La Embajada de Rusia en Colombia se pronunció sobre la nueva detención de Serguéi Vaguin, ciudadano ruso que fue capturado nuevamente el 30 de septiembre de 2026 en el marco del procedimiento para su salida del país. La representación diplomática rechazó los señalamientos que lo relacionan con financiación de disturbios, actividades de espionaje y contactos con organizaciones armadas ilegales, y sostuvo que esas acusaciones carecen de fundamento.

En un comunicado de prensa, la embajada señaló que tuvo conocimiento de la nueva detención de Vaguin, quien será deportado de Colombia en los próximos días, de acuerdo con información recibida de las autoridades migratorias colombianas. La representación diplomática, además, agradeció a las autoridades colombianas por la decisión de deportarlo a Rusia.

El caso de Vaguin había vuelto a ocupar la atención pública después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara su captura y anunciara que se aplicaría una medida administrativa de expulsión por razones de seguridad nacional. Según la información suministrada por el mandatario, el ciudadano ruso había sido señalado en informes de inteligencia por presunta financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La embajada rusa cuestionó que esas acusaciones volvieran a ser difundidas en medios de comunicación colombianos y sostuvo que se trata de señalamientos antiguos que, según su posición, no cuentan con sustento.

En el comunicado, la representación diplomática recordó que Vaguin fue detenido por las autoridades colombianas en marzo de 2022. De acuerdo con la embajada, después de la investigación se abrió en su contra un proceso penal por tres cargos de carácter económico: concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

La embajada explicó que los hechos estaban relacionados con actividades no autorizadas vinculadas con apuestas deportivas y señaló que, junto con Vaguin, fueron imputados otros seis ciudadanos colombianos. Según el comunicado, tres de los involucrados aceptaron su responsabilidad, mientras que el juicio contra el ciudadano ruso y los demás acusados continúa.

Vaguin permaneció privado de la libertad en centros penitenciarios colombianos hasta agosto de 2025, cuando obtuvo la libertad condicional. La representación rusa utilizó este antecedente para diferenciar el proceso penal que actualmente enfrenta de las acusaciones relacionadas con espionaje, financiación de protestas y supuestos nexos con organizaciones armadas.

“Lamentamos que en el espacio mediático colombiano se haya vuelto a replicarse la vieja historia sobre los supuestos vínculos de dicho ciudadano ruso con los grupos armados ilegales”, indicó la Embajada en su comunicado.

La representación diplomática también rechazó los señalamientos según los cuales Vaguin habría financiado disturbios en Bogotá o desarrollado actividades de espionaje. En ese sentido, calificó esas versiones como acusaciones que, según su posición, han sido presentadas como una supuesta injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia.

El Gobierno anunció su expulsión por seguridad nacional

El caso adquirió una nueva dimensión después de que el presidente Abelardo de la Espriella informara sobre la captura de Vaguin y anunciara su expulsión de Colombia. Según lo señalado por el mandatario, la actuación fue producto de una investigación desarrollada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Al explicar el procedimiento, el presidente afirmó: “En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la Dipol permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”.

El mandatario relacionó al ciudadano ruso con informes de inteligencia sobre la presunta financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y con supuestos contactos con el ELN. Además, hizo referencia al proceso judicial que Vaguin enfrenta por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, relacionado con un presunto fraude a plataformas de apuestas.

La información también ha sido objeto de cuestionamientos por parte del propio Vaguin. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, el ciudadano ruso sostuvo que la decisión migratoria se basó en información que consideró errónea y manifestó su intención de revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo.

Vaguin negó vínculos con espionaje

Vaguin también se refirió a las acusaciones relacionadas con las grabaciones que realizó durante las movilizaciones del paro nacional. Frente a la posibilidad de que ese material hubiera sido utilizado para actividades de inteligencia, negó esa interpretación.

“No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque”, afirmó el ciudadano ruso en entrevista con Caracol Radio.

Otro de los elementos mencionados en las informaciones sobre el caso corresponde a los recursos recibidos por Vaguin de Pravfond, una fundación vinculada al Gobierno ruso. La Unidad Investigativa de Caracol Radio informó que el ciudadano habría recibido más de $40 millones de esa organización.

Vaguin explicó que esos recursos correspondían, según su versión, a asistencia para ciudadanos rusos que enfrentan procesos judiciales fuera de su país. También rechazó que su relación con Pravfond constituya un elemento que permita sustentar las acusaciones de espionaje.

La Embajada rusa señaló finalmente que, según la información recibida de las autoridades migratorias colombianas, Vaguin será deportado a Rusia en los próximos días. “En este sentido, expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades de Colombia por la decisión adoptada”, concluyó la representación diplomática en su comunicado.

La Procuraduría General de la Nación archivó la indagación disciplinaria por el presunto espionaje con Pegasus contra el entonces ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, al concluir que no encontró elementos que vincularan al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional ni a sus funcionarios con la operación denunciada.

La Sala Disciplinaria de Instrucción adoptó la decisión el 19 de agosto de 2026, bajo la ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco. El expediente también incluyó verificaciones sobre el exministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, integrantes del grupo de seguridad de la cartera y miembros del Ejército señalados en la denuncia inicial.

La decisión cierra la actuación en el ámbito disciplinario. La Procuraduría determinó que no hay pruebas de que las entidades investigadas hubieran adquirido o utilizado Pegasus, destinado gastos reservados a vigilar a Idárraga o emitido una orden de inteligencia contra el funcionario.

La denuncia surgió tras un análisis forense del celular de Idárraga

El caso se hizo público el 13 de enero de 2026, cuando Idárraga afirmó que él y su familia habían sido objeto de espionaje. Según su denuncia, la operación se habría ordenado desde el Ministerio de Defensa mediante recursos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército Nacional.

El entonces ministro de Justicia encargado presentó un informe forense privado sobre su iPhone 15 Pro Max. El estudio indicó que el teléfono habría sido comprometido desde agosto de 2025 y reportó 8.742 eventos manipulados, 134 activaciones remotas y la extracción de 2,3 gigas de información.

Idárraga sostuvo que la información extraída incluía denuncias de corrupción y comunicaciones con fuentes. También señaló que el software espía habría permitido acceder a funciones como la cámara y el micrófono del dispositivo.

La denuncia mencionó una presunta orden de operaciones o misión de trabajo del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim). Además, apuntó hacia el sargento viceprimero Darwing Jesús Ramírez Pertuz como posible responsable de ejecutar o emitir instrucciones relacionadas con la supuesta operación.

Las Fuerzas Militares y la Policía negaron tener el software Pegasus

Durante la indagación, la Procuraduría solicitó información al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Las respuestas de esas entidades coincidieron en que no poseen, no han adquirido ni han utilizado el software Pegasus. El expediente estableció que tampoco existían registros de negociaciones para incorporar esa herramienta a sus capacidades de inteligencia o contrainteligencia.

La Sala Disciplinaria consideró acreditado, a partir del informe forense aportado por Idárraga, que el teléfono presentó indicios de una afectación atribuida a Pegasus. Sin embargo, ese elemento no permitió identificar a la persona, grupo o entidad que habría operado el programa.

En su declaración jurada, el propio Idárraga reconoció que no contaba con una prueba técnica, documental o pericial que demostrara que Ramírez Pertuz hubiera tenido control, administrado o manipulado Pegasus. Tampoco pudo establecer que el militar o algún funcionario del Ministerio de Defensa hubiera recibido una orden directa o indirecta para seguirlo.

La Procuraduría descartó una misión de trabajo contra el funcionario

Otro de los puntos centrales de la investigación fue la revisión de la supuesta misión de trabajo que habría dado origen al espionaje. La Procuraduría concluyó que no existe una orden de operaciones de inteligencia o contrainteligencia que mencionara a Idárraga como objetivo.

Las verificaciones se extendieron a los sistemas de información utilizados por las instituciones militares. La Sala indicó que no encontró una orden M/T ORDOP del Cacim con referencias al exsecretario de Transparencia ni a miembros de su familia.

El documento presentado como soporte de esa hipótesis también fue objeto de contraste. Según la información entregada a la Procuraduría, el formato no correspondía a los modelos autorizados y contenía inconsistencias sobre los vehículos y los agentes que presuntamente habrían intervenido en la operación.

La entidad disciplinaria tampoco halló soportes sobre el uso de gastos reservados para recolectar información de funcionarios de rango ministerial. La Inspección General de las Fuerzas Militares y la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa revisaron registros del Sistema Integrado de Información Financiera, conocido como Siif Nación, sin encontrar apropiaciones ni ejecuciones presupuestarias con ese propósito durante 2025.

Los integrantes del esquema Polonia negaron tareas de espionaje

La investigación incluyó declaraciones de miembros del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa y del esquema de protección Polonia. Los funcionarios consultados negaron haber recibido instrucciones para vigilar, seguir o realizar labores de inteligencia contra Idárraga o su familia.

También explicaron las funciones de los equipos Orion, Mesa y Anditron. De acuerdo con los testimonios, esos dispositivos se usan para tareas de inteligencia protectiva, como la detección de micrófonos, cámaras, radiofrecuencias, conexiones Bluetooth, redes WiFi y señales de drones.

Los declarantes afirmaron que estos equipos no pueden ingresar a celulares ni extraer datos. Además, indicaron que el grupo de seguridad no realiza actividades de contrainteligencia y no maneja recursos reservados.

Sobre Ramírez Pertuz, la Procuraduría estableció que sus funciones se relacionaron con la seguridad del exministro de Defensa, su despacho y las instalaciones de la cartera. La decisión indicó que no tenía equipos, facultades ni órdenes legales para interceptar comunicaciones o desarrollar actividades de espionaje contra personas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción resolvió terminar la actuación en etapa de indagación previa y archivar definitivamente el expediente IUS E-2026-010252 / IUC D-2026-4233970.

La conclusión se basó en la ausencia de elementos para atribuir al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, al exministro Pedro Sánchez, al sargento Ramírez Pertuz o a otros funcionarios investigados la operación del software o el supuesto seguimiento contra Idárraga.

El ciudadano ruso Sergei Vagin permanecerá en Colombia pese a la orden de deportación en firme que pesa sobre él. En una entrevista con Caracol Radio, afirmó que la decisión migratoria se apoyó en información errónea y que buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo.

La Unidad Investigativa del medio de comunicación informó que la expulsión no se ha ejecutado. Según esa versión, Migración Colombia ordenó su salida porque Vagin ingresó al país en 2016 con permiso de turista y no renovó ni regularizó su situación migratoria.

Vagin sostuvo que la resolución se tramitó cuando estaba bajo detención preventiva y que el expediente contiene datos que no le corresponden. “Necesitaban de cualquier forma culparme de algo y yo tengo orden de deportación”, dijo el extranjero en la conversación.

También aseguró que en los documentos figura un correo electrónico y una dirección que nunca utilizó. “Esta resolución de deportación hicieron en el momento cuando yo estuve bajo arresto preventivo”, agregó ante la emisora.

El caso migratorio ocurre mientras Vagin enfrenta un proceso por un presunto caso de apuestas en línea que involucra $1.500 millones, en el cual acepto responsabilidad. Además, el medio reveló que la Unidad Investigativa indicó que la Fiscalía no investigó durante cuatro años las acusaciones que lo relacionaban con espionaje en favor de Rusia, financiación de vandalismo en el Paro Nacional de 2021 y presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Vagin rechazó esos señalamientos. Negó haber financiado las protestas y sostuvo que los videos que grabó durante las movilizaciones estaban disponibles públicamente en su cuenta de Instagram.

“No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque”, afirmó. El ciudadano ruso negó que esas imágenes hayan sido enviadas a la inteligencia rusa, al Kremlin o al presidente Vladimir Putin.

También defendió su vínculo con Pravfond, fundación adscrita al Gobierno ruso que, según la investigación periodística, le ha girado más de 40 millones de pesos en Colombia.

La publicación señaló que la Unión Europea sancionó a esa organización por propaganda favorable al régimen ruso y que prestó asistencia a personas como Viktor Bout, condenado en Estados Unidos por tráfico de armas.

Vagin desestimó que esa relación refuerce las sospechas de espionaje. “Esta es una fundación gubernamental, esto no significa que toca mezclar aceite con agua”.

El ruso afirmó que Pravfond brinda apoyo a ciudadanos de su país que enfrentan procesos penales fuera de Rusia. “Ellos están ayudando a todos los ciudadanos rusos afuera de Rusia, si tienen algún caso penal, por ejemplo”, concluyó.

Nuevos detalles de la captura de un terrorista ruso en Bogotá mientras intentaba llegar a Cartagena

El ciudadano ruso Denis Alimov fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que las autoridades detectaran una circular roja de Interpol en su contra. El extranjero es señalado de liderar una red de espionaje y terrorismo internacional, y habría utilizado varios pasaportes e identidades para movilizarse sin ser identificado.

Alimov llevaba seis pasaportes y utilizaba alias como Denis Nazarovich, Denis Nevsky, Dionis y Denis Klimenkov. Sin embargo, cometió un error durante los controles migratorios al presentar el documento cuyo nombre coincidía con la alerta internacional. Según un investigador citado por El Tiempo, “el ‘error’ fatal de Alimov fue portar el pasaporte cuyo nombre coincidía exactamente con la alerta internacional vigente”.

La investigación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov financió un plan para localizar, secuestrar y asesinar a dos disidentes políticos rusos en Europa. Habría entregado 60.000 dólares y prometido 1,5 millones de dólares por cada objetivo asesinado. El FBI lo acusó de participar en un complot para atacar a opositores que denunciaban al Gobierno ruso.

Alimov, de 42 años y nacido en Moscú, tenía previsto viajar a Cartagena. Las autoridades colombianas investigan si buscaba esconderse, establecer contactos criminales o reunirse con otros integrantes de la organización. También analizan si había ingresado previamente al país con alguna de sus identidades falsas.

Diplomáticos de Canadá recopilaron información de inteligencia en Cuba y la compartieron con agentes de Estados Unidos entre 2016 y 2018, un período que coincidió con los primeros casos de los problemas de salud conocidos como “síndrome de La Habana”, según una investigación publicada por The Globe and Mail y citada por la agencia de noticias EFE.

El diario canadiense citó a dos fuentes bajo condición de anonimato, quienes afirmaron que un diplomático de Canadá obtuvo datos mediante fuentes humanas y, en determinadas ocasiones, los entregó de forma directa a agentes estadounidenses destinados en La Habana. La información se conoció mientras diplomáticos canadienses y sus familiares sostienen una demanda contra el gobierno de Ottawa por su respuesta ante las dolencias sufridas durante sus misiones en la isla.

Según el informe que cita EFE, el personal canadiense también utilizó equipos de comunicación satelital que Estados Unidos habría introducido de forma encubierta en Cuba. Esos dispositivos permitían mantener contactos protegidos fuera de los canales ordinarios de comunicación diplomática.

Información compartida con organismos canadienses y la alianza Five Eyes

Una de las fuentes del medio señaló que los datos obtenidos por el diplomático eran enviados a la división de seguridad e inteligencia del Ministerio de Exteriores de Canadá, al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) y a los socios de Ottawa en la alianza Five Eyes, indica la nota de EFE.

Ese grupo de cooperación de inteligencia está integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. La revelación periodística apunta a que la actividad de funcionarios canadienses en La Habana podía haber ido más allá de la elaboración de informes sobre condiciones de seguridad para personal diplomático.

El diario indicó, según la agencia EFE, que la información procedía de fuentes humanas, un método habitual en operaciones de inteligencia que implica la obtención de datos mediante contactos personales. La publicación no identificó al diplomático involucrado ni precisó la naturaleza de la información que habría sido compartida con agentes de Estados Unidos.

Global Affairs Canada, el Ministerio de Exteriores canadiense, rechazó al medio canadiense que sus diplomáticos hubieran transmitido información de inteligencia a agentes estadounidenses. El organismo sostuvo que su Programa Global de Informes de Seguridad, conocido como GSRP por sus siglas en inglés, recolecta información de manera abierta y legal.

La institución también afirmó que “no es un programa de recopilación de inteligencia”. Su función oficial consiste en informar sobre riesgos para el personal canadiense y las representaciones diplomáticas en el exterior.

La “zona claramente gris” detectada por el organismo de control canadiense

La negativa del gobierno canadiense contrasta con una conclusión emitida en 2023 por el organismo responsable de supervisar las actividades de seguridad nacional del país. Esa entidad determinó que el GSRP se desenvolvía en una zona claramente gris y que algunos de sus miembros mantenían vínculos con agencias extranjeras de inteligencia.

El hallazgo alimentó los cuestionamientos sobre el alcance del programa y sobre los límites entre la recopilación de información para proteger a funcionarios y la cooperación con servicios de inteligencia de otros países.

Las revelaciones se producen en medio del litigio iniciado por diplomáticos canadienses y familiares que estuvieron destinados en Cuba. El grupo reclama una compensación multimillonaria por la gestión del gobierno de Ottawa frente a los problemas de salud registrados en la embajada canadiense en La Habana.

En 2025, el gobierno recurrió a una disposición inusual de seguridad nacional para limitar la divulgación de documentos dentro del expediente judicial. La norma permite restringir información cuya publicación pueda afectar la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales de Canadá.

Las causas del síndrome de La Habana, sin explicación definitiva

Los primeros síntomas fueron informados por diplomáticos estadounidenses y canadienses en la capital cubana. Las personas afectadas describieron dolores de cabeza, mareos, problemas auditivos, alteraciones cognitivas y otras afecciones que, en algunos casos, persistieron durante años.

Las causas del síndrome de La Habana no han sido establecidas. Investigaciones periodísticas plantearon la posibilidad de que se hubieran utilizado armas de energía dirigida vinculadas con Rusia. No obstante, Canadá concluyó oficialmente en 2024 que no existían pruebas de que los problemas de salud fueran consecuencia de una acción maliciosa de una potencia extranjera.

En Estados Unidos, las evaluaciones de inteligencia que consideraban improbable la intervención de un adversario extranjero fueron retiradas en 2026. Esos informes quedaron bajo una nueva revisión, mientras continúan las dudas sobre el origen de los episodios que afectaron a diplomáticos en Cuba y en otros países.

Ocultar conversaciones privadas en WhatsApp ya no requiere aplicaciones externas ni trucos improvisados. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, tiene una función que traslada chats seleccionados a una carpeta protegida por autenticación, de forma que ni una notificación en pantalla ni un vistazo rápido al teléfono revelen su contenido.

La herramienta, conocida como restringir chat o bloquear chat según el idioma del dispositivo, funciona en Android, iPhone y también en la versión de escritorio. Permite ocultar tanto conversaciones individuales como grupos, incluidos los que están silenciados.

Qué hace exactamente la función de restringir chats en WhatsApp

Cuando un chat queda restringido, desaparece de la lista principal de conversaciones y pasa a una carpeta aparte llamada Chats restringidos. Para entrar en ella se necesita el mismo método de desbloqueo del teléfono (código, huella o Face ID) o, si se configuró, un código secreto propio.

El cambio también afecta a las notificaciones. En lugar de mostrar el nombre del contacto y un fragmento del mensaje, la pantalla exhibe solo un aviso genérico: “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”. La persona restringida no recibe ningún tipo de alerta sobre esta acción y puede seguir escribiendo con normalidad.

Restringir un chat no equivale a bloquear al contacto: la comunicación continúa activa. Tampoco impide las llamadas, que siguen llegando sin restricción alguna. Si además se hace una copia de seguridad y se restaura en otro teléfono, los chats restringidos conservan esa condición, aunque para abrirlos será necesario volver a configurar la autenticación del dispositivo.

Cómo activar el bloqueo paso a paso en cada plataforma

El proceso varía apenas entre sistemas operativos. En Android, los pasos son los siguientes:

1. Mantener presionado el chat que se quiere proteger.
2. Tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales).
3. Seleccionar Restringir chat.

En iPhone o iPad el procedimiento es similar:

1. Deslizar hacia la izquierda sobre el chat o mantenerlo presionado.
2. Tocar el ícono de más opciones.
3. Seleccionar Restringir chat.
4. Activar Face ID, Touch ID o el código del teléfono si todavía no está configurado.

Desde WhatsApp Web o la versión de escritorio, la acción se completa con un clic derecho sobre el chat y la selección de Restringir chat. En este caso es imprescindible haber creado antes el código secreto desde el teléfono principal, ya que no puede generarse desde la computadora.

Si el dispositivo no tiene configurado ningún método de autenticación, la aplicación lo solicitará antes de permitir la restricción.

Cómo crear un código secreto y ocultar la carpeta por completo

Una vez restringido al menos un chat, puede añadirse una segunda clave, distinta del PIN del teléfono, para reforzar la privacidad. Los pasos son:

1. Deslizar hacia abajo en la lista de chats y tocar Chats restringidos.
2. Tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales).
3. Seleccionar Ajustes para restringir chats > Código secreto.
4. Ingresar el código deseado y tocar Siguiente.
5. Volver a escribirlo para confirmarlo y tocar OK.

Con ese código creado, existe además la posibilidad de que la propia carpeta Chats restringidos desaparezca de la vista general. Para activarlo:

1. Entrar en Chats restringidos.
2. Tocar el ícono de más opciones > Ajustes para restringir chats.
3. Seleccionar Ocultar chats restringidos.

A partir de ese momento, la carpeta solo aparece cuando se escribe el código secreto en la barra de búsqueda de WhatsApp. Para revertir el ocultamiento, el mismo menú permite desactivarlo, y el código secreto puede eliminarse desde Ajustes para restringir chats > Código secreto > Desactivar.

Qué ocurre si se olvida el código secreto

El principal riesgo de esta configuración aparece cuando se pierde el código secreto y la carpeta está oculta. WhatsApp ofrece una vía de escape, pero con un costo: dejar de restringir los chats y vaciarlos.

Para hacerlo:

1. Tocar el ícono de más opciones > Ajustes > Privacidad.
2. Seleccionar Restringir chat > Dejar de restringir y vaciar los chats restringidos.
3. Confirmar la acción.

Esta operación elimina el código secreto y devuelve todas las conversaciones a la lista principal, pero borra por completo mensajes, fotos y videos de esos chats. La única manera de recuperar ese contenido es contar con una copia de seguridad realizada antes de vaciar la carpeta, y aun así solo se restauran los datos enviados hasta esa fecha.

Don Adams rechazó una oferta de 12.500 dólares por semana para protagonizar Get Smart y prefirió apostar a un porcentaje de las ganancias del programa. Con el correr de los años esa apuesta lo convirtió en dueño de un tercio de la serie que lo transformó en el entrañable Súper Agente 86.

Detrás del actor que hizo reír a Estados Unidos con la torpeza de Maxwell Smart hubo una historia que comenzó muy lejos de los estudios de televisión: en un barco rumbo al Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial.

Murió el 25 de septiembre de 2005 en Los Ángeles, a los 82 años. Una infección pulmonar terminó con su vida mientras atravesaba un tratamiento contra un linfoma.

Creada por Mel Brooks y Buck Henry, Get Smart parodiaba la fiebre de espías impuesta por James Bond y por series como El agente de C.I.P.O.L., aunque lograba sorprender con la torpeza del protagonista antes que en la tecnología de punta.

Get Smart se emitió por NBC y luego por CBS entre 1965 y 1970, a lo largo de 138 episodios. Don Adams interpretó al Agente 86, Maxwell Smart, un espía de la agencia Control que enfrentaba a la organización criminal Kaos, y ganó tres premios Emmy consecutivos como mejor actor de comedia.

Cada episodio comenzaba con Smart bajando de un auto deportivo, corriendo hacia una cabina telefónica y marcando un número secreto. Recién después de meter la moneda correcta en la ranura, el piso de la cabina se abría y lo llevaba a las oficinas subterráneas de Control, en Washington.

Lo acompañaban Barbara Feldon en el papel de la Agente 99, tan inteligente como él torpe, y Edward Platt como el Jefe, apenas siete años mayor que Adams pese a hacer de figura paterna. Completaban el elenco el Agente 13 (David Ketchum), que se escondía en buzones y relojes, y un perro llamado Fang.

Frases como “Disculpe eso, Jefe”, “Fallé por muy poco” y “¿Usted me creería?” se instalaron en el habla cotidiana. En una escena con el villano Mr. Big, interpretado por el actor de baja estatura Michael Dunn, Smart aseguraba que siete guardacostas convergían sobre él; ante la incredulidad de su rival, bajaba la cifra hasta ofrecer, como última carta, “dos policías en un bote de remos”.

Adams explicó una vez que Maxwell Smart “es lo que cualquier tipo común... sería si fuera James Bond”. La definición resumía el corazón del personaje: un espía convencido de su propia genialidad, incapaz de advertir lo obvio.

Donald James Yarmy, como se llamaba en realidad, nació el 13 de abril de 1923 en Manhattan. Su padre, William Yarmy, administraba restaurantes y era de origen húngaro-judío. Su madre, Consuelo, de fe católica irlandesa, lo bautizó en su misma religión.

Fue un chico poco afecto a las aulas. Prefería el cine antes que la escuela, tanto que su padre lo terminó inscribiendo en el DeWitt Clinton High School, en el Bronx, con la esperanza de enderezarlo. No sirvió de mucho: Adams abandonó los estudios y trabajó como acomodador de teatro antes de mudarse con parientes a Pensilvania.

Vivió un tiempo en la casa de una tía materna, junto a sus primos Bob y Bill Karvelas, futuros boxeadores de las Fuerzas Armadas. Los tres decidieron alistarse juntos: los corpulentos gemelos tuvieron que bajar de peso para entrar a los Marines, mientras el flaco Adams comió de más para alcanzar el peso mínimo exigido.

En 1941, con apenas 18 años, se sumó al Cuerpo de Marines. Un año después llegó a la isla de Guadalcanal, en pleno Pacífico, donde convivió con francotiradores japoneses y con mosquitos que transmitían la malaria.

Contrajo la variante conocida como fiebre de aguas negras, que mata al 90% de quienes la padecen. Según se reconstruyó el soldado Adams le dijo al enfermero que lo velaba que él “no iba a ir a ningún lado”. Sobrevivió, aunque pasó varios meses internado y luego se desempeñó como instructor de reclutas.

Terminada la guerra, probó suerte en una escuela de arte comercial, pero el oficio no prosperó. Se mudó a Miami, formó junto a Jay Lawrence el dúo cómico “The Young Brothers” y adoptó por un tiempo el apellido Young.

Se casó con la cantante Adelaide Efantis, que actuaba bajo el nombre artístico Adams, y tuvieron cuatro hijas: Caroline, Christine, Cathy y Cecilia. La pareja se mudó al área de Baltimore y Washington, donde Adams trabajó en dibujo cartográfico mientras seguía haciendo stand-up por las noches.

En 1954 volvió a Nueva York para el funeral de su madre y decidió presentarse al concurso de talentos de Arthur Godfrey. Ganó, y para la ocasión adoptó de forma definitiva el apellido de su esposa: Adams. El triunfo le abrió las puertas de los programas de Ed Sullivan, Steve Allen y Perry Como.

En el ciclo de Perry Como popularizó frases como “Realmente sabés cómo lastimar a un tipo” y “Gracias, lo necesitaba”, y prestó su voz al pingüino de la caricatura Tennessee Tuxedo. A fines de esa década integró también la camada de los llamados “Sick Comedians”, junto a Lenny Bruce, Shelley Berman y Tom Lehrer.

Por esos años desarrolló, a partir de una imitación del actor William Powell, un personaje de detective pomposo y sabelotodo que terminaría siendo la semilla de Maxwell Smart.

El guionista y comediante Bill Dana se asoció con Adams y le escribió el recurso “¿Usted me creería...?”, que Adams al principio detestaba pero que terminó siendo su marca registrada.

Cuando Dana consiguió su propio programa en 1963, invitó a Adams a sumarse. Allí nació Byron Glick, un detective de hotel extraordinariamente torpe que estuvo a punto de opacar al protagonista. Los productores Danny Thomas y Sheldon Leonard, poco convencidos con la voz de Adams, casi lo despiden.

The Bill Dana Show se emitió hasta enero de 1965. Poco después, NBC le ofreció a Adams un papel en una comedia de espionaje pensada originalmente para el actor Tom Poston. Adams dudó hasta que le contaron que el guion lo había escrito Mel Brooks: aceptó el papel de Maxwell Smart sin siquiera leer el libreto.

Adams no se limitó a actuar. Dirigió 13 episodios de la serie, el primero de ellos “Appointment in the Sahara”, y escribió dos guiones junto a su hermana, la comediante Gloria Burton.

Como dueño de una parte del programa, pidió revisar los gastos de producción. “Vi esta cifra grande, puede haber sido 12.000 dólares. Dije: ‘¿Esto para qué es?’. Me dijeron: ‘Eso es para construir la morgue de la ciudad’”, contó Adams. A partir de ahí propuso alternativas de dos o tres mil dólares en lugar de esas sumas.

Se rompió la nariz durante una pelea filmada para el episodio “Smart Fit the Battle of Jericho”, cuando insistió en hacer sus propias escenas de riesgo. La producción también tuvo aire de asunto familiar: su primo Robert Karvelas interpretó al agente Larabee y su hermano Dick Yarmy apareció en dos capítulos.

Terminada Get Smart, NBC le ofreció a Adams 300 pilotos, todos rechazados por él. A cambio, el actor propuso sus propias ideas, casi todas descartadas por el estudio. Su siguiente serie, The Partners, en la que interpretaba al detective Lennie Crooke, no logró levantar y compitió sin suerte contra All in the Family.

En 1980 volvió a ponerse en la piel de su personaje más famoso en la película The Nude Bomb (La bomba desnuda), un fracaso de recaudación junto a la actriz Sylvia Kristel. Actuó también en Jimmy the Kid (1983) y Back to the Beach (1987), aunque ninguna lo alejó de su imagen de detective con ciertas dificultades.

En paralelo montó, junto a Bill Dana, la agencia de publicidad Ads Inc. y condujo el programa de concursos Don Adams’ Screen Test entre 1974 y 1975. También dirigió comerciales y ganó varios premios Clio por sus avisos para los juegos de mesa Aurora Skittle. En 1985 protagonizó la sitcom canadiense Check It Out, en la piel de un gerente de supermercado, que se emitió hasta 1988.

Desde 1983 y hasta 1999, Adams puso la voz al policía biónico y torpe de la caricatura Inspector Gadget, un personaje que repetía, en clave animada, buena parte del espíritu de Maxwell Smart. En 1989 volvió a reunirse con Barbara Feldon para la película para televisión Get Smart, Again!

En 1991, en pleno estallido de la Guerra del Golfo, el canal de cable Nickelodeon comenzó a repetir Get Smart a diario y presentó al personaje ante una nueva generación de espectadores. En 1995, la cadena Fox intentó revivir la serie con Andy Dick como hijo de Maxwell Smart, pero el ciclo se canceló a los nueve episodios.

Ese mismo año Adams prestó su voz a Gadget Boy y, en 1997, interpretó al director de una escuela en la serie animada Pepper Ann. En 1999 tuvo un cameo como la voz del perro Cerebro en la versión cinematográfica de Inspector Gadget, protagonizada por Matthew Broderick.

En sus últimos años, Adams jugaba al bridge con Hugh Hefner y se reunía una vez por mes con otros comediantes en un grupo llamado Yarmy’s Army, bautizado en honor a su hermano Dick. También colaboró con el canal TV Land en la promoción de reposiciones de Get Smart y participó del documental Inside TV Land: Get Smart, estrenado en 2001.

En noviembre de 2003, el Museo de Televisión y Radio le rindió homenaje a la serie con un panel del que participaron Adams, Feldon y otros integrantes del elenco original, seguido de una cena en su honor.

Quienes lo conocieron lo describían de maneras muy distintas. El actor James Caan decía que su ídolo era Atila el Huno; su segunda esposa, Dorothy, estaba convencida de que su distracción lo hacía la viva imagen de Maxwell Smart; y Barbara Feldon, pese al cariño que le tenía, sentía que ella y Adams “no eran del mismo planeta”.

Según publicó The Guardian en el obituario del actor, Adams estuvo casado y divorciado tres veces: con Adelaide Efantis Adams entre 1947 y 1960, con Dorothy Bracken entre 1960 y 1976, y con Judy Luciano entre 1977 y 1990. Tuvo siete hijos en total, aunque lo sobrevivieron seis: su hija Cecily Adams, directora de casting, había muerto de cáncer de pulmón un año antes que él.

En una entrevista de 1995 citada por el diario, Adams había resumido su relación con el papel que lo hizo famoso: “Fue un programa especial que se convirtió en una especie de clásico de culto, e hice mucho dinero con él. Pero también me perjudicó en mi carrera porque quedé encasillado. El personaje era tan fuerte, en particular por esa voz tan distintiva, que nadie podía imaginarme en otro papel”.

Desactivar el WiFi y el Bluetooth en lugares públicos evita que ciberdelincuentes intercepten datos personales y bancarios. Restaurantes, aeropuertos y centros comerciales concentran el mayor riesgo para quienes mantienen estas funciones activadas de forma permanente.

El acceso a redes abiertas y el emparejamiento automático entre dispositivos abren la puerta a intrusiones silenciosas. La consecuencia puede ser la filtración de credenciales de redes sociales y cuentas bancarias, con las pérdidas económicas que eso implica.

Qué riesgos existen al conectarse a una red WiFi pública

El ataque más frecuente en estos entornos se conoce como Man in the Middle o MitM. Un ciberdelincuente se ubica entre el usuario y el router para interceptar la información que circula por la red.

La víctima puede navegar con normalidad sin advertir que sus datos están siendo monitoreados o copiados en tiempo real. Mensajes, contraseñas y credenciales bancarias quedan expuestos durante todo el proceso.

A esto se suman las redes WiFi falsas. Los atacantes crean conexiones con nombres similares a los de una red legítima, o directamente ofrecen una red gratuita sin contraseña para captar usuarios desprevenidos.

Al conectarse a esa red trampa, la persona puede quedar expuesta al robo de credenciales, archivos y otros datos sensibles sin ningún indicio visible de que algo anda mal.

Las redes abiertas también facilitan la distribución de malware, incluido el ransomware, un programa capaz de bloquear archivos o sistemas completos y exigir un pago para restituir el acceso. Este tipo de software puede además registrar contraseñas, acceder a correos electrónicos, comprometer cuentas y ejecutar operaciones no autorizadas.

Por qué el Bluetooth activo también representa un peligro

El Bluetooth tiene un alcance más limitado que el WiFi, pero eso no elimina los riesgos asociados a mantenerlo encendido fuera de casa. Si la función permanece activa y visible, dispositivos cercanos pueden intentar conectarse sin autorización.

Una de las técnicas más señaladas es el bluesnarfing, un método que aprovecha fallos en los protocolos de emparejamiento entre dispositivos para acceder sin permiso a archivos, contactos o cuentas en línea almacenadas en el teléfono.

El bluesnarfing es un ataque que explota vulnerabilidades del Bluetooth para robar información del celular sin que el usuario lo note, con un alcance de hasta 15 metros, suficiente para operar en aeropuertos, centros comerciales o eventos masivos con alta concentración de personas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que este tipo de intrusión puede pasar completamente desapercibida para la víctima durante un tiempo prolongado.

Cuáles son las señales de que el celular fue vulnerado

Existen indicios concretos que permiten sospechar que un dispositivo sufrió una intrusión a través de estas conexiones inalámbricas. El primero de ellos son los bloqueos inesperados del teléfono sin causa aparente.

También resultan alarmantes los mensajes enviados sin consentimiento del usuario y un aumento repentino en el consumo de batería, que puede delatar procesos ejecutándose en segundo plano sin autorización.

La aparición de emparejamientos Bluetooth desconocidos en los ajustes del dispositivo constituye otra señal de alerta que no debería ignorarse. A esto se suma cualquier movimiento extraño detectado en redes sociales o cuentas bancarias asociadas al celular.

Ante cualquiera de estos indicios, la recomendación es actuar de inmediato para frenar la intrusión antes de que el atacante logre acceder a información adicional o realice operaciones no autorizadas con los datos ya obtenidos.

Cómo proteger el celular en espacios públicos

La medida más simple y efectiva es desactivar el WiFi y el Bluetooth cuando no resulten necesarios, en especial al circular por restaurantes, aeropuertos o centros comerciales con alta afluencia de personas.

Mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones instaladas y el antivirus del dispositivo reduce las posibilidades de que un atacante explote vulnerabilidades conocidas para acceder al teléfono.

También conviene evitar el ingreso de contraseñas, la realización de operaciones bancarias o el acceso a cuentas sensibles mientras se utiliza una red WiFi pública, sin importar cuán confiable parezca la conexión.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó, el 21 de septiembre de 2001, a Ana Belén Montes, considerada la espía más peligrosa del fallecido dictador Fidel Castro dentro del gobierno de Estados Unidos. La funcionaria era la principal analista sobre Cuba de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y tenía acceso a información clasificada vinculada con la seguridad nacional estadounidense.

La detención ocurrió diez días después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Las autoridades temían que Montes entregara a La Habana datos militares sobre la respuesta que Washington preparaba contra los responsables de los ataques, por lo que resolvieron intervenir antes de completar el operativo que seguían desde hacía meses.

Según la reconstrucción difundida por Martí Noticias y recogida por Periódico Cubano, los investigadores pretendían detenerla durante una reunión con sus contactos cubanos para identificarlos. El riesgo de que recibiera información sobre los planes militares estadounidenses alteró esa estrategia y aceleró la captura.

El FBI actuó ante el riesgo de una filtración tras los atentados

En los días posteriores al 11 de septiembre, Estados Unidos aún evaluaba los ataques contra Nueva York y el Pentágono, mientras otro avión secuestrado había caído en Pensilvania. En ese contexto, el acceso de Montes a documentos sensibles se convirtió en un riesgo para los investigadores que ya la mantenían bajo vigilancia.

La investigación se había reactivado en 2000, cuando las autoridades buscaban a una persona que trabajaba para Cuba desde dentro de Washington. El FBI combinó seguimientos físicos y electrónicos con registros encubiertos para reconstruir los vínculos de la fuente y establecer su relación con los servicios de inteligencia cubanos.

La pesquisa retomó sospechas que habían aparecido años antes. Las alertas sobre Montes cobraron fuerza tras el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por la Fuerza Aérea cubana, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El ataque causó la muerte de los ciudadanos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa y Armando Alejandre Jr. También murió Pablo Morales, residente legal permanente en Estados Unidos.

Montes integró un equipo especial que debía estudiar las consecuencias del incidente. Durante esa tarea, una llamada urgente la llevó a abandonar el lugar antes de lo previsto, y los investigadores advirtieron que estaba alterada.

Poco después, un agente de inteligencia cubano incumplió los protocolos e intentó comunicarse con ella cuando se dirigía a su trabajo. Un colega de la Agencia de Inteligencia de la Defensa trasladó entonces sus sospechas a un oficial de seguridad.

La analista fue entrevistada y negó cualquier relación con actividades de espionaje. El caso quedó archivado de manera temporal, aunque las pesquisas volvieron a activarse cuatro años más tarde.

El reclutamiento precedió a su ingreso en la inteligencia militar

La relación de Montes con la inteligencia cubana comenzó en 1984, cuando Marta Velázquez, una puertorriqueña vinculada con esos servicios, la reclutó y facilitó su contacto con oficiales de La Habana. Al año siguiente, ambas viajaron a Cuba para recibir preparación en comunicaciones clandestinas, intercambio de información y métodos para evitar ser detectadas.

Después de esa etapa, Montes buscó puestos que le permitieran acceder a información estratégica sobre América Latina. En septiembre de 1985 ingresó a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, pese a que un excompañero había advertido sobre sus posiciones contrarias a la política de Estados Unidos en Nicaragua.

Entre 1986 y 1996, la funcionaria se especializó en asuntos de América Central y obtuvo altos niveles de acceso a material clasificado. En 1993 fue elegida como la principal analista sobre Cuba dentro del Pentágono.

Desde esa posición, entregó al gobierno cubano información sobre operaciones militares, instalaciones estratégicas y programas de defensa estadounidenses. Las investigaciones concluyeron que actuó principalmente por motivaciones ideológicas y no por beneficios económicos.

Martí Noticias sostuvo que la investigación permitió establecer el alcance de los contactos de Montes antes de su arresto. La analista había logrado avanzar dentro de las estructuras de inteligencia militar estadounidenses mientras mantenía sus vínculos con Cuba.

Tras su detención, Montes aceptó declararse culpable y proporcionó información sobre sus contactos. La Justicia estadounidense la sentenció en 2002 a 25 años de prisión por conspiración para cometer espionaje.

La exanalista recuperó la libertad en enero de 2023, después de cumplir 22 años de condena. Tras su salida de prisión, quedó bajo vigilancia y con la prohibición de comunicarse con agentes extranjeros.

El régimen de Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado a muerte por supuesto espionaje y colaboración con los servicios de inteligencia de Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025.

“Hosein Pedaran, quien había proporcionado al Mossad información sobre emplazamientos militares sensibles de Irán en la provincia de Isfahán (...) fue ejecutado tras completarse el proceso legal y la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo”, anunció la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

De acuerdo con el relato judicial, el acusado estableció inicialmente contacto con la CIA a través de internet y posteriormente contactó con el Mossad, que respondió a su solicitud y comenzó a comunicarse con él a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El Poder Judicial aseguró que Pedaran envió información sobre instalaciones militares y de misiles de la ciudad de Isfahán (centro), así como datos personales y de identificación de trabajadores de esos centros, incluidos sus puestos, medios de contacto, intereses y otros datos personales.

Según Mizan, estas instalaciones fueron atacadas por Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025, en la que también participó Estados Unidos con ataques contra los tres principales centros nucleares iraníes.

Las autoridades afirmaron además que el ejecutado recibió en varias ocasiones cantidades de dinero en euros del servicio de inteligencia israelí.

Durante el registro del domicilio de Pedaran, las autoridades dijeron haber encontrado una libreta con información relacionada con misiles, clasificada como “muy confidencial”, además de varias memorias de almacenamiento cifradas.

La República Islámica ha intensificado la persecución de presuntos colaboradores de Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con miles de detenciones y decenas de ejecuciones.

Irán también ha ejecutado a unas 29 personas entre marzo y agosto pasados por su participación en las protestas de enero, que pedían el fin de la República Islámica y que fueron reprimidas, causando la muerte de 3.117 personas, según la versión oficial, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo y en 2025 ahorcó al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.

Donald Trump promulgó la ley de sanciones contra Irán y la “flota fantasma” de Rusia

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que refuerza las sanciones contra Rusia e Irán y habilita la imposición de aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, según anunció la Casa Blanca. La norma, aprobada esta semana por el Congreso, otorga al mandatario republicano amplias facultades para imponer gravámenes a los cinco mayores compradores de hidrocarburos de Rusia, entre los que figuran China e India.

La legislación, rebautizada en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, extiende el marco de sanciones a los sectores energético y armamentístico de Irán. El texto también alcanza de forma explícita al presidente ruso, Vladimir Putin, a funcionarios de su gobierno, oligarcas y entidades bancarias.

“Según el proyecto de ley, el presidente debe imponer sanciones que bloqueen la concesión de visados y la propiedad a determinadas personas (físicas y jurídicas), como el presidente ruso, ciertos mandos militares y cualquier persona extranjera que, a sabiendas, proporcione bienes o servicios relacionados con la base industrial de defensa del país”, establece la norma.

La medida superó las votaciones en el Congreso, aunque algunos sectores del Partido Demócrata expresaron reparos sobre el alcance de las atribuciones arancelarias concedidas al presidente estadounidense.

El 18 de septiembre de 1965, la televisión estadounidense estrenó una serie protagonizada por un agente secreto que no entendía nada de lo que hacía, usaba un zapato como teléfono y, sin embargo, siempre terminaba ganando. Esa noche, la cadena NBC emitió el episodio piloto de Get Smart —conocida en América Latina como El Superagente 86— y el mundo de las comedias televisivas no volvió a ser el mismo.

El primer episodio se llamaba “Mr. Big” y presentaba a Maxwell Smart, el Agente 86, como un espía voluntarioso, irremediablemente torpe y dotado de una confianza en sí mismo inversamente proporcional a su competencia. A su lado, la Agente 99 —inteligente, sagaz y con una paciencia que rozaba lo sobrehumano— y el Jefe, cuya resignación ante los desaciertos de su subordinado era, en sí misma, una forma de heroísmo.

La historia de cómo Get Smart llegó a la pantalla es casi tan disparatada como sus propios episodios. Todo comenzó en 1964, cuando el productor Daniel Melnick, de la productora Talent Associates, llamó a Mel Brooks con una propuesta concreta. “Necesitamos una nueva serie y queremos que la escribas. El Inspector Clouseau y James Bond son lo más grande del mundo ahora. ¿Tenés alguna idea?”, le dijo, según recordó el propio Brooks en una entrevista por el 60° aniversario de la serie.

Brooks aceptó y eligió como colaborador a Buck Henry, un escritor que, según sus propias palabras, era “loco, rápido y diferente”. La dupla tenía un método de trabajo tan simple como eficaz: si los dos se reían, el chiste entraba. Si solo uno se reía, quedaba afuera. Y si ninguno se reía, ni hablar. También tenían otro incentivo para no apurarse: Talent Associates había reemplazado la mesa de reuniones de su oficina por una mesa de billar, y Henry era muy buen jugador.

El piloto estuvo listo en pocos meses y fue a parar a la cadena ABC, que lo rechazó. El canal de TV exigía que Maxwell Smart tuviera madre, un elemento de anclaje familiar que, según Brooks, hubiera convertido la serie en “una típica comedia hogareña”. Eso era exactamente lo que no querían. “Nadie había hecho jamás un programa centrado en un idiota, así que yo decidí ser el primero”, explicó Brooks al medio.

La salvación llegó por azar. Brooks se cruzó con Grant Tinker, de NBC, en el Beverly Hills Hotel. Tinker le preguntó si tenía algo guardado. “Resulta que tenemos una serie nueva y muy graciosa que ABC acaba de rechazar”, le respondió. NBC vio el piloto, lo amó y le dio luz verde.

El casting de Maxwell Smart también tuvo sus vueltas. ABC había pensado originalmente en Tom Poston para el papel, con un perfil más inclinado a la torpeza física. Pero NBC tenía otro candidato: Don Adams, que por entonces interpretaba a un detective inepto en El show de Bill Dana.

Adams no solo trajo su talento: trajo también parte del material. “La frase ‘¿Me creería usted si le dijera…?’ era algo que trajo del sketch que hacía en su programa anterior”, reveló Buck Henry años después. Con Adams en el rol, la comedia se apoyó en los gestos, en las frases lapidarias y en una gestualidad que parecía diseñada para llamar la atención de los criminales antes que para evitarla.

La negociación del salario fue otra escena digna de la serie. La productora le ofreció un monto ajustado más un porcentaje de las ganancias futuras, en caso de que la serie prosperara. Adams aceptó. Y la apuesta le resultó rentable durante décadas.

La decisión de que Adams no cobrara un cachet alto sino una participación en los beneficios no fue la única jugada riesgosa que resultó bien. Barbara Feldon, quien encarnó a la Agente 99, tampoco llegó al papel sin dudas. Venía de trabajar como modelo y había participado en algunos episodios de la serie El agente de CIPOL, pero la idea de firmar un contrato de cinco años la inquietaba. “¡Y que cuando terminara ese tiempo iba a ser una anciana!”, dijo la actriz. Finalmente aceptó por cuatro episodios y después no pudo irse.

Mel Brooks se atribuyó la paternidad del zapatófono con total desparpajo. Un día, en la oficina, todos los teléfonos sonaban al mismo tiempo. Brooks se sacó el zapato y fingió atenderlo. Supo de inmediato que era la peor ubicación posible para un teléfono secreto y que, justamente por eso, iba a funcionar de maravilla en la serie. Don Adams le contó años después que no podía sentarse a comer en un restaurante sin que alguien se sacara el zapato y lo saludara.

El Cono del Silencio fue una idea de Buck Henry: una gran cúpula transparente que descendía sobre Max y el Jefe para proteger sus conversaciones secretas. El problema era que, una vez adentro, ninguno de los dos podía escuchar al otro. Era, en definitiva, el resumen perfecto de la filosofía de CONTROL.

En el piloto “Mr. Big” quedaron establecidas las bases del universo: CONTROL como agencia de inteligencia —una sátira de la CIA— enfrentada a KAOS, su contraparte del mal —una versión paródica del KGB soviético—. La confrontación se desarrollaba en un clima de Guerra Fría en el mundo real que la serie ridiculizaba chiste a chiste, con gadgets tan avanzados tecnológicamente como inútiles en la práctica.

Brooks explicó que la dinámica entre los personajes no fue casual. En su época trabajando con Sid Caesar había aprendido que los “palos derechos” —los personajes serios que reaccionan ante el disparate— son los que potencian al cómico principal. Ed Platt como el Jefe y Barbara Feldon como la 99 cumplieron exactamente esa función: eran el tablero contra el que Adams rebotaba.

