniobra del jefe de compras consistía en diversificar los productos sustraídos y pedirle a los proveedores que los dividieran en tres partes iguales: uno lo asignaba formalmente a Manzanar, otro a Río y una tercera porción era retenida por él. Esta mercadería era comercializada en el mercado informal y en otros locales gastronómicos a precios diferenciales.

Incluso los involucrados llegaron a montar un comercio propio, llamado Los Frutis, donde ofrecían esta mercadería.

El principal investigado financió con este dinero once viajes al exterior (entre ellos a Dubái e Italia), compró un vehículo y avanzó en la compra de un apartamento de pozo.

Cuando se confirmaron las irregularidades, el hombre fue despedido del restaurante por mala conducta.

“Tenemos la certeza de que durante el tiempo que trabajó –del 2017 al 2026–, él adquirió camionetas, con las cuales hacía los traslados de los productos”, dijo a la salida de la audiencia de formalización la fiscal del caso, Sandra Fleitas. Fleitas detalló que el implicado compró también un auto de alta gama.

Para uno de los imputados se dispuso el arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica. Otros tres implicados fueron imputados por los mismos delitos en calidad de coautores y, para dos de ellos, se estableció la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país, la retención de sus documentos y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con el resto de los integrantes de la banda. Para el quinto involucrado se dispuso arresto domiciliario nocturno, con prohibición de acercamiento y contacto con el resto de los implicados, así como el cierre de fronteras.

Google usa Gemini para avisar si un SMS de un desconocido puede ser una estafa, una medida que amplía la protección disponible en Mensajes de Google para Android. La nueva función analiza conversaciones sospechosas, revisa enlaces y muestra advertencias más claras antes de que el usuario abra una dirección que pueda poner en riesgo sus datos.

La novedad adquiere relevancia ante el aumento de fraudes por SMS y RCS, métodos que utilizan mensajes aparentemente legítimos para conseguir contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o información personal. Los intentos suelen imitar comunicaciones de bancos, comercios, servicios de mensajería o plataformas digitales, con textos que buscan generar urgencia.

Google ha comenzado a desplegar esta herramienta en la versión beta más reciente de su aplicación de mensajería. La Protección avanzada se presenta como una alternativa opcional frente al sistema estándar que ya detecta spam y posibles enlaces peligrosos.

La nueva protección busca frenar fraudes antes de abrir un enlace

Los mensajes fraudulentos recurren con frecuencia a enlaces que conducen a páginas falsas. En esos sitios, los atacantes intentan convencer a la persona de introducir sus credenciales, confirmar un pago, descargar una aplicación o entregar un código recibido por SMS.

La nueva Protección avanzada de Mensajes de Google rediseña los avisos de seguridad que aparecen dentro de las conversaciones. Si un número desconocido envía una dirección web, la aplicación ofrecerá más contexto sobre el posible riesgo antes de que el usuario acceda al contenido.

El objetivo consiste en introducir una pausa ante una situación que suele aprovecharse de la rapidez. Muchas estafas dependen de que la víctima actúe sin verificar el remitente, el texto o el enlace. Un aviso visible puede ayudar a detener esa reacción y revisar la legitimidad del mensaje.

La función no se limita a bloquear spam. Google busca que el sistema identifique tácticas más elaboradas, incluidas aquellas que se desarrollan a lo largo de varios mensajes y que pueden parecer conversaciones normales en un primer momento.

Gemini Nano analizará direcciones desconocidas

Otra de las herramientas incorporadas utiliza Gemini Nano para examinar enlaces enviados por remitentes que no están entre los contactos. El sistema combina este modelo con señales web en tiempo real para determinar si una dirección parece fiable o si representa una amenaza.

El análisis pretende detectar sitios fraudulentos antes de que el usuario entre en ellos. Esta medida resulta relevante porque las direcciones sospechosas pueden cambiar con rapidez y adoptar nombres similares a los de empresas conocidas para generar confianza.

La disponibilidad inicial estará limitada a dispositivos seleccionados. Entre ellos se encuentran los Pixel 10 y modelos posteriores, la serie Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y otros teléfonos compatibles.

Google también utilizará modelos Gemini en la nube para revisar el contexto de conversaciones con desconocidos. Según la información disponible, esta capa de análisis permitirá detectar intentos de fraude más sofisticados, incluidos aquellos que podrían no ser identificados por los filtros tradicionales.

La protección avanzada será una opción voluntaria

La compañía ha decidido que cada persona pueda elegir el nivel de seguridad que desea utilizar. La configuración estará disponible en la sección Protección y seguridad de la aplicación, dentro de los ajustes de Mensajes de Google.

El menú ofrecerá tres opciones:

• Protección avanzada, con análisis adicional de enlaces y conversaciones.
• Protección estándar, que mantiene los mecanismos habituales contra spam y fraude.
• Desactivación de las herramientas de seguridad de la aplicación.

La posibilidad de elegir responde a que el análisis de conversaciones requiere un nivel mayor de intervención preventiva. Quienes activen la Protección avanzada recibirán avisos adicionales cuando el sistema detecte mensajes o enlaces que puedan estar relacionados con un engaño.

Restablecer el teléfono puede ser una medida final ante una infección

Si un usuario sospecha que descargó una aplicación maliciosa tras abrir un enlace fraudulento, el restablecimiento de fábrica puede ser una alternativa para devolver el teléfono a su estado inicial. El proceso borra aplicaciones, configuraciones y datos guardados en el equipo.

Antes de hacerlo, es necesario comprobar que existe una copia de seguridad de fotografías, contactos, documentos y demás información relevante. También se debe conocer el nombre de usuario y la contraseña de la Cuenta de Google asociada al dispositivo, además del PIN, patrón o clave de bloqueo de pantalla.

El teléfono debe tener al menos 70% de batería y conexión a una red Wi-Fi o móvil. El procedimiento puede tardar hasta una hora y, al terminar, Android solicitará las credenciales de la cuenta para confirmar que el restablecimiento fue realizado por el propietario.

La prevención comienza antes de recibir el mensaje sospechoso. Mantener el sistema actualizado, descargar aplicaciones desde fuentes oficiales y desconfiar de enlaces inesperados reduce las posibilidades de que una estafa consiga acceso al teléfono o a las cuentas personales.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta sobre una modalidad de fraude que utiliza fotografías de visualización única en WhatsApp para extorsionar a usuarios. El engaño consiste en enviar una imagen desde un número desconocido y, tras abrirla, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber visto contenido privado, con lo que exigen un pago bajo amenaza de denuncia o difusión de información.

La corporación capitalina difundió la advertencia a través de su cuenta oficial en ‘X’, donde detalla el mecanismo del fraude y ofrece recomendaciones concretas para no caer en el engaño.

Tres pasos para evitar caer en la trampa

Ante la recepción de una imagen de este tipo desde un contacto desconocido, seguida de amenazas o exigencias de dinero, la SSC CDMX recomienda no pagar bajo ninguna circunstancia, no compartir datos personales ni financieros con el remitente, y bloquear y reportar el número de inmediato dentro de la aplicación.

La corporación precisa un punto central del fraude: abrir una fotografía de visualización única no es un delito. Esta aclaración busca frenar el principal argumento de presión que usan los extorsionadores para generar miedo en la víctima.

La policía capitalina también pide a los usuarios mantener la calma y conservar las evidencias de la conversación, como capturas de pantalla de los mensajes recibidos, el número telefónico utilizado y cualquier amenaza enviada por el delincuente.

Para reportar este tipo de casos, la Policía Cibernética SSC CDMX puso a disposición de la ciudadanía el número 55 5242 5100, extensión 5086.

Una segunda modalidad de fraude alerta sobre llamadas falsas del SAT

En paralelo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundió una advertencia sobre otra modalidad de estafa telefónica que no está relacionada con WhatsApp, pero que comparte el mismo objetivo: presionar a la víctima mediante el miedo para obtener dinero o datos personales.

Según la comisión, los defraudadores llaman a los usuarios simulando ser representantes de su banco y les advierten que el SAT detectó un movimiento de 50,000 pesos en su cuenta, razón por la cual su cuenta bancaria sería bloqueada si no atienden la llamada de inmediato.

La Condusef calificó este esquema como un fraude telefónico y detalló que, si la llamada automática pide presionar algún número o amenaza con el bloqueo de la cuenta, la instrucción es colgar de inmediato y no dar datos personales bajo ninguna circunstancia.

La comisión también recomendó verificar cualquier aviso relacionado con el SAT directamente en los canales oficiales de la dependencia, en lugar de responder a llamadas o mensajes no solicitados que aseguren provenir de esa institución.

Ambas alertas, la de la Policía Cibernética y la de la Condusef, coinciden en un mismo patrón: los delincuentes buscan generar presión inmediata en la víctima mediante amenazas de bloqueo, denuncia o exposición pública, con el fin de que actúe sin verificar la información antes de compartir datos o realizar un pago.

Alfonso Álvarez Gutiérrez, conocido como el “Estafador de Bumble”, fue vinculado a proceso por fraude este viernes 23 de octubre en los juzgados del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

El hombre de 39 años ha sido señalado por más de 15 mujeres que lo acusan de aprovechar relaciones sentimentales iniciadas en aplicaciones de citas para pedirles dinero y después desaparecer.

La resolución llegó después de alrededor de dos años de gestiones de una de las afectadas, identificada como Paulina, cuya denuncia permitió que el caso llegara ante un juez. La mujer recuperó los 168 mil pesos que le había prestado y otorgó el perdón al acusado tras alcanzar un acuerdo reparatorio.

A la audiencia también acudieron otras siete mujeres que buscan llevar sus propios casos ante las autoridades. Algunas se acercaron a Álvarez Gutiérrez para reclamarle por lo ocurrido, mientras él guardó silencio, según el reporte de la periodista Ruth Barrios, de N+, desde el centro penitenciario.

Se ganaba la confianza de las víctimas, les pedía dinero y luego fingía ser secuestrado

Los testimonios difundidos por las afectadas describen un patrón: el hombre las contactaba mediante plataformas como Bumble o Tinder, construía una relación sentimental y, una vez que ganaba su confianza, les solicitaba préstamos con distintos argumentos.

Los montos señalados por las mujeres van de 60 mil a 500 mil pesos. Algunas aseguraron que él prometía devolver el dinero, pero después cortaba la comunicación. Entre las versiones compartidas está la de que fingía haber sido secuestrado para justificar su desaparición.

En los perfiles y conversaciones que describieron algunas denunciantes, Álvarez habría utilizado nombres distintos y se presentaba como un hombre con ascendencia italiana y vínculos con actividades artísticas. Las afectadas sostienen que esas historias formaban parte de la confianza que construía antes de solicitarles cantidades importantes.

En algunos casos, las víctimas habrían recurrido a sus ahorros, solicitado préstamos bancarios o utilizado sus tarjetas de crédito para entregarle el dinero.

Los señalamientos son testimonios de las mujeres que han hecho público su caso, corresponde a las autoridades investigar cada denuncia.

Paulina conoció al acusado en Bumble en 2024

Paulina relató que conoció al hombre en Bumble en abril de 2024, donde él se presentó con el nombre de Baruc y dijo tener ascendencia italiana. Después de salir durante varias semanas, le pidió dinero. La mujer afirmó que le entregó 168 mil pesos y que, posteriormente, recibió un mensaje en el que él supuestamente decía haber sido secuestrado.

Durante meses creyó que el hombre estaba en peligro, hasta que consiguió información para localizarlo. Según su testimonio, después comenzó a recibir amenazas. El caso avanzó hasta una audiencia judicial, luego de que ella y otras afectadas compartieran información para identificarlo y buscar que las autoridades investigaran los presuntos fraudes.

Tras recuperar el dinero mediante el acuerdo reparatorio, Paulina explicó a N+ que una de sus motivaciones para llevar el caso ante un juez era facilitar información a otras posibles víctimas.

Los antecedentes del caso se remontan a 2024

La vinculación a proceso de Alfonso Álvarez no es el primer episodio documentado públicamente sobre las acusaciones en su contra. En octubre de 2024, CIMAC Noticias publicó una investigación que reunió testimonios de mujeres que afirmaban haberlo conocido mediante aplicaciones de citas y describían un patrón de solicitudes de dinero después de establecer una relación sentimental.

En esos relatos, el hombre aparecía con distintos nombres, entre ellos Baruc, Laszlo, Ezra y Luka. Las mujeres entrevistadas describieron historias personales que despertaban empatía, promesas de una relación estable y problemas económicos que supuestamente necesitaba resolver. Algunas afirmaron que, después de entregar dinero o bienes, perdieron el contacto con él.

El reportaje también documentó cómo las afectadas comenzaron a localizarse entre sí y a compartir información para advertir a otras mujeres. Esa red de testimonios permitió reconocer coincidencias en las historias y en los nombres que el hombre presuntamente utilizaba para acercarse a nuevas personas.

CIMAC Noticias también señaló que buscó una postura de Bumble sobre la creación de nuevos perfiles atribuidos al acusado, pero que no había recibido respuesta al cierre de su publicación.

Otro hombre señalado por decenas de mujeres en Bumble

El caso de Alfonso no es el único reciente en el que mujeres han denunciado presuntos engaños económicos después de conocer a un hombre en una aplicación de citas.

En noviembre de 2024, varios medios nacionales publicaron testimonios contra Jonathan Sotelo, un hombre distinto, a quien varias mujeres acusaron de pedir préstamos, obtener créditos a nombre de sus parejas y quedarse con bienes.

Fernanda, una de las denunciantes citadas por El Financiero, aseguró que la relación que mantuvo con Sotelo terminó con pérdidas superiores a dos millones de pesos. Según su relato, él habría presentado documentos falsos y conseguido que ella pagara la hipoteca de un departamento en Tulum.

Fernanda también contó que, después de compartir su experiencia en redes sociales, otras mujeres comenzaron a contactarla para relatar situaciones similares. La denunciante calculó que alrededor de 79 mujeres habían señalado a Sotelo, con acusaciones que, según el reportaje, se remontaban a 2008.

Las afectadas describieron presuntos daños que iban más allá de entregar efectivo: mencionaron créditos contratados a su nombre, teléfonos celulares, vehículos y otras pertenencias. Una de las mujeres citadas afirmó que comenzaron a recibir llamadas de cobranza por equipos que, según dijo, habían sido adquiridos a su nombre y no fueron pagados.

El caso presenta similitudes con los señalamientos contra Alfonso en cuanto al uso de una relación sentimental para generar confianza y solicitar recursos, pero se trata de personas y expedientes distintos. La comparación permite dimensionar cómo este tipo de denuncias puede reunir a mujeres que, después de compartir sus experiencias, identifican coincidencias y buscan asesoría para acudir ante las autoridades.

La “estafa romance” busca reconocimiento en la legislación

El debate sobre estos casos también llegó al Congreso de la Ciudad de México. En septiembre de 2026, el órgano legislativo informó sobre una iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos Hernández para reconocer la llamada estafa romance como una forma de violencia económica y patrimonial contra las mujeres.

La propuesta plantea que este tipo de engaño no se analice únicamente como una pérdida económica, sino que también se tome en cuenta el mecanismo utilizado para obtener los recursos: establecer una relación afectiva, generar confianza y recurrir a la manipulación emocional para conseguir dinero, bienes o préstamos que terminan afectando el patrimonio de la víctima.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que algunas afectadas pueden quedar endeudadas después de solicitar créditos o entregar recursos a una persona con la que mantenían una relación sentimental. También advierte que el hecho de que una mujer haya entregado voluntariamente el dinero puede dificultar que se reconozca el contexto de engaño en el que ocurrió la operación.

La iniciativa contempla cambios a disposiciones relacionadas con la violencia contra las mujeres y el ámbito penal. Sin embargo, no se trata de una reforma aprobada: el Congreso capitalino informó que fue turnada a comisiones para su dictaminación y que, al tratarse de modificaciones a ordenamientos federales, el procedimiento tendría que continuar ante el Congreso de la Unión si avanza en esa instancia.

La discusión resulta pertinente para el caso de Alfonso Álvarez porque las mujeres que lo señalan describen presuntos engaños en los que la relación sentimental habría sido utilizada para conseguir dinero.

La causa que investigará la denuncia por estafa contra Hernán Casciari y su proyecto Orsai Audiovisuales toma impulso con una medida clave. En las últimas horas, la fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el hecho, ordenó una serie de medidas.

Primero, requirió a la Inspección General de Justicia que entregue el legajo oficial de la firma del escritor, para determinar su constitución y su directorio. Luego, citó a declarar a 24 presuntas víctimas que son parte de la acusación realizada por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, con fechas desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre. En su denuncia, aseguraron haber invertido dinero en los proyectos de cine anunciados y motorizados por Casciari en programas como Perros de la Calle, con aportes de miles de dólares en algunos casos, para recibir cantidades ínfimas.

Así, Cuñarro podrá definir la clave principal que se abre en el caso: la definición del objeto procesal, qué delito investigar. La fiscal podría estar ante un caso de estafa, tal como afirma la querella, un hecho de administración fraudulenta, o un simple negocio que salió mal, así como un incumplimiento contractual, con la posibilidad de una co-administración.

El abogado Gil Ces, por su parte, ya entregó documentación respaldatoria. Actores y figuras mediáticas que participaron en los proyectos de Orsai, o que los promocionaron en sus programas, por lo pronto, no fueron convocados a Tribunales.

“Nunca Hernán Casciari dijo que era una inversión riesgosa, por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más, porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias en todos los productos, hasta llegó a decir que íbamos a poder cambiar de auto. Hoy 18 de agosto de 2026 me encuentro decepcionado, estafado y he perdido la confianza en alguien que creía honesto, me refiero al Sr. Hernán Casciari, quien con su capacidad de oratoria logra convencer a cualquiera”, afirmó un inversor que fue a la Justicia tras enviar varias cartas documento al holding Orsai.

La acusación de los damnificados, que habla de “23640 participaciones en proyectos”, apunta a una “ausencia de presupuestos desglosados por rubro, rendiciones económicas incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente, información económica suministrada de manera parcial o tardía, decisiones relevantes adoptadas sin mecanismos efectivos de consulta”.

Hoy, el botón de financiamiento del sitio de Orsai Audiovisuales está fuera de línea. Ofrece un mensaje algo inquietante. Da dos opciones: “volvé a tu vida” y “volvé a equivocarte”.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la fiscal Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas como el caso del clan L’Abbate o el holding Wenance, encabezado por Alejandro Muszak.

Espinosa, de 58 años, fue detenida por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Florida (FDLE) poco después de las 8 de la mañana, cuando salía de su domicilio. Fue ingresada en la cárcel del condado de Osceola y permanece recluida sin derecho a fianza.

La alcaldesa no ha sido condenada: su abogada, Migdalia Perez, sostuvo que “mantiene su inocencia” y adelantó que impugnará las acusaciones ante los tribunales.

Dos delitos graves y una auditoría que destapó irregularidades

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que la investigación se originó cuando el Departamento de Servicios Financieros del estado, a cargo del director financiero Blaise Ingoglia, detectó anomalías durante una auditoría de programas locales de subvenciones vinculados con el COVID-19.

Los cargos son dos. El primero es robo mayor de bienes valuados entre USD 20.000 y USD 100.000, un delito grave de segundo grado. El segundo es organización de un esquema para defraudar por un monto igual o superior a USD 50.000, un delito grave de primer grado.

De resultar condenada, Espinosa enfrentaría hasta 30 años de prisión, según precisó Ingoglia en conferencia de prensa. El caso será procesado en el Circuito Judicial 13 del estado.

El programa Business Boost 2.0 y el dinero que recibió la familia Espinosa

En el centro de la acusación se encuentra el programa municipal Business Boost 2.0, financiado con recursos del paquete de estímulo económico federal firmado por el expresidente Joseph R. Biden Jr. El programa fue concebido para asistir a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Según la orden de arresto, tres negocios propiedad de Espinosa o de familiares directos —un estudio de producción de danza, un restaurante y una empresa inmobiliaria— recibieron en total USD 50.000 en subvenciones. Los fondos fueron depositados en cuentas vinculadas con la familia el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con el comunicado de la fiscalía general, según informó The New York Times.

Las autoridades sostienen que la alcaldesa y sus familiares presentaron las solicitudes el mismo día en que el programa abrió su ventana de postulación, en septiembre de 2025. Uthmeier afirmó que Espinosa “demostró la intención de crear, simplificar, reducir la supervisión y facilitar un proceso mediante el cual ella y su familia pudieran solicitar y recibir fondos de la ciudad a los que no tenía derecho”.

Además de esa suma, las autoridades investigan otros USD 40.000 otorgados a inquilinos de propiedades relacionadas con la familia de la alcaldesa, según detalló Ingoglia. En total, siete negocios ubicados en inmuebles administrados por el entorno familiar recibieron USD 90.000, de acuerdo con Orlando Shine.

La defensa de Espinosa y la diferencia entre ética y delito penal

La alcaldesa no ha sido condenada. Su abogada, Perez, rechazó los señalamientos y afirmó que el caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal de la ciudad, “no un esquema secreto para robar dinero de los contribuyentes”.

“La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal. Sostenemos firmemente que no lo hizo”, indicó Perez en declaraciones recogidas por ABC News. La abogada argumentó que existe una diferencia sustancial entre una presunta violación ética y un delito penal, y que el Estado no puede convertir una en otro sin probar cada elemento del delito más allá de toda duda razonable.

Advertencias previas, denuncia ética y un juicio político frustrado

El conflicto tiene raíces anteriores al arresto. El 5 de diciembre de 2025, el abogado de la ciudad notificó a Espinosa que la aceptación de los fondos generaba un conflicto de interés prohibido. Según el comunicado de la fiscalía, se le recomendó devolver el dinero, pero la alcaldesa se negó, afirmó que combatiría cualquier queja y no tomó medidas correctivas.

En marzo de 2026, un residente de Kissimmee presentó una denuncia ética formal. La fiscal especial designada por la corte, Mayanne Downs, investigó el caso y concluyó en julio que existía “causa probable clara” para presentar artículos de juicio político. Sin embargo, en agosto los comisionados de la ciudad quedaron empatados 2 a 2, lo que frenó el proceso de destitución.

En septiembre, la Comisión de Ética del Estado de Florida determinó que existía causa probable de que Espinosa tuvo un conflicto de interés al aceptar fondos para su negocio a través de un programa administrado por su propia agencia, según informó The New York Times.

Qué pasa con la alcaldía de Kissimmee tras el arresto

Espinosa ocupa la alcaldía de Kissimmee —una ciudad del centro de Florida con más de 84.000 habitantes— desde noviembre de 2024, con un mandato que se extiende hasta 2028. Según la ciudad, un alcalde arrestado permanece en su cargo hasta que se produzca una suspensión, destitución o renuncia.

La vicealcaldesa Angela Eady asumirá las funciones protocolares y la conducción de las reuniones de la comisión municipal durante la ausencia de Espinosa. El administrador municipal, Mike Steigerwald, autorizó una investigación interna sobre el diseño, la administración y la supervisión del programa Business Boost 2.0, con el objetivo de determinar si se cumplieron las políticas de adjudicación y si los protocolos vigentes resultaron adecuados.

El director, quien se encuentra en Estados Unidos, fue consultado por Teleshow en medio de la denuncia penal presentada por parte socios productores contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales. Su postura combinó una defensa personal del escritor con una reserva explícita frente a los elementos del expediente.

La primera definición de Juan José Campanella fue no avanzar sobre una calificación del caso. Ante la consulta de este medio, señaló que su información era limitada y evitó pronunciarse sobre las acusaciones que deberá analizar la Justicia.

“Prefiero no opinar porque sé muy poco. Yo lo quiero mucho a Hernán”, expresó. La frase marcó el eje de su intervención: Campanella habló desde su vínculo afectivo y profesional con Casciari, pero no dijo conocer los documentos, las rendiciones contables ni los planteos judiciales formulados por los inversores.

Durante la entrevista, Campanella hizo una distinción central. No respaldó de manera terminante la administración de Orsai ni desacreditó a quienes realizaron la denuncia. Lo que defendió fue la modalidad de recaudar fondos a través de aportes de personas interesadas en participar de una obra cultural.

“La forma de recaudar es una manera que se utiliza en todo el mundo”, sostuvo el director de El secreto de sus ojos. Campanella añadió que conoció personas que habían enviado dinero a los proyectos de Orsai y que se mostraban conformes con la experiencia y con el modo en que se manejaba el proyecto.

“La verdad me sorprende mucho. No tengo información y no quiero decir”. Más adelante reiteró que no quería formular declaraciones categóricas sobre un caso del que no conocía los detalles.

En el mismo sentido, el director evitó atribuir responsabilidades a los denunciantes, a Casciari o a la empresa. Su comentario se limitó a la percepción que había formado a partir de experiencias de personas cercanas y de su conocimiento previo de la dinámica de financiamiento. Y concluyó: “Reitero por lo que yo conozco, no había nada de malo ni de engaño”, afirmó a Teleshow.

La aclaración es relevante en un debate que involucra dos planos diferentes. Por un lado, está la valoración pública sobre Casciari y el modelo de producción que impulsó. Por otro, se encuentra la investigación judicial sobre la administración de los fondos, las promesas de rentabilidad y las rendiciones de cuentas reclamadas por los socios productores.

Casciari, por su parte, rechazó la existencia de una estafa o fraude. Reconoció errores de gestión y comunicación, aseguró que pidió disculpas a aportantes afectados y difundió documentación que, según explicó, reúne gastos, pagos y facturas de los proyectos realizados entre 2021 y 2025.

La causa se inició a partir de una presentación de 18 aportantes que cuestionaron el funcionamiento del sistema de financiamiento colectivo de Orsai. Según la denuncia, los participantes invirtieron entre USD 50 y USD 3.000 en distintas producciones y reclaman que los retornos obtenidos estuvieron lejos de las expectativas planteadas. También pidieron una auditoría contable y cuestionaron la información recibida sobre gastos e ingresos de los proyectos. Esas acusaciones todavía deben ser investigadas y no constituyen una resolución judicial.

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, con intervención de la Fiscalía N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y si corresponde atribuir responsabilidades penales.

Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de fraude con falsos premios de lotería fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El extranjero viajaba desde Costa Rica hacia Colombia, con una conexión en Panamá, cuando las autoridades migratorias detectaron la orden de captura.

La Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, confirmó la aprehensión del pasajero solicitado por las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Servicio Nacional de Migración también participó en su detección, durante los controles realizados en la terminal aérea.

De acuerdo con la investigación estadounidense, los responsables del esquema contactaban a residentes de distintos estados para informarles falsamente que habían ganado premios de lotería. Posteriormente, les exigían pagos anticipados por supuestos impuestos, con la promesa de entregarles las ganancias una vez cumplido ese requisito.

La modalidad descrita por las autoridades consistía en aprovechar la expectativa de recibir un premio económico para conseguir transferencias de las víctimas. El comunicado no precisa cuánto dinero habría movilizado la operación, cuántas personas resultaron perjudicadas ni la identidad del costarricense aprehendido.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero fue puesto a disposición de INTERPOL después de detectarse el requerimiento estadounidense. Las autoridades no han detallado todavía si se ha iniciado un procedimiento de extradición o cuáles serán las siguientes actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Por otro lado, en la provincia de Colón, las autoridades migratorias reportaron la detección de un ciudadano nicaragüense que había ingresado irregularmente a Panamá.

El extranjero fue localizado durante el operativo Cristo Negro de Portobelo y trasladado a un centro de detención administrativa migratoria, donde se realizarán los trámites correspondientes a su situación.

El operativo Cristo Negro de Portobelo es un dispositivo especial de seguridad organizado por las autoridades durante la celebración religiosa del 21 de octubre. Este año se desarrolla del 18 al 22 de octubre, con controles en las vías de acceso, patrullajes terrestres y marítimos y vigilancia de los peregrinos.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido durante el operativo Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, tras detectarse que había ingresado irregularmente a Panamá. Fue trasladado a un centro de detención administrativa migratoria.

La Policía Nacional anunció el despliegue de más de 1,000 agentes para proteger a los asistentes a esta festividad, que reúne cada año a miles de personas. Las medidas incluyen verificaciones de seguridad, controles de tránsito y vigilancia comunitaria, especialmente en las rutas hacia Portobelo.

Las intervenciones se producen mientras Panamá mantiene operaciones de control migratorio y cooperación policial con otros países. Entre enero y septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migración registró 851 extranjeros detenidos por infracciones de la legislación nacional, de acuerdo con sus estadísticas preliminares.

De ese total, 716 eran hombres y 135 mujeres, mientras que las principales causas de detención fueron el ingreso irregular, con 318 casos, y la estadía vencida, con 249. También se contabilizaron 210 personas remitidas por cumplimiento de pena y otras detenciones por diferentes causales.

Por nacionalidad, las estadísticas muestran 388 colombianos, 168 nicaragüenses y 118 venezolanos detenidos durante los primeros nueve meses del año. Los registros incluyen además 46 ecuatorianos y 18 salvadoreños, entre otras nacionalidades.

En materia de deportaciones y expulsiones, Migración contabilizó 822 procedimientos entre enero y septiembre, de los cuales 472 fueron deportaciones y 350 expulsiones. La principal causal fue el ingreso irregular al territorio panameño, con 495 registros, seguida de 138 procedimientos relacionados con delitos de posesión agravada de drogas.

Los informes también identifican 387 colombianos y 187 nicaragüenses entre los deportados y expulsados, seguidos de 79 venezolanos y 58 ecuatorianos. Septiembre registró 136 procedimientos, frente a 21 en agosto, mientras que enero presentó el mayor número mensual, con 172 casos.

Durante 2026, INTERPOL Panamá también realizó otras aprehensiones de extranjeros requeridos por autoridades internacionales. El 23 de enero fue detenido en Tocumen un ciudadano mexicano solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculados, según la Policía, al Clan del Golfo.

El 23 de abril, las autoridades aprehendieron a un cubano requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con trata de personas. El 16 de junio también fue detenido un ciudadano turco, solicitado por lavado de dinero y conspiración para violar una legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia.

Otro procedimiento ocurrió el 21 de julio, cuando INTERPOL Panamá aprehendió a una mujer con nacionalidades española y cubana, requerida por Lituania mediante una notificación roja. La sospechosa era investigada por su presunta participación en una organización vinculada con delitos de terrorismo, según la información policial.

Estos casos evidencian el uso de Tocumen como punto de detección de personas requeridas internacionalmente, especialmente durante conexiones aéreas. Las aprehensiones por solicitudes extranjeras y las detenciones por infracciones migratorias responden a procedimientos jurídicos diferentes, aunque pueden involucrar actuaciones coordinadas entre la Policía Nacional y Migración.

El ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, detenido en el marco de una investigación por mala praxis, abusos sexuales y estafa, negó los hechos que se le atribuyen al declarar como imputado ante la Justicia provincial. Su abogado defensor, Zacarías Issolio, cuestionó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chaco sobre supuestas cirugías que el profesional habría cobrado sin realizar y aseguró que una de las denunciantes confirmó que había sido operada.

“Kumiega fue citado a prestar declaración de imputado; sin embargo, como no se exhibió la prueba colectada durante los allanamientos, solo negó los hechos que se atribuyen y manifestó que, una vez que se le haga conocer la prueba, va a ampliar su declaración”, explicó Issolio a Infobae.

La declaración se produjo después de que el Ministerio Público Fiscal brindara una conferencia de prensa en la que expuso su hipótesis sobre las maniobras investigadas. Según la Fiscalía, el ginecólogo engañaba a sus pacientes haciéndoles creer que padecían enfermedades graves para someterlas a intervenciones quirúrgicas. En algunos casos, les aseguraba que les había extirpado el útero, aunque posteriormente se comprobaba que conservaban el órgano. La defensa rechazó esa hipótesis.

“La conferencia de prensa que brindó el MPF no es más que la comunicación de una postura de la acusación pública. La hipótesis de que mi defendido simulaba cirugías que luego no realizaba no podrá sostenerse en el tiempo, porque se apoya en conjeturas y no en evidencia”, sostuvo el abogado.

En ese sentido, Issolio afirmó que, mientras se desarrollaba la conferencia, una de las denunciantes prestaba declaración ante la Fiscalía y que su testimonio contradecía la versión de que no había sido intervenida quirúrgicamente. “Eso además está respaldado por el informe de anatomía patológica de la pieza extraída, documento que ella misma aportó a la causa”, señaló.

El letrado también cuestionó la decisión de mantener privado de su libertad al profesional. En sus declaraciones, sostuvo que no existe un protocolo de actuación en casos de mala praxis que, por sí mismo, justifique la detención de un médico.

Las denuncias contra el ginecólogo

Kumiega fue detenido el viernes pasado, después de una serie de allanamientos realizados en el sanatorio FEMEChaco, el Centro Médico Ramón Carrillo Osjera y su domicilio particular, todos ubicados en Resistencia.

La medida se produjo en el marco de una investigación por mala praxis que lleva adelante la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N.º 6. Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías Nº 1, Luciano Franco Javier Roy. Durante los operativos se secuestraron historias clínicas, documentación médica, dispositivos electrónicos y medicamentos.

En la conferencia de prensa Echarri confirmó que existen diez denuncias contra el ginecólogo: seis por abusos sexuales durante consultas médicas, tres por mala praxis y una por un abuso sexual ocurrido fuera del consultorio.

La fiscal explicó que la Procuración General de Chaco dispuso concentrar en su equipo las investigaciones por abusos sexuales durante la atención ginecológica y mala praxis. Además, confirmó que Kumiega fue imputado por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva.

La denuncia por abuso sexual fuera del ámbito médico continúa bajo la investigación del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer que presentó la acusación, que reside en los Emiratos Árabes Unidos, declaró el lunes por Zoom. En esa causa todavía no se formuló una imputación.

El Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá condenó al economista alemán Isaac Mildenberg por estafa agravada, tras determinar que obtuvo 5,2 millones de dólares al ofrecer participaciones en un supuesto proyecto inmobiliario sobre terrenos que no le pertenecían.

Según el fallo revelado por el diario El Tiempo en la mañana del miércoles 21 de octubre, la pena es de 60 meses de prisión y una multa de 305 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 534 millones de pesos.

El predio involucrado, conocido como la casa del excapo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, está hoy en manos de la embajada de China, que lo compró por 49.000 millones de pesos.

El inmueble tiene 5.425 metros cuadrados de terreno y 544,9 metros cuadrados de área construida en el exclusivo barrio La Cabrera, en el nororiente de la capital colombiana y sirvió como centro de operaciones del entonces narcotraficante.

La operación que originó el proceso se realizó entre 2013 y 2014 mediante la sociedad People First National Bancshares Inc., que presentó a Mildenberg como propietario o adquirente de los terrenos.

Sin embargo, el penalista Jaime Lombana interpuso en su momento una denuncia al sostener que la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes nunca había ofrecido esos predios en venta.

La investigación de El Tiempo señaló que Mildenberg pretendía levantar allí un complejo hotelero de dos torres y un centro comercial. El proyecto también estuvo relacionado con un intento suyo de adquirir el inmueble por 13.800 millones de pesos, suma que, según el proceso, no le fue devuelta.

Además de la condena de cinco años de prisión, el juzgado 61 del Circuito de Bogotá le negó la posibilidad de cumplir su tiempo en prisión domiciliaria porque no acreditó arraigo familiar y social.

Según el juez del caso, durante el proceso el sindicado informó distintas direcciones de residencia y su defensa no logró identificar un inmueble específico para cumplir la medida. Tampoco obtuvo la suspensión condicional de la pena, debido a que la condena supera los 48 meses.

Entre las disposiciones de la justicia, al empresario aleman también se le prohibió salir del país y el despacho ordenó librar una orden de captura cuando la sentencia quede en firme.

De quién es ahora la casa del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha

La adquisición por parte del gobierno de China fue el desenlace de varios procesos de venta que no prosperaron. Según información conocida por Las2orillas, en junio de 2016 el predio salió a remate por $ 40.000 millones, sin ofertas, y un año después tampoco encontró comprador durante una puja pública de diez días.

El interés chino se concretó el 17 de noviembre de 2017, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba en el cargo. El proyecto presentado para el lote de La Cabrera permitió destinarlo a la sede diplomática, después de que la propiedad, que había pertenecido a Gonzalo Rodríguez Gacha, permaneciera bajo administración estatal tras su extinción de dominio.

El valor informado de la operación fue de $49.839 millones, equivalentes entonces a cerca de 16,6 millones de dólares. Según datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y citados por El País, ese monto se ubicó por encima del avalúo del predio y convirtió la venta en una de las mayores realizadas con bienes que habían sido decomisados al narcotráfico.

Tras obtener el visto bueno, los chinos depositaron 9.967 millones de pesos, equivalentes al 20%, el 7 de febrero de 2018, que los hizo acreedores del predio vinculado al narcotráfico. Menos de 20 días después, el gobierno asiático depositó otros 39.871 millones de pesos para quedarse con la totalidad del terreno.

Tras la trasacción, $19.935,6 millones, el 40%, correspondieron al Gobierno nacional; la Fiscalía General de la Nación recibió otros $ 12.459,75 millones, el 25%; la rama judicial obtuvo la misma suma, y la Policía Nacional recibió $ 4.983,9 millones, equivalente al 10% restante. Los recursos se destinaron a fortalecer la lucha contra el crimen, de acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Un hombre entregó 80 mil pesos en efectivo para comprar un centenario de oro que resultó ser una réplica, durante una operación pactada por redes sociales en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La persona que le ofreció la moneda huyó después de recibir el dinero, mientras que una mujer de 52 años que lo acompañaba fue detenida por policías de la Ciudad de México.

