La planilla del sector público panameño arrancó enero de 2026 con 253,038 funcionarios, una cifra que dejó dos lecturas distintas sobre la mesa: por un lado, un aumento de 8,234 empleados frente a enero de 2025; por otro, una caída de 18,308 respecto a diciembre de 2025, cuando el cierre anual había llevado el total a 271,346 servidores públicos.

La diferencia no es menor. El propio informe de la Contraloría General de la República apunta a un comportamiento estacional, marcado por la culminación y posterior renovación de contratos eventuales al inicio de cada año.

Del total reportado en enero de 2026, 245,063 correspondieron a funcionarios permanentes y 7,975 a eventuales. En la comparación anual, el crecimiento estuvo impulsado sobre todo por los permanentes, que aumentaron en 7,322, mientras los eventuales subieron en 912.

in embargo, al mirar el salto entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la reducción coincide con el patrón de inicio de año descrito por la Contraloría, que vincula esta baja con la terminación y posterior renovación de contratos eventuales.

Se trata de un comportamiento recurrente en la planilla estatal panameña, observado en distintos gobiernos, ya que muchos de estos contratos vencen al cierre de diciembre y suelen reactivarse entre febrero y marzo por un nuevo periodo que se extiende hasta el final del año fiscal.

La contracción mensual se concentró con fuerza en el Gobierno Central, que pasó a 160,231 funcionarios y registró una disminución neta de 14,649 frente a diciembre. Dentro de ese bloque, el recorte más visible se produjo en los eventuales, cuya planilla cayó en 15,454 entre diciembre y enero.

En el sector descentralizado, la reducción fue de 3,659 funcionarios, también con un componente marcado en la baja del personal eventual.

El resumen oficial menciona entre las entidades con mayores descensos al Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Salud, la Universidad Especializada de las Américas, el Ministerio de Seguridad Pública y la Contraloría.

Pese a esa caída frente a diciembre, la foto anual sí muestra una expansión. Las instituciones que más aumentaron personal en la comparación entre enero de 2026 y enero de 2025 fueron el Ministerio de Salud, con 2,381 funcionarios adicionales; el Ministerio de Educación, con 1,769; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,430; el Órgano Judicial, con 562; el Ministerio de Obras Públicas, con 550; y la Procuraduría General de la Nación, con 191.

En el bloque descentralizado destacaron la Caja de Seguro Social, con 489 permanentes más; Transporte Masivo de Pasajeros, S. A., con 293; la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, con 158; y la Universidad Tecnológica de Panamá, con 144.

El mayor ensanchamiento de la planilla estatal ocurrió en el gobierno de Laurentino Cortizo. Entre julio de 2019 y junio de 2024, el aparato público sumó 24,082 funcionarios, al pasar de 238,248 a 262,330. Frente a esa base, enero de 2026 muestra que la administración de José Raúl Mulino todavía no rebasa la cifra heredada al cierre del mandato anterior, ya que la planilla se ubicó en 253,038 empleados, 9,292 menos.

Aun así, el dato no es definitivo: enero suele ser el punto más bajo del año por la salida de personal eventual al cierre de diciembre, una reducción que normalmente se corrige en los meses siguientes con nuevas recontrataciones.

Salarios en enero

El movimiento en la cantidad de funcionarios tuvo su reflejo en el gasto salarial. En enero de 2026, el sueldo bruto mensual del sector público totalizó $424.0 millones, por encima de los $414.4 millones pagados en enero de 2025, lo que representó un aumento de $9.6 millones o 2.3%.

De ese total, $414.1 millones correspondieron a permanentes y $9.9 millones a eventuales. Pero, al igual que ocurrió con el número de empleados, la comparación con diciembre de 2025 arrojó una baja: el sueldo bruto cayó en $34.4 millones, equivalente a 7.5%, principalmente por la reducción en los pagos a eventuales.

La presión salarial se concentró en el Gobierno Central, cuya planilla mensual subió de $255.0 millones en enero de 2025 a $268.7 millones en enero de 2026, un alza de $13.7 millones. Dentro de ese incremento, el componente de permanentes aportó $13.0 millones adicionales.

Las mayores alzas por institución se dieron en el Ministerio de Salud, con $4.5 millones más; el Ministerio de Educación, con $2.8 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con $2.1 millones; el Órgano Judicial, con $1.2 millones; el Ministerio de Obras Públicas, con $601 mil; y la Procuraduría General de la Nación, con $558 mil.

La comparación anual también se cruza con el dato acumulado del año pasado. Según la nota del cierre de 2025, la planilla pública acumuló un gasto de $5,245.2 millones en salarios durante ese año, por encima de los $5,177.0 millones de 2024.

Esa secuencia prolongó una tendencia que ya venía de años anteriores: $4,441.1 millones en 2020, $4,738.8 millones en 2021, $4,880.3 millones en 2022, $5,014.8 millones en 2023, $5,177.0 millones en 2024 y $5,245.2 millones en 2025. El arranque de 2026 no revierte esa inercia; solo exhibe, otra vez, la estacionalidad de enero.

Las entidades con más personal y las planillas más altas

Al cierre de enero de 2026, las entidades con mayor número de funcionarios seguían concentradas en áreas de educación, salud y seguridad. El Ministerio de Educación encabezó la lista con 58,476 funcionarios y una planilla mensual de $105.4 millones.

Le siguió la Caja de Seguro Social, con 35,292 funcionarios y $66.1 millones en sueldo bruto. El Ministerio de Seguridad Pública reportó 33,049 empleados y $44.6 millones; el Ministerio de Salud, 19,524 funcionarios y $41.9 millones; y la Universidad de Panamá, 10,088 empleados con una planilla de $18.9 millones.

En el resto del escalafón de mayores planillas aparecieron además el Órgano Judicial, con 7,284 funcionarios y $13.9 millones; la Procuraduría General de la Nación, con 7,773 funcionarios y $13.4 millones; la Contraloría General de la República, con 3,949 funcionarios y $6.8 millones; y la Asamblea Nacional, con 3,144 empleados y $6.0 millones.

La lectura política y fiscal de esa estructura es bastante clara: aunque enero mostró una corrección respecto al cierre de diciembre, el peso del Estado sigue descansando sobre un grupo de entidades que concentran tanto la mayor cantidad de personal como las planillas mensuales más altas, en un contexto en el que contener el gasto corriente sigue siendo uno de los desafíos más difíciles para la administración de José Raúl Mulino.

Panamá no solo destaca por el tamaño absoluto de su planilla estatal, con más de 253 mil funcionarios, sino también por su peso relativo en la región: mientras países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen entre 6% y 7% de su empleo en el sector público, el Estado panameño se ubica más cerca del promedio latinoamericano, que ronda el 10% del empleo total, aunque en ese grupo figuran países con poblaciones mucho más grandes.

A pocos días de las elecciones, el Perú se enfrenta una paradoja: se debate sobre seguridad como si el Estado tuviera el control, pero nos ha mostrado una y otra vez que no lo tiene. Las cifras son claras: la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se ha triplicado, pasando de 2.2 en 2019 a 6.5 en 2025. Como respuesta, Lima y Callao llevan meses bajo estado de emergencia, pero sin representar un cambio concreto en la tendencia del crimen. Así, cuando lo excepcional se vuelve habitual, deja de ser una respuesta y pasa a ser una confesión de incapacidad.

El debate suele girar en torno a la falta de policías, pero a nivel nacional hay cerca de 400 efectivos por cada cien mil habitantes, por encima de países como México o Brasil. El verdadero problema es cómo se distribuye: a pesar de ser la región con las tasas más altas de denuncias de homicidios y extorsión, La Libertad tiene apenas 245 efectivos policiales por cada cien mil habitantes, la menor cobertura a nivel nacional. Y la situación no mejora al mirar el resto de la cadena: el sistema penitenciario opera casi al triple de su capacidad, con más de 100 mil internos en espacios diseñados para poco más de 40 mil, mientras que uno de cada tres reclusos ni siquiera cuenta con sentencia. Es decir: tampoco aplicamos justicia con eficacia y rapidez.

El deterioro es también institucional. Hoy, apenas 13.8% de los peruanos declara confiar en la Policía, el nivel más bajo en más de una década, según datos de la Enaho. Esta desconfianza no surge de la nada: uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de un delito en el último año. La experiencia termina erosionando cualquier percepción de autoridad o control. Y este deterioro se extiende a otras instituciones clave. El Congreso, el Poder Judicial y la Comisión Anticorrupción también registran niveles de confianza mínimos. A ello se suma un dato particularmente preocupante: de acuerdo con la Enaho, más del 80% de los ciudadanos considera que existe poco o ningún respeto por la transparencia de las elecciones, lo que introduce un riesgo adicional sobre la percepción de legitimidad del próximo gobierno.

En este contexto, no sorprende que el debate presidencial repita las mismas soluciones de siempre: más policías, más cárceles o discutir la pena de muerte. Ninguna nueva ni con efectos inmediatos. El problema ya no es la falta de diagnóstico, sino la falta de capacidad para ejecutar soluciones articuladas. Lo urgente es reconstruir autoridad visible desde ya. Reforzar comisarías, fortalecer el trabajo de inteligencia, modernizar el equipamiento policial e impulsar mecanismos de coordinación territorial son pasos en la dirección correcta, pero su impacto dependerá de una capacidad institucional que hoy está claramente erosionada. No hay política de seguridad posible con un Estado en el que nadie cree y en eso debe trabajar el próximo gobierno electo.

Por eso, la inseguridad no puede entenderse solo como un problema de criminalidad. Es, sobre todo, el reflejo de un Estado que no logra organizarse, de instituciones que han perdido legitimidad y de autoridades que reaccionan más de lo que gobiernan. Mientras esa situación no cambie, el país seguirá atrapado en una dinámica conocida: más crimen, más temor ciudadano, más estados de emergencia, más frustración, y ningún resultado efectivo.

Durante décadas, el rol de la empresa se entendió de forma bastante acotada: producir, generar empleo y crecer. Esa visión quedó atrás. Hoy, las empresas operan bajo un concepto mucho más amplio, donde su impacto social forma parte del propio modelo de negocio.

En el Perú, esto no es un discurso teórico. Cada vez son más los casos de empresas que ofrecen a sus trabajadores mucho más que un salario: acceso a financiamiento, apoyo en educación y salud, e incluso facilidades de transporte. Tienen mayor alcance. Muchas participan activamente en el desarrollo de infraestructura y servicios para las comunidades donde operan, contribuyendo al cierre de brechas que históricamente han sido responsabilidad del Estado.

Mecanismos como Obras por Impuestos o las asociaciones público-privadas han permitido canalizar esta participación. Gracias a ellos, se han ejecutado proyectos relevantes en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta limitaciones. La burocracia, las demoras en procesos clave y, en algunos casos, señales contradictorias desde el propio Estado terminan desincentivando la participación privada.

Este debate cobra especial relevancia en el actual contexto electoral. Diversos candidatos vienen planteando una mayor participación del Estado en la actividad empresarial, retomando la idea del llamado “Estado empresario”. La experiencia, tanto en el Perú como en la región, ha demostrado que este modelo suele derivar en empresas ineficientes, con servicios de baja calidad y altos costos que finalmente asume toda la ciudadanía.

Esto no implica desconocer que existen fallas en algunas empresas. Estas deben ser sancionadas con firmeza dentro del marco de la ley. Pero generalizar y asumir que la solución pasa por desplazar a la empresa privada en su conjunto es un error de diagnóstico. No todas las empresas son iguales, y muchas de ellas cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico y social del país.

Además, las empresas estatales presentan problemas estructurales difíciles de corregir: suelen ser espacios propensos al uso político, donde cargos clave se asignan sin meritocracia alguna, respondiendo más a intereses del gobierno de turno que a capacidades comprobadas. A ello se suma un problema de fondo: se financian con recursos públicos, es decir, con los impuestos de todos los ciudadanos.

A diferencia de ello, la empresa privada se sostiene sobre capital y trabajo que asumen riesgos. Es inversión que apuesta por el país, genera empleo, paga impuestos y dinamiza la economía. En la medida en que más empresas operen en la formalidad, mayores serán los recursos disponibles para financiar obras, programas sociales y servicios públicos.

Por eso, el camino no pasa por reemplazar a la empresa privada, sino por potenciar su rol como socia del Estado. Entrampar su desarrollo, o peor aún, abrir espacio a esquemas de mayor intervención estatal o incluso expropiación, no solo genera incertidumbre, sino que termina afectando la inversión, el crecimiento y, en última instancia, el bienestar de la población.

El Perú necesita más empresa. Necesita reglas claras, estabilidad y un Estado que facilite, en lugar de obstaculizar. Porque cuando la empresa avanza, el país también.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 15 servidores públicos tras comprobar faltas graves relacionadas con nepotismo, conflictos de interés y otras violaciones al Código de Ética, en una decisión que vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento interno de las instituciones del Estado panameño y la conducta de quienes ejercen funciones públicas.

Las sanciones derivan de expedientes administrativos recientes, en los que se documentaron prácticas que contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Entre los casos analizados figuran situaciones de nepotismo, donde se comprobaron vínculos familiares dentro de estructuras institucionales, así como incumplimientos de requisitos para ocupar cargos y uso indebido del tiempo laboral.

Uno de los elementos más relevantes es la persistencia del nepotismo como práctica detectada en múltiples instituciones públicas.

Este tipo de conducta está prohibido en Panamá por el Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece la obligación de actuar con objetividad, independencia y sin favorecer intereses personales o familiares, principios que han sido reiteradamente vulnerados en los casos investigados.

La normativa panameña considera el nepotismo como una forma de conflicto de interés, en la que un servidor público beneficia directa o indirectamente a familiares dentro de la administración.

Estas prácticas pueden derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos y del nivel de responsabilidad del funcionario involucrado.

Entre los casos documentados, la ANTAI identificó irregularidades en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, donde se comprobó que una Directora Nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, configurando una relación incompatible con los principios de imparcialidad y transparencia.

Esta situación fue considerada una falta grave, al generar un claro conflicto de interés dentro de la estructura institucional.

En la Universidad de Panamá, específicamente en la extensión de Veraguas, se detectó que dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban en la misma unidad administrativa, lo que comprometía la objetividad en el desempeño de sus funciones.

Además, en la sede ubicada en la provincia de Panamá, se confirmaron casos de nepotismo relacionados con vínculos de familiaridad, lo que derivó en sanciones conforme a la normativa vigente.

Otro de los hallazgos se registró en el Municipio de Colón, donde se comprobaron actos de nepotismo por parte de dos funcionarias públicas.

Tras el análisis de los expedientes, se recomendó la destitución de una de ellas, mientras que la otra recibió una sanción económica, en función del grado de responsabilidad y participación en las irregularidades detectadas.

Las investigaciones también abarcaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde se sancionó a un funcionario por el uso inadecuado del tiempo destinado a sus labores, evidenciando incumplimientos en sus funciones.

De igual forma, en el Ministerio de Comercio e Industrias, se penalizó a una servidora pública que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, afectando los principios de idoneidad y correcta administración del recurso humano en el Estado.

Los casos recientes no son aislados. En enero de 2026, la entidad ya había sancionado a 11 funcionarios públicos por faltas similares, incluyendo nepotismo, incumplimiento de funciones y conflictos de interés, lo que evidencia una tendencia sostenida en la detección de irregularidades dentro del aparato estatal.

Además, registros oficiales muestran que durante 2025 también se impusieron sanciones a 13 servidores públicos por violaciones al Código de Ética, mientras que investigaciones en universidades y entidades públicas han detectado múltiples casos de nepotismo, confirmando que se trata de un problema recurrente en distintas instituciones del país.

En otros procesos recientes, incluso se han documentado situaciones más amplias. Por ejemplo, investigaciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí derivaron en sanciones contra 29 funcionarios, con medidas económicas y administrativas vinculadas a prácticas de nepotismo, además de decenas de expedientes adicionales en trámite, lo que refleja la magnitud del problema.

Las cifras acumuladas también permiten dimensionar el fenómeno. Entre 2023 y 2024, al menos 16 servidores públicos fueron sancionados por faltas que incluyen nepotismo y conflictos de interés, a lo que se suman otros casos posteriores, lo que mantiene activo el debate sobre la transparencia en la gestión pública y la eficacia de los mecanismos de control.

El impacto de estas prácticas va más allá de lo administrativo. Expertos coinciden en que el nepotismo debilita la institucionalidad, afecta la meritocracia y reduce la confianza ciudadana en el Estado, al generar percepciones de que los cargos públicos pueden ser ocupados por relaciones personales y no por capacidades profesionales.

Frente a este panorama, la ANTAI ha reiterado que continuará con procesos de investigación y sanción, con el objetivo de reforzar una cultura basada en la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia. La entidad sostiene que el servicio público no es un privilegio personal, sino una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de toda la ciudadanía.

Borges ya era Borges. Argentina quería volver a ser Argentina. En el año 1983, a semanas del regreso a la democracia, el suplemento Cultura y Nación del diario Clarín le publicó un texto titulado “El último domingo de octubre”. Empezaba así: “Yo escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística”. La sentencia es dura, ingeniosa, fuertísima. Pero, ¿a qué se refería? ¿Se estaba arrepintiendo?

En septiembre de 1976, recién arribado a Madrid, dijo una entrevista al periodista Fernando Samaniego de El País donde dijo: “La democracia es una superstición, basada en la estadística. Toda la gente no entiende de política, como no podemos entender todos de retórica, de psicología o de álgebra”. Pasaron ocho años, los más oscuros de nuestro país, pasó mucha muerte bajo el puente, y Borges se releía a sí mismo.

“La democracia argentina me ha refutado espléndidamente“, escribe en el texto de Clarín. Y continúa: “Mi utopía sigue siendo un país, o todo el planeta, sin estado o con un mínimo de estado, pero entiendo, no sin tristeza, que esa utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre sea justo podremos prescindir de la justicia, de los códigos y de los gobiernos. Por ahora son males necesarios”.

Ante la pregunta lógica, enmarcada en esta época, de si podía considerarse un temprano libertario, hay un largo texto publicado en este mismo medio. Se titula Anarquista, conservador y ¿libertario?: Borges, el escritor políticamente inclasificable. Ahí el Alejandro Vaccaro dice que Borges era anarquista “en cuanto a las ideas liberales” y que “lo liberal en lo económico tiene otro significado”.

También vale recordar que en su juventud, como escribió Nicolás González Varela en un texto publicado en Polvo en el año 2016, “Borges abrazó apasionadamente los ideales anarco-comunistas” con “fervor soviético”, etapa que fue “reprimida” hasta llegar a un “anarquismo aristocrático”. En una entrevista en la Feria del Libro de Buenos Aires de 2024 Daniel Mecca lo dijo con todas las letras: “Borges no le pertenece a nadie”.

Volvamos al texto de 1983 en Clarín: “Es casi una blasfemia pensar que lo que nos dio aquella fecha es la victoria de un partido y la derrota de otro. Nos enfrentaba un caos que, aquel día, tomó la decisión de ser un cosmos. Lo que fue una agonía puede ser una resurrección. La clara luz de la vigilia nos encandila un poco (...) Tenemos que desandar un largo camino. Nuestra esperanza no debe ser impaciente”.

Y concluye: “La esperanza, que era casi imposible hace treinta días, es ahora nuestro venturoso deber. Es un acto de fe que puede justificarnos. Si cada uno de nosotros obra éticamente, contribuiremos a la salvación de la patria”. Quizás ese anhelo de sociedad libre sea muy similar a la “libertad colectiva” del peronismo, a la “sociedad sin clases” del marxismo y a la vida sin “interferencia estatal” del liberalismo. O quizás no.

Quién era Borges

Jorge Luis Borges (1899-1986) fue un escritor, ensayista y poeta argentino, considerado una de las figuras más brillantes y universales de la literatura del siglo XX, no solo argentina, sino del mundo entero. Su vida estuvo marcada por una ceguera progresiva que, lejos de detenerlo, potenció su capacidad para crear mundos imaginarios y laberintos mentales que exploran el tiempo, el infinito y la filosofía.

Su obra es famosa por sus cuentos breves, donde lo fantástico irrumpe en la realidad para cuestionar la lógica del universo. Borges no escribió novelas; prefirió la precisión del cuento y el ensayo para desplegar temas recurrentes como los espejos, las bibliotecas infinitas, los duelos de cuchilleros y los laberintos circulares. Fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

Entre sus libros más importantes destacan Ficciones (una colección de relatos fundamentales que incluye “La biblioteca de Babel” y “El jardín de senderos que se bifurcan”), El Aleph (libro de cuentos que contiene el famoso relato homónimo sobre un punto del espacio que contiene todos los puntos del universo) y Otras Inquisiciones (recopilación de ensayos de gran su agudeza crítica), entre otros.

Luego de que el Estado Nacional decidiera interrumpir su participación directa en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y transferirla al sector privado, la licitación para encontrar un nuevo operador sumó sus primeros interesados. Según informó el Gobierno, Energía Argentina (Enarsa) recibió dos ofertas técnicas en el marco del proceso que definirá quién se hará cargo del abastecimiento durante el invierno de 2026.

Se trata de la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente al Sobre 1 (técnico), en la que se evalúan los antecedentes y la capacidad operativa de los postulantes. El cronograma prevé la presentación y posterior apertura de sobres el próximo lunes 13 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el martes 21 de abril.

El proceso apunta a seleccionar a un único operador que se encargará de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y comercializarlo en el mercado interno durante la temporada de invierno, el período de mayor demanda gas.

Esta licitación forma parte del esquema oficial para transferir al sector privado actividades que hasta ahora estaban en manos del Estado. En paralelo, según informó la secretaría de Energía, el martes 14 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener -la mayor transportadora de energía del país-, en línea con la política de desinversión definida por el Gobierno.

Menos participación estatal

El Gobierno había formalizado su decisión de retirar al Estado de la importación de GNL en febrero de este año. La medida fue oficializada mediante la Resolución 33/2026, que estableció un nuevo esquema para garantizar el abastecimiento de gas durante los meses de invierno, cuando la producción local no alcanza a abastecer al mercado interno por limitaciones en el transporte.

A partir de ahora, la operatoria quedará en manos de un privado, que será responsable de coordinar la llegada de buques, gestionar inventarios y operar la terminal de regasificación de Escobar.

El contrato tendrá vigencia anual y cubrirá el período crítico, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre. Según puntualizó el ente regulador, el criterio de adjudicación será económico, de manera que ganará la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional más los costos logísticos.

Además, la normativa fija un precio máximo para el gas regasificado, que surgirá de ese esquema competitivo. El cambio también implica el fin de la intermediación estatal en este segmento.

Hasta ahora, el Estado importaba GNL a valores internacionales —entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados cercanos a USD 2,7, absorbiendo la diferencia.

Con el nuevo modelo, ese rol pasa al sector privado, que asumirá tanto la operatoria como el riesgo comercial. La decisión se explica por la falta de capacidad para transportar gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo, especialmente el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.

La privatización de Transener

El Gobierno lanzó el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, mediante un concurso público abierto tanto a oferentes locales como internacionales a fines del año pasado.

La iniciativa, en línea con el proceso de desregulación del Estado que encaró el Gobierno, implica la venta de la participación que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla la operadora de la red nacional de alta tensión.

La medida se apoya en el marco legal vigente y declara a Transener como empresa “sujeta a privatización”, habilitando la venta escalonada de acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de obras. El procedimiento, que se llevará a cabo en varias etapas, prioriza la transparencia y la apertura a inversores nacionales y extranjeros.

Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Citelec también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto es alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.​

La enajenación de la participación estatal en la transportista eléctrica apunta a captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional. El Gobierno ya concretó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por unos USD 700 millones, lo que permitió reforzar las reservas internacionales en la previa de compromisos financieros relevantes.

El Perú ha retrocedido en el Índice de Progreso Social. No es un dato aislado ni una sorpresa. Es el reflejo de fallas estructurales que el país arrastra hace años y que pocos quieren enfrentar. Mientras el debate público gira en torno a coyunturas, se deja de lado lo esencial: la capacidad del Estado para convertir recursos en bienestar.

Una de esas fallas es la descentralización. En teoría, buscaba acercar el Estado al ciudadano y mejorar la provisión de servicios. En la práctica, no está cumpliendo. Hoy, los gobiernos regionales y, sobre todo, las municipalidades concentran una porción creciente de los recursos públicos, pero no logran traducirlos en obras ni en mejoras concretas en la calidad de vida.

Las cifras lo evidencian. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos locales administraron el año pasado más de S/ 30,000 millones en inversión pública, por encima del Gobierno nacional y el doble que los gobiernos regionales. Sin embargo, su nivel de ejecución apenas alcanzó el 70%, mientras que los otros dos niveles superaron el 90%. No es solo cuánto se asigna, sino qué se hace —o no se hace— con esos recursos.

El problema no es únicamente de gestión; es de diseño. Los municipios, el eslabón más débil del aparato público, están sobrecargados de funciones bajo la premisa de ser “los más cercanos al ciudadano”. A ello se suma la falta de planificación: iniciaron el año con un presupuesto de S/ 16,000 millones y terminaron administrando casi el doble. Difícil exigir resultados cuando ni siquiera hay claridad sobre los recursos disponibles desde el inicio.

Pero hay un elemento aún más crítico: las capacidades. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 72.7% de los funcionarios municipales reconoce necesitar capacitación en administración tributaria; el 66.5%, en formulación y evaluación de proyectos públicos; y el 75.8%, en procesos administrativos. Es decir, quienes deben ejecutar, planificar y gestionar recursos públicos admiten no contar con las herramientas necesarias para hacerlo.

El dato es revelador —y preocupante—. Sobre estos funcionarios recae la responsabilidad de transformar recursos en servicios de calidad para millones de ciudadanos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo fueron seleccionados? ¿Existieron procesos meritocráticos o primaron criterios políticos y de cercanía? Sin capacidades técnicas, no hay buena ejecución; sin buena ejecución, no hay progreso.

Los tres niveles de gobierno no están operando como un equipo. La desarticulación es evidente y sus costos también. Recursos que no se ejecutan, proyectos que no se concretan y servicios que no llegan. En ese contexto, el retroceso en progreso social deja de ser una estadística y se convierte en una consecuencia directa de malas decisiones públicas.

Es momento de tomarse en serio la gestión del Estado. Profesionalizar el servicio civil, fortalecer capacidades y ordenar la asignación de funciones no es opcional. Es condición necesaria para que la descentralización funcione.

El problema está identificado. La evidencia es clara. Sin embargo, no vemos candidatos hablando de esto.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 24 de marzo de 2026, sobre las políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en el Perú, generó un consenso poco habitual al reconocer un sistema de gestión pesquera, particularmente en el ámbito industrial, sustentado en evidencia científica, con un marco de ordenamiento sólido y alineado con estándares internacionales.

La OCDE no sólo muestra que el Perú tenga una buena política pesquera, sino también que, en ese sector, el Estado peruano ha logrado construir un sistema que funciona. Uno que toma decisiones con base en información científica, que aplica reglas previsibles y que cuenta con mecanismos de control efectivos. En otras palabras, un sistema que, en los hechos, ya opera con estándares OCDE.

Ese es el verdadero punto de partida.

La gestión pesquera peruana no es improvisada, esta se sostiene sobre una arquitectura institucional compleja que articula la investigación científica y la regulación. Las decisiones sobre cuotas, vedas y temporadas de pesca se sustentan en recomendaciones técnicas y en información científica. A ello se suma un conjunto de herramientas de trazabilidad y seguimiento que permiten supervisar de manera continua la actividad, particularmente en la flota industrial.

En esa línea, los resultados son concretos, al obtener pesquerías en niveles biológicamente sostenibles, el posicionamiento de una de las principales industrias pesqueras del mundo y una reputación internacional que hoy es validada por la OCDE.

Hay, además, un elemento poco destacado que resulta especialmente revelador. A diferencia de muchos países de la OCDE, el Perú ha desarrollado este sistema con menor dependencia de subsidios, con niveles de apoyo significativamente inferiores al promedio de esos países. Ese equilibrio entre sustento científico, legislación basada en información técnica y científica y la capacidad de gestión constituye un activo que el país aún no termina de reconocer plenamente.

Sin embargo, el informe no es solo una validación. Es también una advertencia.

El Perú ha logrado consolidar un estándar alto en la pesca industrial, pero ese mismo nivel no se replica de manera homogénea en todo el sector pesquero peruano. Persisten brechas importantes en la pesca artesanal, en la acuicultura y, sobre todo, en la capacidad de implementación a nivel regional. La informalidad, las limitaciones institucionales en territorio y la fragmentación en la gestión siguen siendo desafíos pendientes.

El desafío que plantea la OCDE ya no es meramente técnico, pues no se trata de aprender a gestionar mejor la pesca —eso, en gran medida, ya se ha logrado— sino de avanzar hacia una segunda generación de políticas, fortalecer la gobernanza territorial, simplificar marcos regulatorios, integrar mejor a los actores más rezagados y consolidar la sostenibilidad en todo el ecosistema.

En ese tránsito, la pesca ofrece una lección que trasciende al propio sector.

Demuestra que es posible construir políticas públicas basadas en evidencia científica, con instituciones técnicas sólidas y normas, incluso en contextos complejos. Demuestra, también, que el Estado peruano sí tiene la capacidad de operar con estándares internacionales cuando existe continuidad, enfoque técnico y voluntad de sostener decisiones en el tiempo.

Por ello, el informe de la OCDE no debe leerse solo como una buena noticia para el sector pesquero. Se trata de un estudio técnico que analiza la legislación, la planificación y la gestión científica de la pesca industrial peruana, y evidencia cómo el Estado peruano ha desarrollado capacidades institucionales para operar con estándares internacionales. En este ámbito, el Perú ya constituye un ejemplo, y cabe preguntarse por qué solo el sector industrial sigue siendo la excepción dentro de la pesca nacional.

La recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vigente desde el 1 de enero de 2023, experimentó un incremento interanual del 36,4%, situándose en 927 millones de euros, destinados completamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A partir de esta dinámica de financiación adicional, la Seguridad Social consiguió en los dos primeros meses del año un superávit de 3.172 millones de euros, equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB), según informó el medio oficial.

De acuerdo con los datos publicados, el sistema ingresó entre enero y febrero 39.395 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos alcanzaron los 36.223 millones de euros, una subida del 9,3%. El saldo positivo llega poco después de que la Seguridad Social cerrara el ejercicio de 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, el más reducido desde el año 2011 y equivalente al 0,4% del PIB, según consignó el medio citado.

La mejora del saldo en 2026 se vincula principalmente a una notable subida de los ingresos por cotizaciones sociales. Entre enero y febrero, la recaudación por este concepto ascendió a 31.122 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 7,8% y una variación positiva del 54,9% si se compara con el dato registrado en 2019, último año sin los condicionamientos de la pandemia. Solo en febrero, las cuotas sociales registraron 15.582 millones de euros, es decir, 5.589 millones más que el mismo mes de 2019, indicó la fuente.

El incremento de las cotizaciones proviene sobre todo de los trabajadores ocupados, cuyas aportaciones subieron un 8% en tasa interanual, hasta situarse en 29.350 millones de euros, de acuerdo con el informe detallado. Por su parte, las cotizaciones de personas en situación de desempleo también aumentaron, alcanzando los 1.773 millones de euros tras un repunte del 3,8%. Según publicó la fuente, los Fondos de la Seguridad Social, que incluyen además los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), arrojaron hasta enero el último dato disponible un saldo positivo de 2.905 millones de euros, también equivalente al 0,2% del PIB en ese capítulo.

El análisis en términos de caja muestra que la recaudación líquida obtenida por el sistema llegó a 38.624 millones de euros hasta febrero, un crecimiento del 6,6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Por el lado de los pagos, el desembolso aumentó un 9,4%, alcanzando los 36.069 millones de euros. Sobre las transferencias recibidas por la Seguridad Social, estas sumaron 7.980 millones de euros al cierre de los dos primeros meses, una ligera disminución del 0,2% en la comparativa interanual. La mayor parte de esa cantidad, 7.186 millones de euros, provinieron de transferencias del Estado y de organismos autónomos, lo que representa un 0,3% menos que en el periodo previo, fundamentalmente por una menor transferencia destinada a financiar la Protección familiar.

Respecto al gasto, las prestaciones económicas para familias e instituciones alcanzaron los 34.352 millones de euros, aumentando un 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior y correspondiendo al 94,8% del gasto total de la Seguridad Social, según detalló el medio. La principal partida fueron las pensiones y prestaciones contributivas, con un valor de 31.171 millones de euros, cifra superior en un 8,7% respecto al mismo periodo de 2025.

El gasto en pensiones contributivas (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, apoyo a familiares y complementos para reducir la brecha de género) se situó en 27.115 millones de euros, con un incremento del 5,7%. Este aumento responde tanto al crecimiento del número de pensionistas en un 1,5% como al alza de la pensión media en un 4,5% y a una revalorización general del 2,7% aplicada a estas pensiones para el ejercicio 2026.

Las prestaciones relacionadas con nacimiento y cuidado de menores, la corresponsabilidad en el cuidado del lactante, los riesgos asociados al embarazo y lactancia natural, y las ayudas para personas que cuidan menores con cáncer u otras enfermedades, sumaron 876 millones de euros en el mismo periodo, lo que implica un aumento del 20,4%. Además, el gasto en subsidios por incapacidad temporal se disparó un 38,8% alcanzando los 3.051 millones de euros en los dos primeros meses del año.

En cuanto a las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, la cifra ascendió a 3.181 millones de euros, presentando un alza del 13,2%. Este comportamiento se asocia, tal como informó el medio, a la revalorización general del 11,4% prevista para 2026. De ese monto, 1.928 millones se asignaron a pensiones no contributivas y complementos por mínimos, con una variación positiva del 12,8%, mientras que los subsidios y otras prestaciones totalizaron 1.253 millones, un 13,8% más. Dentro de este último apartado, la cuantía destinada al Ingreso Mínimo Vital y a prestaciones familiares se ubicó en 1.184 millones de euros, mostrando un crecimiento del 13,4% en comparación anual.

El Tribunal Supremo resolvió que los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma pintados en 1789 por Francisco de Goya pertenecían al patrimonio de la Corona desde su creación y después al Estado, una decisión que deja sin efecto la pretensión de Altadis sobre la propiedad de las piezas. Según informó el medio original, el tribunal estableció que, aunque la compañía y el Ministerio firmaron un contrato de comodato en 1999 que reconocía a Tabacalera —antecesora de Altadis S.A.— como titular de los retratos, dicho contrato no sirvió como base suficiente para que el Estado perdiera la titularidad de las obras. De esta manera, la sentencia confirma que los bienes culturales mencionados no pueden ser objeto de prescripción ni enajenación por parte de entidades privadas.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, Altadis ha manifestado su desacuerdo con el fondo de la decisión judicial, aunque comunicó su disposición a cumplir con lo resuelto y aclaró que no existe posibilidad de presentar recurso contra la sentencia. La compañía reiteró que, en múltiples ocasiones, el propio Estado reconoció su titularidad sobre los retratos, puntualizando que el contrato de comodato firmado en 1999 constituye el reconocimiento más notable, ya que, según afirma Altadis, ese documento plasmaba la aceptación por parte de la Administración de su condición como propietaria de las obras de arte.

El medio explicó que los retratos en cuestión formaron parte de un encargo realizado por la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla a Goya en 1789, un año clave al inicio del reinado de Carlos IV. Más allá de su valor artístico, estas piezas jugaron un rol relevante en la celebración organizada en Sevilla para conmemorar la llegada al trono del monarca y su esposa, estando destinadas a decorar un monumento efímero frente a la fábrica. Desde ese momento, los retratos han seguido un recorrido institucional, pasando por diversas entidades hasta su llegada a Altadis, situación que generó la disputa legal.

La sentencia del Tribunal Supremo, según recogió la fuente, se basa en la consideración de que los dos retratos, como parte integrante del patrimonio histórico español, deben considerarse imprescriptibles y fuera del alcance de la adquisición por prescripción. Este criterio se fundamenta en el artículo 28 de la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, que establece de manera expresa la imposibilidad de enajenar y la imprescriptibilidad de los bienes muebles que forman parte de dicho patrimonio. Además, el tribunal subrayó que "en ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil", lo que refuerza la imposibilidad legal de que Tabacalera o Altadis adquieran la propiedad de los retratos por el paso del tiempo o por posesión continuada.

Según reportó la fuente, la argumentación jurídica del Supremo siguió un hilo cronológico desde la inclusión de las pinturas en el patrimonio de la monarquía hasta su transferencia al Estado. Posteriormente, repasó la sucesión de titulares y entidades involucradas en la gestión y posesión de las obras, una línea temporal que culminó en la detentación por parte de Altadis S.A. Sin embargo, el alto tribunal expresó que la compañía no demostró en ningún momento que la simple posesión se transformase en propiedad a título de dueña, destacando que tal condición resulta imprescindible según la normativa sobre usucapión recogida en el artículo 1955 del Código Civil.

El medio consignó también que Altadis, pese a hacer públicas sus discrepancias sobre el fondo del fallo, aceptó la imposibilidad de apelar la sentencia, lo que implica su inmediato acatamiento. Así, la compañía, aunque insistió en que siempre consideró ser la "legítima propietaria" de las pinturas, se ha visto obligada a asumir la devolución de las mismas al Estado titular, conforme estipula la resolución definitiva.

Por último, el documento judicial subraya las limitaciones inherentes a la titularidad de los bienes integrantes del patrimonio histórico y especifica que, aún existiendo reconocimiento administrativo previo en un contrato, ese acto no conlleva per se la transferencia de propiedad cuando se trata de piezas protegidas legalmente, según publicó la fuente. Las obras de Goya, de este modo, permanecerán bajo titularidad pública, y la sentencia queda como un precedente para la protección jurídica de bienes históricos en contextos de reclamaciones de titularidad por parte de entidades privadas.

Para Rothbard el Estado desempeña funciones importantes y hasta relevantes, pero ninguna de ellas le es propia, le es legítima y moral, ni es el único que puede realizarla y menos que sea eficiente ni razonable. Por esto, entiende que el Estado sólo ha llegado a nuestros días a la fuerza de tradiciones, costumbres y el ejercicio de la violencia. Nada que realmente nos asegure el respeto de los derechos individuales ni la propiedad a costo de perderla.

Rothbard, como pocos, sí hace foco real en el poder y el Estado. Es de los más politólogos entre los economistas libertarios, anarco liberales, austríacos y críticos al Estado mínimo bajo cualquiera de sus formas o perspectivas pensables a la fecha.

Históricamente hablando, ni el acto de votar, contratar o negociar con el Estado vuelve legítimo y legal al gobierno y su funcionariado y objetivos. Es más, estos últimos tienen más incentivos a ampliar su poder de coacción, regulación de la cultura, expresión e imprenta, moneda, incentivos, habilitaciones comerciales y sistema recaudatorio, sin escapatoria alguna, salvo nuestra propia pérdida de libertad.

Rothbard, como pocos, sí hace foco real en el poder y el Estado

Frase que nos resuena por la historia política reciente. Y si son un robo, los ladrones se disfrazan de autoridad, los intelectuales, actores del sistema educativo, actores de los medios de comunicación y la opinión pública funcionan en cohesión en pos de sostener al establishment (corporaciones empresariales y sindicatos) así la legitimidad sostiene a la minoría gobernante que se enarbola en nobles causas mayoritarias así nada cambia y administra la movilidad social y opaca la crítica en la prensa.

Esta línea argumental sostiene claramente que en una sociedad libre el Estado (actual) debería dejar de existir. Todo puede ser producido en el ámbito social con competencia o cooperación, a mejor costo y menor riesgo, y con la confianza y moralidad imperante como guías claras de lo que es eficiente, útil y necesario para cada persona y sus activos resultantes de su capacidad y producción real.

Incluso, normas y procedimientos son resultantes de personas, clubes, agrupaciones, agencias privadas, el mercado e intercambios, contratos de bienes, servicios y aspiraciones, nada que tuviera genética reconocible en el Estado sino más bien una apropiación y recepción de estos hechos sociales para volverse el establishment político monopólico y excluyente en los últimos siglos en esta actividad reconocida como de última decisión o de carácter política para influir y determinar a la dimensión social.

Queda explicitado entonces, que el único que produce es el individuo y el Estado solo es el extractor o parásito que vive de esa producción, no hay lugar para pensar en grises en este sentido para Rothbard. Es más, si se viera en peligro esta lógica el gobierno produciría conflictos e imposiciones implícitas o explícitas para no perder este rol preponderante.

Por esto, instrumenta y ordena la sociedad con aparente libertad pero conforma fuerzas para la guerra, el control interno y la disuasión, lo cual lo vuelve inmoral y criminal. Y el Estado así mantiene la exclusividad de legalizar su accionar de poder para que lo anterior sea preferentemente imputable al individuo o institución privada crítica o desobediente.

Incluso, aspira la administración estatal a regular la moral y ética y de este modo volver repudiable o discutible para que el individuo que no puede aspirar siquiera a una justicia que se debe al gobierno que lo sostiene constitucional y presupuestariamente desde su designación vitalicia. Así cierra el círculo estatista que denuncia Rothbard en cada obra sobre el Estado y su función.

Finalmente, esta época de reformas y modernizaciones vienen a dejar en evidencia lo anterior. Los cambios profundos, los exabruptos de empresarios, los acuerdos sectoriales para sobrevivir entendiendo que la IA tiene el tiempo contado para muchas actividades, y la demostración de que el Estado que sirve es el único Estado que sobrevive al cambio en las demandas sociales son las imágenes de este final de década. No fue magia, es modernización.

El autor es analista político

Hay un consenso global sobre lo que impulsa el crecimiento: inversión, infraestructura, educación, estabilidad, armonía social. Pero hay un factor igual de determinante que rara vez se discute con la misma seriedad: la burocracia. No la necesaria, la que ordena y da certeza, sino la excesiva, la que retrasa decisiones, encarece proyectos y convierte procesos simples en recorridos interminables.

Ese tipo de burocracia tiene un costo real, y es alto. La OCDE estima que las cargas administrativas pueden representar entre 2% y 4% del PIB en algunas economías, y en América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que las empresas pueden dedicar hasta el 10% de su tiempo únicamente a cumplir trámites. Traducido a términos concretos eso es tiempo que no se invierte en producir, innovar o crecer y que impacta el bienestar colectivo.

Cada día que una empresa no puede abrir es empleo que no existe. Cada proyecto detenido es inversión que no se mueve. Cada hora en una ventanilla es productividad que se pierde. Pero la lentitud no solo tiene un costo económico: termina teniendo un costo social, porque retrasa oportunidades, ingresos y bienestar en la vida cotidiana de las personas. La burocracia funciona, en los hechos, como un impuesto oculto que no aparece en los presupuestos, pero que afecta directamente la competitividad de las economías y el ingreso potencial de las familias.

El origen de esta fricción suele estar en una idea equivocada: diseñar sistemas desde la desconfianza. Se asume que alguien va a incumplir, y la respuesta es construir procesos largos, fragmentados y llenos de autorizaciones previas. El resultado es el contrario al que se busca. No hay más control: hay más lentitud, más discrecionalidad y más espacios grises.

Douglass North lo explicó con precisión al señalar que el desarrollo depende de instituciones que reduzcan la incertidumbre; cuando los procesos son complejos, esa incertidumbre aumenta y los costos de transacción y la corrupción se disparan.

Por eso empieza a tomar fuerza un cambio de enfoque que vale la pena observar: dejar de detener todo para revisar todo, y avanzar hacia esquemas de confianza regulada. Es decir, reglas claras, requisitos verificables y procesos que fluyen bajo responsabilidad, con mecanismos posteriores de supervisión. Bajo esa lógica como alcalde yo he impulsado el Permiso a la Confianza, una regla que parte de una idea simple pero potente: si se cumplen condiciones objetivas, el trámite debe avanzar. No se trata de eliminar la regulación, sino de hacerla funcional, de reducir tiempos, bajar costos y, sobre todo, acotar la discrecionalidad.

Ese cambio sería incompleto sin la digitalización. No como una capa tecnológica sobre procesos ineficientes, sino como un rediseño del funcionamiento del sector público. Cuando un trámite depende de una persona, siempre existe margen para la interpretación; cuando depende de un sistema con reglas claras, ese margen se reduce de manera significativa. Por eso una frase aparentemente coloquial sintetiza bien el fondo del problema como lo vemos desde Nuevo León: “Las computadoras no piden moches”.

Detrás de esa expresión hay evidencia dura: organismos como el Banco Mundial y el BID han documentado que la digitalización reduce tiempos, elimina intermediaciones innecesarias y disminuye los espacios de corrupción. En la práctica, esto se ha traducido en reducciones de hasta 50% en los tiempos de trámite y en mejoras medibles en la eficiencia administrativa en el gobierno municipal a mi cargo.

Este enfoque no es exclusivo de una región. En México, por ejemplo, la agenda que impulsa la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto énfasis precisamente en este punto: homologar, reducir y digitalizar los trámites en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de eliminar redundancias y facilitar la actividad económica. La apuesta por la interoperabilidad, la identidad digital y la simplificación regulatoria apunta en la misma dirección: menos fricción, más certidumbre, más desarrollo y más recursos para las familias.

En la economía global actual, la velocidad institucional se ha vuelto un factor competitivo. Las inversiones ya no solo comparan costos laborales o ubicación geográfica; comparan certidumbre, claridad regulatoria y, sobre todo, tiempo. La burocracia excesiva no cancela inversiones: las desplaza. Las mueve hacia entornos donde abrir, construir es más rápido, claro y predecible.

Por eso el debate sobre la burocracia no es técnico, es estructural. Se trata de decidir qué tipo de Estado se quiere construir: uno que opere desde la sospecha permanente o uno que funcione con reglas claras, tecnología y confianza verificable. Porque al final, el desarrollo no se detiene por falta de capital o de ideas; se detiene por fricciones acumuladas. Y pocas fricciones son tan constantes y socialmente costosas como la burocracia mal entendida.

El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.

La debida diligencia en derechos humanos se ha convertido en un tema relevante del debate global sobre desarrollo, inversión y sostenibilidad. Hoy, no basta con declarar compromisos o reaccionar ante crisis, sino se espera que Estados y empresas identifiquen riesgos, actúen de manera preventiva y asuman responsabilidad por los impactos que generan o a los que contribuyen. Este cambio de enfoque no es casualidad. Está siendo impulsado por regulaciones internacionales, por los consumidores y, sobre todo, por una creciente conciencia de que el desarrollo económico sin derechos humanos, en el largo plazo, es insostenible.

En el Perú, esta discusión adquiere una relevancia particular en los últimos años. La diversidad del sector minero, que abarca desde grandes operaciones formales hasta la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), además de la minería ilegal, revela los límites de las aproximaciones tradicionales. Durante años, el debate se ha concentrado en la gran minería, dejando fuera a otros segmentos donde los riesgos a los derechos humanos son igualmente evidentes, pero donde las capacidades institucionales y económicas son mucho más limitadas. En ese contexto, la debida diligencia ofrece un marco útil precisamente porque no es un modelo único, sino un enfoque que puede, y debe, adaptarse a realidades distintas presentes en nuestro país.

Desde la academia, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico viene aportando de manera sostenida a esta conversación, combinando investigación aplicada con espacios de diálogo multiactor. Este esfuerzo parte de una premisa clara: la debida diligencia no puede quedarse únicamente en el plano normativo o declarativo, sino que debe traducirse en herramientas prácticas que ayuden a prevenir conflictos, reducir impactos negativos y mejorar la gobernanza del sector extractivo en su conjunto.

Un aporte clave en esta línea es el trabajo de Bettina Reyna, Gonzalo Delgado y Eduardo Vega sobre debida diligencia y derechos humanos en la MAPE. Su análisis pone en evidencia un punto fundamental: excluir a la minería artesanal y de pequeña escala del debate sobre debida diligencia en el país no elimina los riesgos, sino que los profundiza. Los autores muestran que aplicar este enfoque en la MAPE exige proporcionalidad, fortalecimiento de capacidades y una acción estatal más coherente, pero también subrayan que ignorar este subsector debilita cualquier estrategia seria de derechos humanos en el país.

En última instancia, hablar de debida diligencia en derechos humanos es hablar de cómo se toman decisiones en contextos complejos y quién asume los costos cuando esas decisiones fallan. Que esta discusión se esté dando desde el Perú, con un aporte activo de la academia y una mirada que reconoce la diversidad del sector minero, es una oportunidad que no debería desaprovecharse. En un mundo que avanza hacia estándares más exigentes, el desafío no es si el país debe adaptarse, sino cómo hacerlo de manera inteligente, realista y centrada en las personas.