La repercusión de El Superagente 86 no tardó en cruzar fronteras, y la Argentina tuvo su propio episodio dentro del universo de la serie. En “Supersonic Boom”, el sexto capítulo de la tercera temporada, los agentes de CONTROL son engañados por KAOS, que los hace creer que viajaron a Sudamérica cuando en realidad nunca salieron de Washington.

La trampa funciona así: con los ojos vendados, Max y la 99 son subidos a un auto falso, luego a asientos de avión con sonido de turbinas incluido y finalmente encerrados en un calabozo. Cuando la 99 recuerda que el aeropuerto de Ezeiza queda en Buenos Aires, Max ata los cabos: “El aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado ‘Gaucho’... 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires querido”.

Sin dudarlo, toma el zapatófono y llama al Jefe: “Estamos en la tierra del tango y del churrasco, en la Argentina”. Desde CONTROL le avisan que enviarán todas las fuerzas disponibles.

Lo que sigue es una de las escenas más queridas de la serie en estas latitudes. Max, convencido de estar en Buenos Aires, intenta hablar con un transeúnte con acento porteño: “El palacio de Gobierno, viejo amigo, decime dónde se encuentra el palacio de Gobierno”. El hombre le responde que no habla español. La ilusión se desmorona. Y Max, al volver a la realidad, solo atina a decir: “Me habían dado ganas de comer churrasco”.

Ese sabor local tan preciso no fue solo mérito de los guionistas estadounidenses. El actor mexicano Jorge ‘El Tata’ Arvizu, que prestó su voz para el doblaje al español, agregó condimentos propios que le dieron a la serie una calidez particular para el público hispanohablante. Sus referencias al tango y al churrasco se volvieron parte del imaginario de varias generaciones de televidentes argentinos.

El éxito de El Superagente 86 fue inmediato y arrasador. La serie acumuló catorce nominaciones al Emmy y ganó siete, entre ellos dos premios a Mejor Comedia y tres consecutivos para Don Adams como mejor actor —un récord para la época—. También se llevó el Emmy al mejor guionista para Buck Henry y a la mejor dirección.

Adams nació como Donald James Yarmy en Nueva York el 13 de abril de 1925. Antes de ser Maxwell Smart fue marine en la Segunda Guerra Mundial, peleó en Guadalcanal y contrajo fiebre de aguas negras, una enfermedad que casi lo mata y lo tuvo internado casi un año en un hospital militar del Pacífico. Pocos de sus compañeros de regimiento sobrevivieron. Después de la guerra se convirtió en comediante de clubes, especializado en humor de salón, antes de que la televisión lo encontrara.

Mel Brooks se retiró del equipo después de la primera temporada para volcarse al cine. Buck Henry lo siguió poco después. Sin esos dos motores creativos, la serie comenzó a transformarse. El romance entre Max y la 99 fue ocupando el espacio que antes llenaba el absurdo puro, y en la cuarta temporada los protagonistas se casaron. La NBC canceló la serie tras 26 episodios de esa temporada, pero la CBS le dio un año más de vida. En la quinta temporada, el 86 y la 99 tuvieron gemelos. El 15 de mayo de 1970, tras 138 episodios, CONTROL bajó la persiana.

En la Argentina, la serie cosechó fanáticos durante décadas. Tanto que en 2004, cuando Telefé apostaba por versiones locales de comedias extranjeras —acababa de estrenar su propia La Niñera con Florencia Peña—, el canal avanzó en las negociaciones para producir una versión argentina de El Superagente 86. El convocado para el papel principal fue Julián Weich, que había terminado la conducción de Trato Hecho en esa misma pantalla meses antes. El proyecto nunca se concretó.

En 2008, el actor Steve Carell se transformó en el 86 para el cine, con Anne Hathaway como la 99. La película rescató lo mejor del universo de CONTROL y KAOS sin pretender superarlo. Y Don Adams, que falleció el 25 de septiembre de 2005, ya había encontrado otra forma de seguir siendo un incompetente adorable: desde 1983 prestó su voz al Inspector Gadget, otro héroe que no entendía muy bien lo que hacía y que, por alguna razón que el público siempre supo apreciar, igual terminaba salvando el día.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal contra cinco personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos por integrar una red dedicada a reclutar y pagar a ciudadanos para ejecutar asesinatos selectivos y ataques contra infraestructura en Europa y territorio estadounidense. Los cinco imputados, entre ellos dos cubanos, un venezolano y dos rusos, permanecen prófugos.

Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la red operaba al menos desde 2024 bajo órdenes del Kremlin y se centró primero en disidentes y desertores rusos para luego ampliar su radio de acción hacia países considerados aliados de Ucrania. El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, sostuvo: “Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos con ramificaciones en Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para perpetrar homicidios por orden del Kremlin”.

El expediente identifica a tres integrantes de alto rango dentro de lo que la justicia estadounidense denomina la “Red RIS” (por Russian Intelligence Services). Se trata de Yuri Khrameev, de 63 años, excoronel de los servicios de inteligencia rusos, conocido bajo el alias de Colonel Yuri; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB); y Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, cubano descrito como un miembro influyente de la diáspora cubana residente en Rusia que coordinaba ataques para la organización.

Los otros dos imputados son Yaidel Delgado Suárez, de 35 años y también de nacionalidad cubana, apodado ‘Viking’ y señalado como reclutador, y Angel Eduardo Castro, venezolano de 22 años que trabajó junto a Suárez en el reclutamiento de personas radicadas en Estados Unidos. Todos enfrentan cargos por participar en una conspiración para financiar el terrorismo, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión, y tres de ellos, un cargo adicional por conspiración para cometer asesinato por encargo, con pena máxima de 10 años. El director adjunto del FBI, James Barnacle, afirmó que el grupo “conspiró para intimidar, amenazar o asesinar personas en suelo estadounidense y en todo el mundo”.

Uno de los episodios detallados en la acusación ocurrió el año pasado, cuando Yuri Khrameev ofreció 25.000 dólares a un ciudadano estadounidense para localizar y matar en Vilna, capital de Lituania, a una persona que “decía mentiras sobre Rusia”. Según el expediente, el pedido se justificó porque la víctima “esparcía basura sobre mi país” y “distorsionaba la historia”. Cuando el reclutado se negó a cometer el homicidio, Khrameev insistió con un pedido más amplio: atacar infraestructura en países de la OTAN que ayudan a Ucrania, incluidas estaciones de tren, depósitos de autobuses y almacenes con suministros de ayuda.

“Me interesan todos los países que están ayudando a Ucrania”, escribió en uno de los mensajes citados por la fiscalía. “Arrojá una botella de gasolina a una subestación eléctrica. Prendé fuego a un almacén de propiedades o alimentos. Vos mismo buscá esos objetivos. Hay que hacerlo con creatividad.” En 2025, según el mismo expediente, Kirill Khrameev también reclutó a un ciudadano estadounidense para vigilar y asesinar a una persona en Lituania por el mismo motivo: difundir información considerada contraria a los intereses rusos.

La acusación describe otro operativo, este dirigido contra un destacado disidente ruso que residiría en Washington. Este verano, según el documento judicial, integrantes de la red reclutaron a un ciudadano venezolano radicado en Brooklyn para vigilar y eventualmente matar al opositor. Suárez envió al reclutado a dos ubicaciones vinculadas con la víctima con instrucciones explícitas sobre cómo realizar la vigilancia, a cambio de entre 1.000 y 1.500 dólares.

Suárez y Castro llegaron a ofrecer una suma adicional de 40.000 dólares si el residente en Estados Unidos lograba “eliminar” al disidente. El reclutado rechazó la propuesta, lo que llevó a Suárez a intentar reclutar a otras personas dentro del país, ofreciendo “sumas sustanciales de dinero” para atacar a víctimas radicadas en territorio estadounidense.

La acusación estadounidense se enmarca en una serie de episodios similares registrados en Europa durante los últimos meses. A comienzos de septiembre, Alemania atribuyó oficialmente a Rusia el hallazgo de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig-Halle, mientras que en agosto Polonia informó haber frustrado un intento de asesinato contra un ciudadano estadounidense de origen ucraniano, ordenado presuntamente desde Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, había señalado que las autoridades detuvieron a una persona que trabajaba para el Kremlin y planeaba asesinar a ese ciudadano en Varsovia. “Tenemos que aceptar la premisa de que el régimen de Putin intentará eliminar a personas incómodas por diversos motivos”, declaró Tusk.

Estonia, por su parte, acusó a Moscú el mes pasado de estar detrás de un incendio en una empresa de defensa. En el Reino Unido, dos ciudadanos ucranianos, uno de ellos reclutado a través de un usuario de Telegram de habla rusa, fueron condenados por conspirar para cometer ataques incendiarios contra un vehículo y una propiedad vinculados al entonces primer ministro Keir Starmer. En 2024, además, servicios de inteligencia estadounidenses habrían alertado a Alemania sobre un plan ruso para asesinar a Armin Papperger, jefe de la empresa armamentística Rheinmetall, acusación que el Kremlin calificó en su momento de “otra noticia falsa” que no podía tomarse en serio.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, sostuvo tras el anuncio de los cargos: “Es nuestro trabajo detener a los adversarios de Estados Unidos para que no desaten violencia y terror en suelo estadounidense”. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió el miércoles que Moscú no hará comentarios hasta ver “pruebas creíbles” o “hechos tangibles”.

Este nuevo caso judicial se produce en un momento de acercamiento entre Washington y Moscú. El presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque conciliador hacia su par ruso, Vladímir Putin, mientras busca reactivar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Hace pocas semanas, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a Moscú para reunirse con figuras de los servicios de inteligencia rusos, un gesto inusual que generó especulaciones. Trump no detalló el contenido del encuentro y lo describió como “semirrutinario”.

A esto se suma una investigación publicada esta semana por ProPublica, que reveló que un oligarca ruso sancionado personalmente por Ucrania por sus vínculos con Putin, y que acompañó al presidente ruso en una reciente visita de Estado a China, pagó una celebración posterior a la boda de Donald Trump Jr. a comienzos de este año. La Administración Trump no se pronunció hasta el momento sobre si tomará medidas contra Rusia a partir de los nuevos cargos. Casos anteriores, como el intento de asesinato con un agente nervioso contra el exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido, derivaron en sanciones estadounidenses contra Moscú.

Un fiscal federal describió a Huawei como una empresa criminal que construyó su imperio de telecomunicaciones a partir del robo a compañías estadounidenses, en la apertura del juicio contra el gigante tecnológico chino la semana pasada en un tribunal federal de Brooklyn.

“Robo, mentiras, encubrimiento”, afirmó Taylor Stout, abogado litigante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el alegato inicial de la fiscalía. “Durante 20 años, así fue como Huawei, una empresa china de telecomunicaciones masiva, victimizó a compañías estadounidenses y abusó del sistema financiero norteamericano, todo en un esfuerzo por dominar la industria de las telecomunicaciones en todo el mundo”, agregó, de acuerdo con la agencia.

El proceso, que según The New York Times podría extenderse hasta cuatro meses, llega ocho años después de que el caso se iniciara con una acusación inicial contra la compañía. Con el tiempo, la investigación derivó en una imputación más amplia que incluye cargos de asociación ilícita, definida como un patrón de actividad ilegal llevado adelante por una organización para generar ganancias.

Las acusaciones de robo de tecnología a competidores

Según la fiscalía, Huawei conspiró para robar secretos comerciales de varias empresas estadounidenses con el fin de obtener una ventaja competitiva desleal. Reuters precisó que entre los materiales sustraídos figuraban el código fuente del sistema operativo de enrutadores de internet de Cisco Systems y un brazo robótico utilizado por T-Mobile para probar teléfonos.

The New York Times, por su parte, identificó seis compañías afectadas según la acusación: Cisco Systems, Motorola Solutions, Fujitsu, Quintel Technology, T-Mobile y CNEX Labs. El diario detalló que lo robado incluía código fuente y manuales de sistemas operativos, y que Huawei incluso habría implementado un programa de bonificaciones para empleados que sustrajeran información de competidores.

“Escucharemos a personas que sorprendieron a Huawei con las manos en la masa intentando robar tecnología estadounidense”, dijo Stout, quien agregó que existe un video de un empleado robando el brazo robótico, según recogió Reuters.

Uno de los episodios centrales del caso ocurrió en 2004, cuando un empleado de Huawei fue descubierto de noche fotografiando el interior de un dispositivo de red de un competidor durante una feria comercial en Chicago, de acuerdo con la acusación citada por The New York Times.

En pocas palabras, la fiscalía sostiene que Huawei operó durante dos décadas mediante un patrón sistemático de robo de tecnología a rivales estadounidenses, mentiras sobre sus operaciones en Irán y maniobras para eludir sanciones, todo con el objetivo de dominar el mercado global de telecomunicaciones.

La defensa habla de competencia, no de conspiración

Los abogados de Huawei ofrecieron una versión opuesta de los hechos. “Se trata de competencia, no de conspiración. De innovación, no de robo. De negocios ordinarios, no de conducta criminal”, sostuvo Brian Heberlig, integrante del equipo de defensa, en su alegato de apertura recogido por Reuters. “Huawei se ganó su éxito... No hubo un plan para cometer delitos”, agregó.

Heberlig advirtió a los jurados que la fiscalía describirá actividades rutinarias de compañías tecnológicas globales “pero las va a distorsionar para intentar que parezcan criminales”. Según el abogado, el gobierno está “eligiendo a dedo hechos aislados que no deberían considerarse evidencia de una conspiración general que nunca existió”.

Sobre los incidentes con Cisco y T-Mobile, la defensa los calificó como “acciones de empleados individuales” y sostuvo que la gerencia trabajó para corregir la situación en cuanto tomó conocimiento. Respecto del episodio con el dispositivo de Fujitsu en la feria comercial, Heberlig lo definió como un “acto tonto” de un empleado que fue “despedido de inmediato”.

El abogado defensor también apuntó contra la credibilidad de los testigos de la fiscalía. Según The Associated Press, Heberlig dijo a los jurados que verían cómo “los reclamos del gobierno no cierran” y que parte de los testimonios en contra de la compañía estaban motivados por “viejos rencores”. Atribuyó el crecimiento de Huawei a su ingeniería, inversión, innovación y competencia.

El caso Irán y la detención de Meng Wanzhou

El expediente original, presentado en 2018, imputó a la compañía y a su directora financiera con fraude bancario y violaciones de sanciones por presuntamente falsear su actividad comercial en Irán para esquivar sanciones estadounidenses y mover millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.

La fiscalía sostiene que Huawei ocultó la naturaleza de su trabajo en Irán, incluso retirando su logo de los envíos hacia ese país, para poder blanquear dólares estadounidenses a través del sistema financiero y ayudar al gobierno iraní a espiar a sus propios ciudadanos, según relató Stout de acuerdo con The New York Times. La defensa respondió que no existe evidencia de que Huawei supiera que esas operaciones violarían la ley de sanciones y que los bancos supuestamente engañados conocían el negocio de la compañía en Irán y aun así compitieron por su cuenta.

Ese esquema de negocios en Irán fue el origen de la detención en 2018 de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa, Ren Zhengfei. Meng fue arrestada en Vancouver a pedido de las autoridades estadounidenses y resistió su extradición durante casi tres años antes de ser liberada y regresar a China en el marco de un acuerdo diplomático entre Estados Unidos, China y Canadá.

Meng llegó a un acuerdo con la fiscalía en 2021 para evitar la cárcel y regresó a China, donde recibió una bienvenida de héroe, según describió The New York Times. Como parte de ese acuerdo de procesamiento diferido, admitió que Huawei había engañado a un banco sobre sus negocios en Irán, una confesión que un juez federal dictaminó en junio que será admisible como prueba clave durante el juicio. Los cargos contra ella fueron desestimados en 2022.

El diario neoyorquino recordó además que, horas después de la partida de Meng en 2021, China liberó a dos ciudadanos canadienses que había detenido en represalia por el arresto de la ejecutiva, aunque funcionarios estadounidenses aclararon que esa liberación no formó parte del acuerdo alcanzado con Meng.

El testimonio del primer testigo sobre las operaciones en Irán

La fiscalía llamó como primer testigo a Parham Baheshti, quien creció en Irán, se mudó a Estados Unidos para estudiar y se convirtió en ciudadano estadounidense en el año 2000, según relató The Associated Press. Baheshti regresó a Irán en 2003 para estar cerca de la familia de su esposa y declaró que comenzó a entregar información al gobierno estadounidense sobre sus tratos con Huawei después de conocer a la compañía mientras trabajaba, en 2009, para una firma pequeña pero de rápido crecimiento que llevaba internet a zonas remotas del país.

Baheshti relató que se había sentido entusiasmado por la posibilidad de acercar el acceso a internet a ciudades pequeñas de Irán, pero que llegó a la conclusión de que Huawei no ayudaría en ese objetivo. “No parecían preocuparse por eso. Tenían su propia agenda”, declaró, de acuerdo con la agencia.

El testigo dijo que le resultó “indignante” comprobar, durante una reunión con trabajadores de Huawei, que la compañía china ofrecía un servicio “para analizar a la población (iraní) y su comportamiento en línea”. Baheshti abandonó Irán en 2011 después de que le informaran que estaba bajo investigación.

Huawei es el mayor proveedor mundial de equipamiento para redes inalámbricas de telecomunicaciones, pero tiene prohibido vender su tecnología a operadoras estadounidenses por temores a que represente un riesgo para la seguridad, una restricción que también aplican otros aliados occidentales como Canadá y el Reino Unido. Desde 2019, los proveedores estadounidenses tienen prohibido exportarle bienes y tecnología sin autorización del Departamento de Comercio.

A pesar de las restricciones, la compañía continúa vendiendo teléfonos inteligentes y equipos de redes en todo el mundo, y en los últimos años expandió su negocio hacia el desarrollo de chips de inteligencia artificial, en momentos en que el auge de esta tecnología dispara la demanda global de microprocesadores.

Los servicios de ciberseguridad e inteligencia de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos alertaron este martes de una ofensiva de espionaje digital dirigida por actores estatales vinculados al régimen iraní contra disidentes, activistas y periodistas críticos con Teherán. El Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) y el Servicio General de Inteligencia y Seguridad neerlandés (AIVD) publicaron una alerta conjunta que documenta el uso de un programa espía denominado Chosen Brick para infiltrar en los dispositivos de las víctimas.

El software, según el comunicado difundido por el NCSC, permite extraer historiales de mensajería, listas de contactos y correos electrónicos, además de tomar capturas de pantalla y activar el micrófono de los equipos infectados sin conocimiento del usuario. Instalado en dispositivos con sistema Windows, el programa permanece activo incluso después de reiniciar el equipo, lo que garantiza a los atacantes un acceso persistente a la información de sus objetivos.

Los operadores contactan primero a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, haciéndose pasar por conocidos, colegas o profesionales de confianza. Las tres agencias detallaron que, en algunos casos, los responsables recurrieron a documentos falsificados —entre ellos, resultados de resonancias magnéticas inventados— para inducir a las víctimas a descargar los archivos infectados.

Paul Chichester, director de Operaciones del NCSC, declaró que los hallazgos muestran cómo el régimen iraní recurre a la vigilancia digital para “reprimir a los críticos”, mediante el robo de correos y mensajes y el acceso remoto a los dispositivos de los afectados. El FBI, en su propia alerta, atribuyó la operación al Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), el principal servicio de inteligencia civil iraní, y señaló que su objetivo es recopilar información de inteligencia, filtrar datos y dañar la reputación de quienes considera opositores.

Las tres agencias advirtieron de que parte del material robado ha sido filtrado después en portales afines al régimen iraní, una práctica que, a su juicio, incrementa el riesgo para la seguridad personal de los afectados. La Embajada de Irán en Londres no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios formulada por Reuters, agencia de noticias internacional, sobre la alerta conjunta.

La advertencia se suma a una serie de alertas previas sobre el uso de programas maliciosos por parte de Teherán contra sus críticos en el extranjero. En marzo de este año, el FBI ya había documentado una campaña activa desde al menos el otoño de 2023, en la que actores del MOIS empleaban Telegram como infraestructura de mando y control para distribuir software espía entre disidentes y periodistas. Esa operación quedó vinculada a la entidad conocida como Handala Hack, señalada como responsable de una filtración masiva de datos en julio de 2025.

El precedente es más antiguo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado en 2020 al Instituto Rana, una empresa iraní descrita por el FBI como fachada del MOIS y responsable de una campaña de años de duración contra disidentes, periodistas y empresas del sector turístico. Investigadores de ciberseguridad han documentado también que otros grupos vinculados a Teherán, como el identificado como Charming Kitten, han suplantado a periodistas de medios como The Washington Post para distribuir programas maliciosos.

La vigilancia digital es parte de una modalidad más amplia de represión transnacional atribuida al régimen iraní. En julio de 2025, 14 países occidentales, entre ellos España, firmaron una declaración conjunta en la que denunciaron intentos de los servicios de inteligencia iraníes de matar, secuestrar y hostigar a disidentes, periodistas y ciudadanos judíos en Europa y Norteamérica. Entre los casos documentados figuran los intentos de secuestro y asesinato contra la activista Masih Alinejad en Estados Unidos, frustrados en 2022 y 2023, y la agresión con arma blanca que sufrió en marzo de 2024 el periodista Pouria Zeraati en Londres.

Una misión de investigación de Naciones Unidas advirtió en enero de este año de un repunte de la represión dentro y fuera de Irán, con casos documentados de interrogatorios, amenazas y vigilancia contra familiares de periodistas iraníes exiliados.

El uso combinado de vigilancia digital y presión física convierte a los disidentes iraníes en el exterior en un objetivo permanente, en un momento en que la tensión entre Teherán y Occidente, agravada por el conflicto con Israel, ofrece pocos incentivos para que el régimen frene sus operaciones de inteligencia más allá de sus fronteras.

El escritor británico Ben Macintyre ha construido una ilustre carrera tomando polvorientos archivos gubernamentales y transformándolos en trepidantes thrillers de no ficción. Su Operation Mincemeat fue adaptada tanto para la pantalla como para el teatro, y A Spy Among Friends se convirtió en una serie de televisión. Con su último libro, Redwood, lo ha vuelto a hacer. La historia se centra en la deserción del mayor de la K.G.B. Vladimir Kuzichkin, destinado en Teherán durante el caos posterior a la Revolución iraní de 1979.

El motivo de su deserción no fue la ideología ni el dinero, sino el sexo. Más precisamente, padecía disfunción eréctil. Kuzichkin estaba convencido de que la causa era “anatómica”, un prepucio demasiado estrecho, y de que una circuncisión resolvería el problema. Temiendo que los iraníes o los soviéticos descubrieran su impedimento, insistió en que la operación se realizara en Occidente. “Kuzichkin fue el primer espía de la historia”, escribe Macintyre, “en exigir, como precio de su deserción, la extirpación de su prepucio”. Esa exigencia, sostiene Macintyre, alteró la historia de Oriente Medio.

Lo que estaba en juego era enorme. La caída del sha había privado a Washington de su aliado más cercano en la región; la crisis de los rehenes había roto las relaciones con Teherán, y la invasión soviética de la vecina Afganistán había incrementado los temores de una mayor expansión del Kremlin. Irán, que compartía una larga frontera con la Unión Soviética y estaba entonces en guerra con Irak, parecía especialmente vulnerable. La inteligencia occidental estaba particularmente preocupada por el Tudeh, el partido comunista prosoviético iraní, que se había infiltrado en el gobierno y las Fuerzas Armadas. Lo que no sabían era hasta qué punto llegaba esa penetración ni cuándo Moscú pretendía aprovecharla.

El 1 de octubre de 1981, Kuzichkin entró en la Embajada británica en Teherán, se presentó como vicecónsul con un asunto “urgente” que discutir y le dijo a Nicholas Barrington, el diplomático británico de mayor rango en Teherán, que quería espiar para el Reino Unido.

El MI6 le asignó el nombre en clave REDWOOD. Medía más de 1,93 metros, una cabeza más que su oficial de enlace; el criptónimo fue elegido por el árbol más alto del mundo —la regla habitual de que los nombres en clave no revelen nada es, como observa Macintyre, ignorada por todos los servicios de inteligencia del planeta—. Nadie en Londres advirtió el doble sentido adicional hasta más tarde: RED, por comunista; WOOD, por aquello que no podía lograr.

Durante ocho meses, Kuzichkin espió desde la Embajada soviética, y lo que produjo fue extraordinario. Su información describía al Partido Tudeh como una marioneta financiada por los soviéticos, dirigida —y muy probablemente armada— por la K.G.B.

De manera asombrosa, escribe Macintyre, el MI6 entregó al ayatolá todo lo que Kuzichkin había revelado: “cada líder del Tudeh, cada informante dentro del gobierno, cada miembro de la estructura militar clandestina, cada oficial y espía de la K.G.B. en Irán”. El propio Kuzichkin presentó las pruebas en una reunión secreta en Islamabad.

El MI6 también había revelado su fuente y sus planes al director de la C.I.A., William Casey. En 1982, Casey dio a la operación un “apoyo estadounidense pleno”, convencido de que con ello estaba “firmando la sentencia de muerte del Partido Comunista en Irán”, escribe Macintyre, lo que implicaba poner “en riesgo las vidas de varios miles de personas”.

Es probable que Casey mantuviera oculta la participación de la C.I.A. no solo ante los soviéticos, sino también ante su propio gobierno, explica Macintyre, para que el presidente Reagan pudiera alegar con sinceridad que desconocía el hecho comprometedor de que Estados Unidos denunciaba públicamente al régimen de Jomeini mientras cooperaba en secreto con él. “No está claro”, matiza Macintyre, “si Bill Casey solicitó u obtuvo la autorización de Ronald Reagan”.

En el relato de Macintyre, el jefe del espionaje estadounidense actuaba a partir de un memorando interinstitucional que advertía que los soviéticos podían tomar Irán en un plazo de nueve a catorce semanas, un escenario que planteaba la posibilidad de una respuesta nuclear estadounidense. Pero no todos compartían ese pánico. El propio Macintyre duda de que Moscú pretendiera invadir. Las pruebas de un plan de ese tipo eran escasas. El Partido Tudeh era demasiado débil para tomar el poder por sí solo y, al menos a corto plazo, el Kremlin también tenía razones para tolerar a Jomeini: por hostil que fuera al comunismo, lo era aún más hacia Estados Unidos.

Para prevenir un peligro que pudo haber sido en gran medida imaginario, entre 6.000 y 10.000 miembros del Tudeh fueron detenidos y encarcelados, sostiene Macintyre, y cientos o quizá miles de personas murieron. Los dirigentes del Tudeh fueron torturados, obligados a realizar confesiones televisadas y, en algunos casos, ejecutados o linchados. Una ola de asesinatos mucho más amplia siguió en 1988, cuando Jomeini emitió una fatua contra quienes “hacen la guerra contra Dios” y fueron ejecutados prisioneros que ya habían cumplido sus condenas. “Es posible que nunca se conozca el número exacto de muertos del Tudeh”, escribe Macintyre. “Los verdugos no llevaban la cuenta”.

El veredicto de Macintyre es que “el caso REDWOOD fue a la vez un éxito y un fracaso, una maniobra que terminó en victoria y derrota, un logro significativo y un grave error, prueba del caprichoso patrón de las consecuencias no deseadas”. Al alimentar la paranoia y la brutalidad de la República Islámica y ayudar a los mulás a consolidar su poder, escribe, Estados Unidos y el Reino Unido “contribuyeron involuntariamente a crear al monstruo” que hoy condenan.

La idea más amplia de Macintyre —que el Irán de 2026 no era previsible desde Century House en 1982— es indiscutible, y su paralelismo con el armamento de los muyahidines en Afganistán está bien planteado.

Pero, desde luego, las consecuencias fueron previstas, al menos por algunas de las personas que llevaron a cabo el plan. Dos altos funcionarios dijeron que renunciarían. Uno de ellos predijo que las personas identificadas en los archivos REDWOOD sufrirían “finales espantosos”. Los agentes británicos anticipaban la represión. Se les advirtió y, aun así, siguieron adelante.

Esto no significa que Casey y los miembros del MI6 que respaldaron el plan evaluaran con claridad sus posibilidades de éxito. Según la lógica de la Guerra Fría, la liquidación de un grupo de comunistas apenas importaba, especialmente si podía impedir que Irán se convirtiera en un satélite soviético.

Una de las conclusiones más audaces de Macintyre es que, si el Viagra hubiera existido en 1981, Kuzichkin quizá no habría desertado y, después de todo, podría haber habido un golpe exitoso del Tudeh con ayuda del poder de fuego soviético. La Guerra Fría podría haber terminado de otra manera, o de forma catastrófica.

Es un contrafactual sorprendente y algo contradictorio con el propio escepticismo de Macintyre respecto de la amenaza soviética. De hecho, el Partido Tudeh no era popular, ni siquiera dentro de la fragmentada izquierda iraní, especialmente después de que se sumara a la represión contra los izquierdistas seculares e islamistas independientes que se volvieron contra el ayatolá inmediatamente después de la revolución. Y, pese a esa demostración de lealtad, la República Islámica pronto empezó a cerrar el espacio político en el que operaba el Tudeh. A comienzos de los años ochenta, su periódico había sido clausurado y su protección oficial comenzaba a tambalearse. Dado el aislamiento del partido y el creciente control del régimen sobre el poder, una toma del poder por parte del Tudeh estaba lejos de ser inevitable.

Las últimas páginas del libro son las más tristes. Reinstalado como Alexander Larkin, ciudadano británico, Kuzichkin bebía, despotricaba sobre sicarios y una vez fue encontrado desnudo en una estación de servicio de Somerset. Una noche de 2009 se sentó con una botella de vodka y la película “Amadeus”, una historia de traición. A la mañana siguiente no quedaba nada en la botella y Kuzichkin estaba muerto. (Al momento de escribir esto, Wikipedia todavía lo da por vivo). “Bajo los efectos de la bebida”, relata Macintyre, lamentaba a las personas a las que había ayudado a enviar a la tumba. El desertor llegó a un veredicto más severo que el de su historiador. Pero solo uno de los dos estuvo allí.

Fuente: The New York Times

Las defensas de los tres hackers que fueron procesados por integrar una presunta asociación ilícita que se dedicó a espiar a magistrados federales acudieron a la Cámara Federal para pedirle que revoque la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Se trata de Tomás Patricio Hválica, Elías Ezequiel Núñez Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta, investigados como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones, y de fraude.

El eje de la apelación discute que la hipótesis del caso considera acreditado que los tres imputados integraron una asociación ilícita sin precisar el acuerdo asociativo, quién lo habría propuesto o el rol de cada uno.

En esta línea, la defensa de Elías Ezequiel Núñez Pinheiro sostuvo ante la Cámara Federal que el procesamiento por asociación ilícita se apoya en “conjeturas” y no en pruebas concretas.

El abogado Sebastián Miguel Noguera planteó que, si no existe demostración individualizada del acuerdo delictivo, el procesamiento por el artículo 210 del Código Penal debe caer y también la ampliación del embargo.

En su planteo argumentó que, en el caso concreto de Núñez Pinheiro, el auto de procesamiento no identifica “una comunicación concreta” entre él y los otros imputados para constituir una organización, ni individualiza “reparto de ganancias, instrucciones o coordinación estable entre los tres”.

El recurso incluye un planteo subsidiario contra la ampliación del embargo a $5.000.000 para cada imputado o que se lo reduzca si se elimina la calificación más grave, por el delito de asociación ilícita.

Antecedentes

El juez Martínez de Giorgi agravó la situación de Tomás Patricio Hválica, Elías Ezequiel Núñez Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta al procesarlos sin prisión preventiva por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje de jueces federales.

Según el fallo, la estructura operó entre febrero de 2022 y mayo de 2023 contra varios magistrados, a través de un esquema de tres etapas: la obtención ilegítima de datos personales, el control de líneas telefónicas mediante la modalidad conocida como sim swapping y el acceso no autorizado a aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Facebook.

En esa estructura le atribuyó a Hválica el rol de proveedor de accesos, a Núñez Pinheiro el de ejecutor material y a Zanchetta el de recolector de información personal de funcionarios judiciales.

Hválica está sindicado como quien administraba el sitio web y el grupo de Telegram “Dark PFA”, desde donde se ofrecían accesos e información de bases de datos del Registro Nacional de las Personas.

En cuanto a Zanchetta, aparece como quien aportó para la maniobra datos personales sobre Hornos y Borinsky brindados por SudamericaData Group SRL.

Los damnificados directos identificados en la resolución son los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Marcelo Hornos, y los integrantes del tribunal oral que juzgó la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso.

El caso de Giménez Uriburu sumó un perjuicio patrimonial, porque durante la intrusión se habrían enviado solicitudes de dinero a contactos del juez mediante sus aplicaciones de mensajería.

También se registró consultas sobre los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y sobre Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Silvio Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.

La Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) acusó formalmente este miércoles a Joshua Cammidge, un ciudadano británico de 31 años, por presuntamente colaborar con un servicio de inteligencia extranjero y preparar un acto de sabotaje en territorio del Reino Unido. La Policía Antiterrorista de Londres, que dirige la investigación, precisó que el sospechoso mantuvo contacto con un representante del Cuerpo de Voluntarios del GRU, la organización de inteligencia militar rusa.

Cammidge fue detenido el viernes 4 de septiembre en una vivienda de Swindon, a unos 115 kilómetros al oeste de Londres, por agentes de la unidad antiterrorista y de la Policía de Wiltshire. La acusación se presentó bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023: el artículo 3(1), por asistir materialmente a un servicio de inteligencia extranjero, y el artículo 18(1), por realizar actos preparatorios de sabotaje.

El fiscal jefe de la división de Delitos Especiales y Antiterrorismo de la CPS, Frank Ferguson, afirmó en un comunicado que “existen pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales” y que “es de interés público continuar con el proceso penal”. Cammidge comparecerá este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en su primera audiencia.

El ministro británico de Seguridad, Dan Jarvis, evitó pronunciarse sobre los detalles de la causa, aunque defendió la actuación policial frente a lo que calificó de amenaza. “Sé que la gente estará preocupada por los incidentes recientes en toda Europa, destinados a sembrar miedo y socavar el apoyo a Ucrania. No lo conseguirán”, declaró, según recogió AP, agencia de noticias estadounidense.

El caso llega dos meses después de que Londres designara al Cuerpo de Voluntarios del GRU como amenaza a la seguridad nacional, el 17 de julio, junto con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha. La medida se aplicó bajo la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas de Estado) de 2026, sancionada el 8 de julio, que amplió las facultades del Ministerio del Interior para señalar a organismos vinculados a potencias hostiles.

Según documentos parlamentarios británicos, el Cuerpo de Voluntarios se originó en 2023, cuando el Ministerio de Defensa ruso reorganizó batallones de voluntarios que combatían en Ucrania bajo mando del GRU, la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Con el tiempo, absorbió buena parte de los efectivos del Grupo Wagner. Londres atribuye al GRU una serie de operaciones hostiles contra el Reino Unido, entre ellas el ataque con agente nervioso en Salisbury en 2018.

El caso se suma a un patrón de causas ligadas a la Ley de 2023. En 2024, Dylan Earl, de 20 años, y Jake Reeves, de 23, se declararon culpables de incendio agravado tras atacar un almacén en el este de Londres que guardaba ayuda humanitaria y equipos Starlink para Ucrania, con daños por 1 millón de libras (USD 1,35 millones). Ambos habían sido reclutados por el Grupo Wagner y fueron los primeros condenados bajo esa norma.

Desde julio, expresar apoyo público al Cuerpo de Voluntarios del GRU constituye un delito en el Reino Unido, al igual que asistirlo o recibir de él cualquier beneficio material. Quienes sean condenados por colaborar con la organización se exponen a penas de hasta 14 años de prisión.

Cammidge se convierte así en el primer imputado que vincula a un ciudadano británico con el Cuerpo de Voluntarios desde su designación oficial hace menos de dos meses, un indicio de que las autoridades están dispuestas a aplicar con rapidez el nuevo marco legal frente a lo que describen como una escalada de las operaciones encubiertas rusas en suelo europeo.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil avanzó este martes hacia la confirmación de la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y de su jefe de Inteligencia, Leandro Almada da Costa, en el marco del escándalo que enfrenta a los propios integrantes de la corte por sus vínculos con el banquero encarcelado Daniel Vorcaro. La medida, dictada por el magistrado André Mendonça, obtuvo respaldo mayoritario en una sesión virtual de la Segunda Sala del tribunal, aunque el proceso quedó interrumpido antes de su cierre definitivo.

Según el fallo de 33 páginas al que accedió EFE, Mendonça ordenó el apartamiento por 90 días de ambos funcionarios al considerar que existen indicios de un “monitoreo sistemático” e ilegal contra su persona y contra el abogado general del Estado, Jorge Messias. El magistrado sostiene que la Policía Federal elaboró durante agosto al menos seis informes confidenciales, sin membrete oficial ni firmas, que recopilaban actuaciones y decisiones atribuidas a ambos funcionarios.

En la sesión convocada para refrendar la decisión, los jueces Luiz Fux y Kassio Nunes Marques adelantaron sus votos y se sumaron íntegramente a la posición de Mendonça, conformando una mayoría de tres de los cinco integrantes de la sala. El decano Gilmar Mendes, sin embargo, pidió vista del expediente, lo que suspendió temporalmente el análisis colegiado. El voto del quinto magistrado, Dias Toffoli, permanece pendiente. La liminar, no obstante, sigue vigente mientras se resuelve el referendo.

Mendonça dispuso además la paralización inmediata de la elaboración o circulación de cualquier informe de inteligencia sobre la actuación de jueces, de la abogacía pública o de la propia Policía Judicial. “Es urgente adoptar medidas destinadas a garantizar de manera efectiva las garantías institucionales”, afirmó el magistrado en su resolución. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, fue notificado para dar cumplimiento a la orden.

El origen de la crisis: el caso Banco Master

La suspensión de Rodrigues no puede entenderse sin el trasfondo que la origina: la investigación sobre el Banco Master, calificado por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “el mayor robo de la historia” del país. La entidad fue intervenida y liquidada por el Banco Central en el marco de la operación Compliance Zero, tras detectarse un fraude financiero que dejó una deuda superior a USD 7.000 millones a cientos de inversores. Su antiguo propietario, Daniel Vorcaro, fue detenido en noviembre de 2025 cuando intentaba abandonar el país en un avión privado.

La causa dio un giro cuando Mendonça, instructor del expediente, ordenó a la Policía Federal analizar los mensajes hallados en el teléfono incautado a Vorcaro. Entre ellos figura una comunicación del 15 de noviembre de 2025, dos días antes de su arresto, en la que el banquero preguntó a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes si debía “estar afuera” del país. La investigación policial también identificó un contrato de 131 millones de reales (unos USD 25,5 millones) firmado entre el Banco Master y el bufete de la esposa de De Moraes, Viviane Barci de Moraes, cuyos metadatos —según la Policía— muestran modificaciones realizadas por un perfil identificado como el propio magistrado.

De Moraes, que se convirtió en una figura internacionalmente conocida por haber llevado a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado, rechazó las pesquisas en su contra y solicitó a su vez investigar a Mendonça por presunta conducción irregular del proceso, apoyándose en uno de los informes policiales cuestionados. Ese cruce de acusaciones entre dos magistrados de la misma corte es el que derivó, este martes, en el apartamiento del jefe policial que los produjo.

Una corte dividida a un mes de las urnas

El episodio se produce a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre, en las que Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, en una contienda ya marcada por la polarización. El presidente de la corte, Edson Fachin, había anunciado a inicios de mes que adoptaría “las medidas necesarias” tras conocerse los mensajes, mientras el fiscal general, Paulo Gonet —también mencionado en la documentación filtrada—, cuestionó que la investigación impulsada por Mendonça terminara enfocándose casi por completo en De Moraes.

La Policía Federal, pieza central en las causas contra la corrupción y el crimen organizado en Brasil, atraviesa así uno de los momentos de mayor tensión de su historia reciente, con su cúpula apartada por orden de la propia justicia que debía supervisar. El desenlace del voto de Dias Toffoli y la eventual revisión de Gilmar Mendes determinarán si la suspensión de Rodrigues se consolida o si el Supremo de Brasil profundiza una fractura interna que ya condiciona la recta final de la campaña electoral.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el periodista estadounidense Thomas Weir Pauken II fue condenado a dos años de prisión federal por actuar como agente de un gobierno extranjero dentro del país norteamericano. Pauken, de 51 años, se declaró culpable este año y no apelará la sentencia, según su abogado defensor, Charles Burnham. El tribunal también le impuso tres años de libertad supervisada y le prohibió viajar fuera del país durante ese período.

El comunicador fue detenido en febrero. El caso se suma a otros procesos federales contra personas acusadas de colaborar con el régimen chino sin cumplir con los requisitos de notificación exigidos por las autoridades estadounidenses.

El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, afirmó que Pauken “traicionó a su país por dinero” al apoyar operaciones del Ministerio de Seguridad del Estado de China, tareas de reclutamiento y la obtención de información sensible de posibles fuentes.

Pauken se instaló en China en 2010 y trabajó para varios medios de ese país, entre ellos la televisora estatal CCTV. Desde 2024, ocupaba el cargo de editor en Xinhua, la agencia estatal china de noticias.

Su abogado señaló que el periodista aceptó la responsabilidad por sus actos. “El señor Pauken ha aceptado su responsabilidad y respeta la sentencia del tribunal”, declaró Burnham. También sostuvo que “como el Gobierno reconoció ante el tribunal, el señor Pauken no proporcionó información clasificada a los chinos”.

Los documentos judiciales indican que Pauken actuó, al menos desde 2019 hasta febrero de 2026, bajo instrucciones de personas que él sabía que trabajaban para Beijing. Entre ellas figuraba una mujer identificada como “Cathy”, a quien conoció en 2017. De acuerdo con una declaración jurada presentada el 27 de febrero por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Timothy J. Healy, “Cathy” le aseguró que los informes elaborados por Pauken llegaban al líder chino, Xi Jinping.

El Departamento de Justicia indicó que Pauken recibió al menos 100.000 dólares por su trabajo con esa persona.

Además de escribir informes, “Cathy” le pidió reclutar a personas que pudieran aportar información clasificada. En uno de los episodios incluidos en la causa, Pauken recibió instrucciones para reunirse con una persona identificada como “Persona 1” y entregarle un teléfono Samsung, una computadora y contraseñas para Signal, Telegram y NetDisk.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron a Pauken cuando regresó a Estados Unidos en enero de 2025. Durante los interrogatorios con funcionarios de ese organismo y del FBI, el periodista afirmó que estaba “80 por ciento seguro” de que una persona que buscaba un puesto en la administración de Donald Trump proporcionaría información clasificada a China, aunque aseguró que le recomendó no hacerlo.

La declaración jurada también señala que “Cathy” pagaba habitualmente los viajes de Pauken a Estados Unidos y transfería dinero a cuentas bancarias de su esposa.

Nacido en Texas, Pauken utilizó el seudónimo Tom McGregor como comentarista y escritor. Según los documentos, adoptó ese nombre a pedido de su padre, quien comparte su nombre y buscaba diferenciarse del trabajo de su hijo en China. Bajo su nombre real, Thomas W. Pauken II, publicó dos libros: uno sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, en 2019, y otro sobre Shenzhen, ciudad china situada frente a Hong Kong, en 2023.

Su padre presidió el Partido Republicano de Texas en la década de 1990 y fue candidato a gobernador más de una década atrás. En su última publicación visible de Facebook con el nombre de McGregor, Pauken compartió fotos de su esposa y su hijo durante un viaje a Washington. Fue detenido más tarde ese mismo mes.

(Con información de Associated Press)

Linwei Ding fue condenado a prisión por robar secretos comerciales de Google relacionados con tecnología avanzada de inteligencia artificial, en un caso que las autoridades de Estados Unidos presentaron como un episodio de alto impacto para la protección de tecnología estratégica.

La sentencia fue dictada por un juez federal en San Francisco, que resolvió imponerle 11 meses y 29 días de cárcel tras considerar que la pena orientativa de entre cero y seis meses resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos, informó Bloomberg Law.

La resolución judicial cierra un nuevo capítulo de un expediente que ya había cobrado relevancia a comienzos de año, cuando un jurado declaró culpable al exingeniero de software de Google por apropiarse de documentación confidencial mientras avanzaba en planes ligados a una empresa emergente de inteligencia artificial en China.

El caso gira en torno al acceso y descarga de materiales internos vinculados con el desarrollo de chips y sistemas informáticos que la compañía considera secretos comerciales.

El juez elevó la pena por encima de la recomendación inicial

La condena conocida ahora marca un endurecimiento. De acuerdo con Bloomberg Law, el juez federal de San Francisco Vince Chhabria entendió que una pena de hasta seis meses no alcanzaba para reflejar la dimensión del delito cometido por Linwei Ding.

El expediente judicial sostiene que Ding descargó miles de páginas de documentos confidenciales mientras aún trabajaba como ingeniero en Google. Entre ese material había datos técnicos sobre la tecnología utilizada para fabricar chips de IA y sobre la infraestructura informática que sostiene el desarrollo de esos sistemas. La información, siempre de acuerdo con lo expuesto en sede judicial y lo publicado por Bloomberg Law, formaba parte del núcleo sensible de la operación tecnológica de la compañía.

La fiscalía afirmó que Ding sustrajo documentación mientras preparaba una startup en China

La reconstrucción previa del caso, difundida por Reuters, indicó que el exingeniero transfirió a cuentas personales una enorme cantidad de archivos internos durante el período en que tenía acceso privilegiado dentro de Google. Esa cobertura precisó que el volumen total alcanzó unas 14.000 páginas de información técnica, de las cuales 105 contenían secretos comerciales relacionados con la infraestructura de inteligencia artificial de la empresa.

Entre los materiales mencionados en esa etapa de la causa figuraban detalles sobre hardware, plataformas de software y la arquitectura de los chips personalizados Tensor Processing Unit, utilizados por Google para tareas de IA. También aparecían datos sobre sistemas de procesamiento gráfico y tarjetas de red inteligentes para la comunicación dentro de supercomputadoras, tal y como recogieron esos reportes.

La acusación federal aseguró que Ding realizó esas descargas entre mayo de 2022 y abril de 2023, mientras mantenía contactos con empresas tecnológicas radicadas en China y avanzaba en su propio proyecto empresarial. En ese marco, los fiscales sostuvieron que el acusado buscaba aprovechar conocimientos y documentos internos para acelerar el desarrollo de infraestructura de alta capacidad computacional en el país asiático.

El caso fue presentado como un precedente en espionaje económico ligado a la IA

Cuando se conoció el veredicto de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos remarcó que se trataba de la primera condena del país por espionaje económico vinculado con inteligencia artificial.

Durante el juicio, la defensa argumentó que buena parte de los documentos estaba disponible para un universo amplio de empleados y contratistas de Google, y sostuvo además que no existían pruebas de una comercialización efectiva del material. El jurado, sin embargo, rechazó esa postura y avaló la tesis acusatoria, que describió el accionar de Ding como una apropiación deliberada de información reservada.

Funcionarios citados por la cobertura previa advirtieron que este tipo de maniobras puede permitir “saltear etapas clave” en la construcción de supercomputadoras orientadas a la IA, una ventaja que, en términos de desarrollo industrial, equivaldría a años de trabajo y a inversiones de gran escala.

En agosto, el juez federal Chhabria había anulado siete cargos de espionaje económico contra Ding al considerar que las pruebas no demostraban que supiera o tuviera la intención de beneficiar al gobierno de China. El magistrado mantuvo, en cambio, las siete condenas por robo de secretos comerciales, al considerar que las pruebas sí respaldaban esos cargos.

Este miércoles, el juez definió la pena por esos delitos y condenó a Ding a 11 meses y 29 días de prisión, por encima del rango de hasta seis meses recomendado por las pautas federales.

La preocupación por la privacidad en espacios públicos y privados se intensifica ante el avance de las tecnologías portátiles. Una nueva aplicación para dispositivos Apple, denominada Zuckoff, promete detectar la presencia cercana de gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta y Snap Spectacles, ofreciendo una herramienta de alerta ante posibles situaciones de grabación oculta.

El aumento en la popularidad de las gafas inteligentes ha generado un debate sobre el riesgo de captura y transmisión de imágenes o videos sin el conocimiento de quienes se encuentran alrededor de quienes portan estos dispositivos. Las gafas pueden grabar, transmitir o procesar video sin requerir una señal visible más allá de un pequeño indicador luminoso.

Esta situación ha propiciado una carrera tecnológica entre quienes buscan hacer más discretas estas cámaras y desarrolladores que persiguen brindar mecanismos de defensa para el público.

Las modificaciones de hardware y software han permitido a algunos usuarios desactivar los indicadores LED, haciendo más difícil advertir cuándo un dispositivo está grabando. Frente a ello, aplicaciones como Zuckoff, Antizuck Smart Glasses Scanner y Nearby Glasses intentan restituir el control a los potenciales afectados, escaneando frecuencias Bluetooth en busca de firmas asociadas a gafas inteligentes.