El caso ocurrió en un edificio de la calle Campeche, cerca del cruce con Amatlán. De acuerdo con el relato de la víctima, de 44 años, el vendedor llegó acompañado de la mujer, quien se presentó como su representante legal. Después de recibir el pago, el sujeto le entregó la pieza falsa y escapó del lugar, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El afectado solicitó apoyo policial y explicó lo sucedido a los uniformados de la SSC, quienes detuvieron a la mujer que permanecía en el sitio. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la información de las autoridades no precisa si el vendedor ha sido identificado o detenido, ni si la investigación ha permitido establecer qué participación habría tenido la mujer en la operación.

¿Qué es un centenario y cuál es su valor?

El centenario es una moneda mexicana de oro acuñada por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la consumación de la Independencia de México. Su diseño muestra a la Victoria Alada —la figura conocida como el Ángel de la Independencia— con los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al fondo, mientras que en el anverso aparece un escudo nacional utilizado en aquella época.

Aunque lleva grabada la denominación de 50 pesos oro, su cotización actual no depende de ese valor nominal, sino principalmente de su contenido de oro y del precio internacional del metal. La pieza pesa aproximadamente 41.67 gramos y contiene 37.5 gramos de oro puro, con una ley de 0.900.

Por esas características, el centenario es buscado tanto por personas que invierten en metales preciosos como por coleccionistas. Su precio puede variar de un día a otro por los movimientos del oro, el tipo de cambio, el margen de los intermediarios y, en ciertos ejemplares, el año de acuñación y el estado de conservación.

¿Cuánto cuesta un centenario en octubre de 2026?

El monto de 80 mil pesos que la víctima habría entregado en la Condesa se encuentra dentro de un rango que puede parecer cercano al valor comercial de la moneda, aunque resulta inferior a algunas cotizaciones de venta al público.

Como referencia, una tabla de precios publicada el 21 de octubre de 2026 por el sitio especializado Numismática Mexicana situó en 103 mil 680 pesos el precio de venta de un centenario en Banorte —uno de los distribuidores nacionales autorizados por el Banco de México— y en 77 mil 563 pesos el precio de compra de esa misma referencia. La publicación advierte que sus cifras son estimaciones y no cotizaciones oficiales garantizadas por cada institución, por lo que el precio efectivo debe confirmarse con el vendedor o la sucursal correspondiente.

La diferencia entre ambos precios es importante: una institución puede pagar una cantidad al comprarle la moneda a un cliente y cobrar una cantidad mayor cuando se la vende. Por ello, comparar el precio ofrecido por un particular únicamente con la cifra que un banco pagaría por adquirir una pieza no permite determinar por sí solo si la operación es conveniente.

En el caso denunciado en la Condesa, los 80 mil pesos pudieron resultar atractivos porque representaban una cantidad inferior al precio de venta de referencia de poco más de 103 mil pesos. Frente a esa cotización, la diferencia sería de 23 mil 680 pesos.

Una pieza de oro que puede confundirse con una réplica

El atractivo económico del centenario también implica un riesgo para quienes buscan adquirirlo fuera de canales especializados. Una pieza falsa puede reproducir sus principales elementos visuales sin contener la cantidad de oro que caracteriza a la moneda auténtica.

Entre los aspectos técnicos que permiten identificar un centenario se encuentran su peso, diámetro, composición y detalles del diseño. La moneda original tiene un diámetro aproximado de 37 milímetros y un peso total de 41.67 gramos. También presenta un canto con la inscripción Independencia o Libertad.

Aun así, observar la apariencia de una moneda o realizar una prueba casera no basta para certificar su autenticidad. La recomendación es verificarla con un especialista y comparar sus características con la información oficial antes de entregar dinero.

El Banco de México señala que es la institución facultada para determinar la autenticidad de billetes y monedas presuntamente falsos. En sus recomendaciones generales, indica que las piezas sospechosas deben llevarse a una sucursal bancaria para que sean remitidas a análisis, en lugar de utilizarlas en una transacción.

Los fraudes en compras por internet también afectan a la CDMX

El 83% de los fraudes en compras por internet atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se consumó mediante depósitos a cuentas personales o pagos realizados fuera de plataformas oficiales, de acuerdo con cifras difundidas por el organismo en mayo de 2026. Facebook, páginas web falsas, Instagram y WhatsApp concentraron el 77% de los reportes relacionados con compraventas por internet.

El organismo también reportó que la mitad de los casos involucró pérdidas de hasta 5 mil pesos, mientras que en el 33% las afectaciones económicas oscilaron entre 5 mil y 25 mil pesos. Aunque estos datos no corresponden específicamente a la venta de monedas de oro, permiten dimensionar los riesgos de las transacciones digitales y la importancia de verificar al vendedor y las condiciones de pago antes de concretar una operación.

En el caso denunciado en la colonia Hipódromo Condesa, la compraventa se acordó a través de redes sociales y el comprador entregó 80 mil pesos en efectivo por una pieza que resultó ser una réplica.

Un mensaje de WhatsApp que pide votar por una niña en un supuesto concurso de baile se está difundiendo entre usuarios de España. Aunque parece una petición inocente enviada por un amigo o familiar, detrás del enlace se esconde una campaña de phishing que puede permitir a los ciberdelincuentes tomar el control de una cuenta de WhatsApp y acceder a información personal.

El mensaje comienza con una petición de ayuda: “Hola, ¿puedo pedirte un pequeño favor? ¿Podrías votar por Eliska? Es la hija de unos amigos míos. El primer premio es una clase de baile gratis, ¡y sería una oportunidad realmente preciosa para ella! Muchas gracias". A continuación, incluye un enlace que invita a participar en una votación.

La principal amenaza de esta estafa es que no llega necesariamente de un número desconocido. Los delincuentes utilizan cuentas de WhatsApp previamente comprometidas para distribuir el mensaje entre los contactos de la víctima. Esto aumenta las posibilidades de que los destinatarios confíen en la petición y pulsen el enlace sin sospechar que se trata de un fraude.

Cómo funciona la nueva estafa de WhatsApp

El engaño se apoya en la confianza que existe entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. A diferencia de otros intentos de phishing, en los que los delincuentes se hacen pasar por bancos o empresas, esta campaña utiliza una petición personal que podría parecer completamente normal.

El mensaje dirige a una página web que presenta a dos niñas, Eliska y Sofie, como supuestas finalistas de un concurso cuyo premio sería una clase de baile en el First International Ballet School de Praga, un centro de danza que existe realmente.

La página muestra fotografías de las menores y diferentes opciones para votar. Sin embargo, al intentar participar, se solicita al usuario un número de teléfono al que se enviará un código de verificación para completar el proceso.

Este paso es el más peligroso. Si la víctima facilita el código solicitado, puede permitir que los atacantes registren su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo y obtengan el control de su perfil.

Una vez dentro, los ciberdelincuentes pueden utilizar la cuenta para distribuir el mismo mensaje entre los contactos de la víctima, ampliar el alcance de la campaña y comprometer nuevas cuentas.

Además, la persona cuya cuenta está siendo utilizada puede no darse cuenta inmediatamente de lo que sucede, ya que los mensajes fraudulentos pueden enviarse desde otro dispositivo vinculado a su perfil.

Una estafa que aprovecha la confianza entre contactos

Este fraude recuerda a otros ataques recientes contra usuarios de WhatsApp en España. A finales de agosto, se difundió otra campaña en la que los delincuentes accedían a cuentas de la aplicación y pedían dinero a amigos y familiares sin que los titulares fueran conscientes de ello.

En esta ocasión, el mensaje no está personalizado para cada destinatario. La referencia al concurso infantil y la petición de votar se repiten, lo que facilita su difusión masiva.

El principal riesgo es que los usuarios interpreten el mensaje como una petición legítima. Recibirlo de una persona conocida puede reducir las sospechas, aunque el verdadero remitente sea un ciberdelincuente que ha conseguido acceder a su cuenta.

Por eso, conviene desconfiar de los enlaces que solicitan datos personales o códigos de verificación, incluso cuando llegan de contactos habituales.

Qué hacer si has caído en la estafa

Si has introducido tu número de teléfono y compartido el código de verificación, es importante actuar rápidamente para intentar recuperar el control de la cuenta y evitar que el fraude se extienda.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recomienda avisar a los contactos por otros medios, como una llamada telefónica, un SMS o un correo electrónico, para advertirles de que los mensajes recibidos desde esa cuenta podrían ser fraudulentos.

También es necesario revisar los dispositivos vinculados en los ajustes de WhatsApp y cerrar las sesiones que no se reconozcan. Si has perdido el acceso a la cuenta, puedes intentar registrarla de nuevo en tu móvil con tu número de teléfono y el código de verificación recibido por SMS.

Una vez recuperado el acceso, conviene activar la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de protección. Si se han producido daños económicos, es recomendable conservar las pruebas y presentar una denuncia ante la Policía.

Erik von Detten dio voz a Sid en Toy Story, protagonizó Brink! y apareció en The Princess Diaries. Era un rostro familiar de Disney para toda una generación.

Hoy, a los 44 años, enfrenta una demanda por abuso financiero de ancianos, fraude, incumplimiento del deber fiduciario, fraude constructivo y apropiación indebida tras su paso como representante de ventas en Rosland Capital, una firma de metales preciosos con sede en Los Ángeles.

La acción legal fue presentada el 11 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por Sheila Greenberg, de 85 años, y su esposo Norman Greenberg, de 97, un matrimonio residente en La Jolla, California.

El caso permanece pendiente ante el juez Bradley S. Phillips, con una conferencia de gestión programada para el 9 de noviembre, según precisó USA Today.

Cómo la pareja llegó a Rosland Capital y a Von Detten

Todo comenzó con un anuncio en televisión. Los Greenberg contactaron a Rosland Capital alrededor del verano de 2020 después de ver varios comerciales que, tal como consta en la denuncia, estaban “diseñados en gran parte para atraer a personas mayores”.

La publicidad advertía sobre “consecuencias terribles para los jubilados en Estados Unidos” y combinaba preocupaciones como la deuda descontrolada, la inflación, la agitación política y la constante devaluación del dólar, de acuerdo con los documentos judiciales.

Cuando la pareja llamó a la firma, solicitó hablar con el asesor de mayor rango. Fueron conectados con Von Detten.

El matrimonio le explicó al antiguo intérprete que jamás había invertido en oro ni en ningún otro metal precioso, y le comunicó su edad avanzada, un dato que consideraba relevante para quien fuera a asesorarlos.

Tras esa conversación inicial, los Greenberg quedaron lo suficientemente impresionados como para revelarle que los saldos combinados de sus cuentas IRA superaban los USD 2.000.000.

El escrito judicial asegura que Von Detten les pidió que “dejaran las decisiones en sus manos” y les garantizó que era “muy conocedor en metales preciosos y en cuentas IRA de metales preciosos”. Les prometió “recomendaciones muy específicas que se ajustaran a sus necesidades”.

Las tres compras que vaciaron sus cuentas de jubilación

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, los Greenberg realizaron tres compras de monedas de oro por un total de USD 2.146.958, según el expediente obtenido por el Los Angeles Times. El valor real de esas piezas era de aproximadamente USD 1.360.925.

La denuncia sostiene que los demandantes abonaron el equivalente a USD 3.009 por onza, cuando la cotización del oro rondaba los USD 1.903 por onza, un recargo cercano al 60 %, de acuerdo con documentos revisados por Fox News Digital.

La primera operación se concretó el 19 de octubre de 2020 y superó los USD 999.000 en monedas Lady Liberty. Sheila adquirió 797 piezas por USD 599.654 y Norman compró 531 por USD 399.519, detalla el expediente citado por el medio. La pérdida inmediata de esa transacción habría superado los USD 367.000.

El 5 de noviembre de ese mismo año, ambos realizaron una segunda compra por más de USD 1,14 millones: Sheila desembolsó USD 677.644 por 885 monedas adicionales y Norman pagó USD 470.139 por otras 614. Esa operación les habría representado más de USD 418.000 en detrimento patrimonial instantáneo, afirma el reclamo.

Lo que pasó con las monedas después de cada transacción

Las monedas de oro no llegaron a manos de la pareja. Todo el material fue enviado a Delaware Depository, una instalación de almacenamiento de terceros, mientras los Greenberg continuaron con el pago de tarifas recurrentes por custodia y mantenimiento de sus cuentas respaldadas en oro, tal como consignó People.

Una vez vaciadas las cuentas de jubilación, Von Detten convenció al matrimonio de invertir fondos adicionales a través de un fideicomiso familiar.

En agosto de 2021, compraron 109 monedas PAMP British Museum Lewis Chessmen por USD 135.487 —valuadas en aproximadamente USD 48.832— y 50 monedas PAMP F1 Abu Dhabi por USD 64.300, cuyo valor real rondaba los USD 22.420, según detalló Fox News Digital.

El momento en que los Greenberg se dieron cuenta

Los demandantes aseguran que no advirtieron la diferencia entre lo pagado y el valor real de sus activos hasta 2025, cuando comenzaron a revisar sus tenencias, informó Fox News Digital.

Sheila recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para investigar las prácticas comerciales de la firma, una búsqueda que la llevó a descubrir lo que describió como una conducta contraria a la ética.

“En lugar de ayudarlos a proteger su patrimonio ganado con esfuerzo, los demandados se quedaron con él”, señala el documento legal citado por People.

El silencio del acusado y el futuro del caso

Von Detten fue una figura reconocida del entretenimiento juvenil durante los años 90 y principios de los 2000.

Además de sus papeles en Brink! y The Princess Diaries, participó en la serie So Weird y en la adaptación cinematográfica de Leave It to Beaver de 1997. Su carrera en Hollywood se fue diluyendo durante las últimas dos décadas.

Su trabajo más reciente en la industria, según IMDb, fue el thriller de 2024 My Acting Coach Nightmare. Se incorporó a Rosland Capital en 2018.

El actor no se pronunció públicamente sobre la denuncia, consignan los medios que cubrieron el caso. La firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el 2 de julio de 2026.

Los abogados de la compañía declararon a E! News que no pueden comentar directamente sobre el litigio, pero que trabajan con un comité de acreedores para crear un fideicomiso de liquidación que investigue la historia financiera de la empresa y atienda los reclamos de los Greenberg y otros inversores.

El matrimonio solicitó un juicio por jurados y reclama al menos USD 900.000 en daños compensatorios, el doble en daños adicionales, indemnización punitiva, intereses previos al fallo y costas legales.

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy acusados de hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, para estafar y extorsionar a familiares de detenidos.

La resolución alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, por considerarlos coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.

La mayoría de las víctimas eran familiares de personas detenidas, a quienes les ofrecían una supuesta libertad a cambio de pagos.

Los acusados se atribuían el nombre, el cargo y la investidura de Rosatti para comunicarse con dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad.

Para Ercolini, el uso del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti “revelan el pleno conocimiento de la atribución de una autoridad que no se poseía”.

La resolución describió que la organización funcionó desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy.

La maniobra

La hipótesis del caso sostiene que los presos usaban distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.

Los celulares los mantenían ocultos en las celdas, con perfiles de WhatsApp que tenían la imagen del titular de la Corte Suprema.

Las maniobras incluían pedidos de dinero por trámites inexistentes y falsas fianzas de hasta un millón de pesos. El pago debía realizarse mediante una cuenta presentada como perteneciente al Poder Judicial.

También simulaban representar a empresas privadas que ofrecían premios, aunque exigían el pago de gastos falsos. Los imputados definían esas actividades como un “trabajo”.

Una de las llamadas comenzó con la frase: “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En otro diálogo incorporado al expediente, un integrante del grupo dijo: “a ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.

También se registró en las conversaciones que uno de los reclusos advirtió: “le damos el CBU de una cuenta fantasma, le hacemos sacar plata y lo hacemos recagar”.

El fallo revela que “incluso el quehacer delictivo siquiera menguó a pesar de haber realizado procedimientos durante diciembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario y haber secuestrado el teléfono que efectuó la primera comunicación que dio origen al expediente”.

Antecedentes

La investigación se inició a raíz de un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, en el que un hombre dijo ser “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con la excusa de estar realizando un relevamiento de derechos humanos.

El rastreo del llamado lo ubicó en la zona del penal jujeño, por lo que la pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras.

La maniobra fue revelada este martes por Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6, quien confirmó que el médico fue imputado por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Durante una conferencia de prensa, Echarri explicó que actualmente existen diez denuncias contra Kumiega: seis por abusos sexuales cometidos durante consultas ginecológicas, tres vinculadas con mala praxis y una por un abuso sexual ocurrido fuera del ámbito médico.

La fiscal detalló que, a partir de las denuncias por las intervenciones quirúrgicas, los investigadores comenzaron a reconstruir el modus operandi que Kumiega habría utilizado.

“Lo que verificó la Fiscalía es que hubo un esquema de engaño y de manipulación: el médico les hacía creer a sus pacientes que tenían una patología que merecía una intervención y una cirugía riesgosa, porque su salud estaba en grave riesgo”, sostuvo Echarri.

“Intervenía quirúrgicamente y luego se demostraba que no removía el órgano que él decía haber sacado, que es el útero”, sumó.

De acuerdo con la hipótesis que investiga el Ministerio Público Fiscal, Kumiega era quien realizaba las evaluaciones previas, las ecografías y los informes que luego se presentaban ante las obras sociales. También estaba a cargo de las operaciones.

Consultada sobre la posible participación de otros profesionales, Echarri aclaró que todavía es prematuro establecer si existieron cómplices. Sin embargo, confirmó que los investigadores están recabando información sobre quienes pudieron haber intervenido en los procedimientos, incluidos los anestesistas.

Uno de los casos que dio origen a esta línea de investigación es el de M.V., quien denunció que Kumiega la operó en marzo de 2022 después de diagnosticarle tres miomas de gran tamaño. Según relató, el médico le aseguró que su útero estaba agrandado y deformado, y comparó los miomas con la cabeza de Mickey Mouse: uno representaba la cabeza y los otros dos, las orejas.

La mujer afirmó que el ginecólogo le indicó una cirugía urgente y posteriormente le aseguró que le había extirpado el útero. Sin embargo, al continuar menstruando, consultó a otros profesionales y se realizó estudios que, según su denuncia, demostraron que conservaba el órgano.

La imputación y las diez denuncias

La nueva acusación se produjo después de que ingresaran a la Fiscalía denuncias vinculadas con irregularidades denunciadas en las intervenciones quirúrgicas realizadas por Kumiega.

Echarri explicó que, hasta ese momento, las investigaciones estaban centradas en denuncias por abuso sexual durante consultas ginecológicas. La primera causa por mala praxis ingresó el miércoles 14 al mediodía y motivó una serie de medidas destinadas a preservar documentación médica.

Al día siguiente, personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas realizó tareas de inteligencia para determinar los domicilios que serían allanados. Esa misma noche, a las 23.30, el juez de Garantías Nº 1, Luciano Franco Javier Roy, firmó las órdenes correspondientes.

Los procedimientos se ejecutaron el viernes 16 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. “En menos de 48 horas, este Ministerio Público Fiscal estaba realizando este allanamiento”, destacó Echarri.

La fiscal explicó que las medidas eran necesarias porque, a diferencia de las denuncias por abuso sexual, las nuevas acusaciones requerían preservar historias clínicas, protocolos quirúrgicos y otros documentos vinculados con las operaciones. Sobre los resultados, aseguró que “el allanamiento y los secuestros fueron altamente positivos y se recuperó todo lo que solicitábamos”.

Según supo Infobae, en el Sanatorio Femechaco se secuestraron registros de internación, documentación sobre medicamentos, una historia clínica y un informe de anatomía patológica vinculados con la denuncia de M.V. En la vivienda de Kumiega, los investigadores incautaron su teléfono celular, recetarios, documentación y 87 cajas de medicamentos. Mientras que en el Centro Médico Ramón Carrillo Osjera se llevaron una computadora, un dispositivo USB y distintos medicamentos ginecológicos y productos de uso estético.

La funcionaria también confirmó que, por disposición de la Procuración General de Chaco, las causas por abusos sexuales durante consultas ginecológicas y las investigaciones por mala praxis quedarán concentradas bajo su responsabilidad.

La decisión alcanza tanto a los expedientes que ya se encuentran en trámite como a las nuevas denuncias que puedan presentarse.

Sobre la situación procesal del médico, Echarri indicó que los delitos por los que fue imputado contemplan penas de prisión de cumplimiento efectivo y anticipó que podrían formularse nuevas imputaciones vinculadas con las denuncias por abuso sexual.

La denuncia por abuso de su ex pareja

Durante la misma conferencia, el fiscal Jorge Cáceres Olivera, titular del Equipo Fiscal Nº 4, brindó detalles sobre una investigación diferente: la denuncia de una mujer que acusó a Kumiega de haber abusado sexualmente de ella durante un encuentro privado en la casa del médico.

A diferencia de las otras seis denuncias por abusos sexuales, este hecho no habría ocurrido durante una consulta ginecológica.

Cáceres Olivera confirmó que el lunes se tomó declaración testimonial a la denunciante mediante una audiencia por Zoom, ya que vive en los Emiratos Árabes Unidos. La mujer había presentado inicialmente su denuncia por correo electrónico y los investigadores consideraron necesario escucharla para ampliar algunos aspectos de su relato.

“Manifestó su intención de proseguir con la causa, su intención de ir a juicio por jurado en caso de que nosotros imputemos”, explicó el fiscal.

Según precisó, la denunciante y el médico se habían conocido a través de redes sociales en agosto de 2022. Después de mantener conversaciones, acordaron cenar en la vivienda del ginecólogo. Allí, de acuerdo con la acusación de la mujer, habría ocurrido el abuso sexual. “Estaba llorando y lo hiciste igual”, le reprochó en su momento.

Cáceres Olivera aclaró que todavía no formuló una imputación en este expediente y que se encuentra reuniendo pruebas para determinar si corresponde avanzar con esa medida.

Mientras tanto, Echarri pidió que las mujeres que consideren haber sido víctimas de Kumiega se acerquen a la Fiscalía o a la unidad de atención a víctimas para presentar sus denuncias. “Por favor, acérquense a la Fiscalía, a que podamos tomar conocimiento para poder tratarlo seriamente”, solicitó.

En ese contexto, un cronista le preguntó a Darín si estaba al tanto de lo que ocurría con Casciari y con el proyecto en el que había participado Diego.“Sí”, respondió cuando le mencionaron que eran varios los nombres vinculados con las producciones de Orsai. Sin embargo, Darín consideró necesario marcar una diferencia respecto del alcance de la controversia. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, explicó.

Luego, el periodista quiso saber si alguna vez le habían ofrecido participar en una propuesta de características similares. “No, por ahora no, y espero que no lo haga”, expresó ante las inquietudes de la prensa sobre la situación. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso”, señaló. “Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de qué es lo que ocurre”, sostuvo.

“Es solo una impresión mía, nada más. No estoy diciendo que tenga la verdad”, aseguró Darín. También le preguntaron si conocía personalmente al escritor o si alguna vez había recibido una propuesta laboral de su parte. “No, no lo conozco”, respondió Darín. Ante la insistencia del cronista, aclaró que solo había tenido referencias sobre su trabajo y sobre el funcionamiento de sus proyectos, pero que no mantenía un vínculo personal con él.

Cuando le consultaron si le sorprendía la situación, Darín reconoció: “Sí, claro”. Y continuó: “Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa, porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”. El actor consideró posible que el conflicto hubiera surgido a partir de dificultades en la administración de la iniciativa. “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”, planteó, aunque volvió a aclarar que no contaba con información suficiente para determinar qué había sucedido.

La conversación avanzó entonces hacia uno de los aspectos más cuestionados por los denunciantes: la supuesta promesa de que el proyecto iba a funcionar y generar resultados positivos. En ese punto, el actor fue más categórico: “Eso fue un error por parte de él” . De inmediato, aclaró que no conocía personalmente a Casciari y que, por lo tanto, no podía juzgarlo. “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, sostuvo Darín. Para el actor, cualquier obra audiovisual depende de múltiples factores y su resultado no puede garantizarse antes de que el público la reciba. “Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, agregó.

Darín cerró su intervención con una nueva advertencia sobre los límites de su opinión. “Me parece que ahí sí es probable que haya cometido un error, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé”, expresó. De esta manera, el actor habló sobre el caso desde una mirada general sobre la gestión de proyectos culturales y evitó pronunciarse sobre la responsabilidad legal de Casciari.

Cabe recordar que el caso se inició a partir de la presentación judicial realizada por 18 socios productores que aseguran haber invertido en producciones audiovisuales de Orsai Audiovisuales. Según sostienen, Casciari habría promocionado esas inversiones con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido. Además, cuestionan que el destino económico del dinero no habría sido informado de manera suficiente. La denuncia fue presentada ante la Justicia por presunta estafa contra el escritor y socio gerente de la empresa.

Mientras la denuncia continúa su recorrido ante la Justicia, las declaraciones de Darín sumaron una voz reconocida del ámbito artístico a una discusión que también involucra aspectos administrativos, económicos y de organización. El actor insistió en que una producción puede tener una intención artística genuina y, al mismo tiempo, atravesar dificultades de gestión que deben ser esclarecidas.

El actor Diego Peretti presentó un breve descargo en su cuenta de Instagram sobre el escándalo mediático de la semana, uno que podría arrastrarlo a declarar en Tribunales. Se refirió a la denuncia por estafa que enfrenta Hernán Casciari, presentada por 18 “socios inversores” de su plan de películas. La Muerte de Un Comediante, el debut de Peretti como director, estrenada en cines a comienzos de este año, fue una de esas películas.

En el descargo, Peretti dijo, básicamente, que firmó un contrato por su rol y nada más, que nada tuvo que ver en el financiamiento. Pero su figura, aseguran los denunciantes mismos, fue clave para atraer a esos inversores. Cuatro años atrás, ante un Andy Kusnetzoff algo azorado, Casciari presentaba el entonces llamado “Peretti Project” en su columna del programa Perros de la Calle. Anunciaba la inversión como un negocio infalible. La gente, por lo visto, le creyó.

Cuatro años después, el Peretti Project se vuelve una parte central de la denuncia contra Casciari, encabezada por el abogado Ariel Gil Ces, que ayer presentó documentos en la Fiscalía N°16 de la doctora Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el caso, en el que Peretti podría ser un testigo de interés. No es para menos: el actor es mencionado 54 veces en las 39 páginas de la presentación. Inversores que pusieron dólares en su película afirmaron recibir de vuelta unas meras chirolas.

No solo eso: según la denuncia, La Muerte de Un Comediante fue el proyecto de Orsai Audiovisuales que más inversores atrajo, por lejos, con diez mil participaciones contra cuatro mil del proyecto protagonizado por “Dibu” Martínez, que llegó a Netflix meses atrás, o las 5495 participaciones de Canelones, protagonizada por Darío Barassi.

“La manera en que Hernán Casciari presentaba el proyecto reforzaba todavía más esa sensación: todo parecía indicar que no había manera de que el proyecto fracasara”, aseguró la primera denunciante en la lista. Puso mil dólares para el film. Recibió de vuelta 28 dólares con 20 centavos.

Otro puso 600 dólares. “A casi nueve meses del estreno, lo único que recibí fueron seis acreditaciones en la billetera de la aplicación de Orsai que suman 16,92 USD, es decir el 2,82 % de lo que puse”, afirmó el segundo denunciante. “Mis inversiones en Orsai Audiovisuales fueron Proyecto Peretti Proyect (La muerte de un comediante), hice una inversión de dólares 1700, percibiendo hasta la fecha de un importe de dólares 47,94″, se lamenta otro que mandó carta documento. Los ejemplos se repiten.

Luego, está el supuesto mail que Casciari envió a uno de los damnificados, que envió 2000 dólares para entrar al pozo del film de Peretti desde una billetera cripto. Allí, supuestamente, Casciari le dijo que ya tenía un millón y medio de dólares.

El mail y el millón y medio

El denunciante apuntó en su denuncia: “El 31 de diciembre de 2022, a las 16:12 hs, recibí un correo electrónico de bienvenida firmado por Hernán Casciari, dirigido a mi casilla, con el asunto ‘Muchas gracias por invertir en el Peretti Project’. En dicho mensaje, Casciari me dio la bienvenida como socio productor de La Muerte de un Comediante, confirmó que mi inversión formaba parte de un total que ya se acercaba a los 1.500.000 USD, indicó que la película sería dirigida y protagonizada por Diego Peretti con guion de él y de Chiri Basilis, y me proporcionó los enlaces oficiales del proyecto, incluyendo los Términos y Condiciones”.

“En ese momento no conocía personalmente a Hernán Casciari ni a la empresa Orsai”, siguió: “La expectativa de retorno resultaba indudable, tras escuchar de manera reiterada que los socios productores iban a obtener una ganancia”. Así y todo, ni siquiera lo invitaron a la avant premiere.

Este inversor le escribió a Casciari mismo el 9 de marzo último. “Ese mismo día, a las 17:22 hs, Casciari me respondió reconociendo que el recupero económico “no será satisfactorio, pero tampoco tan pobre como ahora, que recién empieza el camino”, y mencionando que ambos proyectos irían a cines y plataformas, además de apostar a créditos del INCAA". aseveró. Es cuanto menos irónico: Casciari, que llevó durante años la bandera del crowdfunding de la Comunidad Orsai, hablaba de pedirle plata al Estado.

El saldo en su cuenta de Orsai, aseveró, era de 56 dólares y 40 centavos.

Hasta 18.000 cédulas de personas fallecidas podrían usarse cada año en intentos de fraude, según un estudio de la compañía tecnológica AUCO. La investigación identificó 1.500 identificaciones de colombianos muertos utilizadas durante el último mes para solicitar préstamos, financiar compras o suscribir contratos de arrendamiento.

El informe, divulgado en Bogotá en octubre de 2026 y conocido por Infobae Colombia, se basa en más de 250.000 verificaciones mensuales de identidad realizadas en distintos sectores económicos. Los expertos detrás del estudio afirmaron que se registran cerca de 50 casos diarios, más de dos por hora, y una cédula de una persona fallecida por cada 167 validaciones.

Si se mantiene esa tendencia, el cálculo alcanzaría unas 9.000 operaciones o intentos de operación en seis meses y 18.000 en un año.

El hallazgo pone el foco en un tipo de suplantación que puede pasar inadvertido cuando las empresas limitan sus controles a la revisión visual de un documento.

Las cédulas auténticas pueden ser usadas por terceros

El estudio señala que el documento empleado en estos casos puede ser legítimo, aunque su titular haya muerto. Esa circunstancia dificulta la detección inicial del fraude, pues una cédula válida puede no presentar señales físicas de alteración.

“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.

Montoya indicó que el problema no se restringe a los documentos de personas fallecidas: “También puede involucrar identificaciones robadas, documentos con la fotografía alterada o cédulas válidas utilizadas por alguien distinto de su titular”.

La advertencia coincide con los llamados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha insistido en la necesidad de registrar los fallecimientos de manera oportuna. Ese trámite permite cancelar el documento de identidad y reducir el riesgo de que terceros mantengan activa la identidad de una persona muerta.

En 2025, la entidad canceló 105 cédulas por falsa identidad. Hasta agosto de 2026, había anulado otras 83 por la misma causa.

El fraude alcanza desde microcréditos hasta telefonía celular

Los casos analizados por la firma de tecnología indican que los documentos en solicitudes de microcrédito, negocios inmobiliarios, constructoras, comercios con ventas financiadas, empresas de venta por catálogo y compañías de telecomunicaciones. La diversidad de sectores refleja que el riesgo no depende únicamente de las operaciones bancarias tradicionales.

Las estadísticas de la Superintendencia de Industria y Comercio también muestran la dimensión de la suplantación de identidad en Colombia. Desde 2020, la entidad ha recibido 40.316 denuncias relacionadas con este delito o práctica fraudulenta.

Entre 2022 y mayo de 2026, la Superintendencia registró 13.983 reclamaciones por suplantación mediante su herramienta SIC Facilita. De ese total, 11.365 estuvieron vinculadas con telecomunicaciones, en particular con empresas de telefonía celular.

Para Montoya, validar que una cédula luzca auténtica dejó de ser suficiente: “Mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.

Según el directivo, las compañías deben contrastar el rostro de la persona que adelanta el trámite con la fotografía del documento, comprobar que las imágenes no hayan sido modificadas y confirmar la identidad por una segunda vía.

Desde el 19 de noviembre habrá nuevas obligaciones para las empresas

El tema toma relevancia ante la entrada en vigencia general de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, prevista para el 19 de noviembre. La norma exige a las empresas cobijadas adoptar medidas suficientes y razonables para verificar la identidad de sus clientes.

Además, cuando exista un reclamo por suplantación, las organizaciones deberán entregar la información utilizada para aprobar la operación cuestionada. Si no logran acreditar cómo hicieron esa comprobación, podrían tener que suspender los cobros, corregir reportes y responder por las consecuencias económicas del fraude.

“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.

La causa penal por estafa contra Hernán Casciari y su proyecto Orsai Audiovisuales, que se convirtió en el escándalo mediático y viral de este último fin de semana, ya está en marcha.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas como el caso del clan L’Abbate o el holding Wenance, encabezado por Alejandro Muszak, según confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae. Ahora, se esperan las primeras medidas de prueba, luego de que Ariel Gil Ces, el abogado denunciante que representa a 15 víctimas, ratificara su presentación.

Para Casciari, que lo denuncien, o siquiera lo demanden, parece una novedad. El escritor mercedino no tiene otras denuncias por delito alguno en el fuero de instrucción porteño. Tampoco tiene demandas por daños y perjuicios, o cobro ejecutivo, no enfrentó presentaciones en el fuero comercial. Sus 15 denunciantes -de los supuestos 10 mil que invirtieron en sus ideas de películas- optaron por la vía penal, un punto de no retorno, en el que es difícil lograr una mediación.

El autor de Más Respeto Que Soy Tu Madre y sus firmas no tienen rastros de cheques sin fondos o rojos escandalosos, la literal norma para acusados de estafa como Enrique Blaksley o Leonardo Cositorto. Primero, se sangra en negro. Luego, se sangra en blanco. Hoy, el botón de financiamiento del sitio de Orsai Audiovisuales está fuera de línea. Ofrece un mensaje algo inquietante. Da dos opciones: “volvé a tu vida” y “volvé a equivocarte”.

Casciari dio un breve descargo en los últimos días. Dijo, básicamente, que de tantas que le salieron bien, una le salió mal. Precisamente, fue su plan más ambicioso, el ingreso al cine, el que promocionó con grandes declaraciones en programas como Perros de la Calle. El abogado Gil Ces presentó una batería de documentos, entre ellos, los términos y condiciones de la inversión, siempre en dólares.

En esta denuncia, los 15 presuntos damnificados, los llamados “socios inversores” de su esquema de financiamiento, lo denunciaron por el delito de estafa en el Juzgado N°34. Aseguraron que la plata que pusieron para una serie de películas anunciadas -con la fantasía de convertir a un ciudadano de a pie en un productor cinematográfico- no volvió. Una víctima afirmó que, de mil dólares, le volvieron 28 con veinte centavos. Otra aseveró que, de 2600, solo recuperó 47.

También, afirmaron que los términos y condiciones, un posible contrato, no le fueron entregados en su momento, o ni siquiera los vieron, gracias a la fugacidad de cualquier trámite de internet. Quienes los obtuvieron, pudieron hacerlo tras repetidos reclamos.

En diversas declaraciones mediáticas, Casciari aseguró que sus “socios inversores” recibirían “mucho más” de lo que pusieron. En esos términos, en donde Orsai ofrecía facilidades de pago con plataformas cripto y una cuenta en dólares vinculada a Fuentirol, su sociedad en Uruguay, la firma no apuntaba a ganancia alguna: hablaba, una y otra vez, de “reparto proporcional”. El discurso de Casciari en sus giras mediáticas, tomado como válido por los denunciantes, era bastante más altisonante.

El fragmento que ilustra esta nota es parte del contrato del proyecto “Cinco Pelis”, anunciado en 2023, donde se financiarían cinco guiones ligados a reconocidos autores como Pedro Saborido, Tamara Tenembaum y Felipe Pigna. El guion más financiado se convertiría en película, lo que ocurrió con el proyecto de “Dibu” Martínez, arquero de la Selección, estrenado en Netflix.

Casciari dice que nunca tuvo intención alguna de estafar. Sin embargo, estiman fuentes en torno al caso, podría ser investigado por el delito de administración fraudulenta, que apunta al abuso en la función del manejo de bienes o intereses ajenos. Pero un negocio que salió mal, por definición, no es una estafa.

“Nunca Hernán Casciari dijo que era una inversión riesgosa, por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más, porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias en todos los productos, hasta llegó a decir que íbamos a poder cambiar de auto. Hoy 18 de agosto de 2026 me encuentro decepcionado, estafado y he perdido la confianza en alguien que creía honesto, me refiero al Sr. Hernán Casciari, quien con su capacidad de oratoria logra convencer a cualquiera”, afirmó un inversor parte de la denuncia.

La denuncia que habla de “23640 participaciones en proyectos”, apunta a una “ausencia de presupuestos desglosados por rubro, rendiciones económicas incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente, información económica suministrada de manera parcial o tardía, decisiones relevantes adoptadas sin mecanismos efectivos de consulta”.

La duda, entonces, se vuelve obvia: ¿a dónde terminó toda la plata que la gente puso en Orsai?

Una abogada condenada a 12 años de prisión por estafa agravada y falsificación de documentos deberá cumplir íntegramente la pena.

Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la sentencia tras rechazar un pedido de anulación presentado por su defensa.