El hecho se registró en un punto cercano a la vía de ingreso hacia la ciudadela inca, específicamente en la margen derecha del camino, antes del puente Ruinas. Según la información preliminar, alrededor de medio centenar de personas ingresó al área e instaló estructuras metálicas para delimitar el espacio, una acción que alertó a las autoridades por la posible comisión del delito de usurpación.

La situación motivó la intervención de efectivos policiales de la comisaría local, que acudieron al lugar para verificar lo ocurrido. El caso quedó bajo seguimiento del Ministerio Público, institución que participa en las diligencias destinadas a establecer la naturaleza del terreno y determinar si existe ocupación irregular dentro de la zona protegida.

Policía verifica presunta ocupación de terreno estatal

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad de la Macro Región Policial Cusco, explicó que el reporte llegó a las autoridades desde el viernes, lo que activó la coordinación entre la policía y la fiscalía.

“Desde ayer nos estamos comunicando porque hay personas que se están queriendo posicionar de un determinado terreno. Estamos tratando de establecer si están usurpando algún tipo de área. Tengo entendido que ese terreno es parte del Estado”, señaló el oficial durante declaraciones a medios locales.

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaron una constatación en el lugar con el objetivo de verificar la presencia del grupo y evaluar las intervenciones realizadas sobre el terreno. En ese punto se detectó la instalación de un cercado metálico.

El oficial también precisó que la actuación policial se centra en confirmar si el área pertenece al Estado y si la ocupación constituye un delito. “La policía está haciendo la constatación correspondiente”, indicó.

Durante las primeras verificaciones, los agentes identificaron la presencia de cerca de 50 personas en el área. “Ayer estaban como unas cincuenta personas. En estos momentos me parece que también oscilan en ese número”, señaló el coronel Guizado al referirse a la cantidad de individuos que permanecían en el lugar.

Disputa entre empresas de transporte turístico

Las primeras indagaciones apuntan a que el grupo presente en el terreno estaría vinculado a empresas que prestan servicio de transporte turístico hacia la ciudadela de Machu Picchu.

Según la información recogida por la policía, ambas organizaciones mantienen un conflicto relacionado con la prestación del servicio de traslado hacia el santuario histórico, un tema que se encuentra bajo evaluación de las autoridades locales.

El coronel Guizado explicó que la controversia gira en torno al proceso de autorización para operar en la ruta que conduce al sitio arqueológico. “El problema ya ustedes lo saben, es de conocimiento público, esto de la concesión en cuestión de transporte entre dos empresas”, afirmó.

De acuerdo con lo señalado por el oficial, la Municipalidad de Urubamba mantiene competencia para definir qué empresa recibirá la autorización correspondiente para prestar el servicio. “Tengo entendido de que la Municipalidad de Urubamba es la que tiene que establecer a quién se le va a conceder la autorización”, indicó.

Mientras ese proceso administrativo continúa, el ingreso de personas al terreno generó preocupación debido a que el espacio se ubica dentro del ámbito protegido del santuario histórico.

Área forma parte del polígono protegido del santuario

La zona donde ocurrió el incidente se encuentra dentro del polígono de protección del santuario de Machu Picchu, un espacio sujeto a normas especiales para preservar el patrimonio cultural y natural del lugar.

Durante las declaraciones recogidas en el lugar, el oficial policial recordó que toda esa área se encuentra bajo protección. “Todo ese espacio está protegido”, señaló.

El coronel Guizado también indicó que la intervención policial busca prevenir incidentes que puedan afectar la imagen del país. “A la policía lo que le compete es primero efectuar la constatación y evitar que exista algún tipo de alteración, porque situaciones que se puedan presentar dañan la imagen, no del Cusco, sino del país”, afirmó.

La investigación continúa bajo coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades buscan confirmar la titularidad del terreno y determinar si las acciones registradas dentro del área protegida constituyen una ocupación ilegal. Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en la zona con el fin de mantener el control y registrar cualquier nuevo movimiento relacionado con el caso.

La familia Franco reconoce internamente que la etapa del Pazo de Meirás como residencia privada ha llegado a su fin, después de que la justicia confirmara que el inmueble gallego es propiedad del Estado y cerrara de manera definitiva la posibilidad de revertir la expropiación. Así lo transmitió Marta Fernández, esposa de Jaime Martínez-Bordiú, al señalar que el resultado de la batalla judicial estaba dentro de sus previsiones y que no representa un motivo de inquietud. Según consignó El Mundo, la reciente resolución del Tribunal Supremo elimina cualquier opción legal para que la familia recupere el emblemático edificio, tras años de conflictos y recursos en distintas instancias judiciales.

La decisión del Tribunal Supremo implica que la propiedad del Pazo de Meirás no volverá a los descendientes de Francisco Franco, sino que se consolida como patrimonio público bajo administración estatal. De acuerdo con El Mundo, esta sentencia otorga al Estado la titularidad definitiva del inmueble y refuerza su uso con fines institucionales, según las autoridades correspondientes. En este contexto, la familia asume la imposibilidad de disponer del pazo como residencia particular, una circunstancia que marca el cierre de una etapa iniciada tras la muerte del dictador.

En medio del interés mediático que ha generado el caso, Marta Fernández rompió su habitual discreción para abordar cómo afrontan la resolución judicial. Tal como informó El Mundo, Fernández respondió brevemente al ser consultada por el ambiente en la familia Franco tras el fallo del máximo tribunal. Según sus palabras, todo está “bien”, y enfatizó que el desenlace ya era esperado desde hace tiempo. Ante la pregunta de si la sentencia les había resultado sorpresiva, Fernández fue directa: “No, no. Contábamos con ello”. De esta manera, dejó en claro que los herederos de Franco habían asumido la posibilidad de perder el inmueble y que la noticia no provocó sobresaltos.

El proceso judicial por la titularidad del Pazo de Meirás ha tenido un amplio recorrido y devolvió a la familia Franco al centro de la escena pública. Desde que el Estado inició las acciones legales para reclamar la propiedad, los descendientes de Franco presentaron una serie de recursos para oponerse a la expropiación. Según publicó El Mundo, la resolución del Tribunal Supremo representa el final de esas acciones legales y agota las vías ordinarias para reclamar la devolución del pazo, situado en Galicia.

El fallo del alto tribunal apunta a garantizar un destino público para el Pazo de Meirás, consistente con su valor histórico y patrimonial. El inmueble había sido cedido a Francisco Franco en 1938, durante la Guerra Civil, y desde entonces permaneció bajo control familiar hasta que el proceso judicial iniciado en los últimos años dio lugar a la intervención estatal. El Mundo detalló que las autoridades consideran este desenlace como la culminación de un largo contencioso, en el que los argumentos estatales prevalecieron sobre los reclamos particulares de los herederos de Franco.

Tras la sentencia, parte de la atención se focalizó en el impacto que podría tener la decisión en el entorno de los Franco. Por primera vez desde el inicio de la controversia, una integrante vinculada a la familia, en este caso Marta Fernández, ofreció una declaración que contrasta con el silencio previo adoptado ante los medios. Según reflejó El Mundo, sus palabras buscan transmitir calma y normalidad ante el cambio de situación jurídica y la adscripción definitiva del inmueble al patrimonio público.

El litigio sobre el Pazo de Meirás generó debates tanto jurídicos como sociales. La cuestión de la titularidad del inmueble formó parte de una discusión más amplia sobre la gestión de bienes vinculados al franquismo y el papel del Estado en la preservación de su valor histórico. Según El Mundo, la resolución judicial sienta un precedente para futuros casos relacionados con la recuperación de patrimonio público transferido a privados durante el siglo XX.

Hasta esta declaración de Marta Fernández, la familia Franco había evitado pronunciamientos públicos de relieve tras la última decisión judicial. La nueva situación da por cerrado el acceso privado al pazo y afianza su apertura para fines institucionales y culturales gestionados por el Estado, tal como informaron fuentes oficiales y recogió El Mundo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó la reciente resolución del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a los herederos de Francisco Franco por la pérdida de posesión del Pazo de Meirás, tras haber establecido que la propiedad del inmueble corresponde al Estado. A través de un comunicado, la ARMH manifestó que dicha compensación supone un agravio para las víctimas de la dictadura, dado que plantea, en palabras de la organización, “la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura”. Con este antecedente, la asociación solicita que se adopten medidas legales en contra de los descendientes de Franco y rechaza que reciban cualquier tipo de resarcimiento económico por la utilización de este patrimonio, declarando que el bien pertenecía desde un inicio al Estado.

Según informó Europa Press, la ARMH presentó formalmente ante el Gobierno una reclamación para que inicie procedimientos sancionadores contra la familia Franco, fundamentando que el uso del Pazo de Meirás por parte de los descendientes del dictador percibió un daño a las arcas públicas, dado que durante décadas el Estado no pudo administrar ni aprovechar los recursos de este inmueble. La asociación sostiene que, a pesar de la decisión judicial de reconocer la titularidad estatal, la compensación económica a los sucesores del dictador vulnera el honor de quienes sufrieron represión bajo el régimen franquista.

La posición de la ARMH busca que el Gobierno promueva todas las acciones legales necesarias para que los descendientes de Franco respondan por este uso del Pazo de Meirás, al que califican como una “apropiación indebida” de un bien de carácter público. Según publicó Europa Press, la asociación remarca que los nietos del dictador Francisco Franco no deberían beneficiarse de indemnizaciones argumentando que “han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado”.

El caso tomó relevancia después de que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmara íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que determinó el carácter público del Pazo de Meirás. Esta decisión judicial también reconoció que no existió “mala fe” en la posesión del inmueble por parte de los Franco, justificando así la indemnización concedida a la familia por parte del Estado. Frente a ello, la ARMH explicó, tal como consignó Europa Press, que no puede aceptarse la argumentación de buena fe: “Disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política, una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe”.

El comunicado de la ARMH solicita que no solo se impulsen sanciones contra los descendientes del dictador, sino que se interpongan los recursos legales necesarios para evitar que la familia perciba indemnización alguna en relación con el Pazo de Meirás. La organización mantiene su criterio de que el uso no autorizado de este inmueble por la familia Franco ha impedido durante largo tiempo el aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio por parte de la sociedad a través de las instituciones estatales.

El debate sobre la titularidad y el uso del Pazo de Meirás ha estado presente desde la transición democrática en España. El edificio, que fue residencia estival de Francisco Franco durante el régimen, ha generado distintas controversias legales y sociales respecto a la legitimidad de su posesión por los herederos del dictador. Ahora, tras la confirmación judicial que devuelve la propiedad al Estado, el foco se centra en las posibles acciones legales para asegurar que los recursos públicos no sean destinados a compensar a los Franco, sino que --según expuso la ARMH y replicó Europa Press-- se les sancione por el uso indebido del bien y por los años en que el Estado no pudo ejercer su titularidad.

La reclamación formal que la ARMH presentó ante los organismos oficiales insta al Gobierno a articular “todas las medidas necesarias” para exigir responsabilidad patrimonial a los descendientes de Franco respecto al Pazo de Meirás. Dicha petición, difundida por Europa Press, insiste en los perjuicios económicos generados por la disposición privada del inmueble y defiende la necesidad de reparar no solo el daño material al Estado, sino también el impacto simbólico para las personas afectadas por la dictadura.

El pronunciamiento de la ARMH busca incidir en la toma de decisiones administrativas y judiciales ulteriores, poniendo de manifiesto, una vez más, la compleja relación de la sociedad española con la herencia material y moral del franquismo.

En la sentencia, el Tribunal Supremo señala que el debate respecto a la titularidad del Pazo de Meirás residía en la dificultad de distinguir entre el uso personal y el institucional durante una etapa en la que el liderazgo político y los recursos estatales se encontraban vinculados, un fenómeno que resultó característico en un sistema autocrático. La Sala asegura que, pese a la complejidad generada por el contexto histórico, la única titularidad real del inmueble correspondió al Estado, y esta condición prevalece sobre los argumentos presentados por los sucesores de Francisco Franco.

Según informó Europa Press, el máximo órgano judicial español determinó por unanimidad que el Pazo de Meirás, ubicado en Galicia, permanece como propiedad estatal, rechazando los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco. El tribunal destacó que, desde el año 1938, la función principal de la finca fue servir como centro institucional para la Jefatura del Estado, y su utilización se asemejó a la del Palacio del Pardo, otro inmueble vinculado a la representatividad oficial. Esta conclusión implica que la familia Franco no pudo adquirir la propiedad por el mecanismo de usucapión al no haber poseído el inmueble con la condición de dueños durante el plazo de treinta años requerido por la legislación vigente.

El Supremo expuso que, de acuerdo con los hechos probados, la administración pública realizó desde el inicio todas las actividades necesarias de adaptación y gestión del Pazo con fondos estatales para garantizar su finalidad pública. Esta evidencia fue uno de los argumentos centrales para desestimar la demanda de los herederos, quienes defendían que habían actuado como propietarios de manera continuada por más de cuarenta años. Según publicó Europa Press, el tribunal precisó que la eventual posesión en calidad de propietarios por parte de la familia Franco solo podría haberse iniciado a partir de los años noventa del siglo pasado, cuando cesó completamente el uso oficial del inmueble, y que el plazo legal necesario para consolidar una propiedad por usucapión no llegó a cumplirse antes de la interposición de la demanda.

El fallo reproduce el análisis realizado previamente por la Audiencia Provincial de A Coruña, que ya había reconocido la titularidad estatal del Pazo y, a la vez, admitió el derecho de los apelantes a una compensación por los gastos justificados de conservación e inversión útil ejecutados en el inmueble, siempre que estos desembolsos fuesen comprobados adecuadamente. La Audiencia Provincial también describió la situación de incertidumbre que existió durante décadas relativas a quién era el poseedor del Pazo, una cuestión que el Supremo resolvió afirmando que el Estado mantuvo la titularidad sin interrupción desde que el inmueble se destinó al servicio público en 1938.

Conforme a lo declarado en la sentencia recogida por Europa Press, el tribunal distingue entre la naturaleza del uso que tuvo el Pazo de Meirás bajo el franquismo, como domicilio temporal de la Jefatura del Estado y su cambio progresivo a uso privado solo al final del siglo XX, cuando la administración dejó de ejercer cualquier actividad en la finca. El Supremo subraya en su resolución que la administración realizó las obras y el acondicionamiento del inmueble con recursos estatales, apoyando la consideración de servicio público y descartando cualquier inicio de titularidad privada por parte de la familia en décadas anteriores.

En cuanto a la indemnización por gastos, el alto tribunal remarcó que, desde 1975, los herederos de Franco afrontaron los costes de mantenimiento y conservación del Pazo, por lo que deben recibir una compensación adecuada una vez que la propiedad sea formalmente entregada al Estado. Dicha compensación será determinada tras una valoración específica que se desarrollará en la fase de ejecución de la sentencia, en la que se establecerá el monto exacto correspondiente a mejoras y gastos útiles comprobados. El tribunal también reseñó que en la demanda original se reconoció la buena fe de los herederos como poseedores, por lo que el derecho a recibir una indemnización por los mencionados conceptos queda garantizado.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el Supremo rechazó la posibilidad de cambiar la calificación jurídica de la posesión a posteriori para negar la compensación, indicando que tal variación contravendría la seguridad jurídica y el derecho de defensa. El tribunal enfatizó que el hecho de que los herederos hayan perdido el caso no implica que actuaran de mala fe durante el periodo en que gestionaron el inmueble.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo confirma en todos sus términos que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado español, sin que los herederos de la familia Franco hayan cumplido las condiciones legales para su adquisición. La resolución zanja así un proceso judicial iniciado por la administración para la recuperación del inmueble y mantiene el derecho de la familia a ser compensada por los gastos que se justifiquen en mejora y conservación, aplicando los criterios fijados por la Audiencia Provincial de A Coruña y desarrollando los argumentos en torno al periodo de uso institucional y personal del Pazo.

El Tribunal Supremo ha señalado que la titularidad del Pazo de Meirás por la administración pública se fundamenta en el hecho de que la familia Franco no pudo acreditar la condición de propietarios del inmueble hasta —al menos— la década de los noventa, cuando el uso institucional por parte del Estado cesó completamente. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la Sala de lo Civil del alto tribunal sentenció de forma unánime que la emblemática residencia gallega forma parte del patrimonio estatal y no puede considerarse legítimamente un bien privado del linaje Franco, reafirmando el carácter público del inmueble desde que se destinó en 1938 al servicio de la Jefatura del Estado.

Según detalló Europa Press, la decisión del Tribunal Supremo desestima los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco, quienes buscaban que el inmueble fuera reconocido como parte de la herencia familiar. Los magistrados argumentaron que, desde finales de la Guerra Civil española, la finca desempeñó funciones administrativas y oficiales, uso que se mantuvo durante décadas bajo el régimen franquista y que finalizó en los años noventa. Esta utilización, según el Supremo, impide que se hubiesen cumplido los supuestos legales para la adquisición del bien por usucapión, ya que no se ha alcanzado el plazo de 30 años requerido en la ley para poder reclamar la propiedad privada por esa vía.

El medio Europa Press informó que, en su sentencia, el tribunal también valoró la ausencia de una desafectación táctica del Pazo de Meirás, es decir, no concurrieron las condiciones que permiten considerar una retirada efectiva y legal de la condición de bien de dominio público. Este punto resultó determinante en la resolución, pues la administración nunca formalizó un acto jurídico que modificara su naturaleza pública en favor de los Franco. De este modo, el alto tribunal consideró que la titularidad estatal debía prevalecer.

La resolución judicial menciona que en la demanda que dio inicio al proceso se había reconocido de forma expresa y clara que la familia Franco era poseedora del Pazo de Meirás de buena fe, por lo que los descendientes debían recibir una compensación cuando el inmueble fuese devuelto a la administración pública. El Supremo resaltó que esta postura fue sostenida de manera inequívoca desde el inicio del proceso, por lo que no cabe modificarla posteriormente para negar el derecho a la indemnización previamente fijado para los demandados. La sentencia sostiene que un cambio de este tipo en la argumentación jurídica dejaría en situación de indefensión a la parte demandada, violando garantías constitucionales, según recogió Europa Press en referencia a los fundamentos esgrimidos por el tribunal.

El caso del Pazo de Meirás ha sido objeto de debate público y disputa judicial durante años, en tanto que la residencia se asocia estrechamente con la figura de Francisco Franco y el periodo franquista en España. La pretensión de los descendientes del dictador buscaba que se reconociera el derecho de propiedad sobre el inmueble con base en la posesión y uso durante varias décadas, mientras que la administración pública defendió el carácter público e institucional del Pazo, citando los usos históricos vinculados al Estado.

El Tribunal Supremo, tal como dio a conocer Europa Press, insistió en que la ausencia de actos registrales o administrativos que retiraran la condición de bien público permite concluir que el Estado sigue ostentando la titularidad, al menos desde el año 1938. La sala enfatizó que no se cumplieron los requisitos exigidos por la ley para que el inmueble pudiera considerarse desafectado de la función pública y pasar a manos privadas de manera legal.

El dictamen del alto tribunal establece un precedente claro sobre la naturaleza jurídica del Pazo de Meirás y marca el devenir de otras reclamaciones patrimoniales relacionadas con bienes vinculados a antiguos regímenes políticos y cuestiones de memoria histórica en España. Según lo expuesto por Europa Press, la resolución refuerza la posición del Estado como propietario y define el marco de actuación para la restitución y gestión de este tipo de bienes en el futuro.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo notificará de forma oficial a las partes implicadas y se procederá a la ejecución de las medidas necesarias para la incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio público, según consignó Europa Press. Se prevé que las instituciones estatales coordinen esfuerzos para determinar las condiciones en las que la familia Franco debe entregar el inmueble, así como la cuantía y el proceso correspondiente para la indemnización anteriormente admitida.

Europa Press adelantó que podría ocurrir una ampliación de la información sobre este asunto a medida que se conozcan nuevas actuaciones jurídicas y administrativas tras la decisión del Tribunal Supremo y la respuesta de las partes afectadas.

Cada 8 de marzo volvemos a hablar de igualdad, participación y oportunidades para las mujeres. En el Estado, los avances no son solo discursivos. Según el informe “La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2025”, elaborado por SERVIR, las mujeres representan hoy el 49,3 % del sector público, una cifra que confirma que la paridad en el empleo público es ya una realidad; sin embargo, el mismo estudio advierte que el 61 % de los cargos directivos continúa ocupado por hombres. La pregunta, entonces, no es si hemos avanzado, sino hacia dónde debemos avanzar ahora.

Si bien actualmente se observa una paridad en términos numéricos, esta no se refleja necesariamente en una participación equitativa en los cargos gerenciales. El estudio de la entidad pública evidencia que persiste una brecha en el acceso a estos puestos, lo que plantea un desafío concreto: no solo promover una mayor presencia de mujeres, sino también fortalecer y consolidar su liderazgo en los espacios de toma de decisiones.

Las mujeres participan activamente en sectores estratégicos, sostienen áreas clave del Estado y, en su mayoría, cuentan con una sólida formación profesional. No obstante, esa presencia y preparación aún no se ven reflejadas en los espacios donde se adoptan las decisiones de mayor impacto, evidenciando una brecha entre el aporte real que realizan y el nivel de representación que alcanzan en posiciones de liderazgo.

Y aquí conviene decirlo con claridad: este desafío va más allá de una brecha estadística. Tiene que ver con la cultura organizacional, con trayectorias profesionales y con la forma en que entendemos —y valoramos— el liderazgo en el Estado. También con algo que suele quedar fuera de la conversación: el recambio generacional y las condiciones para que más mujeres jóvenes encuentren en el sector público un espacio real para crecer, innovar y dirigir.

En ese camino, la consolidación del liderazgo femenino no depende únicamente de la voluntad individual. Requiere fortalecer sistemas meritocráticos, procesos transparentes de promoción y mecanismos de evaluación basados en resultados. Un Estado moderno necesita que el talento —sin distinción de género— encuentre condiciones reales para desarrollarse y asumir responsabilidades estratégicas. La igualdad no se decreta; se gestiona.

Por eso, la conmemoración del Día de la Mujer no debería limitarse a reconocer avances. Debería invitarnos a mirar con mayor profundidad cómo se distribuye el poder dentro de nuestras instituciones y qué estamos haciendo para que el talento disponible tenga oportunidades reales de incidir en la conducción pública.

La paridad alcanzada es, sin duda, un avance que merece reconocimiento. No obstante, el cambio real no se limita a las cifras: se refleja en quién ejerce el liderazgo, quién define las prioridades y quién orienta el rumbo de las decisiones públicas.

Consolidar un liderazgo femenino sólido, técnico y con capacidad real de incidencia no es solo una meta de equidad; es una condición para fortalecer la gestión pública. Ese sigue siendo, hoy, el desafío pendiente del Estado.

La Secretaría de Finanzas de Honduras juramentó este lunes a los miembros de la nueva Comisión Técnica Liquidadora, encabezada este lunes por el Ministro de Finanzas, Emilio Hércules, lo cual marca el inicio de una reestructuración administrativa de gran alcance que redefine la organización estatal y tendrá consecuencias inmediatas sobre el empleo público y la gestión de recursos presupuestarios.

Los integrantes designados para este proceso son Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla. Este equipo será responsable de la liquidación administrativa y financiera de las instituciones recientemente suprimidas, así como del manejo y traslado de los recursos presupuestarios orientados al pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales derivadas de la desvinculación de empleados.

Según lo dispuesto en el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, las entidades eliminadas incluyen la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca reducir la estructura estatal, concentrando funciones en otras dependencias para evitar duplicidad de competencias.

El proceso de liquidación comprende el cese de personal y la transferencia ordenada de programas, proyectos y recursos hacia instituciones que ahora asumirán estas funciones. En el caso de Sedecoas, los proyectos de infraestructura comunitaria y sistemas de agua potable serán reasignados a entidades con capacidades técnicas y presupuestarias suficientes para garantizar su continuidad.

La Secretaría de Planificación Estratégica tendrá sus atribuciones absorbidas por otras instancias dedicadas a la formulación y evaluación de políticas públicas, mientras que la gestión de transparencia y control quedará a cargo de organismos con unidades de auditoría interna.

En relación con el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que dirigía políticas habitacionales y regularización de tierras, se contempla una revisión exhaustiva de los expedientes, con el objetivo de garantizar que ningún beneficiario quede desprotegido en situaciones legales o financieras. Por otra parte, la Red Solidaria enfrentará un análisis para definir la continuación, modificación o cancelación de sus programas sociales bajo nuevas modalidades.

El ministro Hércules sostuvo que la comisión actuará bajo las leyes vigentes y protegerá los derechos laborales de los empleados afectados. Añadió que uno de los retos iniciales será determinar el universo de trabajadores permanentes y por contrato, así como comprobar la legalidad de los nombramientos recientes.

El equipo liquidador tendrá que presentar informes periódicos respecto al avance de la desvinculación de personal, los montos asignados a indemnizaciones y el estado del patrimonio institucional. Estos informes serán esenciales para definir las etapas posteriores de la reorganización estatal.

En el plano técnico, la comisión tiene a su cargo la elaboración de inventarios completos de bienes muebles e inmuebles, la revisión de estados financieros y la conciliación de cuentas con proveedores y acreedores. Asimismo, será responsable de coordinar con la Secretaría de Finanzas el traslado de partidas presupuestarias para el pago de prestaciones, salarios pendientes y otros beneficios laborales.

El decreto oficial establece plazos específicos para concluir la liquidación, aunque advierte que la duración puede variar, dada la complejidad de contratos y litigios pendientes. Para cumplir estos objetivos, la Comisión Técnica Liquidadora cuenta con potestad para solicitar asesoría técnica y legal a otras instancias gubernamentales.

La cartera activa del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras supera actualmente los USD 1.400 millones, con cerca del 90% de esos fondos destinados a infraestructura, una prioridad para la administración de Nasry Asfura Zablah, quien asumió recientemente la Presidencia de la República.

Este volumen de apoyo financiero y técnico fue uno de los temas de la reunión celebrada entre Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, y Asfura en la sede del organismo, encuentro en el que delinearon una hoja de ruta para fortalecer la relación estratégica y acelerar proyectos clave orientados al desarrollo sostenible del país, según informó el medio Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Desde su fundación, el BCIE ha acompañado a Honduras como uno de sus principales socios, con intervenciones en múltiples sectores. Actualmente, los recursos canalizados privilegian proyectos viales, hospitalarios y ambientales de escala nacional.

El Programa de Carreteras Resilientes ocupó un lugar central en la agenda. Esta iniciativa incluye obras sobre los tramos Danlí–Trojes, Ojo de Agua–Cantarranas y el Corredor Turístico, donde se construirá un nuevo libramiento para la ciudad de El Progreso. Según el BCIE, estas infraestructuras buscan “reducir tiempos de traslado, facilitar el comercio interno y regional, y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local”.

Atender la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales ha llevado a que la resiliencia climática sea una de las prioridades principales.

En salud, avanzan los hospitales de Choluteca y Tocoa, iniciativas para descongestionar los servicios asistenciales y aumentar la capacidad de atención. El comunicado del BCIE, que este fortalecimiento hospitalario permitirá que los servicios sean “más oportunos y de mayor calidad para miles de hondureños”, robusteciendo el sistema público en el mediano plazo.

En materia ambiental, la agenda revisó el avance del Programa de Recuperación del Lago de Yojoa, enfocado en restaurar ecológicamente y promover el desarrollo sostenible de la reserva natural.

El proyecto abarca saneamiento, manejo de desechos y fortalecimiento institucional, con la meta de “preservar el ecosistema y promover actividades económicas sostenibles, como el turismo responsable y la pesca regulada”, destaca el BCIE.

Esta acción beneficia social y económicamente a las comunidades dependientes del lago.

En las últimas semanas, equipos técnicos del BCIE y del gobierno hondureño han mantenido sesiones de trabajo para identificar oportunidades de optimización en la ejecución de los proyectos.

La presidenta ejecutiva del BCIE resaltó la importancia de “acordar acciones concretas que aceleren la implementación de las iniciativas” y de “maximizar el uso eficiente de los recursos públicos”, lo que busca evitar retrasos y asegurar impactos relevantes.

Sánchez y Asfura discutieron nuevos ejes de cooperación, incluyendo líneas de financiamiento orientadas a energía, agua y saneamiento, e infraestructura de transporte público. Entre los objetivos explícitos se encuentran diversificar la matriz energética, ampliar el acceso eléctrico, modernizar los sistemas de agua potable y mejorar la movilidad urbana, con un énfasis en atender zonas rurales y periurbanas.

La reunión ratificó el respaldo institucional del BCIE a una visión de desarrollo que va más allá de la construcción de infraestructura, considerándola motor de la economía, herramienta para atraer inversión y mecanismo de reducción de desigualdades. Sánchez reafirmó ante Asfura que el compromiso del Banco “no se limita al financiamiento”, sino que incluye asistencia técnica y fortalecimiento institucional, que, según su evaluación, ayudan a “generar transformaciones sostenibles en el largo plazo”.

El presidente hondureño definió al BCIE como “aliado confiable” y confirmó la intención de su administración de “trabajar de manera coordinada para acelerar la ejecución de los proyectos y asegurar que los beneficios lleguen de forma tangible a la ciudadanía”.

Ambas instituciones buscan, con esta agenda conjunta, que Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica establezcan bases firmes para la integración regional y el crecimiento inclusivo, combinando la cooperación financiera con los objetivos nacionales de desarrollo y bienestar.

A dos meses del incendio en la Cárcel de Mujeres de Bouwer que dejó como saldo la muerte de dos internas, Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33, la familia de la más joven de ellas reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular en la causa y exige esclarecer las condiciones en las que falleció su hija mientras el caso avanza en la Justicia local.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2025, cuando Guadalupe Agostina Pedraza perdió la vida en una celda de aislamiento donde se encontraba junto a María Flavia Ramallo. La denuncia judicial sostiene que Pedraza permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial y no contaba con condena firme. Su traslado a Bouwer, según la versión de la familia, buscaba facilitar el contacto con sus allegados durante las fiestas, especialmente con su hija menor.

En este sentido, Romero, representada legalmente por el abogado Diego Casado, sostiene que la presencia de colchones inflamables en la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos constituyeron el escenario de riesgo extremo que dio lugar a su muerte.

Además, denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio de Pedraza y que otras internas fueron evacuadas antes que ella. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó Romero en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

La querella también reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.

Asimismo, la familia de Guadalupe Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial. Por ahora, el eje del planteo apunta a que el Estado provincial asuma la posible responsabilidad civil e internacional por lo ocurrido.

Entre las medidas de prueba solicitadas por la querella se destacan la remisión del libro de guardia, los protocolos contra incendios, registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la nómina del personal de guardia, registros fílmicos, informes de autopsia y peritajes técnicos.

También pidieron que se tome declaración a testigos, internas y personal médico, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria para determinar si se cumplieron los protocolos de emergencia. La familia insiste en la necesidad de acceder a toda la documentación y registros que permitan reconstruir lo ocurrido en la madrugada del incendio.

El reclamo judicial impulsado por Valeria Soledad Romero busca que la investigación avance en la determinación de las responsabilidades individuales de los agentes penitenciarios y en la eventual responsabilidad civil e internacional del Estado provincial. Romero exige participar activamente en todos los actos procesales y manifestó: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”.

La causa continúa en el ámbito de la justicia provincial, donde se tramitan nuevas medidas de prueba y se revisan los protocolos de emergencia vigentes en la Cárcel de Mujeres de Bouwer. La familia de Pedraza mantiene el reclamo para que se investigue el accionar institucional, mientras espera respuestas claras sobre las condiciones que rodearon el incendio y la actuación del personal a cargo.

En las últimas semanas el Perú volvió a estar en los titulares internacionales por la vertiginosa transición en la Presidencia de la República. Este nuevo cambio se suma a una década marcada por reemplazos sucesivos en la conducción del Ejecutivo, una dinámica que ha erosionado la continuidad institucional y consolidado la fragilidad política como un rasgo persistente de nuestro sistema.

El país acumula ocho presidentes en menos de diez años, con una alternancia acelerada en la jefatura del Ejecutivo y una rotación constante de ministros y altos funcionarios. Esta inestabilidad no solo genera incertidumbre económica, también impacta la capacidad del Estado para sostener políticas públicas coherentes y previsibles en el tiempo.

En sectores estratégicos como el pesquero, la continuidad es una condición esencial de gestión. Cada cambio en la conducción política suele implicar ajustes en viceministerios, direcciones generales y equipos técnicos. Cuando esa dinámica se repite con frecuencia, se interrumpen procesos, se pierde experiencia acumulada y se debilita la ejecución de estrategias de mediano plazo.

El sector pesquero es uno de los pilares de nuestra economía. Por su parte, el sector pesquero industrial genera alrededor de 250 mil empleos directos e indirectos, aporta más de USD 3.000 millones en divisas por exportaciones y articula a miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo del litoral. La pesquería de anchoveta, además, es reconocida internacionalmente como un modelo de manejo sostenible sustentado en evidencia científica.

Por su parte, el segmento orientado al consumo humano directo y la pesca artesanal cumple un rol estratégico en el empleo y la seguridad alimentaria del país, al sostener a miles de familias a lo largo del litoral. En la coyuntura actual, marcada por dificultades en especies como la pota, este subsector evidencia la necesidad de reglas claras y continuidad técnica que mitiguen impactos y otorguen previsibilidad a quienes dependen de esta actividad.

Por ende, esa sostenibilidad no es automática, depende de decisiones técnicas rigurosas, como el monitoreo permanente de la biomasa, evaluaciones científicas independientes, definición oportuna de temporadas de pesca y establecimiento de cuotas responsables. La previsibilidad regulatoria es fundamental para que el sector pueda planificar inversiones, operaciones y empleo.

En este contexto, la estabilidad en el Ministerio de la Producción representa una oportunidad. Mantener políticas de desarrollo claras y consistentes, priorizar la investigación científica y la solidez de los equipos técnicos deben constituir el eje de la gestión sectorial. La política sectorial no puede reiniciarse sin afectar su eficacia.

Hoy el desafío es aún mayor. El estado de vigilancia frente a un posible evento de El Niño Costero obliga a actuar con anticipación y criterio técnico. La sola probabilidad de condiciones cálidas en el litoral peruano introduce riesgos para el sector pesquero como ciertos eventos que suelen alterar la distribución de los recursos marinos, afectar la disponibilidad de biomasa y modificar las condiciones operativas de pesca. Esperar a que los efectos se manifiesten plenamente para recién reaccionar sería un error costoso.

Adelantarse implica reforzar el monitoreo científico, trabajar con escenarios prospectivos y definir estrategias preventivas que protejan tanto el recurso como el empleo que depende de él. También implica tomar decisiones oportunas, incluso en contextos de presión o incertidumbre.

En un país donde la inestabilidad política se ha vuelto recurrente, blindar las políticas sectoriales estratégicas es una señal de madurez institucional. La pesca requiere continuidad técnica, reglas claras y decisiones basadas en evidencia científica, no en coyunturas políticas.

La resiliencia del sector ha sido notable a lo largo de los años, sin embargo, frente a un entorno político volátil y a desafíos climáticos, la mejor defensa es la estabilidad en las políticas y las decisiones para la prevención ante potenciales escenarios de desastre.

Las finanzas públicas de Honduras atraviesan una situación crítica por el impacto acumulado de embargos y demandas judiciales que, en las primeras semanas de 2026, han desviado 3 mil 903 millones de lempiras de la caja única del Estado, según reveló Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas.

La Secretaría de Salud suma la mayor carga con 7 mil 418 millones de lempiras embargados, una cifra que evidencia la gravedad del conflicto judicial en el sector sanitario. En la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, los embargos ascienden a 1 mil 712 millones de lempiras.

Otras instituciones atraviesan problemáticas similares: la Procuraduría General de la República reporta más de 1 mil millones de lempiras en embargos; la Secretaría de Desarrollo Social, más de 1 mil 010 millones; el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), 46 millones; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 36 millones; la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), 1 mil 655 millones; y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), 923 millones. Además, diferentes alcaldías arrastran 206 millones de lempiras en demandas y embargos acumulados.

Hernández Hércules calculó el daño de los 3 mil 903 millones de lempiras desviados en el inicio del año: con ese monto se habría podido duplicar en un 175 % la compra de medicamentos de la Secretaría de Salud, abastecer de textos escolares al sistema público durante seis años o financiar más de 240 kilómetros de carreteras. El funcionario matizó que esos recursos habrían permitido construir una autopista desde La Barca, por El Progreso y Tela, hasta Jutiapa, conectando regiones estratégicas para el desarrollo de la costa atlántica.

Estos números muestran cómo los embargos judiciales afectan tanto las cuentas estatales como los servicios y la infraestructura que impactan la vida de los hondureños.

Al exponer el mecanismo detrás del aumento de embargos, el ministro denunció presuntas irregularidades en el Poder Judicial, especialmente en la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hernández Hércules aseguró que algunos jueces saltan los procedimientos formales con la Tesorería General de la República y actúan directamente sobre la cuenta estatal en el Banco Central de Honduras. Este proceder, según el ministro, garantiza una ejecución inmediata para los demandantes, limitando la maniobra del Ejecutivo y comprometiendo la transparencia.

El titular de Finanzas planteó la posibilidad de colusión entre personal judicial y defensores privados para ejecutar embargos que dañan el erario, e informó que ya se han pedido investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República para aclarar la situación.

A los fondos embargados, que, según Hernández Hércules, “ya no podrán recuperarse para las arcas públicas”, se suma la persistencia de una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras. Este compromiso corresponde a obligaciones reconocidas y pendientes de pago, que detonan nuevos litigios cuando los acreedores acuden a tribunales, generando un ciclo constante de sentencias y embargos. Analistas advierten que la combinación de estos factores dificulta la posibilidad del Estado de invertir en infraestructura, salud y educación, deteriorando la confianza de inversionistas y organismos internacionales.

Hernández Hércules solicitó al Congreso Nacional que apruebe la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. Esta propuesta busca proteger la caja única del Estado y establecer frenos para que los embargos judiciales no se ejecuten directamente sobre los fondos centrales. La ley obligaría a programar el pago de sentencias según el presupuesto y proteger la liquidez administrada por el Banco Central.

El trámite parlamentario ocurre mientras el país enfrenta desafíos estructurales: estimular el crecimiento, reducir la pobreza y optimizar el gasto público, presionado todo por la urgencia de restaurar la gobernabilidad financiera.

El presidente de Honduras impulsa una profunda reestructuración del Estado al convocar la próxima semana su primer Consejo de Ministros, en una sesión que promete redefinir la administración pública mediante la eliminación o fusión de al menos 38 instituciones estatales.

El objetivo es liberar recursos para saldar pasivos laborales y afrontar la deuda pública, sin interrumpir servicios básicos. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, anticipó que la medida podría generar un ahorro estimado de entre 10 y 15 mil millones de lempiras, aunque advirtió que los fondos resultantes serán reasignados a obligaciones previas del Estado, más que a recortes inmediatos del presupuesto general.

La reunión, prevista para el martes 24 o miércoles 25 de febrero en Casa de Gobierno, reunirá a más de 80 altos funcionarios del gabinete presidencial. Entre los temas destacados figura también el debate sobre la emergencia nacional en salud, la visita técnica del Fondo Monetario Internacional y el programa nacional de bacheo para mejorar la infraestructura vial, prioridad reconocida por la administración ante el deterioro de la red y el impacto en la competitividad regional.

Tras la sesión, se establecen las bases de una reforma administrativa de gran alcance, ya que la posible eliminación o integración de dependencias supone una reconfiguración del sector público y requerirá ajustes normativos continuos. Además, el Ejecutivo abordará la reformulación del Presupuesto General de la República para alinear el gasto con la nueva estructura institucional, definiendo prioridades en áreas como el sector salud, infraestructuras y la gestión de emergencias.

El presidente indicó que el Consejo de Ministros buscará aprobar en su primera sesión una significativa reducción en el tamaño del Gobierno. Señaló que el Estado hondureño no puede sostener niveles de erogación que superen su capacidad de ingresos, motivo por el cual plantea una revisión exhaustiva de los organismos existentes y la eliminación de duplicidades administrativas.

La reestructuración contempla el análisis de competencias que podrían fusionarse o, si operan bajo parámetros que ya no responden a las prioridades nacionales, la supresión directa de entidades. Según la planificación preliminar, la primera etapa incluye cerrar o absorber aproximadamente 20 instituciones, para luego avanzar hacia las restantes.

Si bien el Gobierno destaca que la meta central es la racionalización del gasto y la eficiencia operativa, la propuesta enfrenta desafíos administrativos y sociales. El proceso puede implicar reubicaciones laborales, renegociación de contratos y redefinición de funciones, aspectos que deben coordinarse meticulosamente para evitar impactos negativos sobre los trabajadores y la provisión de servicios.

Las autoridades recalcan que la eliminación o fusión de instituciones no busca debilitar la capacidad del Estado, sino optimizar el uso de los recursos y garantizar la viabilidad de las finanzas públicas en un escenario de deuda creciente y demandas sociales en aumento.

La administración Asfura pretende enviar una señal clara tanto a la ciudadanía como a los organismos multilaterales y el sector privado sobre su determinación para reorganizar el Estado y tomar decisiones de largo alcance. Esta estrategia busca fortalecer la sostenibilidad financiera y mejorar el posicionamiento internacional de Honduras frente a compromisos de deuda y futuras negociacione

El programa nacional de bacheo se ubica entre los primeros proyectos operativos de la nueva administración. Ante el deterioro de la red vial, la prioridad será acelerar intervenciones en rutas estratégicas, clave para mejorar la movilidad y potenciar el desarrollo regional. El Consejo evaluará la asignación de recursos y la puesta en marcha de obras de mantenimiento.

En el área de salud, el decreto de emergencia nacional será materia de discusión, con enfoque en el abastecimiento de insumos médicos, modernización de infraestructura hospitalaria y respuesta a demandas acumuladas del sistema público. Las autoridades consideran medidas específicas para fortalecer la prestación de servicios en el corto plazo, reorganizando recursos allí donde las necesidades superen la oferta existente

El alcalde de Comayagua prohíbe reuniones del grupo Terian en la Plaza Central, argumentando que este tipo de actividades no cuentan con autorización municipal y contradicen la visión de convivencia humana que impulsa su administración. Esta prohibición anticipa un debate más amplio sobre el uso de espacios públicos, la diversidad identitaria juvenil y el impacto de tendencias nacidas en redes sociales que rápidamente se trasladan al escenario local.

El grupo Terian, vinculado a personas que se identifican internamente con animales reales, convocó a una concentración abierta en el principal sitio histórico de la ciudad a través de plataformas digitales. El mensaje generó reacciones encontradas en la comunidad e inquietó a las autoridades municipales.

Desde la Alcaldía, la decisión se fundamentó en las normas que regulan el uso de la Plaza Central, restaurada recientemente para consolidarse como un punto de encuentro ordenado y legalmente regulado conforme a la Ley de Municipalidades. Carlos Miranda, jefe edilicio de Comayagua, afirmó: “No concebimos convertir la plaza central en un zoológico. Totalmente negativo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo”, con lo que rechazó cualquier evento sin los permisos formales requeridos.

El alcalde justificó su postura en argumentos legales y de convivencia, así como en consideraciones religiosas y sociales respecto a los roles tradicionales. Si bien aseguró que su negativa no representa un ataque a las libertades individuales, remarcó que las expresiones identitarias deben ajustarse al marco normativo para acceder a espacios de uso común.

El fenómeno therian gana visibilidad en redes sociales, convirtiéndose en tema de discusión en América Latina tras viralizaciones en TikTok e Instagram, donde jóvenes se muestran con máscaras, colas artificiales o imitan movimientos animales en actividades llamadas “quadrobics”. El término proviene de la raíz griega “therion”, usada para describir bestias o animales.

La teriantropía define a quienes, desde una perspectiva identitaria, psicológica o espiritual, se sienten internamente conectados con un animal real, como lobos, felinos, zorros o perros, identificándolo como su “teriotipo”. Quienes viven estas experiencias insisten en que, aunque son plenamente humanos en lo físico y legal, consideran que parte de su identidad está ligada a su animal interno. Existe el relato de personas que experimentan sensaciones físicas involuntarias, conocidas como “miembros fantasma”.

A diferencia de otras subculturas, los therians rechazan comparaciones con la comunidad furry, que practica el arte y el entretenimiento a través de personajes y disfraces antropomórficos con fines lúdicos o creativos. El término otherkin describe a quienes se identifican con criaturas fantásticas, como seres mitológicos o de ficción. Los miembros del movimiento therian sostienen que su vivencia es una dimensión identitaria, no un disfraz ni un espectáculo.

En Argentina y otros países, la viralización del fenómeno a través de videos donde jóvenes adoptan conductas animales ha provocado intensos debates en línea. Se observan posturas enfrentadas: algunos defienden el derecho a la libre expresión y a nuevas formas de autoidentificación, mientras que otros cuestionan la tendencia desde perspectivas religiosas, culturales o psicológicas.

Entre las normas de Comayagua, destaca que todo evento en espacios públicos, como plazas o parques, debe contar con permisos bajo criterios de orden y convivencia, priorizando fines culturales y sociales conforme a la ley. El alcalde reiteró que la rehabilitación de la Plaza Central tiene como objetivo mantenerla como un espacio de interacción humana, sostenido en parámetros legales y el acompañamiento de la Policía Municipal.

La gestión local sostiene que priorizará la convivencia humana en la Plaza Central, reservando el espacio para actividades que califiquen bajo los criterios establecidos. El debate sobre la teriantropía continúa expandiéndose en el entorno digital y cultural, traspasando fronteras nacionales e interpelando a nuevas generaciones.

En el inicio del Gobierno Petro, en agosto de 2022, el mandatario nacional indicó que uno de sus compromisos sería consolidar una “Paz Total”, lo que incluía comenzar diálogos con las estructuras al margen de la ley.

En febrero de 2026, a punto de que termine el mandato de Gustavo Petro, no se ha concluido ningún acuerdo de paz con el ELN, las disidencias de las Farc o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo.

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Precisamente, en el segundo mes de 2026 se anunció una nueva reanudación de los diálogos de paz con el Clan del Golfo, que se ha mantenido en actividades ilícitas en todos los momentos en que se han realizado encuentros entre voceros del grupo armado y del Estado.

El anuncio sobre la reanudación de los diálogos de paz se registró tras una reunión llevada a cabo en Bogotá.

Durante el encuentro, representantes del Gobierno y delegados del grupo armado discutieron los términos para continuar con las negociaciones. El objetivo principal es alcanzar un acuerdo que permita la desmovilización del Clan del Golfo y su reintegración en la vida civil, así como la reducción de la violencia en las regiones donde este grupo tiene presencia.

El proceso de paz había enfrentado varios obstáculos en los meses recientes, incluyendo episodios de violencia y desacuerdos sobre las condiciones de cese al fuego y los términos de la negociación. No obstante, tras intensas deliberaciones, ambas partes decidieron retomar el diálogo, mostrando disposición para buscar soluciones pacíficas al conflicto armado.

Mientras que el Gobierno nacional pide que se registre una disminución de la violencia y la consolidación de la paz, figuras políticas han indicado que se debe mantener la transparencia en el proceso y garantizar la participación de las comunidades afectadas en la nueva mesa de diálogos.

Por su parte, los delegados del grupo armado manifestaron su intención de avanzar en el diálogo, pero con solicitudes puntuales, entre las que se incluye no ser mencionados como Clan del Golfo, sino como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Debido a que la reanudación de la mesa de diálogo ha generado opiniones divididas en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches hizo un análisis ligado al nuevo ciclo de conversación entre el Estado y el Clan del Golfo.

En primer lugar, Wilches mencionó que es muy poco probable que exista un avance concreto en los menos de seis meses que faltan para que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño.

“No existe ninguna posibilidad de poder concretar un acuerdo en seis meses, al menos no uno fuerte, no uno que tenga puntos fuertes en los que se prolonguen los escenarios de violencia”.

El experto argumentó, basado en los procesos de paz que se han visto frustrados en los últimos años, que entiende que las nuevas intenciones del Clan del Golfo van ligadas al proceso electoral, mientras que es poco probable que se alejen del ámbito criminal durante los diálogos.

“La dinámica de finalización y continuidad de los procesos de diálogos con los grupos armados es algo histórico, algo que demuestra la poca resolución del Estado y los bajos niveles de negociación que existen, una ausencia de seriedad por parte de los grupos armados que juegan dependiendo de las coyunturas. En el ámbito de imagen, siempre ha sido común que los grupos ilegales delincan en medio del diálogo, pero esto solo refleja que las negociaciones se dan en zonas grises, de ambigüedad”.