Cómo funciona la detección de gafas inteligentes y otros dispositivos

Zuckoff y aplicaciones similares operan mediante el escaneo de frecuencias Bluetooth locales para identificar IDs de fabricante, identificadores de sistema y firmas de hardware vinculados a gafas inteligentes.

La aplicación alerta cuando detecta que un dispositivo de este tipo se encuentra cerca, aunque no puede determinar si está grabando activamente. El sistema calcula una distancia aproximada según la intensidad de la señal, pero no puede especificar la dirección ni ofrecer certeza sobre el uso que se da al dispositivo.

En declaraciones a CNET, Pawel Szydlowski, desarrollador de Zuckoff, dijo que “es la misma tecnología envuelta en un papel diferente”, aludiendo a la reutilización de herramientas de detección de dispositivos Bluetooth para esta nueva función.

Preocupaciones sociales por dispositivos espía

El detonante para la creación de Zuckoff fue la proliferación de videos en redes sociales donde personas eran grabadas sin su consentimiento mediante gafas inteligentes, en situaciones que iban desde bromas hasta acoso.

“No había ni siquiera un intento de difuminar los rostros, de darles alguna sensación de privacidad”, explicó Szydlowski. El desarrollador expresó su malestar ante la normalización de la grabación furtiva y la exposición pública de personas involuntarias.

Desde su lanzamiento a inicios de agosto, la aplicación ha registrado cerca de 2.000 usuarios y actualmente se está probando una versión para Android. Existe también una versión premium, cuyo costo anual es de 10 dólares, que permite ejecutar escaneos de manera continua en segundo plano.

El crecimiento de un ecosistema de modificaciones caseras y hacks de terceros ha dotado a los usuarios de gafas inteligentes de una capacidad de sigilo sin precedentes. Estas alteraciones permiten desactivar luces de grabación o suprimir notificaciones del sistema, lo que dificulta aún más la identificación de situaciones de registro oculto.

Un reportaje de la periodista Joanna Stern mostró el proceso mediante el cual un hacker local retiró el LED de unas gafas Ray-Ban Meta por 100 dólares, eliminando cualquier indicio externo de grabación.

Riesgos y dilemas ante la detección

La posibilidad de detectar gafas inteligentes activas introduce una nueva dimensión en la gestión de la privacidad, pero plantea interrogantes sobre las acciones posteriores a la alerta.

Según Uttara Ananthakrishnan, profesora asistente en la Universidad Carnegie Mellon, aún no existen normas sociales claras para el uso de wearables como las gafas inteligentes. Destacó que la carga de proteger la privacidad recae principalmente en la persona que podría ser grabada, a diferencia de lo que sucede con los teléfonos móviles, donde la intención de grabar suele ser más evidente.

“La pregunta del consentimiento se complica aún más si hay menores de edad involucrados”, explicó Ananthakrishnan en declaraciones recogidas por CNET. Hasta que surjan mecanismos claros para equilibrar innovación y consentimiento, los dispositivos seguirán generando ansiedad en espacios públicos.

“España y Marruecos mantienen durante muchísimos años una guerra fría. Son aliados económicos, porque no les queda más remedio, pero sobre todo son enemigos geopolíticos”, señala una fuente veterana del CNI. Tan veterana que ha trabajado en la protección en nuestro país de un desertor de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), la inteligencia exterior marroquí. La crisis migratoria que se vive actualmente en Ceuta no es más que otro episodio larvado de esta guerra fría a la que los dos países vecinos están abocados. ¿En qué se traduce ese conflicto soterrado? Espionaje, ataques mediante hackers, una instrumentalización política de la migración (camuflada como crisis migratorias convencionales) y toneladas de hachís que siguen entrando en Europa a través de las costas andaluzas.

El Gobierno español ya sabe, porque así se lo han trasladado los servicios de inteligencia del CNI, que la avalancha de unos 80.000 migrantes los dos últimos días de julio cruzando la frontera ceutí fue uno de los “toques” que Marruecos suele dar de vez en cuando a España para demostrar “su fuerza” y dejar claro que “tiene la sartén por el mango en su relación con nuestro país”, explica la misma fuente. “No fue un desbordamiento promovido por las mafias del tráfico de personas ni un efecto llamada por la sentencia del Tribunal Supremo. Fue una frontera que alguien dejó de vigilar deliberadamente. Un toque de atención”.

Los datos oficiales que maneja el Ministerio del Interior revelan que la baza migratoria es una de las armas de Marruecos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de agosto de 2026, las fuerzas de seguridad españolas han interceptado en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla un total de 56.247 migrantes procedentes de Marruecos. Y son solo datos de los interceptados, no de los que finalmente consiguieron cruzar sin ser retenidos.

Esta última crisis no debe entenderse únicamente como un problema fronterizo, sino como una cuestión geopolítica de primer nivel. Ceuta constituye un enclave estratégico para España y la Unión Europea por su posición en el Estrecho de Gibraltar, pero su principal amenaza no reside en un hipotético conflicto militar, sino en lo que los expertos llaman estrategia de “zona gris”: combinar el uso de presión diplomática, migratoria, espionaje y ser epicentro productor de una de las drogas más consumidas (el hachís) para que Marruecos pueda desgastar progresivamente la posición española sin llegar a una confrontación bélica. ¿El objetivo? El concepto de “Gran Marruecos”, las aspiraciones territoriales del régimen de Mohamed VI: anexionarse el Sáhara Occidental y Mauritania al completo, zonas de Argelia, el norte de Mali y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, junto a las plazas de soberanía española en el litoral africano (Peñón de Vélez de la Gomera, Islas Alhucemas, Islas Chafarinas e Islote de Perejil).

El último informe de inteligencia de la agencia europea de fronteras Frontex, al que ha tenido acceso Infobae, define a Marruecos “como socio clave para la gestión de las fronteras europeas y como principal destino de los migrantes subsaharianos”. Algo que convierte al Gobierno marroquí en un protagonista que puede recurrir al chantaje. “La inestabilidad en el Sahel y Sudán ha llevado a miles de migrantes a transitar por Marruecos o a establecerse en el país. Rabat controla activamente la emigración hacia Europa, Y las tensiones internas se han agudizado en relación con la numerosa población subsahariana indocumentada, alimentadas por el elevado desempleo y las precarias condiciones de vida”, señalan desde Frontex.

“Inmigración descontrolada”

La agencia europea reconoce que esa inmigración descontrolada está provocando “incidentes de delitos graves, fricciones sociales y vandalismo en grandes ciudades como Casablanca y Marrakech, lo que ha generado preocupación entre la población y ha reavivado los debates en torno a la seguridad nacional y la política de inmigración”. En respuesta, las autoridades marroquíes han intensificado las operaciones de seguridad y las deportaciones dirigidas contra los migrantes subsaharianos indocumentados, “con cientos de detenciones registradas en los últimos meses”. Pero lo que se convierte en un problema para Marruecos también se puede transformar en un arma.

“Esas presiones internas pueden incentivar una mayor emigración marroquí hacia la UE. Los ciudadanos marroquíes ya se encuentran entre los que presentan mayores índices de estancias ilegales, movimientos secundarios dentro de la UE y decisiones de retorno pendientes”. Además, “la inestabilidad persistente en el Sahel y Sudán, junto con las políticas restrictivas en países de tránsito vecinos como Libia, Túnez y Mauritania” no ayudan. Ese exceso de migrantes en su territorio permite a Marruecos tolerar avalanchas controladas a Ceuta y Melilla, como las que se han producido este verano. “Una estrategia de presión sostenida y al alza de la dictadura marroquí, que lleva años usando la migración como arma geopolítica y utilizando a su población, y a otros migrantes del África subsahariana, como carne de cañón”, explican fuentes de Frontex.

Algunos medios han apuntado que esta última avalancha migratoria en Ceuta fue la respuesta de Marruecos a la serie de reportajes que, entre el 16 y el 18 de julio, publicaron 13 medios de comunicación europeos (El Confidencial, Le Monde, The Guardian, Die Zeit, Volkskrant, así como Radio France... coordinados por el equipo de periodistas de investigación de Forbidden Stories) y uno israelí (Haaretz), que destriparon los secretos de la Dirección General de la Supervisión del Territorio (DGST), la inteligencia interna marroquí liderada por Abdellatif Hammouchi. Esa serie de reportajes reveló la lista de móviles españoles espiados antes de la pandemia por los servicios marroquíes. Y es que un par de años antes de infectar los móviles del presidente Pedro Sánchez y de al menos tres de sus ministros en mayo de 2021, Marruecos ya intentó apoderarse de otros dispositivos con números españoles. Todo gracias a Pegasus, el programa malicioso desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Lo hizo de forma masiva: 768 ciberataques dirigidos contra 250 móviles entre mayo de 2018 y junio de 2019.

El ataque de Pegasus fue cruzar una peligrosa línea. El CNI y el Gobierno de Sánchez ya saben que Marruecos se infiltró y tiene información comprometida. Pero de momento no se puede hacer nada. La Audiencia Nacional investigó la infección de los teléfonos de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Arancha González Laya y Luis Planas, pero el procedimiento fue archivado provisionalmente por segunda vez en enero de 2026 ante la falta de cooperación de Israel, sin que la investigación pudiera atribuir la autoría a una persona o servicio determinado. No hace falta. España y Marruecos fingen cooperar en lo económico, en la lucha antidroga y en la migración irregular. Pero juegan con las cartas marcadas.

Una traición

El periodista José Bautista ha descrito en una importante investigación publicada en Forbidden Stories que Marruecos empezó a espiar a agentes españoles en 2014, cuando España y Marruecos empezaron a colaborar estrechamente compartiendo información de células yihadistas. Agentes de la Guardia Civil y del servicio interior de inteligencia de Marruecos, la DGST, compartieron experiencias, formación y viajes, participando en operaciones conjuntas contra narcos, terrorismo y migración irregular. Pero “esta aparente cercanía entre ambas instituciones oculta una historia de traición”, escribe Bautista. Y es que los agentes españoles fueron espiados mientras compartían operaciones con sus homólogos marroquíes.

La osadía de Marruecos llegó tan lejos que espió incluso al coronel Alberto Aguilera, que ejerció como agregado de Interior en la Embajada española en Rabat entre 2012 y 2017. Aguilera fue quien puso en marcha el Centro de Cooperación Policial Hispano Marroquí, con sede en Tánger. Tras su paso por Marruecos, fue nombrado jefe de Información de la Guardia Civil en Cataluña, pero Marruecos siguió espiándole. El número del móvil personal de Aguilera aparece cinco veces en la lista de objetivos españoles seleccionados por Marruecos para ser espiados con Pegasus.

A diferencia de otras agencias como el CNI de España, el MI5 del Reino Unido o la DGSI de Francia, la DGST no necesita autorización judicial para espiar de forma indiscriminada en Marruecos. Y es que en Rabat existe una especie de guerra civil con la vista puesta en la sucesión de Mohamed VI. Las dos agencias de inteligencia del reino no se llevan nada bien: por un lado, la Dirección General de la Supervisión del Territorio (DGST), la inteligencia interna, liderada por Abdellatif Hammouchi; y, por otro, la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), la inteligencia exterior, bajo el mando de Yassine Mansouri, amigo cercano del rey Mohamed VI desde la infancia. Un ex alto dirigente del DGED desertó y colabora con España.

Las ‘victorias’ de Marruecos

La ‘victoria’ que se apuntó Marruecos con el espionaje de Pegasus tuvo sus consecuencias: consiguió que Sánchez cesara a su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Rabat. También consiguió que el Ejecutivo español respaldara la posición marroquí sobre el Sáhara, que fue una provincia española hasta 1976. Una decisión que rompió el status quo que había caracterizado a la diplomacia española durante décadas y que supuso el abandono definitivo de las responsabilidades históricas de España con el territorio y la población saharaui.

Otro caso que ilustra las victorias de Marruecos frente a España fue otra investigación de El Confidencial, que reveló en 2023 que los servicios de inteligencia marroquíes habían reclutado a la hija del Comisario General de Información de la Policía Nacional. “Colaboramos cuando nos interesa, pero el recelo es mutuo. Ni ellos se fían de nosotros ni nosotros de ellos”, aclara la fuente del CNI. Es fácil tener espías marroquíes en España. En nuestro país viven 968.999 personas con nacionalidad marroquí, según los últimos datos del INE.

En este contexto, España devuelve los golpes cuando puede. ‘Jabaroot’ (Poderío), un grupo de “hackers” que desde hace más de un año trae de cabeza a las autoridades de Marruecos, publicó esta semana en su canal de Telegram los nombres y fechas de nacimiento de una veintena de agentes de la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST) que dirige Abdellatif Hammouchi. ‘Jabaroot’ también afirma poseer otra base de datos con unos 70.000 nombres. Las autoridades marroquíes les acusan de estar a sueldo de Argelia, su gran enemigo, pero también de colaborar con el CNI. “El Gobierno dice públicamente que Marruecos es un socio fiable y aliado. No le queda más remedio. Pero es el principal enemigo geopolítico de España”, aclara la misma fuente.

La otra batalla con Marruecos se libra en el tráfico de hachís. Tradicionalmente, nuestro país vecino ha sido el mayor productor del mundo (ahora con permiso de Afganistán). El 70% de hachís que entra en Europa procede de Marruecos. Por ejemplo, mientras que las fuerzas de seguridad consiguieron que entrara menos cocaína en España en 2025, las 257 toneladas de hachís aprehendidas suponen un 29% más respecto a 2024. Es verdad que estos datos son mejores que los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) y 2021 (672 toneladas), pero fuentes de la lucha antidroga consultadas por este diario señalan que Marruecos utiliza el tráfico de drogas como arma, igual que hacen con la migración irregular. “El hachís entra en España porque en Marruecos les interesa que salga de su país. Forma parte de su economía”. En 2019, el CNI tuvo que informar a Marruecos de que siete coroneles de la Gendarmería Real de Marruecos estaban colaborando con organizaciones dedicadas a la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. “En teoría les purgaron”.

A pesar de todo ello, España y Marruecos se necesitan. El dinero manda. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó un récord histórico de 22.693 millones de euros en 2024, un crecimiento superior al 7% respecto al año anterior, y el cuarto récord consecutivo. España exportó a Marruecos 12.859 millones de euros, el tercer destino tras EEUU y Reino Unido. Marruecos exportó a España 9.834 millones de euros, y es el primer proveedor africano de nuestro país. De hecho, Marruecos depende de España para tener el gas argelino. España manda a Marruecos gas por medio del gasoducto que parte de Tarifa. Según los datos oficiales, envió 992 GWh/mes (gigavatio-hora al mes) de forma estable en el último año al mismo vecino del sur que nos da, cuando quiere, estos toques de atención con operaciones de espionaje, relajación en las fronteras y permisividad, en ciertos momentos, en el tráfico de drogas.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a Tomás Patricio Hválica, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta por integrar una presunta asociación ilícita que realizó espionaje sobre jueces federales, entre quienes figuran integrantes de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py.

Con esta resolución se agravó la situación de Nuñes Pinheiro y Zanchetta, que ya estaban procesados como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones, y de fraude.

El fallo describe una estructura que habría operado desde febrero de 2022 hasta mayo de 2023 contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y los integrantes del Tribunal Oral Federal Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

En el caso de Giménez Uriburu, la pesquisa incorporó pedidos de dinero hechos a terceros en su nombre, con destino a una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Julián Matías Bellido.

La maniobra

El juzgado dio por acreditado un esquema de tres etapas: la obtención ilegítima de datos personales, el control de líneas telefónicas mediante la modalidad conocida como sim swapping y el acceso no autorizado a aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Facebook.

En esa estructura le atribuyó a Hválica el rol de proveedor de accesos, a Nuñes Pinheiro el de ejecutor material y a Zanchetta el de recolector de información personal de funcionarios judiciales.

De acuerdo a la hipótesis del caso, Hválica fue indispensable porque la empresa telefónica exigía nombre, apellido, DNI y número de trámite del documento para concretar el cambio de SIM.

En este sentido, el director general de Tecnología e Innovación en Identidad del RENAPER precisó en su testimonio que ese número solo puede conocerse con el documento físico o mediante consulta directa a la base del organismo.

Asimismo, Hválica está sindicado como quien administraba el sitio web y el grupo de Telegram “Dark PFA”, desde donde se ofrecían accesos e información de bases de datos del Registro Nacional de las Personas.

En su declaración indagatoria anterior, Nuñes Pinheiro relató su vínculo con el usuario de Telegram “Pr1sox”, identificado por la investigación como Hválica, y precisó que “el Pr1sox me había regalado una cuenta de DARK PFA, cuyo usuario era ASHLUCIF”.

En cuanto a Zanchetta, aparece como quien aportó para la maniobra datos personales sobre Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, brindados por SudamericaData Group SRL.

También registró consultas sobre los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y sobre Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Silvio Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.

Otras causas de Nuñes Pinheiro

El hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro acumula otros procesos relacionados con espionaje ilegal contra Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro, cuando ocupaban otros roles en el Congreso y en el gobierno de la ciudad.

Por un lado, el TOF 2 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso en un juicio abreviado, por haber tomado el control del celular del entonces diputado nacional Diego Santilli con la técnica de sim swapping.

Utilizó la línea para hacer consultas en bases de datos, contactar aportantes de información por Telegram y ofrecer un servicio de “recupero” de líneas, y luego destruyó el teléfono.

El fiscal general Diego Luciani había pedido la pena que finalmente fue homologada, tomando en cuenta la ausencia de antecedentes condenatorios computables, la actitud del imputado frente al proceso y el reconocimiento de su responsabilidad.

Por otro lado, la jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado con Nuñes Pinheiro, tras admitir que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

La magistrada porteña condenó a Nuñes Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.

El FBI allanó la casa del excongresista Eric Swalwell en Washington D.C. el domingo 16 de agosto. La operación ocurrió un día después de que agentes federales interceptaran al político en el aeropuerto de San Francisco para incautar sus dispositivos electrónicos. Estos procedimientos forman parte de una investigación federal por agresión sexual que mantiene bajo escrutinio al exrepresentante demócrata.

El operativo en el aeropuerto respondió a la necesidad de asegurar pruebas digitales críticas antes de que pudieran ser alteradas o borradas. Al portar una orden judicial de registro, los agentes del FBI confiscaron su teléfono móvil y otros equipos electrónicos personales para obtener evidencias directas sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada. Esta acción fue el paso previo necesario para completar el registro de su domicilio en la capital.

Investigaciones federales y denuncias por agresión sexual

La labor de los agentes se centra en analizar el contenido de los equipos confiscados. El FBI utiliza esta información para contrastar los testimonios recibidos, mientras las autoridades trabajan bajo la premisa de obtener pruebas técnicas que respalden los relatos de las víctimas. La gravedad de las acusaciones escaló cuando se expusieron los hechos en abril.

En ese momento, cuatro mujeres acusaron a Swalwell de violación y conducta inapropiada. Una exempleada del excongresista alegó haber sido violada en dos ocasiones, en 2019 y 2024, mientras que otras tres mujeres reportaron a CNN haber recibido mensajes explícitos y fotografías sin su consentimiento. Las víctimas, tras prestar declaración ante agentes federales, subrayaron la persistencia de los abusos en distintos entornos.

El impacto legal de estas acusaciones activó investigaciones criminales en múltiples jurisdicciones. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmaron la apertura de expedientes para evaluar la veracidad de los testimonios. Ante estos señalamientos, el exlegislador calificó las acusaciones de “falsas” y cuestionó su temporalidad al ocurrir cerca de un proceso electoral.

A pesar de su defensa, figuras clave del Partido Demócrata, como Hakeem Jeffries, retiraron su apoyo político al excongresista. La presión interna y social forzó su salida de la contienda por la Gobernación de California y su posterior renuncia al cargo legislativo.

Diferenciación con el caso de inteligencia extranjera

Es fundamental distinguir la actual causa criminal por agresión sexual de una investigación previa de contrainteligencia del FBI que vinculó al excongresista con la ciudadana china Christine Fang, apodada “Fang Fang”. Entre 2011 y 2015, Fang operó en el área de la Bahía de San Francisco como presunta agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) para infiltrarse en círculos políticos.

El vínculo con Eric Swalwell comenzó en 2012, cuando este ejercía como concejal. En 2014, el FBI abrió un expediente para determinar si existió un esquema de soborno o pago por favores (quid pro quo), marco en el cual indagó si Fang ofreció donaciones de campaña o pasantes a cambio de acceso e influencia política. Sin embargo, tras recibir una sesión defensiva (defensive briefing) por parte de las autoridades en abril de 2015, Swalwell cortó de inmediato todo contacto con ella.

La agencia cerró la causa formalmente en mayo de 2017 sin presentar cargos en su contra al descartarse cualquier tipo de corrupción o conducta ilícita.

En marzo de 2026, la Casa Blanca emitió el memorando oficial que autorizó la desclasificación del expediente del FBI. Según consta en los informes oficiales de interrogatorio FD-302 del FBI (Seriales 89 y 160 de la investigación), Swalwell admitió ante los agentes en mayo de 2015 haber sostenido encuentros físicos ocasionales con Fang entre 2012 y marzo de ese mismo año, además de haber rechazado ofertas para viajar a China organizadas por la presunta operadora. Tras la investigación, las autoridades estadounidenses prohibieron a Fang el reingreso al país.

Ambos asuntos responden a causas y motivos totalmente independientes: el expediente Fang se centró en la seguridad nacional y el financiamiento electoral en un caso cerrado hace casi una década, mientras que las acciones recientes de la justicia se concentran exclusivamente en denuncias por delitos de índole sexual.

Postura de la defensa y análisis de expertos

La abogada del exrepresentante, Sara Azari, sostiene que los documentos sobre Fang no presentan novedades. La defensa declaró a ABC7 que su cliente nunca cometió delitos y que la difusión de estos registros obedece a intereses políticos. Según Azari, “el gobierno confirmó que él no hizo nada malo” en aquel expediente hace una década.

Por su parte, expertos como el exfiscal Anthony Brass señalan que este caso subraya los riesgos de seguridad que enfrentan quienes ocupan puestos de poder. El especialista destacó que, independientemente de la investigación actual por agresión sexual, la trayectoria del político sigue bajo revisión.

La situación del excongresista continúa en desarrollo a medida que los investigadores procesan el material incautado.

Los manifestantes llevaban un lienzo blanco ondeaba. La consigna combinaba inglés y un insulto grosería: “You shall not pass, la c... de tu madre”. La frase (“¡No pasarás!”, en español) es muy célebre y pertenece la primera película de La Comunidad del Anillo. En ese film, el mago que guía al protagonista Frodo por las Minas de Moria se la grita a un Balrog, una bestia de las tinieblas. La misma proclama la utilizaron contra Thiel.

Además de la casa del magnate, la convocatoria pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano, en el día en el que se cumplían 176 años de la muerte del Libertador de América, y tuvo una breve pausa frente al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La elección de Gandalf para protestar contra Thiel, quien recientemente realizó una inversión de USD 76 millones en Vista Energy en Vaca Muerta, no fue azarosa. El magnate es un admirador declarado del universo de Tolkien, al punto de bautizar a su principal compañía, Palantir Technologies, que toma su nombre de las palantíri de Tolkien. Se trata de las piedras videntes que, en el mundo fantástico del escritor, son capaces de mostrar acontecimientos a gran distancia, profetizar posibles futuros y permitir a quien las utiliza observar y obtener información sobre otras personas.

Durante la protesta, otra canción apuntó contra el empresario en relación a esa dicha firma: “Vos tenés palantires/ Para ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...”.

Palantir Technologies, fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, se especializa en inteligencia y vigilancia de datos. Sus servicios, valuados en más de USD 20.000 millones, alcanzan al Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y cuerpos policiales de ciudades como Los Ángeles y Chicago. La expansión internacional de Palantir genera polémica en el mundo a raíz de denuncias sobre vigilancia extrema.

Las referencias a Tolkien van más allá de Palantir. Thiel utilizó nombres como Valar Ventures y Mithril Capital Management para otras firmas. Dirigentes de derecha en Estados Unidos, como el vicepresidente J. D. Vance, también recurren a la mitología de Tolkien en sus discursos.

Con el objetivo de replicar al magnate, el papa León XIV incluso citó a Gandalf en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026. El pontífice advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y recuperó una frase del mago: “No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos…”

La inversión en la Argentina

La concentración del grupo de Gandalf se realizó frente a la reciente adquisición inmobiliaria de Thiel en Palermo Chico, valuada en USD 12 millones. La protesta se produjo poco después del anuncio de la compra del 1% de Vista Energy, operadora clave en Vaca Muerta bajo la conducción de Miguel Galucci. La operación bursatil llegó a través del fondo Thiel Macro LLC y se comunicó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En abril pasado, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El empresario sostuvo en diferentes ocasiones que las ideas del mandatario argentino tienen eco global. También mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y figuras de la oposición, como el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Con un patrimonio estimado en USD 32.000 millones por Forbes, Thiel figura entre las cien mayores fortunas del planeta. Su historial incluye la fundación de PayPal, la inversión inicial en Facebook y la presidencia de Founders Fund, con apuestas por compañías como SpaceX y Stripe.

La comercialización de datos personales y servicios de espionaje digital se ha convertido en un negocio en auge en la dark web. Hoy, poner a la venta información sensible o contratar a alguien para espiar un teléfono móvil puede costar desde apenas 50 dólares.

Según expertos en ciberseguridad, la dark web es el principal escaparate de servicios ilegales como el doxxing (exposición de datos privados), la venta de credenciales robadas y el acceso a programas de stalkerware, software diseñado para vigilar y controlar a distancia los dispositivos de las víctimas.

Los precios varían según el tipo de dato, la cantidad de información o las funciones de espionaje requeridas, pero la barrera de entrada es cada vez más baja y accesible.

¿Qué se puede comprar en la dark web y cuánto cuesta?

De acuerdo con un informe de Kaspersky, en foros y mercados clandestinos ofrecen desde bases de datos con nombres, direcciones, teléfonos y contraseñas, hasta paquetes completos para acceder a cuentas bancarias, redes sociales o servicios de mensajería.

El servicio de doxxing, por ejemplo, se anuncia desde 50 dólares y puede alcanzar los 4.000 dólares si incluye rastreo avanzado, monitoreo de ubicaciones en tiempo real y acceso a mensajes, fotos, llamadas o correos electrónicos.

Otras ofertas populares incluyen el stalkerware, un tipo de software espía que se instala en el teléfono de la víctima para monitorear su ubicación, revisar sus llamadas y mensajes, acceder a fotografías o incluso activar el micrófono sin que la persona lo sepa.

Este tipo de programa puede ser contratado por particulares, empleadores, exparejas o ciberdelincuentes, y suele operar en silencio, dificultando su detección.

Cómo funciona el mercado negro de datos personales

La mecánica es sencilla y peligrosa. Quien busca información o acceso a la vida digital de otra persona solo necesita ingresar a un foro clandestino, elegir el servicio y realizar el pago, generalmente en criptomonedas para evitar rastreos.

Tras la transacción, el proveedor entrega los datos solicitados o las instrucciones para instalar el software espía. En cuestión de horas, la privacidad de la víctima puede quedar completamente vulnerada.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence reportó que solo entre 2024 y 2025 hubo más de 34.000 personas afectadas por stalkerware a nivel mundial, con un total acumulado de 127.000 víctimas en los últimos cinco años. América Latina está entre las regiones más expuestas, con Brasil entre los tres países con mayor número de casos.

La popularidad de estas prácticas se explica por la facilidad con la que se pueden obtener datos y por la normalización de conductas de vigilancia y control en la era digital. Muchas víctimas no detectan el abuso ni advierten que sus dispositivos han sido intervenidos, ya que el software espía suele operar de manera sigilosa y sin dejar huella visible. Esta falta de conciencia alimenta el mercado ilegal y perpetúa situaciones de control, acoso y extorsión.

El acceso no autorizado a la vida digital va más allá de la invasión de la privacidad. Puede derivar en robo de identidad, suplantación en redes sociales, extorsión, acoso, daños reputacionales y la exposición pública de información íntima. Además, el impacto psicológico en las víctimas puede ser grave, generando ansiedad, miedo e inseguridad en el uso de la tecnología.

Cómo protegerse frente al mercado ilegal de datos

• Revisa con frecuencia los permisos y aplicaciones instaladas en tu dispositivo.
• Activa la autenticación en dos pasos para todas tus cuentas sensibles.
• Refuerza tus contraseñas y utiliza gestores seguros.
• Desconfía de conductas extrañas en el móvil (batería baja, mayor consumo de datos, apps desconocidas).
• Si sospechas que te están espiando, busca ayuda en entidades especializadas en ciberseguridad y nunca elimines software sospechoso sin asesoría profesional.

La vida digital ya es un producto en la dark web y su valor está al alcance de cualquiera con 50 dólares y acceso a un foro clandestino. Prevenir, denunciar y educar sobre estos riesgos es el primer paso para frenar el auge de un mercado que amenaza la seguridad y privacidad de usuarios en todo el mundo.

El servicio de seguridad de Polonia frustró en Varsovia un plan para asesinar a un ciudadano con nacionalidad estadounidense y ucraniana, tras detener a un ruso de 29 años que, según las autoridades polacas, había sido reclutado por la inteligencia de Moscú

El arresto se produjo el 7 de agosto en la calle Woloska, en la capital polaca, y derivó en una acusación por preparación de homicidio. Dos días después, un tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la fiscalía de distrito de Varsovia Sródmiescie-Pólnoc.

La noticia fue anunciada este jueves por el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que afirmó que el objetivo del plan era una persona incómoda para el gobierno de Putin, aunque no dio detalles sobre su identidad. Sí precisó que se trataba de un hombre con doble ciudadanía, estadounidense y ucraniana. El operativo permitió impedir la ejecución antes de que se concretara.

La policía de Varsovia informó que el sospechoso tiene 29 años y fue detenido por cargos vinculados con la preparación de un asesinato, en el marco del artículo 148 del Código Penal polaco.

El caso quedó bajo investigación judicial y el tribunal aceptó el pedido de la fiscalía para imponerle prisión preventiva, una medida que busca asegurar el avance del expediente mientras continúan las diligencias.

La operación polaca contó con cooperación de servicios estadounidenses. El ministro polaco encargado de supervisar los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, mencionó en X, que la persona bajo amenaza era un ciudadano de Estados Unidos “de origen ucraniano”. Ni él ni otras autoridades ofrecieron más precisiones sobre la víctima presuntamente buscada por el sospechoso.

Además, la información conocida hasta ahora no incluyó datos sobre el modo en que se iba a ejecutar el ataque ni sobre el vínculo previo entre el detenido y la inteligencia rusa. Tampoco hubo detalles públicos sobre el grado de avance del plan. Las autoridades sí remarcaron que la intervención se produjo en el tramo final y evitó que el atentado se consumara.

“Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente) Vladimir Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio”, declaró Tusk en la rueda de prensa.

En su exposición, situó el episodio dentro de un cuadro más amplio de amenazas atribuidas por su país a Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Polonia sostiene desde hace tiempo que su condición de plataforma logística para el envío de ayuda militar y de otro tipo al país vecino la convirtió en un objetivo de espionaje, sabotaje y operaciones hostiles rusas.

El caso se conoció después de otro episodio que generó conmoción en Polonia. En junio, un artista ruso crítico de Putin fue asesinado a tiros cerca de su casa en la ciudad oriental de Biala Podlaska. Los fiscales informaron entonces el homicidio y Tusk declaró que el crimen tenía rasgos de asesinato político, aunque las autoridades polacas no atribuyeron formalmente ese hecho a Moscú.

(Con información de AFP, AP, Europa Press y Reuters)

El Servicio de Seguridad sueco (Säpo) aseguró este lunes haber frustrado una operación de inteligencia rusa dirigida a desacreditar a Suecia, la OTAN y la Unión Europea, que involucraba a un “agente” que trabajaba en una misión diplomática extranjera en el país.

La agencia de contraespionaje informó en un comunicado que había “reunido información y tomado medidas contra una operación de inteligencia rusa orientada a influir en la toma de decisiones sueca y a desacreditar a Suecia, la OTAN y la UE”. Según el Säpo, la operación “fue planeada y dirigida durante algún tiempo” por el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR.

El jefe adjunto de operaciones del Säpo, Christoffer Wedelin, dijo a la agencia AFP que la operación fue llevada adelante por agentes de inteligencia rusos que actuaban bajo inmunidad diplomática, quienes a su vez habían reclutado a otro “agente” que trabajaba en la misión diplomática de otro país. El Säpo no identificó de qué misión diplomática se trataba.

“En reuniones con el agente, los oficiales de inteligencia rusos... le encargaron obtener información de diversas maneras”, relató Wedelin. Según explicó, los objetivos de la operación fueron “crear división” dentro de Suecia, así como entre los aliados de la UE y la OTAN. El funcionario precisó que la información buscada estaba relacionada con la toma de decisiones sueca, aunque evitó dar más detalles sobre qué información se había obtenido o cuánto tiempo llevaba en marcha la operación.

Sin detenidos, pero con la operación “interrumpida”

“Nuestra evaluación es que hemos interrumpido y evitado la actividad”, afirmó Wedelin, y agregó que tanto los agentes de inteligencia rusos como el agente reclutado ya no se encuentran en Suecia. En la operación, en la que no hubo detenidos, participaron dos oficiales rusos con inmunidad diplomática y un agente reclutado, según precisó el funcionario en declaraciones a la televisión pública sueca SVT, donde calificó el caso como “muy serio”.

Según el Säpo, la inteligencia rusa concentra sus esfuerzos sobre todo en obtener información acerca de las posturas políticas de Suecia y de su rol de apoyo a la OTAN, la UE y a Ucrania. La agencia remarcó que el caso confirma que los servicios de inteligencia rusos continúan priorizando métodos tradicionales, como el reclutamiento de fuentes humanas —agentes— para ejercer influencia sobre terceros.

Un patrón de “acciones ofensivas” de Moscú, según el gobierno sueco

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, dijo que el gobierno toma estos reportes “en serio”. “Esto es parte de un patrón en el que Rusia, y otros actores estatales, actúan de manera ofensiva para promover sus intereses en Suecia”, declaró Strommer ante la prensa.

El caso se conoce dos años después de que Suecia pusiera fin a dos siglos de no alineamiento militar y se sumara a la OTAN, un giro impulsado por la invasión rusa a Ucrania en 2022. El Säpo señaló en reiteradas ocasiones a Rusia, junto con China e Irán, como las principales amenazas de inteligencia para el país.

La Royal Navy detectó que cámaras instaladas en drones de vigilancia K3 Scout usados por fuerzas especiales británicas enviaron datos a China, después de que una evaluación rutinaria halló comunicaciones hacia una dirección IP en ese país. Según The Telegraph, el Ministerio de Defensa retiró toda conectividad a internet de esos sistemas tras descubrir la brecha en una flota valorada en 12 millones de libras y en uso desde marzo.

El hallazgo golpeó un punto sensible de la política de seguridad británica porque se produjo después de varios avisos oficiales y medidas previas contra tecnología china. En 2020, el Gobierno conservador prohibió a Huawei en la red británica de 5G por temores de espionaje, después de revertir una aprobación inicial por advertencias de funcionarios de seguridad de Washington sobre el riesgo derivado de las leyes de seguridad nacional chinas.

La publicación señaló que los drones integraban parte de un futuro paquete de defensa ofrecido por el Reino Unido para resguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Una fuente de defensa familiarizada con el caso dijo al diario británico que en esas plataformas ya se habían realizado preparativos para los planes británicos en el Golfo y resumió el episodio como un “gran fallo” en la verificación del origen de los componentes.

Las cámaras emitieron señales hacia una IP china

The Telegraph informó que el proveedor de los drones fue Kraken Technology Group, un contratista de defensa británico que obtuvo las cámaras de un tercero que había dado garantías sobre su seguridad. Un portavoz de la empresa dijo que sabían que algunas cámaras de terceros compatibles con la NDAA contenían un pequeño número de componentes originados fuera del Reino Unido.

La investigación citada por el diario concluyó que las cámaras enviaban “comunicaciones de latido”: datos que confirmaban que estaban en línea y funcionaban con normalidad. El Ministerio de Defensa sostuvo que no existían pruebas de que datos sensibles o sistemas oficiales hubieran sido accedidos, comprometidos o transmitidos al exterior.

La brecha activó temores de seguridad nacional por una posible exposición de personal con autorización de seguridad en la sede del Special Boat Service en Poole, Dorset. También surgieron inquietudes porque los drones de vigilancia estuvieron cerca de reuniones muy sensibles de altos mandos de fuerzas especiales y porque las cámaras siguieron activas incluso cuando las embarcaciones no tripuladas estaban apagadas.

Un portavoz del ministerio dijo que una evaluación rutinaria de vulnerabilidad cibernética identificó un problema que afectaba un subsistema de una embarcación no tripulada de Kraken usada por la Royal Navy. Añadió que una investigación exhaustiva no encontró pruebas de acceso, compromiso o transmisión externa de datos o sistemas del ministerio.

La marina adquirió los K3 Scout para su flotilla de superficie dentro del Project Beehive, un programa que busca combinar buques no tripulados y buques de guerra tradicionales. Las embarcaciones, operadas por el Coastal Forces Squadron y la unidad 47 Commando de los Royal Marines, debían modernizar la capacidad de combate británica y mantener el ritmo frente a sus adversarios.

El modelo K3 Scout fue diseñado para transportar una carga útil de 600 kg y operar de forma continua durante 30 días. También fue adquirido por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y participó en pruebas de la OTAN en el Báltico.

El caso golpeó el giro diplomático hacia Beijing

La revelación apareció mientras el Gobierno laborista intentó recomponer la relación con Beijing mediante visitas de alto perfil y con la expectativa de acuerdos comerciales. A comienzos de este año, el Gobierno aprobó además los planes para una superembajada china en Royal Mint Court, en el centro de Londres, pese a las preocupaciones por la cercanía del predio con líneas de comunicación sensibles.

El año pasado, MI5 emitió una alerta de seguridad a los diputados y advirtió que los servicios de inteligencia chinos eran “implacables” en sus intentos de interferir e influir en el Parlamento mediante sitios de empleo como LinkedIn para recolectar información sensible. Ese aviso llegó semanas después del colapso del caso contra dos hombres acusados de espiar para China, entre ellos un investigador parlamentario.

La ministra de seguridad en la sombra Alicia Kearns pidió una auditoría urgente del equipamiento para detectar “huellas chinas” ocultas. Dijo que si el Reino Unido no podía afirmar con confianza qué había dentro de su propio equipo militar, tampoco podía decir que ese equipo le pertenecía ni que era soberano.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este martes 28 de julio que abrió una carpeta de investigación por el incidente que ocurrió en el Estadio Corona en Torreón durante el medio tiempo del Santos Laguna vs Atlas de la Jornada 2 del Apertura 2026, surgieron videos que acusarían de presunto espionaje del staff de los rojinegros al cuadro local.

En redes sociales circularon videos que captaron la situación, en consecuencia, el club Santos procedió ante la FMF para esclarecer el caso ante una posible actitud acción deportiva. Por medio de un comunicado oficial, la federación confirmó que tomó el caso para esclarecer lo sucedido.

“La Comisión Disciplinaria informa que inició una investigación en seguimiento a los hechos reportados en los informes de los oficiales del partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX, disputado entre Santos Laguna y Atlas. La Comisión Disciplinaria realizará el análisis y, una vez concluido, emitirá la resolución correspondiente”, se lee en el comunicado.

¿Qué dijo Santos sobre el supuesto espionaje?

Previamente, el club Santos emitió una postura en la que explicó que atendió la solicitud que realizó la FMF para obtener el material de video y demás pruebas en las que se involucra al personal de los rojinegros. La institución se limitó a exponer que cumplió con los requisitos de la Federación.

"Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos”.

El equipo de la Comarca Lagunera aseguró que evitará hablar de la controversia hasta que las autoridades de la Comisión Disciplinaria de la FMF comparta el resultado de la investigación.

“Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia. Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión“, finalizó el comunicado.

Qué se sabe del supuesto caso de espionaje de Atlas a Santos Laguna en la Jornada 2

En redes sociales circularon videos que captaron el momento en el que una persona con indumentaria de Atlas se coló a los pasillos de los vestidores de Santos Laguna durante el medio tiempo; las imágenes muestran que la persona se trataría de Federico Agustín Martinetti, preparador físico del cuerpo técnico de Hernán Crespo.

Un video de seguridad captado en el Estadio TSM Corona muestra a un individuo con vestimenta del Atlas ubicado cerca del vestidor de Santos Laguna, presuntamente escuchando la charla técnica impartida por Renato Paiva. El incidente ocurrió mientras el partido se encontraba empatado sin goles; posteriormente, en la segunda mitad, los Rojinegros anotaron el único tanto del encuentro, asegurando la victoria por 1-0. El desarrollo del partido transcurrió con normalidad hasta que el video comenzó a circular en redes sociales, generando diversas reacciones.

Lo que generó alarma es que en las imágenes se observa que el argentino habría escuchado la conversación de Renato Paiva con sus jugadores mientras estaban en los vestidores durante la pausa del medio tiempo, las imágenes rápidamente causaron controversia por el supuesto espionaje.

Diversos reportes señalan que la persona observada de pie junto a la puerta del vestidor de Santos pertenece al entorno cercano del cuerpo técnico del Atlas, encabezado por Hernán Crespo, quien no estuvo presente en este compromiso. La identidad de la persona ha sido atribuida a Federico Martinetti, preparador físico del equipo tapatío.

Ante esta situación, el Club Santos solicitó a la Comisión Disciplinaria la apertura de una investigación de oficio para revisar los protocolos de seguridad del estadio y determinar si corresponde imponer sanciones administrativas o deportivas al club dirigido por el cuerpo técnico de Crespo.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi completó una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga el presunto hackeo de teléfonos, espionaje y robo de identidad de jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py.

En el avance de la pesquisa encontró razones para volver a interrogar a Elías Nuñes Pinheiro, Ariel Pedro Zanchetta y a Tomás Patricio Hvalica, en relación a su supuesta responsabilidad en el delito de asociación ilícita. Tras escuchar sus descargos, el magistrado quedó en condiciones de definir su situación procesal sobre esta nueva imputación.

La hipótesis del caso sostiene que Nuñes Pinheiro era el encargado informático de duplicar las líneas telefónicas que lograba hackear.

Zanchetta, un ex policía federal que se habría desempeñado como agente inorgánico de la antigua AFI, habría utilizado la información obtenida de los dispositivos para llevar adelante otros delitos.

En tanto, Hvalica sería el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.

Fuentes ligadas al caso revelaron que tanto Zanchetta como Nuñes Pinheiro se remitieron a sus declaraciones anteriores y negaron conocer a Hvalica o formar parte de organización delictiva, sin responder preguntas.

Por su parte, Hvalica se negó a declarar, a la vez que solicitó la exención de prisión, que fue concedida, con la obligación de comparecer ante el tribunal una vez por mes.

Mientras tanto, el juzgado aguarda el informe definitivo de una serie de peritajes digitales que quedaron pendientes. Esa tarea quedó a cargo de la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional Argentina.

En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

También hay dos miembros de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.

La imputación

En agosto de 2023, la justicia resolvió el procesamiento de Elías Nuñes Pinheiro y Ariel Zanchetta como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones y fraude.

La sospecha es que Nuñes fue quien se ocupó de cambiar los chips en los teléfonos de los jueces, lo que permitió que otros integrantes de la organización tomasen el control de las líneas. En su descargo, el hacker de origen misionero afirmó que solo obtenía datos y los facilitaba a un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram.

Por cada trabajo cobró en ese momento entre unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas. Sin embargo, no pudo brindar la identidad del usuario que adquirió sus servicios.

Parte de la información que utilizaba Nuñes Pinheiro para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba un banco de datos privado que pagaba el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta.

En cuanto a Tomás Patricio Hvalica, alias @pr1sox, quedó identificado como el creador del sitio DARK PFA, una plataforma que ofrecía acceso a bases de datos oficiales. Esa página era la que usaba Nuñes Pinheiro para obtener los datos que le permitían ejecutar los hackeos.

Suspensión de juicio a prueba

En paralelo, la jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado o probation con el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien admitió que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

La magistrada porteña condenó a Nuñes Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.

En compensación, tendrá que cumplir 150 horas de tareas no remuneradas en favor del Estado en el lugar que disponga la oficina de ejecución.

Antes de homologar la probation, el Juzgado Penal 29 solicitó certificar el expediente por el supuesto espionaje ilegal a jueces, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. La revisión de las actuaciones concluyó que si bien la conducta analizada tiene semejanzas, no se trataba de la misma situación, ni de los mismos damnificados.

La ejecución de Vahid Baniamerian y otros cinco acusados en Irán se produjo sin previo aviso para sus familias, quienes se enteraron por noticias en medios estatales iraníes que el Tribunal Supremo revisaría la sentencia de muerte.

Un familiar cercano, que pidió anonimato por seguridad, relató su desconcierto: “No dieron ninguna advertencia. Ni siquiera el abogado lo sabía”. Para esa persona, “era completamente ilegal, incluso según sus propias leyes opresivas”.

Las autoridades iraníes mantienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. En lo que va del año, se dictaron decenas de ejecuciones de presos políticos, manifestantes y supuestos miembros de organizaciones prohibidas.

Irán intensificó la aplicación de la pena capital, especialmente desde el final de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel. La situación interna se tensó aún más tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada de su hijo Mojtaba, quien aún no apareció públicamente desde el deceso de su padre, el 28 de febrero de 2026.

Las ejecuciones se realizan en un contexto de fragilidad política y represión creciente. Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) alertan del peligro de que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen aumente la persecución y eliminación de opositores mediante la pena de muerte.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, advirtió: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.

El organismo calcula que cientos de detenidos por cuestiones políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían llevarlos a la horca. De ellos, cerca de 100 ya tienen sentencia de muerte, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.

La organización exige a la comunidad internacional, y en especial a la Unión Europea, que pongan como condición central en cualquier diálogo con Irán una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de cualquier negociación, remarcó Amiry-Moghaddam.

Desde el inicio de la guerra, IHR documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, mientras que 10 personas fueron ahorcadas bajo acusaciones de espionaje.

Las autoridades justifican las condenas al afirmar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o edificios públicos. Sin embargo, las ONG denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.

IHR subraya que, aunque los casos mediáticos concentran la atención internacional, la mayoría de ejecuciones en Irán no son por motivos políticos sino por delitos relacionados con drogas o asesinatos. Según Amnistía Internacional, en el último año el país volvió a ocupar el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, solo detrás de China, con más de 2.150 personas ejecutadas.

En la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, los reclusos iniciaron una sentada para protestar por los ahorcamientos de compañeros acusados de narcotráfico. En videos difundidos en redes sociales, se les ve fuera de sus celdas coreando “no a la ejecución”.

Un comunicado de los propios presos, citado por la agencia AFP, preguntaba: “¿En qué otro lugar del mundo se le quita la vida a una persona por un primer error?”. Según ellos, muchos cometieron delitos “simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas”.

De acuerdo con su familia, Vahid Baniamerian, de 34 años, era “una persona amable y humilde” desde niño. “Tenía un gran sentido de la responsabilidad. Siempre quería ayudar”, recordaron sus allegados. Incluso en prisión, intentó mantener el ánimo de sus compañeros y logró sacar clandestinamente un mensaje de audio para su madre. “Me despedí de ti sin saber lo que me deparaba el futuro”, relató en referencia a su último encuentro. Un video también sacado de la cárcel lo mostraba cantando una canción patriótica poco antes de su ejecución. En el momento de ser llevado al aislamiento, Baniamerian alentó a los demás: “No lloren delante del enemigo. Estamos orgullosos de lo que hacemos”, expresó según su familiar.

El caso de Baniamerian y los de los cientos de personas que esperan la horca en Irán reflejan el uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de control social y político por parte del régimen, según coinciden organizaciones internacionales y familiares de las víctimas.

(Con información de AFP)

La promoción de 91 oficiales al grado de coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vuelve a poner bajo escrutinio la composición del alto mando militar venezolano. Entre los ascendidos por Delcy Eloína Rodríguez resalta Néstor Neptalí Blanco Hurtado, un funcionario vinculado directamente con el aparato de contrainteligencia del régimen y señalado por víctimas de tortura, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Blanco Hurtado, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea en 2019, figura en el tercer lugar de la lista de ascensos a coronel del componente. Su promoción ocurre pese a los señalamientos acumulados por su actuación en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo denunciado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por prácticas de represión contra presos políticos y opositores.

El ascenso sorprende por el historial atribuido al oficial. Blanco Hurtado ha sido señalado por su participación en estructuras de seguridad interna y contrainteligencia durante el régimen de Nicolás Maduro y bajo el entorno de poder encabezado por Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

El ahora coronel ocupó cargos como jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar Nro. 32 en la región de Los Llanos y actuó como operador de la DGCIM en coordinación con funcionarios de ese cuerpo, entre ellos Alexander Enrique Granko Arteaga.