El caso lo impulsó la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, adscrita a la Procuraduría General de la Nación.

La causa se originó por la apropiación fraudulenta de una finca perteneciente a dos personas adultas mayores.

Los hechos se remontan al 2019, en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Según la investigación de la Procuraduría, la mujer usó engaños para apropiarse de un terreno que pertenecía a sus víctimas.

Un tribunal la declaró responsable de estafa agravada y falsificación de documentos, delitos vinculados a la maniobra con la que despojó del inmueble a los propietarios.

A esa pena principal se suma una sanción accesoria: la inhabilitación para ejercer la abogacía durante cinco años. Esa restricción profesional comenzará a correr una vez que la condenada cumpla la totalidad de los 12 años de cárcel.

Tras la condena, la defensa técnica de la abogada presentó una solicitud de anulación de la sentencia. El planteamiento buscaba revertir el fallo dictado en el juicio original.

Los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones evaluaron los argumentos expuestos por ambas partes antes de resolver. Luego de ese análisis, decidieron confirmar la sentencia penal en todos sus términos, incluida la pena accesoria de inhabilitación profesional.

Con esta decisión de segunda instancia, la condena de 12 años de prisión y la inhabilitación de cinco años quedaron en firme. La mujer no podrá ejercer el derecho durante ese período posterior a su reclusión.

La Fiscalía Regional de Chiriquí fue la encargada de sostener la acusación a lo largo de todo el proceso penal. Su trabajo incluyó reunir las pruebas que sustentaron tanto el delito de estafa agravada como el de falsificación de documentos.

La Procuraduría General de la Nación destacó que la confirmación del fallo representa la culminación de esa gestión fiscal. El organismo había impulsado la investigación desde que se detectó la apropiación irregular del terreno en Bugaba.

El expediente puso el foco en la condición de las víctimas, dos personas adultas mayores que resultaron despojadas de su propiedad mediante un engaño. La utilización de documentos falsos fue el mecanismo identificado para consumar el fraude sobre el inmueble.

La resolución del Tribunal Superior de Apelaciones cierra, al menos en esta instancia, un litigio que combinó el delito patrimonial con el uso de la profesión jurídica de la condenada. La inhabilitación accesoria busca impedir que, una vez libre, pueda volver a ejercer como abogada durante el lustro siguiente a su liberación.

El caso se suma a otros expedientes recientes difundidos por la Procuraduría General de la Nación en Panamá, que en los últimos días también informó sobre detenciones por delitos de robo, maltrato infantil y tentativa de homicidio en distintas regiones del país.

En todos estos procesos, el organismo destacó que apunta al seguimiento judicial hasta la etapa de apelación como parte de su estrategia de persecución penal.

La confirmación de la condena contra la abogada de la provincia de Chiriquí deja sin efecto, por el momento, cualquier posibilidad de revisión adicional sobre los hechos ocurridos en 2019. La pena de 12 años de prisión y la inhabilitación profesional de cinco años quedaron firmes tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Apelaciones.

En otro caso, se logró la detención provisional de un hombre de 29 años de edad, vinculado presuntamente a los delitos de homicidio doloso agravado y posesión ilícita de arma de fuego.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la investigación, logrando que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, admitiera la formulación de cargo y ordenara la medida cautelar antes mencionada.

La denuncia por el supuesto robo de un remis rural en Estación Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, terminó con un desenlace muy distinto al que había activado la búsqueda policial. El hombre de 57 años que aseguró haber sido asaltado por tres delincuentes admitió que le había prestado el auto a su hijo y que inventó la sustracción tras una discusión familiar.

El episodio se inició durante la madrugada del viernes, cuando el denunciante se presentó ante la Policía para relatar una escena propia de un asalto callejero. Dijo que tres personas lo habían interceptado en la zona de las calles 5 y 32, punto en el que aseguró que le habían quitado el auto que utilizaba para trabajar como remisero rural.

El vehículo señalado era un Fiat Siena gris. En el relato inicial, también indicó que dentro del automóvil había quedado un teléfono celular. Con esos datos, la denuncia abrió una pesquisa para localizar el rodado y establecer quiénes habían intervenido en el supuesto ataque.

Tras radicarse la denuncia, el personal del Destacamento Estación Chapadmalal inició las averiguaciones con el apoyo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava. La prioridad era reconstruir el recorrido del denunciante, ubicar cámaras de seguridad y obtener testimonios de personas que pudieran haber visto alguna maniobra compatible con el robo.

De acuerdo con la información obtenida por La Capital de Mar del Plata, los efectivos relevaron registros de video, realizaron recorridas y consultaron a vecinos de la zona. Sin embargo, la secuencia denunciada no dejaba rastros: no aparecieron imágenes del supuesto asalto ni surgieron testimonios que permitieran confirmar la presencia de tres atacantes, el vehículo o una situación de violencia en ese lugar.

La ausencia de registros y de datos externos que acompañaran el relato llevó a los investigadores a revisar con mayor detalle los movimientos previos del automóvil y las circunstancias expuestas por el denunciante.

El Siena, que había puesto en marcha una búsqueda por un presunto robo, comenzó a aparecer bajo otra luz. La investigación se desplazó de la hipótesis de un asalto a una pregunta más doméstica y menos cinematográfica: quién tenía realmente el auto antes de la denuncia.

A medida que se reunían elementos, los policías detectaron inconsistencias en la declaración inicial. Por este motivo, el denunciante fue citado para ampliar su declaración. Finalmente, y en presencia de un testigo, habría reconocido que la sustracción no había existido.

De acuerdo con la información reunida, el relato sobre el asalto había sido creado después de haber mantenido una discusión con su hijo. Así, la confesión puso punto final a la búsqueda del supuesto grupo de asaltantes.

Al mismo tiempo que dejó sin sustento la versión de un ataque en plena madrugada, lo que había comenzado como una investigación por robo automotor se transformó en una causa vinculada con la falsedad de la denuncia.

Por este motivo, la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) tomó intervención en el caso. Asimismo, el fiscal Eduardo Layus dispuso desestimar las actuaciones relacionadas con el presunto robo del Fiat Siena, dado que la investigación concluyó que ese hecho no se había producido.

En paralelo, la fiscal Eleonora Taddeo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, ordenó iniciar actuaciones por falsa denuncia y tentativa de estafa. La calificación responde al posible uso de una versión falsa ante las autoridades, en un caso en el que la denuncia activó recursos policiales, relevamientos de cámaras y tareas de campo.

Ahora, la causa deberá determinar el alcance de la responsabilidad penal del hombre y si hubo otros elementos que permitan precisar la secuencia posterior a la discusión que mantuvo con su hijo.

Una aplicación que imita a WhatsApp apareció en Google Play y alcanzó más de 500.000 descargas, según informaron medios especializados. El clon se publicó con el nombre “WhatsApp Messenger” y utilizó elementos de la página oficial para parecer legítimo.

La diferencia clave está en el nombre del desarrollador: la copia figura a nombre de “Agment Assets sallu”, mientras que la aplicación oficial está publicada por WhatsApp LLC.

Un usuario de Reddit alertó sobre la aplicación después de verla entre los resultados patrocinados al buscar WhatsApp en la tienda. Ese resultado puede aparecer antes que la aplicación oficial para algunas personas, aunque no necesariamente ocurre en todas las búsquedas o regiones.

En una comprobación citada por Digit, la copia no apareció entre los primeros resultados. Por eso, conviene revisar los datos de la aplicación antes de instalarla, incluso cuando aparece en una tienda oficial.

Cómo distinguir la aplicación falsa de WhatsApp

El clon copió el nombre, el ícono, las imágenes promocionales y parte de la descripción de WhatsApp. Esos elementos pueden hacer que la página parezca auténtica a primera vista. Sin embargo, el desarrollador que aparece debajo del nombre de la aplicación permite diferenciarla: la versión oficial corresponde a WhatsApp LLC.

El número de descargas tampoco confirma que una aplicación sea auténtica. La copia superó las 500.000 descargas, pero ese indicador no permite verificar quién la publicó ni qué hace después de instalarse. Antes de pulsar “Instalar”, se recomienda abrir la ficha de la aplicación y comprobar el nombre del desarrollador. Si aparece “Agment Assets sallu” u otro nombre ajeno a WhatsApp LLC, no se trata de la versión oficial.

El reporte también indicó que el listado podría participar en el programa Early Access de Google Play, que limita la disponibilidad de reseñas públicas. Esa posibilidad fue planteada por medios que cubrieron el caso, pero no se confirmó como explicación definitiva de cómo la aplicación evitó las alertas de los usuarios.

Qué se sabe sobre sus posibles riesgos

La copia de una marca conocida puede generar preocupación sobre la privacidad y la seguridad. Sin embargo, los reportes disponibles no confirmaron que esta aplicación haya robado datos o instalado software malicioso. La suplantación es una señal suficiente para no instalarla, pero no demuestra por sí sola qué comportamiento tiene el programa una vez descargado.

La descripción de seguridad de datos que aparece en una tienda también debe leerse con cautela: esa información corresponde a declaraciones del desarrollador y no reemplaza la verificación de quién publica la aplicación. En caso de duda, es más seguro buscar WhatsApp desde el perfil oficial del desarrollador o ingresar a su ficha mediante los canales oficiales de la compañía.

Qué hacer si se instaló la copia

Quienes hayan instalado una aplicación de un desarrollador distinto de WhatsApp LLC deben dejar de usarla y desinstalarla. Después, pueden buscar la aplicación oficial en Google Play y confirmar nuevamente que el desarrollador indicado sea WhatsApp LLC. También es recomendable revisar los permisos concedidos a la aplicación sospechosa y retirar cualquier acceso innecesario.

El caso ocurrió pocos días después de que se reportara otra aplicación falsa que imitaba a Google Chrome y que habría superado las 100.000 descargas antes de ser retirada. Estos episodios recuerdan que la presencia de una app en Google Play no elimina la necesidad de comprobar su identidad. El nombre, el ícono y la posición en los resultados pueden copiarse; el desarrollador es un dato concreto que conviene verificar antes de instalar.

Compartir el número de teléfono puede parecer inofensivo, pero ese dato se utiliza para verificar identidades y recuperar cuentas de bancos, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Por eso, los ciberdelincuentes pueden usarlo como punto de partida para engañar a una persona e intentar apoderarse de su WhatsApp.

Sin embargo, conocer el número no permite ingresar directamente al celular ni leer las conversaciones. Según David González, investigador de ESET Latinoamérica, el riesgo aparece cuando el atacante combina ese dato con información personal filtrada, contraseñas o códigos de verificación.

El código que puede entregar una cuenta de WhatsApp

Una táctica frecuente consiste en pedir a la víctima que comparta un código de verificación recibido por SMS. El estafador puede escribir haciéndose pasar por un contacto y decir que el código llegó “por error”, o inventar una razón urgente para solicitarlo.

WhatsApp advierte que ese código no debe compartirse. Si alguien lo pide, podría estar intentando registrar la cuenta en otro dispositivo. El mensaje no llegó por equivocación: puede ser la señal de que un tercero inició el proceso para tomar el control de la cuenta.

Si el atacante consigue el código, puede completar la verificación del número en otro equipo. Por eso, una regla básica es no enviar códigos de acceso a nadie, aunque el pedido parezca provenir de una persona conocida. Si un contacto solicita un código, conviene verificarlo por otro medio antes de responder.

Cómo funciona el intercambio de SIM

El SIM swapping, o intercambio de SIM, es una modalidad más grave. El atacante convence a la compañía telefónica de transferir el número de la víctima a una tarjeta SIM que controla. Si lo logra, puede recibir llamadas y mensajes de texto destinados a esa línea, incluidos algunos códigos de verificación.

Para hacerse pasar por el titular, puede recurrir a información personal obtenida de filtraciones o expuesta en redes sociales. Una variante es el fraude de portabilidad, en el que intenta trasladar el número a otra compañía mediante un proceso similar.

Una señal de alerta es perder de forma inesperada la conexión a la red móvil, aunque el teléfono esté encendido y la tarjeta SIM permanezca en el dispositivo. Si además llegan avisos sobre cambios en la línea o solicitudes de verificación que no se iniciaron, es importante contactar de inmediato al operador mediante sus canales oficiales.

Mensajes falsos y suplantación de identidad

El número también puede utilizarse para preparar engaños. Con información adicional —como el nombre o los perfiles públicos de una persona—, los estafadores pueden enviar mensajes SMS que aparentan proceder de un banco, una empresa de paquetería o una entidad pública. Estos mensajes, conocidos como smishing, suelen incluir enlaces a páginas falsas o números de soporte fraudulentos.

También pueden suplantar el identificador de una llamada o un mensaje para que parezca que proviene de la víctima. Así intentan convencer a sus contactos de que envíen dinero o compartan códigos. Ante una solicitud inusual, lo más seguro es confirmar la identidad mediante una llamada o un canal distinto.

Medidas para proteger la cuenta y la línea

No comparta códigos de verificación ni datos personales ante llamadas o mensajes inesperados. Active la verificación en dos pasos de WhatsApp y añada un correo electrónico de recuperación, si la opción está disponible. También conviene usar contraseñas únicas y revisar qué información personal está publicada en internet.

Para proteger la línea, establezca un PIN para la SIM y una contraseña segura para la cuenta del operador. Consulte si la compañía ofrece un bloqueo de portabilidad o una protección adicional contra cambios no autorizados. En otras cuentas, considere reemplazar los códigos por SMS con una aplicación de autenticación o una llave de seguridad física.

Si sospecha que alguien tomó el control de WhatsApp, intente registrar de nuevo el número en la aplicación y comuníquese con el operador si la línea perdió servicio. Actuar rápido puede ayudar a recuperar el acceso y evitar que los estafadores contacten a familiares o amistades desde la cuenta.

Frente a la repercusión del caso, por la participación de algunos famosos, Casciari difundió un video en sus redes sociales para responder a las acusaciones. “Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, primero actúa con premeditación. Es alguien que sabe que va a hacer daño, que está cometiendo un delito o que va a cometerlo. Y, sobre todo, es algo que hace todo el tiempo: no empieza de un día para el otro a estafar gente”, sostuvo el escritor, quien calificó de “absolutamente ridículo” pensar que él o alguien de Orsai se levantó una mañana con la intención de defraudar a los aportantes.

El fundador del proyecto repasó la trayectoria de la productora, activa desde hace veinte años, con libros, revistas culturales sin publicidad, talleres de escritura, obras de teatro, películas y una escuela propia. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo. Y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien”, afirmó.

En su descargo, Casciari reconoció haber pasado todo 2025 pidiendo disculpas a los aportantes y socios del proyecto audiovisual, “mano a mano, incluso uno por uno”. “Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, dijo.

Para respaldar su versión, el escritor compartió un código QR que, según explicó, contiene todos los gastos, pagos y facturas de los proyectos vinculados a Orsai Audiovisuales entre 2021 y 2025. “En ese QR están todos los gastos, todos los pagos, todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que están ahora en duda”, señaló, y agregó que Orsai ya no produce ese tipo de proyectos culturales, aunque mantiene otras iniciativas en las que también trabajan personas “que tienen ilusiones, que tienen esperanza, igual que las personas que quieren hacernos una demanda”.

El creador de Orsai sostuvo que entiende la frustración de los inversores, pero diferenció esa decepción de una conducta delictiva. “Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaron otra cosa de un proyecto. Y yo sé que en esa espera tuvimos muchísimo que ver nosotros no haciendo las cosas bien desde la comunicación, con muchísima ingenuidad en otras cosas, pero en ningún caso, en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, expresó.

Casciari fue explícito al rechazar las categorías jurídicas que circularon en los medios tras conocerse la denuncia. “Bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi o cualquiera de las cosas de las que se habla respecto a Orsai. Orsai no hace eso, nunca jamás en la vida hicimos eso y jamás vamos a hacer semejante cosa”, remarcó.

El video se acompañó de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la viralización del caso. “Orsai es un proyecto hermoso. El ruido se volvió mediático por los actores, actrices y figuras que nos acompañan, que no tienen nada que ver con el problema. Les dejo un video y un código QR para aclarar las cosas. Es un momento triste para mí y les agradezco mucho el apoyo”, escribió.

Casciari cerró su descargo con un agradecimiento a los medios que solicitaron su versión y reiteró la disposición a responder consultas a través del código QR difundido. “Agradezco mucho a todos los participantes de Orsai y a los amigos que me llamaron ayer, e incluso hoy sábado por la mañana, para decirme que estaban al pie del cañón. Quedo a disposición de quien, con buenas intenciones, quiera tener más información”, concluyó.

La denuncia contra Casciari

18 socios productores denunciaron penalmente al escritor Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales, por una presunta estafa vinculada con inversiones en películas y series. Los denunciantes, representados por el abogado Ariel Gil Ces, sostienen que aportaron entre USD 50 y USD 3.000 a distintos proyectos con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido. Afirman que, en la mayoría de los casos, los retornos no superaron el 3% de lo invertido y que varios no recuperaron el capital.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia cuestiona la falta de documentos para verificar gastos e ingresos, así como presuntos movimientos de fondos entre producciones sin autorización de los inversores. El reclamo incluye proyectos como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M., sobre Diego Maradona.

Los socios productores pidieron una auditoría contable integral de Orsai Audiovisuales y una rendición de cuentas de cada obra. También solicitaron que la Justicia requiera información a organismos públicos, identifique las cuentas bancarias vinculadas con la sociedad y con Casciari, y evalúe la citación a indagatoria de los responsables que surjan de la investigación. La denuncia se apoya en transferencias, correos electrónicos, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de declaraciones públicas.

Un grupo de 18 socios productores que invirtieron en producciones audiovisuales de Orsai Audiovisuales presentó una denuncia penal por presunta estafa ante la Justicia contra el escritor y socio gerente de la empresa Hernán Casciari, a quien acusan de haber promocionado inversiones con promesas de rentabilidad que, según sostienen, no se cumplieron y cuyo destino económico no fue debidamente informado.

Los denunciantes, representados por el abogado Ariel Gil Ces, alegan que Casciari prometió públicamente rendimientos económicos concretos —en algunos casos aseguró que la inversión se duplicaría o triplicaría— y que el dinero fue administrado de manera opaca, sin rendiciones de cuentas documentadas y, en ciertos proyectos, trasladando fondos de una producción a otra sin consulta previa a los inversores.

El conjunto de las 18 personas aportó entre USD 50 y USD 3.000 cada una a distintos proyectos de Orsai, con retornos que, en la mayoría de los casos, no superaron el 3 % del capital invertido. Varios denunciantes no recuperaron ni un dólar. En este sentido, denuncia, a la que accedió Infobae, solicita que se investigue si los perjuicios individuales responden a una operatoria común.

La presentación que actualmente investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires fue firmada por inversores que participaron en producciones como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el Paraíso, Cinco Guiones, Emi On Off y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona. En el escrito, los socios sostienen que el sistema fue presentado como una forma de producción colectiva que permitía financiar películas y series sin intermediarios tradicionales.

Bajo ese modelo, quienes compraban bonos pasaban a ser denominados socios productores. La propuesta incluía, de acuerdo con la denuncia, acceso a información financiera, rendiciones de gastos, participación en determinadas decisiones y una porción proporcional de los ingresos obtenidos por la explotación comercial de cada obra.

El reclamo se concentra en la información económica de los proyectos. Los denunciantes afirman que, ante sus pedidos, recibieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos u otros comprobantes que permitieran verificar gastos e ingresos.

También sostienen que no se presentaron presupuestos por rubro ni rendiciones diferenciadas cuando una producción cambió de formato. En el caso de Canelones, por ejemplo, explican que el proyecto fue anunciado como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película.

Según el escrito, en 2024 los socios productores asistieron a una proyección de una versión con aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, Orsai comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un lanzamiento posterior en una plataforma de streaming. Los inversores cuestionan que las decisiones de distribución hayan sido informadas sin instancias previas de consulta.

Los denunciantes piden investigar presuntos cruces de fondos entre producciones

La presentación refiere a declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de un proyecto posterior para cubrir necesidades extraordinarias de otro. Los socios productores sostienen que esa eventual práctica debía ser explicada y autorizada, ya que los grupos de inversores variaban entre una producción y otra.

El documento vincula ese planteo con La Uruguaya, que, de acuerdo con el escrito, recaudó cerca de USD 600.000. Los denunciantes afirman que recuperaron el capital luego de la venta de derechos para América Latina, pero que no recibieron ganancias posteriores pese a anuncios sobre posibles ventas en otros territorios.

También cuestionan el resultado económico de La muerte de un comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti. Los relatos consignan retornos de entre USD 1 y USD 84,60 para inversiones que, según los casos expuestos, fueron de USD 50 a USD 3.000.

El escrito suma reclamos por la comercialización de Emi On Off, un proyecto de animación sobre Emiliano Martínez. Según los denunciantes, fue cedido a PEGSA y luego vinculado a Netflix con un cambio de formato que no fue consultado con quienes habían financiado la propuesta original.

Sobre D.A.M., los inversores señalan que continuaba la venta de bonos mientras se tramitaban derechos de imagen. Añaden que Casciari habría dicho públicamente que Orsai Audiovisuales ya no existía y que el proyecto pertenecía a Orsai Tech, aunque la comercialización seguía disponible en el sitio de la firma denunciada.

Piden una auditoría contable

Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central de la República Argentina y el Registro Nacional de las Personas. También pidieron identificar las cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari.

La presentación reclama una rendición integral de los proyectos y una auditoría contable sobre Orsai Audiovisuales. Como prueba, los firmantes ofrecieron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas.

Según el escrito, varios socios enviaron cartas documento a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables para reclamar información y documentación, pero sostienen que fueron rechazadas, devueltas o no obtuvieron respuesta.

La denuncia pide que Casciari y cualquier otra persona que surja de la investigación sean convocados a declaración indagatoria cuando la causa alcance esa instancia.

Personal de la Policía de Investigaciones de San Cristóbal, de la provincia de Santa Fe, con la colaboración de la División Investigaciones de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, recuperó 135 cabezas de ganado vacuno que habían sido adquiridas mediante cheques sin fondo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó en las últimas horas luego de un allanamiento en una zona rural de la localidad de Sinsacate, en el departamento cordobés de Totoral, en el marco de una investigación por una presunta estafa, que incluía el presunto pago de los animales con los cheques fraudulentos.

Una vez en el lugar, el personal policial procedió al secuestro de la totalidad de los animales, valuados en aproximadamente 165 millones de pesos.

Por el momento, no se informó acerca de ningún detenido, aunque aclararon que las tareas investigativas continúan para individualizar a los responsables de la maniobra, de acuerdo con lo informado por las fuentes.

Empresario agropecuario detenido en Santa Fe

En septiembre, un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral.

Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la prueba reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.

Las autoridades colombianas activaron el procedimiento tras confirmar que el hombre tenía una notificación roja de Interpol. El ciudadano es conocido también bajo el alias de “El Banquero” o “The Banker”.

De acuerdo con la información oficial de Migración Colombia, la detención de Mezrahi se produjo durante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, con apoyo de la autoridad migratorias.

El caso está vinculado a una investigación de las autoridades de Dubái por un presunto fraude contra el Bank of Khartoum. Según la información oficial, la maniobra habría causado un perjuicio de 61.440.000 dírhams emiratíes, una suma equivalente a cerca de USD 16,7 millones.

Según Migración Colombia, ese país lo requiere para que cumpla una condena penal relacionada con delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

La investigación apunta a una red que simulaba negocios legítimos

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos sostienen que Mezrahi habría participado en una red internacional que se presentaba como un grupo de inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, confirmó la entidad migratoria nacional.

La organización habría usado un “sofisticado esquema de engaño”, de acuerdo con Migración Colombia, a través de una robusta documentación con avales bancarios, contratos y documentos financieros falsos para dar respaldo aparente a sus operaciones.

Conforme a la información remitida por Interpol, Mezrahi y otras personas, incluso, organizaron encuentros y simulaciones para reforzar la apariencia de legalidad de los negocios que ofrecían.

El expediente también indica que parte de los fondos obtenidos en forma fraudulenta habría llegado a cuentas de sociedades relacionadas con el acusado. Entre ellas figura WYB AG General Trading, una empresa que, según las autoridades, pertenece a Mezrahi.

La investigación de Dubái, conocida por las autoridades colombianas, señaló que los implicados habrían utilizado órdenes de transferencia falsas para aplazar las exigencias de pago y ganar tiempo. Esa maniobra habría facilitado el traslado de recursos hacia el exterior.

Las autoridades emiratíes consideran de manera preliminar que el ciudadano mexicano-israelí es un objetivo de alto impacto, debido a los antecedentes incluidos en el proceso penal que motivó la alerta internacional.

La notificación roja de Interpol permitió que las autoridades colombianas identificaran a Mezrahi durante su paso por el aeropuerto de Bogotá.

La Fiscalía asumió el trámite mientras se define la extradición

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, señaló que el procedimiento responde a los mecanismos de cooperación policial internacional que coordina la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.

La intervención reunió a la Dijín y a Migración Colombia para ejecutar la retención requerida por las autoridades extranjeras.

El ciudadano quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales. A partir de ahora, las autoridades deberán adelantar el proceso correspondiente para definir su entrega a Emiratos Árabes Unidos.

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, señalado cabecilla del Tren del Llano, hacia Venezuela

Un día antes de la captura del israelí-mexicano, Migración Colombia confirmó la expulsión hacia Venezuela a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal venezolana Tren del Llano y requerido por una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El procedimiento se realizó el jueves 15 de octubre en Norte de Santander, con participación de funcionarios de Migración Colombia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

Rodríguez Torrealba fue trasladado hasta la zona fronteriza y quedó bajo custodia de las autoridades venezolanas, luego de que se completaran los trámites administrativos correspondientes.

Uno de cada ocho trabajadores peruanos haría clic o consideraría hacerlo en un enlace sospechoso desde el equipo de su empresa si recibiera una recompensa de 30.000 dólares. Así lo revela un estudio de Kaspersky, que advierte sobre los riesgos que pueden surgir cuando un incentivo económico lleva a los empleados a ignorar las medidas de seguridad informática.

Según los resultados, el 11% de los trabajadores en Perú dudaría antes de aceptar la propuesta, pero finalmente haría clic, mientras que el 1% lo haría de inmediato. Aunque la mayoría asegura que rechazaría el incentivo, las cifras muestran que una parte de los colaboradores podría exponerse deliberadamente a una amenaza capaz de comprometer información y sistemas corporativos.

El estudio también encontró que el 26% de los encuestados consultaría primero con el gerente de Tecnología de la Información (TI) antes de interactuar con el enlace. Este comportamiento destaca la importancia de establecer protocolos claros para reportar situaciones sospechosas y evitar que una decisión individual termine afectando a toda una organización.

El riesgo de un clic para la seguridad de las empresas

Los enlaces sospechosos pueden conducir a páginas diseñadas para robar contraseñas, recopilar información confidencial o instalar programas maliciosos en los dispositivos. En un entorno corporativo, las consecuencias pueden extenderse más allá del equipo de un trabajador, especialmente si este tiene acceso a archivos internos, cuentas empresariales o sistemas de la organización.

Los ataques de phishing, por ejemplo, utilizan mensajes y páginas que aparentan ser legítimos para engañar a las personas y conseguir que entreguen sus credenciales. Si los delincuentes obtienen acceso a una cuenta corporativa, podrían intentar desplazarse hacia otros sistemas o utilizar la información sustraída para realizar nuevos ataques.

Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, señala que las empresas deben evaluar si sus colaboradores saben cómo actuar ante situaciones de riesgo.

“No basta con esperar que una persona reconozca un enlace sospechoso, especialmente cuando existen incentivos que pueden llevarla a tomar una mala decisión”, afirma el especialista. Por ello, recomienda combinar capacitación, protocolos de reporte y herramientas de seguridad capaces de bloquear contenidos maliciosos antes de que un clic provoque un incidente.

Cómo pueden prevenir las empresas los ataques informáticos

Entre las medidas recomendadas por Kaspersky figura la capacitación continua de los empleados. Los entrenamientos sobre phishing e ingeniería social permiten reconocer mensajes fraudulentos, identificar señales de alerta y aprender cómo informar sobre posibles amenazas. La compañía cuenta con una plataforma de formación en seguridad para organizaciones.

Otra recomendación es establecer canales claros para reportar enlaces, archivos o mensajes sospechosos. Los trabajadores deben conocer a quién acudir y cómo comunicar una alerta, sin temor a represalias por informar de una posible equivocación.

Las empresas también pueden limitar los permisos de cada usuario a las funciones que necesita para realizar su trabajo. Esta práctica, conocida como principio de mínimo privilegio, ayuda a reducir el alcance de un incidente si una cuenta o un dispositivo resulta comprometido.

A estas medidas se suman las simulaciones de phishing, que permiten evaluar cómo reaccionan los equipos ante amenazas ficticias e identificar qué aspectos requieren más capacitación.

La tecnología también cumple un papel preventivo

La formación de los trabajadores debe complementarse con soluciones de seguridad informática que detecten y bloqueen amenazas. Estas herramientas pueden ayudar a identificar comportamientos sospechosos, investigar posibles ataques y responder antes de que el problema se extienda a otros sistemas.

El estudio pone el foco en un desafío para las empresas: la seguridad informática no depende únicamente de instalar programas de protección. También requiere que los trabajadores sepan cómo actuar cuando reciben una comunicación sospechosa y que tengan procedimientos claros para verificarla.

Ante una oferta inesperada o un enlace dudoso, la recomendación es detenerse, no hacer clic y consultar con el área responsable de seguridad o TI. En una organización, una decisión individual puede tener consecuencias que van mucho más allá de un solo dispositivo.

La aprehensión de cinco personas vinculadas presuntamente con el robo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero y la captura de otros seis sospechosos por delitos que incluyen estafa y hurto de vehículos evidencian las distintas modalidades de engaño investigadas en Panamá.

La primera intervención, denominada operación Chat Scam, se desarrolló en Chiriquí y Panamá Oeste, donde las autoridades capturaron a cuatro personas en la primera provincia y una en la segunda. Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó cinco teléfonos celulares relacionados con las investigaciones.

Según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, los sospechosos se apoderaban indebidamente de cuentas de WhatsApp y suplantaban la identidad de sus titulares para solicitar dinero a sus contactos, mediante transferencias bancarias dirigidas a terceras personas.

En otra intervención, denominada operación Arado, la Fiscalía Regional de Chiriquí y la Policía Nacional aprehendieron a seis personas presuntamente relacionadas con investigaciones por estafa, hurto de vehículos y lesiones personales. Las diligencias se realizaron en los distritos de Bugaba y David.

Durante los allanamientos también fueron decomisados equipos tecnológicos y aproximadamente 3.000 cajas de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas. Las investigaciones corresponden a causas iniciadas entre 2021 y 2026, relacionadas con delitos contra el patrimonio económico y la integridad personal.

Estos procedimientos se conocen en un contexto de aumento de las denuncias por estafas y otros fraudes en Panamá. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público registró 5.089 noticias criminales, frente a las 4.515 contabilizadas durante el mismo período de 2025, un incremento del 13%.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la estafa común concentra 4.680 registros, equivalentes a casi el 92% del total. Esta modalidad pasó de 4.310 casos en 2025 a 4.680 en 2026, mientras que las investigaciones por estafa agravada disminuyeron de 125 a 110.

Uno de los cambios más significativos corresponde a la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de 63 noticias criminales durante los primeros nueve meses de 2025 a 270 en igual período de 2026. Esto representa un crecimiento del 329%, según el informe estadístico.

La distribución geográfica muestra que la provincia de Panamá concentra 2.921 registros, seguida de Panamá Oeste, con 708, y Chiriquí, con 441. También figuran San Miguelito, con 268, y Colón, con 184. Estas cifras corresponden a denuncias registradas, no necesariamente a delitos comprobados.

En la comparación interanual, Panamá Oeste registró un incremento del 28%, al pasar de 552 a 708 noticias criminales. Los Santos aumentó un 34%, de 79 a 106, mientras que la provincia de Panamá experimentó un crecimiento del 15%, con 387 registros adicionales.

El Código Penal panameño distingue entre la estafa y las conductas fraudulentas cometidas mediante sistemas informáticos. La primera implica obtener un beneficio económico mediante engaño, mientras que el fraude informático puede involucrar la alteración de programas, bases de datos o redes para conseguir un provecho ilícito.

Las sanciones también presentan diferencias. Tras la reforma introducida mediante la Ley 524 de mayo de 2026, el artículo 220 establece penas de tres a seis años de prisión por estafa, con aumentos de hasta un tercio cuando concurren determinadas circunstancias, como el uso de medios informáticos o la suplantación de identidad.

Para la estafa agravada, el artículo 221 contempla penas de siete a doce años de prisión, mientras que la manipulación de sistemas informáticos, regulada en el artículo 226, establece condenas de cuatro a seis años, que pueden llegar hasta ocho años bajo determinadas circunstancias.

Las cifras del Ministerio Público reflejan un promedio de aproximadamente 19 hechos criminales diarios durante los primeros nueve meses de 2026.

A través de un video, Fematt relató que el engaño ocurrió mientras mantenía una conversación en tiempo real con su amigo mediante la aplicación de mensajería. La solicitud de dinero le pareció creíble porque provenía de una persona de su confianza y coincidía con una reunión que ambos tenían planeada en un café.

La influencer reconoció que, pese a considerarse una persona precavida ante posibles fraudes, no identificó las señales de alerta a tiempo y terminó por realizar el depósito.

¿Cómo estafaron a Marcella Fematt por WhatsApp?

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió mientras conversaba con su amigo por WhatsApp, pues ambos habían acordado encontrarse en un café para tomar algo.

En medio de la plática, recibió un mensaje en el que le pedían ayuda económica mediante una transferencia bancaria. La persona que escribía le explicó que necesitaba dinero de manera urgente y que se lo devolvería después.

Aunque la petición le pareció inusual, Fematt decidió verificar que realmente se tratara de su amigo. Para ello, realizó una llamada telefónica y él contestó.

Durante la conversación, el hombre le confirmó que ya se encontraba en el café Electric, el lugar donde habían quedado de verse. Como la información coincidía con los mensajes que intercambiaban, la creadora de contenido consideró que no había motivos para desconfiar.

Después de colgar, transfirió 6 mil 400 pesos a la cuenta bancaria que le proporcionaron.

Sin embargo, la situación cambió inmediatamente después de que envió el comprobante de pago.

En lugar de recibir un agradecimiento, le solicitaron otros 13 mil pesos. Fue entonces cuando sospechó que algo no estaba bien y comprendió que alguien más podría estar utilizando la cuenta de su amigo.

Descubre el fraude al encontrarse con su amigo

Fematt explicó que acudió al café donde había quedado de reunirse con su conocido y le preguntó directamente por la transferencia que acababa de realizar.

El hombre se mostró sorprendido, pues desconocía por completo la solicitud de dinero y no sabía que alguien estaba escribiendo a sus contactos en su nombre.

Ambos descubrieron que la cuenta de WhatsApp había sido comprometida y que otras personas también recibían mensajes en los que les pedían depósitos bancarios.

La creadora de contenido señaló que varios contactos de su amigo comenzaron a alertarlo sobre la situación. Incluso su novio le informó que también había recibido una solicitud de dinero desde ese mismo número.

Ante las advertencias, Fematt le explicó que no debía realizar ninguna transferencia, ya que su amigo había sido víctima de un hackeo.

Según su relato, los responsables habrían revisado las conversaciones previas de la cuenta para imitar la manera de comunicarse del propietario y adaptar las solicitudes a la relación que mantenía con cada contacto.

Esta estrategia hizo que el engaño resultara más convincente, pues los mensajes parecían formar parte de conversaciones habituales y no de un intento de fraude.

Marcella Fematt presenta un reporte ante el banco

Tras darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, Fematt informó que presentó el reporte correspondiente ante su institución bancaria y obtuvo un número de folio para dar seguimiento al caso.

No obstante, manifestó su preocupación por la posibilidad de recuperar el dinero, pues considera que las opciones para las personas afectadas pueden ser limitadas una vez que autorizan una transferencia.

La influencer también rechazó las críticas que pudieran minimizar la cantidad que perdió, al señalar que los 6 mil 400 pesos representan una suma importante para ella.

Explicó que trabaja como emprendedora y que no cuenta con un salario fijo que le permita reponer de inmediato el dinero.

Por esa razón, afirmó que la pérdida representa no solamente una afectación económica, sino también el esfuerzo y el tiempo que invirtió para obtener esos recursos.

Aunque inicialmente no tenía previsto compartir su experiencia, decidió hacerla pública para advertir a otras personas sobre este tipo de engaños.

¿Cómo evitar estafas por WhatsApp?

El caso expuesto por Marcella Fematt evidencia que las estafas digitales pueden aprovechar la confianza entre familiares, amigos y conocidos, incluso cuando la víctima intenta comprobar la identidad de quien solicita dinero.

Para reducir el riesgo de caer en un fraude de este tipo, se recomienda:

• Verificar las solicitudes de dinero por otro medio: realizar una llamada convencional puede ayudar, pero conviene confirmar la petición mediante un canal independiente y no limitarse a comprobar que alguien contesta.
• Hacer preguntas que permitan confirmar la situación: contactar directamente a la persona y corroborar los detalles de la supuesta emergencia antes de transferir.
• No actuar bajo presión: desconfiar de solicitudes urgentes que exigen depósitos inmediatos o prometen devolver el dinero poco después.
• Confirmar los datos bancarios: revisar cuidadosamente el nombre del beneficiario y la cuenta antes de autorizar cualquier operación.
• Avisar a los contactos si una cuenta fue comprometida: quien detecte un acceso no autorizado debe alertar a sus conocidos por otros medios y seguir los procedimientos oficiales de recuperación de la cuenta.

