La ruptura de Diva Jessurum con su esposo no se debió a una infidelidad sentimental, sino a una acción que ella describió como una “deslealtad económica”.

Esta historia de la periodista de entretenimiento, permitió por primera vez que fuera ella la que abriera su corazón para hablar del dolor que le generó esta situación.

Durante una entrevista con Vanessa de la Torre para Caracol Radio, la periodista barranquillera relató que la relación terminó cuando su pareja cobró cheques a su nombre y nunca le informó sobre el destino del dinero.

“Mi matrimonio se acabó por una deslealtad por parte de quien fuera mi pareja... Cobró unos cheques a mi nombre, se quedó callado y no dijo nada”, contó Jessurum durante la charla.

Según su testimonio, Jessurum descubrió que se habían realizado movimientos bancarios sin su consentimiento. Al confrontar a su entonces esposo, no obtuvo una explicación clara, lo que la llevó a considerar ese acto como el motivo determinante para poner fin al matrimonio.

La presentadora también expuso como, durante años, enfrentó comentarios y etiquetas negativas. Explicó que muchas veces la tildaron de “difícil” o “bruja” sin conocer las circunstancias que vivía en su vida privada.

Su intervención buscó cuestionar esas etiquetas y dar contexto a sus decisiones personales, mostrando que muchas mujeres son juzgadas severamente por proteger sus intereses o poner límites en situaciones que consideran injustas.

En la misma conversación, Jessurum abordó otros momentos dolorosos de su vida, como la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer que atravesó mientras continuaba trabajando en televisión.

La periodista aseguró que estos episodios marcaron profundamente su perspectiva sobre la vida y la llevaron a replantear prioridades personales y profesionales.

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, la periodista quiso hacer pública esta experiencia para esclarecer una parte de su historia que hasta ahora no había contado con franqueza. Hasta la fecha, no se conocen declaraciones públicas recientes de su expareja sobre estos hechos.

Diva insistió en que muchas de las situaciones difíciles que vivió ocurrieron mientras mantenía una imagen de fortaleza ante el público. Su testimonio puso en evidencia que, detrás de la pantalla, las figuras del entretenimiento también atraviesan duelos, enfermedades y rupturas en silencio, lejos de la exposición mediática que caracteriza su trabajo.

Los desafíos que marcaron su vida

La presentadora Diva Jessurum abordó recientemente los episodios más difíciles de su vida, marcados por la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en etapa dos.

La comunicadora relató que el diagnóstico llegó tras una serie de molestias persistentes y diagnósticos erróneos, hasta que una biopsia en Barranquilla confirmó la enfermedad. Decidió mantener la noticia en privado, evitando la compasión de su entorno y resguardando su imagen profesional.

Otro de los relatos que marcaron la entrevista tuvo que ver con la enfermedad, ya que durante el tratamiento, debió adaptar la producción de sus programas para disimular los efectos de la quimioterapia, como la pérdida de cabello y pestañas, y así pudo continuar con su actividad laboral.

Aseguró que la enfermedad supuso una pausa abrupta en su vida, pero eligió sorprender a la adversidad manteniéndose activa y resiliente.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue la narración de la pérdida de sus dos hijos. El primer aborto ocurrió durante una transmisión en vivo del Reinado Nacional de Belleza, donde continuó al aire a pesar de la crisis personal.

El segundo se confirmó tras una ecografía de rutina y lo enfrentó sin el apoyo de su pareja, quien optó por distanciarse. La presentadora afirmó que este episodio la llevó a priorizar su bienestar por encima de relaciones inestables.

Tras el incidente, los contactos de la señora comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero a nombre de ella, con depósitos dirigidos a cuentas de Bancomer y Banamex, según advirtió la actriz de 40 y 20 en un video en Instagram.

La comediante indicó que los responsables engañaron a su madre con una llamada simulando ser empleados de un servicio de paquetería, mecanismo con el que lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp. Michelle Rodríguez recalcó que el objetivo de los delincuentes es obtener transferencias de los conocidos registrados en el teléfono de su madre.

En el mensaje difundido este mismo domingo, Rodríguez pidió ayuda para evitar que más personas sean defraudadas y recomendó: “No hagan caso y ayúdenos a pasar la voz”. La actriz insistió en que el fraude inicia con una llamada telefónica falsa y la posterior solicitud de un código para instalar WhatsApp en otro dispositivo.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, dijo.

La familia señaló que ya busca opciones para recuperar la cuenta y exhortó a tomar precauciones ante este tipo de estafas. Hilda Varela Laurrabaquio se encuentra en buen estado de salud tras el incidente, agregó Michelle Rodríguez en la red social.

Qué hacer en caso de hackeo de Whatsapp

Esto debes hacer si todavía tienes acceso a tu número telefónico

1. Recupera tu cuenta

• Entra a WhatsApp FAQ
• Vuelve a iniciar sesión con tu número
• Usa el código SMS que llegue a tu celular

Si aparece un PIN desconocido, puede ser que activaron la verificación en dos pasos.En algunos casos tendrás que esperar hasta 7 días para recuperarla.

2. Si fue SIM Swapping (Clonación o robo de tu chip)

• Comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica
• Solicita bloquear la línea o el chip
• Cambia contraseñas vinculadas a tu número

3. Avisa a tus contactos

Publica historias o mensajes diciendo que:

• No hagan depósitos
• No compartan códigos
• Ignoren mensajes sospechosos

4. ¿Qué puedes denunciar?

• Suplantación de identidad

Si alguien se hace pasar por ti usando tu cuenta o tu imagen.

• Fraude

Si pidieron dinero a tus contactos o realizaron engaños.

La llamativa trama que tiene como víctima al diputado libertario Manuel Quintar por la compra fallida de su primer Tesla arranca unos nueve meses antes de que se lo viera llegar la semana pasada al Congreso de la Nación a bordo de la camioneta modelo Cybertruck.

Era agosto de 2025 cuando el legislador jujeño -que ahora quedó en la mira por su ostentación- había comenzado a negociar con los dueños de una concesionaria de autos de alta gama, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, para adquirir su primer vehículo de la marca de Elon Musk. Según supo Infobae, el modelo que le interesaba era el mismo que tiene actualmente.

Así, pactó con los vendedores el pago de la suma total de 285 mil dólares que abonó mediante transferencias bancarias y dinero en efectivo. Una vez concretada la operación, le iban a entregar la camioneta Tesla Cybertruck 0 km en un determinado plazo.

Sin embargo, pasaron los meses, el tiempo de espera acordado venció y, pese a los reclamos del diputado, nunca le entregaron la unidad.

El 17 de abril de 2026, unas tres semanas antes del episodio que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del palacio legislativo, Quintar denunció por estafa a la concesionaria y a sus dueños, una pareja de 42 y 44 años.

En el caso tomó intervención la UFI N°2 de Pilar, que abrió un expediente por estafa y asociación ilícita contra los acusados. En este contexto, la Policía Bonaerense desarrolló tareas investigativas que establecieron que los señalados por el libertario estaban ofreciendo a la venta vehículos de alta gama bajo “un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas”, según reza la acusación.

Con las pruebas recabadas, a finales de abril los agentes de la bonaerense allanaron el local denunciado y el domicilio de los acusados, quienes fueron aprehendidos y luego liberados. De ambos lugares incautaron material de interés para la investigación.

En el marco de la causa, que aún está en pleno desarrollo, los investigadores establecieron que los imputados trasladaban vehículos y pertenencias desde la concesionaria allanada hacia otro local ubicado en la localidad de Del Viso.

Este nuevo punto fue allanado en las últimas horas, cuando ya el diputado denunciante había levantado su perfil por haber logrado comprar efectivamente su Tesla a pesar de la estafa presuntamente sufrida hace 9 meses.

En este nuevo procedimiento, los investigadores constataron que los sospechosos seguían operando. Si bien no se logró la localización de los dueños de la concesionaria, las autoridades sí incautaron 19 autos de alta gama, valuados en aproximadamente U$S 1.229.200.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, que ordenó el embargo de esos vehículos para afrontar el perjuicio económico ocasionado al diputado de La Libertad Avanza.

A pesar de la estafa, se compró otro Tesla

Si bien el diputado aún no logró recuperar el dinero invertido en la operación que ahora investiga la Justicia, un tiempo después logró adquirir la camioneta que buscó en ese entonces.

Es el Tesla con el que se lo vio llegar al Congreso de la Nación el pasado miércoles y que dejó en el estacionamiento del lugar. Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

“Es la versión grande, la de más potencia”, contaron desde su entorno sobre el modelo de la camioneta.

Acerca de la compra, aclararon que el vehículo “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta de redes sociales.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

La llegada del Mundial 2026 reavivó el entusiasmo por el clásico álbum de los jugadores que participarán en el certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Bajo este escenario, la modalidad de estafa digital vinculada al álbum viene ganando fuerza y preocupa a miles de aficionados. Los delincuentes aprovechan la expectativa para promover enlaces fraudulentos que prometen el acceso gratuito a todas las figuritas virtuales o al álbum completo en formato PDF, pero en realidad buscan robar información personal y financiera.

El proceso suele comenzar en redes sociales, grupos de WhatsApp o foros de coleccionistas, donde circulan mensajes como “descarga gratis todas las figuras del álbum del Mundial”.

Los enlaces conducen a sitios web que imitan la imagen y los logos oficiales de Panini, la empresa encargada de la colección. Sin embargo, tras hacer click, la víctima es redirigida a portales que solicitan datos personales o descargan programas maliciosos capaces de acceder a información bancaria y vaciar cuentas en minutos.

Miguel Montalvo, coleccionista entrevistado por ATV Noticias, señaló que esta estrategia se repite cada cuatro años. “Siempre durante cada Mundial pasa lo mismo. Aparecen links fraudulentos que se hacen pasar por Panini”, explicó.

Los delincuentes utilizan archivos PDF aparentemente inofensivos en los que, al abrirlos, el usuario permite la instalación de software espía que otorga control sobre el dispositivo.

Estafa y confusión digital

Según los expertos, las estafas no alcanzan a coleccionistas experimentados. Cualquier usuario atraído por la emoción del torneo puede caer en la trampa. La promesa de un álbum digital gratuito y la posibilidad de completar la colección desde casa actúan como anzuelo perfecto, sobre todo para quienes desconocen los canales oficiales de distribución.

Al descargar estos archivos, los ciberdelincuentes pueden acceder a aplicaciones de banca móvil, billeteras digitales como Yape o Plin, y realizar movimientos, transferencias y hasta solicitar préstamos a nombre del usuario.

Jaime Delgado, especialista en defensa del consumidor, advirtió que la rapidez con la que se ejecutan las estafas sorprende a muchos.

“Te dicen: ‘Entra a este link y tienes el álbum completo en PDF’. Haces clic y pueden vaciarte las cuentas en cinco minutos”, relató durante una entrevista. El acceso a los dispositivos permite a los criminales no solo robar el saldo disponible, sino también activar líneas de crédito y dejar a la víctima endeudada.

La empresa Panini ofrece una versión digital oficial del álbum, pero el proceso implica registrarse con una cuenta FIFA y utilizar códigos únicos incluidos en los sobres originales. Esta dinámica, poco clara para algunos usuarios, alimenta la confusión y facilita el éxito de los engaños digitales. Los delincuentes aprovechan la circulación de códigos apócrifos en redes sociales para fortalecer su estrategia y captar más víctimas.

Reclamo a Indecopi

La ciberdelincuencia vinculada al álbum del Mundial ha llevado a especialistas y defensores del consumidor a exigir mayor protección para los usuarios.

Se solicita a las autoridades, como Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las entidades bancarias, reforzar sus sistemas y educar a la población sobre los riesgos de abrir archivos o enlaces de origen desconocido.

“No debería ser tan simple que, abriendo un PDF, entren a tu cuenta bancaria”, cuestionó Delgado, pidiendo controles más estrictos en la banca digital y una respuesta más activa de los organismos reguladores.

Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el sector minero en Salta involucra hasta el momento a casi 60 víctimas. Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.

Hasta el momento, la detenida fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.

La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales como “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.

Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.

Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.

Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.

Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.

De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.

Más de 400 personas denunciaron fraude por falsas ofertas laborales para trabajar en un festival de Córdoba

Una banda integrada por al menos cuatro personas fue denunciada por más de 400 habitantes de La Rioja tras ser señalada como responsable de una megaestafa vinculada a la falsa oferta de empleos en el festival Cosquín Rock.

Los afectados relataron que los acusados les exigieron anticipos monetarios a cambio de reservarles puestos de trabajo en el área de seguridad para el evento, cuya realización estaba prevista en Córdoba. Sin embargo, días antes del viaje, el plan fue cancelado abruptamente, lo que llevó a los denunciantes a descubrir el engaño.

El caso comenzó a gestarse desde octubre de 2025, momento en el cual la banda habría iniciado la captación de víctimas mediante reuniones virtuales. Según se detalló en los testimonios recabados, los imputados prometían sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje incluidos, y alegaban contar con experiencia previa en la seguridad de eventos masivos, como la Copa Argentina.

De acuerdo con Rioja Política, la maniobra incluía la realización de encuentros virtuales para ofrecer una imagen de legalidad y profesionalismo. Asimismo, indicaron que los acusados, identificados por los apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez, solicitaban a las víctimas el depósito de sumas que oscilaban entre $90.000 y $350.000.

El argumento que utilizaban los sospechosos era la necesidad de costear uniformes de seguridad o el ingreso a una presunta mutual. No obstante, la promesa de trabajo fue desmontada cuando, a escasos días del viaje, los supuestos empleadores comunicaron la cancelación de la oferta, aduciendo una decisión unilateral de los organizadores del festival.

Asimismo, muchos damnificados lograron contactar a la empresa productora de Cosquín Rock, que desmintió cualquier vínculo con el grupo denunciado. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja y fue fragmentada en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de unos 30 denunciantes, aunque el número total de afectados podría multiplicarse hasta 400.

En respuesta al fraude, los afectados realizaron una protesta frente al domicilio de Díaz, uno de los imputados, reclamando su detención. Poco después, el letrado denunció que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, luego de que una mujer saliera del inmueble y golpeara en el rostro a una de las manifestantes.

El avance judicial incluyó el bloqueo de cuentas de Mercado Pago y el secuestro de un automóvil perteneciente a los acusados. No obstante, Brizuela advirtió que la recuperación del dinero no está asegurada en esta etapa, ya que la prioridad de la instrucción radica en determinar la figura penal aplicable. Además, informó que solicitará la acumulación de las denuncias para unificar la causa y endurecer la situación procesal de los sospechosos que permanecen en libertad.

En este sentido, adelantó que pedirá cambiar la calificación legal de “estafa” a “asociación ilícita”, argumentando la existencia de una estructura organizada y roles diferenciados entre los imputados. Por esto, dijo que la maniobra no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red delictiva coordinada.

La afectada relató entre lágrimas lo que le sucedió y aseguró que los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la empresa de telefonía Tigo, por lo que tras el engaño, lograron acceder no solo a la información personal de la emprendedora, sino a su número de teléfono y cuentas asociadas, generando un esquema de fraude donde terceros, incluidas clientas y familiares, fueron abordados por los estafadores para exigir transferencias adicionales.

La modalidad delictiva utiliza identidades institucionales falsas

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 6 de mayo de 2026, según relató Zapata en sus redes sociales. El sujeto que se comunicó con ella dijo llamarse Luis José Virgüez, le dio un número de cédula, un número de radicado y una presunta vinculación con la Policía.

Según el testimonio de Zapata, el supuesto objetivo de la comunicación era protegerla de una supuesta clonación de línea móvil: “Puedes confirmar mis datos en la página de la Policía, pero mi intención hoy es ayudarte a que no te clonen tu línea móvil”.

Al seguir las instrucciones en tiempo real, Zapata accedió a un enlace enviado por el supuesto funcionario, permitiendo así el hackeo de su cuenta de WhatsApp y la posterior intervención sobre su cuenta de Bancolombia. Este procedimiento habilitó el acceso remoto que, en cuestión de minutos, permitió la transferencia de $3.860.000 a una cuenta de Nequi.

Mientras esto sucedía, la cuenta de WhatsApp de la empresa fue utilizada para contactar a clientes, familiares y conocidos, pidiendo pagos bajo pretextos relacionados con la venta de fresas: “A las terceras personas les está escribiendo por el WhatsApp del negocio… Esa persona está pidiendo dinero”.

La afectada precisó que pudo actuar con rapidez al detectar el ataque gracias al consejo de una entrenadora en su gimnasio, que le urgió a acudir a una sucursal bancaria, lo que le permitió constatar el robo y, posteriormente, la denuncia formal fue radicada ante la Policía local de Necoclí, municipio donde opera el negocio.

Advertencia a la comunidad

El daño ocasionado se extendió más allá de la pérdida financiera inicial. Tras el hackeo, los delincuentes utilizaron la identidad de la empresaria para solicitar pagos falsos a distintos contactos: “A mi mamá, mis amigas, conocidos, fresiclientes… le han escrito diciéndole: ‘Mira, no tengo para la factura de las fresas, mándame un depósito’. Y lo han hecho. Tenemos comprobante de todo eso".

Tras la denuncia, la cuenta bancaria principal de Zapata fue congelada para la investigación oficial, según relató, mientras las autoridades se encargan de rastrear los movimientos realizados.

La recomendación de la joven para sus seguidores fue clara: “No contesten llamadas. No contesten llamadas de nadie. Vea, cuando ustedes necesiten algo de Tigo, de Bancolombia, de Claro, de lo que sea, parce”.

El ataque demostró la capacidad de los estafadores para operar con apenas el número de cédula y un acceso inicial proporcionado bajo engaño: “Lo que a mí me explicaron en la estación de la policía, hay hackers que son capaces de robarse millones, millones con solo el número de la cédula”.

En su video de TikTok, la joven acudió a la solidaridad de su comunidad en Necoclí y seguidores digitales para difundir la modalidad fraudulenta y evitar que otras personas sean engañadas en el futuro.

La joven pidió no caer en las llamadas inesperadas de aparentes funcionarios de empresas o bancos ni proporcionar datos personales a desconocidos, reiterando el “dolor” por lo ocurrido y la importancia de compartir la experiencia para frenar la expansión de este tipo de delitos.

La inteligencia artificial ya no solo transforma industrias y facilita tareas cotidianas; también se ha convertido en una de las herramientas favoritas de los ciberdelincuentes para cometer fraudes bancarios cada vez más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar.

Especialistas en ciberseguridad advierten que durante 2026 las estafas financieras evolucionaron a un nivel sin precedentes: ahora los delincuentes usan clonación de voz, mensajes SMS fraudulentos, aplicaciones falsas idénticas a las oficiales y hasta videos manipulados con tecnología deepfake para engañar a usuarios y vaciar cuentas bancarias.

De acuerdo con reportes recientes y análisis de expertos en seguridad digital, las señales clásicas que antes ayudaban a identificar un fraude —como errores ortográficos o enlaces sospechosos— prácticamente desaparecieron gracias al uso de IA generativa.

Los nuevos fraudes bancarios usan IA para parecer reales

Uno de los métodos más peligrosos es la clonación de voz mediante inteligencia artificial. Los delincuentes pueden tomar apenas unos segundos de audio publicados en redes sociales o videos para replicar la voz de una persona y hacerse pasar por ejecutivos bancarios, familiares o conocidos.

Con esta tecnología, las víctimas reciben llamadas extremadamente convincentes donde supuestos empleados del banco alertan sobre cargos no reconocidos, movimientos sospechosos o bloqueos de cuentas. Bajo presión, muchas personas terminan compartiendo códigos de verificación, contraseñas o autorizando transferencias.

Otro esquema en crecimiento es el llamado spoofing telefónico, donde los estafadores falsifican el número de teléfono para que en la pantalla aparezca el nombre real del banco. Esto aumenta la confianza de la víctima y hace más difícil sospechar del engaño.

SMS falsos y apps clonadas: el fraude que ya parece auténtico

Los expertos también alertan sobre el aumento del smishing, una modalidad de phishing vía SMS. Ahora los mensajes fraudulentos llegan con logotipos oficiales, lenguaje profesional e incluso dentro del mismo hilo de conversación legítimo del banco.

En muchos casos, los mensajes incluyen enlaces hacia páginas idénticas a las oficiales o invitan a descargar aplicaciones falsas que copian la interfaz de instituciones financieras reales. Una vez instaladas, estas apps roban contraseñas, datos personales y códigos de autenticación.

Incluso ha crecido el llamado quishing, un fraude mediante códigos QR falsos que redirigen a sitios diseñados para capturar información bancaria.

Según especialistas citados por firmas de ciberseguridad, los ataques ya no son masivos y genéricos, sino personalizados. Los delincuentes aprovechan información disponible en redes sociales, filtraciones de datos y hábitos digitales para crear engaños hechos prácticamente “a la medida” de cada víctima.

Deepfakes y reconocimiento facial: otra amenaza para bancos

La expansión de los deepfakes también preocupa a instituciones financieras y autoridades. Esta tecnología permite generar videos o rostros falsos hiperrealistas para burlar sistemas biométricos y verificaciones de identidad.

Especialistas advierten que la IA puede crear audios y videos tan convincentes que ya no basta con “reconocer una voz” o confiar en una videollamada para validar la identidad de una persona.

En América Latina, México ya figura entre los países con mayor preocupación por fraudes impulsados con inteligencia artificial, particularmente en sectores financieros y plataformas digitales.

¿Cómo protegerse de los nuevos fraudes bancarios?

Ante este panorama, expertos recomiendan adoptar nuevas medidas de seguridad digital:

• Nunca compartir códigos de verificación por llamada o mensaje.
• Evitar descargar aplicaciones desde enlaces enviados por SMS o WhatsApp.
• Verificar directamente con el banco cualquier alerta sospechosa.
• Activar la autenticación de dos factores.
• Desconfiar de llamadas que generen urgencia o presión inmediata.
• Revisar cuidadosamente códigos QR antes de escanearlos.
• Limitar la publicación de audios y videos personales en redes sociales.

Además, compañías tecnológicas ya trabajan en nuevas herramientas de protección. Google anunció recientemente funciones de seguridad en Android capaces de detectar llamadas bancarias fraudulentas y comportamientos sospechosos en aplicaciones mediante inteligencia artificial.

Los especialistas coinciden en que el gran desafío de 2026 será aprender a distinguir entre lo real y lo generado por IA, en un entorno donde los fraudes digitales son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.

La investigación en contra de la preceptora de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Bragado que fue denunciada por robarse 50 mil dólares destinados a un viaje de estudios recién comienza y todavía son varias las dudas que rodean el caso. Por lo pronto, mientras la Justicia avanza, a esta hora, la acusada no fue notificada de la denuncia penal y se desconoce dónde está.

Las víctimas son 38 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario. Y acá surge otra de las preguntas que todavía no tienen respuesta: en qué gastó el dinero. La causa está en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial de Mercedes.

Infobae dialogó con el abogado Federico Etcheún, representante de las familias, quien confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por el delito de estafa agravada.

“Todo el dinero que fueron pasando durante once meses o un año a esta preceptora, que era para un viaje al Bolsón, no se usó para pagar el viaje; no se pagó estadía, no se pagó nada. Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata”, relató el letrado.

En ese sentido, el abogado señaló que la condición de trabajora en una institución pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

El abogado intervino en el caso recién la semana pasada y durante los días siguientes estuvo reuniendo toda la documentación necesaria de todas las 38 familias que elevaron la denuncia. “Yo les dije a las familias que me reunieran todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los chats y fotos de eventos que hayan hecho para recaudar el dinero. Me consiguieron todo todas las familias, así que hice treinta y ocho carpetas diferentes con cada archivo de cada alumno”, detalló Etcheún. La documentación fue aportada por el abogado junto a la denuncia en contra de la preceptora.

Según trascendió, la preceptora habría dicho de manera extraoficial una frase que indigna: “Me patiné la plata”, aseguró en el colegio antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

“No la se vio más. La última vez que habló fue esa que dijo que se ”patinó la plata”. Después no se la vio más en la calle. No tengo idea si estará acá en Bragado, pero no salió más a ningún lado. Estimo que una vez que la denuncia penal ingresa correctamente, se tiene que notificar por cédula fehacientemente de que está siendo investigada por un delito penal y que tenés derecho a contratar un abogado y que después la van a llamar a una declaración indagatoria. Pero realmente no tenemos datos de dónde está ni si está acá“, aseguró el abogado.

Silencio absoluto

En ese sentido, el letrado indicó que a pesar de que se desconoce dónde está la acusada, su marido -que trabaja en el mismo colegio- sí concurre regularmente a trabajar. Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero.

“Hasta ahora el esposo no se expresó. Nadie en el colegio dijo nada. Solamente terminaron de confirmar que la plata no estaba y se había gastado, pero no aportaron ni cómo, ni dónde, ni por qué la gastaron. Eso calculo se lo tendrán que responder a la Justicia cuando la citen”, señaló.

El monto estimado en la denuncia de las 38 familias asciende a los 50 mil dólares aproximadamente. “Entre todas las familias calcularon el viaje total. Eso saldría todo el viaje completo a El Bolsón para todos los chicos con todo pago. Un dinero que ellos ya habían juntado todo y se lo iban pasando a ella”, continuó.

“El tema es que se lo pasaban semanalmente, mensualmente, algunos se lo daban en la mano, porque ya habían hecho viajes desde el mismo colegio con la misma preceptora y siempre habían salido bien, pero esta vez no se dio”, agregó.

En las redes sociales de la preceptora, observaron que en el último tiempo había realizado un viaje pero el abogado aclaró que desconoce si se hizo con el dinero que estaba destina para el viaje.

Según dijo Etcheún, la preceptora les informó a los padres un total de seis supuestas postergaciones del vuelo. Y en cada una expuso una excusa diferente. En una oportunidad, por ejemplo, aseguró que la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost para justificar las demoras ante los padres.

“Le mandó un documento Word que ponía el logo de la aerolínea, y que por cuestiones o inconvenientes internos tenían que cambiar. Como son familias trabajadoras que no suelen viajar, no se dieron cuenta”, dijo.

Una buena noticia

A partir de la trascendencia del caso, una aerolínea se puso contacto con los padres para comunicarles que decidió donarles los pasajes a El Bolsón para que no dejen de cumplir su sueño de viajar al sur del país.

El dato fue confirmado a este medio, tanto por el abogado de las familias robadas como desde la empresa. Con esta ayuda, el viaje se hace cada vez más realizable.

Por lo pronto, indicó Etcheún, las familias abrieron una cuenta con el alias “Viajamos al Bolsón” para pedir colaboración y así realizar el viaje de estudio, cuya fecha inicial era octubre del año pasado. “Estimo que con los pasajes y ahora con lo que logren reunir, van a poder realizarlo esta año, hacia la misma fecha”, concluyó el abogado en su diálogo con Infobae.

Google eliminó de su tienda oficial de aplicaciones una red de herramientas fraudulentas que engañó a más de 7,3 millones de usuarios con falsas promesas de acceso a llamadas, mensajes y conversaciones privadas de terceros.

La investigación, revelada por la firma de ciberseguridad ESET a través de Welivesecurity, detectó que las aplicaciones no solo simulaban funciones imposibles de realizar, sino que además ponían en riesgo la información financiera de quienes pagaban por sus supuestos servicios.

Las aplicaciones, agrupadas bajo la campaña denominada “CallPhantom”, ofrecían supuestamente acceso al historial de llamadas, mensajes SMS y hasta registros de WhatsApp de cualquier número telefónico. Para atraer víctimas, utilizaban nombres genéricos y llamativos como “Call History of Any Number”, prometiendo una especie de espionaje digital accesible para cualquier usuario.

Sin embargo, especialistas en seguridad aclararon que las funciones promocionadas eran técnicamente imposibles de ejecutar de la forma en que se anunciaban. En realidad, las aplicaciones simplemente generaban resultados falsos para convencer a las personas de pagar una suscripción.

El mecanismo de engaño estaba cuidadosamente diseñado. Una vez instalada la aplicación, el usuario ingresaba un número telefónico y el sistema simulaba un supuesto proceso de búsqueda. Luego aparecían listas de contactos, horarios y registros aparentemente reales, aunque toda la información mostrada había sido precargada o generada aleatoriamente dentro del propio código de la aplicación.

Los investigadores explicaron que la intención era crear la ilusión de que el sistema realmente estaba obteniendo información privada. Cuando la víctima intentaba acceder al supuesto informe completo, la aplicación solicitaba un pago.

Incluso si el usuario abandonaba el proceso sin pagar, algunas de las herramientas enviaban notificaciones falsas simulando correos electrónicos que aseguraban que los resultados ya estaban listos para ser desbloqueados.

El informe también advirtió sobre otro problema grave: la forma en que estas aplicaciones gestionaban los cobros. Algunas utilizaban el sistema oficial de pagos de Google, mientras que otras desviaban a métodos externos que escapaban del control de la compañía.

Entre ellos figuraban sistemas como UPI, una plataforma de transferencias ampliamente utilizada en India, y formularios internos donde las víctimas debían introducir directamente los datos de sus tarjetas de crédito. Este último método aumentaba considerablemente el riesgo de exposición financiera y posibles fraudes posteriores.

Los precios de las supuestas suscripciones variaban dependiendo de la aplicación y podían alcanzar hasta 80 dólares por acceso a informes inexistentes.

Tras recibir la alerta de los investigadores de seguridad, Google eliminó las 28 aplicaciones vinculadas a la campaña “CallPhantom” de la Google Play Store. La compañía también canceló automáticamente las suscripciones activas realizadas mediante su sistema oficial de facturación.

El caso vuelve a poner el foco sobre el crecimiento de las estafas digitales dentro de las tiendas de aplicaciones. Aunque Google mantiene sistemas automáticos de revisión y análisis de seguridad, los ciberdelincuentes continúan encontrando formas de aprovechar la curiosidad de los usuarios mediante falsas promesas relacionadas con el espionaje, la privacidad o el acceso a información sensible.

Expertos en ciberseguridad recuerdan que ninguna aplicación legítima puede ofrecer acceso remoto al historial de llamadas, mensajes o conversaciones privadas de otras personas sin autorización. Además, recomiendan desconfiar especialmente de servicios que prometen funciones invasivas o imposibles, así como evitar ingresar datos bancarios fuera de plataformas oficiales y verificadas.

La investigación de Welivesecurity también revela cómo las tácticas de manipulación psicológica se están sofisticando. En este caso, los desarrolladores aprovecharon el interés de los usuarios por acceder a información privada de terceros para monetizar la curiosidad mediante suscripciones fraudulentas y mecanismos de presión diseñados para generar sensación de urgencia.

Aunque las aplicaciones ya fueron retiradas, especialistas advierten que campañas similares continúan apareciendo regularmente bajo nuevos nombres y diseños. Por ello, recomiendan revisar cuidadosamente los permisos solicitados por las apps, verificar opiniones reales y descargar software únicamente desde desarrolladores reconocidos.

El caso de “CallPhantom” demuestra que incluso dentro de tiendas oficiales como Google Play pueden colarse aplicaciones maliciosas capaces de comprometer tanto la privacidad como la seguridad financiera de millones de personas.

La desarticulación de una presunta red vinculada a delitos financieros, hurto agravado y blanqueo de capitales dejó cuatro personas aprehendidas durante la operación “Farol”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional en las provincias de Panamá, Herrera y Los Santos.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, que ejecutó allanamientos con apoyo policial y logró el decomiso de bienes presuntamente relacionados con la investigación.

De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son investigados por la supuesta comisión de hurto con abuso de confianza, delito financiero, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En el operativo también se decomisaron dos vehículos en el área de Tocumen, mientras que las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400, además de automóviles con un valor estimado de $71,700, presuntamente vinculados a las actividades investigadas.

Según las investigaciones preliminares, uno de los principales implicados se habría aprovechado de su cargo como contador dentro de una empresa privada para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía.

La Fiscalía sostiene que esta operación habría sido ejecutada en coordinación con otros integrantes de la presunta estructura, lo que permitió mover recursos y ocultar el origen del dinero mediante maniobras financieras.

El caso se desarrolla en un contexto de aumento de las denuncias por estafa y otros fraudes en Panamá. Entre enero y abril de 2026, el Ministerio Público registró 2,279 denuncias criminales relacionadas con estafas y otros fraudes, frente a las 1,895 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Esto representa un incremento de 20%, según las cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público y la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.

El delito con mayor incidencia fue la estafa, contemplada en el artículo 220 del Código Penal, con 2,154 casos acumulados hasta abril de 2026. Le siguieron la modificación o manipulación de programas informáticos, con 71 investigaciones; la estafa agravada, con 37 casos; la prenda hipotecaria sobre bien ajeno, con 13; y el fraude en servicios públicos, con 4. No se registraron casos por cobro indebido de un seguro.

La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de reportes, con 1,310 noticias criminales por estafas y otros fraudes durante los primeros cuatro meses del año.

Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 320 casos, seguida de Chiriquí con 187, San Miguelito con 124, Colón con 81 y Coclé con 75. En Herrera, una de las provincias donde se realizaron diligencias de la operación “Farol”, se reportaron 58 casos, mientras que Los Santos registró 48.

El crecimiento no fue uniforme en todo el país. Panamá Oeste mostró uno de los mayores aumentos, al pasar de 194 casos en 2025 a 320 en 2026, una variación de 65%. Los Santos subió de 32 a 48 casos, equivalente a 50%, mientras que Herrera pasó de 44 a 58, con un incremento de 32%. San Miguelito también registró un alza, al pasar de 102 a 124 casos, lo que representa 22%.

Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento de los delitos relacionados con modificación o manipulación de programas informáticos, que pasaron de 30 casos entre enero y abril de 2025 a 71 en el mismo periodo de 2026.

Esta variación representa un crecimiento de 137%, el mayor entre las categorías comparadas. El dato confirma que las investigaciones por fraude ya no se limitan a esquemas tradicionales, sino que también involucran herramientas digitales y manipulación tecnológica.

Las autoridades sostienen que este tipo de estructuras suelen aprovechar posiciones de confianza, acceso a información interna y conocimiento financiero para ejecutar movimientos irregulares. En el caso de la operación “Farol”, la figura del contador investigado resulta clave, porque el presunto desvío de fondos habría partido desde el interior de la propia empresa afectada.

La investigación deberá establecer ahora el monto total del perjuicio económico y si existen más personas vinculadas.

Los aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el alcance de la presunta red.

La operación “Farol” se suma a otras investigaciones abiertas por delitos económicos en Panamá, en momentos en que las estadísticas oficiales reflejan un aumento de las denuncias por estafa, fraude informático y maniobras financieras irregulares en diferentes provincias del país.

La Policía de Neuquén desbarató una banda que estafó a una jubilada con el “cuento del tío” y se robaron todos sus ahorros. En total, le sustrajeron 20 mil dólares.

El episodio comenzó con una llamada telefónica recibida por la mujer de 82 años, en la que una mujer, que se hizo paasar por su sobrina, le indicaba que debía entregar todos sus ahorros para llevarlos al banco alegando que debía realizar un “cambio de billetes”.

Convencida por la urgencia y la familiaridad de la supuesta pariente, la víctima reunió un poco más de 20 mil dólares y aguardó la llegada de un hombre que se presentó como empleado bancario.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, el engaño fue ejecutado por una banda delictiva especializada en el denominado “cuento del tío”, que operaba en la región y logró hacerse de la suma sin encontrar inicialmente obstáculos. Tras concretarse el robo, la jubilada realizó la denuncia en la Comisaría 17 de la capital neuquina, lo que motivó el despliegue de un operativo policial coordinado por el Departamento Delitos Económicos.

La reconstrucción de los hechos se apoyó en el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano y en la revisión de comunicaciones telefónicas vinculadas al caso. Las tareas de investigación permitieron a los efectivos reconstruir el recorrido del vehículo utilizado por los sospechosos y centrar la pesquisa en domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se llevaron a cabo los allanamientos.

Bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el operativo incluyó la convocatoria de una treintena de efectivos policiales y el despliegue de nueve móviles. Durante la mañana de ayer martes, los agentes ingresaron a cuatro domicilios en la zona sur de la ciudad, considerados aguantaderos de la banda dedicada a estafas mediante el “cuento del tío”.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, 500 mil pesos en efectivo, una suma cercana a 300 dólares y dos vehículos —una Ford EcoSport y una camioneta Nissan Frontier—. Se incautaron también prendas de vestir similares a las utilizadas en el hecho bajo investigación.

En uno de los domicilios allanados, los agentes hallaron además más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que sumó un componente adicional al expediente judicial y motivó la intervención de especialistas en delitos relacionados con estupefacientes.

Como resultado de la operación, cinco personas fueron demoradas y quedaron a disposición del MPF. La labor policial involucró a distintas áreas especializadas, entre ellas Delitos Económicos, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad, Fuerza Pública, Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito. El trabajo se extendió hasta las primeras horas de la tarde, permitiendo reunir pruebas relevantes para el avance de la investigación.

El operativo desplegado por la Policía neuquina permitió no solo recuperar parte del dinero sustraído, sino también desarticular un núcleo delictivo vinculado a múltiples modalidades de estafa y posesión de drogas. El caso continúa bajo la órbita del MPF, que evalúa la responsabilidad penal de los detenidos y la eventual vinculación con otros hechos investigados en la región.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) aprobó la emisión automatizada de los Certificados Negativos de Inscripción de Sucesión Intestada y de Testamento solicitados de manera presencial en oficinas registrales, mediante el uso de firma digital institucional y un agente automatizado.

La medida entró en vigencia el pasado 11 de mayo de 2026 y tiene alcance nacional, según la Resolución N.° 00060-2026-SUNARP/SN, publicada el 8 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Qué son estos certificados y para qué sirven

Los Certificados Negativos de Inscripción son documentos oficiales que acreditan la inexistencia de una inscripción de sucesión intestada o testamento respecto de una persona fallecida.

Son indispensables en los procedimientos de sucesiones tramitados ante notarios o jueces, y constituyen el punto de partida para que los herederos puedan iniciar los trámites de transferencia de bienes.

Si el certificado de testamento es positivo, los herederos reconocidos pueden continuar con los trámites para registrar la nueva propiedad de los bienes heredados. Si es negativo, sirve como base para iniciar un procedimiento de sucesión intestada, que corresponde cuando la persona fallecida no dejó testamento.

Cómo funciona el nuevo sistema automatizado

Hasta ahora, quienes solicitaban estos certificados de forma presencial debían esperar hasta tres días hábiles para recibirlos, ya que el trámite era atendido manualmente por el personal del área de publicidad de cada oficina registral. Con el nuevo sistema, el proceso cambia de manera sustancial.

Al presentar la solicitud en el Área de Caja de cualquier oficina registral del país a través del Sistema de Caja Única Nacional (SCUNAC), el solicitante debe proporcionar dos datos esenciales: el documento oficial de identidad del causante o testador y su nombre completo.

Con esa información, el sistema realiza automáticamente una búsqueda en el Índice Nacional de Sucesiones y en los índices del Registro de Sucesiones Intestadas y del Registro de Testamentos de la oficina registral competente.

Si el sistema no detecta coincidencias, el certificado se emite de forma inmediata, en formato electrónico con código QR y mecanismos de verificación digital que garantizan su autenticidad. El documento puede descargarse e imprimirse sin necesidad de trámites adicionales.

Cuándo no aplica la emisión automática

El sistema automatizado tiene dos excepciones claras. La primera ocurre cuando el solicitante no proporciona la información completa requerida: nombre del causante o testador y su documento de identidad. La segunda, cuando el sistema detecta coincidencias entre los datos ingresados y la información registrada en los índices de sucesiones, lo que puede indicar la existencia de un trámite previo o un registro relacionado.

En ambos casos, la solicitud es derivada al Área de Publicidad de la oficina registral correspondiente para su atención dentro del plazo reglamentario de tres días hábiles, siguiendo el procedimiento ordinario vigente.

Por qué la Sunarp tomó esta decisión

La medida responde a un incremento sostenido en la demanda de estos certificados, especialmente en el marco de procedimientos no contenciosos de sucesión intestada. La Sunarp señaló que la alta demanda venía siendo atendida con la misma dotación de personal, lo que generaba cuellos de botella operativos.

El antecedente directo de esta resolución es la Resolución N.° 152-2024-SUNARP/SN, que en 2024 aprobó la emisión automatizada de los mismos certificados para solicitudes realizadas a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), la plataforma digital de la institución. Los resultados favorables de ese mecanismo llevaron a extender la automatización al canal presencial.

La Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunarp verificó la factibilidad técnica del sistema y confirmó que los componentes necesarios para su implementación en el canal presencial estaban listos para operar en producción a partir del 11 de mayo.

Cómo solicitar el certificado de forma presencial

El trámite presencial se realiza directamente en cualquier oficina registral del país. El solicitante debe acudir al Área de Caja, proporcionar el nombre completo y el documento de identidad del causante o testador, y abonar el derecho de trámite correspondiente. Si el sistema no detecta coincidencias, el certificado se entrega de inmediato en formato electrónico.

Para quienes prefieren el canal digital, la solicitud puede realizarse a través del SPRL en la plataforma oficial de la Sunarp, con usuario y contraseña registrados. El certificado se envía al correo electrónico del solicitante con un enlace de descarga que requiere el código de verificación asignado al trámite.

La Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunarp es la responsable de garantizar el funcionamiento continuo del agente automatizado y la correcta emisión de los certificados bajo este nuevo esquema.

La localidad bonaerense de Bragado aún trata de buscar explicaciones y algo de justicia, luego de conocerse el indignante caso de una preceptora de una escuela técnica que fue denunciada por robarse 45 mil dólares destinados a un viaje de estudios.

Las víctimas son 37 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario.

Según relató en diálogo con radio Mitre Delfina Méndez, hermana de uno de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: “Me patiné la plata” antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

Según dijo, en cada ocasión que le preguntaban, la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost— para justificar las demoras ante los padres. Decía que los vuelos habían sido cancelados.

“Todo esto está grabado, porque esta persona en octubre, noviembre del año pasado, dijo que la aerolínea había reprogramado el vuelo. Nadie sospechó, porque recordemos que a fines del año pasado hubo muchos problemas con las aerolíneas en general”, contó Delfina.

“Esta persona armó o falsificó, no sabemos si con inteligencia artificial o tiene muy buenas habilidades de edición, documentos haciéndose pasar por la aerolínea. Entonces, ninguna familia sospechó”, contó la familiar.

El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada. La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes, según precisó el letrado al medio Bragado Informa. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

“El día viernes me llama mi mamá, siete y media de la mañana, completamente angustiada, llorando y diciéndome que la habían llamado los directivos de la escuela para hacerla firmar un acta y ahí le avisaron, llorando, los mismos directivos, que el dinero no estaba, que los chicos no iban a poder viajar”, recordó Delfina.

“La situación es la siguiente: la escuela técnica de Bragado desde el año 2018 organiza un viaje escolar para los chicos cuando llegan a sexto, se van a El Bolsón. Pero los chicos hacen el viaje en sexto y no el viaje tradicional a Bariloche con una empresa de viajes, sino que se van con el colegio al Bolsón”, continuó la hermana del alumno, quien detalló que para costear parte del viaje y reunir dinero, los chicos armaron rifas y sorteos a lo largo de los meses previos al viaje.

“Desde fines del 2024, o sea, un año antes, los chicos empezaron a trabajar con las familias. Todos los fines de semana en las plazas del pueblo, en la laguna, yendo a eventos, vendiendo comida, porque todo esto, además de cuotas que debían pagar los padres, se iba financiando con todas estas actividades que iban realizando las familias”, detalló.

“Todos los que somos de la ciudad de Bragado sabemos que los chicos estuvieron más de un año, todos los fines de semana trabajando para juntar peso por peso. Finalmente lo que sucedió es que presentamos una denuncia penal”, indicó.

“Esto es un viaje escolar, así que los chicos no podían viajar y en marzo ella dijo que los chicos viajaban en abril y en abril ella empieza a desaparecer. Primero comenzó diciendo que había perdido supuestamente el teléfono institucional con el que estaba en el grupo de WhatsApp con los papás”, recordó la hermana.