La inversión de USD 100 millones para la expansión de Puerto Cortés se perfila como el motor de un proceso de transformación logística y económica en Honduras, con el objetivo de posicionar al país como un nodo estratégico en el comercio internacional y de utilizar recursos no ejecutados de organismos internacionales, la banca privada y fondos europeos para futuras obras, según anunció el presidente Nasry Asfura. El plan contempla una ampliación significativa de la capacidad del puerto, con la meta de operar 1,4 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies) para inicios de 2027, superando los actuales 816.000 TEU y habilitando la llegada de megaembarcaciones de entre 10.000 y 13.000 TEU.

La decisión supone un respaldo directo de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y su matriz, la multinacional International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), con sede en Manila, Filipinas, evidenciando la apuesta de capital extranjero por el potencial logístico hondureño. El mandatario afirmó que si se logran estos objetivos, Puerto Cortés consolidará su rol como plataforma regional para el comercio internacional, optimizando la capacidad de recibir barcos de gran calado y elevando la eficiencia de los servicios logístico

Esta estrategia busca reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia operativa, elementos que repercuten directamente en la competitividad portuaria.

El hallazgo. Durante un recorrido por las instalaciones, el presidente identificó áreas dentro del puerto que no están plenamente explotadas y especificó que se destinarán a actividades logísticas productivas. Además, incluye la mejora de procesos operativos y la integración de tecnología avanzada para la manipulación de mercancía.

El impulso a Puerto Cortés se integra a un plan más amplio de dinamización económica. Asfura adelantó que empresas situadas en el sector de Naco, en Cortés, proyectan inversiones capaces de generar entre 8.000 y 10.000 empleos, expandiendo el efecto multiplicador hacia transporte, almacenamiento y servicios logísticos.

El presidente remarcó que la expansión responde a la necesidad de manejar volúmenes crecientes de importación y exportación para Honduras y los países vecinos, así como a la de atraer capital privado y fortalecer la industria nacional. “El fortalecimiento del puerto traerá beneficios directos para las importaciones y exportaciones hondureñas. Una mayor capacidad instalada permite manejar mayores volúmenes de carga con mejores estándares de seguridad y eficiencia, lo que genera confianza en inversionistas y e mpresas internacionales que buscan plataformas logísticas confiables en Centroamérica”, aseguró.

Además de la inversión en infraestructura, Asfura subrayó su plan de disminuir el tamaño del aparato estatal mediante el cierre, fusión o reestructuración de entre 20 y 23 instituciones descentralizadas. El propósito es lograr mayor eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos, posibilitando destinar fondos a proyectos transformadores sin incrementar la carga fiscal.

En relación al financiamiento, el presidente señaló que existen recursos disponibles en la banca privada, instituciones europeas y organismos multilaterales como el Banco Mundial que aún no se han ejecutado y podrían canalizarse hacia infraestructura y desarrollo. Una mejor gestión de estos fondos permitiría impulsar obras sin aumentar impuestos ni endeudar al Estado, reforzando el objetivo de un crecimiento sostenido.

El papel de Puerto Cortés trasciende Honduras: es punto clave para la región, integrando rutas comerciales del Caribe y el Atlántico. Ampliar su capacidad y modernizar su infraestructura busca posicionar al puerto como referente centroamericano tanto por volumen de carga como por servicios tecnológicos y logísticos de avanzada.

El presidente confía en que la llegada de capital privado y la modernización del Estado conviertan a Honduras en un centro logístico regional. Junto con el fortalecimiento de la infraestructura y políticas de transparencia y estabilidad, el país busca consolidar su atractivo para compañías globales.

La transformación de Puerto Cortés puede marcar un punto de inflexión en la capacidad exportadora nacional y elevar el rango de Honduras dentro de las cadenas globales de suministro.

Cada vez que cambia un gobierno, vuelve la misma discusión: ¿quiénes deben ocupar los cargos del Estado? ¿Puede una nueva gestión designar a todos los funcionarios? ¿Es lo mismo un ministro que un director técnico de carrera? Detrás de estas preguntas hay un debate mucho más profundo: la necesidad de distinguir claramente entre cargos políticos y cargos técnicos o estables dentro de la administración pública.

La teoría clásica de la administración pública, formulada a fines del siglo XIX por el politólogo y presidente norteamericano Woodrow Wilson, estableció una distinción fundamental: la política, “decide”; la administración, “implementa”.

En su célebre ensayo de 1887, Wilson sostuvo que era necesario separar las funciones políticas —encargadas de definir objetivos, prioridades y programas— de las funciones administrativas, responsables de implementarlos de manera profesional, eficiente y neutral. Esta separación —conocida como la dicotomía entre política y administración— no es un capricho académico: es un principio diseñado para evitar el clientelismo, el favoritismo y la captura partidaria del Estado.

La palabra “diseñado” no es casual. Wilson tuvo que “imaginar” cómo separar política y administración, que en su país también se mezclaban.

En términos simples: los gobiernos cambian, pero el Estado debe permanecer. Y cuanto más profesionalizado, mejor.

La distinción necesaria

Esa separación solo puede sostenerse si se diferencia con claridad qué cargos son políticos y cuáles son técnicos o de carrera.

Los cargos políticos —ministros, secretarios, subsecretarios y otros puestos de conducción estratégica— deben estar en manos de la autoridad electa. Es lógico y democrático que quien ganó una elección pueda elegir a su equipo de confianza para implementar su programa. Estos cargos implican orientación política, definición de prioridades y responsabilidad directa ante el electorado.

Pero muy distinto es el caso de los cargos técnicos o estables: directores de carrera, especialistas, profesionales, analistas, funcionarios administrativos. Allí no está en juego la definición del rumbo político, sino la capacidad de ejecución técnica. Su función no es representar una ideología, sino garantizar que el Estado funcione con legalidad, profesionalismo, eficiencia y continuidad.

Confundir ambos planos tiene consecuencias graves.

Cuando los cargos técnicos se convierten en extensiones del poder político de turno, el Estado pierde profesionalismo. Se debilita la capacidad institucional, se erosiona la memoria administrativa y se instala un sistema de incentivos perverso: la lealtad hacia una “tribu” partidaria o hacia vínculos personales pasa a valer más que la idoneidad.

Y aunque en la política la lealtad es una palabra central —porque implica confianza y compromiso con un proyecto—, en el ámbito técnico la lógica debe ser otra. Allí no se trata de adhesión, sino de conocimiento. Quien ocupa un cargo técnico no debe ser el más cercano al poder, sino quien más sabe del tema.

En varios países de América Latina (dejo al lector imaginar en cuáles), cuando un dirigente enfrenta el dilema entre nombrar al “amigo” o al que “sabe”, con toda seguridad, termina eligiendo al amigo, aun cuando el resultado sea espantoso o perjudicial para la gestión. Esa decisión puede fortalecer la red política en el corto plazo, pero debilita al Estado y su Administración Pública en el mediano y largo plazo.

La confianza personal nunca debería reemplazar a la competencia profesional, pero no es lo que usualmente ocurre…

El concurso como garantía de idoneidad

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos “sin otra condición que la idoneidad”. Esa palabra no es decorativa. Supone mérito, competencia y evaluación objetiva. Implica que el acceso al Estado no debe depender de vínculos personales, afinidades partidarias ni cercanía con la gestión de turno, sino de capacidades verificables.

El instrumento por excelencia para garantizar esa idoneidad es el concurso público.

El concurso no es una formalidad burocrática ni un trámite administrativo más. Es una herramienta de igualdad y transparencia. Permite que cualquier ciudadano que reúna los requisitos pueda competir en condiciones abiertas, bajo reglas claras y procedimientos verificables. Es, en definitiva, el mecanismo institucional que traduce en práctica concreta el principio republicano de igualdad ante la ley.

Sin concursos regulares, ágiles y obligatorios, el principio de idoneidad se vacía de contenido.

Como han señalado diversos especialistas en administración pública, entre ellos Eduardo A. Salas, la consolidación de un servicio civil profesional no es una cuestión meramente técnica, sino una condición estructural para el funcionamiento institucional del Estado. La carrera administrativa y los concursos de ingreso no constituyen privilegios corporativos, sino garantías republicanas de igualdad de acceso, estabilidad y continuidad en la gestión pública.

El problema en Argentina no radica en la ausencia de normas que consagren el principio de mérito, sino en su aplicación irregular y en la persistencia de mecanismos discrecionales que erosionan la profesionalización. En ese contexto, la distinción real —no solo teórica, sino también legal y operativa— entre cargos políticos y cargos técnicos se vuelve indispensable: sin esa delimitación clara, el principio de idoneidad pierde eficacia y el servicio civil se vuelve vulnerable a la captura partidaria.

En la práctica, muchas jurisdicciones han naturalizado un esquema diferente: proliferación de contratos temporarios, designaciones interinas por excepción y prolongadas, promociones discrecionales y ausencia de convocatorias periódicas. El resultado es una administración pública donde una parte significativa del personal no tiene estabilidad real ni oportunidades claras de desarrollo profesional.

Las consecuencias son previsibles.

Primero, se desalienta el ingreso de profesionales altamente calificados, que encuentran en el sector privado mayores certezas y mejores incentivos. Segundo, se debilita el aprendizaje institucional, porque la continuidad de los equipos depende de decisiones políticas coyunturales. Tercero, se instala un clima de incertidumbre permanente, donde la permanencia o el ascenso pueden depender más de la afinidad que del desempeño.

Un Estado profesional requiere previsibilidad. Requiere que quien ingrese por concurso sepa que podrá desarrollar una carrera basada en evaluaciones objetivas y que su permanencia no dependerá del signo político del gobierno de turno.

Defender el concurso no es defender un “status quo” corporativo; es defender una condición básica de cualquier república moderna: que el acceso a la función pública esté regido por el mérito y no por la cercanía.

Una propuesta concreta

Defender el ingreso por concurso no significa negar la existencia de cargos de confianza política. Toda gestión necesita personas que compartan su visión estratégica. Pero esos cargos deben estar claramente delimitados y ser la excepción, no la regla.

Si aceptamos que el jefe de Gabinete de Ministros es, conforme al artículo 100 de la Constitución Nacional, el responsable político de la administración pública, entonces corresponde que sea este funcionario quien establezca una delimitación clara dentro de la estructura estatal.

En particular, debería distinguir entre las Direcciones Nacionales y Generales aquellas cuya naturaleza sea predominantemente política de aquellas cuya función sea esencialmente técnica.

En las áreas que se definan como políticas, no haría falta realizar concursos. Allí, la autoridad política tendría plena libertad para designar a quien considere más adecuado, por razones de voluntad política, confianza o estrategia de gestión.

En cambio, en aquellas dependencias cuya misión sea fundamentalmente técnica, el acceso debería realizarse solo mediante concursos públicos ágiles, transparentes y periódicos. Estos puestos —formalmente identificados como “cargos técnicos”— deberían cubrirse estrictamente por mérito e idoneidad comprobada, mediante evaluaciones objetivas de antecedentes y capacidades.

Esto exige repensar y modernizar el sistema de concursos, dotándolo de mayor celeridad, previsibilidad y control público, de modo que combine rigor en la selección con eficiencia administrativa. Un nuevo esquema de concursos no debe ser un obstáculo burocrático, sino una herramienta efectiva para garantizar que quienes ocupen funciones técnicas en el Estado sean los más capacitados.

De esta forma, se podría trazar con mayor claridad el límite entre política y administración. Un límite que no es absoluto, pero que resulta indispensable para la calidad institucional.

Fortalecer al gobierno, fortalecer al Estado

En democracias consolidadas, la fortaleza institucional se mide por la calidad de su servicio civil. Un cuerpo técnico profesionalizado no debilita al gobierno electo; lo fortalece. Le permite ejecutar políticas con mayor eficacia, sostenerlas en el tiempo y corregir errores con base en evidencia.

Además, protege a los propios gobiernos. Cuando todo el aparato estatal se identifica con una fuerza partidaria, la alternancia se vuelve traumática. Cuando existe un núcleo técnico estable, la transición es más ordenada y el aprendizaje institucional se conserva.

La política tiene derecho a gobernar, pero el Estado tiene la obligación de funcionar. Si queremos discutir seriamente la reforma del Estado, empecemos por lo esencial: concursos obligatorios para los cargos técnicos y delimitación precisa de los cargos políticos.

Porque no se trata de defender a los burócratas ni de limitar a los gobiernos electos, sino de construir un Estado capaz de sostener políticas públicas más allá de los ciclos electorales.

Y esto solo es posible cuando la idoneidad pesa más que la cercanía, y el mérito más que la militancia.

Mientras las alcaldías enfrentan embargos que superan los 1.200 millones de lempiras, la organización exigió el respeto al límite legal que establece un tope del 40% para las retenciones judiciales. Advirtió que en varios casos las resoluciones permiten el embargo total de las transferencias estatales, lo que deja sin recursos incluso para el pago de salarios.

La Amhon detalló que los embargos millonarios afectan la operatividad de más de una docena de alcaldías y ponen en riesgo la continuidad de proyectos clave para la población. afirmó que, si no se revisan los mecanismos actuales ni se adoptan medidas urgentes, el impacto negativo en los municipios puede crecer en los próximos meses y generar mayores dificultades para miles de hondureños que dependen directamente de las alcaldías para servicios esenciales. Según datos de la asociación, alrededor de 70 municipios se encuentran embargados por diferentes demandas, situación que ha provocado retrasos o cancelación de obras de infraestructura, suspensión de programas sociales y postergación de pagos a empleados municipales.

Las alcaldías hondureñas enfrentan actualmente la retención de fondos por un monto que supera los 1.200 millones de lempiras, cifra que compromete la viabilidad financiera de más de una docena de municipios. El presidente de la Amhon, Nelson Castellanos, precisó que en al menos 12 alcaldías los embargos se originan en demandas laborales y procesos administrativos heredados de administraciones anteriores, principalmente por despidos realizados por alcaldes salientes que derivaron en fallos judiciales en contra de las municipalidades.

El impacto se refleja en servicios como el mantenimiento de infraestructura, pago de planillas, recolección de desechos sólidos y ejecución de pequeños proyectos comunitarios. Castellanos expresó la gravedad de la situación: “Detrás de un alcalde hay un pueblo que sufre las consecuencias de un grado de irresponsabilidad”, enfatizando que los perjuicios afectan directamente a miles de ciudadanos.

El presidente de la Amhon denunció que, en algunos casos, los embargos han llegado al 100% de las transferencias que reciben las municipalidades desde el Gobierno Central, pese a que la normativa vigente establece un tope del 40%. Según Castellanos, esta situación deja sin capacidad operativa a las administraciones y pone en jaque el cumplimiento de funciones básicas.

Las demandas laborales que motivan estos embargos suelen estar relacionadas con pasivos heredados de corporaciones municipales anteriores. Muchos alcaldes electos asumen funciones en medio de procesos judiciales avanzados por decisiones ajenas, lo que complica la planificación y el saneamiento financiero de los gobiernos locales. La Amhon actualmente acompaña a varios ediles que, al asumir sus cargos, ya enfrentaban juicios iniciados y deudas acumuladas.

Castellanos puntualizó que el problema principal es la ejecución de los embargos, no el cumplimiento de las sentencias ni el respeto de los derechos laborales. La asociación solicita un análisis integral de los procesos judiciales y la creación de reglas claras que impidan que las nuevas corporaciones municipales arrastren sanciones derivadas de irregularidades administrativas de sus antecesores.

La institución sugiere mayor asesoría legal, controles más estrictos en contrataciones y despidos, y esquemas que eviten la acumulación de pasivos laborales insostenibles.

La alcaldesa de Ojos de Agua, Xiomara Ulloa, explicó que, además de las retenciones por demandas judiciales, las municipalidades enfrentan deudas por transferencias no recibidas en el último año. “Quedamos con una deuda del año pasado en cuanto al presupuesto 2025 y ahora estamos en esas exigencias para que se nos pueda cancelar lo adeudado y dar respuesta a nuestra población”, señaló Ulloa.

Para los municipios pequeños y rurales, donde la recaudación local es baja, las transferencias estatales representan la principal fuente de ingresos operativos. Cuando estos fondos se retienen parcial o totalmente, las alcaldías deben suspender proyectos, retrasar pagos y reducir o interrumpir servicios básicos.

Ante el bloqueo de recursos, municipios de distintas regiones del país han tenido que suspender proyectos de pavimentación, mejoras en centros comunales y obras de mantenimiento de caminos rurales. También se han interrumpido programas de apoyo social y, en algunos casos, empleados municipales reportaron demoras en el cobro de sus salarios.

Mientras tanto, la Amhon reitera su llamado a revisar de forma urgente tanto los embargos como los retrasos en las transferencias. La asociación considera que el cumplimiento del tope legal del 40% es indispensable para evitar una paralización total de los gobiernos locales.

La planilla estatal de Panamá acumuló $4,786 millones en salarios entre enero y noviembre, una cifra que vuelve a colocar el gasto en personal en el centro del debate fiscal.

No es solo un dato contable: es una señal clara de cómo el peso estructural del Estado sigue creciendo, incluso en un contexto donde el país enfrenta presiones por déficit, deuda y menor margen presupuestario.

En términos interanuales, el desembolso en salarios aumentó $57.9 millones, lo que representa un crecimiento de 1.2% frente al mismo período del año anterior.

Aunque el porcentaje parece moderado, el incremento en valores absolutos refleja que la masa salarial continúa expandiéndose en una economía que no crece al mismo ritmo. La planilla no solo absorbe una proporción relevante del presupuesto, sino que consolida un gasto rígido difícil de reducir sin reformas profundas.

El número de funcionarios también marcó un nuevo nivel. Al cierre de noviembre, el sector público registró 270,998 servidores, es decir, 7,143 funcionarios más que un año antes, un incremento de 2.7%.

Solo entre octubre y noviembre se sumaron 4,412 nuevos empleados, lo que evidencia que el crecimiento no se detuvo hacia el final del año. La mayoría de estas incorporaciones corresponde a personal permanente, lo que implica compromisos salariales de largo plazo.

Cuando se observa el acumulado de los once primeros meses —$4,786 millones en salarios— la comparación con otras fuentes de ingreso del Estado es inevitable.

El monto supera ampliamente los aportes anuales que el Canal de Panamá transfirió al Tesoro el año pasado, que sumaron 2,965 millones de dólares.

Igualmente, supera el costo de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto de 25 kilómetros que incluye un túnel por debajo del Canal de Panamá, obra que alcanza los 4,400 millones de dólares.

El crecimiento no fue uniforme entre instituciones. Las mayores variaciones en número de funcionarios se concentraron en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial.

Estas entidades explican buena parte del aumento en personal y masa salarial, consolidando una tendencia en la que las áreas sociales y de seguridad concentran la expansión del empleo público.

Este comportamiento no es aislado. Durante la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal experimentó uno de los incrementos más pronunciados de las últimas décadas, tanto en cantidad de funcionarios como en monto total pagado.

El crecimiento acumulado en ese quinquenio dejó una estructura más pesada, con mayor gasto recurrente y menos flexibilidad presupuestaria. De acuerdo con la Contraloría General, entre julio de 2019 y junio de 2024 el empleo público registró un aumento neto de 24,082 personas, al pasar de 238,248 funcionarios cuando inició el mandato de Cortizo a 262,330 al cierre de junio de 2024.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.

Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.

Las calificadoras de riesgo también han puesto el foco en este punto. En sus análisis han advertido que el aumento del gasto corriente, particularmente en salarios, complica la consolidación fiscal.

Para los mercados internacionales, el crecimiento sostenido de la planilla sin un aumento equivalente en productividad o ingresos tributarios es una señal de vulnerabilidad. La presión sobre la deuda y el déficit se intensifica cuando el gasto estructural no se ajusta.

Entidades con más funcionarios

Al cierre de noviembre de 2025, las instituciones con mayor cantidad de funcionarios en el sector público estuvieron encabezadas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y el Órgano Judicial.

El Ministerio de Educación registró 116,307 funcionarios en noviembre, con una planilla mensual de $114,096,000 aproximadamente, mientras que en enero del mismo año tenía 103,607 servidores, lo que implica un aumento de 12,700 funcionarios en once meses.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó 45,100 funcionarios en noviembre, con un monto mensual en salarios cercano a $43,705,000. En enero contaba con 44,659 funcionarios, por lo que el incremento fue de 441 plazas. En el caso del Ministerio de Salud, la cifra ascendió a 42,266 funcionarios en noviembre, con una masa salarial mensual aproximada de $42,266,000, frente a 41,727 en enero, lo que representa un aumento de 539 funcionarios durante el período analizado.

Por su parte, el Órgano Judicial cerró noviembre con 13,764 funcionarios y un salario mensual estimado en $13,764,000, manteniéndose prácticamente sin variación respecto a enero, cuando también registraba 13,764 colaboradores.

Estas cifras confirman que Educación, Seguridad y Salud concentran no solo el mayor número de servidores públicos, sino también los montos más elevados en la planilla mensual, además de reflejar los principales incrementos en personal entre enero y noviembre de 2025.

Por su parte, la Asamblea Nacional, una de las entidades más cuestionadas por el manejo de su planilla, cerró noviembre de 2025 con 4,022 funcionarios, lo que representa un aumento frente a los 3,781 registrados en enero del mismo año, es decir, 241 nuevos colaboradores en once meses.

En términos salariales, el monto mensual ascendió a aproximadamente $7,6 millones en noviembre, comparado con cerca de $7,1 millones en enero, lo que refleja un incremento de alrededor de $500,000 mensuales en el período analizado.

Hay una imagen que debería interpelarnos profundamente: un adolescente de 14 años sentado en una audiencia, escuchando que el Estado va a juzgarlo penalmente.

Catorce años.No estamos hablando de un adulto con una personalidad consolidada. Estamos hablando de alguien que todavía está creciendo, que muchas veces actúa por impulso, por presión del grupo, por inmadurez emocional. Alguien que todavía necesita guía más que condena, orientación más que etiqueta.

Cuando el Estado llega a esa instancia, algo ya falló antes. Fallaron políticas preventivas, fallaron redes de contención, falló la presencia temprana. El proceso penal no es prevención: es la respuesta tardía.

Pero hoy quiero decir algo más, con toda claridad.

A quienes promueven bajar la edad de punibilidad —y en especial a quienes tienen la responsabilidad histórica de votar una ley— les propongo un ejercicio honesto: piensen por un momento qué sistema penal querrían para sus propios hijos o hijas si a los 14 años cometieran un delito.

Piensen qué desearían para sus nietos, para sus sobrinos, para los chicos y chicas que aman.

¿Querrían un sistema duro, inflexible, que los etiquete temprano y los exponga a una lógica punitiva que puede marcar su identidad?¿O querrían un sistema que, aun reconociendo la gravedad del hecho, entienda que se trata de un adolescente en proceso de formación?

No crean que el castigo penal adolescente es algo que solo alcanza a “otros”.La ley no distingue apellidos.No pregunta en qué barrio se vive.No verifica si se trata de un colegio privado o público.

Puede alcanzar a cualquiera.

Un error grave a los 14 años —una pelea que se descontrola, una imprudencia al volante, una decisión tomada bajo presión— puede colocar a cualquier chico frente a un juez. También a los de su entorno familiar. También a los propios.

La sociedad que hoy aplaude la baja de edad debería reflexionar con la misma honestidad: sus hijos e hijas tampoco están exentos. La adolescencia es una etapa de intensidad, de impulsividad, de búsqueda de identidad. Nadie tiene garantizado que su hijo o su hija no cometerá un error serio.

Y cuando eso ocurra —porque la vida es imprevisible— lo que se va a reclamar no será castigo desmedido. Se reclamarán derechos. Garantías. Debido proceso. Un trato acorde a la edad. Oportunidades reales de recomponer.

Por eso, si se va a avanzar con una ley tan históricamente regresiva para los niños, niñas y adolescentes, al menos que quienes la impulsen se pregunten con honestidad: ¿qué sistema penal estoy diseñando? ¿Cómo funcionará cuando alcance a alguien que amo? ¿Será un sistema que destruye trayectorias o que ofrece caminos de reconstrucción?

Porque el sistema penal no es una herramienta abstracta. Tiene efectos reales. Puede afectar para siempre el desarrollo, la autoestima, las oportunidades educativas y laborales. Puede alterar un plan de vida en una etapa en la que todavía todo debería ser posibilidad.

Cada vez que el Estado decide ampliar el castigo hacia edades más tempranas, está hipotecando su propio futuro. Porque esos adolescentes van a crecer. Van a convertirse en adultos. Van a convivir con nosotros. La pregunta es en qué condiciones.

La firmeza no se mide por cuán temprano castigamos, sino por cuán responsables somos al diseñar las consecuencias.

Quienes hoy reclaman respuestas punitivas cada vez más duras deberían pensar que mañana podrían ser quienes exijan, desesperadamente, las garantías que hoy están dispuestos a recortar. La historia del derecho penal está llena de ejemplos en los que el poder punitivo que se expandió para “otros” terminó alcanzando a los propios.

No es debilidad pedir prudencia.No es ingenuidad defender la especial protección de la adolescencia.Es responsabilidad.

Juzgar penalmente a un chico de 14 años no es un triunfo del orden. Es el reconocimiento de que llegamos tarde como sociedad.

Si vamos a legislar sobre la vida de los adolescentes, hagámoslo con la conciencia de que estamos legislando también sobre nuestros propios hijos e hijas.

Porque el sistema penal no tiene destinatarios exclusivos.Alcanza a todos.

Y cuando eso sucede, ya no hablamos de estadísticas.Hablamos de futuro.

Este encuentro buscará establecer una hoja de ruta común y analizar el estado de los compromisos asumidos en el marco del programa vigente, cuyo avance será determinante para futuros desembolsos y la estabilidad financiera del país.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la visita del FMI representa un primer acercamiento con la administración entrante y no corresponde todavía a una revisión formal del acuerdo. “Se trata de una visita técnica para conocer las prioridades de la nueva gestión y presentar el plan de acción a los organismos multilaterales”, subrayó Hernández Hércules, según el comunicado oficial difundido este viernes.

Durante la estadía de la delegación, el FMI se reunirá con distintos actores del sector público y privado, incluidos la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Banco Central de Honduras (BCH). El objetivo será recopilar información actualizada sobre la situación económica, el desempeño del sistema financiero y las proyecciones del sector productivo, además de contrastar los logros recientes en variables macroeconómicas con los retos que impone la nueva administración.

La situación específica del programa vigente con el FMI. Hernández Hércules precisó que la cuarta revisión del acuerdo debió realizarse en noviembre de 2025, pero “se registraron incumplimientos por parte del gobierno saliente”, lo que resultó en la suspensión de un desembolso de USD 120 millones en apoyo presupuestario.

Este monto, acordado como respaldo a las finanzas públicas, sigue pendiente de liberación hasta que se verifiquen los requisitos fijados por el organismo internacional.

La agenda de la misión también comprende sesiones de trabajo técnico con la Secretaría de Finanzas, donde se revisarán cifras sobre ingresos, gasto, deuda pública y previsiones de crecimiento. Estas discusiones servirán para precisar los lineamientos del nuevo enfoque económico gubernamental y definir cómo podrían ajustarse las metas y estrategias actuales.

Colaboración con otros organismos internacionales. Además del FMI, el gobierno de Honduras mantiene diálogo con el Banco Mundial, que ha expresado su disposición para apoyar la nueva agenda nacional, centrada en infraestructura, desarrollo humano, sector social y educación. El reciente viaje del presidente Nasry Asfura a Washington, donde se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump, también contribuyó a mejorar la percepción internacional sobre la economía local y a restablecer la confianza de socios multilaterales.

Hernández Hércules indicó que los indicadores económicos que guiaron la administración previa podrían modificarse para acomodar el nuevo énfasis en el crecimiento económico. “El intercambio con el FMI permitirá que el organismo conozca directamente la visión de los diferentes actores económicos del país y se presenten los lineamientos de la nueva administración”, señaló el titular de Finanzas.

Tras esta ronda de reuniones, se espera que el FMI elabore un informe técnico con valoraciones sobre el estado de la economía hondureña y los pasos recomendados antes de avanzar hacia las revisiones formales del programa. La realización de la cuarta y quinta evaluación podría destrabar hasta USD 240 millones adicionales en apoyo presupuestario, siempre que el país cumpla las metas y compromisos pactados.

El proceso de diálogo y cooperación continuará en las semanas siguientes, a medida que se programe la reanudación de las evaluaciones pendientes, cuyo resultado será clave para la normalización de los desembolsos y la consolidación de un entorno de estabilidad macroeconómica.pa

Las recientes intervenciones judiciales han dejado fuera de alcance recursos que no estaban contemplados ni en el presupuesto general de 2025 ni en el de 2026.

Esta situación deja en jaque proyectos esenciales en áreas como salud, educación y seguridad, pues la liquidez disponible del Estado se ve limitada por estos procesos de embargo.

En una jornada clave, se reunieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, magistrados de la Sala Laboral, el procurador Dagoberto Aspra, el propio ministro de Finanzas y representantes del Directorio del Banco Central de Honduras para abordar el alcance de las demandas y su impacto en las finanzas del país.

Las acciones judiciales señaladas se concentran sobre todo en el área laboral, tramitadas por los juzgados especializados de Tegucigalpa y también en diversas alcaldías a nivel nacional.

El titular de Finanzas especificó que “hay que frenar las medidas sistemáticas implementadas por actores de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, advirtiendo sobre el carácter recurrente de estos procesos y su riesgo para la planificación presupuestaria.

Según Emilio Hernández Hércules, el Estado se ve forzado a operar con partidas restringidas debido a la magnitud de los embargos, lo que compromete la viabilidad de programas sociales y de infraestructura ya previstos para los próximos años.

Además, confirmó que estos fondos no estaban asignados en la planificación fiscal vigente, por lo que “la afectación directa al tesoro de la República” es significativa.

En este contexto, la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 deberá pasar primero por la aprobación del Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso Nacional. Desde Finanzas, se impulsa una línea de austeridad y responsabilidad fiscal orientada a mitigar el impacto de los embargos y ajustar la estructura del gasto público.

Entre las medidas concretas, se contempla un redimensionamiento del aparato estatal, disminuyendo el número total de instituciones de 113 a 78. Esta reducción implicará, de acuerdo con lo comunicado, un ahorro relevante en el gasto corriente y permitirá destinar más recursos al pago de la deuda y a atender el pasivo laboral.

Hernández Hércules remarcó: “La austeridad y la responsabilidad fiscal van a primar en este presupuesto, habrá una reducción, pero lo más importante es que habrá un ahorro en el gasto corriente del Estado, la reducción del aparato estatal viene, habrá menos instituciones, lo que significa que habrá recursos para el pago de deuda y el pasivo laboral”.

El encuentro interinstitucional realizado este viernes subraya la necesidad de coordinar esfuerzos entre poderes del Estado, manteniendo el respeto a la independencia de cada uno, pero trabajando en una dinámica de complementariedad que permita afrontar los desafíos financieros producto de estos procedimientos jurídicos.

Los embargos, tramitados principalmente en juzgados laborales, involucran tanto a instancias estatales como a defensores privados, generando preocupación en las altas esferas del Ejecutivo sobre la sostenibilidad fiscal futura. El impacto ya se traduce en restricciones para áreas sensibles del gasto público, con la advertencia de que podrían agravarse de persistir esta tendencia.

En paralelo, el Banco Central de Honduras se mantiene en diálogo con otras entidades estatales para evaluar medidas que permitan responder a la contingencia generada por estos procesos judiciales. La pretensión del Gobierno es fortalecer su capacidad de inversión sin afectar los compromisos ya adquiridos, ajustando la hoja de ruta presupuestaria de los años venideros.

De acuerdo con la información oficial, la reforma del Presupuesto General 2026 no solo busca acomodar las necesidades impuestas por los embargos, sino también introducir un ajuste estructural que apunte a la eficiencia del aparato público y la generación de ahorros que puedan canalizarse hacia prioridades nacionales.

El ministro de Finanzas puntualizó que el ahorro derivado de la reducción institucional permitirá fortalecer áreas desfinanciadas por los procesos de embargo, contribuyendo a la estabilidad del sistema fiscal de Honduras.

Durante décadas, los Estados han aprendido a proteger aquello cuya falla pone en riesgo la continuidad: energía, agua, transporte, sistemas financieros. A eso lo llamamos infraestructura crítica. Se planifica, se mantiene, se financia y se protege porque su colapso no es una opción.

Sin embargo, hay un sistema del que depende todo lo anterior —la economía, la estabilidad fiscal, incluso la legitimidad democrática— y que sin embargo sigue siendo tratado como un asunto periférico: la naturaleza.

No como infraestructura.

Únicamente desde el lente de la conservación.

Ese error de clasificación no es semántico. Es político.

Cuando un sistema no se reconoce como infraestructura crítica, no se gobierna como tal. No entra en los marcos de riesgo, no se mantiene de forma preventiva, no se incorpora en la planificación económica. Solo aparece cuando falla. Y cuando falla, lo hace en cascada.

Hoy lo vemos con claridad: sequías que se convierten en crisis energéticas, degradación de suelos que deriva en inflación alimentaria, pérdida de ecosistemas que se traduce en riesgos fiscales, presión migratoria y finalmente erosión de la confianza pública. Estos no son “impactos ambientales”. Son fallas sistémicas.

El problema no es que los Estados ignoren la evidencia científica. Es que siguen usando un lenguaje institucional equivocado para gobernar en el siglo XXI.

Por eso necesitamos un nuevo marco: entender la naturaleza como infraestructura crítica. No como metáfora. Como categoría de Estado.

La infraestructura crítica no se define por ser de cemento o acero, sino por una pregunta simple: ¿qué ocurre si falla? Si la respuesta es disrupción económica, estrés fiscal y deterioro institucional, entonces estamos frente a un sistema crítico. Bajo ese criterio, muchos ecosistemas cumplen exactamente esa función: cuencas que sostienen ciudades enteras, suelos que alimentan economías, bosques y humedales que regulan riesgos climáticos, costas que protegen activos productivos.

Cuando estos sistemas se degradan, el impacto no es gradual ni sectorial. Es acumulativo y no lineal. Primero se altera la función ecológica. Luego fallan servicios básicos. Después llegan los shocks económicos. Más tarde, el estrés fiscal. Y finalmente, la erosión de la gobernabilidad. Para entonces, la causa original (ecológica) ya no suele estar en el debate público.

Este encadenamiento no es una anomalía. Es el patrón.

América Latina ofrece un territorio particularmente claro para observarlo. La región concentra cerca del 40% de la biodiversidad mundial, pero también enfrenta fragilidades institucionales profundas. Allí donde el capital natural sostiene economías enteras, su degradación no solo reduce bienestar: redefine relaciones de poder, abre espacio a economías ilegales y debilita la capacidad del Estado para cumplir su promesa básica de continuidad.

Tratar esto de forma aislada como un “problema ambiental” es, en la práctica, ignorar su dimensión económica, fiscal y política.

Gobernar la naturaleza como infraestructura crítica implica algo distinto. Implica que su mantenimiento deja de ser opcional. Que la prevención es más racional que la respuesta reactiva. Que la inversión ecológica no compite con la estabilidad fiscal, sino que la protege. Y que los ministerios de economía, no solo los ambientales, deben asumir responsabilidad sobre sistemas de los que depende la viabilidad del país.

No se trata de crear nuevas burocracias ni de romantizar la conservación. Se trata de alinear la gobernanza con la realidad del riesgo. De reconocer que hay sistemas vivos cuya falla tiene el mismo peso —o mayor— que la caída de una red eléctrica o de un sistema financiero.

Este enfoque forma parte de un trabajo de investigación en desarrollo que parte de una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos gestionando los cimientos de nuestras economías y sociedades como si fueran externalidades?

La respuesta importa, porque los Estados que no gobiernan sus cimientos terminan reaccionando siempre tarde. Pagan más, improvisan más y pierden margen de maniobra para gobernar a largo plazo.

En un mundo de riesgos acumulativos, gobernar bien ya no consiste solo en distribuir recursos o regular mercados. Consiste en proteger aquello que hace posible la estabilidad.

Y lo que no se gobierna como infraestructura, inevitablemente, termina fallando como sistema.

El gobierno de Honduras está habilitado oficialmente para avanzar en la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que lo autoriza.

Esta medida, que ahora tiene vigencia legal, permitirá destinar los recursos a proyectos de salud pública y construcción de centros universitarios en zonas que carecen de presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El decreto dispone que los fondos obtenidos se incorporarán al Presupuesto General de la República, en el ejercicio fiscal en que se concrete la venta.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá registrar y distribuir estos recursos según la normativa vigente, canalizándolos exclusivamente a los sectores mencionados.

El documento resalta que esta decisión responde a la demanda social de una administración responsable y eficiente de los bienes estatales, en situaciones donde áreas como la salud, la educación, la nutrición y el acceso al agua potable enfrentan carencias estructurales.

El texto, publicado en La Gaceta, instruye que antes de proceder con la venta es obligatorio realizar un avalúo técnico independiente del avión, tarea que podrá estar a cargo de expertos nacionales o internacionales.

Este paso busca definir un valor mínimo de referencia basado en criterios verificables, toma en cuenta el estado estructural, las horas de vuelo, el historial de mantenimiento y la documentación legal asociada a la aeronave.

El Embraer Legacy 600, de origen brasileño y diseñado para recorridos de mediano y largo alcance, fue adquirido en 2014 durante la presidencia de Juan Orlando Hernández por un monto superior a USD 14 millones.

Aunque sirvió para viajes oficiales, en los últimos años el avión permaneció sin uso productivo, generando costos considerables por mantenimiento, resguardo y conservación.

Según investigaciones periodísticas, la venta de la aeronave ha sido propuesta recurrentemente como alternativa para redirigir gastos, pero no se contaba con el aval legal necesario.

El proceso aprobado contempla la posibilidad de venta mediante subasta pública u otros mecanismos fijados por la ley hondureña para la disposición de bienes estatales.

La operación podría incorporar la participación de intermediarios especializados en jets ejecutivos y la promoción internacional del activo. No obstante, toda acción deberá cumplirse bajo las disposiciones legales que rigen la gestión y enajenación de este tipo de patrimonio.

La iniciativa legislativa que condujo al decreto fue presentada el 25 de enero por el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, a petición del presidente Nasry Asfura. El Congreso Nacional aprobó la medida por unanimidad el 26 de enero de 2025.

El decreto no define una fecha concreta para la venta, pero condiciona toda la operación al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales previos.

Entre estos se incluye la realización del avalúo, la validación total de la documentación y la elección del método de comercialización más conveniente para los intereses del Estado.

Así, el proceso queda abierto al escrutinio público por el impacto que tendrá tanto sobre el fortalecimiento institucional como en la reasignación de recursos a sectores prioritarios.

A partir de la publicación del decreto, el Ejecutivo asume la responsabilidad de coordinar cada una de las etapas del procedimiento, que dependerán del resultado del avalúo independiente, las condiciones del mercado y la efectividad del mecanismo de venta seleccionado.

Las autoridades hondureñas mantienen bajo custodia a una adolescente de 16 años de origen asiático, quien fue rescatada en Roatán como presunta víctima de trata de personas. El caso, que involucra la activación de protocolos para menores extranjeros no acompañados, pone de manifiesto los desafíos del Estado hondureño ante delitos de carácter internacional y obliga a coordinar esfuerzos entre distintas entidades para asegurar la protección y el retorno seguro de la menor.

Actualmente, la joven se encuentra bajo resguardo institucional en La Ceiba, conforme lo establece la normativa nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades evitan divulgar su identidad o detalles sobre su origen para no exponerla a riesgos adicionales, y mantienen en reserva la información sobre el país específico de procedencia.

De acuerdo con declaraciones de Mayeli Flores, directora regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la adolescente ya recibe atención integral del Estado hondureño, sin distinción respecto a su nacionalidad. Flores explicó que la atención incluye resguardo, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento social, mientras se define su situación migratoria y se tramitan las gestiones para su regreso junto a su familia.

Según la funcionaria, fue necesario recurrir a servicios de traducción porque “la niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”. La autoridad añadió: “Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”.

El proceso exige la coordinación de la Cancillería, responsable de gestionar los contactos diplomáticos y verificar que el traslado internacional se realice por las vías legales y en un entorno adecuado para su reintegración. Antes del retorno, las autoridades deben certificar las condiciones de recepción de la menor y establecer medidas para evitar que vuelva a quedar en riesgo, según los protocolos que dicta la legislación local.

El caso salió a la luz tras una operación realizada en Roatán, principal destino turístico de Honduras, donde la menor fue localizada sin compañía legal, portando documentación que no coincidía con su identidad y sin capacidad para comunicarse en español.

Ese conjunto de elementos disparó las alertas de las autoridades, quienes determinaron la imposibilidad de dejarla bajo custodia privada y activaron los mecanismos oficiales de protección. El Ministerio Público continúa investigando si existe el delito de trata de personas en su modalidad internacional y si el ingreso de la joven al país estuvo mediado por engaño, coacción o cualquier forma de explotación. Las pesquisas incluyen el esclarecimiento de la ruta de entrada al país, la identificación de posibles responsables y la cooperación interinstitucional para determinar si la adolescente fue víctima de un entramado internacional.

Ninguna persona ha sido capturada ni identificada públicamente como sospechosa hasta ahora. El expediente permanece bajo reserva por tratarse de una menor y debido a la naturaleza del delito que se investiga.

Las autoridades hondureñas precisaron que los casos de trata de personas con implicaciones internacionales no son habituales y requieren la intervención coordinada de distintas áreas del Estado. Además del resguardo físico, la menor tiene acceso a evaluaciones médicas, entrevistas especializadas y apoyo emocional, servicios alineados a la restitución de derechos que contempla la ley para víctimas de explotación. Esa legislación específica establece que, tratándose de menores de edad, no es necesario demostrar el uso de medios de presión para configurar el delito, dada su condición de vulnerabilidad.

Desde la Senaf subrayaron que la prioridad consiste en resguardar la integridad física y mental de la víctima hasta que todos los pasos legales nacionales e internacionales garanticen un entorno seguro para su regreso. Mientras completen esas gestiones, la joven permanecerá bajo protección estatal y con acompañamiento permanente. Las autoridades reiteraron que ofrecerán información adicional cuando avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades por el ingreso y trasladado de la menor a territorio hondureño.

El gobierno nacionalista prevé que el presupuesto General de la República 2026 marque un hito en la política económica nacional al llegar precedido por recortes significativos, una estricta vigilancia sobre el gasto estatal y la meta explícita de combatir la corrupción. El Ejecutivo, busca no solo la aprobación legislativa, sino demostrar, en la práctica, que las medidas no quedarán en el papel y que pueden traducirse en una administración más transparente y eficiente.

Desde la perspectiva del Gobierno, la aprobación y ejecución de este presupuesto permitirán comprobar si los cambios realizarán un impacto real al recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, en un contexto donde tradicionalmente la asignación de fondos públicos ha generado controversias.

La designada presidencial María Antonieta Mejía anticipó que la propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días, una vez finalizados los ajustes técnicos finales. El proyecto reducirá el gasto público a 415 mil millones de lempiras, una cifra que contrasta con los 469 mil 249 millones de lempiras aprobados en la administración previa de Xiomara Castro, y que según datos oficiales, representaba un incremento del 8.2 % respecto al presupuesto de 2025.

Esta disminución no responde únicamente a un enfoque de austeridad, sino a la revisión minuciosa de partidas estatales, especialmente tras detectar irregularidades en las planillas. Mejía indicó que la investigación dejó al descubierto aproximadamente ocho mil personas incorporadas como empleados públicos que cobraban salario sin cumplir funciones laborales.

La repercusión de este hallazgo afecta no solo las cuentas públicas, sino la credibilidad general del aparato estatal, reconoció la funcionaria. En múltiples dependencias, el exceso de personal coincidía con niveles elevados de ausentismo, situación que forzó al Gobierno a reestructurar los procesos internos y a tomar medidas para restaurar la disciplina fiscal.

Un eje central de la propuesta radica en el fortalecimiento de la transparencia y la lucha activa contra la corrupción. Para ello, Mejía detalló que instituciones clave como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibirán partidas reforzadas. Ambos entes cumplen funciones esenciales de auditoría y sanción frente al mal manejo de fondos. Buena parte de los problemas económicos de alcaldías y entidades estatales, explicó, tienen su origen en la ausencia de controles y supervisión oportuna: “Las auditorías suelen realizarse cuando el daño ya está hecho”, señaló la vicepresidenta, enfatizando cómo la demora limita la posibilidad de corregir y proteger los estados financieros institucionales.

El Ejecutivo impulsa una reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas para actualizar y modernizar los sistemas de fiscalización. El objetivo es instaurar auditorías preventivas, antes, durante y después de la ejecución de proyectos, permitiendo así detectar a tiempo las irregularidades y evitar daños acumulativos.

La funcionaria remarcó que este cambio de paradigma pretende instalar una lógica donde el control previo facilite el trabajo institucional y promueva una distribución responsable de los recursos, en lugar de limitarse a sancionar errores después de consumados.

El nuevo presupuesto también contempla líneas específicas de financiamiento para organizaciones de la sociedad civil con roles relevantes en la vigilancia y denuncia de irregularidades. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) figuran entre las entidades que recibirán asignaciones, reflejando la apuesta por una mayor rendición de cuentas.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) verá incrementado su presupuesto, lo que permitirá fortalecer el derecho ciudadano a conocer el destino de los fondos estatales. Según Mejía, el acceso a la información resulta fundamental para potenciar la fiscalización social y el empoderamiento de la ciudadanía.

Otro aspecto destacado es la presentación de una Ley Antisoborno, con la que el Gobierno espera cubrir vacíos normativos y ofrecer mecanismos claros para prevenir, detectar y sancionar el soborno en sus distintas expresiones. El impulso a esta ley apunta tanto al sector público como al privado y responde a la exigencia de alinearse con estándares internacionales de integridad y de promover condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.

El diseño, presentación y tramitación de esta propuesta dará paso a una nueva etapa en el Congreso Nacional y los diputados deberán lograr consensos para aprobar un presupuesto con ajustes sustanciales y orientado en la disciplina fiscal.

La crisis política peruana actual es expresión de una confluencia de problemas estructurales históricos con una seguidilla reciente de acontecimientos políticos extraordinarios: vacancias, disolución del Congreso, investigaciones por corrupción a políticos prominentes y encarcelamiento de expresidentes.

Este 2026 entramos a un nuevo proceso electoral en un momento particularmente frágil, marcado por la consolidación de una coalición de políticos en el poder que busca asegurar su propia continuidad y parasitar el Estado. ¿Qué caracteriza esta coalición? El predominio de intereses particulares que debilitan sistemáticamente la capacidad regulatoria del Estado, como señalaron Vergara y Quiñón en 2023. Estas prácticas han afectado la salud misma del régimen democrático, a través del debilitamiento del equilibrio de poderes, el deterioro de instituciones clave y la normalización de prácticas antidemocráticas.

El desmantelamiento de la capacidad regulatoria nos pone en una situación muy precaria para enfrentar situaciones como la ola de criminalidad, la expansión de la minería ilegal o los enormes desafíos que suponen las acciones imperialistas agresivas de los Estados Unidos y su disputa con China.

Lo que tenemos en Perú hoy es una depredación de lo público en un contexto de crecimiento económico limitado, con altos riesgos de entrar en una espiral negativa si caemos con mal pie en la dinámica geopolítica internacional.

El escenario global ha cambiado drásticamente, Estados Unidos ha adoptado una política cada vez más agresiva, no solo frente a sus rivales estratégicos, sino también frente a sus aliados históricos. El mensaje es claro: la hegemonía no se comparte y el acceso a los recursos naturales tampoco. En el hemisferio occidental, esta postura se traduce en una abierta disputa con China por territorios, minerales y otros recursos estratégicos, infraestructura y control logístico.

Este nuevo escenario mundial altera las reglas de juego y los escenarios que se abren para un país como Perú. Es preocupante lo pésimamente preparados que estamos como nación para hacerle frente a lo que podría venir. Nuestros problemas políticos hacen casi imposible que tengamos posiciones estratégicas sobre aprovechamiento de recursos naturales o política industrial, o política exterior coherente. La economía ha resistido más por factores externos, como los altos precios de los metales, que por una gestión estatal eficaz. Las agendas ambientales, políticamente débiles y poco representadas, quedan especialmente vulnerables, justo cuando el contexto internacional necesita un Estado más preparado y capaz.