En caso de realizar una transferencia fraudulenta, es importante contactar de inmediato al banco para reportar la operación, conservar los comprobantes y mensajes relacionados con el engaño, y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Un trabajador rural, de 48 años, oriundo de Buenos Aires y residente en Metán, provincia de Salta, denunció que le sustrajeron $ 10.000.000 de una billetera virtual luego de ingresar a una publicación de redes sociales que se presentaba como una vía para obtener información sobre el cobro digital del peaje. El hecho habría ocurrido este miércoles y quedó asentado en una denuncia.

Según el relato del damnificado, la maniobra comenzó con un anuncio por una plataforma y continuó a través de WhatsApp y una llamada telefónica. Durante la conversación, una persona que se presentó como gestor le indicó que accediera a su cuenta de home banking y siguiera determinados pasos relacionados con transferencias.

En ese momento, también le proporcionó un CBU. La persona que se comunicó con la víctima le habría señalado que, al realizar una transferencia, el dinero quedaría depositado en una cuenta determinada. Más adelante, le compartió un segundo CBU, una situación que despertó la desconfianza del hombre.

Ante la aparición de una nueva cuenta de destino, el denunciante preguntó de manera directa si se estaban realizando extracciones de sus fondos. La respuesta que recibió, siempre según su relato, fue que no se trataba de un retiro de dinero sino de un paso necesario para completar el supuesto trámite.

La víctima advirtió movimientos irregulares cuando terminó la comunicación. Para entonces, afirmó que su cuenta bancaria había quedado sin saldo y que desde su billetera virtual se había retirado el dinero. Tras detectar la situación, resolvió bloquear sus cuentas.

Tras finalizar la comunicación, la víctima afirmó que verificó su billetera virtual y detectó la sustracción de $ 10.000.000. También constató que su cuenta bancaria no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, trabajador indicó además que, antes de atender esa comunicación, ya había recibido intentos de contacto desde otra línea con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este tipo de situaciones, Mariano Brandanini, vocero de la concesionaria Autovía del Noa (AUNOA), recomendó realizar cualquier gestión vinculada con el sistema mediante el sitio oficil.

La indicación busca evitar que los usuarios ingresen a anuncios, perfiles o enlaces de redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse. En particular, cualquier pedido de ingreso al home banking, de transferencia a un CBU informado durante una llamada o de entrega de datos de seguridad debe ser considerado una señal de alerta.

A medidados de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”.

Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) busca a la prófuga Mary Carole McDonnell, de 75 años de edad, por su presunta responsabilidad en un esquema masivo de fraude bancario y robo de identidad agravado en los condados de Los Ángeles y Orange, California. La exdirectora ejecutiva de la empresa Bellum Entertainment LLC fue sumada a la nómina de “Estafadores más buscados” del FBI tras engañar a diversas instituciones financieras por una cifra cercana a los USD 30 millones entre julio de 2017 y mayo de 2018.

Ante la gravedad de los hechos, el organismo federal instauró una recompensa de hasta USD 150.000 para quien facilite su localización y condena. La lista de “Estafadores más buscados”, creada en junio de 2026 e independiente de los “Diez fugitivos más buscados”, busca impulsar la colaboración ciudadana para localizar prófugos por fraude. Desde su lanzamiento, el FBI capturó a seis integrantes.

La acusada construyó su imperio de mentiras sobre una falsa identidad aristocrática, al asegurar que era heredera de la célebre familia de aviación McDonnell Aircraft. Bajo este pretexto, afirmó falsamente que poseía un fideicomiso secreto con más de USD 80 millones.

El 12 de diciembre de 2018, la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California, emitió una orden de arresto federal en su contra. Desde aquel momento, evadió la acción de la justicia y los informes del FBI ubican su refugio actual en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La estafa al Banc of California y el modus operandi de Mary Carole McDonnell

El núcleo central de las maniobras delictivas de McDonnell tuvo como víctima principal al Banc of California. La mujer usó la mentira de su supuesta fortuna familiar para solicitar créditos, fondos y activos a los cuales sabía que no tenía derecho alguno. A través de este engaño premeditado, sustrajo de forma ilícita una cifra estimada en USD 14.7 millones de la entidad. A la fecha, la acusada jamás restituyó ese capital.

El afán delictivo afectó a otras entidades del sistema bancario regional. Investigaciones paralelas revelaron que aplicó la misma estrategia con diversos prestamistas, a los cuales despojó de otros USD 15 millones adicionales. En total, las pérdidas acumuladas por sus acciones delictivas rozan los USD 30 millones.

De productora de series sobre crímenes a prófuga de la justicia

Uno de los matices más llamativos del caso radica en el perfil profesional de McDonnell. Antes de su fuga, fungió como la máxima ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una compañía de producción y distribución de televisión con sede en Burbank que producía programas de crimen real.

La firma quebró y cerró en 2017 debido a graves problemas financieros. Investigaciones periodísticas de CBS Los Angeles revelaron que empleados de la firma denunciaron el impago de sus salarios por parte de la empresaria.

Perfil físico, alias y su presunto escondite en Dubái

La acusada nació el 28 de diciembre de 1951 en Misuri y recurre a múltiples identidades falsas para pasar desapercibida. Entre sus alias figuran Mary Carole Carroll, Mary Carol McDonnell, Mary Carroll McDonnell, Mary C. Carroll y Mary Carroll McDonald. La ficha técnica del FBI la describe con cabello rubio, ojos azules, una estatura de 5 pies y 7 pulgadas (1.70 metros) y un peso de 145 libras (66 kilos). Muestra una cicatriz distintiva en la rodilla derecha y las autoridades advierten sobre posibles cambios en su aspecto físico.

Aunque conserva vínculos en Montgomery (Alabama) y el sur de California, el FBI confía en que reside en Dubái. Patrick Grandy, director asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, declaró: “McDonnell es buscada por estafar a instituciones financieras por millones y se sabe que falsificó su herencia y antecedentes”.

Y agregó: “Es solo cuestión de tiempo antes de que sea capturada mientras trabajamos con nuestros socios internacionales para localizarla. Se ofrece una generosa recompensa a cambio de información que conduzca a su arresto y condena, y una pista del público podría resolver el caso”.

Canales oficiales del FBI para enviar denuncias confidenciales

Las autoridades mantienen abiertos diversos canales directos para receptar cualquier dato útil sobre el paradero de la acusada.

Las personas con información pueden llamar a la línea gratuita del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Asimismo, el organismo habilitó la plataforma digital oficial tips.fbi.gov para la recepción de pistas de manera segura y confidencial.

Microsoft y la Agencia Nacional de Policía de Japón desarticularon una red de cibercrimen que, desde enero de 2026, facilitó el envío de más de 1.000 millones de mensajes de estafa por correo electrónico y SMS a más de 75.000 organizaciones en más de 150 países, informó la empresa tecnológica.

La operación se apoyó en una orden de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. Con ese respaldo judicial, Microsoft y la organización sin fines de lucro Health-ISAC incautaron y redirigieron los dominios que sostenían la infraestructura criminal.

La compañía ya deshabilitó más de 20.000 cuentas vinculadas a la red y bloqueó más de 100.000 dominios usados para suplantar marcas y cometer fraude. Más de 750 millones de los mensajes maliciosos detectados tenían como blanco a clientes de Microsoft.

Los mensajes replicaban los avisos que millones de personas reciben a diario: una alerta de que un paquete no pudo entregarse, un peaje impago, un problema con la cuenta bancaria o una deuda impositiva pendiente, según describió Microsoft en el comunicado que acompañó el anuncio.

Un mercado clandestino en chino

La investigación arrancó a fines de 2025, cuando la Agencia Nacional de Policía de Japón alertó a Microsoft sobre campañas de mensajes fraudulentos que afectaban a personas y empresas japonesas. Ese dato llevó a los investigadores a un entramado mucho más amplio.

Microsoft identificó un mercado clandestino en idioma chino al que denominó YAM Store, que vendía cuentas robadas o fraudulentas de Microsoft y Google junto con el acceso a servicios de alojamiento. Los compradores podían elegir el tipo de cuenta según su antigüedad o el tipo de organización asociada.

Para confirmar cómo operaba la tienda, los investigadores de Microsoft realizaron compras controladas de cuentas y herramientas, lo que les permitió reconstruir la cadena completa del negocio, desde el robo de las credenciales hasta la reventa a otros delincuentes.

Ese mercado abastecía a otros tres kits de phishing, llamados CoGUI, Haozi e Iron Man, que ofrecían sitios y mensajes listos para usar con apariencia de bancos, organismos de gobierno, empresas de logística y entidades de salud.

Iron Man, el más reciente de los tres, incluye más de 2.300 plantillas que imitan organizaciones de más de 150 países. En conjunto, los tres kits usaron cerca de 17.000 dominios únicos para sus campañas, según un análisis de la empresa de seguridad Proofpoint.

CoGUI fue el kit más usado contra víctimas en Japón y Estados Unidos desde al menos octubre de 2024, con campañas que suplantaron marcas de consumo y financieras como Amazon, Apple y Rakuten. Proofpoint llegó a bloquear más de 100 millones de mensajes mensuales vinculados a ese kit.

El kit empezó a perder terreno frente a Iron Man desde junio de 2026, según el relevamiento de Microsoft. Los operadores cobraban en criptomonedas, entre ellas USDT y Ethereum, para dificultar el rastreo de sus ganancias.

Los compradores de estas herramientas apuntaron, sobre todo, a organizaciones de los sectores de salud, servicios financieros, distribución mayorista y tecnología, con víctimas concentradas en Japón, Estados Unidos, Australia e India.

Una red con alcance global

La empresa de ciberseguridad Resecurity colaboró en el rastreo técnico de los kits, mientras que Cloudflare, Oracle, Proofpoint y la firma de inteligencia sobre criptoactivos TRM Labs aportaron información para sostener la demanda civil contra los operadores.

El Centro Japonés de Control del Cibercrimen, que agrupa a más de 130 organizaciones miembro, ayudó a confirmar la magnitud del fraude contra empresas y consumidores japoneses. La red generó decenas de millones de dólares para sus operadores, según Microsoft.

TRM Labs, especializada en el seguimiento de movimientos con criptomonedas, contribuyó a ubicar el dinero recaudado por los operadores y a sostener los pedidos judiciales para congelar activos vinculados a la operación, de acuerdo con el detalle que publicó esa firma.

Health-ISAC, la organización que nuclea a hospitales y empresas de salud para compartir información sobre amenazas digitales, se sumó como codemandante en la causa civil después de que varios de sus miembros fueran blanco repetido de los kits de phishing.

“Lo que empezó como actividad de estafa dirigida a personas y organizaciones en Japón llevó a los investigadores a una economía de servicios clandestina que abastecía a criminales en todo el mundo”, escribió Steven Masada, gerente general de la Unidad de Delitos Digitales de Microsoft.

Masada agregó que YAM Store, CoGUI e Iron Man son apenas una parte de una red criminal más grande, aunque su desarticulación complica el acceso de los delincuentes a las cuentas, herramientas e infraestructura que necesitan para operar.

“El mensaje de estafa es a menudo la única parte que ven las víctimas. Los negocios detrás son los que lo hacen posible”, escribió el ejecutivo en el comunicado conjunto de Microsoft y Health-ISAC.

Microsoft aclaró que el ecosistema identificado no se limita al abuso de sus propios servicios y que continúa eliminando infraestructura alojada en su plataforma mientras avanza el bloqueo de nuevos dominios fraudulentos.

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La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir contra Autos Italianos de Colombia, sus antiguos socios y la firma que adquirió sus acciones, tras denuncias de compradores de la lujosa marca Ferrari que pagaron vehículos que permanecen en una zona franca de Panamá y recursos que no les habrían sido restituidos.

Los clientes aseguran haber transferido hasta 2.200 millones de pesos cada uno antes de que la marca italiana cancelara la representación de la concesionaria en Colombia y Panamá, según documentos obtenidos por El Tiempo.

De momento, la investigación está en la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía y alcanza a Autos Italianos de Colombia S.A., a sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco y los mexicanos Sergio de a Vega y Erik Stolberg. También fueron denunciados Alfonso Salume, señalado como nuevo adquirente de la compañía, y Autos de Alta Gama Holdings, que terminó con las acciones de la anterior representante de Ferrari en el país.

La matriz de Ferrari decidió retirar la representación a la concesionaria luego de que esta fuera vendida a terceros sin autorización. La medida suspendió la entrega de varios automóviles que ya habían sido pagados de forma total o parcial por compradores de la vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los responsables del establecimiento, que también ofrecía servicios de mantenimiento y taller, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los recursos recibidos. Además, los empresarios involucrados niegan conductas irregulares.

Vehículos retenidos y recursos para la importación

Uno de los casos incluidos en las denuncias conocidas por El Tiempo se remonta a enero de 2025, cuando un cliente adquirió un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024 por 560.000 dólares, equivalentes entonces a unos 2.271 millones de pesos. De ese monto, 479.000 dólares correspondían al valor neto facturado del automóvil y 80.000 dólares más se destinaron a impuestos de nacionalización y trámites aduaneros.

La concesionaria habría calculado posteriormente los costos reales de importación y determinó un saldo de 72.000 dólares, unos 285 millones de pesos, que debía permanecer bajo custodia para cubrir los tributos necesarios para traer el vehículo a Colombia.

Otro empresario colombiano vinculado al sector de los restaurantes presentó una denuncia con hechos similares. Ambos compradores coinciden en que Autos Italianos de Colombia recomendó trasladar los vehículos a una zona franca panameña para facilitar gestiones comerciales, pero las ventas no se concretaron y los automóviles quedaron en una bodega del istmo.

“A la fecha, están ‘secuestrados’ en zona franca sin ser posible nacionalización en ninguno de los países”, sostiene la acusación conocida por el diario nacional.

Los denunciantes afirman que entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 solicitaron la devolución de los recursos retenidos para encargarse por su cuenta de la nacionalización. Aseguran que no obtuvieron respuesta de los anteriores ni de los nuevos administradores.

Henry Ávila Herrera, exgerente general y representante legal suplente de Autos Italianos de Colombia, habría confirmado que existía una orden aprobada para devolver 72.655 dólares. Sin embargo, la denuncia atribuye a Erik Stolberg, entonces director financiero de la compañía, el bloqueo de la operación.

“Dicha transferencia fue bloqueada de manera arbitraria y unilateral por el señor Erik Stolberg, en su calidad de Director Financiero (CFO) de la compañía, impidiendo el retorno de los recursos a su legítimo dueño”, comentaron los denunciantes.

Los clientes planean presentar declaraciones y pruebas para sostener que Carvajales, De La Vega y Stolberg organizaron la retención del dinero con el fin de presionar una demanda civil contra Ferrari Norteamérica. La acusación plantea que los fondos de los compradores habrían sido utilizados dentro de una disputa comercial corporativa.

El pago por un Ferrari Roma Spider sin entrega

Otra denuncia fue presentada contra Ávila y otros responsables por la compra de un Ferrari Roma Spider F169SP. Autos Italianos de Colombia emitió el 25 de julio de 2025 una cotización por 410.000 dólares, cerca de 1.310 millones de pesos, con IVA incluido.

El comprador afirma que transfirió $484 millones a la empresa, pero no recibió el vehículo. Por ello pidió verificar si el automóvil fue solicitado a fábrica, si obtuvo un número de pedido y si entró en producción.

“También deberá establecerse el destino específico de los recursos entregados por la víctima, mediante trazabilidad bancaria y contable, pues precisamente allí podrá determinarse si fueron efectivamente destinados a la adquisición del vehículo o si fueron desviados a finalidades distintas”, solicitó la denuncia presentada ante la Fiscalía, según reveló El Tiempo.

En mayo de 2026, los antiguos administradores transfirieron el control accionario de Autos Italianos de Colombia a Autos de Alta Gama Holdings. Ferrari Norteamérica canceló después la licencia de importación, lo que congeló la operación de la concesionaria en Colombia.

La nueva administración emitió el 2 de julio un comunicado en el que indicó que no asumiría responsabilidad por los recursos captados antes del 25 de mayo de 2026, mientras Ferrari Norteamérica mantiene congelada la concesión de la marca en el país.

La Justicia de Salta espera el traslado desde Australia de Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado en una causa por presuntas estafas y administración fraudulenta vinculadas con inversiones en bitcoin. El acusado estaba prófugo desde 2022 hasta que, finalmente, fue localizado al otro lado del mundo.

Luego de que fuera detenido en el país oceánico, se confirmó que el acusado será trasladado el próximo jueves 15 de octubre. Está previsto que las autoridades australianas entreguen al detenido a Interpol, para que pueda ser transportado hasta la capital salteña.

Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.

Uno de los damnificados afirmó a El Tribuno que en 2021 el acusado administraba más de USD 170.000 que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas. A raíz de este testimonio, la investigación contempló imputaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos.

En línea con esto, los denunciantes sostuvieron que el acusado permaneció fuera del alcance de la justicia durante varios años gracias a que se habría llevado el dinero producto de las estafas. No obstante, su localización en Australia reactivó el procedimiento para que vuelva a quedar a disposición de los tribunales salteños.

Mientras se llevaba a cabo el trámite de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa había solicitado que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la justicia.

De acuerdo con la información obtenida por Informate Salta, la familia del acusado también había ofrecido un inmueble como caución real. Sin embargo, los damnificados se opusieron a ese pedido y reclamaron que se mantenga el mecanismo dispuesto por la justicia salteña.

Tras exigir que se cumplan las medidas de rigor solicitadas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, los denunciantes reprocharon la actitud de la familia de Mendioroz Juncosa. “Este hombre pertenece a la que se hace llamar ‘gente de bien’ y sus vínculos con el poder de estos círculos no son necesarios enumerarlos”, indicaron.

“Nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron varios de los damnificados. Incluso, plantearon que “seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”.

“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron los damnificados al asegurar que el trabajo de la Interpol les “abrió una ventana de esperanza” para conseguir justicia por las pérdidas denunciadas.

Financiera ilegal en Salta: la condenaron por 48 hechos de estafa y deberá indemnizar a las víctimas con $35 millones

Una mujer fue condenada en Salta a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en 48 hechos de estafa ligados a una financiera ilegal que ofrecía rendimientos semanales de hasta 60%. Además, deberá pagar $35 millones en nueve cuotas como compensación económica.

La condenada es Patricia Jimena Vidaurre, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). El juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

La investigación comenzó en agosto de 2025, luego de que varias personas denunciaran haber entregado dinero a “Inversiones Alyson”, una firma que, según la acusación, operaba sin autorización. La propuesta incluía rendimientos semanales de entre 40% y 60% sobre las sumas aportadas.

Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp. El dinero se recibía en efectivo o a través de transferencias bancarias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Al comienzo, los inversores cobraron los rendimientos prometidos. Esa dinámica habría generado confianza entre los participantes, que incrementaron sus aportes y recomendaron la operatoria a otras personas. Con el tiempo, los pagos se demoraron hasta que se interrumpieron, al igual que la comunicación con quienes reclamaban sus fondos.

La UDEC reunió denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación vinculada con “Préstamos e Inversiones Alyson”. Por este motivo, también requirió información a bancos y entidades financieras sobre las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las víctimas.

Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto con su pareja y el hijo de este. No obstante, los otros dos implicados todavía no fueron juzgados y su situación procesal continúa en trámite.

Los allanamientos se realizaron en Salta capital y Rosario de Lerma. En esos procedimientos se secuestró documentación y se dispuso la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

Como parte del acuerdo, Vidaurre deberá abonar $35 millones en nueve cuotas. Uno de sus inmuebles seguirá embargado hasta que se cancele la totalidad de la suma comprometida.

También deberá cumplir reglas de conducta durante tres años para mantener la libertad, entre ellas, fijar y mantener actualizado un domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en una dependencia policial cercana a su domicilio.

El exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, habría recibido $50 mil de un intermediario por facilitar pagos relacionados con la compra de créditos fiscales, según los testimonios presentados por el Ministerio Público durante una audiencia judicial. El exdirectivo permanecerá detenido provisionalmente, mientras avanza la investigación de la operación Pandora.

La jueza de garantías Sandra Castillo legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta corrupción privada y delincuencia organizada durante la audiencia del 6 de octubre. La decisión consideró la gravedad de los hechos, los riesgos de fuga y la posible afectación de pruebas, dentro de un expediente que investiga una lesión patrimonial superior a $40 millones.

Uno de los principales señalamientos provino de Carlos Ferguson, identificado como intermediario en las operaciones investigadas, quien declaró que entregó al exejecutivo $50 mil en dos pagos realizados en estacionamientos de la iglesia El Santuario y de un edificio residencial de El Dorado. El dinero habría sido un agradecimiento por agilizar transacciones relacionadas con créditos fiscales.

La Fiscalía también presentó información de una investigación interna bancaria que permitió detectar la eliminación de 36 correos electrónicos relacionados con las operaciones cuestionadas. Entre las comunicaciones figuraban intercambios con Ferguson y sociedades que vendieron créditos al banco. La destrucción de evidencia fue considerada por la jueza al evaluar los riesgos procesales.

La defensa sostuvo que Salgado no tenía responsabilidad exclusiva sobre la adquisición de esos instrumentos, debido a que las operaciones pasaban por las áreas Legal, Cumplimiento y la Gerencia General. Sus abogados argumentaron que los contratos eran firmados por el gerente general y que las verificaciones se realizaron utilizando información disponible en los registros oficiales de la DGI.

Salgado, quien percibía un salario mensual de $11 mil, ocupó su posición hasta septiembre de 2026. Durante la audiencia también se mencionaron transferencias de dinero desde sus cuentas hacia las de su madre, movimientos que la Fiscalía consideró relevantes para evaluar un eventual riesgo de evasión del proceso.

La operación Pandora investiga una presunta red integrada por funcionarios de la DGI, particulares e intermediarios, que habría manipulado la plataforma e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales. Las investigaciones se remontan a hechos detectados desde 2024, mientras las diligencias del Ministerio Público comenzaron en 2025.

Los créditos fiscales son saldos reconocidos a favor de un contribuyente frente a la administración tributaria, que pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales cuando la normativa lo permite.

En este caso, la presunta organización alteraba registros tributarios para generar o apropiarse de saldos, posteriormente comercializados mediante sociedades intermediarias.

El 8 de julio de 2026, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron más de 25 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Las primeras actuaciones permitieron aprehender a funcionarios y particulares. Para septiembre, el expediente acumulaba 22 personas imputadas, antes de la incorporación del exdirectivo bancario.

En agosto, BAC Panamá decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal, con el propósito de aportar documentos y facilitar la trazabilidad de las operaciones investigadas.

La entidad sostuvo entonces que no había sido acusada penalmente y que su participación buscaba esclarecer las irregularidades detectadas en las certificaciones tributarias.

Tras la captura de Salgado, BAC reiteró que adquirió los créditos fiscales de manera lícita, basándose en certificaciones y validaciones oficiales de la DGI. También aseguró que la investigación no afecta los depósitos, la liquidez ni la solvencia de la institución, y que sus operaciones continúan desarrollándose normalmente.

La defensa del exejecutivo apeló la detención provisional, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará la medida el próximo 27 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa examinando la participación de funcionarios, intermediarios y sociedades en una investigación que busca determinar las responsabilidades por el presunto perjuicio millonario al Estado panameño.

Una sentencia de 367 años de cárcel fue impuesta a Jonathan Stiven Reyes Rivera, alias street, dentro de un proceso contra personas vinculadas a la clica Normandie Locos Salvatruchos que operaba en San Miguel. La Fiscalía General de la República informó que la condena incluyó homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

El proceso abarcó hechos registrados entre 2014 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, Sesori, El Tránsito y San Miguel. El expediente incluyó homicidios agravados, privaciones de libertad, extorsiones agravadas y otros delitos atribuidos a la estructura investigada.

Entre los casos mencionados por la Fiscalía está el asesinato de una mujer, quien murió tras recibir disparos el 16 de agosto de 2017 en la colonia Belén, de la ciudad de San Miguel.

Óscar David López Ramos, alias gallina ciega, recibió una condena de 224 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Por su parte, Wilian Miguel García Caballero, alias crup, fue sentenciado a 108 años de cárcel.

La misma resolución incluyó una pena de 189 años de prisión para Vladimir Bernabé Pineda Díaz, alias incompleto. La Fiscalía indicó que García Caballero y Pineda Díaz fueron condenados por agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad con agravación especial.

Además, otras 16 personas recibieron penas de entre cuatro y 67 años de cárcel. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado J2 de San Miguel dictó las condenas en rebeldía para todos los implicados.

José Nicolás Valladares Pérez recibió 45 años de prisión por homicidio agravado

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 45 años de prisión a José Nicolás Valladares Pérez por el homicidio agravado de un hombre de avanzada edad en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.

Según el fiscal del caso, el crimen ocurrió el 24 de junio de 2025, entre las 09:30 am y las 10:00 am, en unas canchas ubicadas en ese distrito. La acusación sostuvo que Valladares Pérez citó a la víctima con engaños y la mató en ese lugar.

La investigación señaló que, ese mismo día, el condenado envió mensajes de texto a familiares de la víctima. De acuerdo con el reporte, en esas comunicaciones fingió un secuestro y exigió USD 25,000 en concepto de rescate.

Los familiares interpusieron una denuncia y se implementó un dispositivo de búsqueda. El 1 de julio de 2025, las autoridades localizaron el cuerpo del adulto mayor enterrado en una fosa clandestina dentro de un complejo recreativo.

Según la información fiscal, la fosa había sido cavada por el imputado. Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, científicas y testimoniales.

Seis testigos declararon sobre la desaparición de la víctima y el hallazgo del cuerpo. La Fiscalía también reprodujo videos del recorrido realizado por el hombre el día de los hechos y grabaciones del interior de las canchas.

De acuerdo con la acusación, las imágenes mostraron el momento en que la víctima se reunió con Valladares Pérez y cuando este la condujo hacia el lugar donde posteriormente fue hallada muerta. La ubicación de ambos también fue respaldada con la activación de antenas telefónicas de los celulares que portaban.

Una transferencia de USD 350,000 derivó en condenas por estafa agravada

Julio Isaac Gómez Carrillo fue condenado a ocho años de prisión y Jacqueline Lissett Muñoz recibió una pena de cinco años por estafa agravada, según informó la Fiscalía General de la República. El fallo también ordenó que ambos paguen un total de USD 350,000 en concepto de responsabilidad civil.

El caso se originó en enero de 2023, cuando Muñoz ofreció un negocio de inversión a la apoderada de una sociedad. Según la investigación, la propuesta contemplaba un retorno de entre 3% y 6%, y Gómez Carrillo fue presentado como un socio estratégico de origen canadiense y experto en finanzas.

En los días posteriores, los imputados entregaron documentos con los que aparentaban credibilidad sobre el negocio. La Fiscalía indicó que esos papeles mostraban empresas supuestamente sólidas, a cargo del socio estratégico y respaldadas por bancos estadounidenses.

En julio de 2023, la apoderada de la sociedad transfirió USD 350,000. De acuerdo con el reporte, Gómez Carrillo le aseguró que la inversión tendría una alta rentabilidad en un plazo de tres meses.

La víctima descubrió después que la información ofrecida era falsa y no recuperó el dinero transferido ni las ganancias acordadas. Tras la prueba presentada por la Fiscalía, Gómez Carrillo fue sentenciado a ocho años de cárcel y al pago de USD 250,000 por responsabilidad civil.

Muñoz fue condenada a cinco años de prisión como cómplice necesaria. La sentencia también ordenó que restituya USD 100,000.

Las estafas telefónicas se multiplican y no siempre requieren herramientas tecnológicas para identificarse. La Policía Nacional de España difundió un truco sencillo que permite reconocer, en el transcurso de la propia conversación, si quien llama busca engañar.

El esquema se conoce como método LAP y se basa en tres preguntas que cualquier usuario puede formular antes de entregar información sensible.

El mecanismo no exige instalar ningún programa ni aplicación en el teléfono. Consiste en observar el origen de la llamada, identificar a quien habla del otro lado y determinar el motivo del contacto.

Qué significa el método LAP y cómo evita ser víctima de estafas

Las siglas LAP corresponden a Localizar, Autor y Para qué, los tres pasos que propone la policía española para desenmascarar una llamada sospechosa.

El primero consiste en revisar el prefijo del número de teléfono entrante: si no corresponde al indicativo del país, hay que desconfiar. En algunos modelos iPhone y Android, el propio sistema muestra de forma automática el país de origen de la llamada entrante.

Esta primera verificación no implica que toda llamada internacional sea fraudulenta, porque el usuario puede estar a la espera de un contacto legítimo desde el exterior. La pauta, en caso de no reconocer el motivo de una llamada con prefijo extranjero, es directamente no atenderla.

Por qué se debe verificar la identidad de quien llama

Si la llamada se responde, el segundo paso del método consiste en confirmar quién está al otro lado. Cuando la persona afirma ser un conocido o familiar, se debe formular una pregunta de seguridad, es decir, un dato que solo ambas partes puedan conocer. Una respuesta errónea o evasiva funciona como señal de alerta inmediata.

Sin embargo, la experiencia indica que la mayoría de los intentos de fraude no suplantan a una persona concreta, sino a una empresa: un banco, una compañía telefónica o una aseguradora.

Los estafadores suelen obtener nombre, apellidos e incluso número de documento a partir de filtraciones de bases de datos de clientes, así que contar con esos datos no garantiza que la llamada sea legítima.

Cuáles preguntas hacer durante la llamada

El tercer y último paso del método LAP consiste en indagar el motivo exacto de la llamada. Si se solicita algún dato bancario, personal o cualquier información que comprometa la privacidad del usuario, corresponde desconfiar de inmediato.

Este patrón se repite en llamadas que suplantan a compañías de las que la víctima es cliente real, bajo la excusa de completar un dato faltante o de ofrecer una promoción que exige un pago previo.

Ante cualquiera de estos pedidos, la medida es colgar y comunicarse directamente con la empresa mencionada, no al número desde el que llamaron, sino a uno de contacto oficial disponible en su sitio web, para confirmar si la gestión fue real.

Qué pasa si ya se entregó información personal durante una llamada peligrosa

Si el usuario no compartió ningún dato durante la llamada, solo hay que bloquear el número. La situación cambia si se entregó información sensible, como un número de tarjeta de crédito o datos de cuenta bancaria.

En ese caso, la pauta es contactar de inmediato a la entidad financiera y presentar una denuncia, en especial si ya se registró algún cargo no autorizado.

Cuando el usuario logra comunicarse con atención al cliente y expone lo ocurrido, la respuesta suele confirmar que se trató de un intento de fraude, porque la compañía legítima no reconoce haber realizado ese contacto ni haber solicitado esos datos.

Cuáles son los fraudes más comunes a través de mensajes de texto

Más allá de las llamadas, los mensajes de texto concentran otro conjunto de técnicas fraudulentas. Janeth Rodríguez, VP de Revenue para Infobip Latam, identifica el smishing como la modalidad más conocida: el delincuente suplanta a un banco o comercio mediante enlaces maliciosos para capturar claves.

A esto se suma el SMS spoofing, que altera el remitente del mensaje para que la estafa aparezca dentro del mismo hilo de conversación de una marca reconocida, y el SIM swapping, mediante el cual el atacante roba la línea telefónica de la víctima.

“La regla de oro para los usuarios de a pie es desconfiar de mensajes con enlaces acortados o urgencias financieras repentinas”, advierte Rodríguez.

María Margarita Giraldo, la actriz colombiana que dio vida a doña Ruca en Vecinos, reveló en el programa La red que un exnovio de nacionalidad brasileña la despojó de todos sus ahorros en dólares tras convencerla de entregarle el dinero con el pretexto de una inversión.

Según su relato, la situación ocurrió durante un período de cambios en su vida, cuando el hombre aprovechó la cercanía sentimental para construir una historia de negocios.

La actriz fue enfática en señalar que la relación se sostuvo sobre mentiras sistemáticas: “El hombre era un mitómano impresionante y, como buen mitómano, sabía decir las mentiras. Entonces yo le creí mucho y creí en él”, declaró ante las cámaras del programa.

Giraldo, hermana del actor Miguel Varoni, precisó que la solicitud de dinero llegó con una promesa concreta. “Me pidió una plata para invertir en un negocio y me dejó sin cinco... Eran mis dólares que tenía ahorrados”, recordó, y señaló que muchas mujeres pueden verse reflejadas en una experiencia de este tipo.

La traición vino de alguien que presentó como pareja sentimental

La actriz fue clara en aclarar que el engaño no vino de un amigo, sino de quien fue su pareja en ese momento. Al recordar la situación, recurrió a la expresión “amigo, el ratón del queso” para describir la traición de quien había sido su compañero sentimental.

El golpe fue simultáneamente económico y emocional, aunque Giraldo contó que no enfrentó la situación sola.

Su madre la reprendió, pero también le tendió la mano

La familia de la actriz fue determinante para superar la crisis. Su madre, en particular, combinó el reproche con el apoyo: “Mi mamá me dio la mano, me regañó, claro, pero me dio la mano”, recordó Giraldo entre risas durante la entrevista en el programa de variedades de Caracol Televisión.

Con el tiempo, la actriz logró dejar atrás ese capítulo. Al referirse a su expareja, señaló: “Por supuesto, Dios me ha multiplicado enormemente y seguro él no, porque a una persona que tiene que robar, engañar, no le puede ir bien”.

Esto dijo sobre su adicción a las drogas

Según contó en una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, la situación comenzó en una época de inestabilidad para la industria televisiva colombiana. El racionamiento energético de 1992 y la llamada Hora Gaviria provocaron la paralización de numerosas producciones, lo que afectó el trabajo de muchos intérpretes.

Giraldo explicó que esa crisis la encontró sin el respaldo económico necesario para afrontar la falta de oportunidades laborales. La incertidumbre profesional se sumó a un problema de salud que le detectaron entonces y que agravó su situación personal.

En ese contexto, la actriz reconoció que cayó en el consumo de drogas. El artículo no precisa qué sustancias utilizaba ni durante cuánto tiempo mantuvo la adicción, por lo que no es posible ampliar esos aspectos sin añadir información que no figura en la publicación.

La intérprete relató que inició un proceso de acercamiento a la religión y a Dios para dejar atrás sus hábitos. Dijo que comenzó a confiar en los milagros e hizo una promesa con el objetivo de superar esa etapa, aunque el cambio no fue inmediato y requirió tiempo.

La recuperación estuvo acompañada por momentos de duda, pero Giraldo aseguró que se mantuvo firme en sus convicciones. Más adelante, se sometió a una operación relacionada con el problema médico que había complicado su vida en aquellos años.

El procedimiento fue exitoso y la actriz describió esa experiencia como “el primer milagro de muchos” que, según afirmó, ha presenciado. Su confesión expuso cómo la combinación de problemas económicos, la falta de trabajo y una enfermedad incidió en uno de los períodos más difíciles de su vida.

El colombiano Luis Pino-Copete, de 42 años y residente en Bogotá, fue declarado culpable en Estados Unidos, junto con su esposa, Jael Watts, por su participación en un esquema que presentó solicitudes falsas por más de USD 13.000.000 de fondos federales destinados a personas mayores, con discapacidad y sin hogar.

La sentencia de ambos quedó fijada para el 21 de enero de 2027. El veredicto fue emitido por un jurado federal en Utica, estado de Nueva York, tras un juicio de varias semanas.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 2 de octubre de 2026 que la pareja utilizó identidades robadas, documentos apócrifos y registros ficticios para respaldar las operaciones de Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que, según las pruebas, no prestaba los servicios de transporte por los que pidió reembolsos.

El jurado concluyó que Pearl Transit no realizó los servicios facturados

La acusación sostuvo que Pearl Transit decía contar con conductores en distintos puntos de Estados Unidos para transportar a adultos mayores y personas con discapacidad, además de asistir a personas sin hogar. Sin embargo, durante el proceso se estableció que la compañía no tenía a esos trabajadores ni ejecutó los trayectos y atenciones incluidos en sus solicitudes.

Las maniobras se extendieron entre julio de 2019 y octubre de 2025. Los reclamos involucraron recursos de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Subvención para Soluciones de Emergencia, administradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Parte de esos programas recibió recursos durante la pandemia de covid-19 mediante la Ley Cares (por sus siglas en inglés).

Para aparentar que los servicios existían, los acusados presentaron nóminas y registros de beneficiarios elaborados con datos de personas reales. La investigación detectó que algunas de ellas habían muerto cuando, según la documentación, recibieron atención de Pearl Transit. También aparecieron como conductores personas sin licencia de conducción o que nunca habían manejado un vehículo. Una de las supuestas empleadas solo tenía permiso de aprendizaje.

Una auditoría en Nueva York puso en marcha la investigación

Las alertas surgieron a finales de 2024, cuando Jael Watts solicitó cerca de USD750.000 al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York mediante el programa de la Sección 5310. La Oficina del Contralor estatal consideró sospechosas las facturas y abrió una auditoría.

Según el Departamento de Justicia, Watts y Pino-Copete respondieron a ese control con la creación de numerosos soportes falsos y el uso de identidades robadas, con el propósito de sostener que Pearl Transit había prestado los servicios. La acusación indicó que los dos conspiraron para obtener fondos y que después reclamaron pagos por USD 1.275.550 ante esa dependencia estatal.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte había informado el 17 de febrero de 2026 que la FTA suspendió a Pino-Copete de participar en contrataciones y otras transacciones federales. Watts y la compañía habían recibido la misma suspensión el 3 de diciembre de 2025. En esa investigación, él figuraba como gerente regional y ella como gerente de operaciones.