Su trayectoria se desarrolló bajo mandos como el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, Javier José Marcano Tábata, Gustavo Enrique González López y, desde el 18 de marzo, el contralmirante Germán Edoardo Gómez Lárez, primo de los hermanos Rodríguez Gómez.

En noviembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Blanco Hurtado bajo la Orden Ejecutiva 13884. La medida lo señaló como responsable de participar en órdenes que derivaron en uso excesivo de la fuerza y maltrato contra personas detenidas en instalaciones de la DGCIM.

El Consejo de la Unión Europea también lo incluyó en su lista de sancionados por violaciones de derechos humanos o represión contra la sociedad civil y la oposición democrática. Esas sanciones europeas estuvieron vigentes hasta el 10 de enero de 2026.

Como comandante de la Zona de Contrainteligencia Militar Nro. 32 en Los Llanos, Blanco Hurtado ocupó una posición estratégica dentro del aparato de seguridad del régimen venezolano.

Señalamientos internacionales

Las sanciones estadounidenses implican el bloqueo de cualquier propiedad que el oficial pudiera tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con entidades o individuos estadounidenses. Aun así, Blanco Hurtado figura entre los oficiales beneficiados con ascensos dentro de la estructura militar venezolana.

Según el Departamento del Tesoro, Blanco Hurtado fue sancionado por su participación en órdenes relacionadas con “excesivo uso de la fuerza y malos tratos de personas encarceladas en las instalaciones de la DGCIM”. Esos hechos constituyen, conforme a estándares internacionales, graves violaciones de derechos humanos.

Blanco fue incluido en la misma lista de sancionados en la que aparecen el almirante Remigio Ceballos Ichaso, el general José Adelino Ornelas Ferreira, el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar y Carlos Alberto Calderón Chirinos, vinculado al Sebin.

La Red Global Diáspora Venezuela afirmó que las acusaciones contra Blanco Hurtado por maltrato de detenidos en la DGCIM reflejan preocupaciones más amplias sobre el trato a los prisioneros políticos en Venezuela. La organización recordó que organismos internacionales han documentado denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en esos centros de reclusión.

El 5 de noviembre de 2019, el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, afirmó que las sanciones buscaban identificar a “funcionarios de alto rango que actúan en nombre del régimen opresor del expresidente venezolano Nicolás Maduro”, al que acusó de mantener niveles atroces de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Los primeros de la lista

El primer lugar de los ascensos corresponde a Liwil José Mota Salazar, comandante del Destacamento Nro. 432 del Distrito Capital, cargo en el que fue ratificado en 2024.

En 2021, Mota Salazar fue enviado a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas de Apure, después de desempeñarse como jefe de la Guardia del Pueblo en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta.

En 2024 fue ratificado como comandante del Destacamento 432 de la GNB en el Distrito Capital.

En el segundo lugar aparece Luis Antonio Villegas Ramírez, cuya carrera ha estado más vinculada a la administración pública que al ámbito estrictamente militar. Actualmente se desempeña como ministro de Industrias y Comercio Nacional, cargo para el que fue nombrado por Delcy Eloína Rodríguez el 16 de enero de 2026, en sustitución de Alex Saab.

En febrero de 2024, Nicolás Maduro lo había designado ministro de Comercio Nacional. Antes fue viceministro para el Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución, así como presidente de la Almacenadora Caracas.

En marzo de 2023 fue nombrado director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio de Comercio Nacional.

Villegas Ramírez egresó como licenciado en Ciencias y Artes Militares. Además, cuenta con una especialización en Comando y Plana Mayor avalada por la Gendarmería Nacional Argentina, un doctorado en Ciencias de la Seguridad y una especialización en Control de la Gestión Pública.

Más oficiales ascendidos

El cuarto lugar lo ocupa Abraham Lemuel Manaure Martínez, nombrado en septiembre de 2023 comandante del Destacamento 212 del Comando de Zona 21 (CZGNB21), en el fronterizo estado Táchira.

El quinto puesto corresponde a Roberto Daniel Gasperi Gil, comandante del Destacamento 451 de La Guaira, unidad militar de control y seguridad adscrita al Comando de Zona Nro. 45, con operaciones principalmente en la aduana aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Le sigue José Omar Poveda Roballo, comandante del Destacamento Nro. 412, unidad táctica adscrita al Comando de Zona Nro. 41 (CZGNB-41) en el estado Carabobo.

En el séptimo lugar figura Leonardo Alfredo Rodríguez Biel, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Academia Militar de la GNB e integrante de la Segunda Promoción “Toma de Puerto Cabello”.

Rodríguez Biel se ha desempeñado como jefe del Departamento de Químicos del Comando Antidrogas y fue presidente de EDC Network Comunicaciones, empresa venezolana del sector de telecomunicaciones y desarrollo de infraestructuras técnicas, adscrita al Ministerio para la Energía Eléctrica y habilitada por Conatel en 2001.

A continuación, aparece Maikel José Duarte Torrealba, quien ha ocupado varios cargos directivos de confianza en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En 2017 fue director general de la Oficina de Protección y Seguridad Integral, adscrita al Ministerio de Interior. Luego pasó a ser coordinador encargado de Antecedentes Penales y, en 2019, asumió la dirección del organismo responsable de registros ciudadanos y certificaciones internacionales.

En el noveno puesto está Jorge Luis Montilla Pérez, integrante de la II Promoción “Toma de El Callao”, quien ha desempeñado cargos de comando estratégico y seguridad regional, entre ellos el de comandante del Destacamento Nro. 321 en el estado Cojedes. Anteriormente, Montilla Pérez fue jefe de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA) en el estado Bolívar.

El décimo lugar de la lista corresponde a José Ignacio Sánchez Colina, comandante del Destacamento Nro. 621, adscrito al Comando de Zona Nro. 62 en el estado Bolívar.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo coartadas de ser diplomáticos para recopilar información sobre territorio estadounidense, un asunto que, según Washington, ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años.

El documento oficial de 100 páginas, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, está dedicado principalmente a Cuba, pero vincula al gobierno de La Habana con Moscú en materia de espionaje e inteligencia. En ese contexto, México aparece como un punto de operaciones clave para el Kremlin en el hemisferio occidental.

México como base del GRU ruso

El informe retoma declaraciones formuladas en marzo de 2022 ante el Comité de Servicios Armados del Senado por el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), quien advirtió que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia mantenía en México su mayor base de operaciones a nivel mundial.

Según el documento, los oficiales rusos de alto nivel se presentan como funcionarios diplomáticos para obtener información de inteligencia relacionada con Estados Unidos.

“La presencia de altos espías rusos en México, haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años”, se lee en el texto. El reporte agregó que esta actividad le ha permitido a Rusia mantener un acceso mediante “puerta trasera” a datos de seguridad estadounidenses.

La lista de la CIA y los acuerdos previos

El informe del Departamento de Estado recupera también una investigación publicada en diciembre de 2025 por The New York Times, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entregó en 2022 a la Secretaría de Relaciones Exteriores una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en México.

De acuerdo con esa pesquisa, el asunto fue planteado a partir de 2020 al entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien respondió que los agentes enlistados no representaban “un problema”. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman le rebatió directamente: “Son un problema. Lo sabemos. Los expulsamos de Washington y ahora están aquí.”

Durante 2023, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con la administración de Joe Biden: permitir que Washington emitiera opiniones sobre las solicitudes de acreditación de nuevos diplomáticos rusos. No obstante, los agentes que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados.

El eje Cuba-Rusia y su alcance regional

El documento ubica la situación en México dentro de una alianza estratégica más amplia entre Moscú y La Habana. Según el Departamento de Estado, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT), de las cuales tres son operadas directamente por China y dos por Rusia, cuyo personal en la isla se ha triplicado desde el año 2023.

El documento advierte que Cuba alberga además la mayor instalación rusa de SIGINT en el extranjero, originalmente establecida durante la Guerra Fría y reactivada por Moscú en 2014. Washington sostiene que esa red refuerza las relaciones militares y de inteligencia del Kremlin con gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela.

“A medida que Cuba depende cada vez más de la energía y la asistencia rusas, Rusia busca aprovechar esta relación creciente para revitalizar sus antiguas redes de inteligencia en el hemisferio occidental", señala el texto, que también menciona operaciones de ciberataques, desinformación y propaganda antiestadounidense.

Sheinbaum afirmó que hay 250 agentes de diferentes nacionalidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al tema durante su conferencia en Palacio Nacional. Confirmó que en México operan alrededor de 250 agentes extranjeros de diversas agencias, todos aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y obligados a cumplir la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Tienen que ser aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México”, precisó Sheinbaum.

La mandataria recordó el caso de agentes de la CIA detectados en el estado de Chihuahua sin la debida notificación al gobierno federal, hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno en abril de 2026.

“Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso. En abril o mayo. Y sí se retiraron", afirmó.

Sheinbaum trazó una distinción entre la cooperación autorizada y las operaciones no notificadas. “El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México”, planteó, al tiempo que subrayó que la vía diplomática seguirá siendo el mecanismo preferido para dirimir diferencias.

“Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía”, concluyó la presidenta.

La jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado con el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, quien admitió que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Se trata de uno de los procesados en una causa paralela que también investiga el presunto espionaje ilegal a jueces federales e integrantes de la Corte Suprema, con el propósito de ganar dinero valiéndose del robo de sus datos personales.

La magistrada porteña condenó a Nuñez Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.

Durante ese periodo deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

En compensación, tendrá que cumplir 150 horas de tareas no remuneradas en favor del Estado en el lugar que disponga la oficina de ejecución. También dispuso el decomiso directo de la totalidad de los elementos incautados durante el transcurso del proceso.

Los hechos

De acuerdo con el requerimiento, a Nuñez Pinheiro se le atribuyó haber tomado ilegítimamente el control de la línea telefónica de D’Alessandro, el 19 de octubre de 2022, entre las 14:17 y las 15:43, y haber accedido sin autorización a sus comunicaciones privadas, en particular a WhatsApp y Telegram.

Para concretar la maniobra, se valió de datos obtenidos mediante consultas en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el uso de un informe de la firma Nosis, obtenido mediante la aplicación “Minosis”.

Con esa información, gestionó ante Movistar, por vía remota, un cambio no autorizado de tarjeta SIM (“SIM swapping”), lo que interrumpió la conectividad de la línea. Luego insertó en otro dispositivo una nueva SIM a nombre de D’Alessandro, obtenida a través de Comtel S.A.

Una vez concretado el traspaso, la línea registró actividad en una celda vinculada con una antena de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. Finalmente envió un mensaje de Telegram a la línea del damnificado con un código de verificación.

La causa paralela

Antes de homologar la probation, el Juzgado Penal 29 solicitó certificar el expediente por el supuesto espionaje ilegal a jueces, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martinez de Giorgi.

La revisión de las actuaciones concluyó que si bien la conducta analizada tiene semejanzas, no se trataba de la misma situación, ni de los mismos damnificados.

Tras determinar que el caso no vulneraba el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar o sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, el tribunal porteño avanzó con el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, que los defensores de Nuñez Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, lograron con el Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto en Comodoro Py continúa la causa paralela por la que el joven hacker de 25 años está procesado por haber duplicado la tarjeta SIM de varios jueces y funcionarios, a pedido de un usuario de Telegram “Eljuanxd”.

Por cada trabajo cobró en ese momento entre unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas.

Al avanzar la investigación, descubrieron que parte de la información que utilizaba Nuñez Pinheiro para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba un banco de datos privado que pagaba el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta, un ex policía federal que también se habría desempeñado como agente inorgánico de la AFI.

En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; dos miembros de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.

La familia del británico Craig Foreman dijo que un juez de Irán le sumó dos años de prisión después de acusarlo de haber hablado con medios de comunicación, mientras cumple una condena de 10 años por espionaje junto con su esposa Lindsay Foreman.

El nuevo castigo llegó después de que la pareja fuera arrestada en 2025 durante un viaje en motocicleta por Irán como parte de una vuelta al mundo. El gobierno de Reino Unido calificó la condena original como “totalmente injustificable”.

Joe Bennett, hijo de Lindsay Foreman y portavoz de la familia, afirmó que recibieron informes de que Craig Foreman fue llevado ante un juez y notificado de la ampliación de su pena por haber hablado con la prensa.

Bennett sostuvo que a Foreman le dijeron que iba a ver a su abogado, pero que en lugar de eso fue conducido ante un juez. Allí, según la declaración familiar, le informaron la sentencia adicional.

Craig Foreman recibió la nueva pena por un contacto con los medios, de acuerdo con el relato de su familia. La consecuencia inmediata fue que su condena total pasó de 10 a 12 años.

La familia denunció falta de defensa y traducción

El portavoz también aseguró que Foreman no tuvo acceso a un abogado ni a un traductor. Añadió que no se le dio ninguna oportunidad de defenderse.

Craig y Lindsay Foreman cumplen una condena de 10 años por cargos de espionaje que ambos niegan. Fueron detenidos mientras atravesaban Irán en motocicleta durante su viaje alrededor del mundo.

El mes pasado la pareja británica perdió la apelación contra su condena.

Ninguno pudo asistir a la audiencia ni recibió explicación sobre el rechazo del recurso. Se les pidió firmar documentos en persa que no podían leer. “No se les permitió asistir a su propia audiencia de apelación”, declaró Joe Bennett, hijo de Lindsay.

La abogada Haydee Dijkstal, parte del equipo legal en el Reino Unido, afirmó que se trata de “turistas inocentes detenidos arbitrariamente y cuyos derechos fundamentales han sido violados grave y sistemáticamente durante su detención”. El caso fue remitido al Tribunal Supremo de Irán, aunque la familia desconoce los plazos, el proceso y si habrá representación legal efectiva. El Poder Judicial iraní no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las comunicaciones de la pareja con el exterior fueron cortadas hace más de un mes, tras una entrevista que concedieron a la BBC. Desde entonces, ambos iniciaron una huelga de hambre en protesta. El último contacto consular tuvo lugar en diciembre.

Craig, carpintero de profesión, lleva 25 días sin ingerir alimentos y solo consume azúcar, leche y agua. Su estado es de debilidad creciente. Lindsay, coach de vida, retomó la medida tras un breve paréntesis y acumula 16 días sin comer.

Las noticias sobre su estado llegan a la familia únicamente a través de los compañeros de celda. “Es una razón más por la que dos ciudadanos británicos, sin otras opciones, se están sometiendo a la huelga de hambre en protesta”, afirmó Bennett, quien reconoció tener menos información sobre el estado de su madre que sobre el de su padrastro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico calificó el encarcelamiento como “injustificado y atroz” y expresó decepción por el resultado de la apelación. Señaló que el embajador en Teherán los visitó en prisión y facilitó llamadas con su familia durante el último año.

La familia alegó a principios de año que la pareja estaba siendo utilizada como “escudos humanos” en medio del conflicto regional. El gobierno advierte desde hace años que tener un pasaporte británico o vínculos con ese país “puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes lo detengan”.

Irán tiene un historial de detener a ciudadanos occidentales bajo cargos de seguridad. Distintos gobiernos y organizaciones de derechos humanos acusan a Teherán de utilizar a estos detenidos como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas, acusación que el gobierno iraní niega.

Los Institutos Confucio que la República Popular China ha desplegado en América Latina, con seis sedes activas en Centroamérica, forman parte de una estrategia de largo plazo para ampliar la influencia política, académica y tecnológica de Beijing mediante educación, becas y cooperación universitaria, según explicó el investigador estadounidense Evan Ellis al medio Centroamérica 360.

Esa expansión regional incluye 45 institutos en América Latina y, en el caso centroamericano, dos funcionan en Nicaragua, en Managua y León, y hay uno en San José, uno en la ciudad de Panamá, uno en San Salvador y uno en Tegucigalpa. Todos operan a través de convenios con universidades locales.

Ellis sostuvo que el régimen chino identifica a jóvenes con potencial académico, les ofrece becas para estudiar en China y, al regresar, muchos terminan en ministerios, universidades, organismos de promoción comercial o empresas privadas vinculadas con la relación bilateral. En su descripción, ese mecanismo no se limita a la enseñanza del mandarín, sino que crea una red de cuadros con capacidad de influir en la relación de sus países con Beijing.

“La República Popular China ofrece a los jóvenes académicos de la región la oportunidad de estudiar idiomas y estudios universitarios en ese país. Regresan, intrínsecamente agradecidos con el Gobierno chino por su papel en la habilitación de sus carreras”, afirmó Ellis, según la publicación.

El académico agregó al medio que ese proceso cobra relevancia porque esos beneficiarios llegan a ocupar una parte de los puestos desde los que se define el vínculo con China, tanto en burocracias estatales como en élites empresariales y comunidades académicas. Dijo que son actores con conocimiento suficiente para hablar con autoridad y moldear el discurso sobre la República Popular China en sus países.

En Centroamérica funcionan seis institutos y en El Salvador tiene más de 4,500 estudiantes

La presencia de estos centros ha crecido en los últimos años. En El Salvador, el Instituto Confucio opera desde 2019 en la Universidad de El Salvador (UES) y, según Ellis, ha formado a más de 4,500 estudiantes. Actualmente tiene unos 300 matriculados y China otorga alrededor de 35 becas anuales para estudios en ese país.

En Honduras, uno fue inaugurado en mayo de 2025 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, dos años después del establecimiento de relaciones diplomáticas con China.

Para los analistas de política internacional citados por la publicación, los Institutos Confucio deben leerse dentro de esa estructura más amplia, que combina educación, financiamiento universitario, intercambios y construcción de relaciones con quienes ocuparán posiciones de liderazgo en las próximas décadas.

Aunque Guatemala no mantiene relaciones diplomáticas con China y conserva el reconocimiento de Taiwán, un reportaje del medio guatemalteco República sostuvo que Beijing impulsa mecanismos alternativos para fortalecer su presencia por medio de cooperación universitaria y donaciones tecnológicas. El informe indicó que la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha convertido en un punto de interés para ese acercamiento.

Según la publicación, representantes diplomáticos chinos acreditados en otros países de la región han participado en actividades relacionadas con universidades guatemaltecas y proyectos de cooperación tecnológica. El reportaje también mencionó la entrega de equipos para laboratorios y aulas digitales, además de vínculos con autoridades universitarias.

La dictadura de Nicaragua y la Embajada de China en Managua inauguraron el primer Instituto Confucio en 2024. La expansión en ese país quedó asociada públicamente a la presencia de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante nicaragüense.

Según el análisis citado por el medio, los institutos se presentan como centros dedicados al aprendizaje del chino mandarín y a la difusión de la cultura china por medio de cursos, talleres y actividades artísticas. Los analistas sostienen que esa oferta es solo una parte de un diseño más amplio.

China impulsa becas, intercambios de profesores, proyectos conjuntos de investigación, capacitación profesional y acuerdos entre universidades. Para los especialistas, esa red construye relaciones permanentes con instituciones académicas y comunidades científicas que con el tiempo forman a futuros diplomáticos, periodistas, empresarios, funcionarios públicos e investigadores.

Los riesgos de influencia y espionaje que advierten los analistas

Ellis advirtió que las redes interpersonales que acompañan la presencia económica y gubernamental de China crean riesgos de influencia y espionaje que podrían ser utilizados contra Estados Unidos, tanto en el terreno político como en el comercial, en tiempos de paz y también en escenarios de conflicto.

“Los latinoamericanos identificados por China a través de sus Institutos Confucio en la región, los más prometedores, reciben becas del gobierno chino o de empresas como Huawei para estudiar en China, después de lo cual los beneficiarios pueden regresar a la región, agradecidos por la educación financiada por China que los puso en el camino hacia el éxito, luego ocupan puestos orientados a China en sus ministerios de relaciones exteriores u organizaciones de promoción comercial y así representan los intereses de sus gobiernos de origen al tratar con el mismo gobierno que hizo posible su educación y el trabajo asociado”, explicó.

La expansión educativa también incorpora cooperación científica y tecnológica. Universidades de Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Honduras mantienen acuerdos con instituciones chinas en inteligencia artificial, telecomunicaciones, ingeniería, energías renovables y manufactura avanzada.

Universidades de varios países revisaron estos programas por libertad académica y seguridad

Mientras la presencia china aumenta en América Latina, universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos cerraron o reestructuraron sus programas vinculados a los Institutos Confucio. Las preocupaciones expresadas se concentraron en libertad académica, transparencia, influencia extranjera y seguridad nacional.

En 2020, China reorganizó el sistema administrativo de estos institutos y trasladó su gestión a la Fundación Internacional para la Educación China y al Centro para la Educación y la Cooperación Lingüística. Especialistas consultados por distintos centros de investigación sostienen que ese cambio modificó la estructura administrativa, pero no alteró los objetivos de largo plazo.

La Fundación Disenso, de España, afirmó que los Institutos Confucio son una de las principales iniciativas de propaganda del Partido Comunista Chino en el extranjero desde su creación en 2004. La entidad sostuvo que, aunque se presentan como centros de enseñanza e intercambio cultural, son una pieza del cambio de imagen del régimen.

Una investigación de ResearchGate señaló que estos institutos funcionan como agentes de Beijing bajo la figura de “modelos de intercambio cultural”, aunque también indicó que China ha encontrado límites para traducir su capacidad de influencia en los resultados deseados, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea.

Parsifal D’Sola, director ejecutivo de la fundación, afirmó que el objetivo estratégico de Beijing va más allá de la enseñanza del idioma. Según su análisis, la participación creciente de investigadores latinoamericanos en proyectos financiados por entidades vinculadas con el Gobierno chino puede reducir las críticas hacia China dentro del ámbito académico y favorecer su imagen internacional.

Human Rights Watch ha advertido que los Institutos Confucio son extensiones del gobierno chino incompatibles con la libertad académica. La organización denunció que esos centros censuran temas y perspectivas por motivos políticos y aplican criterios de lealtad ideológica en la contratación de personal, con impacto sobre la integridad universitaria.

La Fundación Andrés Bello sostuvo que el financiamiento chino puede aumentar la dependencia económica de algunas universidades latinoamericanas e influir de forma gradual en sus prioridades de investigación. La organización concluyó que los Institutos Confucio forman parte de una estrategia diplomática más amplia impulsada por el Partido Comunista Chino en la región.

Un sismólogo estadounidense de origen chino, Youlin Chen, lleva casi dos años preso en China sin juicio bajo cargos de espionaje, según informaron su familia y el grupo de defensa Global Reach. El anuncio se produce meses antes de la esperada visita del presidente Xi Jinping a Washington.

Chen, de 54 años, reside en Boston y obtuvo la ciudadanía en 2011. Agentes de seguridad del Estado lo arrestaron el 5 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Beijing cuando se preparaba para volar de regreso a casa tras visitar a su familia. Fue acusado formalmente de espionaje en mayo de 2025. El delito puede conllevar cadena perpetua o, en casos considerados especialmente graves, la pena de muerte.

La familia guardó silencio durante meses, pero decidió hablar esta semana ante la falta de respuesta de las autoridades, incluso después de que Trump planteara el caso ante Xi durante una visita de Estado a la capital china. "No he podido hablar con mi esposo durante más de 600 días y estoy preocupada por su salud y bienestar", declaró su esposa, Yufang Rong, en un comunicado difundido por Global Reach.

El sismólogo se desempeñaba como contratista para el Departamento de Estado y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, donde analizaba las firmas sísmicas de las pruebas nucleares de Corea del Norte con datos de acceso público y en colaboración con académicos chinos. Según Eric Lebson, asesor de Global Reach, nunca tuvo autorización de seguridad ni acceso a material clasificado.

Para la organización, el arresto es “probablemente un intento de obtener información sobre las técnicas que Washington utiliza para detectar pruebas nucleares mediante datos sísmicos“. Las autoridades lo han interrogado más de 100 veces sobre ese trabajo, según su esposa.

Al inicio de la detención, Chen permanecía sentado todo el día en un taburete sin poder levantarse, leer ni hacer ejercicio, y sin acceso a medicamentos para tratar su diabetes. Desde entonces ha perdido entre 13,6 y 18,1 kilogramos, recibe alimentación insuficiente y solo accede a fármacos de baja calidad.

El personal de la Embajada de Estados Unidos ha podido visitarlo en varias ocasiones, pero siempre con funcionarios presentes, lo que le impide hablar con libertad. El abogado que contrató la familia solo logró verlo cuando ya acumulaba más de 13 meses detenido.

El secretario de Estado Marco Rubio lo designó como detenido injustamente en marzo, una categoría que convierte su liberación en prioridad para el gobierno y habilita gestiones diplomáticas de alto nivel. Es el único ciudadano estadounidense con esa designación actualmente preso en el país, y el caso podría ocupar un lugar central en la cumbre que Trump y Xi tienen prevista para septiembre en Washington.

La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly indicó que Trump “ha dejado claro que quiere que todos los estadounidenses detenidos en el extranjero regresen a casa” y que desde el inicio de su mandato ha reunido a más de 100 personas con sus familias. En 2024, la administración Biden había logrado la liberación de tres ciudadanos en situación similar.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, rechazó la caracterización del caso en rueda de prensa y sostuvo que los tribunales actúan “conforme a la ley” y que “no existe la llamada detención injustificada”. Rong teme que el veredicto esté decidido de antemano: “Creo que lo condenarán pase lo que pase y el juicio se celebrará a puerta cerrada”.

(Con información de AP y Reuters)

Un sismólogo estadounidense de origen chino, que ha publicado trabajos financiados por Estados Unidos sobre la detección de pruebas nucleares norcoreanas, ha estado detenido en China durante casi dos años y enfrenta un juicio por cargos de espionaje, según su esposa, legisladores estadounidenses y dos grupos de defensa de rehenes.

El caso de Youlin Chen, que se reporta aquí por primera vez, añade un elemento irritante a la tensa relación entre los rivales armados nuclearmente y se produce mientras el presidente Donald Trump busca mantener la estabilidad en la relación tras la guerra comercial del año pasado.

El secretario de Estado Marco Rubio designó a Chen, de 54 años, el 19 de marzo como “detenido injustamente”, haciendo de su liberación una de las máximas prioridades de Estados Unidos. La administración Trump ha evitado un anuncio público para dar espacio a la diplomacia de alto nivel dirigida a asegurar su libertad, según su esposa, Yufang Rong.

Una fuente estadounidense familiarizada con el caso de Chen dijo que la administración está “concentrada en lograr su liberación de una detención injustificable”. La fuente habló bajo condición de anonimato para poder discutir negociaciones diplomáticas sensibles.

Chen, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en 2011 y reside en Boston, Massachusetts, es el único estadounidense retenido actualmente en China designado como detenido injustamente, según su esposa y defensores de rehenes.

Rong dijo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado le han informado que, durante una visita de Estado a Beijing en mayo, Trump planteó la detención de su esposo al líder chino Xi Jinping, quien prometió investigarlo. Sin embargo, el gobierno de Xi no ha tomado ninguna medida, afirmó.

La fuente estadounidense no confirmó directamente que Trump hablara de Chen con Xi. Pero la fuente sostuvo que ambos mantienen “una muy buena relación personal. Esta es solo una de las muchas facetas de la relación entre Estados Unidos y China. Ningún tema define la relación."

En una entrevista con Reuters, Rong expresó su preocupación de que Beijing haya decidido, incluso antes de juzgar a Chen, condenarlo por espionaje, un delito que en China puede acarrear una sentencia de hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos considerados especialmente graves.

"Creo que lo van a condenar pase lo que pase y el juicio será a puerta cerrada," dijo Rong, quien también es sismóloga pero no colabora en el trabajo de su esposo.

Los órganos judiciales de China manejan los casos de acuerdo con la ley y “no existe la llamada detención injusta,” declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, durante una rueda de prensa regular el martes.

La Fundación Foley, una organización de defensa de rehenes que ha seguido el caso de Chen, cree que Chen está entre al menos 12 estadounidenses detenidos injustamente en China, incluyendo personas bajo prohibición de salida, dijo Elizabeth Richards, directora de defensa de rehenes del grupo.

“El presidente Trump ha dejado claro que quiere que cada estadounidense detenido en el extranjero regrese a casa, y ha reunido a más de 100 personas con sus familias desde que asumió el cargo en este periodo,” afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.

La Oficina del Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para Asuntos de Rehenes no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Interrogado sobre estudios de pruebas nucleares

Funcionarios de la embajada estadounidense han visitado a Chen varias veces, pero siempre en presencia de funcionarios chinos, impidiendo que pueda hablar libremente, declaró Rong. Ella contrató a un abogado chino, pero solo se le permitió visitar a Chen después de que llevase más de 13 meses detenido.

Funcionarios chinos han interrogado a su esposo más de 100 veces sobre su trabajo con las señales sísmicas de las pruebas nucleares norcoreanas, afirmó Rong.

Eric Lebson, exfuncionario de seguridad nacional estadounidense cuya organización de defensa de rehenes, Global Reach, asesora a la familia, dijo que cree que China quiere utilizar la experiencia de Chen para mejorar su capacidad de ocultar pruebas nucleares subterráneas mediante una técnica llamada desacoplamiento.

Lebson señaló que expertos en pruebas nucleares consultados por su grupo expresaron una preocupación similar.

La administración Trump acusó en febrero a China de intentar enmascarar una explosión de prueba nuclear subterránea de baja potencia el 22 de junio de 2020, usando la técnica por la cual un artefacto se detona dentro de una gran cámara subterránea para reducir la magnitud de las ondas de choque producidas.

China, que al igual que Estados Unidos ha firmado pero no ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, niega haber realizado dicha prueba.

Lebson dijo que Chen trabaja para un contratista del gobierno estadounidense y nunca ha tenido acceso a información clasificada ni ha realizado trabajos confidenciales.

Su investigación sobre las ondas sísmicas de pruebas nucleares norcoreanas ha sido financiada por el Departamento de Estado y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, según Lebson. Añadió que la investigación se realizó en colaboración con académicos chinos, utilizó datos chinos de acceso público y está disponible en internet.

Un artículo de diciembre de 2020 elaborado por Chen y revisado por Reuters examinaba la magnitud de las seis pruebas nucleares conocidas de Corea del Norte y maneras de diferenciar sus señales sísmicas de las de los terremotos.

La portada indica que el artículo fue escrito para la oficina de control de armas del Departamento de Estado y “aprobado para difusión pública”.

Grupos de derechos humanos han argumentado que, bajo la ley de secretos de Estado en China, las autoridades chinas conservan amplias facultades para clasificar retroactivamente como secretos de seguridad nacional datos públicos, como estadísticas oficiales, lo que podría implicar a cualquier persona que haya poseído o compartido información previamente de dominio público.

Detenido antes de regresar a Boston

Chen fue arrestado por agentes de seguridad estatal chinos el 5 de noviembre de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Beijing, cuando se preparaba para volar a su casa en Boston tras visitar a su familia y dar conferencias sobre su trabajo en dos universidades, según Rong y Lebson.

Al principio de su detención, según Rong, Chen fue sometido a “condiciones duras”, incluyendo forzarlo a sentarse todo el día en un banco rígido sin permitirle ponerse de pie, leer o hacer ejercicio, y no pudo conseguir medicamentos para su diabetes y otros problemas de salud.

Desde entonces, dijo, ha sido difícil conocer las condiciones de su confinamiento, pero agregó que ha perdido entre 13,6 y 18,1 kg (30 a 40 libras), recibe una alimentación insuficiente con poca proteína, frutas o verduras, y solamente tiene acceso a medicamentos de mala calidad.

Fue acusado de espionaje el 1 de mayo de 2025, pero aún no ha sido juzgado. Es probable que el caso vuelva a surgir durante la visita que, según Trump, Xi hará a Washington en septiembre.

El senador estadounidense Ed Markey, demócrata de Massachusetts que lideró junto a otros dos senadores una carta del 17 de diciembre de 2025 instando a Rubio a designar a Chen como detenido injustamente, expresó estar “profundamente preocupado por la seguridad y el bienestar del Dr. Chen.”

"Espero que el aumento de la atención sobre su injusta detención obligue al gobierno chino a hacer lo correcto y liberar al Dr. Chen," manifestó Markey en un comunicado.

El Gobierno de Italia ordenó este jueves la expulsión de dos agregados militares de la embajada rusa en Roma por su presunta implicación en las actividades de espionaje destapadas esta semana por las autoridades italianas.

“El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de comunicar al embajador ruso en Roma que Ivan Petrovich Gorbachev y Mikhail Vasilyevich Astakhov deben abandonar Italia en un plazo de tres días", anunció el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en su cuenta de la red social X. El canciller precisó que la comunicación fue transmitida al embajador ruso en Roma, Alexei Paramonov.

Tajani acusó a Moscú de utilizar "sus armas híbridas para atacar a Occidente y a Italia" y calificó lo sucedido de "una injerencia grave e inaceptable para las instituciones italianas y para la seguridad nacional". Hasta el momento, las autoridades rusas no se pronunciaron sobre la decisión de Roma.

La causa que originó la expulsión

La medida se produce tras la operación llevada a cabo esta semana por los Carabineros (la policía militarizada italiana), que permitió detener a dos personas presuntamente implicadas en una red de espionaje al servicio de Rusia. Los arrestados, entre los que se encuentra un ex miembro del espionaje italiano y antiguo suboficial de los Carabineros de 59 años, están acusados de los delitos de espionaje, revelación de secretos e intromisión informática, entre otros cargos.

La investigación, iniciada en mayo de 2025, señala al ex suboficial como el principal sospechoso de actuar en favor de un agente ruso con inmunidad diplomática. Según la reconstrucción de los hechos, el exagente era el “único interlocutor” del ciudadano ruso y obtenía la información sensible a través de seis fuentes distintas a cambio de contraprestaciones económicas, entre ellas cuatro militares en activo destinados en puestos de alta sensibilidad.

Según reportes de prensa, los italianos habrían entregado información sobre el sistema de defensa aérea ítalo-francés SAMP/T y los misiles Aster que Italia preveía enviar a Ucrania este año para su testeo. Los agentes rusos también habrían buscado datos sobre una misión de la OTAN en Bulgaria y sobre la empresa italiana Avio, fabricante de motores para drones y misiles supersónicos. El diario Corriere della Sera añadió que el ex suboficial de 59 años también proporcionó las identidades de agentes de contraespionaje italianos encargados de vigilar a los rusos.

“La punta del iceberg”

Un abogado del ex espía italiano negó que hubiera existido traición, y aseguró que su cliente —que será interrogado formalmente este viernes— solo reunió información de acceso público.

Por su parte, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, había advertido el martes que el caso es apenas "la punta del iceberg" de lo que definió como la “guerra híbrida” que despliega Rusia en Europa en el marco de su invasión a Ucrania. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre la identidad ni los cargos contra el segundo agente italiano involucrado en la causa.

No es la primera vez que Italia expulsa a diplomáticos rusos por espionaje: en 2024, la Justicia italiana condenó a prisión a un capitán de la Marina que había sido sorprendido vendiendo documentos clasificados a la Embajada rusa tres años antes, lo que derivó en la expulsión de dos funcionarios rusos y, en represalia, de un diplomático italiano por parte de Moscú.

Brasil expulsará al ciudadano ruso Sergey Vladimirovich Cherkasov, señalado como presunto agente del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU), una vez concluya su condena en el país.

La medida fue publicada el lunes 6 de julio por el Ministerio de Justicia en el Diario Oficial, aunque trascendió este miércoles. La resolución prohíbe además el reingreso de Cherkasov a territorio brasileño por 30 años y no precisa a qué país será enviado al término de su pena.

Fue sentenciado a 15 años —reducidos posteriormente a cinco— tras ser hallado culpable de uso de documentos falsos. Desde finales de 2022 se encuentra en la Penitenciaría Federal de Brasilia, adonde llegó deportado desde Países Bajos. Durante el proceso admitió haberse hecho pasar por brasileño, aunque siempre negó ser espía.

El ruso, de 38 años, ingresó a Brasil en 2010 con su pasaporte original y durante años construyó la identidad ficticia de Viktor Muller Ferreira, supuestamente nacido en Niterói, ciudad costera del sureste brasileño. Con esa cobertura obtuvo documentos auténticos, estudió en el extranjero y viajó por distintos países.

En abril de 2022, las autoridades neerlandesas le impidieron el ingreso a Países Bajos, adonde viajó para incorporarse como becario al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. Lo acusaron de intentar recoger información sobre procesos por crímenes de guerra para enviarla a Moscú y lo deportaron a Brasil, donde la Policía Federal lo arrestó al desembarcar en São Paulo.

El FBI sostiene que utilizó esa identidad durante una década para infiltrarse en diferentes países. La Fiscalía determinó que empleó el pasaporte falso para entrar y salir de Brasil al menos 15 veces entre 2012 y 2022.

La expulsión decretada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es un procedimiento administrativo separado del proceso de extradición solicitado por Rusia, que permanece pendiente de la decisión del Ejecutivo. El año pasado, Brasil rechazó una solicitud similar presentada por Estados Unidos.

La investigación por presunto espionaje en territorio brasileño fue archivada por el Ministerio Público Federal al no hallar pruebas suficientes de actividades de inteligencia en el país. El proceso por lavado de dinero continúa abierto.

El caso expuso una trama más amplia. Una investigación de la Policía Federal identificó al menos nueve ciudadanos rusos que usaron documentación brasileña como parte de sus identidades falsas, de los cuales solo Cherkasov permanece en el país.

En noviembre de 2022, la policía noruega arrestó a un hombre que se presentaba como José de Assis Giammaria, cuyo verdadero nombre era Mikhail Mikushin, presunto espía infiltrado en una universidad de la región ártica. Poco después, una mujer local denunció la desaparición de su pareja, Gerhard Daniel Campos, identificado por las autoridades como el ruso Artem Shmyrev, quien logró abandonar el país antes de ser detenido.

Los resultados indicaron que ninguno recopilaba información sobre Brasil. El país operaba como plataforma para forjar identidades creíbles antes de actuar en otros destinos.

(Con información de EFE y BCC)

Dos personas fueron detenidas este martes en Roma en el marco de una operación contra una red de espionaje que presuntamente filtraba información confidencial a los servicios de inteligencia de Rusia a través de un ex miembro del espionaje italiano y antiguo suboficial de los Carabineros (policía militarizada italiana).

Los dos arrestados, entre ellos el antiguo suboficial de 59 años, están acusados de delitos de espionaje, revelación de secretos e intromisión informática, entre otros delitos, según informaron este martes los Carabineros en un comunicado.

Una red con seis fuentes internas

La investigación, iniciada en mayo de 2025, señala al ex miembro de los servicios de inteligencia italianos como el principal sospechoso de actuar en favor de un presunto agente ruso que contaba con inmunidad diplomática en Italia.

Según la reconstrucción de los hechos, el ex agente era el "único interlocutor" del presunto agente ruso y obtenía información confidencial a través de seis fuentes, entre ellas cuatro militares en activo destinados en puestos de alta sensibilidad, para después transmitirla a cambio de dinero.

Las investigaciones, basadas principalmente en escuchas, medios técnicos y labores de vigilancia y seguimiento, sostienen que el ciudadano ruso exponía sus necesidades de información en reuniones con el principal investigado, quien posteriormente le facilitaba los datos obtenidos a través de sus contactos.

El operativo fue impulsado originalmente por la Aisi, la agencia de inteligencia interna italiana, que el año pasado detectó que Rusia había logrado reclutar al ex agente, quien recibía pagos a cambio de información clasificada sobre la producción industrial italiana en el sector de la defensa. Se trató, por lo tanto, de una operación de contraespionaje.

Registros y causas paralelas

En el marco de la operación, los agentes practicaron además registros personales, domiciliarios e informáticos contra los dos detenidos y otras cinco personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la obtención y divulgación de información sensible para la seguridad del Estado, espionaje político o militar y revelación de secretos de Estado.

La causa dio lugar a dos procedimientos penales paralelos coordinados: uno dirigido por la Fiscalía Ordinaria de Roma, que dispuso las medidas cautelares y los registros, y otro por la Fiscalía Militar de la capital italiana.

Por su parte, la Fiscalía Militar ordenó también registros contra los cuatro militares en activo, investigados por presuntos delitos de revelación de secretos militares y obtención de información secreta con fines de espionaje.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, agradeció el trabajo de los magistrados y los investigadores del Ros por la complejidad de la causa y remarcó que no puede existir tolerancia cuando están involucradas personas con roles de responsabilidad frente a quienes ponen en riesgo la seguridad del Estado. El funcionario agregó que la protección de la seguridad nacional y de la información clasificada constituye un interés primario que no admite cesiones, y aseguró que el ministerio seguirá colaborando con la Justicia.

En paralelo, el Copasir, el comité parlamentario italiano de control sobre los servicios de inteligencia, solicitará que se le transmitan todos los elementos de información recabados tanto por el Gobierno como por las fiscalías intervinientes.

Luego de allanarse a un procedimiento abreviado, el exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, fueron condenados este martes a cinco años de presidio con libertad vigilada intensiva en el marco de la Operación Topógrafo, evitando así la pena de cárcel efectiva de 20 años que la fiscalía solicitaba originalmente antes del acuerdo.

Los hechos del caso, uno de los emblemáticos sobre espionaje en democracia, se desarrollaron entre los años 2016 y 2018, cuando la inteligencia militar chilena montó una red de interceptación telefónica ilícita cuyo objetivo era vigilar a militares que estaban denunciando actos de corrupción al interior de la institución castrense -el famoso Milicogate-, y a un periodista que cubría la noticia.

Para lograr su objetivo, desde el Ejército presentaron solicitudes de escuchas a la justicia utilizando identidades y antecedentes falsos, registrando los números telefónicos de sus objetivos bajo nombres de supuestos “agentes extranjeros” que amenazaban la seguridad nacional.

El espionaje afectó directamente a diversos ciudadanos y funcionarios, entre ellos el periodista de investigación, Mauricio Weibel, autor del reportaje que destapó el Milicogate, y Rafael Harvey, capitán en retiro del Ejército que denunció activamente malas prácticas dentro de la institución, amén de otros oficiales activos, exfuncionarios y civiles denunciantes de irregularidades institucionales.

“Salida satisfactoria”

Así las cosas, Nazal y Poblete fueron condenados por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica en instrumento público, el primero por presentar solicitudes falsas, y el segundo por visarlas a pesar de estar en conocimiento de su ilegalidad.

De acuerdo a la fiscal Ximena Chong, el juicio abreviado representa para el Ministerio Público “una salida satisfactoria (pues) era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público”.

En tanto, el abogado del exjuez Poblete, el defensor penal público Víctor Providel, explicó que en la audiencia “el exministro aceptó los hechos de la acusación tal como estaban redactados, aceptó tramitar término de la causa a través de este procedimiento abreviado, que es la aceptación de hechos y aceptación de los antecedentes de la acusación. La pena se va a cumplir en libertad”.

Por su parte, el periodista Mauricio Weibel se mostró satisfecho con el acuerdo, puesto que “es la primera vez que se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia de un Ejército por espiar a un periodista, y eso es una señal tremenda para el mundo”.

“Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión no sólo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos”, remató el profesional.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior de Alemania, advirtió este martes que varios países de Medio Oriente, el Magreb y Asia meridional intensificaron en el último año sus operaciones de espionaje contra opositores y comunidades exiliadas en territorio alemán. El informe anual del organismo, presentado en Berlín, señala directamente a Irán, Pakistán y Marruecos como Estados que emplean fuentes humanas infiltradas en la Administración alemana para obtener información sensible.

Según el documento, estos países recurren a “métodos clandestinos” no solo para vigilar a sus disidentes, sino también para influir en la política, los medios de comunicación y los organismos administrativos alemanes, con el objetivo de trasladar sus conflictos regionales al territorio europeo. El BfV detalla que comunidades de inmigrantes y activistas opositores son objeto de vigilancia, campañas de desprestigio que los presentan como extremistas, e incluso amenazas físicas directas.

Al presentar el informe, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), advirtió de que estas operaciones erosionan la soberanía alemana y las enmarcó en un contexto más amplio de amenazas híbridas que, según el propio BfV, incluyen también el sabotaje y el espionaje ruso en suelo alemán.

El informe pone especial énfasis en el régimen de Teherán, al que describe como el actor más agresivo en la persecución transnacional de disidentes. Según el BfV, los grupos opositores a la República Islámica son percibidos por sus autoridades como una amenaza existencial, lo que explica tanto la represión violenta de las protestas dentro de Irán como la persecución de activistas en el exilio.

El jefe del BfV, Sinan Selen, subrayó que el antisemitismo constituye un eje central de esta estrategia. El organismo documenta que los servicios de inteligencia iraníes han intensificado, a raíz del conflicto regional de 2025, sus operaciones de vigilancia contra organizaciones judías y sus simpatizantes en Alemania y el resto de Europa.

Esta advertencia no es abstracta. En mayo, la Fiscalía Federal alemana presentó cargos ante el tribunal de Hamburgo contra el ciudadano danés Ali S. y el afgano Tawab M., acusados de actuar como agentes de la Guardia Revolucionaria iraní y su unidad de operaciones exteriores, la Fuerza Quds. Según la acusación, ambos recabaron información sobre Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, y Volker Beck, expolítico de Los Verdes y presidente de la Sociedad Germano-Israelí, con el propósito de preparar atentados de asesinato e incendio provocado contra ellos y contra comercios judíos en Berlín. El plan no llegó a ejecutarse.

El informe del BfV atribuye a las autoridades pakistaníes una estrategia distinta, orientada a proyectar una imagen favorable del país entre las comunidades afganas y pakistaníes residentes en Alemania, mediante el respaldo a manifestaciones y eventos de propaganda dirigidos a estos colectivos.

Respecto a Marruecos, el BfV afirma que sus servicios vigilan a activistas opositores y a críticos de la monarquía y del aparato estatal que residen en Alemania. Esta acusación se inserta en un patrón ya documentado en otros países europeos: investigaciones periodísticas y de organizaciones como Amnistía Internacional han revelado desde 2021 el uso del programa espía israelí Pegasus por parte de los servicios marroquíes, en particular la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), para vigilar a periodistas, activistas saharauis y disidentes exiliados en Francia, España, Bélgica y Países Bajos.

El diagnóstico del BfV confirma una tendencia que las agencias de seguridad europeas vienen señalando: el continente se ha convertido en un escenario donde gobiernos autoritarios proyectan sus conflictos internos contra sus propias diásporas, aprovechando las libertades democráticas para perseguir a quienes las abandonaron.

El proceso de preparación: conversaciones con agentes reales

Durante la preparación del personaje, Fassbender se reunió con personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según relató en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, varios de los consultados coincidieron en que buena parte de los agentes de campo, especialmente los agentes dobles, muestran rasgos de sociopatía.

“Hablé con algunas personas de la CIA que fueron de gran ayuda al contarme ciertas cosas, y entonces tomé la decisión de que Martian es un sociópata”, expresó el actor.

De acuerdo con el reporte de The Hollywood Reporter, la decisión de dotar a Martian de ese perfil psicológico influyó en el modo en que el personaje enfrenta los dilemas morales y las relaciones personales en la serie.

Fassbender explicó que la sociopatía permite a Martian mantenerse frío, calculador y capaz de manipular a otros para alcanzar sus objetivos.

Martian, un agente eficaz y un dilema moral

En la trama de The Agency, Martian aparece como un agente de campo brillante, astuto y con la capacidad de cruzar límites que otros no se atreverían a superar. Según Fassbender, esa frialdad explica por qué el personaje toma decisiones extremas en la nueva temporada, como traicionar a su propio país para proteger a Samia, la mujer de la que se enamora y que es interpretada por Jodie Turner-Smith.

Al cierre de la primera temporada, Martian entrega información clasificada para salvar la vida de Samia, incluso poniendo en peligro a otros. The Hollywood Reporter indicó que, para Fassbender, solo alguien con ese perfil psicológico sería capaz de actuar de ese modo. “Pondrá a otros en peligro”, afirmó el actor durante la promoción de la serie.

Humanidad bajo una fachada fría

Aunque el perfil de Martian responde a los rasgos de un sociópata, Fassbender matizó que el personaje aún conserva restos de humanidad. “Hubo un momento en el que mostrábamos que retenía una especie de humanidad a través de su relación con su hija y de su amor por Samia, pero casi hay una especie de batalla por su alma,” explicó el actor, según declaraciones recogidas por Variety.

Esta tensión interna se refleja en las acciones del personaje. A pesar de su aparente falta de empatía, Martian se enfrenta a conflictos internos que lo empujan a debatirse entre la lealtad profesional y los vínculos afectivos. La serie explora este choque de motivaciones y expone los matices de la personalidad del agente.

Dinámica adictiva del espionaje y el entorno de “The Agency”

En el proceso de documentación, Fassbender descubrió que muchos agentes dobles desarrollan adicciones, aunque aclaró que en el caso de Martian no se trataba de un apego a sustancias, sino al propio juego del espionaje.

Según The Hollywood Reporter, la vuelta al terreno operativo en la segunda temporada sitúa a Martian en su ambiente más natural.