“Después se tomó una licencia, supuestamente porque estaba enferma, con un resfrío, y ahí deja de contestar hasta en el grupo. Y cuando empiezan a saltarnos todas las alertas, se acercaron los directivos a su casa hace una semana y ahí ella fue cuando les confesó que se patinó la plata. Hay una investigación de Jefatura Distrital desde el primer momento”, añadió Delfina.

Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero. La única pista que tienen -siempre según el relato de la familiar- es que la mujer se habría comprado un auto nuevo. Desconocen si fue con el dinero del viaje de estudios.

La comunidad está profundamente afectada por la presunta traición de alguien que trabajó en la escuela por varios años, conocía a las familias y hasta participó activamente en la recaudación. Delfina anunció que están organizando nuevas colectas para que los chicos puedan realizar el viaje.

“Las cuarenta familias nos estamos organizando para que los chicos, más allá de todo esto y de lo legal, no se pierdan este viaje. Pueden buscarnos en las redes sociales, en el grupo Viajamos al Bolsón y ahí estamos armando un montón de actividades y de colectas para que los chicos puedan viajar”, concluyó.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes, en un fallo unánime de los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, el procesamiento de dos hermanos acusados de haber defraudado al Banco Nación por más de $257 millones mediante balances falsos, cheques sin fondo y sociedades ficticias.

La situación procesal de los hermanos Iván Cruz y Nicolás Costa resultó así ratificada por el máximo tribunal penal del país tras desestimar la queja presentada por la defensa compartida contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que había confirmado el 16 de marzo pasado, sin prisión preventiva, los procesamientos de los representantes de la firma “Iván Costa e Hijos S.R.L.“.

Según surge de las actuaciones, los hermanos Costa habrían liderado una organización ilícita que, entre octubre de 2022 y enero de 2023, accedió a quince préstamos del Banco Nación por un total de $257.759.775, bajo la modalidad de descuento de cheques de pago diferido. Para lograrlo, presentaron un balance que declaraba falsamente la existencia de 5.489 cabezas de ganado valuadas en 259 millones de pesos, lo que les valió una calificación crediticia de 277 millones. Los cheques fueron rechazados al vencimiento por falta de fondos. Al momento de la denuncia, en marzo de 2024, la deuda ascendía a aproximadamente 766 millones de pesos.

La maniobra incluyó dos versiones del mismo balance con resultados disímiles -uno presentado al banco y otro en sede civil- y 15 de 18 facturas que resultaron falsas. El ingeniero agrónomo Christian Alzú, del Cuerpo de Apoyo Técnico del banco, fue procesado por suscribir informes que avalaban la existencia del ganado sin haber realizado las verificaciones mínimas.

Los fondos habrían sido lavados a través de “El Henko S.A.S.”, constituida con un capital de 200 mil pesos e integrada por personas cercanas a los imputados, entre ellas María Fernanda Flores Jara, pareja de Nicolás Costa. Sus movimientos bancarios superaron los 2.200 millones de pesos entre enero y noviembre de 2024, todo mientras los acusados tramitaban concursos preventivos ante la justicia civil. El contador Natalio Lorenzo Traghetti, procesado por asociación ilícita y lavado de activos, asesoró la constitución de esa sociedad apenas 22 días después de la primera presentación concursal del grupo.

Por los hechos descriptos, los hermanos Costa están procesados por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador (art. 210 in fine del CP), en concurso real con fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5 del CP) y lavado de activos (arts. 303 y 304 del CP), en concurso ideal con falsificación material e ideológica de instrumento público (arts. 292 y 293 del CP), todos en calidad de coautores.

Al resolver no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de los hermanos, la Sala IV de la Casación consideró que el “recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara”.

También sostuvo que “las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un perjuicio que no admita reparación ulterior, circunstancia que no se verifica en el presente caso”.

En ese contexto, los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo tuvieron en cuenta que en la causa “han recaído pronunciamientos concordantes del juez de primera instancia y de la cámara respectiva”. Las costas fueron impuestas a los recurrentes.

En la era de la hiperconectividad, la promesa de acceder al historial de llamadas, SMS o hasta registros de WhatsApp de cualquier número es una tentación para quienes buscan información ajena. Sin embargo, detrás de esta oferta hay una de las estafas digitales más extendidas de los últimos años.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad ESET, se logró identificar bajo nombres como CallPhantom, al menos 28 aplicaciones fraudulentas estuvieron disponibles en Google Play, engañando a más de 7,3 millones de usuarios y recaudando pagos por servicios inexistentes.

El caso es relevante porque muestra cómo el modelo de negocio de las apps fraudulentas evoluciona: ya no basta con instalar software malicioso, ahora se combinan técnicas de ingeniería social, cobros directos y manipulación de expectativas para lucrar con la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios.

Así operaban las apps fraudulentas

Estas aplicaciones prometían ofrecer acceso a registros de llamadas, SMS y logs de WhatsApp de cualquier número. El usuario debía ingresar el número deseado y, tras realizar un pago, supuestamente recibiría un historial detallado.

En realidad, lo único que recibía eran datos generados aleatoriamente: nombres, números y horarios combinados en el código de la app para simular información real.

El atractivo de la estafa residía en la falsa posibilidad de espiar teléfonos ajenos, una función que, por motivos técnicos y legales, es imposible de cumplir. Las apps no solicitaban permisos intrusivos ni accedían a datos sensibles, simplemente generaban resultados ficticios tras el pago.

Alcance global y métodos de pago dudosos

El grupo de apps CallPhantom fue especialmente popular en India y la región Asia-Pacífico, pero llegó a usuarios de todo el mundo. Muchas apps utilizaban el código de país +91 y aceptaban pagos a través de UPI, tarjetas o enlaces de terceros, eludiendo en ocasiones el sistema oficial de facturación de Google Play. Esto dificultaba a las víctimas solicitar reembolsos o cancelar suscripciones, dejándolas desprotegidas ante el fraude.

Algunas aplicaciones incluso mostraban notificaciones falsas, simulando la llegada de correos con los supuestos registros, para presionar a los usuarios a completar el pago. Los precios variaban desde 5 euros hasta 80 dólares según el plan de suscripción (semanal, mensual o anual).

Reseñas falsas y manipulación social

Las apps fraudulentas lograron posicionarse en Google Play gracias a una mezcla de reseñas positivas creadas artificialmente, campañas en redes sociales y promesas atractivas. Aunque acumulaban muchas críticas negativas de usuarios que denunciaban el engaño, la curiosidad por “espiar” a otros o recuperar registros propios seguía atrayendo a nuevas víctimas.

La falta de controles efectivos permitió que las aplicaciones permanecieran activas durante meses, hasta que investigadores de seguridad y la App Defense Alliance reportaron y lograron su eliminación.

¿Qué hacer si fuiste víctima?

Si pagaste por una suscripción a través del sistema oficial de Google Play, puedes cancelarla y solicitar un reembolso desde la sección Pagos y suscripciones en la Play Store. Si la compra se realizó mediante un método externo, el proceso es más complicado y se debe contactar directamente al proveedor de pagos o al desarrollador, aunque las posibilidades de recuperar el dinero son limitadas.

Google eliminó automáticamente las suscripciones activas de las apps CallPhantom tras retirarlas de la tienda, pero muchas víctimas ya habían perdido su dinero.

Consejos para evitar caer en apps fraudulentas

• Desconfía de cualquier app que prometa acceso a información privada de terceros.
• Descarga solo aplicaciones de desarrolladores verificados y consulta reseñas auténticas.
• Revisa los permisos solicitados: apps legítimas no requieren datos innecesarios.
• Utiliza siempre métodos de pago oficiales y evita ingresar datos bancarios en apps desconocidas.
• Ante la duda, investiga antes de descargar y nunca pagues por servicios que prometen actividades ilegales o poco realistas.

El caso CallPhantom evidencia la sofisticación de las estafas móviles y la necesidad de fortalecer la educación digital y los controles de las tiendas de apps. En un entorno donde la curiosidad y el acceso rápido pueden jugar en contra, la mejor defensa sigue siendo la información y la prevención. Mantente alerta y protege tus datos: ninguna app puede darte acceso legal al historial de llamadas o mensajes ajenos, y quienes lo prometen solo buscan aprovecharse de los usuarios.

Las estafas impulsadas por inteligencia artificial están creciendo a una velocidad sin precedentes y ya permiten a los delincuentes clonar voces, generar rostros falsos y realizar videollamadas deepfake en tiempo real para engañar a víctimas y robar dinero. Expertos en ciberseguridad, como ESET, alertan que estas herramientas, antes reservadas para laboratorios tecnológicos, hoy pueden utilizarse con aplicaciones gratuitas y apenas unos segundos de audio.

Uno de los mayores temores de las autoridades es la facilidad con la que ahora puede suplantarse la identidad de cualquier persona. Un mensaje de voz enviado por WhatsApp, un video publicado en redes sociales o una llamada grabada pueden ser suficientes para entrenar sistemas capaces de imitar la voz de alguien con gran precisión.

El fenómeno ya está provocando pérdidas millonarias en todo el mundo. Empresas de seguridad reportaron un aumento explosivo de fraudes vinculados con contenido generado por IA, mientras organismos internacionales como Interpol advierten que redes criminales están utilizando estas herramientas para multiplicar sus ataques.

Cómo funciona el clonaje de voz con IA

La clonación de voz se convirtió en una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Los sistemas actuales necesitan apenas unos segundos de grabación para recrear el tono, la velocidad, las pausas y hasta las muletillas de una persona.

El resultado puede ser extremadamente convincente. Una víctima podría recibir una llamada aparentemente realizada por un familiar, un amigo o incluso un jefe de trabajo solicitando dinero urgente o información sensible.

La sofisticación alcanzó niveles preocupantes porque muchos modelos funcionan en tiempo real. Esto permite que el sistema responda preguntas, improvise conversaciones y adapte el tono emocional durante la llamada.

Especialistas de Kaspersky explican que la combinación de inteligencia artificial y manipulación emocional está convirtiendo estos fraudes en uno de los mayores riesgos digitales actuales.

Los deepfakes ya se usan en videollamadas

La amenaza no se limita únicamente al audio. Los videos deepfake generados por IA también crecieron de manera acelerada durante los últimos años. Empresas de ciberseguridad reportaron que los incidentes vinculados a videos falsos aumentaron drásticamente durante 2025, impulsados por herramientas cada vez más accesibles y fáciles de utilizar.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Hong Kong. Un empleado de la firma de ingeniería Arup participó en una videollamada donde creyó hablar con directivos reales de la compañía, incluido el director financiero.

Sin embargo, todas las personas presentes en pantalla eran recreaciones generadas por inteligencia artificial. Tras recibir instrucciones aparentemente legítimas, el trabajador autorizó transferencias millonarias antes de descubrir que había sido víctima de un fraude.

El caso mostró que los deepfakes ya no son simples videos editados, sino sistemas capaces de simular expresiones faciales, movimientos y conversaciones en vivo.

Las estafas románticas también evolucionaron

Otro de los delitos que más se transformó con la inteligencia artificial es el fraude romántico. Los especialistas llaman a esta nueva modalidad “pig butchering 2.0”, una evolución de las tradicionales estafas sentimentales utilizadas para convencer a las víctimas de invertir dinero en plataformas fraudulentas.

La diferencia es que ahora los delincuentes pueden aparecer en videollamadas usando rostros creados por IA, interactuar en tiempo real y construir vínculos emocionales mucho más creíbles. Las pérdidas económicas asociadas a este tipo de fraude alcanzaron cifras multimillonarias a nivel global durante los últimos años, según reportes internacionales.

Las personas mayores aparecen entre los grupos más afectados. Autoridades y expertos detectaron un incremento significativo en las pérdidas sufridas por adultos mayores víctimas de llamadas falsas y engaños emocionales.

El phishing también cambió con la IA

La inteligencia artificial no solo está transformando llamadas y videos falsos. También cambió radicalmente los correos electrónicos de phishing. Durante años, muchos mensajes fraudulentos podían identificarse fácilmente por errores ortográficos, traducciones deficientes o frases poco naturales.

Ahora, los modelos de lenguaje generan textos prácticamente indistinguibles de los mensajes reales enviados por bancos, empresas tecnológicas o servicios oficiales. Esto dificulta enormemente detectar fraudes, incluso para usuarios con conocimientos avanzados de seguridad digital.

Por qué los expertos están preocupados

Lo que más inquieta a los especialistas es que crear deepfakes o clonar voces dejó de ser costoso o complejo. Actualmente existen aplicaciones gratuitas y herramientas disponibles en internet capaces de realizar estas tareas en minutos.

Además, en foros clandestinos se comercializan kits completos para generar identidades falsas, videos manipulados y campañas automatizadas de fraude.

La expansión de estas tecnologías está provocando que las estafas digitales sean cada vez más difíciles de identificar. Para los expertos, el principal desafío será encontrar mecanismos de verificación y educación digital capaces de avanzar al mismo ritmo que la inteligencia artificial.

Una nueva estafa circula por WhatsApp y tiene un elemento que la hace especialmente peligrosa: conoce el nombre y apellido de la víctima. El timo, detectado por Antonio Ortiz en X, llega disfrazado de recordatorio de reserva hotelera y usa esa información personal para generar una falsa sensación de legitimidad. Los propios hoteles confirman que este tipo de fraude está en auge.

Cómo funciona la estafa de la reserva fantasma

El mensaje llega por WhatsApp desde una cuenta de empresa con verificación en la plataforma y varios seguidores, lo que le da una apariencia de credibilidad difícil de cuestionar a primera vista. El texto informa al destinatario de que tiene una reserva pendiente de confirmar en un hotel y le pide que acceda a un enlace para completarla.

Ese enlace lleva a una pasarela de pago falsa donde se solicita abonar una cantidad para cerrar la reserva. El dinero, por supuesto, va directamente al estafador, que no tiene ninguna vinculación con ningún hotel real.

Lo que distingue este timo de los habituales es el uso del nombre completo de la víctima. En la mayoría de las estafas, los delincuentes desconocen cómo se llama el destinatario. Aquí no: citan nombre y apellido, lo que rompe la guardia de quien recibe el mensaje, especialmente si tiene o ha tenido reservas hoteleras recientes.

De dónde obtienen los estafadores los datos personales de sus víctimas

No se sabe con certeza cómo consiguen vincular nombres completos con números de teléfono, pero la explicación más probable apunta a filtraciones de datos. Ese tipo de incidentes no ocurre todos los días, pero sucede con una frecuencia preocupante.

Uno de los casos más graves en España fue la filtración de Phone House hace cinco años, que dejó expuestos millones de datos de clientes, incluyendo nombres, apellidos, DNI y números de contacto.

Los estafadores acceden a ese tipo de bases de datos comprometidas y las usan para construir fraudes como este, con un nivel de personalización que los hace mucho más convincentes.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de una reserva hotelera

La medida más eficaz es también la más simple: llamar directamente al hotel o a la entidad que supuestamente envió el mensaje. No al teléfono que aparezca en el mensaje ni en la cuenta de WhatsApp, sino al número oficial que figure en la página web de la empresa.

Esa llamada permite verificar en segundos si el mensaje es legítimo. Lo más habitual es que no lo sea, y en ese caso conviene bloquear y reportar el contacto para evitar que siga enviando mensajes.

El enlace no debe abrirse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos rellenar formularios ni realizar pagos. Solo por entrar al enlace no suele ocurrir nada, pero toda precaución es poca. La llamada de verificación debe producirse antes de cualquier interacción con el mensaje.

Qué hacer si ya has caído en la estafa

Si el pago ya se realizó, hay dos pasos urgentes. El primero es contactar con el banco para bloquear posibles cobros fraudulentos adicionales o solicitar la devolución del importe pagado, presentando para ello la documentación del fraude.

El segundo es presentar una denuncia ante la policía, adjuntando capturas del mensaje, del enlace y de cualquier otro elemento que ayude a identificar a los responsables.

La estafa no se limita al formato hotelero. Ortiz advierte que puede aparecer con variantes en las que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria, un servicio de paquetería o cualquier otra organización de confianza. El mecanismo es el mismo: urgencia, datos personales reales y un enlace que lleva al fraude.

Felipe Pettinato fue procesado en las últimas horas por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa tramitada en los tribunales nacionales. Así lo resolvió el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además ordenó su arresto domiciliario con monitoreo electrónico y mantuvo la prohibición de salida del país.

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos privados, delitos que concurren de forma ideal entre sí. La causa se desprende del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: en ese marco, según pudo saber este medio, se detectó que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que dio origen a una investigación paralela que derivó en el procesamiento y la detención ordenada ahora.

Así las cosas, el magistrado dispuso que el imitador de Michael Jackson cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco de la condena dictada el pasado 20 de abril.

La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. Además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

La resolución fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa del imputado y a la parte querellante.

En diálogo con Infobae, el abogado de Felipe Pettinato confirmó que su defendido fue notificado de la resolución judicial esta mañana y que presentará un recurso de apelación.

El letrado explicó que se trata de “una parte residual de la causa del incendio que había quedado en etapa de instrucción” y precisó que, por este expediente, Pettinato fue indagado dos días después de la condena dictada por el TOC N°14.

Según detalló, se lo acusa de haber comprado medicación mediante el uso de recetas médicas falsas. De acuerdo con esa hipótesis, los damnificados serían una importante obra social, mientras que la familia del neurólogo fallecido no forma parte de este expediente.

La situación procesal de Felipe Pettinato no es nueva. A fines de abril pasado fue condenado por el TOC N°14 en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en 2022 tras un incendio en el departamento que el imputado ocupaba en el barrio de Belgrano.

Ese caso se originó la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando un foco ígneo se desató en el inmueble y derivó en la muerte del médico, que se encontraba en el lugar. La investigación incluyó peritajes para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión. La querella, en tanto, reclamó una condena más severa, al entender que existió una conducta con mayor grado de responsabilidad. La defensa, por su parte, centró su estrategia en el contexto de consumo problemático de sustancias.

Finalmente, el tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso y le impuso pautas de conducta, entre ellas la obligación de continuar con tratamiento por sus adicciones, un punto que ahora vuelve a aparecer en la resolución que ordenó su arresto domiciliario en la causa por estafas.

El registro audiovisual muestra cómo un vendedor ofrece listas con información detallada de ciudadanos, incluyendo nombres completos, números de cédula, teléfonos y nombres de las empresas para las que trabajan.

“Esta empresarial viene con 24.850 registros”, asegura el sujeto, que comercializa la base de datos por $100.000. Las listas se envían por WhatsApp o correo electrónico a quienes las adquieren.

En las imágenes, también se evidencia la venta de bases de datos de pensionados en Colombia, con 18.800 registros y a un costo de $200.000. “Si quiere ir a la fija, la de pensionados, a ellos les puede vender lo que sea”, afirma el vendedor, que presume de tener clientes frecuentes que rentabilizan este tipo de información.

Extorsión telefónica y digital: cifras y métodos

Durante la presentación ante el Concejo, Espinosa advirtió que “lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”.

Con base en cifras oficiales citadas por el concejal, en lo que va de 2026 se registraron 441 casos de extorsión en la capital; de estos, 214 se realizaron mediante llamadas telefónicas y 96 a través de redes sociales.

Estos datos reflejan que el 71% de los casos de extorsión en Bogotá involucran canales de contacto directo, como llamadas o redes sociales, lo que sugiere el uso de bases de datos filtradas. “Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, cuestionó el concejal en su intervención.

La denuncia destaca que entre los afectados se encuentran ciudadanos comunes, adultos mayores y personas naturales con empresas registradas legalmente, que reciben llamadas sospechosas, mensajes de números desconocidos y grabaciones automatizadas.

Deterioro de la seguridad y retos para la Administración distrital

La exposición pública de la venta de datos personales se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. De acuerdo con datos citados por Espinosa, la tasa de homicidios en Bogotá superó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura: en 2024, la meta era de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero el año cerró en 15,3; en 2025, con una meta de 12,9, la cifra alcanzó 14,7.

Las lesiones personales también mantienen cifras elevadas, con 18.607 casos reportados, y los hurtos en Transmilenio siguen por encima de los 10.000 incidentes anuales. Además, los registros de incidentes en la línea de emergencias 123 muestran un aumento en riñas, maltrato y otros hechos que afectan la convivencia.

“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el funcionario ante el Concejo de Bogotá.

Falta de avances en infraestructura penitenciaria

Espinosa también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán respecto a proyectos clave de seguridad. En particular, mencionó la ausencia de avances en la construcción de la Cárcel Distrital II, cuyo predio fue entregado por el Gobierno Nacional en 2024, pero actualmente no cuenta con un proyecto en ejecución.

El contrato para estudios y diseños, por más de $5.196 millones, fue terminado sin que exista una iniciativa concreta para ampliar la capacidad carcelaria del Distrito. “Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria”, concluyó Espinosa durante el debate.

El caso Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– ingresó en un momento clave en sus instancias judiciales. Los abogados de los 4.200 damnificados intentan por estos días recabar las firmas de sus clientes para aceptar un acuerdo que propone distribuir USD 35 millones en 60 días. Se trata de un porcentaje menor en comparación a los USD 410 millones de pasivo de la empresa.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

Según informó El Observador, con este acuerdo los clientes podrán cobrar algo de lo invertido. Quienes tenían ganado a su nombre (una modalidad de inversión) cobrarán un 33,3% sobre cada animal, mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%. Esto permite que no esperen a que termine el proceso y que se resuelvan impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.

Hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y han expresado su voluntad de adhesión, de acuerdo a un relevamiento realizado por este medio.

Graciela Abelenda, la defensora de un grupo de damnificados, declaró que sus clientes están adhiriendo al acuerdo de forma masiva y contó que la semana pasada debió extender el tiempo de atención para recabar las firmas.

En una misma línea se expresó Juan Pablo Decia, quien aseguró que el nivel de aceptación viene bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, señaló.

Quienes no adhieren al convenio no quedarán comprendidos. Para estos casos, la sindicatura deberá reservar una parte del activo.

Los USD 35 millones a repartir provienen de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

En qué consiste la propuesta

La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó semanas atrás el diario El País.

El plazo para tomar una decisión vence el 12 de mayo.

José (nombre ficticio) es un hombre de 79 años con graves problemas de visión que tiene (o tenía) por costumbre desayunar a diario en una cafetería-pastelería de Sant Fruitós de Bages, un municipio de la comarca del Bages, en Barcelona. El hombre padece de cataratas, una enfermedad que provoca una pérdida de transparencia del cristalino (la lente natural del ojo), causando como consecuencia una pérdida de visión. Es la causa más frecuente de ceguera, reversible mediante una cirugía, y afecta a alrededor de 94 millones de personas en todo el mundo, según la OMS.

Aprovechó la confianza y la ceguera del hombre para cobrar 100 euros de más cada día

La propietaria de la cafetería-pastelería, habiéndose ganado la confianza de José, comenzó a gestionar personalmente el pago de los desayunos, ya que la dificultad visual del cliente le impedía hacerlo por sí mismo. José le facilitaba su tarjeta bancaria y el PIN para que ella introdujera los datos en el terminal de pago. Llegó un punto, según el escrito de la Fiscalía, a partir del 30 de junio de 2023, en el que la acusada empezó a cobrar cantidades muy superiores al precio real de cada consumición, sumando más de 100 euros extra cada día. El ministerio público detalla en su informe: “La acusada validaba cobros superiores a los de las consumiciones reales, obteniendo un beneficio económico indebido que ascendió a 6.986,09 euros”. De este modo, el dinero terminó en el patrimonio de la acusada a través del negocio, mientras que José, debido a su discapacidad visual y a la confianza depositada, no era consciente del fraude.

La acusación subraya la especial vulnerabilidad de la víctima y el abuso de confianza generado por la situación personal del afectado. El texto presentado por el ministerio público señala: “El procesado se valió de la confianza generada y de las limitaciones visuales de la víctima para apropiarse de una cantidad económica que no le correspondía”.

En términos legales, la Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa recogido en los artículos 248 y 249 del Código Penal, e incorpora el agravante de abuso de superioridad. Como consecuencias penales, solicita para la acusada una condena de dos años y tres meses de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena y el pago de las costas judiciales. En lo referente a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la devolución íntegra a la víctima del importe presuntamente defraudado, sumando los intereses legales correspondientes.

El escrito presentado por la acusación incluye también a la sociedad gestora del establecimiento como responsable civil subsidiaria, lo que implica que, en caso de que la acusada no pudiera hacer frente al pago de la indemnización, la empresa que administra el local debería asumir la devolución de la cantidad reclamada. La vista oral servirá para aclarar si los hechos relatados por la Fiscalía quedan probados y si la acusada debe afrontar la devolución de los casi 7.000 euros y la pena solicitada. El juicio tiene lugar el 5 de mayo, en la Audiencia Provincial de Barcelona, que decidirá sobre la responsabilidad penal y económica de la propietaria en relación a los hechos descritos.

Un hombre de Miami fue detenido y enfrenta cargos tras ser acusado de orquestar una serie de estafas de alquiler que dejaron a varias víctimas sin miles de dólares. La policía local identificó a Nathan Guy, de treinta y cuatro años, como el principal sospechoso de un fraude que, según las investigaciones preliminares, habría causado pérdidas por más de 50.000 dólares a al menos siete personas. El caso, que salió a la luz tras diversas denuncias de afectados, expone las vulnerabilidades de quienes buscan vivienda a través de plataformas en línea y reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los procesos de alquiler digital.

El arresto de Guy se produjo después de que varios individuos reportaran haber sido engañados mediante anuncios falsos de alquiler de apartamentos ubicados en el centro de Miami. Las pesquisas apuntan a que Guy utilizaba identidades falsas para publicar ofertas atractivas en Facebook Marketplace, una de las plataformas más populares para la búsqueda de inmuebles. La operación fraudulenta, según la policía, consistía en captar la atención de potenciales inquilinos que buscaban mudarse a la ciudad, generando una falsa sensación de oportunidad y urgencia para cerrar el trato.

El mecanismo de la estafa seguía un patrón bien definido. Nathan Guy se presentaba en Facebook Marketplace bajo identidades ficticias, la más utilizada de ellas, el alias “Tyler Thomas”. Publicaba anuncios de habitaciones o apartamentos en alquiler, mostrando imágenes y descripciones que hacían que la oferta pareciera legítima y sumamente atractiva. Una vez que los interesados se ponían en contacto, Guy insistía en la necesidad de asegurar el inmueble lo antes posible, solicitando depósitos y el primer mes de alquiler por adelantado a través de aplicaciones de pago electrónico como Venmo. Este método, poco habitual en transacciones inmobiliarias formales, le permitía recibir el dinero de forma rápida y sin dejar rastro directo que facilitara su rastreo inmediato.

Las víctimas, al confiar en la apariencia de legitimidad del anuncio y la urgencia transmitida por Guy, transferían las sumas requeridas. Posteriormente, el supuesto arrendador comenzaba a poner excusas para evitar encuentros personales o visitas al inmueble. Alegaba estar fuera de la ciudad o demasiado ocupado, hasta que finalmente cortaba toda comunicación. Así, los afectados quedaban sin el dinero y sin la posibilidad de acceder a la vivienda prometida.

Entre los damnificados se encuentra Kaleb Joubert, quien relató que su experiencia con esta estafa fue especialmente dolorosa por tratarse de un intento de comenzar una nueva etapa en su vida. Joubert, residente en Texas, había decidido mudarse a Miami, atraído por la propuesta de un “apartamento muy bonito” que descubrió en la red social. Tras encontrar el anuncio, Joubert contactó con el supuesto propietario —que se hacía llamar Tyler Thomas— y le transfirió 4.000 dólares por concepto de primer mes de alquiler y depósito de seguridad. “Estaba muy ilusionada con un nuevo comienzo, con nuevas oportunidades”, expresó Joubert sobre sus expectativas iniciales.

La situación comenzó a tornarse sospechosa cuando Joubert solicitó visitar el apartamento en persona durante un viaje a Miami para entrevistas laborales. Guy, siempre bajo el alias de Thomas, empezó a dar evasivas, alegando compromisos o ausencia de la ciudad. A medida que las excusas se acumulaban, la comunicación terminó por romperse abruptamente. Fue entonces cuando Joubert, tras contactar a otra víctima por internet y comparar experiencias, comprendió que ambos habían sido engañados por la misma persona. “Lo tenías justo delante, en la cara”, lamentó.

Tras este descubrimiento, Joubert acudió a la policía, lo que permitió vincular los testimonios de varias víctimas y avanzar en la investigación. El arresto de Guy representó un alivio para quienes habían sido afectados. Joubert reconoció que, aunque aún enfrenta las secuelas económicas del engaño, la detención del sospechoso le dio una sensación de tranquilidad: “Ahora puedo dormir tranquilo”, afirmó.

En cuanto al procedimiento judicial, Nathan Guy fue presentado ante la corte de Miami, enfrentando cargos por fraude organizado y hurto mayor. Durante la primera audiencia, el abogado defensor, Nicolas Sconzo, no impugnó la existencia de causa probable y solicitó que se fijaran fianzas estándar. Guy permanece detenido bajo una fianza de 30.000 dólares, a la espera de que avance el proceso en su contra. El defensor no presentó argumentos en esa instancia, lo que agilizó la formalización de los cargos.

El caso ha servido de advertencia para la comunidad de Miami y para quienes buscan vivienda a través de internet. La policía de Miami recuerda a los inquilinos la importancia de extremar la precaución en el entorno digital. Entre las advertencias emitidas, los agentes destacan que las solicitudes de pago de alquiler o depósitos mediante aplicaciones de terceros como Venmo, Cash App o Zelle constituyen una señal de alerta. Recomiendan abstenerse de realizar transferencias sin antes verificar la identidad del propietario y la existencia del inmueble, y aconsejan preferir siempre métodos de pago formales y contratos escritos para evitar caer en fraudes similares.

El mecanismo comienza cuando la víctima recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada, muchas veces por un monto elevado, que puede alcanzar los $500.000 o más. Poco después, un tercero se comunica para solicitar la devolución de ese dinero, alegando que se trató de un error y proporcionando un nuevo CBU para realizar la transferencia.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, se brindó una detallada explicación de cómo operan los estafadores que buscan

“¿Te cayó una transferencia de quinientas lucas y te piden que la devuelvas? No es un error, es una estafa triangular. El delincuente engaña a otra persona y usa tu cuenta. La plata te llega a vos, pero no es tuya", comenzó diciendo un integrante de la fuerza policial provincial.

Y continuó: “Después te apura para que lo mandes a otro CBU. Si lo hacés, te usa para lavar dinero. No la devuelvas por tu cuenta. Contactá a tu banco y pedí la reversión oficial. Si la plata pasa por vos, quedás en el medio”.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcó que el engaño no termina con la simple devolución del dinero. La maniobra consiste en que el delincuente, luego de obtener fondos de una víctima principal mediante fraude, los traslada a la cuenta de una segunda persona (el intermediario), quien desconoce la verdadera procedencia del dinero.

De este modo, el estafador busca dificultar el rastreo de los fondos y comprometer a terceros en el circuito delictivo. “Estafa triangular: te llega plata, te piden que la devuelvas a otra persona… pero en realidad te están usando como intermediario para mover dinero de una maniobra fraudulenta. Estate atento, no transfieras sin verificar”, advirtieron desde la cartera de Seguridad.

El riesgo principal para la persona que recibe la transferencia radica en que, al mover el dinero a otra cuenta, queda involucrada en una operación de lavado de activos, aunque no haya participado conscientemente del delito original. Las autoridades explicaron que el simple hecho de actuar como intermediario puede derivar en investigaciones judiciales y sanciones, ya que la trazabilidad bancaria deja constancia del paso de los fondos por su cuenta.

Ante la detección de una transferencia sospechosa, la recomendación de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad es clara: no transferir el dinero a ninguna cuenta proporcionada por terceros ni intentar devolverlo por cuenta propia. En cambio, se debe contactar al banco de inmediato y solicitar la reversión oficial de la operación. De esta forma, la entidad financiera inicia el protocolo correspondiente y preserva a la persona de quedar comprometida judicialmente.

Las autoridades subrayaron la importancia de actuar con cautela. No devolver el dinero sin verificar el origen real de la transferencia y sin intervención bancaria oficial es fundamental para evitar ser parte de una maniobra ilegal. Además, aconsejaron dar aviso a las fuerzas de seguridad y compartir la advertencia para prevenir que otras personas caigan en la misma trampa.

El fenómeno de la estafa triangular evidencia la sofisticación creciente de los delitos financieros y la necesidad de mantener prácticas de seguridad estrictas en la administración de cuentas bancarias. El mensaje de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad apunta no solo a la prevención individual, sino también a la difusión social de la información para reducir el impacto de este tipo de fraudes.

La Justicia de San Luis investiga el caso de un barbero acusado de haber estafado a su círculo cercano mediante un esquema Ponzi. Son 19 los afectados y el perjuicio económico se estima en unos 100 millones de pesos.

Según pudo saber Infobae, el detenido -de apellido Pérez- captaba fondos de amigos, familiares y clientes de su barbería, a quienes les proponía invertir en distintos negocios. Las maniobras habrían comenzado entre fines de 2024 y principios de 2025, y se habrían extendido hasta enero de este año.

El dinero era aportado tanto en efectivo como por transferencias, bajo la promesa de obtener altos rendimientos. El esquema incluía supuestas operaciones de compra y venta de teléfonos iPhone importados, así como inversiones vinculadas a su propia barbería.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, al principio, el acusado cumplía con los pagos y ofrecía ganancias con intereses muy elevados, lo que generaba confianza entre los inversores. Sin embargo, hacia fines del año pasado dejó de pagar y cortó toda comunicación con las víctimas.

A partir de ese momento, los damnificados comenzaron a reclamarle y a intentar ubicarlo, pero Pérez dejó de contestar llamados y desapareció. Tiempo después, fue encontrado internado en un hospital de salud mental tras un presunto intento de suicidio.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a la ciudad de San Francisco, al este de la provincia Córdoba, donde residen sus padres. Según relataron las víctimas, en esa ciudad también habría personas previamente estafadas por el acusado.

El caso lo investiga la Fiscalía de Instrucción N° 1 de San Luis que, de momento, ordenó la prisión prevenetiva del acusado por 120 días. La imputación es por estafa reiterada en 19 hechos, todos en concurso real.

Una de las víctimas, identificada como Daniel Bollati, brindó mayores detalles sobre la estafa en declaraciones a Infobae En Vivo. Durante el streaming, precisó que mantenía una relación de amistad de aproximadamente ocho años con el imputado: “Ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas”.

Según su relato, en marzo del año pasado el presunto estafador le propuso un negocio de compra y venta de teléfonos. Bollati aportaba el dinero faltante para adquirir los equipos y, una vez que Pérez concretaba la venta, recibía una parte del rendimiento.

Durante todo el año, la cantidad de teléfonos aumentó, pero en diciembre el acusado dejó de pagar los intereses: “Decía que la gente no le pagaba, que se estaba demorando, que tenía un problema...”.

La víctima decidió entonces pedirle al barbero que le proporcionara los contactos de las personas a las que aún debía pagar. Sin embargo, al intentar comunicarse, ninguno respondía y los números no correspondían a abonados en servicio.

Una semana después, le solicitó explicaciones. En ese momento, el barbero le confesó que había dado de baja todos los teléfonos. Si bien se había comprometido a entregarle un listado de los supuestos clientes, esto nunca ocurrió. Tampoco existían pruebas de las conversaciones con esas personas.

“Yo le dije: ‘El viernes quiero la plata’ y el lunes 12 de enero desapareció. Dejó una nota muy rara en Instagram pidiendo perdón y desapareció. Nos enteramos que estaba internado porque se había empastillado, se había querido matar”, continuó Bollati.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a Córdoba y desde entonces no volvieron a tener noticias suyas: “Muchos eran clientes, muchos éramos amigos. Así como yo, hay un montón. Mucha mentira por atrás”.

De acuerdo con Bollati, el barbero “vivía trabajando” y no llevaba una vida de lujos. Sin embargo, advirtió que, al hablar con la dueña del departamento donde residía, esta les comentó que había escuchado que tenía problemas con el juego.

Una presunta estafa millonaria entre amigas sorprendió a la comunidad de Barranquilla. La víctima es Daniela Alfaro Torres, estudiante de último semestre en la Universidad Libre, que hizo pública su denuncia a través de las redes sociales del periodista Adolfo Charris Casseres, conocido como El Periodista de la Gente.

A solo un mes de obtener su título en medicina, la víctima enfrenta la posibilidad de no graduarse debido a la pérdida de $15 millones transferidos a su amiga, después de creer en los supuestos descuentos para el pago de la matrícula universitaria.

El testimonio de la estudiante indicó que tras las transferencias bancarias realizadas a cuentas del entorno familiar y sentimental de la presunta estafadora (una a la empresa del padre y otra a nombre del novio a través de la plataforma Nequi), la comunicación fue cortada de forma abrupta y no volvió a recibir información sobre la presunta rebaja en el costo del semestre.

Sin embargo, no solo la amiga le dejó de responder, sino que sus familiares cancelaron varios encuentros acordados para intentar solucionar la situación: “Siempre nos ponemos una cita, pero una hora antes o el mismo día dice ‘No voy a asistir, se me presentó algo’, y nunca me han dado una respuesta clara”.

La víctima aseguró que ya radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes por el presunto delito. Entre tanto, se desató todo un debate sobre los riesgos asociados a la oferta de servicios financieros no regulados a través de redes sociales.

La joven detalló que la supuesta estafa inició cuando su amiga, con la que construyó una amistad durante más de 12 años, publicaba en sus estados de WhatsApp e Instagram ofertas de descuentos del 10%, 20% y hasta 30% para estos pagos universitarios: “Le escribí y me dijo que me iba a ayudar, que le enviara el comprobante de la matrícula y que ella se encargaba del resto”.

La afectada le consignó en total $15.500.000, según su propio recuento: “Se lo mandé a un NIT, a una cuenta de Bancolombia que ella me mandó para inscribir, que está a nombre de la empresa del papá. Le mandé $15.000.000 y luego yo le quedé debiendo $500.000 y ella me mandó un número de Nequi, el cual estaba a nombre del novio. Bueno, ella ahora, pues no me responde”.

La joven se encontró sin respuesta, al tiempo que la fecha límite para saldar la deuda con la universidad se acercaba, lo que la preocupó bastante, pues este es un requisito indispensable para graduarse. El impacto financiero y emocional obligó a Alfaro a recurrir a la solidaridad comunitaria como estrategia de último recurso: “He hecho público el caso, muchas personas me están ayudando y voy a hacer una rifa para poder reunir el dinero que necesito”.

La joven insistió en que su objetivo al compartir la experiencia es advertir a otros sobre los riesgos de confiar en intermediarios no autorizados, incluso cuando se trate de miembros del propio círculo de confianza, en su diálogo con el periodista Adolfo Charris Casseres.

Alerta por estafas en redes sociales

La denuncia de Daniela Alfaro Torres avivó la conversación pública en Barranquilla sobre la facilidad y velocidad con la que las ofertas de descuentos y facilidades económicas se difunden en plataformas sociales, y cómo estos mecanismos pueden ser usados para la comisión de delitos financieros.

La Fiscalía General de la Nación, según lo consignado en la denuncia, deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para judicializar este caso y cuáles serán las consecuencias legales para la persona investigada por el presunto fraude.

Por ahora, la estudiante sigue en la búsqueda de apoyo económico para lograr saldar la deuda con la Universidad Libre y no perder la oportunidad de finalizar su formación como médica.

El uso diario del Bluetooth en teléfonos, tablets y otros dispositivos ha facilitado la conectividad, pero también ha abierto la puerta a nuevas amenazas de ciberseguridad.

Una de las más preocupantes es el Bluesnarfing, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), es un tipo de ataque donde los ciberdelincuentes acceden sin permiso a tu dispositivo para extraer información personal y confidencial.

Saber identificar los riesgos y adoptar medidas preventivas es clave para mantener tu privacidad y proteger tus datos más sensibles.

La importancia del tema radica en que cualquier dispositivo con Bluetooth activado y configurado en modo visible es vulnerable, especialmente si no está actualizado o tiene una configuración de seguridad débil.

Los ataques pueden ocurrir en lugares públicos con alta concentración de personas, como centros comerciales, aeropuertos y eventos, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física para ejecutar sus técnicas.

Qué es el Bluesnarfing y cómo funciona

El término Bluesnarfing surge de la unión de “Bluetooth” y “snarf” (“copiar o extraer datos sin permiso”). Este ataque se produce cuando un hacker utiliza vulnerabilidades en la comunicación Bluetooth para conectarse a dispositivos cercanos y robar información como contactos, mensajes, correos, archivos o datos bancarios.

De acuerdo con los estudios de Incibe, para llevar a cabo el ataque, el ciberdelincuente necesita estar a menos de 15 metros de distancia y explotar fallos en los protocolos de comunicación del Bluetooth, normalmente a través de herramientas especializadas. Muchas veces, la víctima no nota nada, ya que el proceso suele ser silencioso y sin alertas visibles.

Señales que podrías ser víctima de Bluesnarfing

Aunque el Bluesnarfing no siempre es fácil de detectar, existen síntomas que pueden alertarte:

• Comportamiento extraño del dispositivo: bloqueos inesperados, mensajes enviados desde tus apps sin que lo hagas tú o funcionamiento inusual.
• Aumento del consumo de batería: un uso anómalo de la batería, sin aplicaciones exigentes activas, puede indicar procesos sospechosos en segundo plano.
• Conexiones desconocidas: revisa el historial de dispositivos conectados a tu Bluetooth. Si encuentras alguno que no reconoces, puede ser señal de acceso no autorizado.
• Actividad sospechosa en tus cuentas: inicios de sesión extraños, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en servicios vinculados a tu dispositivo.

Las consecuencias del Bluesnarfing pueden ser especialmente graves para la privacidad y la seguridad del usuario. Este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes acceder a información personal como contactos, fotos, correos electrónicos y credenciales bancarias, datos que pueden ser utilizados para fraudes, extorsiones o chantajes.

Si los atacantes obtienen acceso a tu información financiera, existe el riesgo de que realicen transacciones no autorizadas, afectando directamente tus cuentas. Además, los datos personales robados pueden ser publicados, vendidos en la deep web o empleados para dirigir ataques a familiares y amigos, ampliando el daño más allá de la víctima inicial.

Cómo protegerte del Bluesnarfing

De acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad, con estos hábitos sencillos, puedes reducir dramáticamente el riesgo de ser víctima:

• Desactiva el Bluetooth cuando no lo uses: Es la forma más efectiva de evitar ser detectado.
• Evita el modo visible: Configura tu dispositivo para que no sea visible para otros mientras el Bluetooth está activo.
• Rechaza conexiones desconocidas: No aceptes solicitudes de emparejamiento de dispositivos que no reconozcas.
• Cambia la contraseña predeterminada: Si tu dispositivo lo permite, utiliza una clave única y robusta en lugar de la predeterminada.
• Elimina dispositivos emparejados que no utilices: Haz limpieza periódica de la lista de dispositivos conectados a tu Bluetooth.
• Mantén tu sistema actualizado: Instala siempre las actualizaciones de seguridad, ya que suelen corregir vulnerabilidades en los protocolos de comunicación.
• Evita instalar aplicaciones de fuentes no confiables: Muchas apps piden permisos innecesarios y pueden facilitar la explotación de tu Bluetooth.

El Bluesnarfing es una amenaza real en un mundo hiperconectado. La clave para evitar ser víctima está en la prevención, desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites, mantén tus dispositivos actualizados y revisa de forma regular tus conexiones. Recuerda que la seguridad digital comienza con tus propios hábitos; solo así podrás disfrutar de la tecnología con tranquilidad y sin sorpresas desagradables.