Pino-Copete se incorporó al esquema en 2024, según la acusación

El Departamento de Justicia señaló que Watts se casó con Pino-Copete en Colombia en 2023 y que él pasó a formar parte de las maniobras en enero de 2024. Un año después ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024. Su intervención aumentó luego de que fuera acusada inicialmente de fraude electrónico en julio de 2025, de acuerdo con las pruebas del juicio.

Tras la captura inicial de Watts y el registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores hallaron conversaciones de la pareja sobre la preparación de documentos para responder a la auditoría. El examen de cuentas bancarias permitió establecer que más de USD 1,5 millones provenientes de recursos de Georgia, Carolina del Norte y California se destinaron a gastos personales.

Entre esos desembolsos, las autoridades identificaron más de USD 100.000 en alquileres de vehículos Porsche y una cifra similar en compras en Loro Piana, en Manhattan. La pareja también realizó durante 2024 un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países de Europa.

Tras conocerse la culpabilidad del colombiano y su pareja, Scott Turner 19.º secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos señaló que el Gobierno estadounidense no permitirá acciones que perjudiquen las finanzas del país.

“Dos estafadores más fueron llevados ante la justicia hoy gracias a @WHFraudTF. Jael Watts y el nacional colombiano Luis Pino-Copete fueron condenados por intentar robar más de 13 millones de dólares de dinero de los contribuyentes destinado a nuestros estadounidenses más vulnerables. Bajo el liderazgo de @POTUS y @VP, HUD no tolerará el abuso de ni un solo centavo. Las prótesis para personas sin hogar también fueron parte de las reclamaciones”, escribió en su cuenta de X.

Los detalles del expediente

El expediente incluyó solicitudes de fondos vinculadas a prótesis dentales para personas sin hogar. Los acusados afirmaban que brindaban esos tratamientos sin costo, pero las pruebas indicaron que las prótesis se imprimían en una vivienda con una impresora 3D y que cobraban a los pacientes por escanearles la boca e instalar los dispositivos.

En mensajes recuperados durante la investigación, Jael Watts habló de la creación de documentos falsos y escribió que debían estar comprometidos con ese trabajo. La Fiscalía también presentó imágenes de videollamadas y fotografías que, según su exposición, mostraban dinero obtenido de la atención dental.

El jurado halló a Watts culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco de fraude electrónico. Ambos fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta USD 250.000 y hasta tres años de libertad supervisada. También deberán pagar una restitución de al menos USD 1,9 millones. Pino-Copete podría ser expulsado de Estados Unidos una vez cumpla una eventual condena, debido a que no es ciudadano de ese país.

Una mujer de 37 años fue aprehendida en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por hurto simple y estafa, luego de que una ex empleadora denunciara el presunto robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI), que habría sido utilizado para solicitar créditos y concretar operaciones financieras.

La causa está a cargo del fiscal Marcelo Nessier, titular de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe. De acuerdo con lo informado por Aire de Santa Fe, la pesquisa permitió vincular a dos mujeres con las maniobras bajo investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, realizó dos allanamientos en la capital santafesina a través de la Sección Delitos Calificados de la Región 1.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron documentación y tarjetas bancarias a nombre de distintas personas, además de un teléfono celular. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis dentro del expediente.

Según la denuncia, el documento habría sido empleado después para realizar solicitudes de créditos y operaciones financieras fraudulentas ante diferentes entidades. La documentación remitida por las entidades crediticias y las tareas de campo permitieron reconstruir parte de las operaciones.

Por disposición del fiscal, P. D. G., de 37 años, fue trasladada para cumplir con las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Justicia. La pesquisa continúa para determinar el alcance de las operaciones investigadas y la eventual participación de otras personas.

Le robó a una compañera de trabajo y usó sus tarjetas

Un caso ocurrido en San Miguel de Tucumán expuso una modalidad similar a la investigada en Santa Fe: el presunto apoderamiento de pertenencias personales de una compañera de trabajo y el uso posterior de sus medios de pago para realizar consumos sin autorización.

Una abogada de 43 años fue aprehendida luego de que una mujer la denunciara por la sustracción de su billetera, que contenía dinero, documentación y tarjetas de crédito y débito.

Según la acusación, el episodio ocurrió el 18 de septiembre cerca de las 10.30 en el Complejo Ledesma, situado en la intersección de 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La sospechosa habría ingresado al edificio con el argumento de pedir una entrevista con el director del área. Durante su permanencia en el lugar, habría aprovechado un descuido para retirar una billetera que la denunciante guardaba dentro de una mochila en su oficina.

La investigación detectó luego cuatro consumos por un total de $ 143.222,25. Entre las operaciones bajo análisis figuran pagos de $ 49.066,71 y $ 20.550, además de una compra de $ 23.000 en un comercio gastronómico y otra de $ 50.605,54 en una farmacia. La Fiscalía incorporó comprobantes de las transacciones y busca establecer con precisión la secuencia en la que habrían sido utilizadas las tarjetas.

El caso tomó otro curso cuando la Policía acudió a la zona de avenida Sarmiento y calle España tras recibir un aviso de transeúntes sobre una aprehensión civil. Al llegar, los agentes entrevistaron a la víctima, quien señaló a la mujer retenida como la compañera de trabajo a la que atribuía tanto el robo de la billetera como los gastos posteriores.

Durante una requisa preventiva, los efectivos encontraron entre las pertenencias de la sospechosa los plásticos pertenecientes a la denunciante. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital.

La imputada recibió arresto domiciliario por 30 días mientras continúa la pesquisa. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, datos de los comercios involucrados y otros elementos que permitan determinar el recorrido de las tarjetas y confirmar las circunstancias de las compras denunciadas.

La causa permanece en etapa de investigación, por lo que la responsabilidad penal de la acusada deberá ser definida en el proceso judicial.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, por su presunta participación en KillSec, una red de ciberestafas de la que habría sido el principal administrador y a la que se atribuyen 1.000 intentos de ciberataques en distintos países.

La operación internacional permitió a las autoridades tomar el control de la infraestructura del grupo criminal, incluida su página de filtraciones, según Europol. La red habría logrado acceder a unos 500 sistemas y provocado más de 280 víctimas. Algunas pagaron rescates cercanos a 500.000 euros en criptomonedas para evitar la difusión de información robada.

KillSec operaba desde aproximadamente 2024 mediante ransomware, un programa de secuestro de datos que cifra los aparatos informáticos y bloquea el acceso a sus archivos. A la par, sus integrantes utilizaban malware, programas maliciosos destinados a infiltrarse en sistemas y extraer información.

De qué forma los ciberdelincuentes cometían delitos

El grupo de ciberdelincuentes entraba a los sistemas de organizaciones al explotar fallas de seguridad, con especial atención a espacios de almacenamiento en la nube. Una vez dentro, copiaba información interna sensible y la trasladaba a infraestructura que controlaba.

Las víctimas eran expuestas en un sitio de filtraciones de la darkweb, la internet oscura. Allí recibían amenazas de publicación de los datos sustraídos si no abonaban el rescate exigido; cuando no pagaban, los archivos podían quedar disponibles para su descarga gratuita.

La exposición de datos privados de empresas es un problema que puede afectar su reputación y operación. Se han visto casos donde grandes compañías deben cerrar porque les es más rentable que pagar el rescate o recuperarse.

Qué información robada por los ciberdelincuentes fue recuperada

La intervención permitió asegurar al menos 110 terabytes de datos, poner bajo control policial cinco servidores centrales e intervenir dominios empleados por la organización delictiva. Las autoridades actuaron sobre pruebas, activos y posibles ganancias derivadas de la actividad criminal, incluidas criptomonedas.

Los investigadores rastrean ahora los dispositivos y archivos incautados para localizar a otras posibles víctimas, identificar nuevos ataques y determinar si hubo más personas involucradas. La investigación busca reconstruir el recorrido de los fondos obtenidos mediante las extorsiones.

La operación internacional, denominada KillSwitch, derivó en tres detenciones provisionales y ocho registros en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido. Participaron fuerzas de seguridad de diez países junto con Europol y Eurojust.

En qué momento inició la investigación de las autoridades

La pesquisa en España comenzó en 2025 a partir de la colaboración entre la Guardia Civil y el FBI de San Juan, Puerto Rico, para identificar a posibles integrantes de KillSec que residieran en territorio español. La investigación nacional recibió el nombre de Operación ROTOMA, de acuerdo con la Guardia Civil.

Los Mossos d’Esquadra iniciaron una pesquisa paralela tras un ciberataque atribuido presuntamente al grupo contra una entidad catalana ese mismo año. Los atacantes habrían accedido a los sistemas de la empresa, sustraído información sensible e intentado extorsionarla, con un perjuicio económico cercano a un millón de euros.

El grupo conjunto de ambos cuerpos identificó al adolescente, localizó su residencia en la provincia de Alicante y le atribuyó el papel de administrador y operador principal de la organización. Las autoridades investigan su posible vinculación con el ataque cometido en Cataluña.

En España se realizaron dos entradas y registros: uno en un domicilio y otro en una oficina situada en un establecimiento hotelero de la provincia. Aparte del adolescente, las autoridades identificaron a un desarrollador de 18 años que era menor de edad cuando se habrían cometido algunos de los delitos.

La operación fue coordinada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo, con la participación de autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.

La exfundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, encarcelada por el fraude más resonante de Silicon Valley, rompió el silencio con un mensaje en redes sociales. Su traslado a una casa de transición está previsto para 2027, aunque su liberación definitiva no se espera antes del 22 de febrero de 2030.

Desde la prisión federal donde cumple su condena, la exmagnate publicó un mensaje en su cuenta de X: “Fui silenciada durante mucho tiempo. Y luego encarcelada. Estoy luchando para probar mi inocencia y volver a casa con mis bebés y el amor de mi vida”, escribió Holmes. “Llevo 1.216 días y noches interminables encarcelada”, agregó. “Billy (su pareja) es una de las personas que lleva esa responsabilidad por mí. Lucha ferozmente por mí y por nuestra familia. Lo amo más allá del espacio y el tiempo.”

Holmes, condenada en 2022 por fraude a inversores, cumple su pena en el Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado en Texas.

La publicación también incluye una aclaración sobre el manejo de su cuenta en redes sociales. Holmes señala que, durante los días que lleva detenida, allegados suyos se encargaron de administrar el perfil. A partir de ahora, dice, identificará sus propias publicaciones con las iniciales “EAH”.

“Las publicaciones sin esa firma son del equipo que gestiona esta cuenta”, aclaró. La exfundadora de Theranos afirma que busca “exponer la verdad y desafiar percepciones profundamente arraigadas”, aunque sus declaraciones de inocencia no tienen respaldo judicial.

Holmes cerró su mensaje con una cita del Evangelio: “La verdad os hará libres” (Juan 8:32).

Qué fue Theranos y por qué Holmes fue condenada por fraude

Holmes dejó la Universidad de Stanford a los 19 años para fundar Theranos con una promesa que sacudió el mundo de la salud: realizar hasta 240 análisis clínicos con una sola gota de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales. La propuesta atrajo cerca de USD 945 millones en financiación y llevó a la empresa a una valuación de USD 9.000 millones. Holmes llegó a ser comparada con Steve Jobs y su figura encabezó portadas de revistas de negocios en todo el mundo.

El edificio se derrumbó en 2015, cuando una investigación de The Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia una fracción de los cientos de análisis que ofrecía. El resto se procesaba con equipos convencionales de terceras empresas, y las muestras de sangre se diluían —lo que afectaba la precisión de los resultados—.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese año, Holmes y el expresidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración. Ambos se declararon no culpables.

La condena de Holmes: 11 años de prisión reducidos a 10 años y tres meses

Tras un juicio de casi cuatro meses, un jurado declaró culpable a Holmes el 3 de enero de 2022 de un cargo de conspiración para defraudar a inversores y tres cargos de fraude electrónico sobre inversores individuales, por transferencias que sumaron más de USD 140 millones. El jurado la absolvió de los cargos relacionados con pacientes.

El 18 de noviembre de ese año, el juez federal Edward Davila fijó una pena de 11 años y tres meses de prisión, según consta en el comunicado oficial de la Fiscalía federal del Distrito Norte de California. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan en mayo de 2023.

“Durante casi una década, Elizabeth Holmes fabricó y difundió elaboradas falsedades para atraer a una legión de inversores y su engaño causó la pérdida de cientos de millones de dólares”, declaró en ese momento la fiscal federal Stephanie M. Hinds. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó tres años de supervisión posterior a su liberación y una restitución de USD 452 millones a las víctimas del fraude.

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila redujo la condena a 10 años y tres meses —de 135 a 123 meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de sentencia y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act, una ley federal de reforma penitenciaria que permite reducir condenas mediante programas de rehabilitación y buena conducta.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución, según informó ABC News. La fecha de liberación definitiva permanece fijada para el 22 de febrero de 2030, momento en que Holmes residirá en Austin, Texas, bajo supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.

El traslado a una casa de transición previsto para agosto de 2027

Antes de su liberación definitiva, Holmes tiene aprobado su traslado al Austin Transitional Center, en Del Valle, Texas, para el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones (BOP) notificó el traslado a las víctimas de su condena mediante cartas a las que tuvo acceso The New York Times.

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la BOP, pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera. El traslado no implica una liberación anticipada ni modifica la fecha oficial de excarcelación.

El documental de Nathan Fielder sobre los días previos al ingreso de Holmes en prisión

El mensaje de Holmes llega días antes del estreno de You Can See Everything, un documental producido por Nathan Fielder que registra los 34 días que la exempresaria pasó en libertad antes de ingresar a prisión. Fielder convivió con Holmes y su familia durante ese período y mantuvo contacto con ella durante los tres años posteriores. El filme, de tres horas de duración, tiene previsto su estreno comercial en octubre.

El próximo paso conocido en la situación penitenciaria de Holmes es su traslado al Austin Transitional Center, programado para agosto de 2027.

La compra de una camper por 25.000 euros en Sestao (Bizkaia) acabó vinculada a una denuncia previa por una venta que nunca llegó a cobrarse. El vehículo, que se había anunciado junto a una moto de cross, había sido entregado días antes por su propietario tras recibir un comprobante bancario que no se tradujo en ningún ingreso.

El dueño original de la furgoneta y la moto puso ambos vehículos a la venta en febrero de 2025. Un hombre se interesó por el anuncio y acordó reunirse con él un domingo para revisar la furgoneta y cerrar la operación. La cantidad acordada entre ambos para la compra de los dos vehículos fue de 45.000 euros.

El comprador utilizó un justificante de pago falso

Según relató el afectado al diario Deia, el comportamiento del comprador le fue llamativo desde un principio. La camper tenía varios desperfectos, “pequeñas roturas”, pero al verlos el interesado no planteó rebajar el precio en consecuencia.

Durante las varias horas —cuatro, según el vendedor- que duró la reunión, el comprador colaboró en la retirada de los objetos que el vendedor guardaba en el interior de la furgoneta. Cuando llegó el momento del pago, mostró un justificante de transferencia que también remitió por Whatsapp. El documento señalaba que la operación podría tardar hasta 72 horas en reflejarse en la cuenta del receptor.

Entregó entonces la camper el dueño. Tras pasar el plazo de 72 horas, sin embargo, todavía no había recibido el dinero, por lo que presentó una denuncia ante la Ertzaintza.

El anuncio volvió a publicarse después

La situación se conoció con más detalle dos días después, cuando la misma camper volvió a ponerse a la venta con un nuevo anuncio, aunque el anterior seguía publicado. Esta vez, el precio anunciado era de 25.000 euros e incluía también la moto de cross. Un comprador de Galicia adquirió el vehículo sin conocer, según la información difundida, que existía una denuncia sobre la operación anterior.

La entrega de la furgoneta se realizó en Sestao, en Bizkaia. El nuevo propietario se la llevó después a Galicia. Durante esa segunda compraventa, el estafador que ofrecía el vehículo habría usado la identidad del dueño inicial, llegando a utilizar gafas para acercar su aspecto físico al del dueño original.

Un familiar del comprador gallego vio la primera publicación y advirtió que la furgoneta coincidía con la que acababa de adquirir su pariente. El aviso permitió al primer propietario conocer que el vehículo se había vendido de nuevo.

Con esos datos, acudió otra vez a dependencias policiales para ampliar la denuncia. Parte del pago realizado en la segunda compraventa llegó a efectuarse, aunque los agentes lograron bloquear 19.500 euros, según la información publicada. El procedimiento quedó en manos de los juzgados de Gernika.

El caso se suma a otras denuncias registradas en Asturias, Galicia y el País Vasco por operaciones con vehículos anunciados por Internet. El sistema descrito parte de una compraventa entre particulares y del envío de un justificante de transferencia que no llega a convertirse en un abono efectivo.

Los anuncios de coches, autocaravanas y furgonetas pueden facilitar este tipo de operaciones por el importe de las ventas y por la posibilidad de trasladar el vehículo a otra provincia en poco tiempo. En este caso, la reventa se produjo a los dos días y por una cantidad inferior a la acordada en la operación inicial.

La Cámara Federal porteña declaró inadmisibles las impugnaciones de cuatro inversores del caso $LIBRA que buscan recuperar su lugar como querellantes en la investigación penal en curso. La decisión volvió a dejar firme, por esta vía, su apartamiento del expediente.

Se trata de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, excluidos de la causa por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, criterio que la Sala I confirmó el 4 de septiembre. Ahora, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola concluyeron que los planteos no demostraron una aplicación errónea de la ley ni un supuesto de arbitrariedad que justificara habilitar la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa analiza el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA, el criptoactivo promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. El expediente busca determinar si detrás de la creación, difusión y operatoria del token existió una maniobra delictiva y examina, entre otros aspectos, la intervención de Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La pesquisa está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los compradores se habían presentado como damnificados y pretendían intervenir como acusadores particulares. La defensa del lobista Novelli cuestionó esa legitimación mediante una excepción de falta de acción y Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo.

Al revisar esa resolución el 4 de septiembre, la Sala I sostuvo que los reclamantes no habían identificado “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token” ni acreditado un nexo entre la eventual maniobra y el perjuicio patrimonial invocado.

En aquel pronunciamiento, los jueces también ponderaron las características de la operación. Señalaron que se desarrolló en un “negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo” y consideraron que esas condiciones eran conocidas por quienes decidían ingresar en ese mercado. Agregaron que los adquirentes “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra”.

Contra esa resolución, Romeo, Paris, Marchetto y Vega interpusieron recursos de casación. El planteo buscaba que la decisión que los excluyó del expediente pudiera ser revisada por el máximo tribunal penal del país.

El juez Llorens consideró insuficientes los argumentos para abrir esa vía y dedicó parte de su voto a delimitar su alcance, en tanto “la vía casatoria que, nacida para casos muy específicos, ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña”.

El juez planteó que el sistema recursivo no puede utilizarse para volver a discutir cualquier decisión ya revisada por una instancia superior. En el caso concreto, afirmó que los ”agravios no hacen sino reiterar la misma discrepancia ya planteada y resuelta por esta Sala”, sin explicar de qué manera lo decidido implicaba una aplicación incorrecta de la ley sustantiva y no una cuestión vinculada con la valoración de la prueba.

También descartó la existencia de de “un supuesto de arbitrariedad que, excepcionalmiente, pudiera habilitar la senda procurada”.

“Es que la tacha de arbitrariedad no constituye una llave para reabrir el debate sobre cuestiones ya decididas conforme a las constancias del caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que esa doctrina reviste carácter excepcional y se dirige a superar graves defectos de fundamentación o razonamiento que afecten la validez del acto jurisdiccional, no a corregir pronunciamientos que el recurrente considera equivocados por su mera disconformidad con el criterio adoptado”, advirtió el magistrado.

A criterio de Llorens, los recurrentes pretendían “reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala”. Añadió que la garantía del doble conforme ya estaba satisfecha porque la resolución de primera instancia había sido examinada por la Cámara Federal.

Los camaristas Bertuzzi y Yadarola coincidieron con el resultado, aunque desarrollaron un voto conjunto centrado en los requisitos del recurso de casación.

Ambos admitieron que una decisión que excluye a una persona de su rol de querellante puede, en determinadas circunstancias, equipararse a una sentencia definitiva. Ese tipo de pronunciamiento, explicaron, podría generar un perjuicio de imposible reparación posterior al “cercenar la oportunidad de que la presunta víctima intervenga como parte acusadora”.

Sin embargo, aclararon que esa característica no basta por sí sola para habilitar el acceso al máximo tribunal penal del país, ya que “esa posibilidad de apertura formal no suple la exigencia de que los agravios reposen en alguno de los motivos establecidos en el art. 456 CPPN, ni exime a los recurrentes de demostrar el error de derecho invocado”, indicaron.

Para los camaristas, los planteos volvieron sobre el análisis realizado por Martínez de Giorgi y posteriormente convalidado por la Cámara respecto del ardid previsto en el artículo 172 del Código Penal, que regula el delito de estafa, y de la legitimación de los compradores para intervenir como querellantes.

Según Bertuzzi y Yadarola, los impugnantes “no han hecho otra cosa más que exponer su discrepancia” con ese criterio, sin señalar de qué manera la interpretación adoptada configuraba una aplicación errónea de la ley.

Los dos jueces también rechazaron los cuestionamientos referidos a una supuesta falta de fundamentación.

“Tal supuesto no se verifica en el caso, pues los agravios introducidos -incluidos los relativos al déficit de motivación (art. 123 CPPN) y a la interpretación de los arts. 2 y 82 del CPPN y de la ley 27.372 no evidencian defectos de fundamentación de la entidad requerida para habilitar excepcionalmente la vía intentada, sino una discrepancia con los fundamentos y la solución adoptada por esta Sala”, expresaron los jueces.

Tras la declaración de inadmisibilidad, la vía que permanece abierta para los pretensos querellantes es la presentación de una queja directa ante la Cámara Federal de Casación, para que ese tribunal evalúe si corresponde habilitar la revisión del apartamiento dispuesto en la causa.

La semana pasada, la Justicia procesó con prisión preventiva a una familia entera, convertida en una suerte de ingeniosa pyme del delito. Walter Benito Olivares Eustaquio, Eva Demetria Esquivel, Ailén Rosa Daiana Carrucciu y Marcelo Alejandro Suárez son oriundos de Monte Castro y Lanús: Olivares y Esquivel son pareja; Carrucciu es hija de Esquivel. Suárez, tan solo un amigo.

El juez Martín Yadarola, titular del Juzgado de Instrucción N°4, acusó al grupo de integrar una asociación ilícita consagrada a las estafas. La estafa en sí misma es curiosa: consistía en bombardear el canal de ventas de una conocida empresa de telefonía celular con falsos pedidos. El fin: obtener aparatos gratis, principalmente, Samsung Galaxy A16, a $300 mil pesos la unidad, en tres cómodas cuotas sin interés. Entre sus víctimas se encuentra, insólitamente, una conocida jueza porteña.

Durante casi siete meses, desde febrero hasta agosto de este año, los integrantes del grupo, según la acusación en su contra, se hicieron pasar por clientes de la compañía. “Aportaban datos filiatorios de terceros (en general, personas que ya serían clientes legítimos de dicha firma prestataria, brindando nombres, apellidos y documentos nacionales de identidad), posiblemente obtenidos de manera ilegítima de bases de datos a las que tuvieran acceso irrestricto”, apuntó el juez Yadarola en su procesamiento.

El truco, paso a paso

La banda, desde ya, jamás pagaba por los aparatos; eran pedidos contrafactura “a debitarse de las cuentas de los clientes que, entonces, sufrían el perjuicio patrimonial”, continuó el juez en su fallo. Los aparatos eran retirados en sucursales de correos privados, lo que evitaba aportar un domicilio. Los estafadores, incluso, aportaban una dirección de e-mail falsa, lo que evitaba que los clientes se den cuenta de la facturación, al menos, en un primer momento. Tiempo después, los clientes se quejaban a la empresa, que cargaba con el costo de los teléfonos.

Luego, estaba el problema de dónde terminaban los aparatos mismos. Al menos uno de ellos habría sido empleado en un secuestro virtual. El Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal estuvo a cargo de los arrestos de los cuatro sospechosos, en una causa que incluyó seguimientos y escuchas telefónicas, iniciada tras la denuncia de una víctima.

Las escuchas revelaron, por ejemplo, que Ailén Carrucciu fue despedida de su trabajo en julio último, un dato que parece inconexo. Pero su ex trabajo, para el juez Yadarola, podría ser la clave en el casting de víctimas y en su rol como posible jefa de inteligencia de la banda, cómico como suene.

Ailén trabajaba en el sector de ventas de planes de ahorro de una concesionaria de Boedo, lo que, cree Yadarola, le brindaría “acceso a bases de datos e información personal sensible de eventuales clientes”. Su madre y su padrastro se encargarían de la mentira a la empresa de celulares y de la reventa de los aparatos. Suárez -irónicamente, un empleado de una empresa de correo privado- pasaba por el correo.

El casting de víctimas, por lo visto, no parecía tan bien planeado: la propia jueza que supuestamente engañaron fue la denunciante que los llevó a la Justicia.

La magistrada se presentó el 26 de febrero de este año en la Cámara Criminal y Correccional para denunciar que le había llovido de la nada una factura de $335 mil por un Samsung Galaxy, supuestamente destinado a su hijo. La jueza desconoció la compra. Poco antes, se había dirigido a una sucursal de la empresa de teléfonos. Un ejecutivo le aseveró que la empresa había iniciado una investigación de oficio por posible fraude.

El teléfono, mientras tanto, viajaba hacia el correo. El comprador trucho, descubrieron luego, había respondido con éxito cinco preguntas de seguridad, con datos privados de la jueza. El teléfono usado para la compra, sin embargo, fue la primera de una serie de pistas que llevó hacia la familia procesada.

Pedro Ilincheta, el supuesto trader acusado de estafar a un grupo de 14 amigos de un country de Pilar a los que convenció de entregarle dinero para realizar inversiones en criptomonedas, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro.

La jueza María Emma Prada lo consideró autor de 14 hechos de estafa. La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que la querella, en manos de los abogados Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían reclamado seis. La defensa había pedido la absolución.

Ilincheta, conocido como “Pepo” o “Peter”, no irá por el momento a una cárcel. La magistrada resolvió mantener la morigeración de la prisión preventiva que ya tenía concedida: arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.

El fallo también abrió un nuevo capítulo de la causa. Prada ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en delitos vinculados con las maniobras por las que fue juzgado su hijo. El pedido había sido realizado durante el juicio por la fiscal.

La situación de Cabeza había aparecido en distintos momentos de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, cuando debía entregarle USD 4.000 a Ilincheta, este le indicó que el efectivo sería retirado por su madre. Otro denunciante aseguró que en los resúmenes de su tarjeta encontró transferencias por aproximadamente $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago de Cabeza y de una hermana del acusado.

Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta de la misma plataforma a nombre de su madre. Precisamente por esos elementos, tanto la fiscalía como la representación de los damnificados habían solicitado que se investigara su eventual intervención.

Cómo funcionaba la maniobra

Según quedó establecido en el proceso, Ilincheta captaba principalmente a personas de su círculo de confianza y les ofrecía invertir su dinero en criptomonedas. En diferentes casos prometía un rendimiento del 26% durante los primeros tres meses y luego del 5% mensual, mientras aseguraba que los fondos podían retirarse.

Durante un tiempo, sus clientes recibieron capturas de planillas de Excel en las que aparecían sus supuestas ganancias. Ese mecanismo generó confianza y llevó a varios a aumentar las inversiones e incluso a recomendar el negocio a otros amigos. Cuando comenzaron a pedir la devolución del dinero, aparecieron las postergaciones y las excusas.

La denuncia inicial hablaba de un perjuicio de USD 276.991, pero esa cifra incluía las rentabilidades que Ilincheta había prometido o informado. La pericia contable realizada durante la investigación estableció que los montos efectivamente denunciados como entregados ascendían a USD 100.628,91: USD 46.847,30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y USD 53.781,61 mediante otras modalidades.

La pericia, sin embargo, no consiguió reconstruir completamente qué ocurrió con el dinero. Los expertos concluyeron que no era posible determinar el destino de todos los fondos ingresados en las cuentas digitales ni establecer cuánto dinero había extraído Ilincheta. El análisis de Binance también mostró que no existían subcuentas que permitieran diferenciar qué fondos correspondían a cada inversor.

Ilincheta sostuvo durante la causa una versión diferente. Afirmó que efectivamente realizaba operaciones con criptomonedas y contratos de futuros mediante plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo; negó haber buscado deliberadamente a las 14 víctimas para captar su dinero y aseguró que él también había resultado perjudicado económicamente. También rechazó haber utilizado los fondos con fines personales y sostuvo que siempre había tenido intención de devolverlos.

El fraude salió a la luz cuando su esposo recibió un mensaje desde la cuenta de ella. El remitente solicitaba una transferencia de entre S/ 890 y S/ 980, aunque la joven no pudo precisar el monto. La apariencia de normalidad del chat podía llevar a los contactos a creer que el pedido era auténtico y urgente.

Tras advertir lo ocurrido, la víctima revisó los dispositivos vinculados a la aplicación. No encontró equipos desconocidos ni señales visibles de un acceso externo. Aun así, los mensajes volvieron a llegar a parte de sus contactos con una nueva solicitud de dinero, lo que abrió interrogantes sobre el mecanismo que permitió intervenir la cuenta.

El duplicado de la tarjeta SIM es una de las vías para robar una cuenta

El especialista en tecnología y presidente de Elegir Perú, Carlos Zúñiga, explicó que una cuenta puede ser tomada sin que el delincuente tenga en sus manos el teléfono de la víctima. Una posibilidad consiste en obtener un duplicado de la tarjeta SIM asociada al número, una maniobra que permite recibir los códigos de verificación enviados por la plataforma.

Con ese código, el atacante puede registrar el número telefónico en otro dispositivo y desplazar al usuario original de su sesión. La víctima puede advertir el problema cuando WhatsApp cierra su cuenta, muestra un aviso sobre el cambio de equipo o comienzan a aparecer mensajes que ella no redactó.

Zúñiga indicó, no obstante, que buena parte de estos episodios se relaciona con la ingeniería social, una práctica basada en engaños dirigidos a obtener información, claves o acceso al teléfono. “No es otra cosa que mentiras que uno se cree, o sea, mentiras tan bien diseñadas que uno cae”, afirmó el especialista.

Compartir pantalla durante una llamada puede dejar expuesto el código

Una de las modalidades señaladas por Zúñiga comienza con una llamada o videollamada por WhatsApp. El estafador se presenta con una historia diseñada para crear apuro o preocupación. Puede afirmar, por ejemplo, que realizó por error un pago digital a la cuenta de la persona y que necesita verificar si el dinero llegó.

El siguiente paso es pedir a la víctima que active la función de compartir pantalla. Mientras la transmisión permanece abierta, el delincuente intenta registrar el número de WhatsApp en otro teléfono. Para completar esa operación, la plataforma envía un código de seguridad que puede aparecer como notificación en el dispositivo que transmite su pantalla.

“Escribo el número en el tercer teléfono y te quedaste sin WhatsApp”, resumió Carlos Zúñiga al describir la secuencia. El atacante no necesita que la víctima dicte el código si logra ver la notificación en tiempo real durante la videollamada. Por ese motivo, compartir la pantalla con desconocidos o con contactos cuya identidad no fue comprobada implica un riesgo.

El engaño también puede alcanzar cuentas asociadas a pagos digitales

El especialista advirtió que el peligro puede ampliarse hacia aplicaciones de pagos como Yape. Si una persona ingresa sus claves, códigos o datos de acceso mientras comparte la pantalla, los delincuentes pueden intentar trasladar la cuenta a otro dispositivo o conseguir información suficiente para realizar operaciones no autorizadas.

La medida principal es no entregar códigos de verificación por llamada, mensaje, correo electrónico o videollamada. Tampoco conviene exhibir notificaciones sensibles ante terceros. Estos códigos funcionan como una llave temporal para validar el acceso a una cuenta, por lo que deben permanecer bajo control exclusivo del titular del número.

Si el pedido llega desde un contacto conocido, la recomendación es comprobar la situación por otra vía. Una llamada telefónica convencional, una conversación presencial o un mensaje enviado a través de otra plataforma pueden ayudar a confirmar si la persona realmente necesita dinero o si su cuenta fue intervenida.

Los datos publicados en redes sociales pueden volver más creíble una estafa

Los atacantes también pueden recurrir a la información disponible en redes sociales para construir mensajes con detalles personales. Fotografías, publicaciones, etiquetas y comentarios pueden revelar nombres de hijos, centros educativos, lugares de trabajo, vínculos familiares o actividades cotidianas de una persona.

Con esos datos, un delincuente puede hacerse pasar por una profesora, un familiar o alguien relacionado con el entorno de la víctima. Zúñiga planteó el caso de un padre que recibe un mensaje con el nombre de su hijo y una referencia al colegio al que asiste. Esa información puede generar confianza y facilitar que la persona acepte una llamada o comparta una captura de pantalla.

El desarrollo de herramientas de inteligencia artificial añade otra dificultad. El especialista alertó que los estafadores pueden utilizar videos o audios falsos de personas conocidas y figuras públicas para reforzar sus argumentos. Ante mensajes inesperados, pedidos de dinero o solicitudes de códigos, la verificación por un canal independiente continúa siendo la principal barrera para evitar el robo de una cuenta.

Una oferta para trabajar como modelo terminó en una investigación por privación de libertad, violación y extorsión en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que aprehendió a un hombre durante la operación SCAM, desarrollada mediante allanamientos en el distrito de San Miguelito.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2026. La mujer fue citada en una estación del Metro y después abordó un vehículo. La Fiscalía sostiene que allí la privaron de libertad antes de trasladarla a una casa de ocasión.

En ese lugar, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, la víctima recibió amenazas y le tomaron fotografías y videos íntimos con el propósito de extorsionarla.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada dirige las diligencias de este caso, que continúa bajo investigación.

El hombre aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde se atenderán las solicitudes de la Fiscalía y se definirá su situación jurídica.

Solo hace una semana, las autoridades aprehendieron a cuatro personas requeridas por delitos sexuales durante operativos de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en distintos puntos del país. Entre los detenidos figuraba un hombre de 68 años localizado en Dolega, Chiriquí.

En ese caso, las pesquisas señalan que el sospechoso publicaba aparentes ofertas de trabajo en plataformas digitales y citaba a las personas interesadas a entrevistas en su residencia, donde presuntamente ocurrían las agresiones.

El hombre acumula más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí.

La operación SCAM se conoció el mismo día en que la Procuraduría divulgó una condena de 20 años de prisión por violación agravada en Panamá Oeste.

El condenado, de 48 años, era el padrastro de la víctima. Según la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos ocurrieron entre 2014 y septiembre de 2019. Durante el juicio, celebrado en cuatro jornadas de septiembre, se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad. La restricción regirá por un periodo equivalente a la condena, una vez cumplida la pena principal.

En Colón, otra investigación por delitos sexuales avanzó con la detención provisional de un hombre. Un juez legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta violación carnal agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de dos menores de edad.

La Fiscalía Regional de Colón relaciona ese expediente con hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en los sectores de Nuevo Vigía y Las Palmitas. El Ministerio Público también ubicó actuaciones en la comunidad de El 20, corregimiento de San Juan. La investigación permanece abierta.

Entre enero y agosto de 2026, Panamá contabilizó 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio Público. Fueron 527 más que las 4,072 del mismo periodo de 2025, un incremento interanual del 13%.

La categoría con más registros fue el acceso sexual con personas de 14 a 17 años, con 1,733 denuncias. Le siguieron la violación, con 1,522, y los actos libidinosos, con 771. Estas tres conductas concentraron gran parte de los reportes recibidos durante los ocho meses.

El acceso sexual con adolescentes presentó 370 denuncias más que en 2025, mientras que los actos libidinosos aumentaron 15%. Las denuncias por violación tuvieron una reducción marginal: pasaron de 1,526 a 1,522. Las variaciones entre categorías muestran comportamientos distintos dentro del total nacional.

Los registros por pornografía infantil subieron de 43 a 64 denuncias, un aumento del 49%, el mayor crecimiento porcentual entre las categorías destacadas en el reporte.

La corrupción de menores alcanzó 253 casos, frente a 206 un año antes, un alza del 23%. Por área geográfica, Panamá acumuló 919 denuncias, Chiriquí registró 724 y Panamá Oeste, 620.

Los delincuentes descubrieron que un simple aviso de entrega puede convertirse en la puerta de entrada perfecta para robar datos personales y bancarios. La modalidad, conocida como “delivery falso”, combina un mensaje urgente con un código QR que redirige a páginas fraudulentas. La táctica, cada vez más extendida, también alcanzó a comercios y restaurantes, según alertó recientemente la Guardia Civil de España.

El fraude se inscribe dentro de lo que los especialistas denominan QRishing, una variante del phishing tradicional que reemplaza el enlace clásico por un código escaneable, más difícil de identificar a simple vista para el usuario común.

Cómo funciona el ataque del delivery falso

El engaño comienza con un SMS o un mensaje de WhatsApp que simula proceder de una empresa de envíos real. El texto advierte que un pedido no pudo entregarse o que es necesario confirmar la dirección para recibirlo.

El QRishing es una variante del phishing que utiliza códigos QR en lugar de enlaces tradicionales para engañar a los usuarios. En el caso del delivery falso, el mensaje simula ser de una empresa de envíos y conduce, mediante un QR o un enlace, a una página que imita el sitio real de la compañía.