La serie, una adaptación de la producción francesa Le Bureau des Agences, cuenta en su reparto con nombres como Jeffrey Wright, Richard Gere y Katherine Waterston.

Fassbender añadió que Wright también conversó con exagentes de la CIA, quienes le aseguraron que en un grupo conviene tener “al menos un sociópata”, pero nunca dos.

Debate abierto: ¿el entorno crea sociópatas o los atrae?

Más allá de la construcción del personaje, la serie plantea una pregunta de fondo: ¿el trabajo en inteligencia atrae a personas con perfiles sociopáticos o es la propia dinámica del espionaje la que termina moldeando esas características?

Según expuso Fassbender en Variety, la historia invita a reflexionar sobre la influencia del entorno profesional en el desarrollo psicológico de los individuos.

La segunda temporada de The Agency ya está disponible en Paramount+, donde Martian enfrenta nuevos desafíos que ponen a prueba tanto su frialdad profesional como los lazos personales que todavía lo conectan con su propia humanidad.

Netflix prepara una serie de espionaje que reunirá otra vez a Millie Bobby Brown y David Harbour tras el final de Stranger Things. La plataforma anunció un encargo directo a serie de una ficción sin título escrita por Jack Thorne y producida con A24, con ambos actores también como productores ejecutivos.

Según Variety, se trata de un thriller de espionaje sin título en el que Brown y Harbour encabezarán el reparto y la producción ejecutiva. La historia seguirá a Matt Wolfe, un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que ahora trabaja como experto en seguridad y debe regresar al mundo que dejó cuando su hija distanciada Rebecca, hoy también agente del FBI, desaparece durante una misión.

La sinopsis difundida indica que Rebecca está decidida a seguir los pasos de su padre. Su desaparición obliga a Wolfe a volver a un terreno que, de acuerdo con el planteamiento de la serie, ha evolucionado más allá de él.

Thorne vuelve así a colaborar con Brown dentro de Netflix. El guionista escribió las películas de Enola Holmes, protagonizadas por la actriz, y además cocreó Adolescence y Lord of the Flies para la plataforma, según detalló Variety.

El reencuentro de Millie Bobby Brown y David Harbour tras “Stranger Things”

El anuncio marca un nuevo cruce profesional para Brown y Harbour después de cinco temporadas de Stranger Things. En esta ocasión, volverán a interpretar a un padre y una hija, ahora distanciados y situados en lados opuestos de una crisis.

Jinny Howe, responsable de series de guion de Netflix en Estados Unidos y Canadá, sostuvo en declaraciones recogidas por Variety que la compañía vuelve a trabajar con un grupo de talento con el que ya colaboró antes. También afirmó que Thorne sabe encontrar una historia profundamente humana dentro de un thriller.

Howe añadió que ver a Brown y Harbour reunidos como padre e hija distanciados “en lados opuestos de una crisis” es algo que, a su juicio, gustará a la audiencia. Además, definió a A24 como el socio adecuado para llevar la historia a los suscriptores de la plataforma en todo el mundo.

Las pistas previas sobre la nueva colaboración con Netflix

Antes del anuncio, ambos actores ya habían adelantado su nueva colaboración en apariciones públicas. Según Variety, Harbour dijo que él y Brown estaban trabajando juntos en varios proyectos, aunque interrumpió la frase antes de completar la idea.

Después añadió: “Verán más de Millie y de mí”. Brown, por su parte, dijo recientemente en el 92nd Street Y que el futuro proyecto con Harbour era “concreto” y agregó: “Padre e hija es donde vivimos, pero Netflix siempre será nuestro hogar”.

Más tarde, en esa conversación con Josh Horowitz, la actriz aseguró que el proyecto con Harbour llegaría antes de lo esperado y que la idea había surgido por parte de él.

El anuncio llega además cuando ambos continúan con otros trabajos. Brown estrenará Enola Holmes 3 el 1 de julio, mientras Harbour participó en la serie limitada de HBO DTF St. Louis.

Cómo describen su vínculo profesional después de la serie

La relación entre ambos, que ellos mismos han descrito en términos de padre e hija, también quedó atravesada por versiones sobre un conflicto durante la etapa final de Stranger Things.

Variety recordó que una nota del Daily Mail publicada a fines de 2025 afirmó que Brown presentó una queja formal de recursos humanos ante Netflix sobre Harbour antes de la producción de Stranger Things 5.

Harbour quitó dramatismo a ese episodio y lo definió como un desacuerdo ya resuelto. “En las familias, está bien, porque simplemente estás en un desacuerdo y luego vuelves a unirte”, declaró al medio.

Y añadió que el problema en una serie de gran escala es la cantidad de personas que intentan intervenir: “Fue solo una simple ruptura y reparación que, una vez que apartamos a todo el mundo y hablamos entre nosotros, estábamos bien”.

Brown ofreció una descripción similar en un correo enviado a Variety. “Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa en lo creativo”, señaló. La actriz añadió que los años de trabajo conjunto les permitieron exigirse emocionalmente en las escenas. También señaló que, aunque la serie terminó, todavía existe mucha gratitud entre ambos.

El contexto que deja “Stranger Things” para este nuevo proyecto

En Stranger Things, Harbour interpretó a Jim Hopper, jefe de policía de Hawkins, Indiana, que adoptó a Eleven, el personaje de Brown. La protagonista quedó en el centro de la historia como una niña creada en un laboratorio y dotada de poderes sobrenaturales.

El final de la serie mostró a Eleven en un aparente sacrificio para salvar al mundo. Brown dijo que acordó con los hermanos Duffer no revelar el destino del personaje, mientras Harbour sostuvo ante Variety que una niña con poderes sobrenaturales no podía seguir en libertad por Hawkins.

Stranger Things concluyó el 31 de diciembre de 2025. Tras ese cierre, Brown y Harbour volverán a compartir pantalla, donde tendrán como productores ejecutivos a Jake Bongiovi y Robert Brown por PCMA Productions, Joe Hipps y Patrick McDonald por Cut To, y KC Wenson por Bravo Axolotl.

El Parlamento Europeo aprobó una rigurosa hoja de ruta de seguridad que designa formalmente a Rusia como la “principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa” y un “Estado promotor del terrorismo”, exigiendo un endurecimiento inmediato de las sanciones y un marco de “disuasión activa” contra las operaciones de desinformación y guerra híbrida de Moscú.

El documento final fue adoptado por la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia (EUDS) con 20 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones. El texto parlamentario dibuja un panorama de alerta sistémica y extiende la amenaza de actividades hostiles coordinadas a Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte, denunciando un incremento drástico de ataques híbridos contra infraestructuras críticas que incluyen ciberataques, sabotajes físicos, incendios provocados, espionaje y bloqueo de señales en el continente.

Nuevo centro de respuesta y blindaje electoral

Para centralizar la contraofensiva, los eurodiputados proponen la creación del Centro Europeo de Resiliencia Democrática, un organismo que operará bajo un mandato legal vinculante, con presupuesto propio dedicado y una gobernanza que involucre a todos los Estados miembros. El informe exige además expandir las capacidades de las agencias de la UE, incluyendo la adición de las amenazas híbridas al mandato de Europol, y endurecer las sanciones contra los facilitadores de la desinformación y entidades fuera del bloque, apuntando específicamente a firmas de China que ayudan a evadir las restricciones financieras y logísticas del Kremlin.

En el plano político, el texto demanda clasificar la infraestructura electoral como crítica y aplicar controles severos contra la financiación proxy mediante el cumplimiento estricto de las directivas contra el blanqueo de capitales. Asimismo, introduce el principio de “conozca a su donante” para regular el uso de criptomonedas y frenar la desinformación monetizada. En un apartado de fuerte repercusión política, el informe solicita formalmente investigar las evidencias de espionaje contra instituciones de la UE por parte de funcionarios húngaros bajo el anterior gobierno de Budapest, así como las acusaciones de haber compartido información sensible con Moscú.

Soberanía tecnológica y preparación civil

Otra de las prioridades absolutas fijadas por el Parlamento Europeo es reducir de forma urgente la dependencia en sectores estratégicos frente a tecnologías controladas por potencias extranjeras, alertando explícitamente sobre el impacto de las corporaciones de software de Estados Unidos y el hardware de China. Para mitigar este riesgo, proponen una estrategia equilibrada de inversión basada en el principio de “Comprar Europeo” (Buy European) en infraestructuras críticas y la diversificación de proveedores de materias primas esenciales.

En el ámbito digital, el documento exige respuestas más rápidas de las plataformas para combatir la interferencia electoral impulsada por bots, la obligación de etiquetar el contenido sintético o generado por inteligencia artificial (IA), y la exposición de campañas encubiertas que explotan la IA generativa. Adicionalmente, el paquete aboga por la protección de la libertad de prensa mediante financiamiento a largo plazo, la prohibición de software espía ilegal y la instauración del 24 de febrero —aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania— como el “Día de la Preparación Europea”, acompañado de manuales impresos de contingencia para los hogares y una aplicación comunitaria de alertas de crisis.

El viraje hacia la zona gris

La determinación de las autoridades europeas por implementar este blindaje democrático responde de forma directa a un cambio de escenario en el frente militar convencional. Evaluaciones estratégicas recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indican que el ritmo de avance de las tropas rusas en Ucrania se ha desplomado a menos de 5 kilómetros cuadrados diarios en lo que va de 2026, atrapado en un déficit crónico de reclutamiento y pérdidas materiales que comprometen su sostenibilidad financiera.

Ante la “perspectiva real de una derrota” en una campaña convencional estancada —según los análisis del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO)—, el Kremlin ha decidido trasladar el peso del conflicto de manera sistémica hacia la “zona gris”. Al verse limitado en el campo de batalla terrestre, Moscú intensifica sus tácticas asimétricas dentro de las fronteras de la Unión Europea. La estrategia de Vladímir Putin se desplaza así hacia la desestabilización interna, recurriendo a ciberataques, sabotajes y operaciones informáticas orientadas a explotar las vulnerabilidades sociales y fracturar la cohesión del bloque, que paralelamente ha consolidado su autonomía militar mediante un paquete de asistencia de 90.000 millones de euros para Kiev.

“La manipulación de información extranjera y la interferencia híbrida son cada vez más sofisticadas y coordinadas”, afirmó el eurodiputado sueco Tomas Tobé, ponente del informe. “Ningún Estado miembro puede contrarrestar esto eficazmente solo. Por eso el informe exige una agenda de reformas prácticas centrada en mayores capacidades operativas”. El Parlamento en su conjunto someterá el texto a votación definitiva durante la sesión plenaria de septiembre.

Los niños de María Luisa; así había pensado originalmente titular su libro la escritora y periodista argentina Laura Ramos para hablar de esos niños, ente ellos la propia Laura, a los que María Luisa, una de las mayores espías de la KGB, “cuidaba en los dormitorios mientras los grandes hablaban de política en la sala”.

La espía se infiltró en la élite intelectual trotskista uruguaya de los años 60 llevando a cabo misiones para los servicios soviéticos, una de las cuales Laura recuerda con escalofríos: “Mientras nos cuidaba a nosotros, esa mañana, o el día anterior, había ido a buscar tumbas de niños muertos para robarles los documentos”.

Mi niñera de la KGB se mueve por una larga historia de espionaje de la KGB, desde la guerra civil española a los combates en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, pasando por el asesinato de Trotski en México y una vida de modista en París hasta el desarrollo de una red de espionaje en Uruguay, sin olvidar al Moscú soviético.

“Yo la llamo a María Luisa, porque para mí va a ser siempre María Luisa”, dice Ramos en una entrevista con esta agencia al preguntarle cómo tenemos que llamar a la heroína del libro.

Porque todo este recorrido histórico se hace a través de una misma persona, nacida con el nombre de África de las Heras en Ceuta (España) y quien pasó a tener muchas identidades: María Luisa en Uruguay; Patria, como nombre de espía de la KGB, María Sierra, en México; o Ivonne, en Ucrania.

El proceso de investigación llevó a la escritora a descubrir cosas que “no se sabían ni en Montevideo, ni en Rusia, ni en España”, como el hecho de que María Luisa “había cooptado a una familia entera como ayudantes” en la capital uruguaya, a cuyo padre mandó asesinar, o el envenenamiento de su propio marido italiano, crímenes aún sin resolver.

Nadie descubrió quién era realmente

Lo que sorprende es que en todo este tiempo nadie descubrió quién era realmente María Luisa, a pesar de sembrar indicios que podrían haberla delatado, como el libro que le regaló a la autora: una versión infantil de La cuarta altura, biografía sobre la soviética Gulia Koroliova, una “heroína” muerta en la batalla de Stalingrado.

Mi niñera de la KGB hace también dudar sobre cuál es la verdad; ya que, como subraya Ramos, para escribirlo tuvo muchas informaciones, documentaciones y a veces “chismes”, que no siempre se pueden corroborar.

Decidió poner todos los datos, citando a las fuentes, dejando al lector imaginar cuál es la versión más cierta.

“Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución”. Esa frase de mayo del 68, en La Sorbona de París, usada en el libro podría resumir el carácter de la espía, movida por la revolución y “una ética feminista que estaba a la vanguardia de los movimientos de esos años”.

Ramos contó para esta nota que le “gusta mucho la historia y huir de la realidad” y con este objetivo indagó en su historia familiar para transportar al lector al Montevideo de los años 60.

Del libro se está preparando una serie para una de las grandes plataformas de streaming.

Fuente: EFE.

Fotos: Alejandra López.

“Sus vidas les enseñarán, también, que el bien no puede florecer entre el mal, que la libertad y todas las cosas que contribuyen a una vida plena y que merezca la pena a veces cuestan muy caro”, decía la última carta que, desde el pabellón de la muerte, Julius y Ethel Rosenberg escribieron a sus hijos Robert y Michael, de seis y siete años, antes de ser ejecutados en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, en Nueva York, el viernes 19 de junio de 1953.

Según las crónicas de la ejecución Julius murió a la primera descarga, pero Ethel, a pesar de ser una mujer más pequeña y supuestamente frágil, resistió hasta dos descargas eléctricas antes de fallecer, posiblemente debido al diseño de la silla eléctrica, construida para personas de mayor tamaño, por lo que sus electrodos no se ajustaban “adecuadamente” a su cuerpo.

Hacía poco más de dos años que habían sido condenados a muerte al ser encontrados culpables de cometer actos de espionaje al servicio de la Unión Soviética. Corrían tiempos de tensiones externas e internas para Estados Unidos: la guerra fría entre las dos grandes potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial se recalentaba en la península coreana mientras, con epicentro en Washington, adentro del país se desarrollaba una feroz caza de brujas encabezada por el senador republicano Joseph McCarthy contra miles de supuestos “comunistas” que conspiraban contra la nación.

Julius y Ethel Rosenberg habían quedado en el medio de todo eso y debían pagarlo con sus vidas. El caso había mantenido el vilo a la opinión pública y la ejecución provocó repudios y protestas en casi todo el mundo. Se la consideraba una injusticia detrás de la cual se escondían oscuros intereses políticos.

Los motivos para sospechar esos intereses ocultos no eran pocos. Las pruebas presentadas contra los Rosenberg en el juicio habían sido endebles y el testimonio más contundente lo había dado el hermano de Ethel, el sargento David Greenglass, para salvar su propio pellejo. No solo eso: aunque recibieron la misma condena letal, las supuestas participaciones de los dos miembros del matrimonio en la operación de espionaje eran bien diferentes, porque las pruebas contra Julius podían tener cierto peso, pero las que apuntaban contra su mujer parecían todas traídas de los pelos. Aun así, nada impidió que se cumpliera la sentencia.

Dos comunistas convencidos

Ethel Greenglass y Julius Rosenberg, eran un matrimonio de clase media que nunca ocultó sus simpatías comunistas. Nacido en mayo de 1918 en el seno de una familia de inmigrantes judíos radicada en Nueva York, Julius Rosenberg estudió en la Seward Park High School del Lower East Side de Manhattan y luego cursó la carrera de ingeniería eléctrica en el City College. Allí se incorporó a la Liga Juvenil Comunista, una organización que dependía del Partido y de la cual no demoró en convertirse en el líder local. Ethel, nacida en 1915, dos años mayor que él, también provenía de una familia de inmigrantes judíos y soñaba con ser actriz y cantante, aunque se ganaba la vida como secretaria de una compañía naviera. Se conocieron en 1936 en una reunión de la Liga y se casaron tres años más tarde.

Luego de que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Julius se alistó en el Cuerpo de Señales y fue destinado a un laboratorio en Fort Monmouth, Nueva Jersey, donde participó en importantes investigaciones sobre electrónica militar de uso en radares, comunicaciones y misiles. Se cree que fue reclutado por agentes de espionaje soviéticos alrededor de 1942 para que les pasara información sobre esas investigaciones militares secretas.

El hermano de Ethel, David Greenglass, también se alistó al comenzar la guerra y tuvo un destino altamente sensible: con el grado de sargento fue asignado al laboratorio nacional de Los Álamos, en Nuevo México, como auxiliar en el ultrasecreto Proyecto Manhattan, dirigido por el físico Robert Oppenheimer, que estaba desarrollando la bomba atómica.

Cuando terminó la guerra, luego de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos era el único país del mundo que contaba con la bomba atómica. Los alemanes también habían intentado construirla sin éxito casi hasta el momento de su rendición y para entonces los soviéticos, que también trabajaban en ella, venían bastante atrasados. Por eso, la inteligencia estadounidense se sorprendió a principios de 1949 cuando supo que Moscú había logrado producirla y sospechó que de una operación de espionaje.

En la mira del FBI

El FBI se hizo cargo de la investigación y de inmediato puso el foco en quienes había trabajado en el Proyecto Manhattan e identificó a David Greenglass como el principal sospechoso. Al ser interrogado, el sargento confesó haber pasado información clasificada a los soviéticos a través de su cuñado, Julius Rosenberg. En su primera declaración, aseguró que su esposa Ruth y su hermana Ethel, la esposa de Julius, no estaban implicadas en la operación. Acusado por su cuñado, Rosenberg fue detenido de inmediato.

El proceso judicial por espionaje contra Julius Rosenberg comenzó a desarrollarse de manera pública en agosto de 1950 con la convocatoria a un gran jurado federal. Entre los testigos, además, de David Greenglass, fueron llamadas Ruth Greenglass y Ethel Rosenberg. La esposa de Julius se negó a responder las preguntas invocando su derecho a guardar silencio, pero aun así fue detenida cuando salía de la sala del juzgado. El fiscal informó que la detención se debía a que existían “amplias pruebas de que la señora Rosenberg y su esposo llevaban mucho tiempo vinculados a actividades comunistas”.

Así, marido y mujer quedaron metidos en la misma bolsa, aunque no había pruebas concretas contra Ethel. Su situación se complicó después, cuando David y Ruth Greenglass, que en sus primeras declaraciones habían asegurado que la mujer de Julius no sabía nada, cambiaron sus testimonios y apuntaron también contra ella.

En su primer testimonio, el sargento Greenglass dijo que siempre le había pasado la información a Julius en encuentros que fijaban en diferentes lugares públicos, pero después – mientras negociaba con la fiscalía su propia situación – cambió su declaración y aseguró que en realidad se reunían en el departamento de los Rosenberg en Knickerbocker Village, en el Lower East Side de Nueva York, donde Ethel se ocupaba allí de tipear la información en su máquina de escribir para luego entregarla a los soviéticos. Ruth confirmó los dichos de su marido contra Ethel.

David y Ruth Greenglass evitaron así ser llevados al juicio que comenzó el 6 de marzo de 1951, donde además del matrimonio Rosenberg hubo un tercer acusado, Morton Sobell, un ingeniero que había estudiado con Julius en el City College.

El juicio y las condenas

A pesar de la gravedad de los cargos, el juicio se desarrolló con llamativa celeridad y en apenas 23 días el jurado dictó el veredicto que encontraba culpables a los dos acusados de cometer actos de espionaje al servicio de Moscú. Solo quedaba esperar al hombre que tenía la última palabra y dictaría la pena que a su entender les correspondía.

El juez Irving Kaufman se tomó una semana para decidir y el jueves 5 de abril de 1951 convocó a las partes para informarles que, basándose en la Ley de Espionaje de 1917, a Julius y Ethel Rosenberg les correspondía la pena capital, a ejecutarse en la silla eléctrica. Eso también resultó llamativo porque según esa norma la muerte era un castigo que solo podía aplicarse en tiempos de guerra y en ese momento Estados Unidos no se la había declarado a ningún país. Es decir, no estaba oficialmente en guerra contra la Unión Soviética.

En la sala del tribunal, los Rosenberg escucharon al magistrado calificar a sus delitos como “peores que el asesinato” para justificar su condena. “Creo que su conducta, al poner en manos de los rusos la bomba atómica años antes de que nuestros mejores científicos predijeran que Rusia perfeccionaría la bomba, ya ha causado, en mi opinión, la agresión comunista a Corea, cuyas muertes resultantes superan las cincuenta mil, y quién sabe cuántos millones más de inocentes pagarán el precio de su traición”, les dijo el juez Kaufman. David Greenglass, condenado en un proceso aparte, cumplió diez años de cárcel por su papel en la operación de espionaje.

Luego de conocerse la sentencia, comenzaron a llegar pedidos de clemencia desde todo el mundo, firmados entre otros por Albert Einstein y el papa Pio XII, pero no lograron que el presidente Dwight Eisenhower les conmutara la pena. El macartismo pisaba bien fuerte en Estados Unidos y los Rosenberg eran la prueba viviente de la realidad de la conspiración que denunciaba el senador republicano que veía “rojos” a todas horas y en todas partes.

Revelaciones muy tardías

En la década de 1990, David Greenglass, ya en libertad, admitió́ que mintió́ bajo juramento al decir que Ethel Rosenberg pasaba los datos a máquina y le confesó al periodista Sam Roberts que era su esposa, Ruth, quien lo hacía. “Mi esposa es más importante para mí́ que mi hermana. No iba a sacrificar a mi esposa y mis hijos por mi hermana”, explicó.

Cinco años después de la confesión pública de Greenglass, el gobierno estadounidense divulgó el contenido de una serie de cables enviados desde el consulado soviético de Nueva York a Moscú. Los mensajes, que habían sido interceptados y decodificados, formaban parte del llamado “Archivo de Venona”, donde se alude a la participación de Julius Rosenberg en una red de espionaje soviética. En ninguno de esos documentos, sin embargo, se menciona a Ethel como cómplice de su marido.

En 2024, cuando se dio a conocer el contenido de otro paquete de comunicaciones secretas soviéticas descifradas durante la Guerra Fría, se llegó a la conclusión de que Ethel estaba al tanto del espionaje que realizaba su esposo, pero “no participó en el trabajo ella misma”. El contenido de esos documentos era conocido por el FBI en el momento que se desarrolló el juicio y se condenó a muerte a los Rosenberg. Sin embargo, no fueron presentados durante el proceso.

Con el correr del tiempo se supo que los responsables de enviar información sobre la bomba atómica a Moscú fueron Alan Nunn May y Klaus Fuchs, dos científicos británicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan, en Los Alamos. La información que les aportaron fue la que realmente permitió a los soviéticos construir la bomba. Los dos científicos tuvieron más suerte que los Rosenberg: juzgados en el Reino Unido, Fuchs recibió una condena de nueve años y Nunn May pasó solo seis detrás de las rejas.

Hasta hoy no se conoce ningún documento que pruebe que Julius y Ethel Rosenberg pasaron información sobre la bomba atómica a la Unión Soviética. Ninguno de los dos admitió jamás haber participado en esa operación y ambos sostuvieron que sus condenas a muerte eran consecuencia de la “histeria fascista” que se vivía en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.

Luego de la ejecución de sus padres, Robert y Michael, los hijos Julius y Ethel fueron dados en adopción y tomaron el apellido de su nueva familia, Meeropol, pero dedicaron sus vidas a reivindicar la memoria de sus padres. Fiel a ese mandato familiar, en 2004 Ivy Meeropol, nieta de los Rosenberg, dirigió y estrenó Heredera de una ejecución, un documental que investiga a fondo el caso a través de archivos, documentos, grabaciones y entrevistas.

La detención de Facundo Leal, el ex titular de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández, puso al descubierto una trama delictiva que involucra a un grupo de ex funcionarios oriundos de la provincia de Mendoza, que habrían desviado contratos para beneficiarse con los fondos del Estado.

De acuerdo a lo que expresa el expediente, al que tuvo acceso Infobae, la causa tiene su origen en la denuncia efectuada por los apoderados de la empresa estatal.

Esa presentación dio cuenta de que durante un recorrido de rutina, realizado el 4 de enero de 2024 en los depósitos de Argentina Logistic Services S.A. (ALS) ubicados en San Fernando, “se advirtió la sustracción y el daño de numerosos elementos almacenados en el interior de 17 contenedores o ‘shelters’ propiedad de ARSAT, lo que produjo significativas pérdidas a la empresa estatal por un valor total de USD 151.126,29”.

La causa

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó la investigación realizando una serie de relevamientos y testimonios, que lo llevaron a sospechar que el origen de las faltantes podría estar relacionado con las irregularidades en la contratación de la empresa de logística.

Con esa hipótesis, avanzó con un requerimiento que paulatinamente fue concedido por el juez Lino Mirabelli. Se trata de la ejecución de 15 allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

Finalmente, el magistrado dispuso la citación a declaración indagatoria de todos los involucrados, quienes deberán responder por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con fraude a la administración y cohecho.

La convocatoria es para la denominada “banda de los mendocinos”, los ex directivos de ARSAT, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro, Juan Álvarez; y por ALS, Diego Padilla, Fernando Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando.

Los testigos

La causa se inició con una denuncia por robo de mercadería en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando. Los empleados de ARSAT, de ALS y de la compañía de seguridad describieron una serie de irregularidades que pusieron en evidencia el incumplimiento de las exigencias del contrato.

Los investigadores describieron que, desde que se tomó conocimiento del faltante de materiales en los shelters de ARSAT, la empresa ALS no realizó ningún requerimiento a la cooperativa de seguridad para optimizar o modificar el plan de servicio.

Incluso un miembro del equipo de Infraestructura reveló que el robo debió hacerse durante el día porque los equipos no tienen luz, y se necesitó para hacerlo varios días y en varias horas.

El deterioro del depósito

En el predio de San Fernando se guardaban los contenedores o “shelters” que formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, que tenía como finalidad garantizar la conexión a la Red Federal de Fibra Óptica en todo el territorio nacional.

Sobre el estado del lugar, declararon que “los pastos crecen por debajo de shelters y los llenan de humedad, a veces se meten ratas por la acometida de los cables y entran bichos”.

Explicaron que entre los contenedores “hay algunos que cierran y otros que no, porque el suelo está desnivelado y la cerradura no encastra bien”.

Sobre el plan de seguridad elegido para el depósito de ALS, los vigiladores señalaron que en alguna oportunidad le sugerimos al cliente aumentar el personal nocturno, porque carece de personal de seguridad suficiente para custodiarlo.

Cámaras sin vigilancia

Una testigo declaró que “el monitoreo de las cámaras no lo hacía nadie, yo tuve en mi computadora las cámaras después del hecho, pero nunca las controlé”.

Por otra parte, no existen registros fílmicos de las cámaras privadas instaladas en el interior y exterior del predio. Según informó la propia empresa, no funcionaron durante más de un año, antes de que se descubrieran las faltantes.

Con posterioridad a los hechos buscaron instalar un nuevo sistema de visualización de las cámaras en una PC, en una garita en el portón de ingreso principal. Sin embargo, no fue aceptado por los directivos de ARSAT y terminaron despidiendo a la compañía de seguridad.

Contratación irregular

De acuerdo a la teoría del caso, de las órdenes de compra emitidas por ARSAT a favor de la firma ALS, y de la evidencia digital “se desprende con meridiana claridad que, tras dichas contrataciones públicas, existía un entramado de corrupción público-privada, estructurado con el propósito de obtener un beneficio económico en perjuicio de la empresa estatal”.

Detectaron al menos “14 órdenes de compra emitidas entre 2021 y 2024 a favor de Argentina Logistic Services S.A., que fueron autorizadas por Gerardo Boschin, por un total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000 bajo contratación directa".

Boschin fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024 y, tras la asunción de Javier Milei, pasó a ser director de Trenes Argentinos Operaciones hasta enero de este año.

Chats, reuniones y pasajes

La fiscalía atribuyó el armado de la maniobra a una serie de chats extraídos del teléfono de Diego Padilla. Entre los mensajes citados aparecen frases como “tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”, “que nos mande guita para llevarle a ARSAT” y “el jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo”, que el dictamen del Ministerio Público Fiscal interpreta como referencias a retornos y sobornos.

Además, se registraron “reuniones deliberadamente realizadas fuera del ámbito institucional, como restaurantes y cafeterías alejadas de las oficinas de la firma estatal”.

En esos encuentros “se habrían acordado los términos de la futura contratación, incluyendo el mecanismo para direccionarla, el monto del sobreprecio y la forma en que se distribuirían los beneficios ilícitos”.

Los funcionarios involucrados serían Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani, quienes habrían aceptado dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera, pasajes aéreos y otros favores.

Drogas y espionaje

El juez ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

Lo inédito fue el hallazgo de US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína en el departamento de Facundo Leal en CABA, por lo que permanece detenido y procesado en una nueva causa que desde la semana pasada tramita en Comodoro Py.

Además, localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses. También inhibidores de señales, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Método repetido

La semana pasada el fiscal Ramiro González impulsó una causa contra Facundo Leal y otros funcionarios, con quienes trabajó cuando fue presidente del ORSNA, que también son oriundos de Mendoza.

Se trata de Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; Lucila Belén Pagani, actual Vicepresidenta; Facundo Gaitán, incorporado al organismo como “controller”.

En la denuncia que abrió este expediente se sostiene en que el supuesto “esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”.

El jefe de policía de Ucrania acusó a Rusia de reclutar a adolescentes ucranianas para asesinar a personal militar ucraniano, tras la detención de una joven de 17 años sospechosa de asesinar a un militar siguiendo instrucciones de un agente ruso.

En una entrevista publicada el miércoles por el medio ucraniano Cenzor.NET, el jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que este año se han registrado seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de la aplicación de mensajería Telegram, uno de los cuales fue frustrado.

“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, afirmó.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Los servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de reclutar a rusos para atentados con bomba en Rusia, y la inteligencia militar ucraniana se ha atribuido la responsabilidad del asesinato de varios altos oficiales rusos desde la invasión de Moscú en 2022.

Vyhivskyi afirmó que los reclutadores rusos contactaban a mujeres jóvenes a través de plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones a distancia.

Se les ordenaba a las jóvenes que buscaran personal militar ucraniano en sitios web de citas y recibían dinero de sus contactos para alquilar apartamentos donde reunirse con ellos, explicó Vyhivskyi.

También se les indicaban lugares donde podían conseguir metadona, un opioide sintético utilizado como analgésico que puede ser letal en dosis altas, para adulterar bebidas, añadió.

Más de 1100 ucranianos han sido acusados ​​de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en traición a su país durante la guerra, según informó el servicio de seguridad de Ucrania.

La policía detuvo la semana pasada a una joven de 17 años en la región occidental de Zhytomyr tras el envenenamiento de un militar y declaró que se había estado comunicando por Telegram con un hombre que probablemente era un agente de los servicios de seguridad rusos.

Según la policía, la mujer había recibido un paquete que contenía una sustancia cristalina que los investigadores supusieron que era metadona.

Reuters

El juez federal Lino Mirabelli levantó el secreto de sumario en la causa que investiga los presuntos incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles en concurso ideal con fraude a la administración pública y coimas, detectados en al menos tres hechos que involucran a ex funcionarios de ARSAT, todos oriundos de la provincia de Mendoza.

Mientras los peritos analizan el material secuestrado en diversos allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fiscal Fernando Domínguez espera una respuesta al requerimiento de indagatoria para los 10 imputados.

Se trata de los ex funcionarios de la empresa estatal ARSAT (Argentina de Soluciones Satelitales) Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez.

El principal imputado, Facundo Leal, se desempeñó como presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con el cambio de gobierno, fue designado como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Gerardo Boschin fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024 y, tras la asunción de Javier Milei, pasó a ser director de Trenes Argentinos Operaciones hasta enero de este año.

Juan Navarro y Pablo Pagani cumplieron funciones como directivos de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La lista se completa con los directivos de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes y Gastón Walter Padilla; Sofia Varela Vizgarra y su socio de hecho Santiago Pando.

Los hechos

De acuerdo a lo que describe el expediente, la sospecha es que la denominada “banda de los mendocinos”, integrada por Boschin, Pagani, Leal, Navarro y Alvarez, junto con otros miembros de ARSAT aún no legitimados, “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”.

En el primero de los hechos, el foco está puesto en los servicios ofrecidos por ALS en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando, por los que Gerardo Boschin extendió al menos 14 órdenes de compra “por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000”.

La sospecha es que en esta maniobra “habrían tomado intervención los miembros de ALS Diego Padilla, Fernando Paredes, Sofia Varela Vizgarra, Gastón Padilla y el socio de hecho Santiago Pando, quienes además de beneficiarse de la contratación, participaron en todo momento mediante reuniones informales, conversaciones e intercambio de información”.

Por otra parte, los expertos detectaron que los ex funcionarios imputados “investidos de la facultad de administrar, regir y gobernar el patrimonio de ARSAT, quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos”.

En este segundo hecho, la fiscalía cree que el contrato que benefició a ALS está “carente de necesidad real, sustentado en invitaciones ficticias, incorporación de ítems inexistentes y prestaciones incumplidas”.

Sostiene que la empresa “no reunía las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y sustracción”.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service S.A. (ALS)”.

Se refieren a la supuesta entrega de “moneda extranjera, pasajes aéreos, colocaciones laborales y otros valores materiales en concepto de contraprestación por el direccionamiento fraudulento de las contrataciones del servicio de la compañía”.

Lo que le llama la atención a los investigadores es que las acciones analizadas corresponden al período comprendido entre diciembre del 2020 y diciembre del 2024, que coincide con el gobierno de Alberto Fernández, aunque “la mayoría de los involucrados continuaron en sus puestos o fueron trasladados a otros cargos dentro de la estructura de la gestión de Javier Milei”.

La sorpresa

La causa se inició con una denuncia por robo de mercadería de un depósito de ARSAT que realizaron las autoridades del organismo. En la medida que avanzaron con los procedimientos de prueba, se detectaron nuevos elementos que derivaron en presuntos delitos de corrupción, drogas y espionaje.

A pedido del fiscal Dominguez, el juez ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

La sorpresa la encontraron en el departamento de Palermo de Facundo Leal, donde la Policía Federal descubrió cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína en su domicilio de CABA. Mientras tanto, en su casa de Mendoza hallaron US$1.700.000.

Por este caso, Leal permanece detenido, acusado por tenencia de drogas, a disposición del juez Mirabelli, con la intervención del fiscal federal Federico Iuspa.

A todo esto, en uno de los operativos localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en objetos cotidianos (anteojos, lapiceras, mouses), inhibidores de señales (GPS, WiFi y celular), localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Las Valijas

Al mismo tiempo que se allanaba el departamento de Facundo Leal en Buenos Aires, en Mendoza dos mujeres salían del edificio Torres Thays arrastrando dos valijas pesadas.

De acuerdo a los encargados del seguimiento se trataría de la pareja de Leal y de su hija menor.

A los vecinos les dijeron que se iban de viaje, pero no fue así. Ambas se dirigieron a una casa del ex funcionario en un barrio privado de las afueras de la capital provincial.

El juez Mirabelli ordenó un nuevo procedimiento donde secuestraron el teléfono móvil de la joven y una de las valijas, repleta de ropa.

El resto de los operativos se realizaron en el estudio jurídico que Leal comparte con su mujer, Eliana Gudiño, y otros domicilios ubicados en Mendoza, al parecer, sin resultados relevantes.

En esta serie, disponible en Sky y Now en Reino Unido e Irlanda, Emilia Clarke asume también por primera vez el papel de productora, se implica activamente en el proceso creativo y revela desafíos personales como el aprendizaje del ruso, según relató en el pódcast Dish.

En Ponies, Clarke describe su transición desde la fantasía épica a este drama ambientado en Moscú, 1977, donde interpreta a una espía novata, a la vez que debuta como productora por primera vez. Según contó a Dish, el proyecto representa para la actriz un doble salto: delante de la cámara y tras bambalinas; participa en decisiones artísticas, colabora con el equipo técnico y mantiene una actitud cercana durante la filmación en Budapest.

La gestación de Ponies y el reto de producir una serie de espías

La atracción de Emilia Clarke por Ponies nació, según sus palabras, de la lectura inicial del guion: “A veces simplemente lees algo y piensas: ‘Esto es tan divertido, tan encantador… quiero verlo y quiero formar parte de ello’”.

Sobre su trabajo detrás de cámaras, Clarke detalló: “Pude aportar ideas reales como productora, mucho más allá del crédito habitual para actores. Me involucré en el día a día, me aseguré de que todo el equipo estuviera bien y mantuve el ánimo positivo en el set”. Para la actriz, esta responsabilidad significó un avance profesional: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada. Siento que así las cosas siempre avanzan”.

El equipo le concedió libertad creativa, permitiéndole influir en aspectos narrativos y organizativos. Esa confianza, afirma Clarke, marcó una diferencia respecto a otros trabajos previos.

Los desafíos de la ambientación y el ruso

Interpretar a una espía en plena Unión Soviética de los años 70 supuso para Clarke un reto histórico y lingüístico notable. Tal como comentó, el aprendizaje del ruso fue especialmente desafiante: “El aprendizaje del ruso fue un reto enorme; implicó métodos de memoria inusuales y mucha disciplina”.

Para afrontar el idioma, trabajó con un tutor que utilizaba estrategias poco convencionales, como la asociación de sílabas a imágenes y la utilización de un “palacio de la memoria”. Clarke explicó: “Cada palabra se convertía en una secuencia de imágenes. Aprendía la historia, la ubicaba mentalmente y recurría a ese recorrido durante las escenas en ruso”.

La trama de Ponies, situada en 1977, sigue la historia de dos mujeres estadounidenses que, tras perder a sus maridos —agentes de la CIA— en Moscú, deben reinventarse como espías en un entorno hostil. El guion profundiza en temas de “amistad femenina, duelo y el proceso de encontrarse a una misma en circunstancias límite”, elementos que aportan contenido emocional y distinguen a la serie de otros relatos de espionaje.

Vocación, referentes y vivencias personales en el set

Durante el rodaje en Budapest, Emilia Clarke mantuvo rutinas para sentirse cerca de casa y favorecer el compañerismo entre el equipo. Contó en Dish: “Cuando estás lejos, cocinar o preparar bocadillos para el equipo hace que todo parezca más familiar y llevadero. Encontré un mercadillo de productos frescos y una pescadería italiana, y así pude seguir cocinando incluso en pleno rodaje”.

La actriz compartió también su pasión por la cocina, confesando que disfruta planeando cenas para amigos y que la gastronomía es una vía de relajación e integración en su vida diaria y profesional. “Me apasiona cocinar para la gente. Puedo pasar días planeando un menú para amigos y compañeros”, señaló.

En relación con su vocación, Clarke reveló que decidió ser actriz desde muy pequeña, inspirada por el entorno artístico familiar: “Creo que tenía solo tres años cuando me di cuenta de que quería ser actriz. Mi padre era diseñador de sonido teatral y me llevaba a los ensayos”.

Dicha pasión infantil se transformó en certeza gracias a su participación en montajes escolares.

Desde la perspectiva de Clarke, Ponies significa integración artística profunda, superación de barreras idiomáticas y una apuesta por historias donde la sororidad femenina ocupa el centro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el periodista estadounidense Thomas Pauken II, residente en China desde 2010 y colaborador de diversos medios estatales de ese país, se declaró culpable ante un tribunal de Washington de actuar como agente ilegal del régimen chino,

Pauken, que escribe bajo el seudónimo de Tom McGregor para diferenciarse de su padre —ex presidente del Partido Republicano de Texas y ex candidato a gobernador—, conocerá su sentencia el 1 de septiembre y enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Pauken fue detenido en febrero al llegar a Washington procedente de China. Según la declaración jurada, mantuvo reuniones con una persona que había postulado para un cargo en la administración Trump a quien entregó una tarjeta SIM y ofreció 10.000 dólares a cambio de informes para los servicios de inteligencia chinos. La documentación judicial indica que Pauken funcionaba como intermediario entre agentes chinos y personal estadounidense con acceso potencial a información clasificada, y que entre 2019 y 2025 recibió USD 100.000 por informes remitidos a una agente identificada como “Cathy”, supuestamente vinculada al aparato de seguridad chino.

El abogado defensor de Pauken, Charles Burnham, aseguró que su cliente “aceptó la responsabilidad de haber trabajado como agente de la República Popular China sin haber completado previamente ciertos formularios obligatorios del Gobierno de Estados Unidos”. Burnham sostuvo que Pauken pretendía “promover relaciones pacíficas y fomentar la causa de la libertad religiosa en China”.

El caso de Pauken se suma a una serie de investigaciones federales sobre ciudadanos estadounidenses acusados de operar como agentes no registrados de China. En mayo, la ex alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, aceptó declararse culpable de actuar bajo órdenes de funcionarios chinos, incluida la distribución de artículos favorables al gobierno de Beijing. Por su parte, Linda Sun, ex asesora de gobernadores de Nueva York, enfrenta cargos similares aunque se declaró inocente y el juicio resultó nulo tras la imposibilidad del jurado federal de alcanzar un veredicto unánime.

La declaración jurada del caso Pauken detalla que, tras regresar a Estados Unidos en enero de 2025, fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a cuyos agentes informó sobre su intención de entregar un teléfono y una computadora a la aspirante a un cargo político, convencido en un “80%” de que, si era contratada, proporcionaría información reservada a Beijing.

Los agentes permitieron que el acusado continuara con sus planes y, en una posterior reunión en Washington bajo vigilancia del FBI, le ofreció a la persona una bonificación de USD 10.000 por informes semanales destinados a la agente “Cathy” y, según la declaración, “leídos por Xi Jinping”.

Las autoridades federales confirmaron que el estadounidense nunca se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ni notificó al fiscal general su condición de agente de un gobierno extranjero. El Departamento de Justicia agregó que Pauken también vendió informes a un grupo de ciudadanos chinos de Wuhan interesados en información sobre tecnología y actividades del Departamento de Justicia, así como en la búsqueda de expertos para posibles acciones de ciberespionaje.

(Con información de Associated Press)

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos emitieron una alerta por el creciente uso de perfiles falsos en LinkedIn para espionaje digital y reclutamiento encubierto en sectores estratégicos, según advirtieron NDTV, Mint y The Register.

Detectar un perfil falso en LinkedIn exige revisar señales concretas. Estas cuentas suelen presentarse como responsables de recursos humanos, exhiben historiales laborales superficiales o inconsistentes y apuntan a empleados de tecnología, defensa, universidades y empresas con proyectos sensibles.

Están en la mira tanto cargos directivos como personas con acceso a datos relevantes, según las fuentes citas anteriormente.

El fenómeno creció durante 2024. Las advertencias, impulsadas por las agencias Five Eyes —alianza que incluye a Estados Unidos y países aliados—, alertaron sobre el aumento de perfiles fraudulentos que buscan engañar para obtener información confidencial.

El riesgo afecta especialmente a usuarios hispanos que trabajan o buscan empleo en sectores tecnológicos, empresariales y universitarios, destacó NDTV.

La creación de perfiles falsos responde a una táctica que simula oportunidades laborales atractivas para extraer información sensible.

Los responsables construyen biografías aparentemente creíbles, aunque con trayectorias poco claras o contactos limitados.

Según Mint, tras un primer contacto, los mensajes suelen ser vagos; más adelante, insisten en trasladar la conversación fuera de la plataforma para pedir datos o documentos, advirtió The Register.

Cómo operan los perfiles falsos en LinkedIn

De acuerdo con Mint, quienes crean estos perfiles se hacen pasar por reclutadores de compañías reconocidas y envían mensajes iniciales con supuestas oportunidades laborales.

Al revisar el historial, suelen aparecer datos genéricos, cargos poco precisos o saltos laborales que no resultan verosímiles.

Estas cuentas suelen mostrar una red de contactos limitada o poco relevante. NDTV señaló que los argumentos pueden aludir a proyectos secretos o colaboraciones internacionales, pero sin ofrecer detalles verificables.

El objetivo es ganar confianza y, con el tiempo, llevar a la víctima fuera del entorno de LinkedIn, donde solicitan información o documentos delicados.

The Register indicó que, en etapas avanzadas, pueden pedir credenciales, currículos extensos o completar encuestas técnicas a través de enlaces externos.

Sectores y profesionales más expuestos

Los principales objetivos incluyen tecnología, defensa, universidades y grandes empresas involucradas en proyectos sensibles, puntualizó Mint.

El alcance abarca ingenieros, personal administrativo, técnicos y especialistas en ciencias, sin discriminar nivel de experiencia.

NDTV resaltó que los perfiles más buscados son los que tienen acceso a información reservada, infraestructura crítica o desarrollos tecnológicos. The Register advirtió que tanto nuevos empleados como altos cargos pueden ser abordados por estas cuentas.

La experiencia multinacional, la participación en proyectos de innovación o contar con redes internacionales incrementa el interés de los atacantes, señaló NDTV. Usuarios con estas características deben extremar recaudos ante invitaciones no solicitadas o contactos inesperados.

Señales para identificar un perfil falso

Según Mint, hay patrones frecuentes en perfiles falsos orientados al espionaje digital:

• Nombres genéricos o poco habituales vinculados a empresas conocidas.
• Fotografías tomadas de bancos de imágenes o que no coinciden con otras redes.
• Historial laboral vago, con cargos ambiguos o trayectorias con saltos inexplicables.
• Ausencia de conexiones auténticas o recomendaciones verificables.
• Primeros mensajes poco específicos y propuestas laborales excesivamente atractivas o ambiguas.
• Solicitudes de información sensible, como currículos ampliados o respuestas a encuestas externas.

NDTV recomendó revisar a fondo el perfil, contrastar datos en otras plataformas y buscar discrepancias. The Register aconsejó desconfiar si la cuenta muestra escasa actividad previa o una red de contactos desproporcionada frente a la experiencia declarada.

Recomendaciones para proteger la cuenta y reportar perfiles

Los especialistas citados por NDTV, Mint y The Register coincidieron en medidas preventivas: limitar la visibilidad de información personal en LinkedIn, revisar la configuración de privacidad y responder solo después de verificar la legitimidad del contacto.

Ante mensajes inesperados con ofertas de empleo muy prometedoras o pedidos para conversar fuera de la plataforma, sugirieron comprobar el perfil y la existencia real de la empresa.

NDTV recomendó no entregar datos sensibles sin corroborar la veracidad del interlocutor. Si aparecen señales de alerta, The Register sugirió denunciar el perfil con la función de reporte de LinkedIn.

Aquellas personas que confían en aplicaciones que prometen espiar celulares de terceros con la esperanza de acceder a llamadas, mensajes y conversaciones de WhatsApp de sus parejas o conocidos, fueron objetivos de estafa y su dinero puede estar en riesgo.

Al acceder a estas plataformas, muchos lo que en realidad se encuentran es un esquema de fraude global, orquestado por una red de ciberdelincuentes que aprovecha la curiosidad de los usuarios y termina generando pérdidas económicas y riesgos adicionales para las víctimas.

Cómo funcionan las apps fraudulentas de espionaje

Las investigaciones de ESET, empresa especializada en ciberseguridad, revelaron la existencia de al menos 28 aplicaciones distribuidas en Google Play bajo la campaña denominada CallPhantom. Estas apps aseguraban poder recuperar historiales de llamadas, registros de mensajes SMS y hasta logs de WhatsApp de cualquier número telefónico.

El proceso era sencillo para el usuario: descargar la aplicación, ingresar el número de teléfono que se quería espiar y observar cómo la pantalla mostraba barras de progreso, mensajes y simulaciones de carga que fingían estar accediendo a información privada en tiempo real. Para visualizar los supuestos resultados, la app exigía el pago de una suscripción o tarifa especial.

Sin embargo, el análisis de los expertos fue contundente: ninguna de estas aplicaciones tenía la capacidad de acceder a datos reales. Todo el contenido presentado –números de teléfono, nombres, horarios y duraciones de llamadas– era generado de manera aleatoria y predefinida dentro del código de la aplicación.

El usuario, tras pagar, solo recibía información fabricada, pero presentada con un formato que buscaba engañar y convencer de su autenticidad.

Cuántas personas fueron víctimas de esta estafa

La magnitud de la estafa fue global. CallPhantom y sus variantes lograron superar los 7,3 millones de descargas antes de ser retiradas de la tienda oficial de Android. Los delincuentes detrás de este esquema apelaron a la curiosidad y el deseo de control de los usuarios, quienes terminaron pagando hasta 80 dólares por suscripciones anuales por datos falsos.