Cuatro integrantes de una banda dedicada a estafas digitales fueron detenidos en San Rafael, provincia de Mendoza, tras una serie de operativos realizados por la División Delitos Económicos de la Policía provincial. Los arrestados están acusados de haber perjudicado a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas “mulas” para transferir fondos mediante criptomonedas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos, realizados en Cañada Seca, figuran armas de fuego —incluida una pistola calibre 22 y escopetas—, equipos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, así como criptomonedas USDT, que fueron transferidas al Ministerio Público Fiscal.

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el grupo simulaba páginas oficiales para obtener datos personales de las víctimas y concretar operaciones fraudulentas, actuando con una estructura definida y roles diferenciados.

“No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”, afirmó Mercedes Rus. La investigación, encabezada junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos a cargo de Gabriela García Cobos, permitió identificar la metodología y a los presuntos miembros de la organización.

La causa, caratulada como defraudación con tarjetas y asociación ilícita, sigue su curso, y las autoridades no descartan nuevas detenciones, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes.

Según subrayó la ministra, el resultado del operativo es producto de meses de investigación y responde a una política de “prioridad absoluta en materia de seguridad” para la provincia.

Hace pocas semanas, efectivos de Delitos Tecnológicos Zona Sur detuvieron a dos hombres en San Rafael tras identificarlos como autores de estafas virtuales mediante falsas transferencias en Mercado Pago. En el operativo, realizado en la madrugada del domingo, les decomisaron más de 2 kilos de cocaína, según la información del Ministerio de Seguridad.

Todo comenzó con una denuncia registrada el 21 de marzo, después de que un comercio de avenida Urquiza recibiera como pago un falso comprobante por $94.000. Posteriormente, una segunda víctima denunció el 4 de abril una operación similar en un local comercial de avenida El Libertador. En este caso, el estafador presentó comprobantes que no fueron acreditados de un monto que ascendió a $135.900.

La investigación avanzó luego de detectar que, tras concretar maniobras fraudulentas en comercios, uno de los sospechosos se alojaba en un complejo de cabañas del distrito Las Paredes y tenía previsto asistir a un local bailable de la zona, lo que permitió su localización y posterior arresto. El procedimiento incluyó el secuestro de un Volkswagen Polo, dispositivos electrónicos, prendas de vestir nuevas y cuatro teléfonos celulares, de acuerdo a las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal Departamental San Rafael.

Durante un allanamiento en el alojamiento de los implicados, las fuerzas incautaron dos ladrillos de una sustancia blanquecina que, tras el análisis, resultó ser cocaína y pesó más de 2 kilogramos. Según el medio Los Andes, también se retuvo un Ford EcoSport y otros elementos vinculados a las compras fraudulentas.

Cómo evitar las estafas virtuales

Las “mulas de dinero” virtuales son personas que, de manera consciente o engañada, permiten que sus cuentas bancarias o billeteras digitales sean utilizadas para recibir y transferir fondos de origen ilícito. Muchas veces, los titulares de las cuentas reciben una comisión a cambio o son reclutados bajo falsas promesas laborales, mientras que en otras ocasiones desconocen que están participando en una actividad delictiva. Según especialistas, existen señales y acciones clave para protegerse:

• Desconfiar de llamadas desde números ocultos, desconocidos o con prefijos internacionales.
• No brindar datos personales, bancarios ni códigos de seguridad por teléfono. Ninguna entidad oficial pide claves, tokens ni números completos de tarjetas durante una llamada.
• Cortar la comunicación ante cualquier pedido urgente de información o si el interlocutor presiona para tomar decisiones rápidas.
• Instalar aplicaciones de identificación de llamadas para bloquear números reportados como spam.
• No seguir instrucciones para instalar aplicaciones ni presionar teclas durante la llamada.
• Estar atentos ante intentos de suplantación de identidad mediante imitaciones de voz utilizando inteligencia artificial
• Desconfiar de ofertas laborales o anuncios en redes sociales que prometen ganancias rápidas por recibir y transferir dinero.
• Antes de aceptar cualquier propuesta, investigar a la empresa o persona y consulta fuentes oficiales
• En el caso de detectar movimientos sospechosos en tu cuenta, es recomendable comunicarse de inmediato con tu banco y realizar la correspondiente denuncia.

En la jornada del 28 de abril de 2026 se conocieron detalles de un delito ocurrido en Bogotá, que reveló cómo la suplantación de identidad tras el robo de un celular puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, pues los criminales no solo se quedan con los dispositivos digitales, sino que emplean técnicas para manchar el nombre de los ciudadanos.

El caso involucra a un joven abogado que fue asaltado de forma violenta para arrebatarle su celular, lo que permitió a los delincuentes acceder a su cédula digital y utilizar sus datos para crear una empresa falsa que estafó a más de 20 personas, según el relato de la víctima a Noticias RCN.

Cabe mencionar que cuando una persona pierde su celular y este contiene la cédula digital, los delincuentes pueden acceder a datos personales confidenciales. Con esta información, logran constituir empresas ficticias y ejecutar fraudes, suplantando por completo al titular legítimo y generando graves consecuencias legales y reputacionales, incluso exponiéndolo a responder penalmente por delitos que no cometió.

El reporte del joven indica que fue interceptado y agredido por desconocidos en la capital del país: “Me robaron, me escopolaminaron, me dejaron inconsciente, me robaron diversas cosas, computador, celular, un reloj, audífonos, la billetera con todos mis documentos”.

Los responsables son integrantes de la banda conocida como Los Liberados, que se especializaban en el hurto violento de celulares en Bogotá y apenas obtuvieron el dispositivo de la víctima, accedieron a su cédula digital y a su información personal almacenada en el equipo.

El investigador del caso explicó a Noticias RCN que los miembros de la organización accedieron a los datos y constituyeron una empresa ficticia dedicada a la compraventa de vehículos, presentando a la víctima como el representante legal.

A través de esta fachada, la banda ofrecía oportunidades de inversión para compradores con el uso de una identidad legítima, lo que otorgaba credibilidad a la empresa falsa y facilitaba que personas confiaran en el supuesto negocio.

Más de 20 personas terminaron estafadas tras depositar su dinero en la compañía fraudulenta, quedando la víctima real expuesta a acciones legales y cuestionamientos por parte de las personas que fueron víctimas de la estafa.

El joven perdió una beca después de que su nombre se vinculara al fraude

La afectación para el joven trasciende lo material. Ahora enfrenta denuncias de aquellos que fueron engañados con su identidad, lo que complica su situación judicial y afecta seriamente su reputación profesional.

“Yo tenía un par de planes para irme fuera del país a estudiar una maestría en España. Pues claramente no lo puedo hacer. El tema de conseguir trabajo también ha sido algo complicado y pues a nivel reputacional también mi labor como abogado es voz a voz”, lamentó la víctima en diálogo con el noticiero nacional.

Así, demostró que su nombre y futuro laboral quedaron marcados por un delito cometido por terceros. Además de que teme por su seguridad, porque muchos afectados siguen buscándolo en busca de respuestas o soluciones que no puede ofrecer: “No saben todo lo que destruyen en la vida de una persona y la forma en la que pueden dañar el nombre, que es lo único que en realidad uno tiene”.

Avances judiciales en el caso

La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro miembros de la banda Los Liberados, incautando 380 celulares robados en medio del operativo. En las audiencias, imputaron cargos a los detenidos y solicitaron que permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

Entre tanto, la víctima intenta limpiar su historial y desvincularse de la empresa fraudulenta creada con su información. Sin embargo, enfrenta un proceso legal y administrativo complejo para desligar su nombre de esta banda criminal.

El caso se convierte en un ejemplo de los peligros crecientes de la suplantación digital y el largo camino que deben recorrer aquellos que sufren este tipo de delitos para restablecer su identidad y su nombre.

Las llamadas fraudulentas han encontrado en la urgencia y el miedo un terreno fértil para engañar a sus víctimas. Frases como “tu cuenta será bloqueada” o “tienes un pago pendiente” se han convertido en señales evidentes de estafa telefónica.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la manipulación psicológica está en el centro de estos engaños. Los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social para convencer a la víctima de entregar información personal o realizar acciones inmediatas.

Cómo opera la ingeniería social en las estafas

La ingeniería social es una técnica que explota la confianza y la urgencia. Según el INCIBE, el atacante no necesita vulnerar sistemas informáticos, sino que utiliza la propia colaboración de la víctima.

Frases como “tu cuenta será bloqueada” buscan instalar temor, lo que facilita que la persona comparta datos confidenciales o realice transferencias de dinero sin reflexionar antes.

Este tipo de ataques se presenta bajo diferentes formas: phishing (correos), smishing (mensajes de texto) y vishing (llamadas telefónicas).

En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener información personal o financiera. El INCIBE advierte que el usuario suele ser el eslabón más débil, porque bajo presión, actúa sin detenerse a analizar la situación.

De qué otras formas los ciberdelincuentes obtienen datos personales y bancarios

No todos los métodos de los ciberdelincuentes dependen de llamadas o mensajes alarmantes. Una vía igualmente peligrosa es el malware, un software malicioso que se instala en los dispositivos cuando el usuario descarga programas desde sitios no oficiales, abre archivos adjuntos sospechosos o instala extensiones dudosas en el navegador.

El INCIBE informa que existen variantes de malware capaces de extraer credenciales almacenadas, cookies de sesión y datos financieros de forma silenciosa.

En este sentido, la actualización constante del sistema operativo y el uso de un antivirus actualizado son medidas claves para minimizar el riesgo de infección. Además, nunca se debe descargar software a partir de enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

Qué papel juega la huella digital de cada persona en las estafas

La huella digital es la suma de la información personal disponible en internet. Fotos, fechas de nacimiento, direcciones y rutinas compartidas en redes sociales forman parte del perfil que los ciberdelincuentes pueden utilizar.

El INCIBE advierte que gran parte de los datos empleados en ataques provienen de fuentes públicas, no solo de técnicas intrusivas. Con estos detalles, los atacantes pueden personalizar sus estrategias y hacerlas más creíbles.

Al utilizar información real sobre la víctima, incrementan la confianza y la probabilidad de éxito del engaño. En ocasiones, el objetivo no es obtener un dato bancario específico, sino construir suficiente contexto para elaborar un fraude efectivo.

Cuáles son las pautas clave para evitar caer en estas trampas cibernéticas

El INCIBE sugiere mantener una actitud crítica frente a cualquier comunicación que genere presión o urgencia. Desconfiar de llamadas, mensajes o correos que solicitan información personal o financiera resulta fundamental para reducir el riesgo de estafa.

Entre las principales pautas se encuentran no descargar aplicaciones desde fuentes no oficiales, no abrir archivos adjuntos sospechosos, mantener los dispositivos protegidos con antivirus y evitar compartir datos personales en redes sociales.

Es aconsejable activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles y revisar con regularidad los movimientos bancarios para detectar operaciones no autorizadas.

Asimismo, se debe verificar siempre la identidad del remitente de cualquier comunicación, evitando proporcionar datos personales por teléfono o internet sin confirmar la procedencia. Consultar fuentes oficiales y denunciar intentos de fraude contribuye a fortalecer la seguridad individual y colectiva.

El INCIBE enfatiza que la prevención y la educación digital son herramientas esenciales para frenar la acción de los ciberdelincuentes.

Autoridades como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) han alertado sobre un nuevo método de fraude que afecta a titulares de servicios financieros. Ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras y ofrecen reducir la tasa de interés de las tarjetas de crédito.

Esta modalidad, cada vez más frecuente, se aprovecha del desconocimiento y la necesidad de los usuarios que buscan aliviar sus deudas, y busca obtener información personal y financiera con fines delictivos.

Cómo los ciberdelincuentes engañan a las víctimas

De acuerdo con la FTC, las víctimas suelen recibir llamadas inesperadas en las que los estafadores prometen gestionar una gran reducción en la tasa de interés, bajo el argumento de que poseen mecanismos especiales o contactos privilegiados.

En realidad, estos supuestos beneficios no existen; el objetivo es obtener datos personales o el pago de sumas anticipadas a cambio de servicios que nunca se concretan. El ente regulador ha reiterado que este tipo de ofertas, cuando provienen de llamadas no solicitadas, constituyen una estafa.

Para aumentar su credibilidad, los estafadores suelen aportar datos que ya conocen, como los últimos dígitos del número de Seguro Social, el saldo de la tarjeta o el código postal. Esta táctica busca reforzar la idea de que la llamada es legítima y, en consecuencia, inducir a la víctima a compartir más información sensible.

Qué señales revelan que una llamada es una estafa

Una de las características más claras de estas estafas, según la FTC, es la solicitud de pagos por adelantado. Los usuarios deben saber que nunca se debe pagar antes de recibir ayuda real. Cualquier empresa que exija dinero por adelantado está infringiendo la ley.

Otro indicio de estafa es la presión para tomar una decisión rápida, con frases como “la oferta solo es válida por tiempo limitado”. Se debe saber que las verdaderas entidades financieras no solicitan información sensible ni contraseñas por teléfono.

Cuando la llamada resulta inesperada y el interlocutor insiste en obtener datos personales o bancarios, lo más clave es cortar la comunicación y contactar directamente a la empresa, utilizando los canales oficiales.

Cómo deben actuar los usuarios ante estas llamadas fraudulentas

Los expertos sugieren rechazar cualquier oferta de reducción de tasas recibida por teléfono de manera inesperada. El usuario debe abstenerse de compartir información personal, como números de identificación, datos bancarios o contraseñas.

Si el estafador posee algunos de estos datos y trata de obtener otros adicionales, la pauta a seguir es no continuar la conversación.

Si se recibe una propuesta de este tipo, la FTC aconseja anotar los detalles de la llamada y reportarla a las autoridades competentes. Existen plataformas oficiales en las que se pueden denunciar intentos de fraude, lo que ayuda a las agencias a monitorear y combatir estas prácticas.

Qué alternativas legales existen para bajar la tasa de interés de la tarjeta de crédito

La reducción de la tasa de interés de una tarjeta de crédito sí es posible, pero debe gestionarse directamente ante la entidad emisora. La FTC aclara que el titular puede llamar a la línea oficial de atención al cliente del banco o de la compañía emisora de la tarjeta y solicitar una evaluación de su tasa.

En algunos casos, el historial crediticio o el comportamiento de pago pueden ser factores considerados para otorgar una reducción. No existen atajos ni intermediarios legítimos que puedan garantizar mejores condiciones a cambio de un pago anticipado.

Asimismo, en caso de haber proporcionado información personal o bancaria en una llamada sospechosa, se debe actuar de inmediato. Lo más importante es contactar a la entidad financiera para informar el incidente y solicitar el monitoreo de la cuenta ante posibles movimientos irregulares.

El operativo fue resultado de una investigación de más de dos años, llevada adelante por la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la fuerza de seguridad, que dejó como resultado la detención de un hombre de 51 años y una mujer de 50, parientes entre sí, tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Balvanera y Belgrano, y en la localidad bonaerense de Beccar.

Según los investigadores, el botín acumulado ascendió a 386 mil dólares, 5.050 euros y casi cinco millones de pesos. El dinero proveniente de las estafas era convertido a dalasi, la moneda oficial de Gambia, y transferido posteriormente a Italia, España y Perú.

Los estafadores, de acuerdo con la investigación, buscaban en la calle a una mujer mayor, sola y de apariencia vulnerable. Si bien tenían variantes para actuar, la mayoría de las veces una de las delincuentes se hacía pasar por analfabeta y decía que tenía un billete de lotería o del “quini” premiado por cobrar.

Una cómplice intervenía afirmando que el billete era ganador, y ambas persuadían a la víctima para que las llevara a su domicilio. Allí, bajo diferentes pretextos, una de las delincuentes distraía a la mujer mientras la otra buscaba dinero o joyas. El hombre aguardaba a distancia, preparado para intervenir en caso necesario.

En ocasiones, los delincuentes usaban drogas para confundir a las víctimas. Se comprobó que los acusados cometieron al menos 16 hechos bajo este modus operandi, con mujeres como blanco habitual.

El primer episodio ocurrió el 23 de enero de 2023, cuando las dos mujeres engañaron a una vecina del barrio de Balvanera con la excusa de que poseían un billete premiado por 600 mil pesos. Tras acceder a la vivienda, una de ellas solicitó agua en la cocina, mientras la otra revisaba el inmueble. Al retirarse, la víctima notó el faltante de 1.500 dólares.

En otro caso, el 24 de septiembre de 2023, los estafadores abordaron a la víctima con un arma, ingresaron a su domicilio y sustrajeron dinero y alhajas. Durante la investigación, los oficiales reunieron imágenes de los sospechosos, incluyendo una fotografía en un restaurante donde se los observa mientras se repartían el botín.

Tras reunir suficientes pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola y la Secretaría de Mariano Dalbosco Lacava ordenó tres allanamientos con apoyo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Durante los procedimientos en Balvanera, Belgrano y el barrio La Angelita de Beccar, se secuestraron casi siete millones de pesos, 590 soles peruanos, 713 dólares, 20 euros, 17.000 dongs vietnamitas, tabletas sedantes, una tarjeta bancaria del BCP de Perú, tickets de movimientos bancarios, y prendas utilizadas en los hechos. También fueron incautadas alhajas, celulares y notebooks.

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos y estableció embargos por 550 millones de pesos para la mujer y 180 millones para el hombre. Fueron imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa

La investigación sigue en curso mientras las autoridades buscan a la tercera integrante de la banda, señalada como pieza clave en la organización.

Florida registra más de USD 258 millones en pérdidas por fraude digital contra adultos mayores en 2025, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La AARP encendió las alarmas ante una ola de estafas que crece sin freno y que afecta de manera desproporcionada a los residentes del estado mayores de 50 años, quienes enfrentan amenazas cada vez más sofisticadas en sus correos electrónicos, teléfonos y redes sociales.

El fraude digital avanza en Florida

Florida se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por el fraude digital contra adultos mayores. Un estudio de AARP reveló que 1 de cada 6 adultos admite haber contestado llamadas o mensajes de texto de contactos desconocidos, y que aproximadamente la mitad ha descargado aplicaciones gratuitas o participado en cuestionarios en redes sociales que exponen datos personales. Estas conductas, aparentemente inofensivas, abren la puerta a delincuentes que operan con métodos cada vez más elaborados.

El caso de Grisel Muina: anatomía de una estafa por correo electrónico

Grisel Muina sabe de primera mano lo que cuesta un descuido digital. Recibió un correo electrónico que simulaba ser de Apple y le advertía sobre un cargo de USD 640: si no lo pagaba, debía llamar de inmediato. La urgencia del mensaje la llevó a marcar ese número, sin sospechar que al otro lado no había ningún representante de la empresa tecnológica, sino una red de ladrones.

“Recibí un correo electrónico que decía que había un cargo de unos 640 dólares y que si no pagaba esa cantidad, debía llamar de inmediato”, relató Muina a CBS News Miami. Durante la llamada, los delincuentes la presionaron para que entregara una copia de su licencia de conducir. Ella accedió. El resultado: le sustrajeron USD 2.345, el monto íntegro de su cheque del Seguro Social que acababa de recibir.

Muina reconoció haber tenido presentimientos durante el proceso, pero la presión del momento la paralizó. “No sé cómo lo hice, ni por qué lo hice, pero después, cuando colgué y todo pasó, me di cuenta de que era una estafa”, confesó. Llamó a la policía, que le advirtió que localizar a los responsables sería prácticamente imposible. Su banco tampoco pudo ayudarla: como ella había autorizado la transferencia y entregado la información voluntariamente, la institución no estaba en condiciones de revertir el cargo.

Estafas a medida: cómo los delincuentes perfilan a sus víctimas

Lo que le ocurrió a Muina no fue un ataque al azar. Karen Murillo, directora estatal adjunta de defensa de AARP Florida, explicó a CBS News Miami que los delincuentes rastrean perfiles en línea —incluso los de carácter profesional— para construir estafas dirigidas con precisión. “Van a usar esos datos para asegurarse de que la estafa que están utilizando esté dirigida a usted”, advirtió.

Ante esa realidad, Murillo ofrece una regla práctica: si algo genera desconfianza, hay que detenerse. “Si sientes que algo te huele mal, es motivo para hacer una pausa, dar un paso atrás, pensarlo un poco más y ver si hay algo que puedas hacer para protegerte, aunque solo sea borrar la comunicación o no contestar la llamada”.

Por qué el dinero digital casi nunca se recupera

Uno de los factores que hace especialmente grave este tipo de fraude es el medio de pago. Murillo advirtió que las aplicaciones de transferencia de dinero y las criptomonedas representan un riesgo particular para las víctimas: “Es difícil de rastrear, difícil de investigar y no se puede revertir”. A diferencia de una tarjeta de crédito, donde existen mecanismos de disputa, las transferencias digitales autorizadas por el propio usuario dejan a las instituciones financieras sin margen legal para actuar, como le ocurrió a Muina.

Los recursos que AARP pone a disposición de las víctimas

La organización recomienda que quienes hayan sido víctimas de una estafa contacten de inmediato a su banco y a las agencias de crédito, y congelen su historial crediticio para evitar nuevos ataques. Para orientar a las víctimas y sus familias, AARP dispone de varias herramientas:

La Red de Vigilancia contra el Fraude (AARP.org/FraudWatchNetwork, o en español AARP.org/ContraFraude) centraliza información sobre tendencias de fraude y apoyo a víctimas. El Centro de Recursos contra el Fraude (AARP.org/FRC) detalla tipos específicos de estafas, incluidas las que involucran tarjetas de regalo. Quienes necesiten orientación inmediata pueden llamar al 877-908-3360, donde especialistas capacitados atienden consultas y denuncias. Toda la información sobre el estado de Florida está disponible en AARP.org/FLFraud.

En apenas cuatro minutos, un ciberdelincuente puede acceder a tu información y fondos si logra vulnerar una de tus contraseñas. Este es el tiempo que tarda en entrar a una cuenta y, si utilizas la misma clave en varios servicios, comprometer múltiples accesos personales y bancarios, explica Carolina Mojica, gerente de producto para el consumidor de Kaspersky.

La ejecutiva explica que el método más común y en rápido crecimiento es el phishing: recibes un correo que simula ser de tu banco o de una entidad reconocida y, al ingresar tus datos en una página falsa, los atacantes capturan inmediatamente tu usuario, contraseña y otros datos sensibles.

Gracias a la inteligencia artificial, estas páginas falsas son cada vez más difíciles de distinguir de las reales, lo que aumenta el riesgo de robo de identidad y suplantación.

Las estafas también evolucionan a través de llamadas y mensajes por WhatsApp, donde los delincuentes intentan engañar para obtener información personal.

Cómo son estas estafas vía correo electrónico y llamada

Las estafas por correo electrónico suelen comenzar con un mensaje que aparenta ser de un banco o empresa conocida, solicitando que el usuario ingrese datos personales o contraseñas en un enlace que dirige a una página falsa, idéntica a la original.

Al hacerlo, los delincuentes capturan la información y pueden acceder a cuentas bancarias o perfiles personales.

En el caso de las llamadas, los estafadores se hacen pasar por personas importantes de tu vida o, usan datos básicos del usuario e intentan que la víctima confirme o revele información confidencial. Ambos métodos buscan obtener acceso rápido y directo a datos y fondos.

Qué tanto se protegen las personas ante estas estafas

Aunque existe mayor conciencia sobre la importancia de protegerse ante las estafas digitales, la protección de los usuarios sigue siendo fragmentada.

Según la empresa de ciberseguridad mencionada, el 72% de las personas ha cambiado sus contraseñas por seguridad en los últimos seis meses, lo que indica preocupación por los riesgos.

Sin embargo, un 38% aún no tiene instalada ninguna solución de seguridad en sus dispositivos y el 18% desconoce que existen aplicaciones de protección. Además, el 25% ingresa datos personales en múltiples sitios y un 15% no sabe cómo verificar si una URL es segura, lo que deja brechas importantes frente a posibles ataques.

Qué es la ingeniería social

La ingeniería social es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para manipular a las personas y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o acceso a cuentas personales.

A diferencia de los ataques informáticos tradicionales, que buscan vulnerar sistemas tecnológicos, la ingeniería social explota la confianza, el desconocimiento o el descuido de los usuarios.

Los estafadores suelen hacerse pasar por representantes de bancos, empresas conocidas o incluso contactos personales, y utilizan canales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para engañar a la víctima y convencerla de que entregue información sensible o realice alguna acción que comprometa su seguridad.

Para protegerse ante estas estafas, es fundamental adoptar una actitud crítica y cautelosa frente a cualquier solicitud inesperada de datos personales, especialmente si llega por correo o llamada.

Cómo protegerse de estas estafas

Para protegerse de las estafas digitales, es fundamental adoptar varias medidas. Cambiar las contraseñas con regularidad, como ya hace el 72% de los usuarios, ayuda a reducir riesgos.

Además, es importante instalar soluciones de seguridad en los dispositivos, ya que el 38% aún no cuenta con ninguna protección. Informarse sobre la existencia de aplicaciones de protección, evitar ingresar datos personales en múltiples sitios y aprender a verificar si una URL es segura son pasos clave.

Estas acciones permiten fortalecer la defensa digital y cerrar brechas que los ciberdelincuentes suelen aprovechar.

Una nueva modalidad de estafa está afectando a clientes y empresas del sector turístico en San José, Costa Rica, según alertó la empresa CLS Hospitality Group, que denunció la suplantación de identidad de supuestos ejecutivos de hoteles para concretar reservas fraudulentas y solicitar pagos fuera de los canales oficiales.

De acuerdo con la compañía, los delincuentes se hacen pasar por personal de reconocidos hoteles de la capital, como el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, el Hilton Garden Inn San José La Sabana y el Hilton San José La Sabana, con el fin de engañar a clientes interesados en contratar servicios para eventos sociales o corporativos.

La alerta se da en un contexto en el que el sector turismo continúa recuperándose y adaptándose a nuevas dinámicas digitales, lo que también ha abierto espacio para modalidades de fraude más sofisticadas, especialmente a través de plataformas de mensajería y correos electrónicos falsos.

Según explicó Juan Camilo Carvajal, director general de Operaciones de la empresa, los estafadores buscan generar confianza haciéndose pasar por representantes oficiales, para luego solicitar pagos a cuentas personales o medios no autorizados.

La compañía fue enfática en señalar que todos sus procesos de reserva y pago se realizan exclusivamente a través de plataformas institucionales verificadas y dominios oficiales, entre ellos @granhotel.cr, @clsgroupcr.com, @hgilasabana.com y @hiltonlasabana.com.

“Cualquier mensaje que provenga de direcciones diferentes debe considerarse sospechoso”, advirtió Carvajal, quien instó a los usuarios a extremar precauciones antes de realizar transferencias o depósitos.

Reservas falsas y depósitos irregulares: así operan los estafadores

El mecanismo de fraude, según detalló la empresa, inicia cuando los delincuentes contactan a potenciales clientes que buscan organizar actividades como bodas, fiestas de 15 años u otros eventos empresariales.

En estos casos, los estafadores se presentan como ejecutivos de ventas o coordinadores de eventos de los hoteles, ofreciendo paquetes y cotizaciones aparentemente legítimas, pero con el objetivo de concretar reservas inexistentes.

Adriana Guevara, directora comercial de la compañía, explicó que una vez ganada la confianza del cliente, los delincuentes solicitan depósitos bancarios o pagos adelantados a cuentas que no pertenecen a la empresa.

Este paso es clave en la estafa, ya que los pagos se realizan fuera de los sistemas oficiales, lo que dificulta su rastreo y eventual recuperación.

Ante este panorama, la empresa recomendó a los usuarios confirmar directamente con los hoteles cualquier cotización o comunicación recibida, así como verificar que los canales utilizados correspondan a los medios oficiales.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

CLS Hospitality Group insistió en que ninguna de sus operaciones se gestiona a través de cuentas personales, aplicaciones de mensajería no oficiales ni canales informales, por lo que cualquier solicitud de pago en estas condiciones debe generar alerta inmediata.

Entre las principales recomendaciones destacan:

• Verificar siempre el dominio del correo electrónico del remitente.
• Confirmar directamente con el hotel cualquier información recibida.
• Evitar realizar transferencias a cuentas personales.
• Desconfiar de ofertas que presionen por pagos inmediatos.

Además, la empresa recordó que los procesos formales incluyen documentación y confirmaciones a través de sistemas institucionales, lo que permite mayor trazabilidad y seguridad para los clientes.

Seguimiento y medidas de seguridad

La compañía indicó que actualmente se encuentra dando seguimiento activo a los casos detectados y reforzando sus protocolos de seguridad para prevenir nuevas situaciones.

Este tipo de estafas no solo afecta a los clientes, sino que también representa un riesgo para la reputación del sector turístico, especialmente en destinos urbanos como San José, donde la oferta hotelera y de eventos es amplia.

En un entorno cada vez más digitalizado, expertos advierten que este tipo de fraudes seguirá evolucionando, por lo que la verificación de fuentes y canales oficiales se convierte en una herramienta clave para evitar caer en engaños.

El número de personas que recibe llamadas de números desconocidos advirtiendo sobre un supuesto riesgo con su dinero muestra un crecimiento sostenido según autoridades de diferentes países.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) reportan un aumento en los intentos de fraude telefónico, que aprovechan el temor y la urgencia para obtener datos sensibles.

Estas llamadas suelen iniciar con mensajes alarmantes sobre fraudes con tarjetas de crédito, supuestas deudas tributarias o amenazas de cancelación de beneficios. Los estafadores buscan generar pánico y manipular a la víctima para que actúe sin reflexionar. Frente a este escenario, conocer los pasos adecuados y saber qué preguntar resulta clave para evitar caer en la trampa.

Cómo saber que una llamada es fraudulenta

El primer signo de alerta es el tono urgente o alarmista de la llamada. Según la FTC, los estafadores suelen afirmar que se detectó una estafa con una tarjeta de crédito, que alguien pirateó una cuenta bancaria o que existen deudas pendientes con consecuencias inmediatas.

Frecuentemente, la persona que llama puede mencionar información personal básica, como nombre completo o dirección, para ganar confianza.

La FTC advierte que el hecho de que la persona tenga datos personales no significa que sea confiable. Los ciberdelincuentes adquieren o roban esta información y la usan para que sus mentiras parezcan creíbles. En muchos casos, el objetivo es que la víctima reaccione bajo presión y facilite información confidencial.

Qué preguntar ante una llamada de un número desconocido

Los expertos sugieren mantener la calma y solicitar detalles concretos antes de seguir la conversación. Según la FTC, conviene preguntar: ¿De qué compañía o banco llaman? ¿Cuál es el problema específico? ¿Cuál es su nombre y cargo? Tras obtener estos datos, la pauta es colgar el teléfono y no continuar el diálogo.

No debe compartirse ninguna información personal ni de cuentas bancarias durante la llamada inicial. Los estafadores pueden pedir datos como números de tarjeta, códigos de verificación o acceso remoto a dispositivos, todo bajo el pretexto de “solucionar” el problema detectado.

Por qué no se deben confiar en información que se suministre en la llamada

La FTC y el INCIBE coinciden en que nunca se debe confiar en los números de contacto que proporciona la persona que llama, ni en los resultados de búsquedas rápidas en internet. Los estafadores suelen comprar anuncios para posicionar números falsos en los primeros lugares de los motores de búsqueda.

La vía sugerida es contactar directamente a la entidad legítima, utilizando la información proporcionada en documentos oficiales, como resúmenes de cuenta o el reverso de la tarjeta.

Además, se debe recurrir a la aplicación o sitio web oficial del banco o la empresa para comunicarse con el departamento de fraude y confirmar si existe algún inconveniente real.

Qué riesgos implica responder “sí” durante la llamada desconocida

El INCIBE advierte sobre una modalidad de fraude que utiliza grabaciones de voz. Una simple respuesta afirmativa como “sí” puede ser utilizada para autorizar transacciones bancarias, firmar contratos o falsificar la identidad de la víctima.

Los ciberdelincuentes graban estas respuestas y las usan para interactuar con entidades financieras u otros servicios en nombre de la persona afectada. Incluso si la llamada termina abruptamente después de obtener la grabación, el peligro persiste.

Qué pasos seguir si se sospecha que la llamada fue un intento de fraude

Si se sospecha que se ha respondido afirmativamente o se facilitó información, la pauta es actuar con rapidez. El INCIBE señala la importancia de mantener la calma y evitar tomar decisiones precipitadas. El primer paso es colgar y no proporcionar más datos ni prolongar la conversación.

A continuación, se debe verificar la legitimidad de la llamada contactando directamente a la entidad involucrada. Es crucial monitorizar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito para identificar movimientos inusuales.

Asimismo, en caso de detectar operaciones sospechosas, se debe informar de inmediato al banco para bloquear posibles fraudes. “Ningún departamento legítimo de fraude pedirá mantener la llamada en secreto o compartir códigos de verificación”, recalca la FTC.

El Colegio Médico del Perú (CMP) advirtió sobre la circulación de mensajes engañosos que estarían ofreciendo la obtención de plazas y la manipulación de resultados en el proceso SERUMS 2026-I. La institución alertó que se trata de comunicaciones no oficiales que buscan captar dinero de postulantes mediante promesas falsas relacionadas con la adjudicación de plazas.

Según precisó la institución médica, estos mensajes se difunden principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, donde se hace creer a los interesados que pueden asegurar una plaza o mejorar su puntaje mediante pagos o contactos directos. El CMP remarcó que estas prácticas no forman parte del procedimiento regular del proceso y que carecen de toda validez.

Alertan por estafas en proceso SERUMS

El Colegio Médico del Perú advirtió que detrás de estos ofrecimientos se encontrarían personas que actúan como supuestos intermediarios o gestores, atribuyéndose facultades que no les corresponden. Estas acciones, según la institución, buscan inducir a error a los postulantes y aprovecharse de la alta demanda de participación en el SERUMS.

Asimismo, el CMP subrayó que cualquier comunicación que prometa resultados asegurados o modificaciones de puntaje a cambio de dinero constituye un intento de estafa. En ese sentido, exhortó a los médicos recién egresados a desconfiar de este tipo de mensajes y evitar cualquier transacción fuera de los canales oficiales.

Proceso es meritocrático y regulado

La institución recordó que el SERUMS es un proceso estrictamente meritocrático, administrado y supervisado por el Ministerio de Salud. En ese marco, la asignación de plazas se realiza en función de criterios técnicos establecidos previamente, sin intervención de terceros ni pagos adicionales.

El CMP enfatizó que no existen gestores autorizados ni mecanismos externos que puedan influir en los resultados. Por ello, reiteró que toda la información oficial del proceso debe ser consultada únicamente a través de las entidades competentes del Estado.

Denuncia ante Fiscalía y prevención

Como medida frente a estos hechos, el Colegio Médico del Perú informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito. El objetivo es que se inicie la investigación correspondiente para identificar a los responsables de la difusión de estos mensajes fraudulentos.

La institución señaló que esta acción busca proteger a los profesionales de la salud y evitar que sean víctimas de estafas durante el desarrollo del SERUMS 2026-I, considerado un paso clave en su trayectoria profesional.

Llamado a denunciar

El CMP exhortó a los médicos a reportar cualquier intento de contacto sospechoso ante la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o las oficinas del propio Colegio Médico. Asimismo, recomendó no confiar en promesas de adjudicación fuera del procedimiento oficial.

Finalmente, la entidad pidió al Ministerio de Salud reforzar los mecanismos de control y supervisión del proceso SERUMS en todas sus etapas, con el fin de garantizar transparencia, legalidad y equidad en la asignación de plazas a nivel nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó que Edwin Oswaldo Recinos Ortiz recibió una condena total de 360 años de prisión por cometer estafa agravada a través de una empresa ficticia de importación de vehículos.

Según la Fiscalía, Recinos Ortiz engañó a decenas de personas entre 2018 y 2021, prometiendo automóviles importados a precios reducidos y causando un daño económico que superó los 49,300 dólares solo en uno de los procesos judiciales.

La FGR informó en su cuenta oficial de la red social X que el Tribunal amplió la sentencia de Ortiz a raíz de nuevas pruebas y tras una apelación presentada por la institución. Inicialmente, en marzo de 2025, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador había impuesto una pena de apenas ocho años, pese a la magnitud de las pérdidas sufridas por las víctimas.

Posteriormente, la Cámara Primero de lo Penal revisó el caso y elevó la condena a 298 años de prisión en febrero de 2026, al considerar el alcance del fraude y el número de afectados.

A esta sentencia se añadió una nueva condena de 62 años de cárcel, dictada luego de demostrarse que Recinos Ortiz estafó a ocho víctimas con un monto superior a 49,300 dólares. De acuerdo con la FGR, el imputado debe además resarcir a los afectados mediante el pago de 350,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.

El Ministerio Público, sostiene que la cifra de víctimas podría superar las 700 personas, ya que Recinos utilizó redes sociales para publicitar su empresa fraudulenta y captar interesados en adquirir vehículos usados.

El mecanismo de la estafa: empresa fantasma y redes sociales

Según las investigaciones citadas por la Fiscalía General de la República, Recinos Ortiz fundó en 2018 una sociedad denominada “Import Ortiz”, dedicada aparentemente a la importación de autos usados a precios inferiores al mercado. El esquema operó hasta 2021 y aprovechó la difusión en plataformas digitales para llegar a un amplio público.

La FGR detalló que al menos 56 personas entregaron anticipos que oscilaban entre 1,500 y 5,000 dólares con la esperanza de recibir un vehículo importado. “El imputado nunca cumplió los tratos ni devolvió el dinero”, precisó la institución en su comunicación oficial.

El patrón consistía en prometer vehículos provenientes del extranjero, cobrar anticipos y desaparecer sin entregar los automóviles ni reembolsar a los clientes. Esta modalidad permitió a Recinos Ortiz expandir el fraude, alcanzando incluso a personas fuera de la capital. La Fiscalía advirtió que el alcance de la estafa sigue bajo investigación, ya que existen procesos pendientes relacionados con otras 100 víctimas que esperan juicio en los próximos meses.

El delito de estafa en El Salvador

La estafa es un delito tipificado en el Código Penal de El Salvador y sanciona a quien induce a error a otro para obtener un beneficio económico ilegítimo. La pena por estafa varía en función del monto defraudado y el número de víctimas, pero puede alcanzar décadas de prisión si se comprueba agravación, reincidencia o la existencia de múltiples afectados.

En casos de estafa agravada, la legislación salvadoreña prevé sanciones que superan los 10 años de cárcel y permiten la acumulación de condenas cuando el mismo imputado comete el delito contra varias personas. Además, los jueces pueden ordenar la restitución total o parcial del dinero sustraído y fijar montos de responsabilidad civil para compensar a las víctimas.

La FGR reiteró el llamado a potenciales víctimas para que presenten denuncias y aporten pruebas que permitan ampliar la investigación. Mientras tanto, el proceso judicial continúa, y se prevé que nuevos imputados sean citados por hechos relacionados.

Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales, según información obtenida por Semana.

Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios, según información obtenida.

Las autoridades recomiendan verificar siempre en canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La modalidad ha generado preocupación en la ciudad.

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Nueva modalidad de estafa en la ciudad

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer una nueva modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito como mecanismo para engañar a los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito.

Según la información disponible, varios ciudadanos han recibido mensajes de texto que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades como la Policía de Tránsito.

Uno de los mensajes identificados señala: “Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico. Liquide ahora con 50% de descuento y evite el embargo de sus bienes”, citado por Semana.

Este tipo de mensajes busca generar urgencia y temor en las personas, con el fin de que actúen rápidamente sin verificar la autenticidad de la información.

Cómo operan los delincuentes

La modalidad utilizada corresponde a un tipo de ciberdelito conocido como smishing, en el que los delincuentes emplean mensajes de texto para engañar a las víctimas.

Los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas diseñadas para simular plataformas oficiales.

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser inducidos a entregar información sensible como números de cuentas, datos de tarjetas bancarias y otros datos personales.

Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer robos, fraudes financieros o incluso suplantación de identidad.

Las autoridades advirtieron que muchas de estas páginas están diseñadas con apariencia legítima, lo que aumenta el riesgo de que las personas caigan en la trampa.

Señales para identificar el fraude

La Secretaría de Seguridad recomendó prestar atención a ciertos elementos que permiten identificar este tipo de estafas.

Entre ellos, destacan los mensajes que incluyen términos como “cobro jurídico” o “embargo”, utilizados para generar pánico en los usuarios.

También alertaron sobre mensajes con un alto sentido de urgencia, que invitan a realizar pagos inmediatos o a hacer clic en enlaces sin verificar la información.

Otra señal de alerta son los supuestos descuentos o beneficios para evitar sanciones, los cuales suelen ser utilizados como gancho para engañar a las víctimas.

Asimismo, las autoridades recordaron que las entidades oficiales no notifican embargos ni procesos de cobro por medio de mensajes de texto.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a este panorama, las autoridades insistieron en la importancia de verificar siempre la información a través de canales oficiales antes de realizar cualquier pago.

En el caso de Bogotá, los ciudadanos pueden consultar el estado de sus multas directamente en los portales oficiales de las entidades correspondientes.

También se recomendó evitar ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal o financiera a través de páginas cuya autenticidad no esté confirmada.

El llamado es a mantener la precaución y a reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes, con el fin de evitar que esta modalidad continúe afectando a más ciudadanos.

La captura de una de las personas más buscadas por el Ministerio Público marcó el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción en Panamá, en medio de investigaciones que apuntan tanto al sector privado como a entidades públicas.

Se trata de una mujer panameña vinculada a casos de hurto agravado, quien figuraba dentro del listado de las 10 personas más buscadas del país, y cuya aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las autoridades, la detenida era requerida por delitos cometidos entre 2022 y 2023, en perjuicio de empresas constructoras ubicadas en el corregimiento de Bella Vista.

La investigación, liderada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, reveló que la mujer aprovechaba su posición como asistente contable para ejecutar un esquema que le permitió desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.

El modus operandi consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los hacían efectivos en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.

Este mecanismo permitió la sustracción de recursos de forma sistemática, aprovechando la confianza interna dentro de las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado por las autoridades.

La captura se produjo en horas de la mañana durante diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que se mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra.

Además, el Ministerio Público confirmó que la mujer mantiene otros requerimientos judiciales por casos adicionales, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso.

Peculado

En paralelo, las autoridades también ejecutaron acciones en casos vinculados a delitos contra la administración pública, destacando la aprehensión de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Esta persona era requerida por su presunta vinculación en un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación económica estimada en $145,266.80.

Según la investigación, este caso está relacionado con la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, los cuales eran endosados a nombre de comerciantes para su posterior cobro.

Las autoridades indicaron que los fondos provenían de programas de becas y asistencia social educativa, lo que eleva la gravedad del delito al tratarse de recursos destinados a estudiantes. En este expediente, ya se reportan tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.

Las acciones contra el peculado también incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, como parte de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante estas diligencias, se realizaron allanamientos en viviendas y una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios clave para las investigaciones.

En el desarrollo de estos operativos, las autoridades lograron además la captura de un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado a la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Este hecho, ocurrido en 2026, forma parte de una línea de investigación que busca determinar responsabilidades dentro de instituciones públicas, en un contexto donde se intensifican los controles internos.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en estos casos.

Una mujer ejerció como psicóloga durante al menos cuatro años en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, utilizando un título falso y documentos apócrifos, hasta que fue detenida e imputada. La Fiscalía investiga el daño psicológico potencial a pacientes expuestos y las pérdidas económicas para varias instituciones vinculadas.

De acuerdo con la fiscal Rosana Peresín, María Paz Lattanzi, de 37 años, fue acusada formalmente el lunes pasado por los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación y arrogación de títulos profesionales, así como ejercicio ilegal del arte de curar.

El lunes 13 de abril, la mujer fue detenida en un centro donde se hacía pasar por profesional de salud y este viernes evaluarán si continúa presa bajo prisión preventiva, según la información a la que pudo acceder Rosario3.

El expediente reveló que Lattanzi presentó copias de un diploma falso que la acreditaba como egresada en 2019 ante instituciones y pacientes. En realidad, solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera de Licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). La fiscal aseguró: “Les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba”.