El proceso electoral que acabamos de iniciar es crucial. Este año se renueva todo el elenco político, escogemos presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, parlamentarios andinos, gobernadores regionales y alcaldes. Sin embargo, 88 de los actuales congresistas buscarán la reelección y los partidos que hoy controlan el Estado cuentan con recursos y antecedentes que podrían permitirles mantenerse en el poder. Además, con los cambios normativos recientes, la Presidencia podría seguir subordinada al Congreso, especialmente al Senado, lo que vuelve aún más relevante la composición del Legislativo.

Al revisar los planes de gobierno presentados para 2026, se observa una tendencia clara: la prioridad está puesta en la seguridad y el orden, mientras que el tema ambiental aparece, en la mayoría de casos, como secundario, marginal o meramente declarativo. De acuerdo con información reciente, solo una minoría de candidatos propone derogar las leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado; la mayoría guarda silencio, lo que sugiere que estas normas podrían extenderse al siguiente periodo.

En cuanto al Ministerio del Ambiente (MINAM), el panorama tampoco es alentador. Aunque la desaparición del ministerio no es una propuesta mayoritaria, sí existe un consenso tácito en su debilitamiento progresivo. Varios planes de gobierno plantean fusiones, recortes o reestructuraciones del aparato estatal. Algunos incluso proponen reemplazar al MINAM por instancias subordinadas a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que implicaría una pérdida significativa de autonomía técnica y política en la gestión ambiental.

Con los datos disponibles, parece más probable que el próximo gobierno continúe con el proceso de debilitamiento del MINAM antes que su eliminación formal. El riesgo es claro: un Estado con menor capacidad para regular, fiscalizar y planificar el uso sostenible de sus recursos en un contexto internacional cada vez más agresivo.

¿Hay espacio para el optimismo? Tal vez. El proceso electoral podría abrir una oportunidad para recuperar el equilibrio de poderes, hoy distorsionado por un Ejecutivo subordinado al Legislativo. Un nuevo mandato ciudadano podría permitir la derogación de leyes que favorecen la criminalidad, la recuperación de la deliberación pública, el fortalecimiento de la democracia.

Frente a una disputa global abierta por el control de los recursos naturales, lo mínimo que deberíamos exigir es estabilidad política y un Estado capaz de definir rumbos estratégicos. Sin una agenda ambiental sólida y sin instituciones fuertes que la respalden, el Perú seguirá atrapado en una lógica predatoria que compromete no solo su soberanía, sino también su futuro.

Cinco años de la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, Honduras enfrenta un caso que, lejos de resolverse, ha profundizado los cuestionamientos al sistema judicial del país, sobre todo por su manejo en casos de violencia estatal y de género.

Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio para revisar integralmente las pruebas, la falta de una fecha definida mantiene en vilo tanto a la familia como a organizaciones de derechos humanos que exigen una respuesta efectiva.

La madre de la joven, Norma Rodríguez, se ha consolidado como la figura central en la búsqueda de justicia: reclama la notificación urgente de la nueva audiencia, señala la protección judicial hacia los involucrados e insiste en la necesidad de que la investigación alcance a todos los posibles responsables, no solo al agente policial inicialmente acusado.

En el más reciente aniversario del crimen, reiteró su compromiso irreductible: “Mientras viva, seguiré luchando para que todos los culpables paguen por este crimen”.

La noche del 7 de febrero de 2021, en pleno toque de queda por la pandemia de COVID-19, la detención de Keyla Martínez bajo acusaciones de alteración del orden público derivó en su muerte por “asfixia mecánica”, según el informe de Medicina Forense.

Esta conclusión contrastó abiertamente con la versión oficial inicial de supuesto suicidio, posicionando la causa como emblema de impunidad y negligencia institucional, de acuerdo con diversos experto

El proceso judicial original, desarrollado en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, dejó profundas grietas: el único acusado, el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, fue condenado solo por homicidio imprudencial bajo la figura de comisión por omisión, y no por femicidio agravado, como solicitaba la Fiscalía.

La sentencia, de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, incluyó trabajo social y una multa mínima. La temprana liberación del policía incrementó la indignación pública y alimentó la percepción de que el sistema favorece a sus propios agentes.

Tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada, la Sala de lo Penal de la CSJ reconoció graves irregularidades en el procedimiento y la calificación legal del delito, cuyas pruebas forenses nunca avalaron la figura menos severa por la que se optó.

La orden de reiniciar el juicio, ahora bajo un tribunal distinto, responde a la demanda de análisis exhaustivo y garantías plenas de debido proceso.

Las críticas de la familia no han estado aisladas

Organizaciones locales de derechos humanos, el movimiento feminista y entes internacionales han denunciado la falta de celeridad y el uso de recursos públicos para la defensa de los funcionarios señalados.

Además, han reclamado una verdadera investigación con perspectiva de género que alcance, entre otros, al médico Edgar Velázquez, quien acompañaba a la víctima, y a cualquier posible actor secundario relacionado con los hechos.

Las protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, especialmente cada año en el aniversario de la muerte de Keyla Martínez, han mantenido vivo el reclamo de justicia y posicionado el caso como una muestra de las limitaciones del aparato judicial hondureño frente a los feminicidios y las muertes bajo custodia estatal.

Los organismos internacionales remarcan la insuficiencia del Estado en garantizar justicia y reparación, urgiendo una sentencia definitiva que siente precedente y combata la percepción de impunidad.

Mientras la fecha del nuevo juicio permanece indefinida, la figura de Keyla Martínez continúa como un referente de lucha contra la impunidad y la violencia institucional en Honduras.

El secretario de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules, presentó ante la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Collen Hoey, un ambicioso propósito: atraer inversión extranjera y consolidar nuevas bases de cooperación financiera en un periodo decisivo para el desarrollo económico nacional.

Esta iniciativa, impulsada por ambos gobiernos, pretende generar prosperidad y oportunidades de empleo en los principales sectores productivos, en un contexto geopolítico que reclama estrategias de sostenibilidad y reducción de la pobreza.

Durante el encuentro celebrado el 4 de febrero de 2026 y descrito por las autoridades como altamente relevante para la relación bilateral, Hércules y Hoey coincidieron en que la cita constituye solo el comienzo de una agenda de trabajo más extensa.

En las próximas semanas, el Gobierno hondureño prevé intercambios directos con agencias especializadas de Estados Unidos y con instituciones multilaterales que puedan proporcionar instrumentos de apoyo técnico y financiero, según lo informado tras la reunión.

En el equipo diplomático estadounidense estuvo presente Bryan Schell, jefe de la Sección Económica de la Embajada, mientras que la Secretaría de Finanzas sumó la presencia del viceministro Roberto Chang y la viceministra Liliam Odalis Rivera.

Esta fase de diálogo técnico busca establecer sinergias formales con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en asuntos como transparencia, responsabilidad fiscal y prácticas de desarrollo económico, rubros señalados por el Gobierno hondureño como prioritarios para restaurar y actualizar mecanismos de cooperación que antes existían pero que requieren fortalecimiento.

Según datos de las autoridades hondureñas, el objetivo central de esta serie de encuentros es “generar prosperidad, crear empleos y desarrollar la economía hondureña en todos sus sectores productivos”. Hércules valoró el diálogo como positivo, convencido de que abre la puerta a una cooperación aún más profunda con entidades estadounidenses capaces de respaldar proyectos de inversión y desarrollo.

La reactivación de los lazos entre Tegucigalpa y Washington ocurre en un escenario de recuperación con desafíos estructurales: la economía hondureña sostiene estabilidad reciente, pero enfrenta retos significativos vinculados a la recaudación fiscal, la inversión productiva y la gestión de la deuda pública.

Según reportes recientes, el volumen de deuda flotante del Estado podría traducirse en obstáculos fiscales sensibles para futuras administraciones.

La cooperación económica abarca un horizonte más vasto que el de la inversión. De acuerdo con la diplomacia estadounidense, la agenda bilateral con Honduras integra áreas como migración, seguridad regional y asistencia al desarrollo.

En encuentros previos entre Hoey y la canciller hondureña, se subrayó la necesidad de combatir la migración irregular y fortalecer la colaboración para la seguridad en la región.

El contexto financiero internacional también influye: el Fondo Monetario Internacional (FMI), al aprobar la tercera revisión del acuerdo con Honduras, abrió el acceso a recursos y asesoría para mantener la sostenibilidad fiscal y reforzar la estabilidad macroeconómica.

Este escenario genera confianza ante potenciales inversionistas extranjeros, entre ellos los estadounidenses, y es vital para sectores como infraestructura, energía, agricultura y manufactura, necesitados de capital y transferencia de tecnología.

La estrategia de diplomacia económica que impulsa Honduras, reflejada en estas reuniones de alto nivel, aspira no solo a captar inversiones directas, sino también a facilitar el acceso a mercados, el intercambio de conocimientos y la adherencia a estándares internacionales de transparencia.

Para Estados Unidos, intensificar el apoyo a Honduras significa también contribuir a una región centroamericana más estable, lo cual incide en el comercio, la migración ordenada y los esquemas cooperativos de seguridad.

Este acto legislativo, realizado al comienzo del período parlamentario 2026-2030, sitúa a la nueva cúpula de la Procuraduría ante el reto de revitalizar la legitimidad de una institución fundamental, en un contexto de demandas ciudadanas por mayor transparencia y eficacia en la gestión del patrimonio público.

Los desafíos inmediatos incluyen la atención de múltiples litigios arrastrados por administraciones previas y la necesidad de asegurar una institucionalidad sólida en medio de un escenario político que exige respuestas contundentes frente a las controversias legales y fiscales del país.

El proceso, impulsado desde el bipartidismo dominante, revela fracturas y tensiones persistentes en el Congreso Nacional. La última sesión plenaria del lunes 2 de febrero, celebrada con una mayoría integrada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, concluyó con más de 90 votos favorables a la dupla Aspra-Quiroz, consolidando una mayoría calificada.

Sin embargo, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) se excluyó expresamente del acuerdo, al denunciar que no recibió en tiempo la documentación sobre los candidatos.

Esta objeción, manifestada antes de la votación, anticipa una discusión prolongada sobre los procedimientos y la transparencia asociados a los nombramientos de alto nivel estatal, una inquietud que también ha resonado en episodios recientes de la historia de la Procuraduría.

En ese sentido, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) demandaron públicamente que la selección respondiera a criterios de idoneidad, independencia y competencia.

Por su parte, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expresó su expectativa de que la llegada de Aspra se traduzca en “una apertura histórica” para la defensa y recuperación de bienes públicos que fueron malversados en gestiones anteriores.

Las declaraciones de los propios nominados ilustran los desafíos que asumirán en sus respectivos cargos. Dagoberto Aspra reconoció de inmediato el escenario adverso que enfrentará la Procuraduría y definió su nueva responsabilidad en términos de una “zona de guerra” legal.

Según sus palabras, el Estado afronta compromisos financieros acumulados por “demandas laborales y embargos” derivados del pasado, que en conjunto superan los 1,200 millones de lempiras en daños ya liquidados, además de otros 700 millones de lempiras en litigios pendientes de resolución.

Entre sus prioridades, Aspra señaló el fortalecimiento de la defensa del patrimonio estatal y la intensificación de acciones legales contra exfuncionarios que hayan causado perjuicio al erario.

En paralelo, José Francisco Quiroz, quien cuenta con experiencia en la administración judicial como exintegrante del disuelto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, enfatizó que su gestión como Subprocurador se orientará hacia la transparencia interna.

Anunció como primera medida la puesta en marcha de una auditoría forense integral para revisar los procesos administrativos recientes dentro del organismo.

La historia reciente de la Procuraduría General hondureña condiciona las expectativas sobre el desempeño de ambos funcionarios. En legislaturas pasadas, el propio Congreso Nacional fue blanco de críticas por designaciones consideradas irregulares y fuera de tiempo, en contravención del artículo 229 de la Constitución de la República.

Analistas citaron estos antecedentes para advertir sobre la urgencia de respetar los parámetros legales y éticos más exigentes, de modo que la institución que representa la defensa jurídica del Estado recupere su legitimidad ante las demandas y arbitrajes en los ámbitos nacional e internacional.

El nombramiento de Aspra y Quiroz se inscribe, así, en un horizonte donde la institucionalidad y la independencia profesional adquieren mayor relevancia, especialmente bajo el Gobierno Central de Nasry Asfura y la nueva legislatura iniciada para el periodo 2026-2030.

Con su juramentación, los ojos de la sociedad civil y los actores políticos permanecen puestos en los resultados que obtenga el renovado liderazgo de la Procuraduría General en la tutela efectiva de los intereses de Honduras.

Este mes, uno de los principales problemas de recursos humanos que enfrentan el Gobierno Nacional y sus ministerios empieza a revertirse. Tras la decisión del presidente Javier Milei de descongelar los salarios de sus funcionarios tras dos años de mantenerlos fijos, ahora los cargos políticos van a tener un aumento sustantivo en sus haberes.

La situación quedó reflejada de manera casi cómica tras la salida del ahora ex titular del Indec, Marco Lavagna, ya que su sucesor, Pedro Lines, había colocado en su cuenta de Linkedin el logo “open to work” o abierto a trabajar. Es decir que el número 2 del organismo estaba buscando otro empleo precisamente por los bajos salarios de administración pública.

Durante los últimos meses, creció la preocupación entre los trabajadores de distintos niveles del Indec, dado el deterioro salarial y las dificultades que esto genera a la hora de retener cuadros técnicos y profesionales. Se trata de un cuadro de situación difícil por la alta demanda de este tipo de roles en el sector privado.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó: “Lo que pasa ahí es lo mismo que ocurre en todo el sector público: los sueldos quedaron muy bajos porque, pensá que tanto ellos como nosotros no nos aumentábamos los sueldos. Ahora sí, pero desde el inicio de la gestión no nos los aumentábamos”.

“A mucha gente se le hace muy difícil. Hay algunos que lo podemos sostener, otros no. En Producción, por ejemplo, se me fueron un montón. Y se van al sector privado porque tienen muchos mejores sueldos. Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado”, contó.

Según cifras públicas confirmadas a Infobae por voceros de la Casa Rosada, el salario del presidente Javier Milei se mantiene en $4.066.018 brutos mensuales, congelado desde diciembre de 2023, sin actualizaciones previstas. La vicepresidenta Victoria Villarruel percibe $3.764.821 brutos, también congelados desde ese mes. Ambos montos permanecen sin cambios, conforme a la exclusión establecida en el último decreto.

Para el resto de las autoridades superiores, los sueldos previos y actualizados confirmados por las mismas fuentes son los siguientes:

• Ministros:
• • Salario previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000
• Secretarios:
• • Salario previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000

El ajuste, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 y se cobra en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto a los valores previos, según el cálculo sobre incrementos paritarios estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y sólo alcanzan a ministros, secretarios y otras autoridades superiores, quedando excluidos Milei y Villarruel.

Estos ajustes fueron oficializados a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre.

En los considerandos, el texto señala que Argentina “enfrenta el desafío de construir un sistema de empleo público basado en la transparencia, meritocracia y desempeño”, con el objetivo de contar con “un cuerpo de empleados públicos profesionales y calificados”.

En ese marco, plantea que resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional cuenten con “un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

Asimismo, sostiene que “un esquema de Autoridades Superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas”, combinado con “mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas”, contribuye a fortalecer “la integridad institucional del Estado nacional”.

A partir de ese diagnóstico, el texto indica que, “teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración”, corresponde avanzar en “un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional”, aclarando que esa medida se adopta “sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.

También remarca que el ordenamiento de las remuneraciones se inscribe “en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público” y forma parte de “una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.

Finalmente, subraya que este ordenamiento “constituye una medida necesaria pero no aislada” y que debe entenderse como parte de “un proceso de transformación del Estado nacional” destinado a dejar atrás “un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.

Las consecuencias jurídicas derivadas de la vulneración del derecho a la intimidad de los pacientes pueden incluir multas, despidos e incluso penas de prisión, según recoge una advertencia difundida por la Comisión Deontológica del Consejo General de Enfermería. Este recordatorio busca reforzar el compromiso ético de la profesión frente a casos cada vez más frecuentes relacionados con el manejo y la protección de datos personales en el entorno sanitario.

De acuerdo con el medio, el Consejo General de Enfermería, a través de una infografía de uso libre en todos los idiomas oficiales del Estado, ha puesto el foco en la relevancia de mantener la confidencialidad de los datos de los pacientes durante todo el proceso asistencial. Según destacó el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, el objetivo del documento es ayudar a los profesionales a comprender la normativa vigente y los riesgos legales de incumplirla, así como a preservar la confianza depositada por quienes reciben atención sanitaria.

El organismo subrayó que la privacidad constituye un mandato legal y ético fundamental, cuyo desconocimiento o transgresión afecta tanto a los pacientes como al prestigio de la profesión. “Tenemos un compromiso profundo con la salvaguarda de la dignidad, libertad e intimidad de los pacientes”, declaró Pérez Raya, quien indicó que la publicación de esta guía facilita el conocimiento detallado de las obligaciones legales de la enfermería.

Según detalló la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería, Tayra Velasco, uno de los comportamientos más habituales que pueden suponer una infracción grave es acceder a la información médica de personas sin mantener una relación asistencial directa con ellas, aunque medie consentimiento o vínculos personales. Velasco remarcó que el hecho de ser enfermera no otorga la potestad de revisar datos sanitarios de pacientes ajenos al propio proceso de atención, incluidas las historias clínicas de familiares, amistades o conocidos.

El medio consignó que el acceso inmotivado a historias clínicas figura entre los casos más habituales detectados en los últimos años, una conducta de riesgo que persiste a pesar de las elevadas sanciones penales, administrativas o profesionales asociadas. En este aspecto, la infografía divulgada por el Consejo explica que el registro de la historia clínica debe caracterizarse por la objetividad y precisión en todos los procedimientos y cuidados realizados, y enfatiza que solo se permite la consulta de estos datos en situaciones amparadas por la legislación, como puede ser una relación clínica verificada o investigaciones debidamente autorizadas.

La divulgación de datos privados a terceros fuera del ámbito asistencial constituye, según informó el Consejo General de Enfermería, otro motivo recurrente de denuncias y sanciones. La comisión alertó sobre el uso inadecuado de información en plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación, e hizo hincapié en la importancia de emplear estos canales de manera responsable, garantizando siempre la protección de la identidad y la información de los pacientes.

Entre las consecuencias adicionales vinculadas a las infracciones de la confidencialidad, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería, Tayra Velasco, citó la obligación de afrontar indemnizaciones por daños y perjuicios, la pérdida de reputación profesional y el deterioro de la calidad asistencial prestada. Velasco subrayó que la privacidad y la discreción constituyen pilares de la relación entre profesionales sanitarios y pacientes, y su vulneración puede comprometer tanto la relación de confianza como el bienestar de los usuarios del sistema.

El medio resaltó que la infografía elaborada por la corporación enfermera pretende concienciar sobre la transcendencia de cumplir con estas obligaciones en todos los ámbitos de actuación, incluidas las nuevas formas de interacción digital, y recalcó que el respeto a la intimidad debe prevalecer como una prioridad incuestionable en el ejercicio profesional de la enfermería, conforme especifican las normativas y códigos deontológicos que rigen la práctica sanitaria.

Ambos cargos, fundamentales para la defensa legal del Estado, representan una prueba determinante para la cohesión política y la gobernabilidad del Poder Legislativo de cara a los próximos años.

Al concluir esta jornada de selección, el Parlamento afrontará otros nombramientos de alto rango. Entre ellos figuran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las autoridades de órganos electorales y entes autónomos, procesos que igualmente dependen de acuerdos multipartidarios y mayorías calificadas.

Según informes legislativos y análisis especializados, la forma en que evolucione esta votación dejará entrever el talante de cooperación política y la capacidad de gobernanza del Congreso, aspectos esenciales para la percepción pública sobre el futuro político del país.

La primera sesión plenaria, programada para el lunes 2 de febrero, no solo anuncia el inicio formal de actividades en la nueva legislatura, sino que también coloca bajo escrutinio la habilidad de las bancadas de construir consensos. Elegir al Procurador y Subprocurador exige una mayoría calificada de al menos 86 votos en el pleno, lo que obliga a los partidos a negociar y ceder posiciones para lograr acuerdos amplios.

La composición del Congreso refleja una distribución fragmentada del poder: el Partido Nacional cuenta con 49 diputados, el Partido Liberal suma 41, Libertad y Refundación (Libre) aporta 35, y varias curules han recaído en partidos menores. Esta aritmética parlamentaria sitúa a las principales fuerzas políticas en un escenario donde el diálogo se convierte en requisito indispensable desde el primer día de funciones.

El proceso adquiere un matiz aún más sensible debido a las recientes y prolongadas negociaciones por la dirección legislativa. Tanto la conformación de la Junta Directiva como la presidencia del Congreso han sido objeto de discusiones intensas entre los bloques mayoritarios.

Aunque persisten discrepancias entre los partidos Liberal y Nacional respecto a la integración de los órganos rectores del Parlamento, ambos han iniciado conversaciones formales, con la mediación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para delinear estrategias que permitan la estabilidad en la conducción de la Cámara durante el próximo cuatrienio.

Entre las candidaturas más comentadas, el Partido Nacional ha apostado por el abogado Dagoberto Aspra como candidato a Procurador General, mientras que el Partido Liberal impulsa al abogado y notario José Francisco Quiroz para la Subprocuraduría.

Quiroz acumula una extensa trayectoria en la administración de justicia hondureña, desempeñándose como juez, defensor público, inspector judicial, registrador de la propiedad y magistrado del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

A su formación profesional se suman estudios de posgrado en derecho procesal civil y empresarial, así como experiencia internacional en derecho penal e investigación criminal. Se busca, así, un equilibrio entre respaldo político y solidez técnica en la gestión de la Procuraduría.

La relevancia de estas designaciones reside en la labor estratégica de la Procuraduría General de la República, encargada de la representación legal del Estado, la defensa de los intereses nacionales y la protección del patrimonio jurídico estatal. Desde este organismo se dirimen litigios de interés público, se asiste jurídicamente al Gobierno y se orienta la acción legal en temas de Estado.

Los partidos encaran la sesión en un ambiente de tensiones internas y acusaciones cruzadas, circunstancias que han dominado la apertura del nuevo periodo legislativo. Así, la elección de Procurador y Subprocurador se convierte en un puntal para medir la disposición al diálogo y la fortaleza de las alianzas en el Congreso.

La atención pública y mediática enfocada en la sesión del lunes 2 de febrero anticipa una jornada definitoria. Para los observadores políticos, el desenlace de esta primera elección fijará el estándar para las siguientes decisiones institucionales y sentará las bases del equilibrio parlamentario esperado para el periodo 2026–2030.

En la Argentina se instaló durante décadas una idea peligrosa: que un Estado cada vez más presente es sinónimo de justicia social. En la práctica, ese modelo populista y burocrático —defendido y profundizado por el kirchnerismo— terminó generando exactamente lo contrario: más trabas, más regulaciones, más costos y menos libertad para trabajar, producir y vivir. Se tradujo en estancamiento económico, ampliación de los planes sociales e informalidad laboral.

El Estado que “cuida” terminó siendo el Estado que se mete en todo, desconfía de todos y paraliza a la sociedad con papeles, permisos y sellos. Un Estado que regula antes de entender, que controla antes de confiar y que castiga al que quiere emprender.

En Tres de Febrero decidimos romper con ese paradigma. Desde el inicio de nuestra gestión tuvimos un objetivo claro: simplificar radicalmente los trámites municipales y eliminar la burocracia innecesaria. No como discurso, sino como decisión política concreta.

El cambio fue profundo. Implementamos la habilitación instantánea, sin costo económico, con declaración jurada, completamente digital para la mayoría de las empresas. Y dimos un paso que resume nuestra filosofía de gobierno: eliminamos la Dirección de Habilitaciones. Porque cuando el Estado deja de poner obstáculos, muchas oficinas dejan de ser necesarias.

Mientras el modelo kirchnerista defiende un Estado que todo lo regula, nosotros defendemos un Estado que confía en el vecino. Mientras algunos creen que gobernar es multiplicar normas y controles, nosotros creemos que gobernar es sacar del medio al Estado cuando estorba.

Los resultados son claros y medibles. Según el último índice de Trámites Municipales de IDESA, Tres de Febrero lidera con amplitud el ranking nacional de simplificación y digitalización con un 67,7% y obtiene un 77% de cumplimiento en el trámite de habilitaciones. El dato es contundente: solo uno de cada seis municipios del país logró aprobar los estándares de simplificación, y muy pocos superan el 60%. El resto sigue atrapado en el viejo modelo burocrático, lento y desconfiado.

Esto no es un detalle técnico. La burocracia también empobrece. Cada trámite innecesario es tiempo perdido, oportunidades frustradas y empleo que no se crea. Cada regulación absurda es una barrera más para el comerciante, la pyme y el emprendedor.

Por eso simplificar trámites mejora directamente la calidad de vida. El vecino hace menos colas, pierde menos tiempo y no es rehén del Estado. El comerciante abre su local rápido y sin costo. La empresa invierte sin demoras. Y donde hay inversión, hay trabajo.

El “Estado presente” prometió proteger, pero terminó asfixiando. Nosotros proponemos algo distinto: un Estado inteligente, limitado y al servicio de la libertad y el trabajo. Que controle lo que debe controlar, pero que no invada la vida de las personas ni frene el progreso.

Tres de Febrero demuestra que hay otro camino. Un camino donde menos trámites significan más trabajo, donde menos regulaciones generan más oportunidades y donde el Estado deja de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador.

Este no es solo un modelo de gestión municipal. Es una definición ideológica: el progreso nace de la libertad, no de la burocracia.

Hay una hipocresía monumental que orbita el debate público argentino, una suerte de elefante en la sala que todos ven pero del que la mitad del arco político prefiere no hablar o peor aún, prefiere disfrazar con eufemismos sociológicos de cafetín universitario. Me refiero a la obstinada defensa del status quo en materia penal juvenil, un conservadurismo rancio que paradójicamente emana de quienes se autodenominan progresistas. Es fascinante y casi digno de estudio psiquiátrico observar cómo los sectores que han hecho de la memoria del proceso militar su bandera política, se aferran con uñas y dientes a la Ley 22.278.

Permítanme ser brutalmente claro desde el principio, el régimen penal juvenil que hoy rige en la Argentina, ese que permite que un asesino de 15 años vuelva a su casa antes de que la familia de la víctima pueda siquiera duelar a su ser querido, fue firmado por Jorge Rafael Videla en 1980. Sí, la "izquierda" argentina defiende un decreto-ley de la dictadura y lo hace porque ese decreto encarna la visión paternalista, tutelar y profundamente autoritaria del Estado que ellos aman, donde el menor no es un sujeto de derecho con responsabilidades, sino un objeto de tutela, una “cosa” sobre la cual el juez dispone arbitrariamente ya sea para encerrarlo sin proceso o, como ocurre hoy por la desidia garantista, para soltarlo sin consecuencias.

El proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil enviado por el gobierno del Presidente Javier Milei y la entonces Ministra, y actual Senadora, Patricia Bullrich, no viene simplemente a “bajar la edad”, eso es una simplificación mediática, sino que viene a dinamitar la lógica perversa de un sistema que ha infantilizado el crimen y desprotegido a la sociedad civil. La propuesta de fijar la imputabilidad a los 13 años no es un capricho punitivista de una derecha sedienta de vendettas como gustan de publicitar no pocas editoriales, es un acto de sinceramiento biológico, cultural y jurídico.

En el siglo XXI un chico de 13 años tiene en su bolsillo, a través de un celular, acceso a más información de la que tenía el Presidente de la Nación hace cincuenta años, por lo que pretender que ese mismo individuo que usa redes, que comprende transacciones y que vive inmerso en una sociedad hiperconectada carece de la comprensión básica de la criminalidad de un acto como matar, violar o robar a mano armada, no es solo una mentira sino un insulto a la inteligencia colectiva. La inimputabilidad tal como está planteada hoy no es una garantía de derechos humanos, es una licencia para matar, una patente de corso que el Estado otorga a quienes deciden romper el contrato social siempre y cuando tengan la edad adecuada.

Analicemos la cuestión desde la filosofía liberal del derecho, esa que tanto molesta a los cultores del zaffaronismo, porque la libertad conlleva responsabilidad y no existe la una sin la otra. Si reconocemos a los adolescentes como sujetos de derecho, derecho a ser oídos, derecho a la identidad o derecho a decidir sobre sus cuerpos en muchos aspectos, debemos inevitablemente reconocerlos como sujetos de responsabilidad. Negarles la capacidad de ser imputados es negarles su condición de personas morales, es decirles "tus actos no importan, no tienen peso en el mundo, sos un autómata determinado por tu circunstancia socio-económica o tu entorno“, una visión determinista que ha destruido la noción de individuo en la Argentina.

El proyecto oficialista viene a restituir esa dignidad, si sos capaz de empuñar un arma y arruinar una vida, el Estado te va a tratar como tal en el sentido de la responsabilidad, con todas las garantías del debido proceso que la ley de Videla te negaba pero con toda la severidad de la pena que tu acto merece. Imputabilidad no es cárcel indiscriminada, imputabilidad es proceso, es juicio, es defensa y es finalmente consecuencia. Miremos el mapa regional porque a veces parece que Argentina se cree una isla moral superior al resto del mundo, dado que en Brasil la responsabilidad comienza a los 12 años, en Uruguay a los 13 y en Chile a los 14.

¿Son Brasil, Uruguay o Chile estados fascistas violadores de derechos humanos? No, son democracias que entendieron que la seguridad pública es un derecho humano fundamental, quizás el más básico de todos, porque sin vida no hay libertad ni propiedad posible. El aislamiento argentino en esta materia ha tenido un costo operativo devastador ya que el crimen organizado, que de tonto no tiene un pelo, ha leído nuestra legislación mejor que muchos jueces, y las bandas narco en Rosario o en el Conurbano utilizan a menores como mano de obra barata y descartable precisamente porque saben que son impunes.

El “soldadito” narco es una creación cuasi-directa de la Ley 22.278, y al bajar la edad a los 13 años, el proyecto Milei-Bullrich le quita al narcotráfico su ejército de inimputables y les encarece el costo de delinquir, una medida de mercado criminal donde si el menor puede ir preso hasta 20 años, el incentivo para reclutarlo disminuye drásticamente y el incentivo del menor para participar se desploma. Profundicemos en el texto y la técnica del proyecto porque ahí es donde se juega la batalla contra el relato abolicionista, considerando que se dice que esto viola la Convención sobre los Derechos del Niño, pero eso es falso.

La Convención exige un sistema especializado y no impunidad, su artículo 40 habla de establecer una edad mínima pero no dice cuál, y si bien el Comité de los Derechos del Niño sugiere que no sea demasiado baja, deja margen a los Estados, por lo que fijarla en 13 años es razonable, es prudente y es necesario. El proyecto establece penas máximas de hasta 20 años y esto es crucial, porque hoy un menor que comete un homicidio criminis causa a los 17 años muchas veces termina con penas irrisorias o en libertad asistida, mientras que la nueva ley trae proporcionalidad, si el delito es gravísimo la pena debe ser gravísima.

No podemos equiparar el pungueo, por ejemplo, con la ejecución a sangre fría de un playero de estación de servicio como Bruno Bussanich, quien tenía 25 años mientras su asesino tenía 15. Para la ley actual el asesino es una víctima y Bruno es una estadística, pero para el nuevo proyecto el asesino es un homicida que debe pagar con años de encierro efectivo y Bruno es un ciudadano al que el Estado le falló pero al que ahora le debe, al menos, justicia. Y hablemos también de la Doctrina del Orden, porque el orden no es una mala palabra aunque el progresismo intente a menudo asociarla a uniformes militares y agitar fantasmas de una caída sobreviniente de la democracia… el orden es la condición de posibilidad de la vida civilizada.

En una sociedad donde cualquiera puede hacer cualquier cosa sin consecuencias rige la ley de la selva que es la ley del más fuerte, y en la ley del más fuerte siempre pierden los más débiles, los pobres, los trabajadores que esperan el bondi, que laburan de changas, los que más dependen de que el Estado funcione en sus funciones esenciales y funcione bien. La gente que puede probablemente en su barrio o edificio tiene alguna forma de seguridad privada o vive en barrios cerrados, pero el orden público es el patrimonio de todos, y es especialmente relevante para los que menos tienen, porque cuando el Estado se retira y deja que bandas de delincuentes armados aterroricen un barrio bajo la excusa de la “exclusión social”, está abandonando a los miles de honestos que viven en ese mismo barrio y sufren condiciones socio-económicas similares pero eligen comportarse conforme a derecho al no salir de caño.

Validar el delito juvenil por la pobreza es criminalizar a los pobres honestos y es escupirles en la cara a los padres que se rompen el lomo para criar hijos decentes en contextos difíciles, así que el mensaje de la nueva ley es claro, no importa de dónde vengas, si cruzás la línea de la ley, la ley te va a caer con todo encima. Ahora bien, no seamos ingenuos porque el punitivismo por sí solo, sin estructura, es demagogia y aquí es donde el proyecto debe ser auditado con lupa.

La ley promete establecimientos especializados y esto es innegociable, no podemos mezclar a un chico de 13 años con un violador serial de 50 en Devoto porque entonces sí estaríamos ante la posibilidad de crear entornos con resultados previsiblemente negativos. El Estado debe demostrar que tiene la capacidad de gestión para construir y administrar centros de detención de alta seguridad juvenil donde el encierro sea real, con paredones, rejas y cerrojos, pero donde el régimen sea intensivamente educativo y laboral.

No “institutos” que son depósitos inmundos donde los pibes se perfeccionan en el arte de la faca, sino centros de aislamiento y reformulación conductual estricta, ya que el encierro cumple una función preventiva neutralizante y mientras el joven peligroso está adentro no está matando afuera, lo cual ya es ganancia neta para la sociedad. Si además logramos que adquiera hábitos de conducta mejor, y si no los adquiere, al menos habrá cumplido su pena y la sociedad habrá tenido su reparación.

Hay otro punto técnico muy bueno en la propuesta que es el sistema procesal acusatorio para menores, donde se terminan los jueces tutelares que hacen de “padres sustitutos” y entra el fiscal que acusa, el defensor que defiende y el juez imparcial que sentencia. Esto eleva el estándar de garantías y es irónico que los garantistas se opongan a esto, parece que prefieren el sistema inquisitivo actual porque les permite la discrecionalidad de armar una puerta giratoria, pero el nuevo sistema obliga a producir prueba, a debatir y a sentenciar.

Además permite a las víctimas a ser parte del proceso: hasta hoy la víctima en el proceso penal juvenil era un convidado de piedra pero el nuevo régimen le da protagonismo dándole voz y voto, permitiéndole exigir que el Estado no pacte impunidad a sus espaldas. No faltarán quienes agiten el fantasma de la inconstitucionalidad o reciten fallos de la Corte Interamericana como si fueran las Tablas de la Ley, pero a ellos hay que responderles con la Constitución Nacional cuyo preámbulo manda “afianzar la justicia” y “asegurar los beneficios de la libertad”.

No hay justicia cuando un crimen queda impune por la edad del autor y no hay libertad cuando el ciudadano vive encerrado tras rejas mientras los delincuentes dominan la vereda. La Convención de los Derechos del Niño dice que la prisión debe ser el “último recurso”, perfecto, para un homicida, para un violador o para un secuestrador el último recurso ha llegado, y no hay medida alternativa que valga cuando hay sangre derramada. La “justicia restaurativa” y la mediación quizás pueden funcionar para quien rompe un vidrio o grafitea, pero para quien mata, la única respuesta republicana es la privación de la libertad.

Ojalá estemos ante un cambio de paradigma cultural, dejando atrás la cultura de la excusa que busca en la infancia difícil del victimario la justificación para el dolor de la víctima y pasemos a la cultura de la responsabilidad. Es un paso doloroso porque nadie quiere ver a chicos de 13 años presos, es una tragedia que hayamos llegado a esto, pero la fiebre no se cura rompiendo el termómetro y la realidad del delito juvenil existe, es violenta y es letal, por lo que negarla no salva a ningún chico y solo condena a más inocentes. Aprobar esta ley es un acto de madurez cívica, es decirle al mundo y a nosotros mismos que en Argentina se acabó la joda, que las acciones tienen consecuencias y que el Estado ha decidido, por fin, ponerse del lado de los ciudadanos que cumplen la ley.

Es hora de que el Congreso deje de especular y empiece a ocuparse de la realidad tangible que enmarca la lucha contra la inseguridad, porque la nueva Ley Penal Juvenil no es una opción sino una urgencia de ordenamiento nacional. Si queremos ser un país serio empecemos por tener un sistema penal que no trate a asesinos como si fueran niños traviesos, el que las hace las paga.

Esta medida, impulsada por la administración de Nasry Juan Asfura, responde a la necesidad de restaurar la confianza de inversionistas y adaptarse al marco legal internacional que regula disputas entre Estados y empresas extranjeras, todo en un escenario donde el país mantiene obligaciones legales previas ante el CIADI pese a su retirada.

En la carta enviada a Martina Polasek, secretaria general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington D.C., quedan reflejados los compromisos del Estado hondureño para cumplir con los procedimientos requeridos y nombrar un representante oficial durante la reincorporación.

La misiva subraya la urgencia de coordinar con el organismo el calendario para realizar la “firma formal de la solicitud en las oficinas del centro”, marcando así un punto de partida claro en el proceso de regreso.

La respuesta oficial del Ejecutivo destaca la relevancia de contar con un marco internacional para la resolución de controversias en materia de inversión.

Según la comunicación, el Estado se compromete a enviar la documentación requerida “lo más pronto posible”, solicitando además la apertura de un canal de diálogo formal para avanzar en los siguientes pasos.

A este anuncio se sumó la vicepresidenta María Antonieta Mejía, quien expresó a través de sus redes sociales: “Buenas noticias para Honduras: volvemos al escenario internacional con firmeza, determinación y rumbo claro. CIADI en camino”, reforzando así la legitimidad política de la decisión.

Este movimiento representa un giro respecto a la política previa adoptada por la administración de Xiomara Castro, que condujo a Honduras a retirarse oficialmente del CIADI el 25 de agosto de 2024. Aquella decisión, fundamentada en la defensa de la soberanía nacional y la intención de corregir un supuesto “desequilibrio estructural en favor de los inversionistas extranjeros frente al Estado hondureño”, fue cuestionada tanto en el país como en el exterior. Diversos actores del sector privado señalaron que la salida podía provocar una “mayor incertidumbre jurídica” y dañar el atractivo de Honduras como destino de inversión.

A pesar del retiro, el país permanece sujeto a procedimientos arbitrales ya iniciados. Un caso emblemático es el de Próspera, una empresa del proyecto de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán, que reclama compensaciones millonarias tras la derogación de la ley de las ZEDE en 2022. Expertos en derecho internacional y autoridades del gobierno anterior reconocieron que, según las normas del CIADI, todas las controversias derivadas de compromisos previos continúan bajo su jurisdicción, aun tras la salida como Estado miembro.

El proceso iniciado por Asfura ante el organismo administrado por el Grupo Banco Mundial representa sólo el primer paso formal de una reincorporación que aún no tiene fecha definida.

El Gobierno hondureño no ha publicado aún un calendario oficial ni ha detallado los trámites administrativos o legislativos que quedan pendientes para completar la adhesión. Se desconoce cuándo se enviará la documentación final ni la fecha prevista para la firma en Washington D.C.

El CIADI, fundado en 1966, ofrece a los Estados y a inversionistas extranjeros un marco especializado para la “conciliación y el arbitraje de disputas en materia de inversión”.

Los países que adhieren al Convenio aceptan la jurisdicción del CIADI para resolver disputas derivadas de tratados, acuerdos multilaterales o contratos específicos.

La reincorporación de Honduras al CIADI dependerá del cumplimiento de los procedimientos internos y del proceso que establecen los estatutos del propio centro de arbitraje. Por lo pronto, la notificación remitida marca un cambio relevante para la postura del país en el tablero de las inversiones internacionales.

La autoridad encargada de vigilar la conducta ética de los servidores públicos en Panamá impuso sanciones a once funcionarios tras comprobar violaciones graves al Código de Ética, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas.

Los casos incluyen nepotismo, conflictos de interés, incumplimiento del horario laboral y falta de requisitos académicos, en un contexto marcado por cuestionamientos a la integridad institucional.

Las sanciones corresponden a expedientes administrativos abiertos en distintas entidades del Estado, luego de investigaciones que confirmaron faltas graves a las normas que rigen el ejercicio de la función pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ente rector en materia de ética y transparencia, indicó que los procesos se desarrollaron conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

Entre los casos analizados figura una denuncia anónima presentada contra funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia por un presunto caso de nepotismo.

La investigación determinó que las hijas de las funcionarias habían sido nombradas dentro de la institución mientras sus madres ocupaban cargos de jefatura.

Aunque posteriormente las hijas presentaron su renuncia, el proceso continuó y derivó en recomendaciones de destitución y sanciones administrativas contra las responsables.

Otro expediente involucró a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, tras comprobarse la existencia de un vínculo de parentesco con una persona nombrada dentro de la estructura municipal.

La investigación confirmó que la persona formaba parte del organigrama del municipio, por lo que se impuso a la alcaldesa una sanción equivalente al 50% de su salario mensual.

También se registraron sanciones contra servidores públicos de la Universidad de Panamá por casos de nepotismo, así como contra funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban.

En otros expedientes, se comprobó el incumplimiento del horario laboral, lo que dio lugar a sanciones conforme al Código de Ética.

La diversidad de los casos evidencia que las faltas éticas no se concentran en una sola institución ni en un nivel específico del Estado, sino que atraviesan distintos sectores de la administración pública.

La ANTAI es una entidad autónoma creada mediante la Ley 33 de 25 de abril de 2013, con la responsabilidad de velar por la transparencia en la gestión pública, garantizar el acceso a la información estatal y supervisar el cumplimiento de los principios éticos por parte de los servidores públicos.

Entre sus funciones está la aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece normas sobre probidad, imparcialidad, uso adecuado del tiempo laboral y la prohibición de prácticas como el nepotismo y los conflictos de interés.

Su trabajo incluye la recepción de denuncias ciudadanas, la apertura de investigaciones administrativas, la verificación de documentación, entrevistas a los involucrados y la emisión de sanciones o recomendaciones a las instituciones correspondientes.

Las medidas pueden ir desde multas de hasta el 50% del salario mensual hasta recomendaciones de destitución o la remisión de casos a otras instancias cuando se detectan posibles faltas de mayor gravedad.

Durante 2025, se registraron sanciones contra funcionarios de municipios, juntas comunales y otras entidades por nepotismo, conflictos de interés y uso indebido del tiempo laboral. En algunos casos, las investigaciones derivaron en sanciones económicas y recomendaciones de destitución.

También se documentaron expedientes relacionados con el uso de recursos públicos para actividades personales durante la jornada laboral, así como la contratación de familiares en la misma unidad administrativa. En años anteriores, las sanciones incluyeron multas por incumplimientos al Código de Ética en distintos niveles de la administración pública.

Este historial muestra una continuidad en la aplicación de medidas disciplinarias. No obstante, el volumen de expedientes también ha alimentado el debate sobre la efectividad de las sanciones administrativas como herramienta para prevenir prácticas irregulares en el sector público.

El uso de fondos públicos para el pago de seguros privados a funcionarios del Estado volvió a colocarse en el centro del debate legislativo en Panamá, tras el análisis del proyecto de ley 421 en la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que plantea prohibir que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos partidas destinadas a seguros médicos, de vida y otros seguros privados para servidores públicos, ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo del gasto estatal y la existencia de beneficios considerados como privilegios dentro del aparato público.

El proyecto fue analizado por una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke, en un contexto marcado por crecientes presiones fiscales y por el malestar de sectores de la sociedad civil que cuestionan el uso de recursos públicos para financiar coberturas privadas, cuando el país cuenta con un sistema de salud estatal que atiende a la mayoría de la población, como la Caja de Seguro Social y los hospitales públicos del Ministerio de Salud.

Para críticos de este esquema, ese gasto no solo resulta oneroso, sino que profundiza una percepción de desigualdad dentro del propio sector público, al beneficiar a un grupo reducido de servidores mientras la mayoría de los funcionarios y ciudadanos debe costear de su bolsillo cualquier póliza de salud privada.

La propuesta legislativa fue presentada por el diputado independiente Ernesto Cedeño, quien ha argumentado que el pago de seguros privados con fondos públicos carece de justificación en un país donde existe un sistema de salud estatal financiado con los aportes de los trabajadores.

Según ha explicado, su objetivo no es individualizar responsabilidades ni señalar a los beneficiarios, sino corregir lo que considera un trato desigual dentro de la administración pública.

Datos revelados durante la discusión de la iniciativa, indican que al menos 14 instituciones públicas mantienen este tipo de beneficios financiados con recursos estatales.

Entre las entidades mencionadas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica, así como el Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Zona Libre de Colón, entre otros.

De acuerdo con información suministrada al diputado por la Contraloría General de la República, en al menos siete de estas entidades el Estado destina más de 168.9 millones de dólares al pago de seguros privados.

El proyecto de ley 421 no es la única iniciativa en esta línea. Durante la sesión de la subcomisión, también se analizaron propuestas similares presentadas por los diputados Jairo Salazar y el propio Luis Duke, con el objetivo de unificar criterios, recomendaciones y excepciones en un solo texto que pueda ser discutido posteriormente en primer debate.

Según Duke, el propósito es robustecer la iniciativa y darle viabilidad jurídica y presupuestaria.

En el análisis del proyecto participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la empresa MiBus y de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron sus observaciones sobre el impacto financiero, contractual y operativo que tendría una eventual eliminación de estos seguros en las instituciones del Estado.

Aunque no se adoptaron decisiones definitivas, el intercambio dejó en evidencia que se trata de un tema con implicaciones complejas para la administración pública.

El anteproyecto de ley presentado por Cedeño prohíbe de forma expresa la inclusión de partidas presupuestarias para seguros de salud, vida y accidentes en todas las entidades, órganos, empresas y dependencias del Estado, incluyendo municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación.

No obstante, el texto contempla excepciones puntuales, como los seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, la cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y los seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.

Para sectores críticos, el debate trasciende lo presupuestario y toca un tema de fondo: la coherencia del discurso oficial sobre austeridad y equidad en el uso de los recursos públicos.

En un país donde amplios sectores de la población enfrentan deficiencias en el acceso a servicios de salud y largas listas de espera en hospitales públicos, la existencia de seguros privados financiados por el Estado para ciertos funcionarios es vista como un símbolo de trato desigual.

La discusión apenas comienza y promete generar resistencia tanto dentro como fuera del Legislativo. Sin embargo, el análisis del proyecto de ley 421 abre un debate más amplio sobre la forma en que el Estado administra sus recursos, define prioridades y responde a las crecientes demandas de transparencia y equidad en el uso del dinero público.

Oriol Junqueras culpó al Estado por la detención del servicio ferroviario de Rodalies tras el accidente registrado en Gelida, subrayando que el origen del problema radica en la ausencia de fondos y el abandono gubernamental hacia el sistema de trenes en Cataluña. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) expresó que la transferencia total de la gestión de Rodalies a la Generalitat representa, según sus palabras, la única medida viable para garantizar la seguridad y la fiabilidad del transporte público en la región. Según consignó Europa Press, Junqueras explicó que la falta de inversiones estatales es la causa que explica la paralización completa de la red.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, antes conocida como Twitter, el dirigente acusó al Estado de mantener una actitud de desinterés y de no invertir adecuadamente en Rodalies Cataluña, lo que, a su juicio, ha provocado que la compañía sea incapaz de asegurar el funcionamiento y la protección tanto de los empleados como de quienes viajan a diario en los trenes. Europa Press recogió sus declaraciones, donde especificó que “los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables, pero la inversión, la dejadez del Estado en el servicio de Rodalies en Cataluña es lo que provoca que hoy todo el servicio se pare por miedo, desconfianza e incapacidad de la misma compañía para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”.

El accidente en Gelida, ocurrido en la provincia de Barcelona, resultó en la interrupción absoluta de todos los trenes de la red Rodalies, lo que generó importantes dificultades para la movilidad y supuso afectaciones en la vida cotidiana de miles de usuarios. El medio Europa Press detalló que la suspensión del servicio no respondió únicamente a la emergencia provocada por el siniestro, sino también al reconocimiento por parte de la compañía operadora de su imposibilidad para dar respuesta efectiva a los desafíos vinculados a la seguridad.

Junqueras insistió en que sólo el traspaso directo de Rodalies a la administración catalana permitiría realizar las mejoras necesarias en la infraestructura y asegurar un servicio eficaz, lo que consideró fundamental para los habitantes de Cataluña. En palabras del líder de ERC, la medida constituye “una necesidad de país, la única solución sobre la mesa” para asegurar la calidad del servicio ferroviario, citó Europa Press.