Para incrementar la credibilidad de sus productos, los desarrolladores utilizaban nombres falsos, como “Indian gov.in”, simulando una supuesta afiliación con entidades oficiales. Además, las apps publicaban reseñas falsas para atraer a más víctimas y presentaban capturas de pantalla con historiales inventados como si fueran pruebas de funcionamiento.

Los métodos de cobro eran variados: desde suscripciones oficiales de Google Play, pasando por plataformas de pago de terceros compatibles con UPI, hasta formularios internos para ingresar directamente los datos de la tarjeta bancaria.

En muchos casos, las aplicaciones incluían URLs codificadas o utilizaban bases de datos en tiempo real, lo que permitía a los operadores modificar las cuentas receptoras de pagos en cualquier momento y dificultar la recuperación del dinero.

Cuando el usuario intentaba salir de la app sin pagar, esta enviaba notificaciones insistiendo en que los resultados ya estaban disponibles, presionando para completar la suscripción y aumentar la urgencia de la decisión.

Cuáles eran los riesgos para quienes pagan por estas apps

El principal riesgo es financiero: los usuarios pierden el dinero invertido sin recibir ningún dato verdadero. Las sumas cobradas iban desde cinco euros en los niveles más bajos hasta 80 dólares por suscripciones anuales.

En los casos en que el pago se realizaba mediante Google Play, era posible solicitar algún reembolso, pero si el pago se hacía por plataformas externas o ingresando la tarjeta directamente en la app, las víctimas quedaban a merced de los desarrolladores o de los intermediarios de pago, sin protección ni posibilidad de recuperar el dinero.

A esto se suma el peligro de exponer datos bancarios en plataformas administradas por ciberdelincuentes. Ingresar información sensible como los datos de la tarjeta de crédito en una aplicación fraudulenta puede derivar en cargos no autorizados y eventuales robos de identidad o acceso indebido a cuentas bancarias.

Además, el uso de estas apps puede generar consecuencias legales, ya que la promesa de espiar comunicaciones privadas sin consentimiento es, por definición, una actividad ilícita.

Según el análisis de ESET, ninguna aplicación legítima puede obtener datos privados de otro número sin el consentimiento y acceso físico al dispositivo. Cualquier afirmación contraria es una señal clara de estafa.

Además de distintas drogas y millones en dólares, pesos y otras monedas, al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, también le encontraron un kit de espionaje en su departamento del barrio porteño de Palermo, cuando lo allanaron el último miércoles.

El equipo, que incluye elementos para realizar comunicaciones y grabar audio y video, fue incautado por la Policía Federal Argentina a pedido del fiscal Federico Domínguez y el juez de San Isidro Lino Mirabelli, quienes llevan adelante una investigación que comenzó con un robo a un depósito y terminó destapando una presunta red de corrupción al interior de la empresa pública de soluciones satelitales.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Leal tenía un maletín estanco marca Panaro con 19 objetos: anteojos, llaves de un auto, un mouse, una lapicera, -todos con micrófono o cámara, para grabar a escondidas-, grabadores comunes, un rastreador GPS y un detector de señales capaz de identificar cualquier dispositivo de vigilancia inalámbrico, entre otros.

También le incautaron un teléfono satelital Iridium 9555, que le permite establecer comunicaciones en todo el mundo, “incluidos los polos”, según las marcas que lo ofrecen a la venta. Es un dispositivo capaz de enviar y recibir llamadas, mensajes y correos electrónicos en los lugares más remotos del planeta, donde no llega la señal de los celulares corrientes.

Mientras el caso avanza bajo secreto de sumario en la Justicia Federal de San Isidro, los investigadores apuntan a responder dos preguntas: por qué razón Leal tenía este equipamiento y si los dispositivos esconden más información relevante para la causa. Para saber esto, los elementos incautados serán sometidos a un peritaje.

El ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) -funcionario durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei- quedó detenido cuando lo allanaron.

En su propiedad de Palermo le incautaron 650.000 dólares, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. En su casa de Mendoza le hallaron otros 1.7 millones de dólares.

En el departamento de CABA, Leal también tenía 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA, 72 pastillas de éxtasis, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, por estas horas la Justicia persigue la hipótesis de que el dinero secuestrado tendría origen en las maniobras de corrupción que habría perpetrado Leal en el Estado nacional, donde trabaja hace más de 20 años.

La trama se inició a raíz de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de la localidad de San Fernando, operado por ALS, donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. Encontraron 15 contenedores saqueados.

La pesquisa escarbó sobre la contratación de ALS al detectarse que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

Ante las sospechas en torno a la contratación de Argentina Logistic Services por el servicio de depósito, el fiscal ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró celulares y otros dispositivos.

El análisis de los teléfonos incautados reveló el presunto pago de coimas y manejos espurios entre ARSAT y ALS, que habría recibido fondos del Estado mediante una contratación directa amañada.

El fiscal Domínguez pidió citar a indagatoria a Facundo Leal; a Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno libertario; además de otros tres funcionarios, cuatro integrantes de la empresa logística y un presunto intermediario.

La convocatoria de los involucrados aún no fue definida por el juez Mirabelli.

En medio de las elecciones presidenciales en Colombia, los expertos en ciberseguridad han emitido alertas sobre una serie de amenazas digitales que buscan aprovechar el clima electoral para robar datos, manipular percepciones y cometer fraudes.

Kaspersky y SISAP, especialistas en el análisis de riesgos informáticos, coinciden en que los delincuentes han perfeccionado sus métodos, valiéndose del aumento de conversaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y la rapidez con la que la información circula en estos días.

Las técnicas empleadas incluyen desde encuestas falsas y mensajes alarmistas hasta la creación de videos y audios adulterados con inteligencia artificial, lo que plantea nuevos desafíos para la seguridad digital durante la temporada electoral.

Modalidades de fraude digital predominantes en elecciones

Durante estas elecciones, las plataformas digitales han visto incrementado notablemente el flujo de información. Este contexto ha sido el escenario ideal para que proliferaran enlaces maliciosos, páginas fraudulentas y mensajes diseñados para engañar a los usuarios y obtener datos sensibles, claves bancarias o acceso a cuentas personales.

Especialistas de SISAP advirtieron sobre varias modalidades frecuentes detectadas en esta coyuntura: supuestos subsidios del Gobierno, falsas citaciones para ser jurado de votación, mensajes que aparentan venir de entidades oficiales, encuestas fraudulentas y resultados manipulados.

A esto se suman los contenidos alterados con inteligencia artificial, como videos deepfake o audios falsos, que pueden hacer parecer que una figura pública ha realizado declaraciones que nunca existieron. Algo hecho incluso por candidatos presidenciales, como Abelardo de la Espriella.

Los ataques no solo buscan robar información, sino también difundir noticias falsas y crear confusión entre el electorado. Kaspersky reveló que el 78% de los colombianos se ha visto expuesto a desinformación en el último año, mayoritariamente a través de redes sociales, y el 50% recibió información falsa por canales como WhatsApp o Telegram.

Cómo operan las estafas digitales en contexto electoral

Las campañas fraudulentas suelen comenzar con mensajes alarmistas o supuestos resultados de “último momento” que circulan en redes y servicios de mensajería.

Estos mensajes buscan captar la atención mediante frases como “urgente”, “antes de que lo borren” o asegurando revelar “información exclusiva”. El objetivo es dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos, capturar datos personales o propagar software dañino.

Una modalidad común son las encuestas y formularios que llegan por WhatsApp, Telegram, SMS o incluso redes sociales. En Colombia, la divulgación de encuestas electorales está prohibida durante los ocho días previos a la votación, por lo que la recepción de estos mensajes en ese periodo debe generar sospecha.

Estos formularios suelen solicitar números de teléfono, correos electrónicos o incluso datos financieros bajo el pretexto de entregar resultados exclusivos o permitir la participación en consultas ciudadanas.

Otra técnica es la creación de aplicaciones o páginas web que prometen resultados en tiempo real, ubicación de puestos de votación o información sobre candidatos. Muchas de estas plataformas imitan de forma casi idéntica los nombres, logotipos y diseños de entidades oficiales, valiéndose de inteligencia artificial para ganar credibilidad.

Consejos para identificar y evitar riesgos de ciberseguridad

Los especialistas de Kaspersky y SISAP coinciden en una serie de recomendaciones para reducir la probabilidad de ser víctima de fraude digital durante el proceso electoral:

• Haz una pausa antes de hacer clic o reenviar mensajes electorales. Aunque provengan de un contacto conocido, revisa los enlaces y busca la información directamente en canales oficiales.
• Desconfía de encuestas, formularios o aplicaciones que lleguen por cadenas de mensajería. Verifica si identifican claramente a la entidad que los realiza, si utilizan logotipos extraños, prometen resultados “exclusivos” o solicitan datos innecesarios.
• Verifica videos y audios antes de compartirlos. Observa si presentan movimientos faciales poco naturales, voz robótica, mala sincronización de labios o mensajes demasiado sensacionalistas. Si invitan a hacer clic, donar dinero o entregar datos, es preferible no interactuar.
• Evita descargar aplicaciones electorales desde enlaces compartidos. Accede solo a las páginas oficiales y revisa cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar información personal.
• Fortalece la seguridad de tus cuentas digitales. Utiliza contraseñas robustas y activa la verificación en dos pasos tanto en correos, redes sociales como en aplicaciones bancarias.
• Habla sobre estos riesgos con adultos mayores y votantes primerizos. Son los grupos que suelen estar más expuestos a fraudes y desinformación digital.

Parece haber un apetito interminable por libros sobre los “Cambridge Five”, los notorios agentes dobles que entregaron secretos británicos a sus contactos soviéticos. El escándalo de su doble juego resulta irresistiblemente intrigante: ¿Cómo cinco estudiantes de la Universidad de Cambridge —Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt y John Cairncross— traicionaron a su país durante casi 20 años, desde la década de 1930 hasta los primeros años de la Guerra Fría?

La literatura sobre Philby, en particular, es especialmente abundante. Ascendió en los rangos de la contrainteligencia y utilizó una combinación de encanto y crueldad para engañar incluso a los profesionales entrenados que trabajaban cerca de él. Antes de desertar a la Unión Soviética en 1963, expuso la identidad de David Cornwell, quien más tarde sería conocido como John le Carré y que incluyó una versión ficcionalizada de Philby en Tinker, Tailor, Soldier, Spy (publicada en español como El topo). “Simplemente un hombre torcido por naturaleza”, dijo le Carré sobre Philby en una entrevista televisiva en 2010. “No le habría confiado ni a mi gato el fin de semana”.

Philby ocupa inevitablemente un lugar destacado en el nuevo libro de Antonia Senior, Stalin’s Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire . (Los apóstoles de Stalin: Los Cinco de Cambridge y la formación del Imperio Soviético). Pero Senior, autora de ficción histórica, crítica literaria para The Times de Londres y presentadora de un podcast sobre espionaje, busca situar a Philby y a sus compañeros traidores en perspectiva. Sostiene que los relatos ingleses han sido “muy parroquiales”, con una fijación particular en los orígenes de clase privilegiada de estos hombres y su desilusión política, mientras que los rusos los han convertido en ejemplares míticos para la era autoritaria de Putin.

Antonio Senior quiere destacar, en cambio, el daño atroz que estos hombres causaron. Entre sus víctimas se encuentran los pueblos de Europa Central y del Este, que aspiraban a la independencia tanto de regímenes comunistas como fascistas. Tan recientemente como en 2025, seguían abriéndose archivos de inteligencia, y Senior aprovecha material de Albania y Lituania. Presenta a los espías de Cambridge como terribles y sumamente eficaces: su traición resultó indispensable para concretar las ambiciones expansionistas de Stalin. Sus “apóstoles” —palabra que alude a una sociedad secreta en Cambridge a la que algunos pertenecieron— le ayudaron a “construir un Imperio Rojo”.

No es que la posibilidad de ese éxito fuera evidente desde el principio. Las primeras vidas de estos radicales estuvieron marcadas por la torpeza y la arrogancia. Maclean se sintió atraído por la “simpleza” de las reglas del comunismo. Blunt, quien más tarde se convertiría en un eminente historiador del arte, mostraba un “seco interés intelectual” por la teoría marxista. Philby era un estudiante “mediocre” cuyo padre socialista, St. John, se convirtió al islam y luego fue un fascista declarado. Cairncross se recordaba sobre todo por ser “muy aburrido”. Burgess, por su parte, era la versión exagerada y opuesta: tan sociable y orgullosamente promiscuo que a cualquiera que no lograba seducir o entretener le parecía intensamente molesto.

Estos personajes terminaron siendo responsables de tanta crueldad que la autora se permite algunos momentos de seca ironía cuando puede. Al narrar los primeros días de sus carreras en el gobierno y la inteligencia británicos, se asombra de los curiosamente evidentes nombres en clave soviéticos. Gran Bretaña era la ISLA. Philby, hijo de St. John, era SONNY. Burgess, que era gay, era llamado burlonamente NIÑA. Una fotógrafa y agente comunista llamada Edith Tudor-Hart era EDITH. Otro agente era EL GORDO. “Sí”, señala Senior, “era gordo”.

Este no es un libro que se detiene en las razones de los Cambridge Five. Senior sostiene que, como jóvenes utópicos, encontraron en la posibilidad de la revolución algo “embriagador”, un término tan útil en su vaguedad que apenas sorprende verla utilizarlo dos veces en cuatro párrafos breves. En los años treinta, con el avance del fascismo, los agentes dobles ingleses podían verse como moralmente superiores.

Sin embargo, después de saber que Stalin había firmado un pacto secreto con Hitler, solo pudieron seguir trabajando para los soviéticos recurriendo a complejos malabarismos intelectuales. Sí, les gustaba presentarse como antiimperialistas, aunque, como la autora señala repetidamente, no parecían perturbarse por el “matonismo imperial” de la Unión Soviética. Los espías minimizaron el pacto considerándolo una jugada astuta de Stalin en el camino hacia la revolución mundial.

Mostraron un frío desprecio por los partisanos antisoviéticos que enviaron a la muerte. Antonia Senior detecta aquí una persistente veta de colonialismo anglocéntrico. Philby, que luego escribió una autobiografía desde su nuevo hogar en la Unión Soviética sin mostrar arrepentimiento, desdeñaba a los agentes albaneses que entregó a las trampas soviéticas. “Incluso en nuestros momentos más serios, los anglosajones nunca olvidamos que estos agentes acababan de bajar de los árboles”. Cualquier problema del experimento soviético, añade Senior, podía atribuirse a que Rusia era “campesina y atrasada”. La verdadera revolución, como predijo Karl Marx, ocurriría en Gran Bretaña y Alemania.

Durante los dos primeros tercios de Stalin’s Apostles, se resalta la hipocresía y la maldad de los espías de Cambridge siempre que puede, en una aproximación hostil que resulta justificada, aunque a veces repetitiva. En ocasiones, amplifica las acusaciones antes de tener que matizarlas. Presenta un díptico especialmente grotesco: una mujer torturada por la policía secreta soviética en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial mientras los Apóstoles entregaban secretos y disfrutaban de generosas pensiones. Páginas después, reconoce que no siempre es posible trazar una línea directa entre la perfidia de los Cambridge Five y esa víctima en particular: “No siempre es posible dibujar una línea directa”.

La narración gana ritmo en el último tercio, tras el final de la guerra, cuando desertores de la Unión Soviética amenazan con exponer a los Apóstoles. La historia avanza con rapidez mientras los espías tratan de servir a sus jefes en Moscú mientras el cerco se cierra a su alrededor. Senior, con su talento para el drama, no resiste la imagen final de la villanía pura: imagina a “un Philby jubiloso, con sangre en las manos mientras bebía ginebra rosada”.

Fuente: The New York Times

Las autoridades iraníes ejecutaron el martes a un hombre tras declararlo culpable de colaborar y espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, en la más reciente de una serie de condenas a muerte vinculadas a casos de seguridad desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

El poder judicial identificó al ejecutado como Golamreza Jani Shekarab y lo describió como “uno de los principales líderes operativos del Mossad en el extranjero”, que buscaba reclutar personas dentro del país para realizar acciones contra la seguridad nacional, según el sitio web Mizan Online, vinculado al poder judicial. Su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

No quedó claro de inmediato cuándo había sido detenido o juzgado Shekarab.

La ejecución se produjo un día después de que Irán ajusticiara a otro hombre declarado culpable de llevar a cabo ataques armados durante las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto más álgido en enero. La república islámica es el segundo país del mundo con más ejecuciones, solo detrás de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

La condena se da en el marco de una serie de ajusticiamientos que la república islámica ha llevado adelante en casos de seguridad desde el estallido del conflicto bélico con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

Ataques y negociaciones simultáneas

El contexto diplomático y militar siguió siendo volátil. El lunes, el ejército estadounidense realizó ataques de “autodefensa” en el sur de Irán, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el estrecho de Ormuz, según el portavoz del Comando Central de EEUU, el capitán Tim Hawkins. El militar precisó que las fuerzas actuaron para “proteger a nuestras tropas de amenazas iraníes” y que se estaba “usando la mesura durante el alto el fuego en curso”.

El alto el fuego vigente fue negociado para dar margen a ambas partes de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra. Pese a ello, desde su declaración en abril, el cese de hostilidades ha sido violado por ambas bandas.

En Irán, el sitio web Tabnak, considerado cercano al ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaei, identificó a cuatro soldados de esa fuerza muertos en los ataques estadounidenses contra embarcaciones. La televisión estatal iraní reportó explosiones en los alrededores de Bandar Abbás, ciudad a orillas del estrecho de Ormuz que alberga un puerto militar y un aeropuerto de uso mixto.

Trump afirmó en redes sociales que las negociaciones con Teherán “avanzan muy bien”, incluso mientras se registraban los ataques. Los puntos de mayor fricción en las conversaciones incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y los activos congelados de Irán.

El estrecho de Ormuz, por donde históricamente transitaba una quinta parte del crudo y el gas natural que se comercializa en el mundo, permanece efectivamente bajo control iraní, con severas consecuencias para los mercados energéticos globales.

El presidente iraní había enviado al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, a Qatar para participar en las negociaciones sobre el posible acuerdo con Washington. Qatar, que sufrió ataques intensos de Irán durante la guerra, administra miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

Los árboles de observación camuflados representaron una de las maniobras más ingeniosas del espionaje durante la Primera Guerra Mundial. En el desolado escenario de la “tierra de nadie” del Frente Occidental, surgieron como una solución inesperada ante la imposibilidad de moverse sin ser detectado.

La colaboración de artistas y especialistas en ingeniería permitió crear réplicas huecas y blindadas de troncos dañados, capaces de engañar incluso a los ojos más entrenados. Según documentó National Geographic, su realismo era tal que muchos soldados enemigos nunca sospecharon que, desde esas estructuras, se observaban y registraban sus movimientos.

El desarrollo de estos árboles respondió a la urgencia de nuevas tácticas en una guerra estancada por las trincheras y la ausencia de refugios naturales. Los franceses fueron pioneros en 1915, seguidos por los británicos en 1916 y luego por los alemanes, que bautizaron su versión como “Baumbeobachter”. Estas réplicas metálicas no solo ofrecían una vista privilegiada del campo enemigo, sino que también inauguraron una nueva era para el camuflaje militar y la observación estratégica.

Cómo se construyeron y usaron los árboles de observación falsos

La fabricación exigía seleccionar con gran precisión un tronco real dañado y situado cerca de la primera línea del frente. El artista militar realizaba mediciones, fotografías y bocetos, utilizando estos estudios como base para la réplica.

El diseño consistía en un núcleo de acero blindado que protegía al observador de los disparos. En el exterior, el recubrimiento mezclaba hierro arrugado y pintado con texturas reforzadas por materiales como conchas pulverizadas, imitando la madera envejecida con realismo.

Una fuente citada por la revista científica National Geographic señaló: “Se trata de conseguir un espacio donde un soldado pudiera esconderse para espiar las líneas enemigas desde una posición elevada y protegida”.

La operación de su instalación representaba el momento más arriesgado. Bajo la cobertura nocturna y los estruendos de la artillería amiga, un equipo talaba el árbol real, cavaba entre las raíces y, rápidamente, colocaba la réplica metálica en su lugar exacto. Según National Geographic, al amanecer, los soldados enemigos solían no notar diferencia: el paisaje permanecía aparentemente idéntico, aunque el viejo tronco ahora albergaba ojos atentos.

El legado y el destino de los árboles de espionaje en la Primera Guerra Mundial

Dentro de estos árboles camuflados, el observador trepaba por una escalera de cuerda y, sentado en un banco, vigilaba a través de rendijas cubiertas de malla y usaba un periscopio o telescopio para estudiar posiciones enemigas. Los datos recabados eran transmitidos al mando propio, influyendo en la toma de decisiones tácticas.

La mayoría de estos dispositivos desaparecieron después de la guerra y apenas quedan rastros físicos de su existencia. Hoy, solo dos ejemplares originales persisten: uno en el Imperial War Museum de Londres y otro en el Australian War Memorial de Canberra.

La aparición de los árboles de observación en el campo de batalla reflejó cómo la guerra aceleró la creatividad y la colaboración multidisciplinaria. El arte del camuflaje no solo involucró a ingenieros y militares, sino también a pintores, escultores y arquitectos, muchos de ellos reclutados precisamente por su habilidad para engañar al ojo humano.

Entre los más destacados se encontraba el pintor británico Solomon Joseph Solomon, pionero en técnicas de camuflaje y figura clave en el desarrollo de estos árboles falsos para el ejército británico.

El diseño de cada árbol requería un conocimiento profundo de la naturaleza y de la percepción visual. Los artistas estudiaban con minuciosidad la textura, el color y la forma de los árboles locales para que las réplicas resultaran indistinguibles a simple vista, incluso usando binoculares o telescopios desde posiciones enemigas.

El interior también debía ser funcional: el espacio era reducido y apenas permitía los movimientos necesarios para operar instrumentos ópticos y anotar observaciones, todo bajo un silencio absoluto para no delatar la presencia.

El espionaje desde estos árboles resultó crucial durante ofensivas y defensas, ya que permitía anticipar ataques, detectar movimientos de tropas o identificar la ubicación de artillería enemiga. La información recabada influía directamente en la planificación de bombardeos, avances o repliegues, sumando una dimensión estratégica que antes resultaba inaccesible en la guerra estática de trincheras.

La historia de estos artefactos revela cómo, incluso en escenarios dominados por la destrucción, la observación meticulosa y la innovación técnica ofrecieron ventajas decisivas. Hoy, los pocos ejemplares conservados invitan a reflexionar sobre el ingenio humano en tiempos de conflicto y la delgada línea entre el arte y la guerra.

Luego de qué líderes sindicales y sociales afirmaron tener dudas sobre el nuevo software que está siendo implementado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) que incluiría poder conocer la ubicación exacta de los esquemas de seguridad, la entidad se pronunció para asegurar que no se trata de una práctica de espionaje.

Mediante un comunicado, la UNP rechazó las versiones sobre supuesto espionaje y defendió la herramienta que está siendo implementada y tiene como objetivo principal terminar con la corrupción en la entidad.

“La Unidad Nacional de Protección rechaza de manera categórica las versiones difundidas por algunos sectores, según las cuales esta entidad estaría desarrollando supuestos mecanismos de “espionaje” o “geo-vigilancia” contra personas protegidas y esquemas de seguridad".

Para la UNP, la divulgación de información que fue expuesta en espacios privados es una práctica irresponsable, por lo que decidieron revelar que en realidad se trata de una herramienta de acompañamiento de servicios de protección sin que su propósito sea monitorear permanentemente a beneficiarios o personas de protección.

“Su único propósito es validar que el servicio de protección efectivamente se esté prestando cuando el protegido lo requiere y combatir prácticas de corrupción que durante años han afectado los recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo extraordinario y extremo”.

En el comunicado, la entidad menciona que lo que busca es reducir la dependencia de los sistemas externos (GPS) y evitar que la información sensible sobre los esquemas de protección continúe bajo control de particulares.

“Algunos dirigentes sindicales que calumnian a la UNP en medios de comunicación con falsas acusaciones sobre presunto espionaje, reproducen prácticas profundamente cuestionables heredadas de entidades del pasado como el extinto DAS, donde el uso indebido de información sí fue una realidad”, es parte del documento.

UNP confirmó denuncia hecha por Infobae Colombia

En el comunicado la Unidad Nacional de Protección confirmó que se han identificado múltiples irregularidades que justifican la implementación de los mecanismos de verificación. Una de ellas sería protagonizada por dos escoltas que han cobrado por sus servicios de protección durante 17 meses a pesar de que durante ese tiempo la persona protegida se ha mantenido fuera del país.

“Casos de beneficiarios que pasan extensos periodos fuera del país sin informar a la entidad, como el de una protegida que lleva más de año y medio en el extranjero, mientras simultáneamente los escoltas continúan recibiendo salario y utilizando los vehículos de protección e incluso ella ha tramitado desplazamientos y viáticos para su esquema de protección. También se han detectado situaciones en las que se reportan supuestos desplazamientos oficiales, se legalizan viáticos y servicios de protección, pero los vehículos asignados permanecen alquilados, prestados o sin operación real”, denunció la entidad.

Sobre este caso, Infobae Colombia informó que el caso fue expuesto luego de que un líder sindical radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de mayo.

En los detalles del caso, se afirma que desde junio de 2022 Chávez Giraldo era protegida por la Unidad de Protección Nacional, que le otorgó un esquema completo que incluye un vehículo; sin embargo, el denunciante afirma que desde diciembre de 2024 la mujer está fuera del país, lo que tendría que haber sido notificado a la entidad. Desde entonces, los dos escoltas de seguridad que debían proteger a Chávez han seguido cobrando cerca de 26 millones mensuales, lo que incluye sus salarios, viáticos y la facturación por el arriendo del automóvil, que no ha sido entregado a la unidad a pesar de la ausencia de la beneficiaria.

En la denuncia se señala que durante la ausencia de la mujer se ha registrado una valoración de riesgo con la que se reafirmó la asignación de la protección, pero esta fue realizada de manera virtual y sin ningún tipo de verificación presencial por parte de funcionarios de la UNP.

Tras los ataques perpetrados contra la fuerza pública en varias regiones, una de las preguntas más repetidas era sobre el conocimiento previo que tenían las estructuras armadas sobre los movimientos de las diferentes unidades de las Fuerzas Militares.

A pesar de ello, no es algo habitual que se encuentren fracturas al interior de las unidades militares, por lo que sorprendió el comunicado emitido por la Fiscalía Penal Militar y Policial el 19 de mayo con el que confirmó la captura de un soldado que habría estado colaborando con las disidencias de “Iván Mordisco”.

En el documento se informó que en el desarrollo de una investigación se encontraron pruebas que vinculan al uniformado, cuya identidad no fue revelada, con el grupo armado. El soldado estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido 11 (Badra 11) y será acusado por su presunta participación en el delito de espionaje.

Detalles del caso

La detención se registró luego de que fue emitida una orden de captura por el Juzgado 1714 de Control de Garantías tras una solicitud de la Fiscalía, que identificó pruebas de las filtraciones de información sensible sobre operaciones militares que iban a ser ejecutadas en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe preliminar, la primera filtración se registró el 12 de febrero de 2026 cuando el soldado entregó información sobre las acciones de las Fuerzas Militares en El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

“Entre los datos entregados se incluían detalles de operativos y órdenes de trabajo, transmitidos mediante llamadas telefónicas y el envío de videos a través de la aplicación WhatsApp”.

Desde la Fiscalía Penal Militar y Policial informaron que durante la investigación fue escuchado el testimonio de un desmovilizado del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que identificó mediante un reconocimiento fotográfico al soldado, al que describió como una fuente que suministró datos claves al grupo armado.

La entrega de información se habría registrado durante uno de los momentos de intervención de las Fuerzas Militares en el Cauca para recuperar zonas claves para el tráfico de estupefacientes por parte de los grupos armados y delicuenciales. “La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso firme con la legalidad, la protección de la información institucional y la lucha contra cualquier conducta que atente contra la seguridad y la integridad de las operaciones de la Fuerza Pública”, es como concluye el comunicado.

Cabe recordar que el delito de espionaje en Colombia, cuando es cometido por miembros de la fuerza pública, está tipificado en el Código Penal Militar en el artículo 120 cuando un uniformado revele, entregue, facilite o comunique, a persona no autorizada, documentos, información o datos que deban permanecer en reserva y que puedan afectar la seguridad y defensa nacional, incurre en el delito de espionaje.

De acuerdo con el artículo 120 del Código Penal Militar, por este delito se prevé una pena de prisión que puede oscilar entre 10 y 20 años, dependiendo de la gravedad de la información filtrada y el impacto en la seguridad nacional.

Si se demuestra que el acusado actuó con dolo y que la información entregada puso en riesgo operaciones militares, la pena puede ubicarse en el rango máximo de la escala. Además, el acusado puede enfrentar la destitución de la institución a la que esté adscrito y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En estos casos, la Fiscalía Militar y Policial es la encargada de asumir todo lo relacionado con el proceso, entendiendo que el espionaje es considerado una de las conductas más graves contra la seguridad institucional y la integridad del Estado, afectando directamente la confianza y operatividad de las instituciones.

Para la rígida sociedad victoriana que recibió su llegada al mundo el 16 de agosto de 1888 en Tremadoc, Gales, Thomas Edward Lawrence estaba destinado a ser un oscuro bastardo, que ni siquiera llevaba el verdadero apellido de su padre, el aristócrata Thomas Robert Tighe Chapman, un terrateniente angloirlandés que buscó refugio en la tranquilidad galesa después de abandonar a su legítima esposa para escapar con la institutriz de sus cuatro hijas. Tampoco el físico lo ayudaba: era bajo —medía solo un metro sesenta y cinco— y robusto, aunque por lo que se suele llamar la magia el cine, el nombre de Lawrence de Arabia, con que pasó a la historia, se asocia de inmediato al rostro y la imponente presencia física de Peter O’Toole —un hombre esbelto de casi un metro noventa—, el actor que lo encarnó en la taquillera película de David Lean estrenada en 1962.

Su vida parece sacada de una de esas apasionantes novelas de aventuras por entregas que los lectores de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX esperaban todas las semanas con ansiedad: fue arqueólogo, erudito, escritor, espía, soldado de tierra y aire, combatiente de la Primera Guerra Mundial, profundo conocedor del mundo árabe —donde fue admirado y odiado, considerado héroe y también traidor—, consumado estratega de la guerra de guerrillas en las inhóspitas arenas del desierto, y amigo influyente de empinados jeques y de oscuros beduinos entre quienes se movió extraoficialmente como un hábil diplomático al servicio de la corona.

Thomas Edward fue el segundo de los cinco hijos que Chapman —que había trocado su apellido por Lawrence— engendró con su nuevo amor, Sarah Junner. Los vaivenes de la vida familiar hicieron que tuviera una infancia itinerante que lo llevó por Irlanda, Gales, Escocia y Francia para terminar en Oxford, donde estudio en la City High School en 1907. Allí se apasionó por la historia y para estudiarla se inscribió en el Jesus College de la Universidad de Oxford, donde se convirtió en uno de los discípulos preferidos de David George Hogart, un arqueólogo especialista en Medio Oriente que dirigía el Ashmolean Museum.

Bajo la influencia de Hogart, en 1909 hizo un primer viaje por Palestina, la costa del Líbano, parte de Siria y la Mesopotamia para recoger material para una tesis sobre la arquitectura militar de las Cruzadas, que presentó el año siguiente. Más tarde realizó excavaciones en algunos yacimientos a orillas del Éufrates, bajo la dirección del famoso arqueólogo británico Leonard Wolley, lo que le permitió profundizar su conocimiento del idioma y la cultura árabes. Eso sería clave para su próxima y más duradera vocación, el espionaje.

Espía al servicio de Su Majestad

A principios de 1914, cuando tenía 25 años, Lawrence se incorporó a otra expedición arqueológica, comandada por el capitán Stewart Newcombe, para realizar excavaciones en la península del Sinaí. En realidad, los trabajos arqueológicos eran una excusa del Arab Bureau de la Inteligencia británica para encubrir una misión militar que tenía como objetivo realizar un estudio topográfico militar de la zona. No fue la única misión que Lawrence —con el grado de subteniente— tuvo allí: a fines de ese año le encomendaron promover el levantamiento de los pueblos de la región contra el Imperio otomano. Pronto se convertiría en un jugador clave en la estrategia bélica de su país.

Hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había mantenido una política de apoyo al Imperio otomano en Oriente Medio, que terminó abruptamente con el apoyo de Turquía a Alemania en noviembre de 1914. Buscando aprovechar el creciente nacionalismo árabe en la zona, los británicos alentaron y apoyaron a los principales jefes árabes a rebelarse contra el dominio colonial otomano. Estas complejas negociaciones aún estaban en curso cuando el gran Sherif Hussein, gobernante de la provincia de Hiyaz, inició un levantamiento con la expectativa de obtener el apoyo británico. Este levantamiento se convertiría en la Revuelta Árabe, liderada y combatida por los cuatro hijos del Sherif Hussein: Zeid, Ali, Abdullah y Feisal.

El Arab Bureau le ordenó a Lawrence identificar cuál de los hijos sería el líder más conveniente para los intereses británicos y relacionarse con él. Eligió, con acierto, a Feisal, de quien se convirtió en asesor político y militar durante los siguientes dos años. No solo lo asesoró, sino que se incorporó personalmente a la guerra. En ese campo ganó enorme prestigio con la conquista del Puerto de Aqaba, el 6 de julio de 1917. Si bien no causó graves daños a la estructura militar otomana, el éxito de esa operación tuvo una gran transcendencia en el mundo árabe y le permitió a Lawrence conseguir la estima de los jefes beduinos, al punto de convertirse en un personaje legendario al que comenzaron a llamar “Lawrence de Arabia”. Lo veían como uno más de ellos, vestido como un árabe y llevando su misma dura vida en el desierto.

Con el antecedente de esa victoria y el prestigio que le había otorgado, viajó a El Cairo y se reunió con Sir Edmund Allenby, líder de la Fuerza Expedicionaria Egipcia Británica, que le encomendó conseguir el apoyo de las fuerzas árabes de Feisal para apoyar su campaña militar en Palestina. Lo consiguió y además logró que los ataques de Feisal contra los turcos resultaran muy útiles para las fuerzas de Allenby. Atacaron las líneas de comunicación turcas y sabotearon el ferrocarril que conducía a Palestina, una ruta crucial de suministro para Turquía. También cortaron las líneas telefónicas, obligando a los turcos a enviar mensajes inalámbricos que los británicos podían interceptar. Al hostigar y acorralar a miles de tropas turcas, les impidieron concentrarse contra el avance de Allenby. Lawrence participó en muchas de estas actividades y lideró numerosas victorias cruciales. Estuvo con las tropas árabes que entraron en Damasco junto con las fuerzas de Allenby el 1 de octubre de 1918. No vestía como un británico sino como un árabe más. Para unos y otros era un héroe, aunque pronto los árabes lo verían como un traidor.

La gran desilusión

A través de Lawrence, los británicos le habían prometido a Feisal que apoyarían la creación de un gran Estado panárabe, pero en realidad el Reino Unido y Francia tenían otros planes: dividir los territorios de Medio Oriente entre ellos, sin dejar cabida para la formación de Estados árabes independientes. Al quedar en evidencia la maniobra que, además, lo hacía aparecer como un hombre que había traicionado su palabra, a Lawrence se le presentó el dilema moral de elegir entre la lealtad personal prometida a los árabes y la lealtad que debía a su patria.

Finalmente, desilusionado por la actuación de su país, a lo que se sumó el dolor por la muerte de dos de sus hermanos en los campos de batalla de Francia, pidió ser relevado y el 4 de octubre de 1918 abandonó Damasco para volver a Gran Bretaña, donde lo esperaba un recibimiento inesperado.

Considerado un traidor por los árabes, una vez en Londres descubrió que se había convertido también en una leyenda para sus compatriotas. El periodista estadounidense Lowell Thomas lo retrató como el atractivo y carismático líder de las guerrillas árabes románticas. Al principio Lawrence se sintió cómodo con esa imagen pública, pero con el paso del tiempo llegó a despreciarla e intentó distanciarse del personaje en que lo habían transformado. Trabajó como asesor de Winston Churchill, por entonces secretario colonial, en 1921, pero tampoco se sintió cómodo allí. Entonces le pidió a Churchill que lo ayudara a desaparecer de la escena.

El soldado raso que escribía

Con la complicidad de Churchill y de Hugh Trenchard, mariscal de la Real Fuerza Aérea, se alistó como soldado raso en la Fuerza real inglesa con el nombre de John Hume Ross y fue destinado en la India, pero fue expulsado dos meses después, cuando el Daily Herald lo descubrió y publicó un artículo donde reveló su verdadera identidad. Más tarde fue readmitido con otro nombre y con un nuevo destino. Estaba decidido a permanecer en el anonimato.

Mientras se desempeñaba como un soldado raso más, escribió febrilmente el libro que lo consagró también en las letras, Los siete pilares de la sabiduría, publicado en 1926, donde relata su experiencia en la guerra contra los turcos. Allí escribió cosas como esta, que parece reflejar su personalidad: “Todos los hombres sueñan, pero no de la misma forma. Los que sueñan de noche se despiertan para descubrir que se han desvanecido, pero los que sueñan de día son peligrosos, porque actúan en sus sueños con los ojos abiertos a fin de convertirlos en realidad”.

El libro de Lawrence impresionó fuertemente al argentino Jorge Luis Borges, que años después opinó así sobre él en una conferencia: “Hemos vivido dos guerras mundiales, pero, por alguna razón, no ha surgido de ellas una épica; excepto, quizá, Los siete pilares de la sabiduría. En Los siete pilares de la sabiduría encuentro muchas cualidades épicas. Pero el libro está lastrado por el hecho de que el héroe es el narrador, por lo que a veces debe empequeñecerse, humanizarse, hacerse verosímil en exceso. De hecho, se ve obligado a incurrir en los trucos del novelista”, lo definió.

Más tarde, Lawrence volvió a incursionar en la literatura con El troquel, una obra donde cuenta sus experiencias como soldado raso, y en su tiempo libre se dedicó a traducir La Odisea del griego clásico al inglés y a escribir innumerables cartas, que fueron recopiladas después de su muerte y lo muestran como un verdadero maestro del género epistolar.

“No habrá otro como él”

A la vez, seguía incorporado con su segundo nombre falso en la Fuerza Aérea, donde se dedicó al desarrollo de lanchas rápidas de salvamento. Lo dieron de baja en 1935 y se refugió en su casa de Clouds Hill. Tenía 46 años y, según sus amigos más cercanos, estaba deprimido.

El 13 de mayo de ese año, salió bajo una intensa lluvia en su motocicleta Brough Superior SS100 y la puso a alta velocidad. Al llegar a una curva, se topó con dos ciclistas y al frenar de golpe para no atropellarlos salió despedido por el aire y cayó de cabeza contra el asfalto. Estuvo seis días en coma antes de morir en el Hospital Militar de Bovington, en Dorset. El funeral se celebró en la tarde del 21 de mayo en la iglesia de Moreton, cerca de Clouds Hill, con la presencia de antiguos compañeros de armas, personalidades políticas, artistas y escritores.

Lawrence de Arabia había sido una leyenda en vida y lo siguió siendo después, pero con el correr de los años, su figura comenzó a ser cuestionada, sobre todo después de la publicación de una biografía escrita por su compatriota Richard Aldington, donde se lo muestra como un mentiroso compulsivo, ambicioso y desequilibrado, dedicado a construir un mito sobre sí mismo. Sin embargo, una serie de archivos secretos británicos que fueron desclasificados en las décadas de los ’60 y los ’70 confirman el papel que jugó en Medio Oriente durante los convulsionados años de la Primera Guerra Mundial.

Así, detrás del mito y de las controversias, volvió a aparecer el hombre de carne y hueso, con una vida que, según André Malraux, “no es ejemplar, ni pretende serlo”. Quizás quien mejor lo definió fue uno de los hombres que más lo apreciaba, Winston Churchill, cuando muchos años después de la muerte de Lawrence condensó en una sola frase todas sus facetas: “No habrá otro como él, su nombre pervivirá en las letras inglesas, será recordado en los anales de la guerra y vivirá en las leyendas de Arabia”.

El juez federal Ariel Lijo decidió archivar la causa por espionaje contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), tras concluir que la difusión de imágenes del interior de la Casa Rosada no constituyó un riesgo para la seguridad nacional ni implicó la revelación de información clasificada.

El magistrado argumentó que las grabaciones obtenidas, que mostraban pasillos y dependencias del edificio oficial, replican contenidos que desde hace años están disponibles de forma pública en plataformas digitales y registros audiovisuales, lo que desactiva la hipótesis de acceso a secretos de Estado.

El fallo de Lijo, difundido tras la denuncia presentada por la Casa Militar contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, sostiene que “no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación”.

El juez enfatizó la ausencia de hechos que encuadren en las figuras penales invocadas en la denuncia, subrayando que la investigación quedó fuera del ámbito del derecho penal.

Las imágenes cuestionadas

En su análisis, Lijo destacó que la mayoría de las escenas emitidas por el programa “Y mañana qué?”, son accesibles para cualquier usuario a través de Google Street View desde 2016 y son habitualmente captadas por visitantes que realizan recorridos guiados en Casa Rosada. Incluso la propia página institucional de la Presidencia de la Nación no restringe tales registros.

El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita resultó determinante en la resolución del caso, porque concluyó que “las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”. El dictamen que difundió el diario La Nación añade que el material difundido por el periodista Salerno “no configuró ningún delito penal” y solicitó expresamente el archivo de la causa.

El uso de lentes inteligentes y la sanción administrativa

La denuncia original de la Casa Militar indicaba que los periodistas utilizaron “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar, para captar imágenes del interior de la Casa Rosada en supuesta violación a la reglamentación interna. Se alegó la infracción a la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que prohíbe grabar o transmitir imágenes en espacios no habilitados dentro de la sede de gobierno.

Aunque el reglamento considera esto una falta grave, la sanción más severa —la revocación o no renovación de la acreditación— se aplica solamente en caso de reiteración, circunstancia que no se verificó en el caso analizado.

Tras hacerse pública la denuncia y la difusión de las imágenes, la Casa Rosada suspendió durante 11 días el acceso de los periodistas acreditados, lo que afectó la rutina de cobertura política y derivó, después de la reapertura de la sala de prensa el 4 de mayo, en la imposición de restricciones adicionales a la circulación interna de los cronistas.

La respuesta del programa y la accesibilidad del material

Al referirse a la controversia, Geuna explicó a la audiencia de TN: “Cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada, y con sus celulares registran el recorrido. También aparecen en Google Street View”. Esa información fue corroborada tanto por el dictamen fiscal como por la resolución judicial.

El acceso a los espacios internos del edificio por medio de la aplicación de Google permite visualizar sitios como el Patio de las Palmeras, el Salón de Bustos, el despacho presidencial, el Salón Blanco, la galería del primer piso y la escalera hacia la sala de periodistas. La disponibilidad pública y periódicamente actualizada del contenido forma parte de los fundamentos para descartar la existencia de un ilícito.

El cierre del caso y la ausencia de delito penal

En su fallo, el juez Lijo reafirmó que “las grabaciones no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios, como tampoco la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización”.

El magistrado detalló que “incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”.

Por su parte, Salerno —acreditado en la Casa Rosada desde 2023— había visto restringido su acceso a raíz del episodio, sin que se constatara reincidencia necesaria para una sanción definitiva según el propio marco normativo invocado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes que Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, acordó declararse culpable de actuar como agente encubierta del régimen chino. Wang, de 58 años, renunció a su cargo el mismo día.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el alcance del caso y lo que revela sobre la penetración china en las instituciones estadounidenses.

Cómo operaba la red

Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, operaban un sitio web llamado US News Center, presentado públicamente como un portal de noticias para la comunidad chino-americana. En la práctica, era un canal de propaganda del régimen.

“Empezaron a encontrar que había habido una serie de instancias en las cuales coordinaron mensajes y contenido específico para promover el accionar del gobierno chino”, explicó Serbin Pont.

El contexto demográfico le daba al portal un alcance real. “En Arcadia, el 42% de la población es de etnia china y el 60% asiática. Ellos llevaban este portal de noticias orientado a esa comunidad”, señaló el analista.

Según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles, desde fines de 2020 hasta al menos 2022, Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones directas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido pro-Beijing en su sitio.

Los episodios documentados en la causa son concretos. En junio de 2021, un funcionario chino le envió artículos preescritos a Wang vía WeChat para que los publicara en su sitio. Wang le mandó el link y luego una captura mostrando 15.128 visualizaciones. El funcionario respondió “¡Genial!” y Wang contestó: “Gracias, líder”. En otro episodio, según Serbin Pont, recibieron instrucciones directas para contrarrestar una nota del Los Angeles Times sobre la minoría uigur: “Les dieron la letra exacta sobre lo que tenían que publicar”.

El prometido condenado y la trama judicial

Yaoning “Mike” Sun, entonces prometido de Wang y co-operador del sitio web, fue el primero en caer. Se declaró culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal del gobierno chino y está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión federal.

El Departamento de Justicia había revelado en ese momento que Sun actuó como asesor de campaña de una candidata elegida para el concejo municipal de una ciudad del sur de California. Esa candidata, que no fue identificada entonces, era Wang.

Los cargos contra Wang fueron presentados el 1 de abril pero permanecieron sellados hasta el lunes. Según NBC News, compareció ante el tribunal y quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares. Se espera que formalice su declaración de culpabilidad en las próximas semanas.

Enfrenta una pena máxima de 10 años, aunque el acuerdo contempla reducciones. Sus abogados aclararon que la conducta estuvo relacionada con su vida personal y el sitio web, y no involucró su gestión como alcaldesa.

Lo que el caso revela

Para Serbin Pont, el caso trasciende a Arcadia. “Empieza a generar dudas sobre cómo está operando China en territorio norteamericano, no solo en el ámbito mediático sino también en cuanto al nivel de penetración que pueden terminar teniendo en estructuras estatales. Al fin y al cabo, esto es una persona que terminó llegando a ejercer el rol de alcaldesa”.

Bloomberg calificó el caso como “el último ejemplo de un esfuerzo federal más amplio para descubrir la influencia china en ambas costas de los Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia fue en la misma línea: “Es profundamente preocupante que alguien que recibió y ejecutó instrucciones de funcionarios del gobierno chino haya llegado a ocupar una posición de confianza pública”, dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

La investigación continúa abierta. Según Serbin Pont, hay al menos otro implicado vinculado con tareas de difusión de mensajes oficiales del Partido Comunista Chino en territorio estadounidense.

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En la última década, la flota pesquera china ha incrementado su presencia hasta en un 50% cerca de la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, lo que ha provocado preocupación tanto por la sobrepesca de calamar como por una posible recolección de información de inteligencia.

El gobierno argentino, asistido por Estados Unidos, ha intensificado la vigilancia en aguas del Atlántico Sur para prevenir incursiones ilegales, en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín, según informó Reuters.

El alcance de esta problemática quedó en evidencia el 17 de enero de 2026, cuando la NASA, mediante el servicio “Black Marble”, registró una auténtica “ciudad de luces” sobre el océano, compuesta por aproximadamente 200 embarcaciones chinas que, según declaraciones recogidas por Reuters de exfuncionarios de ambos países, operan en las inmediaciones del Mar Argentino durante meses para atender el mayor mercado de calamares del mundo.

El fenómeno tiene dimensiones inéditas: según la Prefectura Naval Argentina, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico de alrededor de 340 en 2021, con una baja a 230 en 2026, mientras que países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el mismo período.

Temor por la sobrepesca y sospechas de inteligencia en el Atlántico Sur

La expansión de la flota china marina no solo responde a necesidades pesqueras: según el centro de estudios ODI Global de Londres, la flota de pesca de altura con bandera china supera los 16.000 buques, aunque el gobierno de China reconoció en 2023 la existencia de unos 2.500.

Diversos especialistas y autoridades consultados por Reuters advierten que las actividades de estos barcos en la región han encendido alertas geopolíticas. Estados Unidos, por ejemplo, ha respaldado la adquisición argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion, como parte de una estrategia continental destinada a proteger la soberanía y evitar que Pekín afiance posiciones estratégicas en el extremo sur de América.

Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa de Argentina en 2025, detalló a Reuters que existen sospechas sobre ciertos barcos chinos que portarían antenas incompatibles con las tareas típicamente pesqueras: “Se cree que en realidad lo que buscaban es información o interceptar comunicación”.

Además, Buenos Aires ha identificado desplazamientos que sugerirían la posible cartografía de la plataforma continental argentina, un área cuya exploración y explotación está reservada exclusivamente al Estado nacional bajo el derecho internacional, según recalcó Juan Battaleme, quien se desempeñó como secretario de Defensa para Asuntos Internacionales hasta diciembre de 2025.