La imputación presentada por la Fiscalía detalló que Lattanzi, valiéndose de títulos apócrifos, logró insertarse en dos centros de día de Santo Tomé —San Juan y Aires de Vida— y en un geriátrico, ubicado en Sauce Viejo. En estas instituciones, cobró sumas por la realización de diagnósticos psicológicos, confección de historias clínicas y prestaciones de acompañamiento terapéutico, actividades para las cuales no tenía la formación legal ni académica exigida.

Ante el juez Leandro Lazzarini, Peresín afirmó contra la acusada: “Puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”.

La investigación de la “falsa psicóloga”

Estiman que solo en lo que va del año, la imputada realizó diagnósticos a por lo menos 40 pacientes. Durante la investigación, secuestaron planillas, informes de diagnósticos y una agenda personal, donde anotaba la “evaluación médica” de las personas que atendía.

El monto de las estafas atribuidas a la “falsa psicóloga” en los distintos lugares superan los 10 millones de pesos: 6 millones corresponden al perjuicio económico realizado en el geriátrico entre marzo de 2023 y septiembre de 2025. Mientras que el dinero restante se le atribuye a pagos realizados entre junio de 2025 y abril de 2026. Hasta el momento, el dinero obtenido con el título falso en el Centro de día todavía no se determinó.

La imputación sostiene que Lattanzi también estafó directamente a una adolescente y su madre, quienes contrataron sus servicios entre mayo y noviembre del año pasado en Santa Fe. La fiscal aseguró que “les cobró por sesiones de psicoterapia que les impartió de manera ilegal en la ciudad de Santa Fe”, teniendo en cuenta que la acusada carecía de la habilitación correspondiente y no estaba facultada para ejercer la profesión, como detalló ante el juez.

La mujer no solo se hizo pasar por licenciada ante los responsables de las entidades mencionadas; también se presentaba como profesional en sus redes sociales. Mantenía cuentas activas en Facebook e Instagram, donde se autopromocionaba como psicóloga, especialista en geriatría y referente en asistencia de adultos mayores, así como en estética y acompañamiento terapéutico domiciliario.

La acusada también figuraba en el sitio web de PSICORED-ÚNITAS, una red de asistencia integral en salud mental, donde se atribuía grados académicos y títulos profesionales oficiales inexistentes, como expuso la fiscal Peresín. Para dar una apariencia legítima, presentaba ante empleadores y clientes un diploma apócrifo y alegaba una matrícula profesional válida, lo que fue clave para instalarse en los centros bajo falsas credenciales.

La investigación penal comenzó gracias a la denuncia presentada por el Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción a través del sistema online del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La alerta se generó luego de que, a fines del año pasado, una de las instituciones donde trabajaba la sospechosa solicitara validar un código QR de la supuesta matrícula profesional, método ajeno al sistema real y que motivó la revisión de su legajo académico.

Los damnificados de Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– evalúan una propuesta de acuerdo que propone distribuir USD 35 millones y cobrarlos en 60 días. Para que el pacto se concrete, el 85% de los afectados por el quiebre de la empresa tienen que estar de acuerdo.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes. Los afectados son algo más de 4.000.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa).

Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, le dio al síndico una prórroga de 45 días para entregar la verificación de los créditos, informó el diario uruguayo El Observador. Ese plazo está corriendo pero en paralelo avanza esta negociación para que los damnificados puedan recibir una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado.

El acuerdo establece que se repartirán USD 35 millones en 60 días de forma anticipada, siempre que se alcance a una mayoría del 85% de los créditos del concurso, consignó ese medio uruguayo. El dinero proviene de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

Si se acuerda, también se evitaría que los créditos sean impugnados, algo que llevará demoras mientras el juez resuelve esos cuestionamientos a los créditos fijados en el concurso.

¿Qué dice el texto del acuerdo? La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Según informó La Diaria, el documento establece que sólo se utilizará el producto de las ventas del ganado vendido desde enero de 2025. Queda por fuera, por tanto, todo el dinero recuperado por otras operaciones destinadas a incrementar la masa activa, dispuesta para los acreedores.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó el diario El País.

Los inversores tienen plazo hasta el 12 de mayo para comunicarle al síndico Ciavattone si suscribirán el acuerdo o no.

Dos de los abogados defensores del caso consideran que la solución a la que se arribó es razonable o positiva, otros prefieren consultar a sus clientes antes de expresarse públicamente.

Una duda común es si conviene cortar de inmediato una llamada de un número desconocido o responder y escuchar el motivo del contacto. En un momento donde los intentos de fraude telefónico y la suplantación de identidad crecen sin pausa, esta duda se ha vuelto recurrente.

Los riesgos asociados van desde la exposición de datos personales hasta la posibilidad de que una simple respuesta por voz sea utilizada para autorizar operaciones fraudulentas.

Autoridades como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han advertido que los ciberdelincuentes perfeccionan métodos para aprovechar cualquier descuido. Los expertos coinciden en que la reacción inicial ante este tipo de llamadas son claves para evitar ser víctima de estafas.

Por qué es peligroso responder a una llamada de un número desconocido

Responder una llamada de origen desconocido puede poner en riesgo la seguridad personal y financiera. Según la FTC, los ciberdelincuentes inician la conversación con información alarmante, como la existencia de un supuesto fraude con la tarjeta de crédito o la amenaza de una deuda imprevista.

La reacción emocional que provocan estas afirmaciones es parte de la estrategia para manipular a la víctima. La agencia estadounidense advierte que “ellos lo perciben y dicen que te pueden ayudar. ¿Deberías confiar? No”.

Por su parte, el INCIBE señala que incluso una respuesta simple, como decir “sí”, puede ser grabada y utilizada para autorizar transacciones o contratar servicios sin consentimiento. Los estafadores emplean grabaciones de voz para suplantar identidades ante bancos y empresas.

La pauta de ambos organismos es actuar con extrema cautela y preferir no responder llamadas desconocidas, a menos que se esté esperando una comunicación importante.

Qué preguntas hacer si se responde una llamada desconocida

La FTC aconseja obtener detalles mínimos sobre la entidad que llama, como el nombre de la empresa o el motivo del contacto, y luego finalizar la comunicación sin revelar datos sensibles. Detalles como números de cuenta, contraseñas, códigos de verificación o información bancaria siempre deben quedar protegidos.

El INCIBE agrega que los estafadores pueden conocer datos personales básicos, como el nombre completo o el domicilio, pero esto no significa que sean legítimos.

Los ciberdelincuentes obtienen esta información de bases de datos ilegales o de filtraciones previas, utilizándola para dar credibilidad a su relato. Ante cualquier solicitud de información personal, la respuesta debe ser negativa y la llamada debe terminarse de inmediato.

Cómo saber si la llamada es legítima

La mejor forma de comprobar la autenticidad de una llamada es contactar por vías oficiales a la empresa o institución mencionada por el interlocutor. La FTC sugiere utilizar exclusivamente aplicaciones o sitios web oficiales, así como los números que aparecen en documentos recientes o en el reverso de las tarjetas bancarias.

Es importante evitar buscar el número en internet, porque los estafadores suelen pagar por anuncios para posicionar teléfonos falsos en los primeros lugares de búsquedas.

Los expertos destacan que ningún departamento antifraude genuino exigirá que la conversación se mantenga en secreto ni solicitará datos sensibles bajo presión.

Si existe alguna duda sobre la veracidad de la llamada, conviene consultar con un familiar o amigo antes de actuar. La prudencia y el contraste de información son fundamentales para evitar caer en trampas telefónicas.

Qué riesgos hay al responder con una afirmación una llamada desconocida

Una de las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes consiste en inducir a la víctima a responder con un “sí” a preguntas aparentemente inocentes. Según el INCIBE, el simple hecho de pronunciar esta palabra puede

En ocasiones, tras obtener la grabación, el estafador cuelga sin continuar el diálogo. La grabación de la afirmación puede utilizarse para autorizar operaciones o suscribir contratos.

Esta táctica permite a los ciberdelincuentes usar la grabación para realizar gestiones ante bancos o servicios en nombre de la víctima. Las consecuencias pueden incluir la apertura de cuentas, la contratación de servicios o la manipulación de datos personales.

Una de las técnicas más usadas por los estafadores consiste en solicitar el código de verificación de WhatsApp bajo engaños. El objetivo es apropiarse de las cuentas y suplantar la identidad del titular, generando un gran riesgo para la privacidad y la seguridad de la información.

La obtención del código de verificación por parte de extraños permite a los ciberdelincuentes tomar el control de la cuenta y acceder a la información personal, contactos y conversaciones.

La modalidad más frecuente de este fraude comienza con la llegada de un mensaje o llamada en la que se solicita el código de seis dígitos que la plataforma envía por SMS para registrar una cuenta. Si alguien intenta registrar la cuenta en otro dispositivo, la plataforma enviará una notificación push al titular, advirtiendo sobre el intento.

Por qué es peligroso entregar el código de verificación de WhatsApp

Es una clave temporal que permite validar el acceso de un usuario a la aplicación. Cuando un extraño obtiene este código, puede registrar el número en otro dispositivo y expulsar al titular original de la cuenta.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar tácticas de engaño, simulando ser conocidos, representantes de empresas o incluso miembros del soporte técnico de la plataforma.

Una vez dentro de la cuenta, pueden utilizar la identidad del usuario para solicitar dinero a los contactos o difundir información falsa, sumado a recopilar fotos, videos y archivos almacenados en el as conversaciones.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp frente a ciberataques

La aplicación ha implementado medidas de seguridad adicionales para proteger a los usuarios. Una de las más eficaces es la activación de la verificación en dos pasos.

Para ello, se debe ingresar en Ajustes, seleccionar Cuenta, luego Verificación en dos pasos y establecer un PIN de seis dígitos. Se debe añadir una dirección de correo, porque esta permite restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger la cuenta.

Otra medida de protección es la revisión periódica de los dispositivos vinculados a la cuenta. Desde el menú de WhatsApp, el usuario puede acceder a la opción Dispositivos vinculados y verificar si hay sesiones abiertas en dispositivos desconocidos.

En caso de detectar actividad sospechosa o estafas, es posible cerrar la sesión de inmediato. Se aconseja ignorar cualquier correo o mensaje no solicitado que invite a restablecer el PIN o el código de registro.

Qué información sensible almacena una cuenta de WhatsApp

Una cuenta de WhatsApp resguarda datos personales que van más allá de simples mensajes. El historial de conversaciones privadas y grupales puede contener direcciones, números de teléfono, documentos, imágenes, videos y mensajes de voz.

Asimismo, muchas personas utilizan la aplicación para compartir información laboral, detalles bancarios, datos médicos o archivos sensibles, lo que incrementa el valor de la cuenta para los delincuentes.

El acceso a la agenda de contactos representa otro riesgo, porque los estafadores pueden usar esa información para suplantar la identidad del usuario y contactar a familiares, amigos o colegas con fines fraudulentos.

Otro riesgo es que pueden obtener información sobre la actividad en línea, horarios habituales de conexión y preferencias de comunicación, lo que facilita la elaboración de engaños personalizados.

Cómo actuar ante la sospecha de una tentativa de fraude a través de WhatsApp

Ante la sospecha de un intento de suplantación, no se debe responder a solicitudes de códigos de verificación y reportar cuanto antes el incidente a la plataforma.

Si se pierde el acceso a la cuenta, se debe intentar recuperarla mediante el proceso de verificación oficial de WhatsApp y, si es necesario, informar a los contactos sobre el posible fraude para evitar la propagación del engaño.

La prevención y el uso de todas las medidas de seguridad que ofrece la aplicación refuerzan la protección de los datos personales y la integridad digital.

Las estafas telefónicas han evolucionado y utilizan recursos sofisticados para engañar a sus víctimas. Una llamada inesperada con frases alarmantes como “has ganado un premio” o “tu dinero está en riesgo” puede convertirse en la puerta de entrada para el robo de datos personales y pérdidas económicas.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores recurren a técnicas de persuasión y manipulación emocional, buscando que las personas tomen decisiones apresuradas sin verificar la veracidad de la información recibida.

La FTC señala que estas llamadas pueden provenir de supuestas entidades bancarias, empresas de sorteos reconocidas o funcionarios de agencias gubernamentales.

El objetivo principal de estas comunicaciones fraudulentas es obtener pagos o información sensible, utilizando el miedo o la promesa de una recompensa inmediata.

Por qué una llamada que anuncia un premio suele ser un fraude

Recibir una llamada en la que se anuncia que se ha ganado un premio puede ser tentador. La FTC advierte que estos anuncios, en la mayoría de los casos, forman parte de una estrategia para obtener dinero a través de supuestos cargos de impuestos, gastos de envío o procesamiento.

La persona que llama suele identificarse como representante de empresas conocidas para dotar de legitimidad al engaño. Según la FTC, nunca se debe pagar ninguna suma para reclamar un premio legítimo. “Si te dicen que hay que pagar un cargo para obtener tu premio, es una estafa”, enfatiza la agencia.

Estos ciberdelincuentes buscan que la víctima actúe rápidamente, presionando para que el pago se realice antes de que la persona tenga tiempo de reflexionar o investigar.

Qué pasa si los estafadores conocen información personal de la víctima

Los estafadores pueden contar con datos básicos sobre sus víctimas, como nombre completo, dirección o detalles bancarios. Esta información puede haber sido obtenida a través de compras de bases de datos ilegales o filtraciones de seguridad.

Según la FTC, el hecho de que la persona que llama conozca ciertos detalles personales no garantiza la autenticidad de la llamada.

Muchas víctimas bajan la guardia al escuchar información precisa sobre sus cuentas o movimientos bancarios. La FTC subraya que los atacantes utilizan estos datos para ganar confianza y crear una sensación de urgencia, lo que facilita que la persona comparta información adicional o realice pagos injustificados.

Cuáles frases utilizan los estafadores para provocar miedo y manipular

Entre las expresiones más usadas por los estafadores se encuentran: “su dinero está en riesgo”, “su cuenta será bloqueada”, “tiene una deuda pendiente de impuestos” y “sus beneficios terminarán hoy”.

Estas frases buscan generar pánico y confusión, impulsando a la víctima a actuar sin consultar a familiares o buscar asesoramiento externo. El aislamiento es un recurso clave para evitar que la persona reciba una segunda opinión y pueda detectar la estafa a tiempo.

De acuerdo con la FTC, los estafadores suelen sugerir no contarle a nadie sobre la llamada. “Ningún departamento contra el fraude legítimo te dirá que mantengas la llamada en secreto”, advierte la comisión.

Qué pasos sugieren las autoridades para protegerse de estafas telefónicas

La FTC sugiere tomar medidas inmediatas ante cualquier llamada sospechosa. El primer paso consiste en obtener información básica, como el nombre de la empresa o banco que supuestamente llama, y luego cortar la comunicación.

Posteriormente, se debe verificar de manera independiente la información a través de canales oficiales, como aplicaciones o sitios web verificados.

Asimismo, es clave nunca utilizar números de teléfono que aparecen en buscadores, porque existen anuncios pagados por estafadores que pueden figurar en los primeros lugares.

La FTC aconseja utilizar solamente los contactos que aparecen en documentos oficiales, como extractos bancarios o el reverso de tarjetas. Otro punto clave es conversar con una persona de confianza antes de realizar cualquier pago o compartir información puede evitar pérdidas económicas.

El abogado Pedro De La Madrid fue condenado este jueves por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Ocurrió en el marco de una audiencia de juicio abreviado, en la que el propio imputado admitió ante la justicia su responsabilidad en los delitos que le atribuían.

La acusación del proceso estuvo a cargo de la fiscal Daniela Montangie y concluyó con un acuerdo entre las partes para la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. Este arreglo incluye el traslado del letrado a una unidad penal en cuanto la condena quede firme. La resolución definitiva del caso quedó a cargo del vocal Germán Dri, quien evaluará la homologación del acuerdo y deberá dictar sentencia en los próximos días.

Según consta en la investigación, De La Madrid reconoció su responsabilidad en varias conductas delictivas. Fue sentenciado por: tres hechos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación de instrumento público, uso de documento público falsificado y dos episodios de estafa procesal.

Además, la causa suma hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

Una joven fue detenida en La Plata por hacerse pasar por una abogada y estafar a un hombre por 31 millones de pesos. De esta manera, será imputada por los delitos de falsificación y estafa.

La acusada, identificada como Noelia Virginia Rajoy, de 25 años, fue aprehendida por personal de la DDI La Plata tras una investigación que se extendió por varios meses. Según la causa, Rajoy construyó una fachada convincente, valiéndose de redes sociales y documentación apócrifa para captar víctimas y simular una trayectoria profesional que nunca existió.

La maniobra estuvo dirigida principalmente a personas con recursos económicos o que atravesaban situaciones de vulnerabilidad legal. La estrategia de Rajoy incluía desde la oferta de cargos inexistentes en el Poder Judicial bonaerense hasta el envío de falsas intimaciones por supuestas deudas, utilizando sellos y logos oficiales.

Según informó el portal LaBuenaInfo, la causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de Guillermo Atencio. La investigación se inició en junio de 2025 a raíz de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Según el expediente, Rajoy habría organizado fraudulentamente una convocatoria para supuestos ingresos al Poder Judicial, incluyendo la realización de un falso examen de ingreso.

La mujer utilizaba perfiles activos en Instagram y LinkedIn para promocionar servicios legales y presentarse como abogada. La consulta posterior al registro de graduados de la Universidad Nacional de La Plata permitió comprobar que Noelia Rajoy no figuraba como egresada de esa casa de estudios. Este dato fue clave para profundizar la pesquisa y desmontar la red de engaños.

El operativo policial incluyó un allanamiento en una vivienda de Olmos, donde se secuestró un título universitario falso a nombre de la acusada, junto con documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la maniobra. El análisis forense de los dispositivos permitió reconstruir el método utilizado para captar y estafar a las víctimas.

El eje más grave de la investigación se centra en la estafa cometida contra un hombre de 56 años, quien fuera padre de la pareja de la acusada. Aprovechando el vínculo familiar y con conocimiento de que la víctima había cobrado una suma considerable tras jubilarse, Rajoy creó una cuenta de correo electrónico falsa, con el logo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desde donde enviaba intimaciones por supuestas deudas.

Presentándose como abogada, le exigió reiteradamente pagos para cancelar esas falsas intimaciones. Según la reconstrucción efectuada por los investigadores, logró apoderarse de 31 millones de pesos mediante este mecanismo. La víctima entregaba el dinero convencido de que estaba resolviendo deudas reales ante organismos oficiales.

Los delitos que se le imputan a Rajoy incluyen estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de títulos. El caso reúne pruebas materiales y electrónicas que refuerzan la acusación y permiten reconstruir la modalidad empleada para perpetrar los fraudes.

Este último miércoles, la DDI La Plata montó una vigilancia en la vivienda de la acusada, ubicada en 204 entre 47 y 49. Cuando salió del domicilio, fue interceptada y detenida. En el momento de la captura, se le secuestró el teléfono celular que llevaba consigo, el cual será analizado para obtener más información sobre el alcance de la estafa y la posible existencia de nuevas víctimas.

En este momento, permanece detenida y será trasladada en las próximas horas a sede judicial para prestar declaración indagatoria. La investigación prevé nuevas diligencias destinadas a identificar si hubo más damnificados y determinar si actuó sola o contó con la colaboración de terceros.

La Fiscalía y el Juzgado de Garantías evaluarán las medidas cautelares y las pruebas existentes, mientras la acusada enfrenta cargos graves que podrían derivar en una condena significativa. La pesquisa avanza sobre la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, que serán peritados en busca de nuevas evidencias.

En 2016, en la plataforma Uber en China se registró una estafa que algunos podrían calificar como paranormal: conductores editaban como fantasmas sus fotos de perfil para asustar a los usuarios y provocar la cancelación del viaje, lo que les permitía cobrar la tarifa correspondiente.

Aunque el monto por cancelación era bajo, representaba un ingreso adicional para los conductores sin necesidad de realizar el servicio.

Según el portal chino NBD News, se reportaron casos de “conductores fantasma” en varias ciudades del país, incluyendo Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xiamen, Beijing, Shanghai, Zhengzhou y Suzhou.

Algunos pasajeros informaron que sus viajes eran aceptados, pero el conductor comenzaba el trayecto en la aplicación antes de que el usuario abordara el vehículo. Estos “viajes fantasma” duraban menos de un minuto y el conductor cobraba entre 8 y 15 yuanes (aproximadamente 1 o 2 dólares) por un viaje inexistente.

Según el medio estatal The Paper, las llamadas a los conductores en estos casos no eran atendidas. No obstante, Uber China ofrecía la posibilidad de reembolso si el pasajero presenta una queja formal.

Cómo era la estafa de conductores de Uber fantasma en China

La estafa de los “conductores fantasma” en Uber China consistía en que, en 2016, algunos conductores utilizaban imágenes de perfil alteradas con rostros perturbadores o figuras tipo zombi para provocar que los usuarios cancelaran el viaje por miedo. De este modo, los estafadores obtenían la tarifa de cancelación, que aunque era baja, representaba un ingreso sin necesidad de trabajar.

En otros casos, los conductores iniciaban y finalizaban el viaje en la aplicación sin recoger al pasajero, cobrando entre 8 y 15 yuanes por trayectos que nunca se realizaban. Este tipo de fraude fue reportado en ciudades como Beijing y Shanghai y afectó a numerosos usuarios de la plataforma.

Qué hizo Uber ante esta situación

Ante la aparición de la estafa de “conductores fantasma” en China, Uber implementó medidas para proteger a los usuarios. La empresa facilitó el reembolso de las tarifas cobradas en estos casos a quienes presentaban una queja formal a través de la plataforma.

Además, Uber reforzó los controles sobre los perfiles de los conductores y mejoró los mecanismos de verificación para evitar el uso de imágenes falsas o perturbadoras, buscando reducir la incidencia de este tipo de fraudes en el país.

“Hemos tomado medidas inmediatas y hemos bloqueado estas cuentas individuales denunciadas por fraude, al tiempo que continuamos investigando y combatiendo cualquier comportamiento fraudulento para proteger los intereses de los pasajeros y los conductores”, escribió un portavozde Uber a Quartz, cuando ocurrieron los casos de estafa.

Cómo utilizar plataformas como Uber de forma segura

Utilizar plataformas de transporte como Uber de forma segura requiere adoptar una serie de precauciones antes, durante y después de cada viaje.

Antes de solicitar un trayecto, verifica que la aplicación esté actualizada y activa la ubicación en tiempo real para compartirla con familiares o amigos. Revisa cuidadosamente los datos del conductor: nombre, foto, modelo y matrícula del vehículo deben coincidir exactamente con los que aparecen en la aplicación antes de abordar.

Durante el viaje, si es posible, viaja en el asiento trasero y utiliza el cinturón de seguridad. Mantén siempre tu teléfono cargado y a mano. Si notas comportamientos extraños del conductor o una ruta inusual, comunícalo de inmediato a la plataforma a través de la función de ayuda o seguridad, disponible en la app.

Evita compartir información personal irrelevante y, en trayectos nocturnos, prioriza zonas bien iluminadas para el ascenso y descenso.

Al finalizar el viaje, verifica que no dejas objetos personales en el vehículo y valora la experiencia mediante el sistema de calificación.

Uber cuenta con mecanismos de soporte y reembolso ante incidentes, por lo que es fundamental reportar cualquier anomalía. Estas medidas ayudan a mantener una experiencia segura y confiable para usuarios y conductores.

Un nuevo esquema pone en riesgo las cuentas de quienes reciben la Pensión Bienestar tras los depósitos correspondientes a abril.

Las y los beneficiarios han denunciado mensajes de texto y llamadas que buscan obtener datos personales y bancarios, con el objetivo de vaciar sus cuentas.

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar emiten recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes.

La modalidad consiste en que personas se hacen pasar por empleados del Banco del Bienestar y contactan a los usuarios a través de mensajes, llamadas o WhatsApp.

Ofrecen supuestos préstamos, créditos o solicitan información sensible bajo la promesa de beneficios o para “actualizar datos” tras un falso ataque informático.

La institución aclara que no ofrece créditos ni solicita datos personales por estos medios.

El Banco del Bienestar advierte que si el apoyo no está publicado en los canales oficiales, como la página de la Secretaría del Bienestar o redes sociales verificadas, se trata de un engaño.

Las autoridades piden reportar cualquier intento de fraude a la Línea del Bienestar 800 639 42 64 y evitar compartir información bancaria, números de tarjeta o fotografías de identificaciones.

Cómo prevenir este fraude

• No compartas datos personales, bancarios ni fotografías de identificaciones por mensaje, llamada o WhatsApp.
• No respondas a números desconocidos que soliciten información sobre tu cuenta o pensión.
• Revisa siempre la información en los canales oficiales: gob.mx/bienestar y redes sociales verificadas de la Secretaría del Bienestar y Banco del Bienestar.
• No abras enlaces ni descargues archivos enviados por números desconocidos.
• No aceptes ofertas de préstamos o beneficios que no estén publicados en portales oficiales.
• Reporta cualquier intento de fraude a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.
• Si tienes dudas, acude de manera presencial a una sucursal del Banco del Bienestar o módulo de la Secretaría del Bienestar.

Pasos para identificar la estafa

• El mensaje o llamada tiene errores ortográficos o de redacción.
• Te presionan para actuar rápido o te amenazan con perder tu dinero si no sigues instrucciones.
• Solicitan datos personales, bancarios o fotografías de identificaciones.
• Ofrecen préstamos, créditos o beneficios inesperados.
• El supuesto trámite o beneficio no aparece en los canales oficiales.
• Te piden transferir dinero o depositar efectivo en cuentas ajenas o tiendas de conveniencia.
• El contacto no corresponde a los números oficiales de la Secretaría del Bienestar o Banco del Bienestar.

Una mujer de 59 años denunció que su hija la estafó durante varios años y se apropió del cobro de su pensión por discapacidad en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba. La víctima aseguró que su hija, de 44 años la engañó de manera constante y mientras su hija recibía el dinero, ella vivía en duras condiciones.

El hecho sucedió en Deán Funes y según los medios locales, la hija de 44 años de la víctima, se incautó el dinero de la pensión. La madre fue engañada a través de distintas tácticas de manipulación. Al principio le dijo que solo cobraba una parte del beneficio. Con el pasar de los meses, aunque la imputada seguía cobrando el beneficio, ella aseguraba a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Como resultado de la estafa, la damnificada quedó sin ingresos y vivió una mala situación económica, según señaló ElDoce.TV. Tuvo consecuencias materiales severas ya que al quedar sin ingresos, debió vender sus muebles y pertenencias personales. Además, solicitó préstamos a familiares para cubrir gastos básicos y medicamentos para poder subsistir en medio de la crisis que estaba sufriendo.

Actualmente, el delito ya fue oficialmente denunciado y la mujer de 44 años quedó imputada. La Justicia investiga el caso y el posible involucramiento de la mujer en otras estafas que podrían agravar su proceso judicial.

El año anterior, el Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones por presuntas irregularidades. Las investigaciones revelaron que familiares directos, como hijos o esposas, continuaban cobrando beneficios de titulares fallecidos o sin reunir los requisitos legales. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los fondos estatales lleguen únicamente a quienes cumplen con las condiciones exigidas por la ley y dependen del beneficio para cubrir sus necesidades básicas.

Otra detenida por estafa

En otro episodio reciente vinculado a fraudes contra personas con discapacidad, una mujer fue detenida en La Plata tras ser acusada de utilizar la tarjeta de crédito de una compañera para realizar compras y abonar servicios durante más de dos meses. La denunciante, también beneficiaria de una pensión por discapacidad, advirtió movimientos irregulares en su cuenta y comprobó que se habían efectuado consumos en supermercados, tiendas de electrodomésticos, pasajes y hasta el pago de la factura de gas sin su autorización.

La investigación determinó que la acusada, quien compartía actividades laborales con la víctima, se apropió de la tarjeta y la utilizó en reiteradas ocasiones. Entre los gastos relevados por la Justicia figuran compras de mercadería, pasajes de transporte y transacciones en comercios de distintos rubros. Las autoridades procedieron al secuestro de elementos vinculados a la causa y la mujer quedó imputada por el delito de defraudación.

La situación motivó que la sospechosa fuera apartada de su puesto de trabajo mientras avanza la causa judicial. El caso, difundido por ElDoce.TV, expone la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad frente a maniobras de abuso y apropiación fraudulenta de sus recursos, sumando preocupación en torno al acceso y la protección de sus derechos económicos y sociales.

Muchas víctimas, no logran advertir a tiempo los fraudes debido a la confianza depositada en familiares o conocidos que administran sus recursos. En la mayoría de los casos, el acceso irregular a los haberes impacta directamente en la calidad de vida de los damnificados y compromete su acceso a tratamientos médicos, vivienda y alimentación.

Ante el incremento de denuncias, el Estado reforzó las campañas de concientización para prevenir este tipo de delitos, poniendo énfasis en la importancia de realizar denuncias tempranas y brindar acompañamiento jurídico y social a los afectados.

Uno de los fraudes más extendidos en los últimos años en WhatsApp se conoce como la “estafa del familiar en apuros”. Este engaño afecta a miles de personas en distintos países y consiste en la suplantación de identidad de un ser querido para lograr un único objetivo: obtener dinero de manera fraudulenta.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha alertado que los ciberdelincuentes aprovechan el vínculo emocional y la urgencia para manipular a sus víctimas y sustraer fondos de sus cuentas bancarias.

El método se basa en un mensaje que simula provenir de un hijo, hija u otro familiar cercano, quien afirma haber perdido su teléfono y utiliza un número nuevo.

En ese primer contacto, se solicita mantener la comunicación por WhatsApp y, a continuación, se relata una situación desesperada que requiere una transferencia inmediata de dinero.

Cómo es el modus operandi de esta modalidad de estafa

Todo inicia con un SMS que puede pasar inadvertido entre otros mensajes cotidianos. El texto, dirigido a una madre, padre o familiar cercano, afirma: “Hola mamá, perdí mi celular y este es mi nuevo número. ¿Puedes guardarlo y mandarme un mensaje de WhatsApp, por favor?”.

Así, la víctima cree estar hablando con su hijo, quien habría cambiado de número por una emergencia. De acuerdo con el INCIBE, al responder y continuar la conversación en WhatsApp, la persona queda expuesta al engaño.

El estafador, haciéndose pasar por el familiar, describe una situación de urgencia y solicita dinero para resolver un supuesto problema. Muchas personas realizan la transferencia pensando que ayudan a un ser querido, solo para descubrir después que han sido víctimas de un fraude.

Qué variantes existen y cómo logran hacer más creíble el engaño

Aunque en muchos casos los estafadores envían mensajes masivos a números aleatorios, existen variantes más sofisticadas donde la estafa es dirigida.

En estos casos, los ciberdelincuentes seleccionan a su víctima y recopilan información personal a través de redes sociales para aumentar la credibilidad del mensaje. Así, pueden incluir datos específicos sobre la vida familiar, los nombres de hijos o detalles sobre viajes recientes.

El INCIBE advierte que los pretextos más comunes aluden a robos, accidentes domésticos, averías tecnológicas o viajes. Un mensaje típico podría relatar que el supuesto hijo ha perdido la maleta durante un viaje y necesita comprar un ordenador o pagar una factura urgente.

Cuáles son las señales de alerta más frecuentes de esta modalidad de fraude

Detectar el fraude a tiempo puede evitar pérdidas económicas. Algunas señales de alerta identificadas por el INCIBE incluyen mensajes con tono urgente y emocional, contacto desde números desconocidos, peticiones de dinero inesperadas y errores en la escritura del mensaje.

Además, los estafadores suelen pedir a la víctima que actúe con rapidez y mantenga la situación en secreto. En este sentido, los expertos sugieren prestar atención a cualquier mensaje sospechoso que solicite dinero de forma inmediata, especialmente si la historia resulta poco creíble o dramática.

Una clave en todo momento es verificar la identidad del remitente antes de realizar transferencias es fundamental para evitar este tipo de fraudes.

Qué medidas ayudan a protegerse ante las estafas digitales

La prevención es la herramienta más eficaz contra la “estafa del familiar en apuros”. El INCIBE aconseja intentar contactar al familiar supuestamente afectado por otra vía distinta a WhatsApp, como una llamada telefónica tradicional.

Asimismo, entre otras medidas sugeridas está Implementar una palabra clave familiar para situaciones de emergencia puede servir como mecanismo de verificación.

Otras pautas incluyen desconfiar de mensajes que emplean un lenguaje o expresiones inusuales, evitar actuar con prisas y no realizar transferencias sin comprobar la veracidad del relato.

Es esencial ser cuidadoso con la información que se publica en redes sociales, porque los ciberdelincuentes pueden usar estos datos para hacer que el engaño resulte más convincente.

Un nuevo tipo de amenaza digital acecha a usuarios de servicios populares como WhatsApp y Google Chrome. Bajo la apariencia de anuncios legítimos, un sofisticado troyano brasileño ha logrado burlar sistemas de seguridad y vaciar cuentas bancarias sin ser detectado. El malware, conocido como GoPix, ha impactado a miles de personas y pone en alerta a especialistas en ciberseguridad de todo el mundo.

Desde 2023, GoPix ha protagonizado una oleada de ataques mediante campañas de publicidad engañosa, afectando tanto a bancos como a usuarios de criptomonedas. Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, se han registrado cerca de 90.000 intentos de infección hasta marzo de este año, confirmando la magnitud del problema.

Cómo funciona el ataque de publicidad maliciosa

El método principal de propagación de GoPix es la publicidad maliciosa o malvertising. Los ciberdelincuentes colocan anuncios fraudulentos en plataformas como Google Ads, imitando servicios reconocidos para atraer a sus víctimas. Entre los señuelos más utilizados figuran páginas falsas que simulan ser WhatsApp, Google Chrome o el servicio postal brasileño Correios.

Cuando una persona hace clic en estos anuncios, es redirigida a páginas web que, aunque parecen auténticas, han sido diseñadas para engañar tanto a usuarios como a sistemas de análisis automatizados. Antes de desplegar el código malicioso, GoPix realiza una evaluación de la dirección IP del visitante mediante sistemas legítimos de reputación.

Solo cuando el troyano confirma que está frente a una víctima potencial, ejecuta la infección. Si detecta que el visitante podría ser un sistema automático de análisis, suspende cualquier acción, evitando así ser identificado por laboratorios de ciberseguridad.

GoPix ha evolucionado rápidamente, incorporando técnicas propias de amenazas persistentes avanzadas (APT). Esta sofisticación le permite cargar módulos directamente en la memoria del equipo, evitando dejar rastros en el disco duro y dificultando el trabajo de las herramientas de detección tradicionales basadas en reglas YARA.

El responsable de las unidades de América y Europa del equipo Kaspersky GReAT, Fabio Assolini, ha subrayado que “GoPix ha alcanzado un nivel de sofisticación nunca visto antes en malware originado en Brasil”. Esta declaración pone en evidencia la gravedad del problema y el reto que supone para los sistemas de defensa digital.

GoPix no solo afecta al dispositivo, sino que compromete directamente el dinero, la privacidad y la seguridad digital de la víctima. Su capacidad para evadir mecanismos de protección lo convierte en una amenaza especialmente compleja para bancos y usuarios de criptodivisas.

Qué buscan los ciberdelincuentes con estos ataques

Una vez instalado, GoPix es capaz de llevar a cabo ataques de tipo man-in-the-middle, interceptando las comunicaciones entre el usuario y los servicios que utiliza. Este método le permite monitorizar y modificar transacciones financieras, especialmente aquellas realizadas a través del sistema Pix y comprobantes de pago Boleto.

El malware tiene la capacidad de interceptar, observar y alterar el tráfico de red, lo que le permite manipular operaciones con criptomonedas. Al modificar los datos en tiempo real, los ciberdelincuentes pueden desviar fondos sin que la víctima lo advierta en el momento.

Cómo evitar caer en la trampa

Ante el avance de GoPix, los especialistas en ciberseguridad han emitido una serie de recomendaciones concretas. El objetivo es reducir las probabilidades de infección y proteger tanto los dispositivos como las finanzas personales y empresariales.

En primer lugar, se aconseja evitar hacer clic en anuncios digitales sospechosos, especialmente aquellos que prometen servicios gratuitos o promociones demasiado atractivas. Los anuncios en motores de búsqueda como Google Ads pueden ser utilizados como puerta de entrada para este tipo de ataques.

La descarga de aplicaciones y programas debe realizarse exclusivamente desde tiendas oficiales o canales directos de los proveedores. Instalar software desde sitios no verificados aumenta considerablemente el riesgo de infección.

Otra recomendación clave es el uso de soluciones integrales de protección digital. Estas herramientas permiten salvaguardar las transacciones en línea y ofrecen capas adicionales de defensa frente a malware avanzado. Es fundamental verificar siempre la autenticidad de los sistemas de pago antes de realizar cualquier operación financiera.

Mantener el sistema operativo y los programas actualizados constituye una de las mejores defensas frente a amenazas como GoPix. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que cierran vulnerabilidades aprovechadas por los ciberdelincuentes.

Debido a las dificultades económicas que tienen las familias de varias regiones de Colombia, el fútbol se convierte en una oportunidad para salir adelante en la vida de algunos jóvenes.

Casos como los de Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y otros deportistas que lograron sacar adelante a sus familias a través del deporte hacen que el sueño de ser futbolistas sea una constante en la juventud.

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Precisamente, aprovechándose de los sueños de varias familias, Mario Esteban Echavarría Londoño, técnico de la escuela de fútbol Roca Roma, en Barranquilla, fue denunciado ante la Fiscalía por presuntamente quedarse con 30 millones de pesos.

La denuncia fue realizada por Eduardo Ortega, presidente del club mencionado, que en diálogo con BluRadio reveló detalles de la denuncia contra el entrenador.

Ortega informó que el técnico habría convencido a varias familias de entregarles dinero para llevar a los menores de la categoría a jugar un campeonato en Medellín, Antioquia.

Echavarría Londoño habría logrado engañar a 20 familias y, luego de recibir el efectivo, las familias descubrieron el engaño tras no reunirse con el entrenador el 30 de marzo, fecha en la que los citó para comenzar con el viaje.

El último padre de familia que habló con el entrenador lo hizo a través de una llamada en la noche del 28 de marzo; desde entonces el preparador deportivo dejó de contestar los mensajes de los representantes legales de los niños que entrenó durante varios meses.

Buscando respuestas, los padres de familia llegaron hasta la vivienda de Echavarría, en donde confirmaron que el entrenador se marchó, “dejando a los niños y a todos en la escuela en una incertidumbre total”, declaró el presidente de la escuela.

Además de la denuncia que han hecho los padres de familia, el club Roca Roma también ha demandado al entrenador, puesto que “a nombre de la escuela recaudó dinero para un supuesto viaje a la ciudad de Medellín” y ha dañado la imagen que tenía el club en la región.

El descubrimiento de antecedentes previos relacionados con el caso provocó una reacción de indignación entre quienes resultaron afectados. Durante el proceso de denuncia, las autoridades informaron a los directivos que la persona involucrada ya tenía una anotación por el delito de estafa registrada en 2018. Esta información sorprendió a los denunciantes, quienes consideran que la situación agrava la gravedad de los hechos y pone en duda los controles previos existentes.

Sumado a ello, identificaron que Echavarría también solicitó créditos con “pagadiarios” a los que les indicó que el dinero sería devuelto por el presidente del club. “También me tocó colocar la denuncia de mi hija, porque ya la están amenazando unos grupos al margen de la ley por un dinero que nosotros no recibimos”, relató el dirigente.

Los padres de los menores enfrentan una situación económica complicada. Según testimonios, varias familias recurrieron a préstamos informales y de alto interés para costear la oportunidad que sus hijos esperaban. Una madre relató que, para cumplir el sueño de su hijo, tuvo que acudir a un ‘pagadiario’, lo que ha generado una carga financiera adicional en los hogares afectados y ha profundizado la preocupación por las consecuencias de la situación vivida.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado la ubicación de Mario Esteban Echavarría Londoño, del que los directivos del club no tienen información sobre el lugar del que es oriundo o si tendría familiares radicados en la región. A través de redes sociales, los padres de familia piden ayuda de los internautas para ubicar al entrenador y que puedan recuperar el dinero.

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de verificar cualquier comunicación que implique la modificación de cuentas bancarias, recomendando tratar estas solicitudes como potencialmente fraudulentas hasta confirmar su autenticidad. Según publicó la agencia de noticias, los funcionarios policiales han detectado un incremento en las llamadas “estafas del hombre en el medio”, un método mediante el cual delincuentes intervienen correos electrónicos de organismos públicos, especialmente pequeños ayuntamientos, con el objetivo de manipular información adjunta y desviar pagos a cuentas bajo su control.

De acuerdo con la información difundida este martes por la Policía Nacional, la mecánica de esta estafa consiste en interceptar mensajes electrónicos que contienen facturas u otros documentos financieros. Una vez tienen acceso a estos archivos, los delincuentes alteran los datos bancarios del destinatario, sustituyendo la cuenta legítima por otra gestionada por el grupo criminal. Esta maniobra permite que las administraciones depositen fondos en la cuenta de los estafadores en lugar de la del proveedor real, consignó el comunicado recogido por diversos medios.

El medio reportó que las autoridades han focalizado sus advertencias, en primer lugar, hacia las administraciones locales, entre las que se han documentado nuevos casos de estas prácticas delictivas en los últimos meses. Los ciberdelincuentes aprovechan la gestión digital de facturas y la tendencia creciente al uso del correo electrónico para formalizar pagos y transferencias, una situación que ha elevado el riesgo para las entidades de menor tamaño y recursos limitados.

Entre las recomendaciones emitidas por la Policía Nacional se destaca la necesidad de implementar medidas de verificación directa con los emisores de facturas antes de autorizar cualquier transferencia. Han aconsejado abstenerse de realizar desembolsos hasta contar con la completa seguridad sobre la legitimidad de los datos y efectuar comprobaciones telefónicas utilizando exclusivamente números de contacto previamente verificados y conocidos, en lugar de los números que puedan aparecer en los mensajes donde se solicita un cambio de cuenta bancaria.

El comunicado, según consignó el medio, incide en la necesidad de mantener todos los dispositivos, aplicaciones, sistemas operativos y plataformas de gestión actualizados con los últimos parches de seguridad disponibles. Se propone también revisar regularmente las configuraciones y niveles de protección de los sistemas informáticos para evitar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los atacantes.

La Policía Nacional ha recordado a quienes hayan sido víctimas de esta modalidad delictiva que deben contactar con su entidad bancaria para tratar de revertir la transferencia fraudulenta lo antes posible. Además, recomienda presentar una denuncia formal en cuanto se detecte la irregularidad, con el fin de facilitar la investigación policial y aumentar las posibilidades de recuperar los fondos desviados.

El fenómeno ha ganado relevancia ante la digitalización acelerada de procesos administrativos en la administración pública. La interceptación y alteración de documentos digitales se ha convertido en una estrategia utilizada por redes criminales, buscando aprovechar la ausencia de procedimientos estrictos de validación en algunas dependencias. Tal como remarcó la Policía Nacional, cualquier comunicación vinculada a cambios de información bancaria debe causarse como sospechosa y ser cotejada hasta descartar cualquier posibilidad de fraude.

Las autoridades insisten en continuar reforzando la ciberseguridad en la gestión pública y privada, impulsando una mayor formación y sensibilización entre el personal encargado de autorizar pagos electrónicos. Esta serie de recomendaciones tiene como objetivo reducir la incidencia de fraudes y proteger los recursos públicos de maniobras cada vez más sofisticadas, según puntualizó el cuerpo policial.

Toda la información difundida hasta el momento pone de manifiesto la creciente amenaza que representa el uso fraudulento del canal electrónico para la interceptación y modificación de datos bancarios. El llamamiento a la prudencia en la gestión de pagos y a la adopción de buenas prácticas tecnológicas se inscribe en el marco de las acciones preventivas que promueven las fuerzas de seguridad para contrarrestar los efectos de la ciberdelincuencia.