Según destacó la agencia, la reclamación de Junqueras se produce en un contexto marcado por las reiteradas denuncias de colectivos de usuarios y administraciones autonómicas respecto a la percepción de abandono por parte del Estado en lo relativo a la inversión ferroviaria en Cataluña. Las quejas habituales giran en torno a retrasos, averías y falta de modernización en un sistema que es considerado esencial para los desplazamientos diarios en la región metropolitana de Barcelona y sus alrededores.

El dirigente de ERC subrayó que, mientras ciertos eventos naturales pueden estar fuera del control humano, factores como la insuficiencia presupuestaria y la "dejadez" estatal inciden directamente en el correcto funcionamiento del sistema y la prevención de incidentes. A través de su intervención pública, Junqueras remarcó la idea de que la gestión desde Cataluña no sólo posibilitaría la adecuación técnica y de recursos, sino que también enviaría un mensaje de confianza tanto a los empleados como a quienes utilizan el servicio cada día.

El accidente de Gelida y las posteriores interrupciones han reavivado el debate sobre la descentralización en la gestión de infraestructuras esenciales en Cataluña. Conforme publicó Europa Press, la demanda de Junqueras refleja la posición de su formación política y de sectores de la sociedad catalana que consideran prioritario el traspaso de competencias para revertir las carencias existentes y establecer un modelo de gestión ajustado a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, la cobertura de Europa Press muestra que la petición del líder de ERC acerca del control pleno del servicio ferroviario regional conecta con una reivindicación histórica de parte del independentismo y del ejecutivo autonómico, basada en la idea de que la administración local podría dotar de mayores recursos y atender de manera más directa las demandas del territorio. La reacción de Junqueras sucede tras una suspensión total que dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema bajo la actual administración.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el multitarea justicialista Juan Manuel Olmos, asistirá esta tarde -16 horas- a la reunión de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, para exponer sobre el plan anual del organismo. Lo hará en un clima más que delicado, tras más de un año en el que oficialismo y oposición de ambas Cámaras no logran consensuar a sus representantes en dicha institución, que es nada menos la de control externo de los gastos del Estado.

La bicameral que lidera Pichetto consiguió, en los últimos meses, reacomodar -resta trabajo- el zafarrancho que dejaron gestiones anteriores en la comisión, con auditorías aún no tratadas ni aprobadas sobre kirchnerismo y macrismo. De hecho, semanas atrás se inició el estudio del Presupuesto 2020, el primero de Alberto Fernández.

Esto no es lo más grave. Olmos es el presidente de la AGN debido a que, por ley, ese sitial corresponde a la principal bancada opositora. El problema es que tendría que estar acompañado por seis auditores: tres designados por Diputados e idéntica cifra por el Senado. El Congreso no se movió, el Ejecutivo tampoco ayudó y la institución de relevancia se encuentra sólo con el peronista en el vagón principal.

Hay dos proyectos con vida en la Cámara alta e involucran a dos experimentados: el jefe del Frente de Todos, José Mayans; y el peronista crítico Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.

Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de diputados y senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $10 millones en bruto.

El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada dio a entender, cuando estalló el conflicto, que prefería el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinuaron en varias ocasiones y por lo bajo que no era, para nada descabellado, contemplar la iniciativa del formoseño.

A pesar de las propuestas, lo cierto es que nada prosperó y, con una oposición que en las últimas semanas golpeó en el recinto y no encontró defensa oficialista, en la Casa Rosada sospechan que el conglomerado antilibertario diseña una jugada para ubicar nombres propios en la AGN. El temor sigue latente, pero no ocurre. Y las suspicacias en cuanto a quién es el verdadero beneficiado con todo esto crecen con el tiempo.

Vale recordar que, a inicios del corriente mes, la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires) y su par radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), entre otros, presentaron una nota a Pichetto para que la misma sea redireccionada con urgencia a la AGN y, desde allí, se enfoque la lupa hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tras los recientes escándalos vinculados con supuestas coimas y las muertes relacionadas con el fentanilo, respectivamente.

En la misiva a Pichetto, los senadores consideraron que “la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular”. Y agregaron: “El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer. Resulta imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Los legisladores luego expresaron: “En el mismo sentido, es necesario que se realice una auditoría de gestión sobre la ANMAT para obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta. Particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

En la discusión contemporánea sobre la relación entre religión y Estado suele aparecer una tendencia —a veces irreflexiva, otras deliberada— a ubicar la dimensión espiritual del ser humano en un plano marginal. Se la admite, sí, pero como un accesorio; casi un lujo al que solo se puede acceder cuando las necesidades materiales están satisfechas. Esta visión, que pretende presentarse como modernizadora, no deja de ser un neomarxismo de baja estofa, como si la trascendencia fuera apenas un subproducto destinado a disolverse ante el progreso económico.

No es casual que Fiódor Dostoyevski, en Los hermanos Karamazov, ponga en boca de uno de sus personajes una sentencia que puede resumirse así: “Si Dios no existe, todo está permitido”. La afirmación no debe leerse en clave confesional, sino filosófica: la existencia de Dios —o, dicho de otro modo, la admisión de una dimensión sobrenatural y trascendente— opera como presupuesto que otorga sentido y fija límites a nuestras decisiones morales. Allí donde la trascendencia se diluye, la ética corre el riesgo de quedar reducida a mera convención o a la lógica del poder.

Las grandes religiones monoteístas son mucho más que respuestas a las inevitables preguntas por el destino de los seres humanos. Representan hondas tradiciones culturales y de valores que subyacen a nuestros sistemas de creencias. Aun quienes no son practicantes de una determinada religión, incluso agnósticos y ateos, suelen sostener posturas éticas y políticas cuya raíz última se encuentra, muchas veces de manera indirecta o mediada, en esas tradiciones religiosas.

Sin embargo, la historia de las ideas demuestra que lo espiritual nunca ha sido un ornamento. El ser humano, desde sus orígenes, ha buscado sentido. Y allí la religión —particularmente las tradiciones monoteístas nacidas en Jerusalén: judaísmo, cristianismo e islam— ha cumplido un papel decisivo. Estas cosmovisiones, diversas pero convergentes en la afirmación de un Dios único y de la sacralidad de la vida humana, han modelado durante siglos la ética, el derecho, la cultura y el horizonte moral de pueblos enteros.

Ya advertía San Agustín, en una reflexión de asombrosa vigencia, que “una sociedad sin justicia no es sino una banda de ladrones”. Para el obispo de Hipona, la justicia solo puede ser plena cuando reconoce que el ser humano está llamado a algo más que a la mera supervivencia material. Esta intuición —profundamente arraigada en el pensamiento cristiano— muestra que la vida social pierde hondura y dirección cuando la trascendencia queda excluida de su horizonte.

En una línea similar, Jacques Maritain, uno de los filósofos católicos más influyentes del siglo XX, sostuvo que el Estado moderno debe respetar la libertad religiosa no como concesión graciosa, sino como reconocimiento del carácter espiritual del ser humano. Para Maritain, la auténtica democracia requiere una antropología que no reduzca al hombre a su dimensión económica, sino que lo comprenda como persona abierta a la trascendencia. Es decir, una democracia sustentada en la dignidad humana, y no meramente en la utilidad.

Benedicto XVI, en su célebre discurso en el Bundestag alemán (2011), advirtió que un Estado que prescinde de la dimensión moral y espiritual se vuelve incapaz de sostenerse a sí mismo: “La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz”. Y agregó una idea medular para este debate: cuando la razón se desconecta de lo ético y de lo religioso, se vuelve vulnerable al relativismo y al poder. La fe, en cambio, ilumina a la razón sin sustituirla y le recuerda que el ser humano no es solo productor y consumidor, sino buscador de verdad. Esta perspectiva —nítidamente benedictina— refuerza la importancia de que el ámbito público no se limite al cálculo material, sino que permita la plena expresión de lo espiritual como dimensión constitutiva de la persona.

Como señaló Viktor Frankl, “el hombre no está destruido por el sufrimiento; está destruido por el sufrimiento sin sentido”. En tiempos de pérdida de valores, incertidumbre social y fragmentación cultural, el desafío quizá no consista en replegar lo religioso, sino en facilitar espacios para que cada persona pueda encontrar un sentido trascendental, cualquiera sea la tradición que lo inspire. No se trata de imponer credos ni de erosionar la laicidad del Estado, sino de evitar que la esfera de lo espiritual sea reducida a una curiosidad antropológica.

Tampoco se trata de tolerar creencias distintas a las propias. La palabra “tolerancia” suele evocar relaciones verticales de poder: “yo te tolero porque estoy en condiciones de permitirte existir en el espacio público”. La tolerancia, así entendida, implica siempre una cierta asimetría. En cambio, una sociedad verdaderamente plural exige algo más profundo: respeto recíproco. El respeto se funda en la igualdad esencial entre las personas y en el reconocimiento mutuo de la dignidad que poseen, independientemente del credo que profesen. No se trata de conceder un espacio, sino de reconocerlo como legítimo.

En una época donde lo inmediato parece imponerse sobre lo esencial, reivindicar el respeto mutuo entre las religiones —creyentes o no, pero iguales en dignidad— es una forma de recuperar la profundidad que el presente exige. Lo espiritual y lo material no deben competir: pueden convivir sin hostilidad si el Estado garantiza un espacio público donde la búsqueda de sentido no sea objeto de sospecha, sino un aspecto legítimo de la experiencia humana. En definitiva, una sociedad que se precie de pluralista debe comprender que la dimensión religiosa no es un resto folclórico del pasado, sino una necesidad ontológica de millones de personas.

La disposición del Gobierno de Navarra para asistir a las autoridades nacionales y autonómicas representa una de las respuestas institucionales vinculadas al reciente accidente ferroviario en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Según reportó la agencia Europa Press, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, transmitió su solidaridad a las víctimas y afectados por este incidente, además de destacar que su administración se encuentra plenamente preparada para colaborar, si así lo requieren tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía.

En un mensaje difundido este domingo a través de la red social X, antiguo Twitter, Chivite declaró: “Sigo estremecida las noticias del accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Mi pensamiento con las víctimas, heridos y familiares”. De acuerdo con Europa Press, la mandataria navarra expresó que Navarra pone a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía cualquier recurso que pueda ser necesario para atender las consecuencias del suceso. Esta disposición fue comunicada directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, el mensaje de la presidenta foral surge en un contexto de conmoción generado por el accidente ferroviario sucedido este domingo en el término municipal de Adamuz. Aunque no se han facilitado públicamente cifras detalladas sobre víctimas y daños, medios oficiales confirmaron la existencia de personas heridas y la activación del protocolo de emergencias por parte de varios organismos estatales y autonómicos.

Europa Press detalló que diversas autoridades autonómicas han emitido comunicados de apoyo y han ofrecido canales de colaboración institucional tras el accidente, replicando el gesto observado por Chivite. El Gobierno de Navarra, mediante el comunicado difundido, sumó así su propuesta de recursos humanos y materiales en caso de necesitarse para la gestión de la emergencia.

El accidente ferroviario en Adamuz motivó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad y servicios sanitarios, además del trabajo coordinado de Protección Civil, según consignó Europa Press. Las labores de rescate y asistencia han sido respaldadas, hasta el momento, por los gobiernos regionales y por la administración central.

Europa Press subrayó que, si bien los detalles técnicos y las causas del accidente permanecen bajo investigación, el suceso ha generado respuestas institucionales desde distintos puntos del país. La acción de Chivite se enmarca en la tradición de cooperación interterritorial en situaciones de emergencia en España, donde las comunidades autónomas ofrecen recursos y apoyo a las regiones afectadas cuando el alcance de la tragedia lo aconseja.

El mensaje de la presidenta navarra reiteró las condolencias oficiales y subrayó el deber de colaboración entre administraciones públicas para asegurar una atención eficaz y coordinada. Según Europa Press, la solicitud de ayuda y los ofrecimientos formales de recursos entre gobiernos representan una medida habitual en el protocolo nacional de atención a emergencias, que contempla la posibilidad de movilización de medios materiales, técnicos y humanos de diferentes comunidades autónomas, bajo coordinación del sistema estatal de emergencias.

Hasta el momento, Europa Press indicó que continúan las labores de atención a los heridos y de esclarecimiento de lo ocurrido, mientras las muestras de apoyo institucional y solidaridad con Córdoba y Andalucía prosiguen desde distintos sectores políticos y sociales a nivel nacional.

Jerí sostuvo que la intervención de las fronteras no será un planteamiento declarativo, sino una política pública con respaldo presupuestal y ejecución multisectorial.

En ese marco, afirmó: “Para poder cumplir su proyecto y las acciones que sean necesarias en beneficio de cada uno de los distritos, provincias o regiones de nuestro país”, el Ejecutivo viene trabajando en medidas que permitan una presencia permanente del Estado en estas zonas.

Plan nacional para las fronteras

En ese sentido, informó que el Ejecutivo aprobará un plan nacional de desarrollo para las fronteras, el cual permitirá intervenciones inmediatas y coordinadas de todos los ministerios. Jerí indicó que esta decisión se adoptará en los próximos días y que incluirá acciones específicas para distritos y provincias fronterizas.

El mandatario precisó que el plan contempla la participación de sectores como Salud, Vivienda, Educación y Producción, además de otras entidades que resulten necesarias para cerrar brechas estructurales. Añadió que las intervenciones no se limitarán a medidas de corto plazo, sino que incorporarán planificación de infraestructura, como la construcción de carreteras y el mantenimiento de aeropuertos, con el fin de garantizar una presencia estatal sostenida.

“Por eso, y en ese marco, y aprovechando que estamos en una provincia fronteriza, que en la jornada de esta semana, antes del próximo domingo, el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país. Un plan que permita intervenciones inmediatas de todos los ministerios, que coordine efectivamente con los gobiernos locales y con el Gobierno o con los gobiernos regionales”, adelantó.

Jerí explicó que estas acciones buscan generar una presencia real del Estado en las fronteras, de modo que la población perciba que sus autoridades no solo visitan el territorio, sino que escuchan los problemas y plantean soluciones concretas.

Purús como ejemplo de una política de frontera

El presidente interino señaló que, además del plan nacional, se elaborará un plan específico para la provincia de Purús, el cual será detallado una vez que se oficialice. Según explicó, este enfoque diferenciado permitirá atender las particularidades de cada territorio fronterizo, considerando su geografía, necesidades sociales y limitaciones logísticas.

Jerí afirmó que el anuncio realizado desde Purús busca marcar un punto de quiebre respecto a gestiones anteriores. En su mensaje final, remarcó que “ningún gobierno debe dejar de atender nuestras fronteras” y que es fundamental contar con un Estado presente, con autoridades que acompañen de manera sostenida el desarrollo de las comunidades.

El presidente interino concluyó señalando que la atención a las fronteras no debe depender del gobierno de turno, sino consolidarse como una política permanente. En esa línea, afirmó que su gestión dejará encaminado este proceso para que continúe en el futuro, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y oportunidades reales para las poblaciones que viven en los límites del país.

El número de funcionarios del sector público en Panamá continuó al alza y alcanzó en octubre de 2025 un total de 266,586 empleados, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa un incremento interanual de 6,730 funcionarios frente a octubre de 2024, lo que equivale a una variación de 2.6%, en un contexto marcado por presiones fiscales y un desempeño débil de los ingresos del Estado.

Del total de funcionarios registrados, 243,206 corresponden a personal permanente y 23,380 a eventuales. La mayor parte de la planilla se concentra en el Gobierno Central, que agrupa a 172,196 funcionarios, mientras que el sector descentralizado suma 94,390 empleados.

El crecimiento anual estuvo impulsado principalmente por el aumento de funcionarios permanentes, que se incrementaron en 6,517 personas, mientras que los eventuales crecieron en 213.

En términos mensuales, la planilla estatal también mostró una expansión. En comparación con septiembre de 2025, el número de funcionarios aumentó en 1,332 personas, un crecimiento asociado principalmente a contrataciones en entidades del Gobierno Central.

Entre las instituciones que más incrementaron su personal en el último año destacan el Ministerio de Salud, con 2,729 funcionarios adicionales; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,299; el Ministerio de Educación, con 683; el Ministerio de Obras Públicas, con 531; además de la Caja de Seguro Social, la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial y el Ministerio de la Presidencia.

El aumento de la planilla también se refleja en el gasto salarial. En octubre de 2025, el sueldo bruto del sector público totalizó $451.1 millones, lo que representa un incremento de $17.7 millones frente al mismo mes del año anterior.

De ese monto, $422.7 millones correspondieron a funcionarios permanentes y $28.4 millones a eventuales. En comparación con septiembre, el gasto mensual en planilla aumentó en $2.3 millones, equivalente a una variación de 0.5%.

Entre enero y octubre de 2025, el gasto acumulado en sueldos del sector público ascendió a $4,338.8 millones. En el mismo periodo de 2024, el monto fue de $4,284.2 millones, lo que implica un aumento interanual de $54.6 millones, equivalente a un crecimiento de 1.3%.

El Gobierno Central concentró $2,701.2 millones del gasto acumulado, mientras que el sector descentralizado representó $1,637.6 millones.

Esa cifra de gasto salarial acumulado en 10 meses es comparable al costo actual estimado de grandes obras de infraestructura en el país, como la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto de 25 kilómetros que incluye un túnel por debajo del Canal de Panamá, un contraste que suele aparecer en el debate público cuando se discuten prioridades presupuestarias y margen de inversión.

El Ministerio de Educación se mantiene como la entidad con mayor peso dentro de la planilla estatal, con un gasto acumulado de $1,072.3 millones entre enero y octubre, seguido por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud.

Estas tres instituciones explican una proporción significativa del crecimiento tanto en número de funcionarios como en gasto salarial.

El comportamiento de la planilla estatal ocurre en un contexto fiscal complejo. Las calificadoras de riesgo han advertido de manera reiterada que el crecimiento sostenido del gasto corriente, particularmente en salarios, limita la capacidad del Estado para ajustar sus finanzas y atender compromisos estructurales como el servicio de la deuda y las transferencias obligatorias.

En informes recientes, firmas como Fitch Ratings y Moody’s han señalado que el aumento de la masa salarial reduce el margen de maniobra fiscal, especialmente cuando los ingresos tributarios muestran una evolución más lenta de lo previsto.

En esa misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.

Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.

Las agencias también han subrayado que, si bien parte del crecimiento responde a necesidades operativas en sectores como salud, educación y seguridad, la rigidez del gasto en planilla dificulta la consolidación fiscal y aumenta la presión sobre el déficit.

En ese contexto, han recomendado fortalecer los controles sobre el crecimiento del empleo público y mejorar la eficiencia del gasto, como parte de una estrategia más amplia para estabilizar las finanzas públicas.

Con los ingresos del Estado aún por debajo de las proyecciones iniciales y una elevada dependencia del gasto corriente, el desempeño de la planilla pública seguirá siendo un indicador clave para evaluar la sostenibilidad fiscal de Panamá en los próximos meses.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconfigurado el panorama en Campeche y ha devuelto a los municipios la posibilidad de regular y controlar las construcciones de mayor envergadura.

La sentencia emitida este 13 de enero de 2026, responde a una controversia por la que se buscaba limitar la intervención de los ayuntamientos en obras públicas de alto impacto, concentrando ese poder en la figura del Ejecutivo Estatal, que en este momento lo encabeza Layda Sansores San Román.

Corte rechaza la exclusión municipal en obras públicas

El pleno de la SCJN avaló por unanimidad el proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien argumentó que la reforma a la Ley de Obras Públicas de Campeche invadía competencias que la Constitución reserva exclusivamente a los municipios.

La modificación legislativa suprimía la obligación de consultar a los ayuntamientos antes de autorizar proyectos de gran impacto, entregando la decisión al Poder Ejecutivo estatal.

En palabras del ministro: “Se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce para la protección de la seguridad, el desarrollo urbano y el interés local”.

Así, el máximo tribunal invalidó el artículo 14 Bis y el segundo transitorio del Decreto 2208, al considerar que vulneraban la autonomía municipal.

Argumentos de los ministros y efectos para Campeche

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que la autonomía de los municipios es un principio fundamental y defendió el respeto a la división de competencias establecida en la Constitución Federal.

“No cabe en mi pensamiento que exista una obra de interés estatal de gran impacto que no sea de interés municipal”, afirmó Aguilar Ortiz, resaltando la importancia de una coordinación efectiva entre los órdenes de gobierno.

La SCJN reconoció que, si bien el Estado puede definir qué constituye una obra de gran impacto, la autorización y regulación de las construcciones sigue siendo una atribución municipal.

Por ello, la Corte sólo validó el último párrafo del artículo 2 de la ley, ya que este únicamente describe el concepto sin afectar las competencias de los ayuntamientos.

Implicaciones para la gobernadora y los municipios

La resolución representa un freno para las llamadas “superfacultades” de la gobernadora Layda Sansores San Román. A partir del fallo, cualquier proyecto de gran envergadura en Campeche deberá contar con el aval de los municipios, quienes recuperan su potestad para otorgar licencias y supervisar el desarrollo urbano local.

La acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, encontró respaldo en la SCJN: “son inconstitucionales el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y el artículo transitorio segundo del Decreto 2208, porque permitían al gobierno estatal realizar determinadas obras públicas dentro del territorio del municipio de Campeche sin solicitar licencias de construcción al ayuntamiento”.

Decisión de la SCJN clave para autonomía de municipios en Campeche

• La SCJN declaró inconstitucional la reforma que otorgaba a la gobernadora de Campeche la facultad exclusiva para autorizar obras públicas de gran impacto sin consultar a los municipios.
• Se restituyó la potestad municipal para otorgar licencias y regular construcciones de alto impacto en su territorio.
• Sólo se validó la definición de “obra pública de interés estatal de gran impacto”, al no afectar competencias municipales.
• Los ministros subrayaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la planeación urbana y el desarrollo local.
• La sentencia reafirma el principio de autonomía municipal como elemento central en la gestión de obras públicas en México.

La acusación sostiene que la omisión del deber objetivo de cuidado por parte de la Plana Mayor del Regimiento fue uno de los factores determinantes en la tragedia de Cerro Muriano, en la que fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico durante un ejercicio militar el 21 de diciembre de 2023. Según publicó Europa Press, los padres de Jiménez Andújar solicitan penas de nueve años y medio de prisión para cada uno de los cuatro mandos procesados: el capitán Zúñiga, el teniente Tato, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco. Además, la familia reclama una indemnización de 257.064 euros destinada a los padres y el hermano del cabo fallecido, señalando al Estado como responsable civil subsidiario.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la calificación de la acusación, que precede al juicio oral en el Tribunal Militar Central, especifica que el capitán Zúñiga era el responsable directo de diseñar, preparar, ejecutar y dirigir el ejercicio conocido como ‘paso del río’. El documento detalla que el teniente Tato, completamente al tanto de las decisiones tomadas, participó activamente junto al capitán, aunque ninguna de estas acciones se comunicó al entonces jefe de la Plana Mayor, el teniente coronel Zanfaño, ni al comandante Velasco, encargado temporalmente en sustitución. El medio informa que, pese a esta omisión comunicativa, la Plana Mayor tampoco actuó con la diligencia exigida por su cargo y no implementó las medidas necesarias para evitar que un riesgo potencial se tradujera en consecuencias mortales.

La acusación subraya, según Europa Press, que el cumplimiento de las funciones de la Plana Mayor no termina con la simple recepción de la documentación de las maniobras, sino que comienza una función activa de supervisión, control y custodia de las actividades programadas. Tanto el teniente coronel Zanfaño como el comandante Velasco limitaron sus intervenciones a recibir y formalmente aprobar las iniciativas, omitiendo el deber inherente de velar por la seguridad de los ejercicios y evitar perjuicios a los participantes, describe el texto judicial al que accedió el medio.

En la semana previa al ejercicio fatal, de acuerdo a la acusación consultada por Europa Press, el capitán Zúñiga impartió instrucciones verbales a un sargento capacitado para instalar una cuerda en el pantano “Casa Mata”, sin especificar si esta debía usarse como cuerda guía o como línea de vida, elemento que aumenta los niveles de seguridad en actividades acuáticas. El teniente Tato, al conocer la planificación, dio instrucciones adicionales para que la instalación cruzara la zona de mayor profundidad, lo que incrementó la dificultad de la travesía.

El día del ejercicio, la supervisión de los riesgos resultó, según los documentos citados por Europa Press, insuficiente. El capitán revisó personalmente la cuerda y autorizó el ingreso al agua, omitiendo dar aclaraciones sobre las condiciones exactas del cruce, aun cuando todos los ejercicios anteriores de la jornada se realizaron de acuerdo al cronograma. Previo al inicio, se ordenó a los soldados desprenderse de elementos de protección y equipos electrónicos para reducir el peso, instrucción que buscaba facilitar la travesía, señala el medio.

El plan previsto implicaba que los participantes cruzaran el pantano a nado desde una orilla hasta la opuesta, equipados con prendas de camuflaje, fusil de asalto HK, casco y mochila, utilizando la mochila como flotador, siempre que esta fuera completamente estanca para ofrecer sustentación. La acusación detalla que el teniente Tato, plenamente informado sobre el objetivo de flotabilidad y el montaje de la cuerda, no ejecutó ninguna comprobación respecto a la estanqueidad de las mochilas. Además, los militares llevaban una mina de instrucción de más de tres kilos, lo que complicó la flotabilidad y la resistencia a la baja temperatura del agua, que rondaba los ocho grados Celsius.

Durante el cruce, el capitán reiteró que la cuerda tenía la función de cuerda guía, es decir, no debían aferrarse a ella salvo en caso de emergencia. Sin instrucciones claras de parte del capitán y el teniente, el inicio del ejercicio derivó rápidamente en desorden y confusión, sostiene el informe recabado por Europa Press. Los efectivos encontraron dificultades para avanzar por el fondo fangoso y cubierto de ramas, la profundidad y la temperatura complicaron aún más la maniobra, y la mayoría de las mochilas perdió la capacidad de flotar.

Las escenas durante el incidente incluyeron soldados avanzando con dificultad, algunas cabezas desapareciendo y apareciendo en el agua, gritos de auxilio y esfuerzos por aferrarse a la cuerda. En cierto punto, la cuerda perdió tensión y llegó a sumergirse, mientras algunos utilizaron ese recurso para intentar sostenerse y salir a flote. La mayoría de los militares pudo regresar por la orilla de inicio, pero la ambulancia no estuvo presente en el lugar. Dos soldados adicionales requirieron de atención médica tras sufrir síntomas de hipotermia, informaron las fuentes citadas por Europa Press.

Según los elementos recogidos en la documentación judicial a la que accedió el medio, tanto la actuación basada en criterios improvisados como la ausencia de protocolos formales y supervisión alimentaron el desarrollo de los hechos trágicos. La acusación sostiene que existió una infracción del deber de cuidado y de las obligaciones inherentes al mando, al no adoptar las precauciones esenciales en la preparación y la ejecución del ejercicio, lo que desembocó en el fallecimiento de los dos soldados y la puesta en riesgo de los demás participantes.

El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Actuar, confiar y conectar caminos, sostiene una tesis incómoda, pero directa: la gobernabilidad democrática condiciona el desarrollo humano. Donde la democracia no logra traducirse en un Estado que llegue de verdad a las personas, el progreso se frena. Ese es el caso de Puno. La región combina una presencia estatal limitada con capacidades administrativas débiles, y esa interacción explica buena parte de su rezago económico y social.

El Índice de Densidad Estatal (IDE), que mide la presencia del Estado en servicios básicos, ubica a Puno en el penúltimo lugar en 2024. Aunque desde 2017 registra un crecimiento del IDE ligeramente superior al promedio nacional —impulsado casi exclusivamente por avances en salud— este progreso ha sido insuficiente y desigual. La provincia de Carabaya lideró el avance sanitario, pero aún se mantiene en el tramo inferior del ranking nacional; mientras que Sandia, la otra provincia de selva, no mostró avances relevantes en agua, electricidad o educación. Incluso entre las provincias de mayor dinamismo económico, las brechas son claras: Puno capital duplica la oferta sanitaria de San Román, la provincia más poblada de la región.

Cuando se amplía la mirada al IDE+, que incorpora indicadores de acceso efectivo a servicios públicos y componentes asociados a seguridad ciudadana, la posición de la región mejora al puesto 19. Este salto no reflejaría progresos significativos en servicios dentro del hogar, sino que respondería a que una mayor proporción de la población vive a menos de una hora de un establecimiento de salud, una escuela o una comisaría. Puno compensa parcialmente su rezago con conectividad territorial, no con provisión efectiva.

El déficit estatal también se manifiesta en la capacidad de gestión. Entre 2015 y 2023, Puno se ubicó en el tramo inferior del Índice de Capacidad Estatal (ICE) del Ceplan, evidenciando debilidades persistentes en las habilidades organizacionales para la entrega de servicios públicos. Esta fragilidad administrativa se amplifica en el terreno político a través de una representación fragmentada, una oferta partidaria volátil y una participación cívica cada vez menor. Entre 2006 y 2022, el ausentismo en elecciones regionales pasó de 9% a 17,5%. La proliferación de organizaciones políticas —en 2010, alcanzó un pico de 21 candidaturas— ha dado lugar a liderazgos locales de corto plazo, con escasos incentivos para fortalecer la institucionalidad.

Esa combinación de inefectividad estatal, debilidad administrativa y volatilidad política resquebraja la gobernabilidad y tiene consecuencias visibles. Según INFObras, Puno encabeza el ranking nacional de obras paralizadas, con 135 proyectos que superan los S/ 350 millones, incluido el emblemático drenaje pluvial de Juliaca. Cuando los recursos públicos llegan al territorio sin una capacidad mínima de gestión, la inversión no se traduce en bienestar ni en confianza. A ello se suma un problema de integridad: de acuerdo con el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría, el gobierno regional se ubica en el puesto 15 de 1.377 entidades evaluadas. Ese déficit operativo y reputacional debilita la legitimidad institucional, dificulta la implementación de políticas y fomenta la informalidad como un mecanismo alternativo de solución.

El impacto sobre el desarrollo humano es proporcional. Puno se ubica en el puesto 23 en el IDH y es la última entre las regiones del sur. En 2017, la región tenía niveles similares a los de Ayacucho y Apurímac; sin embargo, mientras que estas avanzaron 11,9% y 15,1%, respectivamente, Puno solo creció 4,6%. Hoy, Ayacucho supera a Puno en 6 años de esperanza de vida y Apurímac presenta un ingreso real per cápita 32% mayor.

La heterogeneidad interna confirma la profundidad del problema. Ninguna de las 13 provincias de Puno supera el promedio nacional del IDH y solo dos —Puno (0,59) y San Román (0,58)— están por encima del promedio regional. En Moho, la escolaridad es cuatro años menor que la media del país y en Huancané, el ingreso per cápita equivale al 46% del nivel nacional. En provincias como Sandia y Carabaya, el Estado coexiste con economías ilegales —minería aurífera y narcotráfico— que sustituyen al mercado formal y profundizan la captura institucional. Estas actividades no solo llenan vacíos económicos, sino que también reconfiguran el poder local y dificultan cualquier estrategia sostenible de desarrollo.

El caso de Puno muestra con claridad que el desarrollo humano no avanza cuando la presencia estatal es insuficiente y su desempeño, limitado. La erosión de la capacidad institucional debilita la legitimidad democrática, y ambas dinámicas se retroalimentan, configurando un círculo vicioso que explica el rezago económico y el desencanto ciudadano. El desafío es cerrar la brecha entre presencia nominal y servicios efectivos, fortalecer la gestión pública y asegurar continuidad en las políticas. Sin ello, la democracia no se traducirá en oportunidades reales para la población.

(*) Antony Francisco Leiva Saavedra es bachiller en Economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, especialista en Tesorería de la SUNAT y es Embajador de la Red de Jóvenes Líderes del Instituto Peruano de Economía (IPE) de la región Lambayeque.

En el cálculo realizado por el Ministerio de Inclusión, aplicar la subida del 2,7% a las pensiones contributivas el próximo año supondrá para los beneficiarios un ingreso anual adicional que, en el caso de la pensión media de jubilación, alcanzará los 571,35 euros, mientras que la pensión media del sistema se incrementará en cerca de 500 euros al año. Esta medida forma parte de las revalorizaciones anunciadas para 2026, que afectarán a aproximadamente 13 millones de personas. Según informó el medio original, las pensiones contributivas y de clases pasivas experimentarán una subida del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026, mientras que las pensiones mínimas crecerán en más de un 7%. Las no contributivas, junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), incrementarán sus cuantías en un 11,4%.

De acuerdo con la cobertura publicada, la actualización de las pensiones, derivada de la última reforma, vincula los incrementos a la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula se aplica para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, evitando que sus ingresos pierdan valor frente a los precios. En el grupo de las pensiones contributivas, se estima que la medida beneficiará a 9,4 millones de beneficiarios que perciben más de 10,4 millones de pensiones, además de más de 734.000 perceptores adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

El medio detalló que el complemento para la reducción de la brecha de género también recibirá un aumento del 2,7% en 2026. Esta actualización afectará tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, a las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas y a los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital. Entre los destinatarios también se encuentran quienes tienen a cargo menores o hijos con discapacidad igual o superior al 65%, con la asignación reconocida acorde a este baremo.

En el caso de los incrementos para las pensiones mínimas, la subida será del 7,07%. El porcentaje asciende al 11,4% en las pensiones mínimas para titulares con cónyuge a cargo y en las prestaciones de viudedad cuando existen cargas familiares. Igualmente, las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4%. El medio explicó que el aumento también se aplicará sobre las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que alcanzarán en 2026 los 599,60 euros mensuales para las no concurrentes, y 582,10 euros en el caso de las concurrentes.

Según publicó la fuente, la pensión mínima de jubilación para una persona de 65 años o más en un hogar unipersonal se elevará en 2026 a 13.106,80 euros anuales, desde los 12.241,6 euros del año anterior. En viviendas donde el titular tiene cónyuge a cargo, la pensión mínima ascenderá a 17.592,40 euros anuales, superando los 15.786,4 euros de 2025. Las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad reconocida igual o superior al 65% llegarán a los 5.962,80 euros anuales, mientras que para discapacidades iguales o superiores al 75%, la suma será de 8.942,40 euros anuales. Estas últimas asignaciones verán un crecimiento del 2,7%.

El informe difundido por el medio señala que, a raíz de la reforma del sistema, desde 2024 se revalorizan anualmente las bases máximas de cotización en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), agregando un punto fijo de 1,2 puntos porcentuales para cada año hasta 2050. Esto sitúa la base máxima de cotización para 2026 en 5.101,2 euros mensuales tras aumentar un 3,9% (2,7% de la media del IPC más 1,2%).

La pensión máxima, por su parte, aumentará en 2026 conforme al IPC, sumando un 0,115% extra anual según lo establecido por la reforma de pensiones. La cuantía mensual de la pensión máxima con catorce pagas alcanzará los 3.359,6 euros, frente a los 3.267,6 euros de 2025. El ajuste de la pensión máxima inicial continúa en aplicación hasta 2050, lo que implica agregar cada año al incremento del IPC ese 0,115%, permitiendo un aumento progresivo de aproximadamente el 3% en el periodo.

Tal como informó el medio, en años anteriores, las pensiones contributivas subieron un 2,8% en 2008, un 8,5% en 2023 y un 3,8% en 2024, en línea con la variación de los precios de consumo de cada ejercicio. Estos datos históricos señalan que la nueva fórmula busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El total de beneficiarios incluye no solo pensionistas contributivos, sino también quienes acceden a pensiones no contributivas y a prestaciones vinculadas a la discapacidad infantil o de menores a cargo, así como a perceptores del IMV y de la asignación por hijo con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Según reportó el medio original, la medida impacta sobre diferentes tipos de hogares, dependiendo de la prestación reconocida y la modalidad o composición del hogar.

El análisis realizado concluye que el efecto de las revalorizaciones previstas mejorará los ingresos de cerca de 13 millones de beneficiarios en 2026, sumando a las diferentes modalidades de subsidios estatales tanto contributivos como no contributivos, enmarcando así el resultado de las medidas de protección social derivadas de la reforma de pensiones.

La expectativa de que el papa León XIV realice una visita a Barcelona por la conmemoración del centenario de Antoni Gaudí, anunciada por el cardenal arzobispo de la ciudad, Juan José Omella, suma importancia a un contexto marcado por profundas preocupaciones sociales y eclesiásticas. Según reportó Europa Press, Omella expuso en una entrevista difundida por Cope Catalunya i Andorra que el agravamiento de la emergencia habitacional en Barcelona exige una respuesta colectiva y transversal que trascienda límites políticos y administrativos.

Durante la conversación, el cardenal insistió en que la magnitud del incremento de personas sin hogar obliga a activar mecanismos de cooperación. Según consignó Europa Press, Omella propuso crear una mesa de diálogo permanente en la que participen el Estado, partidos políticos, entidades sociales y toda la ciudadanía, con la finalidad de buscar soluciones estables al sinhogarismo. El arzobispo puntualizó que la urgencia del fenómeno supera la capacidad de cualquier administración pública actuando de manera aislada y reclamó el abandono de la confrontación partidista en beneficio de acuerdos duraderos y operativos tanto en materia de vivienda como ante los desafíos vinculados a los flujos migratorios.

El medio Europa Press citó textualmente al prelado, quien advirtió sobre la gravedad de la crisis y defendió la implicación de todos los actores sociales: “Es muy grave que alguien no tenga una vivienda donde vivir”. Omella exhortó a que el debate político deje de centrarse en la rivalidad entre formaciones y se enfoque en la identificación precisa de los problemas habitacionales, así como en la búsqueda efectiva de vías de solución. Señaló que la escucha activa por parte de las autoridades resulta esencial, ya que, en sus palabras recogidas por Europa Press, “el Estado tiene que escuchar al pueblo, a las asociaciones y a las instituciones que trabajan sobre el terreno, y no pretender que el pueblo solo siga sus mandatos”.

El cardenal agregó que los poderes públicos necesitan fortalecer y acompañar las iniciativas sociales que operan dentro del tejido asociativo, muchas de las cuales ya atienden la emergencia del sinhogarismo. Europa Press reflejó también el énfasis de Omella en la insuficiencia de ayudas dirigidas a las familias, una carencia que limita la eficacia de los esfuerzos para erradicar la exclusión residencial.

La conversación radiofónica emitida por Cope Catalunya i Andorra y recogida íntegramente por Europa Press recogió además el posicionamiento del arzobispo sobre el papel de la Iglesia en la vida social y eclesial actual de Barcelona. Omella destacó el reciente aumento de vocaciones sacerdotales, ejemplificado por el ingreso de seis jóvenes al Seminario de la ciudad y el incremento de bautizos de adultos, interpretando este fenómeno como un signo de vitalidad para la comunidad.

Al referirse a su futuro personal dentro de la Iglesia, Juan José Omella adelantó su intención de presentar su renuncia como arzobispo cuando cumpla 80 años, el 21 de abril de 2026, dejando en manos del papa la decisión final sobre su continuidad. Este anuncio se inscribió en el marco de sus reflexiones sobre las tareas urgentes que enfrenta tanto la Iglesia como la sociedad catalana en el futuro inmediato.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Omella reiteró que el avance hacia la superación del sinhogarismo exige consensos a largo plazo entre los ámbitos institucional, político y ciudadano, priorizando las necesidades colectivas sobre las diferencias sectoriales. El arzobispo sostuvo que solo la coordinación entre los diversos actores permitirá mitigar el sufrimiento asociado a las actuales carencias habitacionales y ofrecer una respuesta adecuada a una problemática de alcance social, económico y estructural que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Omella concluyó su intervención, según Europa Press, con un llamamiento a que la sociedad y sus representantes se comprometan en profundidad, superando reacciones partidistas y favoreciendo modelos estables de colaboración. Señaló que, para resolver de manera eficiente la emergencia social derivada de la crisis de vivienda y otros desafíos estructurales, resulta imprescindible el liderazgo compartido y el respaldo decidido por parte de las instituciones a la labor desplegada desde la base social y comunitaria.

Toda ley educativa no es solo un conjunto de artículos técnicos, es una toma de posición ética y política sobre qué entendemos por educación, quiénes son sus responsables y cómo se distribuyen los derechos y las obligaciones y, sobre todo, expresa una idea de sociedad. En ese marco, la comparación entre la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006, y el nuevo proyecto de ley educativa permite advertir un cambio de paradigma profundo.

La Ley 26.206 se inscribió en una tradición que concibe a la educación como un derecho social indelegable y al Estado como su garante principal. Su arquitectura normativa se apoyó en tres pilares: igualdad, inclusión y responsabilidad estatal. El Estado planifica, regula, financia y supervisa; a su vez, las instituciones educativas gozan de autonomía pedagógica, pero dentro de un marco común que busca evitar la fragmentación del sistema e intenta superar la desigualdad social.

El nuevo proyecto, en cambio, desplaza el eje. Sin abandonar formalmente la noción de derecho, introduce con fuerza una lógica distinta: la de la libertad educativa entendida como capacidad de elección. Las familias ya no son solo sujetos de derecho a una educación garantizada por el Estado, sino agentes activos que eligen, evalúan y controlan. Este giro se expresa en múltiples dimensiones del texto: desde la promoción de la educación no formal acreditable hasta los mecanismos de financiamiento por demanda.

Uno de los cambios más significativos aparece en la gobernanza de las instituciones educativas. Mientras la Ley 26.206 reconoce la participación de la comunidad educativa en clave consultiva, el nuevo proyecto institucionaliza los Consejos Escolares de Padres con funciones de supervisión, rendición de cuentas e incluso participación en la designación y remoción de equipos directivos en las escuelas estatales. La familia pasa así de acompañar a cogobernar, alterando el equilibrio tradicional entre saber pedagógico, gestión profesional y control social.

También se redefine el rol del director escolar. En la normativa vigente, la dirección combina funciones pedagógicas y administrativas reguladas por cada jurisdicción. El nuevo proyecto consolida al director como autoridad ejecutiva, con liderazgo pedagógico fuerte, poder en la selección del personal, administración de recursos, admisión de estudiantes y disciplina institucional. Se trata de una figura más cercana al modelo de gestión empresarial que al clásico rol pedagógico-administrativo del sistema público argentino.

La profesión docente es otro punto de inflexión. La Ley vigente hoy sostiene la estabilidad laboral como principio estructurante, articulada con la formación continua y el desarrollo profesional. El nuevo proyecto mantiene los derechos laborales, pero los condiciona explícitamente al desempeño, la evaluación periódica y el mérito, estableciendo evaluaciones obligatorias cada cuatro años con impacto directo en la permanencia y la carrera. La estabilidad deja de ser un punto de partida y pasa a ser una consecuencia del rendimiento medido.

En esta misma línea, la carrera docente se reorganiza sobre criterios de competencia, resultados de aprendizaje e innovación, con trayectorias diferenciadas entre aula y gestión. Se crean nuevos organismos nacionales para regular la formación y la carrera, pero con una impronta más orientada a estándares, liderazgo y evaluación que a la construcción colectiva del saber pedagógico.

El financiamiento completa el cuadro. Mientras la Ley 26.206 prioriza la inversión estatal directa como herramienta de igualdad territorial, el nuevo proyecto incorpora con fuerza instrumentos de financiamiento por la demanda —vales, bonos, becas, créditos fiscales— que buscan garantizar la libre elección de escuelas. El riesgo, ampliamente documentado en experiencias internacionales, es que estos mecanismos, aun con controles, tiendan a profundizar la segmentación del sistema, beneficiando a quienes ya cuentan con mayores recursos simbólicos y materiales para elegir.

El Estado, en este nuevo esquema, no desaparece, pero cambia de rol. De garante central pasa a evaluador, acreditador y financiador indirecto. Se corre del centro de la escena pedagógica para ocupar una posición de supervisión y control, delegando mayor responsabilidad en instituciones, familias y dinámicas de mercado educativo.

La pregunta de fondo no es técnica, sino política y pedagógica: ¿puede la libertad de elección compensar las desigualdades de origen? ¿La competencia entre escuelas mejora la calidad o fragmenta aún más el sistema? ¿Qué sucede con el derecho a la educación cuando se transforma en capacidad de elegir?

Comparar ambas leyes es una invitación a pensar qué escuela queremos, para quiénes y bajo qué condiciones. Porque cuando la educación deja de ser un piso común y se convierte en una opción, el riesgo no es solo la desigualdad, es la pérdida de un horizonte compartido.

Hace una semana se publicó una nota en estas mismas páginas debatiendo con una intervención radial donde defendía el rol del Estado como agente educador. Señalé que ello asegura un contrapeso que permite a niñas, niños y adolescentes dotarse de visiones del mundo más allá de las ideologías de sus propias familias. En su crítica, el autor supone que la Ley de Educación Nacional (LEN) está impregnada de ideas “neomarxistas” que buscan separar a la familia del rol educador de sus hijos, que la educación les pertenece y que el Estado solo busca romper el vínculo filial para que avance el totalitarismo. Como filosofía defiende que la familia es anterior al Estado siendo ese el orden natural. El proyecto de marras buscaría, entonces, revertir todos estos males reencausando el orden “natural” de las cosas. De un lado la libertad, del otro el totalitarismo estatal.

Para empezar, suponer que la familia es un hecho “natural” es un acto de ignorancia que desconoce toda la evidencia aportada por la ciencia antropológica. Tampoco resulta correcta la idea de que el gobierno innova al instaurar a las familias como “agente natural y primario”. La LEN lo contemplaba en sus artículos 6° y 128° y la Ley Federal en el 4°. Nadie discute que las familias sean agentes de socialización primaria. El debate no es ese, sino el rol del Estado en el proceso educativo.

El sistema escolar nacional se estructuró partiendo de la idea de que el Estado debe garantizar el desarrollo moral, intelectual y físico de los niños en determinadas franjas de edad, dotarlos de una cultura y conocimiento común, incluso con el fin de asegurar la cohesión social misma. Y debía hacerlo para desarrollar un objetivo superior a los individuos y a sus familias actuando como guardián de determinadas relaciones sociales. La tradición liberal sarmientina entendía que el Estado debía garantizar ese proceso porque existían factores externos a la voluntad de las familias: su educación, tiempo, recursos, condición social. De allí que el Estado asumiera su rol “principal”. No se trata de una rareza local: el proyecto de la Ilustración incorporó un sistema estatal de enseñanza obligatoria y gratuita en todo el mundo (occidental). La escuela pública es depositaria de la idea de igualdad, libertad y fraternidad cuando instruye, es decir, transmite conocimientos y contenidos socialmente válidos y relevantes a todos. Es una conquista de la humanidad. Suponer que solo puede ser una maquinaria dogmática y totalitaria desconoce, además, la pluralidad de sujetos que la habitan. Esa variedad asegura el ejercicio de la libertad: la elección construye sujetos. Borrando esta herencia, el proyecto de Ley nos retrotrae al medioevo.

La escuela pública ofrece a los niños la posibilidad de superar el estrecho marco de ideas de su familia y les abre el mundo al conocimiento. Los pone “a salvo” de la ideología familiar ofreciendo otras miradas, para que no tengan que cargar con esos prejuicios como destino. Tampoco con sus violencias porque la familia no es un espacio sacrosanto. Por ejemplo, la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) permitió que un 80% de adolescentes de entre 12 y 14 años reconocieran abusos sexuales, según datos del Ministerio Público Tutelar porteño de 2020. En otro tiempo, la escuela posibilitó superar el “efecto cuna” y existe mucha evidencia sobre cómo impacta el nivel educativo familiar como elemento reproductor de la desigualdad. La pregunta es sencilla: ¿si eliminamos el contrapeso estatal, estaremos mejor o peor? Conviene preguntarse, también, si no es un proyecto totalitario que la familia ocupe todo el espacio de lo social porque la vida social, en verdad, las trasciende.

La crisis de la escuela hoy no se encuentra en el rol principal del Estado. Más bien en su renuncia, en las últimas décadas, al calor de una sociedad que se empobrece y degrada. La receta propuesta solo va a acelerar esa vía en lugar de modificarla.

* La autora es Investigadora Adjunta del CONICET, docente UBA y coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS.

“¿Cómo se construye política de manera integral desde un colectivo feminista y cuáles son todas las dimensiones de ese trabajo político?”.

La pregunta —ambiciosa, desafiante—, se abrió paso hasta que Agustina Paz Frontera —licenciada en Comunicación, magíster en Periodismo Documental, cofundadora del medio feminista LatFem y del colectivo Ni Una Menos— no pudo hacer otra cosa más que entregarse a la investigación y al análisis para intentar responderla.