Las investigaciones sobre estas operaciones no han arrojado pruebas concluyentes de actividades de cartografía sistemática: una revisión realizada por Reuters junto a la empresa Starboard Maritime Intelligence sobre los movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo, aunque los datos disponibles no descartan que se hayan realizado en pequeña escala.

La flota china utiliza técnicas avanzadas para la captura nocturna de calamar Illex argentinus, especie de gran valor comercial. Los barcos despliegan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas con señuelos lumínicos que simulan el movimiento de las presas. Toda la operación ocurre fuera —pero en las inmediaciones— de la ZEE argentina, donde la Prefectura Naval monitorea mediante radar y patrullaje los límites jurisdiccionales. De 2021 a 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, indicando que el refuerzo tecnológico ha tenido efecto disuasorio.

“Ahora estamos seguros de que los chinos saben que tenemos la capacidad de vigilarlos”, aseguró Battaleme a Reuters.

Rivalidad regional y diplomacia pragmática

La injerencia de China en América Latina es una preocupación constante para Estados Unidos, reforzada tras el rescate económico de USD 20.000 millones que Donald Trump otorgó a la administración del presidente argentino Javier Milei el año anterior.

En diálogo con Reuters, funcionarios estadounidenses insistieron en que el dominio de Washington sobre el hemisferio occidental permanece como objetivo central, dada la inversión sostenida de Pekín en el área, que incluye puertos en Brasil y Perú, el desarrollo petrolero en Venezuela y la construcción de una estación espacial en Argentina.

El ministerio de Asuntos Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico”, y afirmó que Pekín mantiene una cooperación pesquera ajustada al derecho internacional. Sin embargo, el Pentágono expresó inquietud por el “doble uso” de determinadas flotas de altura y por cualquier práctica que “ponga en entredicho la capacidad de las naciones soberanas para gestionar sus propias aguas”.

A pesar de las declaraciones previas de Milei respecto de la “invasión” de aguas argentinas por pesqueros ilegales, su gobierno evitó aludir directamente a China al abordar el tema. La actitud responde a la relevancia de Pekín como segundo socio comercial y principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina, así como inversionista clave en litio, energías renovables e infraestructura.

El método y los riesgos de la pesca de calamar

La pesca en la región está marcada por la migración nocturna del calamar Illex argentinus hacia alta mar. Durante la noche, las embarcaciones chinas encienden filas de potentes bombillas para atraer a los calamares, que son capturados mediante señuelos llamados “jigs”, cuyas cápsulas luminosas miden de 6,5 a 12 centímetros y contienen aristas que enganchan los tentáculos del animal.

“El calamar Illex tiene una vida corta, crece rápido y sus movimientos estacionales son predecibles, lo que lo hace especialmente vulnerable a la pesca intensiva”, explicó Marcela Ivanovic, especialista en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, en diálogo con Reuters. La voracidad en la explotación es tal que Ivanovic sintetiza: “Se está pescando de manera salvaje en esta zona”.

Desde las patrullas nocturnas, las autoridades argentinas observan mediante radar la “pared” de luces situada justo fuera del límite de la ZEE. Bruno Cian, oficial auxiliar de la Prefectura, resumió la estrategia argentina: “La idea es generar el factor sorpresa. Para ver quién está cometiendo la infracción”.

La magnitud de la flota china y la presión que ejerce sobre el recurso pesquero se explican, en parte, porque desde hace años China agotó sus propias poblaciones en aguas jurisdiccionales, motivando la expansión global de sus embarcaciones.

La dimensión global y las tensiones persistentes

A nivel internacional, la organización Oceana, con sede en Estados Unidos, estimó el año pasado que alrededor de la mitad de toda la pesca de altura visible proviene de embarcaciones chinas, lo que consolida su posición como actor dominante en actividades extractivas de alta mar.

Juan Battaleme enfatizó que, si bien el vínculo económico con China es crucial, “a Argentina le interesa saber si China está recabando información de inteligencia utilizando la flota”, y reconoció coincidencias recientes con los intereses estadounidenses en la región.

Grupos ambientalistas y técnicos advierten que la falta de coordinación internacional abre la puerta a un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El caso argentino ilustra los desafíos de equilibrar recursos nacionales, intereses estratégicos y relaciones comerciales en un escenario global cada vez más disputado.

El teléfono móvil es actualmente el centro de la vida digital: almacena imágenes privadas, mensajes, contactos, contraseñas y datos bancarios.

Por eso, la preocupación por el espionaje digital, ya sea por hackers, malware o incluso por la pareja, es cada vez más común. Detectar a tiempo si alguien accede a tus chats, apps o archivos sin autorización es clave para proteger tu privacidad, tu bienestar emocional y evitar daños mayores.

La sofisticación de las técnicas de vigilancia y robo de datos exige que todos los usuarios estén alerta ante señales de intrusión. Saber identificar los síntomas de un teléfono intervenido y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una molestia menor y una violación grave de tu intimidad.

Cuáles son las señales de que tu teléfono puede estar siendo espiado

Existen síntomas claros que pueden alertarte sobre una posible intervención en tu móvil. Uno de los más notorios es el consumo inusual de datos, que podría indicar que información personal se está enviando a terceros.

Si la batería se descarga más rápido de lo normal o el dispositivo se recalienta sin razón aparente, es posible que haya un software espía activo en segundo plano. Otros indicios preocupantes incluyen:

• Ruidos extraños (chasquidos, ecos, pitidos) durante las llamadas.
• Reinicios o apagados inesperados del dispositivo.
• Actividad sospechosa en cuentas vinculadas: cambios de contraseña, movimientos bancarios o sesiones abiertas en lugares no reconocidos.
• Mensajes o correos con enlaces desconocidos, códigos extraños o símbolos sin sentido.
• Dispositivos electrónicos cercanos que sufren interferencias cuando el móvil está cerca.
• El teléfono tarda más de lo habitual en apagarse.
• El buzón de voz se llena o vacía sin explicación.

Cómo comprobar si tu teléfono está siendo vigilado

En iPhone:

• Revisa los perfiles instalados en Ajustes > General > VPN y Gestión del dispositivo. Elimina cualquier perfil que no reconozcas.
• Controla el consumo de batería y datos móviles para detectar anomalías.
• Marca *#21# para saber si tus llamadas están siendo desviadas sin tu conocimiento.
• Mantén iOS y las aplicaciones siempre actualizadas.
• Si sospechas de espionaje persistente, realiza un restablecimiento de fábrica (previa copia de seguridad).

En Android:

• Entra en Ajustes > Seguridad > Apps de administrador del dispositivo y desactiva permisos de apps desconocidas.
• Revisa los permisos de cada aplicación y elimina accesos innecesarios.
• Consulta el consumo de datos en Ajustes > Red e Internet.
• Desde las Opciones de desarrollador, inspecciona los servicios en ejecución.
• Inicia el teléfono en modo seguro para identificar apps sospechosas.
• Si el comportamiento irregular persiste, haz un restablecimiento de fábrica.

Qué hacer si confirmas el espionaje

• Desconecta tu teléfono de todas las redes: apaga WiFi, datos móviles y Bluetooth para cortar la transmisión de información.
• Desinstala aplicaciones desconocidas o que no utilices.
• Cambia todas tus contraseñas y activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas importantes.
• Contacta a un especialista en ciberseguridad si las anomalías continúan tras limpiar el dispositivo.

Cómo proteger tu teléfono de futuras intrusiones

• Mantén el sistema operativo y las apps siempre actualizadas.
• Usa contraseñas fuertes, únicas y activa el doble factor de autenticación.
• Evita redes WiFi públicas sin protección y utiliza VPN para cifrar tu tráfico cuando sea necesario.
• Descarga únicamente aplicaciones desde tiendas oficiales y revisa los permisos que solicitan.
• No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes desconocidos.
• Protege el acceso físico al teléfono con PIN, patrón o biometría.
• Realiza copias de seguridad periódicas y mantén un antivirus activo.

El derecho a la privacidad no es negociable, ni siquiera en pareja. Que tu pareja intente espiar tu celular es una señal de inseguridad y control que puede derivar en una relación tóxica. La confianza se construye en la libertad y el respeto mutuo, no en la vigilancia.

Proteger tu espacio digital es fundamental para tu autonomía y tu paz mental. Si notas señales de espionaje o control, pon límites claros y prioriza tu bienestar. El amor maduro respeta la individualidad, mientras que el espionaje solo alimenta la desconfianza y el desgaste emocional.

Las autoridades de Noruega detuvieron el jueves a una ciudadana china bajo acusaciones de espionaje vinculadas a un supuesto intento de instalar un receptor destinado a recopilar datos satelitales sensibles.

Según informó el servicio de inteligencia interna del país, funcionarios de seguridad realizaron registros en dos inmuebles, uno de ellos en la isla de Andøya, al norte del país, donde se ubica el puerto espacial que participa en la ampliación de la presencia europea en el espacio, y otro en Innlandet, al sur del territorio.

El Servicio de Seguridad de la Policía (PST) indicó que la operación se inició ante la sospecha de que una empresa registrada en Noruega funcionaba como fachada para un actor estatal chino.

La sospechosa, identificada únicamente como una mujer china, presuntamente intentó “establecer un receptor para descargas satelitales de satélites en órbitas polares, apto para recopilar datos que podrían perjudicar intereses fundamentales noruegos si llegaran a ser conocidos por un Estado extranjero”, afirmó en un comunicado el abogado policial Thomas Blom.

El director ejecutivo de Andøya Space, Ketil Olsen, declaró que la empresa “no tenía ninguna relación con la persona involucrada” y que no detectó “ninguna actividad relacionada con nuestras operaciones en este asunto”.

El receptor satelital fue incautado y los planes para instalarlo y operarlo quedaron suspendidos, según la policía. El incidente “implica complicidad en un intento de espionaje grave contra secretos de Estado”, agregó el comunicado del PST. Varias personas más fueron acusadas en el mismo caso, sin que se detallaran sus nacionalidades ni si también fueron arrestadas.

En relación a otro hecho de espionaje en territorio europeo, un jurado de Londres declaró culpables el jueves al ex comisario de policía de Hong Kong Bill Yuen, de 65 años, y al ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido Peter Wai, de 38, por realizar “actividades policiales encubiertas” al servicio del régimen chino.

Ambos, con doble nacionalidad china y británica, fueron hallados responsables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero bajo las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, al término de un juicio que se extendió por varias semanas.

Wai, quien trabajó en la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza tras su paso por la policía británica y la Marina Real, también resultó condenado por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Según la acusación, utilizó el sistema informático del Ministerio del Interior para buscar información sobre personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

El tribunal Old Bailey escuchó que Wai recopiló información de inteligencia por encargo de Yuen, quien ejercía como alto directivo en la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong en Londres. Ambos se enfocaron en disidentes y manifestantes prodemocráticos de Hong Kong residentes en el Reino Unido, además de prestar “especial atención” a políticos británicos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Entre sus operaciones, la dupla realizó tareas de vigilancia, recopilación de información y engaño, incluyendo la obtención de fotografías del activista Nathan Law.

El jurado, que deliberó durante casi 24 horas, no alcanzó veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera presentado contra ambos acusados, por lo que fue disuelto.

La fiscalía descartó un nuevo juicio por ese cargo. Los dos condenados permanecen en prisión preventiva a la espera de sentencia, programada para el 15 de mayo.

Las actividades de Bill Yuen y Peter Wai coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de aproximadamente 100.000 libras esterlinas (USD 136.000 ) por información que permitiera identificar a varios activistas radicados en el Reino Unido, entre ellos Nathan Law, según se expuso ante el jurado.

Durante el juicio, un testigo relató que Wai lo amenazó con arrestarlo tras un incidente con un diplomático de Hong Kong en Londres. La fiscalía presentó pruebas que incluían mensajes en el teléfono de Yuen, los cuales reflejan que la vigilancia sobre Law comenzó en 2021.

(Con información de Associated Press)

El equipo de investigación de ESET descubrió una campaña de espionaje que comprometió una plataforma de juegos para Windows y Android con el objetivo de robar información personal, documentos, contraseñas y grabaciones de audio de los usuarios.

Detrás del ataque está el grupo APT ScarCruft, alineado con Corea del Norte, y el blanco principal es la región de Yanbian, en China, donde vive una importante comunidad de etnia coreana y por donde transitan refugiados y desertores norcoreanos.

Cómo ScarCruft comprometió una plataforma de juegos para distribuir malware de espionaje

El vehículo del ataque fue un juego de cartas llamado 延边红十, conocido en español como Yanbian Red Ten, una plataforma que ofrece juegos tradicionales de la región de Yanbian para Windows, Android e iOS y permite competir con amigos o participar en torneos organizados.

Según determinó ESET, el cliente Windows de la plataforma fue comprometido mediante una actualización maliciosa que derivó en la instalación de dos backdoors, programas que permiten acceder y controlar los sistemas de forma remota. Los juegos Android disponibles en la plataforma fueron troyanizados para incluir el backdoor BirdCall, una herramienta con amplias capacidades de espionaje.

Filip Jurčacko, investigador de malware de ESET, explicó el mecanismo de distribución: “Encontramos evidencia de que las víctimas descargaron los juegos troyanizados a través de un navegador web en sus dispositivos y probablemente los instalaron de forma intencional”.

“No se identificaron otras ubicaciones desde donde se distribuyeran los APK. Tampoco se encontraron los APK maliciosos en la tienda oficial Google Play”, agregó.

Qué puede hacer el backdoor BirdCall y cómo se comunica con los atacantes

BirdCall es el componente central del ataque y su versión Android es especialmente invasiva. Una vez instalado, el malware puede recolectar contactos, SMS, registros de llamadas, documentos, archivos multimedia y claves privadas del dispositivo. También tiene capacidad para tomar capturas de pantalla y grabar audio ambiental sin que el usuario lo sepa.

En su versión para Windows, las capacidades incluyen captura de pantalla, registro de teclas y contenido del portapapeles, robo de credenciales y archivos, y ejecución de comandos en el sistema.

Para comunicarse con los atacantes, el malware utiliza servicios legítimos de almacenamiento en la nube como Dropbox o pCloud, además de sitios web comprometidos, lo que dificulta su detección por parte de los sistemas de seguridad convencionales.

La investigación de ESET identificó siete versiones de BirdCall para Android, desde la versión 1.0 de octubre de 2024 hasta la 2.0 de junio de 2025, lo que indica que el malware fue desarrollado de forma activa durante varios meses.

Sobre el momento en que el sitio web fue comprometido por primera vez, Jurčacko señaló que “no se pudo determinar cuándo ocurrió, pero sobre la base de nuestro análisis del malware desplegado, estimamos que ocurrió a finales de 2024”.

Quién es el grupo de ciberespionaje conocido como ScarCruft

ScarCruft, también conocido como APT37 o Reaper, lleva activo al menos desde 2012. Se trata de un grupo de ciberespionaje que los investigadores vinculan a Corea del Norte y cuyo foco principal ha sido históricamente Corea del Sur, aunque sus operaciones se han extendido a otros países de Asia.

El grupo tiende a dirigir sus ataques contra organizaciones gubernamentales y militares, empresas de sectores alineados con los intereses norcoreanos y desertores del régimen.

La elección de la región de Yanbian como blanco de esta campaña responde a esa misma lógica: se trata de una zona con alta concentración de etnia coreana y un punto de tránsito habitual para quienes huyen de Corea del Norte.

Un policía jubilado de Hong Kong y un ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido fueron declarados culpables el jueves por un jurado de Londres de llevar a cabo “actividades policiales encubiertas” en territorio británico en nombre de China.

El ex comisario de policía Bill Yuen, de 65 años, y Peter Wai, de 38 —ambos con doble nacionalidad china y británica— fueron declarados culpables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero en virtud de las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, tras un juicio que duró varias semanas.

Wai, quien trabajó para la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido tras haber prestado servicio anteriormente en la policía británica y la Marina Real, también fue declarado culpable de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Había buscado en el sistema informático del Ministerio del Interior a personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

El jurado del tribunal Old Bailey de Londres, que deliberó durante casi 24 horas, fue disuelto tras no lograr llegar a un veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera contra cada acusado.

Los fiscales anunciaron de inmediato que no solicitarían un nuevo juicio y los dos acusados quedaron en prisión preventiva a la espera de la sentencia, cuya fecha se fijará el 15 de mayo.

El tribunal había escuchado cómo Wai había recopilado información de inteligencia por orden de Yuen, quien era un alto directivo de la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong (HKETO), que representa al gobierno de Hong Kong en Londres.

Políticos, activistas

La pareja se centró en disidentes de Hong Kong y manifestantes prodemocráticos que vivían en Gran Bretaña, prestando también “especial atención” a políticos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Llevaron a cabo actividades de recopilación de información, vigilancia y engaño, y en una de las operaciones captaron fotografías del destacado activista Nathan Law.

Sus actividades coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de alrededor de 100.000 libras esterlinas (136 000 dólares) por información que ayudara a identificar a varios activistas residentes en el Reino Unido, incluido Law, según escucharon los miembros del jurado.

Otro manifestante contó al jurado cómo Wai lo había amenazado con arrestarlo por enfrentarse a un diplomático de Hong Kong en Londres.

Los mensajes en el teléfono de Yuen mostraban que la vigilancia de Law comenzó ya en 2021, según afirmó la fiscalía al presentar sus pruebas.

Las actividades de los acusados salieron a la luz en mayo de 2024 cuando la policía frustró un supuesto intento de secuestrar a una exresidente de Hong Kong de su departamento en el condado septentrional de Yorkshire, según se informó al tribunal.

Wai, de Staines-upon-Thames, al suroeste de la capital —conocido entre sus allegados como Fatboy— y Yuen, de Hackney, en el este de Londres, habían negado ambos haber cometido ningún delito.

El caso se produce tras la llegada a Gran Bretaña de decenas de miles de personas, entre ellas activistas por la democracia buscados por las autoridades chinas, desde que Hong Kong promulgó una draconiana Ley de Seguridad Nacional a mediados de 2020.

(Con información de AFP)

El diputado nacional Rodolfo Tailhade, por derecho propio, presentó un escrito ante la fiscal federal Paloma Ochoa para rechazar in totum los términos de la denuncia penal por presunto espionaje ilegal que realizó en su contra el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, exhortó a que la Justicia inicie una investigación contra Manuel Adorni y Bettina Angeletti por la supuesta malversación de fondos públicos.

En su nota, le dijo a la fiscal que todas sus expresiones como legislador, durante la sesión en la que Manuel Adorni presentó el informe de gestión ante el Congreso, “están amparadas por la inmunidad de opinión parlamentaria incluida en el artículo 68 de la Constitución Nacional”.

Agregó que los datos que mencionó son de conocimiento público, y puntualizó que “toda esta información fue publicada en medios periodísticos antes de mi intervención”.

Tailhade indicó que la denuncia en su contra es “un mamarracho, un verdadero bochorno institucional, propio de un gobierno que tiene al espionaje ilegal como un fetiche, como la excusa preferida para intentar desviar la atención de la opinión pública cuando se encuentra sumergido en crisis políticas o económicas”.

En otro párrafo de la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, el diputado se defendió con el argumento de que “lo que esta parte hizo en el recinto fue, lisa y llanamente, formular preguntas y emitir opiniones políticas sobre el uso de recursos públicos por parte del entorno familiar del Jefe de Gabinete”.

Medidas de Prueba

Al tiempo que Tailhade contestó la denuncia penal del gobierno, le pidió a la fiscalía que solicite “medidas de prueba que resulten conducentes para esclarecer la verdadera naturaleza de los hechos”.

En este sentido, el diputado denunciado solicitó que se envíe un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Policía Federal Argentina a fin de que informen si Bettina Angeletti tienen custodia asignada, la cantidad de agentes, el régimen de turnos y la evaluación de riesgo que la fundamentó.

También requirió que se averigüe si debieron cuidar traslados nocturnos, en particular, si la acompañaron al establecimiento gastronómico denominado “La Fernetería”.

Sumo a ese pedido que se autorice la revisión de las cámaras del local, ubicado en calle Serrano 1349, barrio de Palermo.

Finalmente, instó a que se analicen las copias taquigráficas de la sesión en la Cámara de Diputados del 29 de abril, a fin de certificar si las respuestas de Adorni en relación a la custodia de su esposa coinciden con los resultados de la pesquisa pretendida.

La denuncia del gobierno

Los abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación presentaron una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade por la presunta infracción al artículo 43 de la Ley 25.520, en relación a sus dichos en el Congreso sobre los movimientos diarios de la esposa del jefe de Gabinete.

La imputación se basa en la prohibición que pesa sobre funcionarios o empleados públicos de realizar acciones de inteligencia no contempladas por la ley, con una pena prevista de 3 a 10 años de prisión.

Por sorteo, la presentación recayó en el juzgado federal 5, a cargo de Maria Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Conectarse a una red WiFi pública puede resultar tentador cuando se necesita acceder a internet fuera de casa. Sin embargo, hacerlo sin precauciones expone el equipo y los datos personales a riesgos que muchas veces se subestiman.

Existe un truco sencillo en Windows que permite reforzar la seguridad en estos entornos: ajustar correctamente el perfil de la red para que el sistema la trate como pública.

Al ingresar a la red de un aeropuerto, hotel o cafetería, el equipo comparte conexión con desconocidos. Muchos usuarios no tienen en cuenta que Windows puede estar comportándose en ese entorno como si estuviera en un espacio privado, facilitando el acceso a recursos y dejando abiertas puertas que no deberían estarlo en lugares ajenos. Una configuración que se puede cambiar con este truco que dejamos desde Infobae Tecno.

Cómo funciona el ajuste de red pública en Windows

Cuando un dispositivo con Windows 10 o Windows 11 se conecta por primera vez a una red, el sistema solicita identificarla como pública o privada. Esta elección no es menor: determina el nivel de visibilidad y apertura del equipo frente a otros usuarios conectados.

Si se marca una red como privada, Windows la considera segura. Permite que el equipo sea visible, facilita el descubrimiento de dispositivos y activa servicios de uso compartido, como archivos o impresoras. Esto resulta útil en el hogar o en una oficina pequeña, donde se conoce y controla a los demás usuarios.

En contraste, el perfil público está diseñado para entornos donde no se tiene control sobre quién más se conecta. Al seleccionar “pública”, el sistema oculta el equipo, desactiva el uso compartido y aplica reglas de firewall más estrictas, bloqueando conexiones entrantes no solicitadas. Esta configuración es la recomendada para bares, hoteles, bibliotecas o cualquier espacio con WiFi abierto.

La decisión de Windows se toma la primera vez que se entra a una red, con la pregunta: “¿Quieres que este PC sea detectable?”. Muchos usuarios contestan sin prestar atención, lo que puede dejar el equipo expuesto en redes peligrosas. Por eso, revisar el perfil asignado y corregirlo si es necesario es fundamental.

Para cambiar el perfil de la red en Windows 10 o Windows 11, hay que abrir la aplicación de Configuración, ingresar en el apartado de Red e Internet, acceder a la sección de WiFi y pulsar sobre el nombre de la red conectada para ver sus propiedades.

Allí aparece el apartado de Tipo de perfil de red, con las opciones privada y pública. En cualquier red que no sea la del hogar o la oficina, la opción correcta es pública.

Beneficios de marcar una red como pública en Windows

La principal ventaja de activar el perfil público es que el equipo queda oculto para otros dispositivos en la misma red. Esto reduce la superficie de ataque, dificulta que posibles intrusos identifiquen el dispositivo y limita lo que pueden intentar hacer sobre él.

Además, al no ofrecer recursos compartidos ni anunciar servicios, se cierran oportunidades para que atacantes exploten vulnerabilidades o accedan a archivos personales. Las reglas de firewall se endurecen, bloqueando intentos de conexión no solicitados que podrían provenir de usuarios malintencionados.

Es un gesto sencillo, pero con impacto real: al marcar la red como pública, Windows activa su modo defensivo, restringiendo al máximo la exposición del equipo. Así, se evita que el portátil viaje “de puertas abiertas” por redes de ferias, hoteles o cafeterías.

Este ajuste, aunque poco conocido, constituye una barrera adicional frente a los riesgos de las redes abiertas. Si bien no reemplaza el uso de otras medidas como el antivirus o una VPN, contribuye a mantener la privacidad y la integridad de la información.

Riesgos de conectarse a redes WiFi públicas

A pesar de las precauciones, las redes WiFi públicas son entornos propensos a ataques. Según Kaspersky, la falta de autenticación en estos puntos de acceso permite que cualquiera se conecte, lo que favorece la presencia de hackers.

Uno de los métodos más peligrosos es el “ataque de intermediario”, donde el atacante se coloca entre el usuario y la red, interceptando el tráfico. Así, puede acceder a correos electrónicos, credenciales bancarias y contraseñas. Si el equipo está configurado como privado, con servicios compartidos activos, el riesgo aumenta considerablemente.

También existe la posibilidad de que los atacantes distribuyan malware a través de la red. Si está habilitada la función de compartir archivos, pueden instalar software malicioso sin que el usuario lo advierta. En otras ocasiones, el hacker modifica el punto de acceso para mostrar ventanas emergentes con supuestas actualizaciones de software, que en realidad son programas dañinos.

La información comprometida puede incluir desde datos personales hasta información empresarial confidencial.

El ciudadano iraní de 44 años extraditado desde Panamá a Estados Unidos enfrenta nueve cargos federales por su presunta participación en un esquema para evadir sanciones comerciales y exportar tecnología sensible hacia Irán a través de terceros países, según confirmaron autoridades estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El acusado, identificado como Reza Dindar, también conocido como Renda Dindar, fue trasladado a territorio estadounidense la semana pasada y compareció ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Seattle, donde se le imputaron delitos relacionados con conspiración, contrabando, lavado de dinero y falsificación de registros de exportación, en un proceso que se remonta a una acusación presentada en agosto de 2014.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que la extradición fue posible gracias a una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, destacando la importancia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia para enfrentar delitos transnacionales.

Según el comunicado, el caso forma parte de los esfuerzos para frenar la exportación ilegal de tecnología estratégica, una práctica que representa riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de países sujetos a sanciones como Irán.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar habría operado una empresa denominada New Port Sourcing Solutions, con sede en Xi’an, China, a través de la cual adquiría productos en Estados Unidos ocultando su destino final, al declarar falsamente que los bienes eran para el mercado chino.

Las investigaciones señalan que el esquema consistía en utilizar a China como país intermediario para desviar productos hacia Irán, violando las restricciones impuestas por órdenes ejecutivas estadounidenses que prohíben la exportación directa o indirecta de bienes, tecnología o servicios hacia ese país.

Uno de los elementos más delicados del caso es que, según la acusación, el acusado y sus cómplices lograron adquirir componentes para sistemas de sonar militar, mediante engaños a proveedores estadounidenses, lo que incrementa la gravedad del caso por tratarse de tecnología con posibles aplicaciones de defensa.

Las autoridades también detallan que el esquema incluyó el envío de aproximadamente $97,600 desde el extranjero hacia Estados Unidos para concretar las compras, lo que sustenta los cargos por lavado de dinero, además de la utilización de documentación fraudulenta para encubrir las operaciones.

El primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, indicó que los implicados creyeron que podían eludir los controles utilizando terceros países, pero que las autoridades lograron identificar el esquema, lo que derivó en la acusación formal y posterior extradición.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) señalaron que el caso refleja el compromiso de las autoridades con la aplicación de las leyes de control de exportaciones, especialmente en lo relacionado con la protección de tecnologías sensibles.

Desde el ámbito de seguridad, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) destacó que la extradición representa un paso importante para garantizar la rendición de cuentas de quienes intentan explotar el sistema comercial estadounidense para beneficiar a actores extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en su pronunciamiento, agradeció al país por su colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite llevar ante la justicia a personas involucradas en actividades ilícitas de alcance internacional.

El arresto del ciudadano iraní se produjo en Panamá en julio de 2025, a solicitud de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional, lo que permitió avanzar en el proceso de extradición y su posterior traslado.

Dindar enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos en su contra, aunque las autoridades recordaron que los señalamientos contenidos en la acusación constituyen alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El caso es investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Aplicación de Exportaciones y la agencia HSI, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó en conjunto con el Gobierno de Panamá para asegurar la captura y extradición del acusado.

Angie Rodríguez denunció que fue víctima de amenazas y ataques sistemáticos durante su periodo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hechos que culminaron con su renuncia en enero de 2026 y con acusaciones públicas sobre violencia de género y presuntas irregularidades en el Gobierno nacional.

La funcionaria advirtió que, tras su salida del Dapre y su traslado a la gerencia del Fondo de Adaptación, enfrentó una campaña de desprestigio que, según sus declaraciones en diálogo con Semana, estaría alentada por más de 20 personas de la administración encabezada por el presidente Gustavo Petro.

Dentro de ese grupo, que responsabiliza de la campaña de desprestigio, Rodríguez identificó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Conforme a sus declaraciones, Carrillo protagonizó episodios de “violencia de género política” desde su posición institucional, que habrían recrudecido a raíz de denuncias que ella realizó en calidad de gerente encargada del Fondo de Adaptación en el último año.

Y agregó: “No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política. Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información”.

La respuesta de Carlos Carrillo a las denuncias de Angie Rodríguez

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, sostuvo que las pruebas y chats de una red de espionaje expuestos por Angie Rodríguez son falsos. Por lo tanto, si la exdirectora del Dapre entregó las conversaciones a la Fiscalía General de la Nación, según su criterio, estaría cometiendo un delito.

“Son converasciones falsas, si efectivamente la doctora Angie entregó los chats a la Fiscalía ella está cometiendo un delito más grave que injuria y la calumnia, puesto que sería fraude procesal”, dijo a Noticias Caracol.

A renglón seguido mencionó que “no se tomaron el trabajo, mientras fabricaban la prueba falsa, de escribir como yo escribo, las personas que hablan conmigo en WhatsApp saben que yo abro las exclamaciones, que yo no utilizo palabras como ‘le vamos a dar candela’”.

Con respecto al funcionario señalado de entregarle información, Carrillo pidió que la funcionaria diera a conocer el nombre del presunto espía con quién aseguró no tener contacto.

“Hay medios que dicen saber quién es el hombre que estaba de espía, yo no tengo relación con ese señor. Yo no he interactuado nunca con él, no se quien es”, indicó en la misma entrevista.

Carrillo también mencionó que la reacción de Angie Rodríguez es producto de una denuncia que hizo “con pruebas ante la Fiscalía sobre el cobro de coimas a contratistas que afirman que una señora cercana a Angie Rodríguez pidió el 10% de los contratos para avanzar con el pago”.

Incluso, señaló que gracias a la querella interpuesta, Angie Rodríguez despidió a varios funcionarios de su círculo cercano con el fin de detectar al responsable de filtrar la información.

Carrillo también criticó la gestión contractual en el Fondo Adaptación, una entidad que maneja cerca de $1.000.000.000.000, y mencionó otros procesos que considera problemáticos, como un presunto operador logístico por $9.000.000.000 y gastos por $200.000.000 en buses en La Mojana.

“Lo que está pasando allá en el Fondo de Adaptación es muy grave”, afirmó. Frente a las declaraciones de Rodríguez sobre Juliana Guerrero y supuestas relaciones con el ELN, Carrillo evitó profundizar, pero calificó esas afirmaciones como irresponsables.

Sobre los escándalos bajo la actual administración, que ascendió al poder con la promesa de cambio. El alto funcionario aseguró que se debe a la transparencia del Gobierno Petro, ya que en administraciones anteriores se ocultaban los procesos ilícitos a la opinión pública.

Angie Rodríguez, hoy gerente del Fondo de Adaptación, renunció en enero de 2026 a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En su carta de renuncia del Dapre, dejó en evidencia situaciones que vivió durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, mencionando amenazas y ataques.

“Como usted lo sabe (presidente Gustavo Petro), he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”, precisó la exdirectora del Dapre en el documento.

Meses después de que dejó el cargo para asumir la gerencia del Fondo Adaptación, volvió a tomar la palabra ante la prensa, exponiendo presuntas irregularidades que se habrían presentado en el Gobierno nacional. En diálogo con Semana, precisó los motivos por los cuales optó por pronunciarse al respecto.

Según indicó, quiere materializar su derecho a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra y por eso vengo a hablar”, dijo al funcionaria, advirtiendo que se estructuró un daño reputacional en su contra.

Habría más de 20 personas interesadas en sacarla “a como de lugar” del Gobierno Petro y, de acuerdo con Rodríguez, ese grupo que estaría afectando su imagen está integrado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

“El señor Carlos Carrillo, de manera reiterada ha ejercido una violencia de género política en mi condición de funcionaria. Esto ha raíz de unas denuncias que yo realicé el año pasado, como gerente en encargo del Fondo de Adaptación”, detalló.

El director de la Ungrd fue el antecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación y, según precisó, cuando evaluó en qué estado recibió la entidad, descubrió “inconsistencias” que decidió divulgar a manera de rendición de cuentas. A su juicio, Carrillo la habría atacado “en lo pesonal”, evadiendo respuestas a nivel técnico.

“No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política”, advirtió, indicando que estos calificativos que esgrimió Carrillo en su contra obedecen al hecho de que denunció la falta de ejecución presupuestal en la entidad ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Desde su perspectiva, “lo más peligroso” para ella es que, presuntamente, el director de la Ungrd se habría unido a otras personas para perjudicarla. Las otras personas que estarían involucradas son Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad; Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia; y Mariella Barragán Beltrán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información“, explicó.

De igual manera, recibió un video de un chat del 18 de diciembre de 2025 en el que Carrillo presuntamente dice: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. Entonces, el presunto espía preguntó si el director de la Ungrd tenía a otra persona haciendo su labor de espionaje cerca a “las oficinas principales”. Al parecer, Carrillo respondió indicando: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá, en ese cargo”.

El presunto espía contestó: “Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, pero puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí”.

De acuerdo con Rodríguez, Carlos Carrillo le ordenó al señalado espía recoger toda la información que pudiera para dañar la imagen de la funcionaria, indicando explícitamente: “Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esta vieja porque yo la voy a joder por bocona”.

La funcionaria asume que los presuntos ataques de Carrillo responden a su intención de ser alcalde de Bogotá, que se habría visto afectada por las denuncias que hizo en relación con la baja ejecución presupuestal.

El régimen iraní detuvo al menos a 3.646 personas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por acusaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel, en un operativo que abarca desde presunto espionaje hasta la difusión de contenidos y el uso de tecnología para eludir la censura.

La cifra fue reportada por la organización Iran Human Rights (IHR), que advirtió que el número real “probablemente” es más alto debido a las restricciones en el acceso a internet dentro del país.

De acuerdo con la ONG con sede en Noruega, el relevamiento se basa en reportes de medios estatales y en investigaciones propias. El informe detalla que al menos 767 arrestos ocurrieron incluso después del inicio del alto el fuego del 8 de abril, lo que evidencia la continuidad de la ofensiva interna pese a la tregua en el frente externo.

Los cargos atribuidos a los detenidos son amplios y, en muchos casos, de difícil verificación independiente. Según IHR, incluyen “espionaje, comunicación con servicios de inteligencia extranjeros, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares sensibles a medios de comunicación con sede en el extranjero, e intento de establecer células operativas o llevar a cabo actividades armadas”.

También se registraron arrestos por el uso y distribución de terminales de internet satelital Starlink, utilizadas para sortear los bloqueos digitales, así como por supuestos vínculos con grupos monárquicos.

Entre los detenidos hay más de un centenar de activistas de la sociedad civil. La ONG señaló que figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, arrestada el 2 de abril. Su caso se suma al de la también activista y premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien permanece encarcelada desde diciembre, antes del inicio del conflicto y de las protestas registradas en enero.

Mohammadi cumplió 54 años en prisión y, según su fundación, atraviesa un estado de salud “crítico” tras haber sufrido un infarto en marzo.

En paralelo, la justicia del régimen rechazó las versiones sobre la posible ejecución de ocho mujeres, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera clemencia.

“Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas”, indicó el sitio oficial Mizan Online. Según esa versión, algunas de las mujeres fueron liberadas y otras enfrentan cargos que, de confirmarse, implicarían penas de prisión y no la pena capital.

El contexto incluye además ejecuciones recientes. La justicia iraní informó la muerte de dos hombres condenados por presuntos vínculos con el espionaje israelí.

“Las sentencias de muerte […] se han ejecutado esta madrugada”, señaló Mizan, que los describió como integrantes de una red asociada al Mossad, la organización de inteligencia del Gobierno de Israel.

Ambos fueron acusados de “moharebeh”, un delito que el régimen define como “librar una guerra contra Dios”, además de colaboración con grupos hostiles.

Estas ejecuciones forman parte de una serie de medidas punitivas implementadas desde el inicio del conflicto regional. Organizaciones de derechos humanos ubican a Irán entre los países con mayor número de ejecuciones a nivel global, en un escenario donde la represión interna se profundiza en paralelo a la confrontación externa.

(Con información de AFP)

El director del Mossad, David Barnea, reveló este martes que un agente de la inteligencia israelí identificado solo como “M.” murió en el extranjero mientras operaba contra Irán, y que su trabajo influyó de manera significativa en el desarrollo de la guerra con Teherán. Fue la primera mención pública de la muerte del agente.

Barnea habló durante la ceremonia del Día del Recuerdo de los caídos del Mossad, celebrada el 21 de abril.

“Las operaciones que dirigió M. combinaron creatividad, astucia y tecnología, e influyeron significativamente en el éxito de la campaña contra Irán”, dijo Barnea. “Durante la Operación Rugido de León, mi corazón se llenó de orgullo por el carácter y las acciones de M.”

El director del Mossad no especificó la identidad del agente, la fecha exacta de su muerte ni el incidente en que ocurrió. Solo indicó que M. cayó fuera de las fronteras de Israel.

Tras el discurso, medios israelíes identificaron a M. como el agente del Mossad muerto en el lago Mayor, en el norte de Italia, en mayo de 2023, cuando una embarcación en la que viajaba junto a otros agentes israelíes e italianos naufragó a causa de una tormenta repentina. Junto a él murieron dos miembros de la inteligencia italiana y la compañera del patrón de la embarcación, una ciudadana rusa.

M., que había servido 30 años en el Mossad, fue enterrado en la ciudad israelí de Askelón en un funeral al que asistió la cúpula de la agencia con sombreros y mascarillas quirúrgicas para ocultar sus identidades.

En aquella ocasión, Barnea lo había descrito como “un hombre de modales refinados, amante de la humanidad, bondadoso, sereno y discreto”, que “sabía hablar con todos en su idioma, en todos los sentidos de la palabra”.

Una operación conjunta expuesta por el naufragio

Según reportes del diario italiano La Repubblica publicados días después del accidente, el Mossad y la inteligencia italiana trabajaban juntos para impedir que Teherán obtuviera armamento avanzado. La colaboración entre ambas agencias habría comenzado a raíz de informes que señalaban la presencia de oligarcas rusos en la zona del lago Mayor, involucrados en la transferencia a Moscú de drones de fabricación iraní.

La mañana del 28 de mayo de 2023, 21 agentes de ambas organizaciones abordaron una embarcación en Sesto Calende disfrazados de turistas. La travesía los llevó hasta la Isla de los Pescadores, uno de los pequeños islotes del lago Mayor, donde almorzaron antes de emprender el regreso. Trece de los 21 agentes eran del Mossad.

A las 19:20, la embarcación fue sorprendida por una violenta tromba de agua que la hizo volcar y hundirse en cuestión de minutos. Diecinueve personas lograron nadar hasta la orilla. Cuatro quedaron atrapadas en el casco: los agentes italianos Claudio Alonzi y Tiziana Barnobi, la ciudadana rusa Anya Bozhkova —compañera del dueño del barco— y el agente israelí que los medios italianos identificaron como Erez Shimoni.

Al ser interrogados por los carabinieri, los agentes italianos supervivientes declararon ser “funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros”, mientras que los israelíes dijeron integrar “una delegación gubernamental israelí”.

Los agentes israelíes fueron trasladados de regreso a Israel en una operación de extracción de emergencia; los italianos abandonaron el hospital poco después.

El patrón de la embarcación, Claudio Carminati, enfrenta cargos por naufragio culposo, lesiones y homicidio culposo: la embarcación llevaba 21 personas a bordo pese a tener capacidad certificada para 15.

Aunque el gobierno italiano reconoció en su momento que los dos agentes italianos fallecidos estaban en servicio activo, filtró que la jornada de la tragedia era de carácter informal.

Sin embargo, los textos incorporados recientemente al memorial del Dis, el organismo coordinador de los servicios italianos, los describen como caídos “en el curso de una delicada actividad operativa con Servicios Aliados Extranjeros”, contradiciendo esa versión.

El discurso de Barnea del martes es la primera confirmación oficial israelí de que M. murió cumpliendo una misión vinculada a las operaciones contra Irán.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron en Orlando, Florida, al ex diputado y ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, quien se encontraba prófugo tras ser condenado a 16 años de prisión en Brasil por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el ex presidente Jair Bolsonaro.

El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización criminal que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía federal brasileña informó que la detención fue posible gracias a la cooperación internacional, aunque en el expediente de ICE consta que la causa del arresto inicial está vinculada a su situación migratoria y no a la solicitud de extradición.

Ramagem, que dirigió la Abin durante la administración Bolsonaro entre 2019 y 2022, fue señalado por la Fiscalía como responsable de coordinar un aparato clandestino de espionaje para monitorear a opositores del entonces presidente y recopilar información destinada a desacreditar el sistema electoral brasileño.

Tras la sentencia, la Cámara de Diputados le retiró el mandato y su pasaporte diplomático fue anulado, lo que imposibilitó cualquier intento de viajar legalmente fuera del país.

La fuga de Ramagem se produjo a través de la frontera con Guyana, desde el estado de Roraima, y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se refugió en Florida. En declaraciones públicas poco después de su llegada, el ex diputado afirmó sentirse “seguro” en territorio estadounidense y aseguró que contaba con el “consentimiento” del presidente Donald Trump para permanecer allí.

“Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, sostuvo Ramagem entonces.

Brasil formalizó en diciembre la solicitud de extradición ante las autoridades estadounidenses, que aún deben resolver si el proceso avanza por la vía judicial o migratoria. Aliados del ex funcionario han manifestado su intención de solicitar asilo político en el país norteamericano.

La condena a Ramagem forma parte de la macrocausa contra los responsables del intento de golpe tras la derrota del ex presidente en los comicios de 2022. El Supremo Tribunal Federal lo consideró culpable de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y conspiración contra la integridad electoral, al utilizar los recursos de la Abin para socavar la legitimidad institucional.

Este caso no es aislado entre los condenados por la intentona golpista. Recientemente, la ex diputada Carla Zambelli fue arrestada en Roma y espera la resolución de su extradición. Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, también es investigado por su rol en la campaña de presión sobre los magistrados del Supremo durante el juicio a su padre.

Además, el ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay cuando intentaba huir a El Salvador tras ser condenado a más de 24 años de prisión por su participación en la conspiración.

Paralelamente, unas cincuenta personas condenadas por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 han escapado a Argentina, donde al menos uno de ellos, Joel Borges Correa, obtuvo asilo tras ser sentenciado por los incidentes que el Supremo Tribunal Federal considera la culminación de la trama de Bolsonaro.

El arresto de Ramagem se inscribe en una serie de acciones coordinadas para capturar a los responsables del intento de golpe, mientras Brasil tramita la repatriación de fugitivos y busca cerrar el capítulo judicial de uno de los episodios más graves de su historia reciente.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)

El régimen de Irán anunció este domingo la detención de más de 170 personas acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos iniciada con el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los “enemigos”, en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad. La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte). En Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas.

En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles. La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles. Durante las operaciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales.

Las autoridades iraníes instaron a la población a colaborar informando sobre cualquier actividad sospechosa. Tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán lanzó esta campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Tel Aviv y Washington, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos.

Espionaje en Bahrein

Las autoridades de Bahrein arrestaron la semana pasada al capitán de la selección nacional de baloncesto, Hassan Nowrooz, en el marco de una campaña de detenciones masivas contra musulmanes chiíes y supuestos simpatizantes de Irán, según denunció la oposición bareiní. La Autoridad de Asuntos de Prisioneros de Baréin (AAPB) indicó en un comunicado que la Fiscalía ordenó la detención de Nowrooz durante siete días mientras se lleva a cabo una investigación.

La Fiscalía acusó a Nowrooz de participar en la procesión fúnebre de Mohamed al Mousawi, un ciudadano bareiní arrestado a mediados de marzo. De acuerdo con organizaciones locales, Al Mousawi fue detenido por publicar opiniones personales en redes sociales favorables a Irán durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel.

El cuerpo de Al Mousawi fue entregado a su familia el 27 de marzo en la morgue de un hospital militar, con graves signos de tortura, según la nota. No se ha dado explicación sobre la causa de la muerte del joven de 32 años ni sobre su paradero desde su desaparición forzada el 19 de marzo.

Nowrooz es el tercer deportista arrestado desde el inicio de la campaña, después de los futbolistas internacionales Ahmed Mirza Mousa y Mohamed Abdalá, según organizaciones de derechos humanos. Las mismas organizaciones sitúan en más de 280 el número de bareiníes detenidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La mayoría de los arrestados son chiíes, y han sido detenidos bajo el pretexto de grabar y publicar vídeos de los ataques iraníes lanzados contra Baréin en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes. Varios también fueron arrestados por presunto espionaje para Irán.

El ejército de Israel comunicó que eliminó a Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh, identificado como “un terrorista clave en la sede de producción de cohetes y medios de combate de Hamas” en el centro de la Franja de Gaza. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al-Shawakh operaba “bajo la cobertura de periodista de Al Jazeera" y utilizaba esta identidad para actividades vinculadas a los terroristas de Hamas. El comunicado señaló que al-Shawakh estuvo involucrado en la producción y traslado de drones, cohetes y otros medios de combate.

Las FDI detallaron que, antes del ataque, implementaron “medidas para minimizar el daño a los civiles, incluyendo el uso de armamento preciso, observaciones aéreas e inteligencia adicional". El ejército israelí afirmó que el objetivo representaba “una amenaza para las fuerzas en el área”.

El jueves, el ejército israelí manifestó que un periodista de Al Jazeera muerto la víspera en Gaza era un combatiente de Hamas que actuaba encubierto como reportero. La cadena de televisión qatarí denunció “el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba al oeste de la Franja de Gaza". Según la televisora, “su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el hecho.

En febrero de 2024, el ejército israelí acusó a al-Shawakh de pertenecer al ala militar de Hamas y difundió imágenes que, según afirmó, lo mostraban manipulando sistemas de armas. Estas imágenes, según el ejército, fueron encontradas en un ordenador incautado durante una redada en Gaza.

Al Jazeera notificó que Mohammed al-Shawakh falleció después de que un dron israelí impactara su vehículo en el oeste de la Franja de Gaza. El canal sostuvo que el hecho constituye “un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”.

Un ciudadano israelí fue acusado de realizar espionaje

La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel informaron la semana pasada del arresto de un ciudadano israelí acusado de realizar misiones para una “entidad hostil” durante la guerra contra Irán, tras haber sido contactado por agentes extranjeros a través del canal catarí de noticias Al Jazeera.

“Mekdad Mudar Hosni Natur, ciudadano israelí residente en Qalansawa (centro de Israel), fue arrestado para ser interrogado bajo sospecha de contactar con una entidad de inteligencia extranjera y realizar misiones bajo su dirección”, recoge un comunicado conjunto de estas fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el acusado habría establecido contacto inicial con la cadena catarí en busca de empleo, tras lo cual fue remitido a un individuo que actuaba en nombre de una entidad considerada “hostil” por Israel.

Según la nota policial, tras el inicio de la guerra contra Irán la relación entre ambas partes pasó a desarrollarse mediante canales encubiertos. Natur habría sido instruido para recabar información sensible, como "ubicaciones de impacto de misiles, el número de heridos en hospitales, el número de fallecidos, así como información sobre el estado de ánimo de la población israelí“.

La estadounidense Virginia Hall las tenía todas en contra para cumplir su sueño de ser diplomática: un accidente la había dejado sin una pierna y, además, era mujer en una época donde el oficio estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Otra podría haberse sentido derrotada y abandonar toda ilusión, pero ella no. Si la diplomacia le había cerrado la puerta, se esforzó por abrir otra tanto o más difícil, la del mundo del espionaje, y lo logró. No en para su país natal sino para Gran Bretaña, al servicio de la cual descolló durante la Segunda Guerra Mundial y no sentada frente a un escritorio para analizar información sino jugándose la vida en la Francia ocupada. Se la conocía como “Marie Monin”, “Diane”, “Marie of Lyon”, “Camille”, e incluso “Nicolas”, pero siempre será recordada como “Germaine”, la espía renga que puso en ridículo una y otra vez al nazi Klaus Barbie, el temible “Carnicero de Lyon”.