Durante el domingo 29 de marzo de 2026 se confirmaron detalles de una intervención coordinada de las autoridades distritales, lo que permitió el retiro de 15 postes instalados de forma irregular en el agroparque El Uval - La Requilina, ubicado en Usme, al extremo sur oriente de la capital del país, donde redes de tierreros fingieron la existencia de servicios públicos para vender de manera fraudulenta 200 lotes, aproximadamente, en una zona protegida.

El operativo, que duró más de ocho horas, fue realizado por entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, la Alcaldía Local de Usme, las secretarías de Gobierno, Hábitat y Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la empresa Enel, según información oficial difundida por la entidad que se encarga de velar por la protección de los habitantes de la ciudad.

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La remoción de estos postes ilegales buscó frenar el avance de ocupaciones prohibidas en un área sujeta a especial protección ambiental, teniendo en cuenta que los delincuentes se aprovechan de los terrenos que se encuentran sin mayor vigilancia para adelantar estos negocios fraudulentos.

Las autoridades confirmaron que algunos de los postes habían sido robados de redes eléctricas o de telecomunicaciones para posteriormente ser instalados en este terreno apartado para simular que se estaba construyendo un nuevo complejo de viviendas en el sector.

Y es que la infraestructura “estaba siendo utilizada para alimentar conexiones eléctricas clandestinas en predios donde está prohibido construir, por tratarse de una zona ambiental de especial protección”.

Esta infraestructura clandestina ocasionaba, de acuerdo con las autoridades, fallas recurrentes y bajones de energía en fincas cercanas por la sobrecarga de las redes. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la instalación de postes y cercas respondía a una estrategia para otorgar apariencia de legalidad a los terrenos y facilitar su comercialización, con el fin de que los interesados en comprar entregaran su dinero más rápido.

Durante el procedimiento, se desmantelaron también dos ocupaciones ilegales, se retiraron cercados utilizados para delimitar predios que no estaban autorizados y se recogieron 45 metros cúbicos de residuos de construcción empleados para adecuar los lotes, puesto que esto hacía parte del engaño orquestado por los delincuentes.

Asimismo, se confirmó el valor de las ofertas falsas, que alcanzaban precios que oscilaban entre $18 y $22 millones por predio, pese a la prohibición total de urbanización de la zona.

Ante esta situación se pronunció César Restrepo, secretario de Seguridad, que rechazó este tipo de acciones en la capital, puesto que muchas personas se ven afectadas al perder todo su dinero: “No vamos a permitir que estos delincuentes sigan engañando a familias humildes ni destruyendo zonas de protección ambiental. Aquí estamos desmontando no solo postes, sino un modelo criminal que busca lucrarse vendiendo falsas expectativas de vivienda en terrenos donde está prohibido construir”.

Cabe mencionar que en febrero de 2026 fue capturado un hombre en flagrancia por adelantar labores de construcción en una urbanización ilegal que había sido levantada sin permisos y en un área rural protegida de la localidad de Usme.

“Las autoridades explicaron que este tipo de urbanizaciones clandestinas no solo vulneran la normatividad de ordenamiento territorial, sino que además ponen en riesgo ecosistemas estratégicos. Por si fuera poco, quienes compran estos lotes suelen perder su inversión cuando las construcciones son intervenidas por el Distrito; esto ocurre porque suelen ser víctimas de estafas de los denominados ‘tierreros’”, indicó el reporte de la Alcaldía de Bogotá, en el que se advierte a la comunidad por los riesgos de creer en este tipo de ofertas fraudulentas.

WhatsApp envía un código de seis dígitos cuando se intenta iniciar sesión en la cuenta desde un nuevo teléfono móvil. Este código sirve para verificar la identidad del usuario, pero recientemente se ha convertido en una herramienta utilizada en estafas para robar cuentas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advirtió que los ciberdelincuentes contactan a las víctimas y, si estas comparten el código, los atacantes pueden instalar la cuenta de WhatsApp en su propio dispositivo.

De este modo, logran suplantar la identidad de la víctima y solicitar dinero o datos sensibles a sus contactos.

Cómo es la estafa de los 6 dígitos de WhatsApp

La estafa de los seis dígitos de WhatsApp es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para tomar el control de cuentas ajenas y suplantar identidades.

El mecanismo aprovecha el proceso legítimo de verificación de WhatsApp: cada vez que un usuario intenta iniciar sesión en un nuevo dispositivo, la aplicación envía un código de seis dígitos al número registrado para confirmar la identidad.

El fraude comienza cuando el usuario recibe inesperadamente este código, a pesar de no haber solicitado el acceso. Poco después, los estafadores se ponen en contacto utilizando distintos métodos de acercamiento.

Pueden enviar un mensaje haciéndose pasar por un amigo o familiar, afirmando que accidentalmente han enviado el código a su número y pidiéndole que se lo reenvíe.

En otros casos, el contacto se produce a través de una llamada telefónica o incluso mediante mensajes que aparentan provenir del soporte técnico de WhatsApp, solicitando el código para “verificar la cuenta” o “resolver un problema de seguridad”.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), una vez que la víctima comparte el código de seis dígitos, los delincuentes pueden instalar la cuenta de WhatsApp en su propio dispositivo. Así obtienen acceso total, incluida la posibilidad de leer conversaciones, enviar mensajes y suplantar la identidad del usuario ante todos sus contactos.

A partir de ahí, los estafadores suelen escribir a amigos y familiares de la víctima, pidiendo dinero de manera urgente o solicitando información sensible bajo diversos pretextos.

La clave para evitar caer en esta estafa es nunca compartir el código de verificación recibido por SMS, aunque el mensaje provenga de un contacto conocido.

WhatsApp y ninguna entidad legítima solicitarán nunca este código. Ante cualquier duda, es fundamental comunicarse directamente con la persona que solicita el dato y alertar a las autoridades si se detecta un intento de fraude.

Cómo evitar que me roben la cuenta de WhatsApp

Para evitar que te roben la cuenta de WhatsApp, es fundamental seguir una serie de recomendaciones de seguridad:

• No compartas el código de verificación: Nunca reveles el código de seis dígitos que recibes por SMS, aunque lo solicite alguien que se haga pasar por un conocido o por soporte técnico. WhatsApp nunca pedirá este código por ningún canal.
• Activa la verificación en dos pasos: Configura una contraseña adicional desde los ajustes de seguridad de la aplicación. Esta función añade una capa extra de protección y dificulta el acceso no autorizado.

• Desconfía de mensajes sospechosos: Si recibes solicitudes inusuales de amigos, familiares o desconocidos, especialmente mensajes que piden códigos, dinero o datos personales, verifica siempre la identidad de quien contacta antes de responder.
• Mantén actualizado tu dispositivo: Instala siempre las últimas versiones de WhatsApp y del sistema operativo de tu teléfono, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades de seguridad.
• No ingreses datos en enlaces externos: Evita hacer clic en enlaces sospechosos o ingresar información personal en sitios que no sean oficiales.
• Revisa los dispositivos vinculados: Desde los ajustes de WhatsApp, comprueba regularmente los dispositivos donde tu cuenta está activa y cierra sesión en los que no reconozcas.

El último episodio ocurrió en el restaurante El Museo, donde la mujer consumió platos y bebidas por un total de 90 soles, según informó Gian Muñoz, dueño del establecimiento, en declaraciones a ATV Noticias. La intervención del serenazgo no evitó su retira tranquila tras consumir, lo que evidencia que el perjuicio económico no rebasa el umbral para la acción policial. Desde el medio, se ha señalado que este caso refleja una tendencia en aumento, con numerosos intentos de abordaje sin resultados exitosos.

Los registros de vigilancia y la viralización de videos en redes sociales permitieron identificar el método de la mujer, reconocida en distintos restaurantes del distrito por repetir la misma estrategia: pedir y consumir alimentos, luego presentar excusas para no pagar y justificar su accionar con frases propias. “Ellos pueden, ellos pueden pagar con su plata”, manifestó ante la cámara de Gian Muñoz, quien documentó el incidente.

Mujer engañaría restaurantes con excusas y comprobantes falsos

De acuerdo con Gian Muñoz, la implicada actúa con aparente normalidad desde su ingreso. Escoge una mesa, solicita el menú, pide platos como ceviche de perico, empanadas y bebida, permanece en el local entre una y dos horas y, al finalizar, evade el pago por medio de justificaciones como esperar una invitación o la llegada de un tercero que cubrirá la cuenta.

Frente a la exigencia de abonar, la mujer presenta excusas constantes, mostrando incluso vouchers de consumos previos en otros comercios y mencionando: “He pedido empanaditas chiquitas tan ricas”. La conducta se sostiene pese al intento del personal de negociar. La negativa a asumir responsabilidad queda retratada en sus propias palabras: “Entonces, yo es como si vengo a almorzar”.

Testigos y empleados aseguran que la mujer suele portar una lupa grande y un cuaderno rosado con comprobantes, objetos que utiliza para crear la impresión de que ya pagó o está en trámite de hacerlo. Esta puesta en escena genera confusión, pero termina por alertar a quienes están atentos a reportes virales.

“Que paguen los que tienen plata”

La mujer se presenta como Katherine, afirma tener 55 años y mantiene un trato cordial en la interacción inicial. Ella es reconocida por llevar consigo la característica lupa y una agenda con comprobantes, lo que le ha valido el apodo de la señora de la lupa.

Durante el diálogo con Gian Muñoz, rechazó haber reincidido en otros establecimientos. No obstante, sus respuestas resultan inconsistentes: “No tengo plata, que paguen los que tienen plata”, o señala que una jefa llegará para asumir el pago. A pesar de la insistencia del personal, nunca adopta un tono agresivo y siempre se retira de manera calmada.

Desde la perspectiva del titular de El Museo, la mujer no muestra señales visibles de trastorno durante la atención; sus pedidos son racionales y el vínculo con el entorno es convencional hasta el momento del pago. Muñoz enfatiza: “No se mostró violenta en ningún momento. Le expliqué que correspondía pagar y simplemente no quiso reconocerlo”.

Mujer ha sido intervenida más de 50 veces por serenazgo en restaurantes

Una complicación recurrente para los afectados es que no es posible detener a la mujer porque el perjuicio económico de cada episodio es reducido. Gian Muñoz relató al medio que, tras informar a serenazgo, se recomienda llamar a la policía, pero cuando identifican a la señora, la respuesta habitual es prevenir que vuelva a ser atendida en otros locales. Más de cincuenta ocasiones ha sido identificada en establecimientos.

El personal de serenazgo confirma la reiteración de estas acciones y, aunque interviene cada vez, solo es posible exhortar al pago o pedirle que se retire, ya que el monto consumido no configura delito ni causa legal de detención. En algunos restaurantes, las pérdidas suelen trasladarse al mozo responsable, aunque Gian Muñoz aclaró que en su local no aplicaron esa práctica.

Según el testimonio de Benites, todo comenzó cuando recurrió al estudio jurídico de Santiváñez en busca de defensa para su hijo, Nelsinho Benítes Loayza, un policía que combatió en el VRAEM y fue dado de baja de la institución tras realizarse un tatuaje. El exsuboficial asegura que el entonces abogado le garantizó que asumiría personalmente la defensa del caso.

“Me dijo: ‘Yo lo voy a defender porque este es mi rubro’. Le creí, confié en su experiencia, pero lastimosamente me ha estafado”, declaró Benites al programa Beto A Saber de Willax.

Pagos, promesas y una defensa que nunca llegó

El denunciante señala que firmó un acuerdo por un total de 7 mil dólares, de los cuales llegó a pagar más de la mitad mediante depósitos mensuales de entre 100 y 500 dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar irregularidades.

De acuerdo con su versión, el caso no era llevado directamente por Santiváñez, sino por una practicante del estudio jurídico. A pesar de ello, los documentos eran firmados por el exministro, lo que generó inicialmente confianza en el proceso.

“Los escritos estaban mal fundamentados. Me decían que él los revisaba, pero todo iba mal. Cuando reclamé, desapareció”, sostuvo Benites.

El exefectivo también denunció que el proceso se dilataba innecesariamente, lo que —según él— buscaba prolongar los pagos. A pesar de haber entregado pruebas y jurisprudencia relevante, afirma que nunca recibió una explicación clara sobre el estado real del caso.

Caso quedó estancado tras ingreso al Mininter

Otro punto crítico ocurrió cuando Benites acudió a las oficinas del estudio para exigir respuestas. Fue entonces cuando le informaron que Santiváñez había asumido funciones en el Ministerio del Interior (Mininter) durante el gobierno de Dina Boluarte, dejando el caso sin seguimiento.

“Si me hubiera dicho que no se podía, lo entendía. Pero nunca más dio la cara”, lamentó.

El perjuicio económico asciende a aproximadamente 12 mil soles, monto que, según el denunciante, logró reunir con esfuerzo. Actualmente, tanto él como su hijo deberán reiniciar el proceso judicial desde cero.

Consultado por el caso, Juan José Santiváñez negó las acusaciones y calificó de “mentira” lo dicho por Benites. No obstante, evitó dar mayores declaraciones alegando compromisos por actividades de campaña en la ciudad de Piura.

Antecedente similar

Un informe del Semanario Hildebrandt en sus Trece reveló un caso con características similares ocurrido en 2014. Según dicha publicación, un empresario habría entregado también 12 mil soles al entorno de Santiváñez para evitar la baja de su hija de la Policía, sin obtener resultados.

La denuncia surge en un momento clave, cuando Santiváñez busca captar el voto de policías y sus familias con un discurso centrado en el orden y la justicia. Sin embargo, el testimonio de Benites pone en entredicho su trayectoria profesional y ética.

“Es un peligro. No trabaja para la institución, trabaja para intereses personales”, afirmó el exefectivo, quien ahora exige justicia.

Las estafas en redes sociales están evolucionando con rapidez y cada vez son más difíciles de detectar. En el caso de Facebook, una de las plataformas más utilizadas del mundo, los ciberdelincuentes están utilizando bots y perfiles falsos para generar una falsa sensación de confianza y engañar a los usuarios desde el primer contacto.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, más de la mitad de la actividad en internet ya proviene de bots, herramientas automatizadas que han mejorado significativamente con el avance de la inteligencia artificial generativa.

Este contexto ha facilitado que los estafadores creen perfiles aparentemente legítimos, acompañados de comentarios positivos y actividad simulada que refuerza su credibilidad.

Una de las tácticas más comunes consiste en desplegar lo que se conoce como “granjas de bots”. Estas redes automatizadas generan interacciones masivas —como comentarios, reacciones o recomendaciones— que hacen que publicaciones fraudulentas, por ejemplo en Facebook Marketplace, parezcan confiables.

Este fenómeno se apoya en un principio psicológico conocido como sesgo de conformidad, donde las personas tienden a confiar en algo si perciben que otros también lo hacen.

El problema radica en que distinguir entre un usuario real y uno falso se ha vuelto cada vez más complejo. Los bots actuales pueden replicar patrones de comportamiento humano, escribir mensajes coherentes e incluso mantener conversaciones básicas. Cuando estas herramientas se combinan con estructuras organizadas de fraude, el resultado es un entorno donde la desinformación y el engaño se camuflan con facilidad.

Las modalidades de estafa en Facebook son variadas. Según advierte la propia Meta, empresa matriz de la red social, los ciberdelincuentes suelen recurrir a ofertas de inversión con ganancias rápidas, propuestas laborales poco realistas, supuestos premios de lotería o incluso engaños de tipo emocional, como relaciones falsas. En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener datos personales sensibles o dinero de la víctima.

En este tipo de fraudes, los estafadores suelen apelar a la urgencia. Mensajes que presionan para actuar rápido, ofertas limitadas o situaciones que generan alarma son señales frecuentes. Esta estrategia busca evitar que la persona tenga tiempo de verificar la información o sospechar del engaño.

A pesar de la sofisticación de estas prácticas, existen indicios que pueden ayudar a identificar perfiles falsos. Uno de los más evidentes es la fecha de creación de la cuenta. Los perfiles recientes, con poca trayectoria, suelen ser sospechosos, especialmente si ya muestran una actividad intensa.

Otro elemento clave es la cantidad y calidad de las publicaciones. Las cuentas con pocas fotografías, imágenes genéricas o contenido repetitivo pueden indicar que se trata de un bot o de un perfil comprometido. Lo mismo ocurre con las listas de amigos: tener miles de contactos sin interacción real o con comentarios genéricos es una señal de alerta.

También es importante revisar la coherencia de la información del perfil. Nombres poco habituales, cambios recientes de identidad o incongruencias en los datos personales pueden revelar intentos de suplantación. Incluso el enlace o dominio del perfil puede ofrecer pistas, ya que suele mantenerse aunque el nombre visible haya sido modificado.

Los expertos recomiendan no compartir información personal con desconocidos y desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser real. Además, sugieren evitar realizar pagos fuera de plataformas seguras o bajo presión.

En un entorno digital donde la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo las interacciones, la prevención se convierte en la principal herramienta de defensa. La capacidad de cuestionar la autenticidad de los perfiles y verificar la información antes de actuar es clave para evitar caer en este tipo de estafas.

La expansión de los bots y su integración en estrategias de fraude marcan un nuevo desafío para usuarios y plataformas. Mientras las redes sociales continúan siendo espacios de interacción masiva, también se consolidan como un terreno fértil para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la confianza digital para cometer sus delitos.

Una mujer de 29 años fue detenida tras un allanamiento en la ciudad de Posadas y es acusada por realizar una estafa millonaria en la venta de materiales de construcción. Durante el despliegue policial, también fue aprehendido un fletero vinculado al transporte de lo materiales y bienes sustraídos para recuperar parte del material robado.

La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1, en el barrio Chacra 111. De acuerdo con la información brindada por la policía, la pesquisa inició luego de la denuncia presentada por una comerciante de 42 años, propietaria de una firma dedicada a la venta de materiales de construcción.

Según la empresaria, quien relató los hechos, la estafa sucedió cuando una mujer se presentó en su local haciéndose pasar por representante de una empresa forestal. Bajo esa identidad, realizó la compra de una importante cantidad de chapas y perfiles metálicos. Sin embargo, cuando el pago se efectuó mediante cuatro cheques, estos resultaron ser falsos y encontrarse sin fondos.

Gracias a las investigaciones policiales a través de tareas como análisis de registros de cámaras de seguridad y del sistema 911, lograron identificar a la sospechosa principal, quien tras concretar la operación se retiró en un vehículo de transporte solicitado a través de una aplicación móvil. Además, durante el operativo desplegado, la declaración del conductor fue clave para orientar a los agentes hacia el domicilio de la acusada.

Durante el allanamiento realizado, se identificó a la detenida como Sonia Ludmila P., los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas en la maniobra y un cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la causa. En paralelo, los uniformados identificaron y demoraron a uno de los fleteros involucrados, un hombre de 32 años, sobre quien pesa la sospecha de haber aportado datos falsos y cuya característica física coincidía con la captada por las cámaras al momento de transportar los materiales.

La Policía logró recuperar parte de los materiales sustraídos, que habían sido revendidos en la zona de Chacra 122. Los elementos fueron restituidos a la damnificada tras su reconocimiento. La Policía de Misiones informó que las tareas investigativas continúan para determinar si existen otros implicados en la maniobra, así como para rastrear el destino del resto de los materiales. Las sanciones para quienes cometan estafas con cheques sin fondos podría ser desde multas económicas hasta privación de la libertad.

Estafas con cheques sin fondos

Las estafas con cheques sin fondos constituyen una modalidad delictiva frecuente en el ámbito comercial. Los autores simulan operaciones legítimas y entregan cheques que, al ser depositados, carecen de respaldo suficiente o resultan falsos.

Esta práctica afecta tanto a comerciantes como a proveedores de bienes y servicios, quienes suelen advertir el engaño recién en el momento que intentar cobrar el valor pactado. El uso de documentos falsos o sin fondos permite a los estafadores apropiarse de productos o dinero, dificultando la trazabilidad y el recupero de lo sustraído.

El Código Penal argentino contempla penas específicas para quienes cometen estafas mediante el uso de cheques sin fondos. El delito de estafa, tipificado en el artículo 172, prevé una pena de 1 a 6 años de prisión para quienes obtengan un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de otro, valiéndose de ardid o engaño.

A su vez, el artículo 302 de la Ley 25.730 sanciona la emisión de cheques sin provisión de fondos o con cuenta cerrada, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias o comerciales. La pena también puede implicar sanciones económicas, como multas e inhabilitaciones comerciales. Estas sanciones pueden variar según la gravedad y la reincidencia.

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue extraditado desde Perú hacia Panamá, requerido por la presunta comisión de delitos financieros vinculados al uso indebido de cheques y tarjetas de crédito en perjuicio de una entidad bancaria.

El hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de Interpol Panamá, en un caso que refleja la dimensión internacional que han alcanzado este tipo de delitos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y posibles conexiones con otras estructuras delictivas.

Este caso se suma a una serie de acciones recientes contra redes de estafa que operan tanto a nivel local como transnacional.

En Brisas del Golf, un barrio de clase media y alta, en el distrito de San Miguelito, unidades policiales aprehendieron a una pareja acusada de estafar a múltiples víctimas mediante servicios falsos de herrería, utilizando redes sociales como plataforma para captar clientes.

El esquema consistía en solicitar pagos por adelantado para materiales y mano de obra, sin cumplir posteriormente con los trabajos ni devolver el dinero recibido.

Las investigaciones detallan que los sospechosos lograron engañar a empresas privadas, instituciones estatales y particulares, acumulando denuncias que superan la decena de casos. El patrón repetitivo de excusas para incumplir los contratos evidencia un modelo de fraude estructurado, que se ha vuelto cada vez más común en plataformas digitales.

Este tipo de estafas refleja una migración del delito hacia entornos digitales, donde los controles son más difíciles de aplicar en tiempo real.

En paralelo, la Policía Nacional también ejecutó la Operación Cohesión, que permitió la aprehensión de tres personas requeridas por el delito de estafa en distintos puntos del país.

Las diligencias se realizaron en San Miguelito, Las Garzas y San Martín, en el corregimiento de 24 de Diciembre, como parte de una estrategia para desarticular redes que utilizan cuentas bancarias para recibir dinero producto de fraudes.

Los aprehendidos fueron identificados como titulares de cuentas vinculadas a movimientos sospechosos relacionados con actividades ilícitas.

Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en los delitos de estafa en Panamá. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 1,098 denuncias criminales por estafa y otros fraudes a nivel nacional, frente a 974 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 13%.

La mayoría de estos casos corresponde al delito de estafa simple, que concentra 1,044 denuncias en los primeros dos meses del año.

El desglose por tipo de delito revela que las modalidades más complejas también presentan variaciones importantes. Mientras la estafa agravada registra 14 casos en 2026, otros delitos como la manipulación de programas informáticos suman 32 casos, mostrando un crecimiento significativo en fraudes tecnológicos, lo que confirma la evolución de estas prácticas hacia entornos digitales.

Este tipo de fraude se vincula con accesos indebidos, alteración de sistemas y uso de herramientas digitales para cometer delitos económicos.

A nivel geográfico, la mayor concentración de casos se mantiene en la provincia de Panamá, con 620 registros, seguida de Panamá Oeste con 173 y San Miguelito con 53.

Este comportamiento refleja la relación entre densidad poblacional, actividad económica y oportunidades para la comisión de delitos financieros, especialmente en áreas urbanas.

Sin embargo, el incremento más marcado se observa en Panamá Oeste, que registra un crecimiento del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El análisis anual también evidencia una tendencia al alza en este tipo de delitos. Durante todo 2025 se registraron 6,230 casos de estafa y otros fraudes, frente a 5,489 en 2024, lo que representa un aumento del 13%, consolidando una curva ascendente en los últimos años.

Dentro de estas cifras, la estafa simple concentró el 95.5% de los casos, confirmando que se trata del delito predominante dentro de esta categoría.

Las estadísticas también muestran cambios en la composición de los delitos. Mientras algunos tipos como la estafa agravada y la manipulación de programas informáticos presentan variaciones, otros como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros mantienen niveles bajos, lo que indica que el fenómeno se concentra en esquemas más directos y masivos.

Este comportamiento sugiere que los delincuentes optan por modalidades de menor complejidad operativa pero mayor alcance en número de víctimas, comentaron fuentes consultadas.

En este escenario, las autoridades han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia, así como el seguimiento de las operaciones financieras sospechosas.

El incremento de casos, tanto a nivel local como internacional, evidencia que el fraude continúa adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas, obligando a las instituciones a ajustar sus estrategias. El reto sigue siendo no solo capturar a los responsables, sino anticipar los nuevos métodos que surgen en un entorno cada vez más digitalizado.

La Asociación Bancaria de Panamá ha advertido que diariamente siete panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.

A la audiencia de Valladolid llegaron nuevos relatos sobre la experiencia de los afectados por la llamada "Operación Ignis", en los que expresan que el impacto de descubrir la supuesta reutilización de ataúdes por parte de la empresa funeraria El Salvador no resulta menor cuando quienes declaran recuerdan las dificultades económicas enfrentadas para costear los servicios. Según publicó Europa Press, una de las testigos, Agustina L, expresó su sorpresa al haberse incluido su caso en la investigación, ya que había optado por un féretro sencillo para la incineración de su marido fallecido el 30 de diciembre de 2002, convencida de que el bajo precio impediría cualquier irregularidad. Tal como narró ante el tribunal, la incredulidad fue mayor cuando el juzgado les notificó que la supuesta estafa también podría involucrar ataúdes económicos, presuntamente reciclados, como denominaban los empleados de El Salvador al procedimiento de cambiar y reutilizar cajas para su posterior reventa.

De acuerdo con lo relatado a Europa Press, la afectada explicó que ni ella ni su hija lograron colocar flores en el interior del ataúd, dado que empleados del grupo funerario les negaron el acceso argumentando preocupaciones sobre una posible "contaminación". La testigo precisó que jamás llegó a presenciar el momento en que su marido ingresaba al horno, lo cual, según su testimonio, incrementó sus dudas tras revelarse la posible manipulación de los féretros.

Entre los testimonios escuchados por el tribunal, figura también el de María Elena J, quien relató que la repentina muerte de su madre el 5 de junio de 2010 agravó el impacto de conocer la existencia de la presunta estafa. Según reportó Europa Press, esta perjudicada no pudo despedirse de su familiar, ya que no le permitieron presenciar la incineración. Al conocer los detalles de la investigación, afirmó que la situación supuso revivir el dolor de la pérdida, manifestando que nunca imaginó que tras la muerte de su madre "la hubieran tratado como un desecho".

Los detalles de la causa judicial señalan que la supuesta maniobra consistía en intercambiar los ataúdes contratados por otros de menor valor o ya usados, sin que las familias lo supieran, y revender los originales. Francisco Javier H.A, también afectado, declaró que él contrató personalmente los servicios funerarios para la incineración de su padre Elviro, quien falleció el 12 de mayo de 2013 sin seguro. Según consignó Europa Press, el declarante observó el féretro aproximarse al horno e identificó el "color del fuego", aunque con posterioridad conoció que el ataúd utilizado no era el contratado, sino uno blanco distinto. Durante la vista, el afectado reconoció en una fotografía judicial a su padre dentro de este ataúd blanco, junto a una pequeña caja cuya procedencia desconoce, introducida por el personal funerario supuestamente como si contuviera pertenencias.

En el relato de Francisco Javier H.A, difundido por Europa Press, la sorpresa y la decepción se vieron acentuadas debido a su pertenencia a una familia religiosa, hecho que convirtió el descubrimiento de la presunta estafa en un fuerte "quebranto moral".

En la jornada, un total de once perjudicados comparecieron para relatar sus experiencias en el marco del juicio por el "caso ataúdes". Según detalló Europa Press, estos testimonios se suman a los presentados en los días previos y proceden de contrataciones realizadas tanto para familiares directos –padres, hermanos, tíos– como a título personal. Entre los comparecientes, según la misma fuente, figuran personas como Luis Antonio M.L, Miguel Ángel M, Jesús G.N, Jaime N, María del P.B, José Andrés S.J, Natividad G.P, Antonio F.A, Juliana F. y Antonio F.A, quienes en sus declaraciones manifestaron sentimientos variados de impotencia, rabia, indignación y decepción.

Uno de los damnificados, Antonio F.A, cuya denuncia se vincula a la muerte de su padre en 2014, narró que al enterarse de la posible estafa decidió presentar cargos contra los veintitrés acusados que actualmente ocupan el banquillo. Entre ellos se incluye a la viuda del fundador del grupo funerario, así como a tres de sus hijos y a varios empleados. El afectado subrayó ante el tribunal la importancia que otorga a la dignidad de las personas fallecidas y a sus familias, argumentando que estas prácticas constituyen para él una "estafa" que exige la acción de la justicia.

En cuanto al desarrollo del proceso judicial, el medio Europa Press informó que, luego de esta sesión de comparecencias, el juicio hará un receso y continuará el día 6 de abril. Será entonces cuando comparezcan los perjudicados representados por las dos acusaciones particulares, tras las presentaciones encabezadas hasta el momento por el Ministerio Fiscal.

Según consignó Europa Press, la acusación pública reúne cargos que superarían los doscientos años de prisión para la suma de los veintitrés imputados, por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y ofensas al respeto debido a los difuntos. La causa ya no incluye al patriarca del negocio, Ignacio Morchón Alonso, ni a Justo Martín, extrabajador y principal testigo, quienes fallecieron durante el proceso. Reportó Europa Press que Justo Martín registró la supuesta operativa ilícita en libretas durante años, lo que constituye evidencia clave en la instrucción del caso.

La acusación sostiene que tanto las familias afectadas, como los fallecidos, vieron vulnerados sus derechos por la presunta práctica sistemática de cambiar y reutilizar féretros, alterando las condiciones previamente acordadas y atentando contra un ritual fundamental para el duelo y la despedida de los seres queridos. Según las declaraciones recogidas durante el juicio y difundidas por Europa Press, la imposibilidad de realizar despedidas dignas –al no permitir el acceso de flores u otros recuerdos a los ataúdes o el acceso visual a la cremación– intensificó el sentimiento de agravio de los afectados. Además, los testimonios reflejan que el dolor provocado por esta situación se mantuvo a lo largo de los años, afectando a personas de diversas generaciones y circunstancias.

Las crónicas recopiladas en la Audiencia Provincial de Valladolid reflejan la complejidad emocional y social de un caso judicial en el que las partes implicadas reclaman no solo justicia penal, sino una reparación simbólica por la alteración de sus procesos de duelo, según las fuentes recogidas por Europa Press.

La decisión de eximir de la prisión a seis personas por delitos como estafa, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones se halla condicionada al compromiso expreso de no reincidir en delitos dolosos durante periodos determinados, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica este miércoles los indultos aprobados por el Consejo de Ministros tras analizar los informes judiciales y del Ministerio Fiscal. De acuerdo con la información difundida por el medio, todos los casos se han evaluado bajo el criterio de las “circunstancias y razones de justicia y equidad” recogidas tanto en los expedientes individuales como en los dictámenes de los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía.

Según detalló el propio BOE, el primer caso corresponde a María Jesús Blanco Blanco, condenada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020 a 21 meses de prisión y una multa de siete meses con cuota diaria de seis euros, como autora de un delito de estafa y de un delito continuado de falsificación documental. Los hechos abarcaron el periodo entre 2010 y 2017. El Gobierno acordó el indulto de la pena privativa de libertad que le restaba por cumplir, condicionado a no incurrir en nuevo delito doloso durante los próximos cuatro años a partir de la publicación del real decreto.

Tras evaluar los informes del juzgado sentenciador y de la Fiscalía, la siguiente beneficiaria es Daniela Castaño Agudelo, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza a tres años de prisión por un delito continuado de estafa cometido en 2021. En este caso, también se extinguió la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento bajo el mismo criterio de ausencia de nuevos delitos dolosos durante un lapso de cuatro años, tal como recogió el BOE y reportó la publicación.

El Consejo de Ministros extendió la medida de gracia a otros individuos condenados por delitos contra la salud pública. Antonio Cucharero Morales, sentenciado por la Audiencia Provincial de Granada a tres años y diez meses de prisión, más una multa de 100.000 euros con la advertencia de arresto sustitutorio de 71 días en caso de impago, fue incluido en la lista de indultos. La condición impuesta por el Gobierno especifica que la exención de la pena de prisión queda supeditada a que no cometa un delito doloso durante el siguiente periodo de cuatro años.

Otro incorporado es Jesús David González Sariego, sentenciado por la Audiencia Provincial de Asturias (con sede en Gijón) a tres años de prisión y una multa de 35.041,73 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados, por un delito contra la salud pública ocurrido en 2020. En este caso, la propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, expone que el indulto se otorga para la privación de libertad que restaba por cumplirse, y la vigencia de la condición de no reincidencia se reduce a tres años desde la publicación oficial, según reportó el Ejecutivo y consignó el BOE.

Natalia Diéguez Egea figura entre los indultados en relación con el tráfico de drogas. La Audiencia Provincial la condenó a dos años de prisión y una multa de 625 euros, estableciéndose también una responsabilidad personal subsidiaria de un día de cárcel por cada 50 euros impagados, por hechos registrados entre 2016 y 2017 bajo la modalidad de causar grave daño a la salud. El Ejecutivo aplicó el indulto condicionándolo a la ausencia de comisión de delitos dolosos durante dos años.

El listado se completa con José Rodríguez Cortés, a quien el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga condenó a un año y seis meses de prisión por lesiones, con la imposición de no aproximarse ni comunicarse con el perjudicado durante cuatro años. Adicionalmente, recibió una condena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y prohibiciones similares para el delito de amenazas, por hechos ocurridos en 2020. En su caso, el indulto atañe a la privación de libertad pendiente, bajo la premisa de no reincidir en delitos dolosos durante al menos tres años, una vez publicado el decreto en el BOE, según información oficial difundida.

Según publicó el medio, los indultos han surgido de una valoración conjunta y detallada de los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal para cada expediente, destacando la aplicación de criterios de justicia y equidad como pautas fundamentales para la concesión de la medida de gracia. La publicación de estos indultos en la antesala de la Semana Santa marca el inicio de los plazos de los compromisos que asumen los beneficiarios a partir de la entrada en vigor del real decreto.

La creadora de contenido, identificada como Liz Arreguin, utilizó su perfil de la red social china para contarle a sus seguidores el curioso momento en el que un vendedor local la buscó para devolverle dinero que había pagado de más por error en una pizzería que había visitado antes de ingresar al museo para continuar con su visita por el centro histórico de la capital del país.

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El hecho, compartido por la creadora en su cuenta de la popular red social, se convierte en ejemplo de la honestidad del trabajador, que buscó localizarla en la calle para devolverle el monto correspondiente, sin importar que tuvo que esperarla y reconocerla entre la cantidad de personas que se movilizan por este concurrido sector a diario.

“Estamos en Bogotá y nos acaba de pasar lo más raro. Nos encontramos a un señor que nos venía siguiendo, trabajaba en una pizzería en la que acabamos de comer como una hora antes. Me dice: ‘No, pues es que les cobramos mal’. Y yo dije: ‘Ah, pues nos cobraron de menos, ¿no?’. Pues resulta que no, que nos cobraron como no sé cuánto más. Y dijo: ‘Es que les cobramos de más y les quiero regresar su dinero. Esa cuenta era de la mesa que está al lado, no de ustedes’. Fue lo más raro del mundo, porque definitivamente esto no hubiera sucedido en México”, declaró la joven, asegurando que es extraño que las personas sean honestas.

La devolución ocurrió después de que el encargado del local advirtiera que el cargo correspondía a la mesa vecina, lo que demostró que todo se trataba de una confusión que terminó de la forma correcta, gracias a un ciudadano honesto, según lo relatado por la joven a través del video publicado en TikTok, en el que Arreguin reconoció que la honestidad del hombre le sorprendió, pues considera que no son frecuentes este tipo de situaciones en su país de origen.

La visitante señaló que, como turista, suele estar alerta ante posibles estafas o precios poco claros, por lo que el gesto resultó inesperado. Además, aclaró que, durante la visita al restaurante, consumió dos pizzas personales, una Coca-Cola y una limonada, y mencionó que había considerado como “normal” el monto pagado hasta ser contactada por el vendedor, teniendo en cuenta que aún le resulta complejo acomodarse al cambio de la moneda.

Y es que en su viaje no ha contado con buenas experiencias, por lo que, inicialmente, consideraba que el señor les cobraría de más: “Ya estamos acostumbrados a que nos estafen o todo está carísimo. Así que pues pensé, dije bueno, era normal, seguramente, pues esos precios que habíamos visto al principio eran muy buenos para ser ciertos. Pero no, resulta que no. Y pues nada, esa es la historia de que yo soy una tonta y que hay gente buena”.

Al final de su testimonio, Liz Arreguin recomendó el restaurante por su “buena comida” y precios accesibles, recalcando la experiencia positiva vivida en Bogotá, demostrando que es necesario apoyar este tipo de comercios que no se aprovechan de los clientes por su lugar de origen: “Señor, lo quiero mucho🫰🏼 gracias por recordarme que hay gente buena. Vayan a comer con ellos, son lindísimas personas”.

Este fraude consiste en que los delincuentes envían a sus víctimas comprobantes digitales falsificados que simulan transferencias exitosas, aprovechando la confianza que generan estos documentos. La entrega de la mercancía se realiza sin que los vendedores confirmen el abono real del dinero.

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El problema se agrava porque las aplicaciones fraudulentas evolucionan rápidamente. Según la cuenta de TikTok @4minds.solutions: “Lo que te voy a mostrar hoy es, no es el Nequi falso que ya conocías, es una versión nueva, actualizada, que ya existe para Android y para iPhone, que sabe tu nombre, que simula transferencias a Nequi, a Bancolombia y al sistema de llaves, se está distribuyendo ahora mismo por WhatsApp”.

Este tipo de estafa ya no se limita a la generación de comprobantes falsos, sino que algunas aplicaciones replican completamente la interfaz de Nequi. “Esta nueva app no es un generador de comprobantes, es una clonación completa de Nequi”, se advirtió en el video.

La recomendación clave es: “Antes de entregar cualquier cosa, abre tu celular, verifica tus movimientos, que el dinero llegó”. Solo así se puede evitar caer en esta modalidad delictiva.

Según el análisis en video, las aplicaciones suelen instalarse mediante archivos apk y cambian de nombre con frecuencia. “Hace un tiempo apareció una app llamada Nequi Glitch, luego vino Nequi DZY dos. Ambas se descargan por fuera de la Play Store como un archivo APK (...) Pero lo que ahora llegó es completamente diferente. Esta nueva app no es un generador de comprobantes, es una clonación completa de Nequi”.

La nueva versión va más allá de los comprobantes falsos. Según la descripción, “La pantalla de clave, los asteriscos rosados, el mensaje, todo es igualito. El «No dudamos que seas tú, pero es mejor confirmar» es indistinguible”.

Un detalle alarmante es la existencia de funciones inéditas: “Tiene una sección que Nequi real nunca tendría, son funciones prémium. Dentro hay dos opciones: transferir saldo, para simular una transferencia completa con saldo que baja en tiempo real y la que lo cambia absolutamente todo, sacar nombres reales”.

Esto permite a los estafadores obtener información personal en segundos. “El estafador escribe tu número y en diez segundos la app obtiene tu nombre real. El comprobante dice tu nombre, tu número, el monto exacto, ¿cómo vas a desconfiar de eso?”. Además, ya existe una versión para iPhone, “Se llama Nequi VIP iPhone”.

Algunos usuarios expresaron su sorpresa y preocupación en redes sociales: “Y como saben mi nombre? Eso es filtración de datos”, comentó uno, mientras que otro señaló: “La estafa se da porque la mayoría de las personas y/o comercios no tienen a la mano el teléfono a la cual se reciben los pagos”.

Pese a las dudas, hubo quienes afirmaron que la verificación personal sigue siendo clave: “Yo tengo banco NU me parece más segura y cuando recibo por Nequi siempre entro a mi app y reviso el último movimiento”.

Frente a la inquietud sobre la seguridad, el video enfatizó: “Nequi es seguro, Bancolombia es seguro. El problema está en que los criminales crearon apps que las imitan tan bien que ya saben tu nombre”.

Para quienes detecten aplicaciones fraudulentas, se recomienda reportarlas en Google Play (menú > marcar como inapropiada), bloquear tarjetas y denunciar ante la policía cibernética local. Es fundamental recolectar capturas de pantalla de la app, chats y comprobantes de transferencias.

Además, el CAI Virtual de la Policía Nacional de Colombia permite reportar incidentes cibernéticos en caivirtual.policia.gov.co. Para denuncias formales, la plataforma ‘A Denunciar’ del Sistema Nacional de Denuncia Virtual: adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/default.aspx, guía al usuario en el registro del caso. Si hay manejo indebido de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio recibe reportes en www.sic.gov.co.

Brenda Asnicar es una de las artistas argentinas que más ha expuesto su vida frente a las cámaras y en redes sociales. Desde su infancia, cuando saltó a la fama con Patito Feo, hasta la actualidad, la actriz y cantante ha sabido cosechar seguidores fieles que la acompañan en cada etapa, pero también ha tenido que atravesar subidas y bajadas, tanto en lo profesional como en lo personal. En los últimos días, Brenda volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de denunciar un grave episodio de suplantación de identidad en TikTok.

El episodio comenzó cuando la propia Asnicar, sie.mpre activa en sus redes, advirtió que alguien se estaba haciendo pasar por ella en la plataforma de videos cortos. No dudó en usar su cuenta oficial de Instagram para alertar a sus seguidores.“¡Ey! Esta persona se está haciendo pasar por mí. NO SOY YO”, escribió, acompañando el mensaje con una captura de pantalla del perfil falso, que ya había acumulado más de 1,2 millones de “me gusta”. El perfil, con nombre, foto y biografía de Brenda, generó alarma entre los fans y sembró dudas sobre los contenidos que circulaban bajo su nombre.

La rápida reacción de la artista fue clave. Lejos de quedarse callada o minimizar el asunto, Asnicar pidió a sus seguidores que reportaran la cuenta para evitar confusiones o posibles estafas. También aprovechó la situación para recordar la importancia de verificar la autenticidad de los perfiles en redes sociales y ser cautelosos con la información que se consume. Sus palabras tuvieron eco inmediato, ya que en los momentos posteriores, la cuenta fue eliminada en la conocida plataforma de videos.

No es la primera vez que Brenda utiliza las redes para hablar de los malos momentos que le toca atravesar, tanto en lo personal como en lo profesional. En abril pasado, la actriz fue noticia al ponerle fin a la discusión que circulaba en plataformas y medios digitales sobre su salud y su vida privada. Harta de los rumores y los comentarios malintencionados, Brenda compartió una captura de pantalla de un medio que preguntaba si tenía un trastorno alimenticio y escribió: “¿A ustedes les parece? Estoy harta, desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abusos por parte de algunos medios”. En su descargo, también se refirió a los rumores sobre la supuesta compra de su casa por parte de un exnovio: “Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio… ¿Saben qué? Son patéticos, soy una mujer que trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo”.

Brenda, lejos de dejar el tema ahí, también grabó una serie de videos en Instagram hablando en primera persona sobre la situación, mostrando su enojo y la vulnerabilidad que sienten muchas figuras públicas: “Hola. A mí no me gusta mucho hacer estas cosas, pero aprovecho… Primero quiero darle mucho apoyo y cariño a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad”, comenzó su descargo, visiblemente movilizada.

La actriz reflexionó sobre la dureza de la exposición y los prejuicios que genera el anonimato en redes. “Es muy duro la verdad. Yo cuando decidí ser actriz lo supe desde muy chiquita, me encanta cantar, el arte, escribir, no sabía que iba a ser víctima de todas estas cosas, de todas estas injusticias”, afirmó. A diferencia de otros famosos, Brenda aseguró que no le ve sentido a iniciar juicios por daño o perjuicio: “Nunca me enganché, nunca hice quilombo por nada”, expresó, dejando en claro su postura de priorizar el trabajo y el bienestar personal frente a la hostilidad de ciertos sectores.