Para resolver el supuesto inconveniente, el mensaje incluye un código QR o un enlace. Al utilizarlo, la víctima llega a una página que copia el diseño de una empresa de logística conocida, lo que refuerza la sensación de legitimidad.

El tono de urgencia es central en la maniobra: frases como “tu pedido no pudo ser entregado” o “confirma tu dirección para recibir el paquete” buscan que la persona actúe rápido y sin verificar la fuente del mensaje.

Qué datos buscan obtener los delincuentes

Una vez que la víctima ingresa a la página falsa, se le solicitan datos personales como nombre completo, dirección y documento de identidad. En muchos casos, el formulario avanza hasta pedir directamente el número de tarjeta de crédito o débito.

La excusa habitual es el cobro de un supuesto costo de reenvío, entrega o gastos de aduana. También se piden datos bancarios bajo el argumento de “verificar un pago”.

Con esa información, los estafadores pueden realizar compras no autorizadas, vaciar cuentas bancarias o vender los datos a terceros. En algunos casos, el propio código QR instala una aplicación maliciosa que otorga acceso remoto al dispositivo de la víctima.

El riesgo también llega a los menús de restaurantes

La modalidad no se limita a los envíos. La Guardia Civil española advirtió sobre otra variante: la sustitución de los códigos QR que muchos locales gastronómicos utilizan para mostrar su carta digital.

“Te sientas en una terraza. Escaneas el QR de la mesa para ver la carta y... Un momento”, planteó la fuerza de seguridad al describir el riesgo. Los delincuentes colocan una pegatina con un código adulterado sobre el original, de modo que el cliente termina en una página fraudulenta sin advertirlo.

La Guardia Civil resumió el riesgo con una frase directa: “Hasta una carta puede venir con ‘ingredientes’ que no habías pedido”.

Señales para identificar un mensaje fraudulento

Ninguna empresa de envíos calificada solicita datos de tarjeta por SMS o WhatsApp para “liberar” un paquete. Los errores de ortografía, los números de origen que no corresponden a líneas corporativas y la insistencia en actuar de inmediato son señales claras de alerta.

Ante cualquier QR, sea de un paquete o de una mesa de restaurante, conviene revisar que no haya sido reemplazado por una pegatina u otro método de sustitución, y comprobar la dirección web a la que redirige antes de ingresar cualquier dato.

La recomendación central es no acceder el enlace ni escanear el QR y, en cambio, ingresar directamente a la aplicación o el sitio oficial de la empresa de envíos para verificar el estado del pedido con el número de seguimiento correspondiente.

Si ya se cargaron datos en una página falsa, el primer paso es contactar al banco para bloquear la tarjeta utilizada. A esto debe sumarse el cambio de contraseñas de las cuentas comprometidas y la revisión de los movimientos recientes para detectar operaciones no reconocidas.

Reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso a la entidad financiera y denunciar el número o mensaje recibido ayuda a que las autoridades y las empresas de telecomunicaciones identifiquen y bloqueen estos patrones de fraude con mayor rapidez.

La Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer y dos hombres durante la Operación Rescate Soberano, desarrollada por una investigación sobre el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto armado en Rusia.

Las autoridades investigan los hechos como posible trata de personas, un delito contra la humanidad, informó este 24 de septiembre el Ministerio Público.

Los allanamientos, autorizados previamente por un juez de garantías, se efectuaron en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. En esos lugares, los fiscales ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán examinados como parte de las pesquisas.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada indicó que esta investigación comenzó en junio de 2026 y busca establecer la participación de personas en la captación de ciudadanos con fines militares en Rusia. La Procuraduría no precisó cuántos panameños habrían sido contactados mediante el esquema investigado en esta operación.

Los tres aprehendidos serán llevados ante un tribunal de garantías, donde los fiscales presentarán sus solicitudes. Hasta ese momento, la información divulgada por la Procuraduría no les atribuye una imputación formal ni una medida cautelar. Tampoco identifica a los sospechosos o detalla el papel que presuntamente habría desempeñado cada uno.

Las capturas se suman a tres imputados en investigaciones anteriores sobre el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el Ministerio Público no ha establecido públicamente si los nuevos aprehendidos pertenecen a la misma estructura o si las diligencias corresponden a otro grupo investigado.

El primer imputado fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según la Fiscalía, tenía los pasaportes de dos ciudadanos que presuntamente viajarían a Rusia. Un tribunal ordenó su detención provisional, mientras él sostuvo que solo prestaba un servicio de transporte.

Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años, veterano de la guerra en Ucrania. Tres personas lo señalaron como quien presuntamente las reclutó y ayudó a financiar gestiones para viajar. Ryfkogel rechazó esa versión y afirmó que había ayudado a interesados que se acercaron voluntariamente.

Un tercer sospechoso, un panameño de 23 años, fue aprehendido el 16 de agosto en Tocumen cuando regresaba de Colombia. La Justicia le imputó presunta trata de personas agravada y ordenó su detención provisional. De acuerdo con la Fiscalía, habría captado personas mediante ofertas laborales para trasladarlas a Europa del Este.

En las pesquisas anteriores, las autoridades describieron promesas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos que podían llegar a $70,000. La Fiscalía sostiene que esas ofertas habrían atraído a personas con necesidades económicas. La relación de esos ofrecimientos con los tres aprehendidos este jueves aún no ha sido precisada.

La dimensión del caso continúa bajo verificación. En agosto, el procurador general, Luis Carlos Gómez, informó que se habían identificado 30 panameños potencialmente vinculados a ambos bandos: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. El Ministerio Público mantenía entonces seis investigaciones abiertas, según el balance divulgado en ese momento.

La respuesta del Estado también incluye gestiones para el regreso de ciudadanos. El canciller Javier Martínez-Acha pidió este miércoles, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia y Ucrania faciliten el retorno de los panameños que deseen volver, mediante los mecanismos permitidos por las autoridades y legislaciones de ambos países.

Martínez-Acha agradeció a Ucrania la coordinación que permitió el regreso de varios nacionales y reiteró la necesidad de obtener asistencia para quienes permanecen vinculados al conflicto. Las gestiones diplomáticas avanzan en paralelo con las investigaciones penales en Panamá, donde los fiscales buscan determinar cómo se produjo cada captación y quiénes intervinieron.

La operación de este jueves abre una nueva etapa judicial para los tres aprehendidos, mientras siguen pendientes las decisiones del tribunal de garantías. Será en esas audiencias donde se conocerán los cargos que solicite la Fiscalía y los indicios que presente para sustentar la presunta participación de cada persona en los hechos investigados.

El traslado no implica una liberación anticipada definitiva. La fecha oficial de excarcelación de Holmes sigue fijada para el 22 de febrero de 2030.

La pena, que comenzó en mayo de 2023, fue reducida de 135 meses a 123 meses —equivalentes a 10 años y tres meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de condena y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act —ley federal de reforma penitenciaria aprobada en 2018 que permite a los reclusos reducir su condena mediante programas de rehabilitación y buena conducta—.

Elizabeth Holmes y Theranos: de Silicon Valley al banquillo de los acusados

Holmes, hoy de 42 años, fundó Theranos siendo estudiante universitaria y construyó a su alrededor uno de los relatos más celebrados de Silicon Valley. La empresa aseguraba que su tecnología permitía realizar cientos de análisis médicos —para detectar enfermedades como el cáncer o la diabetes— con apenas unas pocas gotas de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales.

La promesa atrajo una financiación de cerca de USD 945 millones y llevó a la compañía a una valuación de USD 9.000 millones. Su directorio incorporó figuras de alto perfil político y empresarial, y la empresa firmó acuerdos con grandes cadenas minoristas de salud en Estados Unidos.

El fraude que desmoronó la empresa de análisis de sangre

El edificio comenzó a derrumbarse en 2015, cuando una investigación del Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia alrededor de una docena de los cientos de análisis que ofrecía. El resto dependía, en parte, de equipos convencionales fabricados por terceras empresas. Las afirmaciones sobre la capacidad y la precisión de su sistema eran falsas.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese mismo año, Holmes y el entonces presidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración para cometer ese mismo delito. Ambos se declararon no culpables.

Condena por fraude electrónico y años de proceso judicial

En 2022, un jurado declaró culpable a Holmes de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal fijó una pena inicial de 11 años y tres meses de prisión. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Houston, en mayo de 2023.

Balwani también fue condenado por cargos similares. En 2025, un tribunal federal de apelaciones ratificó las condenas de ambos y confirmó la orden de restitución de USD 452 millones que Holmes y Balwani deben pagar a las víctimas del fraude. Los dos habían argumentado errores procesales y violaciones constitucionales durante sus juicios por separado; el panel de tres jueces rechazó esos planteos.

Qué es una casa de transición y cómo funciona el Austin Transitional Center

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), estos centros pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera, entre otros servicios.

El Austin Transitional Center, ubicado en Del Valle, es un centro comunitario de correcciones con capacidad para 460 personas, administrado por una empresa privada de gestión penitenciaria. Es uno de ocho centros de reinserción residencial en Texas.

La reducción de pena y su vinculación con la First Step Act

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila aceptó una moción para reducir la condena de Holmes de 135 a 123 meses, con base en un cambio retroactivo a las pautas federales de sentencia para condenados sin antecedentes penales que cumplen ciertos requisitos. La reducción también incorporó créditos de tiempo ganados bajo la First Step Act.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución de marzo, según informó ABC News. “Los cientos de millones de dólares en pérdidas causadas por el fraude hablan por sí solos”, agregó el magistrado, quien subrayó que la nueva pena sigue siendo un castigo justo y un mensaje hacia quienes intenten replicar conductas similares.

La defensa de Holmes había argumentado que su defendida mantuvo un historial impecable dentro del penal, sin infracciones disciplinarias, y que dedicó su tiempo a asistir a otras reclusas. El gobierno, por su parte, se opuso a la reducción y sostuvo que Holmes causó un perjuicio económico sustancial a las víctimas y no había asumido responsabilidad por sus actos.

La Oficina Federal de Prisiones no reveló condiciones individuales del traslado

La BOP no confirmó detalles sobre las condiciones específicas del traslado de Holmes. Ante la consulta de medios, el organismo indicó que “no comenta las condiciones de reclusión de ningún individuo, incluidos los planes de egreso”, según recogió ABC News. Tampoco precisó cuánto tiempo permanecerá la exdirectora en el centro antes de su liberación definitiva.

La agencia aclaró que la asignación a instalaciones depende de factores como el nivel de seguridad y supervisión requeridos, las necesidades médicas o programáticas, la seguridad del individuo y la proximidad al lugar de residencia tras la liberación.

La decisión de traslado al Austin Transitional Center no modifica la condena de Holmes ni adelanta la fecha de liberación programada, a menos que exista una resolución judicial posterior que así lo establezca.

Una mujer acusó a una compañera de trabajo de haberle robado la billetera y de utilizar luego sus tarjetas de crédito y débito para hacer compras. La sospechosa, una abogada de 43 años, fue aprehendida este martes en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho se habría producido el 18 de septiembre, cerca de las 10.30, en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La sospechosa habría ingresado al edificio con el argumento de solicitar una entrevista con el director del área, según Contexto Tucumán.

Mientras era atendida por personal del lugar habría aprovechado un descuido para tomar una billetera guardada dentro de una mochila. En su interior había documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias.

La pesquisa detectó, hasta el momento, consumos por $49.066,71 y $20.550, además de una compra de $23.000 en un comercio gastronómico y otra de $50.605,54 en una farmacia. Las operaciones suman $143.222,25 y serán analizadas junto con registros de cámaras de seguridad, comprobantes y datos de los comercios involucrados.

En ese contexto, la Policía intervino en la zona de la avenida Sarmiento y la calle España tras recibir un aviso de transeúntes sobre una aprehensión civil. Cuando los efectivos llegaron, entrevistaron a la víctima, quien señaló a la mujer retenida como la compañera de trabajo a la que atribuía el robo de su billetera y el uso posterior de sus tarjetas.

Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron entre las pertenencias de la sospechosa los plásticos de la denunciante. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital. La imputada recibió arresto domiciliario por 30 días. La medida fue dispuesta mientras la Fiscalía continúa con la investigación para precisar el recorrido de las tarjetas, identificar los comercios donde se habrían efectuado las compras y reunir registros de cámaras de seguridad y comprobantes de las operaciones.

Una docente fue detenida por comprar con la tarjeta de una colega

Una docente de 33 años fue detenida en Oberá, Misiones, acusada de sustraer la tarjeta de débito de una compañera de trabajo y realizar compras. La investigación se inició luego de que la víctima, de 25 años y también trabajadora de la misma institución educativa, detectara consumos bancarios que no reconocía.

El episodio ocurrió en el Instituto Privado Mariano de Oberá. La maniobra bajo investigación se habría producido el 5 de mayo, cuando la acusada habría tomado el plástico de su compañera y efectuado distintos pagos en comercios de la ciudad.

La pesquisa identificó tres gastos que sumaron $309.000: el primero fue de $62.000 en una estación de servicio; el segundo, de $ 226.000 en un supermercado; y el tercero, de $21.000 en otro comercio local.

Los consumos desconocidos llevaron a la víctima a presentar una denuncia y dieron paso a una investigación policial. Los investigadores analizaron los horarios de las transacciones y relevaron imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los locales donde se habrían realizado las compras.

Ese material audiovisual permitió comparar la secuencia de los movimientos bancarios con la presencia de la sospechosa en los comercios. El expediente también incorporó el análisis de registros electrónicos y el cruce de información sobre las operaciones efectuadas con la tarjeta de débito.

Con esos elementos, el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá ordenó la detención de la docente. La mujer fue arrestada cuando salía de la escuela en la que trabajaba junto con la denunciante. La acusada quedó alojada en la Seccional Segunda de Oberá mientras avanza la causa, en la que es investigada por presunto robo y defraudación.

En paralelo a la investigación judicial, las autoridades del Instituto Privado Mariano iniciaron un sumario interno para determinar si correspondían medidas administrativas. Ese proceso apunta a establecer eventuales responsabilidades dentro del establecimiento, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas en torno a los gastos denunciados.

La Policía de Santa Fe detuvo a un falso mentalista de 44 años, identificado como H.D.P., quien está acusado de haber estafado a una mujer de 69 años por 300 mil pesos y 25 mil dólares. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el hombre le había manifestado a la víctima que su familia tenía un “maleficio”. Bajo esa premisa, se ofreció para realizar trabajos y viajes para revertir la situación.

Todo comenzó cuando la mujer escuchó en un programa de una radio de la localidad de Sarmiento que iba a ir un supuesto mentalista. Interesada, se comunicó con él y acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre le dijo durante esa visita que le habían hecho “magia negra” y le ofreció cirios pascuales -velas de cera que se bendicen y se encienden durante la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo- para proteger a su familia del “maleficio”.

La mujer confió en su relato y compró tres cirios. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, la víctima pagó 100 pesos por cada uno. Sin embargo, la estafa no terminó allí. Tiempo después, el “brujo” volvió a aparecer en su casa y le dijo que tenían que ir al cementerio.

Durante su recorrido por el lugar, H.D.P. agarró unas cintas que se encontraban en una lápida y le manifestó que debía viajar a Roma para bendecirlas y así terminar con la maldición que pesaba sobre su familia. Sin embargo, para llevar a cabo la travesía necesitaba dinero.

Con la fe de que se iba a deshacer el maleficio, le entregó tres mil dólares y luego, otros 22 mil más. Desde un principio, el acusado le dijo a la víctima que bajo ningún punto de vista debía contarle a sus hijos, ya que ellos también estaban “engualichados”.

A pesar de las órdenes del “brujo”, la mujer le contó a sus hijos, quienes la hicieron entrar en razón y le explicaron que debía realizar la denuncia por estafa.

El martes, tras tomar conocimiento de los hechos, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Alfonsina Storni al 6000.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un Peugeot color gris, un teléfono celular, un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos, sahumerios y demás elementos de interés para la investigación. Asimismo, detuvieron al falso mentalista, quien permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación. Fuentes judiciales detallaron que se espera que la próxima semana el fiscal impute al acusado, quien no cuenta con antecedentes penales, por el delito de defraudación, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión. Además, se espera que, durante la audiencia de la semana que viene, Benítez solicite la prisión preventiva del acusado.

Por otro lado, las fuentes consultadas por este medio señalaron que al tratarse de un ataque al patrimonio puede ser negociable. Esto quiere decir que las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo mutuo para resolver el problema sin la necesidad de ir a un juicio o aplicar una pena de prisión. Desde la familia de la víctima le solicitan al acusado que les devuelva el dinero. De lo contrario, pedirán que quede preso.

Una oferta de viviendas en Panamá Norte difundida por redes sociales terminó bajo investigación penal. El Ministerio Público informó que seis personas fueron aprehendidas en la Operación Ciclo por su presunta participación en un esquema que cobraba abonos para separar casas que nunca eran entregadas a quienes pagaban.

La Procuraduría General de la Nación señaló que la investigación comenzó en 2026. El proyecto habitacional privado se promocionaba principalmente entre personas con dificultades para cumplir los requisitos de compra de una casa. A los interesados se les solicitaba un pago inicial para apartar la vivienda ofrecida en los anuncios.

De acuerdo con las pesquisas, los abonos recibidos mediante este mecanismo dejaron una afectación económica aproximada de $38.145,50.

La Fiscalía investiga los hechos como presunta estafa, mientras busca establecer cómo operaba el grupo y la participación de cada una de las seis personas capturadas durante las diligencias.

Los allanamientos se realizaron en Don Bosco, La Cabima, Las Cumbres, Brisas del Golf y Torrijos Carter. Las acciones estuvieron a cargo de fiscalías especializadas en delitos contra el patrimonio económico, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Durante los registros se recabaron indicios relacionados con la investigación.

En la Operación Ciclo participaron las Secciones Tercera y Quinta contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Fiscalía Regional de San Miguelito. Los seis aprehendidos, junto con los indicios recogidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con las actuaciones del caso.

El operativo se produce en medio de un aumento de los registros de estafa en Panamá. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,196 noticias criminales por este delito, frente a 3.812 durante los mismos ocho meses de 2025. La diferencia es de 384 casos, cerca del 10%.

Al sumar la estafa agravada y los demás delitos incluidos en el apartado de estafa y otros fraudes, el registro nacional alcanzó 4.547 noticias criminales hasta agosto. En igual período del año anterior se habían contabilizado 3,987, lo que representa un incremento del 14%, según las cifras preliminares de la Procuraduría.

Marzo fue el mes con más registros de estafa, con 581 noticias criminales. Le siguieron enero, con 550, y abril, con 529. En agosto se reportaron 521 casos, ligeramente por encima de los 515 contabilizados en julio. El informe también registra 94 noticias criminales por estafa agravada entre enero y agosto.

La mayor cantidad de reportes se concentró en la provincia de Panamá, con 2.370 registros de estafa en los primeros ocho meses del año. Panamá Oeste sumó 595 y San Miguelito, 230. Esas tres áreas aparecen entre las de mayor incidencia del delito en el desglose territorial del Ministerio Público.

Panamá Oeste registró, además, un aumento del 33% en el conjunto de estafas y otros fraudes: pasó de 462 noticias criminales entre enero y agosto de 2025 a 615 en el mismo período de 2026. En la provincia de Panamá, el total subió de 2.288 a 2.607, una variación del 14%.

La investigación de la Operación Ciclo se concentra ahora en los pagos exigidos a quienes buscaban adquirir una casa y en la promoción del proyecto por redes sociales. Con los seis aprehendidos a disposición judicial, las fiscalías continuarán las diligencias para determinar el alcance del esquema y establecer las responsabilidades correspondientes.

En la era del culto a la plata fácil, la historia de EquiQuant Capital parece una de tantas. Según la acusación de la Justicia, se trataba de otra financiera de bajo brillo que ofrecía, a lo largo del territorio argentino, inversiones dudoso tenor, a través de una aplicación del mismo nombre. Hoyy está borrada del mapa.

Funcionaba de la misma forma que otras firmas de inversiones, mucho más sólidas, reconocidas, y para empezar, no sospechadas de ningún delito. Bizarramente, EquiQuant se presentaba a sí misma como una academa de negocios. En esta app, “los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales, a requisito y manejo de los “asesores” de la “academia de negocios”“, aseguró Andrés Madrea, el fiscal encargado de investigar el caso, en un reciente dictamen.

Hasta aquí, nada fuera de lo común, otro síntoma de época. Pero la dimensión de la historia vuelve distinta al caso EquiQuant. En una instrucción conjunta con la UFECI y el fiscal Fernando Rivarola del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Madrea pidió este semana al juez Darío Bonanno las indagatorias de 26 sospechosos entre líderes, operadores y prestanombres, acusados de reinsertar el dinero robado en una curiosa trama de empresas para ingresar el dinero robado al “circuito formal de circulación de capitales”.

El daño estimado, dijo Madrea en su dictamen ”supera holgadamente los mil millones de pesos". Su expediente condensa una decena de causas penales registradas en el fuero porteño desde fines de 2025, con, al menos, 17 víctimas.

Lautaro Germino, Alan Germino, Carlos Santiago Hazarabedian, Ignacio García Palma y María Fernanda Villanueva Salazar integran la presunta cúpula del caso, acusados de “haber ejercido la conducción y el diseño estratégico”. Los delitos de los que se los acusa: intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y estafas. Madrea pidió la prisión preventiva para Lautaro Germino y Hazarabedian, contador de profesión. No hará falta un arresto; ambos, junto con Alan Germino, fueron detenidos en mayo último en CABA y el Conurbano bonaerense por orden de la Justicia de Chubut, con tres meses de prisión preventiva, ya que una víctima los denunció en Puerto Madryn. La causa chubutense fue investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, a cargo de Rivarola.

El fiscal, también, pidió al juez Bonanno congelar las empresas ligadas a los movimientos del grupo. Se trata de Global T.T. S.A., Instrumental Norte S.A., Smile Tecnologías S.R.L., entre otras doce firmas y personas físicas.

Lautaro Germino, de 29 años, registrado como financista en ARCA, ex empleado de una importante multinacional, acumula más de $10 millones en deudas de larga data. Sus datos personales fueron empleados para activar las billeteras virtuales de Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas de la trama, registrada en diciembre de 2025 bajo el rubro de servicio de informática y presidida por un prestanombres de Merlo que también integró otros directorios del bizarro holding de presuntos timadores.

A Lautaro, también, lo acusan de operar las cuentas desde España, con un viaje registrado a fines de 2025 por Migraciones, así como de recibir giros millonarios. Su hermano mellizo Alan, con domicilio en Castelar, también detenido en la redada de mayo, habría aportado las oficinas del grupo en la calle Maipú, a las que alquiló junto a su mellizo.

Carlos Santiago Hazarabedian es un caso distinto. De 64 años, contador, integró varias empresas en la década pasada. El fiscal Madrea lo acusa de diseñar y manejar Instrumental Norte, otra de las empresas involucradas en el supuesto lavado, también frenteada por prestanombres.

La burbuja de EquiQuant comenzó a estallar, al igual que el caso Cositorto, en redes sociales. Expertos de Instagram en finanzas alertaban de la supuesta poca seriedad de EquiQuant. Los propios usuarios se dieron cuenta, de acuerdo a sus testimonios, cuando pedían recuperar sus ganancias, o retirar la inversión. Así, se encontraban con “distintas excusas, como la necesidad de “integrar pagos” para permitir la liberación de los activos, o la solicitud de nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA", siguió Madrea. “Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas”, finalizó el fiscal.

EquiQuant, por su parte, borró toda su huella digital. Ya ni siquiera puede encontrarse un logo de la firma.

Un joven oriundo de la provincia de Entre Ríos denunció que lo estafaron por $5 millones, que habrían sido transferidos de su billetera virtual sin que él lo haya autorizado. Previo a esto, había negociado la compra de un Volkswagen Gol Power, publicado en redes sociales.

“Era mi primer vehículo para uso personal”, lamentó la víctima, quien denunció que había pactado la supuesta compra del vehículo. Sin embargo, cuando había acordado el punto de entrega en Paraná, aseguró que el auto nunca llegó.

Según su relato, vio una publicación de un Gol Power modelo 2008 y se contactó con el supuesto vendedor para consultar por el estado del rodado. La operación incluía la posibilidad de revisar y probar el auto antes de concretar la compra.

“Busqué mucho. Me encantó ese auto”, contó durante un diálogo con El Once. Incluso, señaló que durante las conversaciones pidió ver el vehículo para comprobar sus condiciones antes de pagar el monto total. Fue así que el supuesto dueño del auto le indicó que se encontraba en la localidad entrerriana de Chajarí, es decir, a poco más de 300 kilómetros de distancia.

No obstante, fue en este punto que comenzaron a surgir las dudas del joven, debido a que detectó contradicciones a medida que avanzaba la negociación. Una de ellas fue que el número que utilizaba tenía característica de Córdoba, mientras que la publicación indicaba que el vehículo se encontraba en Santa Fe.

“Todo muy raro”, resumió la víctima, quien aseguró que, frente a estas dudas, un amigo se comunicó con el mismo contacto y recibió una propuesta similar. Según afirmó, al amigo también le dijeron que el auto estaba en Chajarí y le solicitaron dinero.

A partir de este doble chequeo, decidió pactar la entrega para el martes 11 de septiembre. Antes del encuentro, los presuntos vendedores le solicitaron una transferencia previa que, de acuerdo con el joven, correspondía al 10% del valor del vehículo.

Fue en esa instancia que su padre realizó un envío de $ 450.000 a un CBU aportado por el supuesto vendedor. Luego, le exigieron que transfiriera el resto del dinero antes de recibir el auto, algo a lo que se negó. “Yo no lo tengo, no lo vi, no sé cómo está, no sé si anda bien o mal”, sostuvo al explicar por qué no aceptó pagar el total de manera anticipada.

Fue así que la cita quedó fijada para las 21:30 horas de ese día en una estación de servicio de la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. De hecho, el denunciante indicó que el vendedor le había dicho que saldría desde Chajarí entre las 18 y las 19 y que demoraría cerca de tres horas y media.

Sin embargo, el vehículo no llegó. Cerca de las 23, los mensajes dejaron de ser entregados y las llamadas no fueron respondidas. En ese momento, el joven comenzó a sospechar que había sido engañado. Pero la situación se agravó cuando ingresó a su billetera virtual, donde guardaba el dinero destinado a la compra.

“Cuando entro, desapareció toda la plata”, afirmó, para luego remarcar que no había efectuado una transferencia por los $5 millones a quienes ofrecían el vehículo y negó haber compartido claves o códigos de verificación. También señaló que nunca informó qué billetera virtual ni qué banco utilizaba.

“Ellos entraban a mi billetera y se cobraban el auto solos. Yo no le hice ninguna transferencia”, manifestó. A raíz de esto, el joven radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná, sobre avenida Ejército. Según indicó, las actuaciones serían remitidas al área de Delitos Económicos, aunque todavía aguardaba ser contactado por esa dependencia.

A partir de este hecho, la víctima indicó que seguirá reuniendo información para incorporarla a la investigación. Además, afirmó haber identificado, por sus propios medios, a cinco personas que podrían estar vinculadas al hecho: cuatro de San Juan y una de Neuquén.

También relató que, al día siguiente de la cita fallida, el supuesto vendedor volvió a contactarlo y le aseguró que le habían hackeado el teléfono. No obstante, sostuvo que no creyó esa versión y que presentará los mensajes y demás elementos reunidos ante Delitos Económicos. Además, reclamó la restitución del monto robado.

Los clientes llegaban con importantes sumas de dinero en efectivo para depositar y entregaban los fajos a los cajeros. Después del conteo, en algunos casos aparecía una diferencia: había menos plata de la que creían haber llevado. Lejos de sospechar de los empleados que tenían enfrente, varios asumían que se habían equivocado y reponían el faltante de su propio bolsillo.

Detrás de esas diferencias estaba la maniobra conocida como “pellizco”, por la que esta semana fueron condenados Castro y Arias Knudsen, pareja y ex empleados de la entidad bancaria.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditados 18 hechos ocurridos durante 2023: 17 atribuidos a la mujer y uno al hombre. Ella recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y él, de seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La confianza como clave de la maniobra

La reconstrucción del caso permitió conocer cómo funcionaba un mecanismo que, principalmente, se apoyaba en la confianza de los clientes.

Castro llevaba más de 30 años trabajando en la sucursal. Entre quienes acudían a su caja había clientes habituales que realizaban depósitos por montos importantes, entre ellos representantes de empresas locales.

La disposición del lugar resultó clave. Una vez que recibía el efectivo, la cajera trasladaba los fajos hasta una máquina contadora ubicada en un box contiguo que quedaba fuera del campo visual del cliente. Además, un vidrio esmerilado impedía observar con claridad lo que ocurría durante el procedimiento.

Según quedó probado durante el juicio, Castro aprovechaba ese momento para separar billetes. En algunas oportunidades lo hacía antes de pasar el dinero por la máquina; en otras, después de un primer conteo. Luego ocultaba el efectivo dentro de un folleto publicitario del propio Banco Nación.

Cuando la máquina marcaba una suma inferior a la que el cliente aseguraba haber entregado, aparecía la otra parte de la maniobra: la víctima no sospechaba de quien estaba detrás de la caja.

Durante el debate declararon personas que habían sufrido esos faltantes. Contaron que, en ese momento, los habían atribuido a equivocaciones propias. Algunos incluso completaron la diferencia para poder realizar el depósito.

Cómo los descubrieron

La maniobra comenzó a quedar al descubierto el 17 de noviembre de 2023, y no fue inicialmente por la denuncia de uno de esos clientes.

Ese día, un compañero de Castro se acercó hasta su caja para comunicarle una gestión interna. Como la mujer estaba atendiendo, esperó. Fue entonces cuando observó que retiraba dinero de un depósito y lo guardaba dentro de un folleto.

El empleado esperó y luego revisó el material. Adentro encontró los billetes que habían sido separados del fajo entregado por el cliente.

El episodio fue comunicado a las autoridades del banco y abrió una revisión de las cámaras de seguridad de la sucursal. Los registros se remontaron hasta el 19 de julio de 2023 y permitieron detectar que no se trataba de un hecho aislado.

La investigación identificó inicialmente 22 maniobras: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Finalmente, el tribunal consideró probadas 18.

Los videos se convirtieron en una de las pruebas centrales del juicio. En las imágenes se observaron las maniobras realizadas detrás de las cajas y el ocultamiento de los billetes.

Los cajeros denunciaron una “persecución laboral”

Castro y Arias Knudsen negaron haber sustraído dinero y atribuyeron la acusación a conflictos internos dentro de la sucursal. Él, que al igual que su pareja se desempeña como delegado gremial, hizo hincapié durante su declaración en supuestos enfrentamientos con el tesorero del banco.

Castro, por su parte, habló de una “persecución laboral” y mencionó presuntas falencias internas de la entidad. También dio una explicación sobre una de las principales pruebas en su contra: los videos en los que se la veía separar billetes mientras realizaba operaciones.

Según declaró, ese dinero era suyo y lo llevaba desde su casa para cambiarlo por billetes de menor denominación, una práctica que, sostuvo, también realizaban otros empleados. Además, negó haberse quedado con plata de los clientes y argumentó que no se habían registrado reclamos por los faltantes.

Esa explicación, sin embargo, fue descartada por el juez Domingo Batule, quien tuvo en cuenta las filmaciones, los testimonios de las víctimas y el resto de la prueba incorporada al debate. El magistrado destacó además el abuso de confianza sobre el que se sostenía el mecanismo y consideró que la conducta no solamente perjudicó a quienes perdieron dinero, sino que también afectó la imagen de la entidad.

La investigación penal se había iniciado formalmente a partir de una denuncia presentada el 29 de diciembre de 2023 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), luego de que salieran a la luz los faltantes registrados en depósitos realizados en la sucursal.

En el juicio intervino el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, quien había solicitado dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y un año para Arias Knudsen.

Finalmente, el tribunal fijó penas de dos años y seis meses, respectivamente. Además, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas y deberán cumplir durante dos años distintas reglas de conducta.

Los clientes damnificados, en tanto, quedaron habilitados para iniciar reclamos por los perjuicios sufridos.

Al resolver, Batule también descartó que detrás de las maniobras hubiera una situación de necesidad económica. Durante el juicio se incorporó información sobre los ingresos de la pareja y una actividad comercial que desarrollaban por fuera del banco.

“Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos”, concluyó el juez.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4,547 denuncias criminales por estafas y otros fraudes, frente a 3,987 en el mismo período de 2025. La diferencia fue de 560 casos, equivalente a un aumento del 14%. Las cifras son preliminares y corresponden a hechos puestos en conocimiento de la institución, no a condenas.

La estafa común concentró 4,196 registros, más de nueve de cada diez casos del total. Esta categoría sumó 384 noticias criminales más que un año antes, cuando se habían contabilizado 3,812. Por su volumen, sigue siendo el principal delito del grupo y explica buena parte del incremento observado en 2026.

El segundo cambio más marcado apareció en la modificación o manipulación de programas informáticos. Los registros pasaron de 52 entre enero y agosto de 2025 a 228 en igual período de 2026: 176 casos adicionales, un alza de 338%. Aunque representa una fracción menor del total, fue la categoría con el mayor crecimiento relativo.

La clasificación del Ministerio Público permite distinguir ambos delitos, pero no detalla en estos cuadros cómo se cometió cada hecho. Por ello, los 228 registros informáticos no pueden atribuirse, sin información adicional, a mensajes falsos, suplantaciones o una plataforma específica. El aumento describe una categoría penal, no identifica por sí solo un método de fraude.

La estafa agravada, en cambio, bajó de 107 a 94 registros, una reducción de 13 casos. También descendió el fraude en servicios públicos, de ocho a siete, mientras que el cobro indebido de un seguro pasó de cinco a ninguno. Estas variaciones fueron menores en número que el crecimiento de la estafa común y los delitos informáticos.

Otras categorías tuvieron cifras reducidas, aunque algunas mostraron saltos visibles. Las denuncias criminales por prenda hipotecaria sobre bien ajeno aumentaron de tres a 21. El reporte de 2026 consignó, además, un caso de alteración o manipulación de instrumentos de medición.

Por mes, marzo registró el máximo de 2026, con 615 noticias criminales. Le siguieron agosto, con 577, y enero y julio, con 575 cada uno. Febrero presentó la menor cifra, 523. El reporte muestra así registros durante todo el período, sin que el dato de un mes baste para establecer una tendencia futura.

La mayor cantidad de casos se concentró en la provincia de Panamá, con 2,607, seguida de Panamá Oeste, con 615, y Chiriquí, con 405. San Miguelito aparece por separado con 244 registros. Panamá reunió cerca del 57% del total nacional, aunque los informes no ofrecen tasas por población para comparar el riesgo entre territorios.

En términos interanuales, Panamá Oeste pasó de 462 a 615 casos, un aumento de 153, mientras la provincia de Panamá subió de 2,288 a 2,607, es decir, 319 más. Chiriquí avanzó de 349 a 405. Los Santos registró 96 frente a 70, un crecimiento porcentual importante sobre una base más pequeña.

No todas las áreas mostraron incrementos. Veraguas bajó de 116 a 99 registros, Herrera de 112 a 100 y Coclé de 140 a 134. Bocas del Toro permaneció en 45. Estas diferencias muestran que el aumento nacional no se distribuyó de manera uniforme y que las cifras provinciales requieren leerse junto con su volumen inicial.

Como contexto sobre la experiencia de los consumidores, un estudio de Experian publicado en septiembre de 2026 señala que el 68% de sus encuestados recibió al menos un intento de fraude durante el último año.

Entre quienes estuvieron expuestos, el 62% dijo que el intento no se materializó. La encuesta mide experiencias declaradas; no equivale al registro penal.

El estudio también encontró que el 64% de los encuestados no había recibido capacitación o información para evitar fraudes y que la mitad no sabía cómo reportar uno. Esos hallazgos ayudan a entender las dificultades de prevención y denuncia, pero no permiten explicar por sí solos el aumento de las noticias criminales registradas por el Ministerio Público.

Las falsas propuestas de colaboración comercial se están utilizando para intentar robar cuentas de Google vinculadas a canales de YouTube. La campaña, analizada por ESET, suplanta a marcas reconocidas y contacta directamente a creadores de contenido con ofertas de patrocinio que parecen legítimas, para después conducirlos a plataformas falsas donde se les solicita iniciar sesión.

El engaño combina tres elementos para generar confianza: el nombre de una compañía conocida, una propuesta comercial aparentemente personalizada y una página web con diseño profesional.

La compañía de ciberseguridad advierte que esta estrategia también está dirigida a creadores de contenido de Latinoamérica y puede terminar con la pérdida del control de una cuenta de Google y, por extensión, de un canal de YouTube.

Una propuesta de patrocinio que parece real

La estafa comienza con un correo electrónico en el que los atacantes se presentan como representantes de una marca. En uno de los casos analizados, una periodista peruana recibió una propuesta de colaboración remunerada supuestamente enviada por una integrante del equipo de Creator Partnerships de Hollyland, una compañía legítima especializada en equipos audiovisuales.

La empresa no estaba detrás del contacto. Los atacantes utilizaban su identidad para dar credibilidad a la propuesta. Además, el mensaje hacía referencia a vídeos concretos del canal de la destinataria y ofrecía un producto junto con la posibilidad de establecer una colaboración a largo plazo.

Una primera señal de alerta era que el correo procedía de un dominio que no pertenecía a Hollyland.