Este libro empezó a germinar —como tantos otros comienzos feministas— a partir de la masividad del movimiento que se volcó a las calles ese 3 de junio de 2015, que tuvo algo de épica, algo de estallido, mucho de hartazgo.

—Ahí se da un proceso muy interesante para mí, que también explica mi pasión por la política feminista, lo que hace que haya escrito un libro: intentar entender las discusiones, las estrategias, las articulaciones, las alianzas que se empiezan a producir, los equívocos. [Lo que pasó a partir del Ni Una Menos] fue vertiginoso. Era realmente constante la referencia a esa manifestación que se estaba armando. El término “femicidio” rompió las celdas del lenguaje jurídico y del lenguaje académico y de repente era una palabra que podía decir cualquier persona en una escuela, en un programa de chimentos, en una cancha de fútbol. La sociedad se conmocionó respecto a qué pasaba con la violencia —recuerda Agustina.

A partir de ese día el feminismo comenzó a ocupar un sitio, a luchar por un sitio en la política argentina. Mujeres feministas llegaron al Estado, estuvieron al frente de diferentes programas y organismos, se creó un ministerio. Y este movimiento se replicó en varios países del Cono Sur. “Por fin las mujeres tenían un cuarto propio entre las oficinas del poder para instalar sus agendas”, dice la sinopsis de ¿Demasiado feminismo? La política feminista entre el Estado, el activismo y la batalla cultural de la derecha radical, publicado por Siglo XXI. ¿Pero qué sucedió luego de casi una década de expansión, calle, políticas públicas y conquistas? ¿Por qué motivos lo que ayer hacía vibrar el asfalto y resonaba como una onda expansiva en toda la sociedad hoy está prácticamente fuera de la discusión política? ¿Fueron los discursos de los neoliberalismos que denostaron al movimiento? ¿El auge de las derechas? ¿Fue el propio feminismo el que “fue demasiado lejos, que se pasó tres pueblos, que se volvió vigilante y punitivo?” “¿En serio hubo un sobregiro que explica la crisis de los partidos del centro hacia la izquierda?” “¿En serio hubo demasiado feminismo?”, se pregunta la autora.

A través de una investigación en la que entrevistó a más de una veintena de funcionarias y exfuncionarias de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y España, y de un análisis de las dimensiones y tensiones al interior de la práctica de la política feminista, buscará comprender. Y encender el debate.

Feminista se hace

“¿Por qué desaparece una mujer y el Estado no la encuentra?”. “¿Por qué desaparece una mujer y no hay demasiado que se pueda hacer, no hay demasiados resortes para dar una respuesta?”.

Agustina Paz Frontera no se empezó a hacer estas preguntas porque era feminista. Agustina Paz Frontera comenzó a construir una mirada feminista porque se empezó a hacer estas preguntas. Y se empezó a hacer estas preguntas porque en 2005, Florencia Pennacchi, una de sus amigas de la secundaria, con la que había crecido en Neuquén, con la que se había venido —junto a otra grupo de amigos y amigas— a estudiar a Buenos Aires, con la que compartía el mismo edificio y el mismo piso mientras cursaban los primeros años de la facultad, una noche no volvió.

Ni la siguiente. Ni la siguiente. Ni la siguiente.

—Nos llama el hermano y dice: “Flor no volvió. No está. ¿Alguien sabe algo?”. Yo era estudiante universitaria, tenía mil laburos, tenía mi novio, no era feminista. Tenía las preocupaciones típicas de una persona promedio de izquierda de ese momento: iba a la Facultad de Ciencias Sociales, tenía una postura crítica ante el capitalismo y la democracia, pero no era feminista. Y en ese momento, cuando fueron pasando los meses y Florencia no aparecía, empezó como una necesidad de tratar de entender esa desaparición. Por las respuestas que daba la policía, las respuestas que daba el abogado, las respuestas que daba la Justicia, las conversaciones en los medios. La conversación pública alrededor de por qué desaparece una mujer, los juicios que hay alrededor de eso. Y todo eso fue construyendo una masa crítica, especialmente en un grupo de amigas y amigos de ella, que por eso también están en la dedicatoria del libro. Ese “grupo de amigas y amigos de Florencia”, que así se denominaba en ese momento, después derivó en una organización feminista que se llamó Sin Cautivas, de la cual yo no participé pero fui muy cercana. Y eso también fue configurando un punto de vista feminista —dice Agustina.

Fue la desaparición de su amiga cuando rondaba los 25 años. Pero fue también su abuela, hija de inmigrantes rusos y militante del Partido Comunista, contando cómo había construido comunidad con otras mujeres, organizando colectas y llevando comida y remedios a quienes estaban detenidos o los necesitaban, a lo que se dedicó hasta que nació su madre. Y también fue su madre contándole que antes de que ella naciera se hizo un aborto. Y que su abuela, esa misma abuela que ayudaba a otros, la acompañó a practicárselo en la década del 70. Fue esa charla que tuvo con ambas, “especialmente en el momento de la marea verde”, y la postura de su madre para quien “era completamente obvio que eso tenía que suceder, que si una mujer no quería continuar con un embarazo tenía que poder hacer esa interrupción”. Y fueron las preguntas que aparecieron. Que condujeron a los textos. A las teorías. A las estadísticas. Y a las calles.

—Leés, estudiás y decís: “¿Por qué hay tanta cantidad de personas desaparecidas en este país?, ¿por qué hay un corte específico en el género? ¿por qué son mujeres, por qué son jóvenes?”. Y eso creo que también es una puerta de ingreso a una posición crítica respecto al patriarcado, a ese sistema que ordena la sociedad y que hace que algunas personas valgan menos que otras, por ejemplo, mi amiga, que obviamente para el sistema no valía nada.

Nadie volvió a saber de Florencia.

Se cumplían diez años de su desaparición cuando Agustina se sumó activamente a la primera convocatoria bajo el título Ni Una Menos: una maratón de lectura organizada por un grupo de escritoras, periodistas e investigadoras, en la Plaza del Museo del Libro y de la Lengua, organismo dirigido en ese momento por la socióloga María Pía López.

Comenzaba 2015 y una sucesión de femicidios marcados por la aparición de las mujeres víctimas de violencia tiradas en bolsas de basura, tratadas como basura, impactaba a una sociedad que no quiso, que no pudo seguir naturalizándolo.

Poco después de esa iniciativa, el tuit de Marcela Ojeda convocando “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales... mujeres, todas, bah.. no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO” empezaba a rodar.

Y el 3 de junio de 2015 las mujeres desbordaban las calles de todo el país al grito de “¡Ni Una Menos!”.

—Hay muchas mujeres que marcharon por primera vez ese 3 de junio. Que se dieron cuenta de que tenían un espacio en la vida política pública cuando escribieron el nombre de su hija, de su sobrina, de su amiga, en un cartel y salieron. Es muy conmovedor, más en la historia de este país, ¿no? —reflexiona Agustina.

Poco después de ese día, que marca un hito en la historia del feminismo en Argentina, la agenda del movimiento empezaba a tener espacio en los medios, en la cultura, en la política, en el Estado. Y como todo movimiento vivo, que crecía y se complejizaba, también crecían nuevas tensiones y desafíos.

Un encierro propio

“Las feministas que se inician en funciones en espacios propios de género inaugurados para responder a la expansión del ciclo Ni Una Menos reconocen la fragilidad del proceso: cuentan que erigieron un ministerio en el garaje de una compañera, sin siquiera caja chica para comprar resma de papel, o que construyeron instituciones con nombres rimbombantes que sus referentes o los altos cargos jerárquicos no comprendían. Este modo de hacer tiene épica pero también un límite. Hay voluntad política de integrar la agenda pero poca inversión presupuestaria y política para que esa integración sea consumada”, escribe Agustina en el primer capítulo, titulado “¿Cómo se hace política feminista?”.

Eso es lo que va a intentar desmenuzar mediante sus charlas con las funcionarias y exfuncionarias, exponiendo los primeros conflictos de la práctica política feminista: las buenas intenciones del Estado con un presupuesto exiguo; el poder que puede irradiar un título como “ministra”, “secretaria” o “diputada” en la teoría, frente a la posibilidad de acción real, al verdadero acceso a la mesa chica donde juegan los que toman las decisiones; las tensiones entre las feministas que llegaban a las oficinas del Palacio Legislativo y muchas activistas que, en las calles, veían vaciarse sus expectativas de ser representadas; las que pujaban por un programa de políticas públicas que comenzara a atacar los puntos de la agenda feminista, y las que se oponían a que el feminismo hiciera migas con las instituciones y los poderes.

—La relación entre perspectiva de género y poder no es nueva, viene de hace muchísimos años. Lo que pasa es que en el último ciclo, que es el ciclo Ni Una Menos, se da un proceso de mutua necesidad entre las instituciones estatales y la proyección política del feminismo como un movimiento. Que nos lleva, por ejemplo, a que sin siquiera haberlo pedido, Alberto Fernández cree el Ministerio de las Mujeres. Algo que no había sido así articulado por el movimiento feminista. No es que en las marchas pintábamos carteles que decían: “Un ministerio de género, por favor”. Pero sí era la deriva lógica, porque cuando vos decís: “Paren de matarnos. El Estado es responsable”, estás esperando que el Estado fabrique una política pública para que paren de matarnos. Entonces, hay que sí o sí pensar en un plan de política pública para llegar a ese objetivo. Ahora, lo que pasa es que cuando vos intentás hacer eso te encontrás con muchas complejidades que tienen que ver con el subtítulo del libro: ¿Qué es el Estado?, ¿y qué hace el Estado con los grupos, si se quiere, subalternos que logran llegar a ocupar un espacio de poder? ¿Qué posibilidades reales hay de plantear una política feminista que un poco está contradiciendo los propios estándares del Estado que está formado a partir de elites?

La investigación de la autora y su análisis plantea, entre otros, este conflicto: ante la escalada de femicidios y violencia, los feminismos señalaron al Estado como responsable y pidieron que responda. El Estado respondió con un organismo específico, con espacios y cargos. Pero después —salvo excepciones— no rompió con el viejo modo de pensarse. No otorgó suficientes recursos. No brindó el suficiente lugar para la política feminista. Y los conflictos al interior del movimiento tomaron temperatura y comenzaron a hervir.

—Cuando el feminismo hace ese movimiento se encuentra con algunos problemas. Que tienen que ver con la definición de Estado moderno, pero también con cómo se hace política en Argentina o en nuestros países latinoamericanos, que es una política sumamente machista. Y ahí está el testimonio de estas personas a las que yo fui a entrevistar, que muestran la dificultad de entrar en la conversación política de las altas esferas siendo mujeres y siendo mujeres feministas aún más. Entonces decís: “Bueno, llegué. Ya está. Me dieron la silla en el gabinete”. Minga. Te van a escuchar siempre que hables del tema de género que está de moda en las redes sociales o en la calle. No te van a escuchar hablar de política de drogas, de seguridad, de producción, de industria. Te van a escuchar hablar de aborto, de cuidados (si te entienden lo que quiere decir cuidados). Hay una serie de restricciones, dentro de las instituciones del Estado, con las que se encuentran las feministas que tuvieron el privilegio de llegar a esos lugares. Todas esas dificultades son sobre todo las que yo trato de plantear —dice Agustina.

Y sigue.

—¿Qué estrategias nos dimos las feministas para afrontar esas dificultades del Estado? Pensamos en el cuarto propio, que era tener nuestro propio reducto: un ministerio, una secretaría de género o lo que sea. Bueno, esa estrategia tiene todos estos problemas. No lo digo yo, lo dicen las personas que la pensaron y la llevaron a cabo. La estrategia era tener un espacio propio —el cuarto propio utilizando la metáfora de Virginia Woolf—, nos dieron el cuarto propio, ahora, bien cerradito, o sea: están ustedes adentro y nosotros afuera, ojo con salir y entrar muchas veces. Y no nos dieron las miles de libras o dólares que también decía Virginia Woolf que se necesitaban, junto al cuarto propio, para que una mujer pudiera escribir una novela. Los presupuestos para los organismos de género eran los más exiguos de todos los países que investigué. Ese es uno de los principales argumentos, de hecho, para preguntar: “¿Nos pasamos tres pueblos? ¿Fue demasiado feminismo? ¿Adónde?”.

Una política feminista cercada

Además de cómo se hace la política feminista, Agustina se pregunta en su libro qué es hacer política feminista: “¿Basta con ocuparse de cosas de mujeres, como leyes de cuotas o aborto legal, y hacer malabares con presupuestos exiguos? ¿Por qué cuesta tanto que las políticas mujeres se hagan oír ahí donde se discuten la distribución económica y el modelo de país?”.

—El feminismo no es “las cosas de las mujeres”. Feminismo es transformación social, es perspectiva de clase. Hay muchos feminismos. Nosotras tenemos un pensamiento político integral, no hablamos solamente de políticas de identidad, ni de hablar con la E, o sea, somos mucho más que eso, aunque contenemos todo eso.

Entre las veinticinco funcionarias y exfuncionarias con las que habló en su investigación, Agustina dice que “salvo excepciones” todas dijeron que poco era mejor que nada. Que preferían el cuarto propio en el recinto aunque fuera pequeño o estuviera alejadísimo del centro de la toma de decisiones; que preferían “el ministerio, la secretaría, el instituto de género” aunque estuviese desprovisto de recursos; que preferían el presupuesto exiguo a uno inexistente.

Entonces, la autora quiso saber para qué se usó, principalmente, el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y de los diferentes organismos de género. Y la respuesta la condujo hacia otro análisis:

—Lo que yo encontré —y esto es una crítica que hago como parte del movimiento pero que las propias funcionarias se hacen a sí mismas, y que tiene que ver con esta lectura de contexto de cómo el feminismo llega a tener un poco de poder— es que se usó, sobre todo, para la prevención de la violencia y la asistencia de víctimas de violencia. El Ministerio de las Mujeres de Nación, esto es un dato compartido por Eli Gómez Alcorta, utilizaba el 97% del presupuesto para las agendas de violencia, para el programa Acompañar. Que uno diría: “Bueno, está muy bien, es uno de los principales problemas, el más acuciante, tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte. Es fundamental”. Pero tiene el problema de que entonces la política feminista que podemos hacer solo tiene que ver con nuestro lugar de víctimas o con una posición defensiva. Y no da lugar a proyectar un feminismo que piense más integralmente la política y que incluya un montón de otras agendas que no tienen que ver solamente con la prevención o la reparación de la violencia. Y eso es entendible, porque si hay algo por lo cual el feminismo logra tener tanta masividad es por la agenda de violencias, por el Ni Una Menos. Pero también es una trampa. Es una trampa en la que caímos y es muy difícil salir porque todo el discurso feminista hoy está desacreditado, incluso la violencia que era el gran tema de consenso: que a la mujer no se le pega, no se la mata. Ahora, con los Gobiernos de derecha que tenemos en la región, no sé cuánto consenso hay sobre que es un tema prioritario.

Entonces, ¿fue demasiado feminismo?

Agustina escribió este libro, dice, con la seguridad de que el feminismo va a volver a ocupar los lugares de los que fue arrancado. Y su investigación busca revisar el camino recorrido, reflexionar sobre qué es lo que se hizo hasta ahora, cuáles fueron las acciones de las funcionarias, de las activistas por fuera del Estado, de las activistas comunitarias, de organizaciones sociales y ONG, cuando estuvieron en el centro de la escena y las miradas, y volver sobre los errores que se cometieron, hacer una autocrítica para, a partir de ahí, pensar en cómo se puede mejorar. Para “cuando nos toque volver a tener la posibilidad de pensar una política pública feminista”.

—No creernos nosotras el cuento de que de verdad estuvimos pasadas, que de verdad nos sobregiramos. O, en todo caso, tomarnos el trabajo de desmenuzar lo que sucedió: “Bueno, ¿en qué sentido sí hubo una equivocación?, ¿cuáles son las cosas que hicieron que ese ‘demasiado’ fuera construido?, ¿cuáles son las cosas que hicimos nosotras para que ese ‘demasiado’ fuera construido? Tiene que ver con nuestros errores y también con un contexto en el cual algunas cosas eran posibles de plantear y de hacer y otras no. Y tiene que ver con la correlación de fuerzas que se construyó históricamente también.

En esa revisión de lo hecho, en la mirada retrospectiva y el despliegue crítico de un momento efervescente para los feminismos, la autora analiza, además, la disputa histórica con el sector del feminismo que rechaza toda participación institucional y vínculo con el Estado. “Que es el feminismo que durante todo el siglo XX fue el más importante en nuestra región, el feminismo autónomo, el que con mucha razón desconfía del Estado y de los partidos políticos”.

Ese rechazo fundamentado, en la actualidad, parece encerrar una suerte de oxímoron: pedirle al Estado políticas públicas y leyes, pedirle que integre la agenda de género, pero después lapidarlo, no querer que las funcionarias feministas hagan —o intenten hacer— justamente lo que se les pide que hagan. “Somos millones de argentinos y argentinas que tenemos que convivir con las reglamentaciones y con las formas de vida que nos impone el Estado y la democracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a quedar tirándole piedras a esa institución monstruosa o vamos a tratar de entenderla, de infiltrarla, de pensar estrategias?”, pregunta Agustina.

—Es muy difícil que esa disputa no suceda porque son diferencias históricas que sostienen el feminismo también y que lo hacen grande. Pero a mí me parecía interesante recuperar a esas feministas que tuvieron el privilegio, pero también el valor de ocupar los lugares de poder. Me parece importante plantear que las feministas políticas tenemos que tomar en serio esa tarea de generar un mejor Estado, pensar al Estado no como una utopía sino como una herramienta de transformación. Tomar en serio la tarea de generar política pública, de construir un programa político feminista, porque si no lo hacemos nos va a volver a pasar lo mismo que ya nos pasó, que es mejor que nada, pero podemos hacerlo mejor. Y para eso lo único que se me ocurre es seguir disputando dentro de las estructuras. La política autónoma callejera es otra cosa, pero si queremos sentarnos en la misma mesa donde se sientan los tipos que toman las decisiones políticas importantes para nuestros países o para nuestras ciudades, tenemos que seguir haciendo entrismo. Tenemos que seguir peleando por lugares dentro de las organizaciones, de los partidos políticos y de la sociedad civil. Tenemos que seguir defendiendo el feminismo. Y creo que este libro es una piedra lanzada para ver si esa conversación se arma.

Frecuentemente escucho decir a empresarios una frase que suena técnica, tranquilizadora y políticamente útil: “La macro está bien, el problema es la micro”.

Es un eslogan elegante para explicar por qué la gente no percibe mejoras en su vida cotidiana pese a que algunos indicadores agregados muestran orden. El tema es que, desde el punto de vista económico, esa frase es incorrecta.

No existe tal cosa como la macroeconomía y la microeconomía, por más que en las universidades, y yo las tuve que cursar en la UCA, existan microeconomía y macroeconomía como materias. La economía es una sola y, como bien la definió Ludwig von Mises, la economía es la ciencia de la acción humana.

La toma de decisiones tanto de inversión como de consumo, son individuales y van a depender de las subjetivas valoraciones de cada persona.

Si la economía está ordenada y no hay distorsiones de precios relativos, las decisiones a nivel empresas son puro riesgo empresarial

En definitiva, decir que la macro está bien y la micro está mal es como decir que la culpa del cierre de las empresas es del sector privado. La realidad es que, si la economía está ordenada y no hay distorsiones de precios relativos, las decisiones a nivel empresas son puro riesgo empresarial. Me expando, achico la empresa, cambio la forma de comercializar, contrato más personal, reduzco la planta de personal, etc., son todas decisiones que toman los empresarios en base a la política económica vigente.

Por ejemplo, supongamos que un gobierno expande la cantidad de moneda y, en el corto plazo, el efecto es una baja en la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés puede llevar al empresario a percibirla como algo permanente y, por lo tanto, a tomar deuda porque ve que aumenta el consumo y vende cada vez más. Así, toma un crédito para ampliar la empresa y abastecer la mayor demanda.

Pero si continúa esa expansión monetaria que genera una baja artificial en la tasa de interés, entonces, comenzará la presión inflacionaria y llevará al gobierno de turno a reducir la expansión monetaria, con lo cual subirá la tasa de interés, se contraerá la demanda de crédito para consumo, bajarán las ventas y la empresa se encontrará con que se expandió en base a una distorsión de la tasa de interés generada por el gobierno de turno.

El Gobierno sigue utilizando el tipo de cambio como ancla contra la inflación

Yendo al caso argentino, el Gobierno sigue utilizando el tipo de cambio como ancla contra la inflación. La intervención del Estado en el mercado de cambios para ubicar el tipo de cambio por debajo de un mercado libre quedó en evidencia cuando antes de las elecciones, Scott Bessent vendió USD 2.500 millones para frenar la suba del tipo de cambio.

Por otro lado, el exportador está obligado a ingresar sus divisas en un plazo perentorio y liquidarlas en el mercado de cambios. Es decir, hay una oferta de dólares forzada por el gobierno que hace que el tipo de cambio no sea el de un mercado libre porque no hay libertad de no ingresar las divisas.

¿Qué pasaría con el tipo de cambio si Scott Bessent tuiteara que a partir de mañana el tesoro estadounidense deja de intervenir en el mercado de cambios de Argentina?

El punto es que en la economía vienen cerrando más empresas de las que abren; es decir, la cantidad de empresas que contratan en blanco. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la cantidad de empresas que aportan al sistema previsional bajó en 15.050. Obviamente, este número es el neto entre las que abrieron y las que cerraron.

La disminución en cantidad de empresas responde a problemas de rentabilidad. Casi diariamente tenemos noticias de empresas que cierran o se achican por falta de rentabilidad.

Las empresas de servicios fueron las más afectadas con una caída de 11.705 casos. Por su parte, los productores de bienes perdieron 3.321 empresas. Cabe destacar que el sector servicios es el que mayor cantidad de personal contrata. Transporte y Comunicaciones fue el más golpeado y le sigue Comercio con 2.035 empresas que cerraron. En caso de las empresas productoras de bienes, Construcción lidera la baja en la cantidad de empresas.

A menor cantidad de empresas, menor cantidad de puestos de trabajo. Entre noviembre 2023 y agosto 2025 el sector privado formal perdió 181.512 puestos en relación de dependencia. Esta reducción en la cantidad de empresas se adjudica a la apertura de la economía. El tema es que la apertura de la economía es una buena medida porque las empresas dejan de tener cautivos a los consumidores. La gente puede acceder a una mayor variedad de bienes y a precios más competitivos.

Ahora bien, si se abre la economía con un tipo de cambio atrasado, sin haber hecho la reforma laboral previamente y tampoco la impositiva, el peligro que se presenta es que la apertura de la economía pase a ser una mala palabra y en un futuro no muy lejano, la respuesta sea volver a cerrar la economía. Pero el punto central es que la reforma laboral, la impositiva o la liberación del mercado de cambios no son temas “microeconómicos”, son parte de la política económica que, a su vez, establece las reglas de juego para que los empresarios tomen decisiones de invertir, contratar más personal, exportar o vender el mercado interno, por citar algunos ejemplos.

Entre noviembre 2023 y agosto 2025 el sector privado formal perdió 181.512 puestos en relación de dependencia

Mi punto es que no es cierto que la macro está en orden y ahora el Gobierno tiene que ocuparse de la micro. El Gobierno tiene que ocuparse de hacer las reformas estructurales necesarias para poner en orden la economía, que las reglas de juego sean estables y el empresario tomar decisiones dentro de ese marco económico institucional. Y el hecho de que la economía no esté en orden lo muestra que entre las empresas que abrieron y las que cerraron, hay 15.050 empresas menos. Si la economía (macro, como dicen) estuviese en orden, tendría que haber más empresas que abren que las que cierran, sin embargo, el número es exactamente al revés.

Decir que la macro está en orden y ahora hay que avanzar en la micro es una forma de quedar bien con el Gobierno, mientras día a día cierran empresas. Y, en todo caso, si alguien tuviese que avanzar con la micro, ese es el empresario, no el Gobierno.

El Tribunal Constitucional ha especificado que la distribución de los ingresos generados por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, conocido como IMIC, no exige la intervención de una ley orgánica, ya que este tributo no se ha transferido a las comunidades autónomas. Esta decisión, que forma parte de la sentencia dictada por el pleno del máximo órgano de garantías, refleja el enfoque adoptado por el tribunal al rechazar la demanda presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el reparto del citado impuesto. Según informó el Tribunal Constitucional mediante una nota de prensa, la resolución se apoya en que el impuesto no integra el sistema de financiación autonómica, lo que elimina la obligación del Estado de someter la asignación de la recaudación al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El fallo, adoptado de forma unánime, responde al recurso de inconstitucionalidad presentado por Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre. Esta ley establece un impuesto complementario para asegurar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, además del IMIC para el sector bancario y un gravamen sobre los líquidos de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. El medio detalló que el asunto ha recibido la ponencia del magistrado César Tolosa Tribiño, quien se encargó de la redacción de la sentencia que unifica la posición de los miembros del pleno.

Entre las cuestiones centrales examinadas por el Tribunal Constitucional figura la ausencia de consulta o participación de las comunidades autónomas en la distribución de los ingresos generados por el nuevo gravamen bancario. El tribunal argumentó que, al no formar parte del sistema general de financiación autonómica, el impuesto queda al margen de las competencias de los gobiernos regionales en relación a la recaudación y el reparto, según consignó el propio órgano judicial. El alto tribunal también examinó la utilización del Producto Interior Bruto (PIB) regional como criterio de asignación de recursos, concluyendo que tiene una correspondencia material con los fines de la normativa y, por tanto, es procedente.

De acuerdo con la información publicada por el Tribunal Constitucional, la sentencia aplica la doctrina ya asentada en la STC 174/2025, que versa sobre la estructura de la financiación autonómica y los principios de autonomía y solidaridad. En el análisis de las diversas impugnaciones planteadas por la Junta de Castilla-La Mancha, se abordaron argumentos relacionados con la presunta vulneración de los principios de solidaridad y autonomía financiera, ambos descartados por el pleno al entender que el tributo en cuestión permanece ajeno a los fondos que se integran en el régimen de financiación de las comunidades autónomas, indicó el medio.

Además, el tribunal consideró que la enmienda transaccional presentada dentro del proceso legislativo, relacionada con los criterios de reparto del tributo, mantiene coherencia con el objetivo declarado de la ley, por lo que no se aprecia falta de homogeneidad normativa. El Tribunal Constitucional subrayó que, si bien la ley introduce nuevos gravámenes y modifica otras normas tributarias, el diseño y la gestión de estos impuestos corresponden al Estado y no requieren intervención autonómica en su implementación ni en la distribución de los fondos recaudados, según reportó el alto tribunal en su comunicado.

El dictamen del Tribunal Constitucional descarta de manera definitiva la posibilidad de intervención de administraciones regionales en la recaudación de ingresos provenientes del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras. La decisión unánime del pleno, sustentada en una interpretación sistemática del régimen financiero español, fija un precedente sobre la delimitación de competencias en materia tributaria por parte del Estado y las comunidades autónomas, según publicó el Tribunal Constitucional en sus canales oficiales.

El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.

Internet se ha convertido en el nuevo patio de juegos de niños, niñas y adolescentes. Allí estudian, socializan, crean mundos y viven experiencias que, para muchos adultos, resultan todavía incomprensibles. Pero ese mismo universo que estimula su imaginación también se ha transformado en el escenario privilegiado de delitos gravísimos. El grooming y las imágenes de violencia sexual en contra de niños y niñas, ya no se cometen solo en las redes sociales tradicionales; hoy se gestan en los lugares donde los chicos pasan la mayor parte del tiempo, en plataformas como Roblox, Free Fire, Fortnite y otros videojuegos que combinan mundos virtuales con chats abiertos, servidores privados y la sensación engañosa de que “todo es un juego”. Y es justamente esa ilusión de inocencia la que vuelve a los niños y las niñas particularmente vulnerables.

La realidad criminológica demuestra que los agresores sexuales han mutado su estrategia. Ya no buscan, como antes, entablar conversaciones prolongadas en redes convencionales, sino que ingresan a estos videojuegos con la facilidad que les otorga esconderse detrás de un avatar infantil. Se disfrazan de “compañeros de partida”, ofrecen premios, monedas virtuales o skins, y aprovechan la confianza natural que los chicos depositan en quienes comparten su entorno digital. En cuestión de minutos logran lo que antes podía demorar semanas; me refiero a establecer un vínculo, bajar las defensas, generar un lazo emocional y llevar a la víctima hacia un espacio de privacidad donde comienzan las manipulaciones, el pedido de imágenes, la extorsión y, en algunos casos, incluso el intento de traslado del contacto virtual al encuentro real.

Muchos adultos aún subestiman este riesgo. Creen que mientras sus hijos o hijas “solo estén jugando” no hay peligro. Pero detrás de muchas conversaciones dentro de Roblox o Free Fire no hay un niño o una niña, sino un adulto que conoce con precisión quirúrgica las técnicas de manipulación emocional. Un adulto que sabe cómo actuar, cómo seducir, cómo forzar, cómo intimidar. Un adulto que sabe que el juego es el refugio más fácil para esconderse. El grooming, por ejemplo, no es un intercambio incómodo; es un delito que puede dejar huellas psicológicas profundas, generar angustia, culpa, aislamiento, depresión y, en los casos más extremos, derivar en contactos físicos o en la difusión internacional de material íntimo que los chicos y las chicas no podrán recuperar jamás.

Los padres y madres tienen hoy un desafío urgente y complejo; esto es, comprender que la prevención no consiste en prohibir dispositivos, sino en acompañar activamente la vida digital de sus hijos. Hablar del tema sin tabúes, explicar que hay adultos que se hacen pasar por chicos o chicas, revisar juntos los juegos que utilizan, activar controles parentales, conocer los chats y configuraciones de privacidad, y estar atentos a cambios de conducta que puedan delatar una situación de peligro. La conversación, la presencia y la atención son las herramientas más potentes para desactivar el riesgo. No se trata de invadir la intimidad, sino de proteger la integridad.

El Estado también debe asumir su parte. La tecnología avanza más rápido que la legislación, y por eso es indispensable fortalecer equipos de cibercrimen, capacitar a docentes, exigir a las empresas de videojuegos estándares sólidos de seguridad, y generar campañas públicas que lleguen a los chicos donde ellos están; por ejemplo, TikTok, Twitch, YouTube y, por qué no, los mismos videojuegos que utilizan a diario. Las plataformas deben comprender que ya no son solo un entretenimiento; son espacios donde millones de niños interactúan y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de crear entornos más seguros, monitorear chats, detectar patrones sospechosos y reaccionar con rapidez.

Ignorar esta realidad es dejar solos a nuestros hijos e hijas frente a un peligro que no pueden dimensionar. Hoy, el agresor no toca la puerta de una casa, está dentro del celular, dentro de la tablet, dentro del juego. Y mientras los adultos sigamos pensando que “ellos entienden más que nosotros”, seguiremos abandonando a la niñez y adolescencia a su suerte en un mundo virtual que no siempre es tan inocente como parece.

Proteger a los niños, niñas y adolescentes implica actualizar nuestras herramientas, nuestra mirada y nuestro compromiso. Implica entender que acompañarlos en internet es tan indispensable como acompañarlos en la vida real. Implica asumir que la responsabilidad es colectiva. Y sobre todo implica advertir, de una vez y para siempre, que ningún juego vale la pérdida de la inocencia, la libertad o la dignidad de un niño o de una niña. Internet puede ser un espacio maravilloso, pero solo si los adultos asumimos el deber de custodiarlo. Porque cuando se trata de la seguridad de la infancia, no hay margen para la indiferencia.

El reciente informe estadístico de la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre niños, niñas y adolescentes en el fuero penal juvenil no deja margen para la confusión; no existe ninguna evidencia que justifique bajar la edad de punibilidad en la Argentina. Por el contrario, los números desnudan una realidad que debería llevarnos a fortalecer derechos, no a recortarlos.

Durante el primer semestre de 2025, apenas 945 adolescentes tuvieron alguna causa judicial en todo el fuero penal nacional de adolescentes. Un universo ínfimo frente a la cantidad total de jóvenes en el país. Y de ellos, casi el 80% solo tuvo una causa, lo que evidencia que no estamos frente a una generación delictiva, sino ante situaciones aisladas, muchas veces atravesadas por contextos de vulnerabilidad y exclusión.

El dato más revelador es que la mayoría -casi el 56 %- tiene entre 16 y 17 años, es decir, ya son punibles bajo la legislación penal especializada vigente. Los adolescentes menores de 16 años, a quienes algunos pretenden incluir en el sistema penal, representan apenas el 40 %, y los de 12 años o menos, un mínimo de 3,8 %. ¿Qué sentido tiene entonces discutir una reforma que ampliaría el castigo a un grupo tan reducido, cuando los ya punibles concentran casi todos los casos?

Tampoco hay un problema de delitos graves. El 81% de las causas son por delitos contra la propiedad, principalmente robos simples. Solo cuatro casos en todo el semestre correspondieron a homicidios, y tres fueron tentativas (no consumados). Es decir, los hechos más violentos son excepcionales. La idea de que “los menores matan” es un slogan político sin respaldo en los datos.

Pero hay otro dato aún más incómodo; el 40% de las causas finalizadas terminaron en sobreseimiento, y solo un 12 % de los adolescentes tuvo alguna medida de privación de libertad. El resto recibió tratamientos alternativos o socioeducativos. El sistema ya tiene herramientas para actuar, sin necesidad de aumentar el castigo ni vulnerar derechos.

El informe también expone el trasfondo social de la conflictividad, la mayoría vive solo con su madre, más del 26 % abandonó la escuela y casi el 90 % depende exclusivamente de la salud pública. No se trata de delincuentes en potencia, sino de adolescentes a los que el Estado no protege o llega tarde a proteger. Frente a esa realidad, bajar la edad de punibilidad equivale a convertir el fracaso social en castigo penal.

Las cifras son claras, la baja de edad no reducirá el delito, solo ampliará el sufrimiento. Y lo más grave es que implicaría un retroceso frente a los compromisos internacionales que la Argentina asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Los organismos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido categóricos: los Estados deben elevar progresivamente la edad mínima de responsabilidad penal, no reducirla.

Discutir una reforma regresiva, en este contexto, es desconocer la evidencia, ignorar los tratados de derechos humanos y renunciar a la inteligencia política que exige pensar soluciones reales. Porque el problema no está en la edad de los chicos, sino en la edad de las ideas.

Bajar la edad de punibilidad no soluciona nada; solo castiga más temprano y en forma peor de lo que ya se castiga a los adolescentes en contacto con la ley penal.

El reciente asesinato de una mujer brasileña en Buenos Aires, atacada en plena calle por una persona en situación de calle que padecía un evidente trastorno mental, conmocionó a la sociedad y volvió a poner en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: la Ley Nacional de Salud Mental no protege a quienes más lo necesitan.

Este hecho trágico no es un episodio aislado. Es parte de una larga cadena de muertes y agresiones protagonizadas por personas que debieron estar bajo tratamiento o internadas, pero que el sistema dejó a la deriva. Lo que ocurre en nuestras calles no es producto del azar: es la consecuencia directa de una norma que, bajo la idea de proteger derechos, terminó desamparando tanto a los pacientes como a la sociedad.

La Ley 26.657, sancionada en 2010, buscó reemplazar un modelo manicomial por uno comunitario. El objetivo era legítimo: humanizar la atención, evitar internaciones prolongadas y promover la integración social. Sin embargo, su aplicación derivó en un vaciamiento del sistema de atención psiquiátrica sin que existieran los dispositivos intermedios necesarios —centros de día, hogares protegidos, equipos territoriales y recursos humanos especializados— que permitieran sostener a los pacientes fuera de los hospitales.

El resultado es el que vemos hoy: pacientes crónicos abandonados, familias desesperadas, profesionales atados por una ley que les impide actuar, y una sociedad que sufre las consecuencias. La norma impone criterios tan restrictivos para la internación que, aun frente a cuadros graves, la decisión médica se ve condicionada por la burocracia y el miedo a judicializaciones.

Desde hace años venimos proponiendo modificar esta ley. No para volver al pasado, sino para construir un sistema que combine humanidad con responsabilidad. Un modelo que garantice derechos, pero también asistencia efectiva, seguimiento y resguardo de la integridad física y mental de los pacientes.

Porque defender los derechos humanos no puede significar abandonar a las personas a su suerte. La libertad sin cuidado no es libertad: es desamparo. Y un Estado que se desentiende de los más vulnerables incumple su deber más básico, que es proteger la vida.

Modificar la Ley de Salud Mental no implica retroceder, sino avanzar hacia un paradigma más realista, integral y compasivo. Necesitamos restituir la posibilidad de internaciones terapéuticas cuando sean necesarias, fortalecer los hospitales especializados, formar equipos interdisciplinarios y crear dispositivos comunitarios reales, no meras declaraciones.

No podemos seguir naturalizando que los pacientes psiquiátricos graves terminen en la calle, expuestos al frío, a la violencia o a convertirse —sin quererlo— en víctimas o victimarios. La omisión del Estado también mata.

Cada vez que un hecho de esta naturaleza ocurre, la sociedad se pregunta por qué nadie hizo nada. La respuesta está a la vista: porque la ley lo impide, porque el sistema no contiene, y porque la ideología se impuso al sentido común.

La salud mental requiere sensibilidad, pero también firmeza. Y hoy esa firmeza implica reconocer que la Ley de Salud Mental fracasó. Persistir en su defensa sin admitir sus consecuencias es una forma de negacionismo.

Argentina necesita una nueva ley que ponga en el centro al paciente, a su familia y a la comunidad. Que recupere el rol del Estado como garante del cuidado, no como espectador de la tragedia.

La muerte de esta mujer brasileña debería ser un punto de inflexión. No podemos esperar el próximo crimen para reaccionar. Porque cada día que pasa, hay alguien más sufriendo en silencio —y un Estado ausente que mira para otro lado.

*La autora es diputada nacional de la Coalición Cívica ARI (integrante de la Comisión de Salud)

En un contexto de ajustes generalizados en el Estado, los salarios públicos muestran una marcada diferencia en su evolución según el nivel de administración. El poder adquisitivo de los trabajadores provinciales se ubicó en septiembre un 6,3% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los asalariados nacionales experimentaron una caída del 32,6 por ciento.

Este contraste refleja un fenómeno que comenzó meses atrás y se profundizó a lo largo del año, según precisó Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En enero de 2024, tanto el sector nacional como el provincial habían registrado una pérdida del 22% en su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.

Tras ese punto de partida, los salarios provinciales iniciaron una recuperación que los diferenció de sus pares nacionales, cuya capacidad de compra siguió en descenso. Esta dinámica afectó de manera directa la capacidad de consumo de miles de empleados públicos en todo el país.

La brecha salarial se acompaña de distintos niveles de gasto público en cada jurisdicción. El informe de Argañaraz señala que el gasto en salarios provinciales creció en términos reales un 11% interanual durante el primer semestre de 2025, mientras que el gasto en salarios nacionales disminuyó un 5%. Estos movimientos pueden asociarse tanto a variaciones salariales como a cambios en la cantidad de empleados públicos.

Al respecto, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó los 283.552 empleados en septiembre, de acuerdo al último dato del Indec. Esa cifra representa una caída interanual del 7,6% y mensual del 0,7%. En noviembre de 2023 la cantidad de trabajadores ascendían a 317.345.

Una de las problemáticas que aparecen en ese contexto de despidos masivos en el sector público es que el empleo en el sector privado sigue en caída, por lo que la capacidad de reinserción en el mercado laboral se torna compleja. Por caso, los datos del SIPA muestran que en agosto (último dato disponible) perdieron su puesto 10.555 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada es de 138.573 empleos.

Vale mencionar que, según un relevamiento de Ecosur, la mayor parte del empleo público en la Argentina se concentra en los niveles provinciales y municipales, con marcadas diferencias en la cantidad de personal y en los salarios según cada región.

De acuerdo con el Indec, en 2024 el 15,8% de los ocupados se desempeñaba en el sector público. De ese universo, el 21% trabajaba en la administración nacional, el 66% en las provincias y el 13% en los municipios.

En ese sentido, el gasto en personal también muestra una fuerte disparidad entre jurisdicciones. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz registraron en 2024 el mayor gasto per cápita, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubicaron entre las provincias con menor desembolso por habitante.

La distancia entre los extremos es significativa: las provincias de menor gasto anual destinan menos de un millón de pesos per cápita (a precios de agosto de 2025), mientras que todas las patagónicas triplican o superan ampliamente ese monto.

A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados, Ecosur calculó el costo laboral promedio en cada administración provincial. Si bien aclararon que no equivale estrictamente al salario —porque incluye aportes patronales y otros conceptos asociados a diversas modalidades de contratación— constituye una aproximación del ingreso medio en el empleo público provincial y permite comparar entre jurisdicciones.

Las diferencias son notorias. Neuquén y Santa Cruz encabezan el ranking de costo laboral, con un gasto mensual estimado de $3,1 y $2,8 millones por empleado, respectivamente. Les siguen la Ciudad de Buenos Aires ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones).

En el otro extremo aparecen La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones), que exhiben los costos laborales más bajos del país.

El Gobierno nacional anunció un incremento de entre el 29% y el 35% para los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Podría parecer, en el plano discursivo, una señal de acompañamiento y voluntad de mejora. Pero la realidad es que el aumento no solo llega tarde, sino que es absolutamente insuficiente. La medida no respeta los parámetros de la Ley de Emergencia en Discapacidad y apenas cubre la mitad del atraso acumulado, que ya supera el 70%.

La dimensión del problema es estructural. Hoy, más de 200.000 personas con discapacidad en la Argentina dependen de un sistema prestacional que está al borde del colapso. Ese sistema que emplea a más de 150.000 trabajadores entre docentes, terapistas, transportistas y profesionales de la salud, funciona con aranceles congelados, pagos demorados entre 60 y 90 días y costos laborales y salariales que aumentan al ritmo de la inflación que, aunque disminuyó notablemente, sigue afectando a la economía de las instituciones.

No se trata de una crisis proyectada, es una crisis que ya está ocurriendo y está dejando daño en el sector. Solo en la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 5 instituciones prestadoras cerró sus puertas desde 2023. Detrás de cada cierre hay niños, jóvenes y adultos que pierden terapias, apoyos, escolaridad y transporte.

El Gobierno intenta presentar el aumento como una medida de previsibilidad. Pero hay un dato clave: ese incremento recién se cobraría, con suerte, entre marzo y abril de 2026 debido al esquema de facturación a mes vencido. Para ese entonces, la inflación habrá pulverizado cualquier mejora. La pregunta es obvia: ¿cómo sostenemos estos meses las instituciones que ya están endeudadas para pagar sueldos, aguinaldos - que se pagan ya mismo, en el mes de diciembre-, alquileres o servicios básicos?

La Ley de Emergencia en Discapacidad —votada por los dos tercios requeridos en Diputados y por unanimidad en el Senado— no solo obliga a actualizar aranceles según inflación, también establece una compensación económica que nunca fue pagada. Esa deuda del Estado con el sistema prestacional no es un tecnicismo contable sino presupuesto que habría evitado el cierre de decenas de instituciones, la pérdida de cientos de empleos y la interrupción de tratamientos irremplazables. Y esa responsabilidad es del Estado, que ha generado una crisis que ha trascendido gobiernos, sin respuestas, respeto ni empatía por el sector más vulnerable de nuestra sociedad.

La emergencia en discapacidad no es un tema sectorial ni presupuestario, es una medida de nuestra condición como sociedad. La forma en que tratamos a quienes más apoyos necesitan define el piso moral de nuestras políticas públicas.

Un empleado del Ministerio de Salud de Entre Ríos, identificado como Diego Alberto Figueroa, deberá afrontar el pago de una multa millonaria, luego de que fuera acusado de haber recibido fondos públicos que habrían sido asignados de forma irregular. De esta manera, deberá devolver una suma superior a los 8 millones de pesos al Gobierno entrerriano.

La medida, adoptada por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, también implicará la apertura de un sumario administrativo y la activación de mecanismos legales para recuperar los fondos. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial Nº 28.208 de la provincia, la devolución fue solicitada por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La decisión se fundamenta en los incisos a) y b) del Artículo 71° de la Ley 9755, normativa que regula el empleo público en la provincia. Según el decreto, Figueroa, quien ocupaba el cargo de Categoría 06 en la Carrera Administrativa del Escalafón General dentro de la División Concurso, habría incumplido las normativas establecidas, lo que derivó en la asignación indebida de fondos.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el texto oficial detalla que el monto a reintegrar asciende a $8.401.477,96, cifra a la que se suman los intereses generados desde el momento en que los fondos fueron otorgados de manera irregular hasta la fecha en que se concrete el pago.

En el texto del decreto se especificó: “Intímase a través del Ministerio de Salud al agente Diego Alberto Figueroa, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”.

De esta forma, el decreto estableció un plazo improrrogable de treinta días desde la notificación para que el empleado de Salud efectúe la devolución. En caso de no cumplir con este requerimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos será la responsable de iniciar las acciones legales necesarias para garantizar el cobro, lo que podría derivar en un proceso judicial.

Despidieron a una empleada del Ministerio de Salud de Entre Ríos por acumular más de 300 faltas injustificadas

Un extenso historial de ausencias llevó a que el Gobierno de Entre Ríos resolviera la cesantía de María Belén Paulina, una mujer que se desempeñaba en el Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud provincial, luego de que se descubriera que tenía cientos de ausencias en su puesto laboral.

La medida fue oficializada a finales de julio de este año, mediante la publicación del Boletín Oficial Nº 28.146 de la provincia, en donde las autoridades fundamentaron que la empleada contaba con la acumulación de 363 inasistencias injustificadas repartidas entre los años 2015 y 2019.

El sumario administrativo detalló la distribución anual de las ausencias: 62 días en 2015, 6 en 2016, 19 en 2017, 223 en 2018 y 53 en 2019. Todas estas faltas fueron consideradas infundadas, ya que la empleada no presentó la documentación requerida para avalarlas. Incluso en los casos en los que alegó haber presentado problemas de salud.

Por esto, el decreto que dispuso la sanción señaló de manera explícita: “La agente María Belén Paulina, no cumplió con su débito laboral en las fechas supra detalladas”. Además, el documento remarcó que la conducta de la trabajadora superó ampliamente el límite reglamentario de diez inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, en los doce meses inmediatos anteriores.

La resolución adoptada por las autoridades provinciales se apoyó tanto en la magnitud de las faltas como en la agravante detectada durante la investigación, que indicó la posibilidad de que la agente hubiera incurrido en nuevas ausencias tras el período analizado. La Comisión Asesora de Disciplina intervino en el proceso antes de que se aprobara la decisión final.

(Por Dennis Thompson - HealthDay News). “Me amo incondicionalmente”. “Soy digno de amor, alegría y felicidad”. “Soy fuerte, capaz y resistente”. “Respiro relajación y exhalo tensión”.

Las autoafirmaciones pueden parecer cursis, pero pueden contribuir a la felicidad y el bienestar de las personas, según una nueva revisión de evidencia.

Tales afirmaciones proporcionan un impulso a la autoestima y la confianza de las personas, al tiempo que reducen las emociones negativas como la ansiedad y la ira, informaron recientemente los investigadores en la revista American Psychologist.

Además, los beneficios de las autoafirmaciones pueden durar días e incluso semanas, encontraron los investigadores.

“Incluso los ejercicios de autoafirmación breves y de bajo costo pueden producir beneficios psicológicos significativos en términos de mejorar el bienestar personal y social”, señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal Minhong (Maggie) Wang, profesora de la Universidad de Hong Kong. “Más importante aún, estos beneficios son inmediatos y duraderos”.

Los ejercicios de autoafirmación funcionan al recordar a las personas sus fortalezas internas y actúan como un amortiguador contra las amenazas y preocupaciones externas, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Para la revisión, los investigadores analizaron datos de 129 estudios publicados sobre ejercicios de autoafirmación, en los que participaron casi 17,800 personas. De los estudios, 78 ocurrieron en los Estados Unidos.

En general, las autoafirmaciones fueron buenas para el bienestar, la autopercepción y el sentido de autoestima de las personas, dijeron los investigadores. Estos efectos persistieron entre las personas, con un tiempo de seguimiento promedio de casi dos semanas en los estudios.

Se encontró que las autoafirmaciones son más poderosas entre los adultos en comparación con los adolescentes. Del mismo modo, los estadounidenses tendían a beneficiarse más de las autoafirmaciones que los asiáticos o los europeos.