Así, entre desafíos, logros y un vínculo cada vez más directo con su público, Brenda Asnicar sigue escribiendo su historia, apostando por la transparencia y la honestidad, y dejando claro que, aún en los momentos más difíciles, la mejor defensa es la verdad y el apoyo mutuo.

Durante los últimos tres años, la vida de I.M.F., un hombre con una discapacidad psíquica del 68%, se han convertido en “una auténtica pesadilla” al verse involucrado en una red de suplantación de identidad utilizada para cometer estafas bancarias. En marzo de 2023, un grupo de delincuentes informáticos accedió a su documentación personal y abrió once cuentas bancarias a su nombre, a través de las cuales se defraudaron más de 47.000 euros en perjuicio de terceros, lo que ha evidenciado fallos graves en los sistemas de verificación de las entidades financieras.

Según informa el despacho Sires Abogados, que ejerce la dirección letrada del caso, los delincuentes accedieron a los datos personales de I.M.F., incluyendo su documento nacional de identidad y otras credenciales privadas, para después configurar múltiples cuentas en distintos bancos, donde recibieron transferencias de dinero procedentes de otras víctimas de fraude. Las extracciones de efectivo, realizadas en cajeros automáticos, complicaron el rastreo y la identificación de los responsables.

Durante el periodo investigado, el nombre de I.M.F. quedó vinculado a diversas causas policiales y judiciales, llegando a ser citado como presunto responsable de las operaciones fraudulentas. Solo tras comparecer ante la Guardia Civil pudo conocer el alcance de la suplantación y acreditar su condición de perjudicado. “Nuestro cliente ha soportado durante tres años una carga personal, judicial y reputacional absolutamente injusta”, indica el despacho de abogados en un comunicado, un impacto que “se vio agravado por su especial vulnerabilidad”.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada resolvió el pasado 18 de marzo de 2026 dictar el sobreseimiento provisional de la causa contra I.M.F., al no existir indicios que permitieran atribuirle la comisión de delito alguno. La resolución judicial reconoció la falta de pruebas sobre una actuación dolosa y la posible existencia de una suplantación de identidad de gran alcance.

Reforzar mecanismo de prevención y control

Aunque la causa contra la víctima ha sido archivada, los autores de la trama siguen sin ser identificados. Desde Sires Abogados advierten que el caso refleja las dificultades existentes para perseguir delitos de suplantación de identidad en el ámbito digital y la necesidad de fortalecer los controles y la prevención en el sistema bancario.

“Es un caso paradigmático de suplantación de identidad digital, en el que una víctima resulta inicialmente investigada por errores en los sistemas de verificación”, advierten desde el despacho. El bufete subraya que la falta de controles efectivos en la protección de datos y en la apertura de cuentas bancarias incrementa el riesgo para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Por ello, los compradores denunciaron una serie de presuntas irregularidades y abandono por parte de la constructora El Roble S.A.S., responsable del proyecto habitacional conformado por 16 unidades —doce apartamentos y cuatro apartaestudios—.

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El ‘calvario’ de las familias que adquirieron las viviendas del edificio La Quinta, en Bogotá

Entre 2019 y 2020, los compradores adquirieron las propiedades con la promesa de entrega en 2021, lo que llevó a que estas familias contaran los días para que llegara la esperada entrega de las viviendas.

Sin embargo, según indicaron los denunciantes, el proyecto La Quinta se ha visto envuelto en un “laberinto de promesas, inversionistas que aparecen y desaparecen y procesos que no avanzan”.

En redes sociales, los afectados indicaron puntualmente: “Hoy, cinco años después, el edificio La Quinta, ubicado en Santa María del Lago (Engativá, Bogotá). 15 familias entregamos más de $2.000 millones de pesos con la promesa de recibir nuestros apartamentos. Lo que encontramos fue un laberinto de promesas, inversionistas que aparecen y desaparecen y procesos que no avanzan. Hoy el edificio enfrenta un posible remate judicial”.

Propietarios denunciaron irregularidades contractuales y financieras

Los compradores acusan a El Roble S.A.S., cuyos representantes legales son Yamil Alfonso Molina Buitrago y Juan de Jesús Molina Buitrago, de tomar decisiones graves e irregulares, como hipotecar el predio en dos ocasiones —una por $350 millones y otra por $280 millones— a personas naturales y sin avisar a los propietarios. Además, el dinero no se vio reflejado ni hubo personal trabajando en la obra.

Actualmente, los responsables enfrentan un proceso legal en la Fiscalía General de la Nación por presunta estafa, un caso que se suma a más de siete procesos similares y más de 30 denuncias civiles en su contra. Los afectados sostienen que, pese a años de gestiones legales, no han logrado una solución por las vías institucionales.

Secretaría de Hábitat confirma sanciones

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, Carlos Andrés Daniels, confirmó en Caracol Radio que El Roble S.A.S. no radicó la documentación requerida del proyecto.

Daniels detalló: “Una vez conocimos estas denuncias, empezamos a desarrollar las acciones, pendientes a verificar todas las situaciones de hecho y derecho que correspondieran (...), abrimos investigación contra la constructora y sancionó por enajenación ilegal”.

El funcionario señaló que, como consecuencia de estas irregularidades, la Secretaría ha realizado cinco visitas de inspección al edificio, la última el martes 10 de marzo de 2026. Daniels añadió que están haciendo “todo lo que está a su alcance para precaver los derechos de los adquirientes de vivienda”.

Entre tanto, en redes sociales, los denunciantes expresaron su preocupación por la posible vinculación de personas relacionadas con el proyecto que serían funcionarios activos de la Fiscalía General de la Nación.

“Durante años hemos buscado respuestas por las vías legales. Hoy decidimos hacer pública nuestra historia. Porque detrás de cada apartamento hay familias, ahorros de toda una vida y años de incertidumbre”, indicaron.

Solicitudes de intervención

En 2023, ante las irregularidades detectadas, los compradores solicitaron formalmente a la Secretaría de Hábitat una intervención administrativa y de posesión.

Yarima Rueda, una de las propietarias, expresó al medio anteriormente citado: “Tenemos esta preocupación, ya que no solamente existe una demanda que ya tiene un proceso de solicitud de remate, sino que hay muchos otros procesos en marcha incluso desde antes de incluso comprar nosotros”.

La situación ha generado alarma adicional por la constructora actualmente encargada del proyecto, CII Constructora, sobre la cual pesan denuncias por retrasos en la entrega de otros desarrollos habitacionales. Los propietarios insisten en que las autoridades no han brindado respuestas efectivas y piden mayor protección institucional.

La proliferación de mensajes de texto fraudulentos dirigidos a conductores ha encendido las alarmas en varios estados de Estados Unidos. Estafadores se hacen pasar por organismos oficiales para advertir sobre supuestas multas de estacionamiento o peajes impagados, amenazando con la suspensión de la matrícula del vehículo. Esta táctica, que busca robar pagos y datos personales, se ha intensificado desde 2024 y continúa expandiéndose.

El fraude consiste en el envío masivo de mensajes que aparentan provenir del Departamento de Transporte o del Tribunal Superior de un estado. En el texto, se notifica al destinatario sobre una supuesta infracción de tráfico no saldada y se lo insta a tomar acción inmediata para evitar sanciones, como la suspensión del registro del automóvil o cargos adicionales. Estos mensajes suelen incluir enlaces o códigos QR que redirigen a sitios web falsos, diseñados para captar pagos y obtener información confidencial. La amenaza directa y el tono severo forman parte de la estrategia para generar preocupación y lograr que la posible víctima actúe con premura.

Desde marzo de 2026, las autoridades han detectado un aumento de estos fraudes en Indiana, Maryland y Michigan, aunque el problema se remonta como mínimo a 2024. En ese año, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió más de 2.000 denuncias vinculadas a estafas por cobro de peajes en estos tres estados. El fenómeno no es exclusivo de una sola región, ya que los estafadores adaptan su discurso y la identidad de la entidad suplantada según el estado del destinatario. Por ejemplo, residentes de California han recibido mensajes en nombre de FastTrak, mientras que en Nueva York, los mensajes hacen referencia a EZ Pass.

El incremento de casos llevó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a emitir una advertencia en enero de 2025 sobre la reaparición de esta modalidad de estafas. Según las alertas oficiales, los delincuentes explotan bases de datos comercializadas con información sobre infracciones de tráfico reales para hacer más creíbles sus mensajes y aumentar la probabilidad de éxito.

Los métodos empleados por los estafadores son variados, pero comparten patrones reconocibles. Un ejemplo frecuente es el mensaje que aparenta provenir del Departamento de Transporte, en el que se solicita el pago inmediato de una multa para evitar la suspensión de la matrícula. En Maryland, un residente recibió un mensaje con la instrucción: “Revise los detalles de su caso y realice el pago a través del sitio web oficial del MDOT”. El texto invitaba a responder “Sí” y a hacer clic en el enlace para completar el pago, simulando un procedimiento legítimo.

En otros casos, los mensajes van acompañados de un número de caso ficticio, el nombre de un supuesto juez y la fecha de una audiencia, con la opción de apelar o abonar la multa en línea. Los estafadores incluso incluyen códigos QR que, al ser escaneados, dirigen a plataformas fraudulentas. Esta sofisticación en los métodos busca dar mayor verosimilitud y engañar a quienes han tenido infracciones de tráfico recientemente, un grupo más vulnerable a este tipo de engaños.

Ante el avance de la estafa, autoridades judiciales y fiscales de los estados afectados han emitido alertas públicas. El poder judicial de Maryland advirtió el 19 de marzo que los tribunales no contactan a los ciudadanos por mensaje de texto para solicitar pagos ni datos personales y que los destinatarios deben abstenerse de hacer clic en enlaces o proporcionar información. Además, se ofreció la línea directa de la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General como canal de consulta para quienes reciban estos mensajes.

Por su parte, la Fiscalía General de Indiana alertó sobre la participación de estafadores extranjeros en la difusión de estos mensajes y describió su formato: textos que aparentan autenticidad, utilizan el sello estatal y emplean un lenguaje oficial para generar confianza. No obstante, la procedencia de los mensajes es fraudulenta y persiguen el robo de dinero o datos privados mediante técnicas de phishing.

Identificar un mensaje fraudulento requiere prestar atención a varios detalles. Según la Fiscalía General de Indiana, estos mensajes suelen utilizar un tono urgente o amenazante, sitios web o correos electrónicos que no coinciden con el dominio oficial, y solicitudes de información personal como contraseñas, números de seguridad social o datos bancarios, algo que ninguna agencia legítima solicita por mensaje de texto. Además, los mensajes pueden presentar saludos genéricos, errores de gramática, y sellos o símbolos oficiales mal reproducidos.

El phishing, según la definición incluida en las advertencias, es un ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades oficiales para que las víctimas hagan clic en enlaces, descarguen archivos infectados o compartan información confidencial. Las autoridades insisten en que la única reacción segura es ignorar y eliminar estos mensajes.

Las declaraciones de los funcionarios subrayan la gravedad del problema y la sofisticación de estas redes delictivas. El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, afirmó: “El texto parece auténtico. Utiliza un lenguaje que suena oficial y una imagen del sello del estado de Indiana. El problema es que los mensajes provienen de impostores que perpetran una estafa de phishing”. Rokita también instó a la población a no caer en la trampa y a borrar los mensajes sin interactuar con ellos.

La investigación y el combate a estas estafas continúan. El viernes 20 de marzo, medios nacionales contactaron a funcionarios del FBI, la FTC, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Administración de Servicios Generales para conocer las acciones en curso, aunque todavía no se han dado respuestas oficiales. Mientras tanto, las agencias gubernamentales insisten en la prevención y la educación ciudadana como las mejores herramientas para evitar ser víctimas de este tipo de fraude, dado que las medidas para frenar la emisión de mensajes fraudulentos aún resultan insuficientes frente a la creatividad y persistencia de las bandas criminales.

Durante la Semana Santa, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México impulsa una campaña enfocada en la prevención de fraudes vacacionales.

El organismo destaca la importancia de la educación digital como herramienta principal para evitar las estafas conocidas como montaviajes, una modalidad que afecta a viajeros al ofrecer paquetes turísticos inexistentes a precios fuera de mercado.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México explicó sobre las estafas acerca de paquetes turísticos falsos que se pueden presentar en esta temporada vacacional. Asimismo, dio a conocer algunas recomendaciones a la población.

Principales riesgos y patrones detectados

A partir del análisis de más de mil 600 reportes recibidos en los últimos años, el Consejo Ciudadano identificó perfiles de riesgo y patrones de engaño.

Según el Secretario Ejecutivo, Lic. Ramón Beltrán Arellano, las temporadas vacacionales son aprovechadas por grupos delictivos para ofrecer promociones falsas dirigidas a destinos de alta demanda como Cancún, Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta.

El 58% de las estafas se publican en internet, y el perfil de las víctimas muestra que el 63% son mujeres y el 37% hombres. Beltrán Arellano advirtió:

“Las temporadas vacacionales representan una ventana de oportunidad para quienes buscan engañar a la ciudadanía ofreciendo paquetes de viajes falsos a precios irreales, para vacacionar en destinos turísticos populares”, señaló el Secretario Ejecutivo.

Ante esta realidad, el Consejo Ciudadano insiste en la verificación de agencias, la desconfianza ante ofertas excesivas y la consulta de asesoría jurídica antes de cualquier pago.

La Directora General de Atención Ciudadana, Mtra. Gabriela González García, señaló que el 90% de las víctimas pide ayuda cuando el fraude ya se consumó, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

Recomendaciones para evitar fraudes vacacionales

El Consejo Ciudadano difundió un conjunto de recomendaciones para proteger a los consumidores durante el periodo vacacional:

• Investiga sobre la empresa: consulta calificaciones y comentarios en redes sociales o páginas web.
• Verifica referencias en Profeco: asegúrate de que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas físicas
• Evita pagos anticipados: los delincuentes suelen presionar para obtener transferencias por supuestas “ofertas” de tiempo limitado.
• Desconfía de precios excesivamente bajos: si un paquete incluye vuelo, hospedaje y alimentos a un costo inusualmente bajo, puede tratarse de una estafa.
• No compartas datos personales: sólo llena formularios en páginas oficiales que inician con https://.
• Guarda toda la documentación: correos electrónicos, confirmaciones y documentos pueden ser útiles en caso de denuncia.

Para quienes requieran asesoría jurídica o apoyo psicológico, la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533) está disponible las 24 horas, los 365 días del año, proporcionando un canal de atención inmediata para víctimas y ciudadanos que buscan orientación.

Según las primeras informaciones, el esquema ofrecía rendimientos de 2,5 por ciento mensuales en dólares. Los acusados son un abogado identificado como Iván Yoma, el empresario Pablo Falco y un tercer integrante de la sociedad, Rodrigo López Casado. Fueron imputados este viernes por “estafas genéricas”.

El caso se encuentra en manos del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, quien ordenó las imputaciones tras una serie de allanamientos con secuestro de documentación. Habría entre 20 y 50 damnificados, de acuerdo con el medio local Los Andes.

La última denuncia contra Yoma y Falco fue presentada en febrero de este año, aunque el primero ya había acusado al comerciante el año pasado por “administración fraudulenta”. En aquella oportunidad, Yoma señaló a Falco por haber recibido dinero de inversores de manera individual y no haberlo rendido dentro de la sociedad que ambos compartían.

El esquema del fraude

Según reconstruyó ese medio, los socios operaron a través de la firma Construtec, en donde ofrecían rendimientos del 2,5 % mensual en dólares a partir de la inversión inicial, lo que les permitió captar a varios inversores particulares durante su primer año.

Para ello, firmaban contratos de mutuo: el acuerdo consistía en recibir el dinero y “ponerlo a trabajar”. Si bien la actividad había sido concebida inicialmente como préstamos prendarios, luego derivó en la compraventa de vehículos e incluso en un proyecto para incursionar en el rubro inmobiliario.

Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, a partir de comienzos de 2025 dejaron de cumplir con los pagos comprometidos.

“Nos dio la sensación que jugaba para los dos lados. Porque, por un lado, (Falco) nos decía que era exempleado y que no sabía nada. Pero, por el otro, intentaba calmarnos para no denunciarlo y nos pedía que le diéramos tiempo a Yoma para que intentara devolvernos la plata”, aseguró un denunciante -quien eligió mantener su identidad en reserva- en diálogo con el medio local.

En sus redes sociales, el maratonista Ignacio Erario denunció haber sido otra de las víctimas de la presunta estafa, en la que aseguró haber perdido 28 mil dólares. Según relató, en 2024, al enterarse de que iba a ser padre, decidió invertir todos sus ahorros junto a su pareja con el objetivo de construir una vivienda.

El dinero fue entregado en el estudio jurídico Asesoría Legal S.A., en la ciudad de Mendoza, donde también funcionaba a su vez la financiera. De acuerdo con su testimonio, tanto su hermano como su padre ya habían invertido allí, lo que le generó confianza al momento de tomar la decisión.

“En su momento nos explicaron que las inversiones estaban sustentadas en créditos prendarios y inversiones inmobiliarias. El interés era alto, pero tampoco tanto como para sospechar Cuando llegó el momento de retirar el dinero en 2025, empezaron las excusas. De que la devaluación, que les habían liquidado los créditos, que necesitaban tiempo para ejecutar garantías prendarias. Y nada, nos pidieron tiempo”, explico en su descargo, publicado el 12 de marzo.

Ahora, a más de un año del plazo en el que debía retirar sus ganancias, el ganador de los 21k de Buenos Aires en 2023 y subcampeón de maratón sudamericano 2024 sostuvo que no recibió ninguna respuesta: “La verdad es que para nosotros es devastador porque fueron muchos años. Diez años de entrenamiento, de trabajo, de que cada vez que ganaba algo de las carreras lo ahorraba. Estoy lleno de frustración e impotencia, no dejo de preguntarme si fue mi culpa por haber confiado”.

Después de la publicación del video, el corredor recibió una intimación por parte de Yoma advirtiendo sobre una posible demanda por daños y perjuicios a su imagen y honor. Por su parte, los imputados sostienen que no se trató de una estafa, sino de un negocio que salió mal.

Un grupo de familias del jardín de infantes N° 902 Berta Lasalle de Alejandro Korn denunció un hecho que conmociona a la comunidad educativa: una madre de una alumna fue señalada por quedarse con 1.500.000 pesos, destinados a la compra de los buzos de egresados. La situación salió a la luz cuando la fecha de entrega de las prendas se acercaba y las explicaciones resultaron insuficientes para justificar la falta de avance en el proceso.

Las familias explicaron que la mujer se ofreció voluntariamente para centralizar los pagos de las cuotas requeridas para la confección de los buzos. La confianza depositada en ella se quebró el día en que debía abonar la última cuota a la empresa encargada del pedido. Según relataron los padres, en ese momento la mujer alegó que su celular había sido hackeado, lo que le impedía completar la transferencia pactada.

Según informó el portal El Diario Sur, la falta de contacto posterior y la ausencia de respuestas concretas incrementaron la preocupación entre los afectados. Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que los fondos nunca habían sido transferidos, salvo una seña inicial de 45 mil pesos.

La situación escaló cuando la mujer intentó justificar su accionar presentando comprobantes de pago ante la comunidad educativa. De acuerdo con los testimonios recogidos, los documentos exhibidos presentaban inconsistencias evidentes. “Un día llegó al jardín con los comprobantes truchos. Tenía el mismo CBU pero cambiaban los datos de la cuenta, las impresiones nunca tenían la marca de agua de Mercado Pago y los números estaban pegados”, afirmó Magalí C., madre de una de las niñas afectadas.

La respuesta de la mujer acusada se produjo solo después de que los padres, ante la falta de comunicación, se acercaran a su domicilio. Al verse rodeada por varios integrantes de la comunidad, admitió que había gastado el dinero recaudado, según el relato de las familias afectadas.

Al contactar a la fábrica, los padres supieron que únicamente 19 camperas se encontraban en proceso de confección, y estaban sin coser, solo sublimadas. Las últimas cinco prendas encargadas por las familias no fueron incluidas en el proceso, ya que la responsable nunca realizó el pago ni notificó a la empresa sobre esos pedidos.

Las familias se enfrentan ahora a una dificultad económica considerable: “A esta altura no podemos volver a pagar $1.500.000 para tenerlas en la fecha pautada, eran para la semana que viene las camperas”, advirtió Córdoba.

Las familias expresaron su malestar no solo por el perjuicio económico, sino por el efecto emocional del episodio. “Es muy injusto y estamos muy indignadas, las familias con mucho esfuerzo juntamos cuota por cuota. Eran las camperas de egresados de nuestros nenes, el momento más emotivo de todos estos años. Jugó con la ilusión de todas las familias, hoy está todo arruinado”, sostuvo Córdoba.

Este no es el primer caso de estas características que se conoce. De hecho, hace unos meses, padres de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, provincia de Misiones, denunciaron a una madre por apropiarse de más de 17 millones de pesos, destinados para costear la fiesta de egresados del curso de su propia hija.

La mujer, identificada como Romina E., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía provincial. La situación quedó al descubierto a pocos días del evento. Según la información consignada por el medio MisionesOnline, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de Romina E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, previsto para el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El avance de los fraudes telefónicos ha llevado a organismos y plataformas a emitir advertencias sobre los riesgos que implica responder de forma descuidada a llamadas desconocidas.

Diversas autoridades han alertado sobre el peligro de pronunciar determinadas frases durante estas interacciones, pues pueden facilitar el acceso no autorizado a cuentas bancarias y perfiles en aplicaciones como WhatsApp.

En el centro de estas alertas se encuentran dos expresiones que, aunque cotidianas, se han convertido en herramientas clave para los ciberdelincuentes.

El fenómeno conocido como vishing, basado en técnicas de ingeniería social, utiliza el consentimiento verbal y la obtención de códigos de verificación como puertas de entrada para perpetrar robos de identidad y fraudes millonarios.

Cuál es la palabra que nunca se debe decir en una llamada desconocida

Responder afirmativamente a una llamada de un número oculto o no identificado puede tener consecuencias más severas de lo que se imagina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la palabra “sí” se ha convertido en un vector crítico para la validación fraudulenta de transacciones.

Los estafadores suelen iniciar la conversación con preguntas diseñadas para obtener esta respuesta, como “¿Está usted autorizando alguna transacción en este momento?” o “¿Desea actualizar sus datos?”.

La grabación de la voz diciendo “sí” permite a los ciberdelincuentes simular el consentimiento del titular ante bancos y servicios en línea, facilitando la suplantación de identidad. Las víctimas suelen descubrir el fraude solo después de recibir notificaciones extrañas o al detectar movimientos no reconocidos en sus cuentas.

Qué código de WhatsApp nunca se debe revelar a ninguna persona

El segundo gran riesgo identificado por las autoridades y plataformas tecnológicas está vinculado con el código de verificación de WhatsApp.

Cuando alguien intenta registrar un número en un nuevo dispositivo, la aplicación envía automáticamente un código de seis dígitos por SMS. Si el usuario lo comparte, el control total de la cuenta queda en manos del estafador.

El centro de ayuda de WhatsApp insiste en que el código nunca debe ser facilitado a extraños, ni siquiera a quienes dicen pertenecer a la empresa o a un supuesto soporte técnico.

Al obtener el código, los atacantes acceden a los mensajes, contactos y grupos, y pueden suplantar la identidad digital de la víctima para expandir la estafa. Sin este código, los atacantes no pueden realizar el secuestro de la cuenta, lo que subraya la importancia de mantenerlo en secreto absoluto.

Qué medidas tomar ante una llamada sospechosa

Frente a una llamada inesperada de un número desconocido, la pauta de las autoridades es no confirmar la identidad ni proporcionar ningún tipo de dato personal.

Tampoco se debe compartir códigos de verificación ni emitir afirmaciones que puedan ser grabadas. En caso de presión o insistencia por parte del interlocutor, lo más seguro es colgar inmediatamente.

Tras recibir una llamada de este tipo, conviene verificar a través de canales oficiales si la entidad mencionada intentó realmente establecer contacto.

Además, se debe revisar los movimientos bancarios y modificar las contraseñas de las cuentas que podrían haberse visto comprometidas. La reacción rápida es fundamental para minimizar el impacto del fraude.

Por qué es clave el monitoreo y la comunicación directa con los servicios financieros

El monitoreo constante de los movimientos bancarios y el contacto directo con los responsables de los servicios financieros constituyen barreras de protección adicionales frente al fraude digital. La mayoría de las víctimas solo detecta el problema tras recibir alertas inusuales o al intentar acceder a servicios bloqueados.

Asimismo, autoridades y aplicaciones coinciden en que la educación digital y la vigilancia activa son factores claves en la prevención. Ante cualquier sospecha, la comunicación inmediata con la entidad financiera puede limitar los daños y evitar la propagación del fraude a nuevos contactos o cuentas asociadas.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus tácticas para obtener información personal y financiera a través de engaños relacionados con supuestos subsidios del gobierno.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que estas maniobras buscan captar la atención de posibles víctimas con la promesa de dinero gratis, lo que termina exponiendo datos sensibles y hasta provocando el vaciamiento de cuentas bancarias.

La FTC ha detectado un aumento en este tipo de fraudes, en los cuales los estafadores emplean canales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales.

Las víctimas suelen ser contactadas de manera inesperada y enfrentan riesgos graves al proporcionar información personal o realizar pagos bajo engaño.

Cómo logran los estafadores el primer contacto con su víctima

Los estafadores suelen aproximarse de forma sorpresiva, utilizando cualquier canal digital o telefónico disponible. La FTC señala que el contacto puede materializarse mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales.

El tono empleado puede ser amistoso, urgente o incluso institucional, con el objetivo de generar confianza o preocupación. En estos primeros mensajes, los ciberdelincuentes aseguran a la posible víctima que cumple con todos los requisitos para recibir dinero gratis del gobierno.

La FTC aclara que las agencias gubernamentales no se comunican de esta forma y subraya que cualquier ofrecimiento inesperado debe ser considerado estafa.

Qué promesas falsas utilizan los estafadores para engañar a los usuarios

Las promesas de los responsables de estos fraudes suelen adaptarse a las necesidades de sus víctimas. Según la FTC, los estafadores afirman que el supuesto subsidio puede utilizarse para cubrir necesidades personales como el pago de facturas, gastos de educación, reparaciones del hogar o deudas acumuladas.

Estas afirmaciones apelan a la urgencia económica y a situaciones de vulnerabilidad, lo que facilita la manipulación. Los atacantes ajustan su discurso según los datos que logran obtener de redes sociales u otras fuentes, fortaleciendo la credibilidad del engaño y aumentando la presión sobre la víctima para que actúe con rapidez.

Por qué solicitan información personal y financiera de las víctimas

Uno de los principales objetivos de los estafadores es la obtención de datos personales críticos. La FTC advierte que suelen solicitar el número de Seguro Social, nombre completo, dirección y fecha de nacimiento, bajo el argumento de verificar la elegibilidad para el supuesto subsidio.

Esta información permite cometer fraudes de identidad y acceder a cuentas bancarias. Además, los ciberdelincuentes requieren detalles financieros, como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, justificando que necesitan estos datos para realizar el depósito del subsidio.

La FTC enfatiza que ninguna agencia gubernamental legítima solicita estos datos para otorgar ayudas económicas y que cualquier pedido de este tipo constituye una señal de alerta.

Cómo saber si un subsidio del Gobierno es en realidad una estafa

Una de las características más evidentes de este tipo de estafas es la solicitud de pagos previos con el pretexto de cubrir cargos de procesamiento o tasas administrativas.

Los atacantes insisten en recibir dinero a través de transferencias, tarjetas de regalo o criptomonedas, métodos que dificultan el rastreo y la recuperación de fondos.

La FTC subraya que los subsidios gubernamentales reales nunca exigen el pago de honorarios o comisiones para acceder a la ayuda. Los verdaderos subsidios se destinan a organizaciones que presentan solicitudes formales y cumplen requisitos específicos, nunca a individuos contactados de manera espontánea.

Cómo detectar y evitar caer en la estafa de los subsidios del Gobierno

La FTC sugiere desconfiar de cualquier ofrecimiento de dinero gratis recibido sin haberlo solicitado y nunca compartir datos personales o bancarios con desconocidos. Las agencias gubernamentales no se comunican de forma inesperada para ofrecer subsidios y jamás solicitan pagos anticipados.

Asimismo, ante cualquier intento de fraude, la FTC exhorta a reportar el hecho mediante sus canales oficiales o a través de las autoridades correspondientes. Reconocer las señales de alerta y actuar con cautela es fundamental para evitar el robo de información y la pérdida de fondos.

Durante algo más de tres años - entre noviembre de 2022 y febrero de 2026 - un hombre francés pudo estafar a decenas de jubilados. El joven, que fue detenido y puesto bajo custodia junto a su pareja el pasado martes, 10 de marzo, logró hacerse con un total de 101.022 euros estafando a unos sesenta ancianos.

La investigación se alargó durante varios meses y su resolución exigió una estrecha colaboración entre los servicios policiales de Pas-de-Calais - departamento de residencia del joven detenido - y de Nord para el cruce de información, identificación de las víctimas y recopilación de las denuncias. El hombre, de 28 años de edad y local de la comuna de Denain, se hacía pasar por otra persona para engañar a víctimas vulnerables, principalmente personas de la tercera edad.

100.000 euros estafados haciéndose pasar por un trabajador

El joven se presentaba como representante de una empresa de vivienda local o como obrero encargado de realizar algún trabajo en los domicilios de sus víctimas. En cada visita, utilizando una terminal de pago, el detenido cobraba importantes sumas de dinero. Lo hizo al menos sesenta veces - se han presentado sesenta denuncias -, la mitad en Pas-de-Calais (en las poblaciones de Harnes, Carvin, Billy-Montigny, Hénin-Beaumont, Rouvroy, y Sallaumines…) y la otra mitad en Nord (concretamente en Annouelin, Denain, o el área de Valenciennes entre otras poblaciones). Según fuentes policiales citadas por Actu.fr, el perjuicio total se estima en unos 101.022 euros.

Una vez detenido, el hombre de Denain fue interrogado por los investigadores y reconoció parte de los hechos. Según la versión que dio el joven entonces, había actuado de esta manera para saldar su deuda con la URSSAF (Unión de Recaudación de las cotizaciones de Seguridad Social) y financiar el tratamiento médico de su hija, gravemente enferma.

Los agentes pudieron comprobar durante la investigación que, efectivamente, el acusado debía más de 180.000 euros a la URSSAF. También que su pareja recibía prestaciones de manera indebida. Además, el hecho de que la pareja habría apostado más de 100.000 euros en un casino hizo sospechar a los investigadores de que ambos habían recurrido al blanqueo de dinero.

Finalmente, sin embargo, las autoridades policiales no pudieron comprobar que la pareja del joven había sido cómplice en la trama de estafas, por lo que fue puesta en libertad. El hombre, por su parte, fue presentado ante un tribunal hoy jueves en una comparecencia inmediata, pero el caso se ha pospuesto para una audiencia posterior.

¿Qué hacer si he sido víctima de fraude?

Lo fundamental cuando uno sospecha que está siendo estafado es actuar con rapidez. El primer paso recomendable es ponerse en contacto con la entidad bancaria para que bloquee toda transacción sospechosa y cancele o suspenda los métodos de pago. En ocasiones es posible recuperar el dinero perdido a causa de la estafa, pero esto dependerá del tipo de estafa y de las pruebas que se puedan proporcionar.

Una vez garantizado que un tercero no autorizado no podrá hacer uso de las cuentas, lo suyo es presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, punto de partida fundamental para cualquier acción legal que pueda acabar siendo necesaria.

El aumento del uso de servicios financieros por canales digitales ha disparado suplantaciones de identidad. Y es que el 82% de las transacciones en el país se realiza por internet, en medio de un incremento del 69% en los ataques cibernéticos al sistema bancario en el primer semestre del último año, por lo que el país enfrenta un desafío creciente en la protección de la identidad y la seguridad de usuarios.

Por esta razón, las compañías tecnológicas y entidades han adoptado sistemas más robustos de validación y alertas proactivas para contener esta escalada de estos delitos cibernéticos.

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Entre los datos más preocupantes reportados por la Policía, en 2025 se presentaron 62.299 denuncias por delitos informáticos, y hasta el momento, en 2026 ya se han registrado más de 5.000 casos adicionales.

Estos números reflejan el crecimiento constante del riesgo para los más de 30 millones de usuarios que, diariamente, firman contratos, solicitan créditos o realizan trámites desde su celular. El impacto se agrava por la facilidad con la que datos, fotos o dispositivos pueden ser utilizados sin autorización.

Cuatro señales para detectar suplantación de identidad antes de aprobar un trámite

Las empresas hoy cruzan cuatro factores críticos para advertir intentos de suplantación de identidad.

• Primero, verifican si la persona está realmente frente a la cámara.
• Segundo, evalúan si la imagen enviada fue tomada en vivo o proviene de otra pantalla.
• Tercero, detectan si un mismo correo electrónico o número de celular se ha usado para validar más de una identidad.
• Por último, supervisan si un dispositivo intenta validar varios nombres en un corto periodo.

El cruce de estos datos no siempre determina un fraude, pero sí activa revisiones adicionales antes de aprobar operaciones sensibles. Santiago Montoya alertó: “Ese filtro puede evitar que un crédito, una firma o un contrato siga adelante con datos que no corresponden al verdadero titular”.

Asimismo, los usuarios pueden detectar tres alarmas básicas en su vida cotidiana que indican una posible suplantación.

• Recibir notificaciones, correos, códigos o mensajes sobre firmas, créditos o validaciones que nunca iniciaron.
• Recibir advertencias de inconsistencias en procesos que no reconocen, lo que suele evidenciarse antes de una pérdida de dinero.
• Encontrar contactos, datos o movimientos asociados a solicitudes desconocidas, como un email, número de celular o petición inusual.

Qué hacer ante una sospecha de suplantación: 5 recomendaciones para proteger la identidad digital

• Solicitar la suspensión inmediata de cualquier aprobación o desembolso pendiente. Actuar con prontitud puede frenar el avance del trámite.
• Se debe pedir la trazabilidad completa del proceso: información como el correo, número de celular, dispositivo, dirección IP y cualquier dato de conexión asociado resulta indispensable para fundamentar la reclamación formal.
• Dejar constancia escrita del reclamo a través de los canales oficiales, ya que una simple llamada no suele ser suficiente como prueba.
• Guardar todos los soportes: correos, mensajes, pantallazos y notificaciones pueden constituir evidencia clave más adelante.
• Es fundamental revisar si existen errores en los datos personales asociados y solicitar su corrección para prevenir futuros incidentes.

Frente a este panorama, la manera de validar identidades en trámites remotos ha evolucionado. Las empresas dejaron atrás la simple comparación de una fotografía con un documento, y ahora cruzan múltiples variables al mismo tiempo para filtrar operaciones sospechosas antes de autorizar un contrato, una firma o el desembolso de un crédito. Las compañías verifican el rostro, la dirección de correo electrónico, el número de celular, el dispositivo desde el que se realiza la solicitud, la IP y la ubicación.

Un ejemplo clave lo representa la plataforma El Guardián de Identidades, desarrollada por Auco, compañía antioqueña especializada en seguridad digital. Santiago Montoya, CEO de la entidad, explicó que este sistema, basado en biometría facial, inteligencia artificial, blockchain y algoritmos matemáticos propios, ha revolucionado la identificación de inconsistencias y la decisión sobre la aprobación o detención de trámites digitales.

Montoya detalló que solo en marzo, la plataforma procesó 56.618 validaciones y generó más de 4.100 alertas. En ese mismo periodo se identificaron 2.280 casos donde el rostro no coincidía con el titular, 1.782 fotos tomadas desde pantallas o tabletas y 53 cédulas con fotografía alterada. La tecnología permite así bloquear a tiempo operaciones comprometedoras y evita posibles delitos financieros.

Tal como consignó el TSXG, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el matrimonio contactó con el acusado, de 35 años, para adquirir dos furgonetas Renault Kangoo valoradas en conjunto en 9.000 euros. El pago se realizó el 4 de abril de 2022 mediante transferencia bancaria. Tras este primer pago, los afectados no recibieron los vehículos prometidos, lo que motivó que reclamaran la cantidad entregada. Según publicó la autoridad judicial, el estafador retomó el contacto con el matrimonio en noviembre del mismo año, proponiendo nuevamente la venta de otras dos furgonetas por la misma suma inicial y logrando un nuevo acuerdo de compra.

En diciembre de 2022, el procesado amplió el alcance de la estafa al ofrecer a la pareja una vivienda en Mallorca. Según detalla el fallo judicial citado por el TSXG, el acusado presentó el inmueble como procedente de subastas y prometió condiciones económicas ventajosas. Envió imágenes y la dirección de la propiedad, lo que llevó a los compradores a transferirle 20.000 euros para asegurar la operación. Durante este período, el individuo ofreció a los afectados la compra de más bienes raíces, supuestamente obtenidos de embargos, lo que incrementó la suma total entregada por el matrimonio hasta alcanzar los 100.000 euros, sin que recibieran ninguno de los productos prometidos.

El medio TSXG comunicó que la condena ratificada contempla tanto la pena privativa de libertad como la imposición de una sanción económica y la reparación del daño causado mediante la restitución de los fondos. El tribunal consideró probado que el acusado indujo a error al matrimonio mediante engaños reiterados, obteniendo sucesivas transferencias de dinero bajo falsas promesas de venta de vehículos e inmuebles que, en ningún momento, estaban en disposición de ser entregados.

Según informó el Tribunal, la secuencia delictiva se inició con una transacción aparentemente convencional en el ámbito de la compraventa de automóviles, evolucionando hacia un esquema de apropiación indebida a través de una supuesta inversión en el sector inmobiliario. Ninguno de los pagos ejecutados culminó en la entrega de un bien, según detalló la resolución judicial. El acusado utilizó distintos pretextos para justificar el retraso en las entregas y mantener la confianza de los perjudicados, hasta que estos decidieron acudir a la justicia.

El fallo del TSXG destaca que toda la operativa se basó en la confianza y apariencia de legalidad generadas por el acusado, quien desempeñaba su actividad en un concesionario conocido en la zona. El órgano judicial gallego subrayó que el conjunto de operaciones evidenciaba una intencionalidad clara de apropiación de fondos ajenos, descartando la existencia de un error comercial o de problemas logísticos.

La sentencia cuenta con la validación del máximo órgano judicial de Galicia, lo que implica la firmeza de la condena y la obligatoriedad de las medidas impuestas, según especificó el TSXG. El acusado, tras agotar las vías procesales de recurso en el ámbito autonómico, deberá responder penal y económicamente por los hechos establecidos en la instrucción. El caso, de acuerdo con el relato del tribunal, refleja una modalidad de fraude en la que la persona condenada utilizó el negocio automovilístico como fachada para la captación de fondos destinados tanto a la supuesta compra de automóviles como a operaciones inmobiliarias inexistentes.

El órgano jurisdiccional resaltó que el modus operandi incluyó la presentación de datos concretos y material visual sobre las viviendas, lo que contribuyó a generar una apariencia de veracidad ante las víctimas. Los afectados, convencidos por las promesas y por la documentación proporcionada, accedieron a realizar las sucesivas transferencias indicadas por el implicado. La suma total transferida fue de 100.000 euros, cantidad que corresponde a los daños económicos derivados de la conducta ilícita, según la documentación facilitada por el TSXG.

La resolución judicial impone, además de la pena de cárcel y la multa, la restitución a las víctimas del importe íntegro de las cantidades recibidas en concepto de compraventa de vehículos y de las supuestas operaciones inmobiliarias. Los magistrados concluyeron que el comportamiento evidenciado en este caso encaja plenamente en el tipo penal de apropiación indebida, y que la situación de indefensión creada en los perjudicados se vio agravada por la persistencia en los engaños y la prolongación en el tiempo de la conducta fraudulenta.

De acuerdo con lo dictaminado por la Audiencia de Ourense y confirmado por el TSXG, la responsabilidad penal y civil del acusado se deriva de la utilización ilícita de los fondos y de la ausencia de entrega de los bienes comprometidos. El tribunal autonómico estimó que el relato de los hechos reúne los requisitos para la confirmación de la condena y el resarcimiento del daño económico sufrido por los demandantes, según el contenido de la sentencia difundido por el propio tribunal superior gallego.

La investigación por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación, ya fue enviada de manera parcial a juicio oral. Ahora, uno de los detenidos intentó sin éxito ser liberado o acceder al arresto domiciliario.

Se trata de Enrique Cutrona, quien seguirá preso a la espera del juicio oral, al igual que otros cuatro acusados. La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible un pedido de la defensa.

La decisión, adoptada por mayoría en la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, dejó firme un rechazo previo del Tribunal Oral Federal 6, que ya prepara el futuro juicio y convocó a las partes a ofrecer prueba.

Una maniobra millonaria y estructurada

La defraudación fue cometida contra las Facultades de Derecho y de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, que en septiembre de 2024 fueron víctimas de un desvío de fondos por un total de 1.591.382.140,18 pesos.

En este contexto, Cutrona está procesado con prisión preventiva y acusado porque habría recibido “dos transferencias producto de una maniobra defraudatoria instrumentada mediante la utilización de notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”.

Esas operaciones se concretaron en septiembre de 2024 por montos de $275.480.000 y $172.990.533, transferidos desde una cuenta oficial del Banco Nación perteneciente a la Facultad de Derecho hacia la firma Eksplodo S.A., vinculada al acusado.

A partir de allí, comenzó un circuito destinado a ocultar el origen del dinero. Según la reconstrucción judicial en la investigación que estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Eduardo Taiano, los fondos fueron objeto de “diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”.

En concreto, se realizaron transferencias por $200 millones, $150 millones, $50 millones y más de $21 millones hacia la firma Aigle S.A., señalada como una cuenta recaudadora utilizada para canalizar el dinero, además de otros giros a empresas y personas físicas por más de $21 millones adicionales.

El tramo final del circuito incluyó la conversión de los fondos en activos digitales: “los fondos remitidos fueron posteriormente aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT… configurando de ese modo un claro circuito de lavado de activos”, sostiene la acusación.

Para la Justicia, Cutrona habría tenido un rol clave en ese esquema, con presunta participación en la disposición ilegítima de fondos públicos y en su posterior “reciclaje” mediante operaciones financieras diseñadas para ocultar su origen.

Gravedad del delito

En su voto, el camarista de la sala I de Casación Daniel Petrone remarcó “la gravedad de la maniobra delictiva que incluye la participación de numerosas personas“. A esa postura adhirió su colega Javier Carbajo.

El fallo al que tuvo acceso Infobae también destacó que se trató de una operatoria orientada a la “disposición ilegítima y el posterior reciclaje de fondos públicos” y a “ocultar y legitimar el origen ilícito del dinero”, en el marco de un esquema típico de lavado.

A eso se sumó la complejidad de la maniobra, con “participación de numerosas personas y… otros sujetos involucrados aún no individualizados”, lo que, según los jueces, refuerza los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación en caso de conceder la libertad de los acusados.

El tribunal advirtió que se trata de un caso en el que deben resguardarse no solo los fines del proceso sino también el interés social, al recordar que “el legítimo derecho de la sociedad” habilita a adoptar medidas para asegurar que “no se frustre la investigación ni la eventual condena”.

También se valoraron elementos de prueba como escuchas telefónicas que darían cuenta del conocimiento del acusado sobre la causa y de posibles maniobras para influir en su desarrollo. Se concluyó que ninguna medida alternativa —como el arresto domiciliario— resulta suficiente para garantizar su sujeción al proceso.

Cutrona está detenido desde febrero de 2025 y fue procesado por defraudación a la administración pública, uso de documento falso y lavado de activos.

Fue enviado a juicio con otros cuatro acusados y la investigación sigue sobre otros sospechosos de haber intervenido en las maniobras.

Cómo fue la maniobra

Todo comenzó con el envío de correos electrónicos desde falsas casillas de la UBA con requerimientos de transferencias. También se habilitaron líneas telefónicas para simular órdenes genuinas impartidas por presuntos funcionarios autorizados de la UBA y solicitar transferencias MEP.