Después de que la creadora respondiera con sus tarifas, el supuesto representante aceptó una colaboración valorada en 300 dólares y añadió elementos habituales en este tipo de acuerdos: un proceso de verificación, un documento con instrucciones, revisión de estadísticas, un panel de gestión y un sistema de “pago seguro”.

El siguiente paso lleva a una plataforma falsa

El contacto posteriormente dirigió a la víctima a un sitio web denominado Matchy. La página estaba diseñada para aparentar ser una plataforma profesional que conecta marcas y creadores de contenido.

El sitio incluía logotipos de compañías conocidas, estadísticas sobre campañas, una calculadora de ingresos y herramientas relacionadas con contratos, colaboraciones y pagos. También solicitaba la dirección del canal de YouTube para obtener información pública y crear una experiencia personalizada.

Según ESET, esta etapa es importante porque evita solicitar información sensible desde el primer momento. El usuario simplemente introduce datos que parecen necesarios para gestionar una colaboración comercial.

El problema aparece después, cuando la plataforma conduce al creador hasta una pantalla de inicio de sesión con Google para supuestamente verificar la propiedad del canal.

“Iniciar sesión con Google” es un mecanismo legítimo utilizado por numerosos servicios, pero en este caso aparece dentro de un sitio ajeno a los canales oficiales de la marca. Si el usuario introduce sus credenciales, los atacantes pueden obtener acceso a la cuenta.

La víctima puede perder el control de su cuenta

La compañía de ciberseguridad documentó el testimonio de una persona que inició sesión varias veces en uno de estos sitios. Poco después comenzó a detectar actividad que no reconocía en su cuenta de Google, incluidos accesos asociados con Rusia y Virginia.

Al revisar la configuración de seguridad, descubrió que habían cambiado elementos fundamentales para recuperar la cuenta. Los atacantes habían eliminado su teléfono y correo electrónico de recuperación, añadido información propia y sustituido los códigos de respaldo.

Esto puede dejar al propietario legítimo en una situación especialmente complicada, porque los mecanismos destinados a recuperar la cuenta también han sido modificados.

El riesgo no se limita al correo electrónico. Una cuenta de Google comprometida puede proporcionar acceso al canal de YouTube y a otros servicios, archivos, contactos, información personal y herramientas relacionadas con la actividad profesional del creador.

La campaña utiliza distintas marcas y dominios

ESET también encontró variantes que utilizan los nombres de otras compañías, entre ellas Nike y Spotify. La infraestructura observada alterna nombres como Matchy y Scouty y emplea diferentes dominios para evitar ser detectada.

Los investigadores encontraron coincidencias técnicas entre algunos sitios, como elementos del código, favicons, metadescripciones, textos y estructuras similares. Estos indicios permiten relacionar las distintas variantes con una misma infraestructura o campaña, aunque no identifican por sí solos a sus responsables.

Los contactos, además, están personalizados y se han observado casos en Perú, Japón y comunidades de habla inglesa.

Cómo evitar caer en la estafa

Los expertos recomienda verificar cualquier propuesta comercial mediante los canales oficiales de la marca. También es importante comprobar cuidadosamente el dominio desde el que llega el correo y la dirección de la página a la que se solicita acceder.

Un diseño profesional, logotipos conocidos o una negociación aparentemente formal no demuestran que una plataforma sea legítima. Antes de iniciar sesión con Google, los creadores deben comprobar qué servicio están autorizando y qué permisos solicita.

Si una cuenta ya fue comprometida, se recomienda revisar inmediatamente los eventos de seguridad, los dispositivos conectados, los métodos de recuperación y las aplicaciones de terceros autorizadas. También aconseja eliminar accesos desconocidos, cambiar la contraseña y activar un método adicional de autenticación.

Una oferta de patrocinio puede parecer una oportunidad comercial, pero en esta campaña constituye el primer paso de un ataque diseñado para conseguir algo mucho más valioso: el control de la cuenta y del canal del creador.

Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa por alrededor de 63 millones de pesos, luego de advertir que 33 operaciones de venta nunca habían sido abonadas. La investigación derivó en la aprehensión de una mujer de 25 años durante un allanamiento realizado en Quequén.

Durante un allanamiento, la Policía secuestró 95 piezas de queso y otros elementos de interés para la causa. La acusada habría realizado las compras con comprobantes de pagos falsos, perjudicando al comercio.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La investigación busca determinar el alcance de la presunta estafa y establecer si hubo otras personas involucradas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Capital, las operaciones se efectuaron entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre. La clienta habría contactado telefónicamente a la firma marplatense, enviaba una constancia de transferencia y luego enviaba a un comisionista para retirar la mercadería con destino a Quequén.

Cada compra rondaba los 1,5 millones de pesos. La empresa detectó que los supuestos pagos no habían ingresado a sus cuentas al revisar sus registros contables, luego de que otro cliente de la zona advirtiera sobre precios bajos en la reventa de los productos.

Las constancias de pago estaban vinculadas a una billetera virtual y a una cuenta inexistente. La denuncia fue presentada el 11 de septiembre ante la Justicia.

Con la identificación de la presunta compradora y su domicilio, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en Quequén. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea incautó: 95 piezas de queso de distintos tipos, tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La mujer fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal Ferreyra, según La Capital. Más tarde recuperó la libertad, aunque continuará imputada en la causa por el delito de estafa.

La fiscalía deberá analizar los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados para precisar el circuito de comercialización de la mercadería y el perjuicio económico total denunciado por la quesería.

Amazon debe devolver hasta USD 200 a clientes de Prime afectados por prácticas de inscripción irregulares, según acuerdo con la FTC de Estados Unidos que asciende a USD 2.500 millones en total. Los pagos comenzaron en noviembre de 2025 y se extenderán hasta abril de 2027.

Amazon comenzó en noviembre de 2025 a enviar reembolsos a clientes elegibles de Prime en Estados Unidos en el marco de un acuerdo de USD 2.500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC) tras una demanda por prácticas engañosas de inscripción y cancelación. De esa suma, USD 1.500 millones son para devoluciones a consumidores y USD 1.000 millones por multa civil al gobierno federal. Según la FTC, hasta septiembre de 2026 se distribuyeron más de USD 845 millones entre los clientes que califican para el reembolso.

El proceso incluye a quienes contrataron Prime mediante ciertos flujos de inscripción engañosos y cancelaron o intentaron cancelar su suscripción en el período señalado. Solo quienes cumplan los tres requisitos de la orden recibirán el pago. Los pagos serán automáticos, sin reclamaciones ni formularios, y continuarán hasta abril de 2027.

Quiénes califican para recibir el reembolso de Amazon Prime

Para ser elegible, un cliente debe cumplir las tres condiciones que establece la orden de acuerdo revisada:

• Haberse inscrito en Prime a través de alguno de los flujos cuestionados.
• Haber cancelado —o intentado cancelar— la suscripción durante el período comprendido por las prácticas objeto de la demanda.
• Cumplir con los demás criterios que Amazon determina en función de los registros internos de cada cuenta.

Quienes reúnan esas condiciones no deben tomar ninguna acción: Amazon enviará los pagos de forma automática. Los usuarios que no reciban un reembolso, o que no estén seguros de si califican, pueden consultar su situación a través de los canales oficiales del programa.

De acuerdo con la información publicada por la FTC, los pagos iniciales del acuerdo se limitaron a un máximo de USD 51 por cliente. Con la orden revisada, Amazon puede emitir abonos adicionales de hasta USD 149 por persona elegible, lo que eleva el tope total a USD 200 por cliente.

Cómo y cuándo llega el pago a los clientes elegibles

Los reembolsos se entregan por dos vías: cheque enviado por correo postal o pago electrónico a través de PayPal o Venmo. Amazon determina el método según la información disponible en cada cuenta. El usuario no elige la modalidad, pero puede gestionar consultas o inconvenientes con el pago a través del correo oficial del programa.

Cada pago tiene un plazo de validez de 60 días desde la fecha de emisión. Pasado ese período, el monto vence y no es posible cobrarlo. Los clientes elegibles que aún no hayan recibido su reembolso tienen tiempo hasta abril de 2027, fecha límite prevista para la distribución de los pagos automáticos bajo la orden revisada.

Canales oficiales para consultar el estado del reembolso

Los clientes de Prime en Estados Unidos que deseen verificar su situación o resolver dudas sobre el proceso disponen de tres vías de contacto oficiales:

• Sitio web: www.SubscriptionMembershipSettlement.com
• Correo electrónico: admin@SubscriptionMembershipSettlement.com
• Teléfono: 1-888-999-8094

Quienes ya recibieron un pago y necesitan asistencia también pueden escribir directamente a esa misma dirección de correo. El plazo máximo para que todos los pagos automáticos lleguen a los clientes elegibles es abril de 2027.

Qué prácticas de Amazon motivaron el acuerdo con la FTC

La demanda de la FTC se centró en que Amazon inscribió a consumidores en Prime sin su consentimiento explícito y dificultó la cancelación. Según la FTC, la empresa usó flujos de inscripción en la página universal de decisión de Prime, la página de selección de envío, el proceso de compra en una sola página y el flujo de inscripción de Prime Video. Estos “flujos de inscripción cuestionados” facilitaron suscripciones no deseadas.

Como resultado de ese acuerdo —calificado por la propia FTC como histórico—, Amazon quedó obligada a cesar esas prácticas, a abonar la multa de USD 1.000 millones y a destinar USD 1.500 millones a reembolsos para los clientes perjudicados.

Cómo evitar estafas relacionadas con los reembolsos de Amazon Prime

La FTC advierte que su organismo no toma contacto directo con los consumidores en el marco de este proceso. Cualquier llamada, mensaje o correo que afirme provenir de la FTC para tramitar el reembolso es una estafa. El organismo nunca solicita dinero, no emite amenazas, no pide transferencias ni promete premios a cambio de gestionar una devolución.

Lo mismo aplica del lado de Amazon: ningún representante de la empresa pedirá dinero ni datos personales para procesar un reembolso. Solo quienes buscan defraudar a los consumidores ofrecen “acceso especial” o garantizan devoluciones a cambio de un pago previo.

Ante cualquier contacto sospechoso, la FTC indica que se puede denunciar la situación en ReportFraud.ftc.gov.

Encontrar una moneda en el parabrisas del auto puede parecer una situación casual, pero existe una versión que relaciona este hecho con posibles intentos de robo o distracción.

Por ello, si al regresar a tu vehículo encuentras un objeto colocado en los limpiaparabrisas, lo recomendable es actuar con precaución y evitar bajar inmediatamente del automóvil.

La situación puede ocurrir después de salir de un supermercado, estacionamiento o cualquier otro lugar. Al notar la moneda sobre el parabrisas, la reacción más común sería detenerse para retirarla, pero precisamente ese momento de distracción es el que, según esta advertencia, podría ser aprovechado por delincuentes.

¿Por qué no debes bajar del auto si encuentras una moneda?

La principal recomendación es no descender inmediatamente del vehículo para quitar la moneda. Hacerlo podría dejar el automóvil desatendido y facilitar que alguien intente abrir alguna de las puertas o tomar objetos que se encuentren en el interior.

Por ello, si encuentras una moneda u otro objeto sobre el parabrisas, una medida de precaución es mantenerte dentro del automóvil, cerrar las puertas y alejarte del sitio.

¿Qué hacer si encuentras una moneda en el parabrisas?

Una vez que detectes el objeto, lo recomendable es no bajarte del auto en ese momento. Si te encuentras en un estacionamiento, puedes poner en marcha el vehículo y dirigirte hacia un sitio más transitado, iluminado o donde haya personal de seguridad.

Cuando estés en un lugar que consideres seguro, podrás detenerte y retirar el objeto del parabrisas.

La recomendación busca evitar que una situación aparentemente insignificante provoque una distracción y dejar el vehículo expuesto durante los primeros segundos.

Estafadores hacen uso de las quejas de pasajeros en redes sociales para suplantar a aerolíneas y robar dinero mediante una campaña de ingeniería social identificada por Check Point Software Technologies. La empresa de ciberseguridad detectó cuentas falsas que responden a reclamos públicos de viajeros, se ganan su confianza con lenguaje similar al de atención al cliente y trasladan la conversación a WhatsApp para solicitar datos personales y bancarios.

La investigación, realizada por el área de Exposure Management de la compañía, documentó el recorrido completo del fraude: desde el primer contacto en perfiles públicos hasta los intentos de pago final. El hallazgo expone un problema que va más allá de los sistemas informáticos de las aerolíneas.

Cómo operan las cuentas falsas que suplantan a las aerolíneas

El mecanismo del fraude parte de una situación cotidiana y real para cualquier viajero. Un vuelo retrasado, una maleta extraviada o una devolución pendiente lleva al pasajero a publicar su queja en redes sociales, generalmente etiquetando a la aerolínea con la expectativa de recibir una respuesta oficial.

Es en ese momento de frustración cuando actúan los ciberdelincuentes. Las cuentas fraudulentas monitorizan estas publicaciones y responden con rapidez, antes incluso de que lo haga el equipo legítimo de la marca.

Para resultar creíbles, estos perfiles copian logotipos oficiales, imágenes de portada y descripciones que imitan a las de la compañía real. Algunos utilizan nombres asociados a departamentos de reclamaciones o asistencia al cliente, lo que refuerza la sensación de legitimidad ante la víctima.

Una vez que el usuario responde al primer mensaje, los estafadores solicitan datos personales y proponen continuar la conversación en WhatsApp, fuera del alcance público de la red social original y, por lo tanto, con menos posibilidades de que la maniobra sea detectada o denunciada por terceros.

Los investigadores de Check Point interactuaron de forma directa con varias de estas cuentas y lograron documentar tres modalidades distintas de estafa.

En la primera, los delincuentes piden nombre completo, correo electrónico, datos de la reserva, detalles de la reclamación y el costo del viaje, para luego informar que la reclamación fue aprobada con una compensación de 500 dólares, monto que nunca se entrega porque antes exigen los datos de la tarjeta bancaria de la víctima.

En la segunda variante, la promesa sube a 1.200 dólares y la víctima es dirigida hacia una aplicación internacional de pagos. La tercera modalidad recurre a un formulario de Google con el título “COMPENSATION/REFUND APPLICATION” para recolectar información personal y datos de tarjetas bajo una apariencia de trámite oficial.

Crecimiento de la campaña de suplantación en redes sociales

Aunque existen cuentas de suplantación anteriores a 2024, la mayoría de los perfiles detectados por Check Point fueron creados a partir de ese año. Actualmente, los investigadores identifican cientos de cuentas nuevas cada día, un volumen que confirma una aceleración sostenida durante los últimos dos años.

Las tres modalidades documentadas por la compañía no agotan el repertorio de tácticas utilizadas por los delincuentes, que continúan diversificando sus métodos de captación y cobro.

Una campaña de ingeniería social de este tipo consiste en el uso de cuentas falsas en redes sociales para hacerse pasar por atención al cliente de aerolíneas, con el objetivo de responder a quejas reales de pasajeros, ganarse su confianza y obtener datos personales o bancarios mediante la promesa de compensaciones económicas que nunca se concretan.

El papel de la inteligencia artificial en la escalabilidad del fraude

Check Point no pudo confirmar el uso de inteligencia artificial generativa en las cuentas analizadas durante esta investigación. Sin embargo, la propia estructura de la campaña, con la necesidad de responder con rapidez y mantener conversaciones convincentes en simultáneo con numerosas víctimas, resulta compatible con el tipo de asistencia que este tipo de herramientas puede ofrecer.

La IA generativa permitiría redactar mensajes que imiten el tono de los equipos reales de atención al cliente, adaptar las respuestas al detalle de cada reclamación particular y comunicarse en distintos idiomas sin perder coherencia. Esta capacidad facilitaría, además, sostener un número elevado de conversaciones al mismo tiempo, algo que resultaría más difícil de lograr de forma manual.

A esto se suma que las propias quejas publicadas por los pasajeros funcionan como una fuente de información sobre el problema específico de cada cliente. Los delincuentes pueden usar esos datos para personalizar sus respuestas y ampliar el número de víctimas potenciales a las que dirigen la estafa.

Recomendaciones de Check Point para empresas y usuarios

Frente a este panorama, Check Point Software recomienda a las organizaciones monitorizar de forma continua cómo se representa su marca en redes sociales y contar con procedimientos definidos para actuar ante la detección de cuentas fraudulentas. Entre las medidas principales figura identificar y denunciar con rapidez los perfiles que suplantan a la compañía.

También recomienda formar tanto a clientes como a empleados para que puedan reconocer comunicaciones legítimas, y trasladar cualquier conversación que involucre datos de reservas, números de teléfono o información de pago hacia canales oficiales y seguros.

La coordinación con las plataformas sociales resulta otro punto señalado por la compañía, en tanto puede acelerar la retirada de las cuentas fraudulentas. A esto se agrega la posibilidad de compartir información con proveedores de servicios de pago cuando se detecten operaciones vinculadas a estas campañas.

Para los consumidores, la recomendación es contactar con las compañías únicamente a través de páginas web oficiales, perfiles verificados o números de teléfono conocidos previamente.

La compañía insiste en extremar la precaución ante cuentas de atención al cliente que contacten de manera directa por redes sociales y desconfiar de cualquier solicitud inusual de contraseñas, códigos de un solo uso, tarjetas regalo, transferencias bancarias o pagos en criptomonedas.

Las falsas páginas de reserva del iPhone 18 Pro pueden multiplicarse antes de la presentación esperada de Apple y copiar el aspecto de la tienda de la compañía para capturar datos personales y bancarios. Los delincuentes aprovechan anuncios de preventa, sorteos y programas de prueba para dirigir a los usuarios hacia formularios donde solicitan pagos o información sensible.

El riesgo cobra relevancia en América Latina, donde el phishing mantiene una presencia constante. La empresa de seguridad digital, Kaspersky, registró en la región un promedio de 3,5 millones de ataques diarios durante el último año, una cifra que muestra la escala de estos engaños. Los lanzamientos tecnológicos generan una oportunidad para los ciberdelincuentes porque combinan expectativa, urgencia y el deseo de conseguir un producto antes que otras personas.

Estafas imitan el diseño de la Apple Store

La llegada del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max puede impulsar la circulación de páginas que reproducen logos, colores, fotografías y estructuras similares a las de la tienda oficial de Apple. El objetivo consiste en reducir la desconfianza inicial del visitante para que introduzca sus datos sin comprobar la dirección web.

Estas campañas pueden aparecer en anuncios de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en foros o enlaces enviados por aplicaciones de mensajería. Algunos mensajes prometen acceso exclusivo a una reserva, un descuento limitado o la posibilidad de recibir el teléfono antes de su lanzamiento oficial.

El método no requiere que el sitio falso tenga un diseño deficiente. Por el contrario, los delincuentes pueden replicar elementos visuales conocidos, incluir imágenes del dispositivo y usar textos que parecen propios de una promoción legítima. La diferencia suele estar en la URL, en las peticiones de información o en las condiciones que presenta la supuesta oferta.

Probar el iPhone 18 antes de su lanzamiento: la nueva estafa

Otra modalidad consiste en invitar a los usuarios a convertirse en “probadores” del nuevo iPhone. La propuesta suele ofrecer un equipo anticipado a cambio de completar un registro, facilitar una dirección de envío y pagar una tarifa de entrega.

El teléfono nunca llega. La persona puede perder el dinero enviado y, además, entregar nombre completo, correo electrónico, teléfono, domicilio y datos de pago. Esa información puede utilizarse después para campañas de spam, intentos de fraude dirigidos o nuevas páginas de phishing con mensajes personalizados.

El antecedente está en septiembre de 2025, tras la presentación del iPhone 17. La compañía de seguridad detectó campañas que usaban falsas preventas, sorteos y programas para usuarios de prueba. Los engaños buscaban obtener información personal y financiera o inducir a pagos por productos inexistentes.

La expectativa por el iPhone 18 Pro facilita que esas fórmulas reaparezcan. La promesa de conseguir un dispositivo sin costo, reservarlo antes que el resto o participar en una experiencia exclusiva puede hacer que una oferta irreal parezca creíble.

Los mensajes fraudulentos suelen utilizar frases como “últimas unidades”, “reserva disponible por pocas horas”, “confirmación inmediata” o “has sido seleccionado”. Esas expresiones pretenden provocar una reacción rápida y evitar que la persona revise la autenticidad de la página.

Una promoción que exige contraseña, códigos de verificación, datos bancarios o un pago para acceder a un premio debe considerarse una señal de alerta. Los sorteos legítimos no suelen pedir información financiera antes de confirmar la participación ni condicionan la entrega de un regalo a una transferencia.

Cómo evitar una página clonada del iPhone 18 Pro

Antes de reservar un dispositivo o participar en una promoción, conviene aplicar estas medidas:

• Revisar la dirección web y detectar letras cambiadas, palabras añadidas o dominios extraños.
• Evitar enlaces recibidos por mensajes, anuncios o correos no solicitados.
• Entrar a la Apple Store desde la aplicación o escribir la dirección oficial en el navegador.
• Desconfiar de ofertas que prometen productos gratuitos, acceso anticipado o descuentos fuera de lo habitual.
• No compartir códigos de verificación, contraseñas, números de tarjeta ni documentos personales.
• No realizar pagos para recibir un supuesto premio o participar en una prueba.
• Utilizar herramientas de seguridad actualizadas para identificar sitios maliciosos.

La prevención comienza antes de pulsar un enlace. Ante promociones que apelan a la urgencia, la exclusividad o la gratuidad, revisar la dirección web y acudir a los canales oficiales permite evitar pérdidas económicas y el robo de información. La cautela sigue siendo la herramienta más efectiva frente a estafas que se apoyan en la apariencia de sitios conocidos.

Una llamada puede presentarse como una alerta del banco, un problema con una cuenta o una oferta que parece legítima. Sin embargo, el 71% de los colombianos recibió al menos un intento de fraude en 2025, de acuerdo con cifras de DataCrédito Experian. Identificar una estafa telefónica a tiempo permite proteger datos, dinero y cuentas personales.

El dato muestra la dimensión de un riesgo que se extiende más allá de los mensajes sospechosos y los correos falsos. El 95% de los encuestados considera que estos delitos ocurren con frecuencia en Colombia y el 70% conoce a una víctima en su entorno. Entre quienes sufrieron un fraude, el 20% recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por una entidad reconocida.

Qué es el vishing y cómo opera

El vishing es una modalidad de ingeniería social basada en llamadas telefónicas. Los delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos, empresas, organismos públicos o personas de confianza para obtener datos sensibles, lograr un pago o inducir a la víctima a realizar una acción que comprometa su seguridad.

La llamada puede comenzar con una supuesta transacción irregular, un bloqueo de cuenta, una actualización de información o una oferta. El objetivo es generar confianza y, al mismo tiempo, crear una sensación de urgencia que lleve a actuar sin comprobar la identidad de quien llama.

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, explicó que la tecnología no es el único elemento de estas estafas. “Los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas para hacer que una interacción fraudulenta parezca legítima”, afirmó.

La urgencia es una de las señales más frecuentes

Quien llama puede conocer el nombre de la víctima, la entidad donde tiene una cuenta o algunos datos personales. Esa información puede hacer que la comunicación parezca real, aunque no demuestre que se trata de un contacto autorizado.

“Una llamada puede parecer auténtica porque quien está al otro lado conoce información real, se presenta como representante de una entidad reconocida o crea una situación de urgencia”, señaló Vargas. Ante ese escenario, la recomendación es detener la conversación antes de compartir información o seguir instrucciones.

Las solicitudes para entregar códigos de verificación, contraseñas, claves bancarias, números de tarjeta o datos financieros deben considerarse una alerta. También conviene desconfiar si el interlocutor exige una transferencia inmediata, propone instalar una aplicación o pide acceso remoto al teléfono o al ordenador.

Qué hacer si recibe una llamada sospechosa

Ante un contacto inesperado, las medidas más útiles son sencillas y deben aplicarse antes de tomar una decisión:

• No comparta códigos, contraseñas ni información financiera por teléfono.
• No confirme datos personales, aunque la persona afirme trabajar para una entidad conocida.
• Desconfíe de cualquier petición que exija actuar de inmediato.
• Finalice la llamada si aparecen amenazas, presión o inconsistencias.
• Contacte directamente al banco, empresa o institución mediante sus canales oficiales.
• Revise el número desde el que recibió la llamada antes de devolver el contacto.
• Informe a familiares cercanos, especialmente a quienes puedan ser más vulnerables a este tipo de engaños.

Vargas recomendó contar con más información antes de contestar o interactuar. “El usuario podrá conocer quién está detrás de una llamada antes de responder”, indicó sobre el uso de herramientas que identifican comunicaciones entrantes.

Las suplantaciones aprovechan la confianza cotidiana

El fraude telefónico suele apoyarse en situaciones comunes. Una llamada de servicio al cliente, una promoción, un premio o una advertencia sobre movimientos bancarios puede resultar creíble porque forma parte de interacciones habituales.

Por esa razón, reconocer el número no siempre es suficiente. Los estafadores pueden utilizar técnicas para aparentar que llaman desde una línea conocida. La verificación debe hacerse a través de los datos oficiales de la entidad y no mediante números o enlaces proporcionados durante la comunicación sospechosa.

La prevención empieza antes de responder, pero también depende de mantener una actitud de cautela cuando alguien solicita información o dinero. Ninguna situación urgente justifica entregar claves o códigos por teléfono.

Cómo actuar después de un intento de fraude

Si la persona compartió información o realizó una operación, debe comunicarse de inmediato con la entidad financiera mediante sus canales oficiales. También es recomendable cambiar las contraseñas comprometidas y revisar los movimientos de las cuentas.

Conservar capturas, números telefónicos, registros de llamadas y mensajes puede ayudar a documentar el caso. Estos elementos permiten reportar el intento de fraude y alertar a otras personas sobre la modalidad utilizada.

Las llamadas engañosas convierten una conversación cotidiana en una posible puerta de entrada a delitos financieros. Verificar la identidad del interlocutor, evitar decisiones bajo presión y cortar la comunicación ante cualquier duda son pasos esenciales para reducir el riesgo.

Las llamadas spam pueden convertirse en una puerta de entrada a fraudes, robos de identidad y engaños dirigidos a obtener datos de cuentas bancarias. El riesgo no se limita a una conversación incómoda: quien llama puede intentar confirmar que un número está activo o conducir a la víctima hacia enlaces, aplicaciones o transferencias de dinero.

Las medidas de seguridad de expertos como Kaspersky es evitar toda interacción con números desconocidos que generen dudas y, cuando sea posible, impedir que esas comunicaciones lleguen al teléfono.

No responder, no devolver llamadas sospechosas, ni compartir datos son medidas básicas para reducir la exposición a intentos de estafa.

Por qué responder una llamada spam puede facilitar un fraude

Una llamada no deseada puede ser el primer contacto de un esquema de fraude. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería, organismos públicos o servicios técnicos para ganar confianza.

Luego solicitan claves, códigos de verificación, números de tarjetas o datos personales con el argumento de resolver una supuesta urgencia.

Este método forma parte de prácticas conocidas como phishing telefónico o vishing. El objetivo consiste en engañar a la persona para que entregue información o autorice una operación.

Un banco no debe pedir por teléfono contraseñas, claves token, códigos que llegan por mensaje ni datos completos de una tarjeta. Ante una comunicación de ese tipo, conviene cortar y contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

Qué información buscan los ciberdelincuentes en estas comunicaciones

Los estafadores pueden buscar desde datos básicos, como el nombre completo, el documento de identidad o la dirección, hasta información financiera. A veces no solicitan todos los datos en una sola llamada: una primera conversación puede servir para confirmar la identidad de la persona y preparar un engaño posterior con información más precisa.

Kaspersky advierte que estas maniobras pueden derivar en robo de identidad. Con un número de teléfono, datos personales y respuestas a preguntas aparentemente inocentes, los ciberdelincuentes pueden intentar abrir cuentas, recuperar contraseñas o hacerse pasar por la víctima frente a otras empresas.

Por qué no conviene devolver una llamada desconocida

Responder o devolver una llamada puede confirmar que el número está en uso y que pertenece a una persona dispuesta a atender comunicaciones no solicitadas. Esa información tiene valor para quienes realizan campañas masivas, porque permite separar los números activos de aquellos que no generan respuesta.

Si un número es identificado como receptivo, puede circular entre redes de telemarketing ilegal o grupos dedicados a estafas digitales. Esto puede traducirse en más llamadas, mensajes de texto y contactos a través de aplicaciones de mensajería.

Cómo dejar de recibir llamadas spam en iPhone y Android

En los teléfonos iPhone, una de las opciones disponibles es “Silenciar llamadas desconocidas”. La función envía al buzón de voz las comunicaciones de números que no están guardados entre los contactos, aunque permite revisar luego el historial de llamadas recientes para detectar si una llamada legítima quedó filtrada.

Para activarla, se debe ingresar a Configuración, seleccionar Teléfono y habilitar la opción “Silenciar llamadas desconocidas”. La herramienta puede ser útil para reducir interrupciones, aunque exige revisar con cierta frecuencia las llamadas recientes y el buzón de voz, sobre todo si se espera una comunicación de una institución.

En los dispositivos Android, la aplicación Teléfono incluye opciones de identificador de llamada y protección contra spam. Para revisarlas, se debe abrir la aplicación, tocar “Más opciones”, ingresar a Configuración y seleccionar “Identificador de llamada y spam”.

Asimismo, es posible habilitar el filtro de llamadas spam. En ese caso, el teléfono bloquea esas comunicaciones y evita notificaciones de llamadas perdidas o mensajes de voz asociados. Las llamadas spam filtradas quedan registradas en el historial, lo que permite revisarlas si fuera necesario.

El Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, por las supuestas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto del barrio privado Verazul, de la empresa Hope Funds.

Después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la sentencia de diciembre de 2024 y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento, los magistrados del juicio reiteraron la decisión que favoreció a Blaksley Señorans, Federico Armando Dolinkue, Pablo Andrés Willa, Felipe Badino y María Paola D’Angelo.

Tras revisar el caso, el TOF 4 concluyó que las pruebas descartaron la hipótesis según la cual un grupo de 19 adherentes, que ingresaron al proyecto entre 2012 y 2013, carecía de solvencia para afrontar los pagos y había sido utilizado como prestanombres para incorporar al fideicomiso inmobiliario recursos de origen delictivo.

Durante el juicio, el tribunal había identificado a 11 de esos inversores, quienes acreditaron que aportaron ese dinero porque buscaban obtener una ganancia con la futura valorización de los terrenos. Declararon que un vendedor vinculado a Hope Funds les ofreció integrar el emprendimiento y les propuso organizarse colectivamente para reunir los montos requeridos.

La sentencia

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico concluyeron que la condición económica de los fiduciantes no coincidía con el perfil habitual de los compradores de un barrio privado, pero señalaron que esa circunstancia no permitía desconocer los desembolsos efectuados mediante fondos reunidos por varias personas.

Los testimonios también expusieron que varios adherentes trabajaban en actividades informales, como la construcción o talleres, y no podían demostrar el origen de los recursos ante requerimientos posteriores. Esa falta de documentación derivó en presiones para que rescindieran sus contratos.

Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, los fiduciantes firmaron las rescisiones. El fideicomiso retuvo un 10% del valor de cada lote como penalidad y reconoció a los inversores créditos a cobrar una vez cumplido el objeto del proyecto, en lugar de devolverles de inmediato los montos abonados.

El mismo día de las rescisiones, los créditos fueron cedidos a Wall Street Group SRL, una sociedad que, según la acusación, no tenía capacidad económica para adquirir los derechos y funcionaba como una estructura interpuesta.

Sin embargo, los jueces consideraron probado que Wall Street Group era una empresa real, dedicada a comercializar terrenos y registrada conforme a la normativa. También valoraron que la firma reclamó judicialmente el cobro de los créditos cuando Hope Funds incumplió los compromisos asumidos.

La sentencia indicó que algunos inversores recibieron lotes en el barrio La Asunción, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, como alternativa a la devolución del dinero. Otros aguardaron el vencimiento de préstamos otorgados a nombre de Wall Street Group, aunque los pagos prometidos no se concretaron.

La fiscalía había pedido condenar a Blaksley, Dolinkue, Badino y D’Angelo. En el caso de Willa, sostuvo su solicitud de absolución. Por su parte, la querella de ARCA mantuvo la acusación contra los cinco imputados. Solicitó que Blaksley fuera considerado autor y que los demás fueran declarados partícipes necesarios del lavado de activos.

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

Muchos usuarios reciben durante la semana varias llamadas desde números desconocidos, contestan sin identificar al interlocutor o descubren una grabación al otro lado de la línea. La frecuencia suele generar dudas sobre el origen de esos contactos y sobre la posibilidad de detenerlos.

El problema se amplió con el uso cotidiano del teléfono para trámites, compras, servicios financieros y comunicaciones laborales. Según datos de Kaspersky, la cantidad de números no deseados incorporados a su base de datos se multiplicó por seis desde el año 2020.

Además, la empresa de ciberseguridad estima que hasta el 70% de las llamadas de números desconocidos puede corresponder a intentos de estafa.

Qué son las llamadas spam y qué modalidades hay

Las llamadas spam son comunicaciones que el receptor no solicitó y que tienen como objetivo promover un servicio, obtener información o conseguir dinero.

Algunas proceden de empresas que realizan campañas masivas de telemarketing. Otras forman parte de maniobras fraudulentas diseñadas para engañar a quien atiende el teléfono.

Entre las modalidades más frecuentes aparece la suplantación de identidad, conocida como spoofing. En esos casos, los ciberdelincuentes imitan el número o la presentación de entidades conocidas, como bancos, empresas de envíos o áreas de soporte técnico.

Otra modalidad son las llamadas automáticas, en las que un sistema reproduce un mensaje pregrabado y contacta a una gran cantidad de números en poco tiempo.

Por qué un número puede recibir muchas llamadas durante la semana

Un número telefónico puede llegar a bases de datos por distintas vías. Una de ellas es el registro en formularios en línea, sorteos, servicios, comercios o aplicaciones que solicitan datos de contacto. Las condiciones de uso pueden habilitar la cesión de esa información a extraños, aunque el usuario no siempre advierta el alcance de esa autorización.

Asimismo, puede ocurrir que los estafadores compren listados de teléfonos de forma legal o ilegal, o que marquen combinaciones al azar hasta encontrar líneas activas.

Kaspersky advierte que una computadora o un celular infectado con malware puede exponer datos personales, incluido el número de teléfono. Por eso, recibir estas llamadas no siempre implica que la persona haya divulgado su contacto de manera directa.

Qué riesgos existen al atender una llamada desconocida

El principal peligro surge cuando quien llama intenta obtener información sensible. Los estafadores pueden pedir códigos de verificación, claves, datos de tarjetas, direcciones, números de documentos o accesos a cuentas.

Los usuarios deben saber que las instituciones financieras y las empresas legítimas no deberían solicitar contraseñas ni códigos de autenticación por teléfono.

A su vez, estas comunicaciones pueden formar parte de intentos de phishing, seguimiento de la actividad del dispositivo o robo de identidad. En algunos casos, una respuesta breve confirma que la línea está activa.

Los números cuyos titulares contestan con frecuencia pueden quedar identificados como contactos receptivos, lo que aumenta la posibilidad de nuevas campañas o de su circulación entre grupos dedicados al fraude.

Cómo funciona el identificador de spam de Google en Android

Los teléfonos con Android cuentan con herramientas de detección e identificación de llamadas sospechosas. La función de identificador de llamada y protección contra spam de Google se encuentra activada de forma predeterminada en muchos dispositivos.

Para operar, el sistema puede enviar a Google cierta información vinculada con las llamadas, aunque esa configuración no modifica la visibilidad del número propio al realizar comunicaciones.

Según las indicaciones de Google, se requiere Android 5.0 o una versión posterior, aparte de las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Para revisar la configuración, el usuario debe abrir la aplicación Teléfono, ingresar en Más opciones y seleccionar Configuración. Dentro del menú aparece la sección “Identificador de llamada y spam”, desde donde es posible activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Quienes quieran impedir directamente el ingreso de estos contactos pueden habilitar “Filtrar llamadas de spam”. Las llamadas filtradas no generan aviso de llamada perdida ni notificación de buzón de voz, pero quedan registradas en el historial y el usuario puede revisar el buzón si lo considera necesario.

Una cuenta bancaria perteneciente a un restaurante habría sido utilizada para recibir más de $51.000 generados mediante transacciones con tarjetas de crédito robadas. El dinero era retirado posteriormente en cajeros automáticos o transferido a cuentas personales, según la investigación desarrollada durante la Operación Carder.

La Procuraduría General de la Nación informó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Metropolitana, mediante su Sección de Delitos contra el Orden Económico, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

El esquema comenzaba con hurtos cometidos dentro de automóviles, de donde eran sustraídos artículos de valor y tarjetas bancarias. Poco después, los responsables presuntamente utilizaban los plásticos para realizar transacciones no autorizadas, antes de que las víctimas pudieran bloquearlos o denunciar su desaparición ante las entidades emisoras.

Los pagos eran procesados mediante un dispositivo móvil de punto de venta, conocido como MPOS, vinculado con la cuenta del establecimiento de comida. Los investigadores sostienen que las operaciones no correspondían a consumos reales, sino que permitían convertir el crédito disponible en dinero depositado dentro del sistema bancario.

Un MPOS permite conectar un teléfono o dispositivo portátil con una plataforma para aceptar tarjetas. Su funcionamiento es similar al de una terminal utilizada en un comercio, donde el pago se acredita en la cuenta afiliada después de registrar la compra de un producto o servicio ofrecido al cliente.