“Los hallazgos abogan por integrar estrategias de autoafirmación en los programas de bienestar, particularmente en las escuelas y universidades”, dijo Wang.

“Los educadores y los padres pueden usar estrategias de autoafirmación para brindar apoyo psicológico inmediato para ayudar a los estudiantes a superar los desafíos y desarrollar resiliencia en situaciones difíciles. Estas estrategias pueden fomentar el bienestar individual y social, así como fortalecer las conexiones sociales dentro de las comunidades”, concluyó la experta.

Más información: La Clínica Cleveland tiene más información sobre autoafirmaciones. FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2025

* Dennis Thompson HealthDay Reporters ©The New York Times 2025

García-Page planteó la necesidad de reflexionar sobre los cambios normativos necesarios para diferenciar con claridad las atribuciones técnicas y políticas durante las emergencias vinculadas a fenómenos meteorológicos extremos. Según informó Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha abordó este tema al cumplirse un año de la dana que afectó a Valencia y a las localidades castellanomanchegas de Letur y Mira, reclamando que tanto las comunidades autónomas como el Estado incrementen su coordinación institucional para responder de manera más eficiente ante futuras amenazas naturales.

En declaraciones realizadas al programa ‘Castilla-La Mancha Hoy’ de Radio Castilla-La Mancha, recogidas por Europa Press, García-Page expresó que es momento de impulsar una “reflexión conjunta” sobre los aspectos que requieren mejoras y aquellos otros que deben mantenerse estables en materia de protección civil y respuesta a emergencias. Propuso explorar posibles modificaciones legales que permitan delimitar con mayor precisión qué corresponde en exclusiva al trabajo técnico y dónde debe situarse el papel de los responsables políticos en la gestión de estas situaciones.

El presidente autonómico se mostró partidario de que la intervención política en estos episodios se limite lo máximo posible, subrayando que el papel de los políticos debe centrarse en la supervisión, mientras se refuerzan los protocolos y respuestas automáticas y especializadas. “Cuanto menos intervenga la acción política, mejor”, subrayó, señalando al mismo tiempo la necesidad de protocolos “lo más sofisticados posibles” y de que las reacciones institucionales sean más automáticas y coordinadas. Según publicó Europa Press, insistió en que la mejora de estos sistemas constituye una prioridad para prevenir las consecuencias más graves de los fenómenos extremos.

En cuanto al aniversario de la tragedia causada por la dana, García-Page rememoró el impacto de aquellos días, recordando cómo una de las primeras informaciones le llegó a través de un vídeo de un vecino de Letur. Afirmó que la situación resultó “complicada de prever”, ya que ni siquiera había alerta roja en ese momento. De acuerdo con Europa Press, el presidente relató que las primeras medidas incluyeron la suspensión de la agenda institucional para enfocarse de lleno en la gestión de la emergencia, la instalación de hospitales de campaña y la puesta en funcionamiento de un puesto de mando avanzado. A su juicio, la rapidez en activar estos recursos resultó fundamental, ya que en ese momento “ni siquiera se podía acceder” al pueblo afectado, lo que dificultó aún más la labor de los equipos de emergencia.

Al cumplirse un año de los hechos, García-Page dirigió también un mensaje a quienes niegan la existencia del cambio climático. “Ahora, se sabe que nosotros tenemos algo que ver y que podemos hacer algo”, declaró, advirtiendo que si no se toman medidas y no se actúa en consecuencia, las advertencias y consecuencias asociadas al cambio climático serán cada vez más severas. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el presidente autonómico consideró que las administraciones han registrado avances importantes en la organización y los protocolos de respuesta a emergencias, aunque remarcó la importancia de “seguir aprendiendo de estas desgracias” para que los errores no se repitan y la memoria de las víctimas se honre a través de una mejora real en la preparación y prevención.

Durante su intervención, insistió en la importancia de contar con sistemas y procedimientos de actuación que permitan actuar de forma casi inmediata ante la irrupción de episodios meteorológicos extremos. Europa Press detalló que el mandatario valoró que, gracias a la experiencia adquirida con la tragedia de la dana, hoy existe mayor conocimiento sobre cómo actuar, aunque es esencial mantener una actitud de mejora continua en la coordinación entre los diferentes niveles de la administración y en la calidad de la respuesta técnica.

García-Page reiteró la importancia de “aprender también de estas desgracias” y consideró necesario intensificar la colaboración entre autonomías y Estado para consolidar sistemas más ágiles y automáticos frente a futuras eventualidades relacionadas con el clima y los desastres naturales, según recogió Europa Press.

Desde enero de 2025, los trabajadores públicos amparados por el Decreto Legislativo N.º 276 deberán retirarse obligatoriamente al cumplir 70 años de edad, según dispone la Ley N.º 32199, que fue promulgada en diciembre de 2024. La norma introduce un cambio significativo al establecer un límite uniforme de edad para el cese laboral dentro del Estado, modificando el marco previo en el que el retiro podía presentarse bajo diversas condiciones y edades, dependiendo del régimen.

Con esta medida, el Legislativo busca homogeneizar los criterios de retiro en todas las entidades estatales, evitando las diferencias que existían entre instituciones sobre el momento en que un trabajador debía dejar el cargo. Hasta antes de su aprobación, cada organismo aplicaba reglas distintas, lo que generaba confusión, desigualdad y dificultades para la gestión de personal.

De acuerdo con la nueva disposición, los trabajadores podrán continuar en funciones hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan los 70 años, sin excepciones ni prórrogas. Esta regla busca que los procesos de cese se realicen de forma ordenada y previsible, permitiendo una mejor planificación de los recursos humanos dentro del Estado.

Criterios laborales en el Estado

La Ley N.º 32199 introduce modificaciones al Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con el propósito de establecer parámetros comunes para todos los trabajadores estatales. Su alcance abarca al personal con contrato indefinido en ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones sujetas a dicho régimen.

El principal objetivo de esta reforma es eliminar las diferencias en las condiciones de retiro y beneficios laborales que existían entre entidades públicas. De esta manera, se busca promover una administración más transparente, equitativa y sostenible, donde todos los servidores tengan las mismas reglas sin importar la dependencia en la que laboren.

Además, la norma forma parte de un proceso de modernización de la gestión pública, orientado a garantizar que los recursos humanos del Estado se administren con criterios de eficiencia, meritocracia y renovación generacional.

Cambios en licencias sin goce

Junto con el nuevo límite de edad, la Ley N.º 32199 establece modificaciones en el régimen de licencias sin goce de haber. A partir de 2025, los servidores públicos podrán acceder a este beneficio por un máximo de tres años dentro de un período de cinco años, ya sea de manera continua o interrumpida.

El cambio busca brindar mayor flexibilidad a los trabajadores para atender asuntos personales o familiares sin perder su vínculo laboral con el Estado. Antes, los plazos variaban según cada entidad, lo que generaba confusión y diferencias entre los regímenes de trabajo.

Con este ajuste, se unifican los procedimientos y se da mayor claridad a los empleados públicos sobre sus derechos y obligaciones, en concordancia con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que vela por la correcta aplicación de la normativa.

Nuevo cálculo de CTS

La ley también redefine el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), buscando que el beneficio sea equitativo y transparente en todo el sector público. A partir de este año, los servidores comprendidos en el régimen 276 recibirán el 100 % de su remuneración total por cada año completo o fracción mayor a seis meses de servicio.

Este cálculo considera los conceptos del Monto Único Consolidado (MUC) y la Escala Base del Incentivo Único (CAFAE), promediados en los últimos 36 meses laborados. De esta forma, se asegura que el monto refleje de manera justa los ingresos percibidos por el trabajador durante su permanencia en la institución.

Asimismo, si un empleado se reincorpora al Estado tras su cese, la CTS previamente pagada se tomará como cancelatoria del tiempo de servicios anterior, evitando duplicidades o cobros indebidos.

Objetivo de la reforma

El objetivo central de la reforma es ordenar la administración del talento humano en el Estado, estableciendo criterios uniformes para el ingreso, permanencia y retiro de los trabajadores públicos. Al definir una edad límite común, el Gobierno podrá planificar las jubilaciones con anticipación y garantizar procesos de reemplazo más ágiles.

La medida también apunta a impulsar una renovación generacional dentro del sector público, permitiendo que nuevos profesionales ingresen al servicio del Estado bajo condiciones más transparentes. Según expertos en gestión pública, la norma contribuirá a una administración más moderna, eficiente y predecible.

Requisitos para trabajar en el Estado

La Ley N.º 32199 está vigente desde enero de 2025 y su cumplimiento es obligatorio en todas las entidades estatales del país. Los trabajadores actuales bajo el régimen 276 deberán cesar sus funciones al finalizar el año en que alcancen los 70 años, mientras que las nuevas contrataciones deberán respetar las condiciones establecidas.

Para ingresar al Estado, los postulantes deben participar en un concurso público de méritos, cumplir con el perfil profesional requerido, acreditar buena conducta y salud, y presentar los documentos que validen su experiencia laboral.

Las convocatorias oficiales continúan publicándose en los portales institucionales y en el sitio web de SERVIR, entidad encargada de supervisar la correcta aplicación de las normas sobre empleo público.

¿Cuál es el límite de edad en otros países de la región?

En América Latina, los límites de edad para trabajar en el sector público varían según cada país y el tipo de cargo. En países como Argentina y México, la edad máxima para la jubilación obligatoria está vinculada al régimen previsional y suele ubicarse entre los 65 y 70 años para la mayoría de los empleados estatales.

Sin embargo, existen excepciones en áreas específicas, como el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, donde se aplican límites distintos. En Brasil, la edad máxima para la permanencia en cargos públicos normalmente es de 75 años, establecida por una enmienda constitucional, mientras que en Chile la jubilación también ronda los 65 años, aunque ciertas posiciones permiten extender la actividad laboral bajo condiciones especiales.

En la comparación regional, el nuevo límite en Perú se mantiene dentro del rango adoptado por los países sudamericanos, aunque la flexibilidad en su aplicación y las posibles excepciones podrían marcar diferencias en la práctica. El debate sobre la edad máxima para la función pública continúa abierto en varios países, considerando tanto el bienestar de los trabajadores como las necesidades institucionales de renovación y experiencia en la administración estatal.

De acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia N° 00008-2024-PI/TC, el proceso de extinción de dominio es constitucional y puede proceder sin una sentencia penal firme. Este mecanismo se encuentra diseñado para actuar sobre activos relacionados con estructuras criminales, permitiendo al Estado recuperar bienes de origen ilícito sin necesidad de esperar una condena penal definitiva. El tribunal enfatizó: “no es factible subordinar la extinción de dominio a la existencia de una sentencia condenatoria”, diferenciando así este proceso de la figura del decomiso.

La investigación que motivó esta sentencia surgió a partir de una denuncia presentada en mayo de 2021, que señalaba a Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos. El Ministerio Público identificó dos sumas principales: S/. 376.969,13 depositados en una cuenta del BBVA y S/. 1’236.543,30 vinculados a un cheque de gerencia del Banco Interbank. Ambas cantidades fueron incautadas y transferidas a cuentas estatales tras detectarse movimientos financieros inusuales y sin respaldo documental.

Análisis patrimonial y fundamentos de la sentencia

El análisis pericial, pieza clave del proceso, fue realizado por tres peritos contables y abarcó el periodo de 2008 a 2021. El informe concluyó que Cerrón Rojas registraba un desbalance patrimonial acumulado de S/. 6’241.140,66, con ingresos legítimos por S/. 885.990,26 provenientes de su trabajo en EsSalud, el Gobierno Regional de Junín y la Universidad Nacional del Centro, frente a depósitos y transferencias sin origen conocido por más de S/. 5 millones. Los egresos incluyeron tributos, viajes, compra de vehículos, donaciones, gastos familiares y aportes a Perú Libre, sumando S/. 2’231.399,50.

El juzgado de primera instancia concluyó que este desbalance, junto con las transferencias de efectivo y las operaciones bancarias, demostraban actos de conversión y ocultamiento, características propias del delito de lavado de activos. También verificó que Cerrón no logró acreditar el origen lícito de los fondos ni presentó documentación suficiente para desvirtuar la imputación. El fallo indicó: “los fondos y activos no tenían sustento en su economía personal ni en su historial laboral, y el uso de cuentas a plazo, transferencias cruzadas y constitución de fondos mutuos revelaban un patrón de ocultamiento financiero”.

La defensa de Cerrón argumentó en apelación que la reciente Ley N° 32326, modificatoria del Decreto Legislativo N° 1373, exige una sentencia penal firme para proceder con la extinción de dominio. Además, cuestionó la valoración de la prueba pericial y sostuvo que la sentencia se basó únicamente en el informe oficial, sin considerar adecuadamente los ingresos declarados ni los reportes de SUNAT, donde solo se identificó un incremento patrimonial injustificado de S/. 9.720,00 para el periodo fiscal 2020.

Apelación y fundamentos del fallo

El tribunal de apelación rechazó estos argumentos, señalando que la Ley N° 32326 no tiene efectos retroactivos sobre situaciones jurídicas ya consolidadas. Además, recordó que la extinción de dominio, por ser un proceso de naturaleza patrimonial y autónoma, no está sometida al principio de favorabilidad penal. El colegiado precisó: “la ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos sobre los hechos pasados y consumados. La irretroactividad es la regla, excepto en materia penal cuando favorece al reo, principio que no se aplica al proceso de extinción de dominio por su naturaleza autónoma, real y patrimonial”.

Respecto a la valoración de la prueba, la sala determinó que el juzgado de primera instancia realizó una evaluación individual y conjunta de los medios presentados, conforme a las reglas de la sana crítica y respondiendo a los argumentos de la defensa. La defensa técnica pudo presentar una pericia de parte y observar la pericia oficial, pero no lo hizo. El tribunal puntualizó: “no existió afectación alguna al derecho de defensa, en su vertiente del derecho a probar. Y es que, conforme el mismo abogado defensor aceptó en audiencia, nunca presentó prueba pericial de parte, a pesar que estaba en todo su derecho de hacerlo; luego no puede alegar que el juez de instancia no realizó una pericia de oficio”.

La Sala de Apelaciones respaldó su decisión en estándares internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción, que autorizan la extinción de dominio y la confiscación de bienes ilícitos sin condena penal, siempre que se respeten las garantías procesales. En ese marco, declaró infundada la apelación de Vladimir Cerrón y confirmó la transferencia de S/ 376,969.13 y S/ 1’236,543.30 al Estado peruano, representado por el PRONABI.

El trabajo estatal tiene un peso destacado en la ocupación en Argentina y presenta grandes contrastes entre provincias. La mayoría de los empleados públicos trabaja en los niveles provinciales y municipales, con fuertes diferencias en cantidad de personal y salarios según la zona.

En regiones patagónicas y algunos distritos del norte el empleo público resulta más numeroso, en tanto que en las provincias con economías más grandes predomina el sector privado y hay menos presencia estatal.

Según datos del Indec, al segundo semestre de 2025 el 15,8% de los ocupados trabaja en el sector público. De ese total, un 21% pertenece al ámbito nacional, un 66% al provincial y un 13% al municipal.

“Esto refleja el alto grado de descentralización del empleo estatal en el país, donde los gobiernos subnacionales son responsables de la mayor parte de los servicios estatales como educación, salud y seguridad, por lo que concentran la mayor dotación de personal”, señaló un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104)

De acuerdo con la información más reciente de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), en diciembre de 2024 se registraron 50 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes en Argentina.

Este promedio nacional esconde notorias diferencias: Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104).

En el otro extremo, Córdoba (33 cada 1.000 habitantes), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44) son las provincias con menor peso del empleo público sobre la población.

Ecosur destacó que, de este modo, el top 5 de provincias con más peso del empleo público cuentan con entre 3 y 4 veces más trabajadores provinciales por habitante que las últimas del ranking.

Factores estructurales y políticos

“Estas diferencias responden tanto a factores estructurales (como la densidad poblacional o la estructura productiva), como a las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales a lo largo del tiempo. Provincias menos pobladas, como las patagónicas, La Rioja o Catamarca, registran una elevada cantidad de empleados públicos por habitante, pero también se destacan otras del norte y noreste argentino que, pese a tener mayor densidad poblacional, mantienen una fuerte presencia del Estado como empleador”, subrayó el informe.

En cambio, las jurisdicciones más grandes en términos de producción (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) presentan una menor proporción de empleo público sobre la población, reflejando economías mayor participación del sector privado.

Gasto en empleo público y salarios

En línea con lo que sucede con la cantidad de trabajadores del sector público, existe una amplia dispersión del gasto en personal entre provincias. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz fueron las de mayor gasto per cápita en 2024.

En contraste, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubican entre las provincias con menor gasto en personal por habitante.

La brecha entre ambos extremos es amplia: mientras estas últimas gastaron menos de un millón de pesos anuales per cápita (a precios de agosto de 2025), todas las patagónicas gastaron el triple o más.

A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados públicos, Ecosur estimó el costo laboral promedio de cada administración provincial. Aclararon que, aunque los valores no equivalen al salario promedio por incluir aportes patronales y otros conceptos vinculados a distintas formas de contratación, representa una estimación válida del ingreso medio en el empleo estatal provincial y facilita comparaciones entre diferentes jurisdicciones.

En ese sentido, se evidencian fuertes diferencias entre jurisdicciones. Neuquén y Santa Cruz son las de costo laboral más alto, con un gasto mensual promedio de $3,1 y $2,8 millones por empleado, seguida por CABA ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones). En base a estas cifras, se tratarían de las provincias con los niveles salariales más altos del sector público provincial.

Además, “Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz se destacan por combinar elevado costo laboral y alta dotación de personal por habitante, lo que las posiciona entre las provincias con mayor gasto en personal en relación con su población”, resaltó Ecosur.

Por el contrario, La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones) registran los costos laborales más bajos del país.

“Todas estas provincias presentan una proporción de empleo público superior al conjunto de las 24 las jurisdicciones, aunque con remuneraciones significativamente menores. Se destacan particularmente La Rioja y Jujuy, que ocupan el segundo y séptimo lugar, respectivamente, entre las provincias con mayor cantidad de empleados públicos por habitante”, analizó el reporte.

El cruce entre cantidad de empleados públicos y nivel de remuneraciones muestra que las provincias patagónicas reúnen tanto una gran dotación de personal como salarios elevados, lo que implica un mayor gasto estatal por habitante.

En tanto, distritos como Jujuy y La Rioja presentan alta presencia de empleo público, aunque con sueldos bajos. A su vez, las jurisdicciones de mayor tamaño, excepto la Ciudad de Buenos Aires, exhiben una proporción reducida de trabajadores estatales por habitante y niveles salariales próximos al promedio nacional.

Evolución de la última década

Desde 2012, el empleo público provincial se mantuvo en una tendencia de crecimiento estable y moderado, con una tasa promedio anual del 1,2%, apenas por encima del aumento poblacional (0,9%). En cambio, el empleo público nacional exhibió una evolución más irregular, marcada por fuertes contrastes según las decisiones de cada gobierno.

Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la cantidad de trabajadores en la Administración Nacional aumentó un 34%; bajo Mauricio Macri cayó un 10%; con Alberto Fernández creció un 4%; y en lo que va del gobierno de Javier Milei se redujo un 16 por ciento.

Aunque el empleo provincial no varió de manera significativa en función del signo político del gobierno nacional, el gasto en personal de las provincias sí replicó, en parte, la dinámica del sector público nacional.

En términos reales, alcanzó su punto máximo en el segundo mandato de CFK, con un incremento acumulado del 20%; avanzó 4% durante la gestión de Fernández; retrocedió 11% en el período de Macri; y, en el primer año del gobierno de Milei, se contrajo un 15%, baja similar a la del gasto total provincial.

En el ámbito nacional, el costo laboral se mantuvo relativamente estable durante el segundo mandato de CFK, pero registró una fuerte reducción entre 2015 y 2020. Tras la salida de la pandemia, repuntó un 32% hasta diciembre de 2023, aunque volvió a caer un 21% a lo largo de 2024.

En el plano provincial, el indicador aumentó un 11% entre 2011 y 2015, pero luego inició una tendencia descendente sostenida. Así, en diciembre de 2024 el costo laboral promedio fue 15% inferior al nivel de diciembre de 2011 en el conjunto de las provincias, y 40% menor en la Administración Nacional.

Esta evolución se corresponde con la caída del salario público reflejada en el Índice de Salarios del Indec, que muestra una disminución real del 39% en el mismo período, superior a la registrada en el salario privado formal (-23%).

Cuando compramos un coche tenemos muy claras las ventajas que supone: obtenemos libertad e independencia, comodidad a la hora de viajar sin importar el clima, se ahorra tiempo y facilita muchas de las tareas del día a día. Pero una de las grandes preocupaciones de los conductores es el tema económico: ¿Cuánto me va a suponer para el bolsillo adquirir y disfrutar de este bien?

El experto del mundo del automóvil y creador de las cuentas de Youtube y TikTok @garaje.hermetico ha publicado un vídeo donde estudia cada una de las vías donde el Estado se beneficia económicamente de los automovilistas. “Es la vaca lechera del Estado” comenta tajante el experto.

“El automóvil se ha convertido en muchos países en una máquina de recaudar. En España entrega a las arcas del Estado alrededor de 40.000 millones de euros al año”. Esta cifra, en comparación, supone el triple de lo que gasta el gobierno español en defensa. Pero, ¿de dónde sale todo este dinero? El experto ha hecho un análisis de cada una de las vías de obtención:

“Comprarse un coche: el primer gran ‘sablazo’”

Lo primero que se paga a la hora de comprar un coche es un IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido del 21%: “Para que nos hagamos una idea, en 1995 este impuesto era del 16%. En julio de 2010 subió al 18% y, en plena crisis, en septiembre de 2012, nos dieron la estocada final con el 21%”, explica el divulgador. “Es uno de los más elevados de Europa. En Alemania es del 19%”.

A continuación, se paga el Impuesto de Matriculación, que oscila entre el 4,75% (para emisiones mayores de 120 gr/km CO2 y menores de 160 gr/km CO2) y el 9,75% (para emisiones mayores o iguales a 160 km/h y menores de 200 gr/km CO29, según CEA. Sin embargo, la aplicación de este impuesto genera controversia. Desde la perspectiva de algunos expertos, se trata de “un tributo que, en la mayoría de los países europeos serios, simplemente no existe”. Aunque se presenta como un impuesto de carácter ecológico, por gravar las emisiones contaminantes, hay quienes lo consideran “una de las mayores trampas fiscales de la historia reciente”.

“El ‘ordeño’ diario: usar el coche”

El Impuesto de Circulación, también conocido como Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), es un tributo anual obligatorio que grava la posesión de vehículos de tracción mecánica en España y se paga en el municipio donde el vehículo tiene su domicilio fiscal al 1 de enero del año en curso. Su coste varía según el municipio y la potencia fiscal del vehículo, como indica la DGT. Esta variabilidad genera fuertes críticas. “Cada ayuntamiento decide cuánto te ‘clava’ en un ejercicio de arbitrariedad inaudito”, denuncia el experto, quien califica las diferencias entre municipios como “demenciales”.

Sin embargo, el verdadero peso fiscal para los conductores llega por otra vía. “La mina de oro del Estado”, según el experto, es el combustible. Más de la mitad del precio que pagan los consumidores por cada litro de gasolina o diésel corresponde a impuestos. Entre el IVA y los impuestos especiales, el combustible se convierte en una fuente constante de recaudación para las arcas públicas.

“La multa como modelo de negocio”

El organismo encargado de regular las multas es la DGT o Dirección General de Tráfico. Se trata de un organismo autónomo del Ministerio del Interior de España encargado de ejecutar la política vial, mejorar la seguridad en las carreteras, regular la circulación y gestionar los servicios relacionados con los permisos de conducir y la circulación de vehículos. En 2023, este organismo batió su récord en multas, ingresando 507 millones de euros. “Pere Navarro se ha convertido en un auténtico recaudador” indica el especialista con ironía.

El gran total: 40.000 millones de euros anuales

“Si metemos en una coctelera el IVA, el Impuesto de Matriculación, el de Hidrocarburos, el de Circulación, tasas, multas y demás, la cifra es mareante”, advierte el experto. Según los últimos datos consolidados de 2023 de ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles, el sector de la automoción aporta cada año cerca de 40.000 millones de euros a las arcas del Estado, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos públicos en España.

El vídeo, que mantiene un tono de crítica social constante, culmina con una pregunta provocadora: “¿Qué recibimos a cambio de este esfuerzo fiscal titánico?”. La respuesta del experto es contundente: “La lógica y la justicia brillan por su ausencia”. Y añade con ironía: “¿Una red de carreteras impecable? ¡Nada más lejos de la realidad!”.

El último informe de la Asociación Española de la Carretera respalda esta afirmación: el déficit acumulado en mantenimiento de infraestructuras viarias supera los 11.000 millones de euros. “El automóvil se ha convertido en el pilar financiero oculto del Estado español. Somos un cajero automático con ruedas para un sistema que recauda sin cesar y que no reinvierte de forma justa”, concluye.

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la situación económica del país y las desviaciones de dinero que se podrían estar dando debido a la corrupción que hay dentro del sistema y afirmó que el centro de la problemática es la presencia de delincuentes que se hacen a dineros que son del Estado y la implementación de tecnologías que no va acorde al momento que se vive:

“Se estima que en Colombia se roban 70 billones de pesos al año. O sea que no es que falte plata, es que sobran ladrones. ¿Cómo se controla? Reduciendo el tamaño del Estado, haciendo al Estado eficiente, usando tecnologías de información, que parece que el Estado viviera en el siglo diecinueve”.

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La funcionaria aseveró que una de las dificultades es la demora en los trámites que permiten las operaciones de las macroempresas y los productores y/o comerciantes: “Que a usted le respondan electrónicamente, que no lo dejen esperando tres años por un registro del Invima o un permiso del ICA, por ejemplo, para una importación de una semilla. El Estado se volvió una carga y por eso es ladrón”.

Finalmente, hizo una propuesta, que, a su concepción, considera podría empezar a contribuir con esta problemática a nivel nacional y el desfalco a las instituciones: “Reducir ese tamaño y usar la tecnología de blockchain (tecnología de cadena de bloques es un mecanismo avanzado de bases de datos que permite compartir información transparente dentro de la red de una empresa. Una base de datos de cadena de bloques almacena los datos en bloques que se vinculan entre sí en una cadena) para la contratación pública hace que sea inmodificable el procedimiento y descubramos más fácil quién está metiendo la mano”.

María Fernanda Cabal reveló la millonada que les costó a los colombianos el documental sobre Petro

El reciente estreno del documental “Petro: décadas de lucha. Un pueblo decide” en Señal Colombia ha encendido un intenso debate en la arena política nacional, a raíz de la crítica lanzada por la senadora María Fernanda Cabal, quien denunció el uso de recursos públicos en la financiación y adquisición de la producción. La congresista del Centro Democrático sostiene que este acto constituye propaganda estatal a favor del presidente Gustavo Petro, lo que considera una utilización indebida del erario.

La controversia tomó relevancia cuando Cabal, a través de sus redes sociales, compartió detalles sobre el contrato que permitió la transmisión de la película. Según la información publicada por la senadora y recogida por sus propios mensajes en X, el documental fue adquirido por Rtvc —el sistema de medios públicos— a Parkway Pictures LLC por un valor de USD10.000, estipulando un permiso para cuatro emisiones, además de difusión en plataformas OTT y otros medios autorizados.

“El video ‘documental’ sobre Petro que emitió RTVC fue comprado por un valor de USD10.000. Cada una de las emisiones según el contrato cuesta USD3.333. No hay derecho que estén gastando la plata de los colombianos en la megalomanía de Petro, que se siente todo un Nerón mientras Colombia arde (sic)”, afirmó María Fernanda Cabal en su cuenta oficial.

La legisladora, reconocida por su rol como opositora, fue enfática al señalar una supuesta falta de prioridades por parte del Gobierno. Desde su perspectiva, la inversión en este tipo de contenidos representa “un gasto injustificable en un país con serias dificultades económicas y sociales”. En palabras atribuidas por la congresista a su intervención pública, “No hay derecho que aquí los colombianos trabajen para que él ordene documentales para hacerse autopropaganda”.

Por su parte, los responsables de la producción han declarado que el objetivo era retratar de manera integral las “transformaciones políticas del país y el papel del actual jefe de Estado en ese proceso”. El documental, dirigido por el estadounidense Sean Mattison, recorre momentos cruciales de la trayectoria de Petro, desde sus inicios en el desaparecido grupo M-19 hasta su llegada a la presidencia en 2022, con una duración total de 98 minutos.

El contrato difundido por Cabal detalla que los derechos de uso de la obra son intransferibles, contemplando transmisión por señal abierta, servicios de streaming y otras plataformas autorizadas por Señal Colombia. El costo, pagado en dólares estadounidenses, ha sido uno de los argumentos empleados por la senadora para resaltar la dimensión del gasto estatal en un contexto que, según ella, requiere mayor austeridad en sectores como economía, seguridad y empleo.

Las acusaciones de la legisladora insisten en que la participación protagónica de Petro y el formato elegido para la difusión no se enmarcan en una lógica estrictamente informativa o cultural, sino que constituyen “propaganda financiada con dinero público”.

El debate sobre la legitimidad de emplear medios estatales para difundir imágenes y relatos de figuras en ejercicio del poder no es nuevo en el país, aunque en esta oportunidad se intensificó por el alcance y características del proyecto, así como por el hecho de haber contratado con una productora internacional.

Ni el Gobierno ni RTVC han emitido, hasta ahora, declaraciones públicas sobre nuevas emisiones o el presupuesto total destinado a este documental, permaneciendo como dato oficial únicamente el valor señalado de USD10.000 para los derechos de emisión, conforme a lo revelado por María Fernanda Cabal a través de la documentación contractual divulgada en sus redes sociales.

La dinámica de este 2025 incluye una serie de elecciones que están generando vaivenes tanto en los actores políticos como en los mercados. Desde los ecosistemas empresariales e industriales jóvenes nos toca la prudencia. No es la primera vez ni será la última que un proceso electoral arroje un resultado sorpresivo o que afecta a un partido o movimiento en particular. Independientemente de una elección, el cambio más urgente es cultural y nos compete a todos los protagonistas, tanto del sector público como privado.

En la Argentina, ser empresario significa tomar decisiones en un contexto lleno de incertidumbre: la inestabilidad macroeconómica, la inflación persistente, la dificultad para acceder a crédito o importar insumos y los cambios permanentes de reglas de juego son obstáculos que conocemos. Ante esto, el cambio cultural debería sentar la premisa de no paralizarse ni quedarse en los reclamos, sino que ser resiliente y ver las oportunidades. Un primer paso en ese sentido es impulsar un desarrollo compartido, federal y sostenible que cambie de raíz la forma en la que entendemos el rol del empresario.

Esta renovación es -lisa y llanamente- quebrar viejas prácticas. Durante mucho tiempo primó una perspectiva enfocada exclusivamente en la defensa de intereses particulares y con una mirada de corto plazo. Esa es probablemente una de las causas del estancamiento de nuestra economía. La nueva generación no debe buscar solamente que sus compañías crezcan: tiene que generar valor y desarrollo para la Argentina a través de una perspectiva integral, conectándose con la comunidad y con el mundo. En limpio: hacer empresa en nuestro país debe implicar pagar impuestos, crear empleo de calidad, innovar, y al mismo tiempo ocuparse de la sustentabilidad ambiental y social.

En segundo lugar, forjar lazos con empresas de mercados extranjeros más competitivos es una práctica fundamental. Si forjamos vínculos y copiamos buenas prácticas de aquellos pioneros que lideran podemos incluso evitar los errores que cometieron y construir formatos superadores y que compitan a nivel mundial.

En esta línea, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios es un modelo evolutivo hacia la construcción de un círculo virtuoso. UNAJE cuenta con 500 empresarios menores de 45 años, que generan 32.000 empleos directos y una facturación consolidada superior a 4.000 millones de dólares anuales. Más allá de la cifra, lo central es que trabaja con dueños y dueñas de empresas en 15 provincias y más del 75% de los empresarios están fuera del AMBA: desde Metán, en Salta, hasta Comodoro Rivadavia, en Chubut. Ese arraigo federal es respuesta a otra traba histórica: el centralismo que durante décadas limitó el desarrollo argentino. También impulsa a que las empresas inviertan en producción local, desarrollo de capacidades, plantas de reciclaje, energías renovables y en el recurso más valioso que tienen las empresas: los equipos. Un ejemplo concreto de las organizaciones como motor de impacto positivo en su comunidad y en el país.

Recientemente, en la 8.ª edición del Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios que organizamos desde UNAJE, en Buenos Aires, con la asistencia de más de 700 empresarios de la región, reafirmamos la propuesta de un modelo de empresa más abierto, diverso y comprometido con el desarrollo colectivo del país.

Desde otra perspectiva, estos espacios son importantes para llevar adelante conversaciones y reclamos relevantes para el ecosistema, pero sin perder el eje de la responsabilidad que cada empresa tiene para desarrollar un país mejor para todos. Entonces ¿qué necesitamos para que este potencial se multiplique? Si bien la presión impositiva es un tema importante, no podemos reducir el diagnóstico a este punto. La solución requiere reglas claras y estables, simplificación burocrática, acceso al financiamiento y políticas activas de formación en oficios y economía del conocimiento. Sin talento no hay competitividad, y sin competitividad no hay futuro. Volvemos a lo mismo: el Estado debe promover pero las empresas no podemos quedarnos atrás y tenemos la responsabilidad de actuar, estableciendo sinergias para crear oportunidades reales para el desarrollo de más empresas y empleos de calidad. Necesitamos que los empresarios se involucren en estos temas. Tenemos que proponer soluciones y hacernos cargo del rol que queremos tener.

Hay una realidad dual que es alarmante y nos aleja de los países vecinos: Argentina tiene apenas unas 14 empresas por cada mil habitantes, frente a las 25 de Brasil o más de 30 en México y Chile. Esa brecha explica mucho de nuestro atraso, pero hay otro dato que deja ver una luz de esperanza; el Reporte Global de Contratación 2024 confirmó que los contratos con argentinos para trabajar de forma remota en el extranjero crecieron en un 54%. Así, los trabajadores del país se ubicaron entre los de Estados Unidos, Filipinas, India y Gran Bretaña, como los más solicitados por empresas del exterior.

Hay más de una razón que explica la tendencia, pero una fundamental es el talento. Entonces, ¿cómo hacer para que ese talento se traduzca en más y mejores empresas que generen más desarrollo por y para nuestro país? La respuesta está en las redes colectivas, el empresariado consciente y responsable y la articulación transparente entre el ámbito público y el privado.

Nos puede servir como premisa para que el foco del debate no se pierda y asumirnos, todos, como responsables del futuro del país.

Es ahora. Tenemos con qué.

Un día como hoy pero de 1990, en nuestro país, se sancionó la Ley 23.849 a través de la cual se aprobó en el derecho interno la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Este hecho significó un cambio de paradigma: se pasó de un modelo tutelar/asistencialista a un sistema de protección integral de derechos en el que las niñas, niños y adolescentes comenzaron a desarrollarse como individuos y miembros de la familia y la comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez.

Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho con capacidad para participar y ser escuchados no solo fue un gesto jurídico de relevancia sino también una posición política y social. Política porque, sin dudas, es el Estado el que debe velar por sus garantías constitucionales a través de políticas públicas eficientes y el cumplimiento efectivo de las mismas. Social porque, también, es responsabilidad de la sociedad toda proteger las infancias asegurando su bienestar y desarrollo.

A lo largo de estos 35 años, hemos asistido a la creación de organismos de protección a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al otorgamiento de rango Constitucional a la Ley 23.849; a la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral que además establece la aplicación obligatoria de la Convención; y a la sanción de leyes de educación, identidad, salud sexual y reproductiva.

Los avances son innegables pero las deudas son inadmisibles porque durante todos estos años también hemos asistido al crecimiento estructural de la pobreza infantil, (81% en hogares con clima educativo muy bajo y 60% en aquellos monoparentales liderados por mujeres), a la vulneración de derechos básicos como el acceso al agua potable y a una alimentación nutritiva. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes sufren inseguridad alimentaria.

Sin dudas, nuestra sociedad viene experimentando un retroceso en la conquista de derechos adquiridos que trasladado a las infancias y adolescencias, lo vemos por ejemplo, en la violación indirecta de derechos fundamentales cuando, producto del desfinanciamiento sistemático, por parte del Gobierno Nacional, de la salud pública en general y del Hospital Garrahan en particular, no se garantiza el derecho a la salud integral de esas niñas, niños y adolescentes.

El ajuste económico que en promesas de campaña iba a recaer sobre “la casta” terminó afectando a los más vulnerables. La falta y el debilitamiento de políticas públicas que promuevan, protejan y restituyan los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes vuelve a instalar una mirada asistencialista sobre las infancias y se aleja cada vez más de nuestra visión de protección integral.

Celebrar los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño no alcanza cuando no hay un compromiso real con su cumplimiento, ni cuando en el plan del gobierno nacional las variables de ajuste recortan derechos de niñas, niños y adolescentes.

Nuestro país adhirió a la Convención para cumplirla activamente, para que el Estado, la sociedad y cada generación asuman el compromiso de ser parte de las garantías constitucionales de infancias y adolescencias que deben desarrollarse en un ambiente sano que propicie su bienestar y crecimiento.

Hoy más que nunca tenemos la enorme y difícil tarea de defender los derechos de quienes son el futuro de nuestro país, pero para que sean el futuro también debemos poder garantizarles un presente con derechos y eso es lo que vamos a seguir haciendo quienes estamos convencidos de que la política es esa herramienta de transformación necesaria para mejorar la vida cotidiana de cada ciudadana y ciudadano de nuestra país.

En la discusión sobre el futuro de las ciudades, solemos enfocarnos en temas como el transporte público, los autos eléctricos o las ciclovías. Pero hay un aspecto que atraviesa silenciosamente la vida cotidiana de millones de personas y tiene un impacto directo en el orden urbano: dónde y cómo estacionamos.

El estacionamiento es parte integral del ecosistema de movilidad. Y, sin embargo, en muchas ciudades de América Latina, sigue regido por la lógica de la improvisación, la informalidad y la falta de planificación. Lo que debería ser un componente técnico de la circulación, se convierte en un punto crítico de conflicto, congestión y —muchas veces— extorsión.

Estacionar no debería ser un problema Hoy, estacionar en un evento masivo —un recital, un partido de fútbol, una feria o una celebración cultural— implica exponerse a calles cortadas, precios arbitrarios, tensión vecinal y operadores informales que se apropiaron del espacio público. En ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Lima o CDMX, esto dejó de ser anecdótico para convertirse en norma.

El problema es doble: por un lado, el estrés individual de quien busca dónde dejar el auto. Pero también el impacto colectivo: embotellamientos, bocinazos, discusiones, consumo innecesario de combustible, pérdida de tiempo, emisiones de CO₂ y tensión social. A esto se suma un aspecto clave: la seguridad. Los bloqueos de calles, los cruces entre automovilistas y la presencia de operadores informales sin control no sólo generan malestar, también aumentan el riesgo de enfrentamientos y situaciones violentas. Lo que debería ser un trámite simple se transforma en una amenaza latente para la convivencia y la integridad de las personas.

El cambio cultural que necesitamos Lo que hace falta no es solo tecnología. La tecnología ya está: mapas, reservas anticipadas, pagos digitales, trazabilidad. Lo que cuesta más es cambiar la cultura urbana, la costumbre de hacer las cosas de forma improvisada o “como siempre se hicieron”.

Un ejemplo cercano fue la llegada de Uber a Argentina en 2016. En su momento, generó una reacción inmediata del sistema tradicional de taxis, que resistió su avance con protestas, recursos legales y presión política. Pero a pesar de todo, la demanda social por una solución más cómoda, segura y digital fue más fuerte que cualquier bloqueo.

Lo mismo ocurrió con el boom de Rappi y otras apps de delivery, que obligaron a transformar el comercio, la logística y hasta la forma en que pensamos el entorno urbano. Pero además de resolver un problema de conveniencia, crearon una nueva herramienta de trabajo para miles de personas y abrieron canales digitales complementarios que generaron rentabilidad y permitieron a los comercios llegar mejor a sus clientes. La tecnología no solo ordenó procesos: amplió oportunidades económicas.

Los sectores que siempre tuvieron el control de un sistema informal naturalmente van a defenderlo. Pero las tecnologías que democratizan terminan imponiéndose porque mejoran la calidad de vida.

Formalizar lo que estuvo siempre informal Formalizar lo que estuvo siempre informal implica tocar intereses. Pero también significa generar beneficios reales: para el usuario que se organiza mejor, para el dueño de un predio que ahora gana ingresos legales, y para el Estado, que gana visibilidad y capacidad de gestión.

Cuando el estacionamiento se digitaliza, el Estado deja de apagar incendios y puede empezar a planificar. Puede saber cuántos autos ingresan, por dónde, a qué hora. Puede coordinar operativos de tránsito, de seguridad y de emergencia con información real. Puede detectar saturaciones antes de que ocurran. Puede recuperar autoridad.

Y lo más importante: puede generar alianzas con el sector privado para transformar algo tan básico como estacionar en una experiencia ordenada, segura y útil para todos. Porque una ciudad más inteligente no es la que tiene más sensores, sino la que toma decisiones inteligentes en problemas reales.

Democratizar también es dar opciones En el fondo, tecnología bien aplicada es tecnología que mejora la vida. Y en ciudades donde todavía persiste una cultura de la trampa, el atajo o el “yo te acomodo”, usar una plataforma para reservar un estacionamiento puede parecer menor, pero en realidad es un acto de ciudadanía moderna.

No hay progreso sin conflicto. Siempre habrá sectores que resistan el orden cuando siempre vivieron del desorden. Pero esa no puede ser una razón para detenerse. Al contrario: es una razón más para avanzar.

La movilidad urbana no se cambia con slogans, sino con decisiones concretas. Y si logramos que miles de personas lleguen a un evento sin estrés, sin vueltas, sin extorsiones, sin riesgos de violencia y sin contaminar más de la cuenta, estamos haciendo mucho más que estacionar: estamos mejorando la Ciudad.

El obispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, realizó un fuerte reclamo en las últimas horas por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos, así como la omisión y el retardo de las cuotas convenidas para el sostenimiento de los centros que, en condiciones muy precaria, todavía están funcionando”.

Como parte de la homilía realizada en conmemoración a Ceferino Namuncurá, en Río Negro, Colombo advirtió: “Una mirada meramente policial y judicial de la problemática de las adicciones nos deja sin herramientas para afrontar este flagelo, que deja a generaciones de jóvenes en la frustración y el sinsentido de la vida, además de poner en peligro su salud y la de su familia”.

“En la Iglesia argentina, Ceferino es patrono de la pastoral de adicciones; su identificación con Jesús nos invita a acompañar todos los esfuerzos para cuidar la vida amenazada de tantos hermanos adictos que desean salir de su situación”, planteó el representante máximo de la Conferencia Episcopal del país. Y agregó: “Pidamos a Ceferino que interceda ante el Señor para que se detengan esos verdaderos signos de muerte”.

Meses atrás, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia expresó su preocupación por el gran crecimiento del narcotráfico y “la despenalización de hecho” de la venta y consumo de drogas a lo largo de todo nuestro país. En el documento, se observó: “En las ciudades y pueblos de nuestro país, particularmente en las periferias y barriadas pobres, vemos que el narcotráfico va ocupando espacios sigilosamente y no se detiene. Da ‘trabajo’ a las personas y mientras que los barrios parecen tranquilos, se van desintegrando las familias y el narcotráfico extiende su vil campo de acción. Son nuestros adolescentes y jóvenes los que van entrando tanto en el consumo de drogas, como en la cadena de compra-venta de sustancias”.

“La presencia de las Iglesias, con su trabajo en los campos de prevención, acompañamiento y recuperación, es clave para llegar antes que se ofrezca una vida ligada al narcotráfico, y también para levantar a los caídos, abrazar sus vidas así como vienen e intentar nuevos caminos en los que se reencuentren con ellos mismos, sus capacidades y sus entornos psico-socio afectivos”, señaló dicha comisión.

En otro tramo del texto, se subrayó: “Frente a un Estado que se va retirando de nuestros espacios más pobres, como Iglesia y junto a otras organizaciones de base, no damos abasto con la demanda de ayuda. Nos encontramos, por ejemplo, con escuelas que están atravesadas por el consumo; las fuerzas de seguridad ayudan, pero a veces no alcanza con su presencia actual; los transas balean nuestros lugares supuestamente seguros; los vecinos se organizan pero hay armas de por medio. En este escenario no hay paz. Al mismo tiempo, los grandes hospitales públicos, dadas las deficiencias presupuestarias, se están convirtiendo en salas de atención primaria de la salud.

Durante otro tramo de la homilía que ofreció hoy Colombo en Río Negro, el religioso manifestó: “Imaginemos ahora la escena de un Jesús invitado a una gran fiesta, viendo, mientras se acerca, cómo las personas se disputan los lugares centrales, cómo se corren unos a otros para ocupar esos lugares de privilegio. Entonces, él lanza esta llamada de atención: no ponerse en evidencia a partir de falsas importancias humanas, porque siempre habrá motivos para pasar vergüenza si lo que nos divide o separa, o lo que creemos que nos hace más importantes, son criterios meramente humanos”.

La comisión pidió -en junio pasado- “al Estado, en todas sus instancias, a valorar, cuidar y sostener, con salarios adecuados, el trabajo y los esfuerzos de tantas personas que entregan sus vidas por aquellos que se sienten descartados”.

A estas alturas, ya debería quedar claro que las economías ilícitas disputarán el poder político en las elecciones de 2026. El IPE estima que las exportaciones de oro ilegal superarán los US$ 12 mil millones en 2025. Considerando el costo promedio de la campaña presidencial de 2016 y la congresal de 2020, y ajustando ambas por inflación, esa cifra alcanzaría para financiar diez veces la campaña presidencial, la de los 130 diputados y la de 60 senadores de los 37 partidos actualmente en carrera. El riesgo es evidente: en territorios donde el Estado llega poco o nada, ese poder económico amenaza con institucionalizarse próximamente.

El acceso a servicios básicos ilustra con claridad la ausencia del Estado. En los distritos amazónicos mineros (1), solo el 43% de las viviendas accede al combo de agua, electricidad y saneamiento. En los distritos donde hay minería ilegal de oro en Madre de Dios, la cifra se reduce a 33%, llegando a 11% en algunos distritos. El Índice de Densidad del Estado del PNUD confirma esta tendencia: entre 2017 y 2024, los distritos con mayor presencia de minería aurífera informal registraron caídas o avances muy limitados en agua, educación, salud y seguridad. Los retrocesos más marcados ocurrieron justamente en La Libertad y Madre de Dios, donde la minería ilegal se expandió con mayor fuerza.

A ello se le suma que, la expansión de la minería ilegal nunca viene sola: trae violencia y destrucción ambiental. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios se duplicó en La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, que concentran buena parte de los yacimientos de oro y, predeciblemente, de los registros suspendidos del REINFO. En Laberinto, Madre de Dios, el mercurio en el aire supera hasta cinco veces lo permitido por la OMS, según investigaciones de CINCIA. En algunos puntos, miles de veces más que en áreas sin minería. El costo en salud, biodiversidad y recursos hídricos es devastador.

La minería ilegal no crece únicamente por los precios récord del oro, sino también por la incapacidad del Estado de garantizar servicios básicos que permitan condiciones mínimas para vivir y de controlar la ilegalidad. Mientras el acceso a agua potable, electricidad y saneamiento siga siendo un privilegio y no un derecho muchos tendrán que migrar hacía la ilegalidad, pese a sus enormes costos sociales y ambientales La intuición sugeriría que, en territorios violentos y contaminados, la población emigraría. Pero ocurre lo contrario: Madre de Dios registró una migración neta positiva entre 2019 y 2024. Miles llegan atraídos por ingresos inmediatos producto de la fiebre del oro. El problema, sin embargo, no se limita a lo social o lo ambiental: si el Estado continúa retrocediendo, la minería ilegal no solo se expandirá, sino que se institucionalizará. Y cuando la ilegalidad se torne estructural, revertirla será casi imposible.

La urgencia, entonces, es clara: recuperar la presencia estatal en los territorios olvidados es solo el primer paso. Cada año, la minería ilegal gana más recursos, más poder y más espacio en la política. No hablamos únicamente de un problema ambiental o social, sino de una amenaza directa a la gobernabilidad y viabilidad del país. Si el Estado sigue ausente, la ilegalidad dejará de ser un desafío para convertirse en norma. Y cuando eso ocurra, no estaremos discutiendo cómo erradicarla, sino cómo sobrevivir en un país gobernado por ella.