Ese tipo de operación no es utilizado por las facultades, que realizan sus pagos únicamente a través del homebanking institucional y con respaldo en el sistema contable, se enfatizó en la investigación.

Sin embargo, la documentación apócrifa resultó suficiente para inducir en error a los empleados bancarios y lograr la salida del dinero.

Los acusados utilizaron direcciones de correo que imitaban las institucionales. En vez de enviarse desde los dominios oficiales “@uba.ar” o los internos de las facultades, los mails provenían de casillas creadas en servicios gratuitos, pero con nombres muy similares a los reales de las personas autorizadas. La fiscalía señaló que las órdenes de transferencia ingresaron desde direcciones como “secretaria.finanzas.odontologia@gmail.com” y “administracion.derecho.uba@outlook.com”, casillas inexistentes en la estructura universitaria. Para darle verosimilitud, los correos reproducían la forma de escribir de los funcionarios, el tono administrativo y hasta copiaban la firma electrónica.

Uno de los mensajes analizados por los peritos aparecía acompañado por un archivo PDF con la orden falsa y decía: “Por indicación del Sr. Secretario, solicitamos dar curso urgente a la transferencia MEP adjunta a favor de la firma Elysium. La operación fue autorizada por la superioridad. Favor confirmar recepción.” La fiscalía destacó que la frase “fue autorizada por la superioridad” fue utilizada reiteradamente para reforzar la apariencia de una decisión interna ya tomada.

Las “notas falsas remitidas por correo electrónico y luego entregadas en soporte papel” fueron “idóneas y suficientes para inducir en error a los empleados bancarios”, consideró la fiscalía en su pedido de envío a juicio oral.

El caso se descubrió cuando la Facultad de Odontología observó movimientos sin respaldo contable. Al revisar la documentación, las autoridades notaron que no existían órdenes de pago que justificaran las operaciones y que los mails supuestamente enviados por funcionarios no se correspondían con las direcciones oficiales. En la Facultad de Derecho se constató lo mismo: ningún área había solicitado operaciones MEP y las firmas insertas en las notas no coincidían con las auténticas.

La escena se repite con frecuencia en diferentes países. Un teléfono suena y, al contestar, una voz entusiasta anuncia la noticia: “Ha ganado un auto nuevo” o “Resultó afortunado en nuestro sorteo”.

El entusiasmo inicial puede convertirse en duda cuando el interlocutor exige algún tipo de pago para acceder al supuesto premio. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), este tipo de llamada corresponde a una de las estafas más extendidas, cuyo único propósito es obtener dinero de las víctimas.

La FTC advierte que, en la mayoría de estos casos, el destinatario ni siquiera participó en un concurso real. La estrategia de los estafadores consiste en aparentar legitimidad, mencionando nombres de empresas reconocidas y solicitando pagos por conceptos como impuestos o gastos de envío. El resultado siempre es el mismo: no existe ningún premio y la persona termina perdiendo dinero.

Por qué las llamadas de premios terminan siendo una estafa

De acuerdo con la FTC, la clave está en la exigencia de un pago previo para acceder al premio. Los responsables de la estafa utilizan frases como “cargos de procesamiento” o “impuestos obligatorios” para justificar el cobro.

El organismo estadounidense subraya que ningún premio legítimo requiere pagos para ser entregado. Si la persona accede a pagar, el resultado es una pérdida económica, sin ningún beneficio real.

Además, la FTC señala que los estafadores suelen presentarse como empleados de sorteos reconocidos para ganar confianza. Esta técnica busca convencer a la víctima de la autenticidad de la oferta, aunque en realidad no existe relación alguna con la empresa mencionada.

Qué señales permiten identificar una estafa telefónica de premios

Una de las señales más claras es la presión para actuar rápido. Los estafadores suelen insistir en que la oferta es válida solo por tiempo limitado, con el objetivo de que la víctima no investigue la veracidad de la llamada. La FTC sugiere frenar la conversación ante cualquier intento de apuro y nunca acceder a pagos sin verificar la información.

Otra alerta es la solicitud de datos personales o bancarios. Los estafadores buscan información confidencial para cometer fraudes adicionales o venderla a extraños. La pauta a seguir es no entregar ningún dato y, ante la duda, cortar la comunicación inmediatamente.

Cómo protegerse ante este tipo de estafa telefónica

La FTC sugiere realizar una búsqueda en internet antes de responder a cualquier solicitud. Ingresar el nombre del supuesto concurso o empresa junto con palabras como “estafa” o “queja” puede arrojar resultados sobre denuncias previas.

Otra medida es consultar directamente con la empresa supuestamente organizadora del sorteo. Si la llamada es legítima, la compañía confirmará la existencia del premio sin pedir dinero a cambio. Si no existe constancia de participación en ningún sorteo, la llamada debe considerarse sospechosa.

Asimismo, ninguna compañía legítima exige dinero para entregar premios, y cualquier exigencia de pago representa un intento de estafa.

Qué otras modalidades de fraude telefónico existen

Sumado a las llamadas por premios, existen otras variantes de fraude telefónico. La FTC reporta que los estafadores pueden simular ser bancos, entidades gubernamentales o compañías de servicios.

Es común que afirmen que ocurrió un fraude con la tarjeta de crédito, que hay una deuda pendiente o que se suspenderán beneficios si no se realiza una acción inmediata.

En estos casos, el objetivo es generar pánico y obtener acceso a cuentas bancarias o información personal. Incluso pueden conocer datos reales de la víctima, adquiridos ilícitamente, para ganar mayor credibilidad.

La pauta sugerida de la FTC es no confiar en ninguna llamada que solicite información confidencial y siempre comprobar la situación directamente con la entidad mencionada. Nunca se debe devolver la llamada a números proporcionados por el posible estafador ni compartir datos personales bajo presión.

Una sofisticada red de ciberdelincuencia en Colombia recurrió al uso de inteligencia artificial para suplantar a celebridades y difundir publicidad engañosa, lo que facilita el fraude digital en redes sociales y ha dejado pérdidas financieras para muchos.

Uno de los casos más llamativos es el de una habitante de Soacha, identificada como Dina Marcela Álvarez, docente de 37 años, que cayó en un video generado por inteligencia artificial en el que se veía la imagen de Shakira promoviendo inversiones fraudulentas en criptomonedas. Álvarez explicó al programa Séptimo Día que no sospechó de la autenticidad del contenido publicitario en Facebook: “Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”.

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Tras dejar sus datos, la mujer fue contactada de inmediato por los autores del fraude y, convencida por la supuesta legitimidad de la oportunidad, transfirió $1 millón con la promesa de convertirlos rápidamente en $5 millones.

El sistema presentado simulaba un crecimiento acelerado del capital, pues el primer día, sus fondos se duplicaron ficticiamente: “El valor de ese millón se duplicó a $2 millones y con la siguiente compra aumentó $600.000 más”. Sin embargo, al intentar retirar la suma total que supuestamente llegó a $10 millones, la plataforma le exigió consignar otros $5 millones para liberar los fondos.

Finalmente, al intentar recuperar su inversión, comprobó que no recuperaría su dinero: “El dinero disminuyó totalmente. Todo lo que yo había invertido se perdió”.

En el programa se destacó que no solo personas con poca formación digital han sido víctimas. Miguel Darío Vázquez, ingeniero en sistemas y analista de calidad de software residente en Medellín, también fue engañado por plataformas que imitan a la perfección el funcionamiento y estética de mercados financieros reales.

“La aplicación no es que se viera falsa ni nada, funcionaba todo bien y yo a veces hacía comparaciones con algunos datos y coincidían”, lo que demuestra el alto nivel de simulación alcanzado por estas herramientas fraudulentas.

Otro testimonio es de Catalina Ramírez Lucero, agente bilingüe de 33 años, que buscaba incrementar sus ahorros para la celebración de los 15 años de su hija. En el programa relató que los delincuentes solicitaron acceso remoto a su computador bajo el pretexto de asistirla con supuestas operaciones, aunque el resultado fue la desaparición total de sus fondos.

“Me sentí como que jugaron con mi mente. Me sentí muy ingenua”, confesó Ramírez en Séptimo Día, tras descubrir que su cuenta había quedado en cero y que los estafadores ya no respondían a sus comunicaciones.

El avance de la inteligencia artificial incrementa el riesgo de estafas masivas

Las autoridades colombianas reconocen que las herramientas de inteligencia artificial han multiplicado la velocidad y el alcance de los delitos informáticos. El despliegue de plataformas que imitan hasta en los mínimos detalles los mercados financieros permitiendo a los ciberdelincuentes captar “millones en segundos”, según los reportes analizados por el Centro Cibernético de la Policía Nacional y difundidos por Séptimo Día.

En las cifras oficiales del Centro Cibernético de la Policía, Colombia se posiciona actualmente como el cuarto país de Latinoamérica con más intentos de ciberataques, generando un entorno de inseguridad digital.

El coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, informó a Séptimo Día que en el último año se registraron 13.000 incidentes informáticos en el país y, solo en promedio, se contabilizan 12 ataques digitales por día.

Además, explicó que la mitad de estos delitos informáticos se concentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Las modalidades van desde el acceso abusivo a sistemas hasta el hurto informático, alcanzando un total anual superior a 130.000 sucesos.

Las investigaciones policiales permitieron identificar que las cuentas bancarias y las sociedades utilizadas en el esquema de fraude pertenecían formalmente a ciudadanos de países del este de Europa, como Bulgaria y Rumanía. Este vínculo condujo a los agentes a encontrar un denominador común: un ciudadano pakistaní, señalado como el supuesto reclutador de las personas que figuraban como titulares de las empresas y las cuentas bancarias implicadas. Según informó la Policía Nacional a través de una nota de prensa, el hombre fue arrestado en Palma por ser el presunto responsable de orquestar el fraude, que implicó la utilización de más de 40 sociedades instrumentales y el desvío de más de un millón de euros mediante recibos y facturas falsas.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, la investigación, a cargo del Grupo de Delincuencia Económica, comenzó tras la denuncia presentada por el representante de una entidad bancaria. El denunciante notificó que desde mayo de 2025 se habían detectado irregularidades en operaciones bancarias relacionadas con cobros de facturas por montos significativos. Los responsables del banco observaron que en un periodo breve surgieron múltiples nuevas cuentas a nombre de diferentes clientes, todas con la contratación del servicio de emisión y gestión de recibos domiciliados.

Tal como reportó la Policía Nacional, una vez abiertas las cuentas y activados los servicios, se empezó a recibir y tramitar la ejecución de cobros asociados a facturas, accionando el pago de los importes que figuraban en los documentos presentados. El dinero era transferido sin demoras a las cuentas indicadas por los supuestos clientes. Posteriormente, los fondos se desviaban rápidamente a otras cuentas, lo que facilitaba que, al descubrirse la falsedad de las facturas iniciales, tanto las cuentas emisoras como las destinatarias de los pagos ya carecieran de fondos, imposibilitando la recuperación del dinero.

El medio detalló que, en todos los casos analizados, tanto las empresas como las cuentas bancarias estaban registradas a nombre de ciudadanos extranjeros, preferentemente de Europa del Este. Los investigadores confirmaron que estas personas habían sido reclutadas presuntamente por el ciudadano pakistaní arrestado, quien se encargaba de registrar sociedades y abrir las cuentas a nombre de los implicados, gestionando desde ese entramado las operaciones fraudulentas.

El entramado se formó con más de 40 empresas pantalla, diseñadas expresamente para crear una apariencia de operaciones comerciales legítimas, permitiendo así la sustracción de grandes sumas de dinero sin levantar sospechas inmediatas. Una vez recibido el dinero en las cuentas ficticias, los fondos eran transferidos de forma veloz, eludiendo de este modo los mecanismos habituales de control y recuperación por parte de la banca.

Según consignó la Policía Nacional, tras reunir las evidencias necesarias y confirmar la magnitud de los ilícitos, se procedió al arresto del ciudadano pakistaní, quien enfrenta cargos por estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El monto total del dinero defraudado supera el millón de euros.

La investigación permanece abierta y no se descartan más arrestos relacionados con esta red, ya que, según la misma fuente, se analiza la posible participación de otras personas que hayan facilitado el montaje y la operativa del esquema de fraude. La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer completamente la trama y determinar el alcance de los perjuicios económicos ocasionados.

La Snoopy Fun Run Colombia se presentó como la primera carrera temática oficial de Snoopy en el país, con un enfoque deportivo, familiar y solidario que incluye mascotas.

El evento, planeado para 2026, comenzará en Bogotá el 15 de marzo y ofrecerá recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. Su objetivo declarado es fomentar la actividad física, fortalecer la unión familiar y recaudar fondos para fundaciones dedicadas a la protección animal.

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Desde el anuncio de la carrera, la expectativa creció entre quienes buscan combinar el deporte con una causa solidaria y la posibilidad de correr junto a sus mascotas. Sin embargo, en las redes sociales no tardaron en surgir críticas y relatos de experiencias negativas por parte de los inscritos.

En los días previos a la carrera, varias personas utilizaron plataformas como TikTok para compartir su malestar por la entrega de los kits prometidos.

Entre ellas, la usuaria de TikTok, Lau Bolaño relató: “Ayer pasé tres horas esperando a recoger un kit para una carrera de running y así fue como perdí toda mi confianza hacia este evento... en la fila para la Snoopy Fun Run”. Para la usuaria, la organización no cumplió con lo anunciado, tampoco en los tiempos, ni en los contenidos del kit.

Según Bolaño, las sospechas sobre la confiabilidad del evento comenzaron meses atrás, tras detectar problemas en el proceso de pago y comunicación. “Lo primero fue que cuando me inscribí, el pago había salido con un error, la página estaba como rara”, mencionó. Aunque la organización respondió a su inquietud inicial, las dificultades no cesaron.

El testimonio de Bolaño detalla que, tras largas horas de fila, le entregaron un kit que no correspondía a lo que se ofrecía en la web.

Además, denunció falta de información clara sobre el recorrido y los lugares de entrega. “Nunca me mandaron un correo como para confirmar cómo iba a ser el recorrido, para recordarme dónde tenía que reclamar el kit. De hecho, esta información la obtuve porque de manera aleatoria me dio por mirar en Instagram información al respecto”, explicó en su video.

El descontento se replicó con otras personas, Pipe Romero compartió: “Triste, muy triste y lamentable. Si ven aquí que pongo un arroba, ese es el de una carrera de Snoopy que jugaron con la ilusión de un montón de personas...”empezó su relato.

Y continuó: “La fila más o menos es de tres horas para que al final no te entreguen lo que prometieron”. Romero destacó que el equipamiento recibido no coincidió con lo anunciado: “Había un botilito que prometían en la página superlindo, no te lo van a entregar, te van a entregar un botellito ahí todo equis. La camiseta con la que queremos correr todos mañana. Vas a correr con la camiseta, vas a correr con la tuya”.

En su narración, Romero también señaló la ausencia de chips de cronometraje para ciertas distancias y una actitud poco receptiva del personal: “Lo hacen como en mala gana, como: problema suyo, ¿pa’qué se inscribió a esto?”.

El descontento llegó al punto de que algunos asistentes cuestionaron directamente al responsable del evento, identificado como Amir en un segundo video ´publicado por Romero: “Yo vengo poniendo la cara”, respondió el encargado ante la exigencia de explicaciones y reembolsos.

En ese encuentro, otro ciudadano expresó: “Me demoré cuatro horas para que un señor que no había almorzado me diera un número. ¡Un número!”. La confusión reinó entre quienes intentaban comprender quién era el organizador legal y cuál era la empresa responsable, ya que “siempre hay información diferente”.

Los organizadores reconocieron los problemas en la entrega de los kits y publicaron un comunicado en la cuenta @_snoopfunrunbynaturalmente. En el mismo, aclararon que “nuestros aliados no tienen ninguna responsabilidad en la organización logística del evento ni en los inconvenientes presentados”.

Atribuyeron las fallas a “inconvenientes logísticos” y al hecho de que “varios kits deportivos fueron sustraídos, lo que generó que no contáramos con la disponibilidad completa de los mismos para todos los participantes”.

Ante la situación, comunicaron que “las camisetas oficiales de la carrera serán enviadas a las personas que deseen recibirlas en sus hogares... realizaremos el envío en un plazo aproximado de 20 días hábiles”.

Además, ratificaron que la carrera se realizaría según lo planeado, “con los permisos correspondientes y con las medidas de seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los participantes, asistentes y del equipo operativo”.

El equipo organizador manifestó su agradecimiento a quienes han mantenido la confianza y el apoyo, asegurando: “Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para que hoy podamos vivir juntos una jornada deportiva llena de energía, comunidad y amor por nuestros peludos”.

En el sitio oficial de movilidad de Bogotá se mantiene la autorización para los cierres viales requeridos el día del evento.

El recorrido inicia y finaliza en el parque Las Aguas Germania, pasando por varias calles y avenidas de la ciudad para cubrir las distintas distancias. De este modo, la realización de la carrera está confirmada, aunque persisten las dudas sobre la experiencia de los participantes.

De acuerdo con las investigaciones policiales citadas por TV Perú Noticias, el grupo delictivo contaba con procedimientos organizados y precisos para identificar a sus objetivos en las inmediaciones de bancos del distrito. Sandra Verónica Crespín, conocida como alias Chata, era la encargada de seleccionar a los adultos mayores que acababan de cobrar su pensión.

Ya dentro del vehículo, los ancianos eran abordados por falsos policías que armaban una puesta en escena para acusarlos de delitos inexistentes, sometiéndolos a amenazas hasta conseguir que entregaran todo el dinero. El modus operandi se completaba con la huida de los delincuentes, abandonando a las víctimas en la vía pública.

La operación policial que permitió capturar a Los Patinadores de San Juan se realizó en la intersección de las avenidas Fernando Wiese y Santa Rosa. En esta intervención, la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó a David Isaí Anampa Anticona, conocido como alias Negro, y a un cómplice, incautando un chaleco policial, un porta placas oficial y un kit de suplantación que evidencia la premeditación de las acciones delictivas.

Ancianos eran interceptados y engañados por falsos policias

La estructura de la banda criminal se apoyaba en la figura de alias Chata, quien se encargaba de identificar a las potenciales víctimas, hombres mayores que acababan de recibir sus pensiones. Mediante engaños, Chata lograba que accedieran a subir al taxi, donde posteriormente eran interceptados por otros miembros del grupo que simulaban ser policías.

Durante estos falsos operativos, los delincuentes acusaban a los adultos mayores de cometer supuestos delitos y los amedrentaban utilizando chalecos policiales, placas oficiales y armas, obligándolos a entregar el dinero retirado. Posteriormente, abandonaban a las víctimas en lugares apartados, dificultando la denuncia inmediata y facilitando su huida.

Este patrón delictivo fue documentado por la policía a partir de denuncias presentadas desde 2016, año en que Sandra Verónica Crespín fue identificada por primera vez como participante en robos mediante este método. La reiteración de estos hechos y el uso sistemático de elementos policiales falsificados incrementaron la peligrosidad de la banda, que operaba principalmente en las inmediaciones de bancos y cajeros automáticos del distrito.

Detenidos tenían antecedentes por estafa y suplantación

El operativo que culminó en la captura de Los Patinadores de San Juan fue ejecutado por el Cuadrón Verde de la Policía Nacional, tras varias semanas de seguimiento. Los agentes lograron interceptar el taxi utilizado por la banda en una zona transitada del distrito y arrestaron a los tres integrantes en flagrancia.

Sandra Verónica Crespín, conocida como Chata, cuenta con tres denuncias previas por estafa desde 2016 y antecedentes de detención por delitos similares. David Isaí Anampa Anticona, alias Negro, y un tercer implicado, cuyo nombre aún no ha sido revelado por las autoridades, fueron identificados en el lugar con los elementos que utilizaban para suplantar la identidad de efectivos policiales.

La policía señaló que estos sujetos no solo recurrían al engaño, sino que también empleaban la intimidación armada, lo que agravaba el riesgo para las víctimas. Tras su detención, los tres quedaron a disposición de la Fiscalía, que investiga su posible vinculación con otros hechos delictivos en San Juan de Lurigancho y distritos cercanos.

Objetos incautados confirman el modus operandi

Durante la intervención, la PNP incautó un kit completo de suplantación policial, compuesto por un chaleco negro, un porta placas oficial, una cacerina cargada con dos municiones y varias tarjetas bancarias a nombre de otras personas, presuntamente víctimas de la misma banda. Las autoridades consideran que la tenencia de estos objetos prueba la planificación y el carácter reiterado de los delitos cometidos.

El hallazgo de múltiples tarjetas de distintos bancos sugiere que el número de afectados podría ser mayor al inicialmente reportado, por lo que la policía exhortó a los familiares de adultos mayores a extremar precauciones y evitar que acudan solos a cobrar sumas importantes de dinero. Las investigaciones continúan para determinar el alcance real de las actividades de Los Patinadores de San Juan y recuperar lo robado a las víctimas.

En medio de una creciente ola de fraudes migratorios en Estados Unidos, una madre hondureña perdió 15,000 dólares tras ser víctima de una red de estafas que simulan audiencias judiciales migratorias en Baltimore, Maryland. El caso ha generado inquietud entre organizaciones de defensa y líderes comunitarios por la sofisticación de estos crímenes, que utilizan tecnología y manipulación psicológica para explotar la esperanza de reunificación familiar de la comunidad latina.

La víctima, identificada por razones de seguridad solo como Sady Giseel, fue contactada por individuos que le prometieron la liberación de su esposo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los estafadores organizaron una falsa audiencia virtual en la que participaron actores haciéndose pasar por juez, fiscal e intérprete, y presentaron documentos aparentemente oficiales con sellos y terminología legal.

Según testimonios recogidos por el medio Univision Washington D.C. , la mujer, impulsada por la urgencia de liberar a su esposo, accedió a transferir la suma exigida, recurriendo incluso a préstamos familiares en Honduras.

El dinero desapareció en cuentas bancarias imposibles de rastrear, y el esposo permanece en custodia de ICE, mientras la familia enfrenta ahora una deuda considerable y el futuro de sus hijos ha quedado comprometido. “Me mostraron documentos con sellos, me hablaron en términos legales que no entendía, y vi una pantalla que parecía una oficina de gobierno”, relató la víctima.

Las nuevas tácticas de fraude migratorio: inteligencia artificial, manipulación y vulnerabilidad comunitaria

Diversos expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la sofisticación de estas estafas ha aumentado en los últimos años, impulsada por el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Kelli Ortega, abogada de inmigración consultada por Univisión Noticias, explicó que los criminales ahora clonan voces de familiares, generan documentos digitales idénticos a los formularios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y rastrean redes sociales para recabar información sobre personas detenidas.

“Ya no te llaman solo para amenazarte con la deportación; ahora te ofrecen ‘ayuda’ personalizada. Usan información que obtienen de redes sociales para saber quién está detenido y contactar a sus esposas o madres con detalles específicos que hacen que el engaño parezca real”, afirmó Ortega.

Consecuencias económicas, emocionales y medidas de prevención ante el fraude migratorio

El impacto de estos fraudes trasciende la pérdida económica. El dinero entregado por la madre hondureña, que ascendía a 15,000 dólares, representaba los ahorros familiares destinados a la educación de los hijos y el pago de deudas en Honduras.

Por lo que, el daño psicológico también es considerable: las víctimas suelen experimentar culpa, angustia y una profunda sensación de desesperanza tras descubrir el engaño.

Frente a este panorama, expertos y organizaciones recomiendan a la comunidad migrante tomar precauciones concretas. Las agencias federales y estatales no solicitan pagos inmediatos por teléfono ni por aplicaciones como Zelle o Venmo, ni aceptan transferencias a cuentas personales.

Los pagos de fianzas se realizan solo a través de canales oficiales y rastreables. Además, el estatus de un detenido puede verificarse sin intermediarios mediante el sistema en línea de ICE o comunicándose directamente con el centro de detención. El caso de Sady Giseel ha visibilizado la magnitud del problema y motivado a otras familias a prestar mayor atención a las señales de alerta.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió sobre una suplantación de identidad mediante la cual estafadores solicitan dinero a su nombre en WhatsApp. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Según informó el propio Rendón, desde el número telefónico 324 132 74 53 individuos contactan a ciudadanos y conocidos asegurando que atraviesa una urgencia económica y piden transferencias. El mandatario detalló que los mensajes buscan generar confianza y persuadir a las víctimas para que realicen giros de dinero.

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“Por favor, no caigan en trampas. Desde este número de teléfono están engañando a las personas haciéndose pasar por mí. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades”, advirtió Rendón en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

En uno de los diálogos conocidos, el suplantador escribe: “Hoy amanecieron mis cuentas bloqueadas y debo pagar unas cuotas y otras cosas más... ya me están solucionando ese problema, pero necesito muy urgente saber si puedes hacerme el gran favor de prestarme 600.000 hasta el medio día”. El estafador solicita que el giro se haga a través de Nequi al número 320 400 79 47.

Las autoridades de Antioquia reiteraron el llamado a la ciudadanía a no realizar transferencias de dinero sin verificar la autenticidad de la solicitud. Sin embargo, esta modalidad de estafa se ha vuelto frecuente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El caso fue puesto en conocimiento de los organismos de investigación para rastrear los números desde los cuales se envían los mensajes y evitar que más personas resulten afectadas.

Las recomendaciones oficiales incluyen reportar las estafas a través de la plataforma A Denunciar de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia, o mediante el CAI Virtual en redes sociales (@CaiVirtual).

En caso de haber realizado una transferencia a los números involucrados, las entidades financieras sugieren reportar de inmediato la transacción y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, con el fin de intentar rastrear los fondos y prevenir nuevas víctimas.

Institución Minuto de Dios denuncia uso indebido de inteligencia artificial para suplantar al padre Diego Jaramillo

La Corporación Organización Minuto de Dios lanzó una alerta oficial al detectar la circulación en redes sociales de videos manipulados con inteligencia artificial que emplean la imagen y voz del padre Diego Jaramillo Cuartas para promocionar supuestos productos de salud.

La entidad desmintió cualquier vínculo del sacerdote con estas actividades y advirtió a la población sobre el uso no autorizado de su figura pastoral para engañar al público.

De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones Corporativas de Uniminuto, los delincuentes emplean tecnologías de deepfake, como sincronización labial y clonación de voz, para simular que el presidente de la institución avala remedios de colágeno.

Estos contenidos han aparecido especialmente en Facebook e Instagram, utilizando frases como que los productos “serán eliminados pronto” para incitar la compra, según aclararon fuentes de Minuto de Dios a través de un comunicado.

La indignación del padre Jaramillo quedó registrada en un video publicado en sus canales oficiales, donde enfatizó: “Están usando mi imagen como si yo fuera un vendedor de colágeno; eso es totalmente falso”.

El religioso subrayó no tener vínculos comerciales con ningún distribuidor farmacéutico ni con la promoción de productos, y destacó que el uso indebido de su imagen representa una explotación de la confianza depositada por la comunidad en su labor social y educativa.

El comunicado difundido el 23 de febrero de 2026 desde Bogotá alertó sobre el incremento de estos delitos digitales y recomendó no interactuar con los anuncios fraudulentos, abstenerse de proporcionar información personal o financiera e informar a los canales certificados de El minuto de Dios mediante capturas de pantalla para facilitar el bloqueo de cuentas. La institución indicó que las autoridades ya han sido notificadas sobre los hechos.

Las autoridades insisten en la importancia de estar vigilantes ante esta modalidad de estafa para evitar ser víctimas de engaños por parte de individuos sin escrúpulos y exhortan a denunciar de inmediato cualquier tentativa de fraude.

De acuerdo con la información publicada por Incibe, estos mensajes alegan que los dispositivos de la víctima habrían sido comprometidos mediante un software espía indetectable. Los extorsionadores afirman tener acceso a la cámara y otros elementos privados del ordenador o del móvil, aunque esa afirmación carece totalmente de fundamento. El organismo destacó que no existe tal vigilancia y que el acceso a los dispositivos es ficticio.

El contenido de los correos suele construirse con guiones genéricos basados en viejas filtraciones de datos, lo que permite automatizar el envío y llegar a un gran número de destinatarios. Según reportó Incibe, la finalidad consiste en generar alarma y la sensación de que la privacidad ha sido vulnerada, con el objetivo de obtener el pago apresurado antes de que la persona afectada pueda comprobar la veracidad de la amenaza.

La exigencia de Bitcoin constituye un factor crucial en este esquema fraudulento. El Instuto Nacional de Ciberseguridad enfatizó que esas transacciones son irreversibles y complican la identificación del beneficiario, lo cual favorece a los extorsionadores y dificulta la recuperación de los fondos enviados por las víctimas.

Además, según detalló Incibe, el mecanismo está diseñado para hacer que el remitente parezca tener información personal relevante, utilizando detalles obtenidos a partir de filtraciones previas en la red. Esta técnica se conoce como sextorsión y tiene como elemento común la utilización de amenazas falsas para lograr el cometido económico.

Frente a estos intentos de extorsión, Incibe recomendó no responder a los mensajes, no realizar ningún pago y proceder a eliminar el correo. También sugirió bloquear al remitente para evitar futuros contactos. El organismo puso a disposición de la ciudadanía su buzón de incidentes para canalizar reportes de este tipo de fraudes, e indicó la posibilidad de contactar con el instituto a través de la línea telefónica 017 antes de realizar cualquier acción.

La recomendación principal que difundió el Instituto es desconfiar de amenazas de este tipo y evitar tomar decisiones impulsivas a causa de la presión psicológica que los delincuentes intentan ejercer. Según reiteró Incibe, este tipo de operaciones carecen de fundamento técnico, ya que es altamente improbable que los remitentes hayan conseguido realmente acceder a los dispositivos ni posean material comprometedor alguno.

El organismo indicó que estos fraudes se encuentran en auge por la facilidad con la que pueden difundirse a escala masiva, dado el bajo coste operativo del envío automatizado de correos electrónicos, y por el anonimato que proveen las criptomonedas empleadas para el cobro. De acuerdo con Incibe, la denuncia y notificación de estos hechos contribuye a la mejora de la seguridad digital y a la identificación de patrones delictivos dentro del ciberespacio español.

Una mujer fue detenida en las últimas horas en la provincia de San Luis, acusada de una estafa inmobiliaria: habría vendido más de 50 terrenos pertenecientes al Estado como si fueran propios, afectando a unas 30 familias de la ciudad de Villa Mercedes.

La detención de Maité Reina del Portugal Escudero se concretó este jueves, tras una investigación que comenzó hace diez días y en la que se reunieron pruebas suficientes para avanzar con la acusación.

El fiscal a cargo de la causa es Leandro Estrada. De acuerdo con medios locales, el representante del Ministerio Público Fiscal busca imputar a Escudero por estafa en concurso real. En paralelo, se deberá determinar la posible participación de otros involucrados.

Según reconstruyó El Chorrillero, el caso salió a la luz cuando un grupo de topadoras del Gobierno ingresó al predio para realizar trabajos de preparación, ya que el Estado planea construir allí unas 300 viviendas sociales. Sin embargo, en el lugar ya había personas viviendo. Así, la Municipalidad de Villa Mercedes terminó presentándose ante la Justicia el pasado 2 de marzo.

El campo, que abarca unas 12 manzanas, está ubicado al noreste de la ciudad cuyana. El terreno había sido cedido al Estado provincial en noviembre del año pasado para llevar adelante el desarrollo habitacional.

La acusación sostiene que la detenida vendió ilegalmente los lotes a unos 15 millones de pesos cada uno. Cada parcela tenía aproximadamente 500 metros cuadrados y, en total, habría comercializado al menos 54 terrenos.

La presunta maniobra se habría concretado luego de que Escudero asegurara haber tramitado la posesión veinteañal de los terrenos, una figura legal que permite adquirir la propiedad de un inmueble tras ocuparlo durante dos décadas.

Para dar mayor credibilidad a la operación, la mujer llevó a los compradores a una escribanía, donde les entregó un croquis de los lotes junto con un documento de cesión de derechos posesorios. Después comenzaron las transferencias de dinero.

Cuando la situación finalmente se hizo pública, algunos compradores habían entregado sus vehículos como parte de pago. Otros ya habían comenzado trabajos de construcción en los terrenos que hoy se encuentran en disputa.

El abogado de la Municipalidad, Mauro Sabattini, opinó que la medida de detener a Escudero es acertada: “Esto es precautorio para que no pueda entorpecer esta investigación que está llevando el fiscal”.

“Ojalá que se pueda esclarecer, que se pueda determinar quién ha sido el responsable, que se puede echar luz a la causa y demostrar que tanto el municipio como la Provincia han actuado siempre conforme la ley, y con todos los procedimientos que deben respetarse”, continuó.

En declaraciones a la prensa, Sabattini precisó: “Desde el Municipio, en reiteradas ocasiones, no solo en conferencias de prensa sino en comunicados, decimos que ante la compra de un inmueble, mínimamente se asesoren con su abogado de confianza, su escribano, su martillero y con la Municipalidad. Nosotros no hemos recibido consultas de parte de los vecinos de parte previa a la compra”.

Los planos del desarrollo habitacional ya habían sido presentados por la provincia ante la municipalidad para la construcción de las viviendas. Actualmente, en el predio se encuentran máquinas realizando trabajos preparatorios.

En diálogo con FM Latina 103.9, los vecinos denunciaron ser al menos 33 los que fueron afectados por la estafa. “Hemos querido ponernos de acuerdo para poder luchar por un pedazo de tierra que nosotros adquirimos con muchísimas firmas de gente reconocida de acá de nuestra Villa Mercedes, que mostró expedientes, que mostró aperturas de calle, nos mostró que otras familias tenían agua y luz”.

Y siguió: “No había ningún cartel que dijera que estas tierras habían sido cedidas al gobierno”.

La Audiencia Provincial de Valladolid comenzó el pasado 2 de marzo un juicio que removerá a muchos en sus sepulturas. Perdone el lector esta expresión. Pero hay más de 6.000 posibles víctimas: las familias de los fallecidos que pagaron por un féretro nuevo y de una determinada calidad para la incineración de su ser querido. Pero antes de que el cadáver llegara al horno, los empleados de la funeraria lo sacaban y lo metían en otro ataúd mucho más barato. El original, por el que habían pagado, se volvía a vender en otro servicio. Un sistema que se prolongó durante 20 años, entre 1995 y 2005, y que los juzgados bautizaron sin ningún tipo de pudor como “reciclaje”. Esta historia tiene de todo. Se destapó porque uno de los trabajadores decidió guardar pruebas y extorsionar a los dueños de la funeraria. Con las flores se hicieron prácticas similares, pasaban de un fallecido a otro hasta que se marchitaban. Estas son las claves de un proceso que sienta en el banquillo a 23 personas.

Los detalles del juicio

El juicio se prolongará durante 35 sesiones, hasta el 9 de junio, según explica un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por el juzgado pasarán 239 testigos y 17 peritos. Los 23 procesados se declaran inocentes, aunque se les acusa de los delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil. Los beneficios ilícitos ascendieron, presuntamente, a unos cuatro millones de euros. La Audiencia Provincial tiene dos objetivos: determinar si el sistema de “reciclaje” existió y, en ese caso, quién lo conocía y quién lo autorizó dentro de la empresa, la Agencia Funeraria Castellana, que gestionaba el tanatorio El Salvador, en Valladolid.

Los acusados

Principalmente, la familia Morchón. El patriarca, Ignacio Morchón Alonso, falleció en octubre de 2022. Conocido como el ‘rey de los crematorios’ en Castilla y León, empezó su aventura empresarial con una pescadería. Pero enseguida vio negocio en la muerte (los entierros) y en los problemas financieros de sus vecinos, gestionando embargos y subastas. Sí se sientan en el banquillo, su viuda María Rosario y sus tres hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario. Todos afrontan una petición de 20 años de prisión cada uno por liderar “la trama”. La familia empleó a muchos sobrinos y sus respectivas parejas.

¿Por qué se destapó el caso?

Porque Justo Martín Garrido, un exempleado, decidió guardar pruebas de las irregularidades cometidas y decidió extorsionar al jefe. En 2016, recién jubilado, Martín Garrido empezó a pedirle dinero. No estaba de acuerdo con la pensión que le había quedado, así que le amenazó con contarlo todo. Para dejar claro que iba en serio, envió a “través de la aplicación WhatsApp fotografías de diversos féretros abiertos con los cadáveres en su interior y un cartel manuscrito donde contaba el nombre del fallecido y la fecha”, señala el sumario, indicando que guardaba copias de los partes de defunción y que si no recibía una compensación económica, “entregaría las fotos a la prensa y familiares de los difuntos diciendo que los féretros los había sustituido por otros de menos valor previamente a la incineración”. Morchón no se amedrentó y el que denunció fue él a su exempleado por extorsión. En abril de 2018 fue condenado a un año de prisión. Falleció en 2024. Fuentes judiciales señalan a Infobae que se suicidó.

El registro en su casa

La denuncia por extorsión hizo que la Policía Nacional registrara la casa de Justo, que había trabajado para la funeraria vallisoletana entre abril de 1995 y febrero de 2015, primero en la recepción y luego en el horno crematorio. Los agentes se llevaron una sorpresa. En una bolsa de deportes había archivadores con 26 libretas con anotaciones manuscritas relativas a los años 1998 a 2015, así como dos sobres con fotografías, tres pendrives con 207 fotos, 44 videos y un texto en Word donde detallaba las operaciones de sustracciones de féretros. La contabilidad B de Justo. Los datos documentaban 5.308 cambios de ataúd y de 893 coronas de flores. Aunque se investigaba una extorsión, la Policía no tuvo más remedio que iniciar una investigación paralela. Estamos en diciembre de 2017. Justo también anotó el nombre de los empleados que participaron en las sustituciones de féretros, aunque quien se beneficiaba económicamente con ellas era únicamente Morchón y su familia.

El cambiazo o “reciclaje”

En algunas libretas la Policía encontró en detalle la forma en la que se realizaba el cambio de féretros para evitar que los familiares se percataran. Por ejemplo, cuando la incineración se llevaba a cabo en el Tanatorio El Salvador y los familiares deseaban ver el inicio de la operación, después de meter el cuerpo y simular el inicio de la cremación, “accionando un potente ventilador, lo que provocaba ruido pero no aumento de la temperatura, lo volvían a sacar, se trasladaba a otro cementerio, se cambiaba la caja y se incineraba”. Así ocurrió en 746 casos. Tras analizar todas las pruebas recabadas, la Policía Nacional lanzó oficialmente la Operación Ignis (ignis significa fuego en latín). Las familias que habían utilizado sus servicios empezaron entonces a denunciar. La Fiscalía pide 206 años de cárcel para todos los acusados.

El relato de una expempleada sobre un “arcón enorme”, de aspecto particular que vio en el tanatorio, ofreció un ejemplo concreto de la práctica que dentro de la funeraria llamaban “reciclaje”. Esta acción consistía en sustituir los ataúdes adquiridos por las familias por otros de menor valor antes de la cremación, con el fin de revender los féretros más caros y reutilizar también las flores. El testimonio detallado de la antigua recepcionista, Sara Martínez Peña, se presentó durante la segunda jornada de declaraciones del juicio, conocido como el ‘caso ataúdes’, que se desarrolla en la Audiencia de Valladolid. Según informó Europa Press, Martínez Peña ocupó funciones como recepcionista y encargada de la cafetería entre 2005 y 2006 en Funeraria Castellana y afirmó que la expresión “reciclaje” resultaba habitual entre los empleados para referirse a estos intercambios.

Durante su comparecencia, Martínez Peña explicó ante la Audiencia que se enteró del significado de dicho término tras mantener conversaciones informales con otros trabajadores, quienes le explicaron que la sustitución de los ataúdes tenía lugar antes de las incineraciones. De acuerdo con Europa Press, la decisión de dar a conocer esta información nació tras el impacto mediático de la llamada Operación Ignis en 2019, cuando la Policía Nacional realizó registros masivos, localizando cerca de un millón de euros en el domicilio del propietario de la funeraria. Animada por un amigo policía, la testigo contactó telefónicamente con los investigadores para revelar que conocía la existencia de la práctica.

La testigo relató que anteriormente desconocía toda la operativa y que fue a través de la convivencia laboral cuando los empleados le describieron que, antes de la cremación y sin la presencia de familiares, los ataúdes de mayor precio se cambiaban por otros económicos. Según ratificó ante la Audiencia, los féretros valiosos se almacenaban en un garaje para ser reutilizados, y en ocasiones, las flores eran modificadas para ser revendidas posteriormente. Martínez Peña sostuvo que esta dinámica era ampliamente conocida dentro del personal del grupo funerario y que muchos empleados reaccionaban con sonrisas cómplices al escuchar el término “reciclaje”.

El Ministerio Público sostiene su acusación sobre estos hechos, que se han investigado durante más de dos décadas gracias al archivo documental reunido por Justo Martín Garrido, un antiguo empleado de Funeraria Castellana fallecido, quien intentó utilizar esta información como método de presión contra la familia Morchón para mejorar su jubilación. Conforme detalló Europa Press, la acumulación de pruebas y testimonios apunta a que los cambios de ataúdes no se habrían realizado de manera aislada, sino que requerían la colaboración de varias personas debido a la logística y la manipulación de los cuerpos.

Durante la sesión también se incorporó el testimonio del jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid, encargado de las diligencias policiales. Según consignó Europa Press, el investigador subrayó que la estructura de la operativa imposibilitaba su realización por una sola persona y que para el traslado de los cuerpos era imprescindible el apoyo de varios empleados más y determinada infraestructura.

En sentido opuesto al relato de Martínez Peña, otra recepcionista que lleva más de veinte años en la empresa negó ante el tribunal tener conocimiento alguno sobre el “reciclaje” de ataúdes o flores. Esta trabajadora también rechazó que, tras la apertura del nuevo tanatorio en 2013 y su correspondiente horno, las incineraciones se realizaran fuera de las instalaciones recién inauguradas. Sin embargo, reconoció problemas técnicos frecuentes en el nuevo horno, lo que habría podido justificar en algunos casos el traslado de incineraciones al cementerio de Santovenia, aunque aseguró desconocer cualquier decisión deliberada para facilitar el intercambio de féretros sin la presencia de las familias.

El fiscal planteó ante la testigo la existencia de aproximadamente medio centenar de casos que, según las pruebas recopiladas, siguieron el mismo patrón de sustitución, sin embargo, la empleada insistió en su desconocimiento sobre el desvío intencionado de cremaciones ni admitió tener constancia del presunto intento de extorsión cometido por Justo Martín. Afirmó que no supo de ninguna irregularidad hasta el operativo policial de enero de 2019, cuando presenció la entrada de los agentes armados en las instalaciones.

En la misma línea, otras trabajadoras como Gemma Parra Sanz y la encargada de la contabilidad, María Ángeles García-Porrero, rechazaron estar al tanto de cualquier irregularidad o actividad delictiva en la funeraria. Fe Antonia Morchón, hermana del fundador del grupo funerario, no testificó tras acogerse a su derecho legal a no declarar, según reportó Europa Press.

Durante el juicio también salió a la luz un documento supuestamente redactado por empleados del grupo, en el que amenazaban con hacer públicas estas prácticas si la empresa no abonaba atrasos salariales acumulados de tres años, justificados según la empresa por supuestas pérdidas económicas. La testigo mencionada negó recordar la existencia de dicho documento.

El proceso judicial contra Funeraria Castellana se encuentra en la tercera jornada de audiencia y se prevé que continúe hasta junio, según publicó Europa Press. El Ministerio Público dirige su acusación contra 23 personas físicas, entre quienes se encuentran la viuda y los tres hijos del fundador. Solicita, para estos y el resto de acusados, penas por presuntos delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, vulneración del respeto a los fallecidos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. aparecen como responsables civiles subsidiarios por estos hechos que, de acuerdo con la investigación, se habrían mantenido durante al menos dos décadas.