Una vez ingresados los fondos, la propietaria del restaurante supuestamente realizaba retiros en efectivo mediante cajeros automáticos. También enviaba dinero a una cuenta personal y a dos cuentas de su socio, identificado como chef, quien presuntamente le devolvía parte de las cantidades después de completar las transferencias bancarias.

La sucesión de pagos, retiros y envíos entre distintas cuentas es analizada por la Fiscalía para determinar si pretendía dificultar la identificación del origen del dinero. También deberá comprobarse si los involucrados conocían que los fondos procedían de tarjetas sustraídas y participaron deliberadamente en su movilización.

La afectación económica acumulada supera los $51.000, de acuerdo con la estimación preliminar de las autoridades. La investigación deberá establecer cuántas tarjetas fueron utilizadas y el número total de víctimas, además de determinar si otras personas participaron en los hurtos o se beneficiaron de las operaciones posteriores.

Mientras la Fiscalía seguía el recorrido digital de esos fondos, otro procedimiento puso la atención sobre el movimiento físico de efectivo. En Kuna Nega, la Policía Nacional retuvo a un ciudadano colombiano que viajaba en motocicleta, quien portaba más de $4.000 cuya procedencia no pudo justificar durante la verificación.

El caso fue remitido ante las autoridades judiciales para determinar el origen y propósito del dinero. Junto con el efectivo, distribuido parcialmente en billetes de baja denominación, fue decomisada una libreta que contenía anotaciones sobre cobros diarios, elemento que reforzó las sospechas de una posible relación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

Aunque esos indicios orientan la investigación, la tenencia del dinero y de la libreta no demuestra por sí sola que el ciudadano cometiera un delito. Corresponderá al Ministerio Público determinar si los fondos procedían de actividades ilícitas, identificar a posibles prestatarios y establecer si los registros encontrados están vinculados con cobros realizados mediante amenazas u otros actos delictivos.

La retención ocurrió pocos días después de que otro colombiano fuera aprehendido en Chitré, provincia de Herrera. En ese procedimiento, la Policía informó que el extranjero realizaba cobros vinculados con préstamos “gota a gota” cuando fue localizado durante la Operación Perseus. También fue verificada su condición migratoria dentro del país.

Esta modalidad, surgida y extendida principalmente desde Colombia hacia otros países latinoamericanos, ofrece préstamos rápidos sin garantías ni evaluaciones crediticias. Los clientes suelen ser comerciantes o personas excluidas de la banca, quienes deben devolver el dinero mediante cuotas diarias acompañadas de intereses elevados.

El acceso inmediato puede transformarse en una deuda difícil de pagar. Algunos cobradores recurren a amenazas, intimidación, agresiones o apropiación de bienes cuando el prestatario se atrasa. La frecuencia de los abonos también puede provocar que la persona entregue dinero constantemente sin disminuir sustancialmente la obligación acumulada.

En Panamá, prestar dinero informalmente o pactar intereses altos no constituye por sí solo el delito de usura, porque esa figura no está incluida en el Código Penal vigente. La responsabilidad penal puede surgir cuando el método de cobro incorpora extorsión, amenazas, lesiones, coacción u otras conductas ilícitas.

También podría configurarse blanqueo de capitales cuando los préstamos son financiados con recursos procedentes de actividades criminales y utilizados para incorporarlos a la economía. Ambos expedientes muestran cómo el efectivo, las cuentas comerciales y las plataformas de pago pueden facilitar movimientos sospechosos, aunque cada investigación deberá probar responsabilidades de manera independiente.

Las personas aprehendidas mantienen su presunción de inocencia y deberán responder únicamente por los hechos que puedan demostrarse ante los tribunales. Las diligencias continúan para identificar el origen y destino final de los fondos, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen otros integrantes dentro de ambos esquemas.

Una pareja detenida en Azcapotzalco cobró con amenazas e intimidación una deuda que su víctima ya había saldado. El 9 de septiembre de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arrestaron a Graciela “N” y Luis “N” en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco, tras exigirle 50 mil pesos a una mujer de 36 años bajo amenaza de causarle daño, pese a que el préstamo original ya estaba liquidado.

Los detenidos alegaban intereses desproporcionados sobre ese préstamo para justificar montos cada vez más elevados. La víctima se negó a pagar y la pareja efectuó detonaciones de arma de fuego antes de huir en un vehículo negro.

Disparos en San Pedro Xalpa alertaron al C2 Poniente sobre un modo de extorsión

De acuerdo con los reportes de aprehension, los oficiales realizaban recorridos preventivos en la zona cuando el Centro de Comando y Control (C2) Poniente los alertó de una emergencia por disparos en el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos. Los uniformados se aproximaron de inmediato al lugar.

Al llegar, la víctima les relató que los prestamistas le exigían dinero a cambio de no hacerle daño. Al negarse, los sujetos dispararon y escaparon a bordo del automóvil negro.

Los efectivos interceptaron el vehículo calles adelante y practicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. El operativo derivó en el aseguramiento de un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares, uno de ellos de gama alta.

La pareja fue detenida: Graciela “N”, de 26 años, y Luis “N”, de 34. Los policías les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron junto con el vehículo y los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público.

Luis “N” ya tenía dos ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX

El hombre detenido registra antecedentes en el sistema penitenciario capitalino: ingresó por primera vez en 2019 por robo agravado y por segunda ocasión en 2025 por delitos contra la salud. La autoridad obtuvo esa información durante las investigaciones posteriores al arresto.

El Ministerio Público es quien determinará la situación jurídica de ambos detenidos e iniciará la carpeta de investigación correspondiente. Por el momento, los señalan como probables responsables del delito de cobranza ilegítima.

A raíz de los hechos, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó esta mañana sobre el caso a través de sus redes sociales. El funcionario precisó que las acciones forman parte de las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para combatir la extorsión y proteger a los habitantes de la capital.

Vázquez Camacho hizo un llamado a quienes enfrenten situaciones similares a denunciar por las líneas telefónicas 089 y 55 5036 3301, o bien a solicitar apoyo al policía más cercano. La SSC reiteró que ninguna deuda, real o ficticia, justifica el uso de amenazas o violencia para su cobro.

La cobranza ilegítima es un delito tipificado en el Código Penal de la CDMX

La cobranza ilegítima ocurre cuando una persona o un despacho usa amenazas, engaños, intimidación o acoso para exigir el pago de una deuda, y está tipificada en el Código Penal de la Ciudad de México. La ley prohíbe esas prácticas sin importar si el adeudo es real o no.

El delito se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, según el código local. La norma protege no solo al deudor, sino también a avalistas y personas de referencia que sean contactadas con insultos, llamadas constantes o documentos falsos de embargo.

Quienes enfrenten una situación similar tienen a su disposición dos vías de denuncia formal. La primera es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; la segunda, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuando el adeudo involucra a una institución financiera.

Las autoridades recomiendan conservar toda evidencia disponible: mensajes, números telefónicos y grabaciones con amenazas o intimidaciones. Esa documentación es el insumo que el Ministerio Público necesita para integrar la carpeta de investigación.

La SSC recuerda que la cobranza ilegítima se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de entre 150 y 300 días de salario mínimo. La ley protege al deudor sin importar si la deuda es real: el uso de violencia o intimidación para cobrar está prohibido en cualquier circunstancia.

Los canales de denuncia de la SSC operan las 24 horas a través de las líneas 089 y 55 5036 3301. Los ciudadanos también pueden pedir apoyo directamente al policía más cercano.

Malone Lam, ciudadano de Singapur de 22 años y residente reciente de Miami, se declaró culpable el 8 de septiembre de participar en una conspiración para robar y lavar criptomonedas valuadas en más de USD 245 millones. El caso, investigado por autoridades federales de Estados Unidos, se vincula con el despojo de más de 4.100 bitcoin a una víctima residente en Washington durante agosto de 2024, según el Departamento de Justicia.

Lam admitió un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida por su sigla en inglés RICO. Esa imputación contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly fijó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Columbia.

La investigación comenzó tras una denuncia por el robo de activos digitales el 18 de agosto de 2024. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó entonces que Lam, Jeandiel Serrano y otros involucrados habrían usado suplantaciones de identidad y comunicaciones fraudulentas para obtener datos de acceso de la víctima. La acusación inicial valoró los bitcoin sustraídos en más de USD 230 millones; la causa posterior situó el monto de los activos robados y lavados por encima de USD 245 millones.

¿Quién es Malone Lam y de qué delito se declaró culpable?

El Departamento de Justicia identificó a Malone Lam como ciudadano singapurense y residente reciente de Miami. La Fiscalía lo señaló como uno de los organizadores de una red internacional dedicada a obtener criptomonedas mediante engaños, transferirlas a billeteras bajo control de los acusados y realizar operaciones destinadas a dificultar el rastreo de los fondos.

La declaración de culpabilidad se produjo ante la jueza Kollar-Kotelly en un tribunal federal de Washington. Lam aceptó responsabilidad por participar en una conspiración RICO, una norma federal utilizada para perseguir estructuras vinculadas con actividades delictivas coordinadas. El Departamento de Justicia no informó todavía cuál será la pena que solicitará la Fiscalía ni cuál será la recomendación de la defensa.

La admisión de culpabilidad cambia la situación procesal de Lam, pero no cierra el expediente. La pena máxima prevista por el cargo es de 20 años, aunque la sentencia final dependerá de la evaluación judicial, de los términos del acuerdo y de las normas federales de determinación de penas. Según la Fiscalía del Distrito de Columbia, la siguiente audiencia formal quedó programada para el 8 de diciembre.

La cobertura de Associated Press, publicada por NBC News, ABC News y WJLA, señaló que Lam abandonó la escuela en octavo grado antes de llegar a Estados Unidos desde Singapur. Ese antecedente fue citado por la agencia, pero no figura entre los datos centrales del comunicado difundido por el Departamento de Justicia tras la audiencia de culpabilidad.

¿Cómo fue el robo de más de 4.100 bitcoin en Washington?

La investigación del FBI sitúa el hecho principal el 18 de agosto de 2024. Según la acusación federal, integrantes de la red se comunicaron con la víctima y se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de criptomonedas Gemini. El objetivo era obtener información de seguridad y acceso a archivos que permitieran controlar los activos digitales.

El FBI indicó que los acusados lograron acceder a una cuenta de Google Drive y obtener códigos de seguridad. Con esa información, transfirieron más de 4.100 bitcoin desde las cuentas de la víctima hacia billeteras controladas por la organización, de acuerdo con la acusación divulgada en septiembre de 2024. En ese momento, los activos estaban valuados en más de USD 230 millones.

La Fiscalía federal describió el método como ingeniería social. Esta técnica se basa en la manipulación de una persona para que revele datos sensibles, entregue códigos de acceso o autorice acciones que favorecen al atacante. La causa no atribuye el robo a una falla pública de Google o Gemini; sostiene que los acusados simularon representar a esas empresas para engañar a la víctima.

El expediente del FBI menciona que Lam utilizaba los alias “Anne Hathaway” y “$$$” en internet. Jeandiel Serrano, uno de los primeros acusados, habría usado los nombres “VersaceGod” y “@SkidStar”. El FBI aclaró al divulgar la imputación inicial que una acusación formal no equivale a una condena y que los acusados conservaban la presunción de inocencia hasta una resolución judicial.

¿Por qué el caso pasó de USD 230 millones a más de USD 245 millones?

Las cifras difundidas por las autoridades corresponden a etapas distintas de la investigación. En septiembre de 2024, el FBI informó que el robo de más de 4.100 bitcoin superaba los USD 230 millones al momento de la maniobra. El comunicado emitido por el Departamento de Justicia tras la declaración de culpabilidad de Lam informó que la red robó y lavó criptomonedas por un valor superior a USD 245 millones.

Esa diferencia no implica necesariamente que el número de bitcoin robados haya cambiado. El valor de las criptomonedas puede variar por su cotización y las autoridades también pueden ampliar el cálculo de los fondos vinculados con una conspiración a medida que reúnen información sobre transferencias, conversiones y operaciones posteriores. La Fiscalía no publicó en su comunicado un desglose que explique cada componente del total superior a USD 245 millones.

Según el Departamento de Justicia, la organización operó desde al menos 2023 y realizó una serie de fraudes vinculados con criptomonedas. La Fiscalía describió a Lam como parte de una estructura internacional que recurrió a transferencias entre billeteras, plataformas de intercambio y otros mecanismos para ocultar la procedencia de los activos.

El FBI explicó que la red habría empleado servicios de mezcla, cadenas de transferencias, billeteras de paso y redes privadas virtuales. Los servicios de mezcla combinan fondos procedentes de distintas direcciones y buscan dificultar la trazabilidad de una operación. Las billeteras de paso permiten trasladar los activos a través de varias cuentas antes de convertirlos o enviarlos a otros destinatarios, de acuerdo con la acusación federal.

¿En qué gastó la red el dinero obtenido con las criptomonedas?

Las autoridades federales sostienen que una parte de los activos digitales fue convertida en efectivo y destinada a gastos personales. El FBI incluyó entre los destinos de los fondos vehículos de lujo, relojes, joyas, alquileres de viviendas en Los Ángeles y Miami, viajes internacionales y consumos en clubes nocturnos.

El Departamento de Justicia mantuvo esa descripción al informar la declaración de culpabilidad de Lam. La Fiscalía señaló que los fondos habrían sido lavados antes de utilizarse para financiar propiedades, automóviles y gastos de alto valor. El comunicado oficial no detalló el monto asignado a cada adquisición ni estableció qué bienes fueron comprados directamente por Lam y cuáles por otros integrantes de la organización.

Associated Press informó, a partir de documentos judiciales y declaraciones de autoridades, que miembros de la trama gastaron USD 569.000 durante una noche en un club de Los Ángeles. La agencia también reportó la compra de un reloj valuado en USD 2 millones y de más de 30 vehículos, entre ellos automóviles Porsche, Lamborghini y Ferrari. Esos datos deben atribuirse a la documentación citada por AP.

Lam fue detenido en Miami en septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del robo, según la información divulgada por el FBI. La acusación incorporó referencias a la forma en que los investigadores ubicaron a los presuntos responsables y a los movimientos efectuados con los activos digitales. El Departamento de Justicia no informó sobre nuevas detenciones al anunciar la declaración de culpabilidad.

¿Qué ocurrirá ahora con la causa por el robo de bitcoin?

La próxima fecha pública del proceso contra Lam es la audiencia de estado del 8 de diciembre de 2026. En esa instancia, el tribunal puede abordar el calendario para la sentencia y otros asuntos pendientes. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la jueza Kollar-Kotelly no estableció una fecha de condena durante la audiencia en la que el acusado admitió el cargo.

La causa sigue siendo relevante para otros imputados. El Departamento de Justicia indicó que Lam formaba parte de una red integrada por varios jóvenes acusados de participar en fraudes, transferencias y lavado de criptomonedas. La cobertura de Associated Press señaló que había 18 acusados y que Lam era el undécimo en declararse culpable, un dato que deberá seguirse a través de las actuaciones judiciales.

Para los usuarios de plataformas de criptomonedas, el expediente muestra que los ataques pueden apoyarse en llamadas, mensajes y falsas verificaciones de identidad. El FBI recomienda verificar de forma independiente cualquier contacto que solicite códigos, credenciales o acceso remoto a cuentas. En el caso de Lam, la Fiscalía sostiene que los acusados explotaron la confianza de la víctima mediante identidades falsas, mientras el tribunal prepara los próximos pasos del proceso penal.

Mientras la justicia en Colombia decide sobre un polémico caso de estafa en Bucaramanga que involucró la agencia Golden Vacation, dos de los tres imputados por la Fiscalía General de la Nación ya se encuentran envueltos en otro lío, pero esta vez en la ciudad de Valencia España.

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, el nuevo caso estaría vinculado a un despacho de trámites migratorios que acumula reclamos públicos de clientes.

Mientras tanto, la Fiscalía en Colombia sacará sus últimas cartas y un juez decidirá el futuro del caso el 20 de noviembre. La solicitud se presentó en julio, semanas después de que el Juzgado 11 Penal Municipal de Bucaramanga impusiera una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ingrit Liseth Gélvez Bedoya, Johann David Cárdenas Chávez y Giancarlo Cárdenas Chávez.

El caso Golden Vacation se remonta a denuncias surgidas entre 2015 y 2017 por planes turísticos que, de acuerdo con la Fiscalía, dejaron cerca de 280 afectados y pérdidas por más de 533 millones de pesos.

Los tres procesados fueron imputados por estafa agravada y concierto para delinquir. La decisión judicial se tomó el 19 de mayo de 2026, aunque dos de los implicados ya se encontraban fuera de Colombia.

La investigación sostiene que la agencia ofrecía viajes nacionales e internacionales a través de llamadas, correos electrónicos y redes sociales. Los clientes firmaban contratos, hacían pagos y, en algunos casos, recibían comprobantes.

El conflicto aparecía cuando se acercaba la fecha de salida. Entonces, varios compradores descubrieron que no existían tiquetes emitidos ni servicios turísticos contratados a su nombre.

Entre los casos expuestos figura el de Jairo Rueda, un empleado público de Bucaramanga que pagó un viaje familiar a Cancún para seis personas. El plan incluía pasajes, alojamiento y una afiliación a la empresa.

Rueda desembolsó cerca de 10,3 millones de pesos. La familia preparó las maletas, pero no pudo salir del aeropuerto de Palonegro.

Mientras el expediente avanzaba en Colombia, Gélvez y Johann David Cárdenas aparecieron vinculados a empresas creadas en Valencia, España. El rastreo societario publicado por Cambio ubica el inicio de esas actividades en abril de 2021.

En esa fecha constituyeron Grupo IMM Cárdenas Gélvez Sociedad Limitada, con un capital de 3.000 euros. El objeto social inicial de la empresa era la promoción inmobiliaria.

Un año después crearon Gélvez Cárdenas & Asociados Sociedad Limitada, con el mismo capital social. Esta segunda compañía quedó registrada para desarrollar actividades jurídicas.

Las dos sociedades declararon como domicilio el número 85 de la calle San Vicente Mártir, aunque en oficinas distintas del mismo edificio. En esa dirección funciona además IMM Consulting.

El despacho se presenta públicamente como una firma dedicada a extranjería, residencia, arraigo, nacionalidad española, visados, reagrupación familiar, homologación de títulos y asesoría jurídica. Fotografías publicadas en su sitio web vinculan a Gélvez y Cárdenas con esa actividad.

La actividad comercial en España es diferente de la que se investigó en Golden Vacation, porque ofrece servicios jurídicos y migratorios en lugar de paquetes turísticos. Las denuncias de algunos clientes, no obstante, describen pagos anticipados, demoras en las gestiones, falta de respuesta y problemas para recuperar el dinero.

Las reseñas de IMM Consulting comenzaron a acumular reclamos desde 2024

Los señalamientos públicos contra IMM Consulting pueden rastrearse desde septiembre de 2024 en Google y Trustpilot, una plataforma de opiniones de consumidores. Las reseñas describen inconvenientes con los trámites y meses sin respuestas.

En Trustpilot, la firma registraba 19 opiniones y el 79% correspondía a una estrella. En Google, algunos usuarios mencionaron de forma directa a Liseth Gélvez o David Cárdenas en sus reclamos.

Una persona que trabajó en el despacho afirmó a Cambio que atendió llamadas de clientes que preguntaban por el estado de sus procesos o exigían devoluciones. Según esa fuente, también hubo personas que acudieron a la oficina para reclamar.

La fuente, cuya identidad fue reservada, sostuvo que consultaba el sistema interno del despacho cuando los clientes preguntaban por sus expedientes. “Ni siquiera los creaban”, aseguró sobre algunos trámites por los que, según dijo, ya se habían efectuado pagos.

De acuerdo con su versión, había clientes que entregaban dinero, pero no figuraban en la base de datos a la que tenía acceso.

La audiencia de noviembre definirá si el expediente continúa

La petición de preclusión presentada por la Fiscalía no ha sido aceptada. La audiencia prevista para el 20 de noviembre definirá si el proceso contra los tres imputados sigue adelante o si se cierra.

La solicitud representa un cambio dentro de un expediente que había tenido un avance en mayo con las imputaciones, las medidas de aseguramiento y las órdenes de captura. Hasta que exista una decisión judicial, la responsabilidad penal de los procesados no está definida.

Tres personas acusadas de estafar con USD 55.125 a una víctima enferma mediante supuestas prácticas esotéricas continuarán en prisión provisional en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que dos ciudadanos nicaragüenses y una mujer salvadoreña convencieron a la persona afectada de que podían curarla, a cambio de sucesivos pagos.

El caso ocurrió en 2026 en el distrito de Nejapa, en San Salvador Oeste. Los imputados fueron identificados como Sander Z. M. y Víctor Gabriel R. G., ambos de nacionalidad nicaragüense, y Vanessa Elizabeth A., salvadoreña. La causa avanza por el delito de estafa agravada.

Les dijeron que su enfermedad tenía origen en un supuesto “mal”

De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima sí padecía una enfermedad. Los acusados aprovecharon esa situación para presentarse como personas capaces de aliviarla a través de prácticas esotéricas.

Según la investigación, el grupo le aseguró que el padecimiento obedecía a un supuesto “mal” que había sido enterrado en un cementerio. Le advirtieron que esa circunstancia impedía su recuperación y le ofrecieron sesiones para, supuestamente, eliminar el daño.

La Fiscalía General indicó que los imputados solicitaron pagos para realizar esas prácticas. La persona afectada entregó en total USD 55.125.

La denuncia se presentó cuando comenzaron a exigir más dinero

La víctima advirtió el presunto engaño cuando las exigencias de dinero aumentaron y ya no pudo cubrir nuevas sumas. También constató que su condición de salud no mejoraba pese a los pagos realizados.

Tras la denuncia, las autoridades arrestaron a Sander Z. M., Víctor Gabriel R. G. y Vanessa Elizabeth A.. La Fiscalía General de la República presentó las pruebas iniciales ante el Juzgado de Paz de Nejapa.

El tribunal resolvió mantener a los tres imputados bajo detención provisional y remitió el expediente a la etapa de instrucción, en la que se ampliarán las diligencias y la recolección de elementos para determinar la responsabilidad penal de los señalados.

La FGR exhortó a quienes consideren que pudieron haber sido afectados por hechos similares a acudir a sus oficinas para interponer una denuncia. La institución busca establecer si existen otras personas que hayan entregado dinero a los imputados bajo el argumento de recibir curaciones o tratamientos esotéricos.

Otras formas de estafas en El Salvador

El Gobierno de El Salvador alertó sobre cinco estafas comunes detectadas en 2025 y pidió a la población denunciar estos casos al teléfono 2999-9999.

Según las autoridades, una de las modalidades más frecuentes se ejecuta por mensajes de texto que simulan una emergencia para presionar a la víctima.

También identificaron fraudes que usan deepfake o recreaciones con Inteligencia Artificial de figuras públicas (algunas veces funcionarios de gobierno o personajes de la televisión), con promesas de retornos de inversión exagerados.

Otra táctica consiste en contactar a las personas por redes sociales con supuestos negocios de criptomonedas. El Gobierno incluyó además las pautas promocionales en YouTube sobre inversiones ficticias y llamadas telefónicas que insinúan una situación de emergencia en las que se ejercía presión a la víctima para que depositara dinero con prontitud.

Una mujer, oriunda de la localidad de Diamante, ubicada en la provincia de Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. Según relató, la engañaron y terminó por entregar sus joyas a una persona desconocida.

Tras iniciarse una investigación, la Policía realizó dos allanamientos en Paraná, en donde se secuestró una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Todo surgió a partir de una denuncia radicada días atrás por la damnificada.

Desde ese momento, en el caso intervino la División Investigaciones de Diamante bajo directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. Con tareas de inteligencia criminal y otras medidas investigativas, los efectivos reunieron indicios que orientaron la pesquisa hacia personas radicadas en la capital entrerriana.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó medidas ante el Juzgado de Garantías y, una vez autorizadas, una comisión policial de Diamante se trasladó a Paraná para concretar los procedimientos junto con personal de la División Delitos Económicos.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Juramento y Julio Benítez. Durante los operativos, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad, pero no se lo pudo vincular a la causa. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda y de otros objetos considerados relevantes para el expediente.

Por otro lado, aún se desconoce la maniobra que habrían utilizado los delincuentes para engañar a la mujer. Tampoco se precisó el valor de los elementos entregados ni se informó si las joyas fueron recuperadas durante los allanamientos realizados.

Las autoridades señalaron que el avance de la investigación permitió reunir pruebas e indicios suficientes para solicitar las órdenes judiciales que se ejecutaron en las dos propiedades. No obstante, el expediente continúa en trámite con intervención judicial para determinar cómo se concretó la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.

Tras los procedimientos, la Policía volvió a advertir sobre este tipo de estafas telefónicas y recomendó extremar los cuidados frente a llamados de desconocidos que soliciten dinero, joyas u otros objetos de valor.

De la misma manera, recordaron que ninguna entidad bancaria envía personas a los domicilios para retirar pertenencias y aconsejaron verificar cualquier versión con familiares antes de concretar una entrega.

Estafa amorosa en Paraná: creyó que su novio virtual iba a viajar y transfirió casi $30 millones

Hace una semana, otra mujer de Paraná denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi 30 millones de pesos después de sostener durante más de un año una relación a distancia con un supuesto ciudadano británico. El sospechoso le prometía viajar a Entre Ríos para conocerla y entablar una relación amorosa.

La investigación ya tuvo una primera medida judicial en Concordia. Allí, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares y también quedó vinculada a la causa una mujer sospechada de haber recibido parte del dinero.

Según se reconstruyó, la víctima, de 60 años, relató que el contacto comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook y luego siguió por WhatsApp. En ese intercambio, el hombre se presentaba como Michael Lawrence Williams y utilizaba una línea telefónica con característica del Reino Unido.

El vínculo fue tomando un tono sentimental con el correr del tiempo. En ese contexto, el supuesto británico le aseguró que quería viajar a la capital entrerriana para conocerla personalmente, pero empezó a pedirle dinero con distintos argumentos vinculados al traslado.

La mujer, convencida de que el encuentro iba a concretarse, tomó préstamos en entidades bancarias y no bancarias para reunir los fondos. De esa manera realizó transferencias por $29.816.400,69, monto que ahora forma parte central del expediente judicial.

La pesquisa quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y avanzó con tareas de la División Cibercrimen. Por medio de actuaciones, se logró determinar que parte del dinero había sido derivado a una cuenta a nombre de una mujer identificada por sus iniciales D.C.M.

Con ese dato, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda de calle La Heras, en Concordia. El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que notificó a la sospechosa y secuestró tres teléfonos celulares para su análisis pericial.

Una modalidad de estafa en WhatsApp aprovecha las fotos de visualización única para enviar imágenes comprometedoras desde números desconocidos y luego extorsionar a quien las abre con pedidos de dinero para evitar supuestas represalias.

Según advirtió la Policía Nacional de España, la maniobra fraudulenta se apoya en una función disponible desde 2021 en la aplicación de Meta, que fue diseñada para reforzar la privacidad, pero que ahora los ciberdelincuentes usan como gancho por el efecto de curiosidad que genera el contenido oculto.

El organismo español pidió a los usuarios no abrir ni responder este tipo de mensajes cuando lleguen desde teléfonos desconocidos, incluso si parecen inofensivos o despiertan interés.

Cómo opera esta estafa a través de mensajes en WhatsApp

El mecanismo, de acuerdo con la fuerza de seguridad, comienza con el envío de una foto de visualización única, por lo general con contenido sensible o comprometedor. Cuando la víctima la abre, el estafador detecta que ya fue vista y envía un segundo mensaje en el que afirma que se trató de un error.

A partir de ese momento empieza la presión. El ciberdelincuente acusa al usuario por haber accedido a la imagen y lo amenaza hasta exigirle dinero a cambio de no tomar represalias.

Las fotos de visualización única existen en la app desde hacer varios años y permiten compartir imágenes o archivos multimedia que desaparecen del chat después de una sola apertura. Se trata de mensajes temporales pensados para que el contenido no permanezca disponible de forma indefinida dentro de la conversación.

Esa característica práctica, que en origen buscaba proteger la privacidad, es precisamente la que explotan los ciberdelincuentes. La imagen permanece oculta hasta que el destinatario decide abrirla, y esa expectativa se convierte en el punto de entrada de la estafa.

La respuesta directa ante un caso así incluye acciones como bloquear el número dentro de la plataforma y reportar el contacto. Esas medidas buscan cortar el intercambio antes de que el intento de extorsión avance.

Qué señales permiten identificar un mensaje sospechoso en WhatsApp

Entre los indicios que pueden alertar sobre un contacto no confiable aparecen los errores ortográficos o gramaticales y los pedidos para pulsar enlaces, activar funciones por medio de un enlace o descargar una aplicación.

Además, figuran las solicitudes de información personal, como datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas. Otro grupo de señales incluye pedidos para reenviar mensajes, reclamos de dinero y avisos que aseguran que hay que pagar para usar el servicio.

WhatsApp recordó que la aplicación es gratuita y que cualquier cobro por utilizarla, o una oferta para desbloquear una cuenta a cambio de un pago, puede ser un intento de obtener información financiera o personal.

Cómo los estafadores se desenvuelven a través de WhatsApp

La aplicación advierte que son comunes los casos cuando el estafador se hace pasar por alguien conocido, mensajes vinculados con loterías, apuestas, empleos, inversiones o préstamos, y conversaciones en las que el remitente intenta ganar confianza antes de pedir datos privados.

Cuando el primer mensaje llega desde una persona que no está guardada en la agenda, la aplicación muestra detalles para ayudar al usuario a decidir cómo actuar.

Esos datos permiten comprobar si ambos comparten grupos y si el número está registrado en un país distinto. Con esa información, el usuario puede optar por responder, guardar el contacto, bloquearlo o reportarlo.

Las prácticas sugeridas ante un mensaje sospechoso son no tocarlo, no compartirlo y no reenviarlo si parece dudoso o muy bueno para ser cierto. Se aconseja revisar con atención enlaces y archivos antes de abrirlos, porque pueden parecer legítimos y aun así ser maliciosos.

Asimismo, si persisten las dudas sobre la identidad de un contacto desconocido, la recomendación es hacer preguntas personales para verificar quién está detrás del mensaje. Otra alternativa es confirmar esa identidad con una llamada o una videollamada.

La Nueva EPS emitió una alerta ante posibles contactos de terceros que estarían usando sin autorización el nombre de sus directivos y funcionarios para pedir dinero a cambio de intervenir en pagos, contratos o acuerdos con la entidad.

La advertencia, divulgada el 2 de septiembre de 2026, está dirigida a instituciones prestadoras de salud (IPS), proveedores y ciudadanos. Según informó la entidad, los presuntos intermediarios también invocarían el nombre de su agente especial interventor, Roberto Solano Navarra.

Nueva EPS indicó que recibió información sobre personas que solicitarían pagos, comisiones, transferencias a cuentas personales o dádivas con el argumento de agilizar obligaciones pendientes, gestionar contratos o intervenir en procedimientos administrativos.

Al respecto, la entidad precisó que ninguna persona está habilitada para cobrar o exigir contraprestaciones económicas como condición para adelantar pagos, obtener contratos o tramitar acuerdos.

“Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones utilizando mi nombre o el de los funcionarios de Nueva EPS”, afirmó Solano Navarra en una comunicación oficial.

El interventor agregó que la institución mantendrá una política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular” que use el nombre de la entidad o de sus representantes para obtener beneficios económicos indebidos.

La compañía recordó que todos sus procesos administrativos, financieros, contractuales y de pago se manejan por medio de los canales institucionales, las áreas competentes y los procedimientos ya definidos. Por esa razón, sostuvo que no se requiere recurrir a terceros para facilitar o acelerar ninguna gestión.

De la misma manera, la entidad de salud solicitó a prestadores, proveedores y ciudadanos que no entreguen dinero ni realicen transferencias si reciben llamadas, mensajes, correos electrónicos u otros contactos bajo esas modalidades.

También pidió conservar los números telefónicos, mensajes, correos, datos bancarios y cualquier otro elemento que permita identificar el presunto intento de suplantación. Nueva EPS señaló que verificará internamente los casos que sean puestos en su conocimiento y que, si corresponde, trasladará la información a las autoridades competentes.

Los reportes pueden realizarse a través de la Línea Ética de Nueva EPS, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año: la Línea telefónica: 01 8000 113051, y el correo electrónico: lineaeticanuevaeps@pwc.com.

Procuraduría pidió investigar a 13 exfuncionarios por la crisis de Nueva EPS

Un informe de la Procuraduría General de la Nación planteó abrir una indagación disciplinaria contra 13 exfuncionarios relacionados con la vigilancia, administración e intervención de Nueva EPS, para establecer si sus actuaciones u omisiones tuvieron incidencia en los problemas de atención, financieros y administrativos de la aseguradora.

Entre los nombres incluidos en el expediente figuran el exministro de Salud Guillermo Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exagente interventor de la entidad Jorge Iván Ospina, según informó El Colombiano.

El documento fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. La actuación deberá ser asumida por el delegado José Rodrigo Vargas, quien definirá si existen méritos para avanzar en la investigación y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias.

La solicitud no equivale a una sanción ni determina, por ahora, responsabilidades individuales. El proceso deberá establecer si hubo conductas que puedan ser objeto de reproche disciplinario y si existió relación entre las decisiones de los exfuncionarios y la situación de la EPS.

El informe menciona a Guillermo Jaramillo, que estuvo al frente del Ministerio de Salud entre mayo de 2023 y agosto de 2026. La Procuraduría busca establecer si decisiones adoptadas durante su gestión tuvieron relación con el deterioro de la atención a los afiliados y con las dificultades administrativas y financieras de Nueva EPS.

El expediente también incluye a Daniel Quintero, por su vinculación con las funciones de vigilancia y supervisión de la entidad, y a Jorge Iván Ospina, quien ejerció como agente interventor.

El doble homicidio de una pareja dentro de un automóvil en Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, podría estar relacionado con redes de crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, según las dos líneas de investigación que mantiene abiertas la Policía Nacional.

El director de la institución, Jaime Fernández, explicó que los investigadores recopilan videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena. La Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial analizan ese material para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

Fernández aclaró que hasta ahora no existen personas aprehendidas por el doble homicidio, contrario a versiones que circularon inicialmente. Aseguró, sin embargo, que las autoridades cuentan con abundante evidencia y trabajan junto con el Ministerio Público para realizar las diligencias y los allanamientos que requiera la investigación.

El ataque ocurrió la tarde del 25 de agosto, cuando varios hombres armados se aproximaron a un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre y dispararon contra sus ocupantes.

El lugar se encuentra cerca de una estación del Metro y mantiene una circulación constante de peatones, conductores y repartidores.

El hombre murió en el sitio, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. La mujer falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El crimen provocó una tercera muerte al interrumpir violentamente el embarazo de la víctima.

La condición de la mujer agregó especial gravedad a un ataque cometido alrededor de las 5:00 p. m. y en un área ampliamente transitada. Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la DIJ procesaron la escena, recopilaron indicios balísticos y comenzaron a revisar la ruta utilizada por los pistoleros para escapar.

Una de las hipótesis mencionadas por Fernández relaciona el crimen con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, una modalidad que habría surgido en Medellín, Colombia, durante la década de 1990. Posteriormente, el mecanismo se extendió hacia otros países de América Latina y el Caribe.

El esquema ofrece dinero inmediato sin contratos formales, garantías, referencias bancarias ni evaluación de la capacidad de pago. Sus principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas excluidas del sistema financiero. A cambio de esa facilidad, los prestamistas imponen intereses elevados y cobros diarios.

El nombre “gota a gota” proviene precisamente de la entrega diaria de pequeñas cuotas que van pagando gradualmente la deuda. Sin embargo, los intereses y recargos pueden impedir que el compromiso disminuya. En algunos casos, el deudor termina entregando varias veces la cantidad recibida originalmente sin cancelar el préstamo.

Cuando una persona se atrasa, los cobradores pueden recurrir a intimidaciones, amenazas, agresiones, destrucción de negocios o ataques contra familiares. La información personal entregada al solicitar el dinero también puede utilizarse para ejercer presión. Estas acciones convierten una deuda informal en un mecanismo de control y explotación criminal.

El préstamo informal, por sí solo, no convierte automáticamente cada caso en un delito ni demuestra la actuación de una organización criminal. La conducta adquiere relevancia penal cuando intervienen prácticas como la extorsión, las amenazas, las lesiones, la asociación ilícita, el blanqueo de capitales o el homicidio utilizado como método de cobro.

Estos grupos suelen utilizar cobradores distribuidos por zonas y registros detallados de clientes, cuotas, domicilios y lugares de trabajo. La facilidad para entregar dinero en efectivo también les permite penetrar comunidades con limitado acceso al crédito, mientras el temor a represalias reduce las denuncias y dificulta rastrear las operaciones financieras.

En el caso de Villa Lucre, la Policía todavía debe establecer si alguna de las víctimas mantenía una deuda vinculada con esta modalidad o si el ataque respondió a otra actividad del crimen organizado. Fernández enfatizó que todas las posibilidades permanecen abiertas y calificó el doble asesinato como un hecho inusual dentro de ese sector de San Miguelito.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue su motivación y si otras personas ordenaron el crimen. Los videos, peritajes balísticos, comunicaciones y movimientos previos de las víctimas serán determinantes para comprobar o descartar la hipótesis del “gota a gota”, que por ahora continúa siendo únicamente una línea investigativa.