(1) Distritos amazónicos mineros se define como el conjunto de 49 distritos amazónicos con presencia de actividad minera.

En el mes de agosto hay fechas que nos invitan a reflexionar más allá de los homenajes formales. El 12, el mundo conmemora el Día Internacional de la Juventud con campañas sobre liderazgo, innovación y participación. Días después, el 26, se recuerda en Perú el Día Nacional del Adulto Mayor, casi siempre con mensajes que invitan al respeto y a una vejez digna. Pero entre ambos homenajes suele ignorarse una realidad incómoda: miles de jóvenes y adultos mayores en nuestro país no terminaron la educación básica. Y, aunque se han dado pasos, avanzar sigue siendo difícil. Lo que está en juego no es solo la finalización de un ciclo educativo, sino el acceso a derechos fundamentales.

En los últimos años, por ejemplo, la educación virtual se ha expandido como alternativa para quienes no pueden asistir de manera presencial. Pero esa opción, en muchos casos, requiere conectividad, dispositivos y habilidades digitales que no todos tienen. Así, lo que en teoría es un avance, en la práctica, puede convertirse en una nueva barrera. La desigualdad tecnológica es hoy una de las nuevas formas de exclusión educativa.

En el ámbito laboral, tener secundaria completa sigue siendo un requisito obligatorio para acceder a la mayoría de trabajos formales de nivel básico, incluso en puestos donde la experiencia o el aprendizaje práctico podrían complementarse con estudios en curso. No se trata de eliminar estándares razonables —como saber leer, escribir o realizar operaciones básicas—, sino de no convertir el certificado en una barrera que excluya a quienes están dispuestos a terminar su educación mientras trabajan. Esa rigidez, lejos de ordenar el mercado, expulsa silenciosamente a miles de personas.

No sorprende, entonces, que hayan proliferado mafias que venden certificados falsos de estudios básicos, incluso con acceso irregular al sistema del propio Ministerio de Educación. Es un síntoma claro: cuando la necesidad no encuentra caminos legítimos, otros aprovechan el vacío. La informalidad encuentra terreno fértil cuando el sistema formal deja de responder.

En medio de todo esto, los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) cumplen un rol vital. Allí, miles de peruanos —jóvenes, adultos y adultos mayores— intentan retomar una trayectoria interrumpida. Pero lo hacen en condiciones desiguales: con escaso presupuesto, horarios limitados y sin políticas públicas que fortalezcan o visibilicen su impacto. La educación alternativa no debería ser un último recurso: debe ser una segunda oportunidad real, con el mismo valor y respaldo que la educación regular.

Este mes nos habla de juventudes y de adultez mayor. Tal vez también sea momento de mirar a quienes están fuera de los homenajes y de las estadísticas, pero dentro de una realidad que seguimos sin corregir: la de quienes no terminaron la escuela, no por falta de interés, sino por falta de oportunidades.

Si queremos hablar de justicia social, comencemos por lo esencial: una educación accesible, flexible y digna para todos, sin importar cuándo ni cuántas veces haya que volver a empezar.

Mientras en gran parte de Europa se discuten los riesgos y límites de la inteligencia artificial, Albania ha decidido mirar en otra dirección: aprovecharla como motor para acelerar su adhesión a la Unión Europea y modernizar su Estado. El primer ministro Edi Rama incluso ha dejado entrever que la IA podría llegar a convertirse en un miembro clave de su gobierno, una propuesta que, según recogió el medio internacional Politico, busca abrir un debate sobre el papel que la tecnología puede jugar en la gobernanza.

Albania propone usar la IA en el Estado para combatir la corrupción

Durante una rueda de prensa, Edi Rama aseguró que la inteligencia artificial podría ser la herramienta más eficaz para luchar contra uno de los males históricos del país: la corrupción. “Algún día, incluso podríamos tener un ministerio gestionado íntegramente por IA”, afirmó el primer ministro, subrayando que de esa manera se eliminarían problemas como el nepotismo o los conflictos de intereses.

En la misma línea, Rama sugirió que los desarrolladores locales podrían trabajar en un modelo de IA capaz de seleccionar ministros, lo que llevaría a Albania a ser “el primero en tener un gobierno completo con ministros de IA y un primer ministro”. Aunque reconoció que aún no se han tomado medidas formales, insistió en que la idea debería considerarse seriamente.

Esta visión se enmarca en un contexto donde el país ha enfrentado múltiples escándalos relacionados con corrupción. De hecho, tanto funcionarios del partido gobernante como figuras de la oposición, incluido el líder Sali Berisha, han enfrentado acusaciones y procesos judiciales por este motivo.

Debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el Estado

El debate sobre el papel de la IA en la política albanesa no ha tardado en abrirse. Ben Blushi, expolítico y autor interesado en la inteligencia artificial, defendió la propuesta de Rama y señaló que los Estados podrían beneficiarse enormemente de un modelo de gobernanza tecnológica. “Las sociedades estarán mejor gestionadas por la IA que por nosotros, porque no comete errores, no necesita un salario, no se corrompe y no deja de funcionar”, afirmó.

Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Jorida Tabaku, parlamentaria del opositor Partido Democrático, advirtió que la IA es una herramienta, no un milagro. Según explicó, en las manos equivocadas podría convertirse en “un disfraz digital para la misma disfunción de siempre”.

En su opinión, la tecnología debe ir acompañada de una reforma profunda del sistema político para evitar que los mismos actores que se beneficiaron de licitaciones corruptas programen los algoritmos y repliquen prácticas pasadas. “No se puede arreglar un sistema manipulado poniéndolo en la nube”, sentenció.

Aplicaciones prácticas de la IA en Albania

Más allá de los anuncios políticos, la inteligencia artificial ya tiene aplicaciones concretas en Albania. Según Politico, el gobierno utiliza sistemas inteligentes para gestionar la contratación pública, supervisar transacciones fiscales y aduaneras en tiempo real e identificar irregularidades.

La tecnología también se ha implementado en la vigilancia territorial: drones y satélites con IA monitorean construcciones ilegales, playas públicas y plantaciones ilícitas en zonas rurales. Asimismo, se estudia aplicar reconocimiento facial en las carreteras, capaz de enviar alertas digitales a conductores que exceden la velocidad e incluso remitir multas por SMS o correo electrónico.

Esto responde a una necesidad urgente, ya que Albania registra una de las tasas más altas de muertes en accidentes de tráfico en Europa, en gran parte debido al exceso de velocidad, según la agencia estatal de estadística.

Finalmente, lo que parece claro es que Albania se ha convertido en un laboratorio político donde se ensaya una pregunta que pronto podría extenderse a otros países: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar el poder del Estado a una inteligencia artificial?

MIÉRCOLES, 20 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las personas sensibles tienden a tener un riesgo más alto de desarrollar un trastorno del estado de ánimo, señala una nueva revisión de evidencias.

En particular, las almas altamente sensibles tienen más probabilidades de desarrollar depresión o sufrir ansiedad, informan los investigadores en la revista Clinical Psychological Science.

"Este es el primer metaanálisis que proporciona evidencias sólidas de que las personas altamente sensibles son más propensas a problemas comunes de salud mental", señaló el investigador principal, Michael Pluess, profesor de psicología del desarrollo de la Universidad de Surrey, en Reino Unido.

"Pero es importante recordar que las personas altamente sensibles también son más receptivas a las experiencias positivas, incluido el tratamiento psicológico", añadió en un comunicado de prensa.

Para la revisión, los investigadores reunieron datos de 33 estudios anteriores que observaron la salud mental de casi 12,700 personas.

El equipo se centró en la sensibilidad, un rasgo de personalidad que refleja una mayor capacidad para percibir y procesar estímulos como luces brillantes, cambios sutiles en el entorno y el estado de ánimo de otras personas.

Alrededor de un 31 por ciento de la población general se considera altamente sensible, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

"Esta es la revisión sistemática más extensa sobre la sensibilidad y la salud mental en adolescentes y adultos hasta la fecha, y es el primer metaanálisis sobre el tema que estima el impacto de esta relación", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Tom Falkenstein, psicoterapeuta y estudiante de doctorado de la Universidad Queen Mary de Londres.

La sensibilidad a menudo se pasa por alto en la salud mental, en comparación con otros rasgos de personalidad como el neuroticismo, dijeron los investigadores.

Pero los estudios combinados encontraron que la sensibilidad se vincula con problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el TEPT y la agorafobia, dijo Falkenstein. (Las personas con agorafobia evitan lugares o situaciones que puedan causar pánico, sentimientos de impotencia o vergüenza).

"Nuestros hallazgos sugieren que la sensibilidad debe considerarse más en la práctica clínica, lo que podría usarse para mejorar el diagnóstico de las afecciones", dijo Falkenstein.

Los resultados también mostraron que las personas con más sensibilidad podrían ser más propensas a beneficiarse de técnicas de tratamiento como la relajación aplicada y la atención plena, dijeron los investigadores.

"Se debe considerar la sensibilidad al pensar en los planes de tratamiento para las afecciones de salud mental", dijo Falkenstein.

"Nuestro trabajo muestra que es crucial que la conciencia de la sensibilidad mejore entre los profesionales de la atención de la salud mental, para que los médicos y los profesionales puedan reconocer el rasgo en sus pacientes y adaptar el tratamiento a su sensibilidad", agregó.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre personas altamente sensibles.

FUENTE: Universidad Queen Mary de Londres, comunicado de prensa, 16 de agosto de 2025

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia (DU) N° 013-2024, mediante el cual se amplió la garantía del Estado peruano para un crédito de US$ 1.000 millones otorgado a Petroperú. La medida, firmada el 13 de septiembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y los ministros Gustavo Adrianzén, José Arista y Rómulo Mucho, extendió el plazo de la garantía de 12 meses a cuatro años, permitiendo a la petrolera estatal acceder y pagar el crédito hasta diciembre de 2028.

La admisión de la demanda representa un paso clave en el proceso judicial y señala el inicio de un análisis detallado sobre la legalidad del decreto. Según el TC, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días hábiles para responder a la demanda y presentarse ante el tribunal, mientras que la fecha de vista de la causa será fijada posteriormente para que ambas partes expongan sus alegatos en audiencia pública.

Controversia sobre la constitucionalidad del decreto

El Colegio de Abogados de Arequipa cuestiona el DU 013-2024 por considerar que vulnera principios y normas constitucionales, al no cumplir con los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad exigidos para la emisión de decretos de urgencia. Según Walter Gutiérrez, abogado de la causa, la crisis financiera de Petroperú es estructural y conocida desde hace varios años, por lo que no puede considerarse ni inesperada ni extraordinaria.

Expertos constitucionalistas también han señalado que la emisión repetida de este tipo de decretos para rescatar a la petrolera estatal —al menos cuatro desde 2020— ha desnaturalizado un mecanismo que originalmente debía aplicarse solo en casos de emergencia real. La medida habría comprometido recursos públicos que, según el artículo 44 de la Constitución, deberían destinarse prioritariamente a servicios esenciales como salud, educación y seguridad ciudadana.

Reiterados rescates a Petroperú

Según informó el diario Gestión, el recurso presentado ante el TC busca evitar que se instaure un “régimen permanente de subsidio estatal vía decreto” para Petroperú. La demanda sostiene que permitir la emisión de DU en casos de problemas estructurales equivaldría a convalidar una urgencia gubernamental autoinducida. Según el Colegio de Abogados de Arequipa, la vía excepcional no puede sustituir soluciones legislativas o administrativas de fondo frente a crisis conocidas y prolongadas.

El caso también resalta la preocupación sobre la estabilidad financiera del Estado. Petroperú mantiene pérdidas operativas y una deuda superior a los S/ 8.000 millones, lo que aumenta la necesidad de que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento oportuno para brindar seguridad jurídica y evitar que se comprometan aún más los recursos públicos en nuevos rescates.

Próximos pasos en el proceso constitucional

Con la admisión de la demanda, el siguiente paso es el emplazamiento al Procurador del Poder Ejecutivo para que conteste la acción dentro del plazo legal. Posteriormente, el TC fijará la fecha de la audiencia pública, en la que se evaluarán los argumentos de ambas partes. La resolución del tribunal determinará si el DU 013-2024 cumple o no con los criterios constitucionales de excepcionalidad y necesidad que justifican la emisión de este tipo de medidas.

El debate sobre la constitucionalidad del decreto no solo tiene implicancias legales, sino también económicas y políticas. La decisión del TC podría marcar un precedente sobre el uso de decretos de urgencia en situaciones financieras estructurales, limitando la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a este mecanismo para intervenir permanentemente en empresas estatales con problemas financieros prolongados.

Petroperú recibe un millón de barriles de petróleo

La Nueva Refinería Talara (NRT) de Petroperú completó recientemente la recepción de un millón de barriles de crudo Oriente provenientes de Ecuador, en una operación realizada en el Terminal Portuario Bayóvar, uno de los principales puntos de descarga marítima del norte del país.

La petrolera estatal señaló que esta compra forma parte de su plan de optimización de adquisiciones en grandes volúmenes, diseñado para reforzar el abastecimiento energético y consolidar la posición estratégica de la empresa en el sector de hidrocarburos del Perú.

El cargamento fue transportado por el buque tanque Lord Byron 21 y transferido de manera segura a los tanques de almacenamiento del terminal, utilizando las instalaciones del muelle, que cuentan con cuatro brazos de carga y una infraestructura preparada para recibir buques de hasta 1,5 millones de barriles. Esta operación refuerza la capacidad logística y de almacenamiento de Petroperú, asegurando la continuidad del suministro y la eficiencia en la distribución de combustibles a nivel nacional.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para que los organismos y empresas estatales finalicen la rescisión de contratos con empresas en las que el Estado tenga participación o que dispongan ventajas y beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios para la Administración pública.

La medida fue oficializada a través del Decreto 591/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De esta manera, se extienden los plazos establecidos previamente por el Decreto 747/2024, cuya vigencia finalizaría el próximo 22 de agosto.

El mismo suprimió normas anteriores que obligaban a los organismos nacionales a realizar operaciones exclusivamente con determinadas entidades estatales. Específicamente, quedaron sin efecto los decretos que establecían, por ejemplo, la obligación de pagar haberes a empleados públicos exclusivamente a través del Banco de la Nación Argentina. La decisión había sido sintetizada en el Decreto 1187/2012. Para avanzar con el cambio, el pasado mes de abril el Gobierno adjudicó a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo mediante la Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete.

La nómina de entidades seleccionadas como proveedores incluyó al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle. En este sentido, el Poder Ejecutivo instruyó “a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia, tomando en consideración los parámetros contemplados en el Pliego para la elaboración del plan de trabajo y, evaluarlos priorizando sobre los servicios básicos ya comprendidos los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal, entre los que deberá considerarse especialmente, por su conveniencia, el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”.

La normativa también dejó sin efecto el Decreto 1189/2012, que establecía la adquisición de combustibles y lubricantes únicamente en YPF S.A.; el 1191/2012, que ordenaba contratar viajes aéreos solo por Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y Optar S.A. A su vez, derogó el requisito de contratar todos los seguros estatales con Nación Seguros S.A. determinado bajo el Decreto 823/2021. A raíz de este último, salió a la luz un entramado de corrupción que involucró al expresidente Alberto Fernández, junto al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaría de confianza, María Cantero. Por estos días, la Cámara Federal de Comodoro Py se encuentra definiendo el procesamiento de Fernández en la causa.

La Administración actual calificó de “nefasta” la medida que impulsó el ex jefe de Estado y sostuvo: “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley”. “Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, concluyó.

El origen de la presente medida se basa en el Decreto 70/2023, el cual dispuso que las empresas en las que el Estado nacional figura como accionista no obtendrán privilegios ni prioridad en las contrataciones, compras de bienes y servicios, ni en ningún vínculo jurídico con el sector público.

La reciente renovación de los plazos responde a la complejidad de la transición y la puesta en marcha de nuevas licitaciones nacionales. Por tanto, el Ejecutivo resolvió mediante el Decreto 591/2025 extender el plazo de adaptación hasta el último día del corriente año.

“Facúltase a la autoridad de cada jurisdicción que resulte competente que haya celebrado contratos en el marco de los Decretos Nros. 1189/12, 1191/12 y 823/21 a ampliarlos y/o prorrogarlos, en los casos en los que lo estime conveniente, hasta el 31 de diciembre de 2025″, señala el documento.

De acuerdo con los datos avanzados este lunes por el Banco de España, el importe de la deuda ha aumentado en 27.466 millones respecto al mes anterior, un 1,6 %, en tanto que la ratio es 1,1 puntos superior a la registrada en mayo (102,3 % del PIB).

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,53 billones de euros, un 4,5 % más interanual, que equivalen al 93,9 % del PIB, mientras que el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social fue de 126.178 millones, un 8,6 % más interanual, que suponen el 7,7 % del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 342.663 millones, equivalentes a un 21 % del PIB, con un incremento interanual del 1,5 %.

La deuda de las corporaciones locales se situó en 23.394 millones (1,4 % del PIB), tras descender un 0,6 % interanual.

Al cierre de junio, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.437.413 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (172.115 millones), valores a corto plazo (75.838 millones) y efectivo y depósitos (5.433 millones). EFECOM

(infografía)

El tratamiento que necesita consiste en una terapia dirigida contra la mutación BRAF, reconocida a nivel internacional como estándar de atención. Se trata de un fármaco oral de 12 pastillas al día, cuyo uso permanente ha demostrado frenar el avance del tumor. Sin embargo, el costo mensual asciende a S/ 54 mil, lo que hace imposible cubrirlo sin apoyo externo.

Burocracia frente al derecho a la salud

El caso expone los vacíos del sistema sanitario. Según informó América Televisión, en mayo de 2024, su médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) presentó la solicitud del medicamento a través de la llamada pregunta PICO, mecanismo que forma parte del proceso de evaluación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA). Más de un año después, la solicitud sigue sin respuesta, mientras la enfermedad avanza.

Especialistas en oncología advierten que la demora representa un incumplimiento de la Ley Nacional del Cáncer, que obliga al Estado a garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno a todos los pacientes. Para los expertos, cada día sin acceso a la terapia reduce de manera significativa las posibilidades de controlar el melanoma metastásico.

El fármaco que requiere Casalino Calle está reconocido a nivel internacional como tratamiento estándar para su tipo de cáncer. El oncólogo Gonzalo Ziegler resaltó su eficacia y advirtió sobre la demora en su aprobación, lo que pone en riesgo la vida de la paciente. “Es un excelente tratamiento, es vía oral y, definitivamente, en este tipo de casos la junta multidisciplinaria debe ser lo que prima. No deberíamos estar pensando en que un comité no médico esté decidiendo sobre el futuro de un paciente”.

¿Cómo funciona este fármaco?

El oncólogo resaltó que el acceso oportuno a los medicamentos adecuados, junto con la intervención médica especializada, es clave para que los pacientes puedan enfrentar un cáncer tan agresivo como el melanoma metastásico BRAF positivo.

En esa línea, explicó: “Los anti-BRAF lo que hacen es hacer que en el tumor, en la célula tumoral, la secuencia se la descompongan y hacen que ese tumor empiece a morir”.

Sobrevivir con solidaridad

Ante la falta de una respuesta estatal, Marthalily sobrevive gracias a rifas, colectas y el apoyo de familiares y amigos, que apenas logran cubrir parte del costo del medicamento. “No se puede costear 54 mil soles mensuales. Solo pido que me ayuden, que se pongan la mano en el corazón”, clamó la paciente para el citado medio.

Su hijo mayor también ha pedido públicamente que las autoridades aprueben el tratamiento para que su madre pueda seguir con vida. “Quisiera que las autoridades pudierandarle la medicina a mi mamá para que pueda seguir conmigo”.

La historia de Marthalily no es un caso aislado. Representa la situación de muchos pacientes que enfrentan barreras burocráticas y desigualdad en el acceso a terapias modernas. Para especialistas en salud pública, este caso evidencia la urgencia de agilizar la evaluación y aprobación de tecnologías médicas en el Perú.

Mientras tanto, la paciente continúa aferrada a la esperanza de que el Estado cumpla con lo establecido en la ley y le garantice el acceso a un medicamento que podría marcar la diferencia entre vivir o morir.

El 11 de agosto de 2025, el precandidato y senador de la República Miguel Uribe Turbay falleció tras permanecer dos meses hospitalizado en la Fundación santa Fe, Bogotá, tras recibir dos disparos en su cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio.

El caso puso en el centro del debate las deficiencias del esquema de seguridad estatal por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las posibles consecuencias legales para el Estado colombiano.

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El abogado Francisco Bernate hizo un análisis en entrevista con Caracol Radio en el que partió de un hecho contundente: “El Estado colombiano ha sido obligado a reparar a personas que han sido asesinadas como consecuencia de una inadecuada protección a su vida y a su integridad”, dijo.

Bernate recordó que, aunque los precedentes son escasos, marcaron la jurisprudencia nacional e internacional. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos asesinado en 1998 tras denunciar la colaboración entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

A pesar de las amenazas explícitas que pesaban sobre Valle, el Estado no reforzó su protección, lo que derivó en su asesinato a manos del grupo La Terraza. Tanto la Corte Interamericana como el Consejo de Estado declararon responsable al Estado colombiano y, en 2007, ordenaron una indemnización a la familia de Valle por las omisiones graves.

En el caso de Miguel Uribe Turbay, la investigación reveló 26 solicitudes formales para que se protegiera su vida, que fueron desatendidas por la UNP. Esta cifra, resaltada por Bernate evidencia una omisión sistemática en la respuesta estatal ante el riesgo que enfrentaba el senador.

El togado puntualizó que, aunque existió una acción determinante de terceros —incluyendo la participación de un menor y de una organización criminal—, la responsabilidad del Estado no se diluye: “El Estado colombiano incurrió en una grave omisión a su deber de cumplir a esta persona, de manera que es previsible”.

Durante la audiencia preliminar del caso ya se plantó la posible responsabilidad estatal, y es probable que los familiares y allegados del senador presenten una demanda contra el Estado colombiano, argumentando la omisión frente a un candidato opositor que había manifestado reiteradamente su preocupación por la seguridad. Según Bernate, aunque estos procesos suelen extenderse en el tiempo, existen fundamentos sólidos para que el Consejo de Estado aplique precedentes similares y condene al país a indemnizar a los afectados.

El monto de una eventual indemnización, explicó el abogado, dependerá de factores como la participación de terceros, en este caso, la intervención de un menor, lo que podría atenuar la responsabilidad directa del Estado. No obstante, Bernate insistió en que “hay argumentos para pensar que el Consejo de Estado puede aplicar este precedente y condenar a nuestro país a indemnizar”.

Para el penalista, el aspecto económico resulta secundario frente a la obligación estatal de garantizar la seguridad de los integrantes de la oposición política.

El valor simbólico de estas sentencias, según Bernate, radica en el mensaje que envían sobre la importancia de proteger a quienes se encuentran en riesgo por razones políticas. Aunque las sumas otorgadas en estos fallos no suelen ser elevadas, las sentencias adquieren un alto valor simbólico, contribuyendo a reforzar la responsabilidad del Estado y la necesidad de prevenir hechos similares en el futuro.

Director de la UNP se defendió tras señalamientos por deficiencias en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

Augusto Rodríguez, director de la UNP, se defendió de los cuestionamientos en la gestión de protección para el senador Miguel Uribe Turbay. En ese sentido, indicó: “Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar. Igualmente, que tuvieran el equipo adecuado, los vehículos funcionales, el armamento y la munición. Todo en su debido estado correcto de funcionamiento”.

La economía argentina atraviesa un proceso de transformación profunda. El equilibrio fiscal, el abrupto descenso de la inflación y una fuerte reducción de la pobreza parecen anticipar un nuevo rumbo. Sin embargo, el cambio apenas comienza y el trayecto por delante sigue plagado de obstáculos. Entre ellos, persiste un viejo y estructural problema: un Estado sobredimensionado, intrusivo y paternalista.

Argentina aún carga con un régimen tributario asfixiante y una maraña regulatoria que desalienta la inversión y reprime la iniciativa privada. Décadas de intervención estatal, bajo la bandera del “Estado presente”, han tenido un efecto contrario al proclamado: más pobreza y menos crecimiento económico. El tamaño del Estado ha sido, en muchos aspectos, inversamente proporcional a su eficacia para resolver los problemas que promete abordar.

Los cepos sobre la economía no sólo se han limitado al dólar, sino también a los bienes, la producción y la innovación. Liberar todas estas restricciones e impedimentos y darle paso a la libertad económica es lo que le permitirá a la Argentina insertarse y competir en la economía global.

El equilibrio fiscal, el abrupto descenso de la inflación y una fuerte reducción de la pobreza parecen anticipar un nuevo rumbo

Uno de los efectos más dañinos del paternalismo estatal es su impacto directo sobre la libertad individual. Como ha expresado el economista Alberto Benegas Lynch (h), la libertad individual es “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. Es decir, cada persona debe tener el derecho a vivir como lo desee. Pero esta libertad exige también responsabilidad. El problema aparece cuando los ciudadanos ceden esa responsabilidad a cambio de la falsa comodidad que ofrece el control estatal.

Aquí es donde el paternalismo se convierte en una trampa. Bajo la promesa de proteger, el Estado se arroga el poder de decidir por los ciudadanos: qué consumir, cómo vivir, cómo contratar, qué producir. Y con cada nueva prohibición o regulación, se erosiona la autonomía individual. La lógica paternalista trata a los ciudadanos como menores de edad que deben ser guiados por un tutor: el Estado.

Existen distintas formas de este paternalismo. En su versión más blanda (soft), se expresa a través de campañas que desalientan ciertos consumos, como los cigarrillos, el alcohol o alimentos etiquetados con octógonos negros. Pero en su versión más dura (hard), directamente impone normas que restringen libertades y la iniciativa económica. La ya derogada Ley de Alquileres, por ejemplo, imponía precios máximos y plazos mínimos en los contratos, interfiriendo en acuerdos entre partes privadas y reduciendo la oferta de propiedades disponibles.

Lo más preocupante del paternalismo estatal no es sólo su ineficacia, sino su capacidad para crear nuevas distorsiones allí donde decía venir a corregirlas

Otro caso paradigmático es el de la innovación agrícola con productos como el tabaco.

Mientras en muchos países se generan ganancias gracias a estas innovaciones, en Argentina no es así. El resultado: menos beneficios, un mercado negro, productos de menor calidad y ausencia de control sanitario. El Estado, en lugar de proteger al ciudadano, lo expulsa hacia la informalidad.

Lo más preocupante del paternalismo estatal no es sólo su ineficacia, sino su capacidad para crear nuevas distorsiones allí donde decía venir a corregirlas. Limita elecciones, desalienta la responsabilidad personal y empuja a los ciudadanos a depender cada vez más de normas impuestas desde arriba. En lugar de fortalecer a la sociedad, la debilita.

La madurez cívica de una nación no se mide por la cantidad de reglas que impone, sino por la confianza que deposita en sus ciudadanos. Si queremos una Argentina libre, próspera y responsable, que potencie la inventiva de las personas para crear y fabricar mejores productos, atrayendo capitales extranjeros y exportando bienes con valor agregado, debemos ponerle límites al Leviatán.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria de los cinco primeros meses del año publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, las cuentas públicas se vieron afectadas por el gasto extraordinario derivado de la dana, que ascendió a 3.419 millones en este periodo, un 0,2 % del PIB.

Así, si se descontara este gasto, el déficit público se situaría en 15.190 millones de euros, un 15,5 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Entre enero y mayo, los ingresos públicos crecieron un 6,8 %, sobre todo impulsados por la buena marcha de los impuestos (recaudaron un 7,7 % más), mientras que los gastos se incrementaron en un 6,6 %, con fuertes aumentos de los recursos destinados a subvenciones e intereses de la deuda.

La administración central acumuló en este periodo un déficit de 11.615 millones (0,69 % del PIB), un 59 % más, debido tanto al gasto extraordinario de la dana (2.638 millones) como a las mayores transferencias a la Seguridad Social, que no pudieron compensarse con el aumento de los ingresos, del 7,5 %.

Las comunidades autónomas, por su parte, redujeron su déficit en un 1,7 %, hasta los 10.111 millones (0,6 % del PIB), gracias tanto al aumento de los ingresos como a los mayores anticipos recibidos del sistema de financiación, y a pesar de los 775 millones en gastos de la dana computados por la Comunidad Valenciana.

Todas las comunidades autónomas registraron déficit, salvo el País Vasco (con un superávit del 0,23 % de su PIB), que fue especialmente significativo en Baleares (1,55 % de su PIB) y Extremadura (1,26 %).

La Seguridad Social registró un superávit de 3.117 millones, un 0,19 % del PIB, cuando un año antes se anotaba déficit, gracias al aumento de las cotizaciones sociales y a las mayores transferencias recibidas del Estado.

Hacienda también ha avanzado este jueves los datos de ejecución presupuestaria del Estado del primer semestre, un periodo en el que registró un déficit de 20.433 millones de euros, un 1,22 % del PIB, con un incremento del 6,7 % con respecto al mismo periodo de 2024 debido al impacto del gasto asociado a la dana.

Los ingresos crecieron un 8 %, impulsados por la recaudación, que aumentó un 9,6 % gracias a las grandes figuras -el IRPF ingresó un 12,3 % más; el impuesto de sociedades, un 9,8 % más, y el IVA, un 8,6 % más-. El nuevo impuesto a la banca recaudó 566 millones.

Los gastos, por su parte, aumentaron en un 7,9 % debido tanto al impacto de la dana como al crecimiento de otras partidas como la de intereses de la deuda (11,6 %), consumos intermedios (11,2 %) o remuneración de asalariados (5,4 %). EFECOM

Fuentes del Ministerio de Hacienda han informado a EFE de que la previsión es que esos pagos, correspondientes a los meses de enero a junio, se produzcan a finales de este mes y que también se abonará en ese plazo la liquidación correspondiente a 2023, lo que supondrá en conjunto más de 21.600 millones de euros para las arcas de las autonomías de régimen común -todas menos Navarra y País Vasco-.

Esto será posible una vez que el Pleno del Congreso respaldó el martes la actualización, con efectos retroactivos, de las entregas a cuenta del Estado a las autonomías y entidades locales para 2025, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de enero, con los votos del PP, presente en los gobiernos de 12 de las 17 comunidades y en Ceuta y Melilla.

Las entregas a cuenta son transferencias mensuales por las que el Estado anticipa a las administraciones territoriales la práctica totalidad de lo que estima que recaudará en ellas por impuestos cedidos y fondos, en función de las reglas establecidas en el sistema de financiación autonómica más lo previsto al respecto en el real decreto ley ahora recién convalidado.

Se incluyen así las previsiones de ingresos por la tarifa autonómica del IRPF, el IVA y los impuestos especiales -sobre alcohol y bebidas derivadas, productos intermedios, la cerveza, el tabaco, hidrocarburos y electricidad- y también por los fondos de Garantía y de Suficiencia Global.

Con estos criterios, las 15 comunidades de régimen común y las dos ciudades autónomas recibirán este año unos ingresos totales del Estado por entregas a cuenta de 147.412 millones de euros, que son 12.743 millones, un 9,47 % más, que los 134.658 millones del pasado ejercicio.

Si se comparan con la cifra de hace 10 años, al inicio de la recuperación económica tras la crisis financiera, las comunidades reciben ahora 62.917 millones más, un 74,46 %, que los 84.494 millones de 2015.

Las comunidades que más van a ver mejorado sus ingresos por este concepto respecto al ejercicio pasado son la Valenciana (10,43 %), Cataluña (10,18 %), Murcia (9,75 %), Andalucía (9,63 %) y Castilla y León (9,54 %), todas ellas por encima de la media.

Por debajo aumentan sus entregas a cuenta Madrid (9,37 %), Galicia (9,23 %), Aragón (8,98 %), Castilla-La Mancha (8,88 %), Canarias (8,59 %), Asturias (8,56 %), La Rioja (8,20 %), Baleares (8,13 %), Extremadura (7,99 %) y Cantabria (6,63 %).

Cuatro comunidades, las de mayor población y peso económico, suman casi dos tercios de todo el incremento de este año: Cataluña (2.610,04 millones de euros), Andalucía (2.414,55), Madrid (1.756,89) y la Comunidad Valenciana (1.323,00).

Son también las que reciben más a cuenta: 28.255 millones Cataluña, 27.475 Andalucía, 20.499 Madrid y 14.012 la Comunidad Valenciana.

En los últimos 10 años las comunidades que más han visto crecer sus entregas a cuenta son Canarias, un 148,77 %, y Baleares, un 97,26 %, por delante de la Comunidad Valenciana (87,24 %), Cataluña (85,66 %), Madrid (79,47 %) y Murcia (79,46 %), todas ellas por encima de la media.

En menor medida han mejorado sus ingresos desde 2015 Andalucía (72,83 %), Aragón (66,51 %), La Rioja (64,36 %), Castilla-La Mancha (63,78 %), Galicia (62,11 %), Cantabria (60,38 %), Castilla y León (58,86 %), Asturias (58,49 %) y Extremadura (57,95 %).

En cuanto a la liquidación de 2023, que corresponde al ajuste que Hacienda hace a las autonomías entre lo entregado a cuenta dos años antes y lo realmente recaudado, serán 11.692 millones de euros, de los que Cataluña recibirá 2.762,87 millones de euros, la Comunidad Valenciana 1.999,93, Andalucía 1.240,70, Baleares 1.031,56 y Canarias 986,27.

A Madrid le corresponden 794,56 millones, a Galicia 680,21, a Castilla y León 627,52, a Murcia 400,64, a Castilla-La Mancha 300,34, a Extremadura 260,82, a Asturias 231,84, a Cantabria 197,59, a Aragón 125,68, a La Rioja 56,02, a Ceuta 16,81 y a Melilla 14,85 millones.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, las entregas a cuenta (en millones de euros) en 2025 y 2024 y las variaciones absoluta (en millones de euros) y relativa (en porcentaje) entre ambos ejercicios:

ENTREGAS A CUENTA

VARIACIÓN

2025

2024

MILL. €

%

ANDALUCÍA

27.475,33

25.060,78

2.414,55

9,63

ARAGÓN

4.973,69

4.563,69

410,00

8,98

ASTURIAS

3.754,26

3.458,34

295,92

8,56

CANARIAS

6.594,06

6.072,45

521,61

8,59

BALEARES

2.994,60

2.769,52

225,08

8,13

CANTABRIA

2.483,58

2.329,14

154,44

6,63

C. Y LEÓN

8.968,67

8.187,89

780,78

9,54

C.-LA MANCHA

6.952,74

6.385,93

566,81

8,88

CATALUÑA

28.255,08

25.645,04

2.610,04

10,18

C. VALENCIANA

14.012,79

12.689,79

1.323,00

10,43

EXTREMADURA

4.186,83

3.876,95

309,88

7,99

GALICIA

10.239,03

9.373,98

865,05

9,23

MADRID

20.499,12

18.742,23

1.756,89

9,37

MURCIA

4.571,82

4.165,65

406,17

9,75

RIOJA, LA

1.358,44

1.255,50

102,94

8,20

TOTAL COMUNIDADES

147.320,04

134.576,87

12.743,17

9,47

MELILLA

40,94

36,21

4,73

13,06

CEUTA

51,13

45,22

5,91

13,07

TOTAL CIUDADES

92,08

81,43

10,65

13,08

TOTAL GENERAL

147.412,11

134.658,30

12.753,81

9,47

EFE

esv-srm

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód. 22615126 y otros)

¿Quién no perdió tiempo alguna vez repitiendo trámites frente a oficinas que no se comunican, cargando datos que el Estado ya tiene o navegando una web pública que parece pensada para otra época? En América Latina, arrastramos una herencia burocrática que digitalizamos sin cuestionar. Y ahí empieza el problema: no basta con hacer clic en lugar de hacer fila. Si queremos un Estado más justo y cercano, tenemos que rediseñar los servicios desde las necesidades reales de las personas. Cambiar la lógica del expediente por la del ciudadano es pasar del trámite al servicio.

Cuando digitalizamos sin revisar procesos, solo multiplicamos frustraciones. El pedido del certificado de antecedentes penales en Argentina es un ejemplo: aunque puede solicitarse online, se exige al ciudadano información que el Estado ya posee. Se digitaliza el paso, pero no se elimina la carga. Eso es burocracia digital: un pantano en el que el papel fue reemplazado por formularios web, pero la lógica sigue intacta.

Sin embargo, en algunos países están cambiando los procesos. Uruguay implementó una estrategia de digitalización y simplificación desde el back-office, con un Laboratorio de Innovación Social que rediseña procesos y garantiza que lo digital simplifique. En Chile, programas como ChileAtiende o Trámite Fácil crean ventanillas únicas que ahorran tiempo. Y en Argentina, la interoperabilidad comenzó a avanzar en algunas provincias al facilitar el intercambio de datos entre organismos. Este tipo de integración permite aplicar el principio once only: que el Estado no vuelva a pedir lo que ya tiene.

Sin embargo, no todo se resuelve con plataformas. La automatización inteligente permite usar IA para liberar a empleados públicos de tareas repetitivas, pero no debe reemplazar el criterio humano.

Ahora bien, para que estas herramientas funcionen, hacen falta capacidades institucionales. No alcanza con licencias o convenios, sino que se necesitan equipos capacitados, normas que regulen el uso ético de los datos y una gestión que apueste al rediseño, no al maquillaje digital. Muchas veces, los recursos existen; lo que falta es la decisión de salir de la lógica del trámite como obstáculo y asumirlo como oportunidad de generar valor público.

Porque al facilitar una inscripción escolar, emitir una licencia o habilitar un comercio, el Estado no solo cumple una función administrativa: construye confianza. Y cada vez que un trámite se vuelve más sencillo, menos repetitivo y más claro, el vínculo entre ciudadanía y gestión pública se fortalece.

No alcanza con digitalizar. Tenemos que simplificar, conectar, rediseñar. Y, sobre todo, mirar la administración pública desde el otro lado del mostrador. Porque solo así podremos construir un Estado que, más que exigir, acompañe; que más que complicar, resuelva. Uno que no nos obligue a aprender su lenguaje, sino que aprenda a hablar el nuestro.

El consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas, especialmente entre los adolescentes que cursan los primeros años del secundario, surge como una problemática social a abordar de manera urgente. Con una edad promedio de inicio en los 14 años, la situación exige una respuesta rápida y coordinada de la sociedad en su conjunto.

Conscientes de esta realidad, en la Universidad Católica Argentina (UCA), estamos llevando a cabo una iniciativa de prevención orientada específicamente a adolescentes de estas edades. Este enfoque se centra en capacitar a universitarios de los últimos años de carreras tan diversas y complementarias como Psicología, Educación y Medicina. Estos jóvenes, ya con una sólida formación académica, se convierten en promotores de prevención, dotados de las herramientas necesarias para brindar talleres informativos y de concientización a alumnos de los primeros años del secundario. Esta cercanía generacional permite establecer un diálogo genuino y efectivo, fundamental para que el mensaje resuene entre los participantes.

El impacto de este programa ya es palpable: ha dejado una huella significativa en establecimientos educativos como el Colegio Santo Tomás de Aquino y, más recientemente, el St. Paul´s College de Hurlingham. En ambos colegios, los talleres han sido recibidos con gran interés por parte de las autoridades y han tenido una participación entusiasta desde el lado de los alumnos, lo que confirma la pertinencia y la necesidad de este tipo de intervenciones.

Es crucial comprender la gravedad del patrón de consumo de alcohol en la adolescencia, que a menudo se caracteriza por ser excesivo y episódico. Este tipo de consumo multiplica exponencialmente los riesgos a corto y largo plazo. Las consecuencias pueden ir desde episodios de amnesia y comportamientos impulsivos, hasta déficits cognitivos severos e incluso un coma alcohólico. Los efectos del alcohol en el cerebro adolescente, aún en pleno desarrollo, pueden causar daños irreparables. Es nuestra responsabilidad alertar sobre esta vulnerabilidad y actuar en consecuencia.

En este sentido, un informe técnico reciente de nuestro Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), elaborado en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aborda la percepción de riesgo asociada al consumo de diversas sustancias. Si bien este estudio se enfoca en la población de 18 a 75 años de la Ciudad de Buenos Aires, sus hallazgos subrayan la relevancia de la percepción de riesgo en la toma de decisiones sobre el consumo. Extrapolando esta premisa al ámbito adolescente, es imperativo que fortalezcamos la comprensión de los jóvenes sobre los peligros inherentes al alcohol, especialmente cuando se inicia a edades tan tempranas.

Esta propuesta es un claro ejemplo de cómo las instituciones académicas podemos y debemos contribuir activamente a la resolución de problemas sociales. Sin embargo, la complejidad del consumo de alcohol en la adolescencia requiere una acción acordada y corresponsable entre todos los adultos. Es fundamental que cada miembro de la comunidad educativa —directivos, docentes, padres y los propios alumnos— se involucre activamente en la prevención. Los colegios son, por naturaleza, espacios claves para la difusión de información, la promoción de estilos de vida saludables y la creación de entornos de contención.

La articulación de esfuerzos entre el ámbito escolar, las organizaciones de la sociedad civil y las diversas áreas del Estado es fundamental para diseñar e implementar estrategias integrales que perduren en el tiempo y sean replicables, permitiéndonos llegar a más adolescentes. Esto incluye desde campañas de concientización masiva sobre los riesgos del consumo de alcohol en edades tempranas, hasta la promoción activa de espacios saludables de esparcimiento, el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios, y, crucialmente, la garantía de acceso a recursos de atención y tratamiento por parte del Estado para quienes lo necesiten.

Invertir en la prevención del consumo de alcohol en los primeros años del secundario no es solo una opción, es una inversión directa en el futuro de nuestros hijos y, por ende, en el futuro de nuestra sociedad. La educación y el compromiso colectivo son las herramientas más poderosas para construir una sociedad donde nuestros adolescentes puedan crecer sanos, informados y con las herramientas necesarias para tomar decisiones que salvaguarden su bienestar y su desarrollo integral. Este es un compromiso que nos interpela a todos y que debemos asumir con la urgencia y la seriedad que merece.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, afirmó hoy que el Ejecutivo no contempla asignar más recursos del Estado a Petroperú, la petrolera estatal que enfrenta graves desafíos financieros.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, Pérez Reyes explicó que el gobierno está evaluando una reestructuración financiera de la empresa, pero aseguró que esta no implicará un “salvataje” con dinero público.

El titular del MEF detalló que, en lugar de un rescate financiero, el gobierno trabaja en una reestructuración que permita a Petroperú afrontar mejor sus flujos de pagos y mejorar su eficiencia operativa. “Hemos estado justamente reunidos con el señor ministro de Energías y Minas (Jorge Luis Montero Cornejo) hace dos semanas, me parece que ha sido,para el tema de acelerar todo el proceso de la elección del oficial a cargo de la transformación de la empresa, para poder hacer justamente una serie de reducciones en personal y hacer que la empresa opere de una forma más eficiente”, explicó.

Reestructuración interna necesaria

El objetivo, según explicó, es asegurar que la empresa siga aumentando su capacidad productiva y ventas, lo cual le permitiría generar rentabilidad para cumplir con sus obligaciones financieras sin necesidad de más aportes del Estado.

“Pero además también estamos viendo la posibilidad de hacer una reestructuración financiera, no un salvataje, sino una reestructuración financiera que permita que la empresa pueda afrontar mejor los flujos de pagos que tiene mientras va desarrollando la capacidad productiva”, agregó.

Pérez Reyes también destacó que Petroperú está desarrollando su capacidad productiva de manera significativa, lo cual es crucial para mejorar su rentabilidad y poder repagar sus deudas. “También va aumentando su capacidad y su esfuerzo de ventas, que es obviamente lo que finalmente importa, cuánto vende la empresa, de cara a que eso le permita generar una rentabilidad que permita repagar las obligaciones que tiene la empresa”, dijo.

Sin embargo, dejó claro que el Ejecutivo no está evaluando ningún escenario en el que se necesiten recursos adicionales de parte del gobierno para salvar a la empresa. “No estamos trabajando bajo el escenario de que se requiera ponerle más recursos a Petroperú“, concluyó el MEF.

Esta postura del Ministerio de Economía llega en un momento crítico para Petroperú, que ha enfrentado varias dificultades financieras en los últimos años, incluidas deudas y una crisis interna que ha afectado su capacidad operativa. El gobierno, en lugar de un rescate financiero, apuesta por una reestructuración que permita a la petrolera fortalecer su viabilidad en el largo plazo sin recurrir a más dinero público.

Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, enfatizó en la importancia de la intervención estatal en la prevención y tratamiento de las adicciones, tras el comunicado oficial de la Iglesia por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el 26 de junio.

“Nosotros creemos que hay una función importantísima de los distintos sectores del gobierno, al servicio del bien común de la población que vota a esos dirigentes. Creemos que hay un rol del Estado en la ayuda y cooperación en la forma de prevención y tratamiento en el caso de las adicciones”, señaló Colombo en diálogo con Radio Mitre, en alusión al compromiso estatal necesario ante el avance del narcotráfico.

En la entrevista, Colombo advirtió sobre las consecuencias del retiro estatal de las zonas más vulnerables: “Cuando el Estado se retira, desfinanciando o poniendo distintas trabas al sistema de trabajo de los organismos y distintos modos de actuar en la prevención, naturalmente, al no estar presente, aparecen otros benefactores que le solucionan el problema a la gente que está en esa difícil situación y se instala en su vida”.

“Se hacen cargo de elementos tan necesarios como la cuenta del almacén o alguna deuda que aflige a la familia de forma directa, se va generando un sistema de dependencia”, sostuvo.

Colombo mencionó la visibilidad del caso de Rosario en los medios, pero precisó que existen muchos otros sitios en situaciones similares. Según sus palabras, frente a este contexto no alcanza con estrategias centradas únicamente en la seguridad.

“No es poner todo el énfasis en poner toda la cuestión en el aparato de seguridad de Estado, sino en el Estado como promotor de la vida de las personas”, aseveró.

En tanto, destacó la labor de la Iglesia a través de la prevención en Hogares de Cristo, parroquias y grupos de voluntarios, pero advirtió: “No basta nuestro trabajo gratuito. Nosotros tenemos que seguir trabajando conscientes como ciudadanos, que somos responsables, unos y otros, de las vidas de los demás. No podemos desentendernos nunca. Ojalá el Estado nos siga acompañando o crezca el acompañamiento”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

En el mensaje difundido el pasado lunes, la Conferencia Episcopal Argentina planteó su preocupación por el crecimiento del narcotráfico en barrios vulnerables, especialmente ante el retiro del Estado en esas zonas.

El organismo que agrupa a los obispos católicos alertó que la ausencia de políticas públicas eficaces facilita el avance de las redes delictivas, que se constituyen en un “Estado paralelo”.

Según el documento, los jóvenes son especialmente vulnerables porque el narcotráfico les presenta alternativas que, aunque parecen mejores en lo inmediato, los despojan de dignidad y libertad.

Como parte del mensaje, los obispos afirmaron: “La droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos”. Definieron el consumo como una “herida profunda” en la juventud, particularmente para quienes viven en extrema pobreza, y advirtieron sobre el riesgo de naturalizar esta realidad.

La Iglesia Católica destacó que sostiene desde hace años una labor de acompañamiento en las zonas más afectadas. Este trabajo, describen, se desarrolla con presencia constante, cercana y silenciosa bajo la convicción de que “nadie está perdido para siempre”.

Instaron a las autoridades de todos los niveles a reconocer y respaldar las tareas de prevención y asistencia que se realizan en los territorios, aportando los recursos necesarios para fortalecer y ampliar este trabajo.

En el mensaje, también se dirigieron a quienes enfrentan adicciones, alentando a pedir ayuda y recordando que la Iglesia no se resigna a perderlos. “No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos”, indicaron.

El documento de los obispos coincidió en fecha con la difusión de un informe elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y el think tank Fundar, titulado “La narrativa rota del ascenso social, un estudio sobre las expectativas de los jóvenes de barrios populares”.

El reporte, basado en 600 encuestas y 47 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 24 años de barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), detalló que la compraventa y el consumo de drogas forman parte cotidiana en estos entornos.

Más de la mitad de los consultados percibe que la mayoría de sus amistades consume drogas, y cerca de la mitad reconoce conocer personas que las venden.

El informe señala que la edad de inicio se sitúa en algunos casos en los 9 o 10 años y que muchas familias y escuelas no logran contener la dimensión de la problemática. Los testimonios describen el consumo grupal, motivaciones como la búsqueda de olvido, ingresos o reconocimiento social, la repetición generacional y la relación directa con el abandono escolar.