En los servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, y en redes sociales de usuarios colombianos, está circulando una cadena que promete un supuesto “Bono Mujer por $850.000” a nombre del presidente Gustavo Petro y del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

De acuerdo con información confirmada por voceros del DPS, el mensaje incluye un enlace y asegura que existen “más de 2.700.000 bonos disponibles para aplicar”, dirigido a mujeres mayores de 18 años.

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Sin embargo, desde la entidad gubernamental advirtieron que se trata de una estafa diseñada para obtener datos personales.

La comunicación fraudulenta solicita a los destinatarios que ingresen a un formulario para reclamar el supuesto beneficio, con el objetivo de recopilar información sensible que puede ser utilizada para cometer delitos como acceso indebido a cuentas bancarias o suplantación de identidad.

A través de un comunicado, portavoces de la institución ratificaron que no existe ningún programa oficial denominado “Bono Mujer” y que la entidad no realiza inscripciones a través de enlaces difundidos en cadenas de WhatsApp.

“Esta información es completamente falsa. Prosperidad Social no ha creado ningún programa con ese nombre, ni realiza inscripciones a través de enlaces compartidos en redes sociales, cadenas de mensajería o páginas no oficiales”.

La modalidad de engaño utiliza el nombre del jefe de Estado y la imagen institucional del DPS para dar apariencia de legitimidad. El mensaje detalla requisitos y afirma que el subsidio sería entregado por el gobierno nacional, pero el enlace redirige a sitios ajenos al Estado.

Desde el DPS alertaron que este tipo de mensajes han circulado desde 2025 y continúan apareciendo en redes sociales y servicios de mensajería en distintas regiones del país. En la entidad enfatizaron que los programas sociales oficiales se anuncian únicamente por sus canales verificados, como la página web institucional y perfiles oficiales en redes sociales.

Las autoridades recomiendan que “nunca entreguen datos personales, ni abran enlaces sospechosos. Consulten siempre nuestros canales oficiales para evitar fraudes y desinformación”, según se leyó en una publicación oficial sobre la estafa.

Entre las recomendaciones figuran no divulgar números de identificación, datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación enviados por mensajes de texto.

Cualquier intento de fraude debe ser denunciado a través de los canales oficiales para que las autoridades y empresas tecnológicas puedan tomar medidas como el bloqueo de cuentas o enlaces utilizados en la estafa.

En 2025 también se reportaron intentos de estafas

El 10 de diciembre de 2025, voceros de la entidad se pronunciaron sobre cuatro formas de fraude detectadas contra el DPS que buscan obtener datos personales, financieros o dinero a cambio de supuestos beneficios, afectando a personas en distintas regiones de Colombia.

Entre las estrategias identificadas, figuran mensajes y llamadas donde se ofrecen inscripciones a programas sociales como Ingreso Solidario —ya finalizado en 2022—, Renta Ciudadana, Devolución de IVA, Renta Joven y Familias en su Tierra. Los estafadores piden pagos para acceder a subsidios inexistentes. De hecho, fue en 2025 cuando se comenzó a difundir el falso “Bono Mujer de $850.000” que no corresponde a ningún programa oficial.

Desde el Departamento de Prosperidad Social recordaron que la entidad no solicita dinero ni información confidencial y que todos los trámites son gratuitos.

Otras modalidades de engaño incluyen convocatorias a reuniones o capacitaciones presenciales y virtuales que la entidad no organiza, así como correos electrónicos fraudulentos sobre supuestas contrataciones. Las contrataciones solo se realizan a través de la plataforma oficial Secop II y sus correos institucionales terminan en @prosperidadsocial.gov.co.

Desde la entidad instaron a la ciudadanía a no responder correos o mensajes sospechosos, no entregar datos personales a desconocidos y denunciar cualquier intento de estafa al correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Los únicos canales oficiales de contacto son la página web prosperidadsocial.gov.co, la línea WhatsApp 3188067329, el teléfono en Bogotá 601 379 1088, la línea gratuita nacional 01 8000 95 1100, mensajes de texto al 85594 y los perfiles verificados en redes sociales.

Un hombre de 36 años fue condenado a seis meses de prisión efectiva en la ciudad de Córdoba tras ser hallado culpable de amenazar y estafar a un remisero.

El caso se resolvió en menos de una semana bajo el Sistema Integral de Flagrancia, mecanismo que permite acelerar los procesos judiciales en hechos recientes, según informaron fuentes judiciales.

La detención se produjo el mediodía del lunes 2 de marzo, cuando el acusado fue aprehendido y, ese mismo día, imputado como supuesto coautor de los delitos de amenazas y estafa contra el chofer. El procedimiento se llevó a cabo en la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur, a cargo del fiscal Pablo Cuenca Tagle.

El avance del expediente fue rápido: tres días después de la aprehensión, el jueves 5 de marzo, el imputado prestó declaración ante la Fiscalía. En esa instancia, acompañado de su abogado defensor, aceptó la realización de un juicio abreviado inicial, admitiendo la responsabilidad por los hechos atribuidos.

Según informó el medio local El Doce.tv, la defensa también prestó conformidad para que se impusiera una pena de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.

El proceso culminó el lunes 9 de marzo con la audiencia de juicio abreviado ante el juez de Control N° 3, Agustín Cafferata, quien dictó sentencia y condenó al acusado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur tramitó otra causa contra un hombre de 26 años, acusado como supuesto autor de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. El hecho ocurrió en un establecimiento educativo del barrio Obispo Angelelli.

Según se informó, el fiscal Cuenca Tagle propuso la suspensión del proceso a prueba para el acusado, quien debía cumplir con varias condiciones: un año de trabajo comunitario en una institución de bien público, someterse a tratamiento para superar su problemática de consumo de sustancias y realizar una reparación económica para el colegio afectado. El imputado aceptó el ofrecimiento formulado por la fiscalía.

Detuvieron a un hombre que robaba camionetas pick up en Guernica

En la madrugada del 2 de marzo, un hombre salió de su domicilio y se percató de que faltaba su camioneta. Había dejado su Toyota Hilux, estacionada frente a su casa. Una semana después, la Policía Bonaerense dio con el ladrón, quien ya había cometido hechos similares en Guernica. Durante el día, el delincuente trabajaba como remisero.

De acuerdo con la investigación a la que pudo acceder Infobae, gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo conocer cómo actuaba el ladrón: utilizando una yuga, accedió al interior de la camioneta y se marchó en cuestión de minutos. Esta maniobra, lejos de ser improvisada, mostró un conocimiento detallado sobre cómo vulnerar los sistemas de seguridad de estos modelos.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata intervino en el caso tras detectar coincidencias con otros hechos recientes. El entrecruzamiento de registros permitió observar que los vehículos sustraídos seguían un patrón de desplazamiento hacia la Ruta 6, en dirección a la localidad de Guernica.

La investigación logró identificar el domicilio del presunto responsable tras comparar las características fisionómicas del sujeto registrado en las filmaciones. El seguimiento de los vehículos robados, junto con la recopilación de testimonios y la colaboración interjurisdiccional, permitió a los agentes establecer una conexión directa con un residente de Guernica.

De esta manera, el principal sospechoso fue identificado como F. L. C., argentino, 29 años, remisero, domiciliado en la intersección de las calles 18 y 32. El mismo posee antecedentes penales, que incluyen causas por robo agravado (2 de julio de 2020, Fiscalía General de Lomas de Zamora), encubrimiento, extorsión y secuestro (25 de julio de 2018, misma jurisdicción), además de robo calificado con tentativa de homicidio (17 de enero de 2020, UFI descentralizada de Cañuelas).

El pasado 17 de febrero terminó la emisión del Desafío Siglo XXI, edición 21 de uno de los programas insignia de Caracol Televisión con la victoria de Zambrano. El medallista olímpico en Tokio 2021 en la prueba de los 400 metros planos se impuso en la prueba final —no sin cierta dosis de controversia—, dejando así abierta la expectativa entre los televidentes por lo que traería la próxima edición del formato de supervivencia.

Pero no solo los hogares colombianos están pendientes de los siguientes movimientos del programa, sino los aspirantes a participar en la próxima edición. Es tal la emoción y las ganas de estar allí que el canal hizo una importante advertencia, en vista del hallazgo de anuncios falsos que invitaban a iniciar el proceso de inscripción para ingresar a la próxima temporada.

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A través de la cuenta oficial de Instagram del Desafío, se pidió a sus seguidores y a los futuros aspirantes a ingresar al programa tomar precauciones ante la circulación de anuncios falsos relacionados con convocatorias y castings para el programa. En una publicación realizada por el equipo del Desafío el pasado lunes 9 de marzo, advirtieron:

“Atención Colombia. No se deje engañar. Actualmente NO hay convocatorias abiertas para #ElDesafío. ¡Cuidado con falsos anuncios y rumores!”, acompañado de las cuentas oficiales en distintas redes sociales para orientar a la audiencia.

La decisión de lanzar esta alerta proviene, de acuerdo con la revista Vea, de la detección de perfiles y publicaciones en internet que han intentado suplantar la identidad del programa, difundiendo información no verídica acerca de inscripciones y un presunto “Desafío Mundial”, motivo por el que se pidió validar cada comunicación en los canales oficiales. El mismo medio confirmó que una de las cuentas fraudulentas en Instagram acumula 35.000 seguidores, hecho que agudizó la preocupación entre los productores del popular formato televisivo.

La producción reiteró a los fans la importancia de desconfiar de páginas o mensajes que ofrezcan supuestos beneficios, recordando que toda novedad o proceso oficial se transmite exclusivamente por los medios verificados de Caracol Televisión.

La publicación generó reacciones de agradecimiento y comentarios de seguidores que celebraron el aviso preventivo, a la vez que manifestaron su emoción por saber qué tendrán preparado para la próxima edición del programa.

Cabe señalar que los casos de suplantación de identidad se extendieron a los mismos participantes. En enero pasado, el equipo que manejaba las redes sociales de Isa, integrante del equipo Gamma, denunciaron en sus historias de Instagram que un grupo de personas creó un perfil en Facebook que suplantaba su identidad mientras que pedía dinero a sus seguidores.

“Este perfil está haciéndose pasar por Isa. Y lo más grave es que las personas detrás de esto están pidiendo dinero, diciendo que Majo [hija de Isa] está enferma”, advirtieron, invitándolos a denunciar la cuenta para darla de baja.

Otro antecedente de esta práctica tuvo lugar en octubre de 2024. En esa ocasión, el entonces participante Kevyn Rúa denunció en sus redes sociales que había páginas falsas que estaban haciendo uso de su imagen para pedir dinero, afirmando que realizan “trabajos de brujería” en su nombre. En esa ocasión, Kevyn fue enfático en aclarar que no tiene ninguna relación con este tipo de prácticas.

¿Cuándo vuelve el ‘Desafío’?

Hasta el momento, Caracol Televisión no ha dado a conocer fechas de producción del reality de supervivencia. Desde el final de la temporada 21 iniciaron las transmisiones de A Otro Nivel, que ocupan el lugar en la parrilla que tenía el Desafío. Se espera que una vez el programa de talentos musicales presentado por Cristina Hurtado se encuentre en su recta final, se conozcan los siguientes movimientos del canal.

La detención se produjo tras una serie de denuncias de ciudadanos que afirmaron sufrir engaños después de comprar celulares a bajo costo a través de internet. Los pagos se realizaban mediante depósitos bancarios, pero los dispositivos terminaban inutilizados cuando el vendedor bloqueaba los chips. El caso destapó un presunto sistema de fraude que combinaba redes sociales, bases de datos personales y tarjetas SIM activadas con identidades ajenas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú indicaron que el detenido, identificado como Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años, utilizaba transmisiones en la plataforma TikTok para ganar audiencia. Durante esos directos realizaba llamadas a desconocidos con tono de broma. Sin embargo, según la investigación policial, esa actividad pública ocultaba operaciones ilegales vinculadas con la venta fraudulenta de dispositivos móviles, en perjuicio de al menos 14 personas, en Chosica.

El personaje “Fake” y su presencia en redes

En internet, Fernández Ramos adoptó el alias de “Fake”. En sus perfiles aparecía con lentes de sol y una gorra que cubría parte de su rostro. Ese estilo formaba parte del personaje que presentaba en transmisiones en vivo y que reunía a seguidores atentos a cada interacción.

En uno de esos momentos se escucha la dinámica que caracterizaba su contenido: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”. La persona al otro lado de la línea respondía confundida: “¿Cómo que no sabes quién es?”. Ese tipo de escenas atraía espectadores que reaccionaban en tiempo real.

Un informe policial sostiene que el creador de contenido utilizaba esas transmisiones como una vitrina que fortalecía su imagen digital.

La investigación señala que el influencer ofrecía equipos tecnológicos a precios muy por debajo del mercado. Entre los productos anunciados figuraban iPhone, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Las ofertas empezaban desde 850 soles, cifra que despertaba interés entre usuarios de redes sociales. Muchos compradores realizaban depósitos bancarios con la expectativa de recibir equipos de alta gama a bajo costo.

Según la policía, el fraude se completaba cuando el vendedor bloqueaba el chip de los celulares entregados o vendidos en línea. Esa acción dejaba los dispositivos sin funcionamiento, lo que impedía su uso normal.

El esquema incluía también la venta de acceso a información personal de ciudadanos registrados en la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Las autoridades sostienen que esos datos se ofrecían por montos bajos a través de internet.

Red criminal y materiales incautados

La policía sostiene que Fernández Ramos no actuaba solo. La investigación señala la participación de otras tres personas: Sesel Irvet Artica Chuquitay, Fidel Mozo León e Irving Rafael Portilla Cabrera.

Durante el operativo, agentes incautaron diversos objetos vinculados con el presunto esquema de fraude. Entre los materiales se encontraron 48 chips, cuatro pasamontañas, seis celulares, un lector biométrico y una tablet.

Las autoridades consideran que esos elementos permitían activar líneas telefónicas con identidades ajenas. Un agente explicó el funcionamiento del sistema: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

La investigación permanece en manos de la Dirección de Investigación Criminal. Los detenidos enfrentan pesquisas por suplantación de identidad y estafa agravada mediante medios digitales. Mientras tanto, la policía mantiene abierta la posibilidad de nuevas denuncias de víctimas que aún no acuden a las autoridades.

Las declaraciones presentadas ante la Audiencia Provincial de Valladolid señalan que la operación investigada, desarrollada entre 1995 y febrero de 2015, habría exigido una estructura organizativa compleja. El instructor policial, quien fue el primero de los 239 testigos citados, explicó que el proceso de cambiar ataúdes y volver a ponerlos a la venta en la funeraria no podía ser realizado por una sola persona, ya que requería una logística específica. De acuerdo con EFE, la acción consistía en retirar los féretros de los difuntos antes de su cremación para reutilizarlos comercialmente en el mismo tanatorio de Valladolid.

La instrucción judicial enfrenta a veintitrés personas acusadas de conformar una organización que, según el escrito de las acusaciones, incurrió en delitos de constitución y pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. EFE detalló que, al inicio del juicio, el presidente del tribunal preguntó uno por uno a los procesados si reconocían su culpabilidad, a lo que todos respondieron que eran inocentes.

El origen de la investigación formal se remonta a 2017, cuando el hijo del propietario de la funeraria El Salvador acudió a las autoridades. Según consignó EFE, el denunciante informó que Justo M., un antiguo empleado ya fallecido, había comenzado a extorsionar al propietario del grupo empresarial. La extorsión se habría concretado mediante el envío de cartas donde Justo M. advertía que tenía conocimiento de hechos irregulares que habrían ocurrido durante dos décadas, exigiendo una compensación económica. Junto a las cartas, el supuesto extorsionador aportó fotografías de cadáveres y partes de defunción, que sirvieron para fundamentar la denuncia ante la policía.

El motivo esgrimido por los denunciantes fue distinto: alegaron que las peticiones del exempleado estaban relacionadas con la solicitud de revisión de cotizaciones laborales y el pago de atrasos tras su jubilación. En cualquier caso, la entrega de documentación y material fotográfico motivó a los agentes a comunicar al juzgado la posible comisión de delitos asociados a la sustracción de ataúdes. Esto condujo a la apertura de diligencias y al registro del domicilio, que permitió obtener la información contenida en las libretas.

El relato del instructor, reporta EFE, incluyó detalles sobre la imposibilidad de que Justo M. hubiera realizado solo todas las operaciones, especialmente por las particularidades técnicas del proceso. Por ejemplo, explicó que el horno crematorio del cementerio no tenía el mismo tamaño que el del tanatorio, lo que dificultaba la manipulación de los féretros. Así, cremar el cadáver en el camposanto implicaba la coordinación de varias personas y la implementación de acciones planificadas, lo que apoya la hipótesis de una estructura organizada para ejecutar las maniobras.

Durante su intervención, el funcionario policial añadió que, desde el inicio de la relación laboral de Justo M. con la funeraria, existía la instrucción de retirar los cuerpos de los ataúdes antes de su incineración. Según la investigación, el argumento presentado implicaba cuestiones técnicas relacionadas con los barnices utilizados en las cajas fúnebres, cuyo olor resultaba problemático al introducirlas en el horno crematorio. Este procedimiento, lejos de limitarse a una medida puntual, se acabó convirtiendo en una práctica sistemática a lo largo de veinte años, reportó EFE.

Está previsto que las declaraciones programadas de testigos continúen en la Audiencia Provincial de Valladolid durante las próximas jornadas, con la participación de más personas relevantes para la causa judicial. EFE subrayó que el proceso judicial pone el foco en una de las investigaciones más prolongadas de los últimos tiempos en el ámbito funerario, no solo por la extensión temporal de los hechos, sino también por el número considerable de implicados y la magnitud de las operaciones investigadas.

Recibir una llamada de un número desconocido y responder de manera desprevenida puede facilitar el acceso de ciberdelincuentes a datos sensibles, abriendo la puerta a delitos como el robo de identidad o el ingreso no autorizado a cuentas bancarias.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), es crucial conocer cuáles respuestas pueden comprometer la seguridad personal ante este tipo de amenazas y qué prácticas contribuyen a evitar convertirse en víctima de estos fraudes.

Qué preguntar cuando entre una llamada de un número desconocido

La FTC sugiere, frente a llamadas inesperadas donde el interlocutor asegura pertenecer a una entidad bancaria, una empresa de servicios o una institución oficial, solicitar inicialmente el nombre de la compañía, el motivo del contacto y un número oficial de referencia.

Esta precaución permite detectar posibles inconsistencias y otorga tiempo para realizar una verificación independiente antes de avanzar en la conversación.

A pesar de que muchos estafadores cuentan con datos personales de la víctima, como el nombre completo o el domicilio, estos detalles no garantizan con legitimidad la procedencia de la llamada.

Por qué es peligroso responder “sí” en una llamada con un desconocido

El INCIBE advierte que responder con un simple “sí” a una pregunta de un desconocido puede derivar en graves consecuencias. Los estafadores, según el instituto español, graban la voz para usarla posteriormente como supuesta autorización en trámites bancarios, contratos o para fabricar identidades falsas.

Por eso, expresan los especialistas, debe evitarse responder de manera afirmativa ante consultas de origen dudoso, aunque parezcan inocentes. Optar por respuestas alternativas o pedir mayor información antes de confirmar cualquier dato constituye una medida efectiva para reducir riesgos.

Si la insistencia del interlocutor persiste sin justificación clara, lo indicado es cortar la comunicación y abstenerse de proporcionar información sensible.

La FTC señala que, sobre todo cuando el tono de la comunicación es alarmista o apremiante, el objetivo del ciberdelincuente suele ser captar respuestas inmediatas bajo presión, lo que incrementa el peligro de caer en la trampa.

Cómo verificar la autenticidad de la llamada y evitar fraudes

Que un desconocido conozca información privada, como nombres, domicilios o cuentas, no convierte la llamada en confiable. Según la FTC, los estafadores pueden acceder a bases de datos robadas y emplear esos datos para construir relatos verosímiles y así ganarse la confianza de las víctimas.

Ante cualquier mención de información privada por parte del interlocutor, se sugiere mantener la cautela y no aportar más datos hasta certificar la legitimidad de la comunicación.

La verificación, conforme sugiere la FTC, debe realizarse a través de medios oficiales: la aplicación o el sitio web de la empresa, o los números que aparecen en documentos oficiales.

Emplear los números suministrados durante la llamada o realizar rápidas búsquedas en internet no es sugerido, porque las organizaciones delictivas suelen promover números falsos mediante anuncios pagos que aparecen en los primeros resultados de buscadores.

Ante todo, el contacto directo con la entidad legítima permite confirmar si existe realmente algún inconveniente o si el llamado previo recibió únicamente el intento de una estafa.

Qué otras precauciones tener al interactuar con un número desconocido

En caso de duda, la FTC sugiere compartir la situación con personas de confianza, como amigos o familiares, y nunca acceder a la petición de mantener la conversación en secreto. La transparencia y la consulta ayuda en la detección de tácticas fraudulentas y contribuye a frenar los delitos de suplantación.

Asimismo, es clave nunca compartir códigos de verificación de WhatsApp o de otra aplicación. Esta acción permite que extraños tomen el control de la cuenta y accedan a contenido sensible como fotos, videos, archivos o contactos.

En los últimos años, el aumento de hackeos de cuentas bancarias y servicios digitales ha puesto en alerta a usuarios y entidades financieras por el alto riesgo de retiros no autorizados, robo de datos y solicitudes de créditos a nombre de las víctimas.

Los especialistas advirtieron que los primeros 15 minutos posteriores a un acceso no autorizado resultan determinantes para limitar el impacto y recuperar el control de las cuentas afectadas, según una guía publicada por el portal WeLiveSecurity y declaraciones de expertos de una empresa de ciberseguridad.

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Los especialistas de Eset explicaron que un hackeo de cuenta suele ocurrir en etapas más que como un hecho aislado. El atacante primero obtiene acceso —ya sea mediante credenciales robadas, phishing o malware— y luego busca ampliar su control, ya sea modificando datos, solicitando información adicional o incluso gestionando transacciones financieras.

Mario Micucci, investigador de seguridad informática de Eset Latinoamérica, define: “Un hackeo de una cuenta funciona como un proceso: tiene etapas. Entonces, accionar rápido es clave, ya que el ataque podría quedar en la nada, o tener un impacto mínimo. Es decir, marca la diferencia entre que todo quede en una anécdota, o la pérdida de datos sensibles y dinero”, según declaraciones citadas por El Tiempo.

La recomendación prioritaria es reaccionar inmediatamente, porque la rapidez del usuario puede impedir que el atacante complete acciones secundarias, como el robo de fondos o la toma de control de cuentas vinculadas.

De acuerdo con los especialistas consultados por WeLiveSecurity, la mayoría de los accesos indebidos proviene de credenciales comprometidas, manipulación mediante engaños y dispositivos infectados.

En los primeros dos minutos, se debe desconectar el dispositivo de Internet —apagando Wi-Fi y datos móviles— para cortar cualquier comunicación con el atacante. Si es posible, cancelar la sesión en todos los dispositivos asociados desde la configuración de la cuenta ayuda a reforzar la medida.

Entre los minutos tres y seis, se recomienda cambiar la contraseña inmediatamente desde un equipo seguro, elegir una clave única que no se emplee en otros servicios y activar el doble factor de autenticación (2FA), el cual añade un paso adicional dificultando el acceso incluso si las credenciales ya fueron robadas.

De siete a diez minutos tras el hackeo, la atención debe centrarse en revisar las cuentas vinculadas que puedan compartir la misma contraseña o datos de contacto. Los expertos subrayan la importancia de actualizar credenciales en todas estas plataformas y verificar eventuales mensajes enviados por el atacante, así como movimientos extraños en los perfiles.

El punto más sensible es el correo electrónico, ya que sirve de base para recuperar otras cuentas. Si el atacante accede a él, podría restaurar claves y volver a entrar en diferentes servicios.

Entre los minutos once y trece, es fundamental realizar un escaneo profundo del dispositivo afectado. El usuario debe buscar aplicaciones o extensiones desconocidas, actualizar el sistema operativo y eliminar cualquier software malicioso que permita futuras intrusiones.

Durante los minutos catorce y quince, los especialistas sugieren avisar a los contactos cercanos y reportar el caso a la plataforma involucrada o, en el caso de cuentas bancarias, contactar a la institución financiera para bloquear movimientos y revisar actividades recientes. Esta acción evita que el atacante continúe engañando a terceros usando la identidad de la víctima.

Los especialistas insisten en que la protección no termina luego de recuperar el acceso a la cuenta. La prevención exige activar el doble factor de autenticación en todas las plataformas posibles. Según la empresa, este sistema exige “además del usuario y la contraseña, un segundo método de verificación, como un código o dato biométrico, lo que puede impedir el acceso incluso si la clave fue comprometida”.

Es indispensable crear contraseñas robustas, preferentemente aleatorias, y evitar reutilizarlas entre distintos servicios. Los generadores de claves ayudan a establecer combinaciones seguras. Mantener el software siempre actualizado, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones, reduce las vulnerabilidades que los criminales pueden explotar.

Los expertos aconsejan extremar la precaución ante correos electrónicos sospechosos o intentos de phishing. Señales como remitentes indeterminados o mensajes con errores de redacción suelen delatar un fraude. Las recomendaciones incluyen instalar soluciones de seguridad en los dispositivos, que añaden una capa adicional de protección frente a amenazas.

De acuerdo con la información recabada, en numerosos casos los ciberdelincuentes logran retirar dinero o solicitar créditos a nombre de la víctima, complicando la recuperación y obligando a procesos extensos con entidades financieras. Además, si el atacante toma control del correo electrónico, la recuperación puede volverse especialmente difícil, dada la capacidad de reiniciar accesos en otros servicios.

El impacto psicológico tampoco es menor: el hackeo suele ser una experiencia que genera ansiedad y temores ante la posible pérdida de información o recursos. Sin embargo, la clave está en actuar con sangre fría y seguir de inmediato los pasos sugeridos por los expertos.

Como sintetiza Micucci de Eset: “Frente a un hackeo, los primeros enemigos suelen ser el pánico y la ansiedad. Por eso, contar con un plan de acción permite tomar mejores decisiones. Actuar rápido puede marcar la diferencia entre un incidente aislado y un problema con consecuencias más graves. La seguridad no se trata solo de reaccionar cuando algo falla, sino de incorporar buenos hábitos para reducir la superficie de ataque, como contraseñas únicas, autenticación en dos pasos y dispositivos protegidos. Estas acciones pueden significar ahorro de tiempo, dinero y preocupaciones.”

El fenómeno afecta a servicios de mensajería como WhatsApp, redes sociales como Instagram y Facebook, perfiles profesionales como LinkedIn, plataformas bancarias y hasta servicios de contenido como YouTube y Spotify.

En países como Colombia, los reportes de accesos no autorizados han crecido de forma continua a medida que las estrategias criminales se diversifican.

El clan acusado de lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia del país enfrentará el juicio en su contra. En los últimos días, la jueza Paula González avaló el pedido de elevación a juicio presentado a fines de febrero por la fiscal Mónica Cuñarro contra el empresario Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago y su colaborador Patricio Gastón Flores, integrantes del esquema inmobiliario Induplack, dedicado al desarrollo de 17 obras de pozo a lo largo de CABA.

Así, los acusados -todos ellos presos en penales federales, con denuncias en su contra que datan de 2020- deberán enfrentar al Tribunal Oral N°26 en una fecha a definir, con la acusación representada por el fiscal Guillermo Morosi. Cuñarro los acusa de integrar una asociación ilícita que afectó a más de 400 víctimas con, al menos, 441 hechos de estafa. El daño colectivo se estima en más de 24 millones de dólares y 1125 millones de pesos. En 2025, los L’Abbate y Patricio Flores fueron embargados colectivamente por $36 millones de dólares.

En su acusación, la fiscal aseguró que, con su accionar, los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas, damnificar a una cantidad de personas indeterminadas”, con obras que terminaron por perjudicar a los vecinos mismos, con aguas servidas y peligro de derrumbe.

Los L’Abbate y Patricio Flores son tan solo una parte de los imputados del caso. En su pedido de elevación a juicio, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Entre estos acusados hay, por ejemplo, otros dos empresarios de la construcción. La rueda de estas indagatorias comenzará esta semana y se extenderá a lo largo del mes.

Los damnificados, básicamente, denunciaron que pagaban sus departamentos y que no se los daban. Pero la presunta estafa solo es una parte de la historia del grupo Induplack, que terminó con escraches en la calle y pintadas contra sus presuntos responsables. “Se ha corroborado que desde el año 2008 los imputados se encuentran involucrados en 23 sociedades, apuntó la fiscal.

Esta sociedades, según descubrió Infobae, poco más que cáscaras fiscales a simple vista, concentraron una notable cantidad de deudas con organismos del Estado.

Una fuente clave en la causa asegura: “Estas sociedades fueron supuestamente conformadas para esconder el dinero obtenido, una típica maniobra delictiva de cuello blanco”. Los L’Abbate ocupaban todos los roles-presidentes, directores, cuotapartistas- lo que, según la causa, les permitió hacerse de grandes sumas de dólares en efectivo que fueron desviadas. Es decir, además de tomar el dinero de los compradores de los pozos, tomaban deuda, con un tendal de cheques sin fondo.

La primera firma que figura en esta lista de cheques rotos es Iwin SA, dedicada en los papeles al rubro metalúrgico. Fue creada en 2021 por Emanuel y su padre. Iwin acumula una deuda de $97 millones de acuerdo a su perfil comercial. La mitad de esta deuda le corresponde a FOGABA SAPEM, el Fondo de Garantías Buenos Aires, una institución de garantías bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

Iwin Aberturas, que Emanuel y sus hermanos integraron, acumula deudas por $369 millones: 365 le corresponden al Banco Nación.

La propuesta de la creadora de contenido generó una gran cantidad de reacciones y todo un debate sobre los retos que enfrentan aquellos que visitan la Ciudad Amurallada, especialmente por los cobros elevados en servicios de transporte y turismo.

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El consejo difundido por la influenciadora Silvana Rozo consiste en adoptar el acento costeño apenas llega al aeropuerto de Cartagena. De este modo, afirmó que logra obtener precios más justos, pues tanto taxistas como vendedores suelen ajustar sus tarifas al percibir a alguien como turista.

En su sugerencia, la tiktoker aseguró que imitar expresiones y la entonación local no solo le permite integrarse, sino evitar sobreprecios en trayectos frecuentes, como el del aeropuerto a Bocagrande.

Silvana Rozo declaró lo siguiente: “Oigan, les voy a confesar una cosa y es que literalmente es cuestión como de que yo llegue al aeropuerto de Cartagena para que marica yo vaya como lentamente cambiando. Cuando yo cruzo esa puerta, marica, yo hablo así, porque es que si no me cobran como 50 barras para llegar... No, gracias, mi amigo. 50 barras para llegar a Bocagrande. Se la tienen metida a los cachacos”.

Según su experiencia, la técnica resultó efectiva tanto con conductores como con vendedores de productos y servicios turísticos.

Reacciones en redes sociales al consejo para turistas

El video publicado por Silvana Rozo rápidamente desencadenó una ola de comentarios en TikTok y otras plataformas, en las que los diversos usuarios elogiaron la creatividad de la estrategia y compartieron anécdotas similares, validando el método para evadir el trato preferencial a foráneos, conocido localmente como “cachacos”.

Algunos mensajes resaltaron el tono humorístico de la propuesta: “Amiga, pero te salió real, aprobado tu costeñol” y “El ‘No gracias, amigooo’ fue on point, te creo que creciste en Manga”. Otros internautas afirmaron que han empleado tácticas parecidas para obtener mejores tarifas, y resaltaron la habilidad de Silvana Rozo para imitar el acento costeño, llegando incluso a dudar de si era auténticamente bogotana.

El consejo de la tiktoker se suma a una gran cantidad de videos en los que los viajeros y residentes comparten trucos y advertencias para evitar fraudes o inconvenientes frecuentes en destinos turísticos nacionales.

Recomendaciones de las autoridades para evitar estafas en Cartagena

Pese a iniciativas institucionales, los cobros abusivos a turistas en Cartagena continúan siendo motivo de preocupación. Como respuesta, la Alcaldía local puso en marcha CÍVIK, una herramienta oficial de orientación que brinda información sobre tarifas oficiales de taxi, sugerencias de seguridad y datos turísticos dirigidos tanto a visitantes como a residentes.

Este canal ha registrado la incorporación de más de 2.000 nuevos usuarios, que emplean la plataforma para consultar precios, resolver dudas y canalizar reclamos relacionados con servicios turísticos, comercios y seguridad en lugares públicos y playas. Así, la app funciona como punto de referencia para actividades de acompañamiento y atención en la ciudad, contribuyendo a una experiencia más transparente y segura.

La consolidación de alternativas como CÍVIK, junto a prácticas ciudadanas para evitar estafas, demuestra el avance hacia entornos turísticos más seguros y la confianza en canales formales para la protección de la experiencia de viaje en Cartagena, una de las ciudades con peor reputación del país en cuanto a cobros exagerados, puesto que estos han afectado a extranjeros, creadores de contenido y famosos de la farándula criolla.

Una mujer francesa de 53 años perdió más de 700.000 dólares y quedó sin hogar tras una sofisticada estafa romance sustentada en imágenes generadas por inteligencia artificial (IA).

El fraude digital encabezado por impostores que se hicieron pasar por Brad Pitt no solo destruyó sus ahorros: la víctima arrastra consecuencias psicológicas profundas, lo que ilustra el poder destructivo de las nuevas tecnologías cuando son empleadas para manipular la vulnerabilidad emocional.

Cómo se desarrolló esta estafa con IA que suplantó a una estrella de Hollywood

El modus operandi de los estafadores incluyó perfiles falsos en redes sociales, videos manipulados y hasta personajes digitales que fingían ser familiares y agentes federales.

Todo comenzó en febrero de 2023, cuando Anne, diseñadora de interiores, descargó Instagram y recibió el primer mensaje: una persona que afirmaba ser Jane Etta, la madre del actor, le aseguró que Pitt necesitaba “una mujer como ella”.

Al día siguiente, el supuesto Pitt contactó a Anne directamente, dando paso a una conexión virtual que aprovecharía tanto su inexperiencia en redes sociales como la situación personal tras una reciente separación.

De qué forma el falso Brad Pitt le pidió dinero a la víctima

Poco después del primer contacto, el falso Brad Pitt le informó sobre un impedimento para recibir regalos de lujo por el supuesto congelamiento de sus cuentas bancarias por el divorcio con Angelina Jolie.

Argumentó que necesitaba ayuda para liberar los obsequios retenidos en la aduana y solicitó una transferencia de 9.200 dólares, el primero de una serie de pagos que, a medida que pasaban los meses, se volvieron cada vez más frecuentes y onerosos.

Con el tiempo, surgieron nuevas excusas. Los estafadores afirmaron que Pitt necesitaba fondos para cubrir gastos médicos por un presunto cáncer de riñón.

Anne recibió imágenes generadas por inteligencia artificial que mostraban al actor en una cama de hospital; la ausencia de esas fotografías en internet reforzó su creencia de que las tomas eran exclusivas.

Finalmente, tras su divorcio legal, Anne transfirió su indemnización completa de 798.000 dólares a los impostores, convencida de que salvaba la vida de un hombre que en verdad nunca conoció.

Por qué fue efectiva la estafa digital que utilizaba inteligencia artificial

Durante ese año y medio, la hija de Anne, de 22 años, intentó alertarla sobre las inconsistencias del supuesto romance. No logró convencerla. La mujer sostenía que la relación era auténtica, protegida por una burbuja emocional que la mantenía ajena a los riesgos del medio digital.

El quiebre llegó en junio de 2024, cuando la prensa publicó fotografías del verdadero Brad Pitt junto a su novia, la diseñadora Inés de Ramón.

Ante la evidencia pública, Anne cortó el contacto virtual, pero los estafadores realizaron una última maniobra: intentaron presentarse como un agente especial del FBI, John Smith, para exigirle más dinero. Esta vez, la mujer denunció el hecho a la policía, que hoy investiga el caso sin detenidos hasta el momento.

Cuáles fueron las secuelas de este fraude que utilizó inteligencia artificial

El relato de Anne emitido por TF1 evidencia las consecuencias devastadoras de estos engaños: en sus palabras, intentó suicidarse en tres ocasiones desde que reconoció la verdad, ahora vive con una amiga en una pequeña habitación y conserva de sus pertenencias solo unas cuantas cajas.

Reconoció que durante la estafa omitió detalles de sus dudas, pero sostuvo que “cualquiera podría haber caído si le hubieran dicho palabras que nunca escuchaste de tu propio marido”.

Las imágenes, videos y hasta presentadores digitales que robustecieron el engaño, fueron creados con inteligencia artificial. La conjunción de tecnología, aislamiento afectivo y manipulación emocional compondría un cóctel de riesgo creciente.

Entre las alertas que surgen de este caso figura el consejo de no responder a contactos inesperados de celebridades ni aceptar solicitudes de dinero de desconocidos.

La expansión de las amenazas digitales ha colocado a los intentos de phishing como uno de los mayores riesgos para quienes utilizan servicios en línea. Millones de usuarios reciben cada día mensajes fraudulentos que buscan apropiarse de información confidencial, como contraseñas, números de cuentas bancarias o datos personales.

Estas maniobras se han vuelto comunes en correos y mensajes de texto, con técnicas cada vez más sofisticadas. El phishing se presenta bajo múltiples disfraces, desde alertas de seguridad aparentemente legítimas hasta supuestos premios o beneficios sin costo, provocando pérdidas económicas y comprometiendo la privacidad de los afectados.

Cómo identificar un mensaje de phishing

Detectar un mensaje de phishing exige observar ciertos elementos comunes en esta clase de fraude. Los ciberdelincuentes suelen utilizar nombres de compañías conocidas o instituciones oficiales para dar credibilidad a sus mensajes.

El objetivo es obtener datos sensibles o inducir a la víctima a realizar acciones peligrosas, como hacer clic en enlaces o descargar archivos. Estos mensajes con frecuencia relatan situaciones urgentes o problemáticas: actividad sospechosa en una cuenta, errores en información de pago o la necesidad de verificar datos personales.

El tono apremiante y la promesa de soluciones rápidas buscan que la persona actúe sin detenerse a evaluar la legitimidad del mensaje.

Qué señales suelen aparecer ante un intento de phishing

Existen patrones identificables en los mensajes de phishing. Uno de los más comunes es la presencia de enlaces que dirigen a sitios web clonados, cuyo único fin es capturar datos personales o instalar programas dañinos. El análisis de la dirección web revela alteraciones mínimas, como letras adicionales o dominios poco habituales.

Otra señal es la solicitud inesperada de información financiera o personal. Los mensajes pueden incluir facturas falsas o archivos adjuntos que, al abrirse, permiten la infiltración de malware.

Las comunicaciones legítimas raramente exigen acciones inmediatas sin un proceso de verificación, y suelen evitar amenazas o premios excesivamente llamativos.

Por qué los estafadores logran engañar a muchos usuarios

El éxito del phishing radica en el uso de estrategias que apelan a la confianza y la urgencia. Los estafadores emplean logotipos reales, direcciones de correo similares a las oficiales y un lenguaje formal. La referencia a instituciones reconocidas genera confianza y disminuye el escepticismo ante solicitudes inusuales.

A estos factores se suma la actualización constante de tácticas. Los ciberdelincuentes adaptan sus mensajes a eventos recientes, como actualizaciones de políticas, crisis sanitarias o novedades bancarias.

Cuáles son los pasos a seguir ante un mensaje o link sospechoso

Al recibir un mensaje dudoso, la pauta es no interactuar con enlaces ni archivos adjuntos. La verificación directa a través de canales oficiales, como el sitio web de la empresa o el número de atención al cliente, ayuda a descartar fraudes. Compartir información solo debe hacerse tras confirmar la autenticidad del remitente.

Asimismo. reportar los mensajes sospechosos a plataformas de correo o a organismos especializados contribuye a combatir la propagación de estos ataques. La participación activa de los usuarios fortalece la capacidad de respuesta frente a estafas de phishing y ayuda a prevenir daños a otros potenciales afectados.

Qué medidas ayudan a reducir el riesgo de phishing

Los filtros de spam bloquean una parte importante de los mensajes fraudulentos, aunque la vigilancia personal y la educación sobre estas amenazas siguen siendo herramientas fundamentales.

Por esta razón, la prevención es esencial frente al phishing. Instalar y mantener actualizado un programa de seguridad en computadoras y teléfonos proporciona una barrera adicional.

Configurar la autenticación de múltiples factores en servicios digitales aumenta el nivel de protección, al requerir más de una credencial para acceder a las cuentas.

Realizar copias de seguridad periódicas de los datos en dispositivos externos y en la nube permite restaurar información en caso de incidentes.

Una forma de estafa recurrente es el uso de llamadas perdidas provenientes de números con ciertos prefijos internacionales, que pueden esconder una modalidad de fraude conocida como “la estafa de la llamada perdida”.

Esta práctica, que involucra breves comunicaciones desde el extranjero, busca inducir a la víctima a devolver la llamada, lo que puede derivar en altos cargos y riesgos para la seguridad personal.

El uso de códigos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria permite a los estafadores obtener beneficios económicos ilícitos y, en ocasiones, datos sensibles.

Autoridades como la Guardia Civil de España sugieren extremar la precaución ante llamadas internacionales de origen desconocido, y subrayan la importancia de identificar los prefijos asociados a este tipo de fraude.

Cuáles son los prefijos utilizados para estafas

La elección de prefijos no es aleatoria. Los estafadores han identificado que algunos códigos internacionales, como el 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria), generan menos sospechas entre los usuarios.

La víctima, al desconocer el origen del número, puede suponer que se trata de una llamada legítima o de un error y decide devolverla. La falta de conocimiento sobre los elevados cargos asociados a llamadas internacionales facilita la efectividad de la estafa.

Además, la selección de estos prefijos busca evitar que los usuarios puedan identificar fácilmente el riesgo, aumentando la probabilidad de éxito de los ciberdelincuentes.

Cómo opera la estafa de la llamada perdida

La estafa de la llamada perdida consiste en una técnica sencilla, pero eficaz, que ha sido detectada por cuerpos de seguridad en Europa. Los ciberdelincuentes realizan llamadas muy breves, en horarios aleatorios, desde números internacionales con prefijos específicos.

El objetivo es que el destinatario, al ver una llamada perdida de un número que no reconoce, decida devolver la comunicación. Cuando la víctima devuelve la llamada, se activa un sistema de tarificación especial. Esto incrementa el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los estafadores.

Los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto dependiendo del país de origen, lo que puede provocar pérdidas económicas significativas en cuestión de minutos.

Cuáles son las consecuencias de este tipo de fraude telefónico

Las consecuencias de la estafa de la llamada perdida van más allá del impacto económico inmediato. Devolver una llamada a los números utilizados en este tipo de fraude puede abrir la puerta a delitos más complejos, como el robo de identidad o el phishing.

Los estafadores pueden aprovechar el contacto inicial para intentar obtener información personal sensible, como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos de identificación.

Qué medidas sugieren las autoridades para evitar caer en la trampa

Las autoridades sugieren no devolver llamadas provenientes de números desconocidos, sobre todo cuando incluyen prefijos internacionales que no corresponden a contactos habituales.

Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet o consultar si ha sido reportado como fraudulento en foros especializados. Asimismo, varias compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que ayuda a prevenir este tipo de amenazas.

En caso de haber respondido y haber incurrido en cargos inesperados, hay que contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico. La rapidez en la denuncia favorece la reducción del daño.

En qué otros canales intentan estafar los ciberdelincuentes

El incremento de las llamadas perdidas coincide con el auge de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los estafadores aprovechan estos canales para intensificar sus intentos y aumentar las posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más frecuentes figuran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas.

El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos. Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, es una señal de fraude.

Asimismo, es habitual que los delincuentes se hagan pasar por conocidos, inicien conversaciones para ganarse la confianza o envíen mensajes que mencionan supuestos sorteos, ofertas laborales o inversiones.