Barbie estaba tan desesperado por capturarla que una mañana de mayo de 1942 los habitantes de esa ciudad francesa encontraron las paredes “decoradas” con el retrato –en realidad un identikit muy elaborado– de una mujer. Los carteles que reproducían su supuesto rostro habían sido impresos y pegados por orden de la Gestapo local -en sintonía con el gobierno colaboracionista de Vichy-, como último recurso para atraparla. Debajo del retrato se leía: “Esta mujer que cojea es una de las más peligrosas agentes de los aliados en Francia, y debemos encontrarla y destruirla”. La llamaban “Germaine”, ni los nazis ni la resistencia francesa conocían su verdadero nombre, que era un secreto que solo compartían dos personas dentro del Servicio de Operaciones Especiales (SOE) británico.

Para la fecha en que la Gestapo imprimió los carteles con su identikit ya se había convertido en una leyenda: era la primera mujer espía enviada por los británicos a un territorio ocupado, había armado una red de agentes locales que era un dolor de cabeza para los nazis y montado un equipo radial móvil que enviaba casi diariamente información a Londres sin que lo detectaran. En los meses siguientes y hasta el final de la guerra, “Germaine” sería protagonista de otras hazañas: rompería el cerco en que ya la creían atrapada, cruzaría –con su pierna de madera– los Pirineos en pleno invierno para llegar a España, y retornaría a Londres sólo para volver a Francia y colaborar con la preparación del terreno para el “Día D”.

Terminada la guerra se convirtió en la primera mujer que se incorporó a la CIA, donde se la consideraba una leyenda viviente. En su homenaje, en 2019 el Museo Internacional del Espionaje, en Washington, montó una exposición permanente sobre “la espía coja”, donde se pueden ver muchas de sus pertenencias, la identificación falsa que usó como corresponsal norteamericana en Francia y una de las valijas con radiotransmisor que utilizo en sus misiones. Su vida también fue contada, aunque con muchas licencias de ficción, ese mismo año por la película A Call to Spy, donde la encarna Sarah Megan Thomas.

Una pierna llamada “Cuthbert”

Virginia Hall Goilott nació el 6 de abril de 1906 en Baltimore, Estados Unidos, y creció sabiendo que por mandato familiar estaba destinada a grandes cosas y fue preparada para lograrlas. Estudió en el Radcliffe College, facultad para mujeres de la Universidad de Harvard; en el Barnard College, la facultad femenina de la Universidad de Columbia, y un posgrado en la Universidad Americana de Washington D. C., donde aprendió francés, italiano y alemán. Viajó por Europa y estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París, en la Konsularakademie de Viena y en Alemania.

Cuando terminó sus estudios de posgrado aceptó un puesto de secretaria en la Embajada de Estados Unidos en Varsovia y desde allí fue trasladada a Esmirna, en Turquía. Parecía el inicio de una prometedora carrera diplomática, porque Virginia Hall consideraba ese puesto de secretaria como el primer escalón hacia lo más alto de cuerpo exterior de los Estados Unidos. Sabía que como mujer sería difícil ir más allá de ese cargo, pero estaba dispuesta a poner todo su esfuerzo por lograrlo.

Entonces sufrió una desgracia que le puso las cosas todavía más difíciles. Cuando participaba de una partida de caza en la península de Anatolia, Turquía, tropezó y se disparó accidentalmente con la escopeta en la rodilla. La herida no era grave en sí, pero demoraron en atenderla, la pierna se le gangrenó y debieron amputársela para salvarle la vida. Desde entonces utilizó una pierna ortopédica –la de mejor calidad que podía conseguirse en esos tiempos– que le permitía caminar pero que no impedía que lo hiciera con una leve cojera. Virginia llamó “Cuthbert” a esa pierna y hablaba de ella como si se tratara de una persona.

Ese accidente le cambió la vida. Si ser mujer ya era un obstáculo para avanzar en la carrera diplomática, la discapacidad se transformó en un impedimento real. El Departamento de Estado rechazó su ingreso a la carrera diplomática. Podría seguir siendo una empleada administrativa de confianza, pero no avanzar más allá.

Una reciente investigación sobre la vida de Hall dejó en claro, sin embargo, que lo de la pierna fue una excusa utilizada por el Departamento de Estado para impedirle seguir la carrera diplomática. En Una mujer sin importancia, una biografía de Hall publicada en 2020, la historiadora Sonia Purnell sostiene que “ser mujer fue un obstáculo en su carrera, porque no se comportaba como se suponía que debían hacerlo las mujeres en aquel entonces, y su coraje, su ambición, hizo que muchos hombres se sintieran amenazados”. Y aporta una prueba: “Aparentemente la rechazaron porque le había sido amputada una pierna, pero sé de al menos otro hombre que había perdido ambas piernas en la Primera Guerra Mundial y que, justo en la misma época, no tuvo problemas para unirse” al servicio diplomático de los Estados Unidos.

Dos mujeres decididas

Al ver frustrada su carrera, Hall decidió abandonar su puesto de secretaria administrativa y buscar destinos más interesantes. Durante meses perfeccionó su manera de caminar con “Cuthbert” hasta que logró que su cojera pasara casi inadvertida –podía, incluso, correr con cierta dificultad- y también aprendió a andar en bicicleta usando la pierna ortopédica. Para entonces, el fascismo y el nazismo avanzaban en Europa y Hall decidió aportar lo suyo para detenerlos. Viajó a Francia y se incorporó al servicio de ambulancias como voluntaria, pero el avance de las tropas alemanas ya era incontenible. Cuando los franceses se rindieron, escapó en bicicleta hasta la costa y pudo embarcarse en uno de los últimos ferrys que zarparon hacia Gran Bretaña.

Su llegada a Londres pareció al principio un paso atrás en su vida. Sin recursos, se presentó en la Embajada de los Estados Unidos y consiguió –dados sus antecedentes en Varsovia y Esmirna– que la volvieran a emplear como secretaria. Sin embargo, ese aparente retroceso le abrió una puerta que cambiaría para siempre su vida. En uno de los tantos eventos sociales del cuerpo diplomático conoció a una mujer tan postergada como ella –en este caso también por su género y por su condición de extranjera en Londres– pero con el poder suficiente como para abrirle una nueva puerta: la del mundo del espionaje en tiempos de guerra.

La mujer se presentaba como Vera Atkins, pero su verdadero nombre era Vera May Rosenberg, nacida en Rumania en 1908, hija de la ciudadana británica Hilda Atkins y del ciudadano alemán –de origen judío- Max Rosenberg. Vera había estudiado francés en la Sorbona hasta que la invasión alemana a Francia la llevó también a ella a Londres. Por contactos familiares pudo ingresar, pese a ser extranjera, a la Sección F, o Sección Francesa, de la Dirección de Operaciones Especiales (SOE), una organización secreta creada por Winston Churchill.

En el organigrama de la SOE, Atkins figuraba como la secretaria del coronel Maurice Buckmaster. Al principio lo fue, pero el militar descubrió rápidamente sus aptitudes como organizadora y –pese a que por su condición de extranjera siguió con ese cargo administrstivo– la hizo su asistente personal, la capacitó personalmente en el trabajo de inteligencia y le dio la tarea de reclutar mujeres para que cumplieran misiones detrás de las líneas enemigas como mensajeras y operadoras de radio.

Cuando conoció a Virginia Hall, Vera Atkins supo que había descubierto una verdadera pieza de oro para la inteligencia británica. Hall hablaba alemán, italiano y francés muy correctamente, pero, y sobre todo, su inglés norteamericano –cuando los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra– le permitía encarnar a la perfección el personaje de cobertura de buscaba: la de corresponsal de un diario estadounidense en la Francia ocupada. Su cojera, además, en lugar de jugarle en contra, reforzaba su cobertura mostrándola como “inofensiva”. Atkins y el coronel Buckmaster se ocuparon personalmente de entrenar a Virginia como espía y operadora de radio, manejo de armas y colocación de explosivos. Su último entrenamiento fue como paracaidista. Para principios de 1941 ya estaba lista para su primera misión en territorio enemigo.

“Germaine” entra en acción

Con documentos de identidad y una credencial de prensa falsos, Virgina Hall se lanzó en paracaídas en la Francia ocupada, en las cercanías de Lyon, donde la esperaba un contacto de la Resistencia Francesa. Su principal objetivo era garantizar organizar la repatriación segura –mediante vuelos clandestinos– de los pilotos británicos cuyos aviones habían sido derribados sobre suelo francés y servir de apoyo a otros agentes del SOE, que la conocían solo por su nombre en clave, “Germaine”.

Su cobertura como periodista y esa discapacidad que la mostraba como inofensiva le permitieron también conseguir información incluso de fuentes enemigas, entrevistando a altos mandos militares en Lyon. Además, pudo armar una red de agentes locales bajo el nombre de “Heckler”, con lo que consiguió casas seguras para operar y a los que también capacitó para operaciones de sabotaje con explosivos.

Durante más de un año pudo trabajar sin ser descubierta, pero a mediados de 1942 debió dejar su papel de corresponsal extranjera porque esa cobertura no resistía más. Los rumores sobre la existencia de “una espía coja” que trabajaba con la Resistencia habían llegado a oídos de la Gestapo y su jefe, Klaus Barbie, “El Carnicero de Lyon”. Desde entonces, Atkins siguió trabajando en la más completa clandestinidad. Era la mujer más buscada de la ciudad.

Pese a sus precauciones, para noviembre de 1942 estaba prácticamente acorralada. Barbie había logrado infiltrar a un agente en la Resistencia y los miembros de la red de espionaje armada por Hall empezaron a caer uno tras otro. El agente llamaba Abbe Ackuin, utilizaba el nombre en clave de “Bishop” (“Obispo”, en inglés), y su principal misión era detectar y capturar a la ya legendaria “dama coja”.

Al saberlo, el Servicio de Operaciones Especiales británico le ordenó que saliera de Lyon y tratara de volver a Londres. Le dijeron también que era imposible sacarla en un vuelo clandestino, ya que la infiltración en la Resistencia los hacía imposibles, y que encontrar cómo salir por sus propios medios. Virginia huyó de Lyon en bicicleta y logró atravesar el cerco que se había montado para capturarla. Gracias a sus contactos locales de mayor confianza pudo organizar su salida de Francia por una ruta que parecía imposible para una mujer con su discapacidad: atravesando los Pirineos con la ayuda de un guía.

Lo logró, aunque llegar a territorio español no terminó con sus dificultades. Fue detenida cerca de la frontera por la Guardia Civil por entrar al país sin visa y encarcelada en Figueres durante seis semanas. Su condición de ciudadana norteamericana la salvó de ser devuelta a Francia y entregada a los nazis hasta que, finalmente, las presiones de la Embajada estadounidense sobre Francisco Franco hicieron que fuera liberada y pudiera viajar a Inglaterra. Su carrera como espía en territorio enemigo parecía terminada. Pero no fue así: todavía la esperaba una misión de importancia decisiva para el curso de la guerra.

Las mujeres del Día “D”

A mediados de 1943, Vera Atkins y el coronel Buckmaster le pidieron que, pese a los riesgos, aceptara una nueva misión. Cuando les preguntó de qué se trataba, solo le dijeron que se iría enterando paso a paso. No podían decirle que se trataba de apoyar una misión de desembarco. Virginal Hall aceptó. En esta ocasión se lanzó sobre territorio francés junto con otras mujeres del SOE -Diana Rowden, Violette Szabo y Lilian Rolfe– que sabían tanto como ella de la misión que deberían cumplir.

En el territorio ocupado, Virginia adoptó una cobertura completamente diferente a la anterior. Ya no era una periodista norteamericana sino una anciana francesa de nombre Marcelle Montagne, que trabajaba en el pueblito de Crozant, apenas un punto en el mapa del centro del país, en la granja de un campesino francés cuidando vacas y haciendo quesos. Desde allí recopilaba información sobre los movimientos de las tropas alemanas y coordinaba con la Resistencia las acciones de sabotaje para impedir su avance.

Esa cobertura le duró poco, los nazis capturaron y torturaron a una decena de campesinos franceses sospechosos de pertenecer a la Resistencia y uno de ellos reveló la existencia de la agente inglesa disfrazada de anciana. “Los lobos están en la puerta”, transmitió Virginia por última vez desde la granja de Crozant y huyó hacia Cosne, donde retomó el contacto y recibió una nueva misión; organizar grupos operativos de resistentes franceses que se encargaran de volar vías ferroviarias, puentes, rutas e instalaciones del ejército alemán para demorar su avance hacia Normandía para resistir el desembarco aliado.

La participación de Hall fue considerada “vital” por la inteligencia aliada en los pasos que faltaban dar para el complejo “Día D”, cuyo eje requería alto grado de secreto porque el lugar exacto del desembarco en Normandía no podía llegar a oídos de la Wehrmatch, a la cual la resistencia debía hostigar para restarle capacidad a las fuerzas empeñadas en hacer frente a la legión anglo-norteamericana que significaría un duro golpe a Hitler, quien ya retrocedía en el frente oriental.

“Heroína de guerra”

Luego de la liberación de Francia, Virginia Hall fue destinada a Paris para cumplir sus últimas misiones hasta su vuelta a Londres, donde fue recibida como una “heroína de guerra” y recibió condecoraciones de tres países. Francia le otorgó la Croix de Guerre avec Palme, Gran Bretaña la convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico, y el gobierno de los Estados Unidos le entregó la Cruz del Servicio Distinguido. Su amiga, reclutadora y mentora Vera Atkins también logró un tardío reconocimiento por su labor en la guerra: le concedieron la ciudadanía británica que le habían negado durante años y le otorgaron el grado de oficial de inteligencia que merecía desde hacía mucho tiempo.

Poco después, su país natal –el mismo que le había cerrado las puertas de una carrera diplomática– le hizo una oferta que no pudo ni quiso rechazar: ser la primera mujer en incorporase a la flamante Central Intelligence Agency (CIA). Fue una de las primeras mujeres en alcanzar cargos de alto nivel en la agencia de espionaje estadounidense, para la que trabajo hasta 1966, cuando debió jubilarse obligada por la edad.

Virginia Hall murió por causas naturales el 8 de julio de 1982 en Rockville, Maryland, a los 76 años. Siempre se sintió orgullosa de las condecoraciones recibidas por su desempeño en la guerra, pero su mayor satisfacción era que Klaus Barbie la hubiese calificado como “la más peligrosa de todas las espías aliadas”.

El espionaje a través de smartphones se ha convertido en uno de los riesgos digitales más peligrosos y difíciles de detectar en la actualidad. Los ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para acceder a información confidencial como contraseñas, fotografías, registros de llamadas, correos electrónicos y datos de ubicación, sin que la víctima perciba señales evidentes.

Detectar a tiempo si un dispositivo está siendo espiado y aplicar medidas preventivas puede evitar consecuencias graves, desde estafas hasta el robo de identidad.

Cómo actúan los ciberdelincuentes para espiar un smartphone

La instalación de malware mediante aplicaciones de fuentes no oficiales o a través de páginas web comprometidas es uno de los métodos más frecuentes para intervenir un teléfono móvil. Este software malicioso, conocido como spyware, opera en segundo plano y otorga al atacante acceso remoto a la información almacenada en el dispositivo. De este modo, los delincuentes pueden interceptar mensajes, registrar llamadas y hasta controlar funciones clave del teléfono sin el conocimiento del usuario.

Otro punto de riesgo lo representan las redes wifi públicas, habituales en lugares concurridos como cafeterías, aeropuertos y centros comerciales. Al conectarse a estas redes, el tráfico de datos personales puede ser interceptado fácilmente por terceros, quienes pueden captar contraseñas, información bancaria o detalles de navegación en tiempo real. Esta vulnerabilidad incrementa las probabilidades de espionaje y robo de datos.

Señales para detectar un posible espionaje en tu móvil

Aunque el espionaje digital es difícil de identificar, existen algunas señales de alerta que pueden indicar la presencia de software malicioso o actividades sospechosas:

• Aparición de anuncios relacionados con temas recientes conversados cerca del teléfono: Si tras hablar sobre un asunto específico comienzan a llegar anuncios o sugerencias relacionadas, podría haber una app accediendo al micrófono o recolectando datos de manera indebida.
• Consumo inusual de batería o datos: Un aumento repentino en el gasto de batería o en el uso de datos móviles puede deberse a aplicaciones espía funcionando en segundo plano.
• Instalación de aplicaciones desconocidas: Detectar apps no reconocidas o que no recuerdas haber instalado es un indicio de posible intrusión.
• Alertas sobre actividad en segundo plano: Mensajes o notificaciones sobre procesos activos, sin razón aparente, también deben ser motivo de revisión.

La presencia de cualquiera de estos síntomas amerita una revisión de los permisos concedidos a las aplicaciones y el uso de herramientas de seguridad para detectar amenazas.

Medidas de protección y hábitos recomendados

Para minimizar el riesgo de espionaje en el smartphone, se recomienda adoptar las siguientes prácticas:

• Reiniciar el dispositivo de forma periódica: Esto interrumpe procesos maliciosos que puedan estar activos en segundo plano.
• Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales: Google Play Store y App Store cuentan con filtros de seguridad que reducen el riesgo de instalar apps maliciosas.
• Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones: Las actualizaciones incluyen parches y mejoras de seguridad que corrigen vulnerabilidades.
• Limitar los permisos de las aplicaciones: Revisa y restringe el acceso a la cámara, el micrófono y otros recursos sensibles solo a las apps imprescindibles.
• Evitar el uso de wifi público para operaciones sensibles: No ingreses contraseñas ni accedas a información confidencial desde redes abiertas.

Cómo restringir el acceso a cámara y micrófono

Controlar los permisos de las aplicaciones es fundamental para la privacidad. Los pasos para restringir estos accesos dependen del sistema operativo:

En Android:

• Ingresa a Ajustes o Configuración.
• Selecciona Seguridad y privacidad o Privacidad.
• Accede a Administrador de permisos o Controles de privacidad.
• Elige Cámara o Micrófono y revisa qué aplicaciones tienen acceso.
• Modifica los permisos según tu preferencia: “No permitir” o “Permitir solo con la aplicación en uso”.

En iOS:

• Entra a Configuración y luego a Privacidad y seguridad.
• Selecciona Cámara o Micrófono.
• Desactiva los permisos para las aplicaciones que no deberían acceder a estos recursos.

Hay una ironía en el corazón de la revolución tecnológica del espionaje: cuanto más sofisticadas son las herramientas digitales disponibles para los servicios de inteligencia, menos confiables se vuelven las comunicaciones que esas mismas herramientas producen. Y esa paradoja está rehabilitando métodos que parecían condenados a los museos de la Guerra Fría.

El argumento lo desarrolla Thomas Mulligan, investigador de la corporación RAND con experiencia previa en inteligencia, en un artículo académico reciente que está generando debate en círculos especializados. Su tesis central es provocadora: la inteligencia artificial, lejos de liquidar el espionaje humano tradicional, podría estar dándole una segunda vida.

La razón es técnica pero tiene consecuencias muy concretas. La IA ya permite fabricar videos, voces y mensajes escritos prácticamente indistinguibles de los reales. En ese entorno, cualquier comunicación digital —un mensaje de texto, una videollamada, un correo— carga con una sospecha nueva y permanente. No importa cuán seguro sea el canal: el problema ya no es solo que alguien pueda interceptarlo, sino que lo que llega por ese canal puede ser directamente falso.

Eso cambia el cálculo de fondo. “Si un amigo me dice, cara a cara, que está en problemas y necesita dinero, puedo estar seguro de que es verdad”, escribe Mulligan. El mismo mensaje por vía electrónica, en cambio, se vuelve estadísticamente más sospechoso que genuino.

El valor de lo analógico

En ese contexto, técnicas que llevan siglos en el repertorio del espionaje recuperan una ventaja que nadie había pensado que necesitarían recuperar. Los dead drops —escondites físicos donde agentes y fuentes depositan materiales sin necesidad de verse— no solo evitan el contacto directo entre las partes, sino que ofrecen algo que ningún sistema digital puede garantizar hoy: la certeza de que la información proviene de un ser humano real y no de un sistema automatizado de engaño.

Lo mismo vale para los intercambios breves y aparentemente casuales en lugares públicos, donde dos personas se cruzan y transfieren materiales en cuestión de segundos. La ausencia de intermediación digital es, paradójicamente, su mayor fortaleza en la era de la IA.

Esta lógica invierte décadas de supuestos sobre hacia dónde evolucionaría el espionaje. La visión dominante sostenía que la tecnología iría desplazando progresivamente al agente humano en favor de métodos de recolección más escalables y menos riesgosos. Mulligan no descarta ese proceso, pero señala que tiene un límite que la propia tecnología está imponiendo.

IA como herramienta, no como reemplazo

Mulligan tampoco plantea un retorno nostálgico al pasado. La IA, sostiene, tiene un rol legítimo y valioso dentro de las operaciones de inteligencia humana, particularmente en una de sus dimensiones más difíciles: la persuasión. “Una parte central del trabajo de un oficial de caso es convencer a alguien de hacer cosas que pueden ser difíciles, peligrosas y estresantes”, dijo en una entrevista con el medio especializado Nextgov/FCW. “Creo que la IA tiene un rol constructivo para mejorar esa capacidad.”

Pero hay una línea que, en su opinión, no conviene cruzar. Delegar demasiado en las máquinas en una relación que es, por definición, profundamente humana conlleva riesgos que van más allá de la eficiencia operativa. “Mi opinión es que la inteligencia humana tendrá que mantener un elemento humano real y esencial en el futuro previsible”, afirmó.

El espionaje nació como un oficio de personas que observaban, persuadían y se ganaban la confianza de otras personas. Sobrevivió a la era industrial, a la nuclear y a la digital. La pregunta que plantea Mulligan es si la inteligencia artificial, en lugar de ser la tecnología que finalmente lo reemplazara, terminará siendo la que lo confirme como irremplazable.

WhatsApp notificó a unos 200 usuarios que fueron víctimas de un engaño mediante la descarga de una versión falsa y maliciosa de su aplicación de mensajería, diseñada específicamente para instalar software espía en iPhones.

Según un comunicado compartido con TechCrunch, la compañía identificó proactivamente a los afectados, principalmente en Italia, y procedió a cerrar sus sesiones, alertarlos sobre los riesgos de seguridad y recomendar la desinstalación inmediata de la app falsa.

El fabricante italiano de software espía SIO fue señalado como responsable de crear esta versión no oficial de WhatsApp. “Nuestro equipo de seguridad identificó de forma proactiva a unos 200 usuarios, principalmente en Italia, que creemos que podrían haber descargado este cliente no oficial malicioso”, explicó WhatsApp.

“Les hemos alertado sobre los riesgos para su privacidad y seguridad que conlleva la descarga de clientes no oficiales falsos y les hemos recomendado que descarguen la aplicación oficial”, prosigue el comunicado.

Acciones y advertencias de WhatsApp

Margarita Franklin, vocera de WhatsApp, declaró al medio que la empresa no puede revelar, por el momento, si las personas afectadas incluyen periodistas o miembros de la sociedad civil.

“Nuestra prioridad ha sido proteger a los usuarios que pudieron haber sido engañados para descargar esta aplicación falsa de iOS”, aseguró Franklin. Además, la compañía anunció que planea “enviar una demanda legal formal para detener cualquier actividad maliciosa de este tipo a esta empresa de software espía”.

El caso fue reportado inicialmente por el diario italiano La Repubblica y la agencia de noticias ANSA, que alertaron sobre la propagación de la aplicación falsa y la reacción inmediata de WhatsApp para mitigar el impacto.

SIO y el historial del spyware Spyrtacus

El año pasado, una investigación de TechCrunch ya había vinculado a SIO con el desarrollo de una serie de aplicaciones maliciosas para Android. Entre ellas se detectaron versiones falsas de WhatsApp y herramientas falsas de atención al cliente para operadoras telefónicas.El

software espía, identificado como Spyrtacus por su aparición en el código, había sido utilizado previamente en campañas de vigilancia y espionaje.

SIO desarrolla software espía para agencias gubernamentales a través de su filial ASIGINT. En Italia, la utilización de aplicaciones falsas como táctica de vigilancia es una práctica habitual, a menudo con la colaboración de proveedores de telefonía móvil, quienes envían enlaces de phishing a usuarios en nombre de las fuerzas del orden.

Antecedentes de espionaje y vigilancia en WhatsApp

El anuncio de WhatsApp se produce un año después de que la empresa alertara a unos 90 usuarios sobre un ataque con spyware fabricado por la empresa estadounidense-israelí Paragon Solutions. En ese momento, las víctimas incluyeron periodistas y activistas proinmigración, provocando un escándalo que llevó a Paragon a cortar relaciones con las agencias de espionaje italianas que eran sus clientas.

Estos episodios subrayan un patrón de ataques dirigidos a personas seleccionadas mediante aplicaciones falsas o versiones manipuladas de servicios populares. La reiteración de incidentes en Italia sugiere que estas estrategias gozan de cierta tolerancia institucional y que continúan representando un riesgo para la privacidad y la seguridad digital.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

WhatsApp insiste en la importancia de descargar únicamente aplicaciones oficiales desde tiendas verificadas y evitar instalar clientes no oficiales o enlaces recibidos por canales no confiables. Las víctimas pueden haber sido seleccionadas por su perfil profesional o actividad social, aunque la empresa aún no ha confirmado este dato.

Apple y SIO no respondieron a las consultas de los medios sobre el incidente. Mientras tanto, WhatsApp continúa monitoreando el caso y prepara acciones legales para frenar la actividad de empresas que fabrican y distribuyen este tipo de software espía.

La proliferación de apps falsas y spyware pone de relieve la necesidad de fortalecer la educación digital, así como la vigilancia y la actuación judicial frente a las amenazas que afectan la privacidad de los usuarios a escala global. La recomendación sigue siendo clara: utilizar siempre la aplicación oficial y mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa en los dispositivos móviles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido denunció que diplomáticos británicos en Rusia enfrentan una campaña caracterizada como cada vez más agresiva y coordinada, según consignó Europa Press. La declaración surge tras la expulsión de un alto funcionario de la embajada británica en Moscú, a quien las autoridades rusas acusaron de espionaje y otorgaron un plazo de dos semanas para abandonar el país. Este incidente, según la versión oficial del gobierno británico, forma parte de un plan de acoso dirigido tanto contra el personal diplomático como contra sus familias, y el Reino Unido afirmó públicamente que no tolerará este tipo de intimidaciones.

Según comunicó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico a Europa Press, las acusaciones lanzadas por Rusia han sido calificadas como completamente inaceptables, posicionando la respuesta oficial del Reino Unido como una muestra de rechazo rotundo hacia los señalamientos vertidos por el gobierno ruso. El representante diplomático detalló que las autoridades rusas han difundido, en palabras textuales, “acusaciones maliciosas totalmente infundadas sobre su labor”. De acuerdo con los portavoces británicos, el funcionario afectado debe salir del país conforme a la decisión tomada por la inteligencia rusa, que lo señala de haber realizado actividades de espionaje encubierto, una afirmación que Londres niega categóricamente.

La reacción de las autoridades británicas también se encaminó a destacar el impacto personal que generan este tipo de medidas en los trabajadores diplomáticos y sus entornos. El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el Reino Unido mantendrá su posición de no tolerancia ante cualquier intento de presión o intimidación dirigida hacia su personal destacado en la embajada ni hacia sus familias, reforzando que las familias del personal diplomático forman parte del colectivo que estaría siendo objeto de hostilidades, según recabó Europa Press.

La expulsión del alto cargo fue comunicada oficialmente por las autoridades rusas, acompañada de una acusación formal de espionaje encubierto, lo que desencadenó la actual tensión diplomática. Moscú otorgó un plazo concreto de catorce días para que el funcionario británico abandone el territorio, una acción que se suma a una dinámica reciente de crecientes fricciones entre ambos gobiernos.

Tal como reportó Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico interpretó el movimiento de Rusia no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia deliberada que busca erosionar la presencia y la labor diplomática británica en el país. La denuncia de campañas de acoso incluye la referencia a prácticas de difusión de información infundada, con el propósito de debilitar la posición internacional de los diplomáticos británicos.

El conflicto diplomático se inscribe en una serie de interacciones previas que han venido deteriorando las relaciones bilaterales entre Londres y Moscú. En este contexto, la política británica frente a este tipo de incidentes se afirmó a través del compromiso manifiesto del Ministerio de Exteriores con la protección de su personal y la insistencia en que acciones como la reciente expulsión no quedarán sin respuesta política y diplomática.

La postura pública reafirmada por el Reino Unido tras la decisión de Rusia fue presentada ante la prensa, priorizando la defensa de la integridad de su misión diplomática y la denuncia de lo que describen como intentos reiterados de acoso. Según puntualizó Europa Press, el gobierno británico dejó claro que comunicará internacionalmente los detalles del caso y buscará respaldo ante lo que considera una coacción injustificada.

La evolución de la confrontación diplomática muestra la persistencia de tensiones significativas entre el Reino Unido y Rusia, reflejo de desacuerdos políticos más amplios y de la desconfianza mutua que ha caracterizado sus vínculos recientes. La situación de la embajada británica en Moscú, así como el clima que enfrentan los diplomáticos británicos y sus familias, permanecerá bajo vigilancia mientras se desarrollan nuevas acciones en este contexto, según siguió informando Europa Press.

Villarejo, en uno de sus correos remitidos en noviembre de 2016 al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, enfatizó su sensación de abandono y acusó a Martínez de haber permitido campañas orquestadas en su contra que habrían involucrado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estas comunicaciones, según reportó el medio, han sido presentadas como prueba por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio de la 'Operación Kitchen', proceso que abordará el presunto espionaje dirigido desde el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy y que pone en el punto de mira a varios altos cargos, ahora bajo sospecha judicial.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía y consignada por los canales formales, los correos electrónicos datan del 13 de noviembre de 2016, cinco días antes de que Martínez fuera destituido de su cargo como número dos del ministerio. En ellos, el excomisario José Manuel Villarejo expresa directamente sus reproches a Martínez, indicando que “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”. La Fiscalía Anticorrupción presentó estos mensajes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en vísperas de la apertura del juicio, fijada para el próximo 6 de abril.

Tal como publicó el medio, Villarejo responsabiliza en sus mensajes a Félix Sanz Roldán, quien en ese entonces dirigía el CNI, por una “campaña de descrédito” contra su figura. Señala que su caída en desgracia ante la opinión pública fue resultado de maniobras impulsadas por el servicio de inteligencia, acusando a Martínez de no haber frenado estas actuaciones. “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, transmitió Villarejo a Martínez en los referidos correos. El excomisario agregó que la actitud de debilidad del entonces secretario de Estado habría permitido que esas maniobras prosperaran.

El medio informó que Villarejo también expresó su descontento ante la negativa de concederle la condición de Honorario y la entrega de su placa policial, alegando que había dedicado su carrera profesional a la institución y que tenía derecho a ese reconocimiento conforme a la misma ley que, según sus palabras, se usó para retirarle el estatus. Villarejo solicitó respuestas claras respecto a la fecha real de su jubilación y reclamó: “Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”.

Anticorrupción, en el escrito presentado a la Audiencia Nacional, sostiene que la paciencia de Villarejo “ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, de acuerdo al propio testimonio contenido en los correos. El comisario retirado solicitaba a Martínez que actuara conforme a derecho y dejara de adoptar una posición distante frente a sus demandas, aunque terminaba sus mensajes reiterando su disposición a seguir colaborando: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

Según los registros procesales distribuidos por la Fiscalía y citados por el medio, la 'Operación Kitchen' tiene como contexto el presunto espionaje realizado en 2013 al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, supuesto encargo cuya autoría se atribuye a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. El juicio, cuya fase oral comenzará ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aborda la responsabilidad de ex altos cargos del ministerio en delitos relacionados con encubrimiento, malversación de fondos públicos y vulneración de la intimidad.

En relación a las peticiones de pena, se solicitó 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Igual condena se solicitó para Francisco Martínez, para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien ocupó el puesto de jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, reveló el medio. Por su parte, para Villarejo la Fiscalía reclama una pena de 19 años de prisión.

La suma de pruebas reunidas y aportadas por la Fiscalía pretende clarificar la implicación de los acusados y detallar la red de responsabilidades en el marco de la 'Operación Kitchen', estableciendo las conexiones y decisiones tomadas por los responsables políticos y operativos del Ministerio del Interior en ese periodo, tal como comunicó el medio.

El ciudadano ucraniano capturado en la región rusa de Bélgorod admitió, de acuerdo con las autoridades rusas, que recibió pagos por facilitar información sobre las fuerzas rusas a contactos relacionados con Kiev. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el detenido, nacido en 1990, enfrenta acusaciones de colaborar con la Inteligencia ucraniana y entregar datos precisos sobre la ubicación de soldados y equipamiento militar ruso. El FSB detalló que la información proporcionada habría sido utilizada para ejecutar ataques con misiles contra posiciones rusas.

El FSB, institución responsable de la seguridad en Rusia, comunicó que descubrió y detuvo la actividad de este individuo en la región de Bélgorod. El organismo ruso especificó que el ciudadano ucraniano mantenía comunicación directa con un contacto, quien posteriormente transmitía los datos recabados a autoridades en Kiev. Las autoridades añadieron que el objetivo principal de la operación consistía en encontrar y transmitir la ubicación exacta de grupos y material militar ruso desplegados en la zona.

Tal como publicó el FSB mediante un comunicado, la acusación se fundamenta en la sospecha de que el detenido operaba como agente encubierto para la Inteligencia de Ucrania. Las autoridades rusas atribuyen a la información transmitida el facilitar ataques con misiles, que presuntamente habrían afectado las posiciones ocupadas por las fuerzas rusas en Bélgorod.

Durante los interrogatorios, el implicado habría respondido afirmativamente a las preguntas centradas en la verificación de la magnitud de los daños causados por los ataques. Según consignó el FSB, Kiev habría solicitado al acusado la confirmación del número de bajas o heridos resultantes de las ofensivas, así como otros detalles relevantes para la elaboración de informes militares.

El medio que resultó en la divulgación de estos hechos, citado por el FSB, indicó que las autoridades federales rusas actuaron ante la sospecha de filtración de información militar estratégica, apuntando a la coordinación de esfuerzos entre las partes involucradas para causar daños en territorio ruso. La detención del ciudadano ucraniano en Bélgorod representa, para los servicios de seguridad rusos, una acción orientada a neutralizar operaciones de espionaje dirigidas desde Ucrania.

Según reportó el propio FSB, el supuesto agente confesó haber recibido compensaciones económicas a cambio de datos sobre el despliegue y los movimientos de las fuerzas rusas. Además, se le atribuye la responsabilidad de haber participado de forma voluntaria en la transmisión de estas informaciones para ser utilizadas por la parte ucraniana con objetivos militares.

La detención del ciudadano ucraniano ocurre en un contexto de creciente tensión y enfrentamientos en las zonas limítrofes entre Rusia y Ucrania, donde la circulación y protección de información sobre fuerzas militares adquiere un valor estratégico para las operaciones de ambos países. Los detalles presentados por el FSB, según recogió el comunicado oficial, incluyen la secuencia de transmisión de la información desde el acusado al vínculo operativo ucraniano, y posteriormente a las instancias gubernamentales en Kiev, atribuyéndole a estos datos un papel relevante en los ataques reportados por la parte rusa.

Una ciudadana rusa fue condenada este lunes a 12 años de prisión por alta traición, tras ser acusada de donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Tribunal Regional de Krasnodar, en el sur de Rusia, señaló en un comunicado citado por la agencia TASS que la mujer transfirió fondos usando información obtenida a través de una comunidad en internet.

Según la investigación, la acusada se suscribió a un canal dirigido por un ciudadano ucraniano en una red social, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades. En ese canal se solicitaba ayuda financiera para las tropas ucranianas y la transferencia de fondos para sus unidades. El tribunal declaró a la mujer culpable y dictó la pena de prisión.

Este lunes, también, otro tribunal ruso sentenció a dos jóvenes de 20 años a 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria. El tribunal afirmó que los jóvenes actuaron bajo instrucciones de la inteligencia ucraniana, una acusación recurrente desde el inicio del conflicto en 2022.

La semana pasada, las fuerzas de seguridad rusas informaron haber realizado un experimento para identificar potenciales saboteadores mediante señuelos en redes sociales. Estos perfiles ofrecían pagos a cambio de acciones de sabotaje, con el objetivo de captar individuos dispuestos a colaborar. Expertos han interpretado esta acción como una confesión por parte de la policía rusa de inducción al delito.

Estas sentencias y operativos se enmarcan en una serie de medidas adoptadas por Rusia desde el inicio de la guerra, reforzando la vigilancia sobre posibles actos de traición y sabotaje interno. En los últimos meses, las autoridades han incrementado el número de procesos judiciales vinculados a colaboraciones con Ucrania.

Tensiones entre Rusia y Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido acusó este lunes a Rusia de llevar a cabo una campaña “agresiva y coordinada” de acoso contra su personal diplomático en Moscú. Esta denuncia surge después de que el Ministerio de Exteriores ruso convocara a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia, para comunicar la expulsión de un diplomático bajo sospecha de espionaje y sabotaje.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso afirmó en un comunicado que el funcionario británico, segundo secretario de la embajada, intentó obtener información sensible en reuniones no oficiales con expertos rusos en economía. Además, la diplomacia rusa señaló que el diplomático presentó datos falsos al solicitar su visado y que existen indicios de vínculo con los servicios de inteligencia británicos.

Según la información oficial, la expulsión se basa en la supuesta violación de las leyes rusas y el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Moscú advirtió que no permitirá actividades de agentes secretos extranjeros en su territorio y que responderá de inmediato ante cualquier escalada por parte de Londres.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico calificó las acusaciones rusas de “completo disparate” y aseguró que el Reino Unido no tolera la intimidación de su personal diplomático ni de sus familias. Añadió que Rusia ha difundido acusaciones maliciosas e infundadas sobre la labor de los diplomáticos británicos en el país.

La Inteligencia rusa advirtió a la población sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de entablar contacto con representantes británicos fuera de canales oficiales, al tiempo que solicitó evitar encuentros informales que no cuenten con la autorización del Ministerio de Exteriores. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), estas recomendaciones se emiten tras el descubrimiento de que un diplomático británico buscaba información estratégica a través de reuniones informales con expertos locales, lo que llevó a la expulsión de dicho funcionario.

El FSB comunicó que Johann Janse van Rensburg, alto cargo de la Embajada de Reino Unido en Moscú, deberá abandonar el país en un plazo de dos semanas luego de resultar implicado en actividades que la inteligencia rusa calificó como actividades de espionaje, según publicó el medio encargado de la noticia. Las autoridades indicaron que esta actuación se enmarca en una operación de Contrainteligencia que, según el FSB, permitió sacar a la luz acciones encubiertas en el seno de la representación diplomática británica.

Tal como detalló el FSB, Van Rensburg habría intentado obtener información sensible relacionada con temas económicos de interés para Rusia. El método señalado involucraba reuniones sin carácter oficial con diversos expertos rusos, estrategia que, de acuerdo con las agencias de seguridad, fue considerada una amenaza para la seguridad nacional del Estado ruso.

El organismo ruso declaró, mediante un comunicado citado por el medio que reportó el hecho, que las operaciones atribuidas al diplomático consistían en una búsqueda sistemática de datos estratégicos, con la presunta intención de emplear estos datos en beneficio de Reino Unido. El texto difundido por el FSB afirmó que se encontraron pruebas suficientes para sostener que la conducta del funcionario ponía en riesgo la integridad de la información nacional.

Según publicó el mismo organismo, Van Rensburg habría ingresado a territorio ruso entregando “información falsa”, práctica que las autoridades vincularon con intentos de ocultar la naturaleza real de sus funciones y tareas dentro y fuera de la Embajada británica.

Adicionalmente, la Inteligencia rusa instó a los ciudadanos de su país a no participar en reuniones con personal diplomático británico en entornos no controlados oficialmente. El FSB recalcó que este tipo de encuentros pueden derivar en consecuencias penales, dado el contexto de espionaje detectado en la investigación, según consignaron las fuentes oficiales en el comunicado.

El plazo otorgado para que el diplomático abandone Rusia es de dos semanas, medida habitual en estos casos de expulsión diplomática. El caso se suma a una serie de incidentes recientes entre Moscú y gobiernos occidentales en el ámbito de la inteligencia y la actividad diplomática, aunque el FSB no emitió comentarios sobre futuras acciones o posibles repercusiones diplomáticas tras esta expulsión.

Las autoridades rusas no divulgaban detalles adicionales sobre la identidad de los expertos rusos contactados ni sobre la naturaleza concreta de la información que habría sido objeto de interés por parte de Van Rensburg. La Embajada de Reino Unido tampoco ofrecía declaraciones en el momento de la publicación original, según detalló el medio que reportó el operativo y sus consecuencias inmediatas.

El comunicado del FSB reiteró la gravedad de los hechos desde la perspectiva de seguridad interna e insistió en que la vigilancia sobre los contactos diplomáticos no organizados en canales oficiales continuará siendo prioritaria para las agencias de inteligencia rusas. Como ha ocurrido en ocasiones previas, la expulsión de personal diplomático suele generar un aumento de tensión entre los países implicados, pero hasta la información disponible en la publicación del medio consultado, no se confirmaban represalias concretas o respuestas formales por parte de Reino Unido.

El Ministerio del Interior de Kuwait ha identificado a 14 personas prófugas, incluyendo ciudadanos kuwaitíes, residentes extranjeros, individuos iraníes y libaneses, a quienes acusa de estar conectados con la organización chií libanesa Hezbolá. Según consignó el medio, estas personas forman parte de una supuesta red con vínculos con Hezbolá, a la que las autoridades atribuyen planes que incluían atentados contra figuras prominentes y líderes estatales del país. El hecho se produce tras la reciente detención de seis personas, entre ellas un extranjero cuya nacionalidad fue revocada, bajo sospecha de formar parte del mismo grupo.

De acuerdo con lo publicado por varias agencias y reportado por el Ministerio del Interior de Kuwait, las detenciones se enmarcan dentro de una serie de arrestos ejecutados en las últimas semanas. Las autoridades informaron también que, la semana anterior, arrestaron a más de una veintena de individuos relacionados con acusaciones similares, centradas en planes dirigidos contra la seguridad del Estado y la presunta pertenencia a este grupo prohibido. Según el comunicado oficial, la última operación del Servicio de Seguridad del Estado se saldó con la captura de cinco personas de nacionalidad kuwaití y un extranjero, quienes, según la investigación, habrían trazado una estrategia para perpetrar asesinatos selectivos.

El Ministerio detalló que los implicados han confesado su vínculo con Hezbolá y su participación en actividades de espionaje, además de admitir haber recibido entrenamiento militar fuera de Kuwait, donde, de acuerdo con el comunicado, aprendieron el uso de armas y explosivos. Las autoridades califican estas acciones como delitos graves y las tipifican como alta traición a la nación. En palabras del Ministerio, la red estaba reclutando a más personas para ejecutar estos planes y perpetrar atentados contra los intereses superiores de Kuwait.

El mismo reporte agrega que entre los 14 prófugos identificados por el Gobierno de Kuwait figuran cinco ciudadanos nacionales, cinco extranjeros residentes dentro del país, dos personas nacidas en Irán y dos procedentes de Líbano. Según informó el Ministerio, tras la investigación se confirmó su relación con la organización catalogada como terrorista por el Estado kuwaití.

En tanto, el grupo chií libanés Hezbolá ha respondido mediante un comunicado transmitido por la cadena Al Manar. La organización rechaza todos los señalamientos, calificando las acusaciones como “infundadas, falsas y totalmente inaceptables”. Además, insiste en que “no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait”, afirmación que el grupo ha reiterado públicamente en varias ocasiones, según publicó el mismo canal.

El Ministerio del Interior kuwaití mantiene que continúa con los procedimientos judiciales y las investigaciones para identificar e interceptar a quienes considera amenazas a la estabilidad del país. Desde el inicio de las detenciones, las autoridades han subrayado la gravedad de los delitos atribuidos, sosteniendo que los acusados planeaban atentar directamente contra responsables públicos de alto nivel y debilitar las instituciones del Estado.

La investigación sigue abierta, con las fuerzas de seguridad kuwaitíes centradas en la búsqueda y captura de los prófugos identificados y en el análisis de las posibles ramificaciones de la red detectada. Las acciones adoptadas por Kuwait han recibido amplia cobertura mediática interna y han derivado en debates públicos sobre la seguridad nacional y la influencia de grupos extranjeros en la región, según consignó el medio que hizo público el comunicado del Ministerio del Interior.

El hombre de nacionalidad ucraniana detenido en Elda, Alicante, en el marco de una investigación sobre espionaje internacional, habría recopilado información tanto mediante métodos presenciales como a través de redes sociales sobre un empresario alemán dedicado al suministro de drones y tecnología a Ucrania. Según detalló el medio El País, la operación se enmarca en una investigación de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y ha contado con la colaboración de la Policía Nacional española.

De acuerdo con la información publicada por El País, el detenido, de 43 años, compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional tras haber sido arrestado por agentes españoles el pasado martes en la provincia de Alicante. La causa se inició a instancias de las autoridades alemanas, que habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por presuntos delitos de espionaje vinculados a intereses rusos.

El sospechoso, según consignó la Policía Nacional en una nota de prensa citada por El País, está acusado de vigilar a un ciudadano alemán implicado en el envío de drones y materiales tecnológicos a Ucrania en el contexto de la guerra. Las investigaciones coordinadas por la Fiscalía General de Alemania apuntan a que el ciudadano ucraniano desempeñó labores de seguimiento y obtención de información sensible sobre su objetivo en Alemania antes de trasladarse a España.

La vigilancia sobre el empresario alemán incluyó la recopilación de datos por vía digital, especialmente a través de redes sociales, así como el seguimiento físico, según precisó la nota difundida por la Policía Nacional y reproducida por El País. Tras establecerse en Alicante, el hombre fue localizado y arrestado por las fuerzas de seguridad españolas, que actuaron en coordinación con sus homólogos alemanes.

Mientras tanto, una segunda persona vinculada a las mismas actividades de inteligencia retomó las tareas de espionaje en territorio alemán. La Policía federal alemana, según informó El País, detuvo el pasado lunes en la ciudad de Rheine, en el noroeste del país, a una mujer de nacionalidad rumana, de 45 años, en un operativo que involucró a fuerzas especiales y a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

El operativo conjunto hispano-alemán incluyó registros en los domicilios de ambos sospechosos tanto en Alemania como en España. En estos procedimientos, las autoridades procedieron al volcado de dispositivos electrónicos y a la incautación de material documental para ampliar la investigación sobre las actividades de espionaje supuestamente realizadas bajo encargo de actores ubicados en Rusia, según publicó El País.

La Policía Nacional española subrayó en su comunicado, recogido por El País, que la operación derivó de informaciones facilitadas por la Oficina Federal de Policía Criminal alemana y que la Orden Europea de Detención y Entrega respondía a la gravedad de las presuntas actividades delictivas. Según la Fiscalía Federal alemana, tanto el ciudadano ucraniano como su presunta colaboradora habrían actuado bajo las órdenes de personas situadas en Rusia.

Tras su arresto, el hombre detenido en Alicante ha comparecido este miércoles ante el tribunal central de la Audiencia Nacional, institución competente en España en los casos de cooperación judicial internacional y delitos transnacionales, según detalló El País.

Una de las situaciones más graves detectadas en el proceso judicial vinculado al presunto espionaje con el software Pegasus está relacionada con la respuesta, o falta de ella, por parte de los juzgados españoles a solicitudes internacionales. Según consignó el medio, las autoridades judiciales de Luxemburgo han requerido en repetidas ocasiones una cooperación a su par en Barcelona, específicamente al Juzgado de Instrucción 24, sin obtener respuesta suficiente en más de cuatro ocasiones. Este hecho afecta a procedimientos clave, como la notificación de querellas a los directivos de la empresa NSO Group, con sede en Luxemburgo, presunta responsable del desarrollo y comercialización de Pegasus, lo que obstaculiza tanto la recolección de información como la posibilidad de tomar declaraciones a los implicados.

De acuerdo con lo que publicó el medio, la asociación catalana de derechos humanos Irídia denunció en una rueda de prensa que existe un bloqueo judicial generalizado, que incide de modo directo en la investigación de este caso de espionaje que habría afectado al entorno independentista. Esta denuncia se enfoca en las dificultades para ejecutar las Órdenes Europeas de Investigación (OEI), consideradas por Irídia como diligencias esenciales para avanzar en el proceso. La entidad sostiene que este bloqueo impide notificar debidamente las querellas a la empresa acusada y obtener pruebas fundamentales para el caso.

Según la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, la investigación enfrenta tres escenarios problemáticos en los juzgados de instrucción de Barcelona. El primero corresponde a situaciones donde los afectados presentan la solicitud de una OEI y el juzgado archiva la causa sin definir si dicha investigación era necesaria, hecho que la organización interpreta como una negativa a indagar con profundidad los hechos denunciados. En el segundo escenario, los juzgados aceptan la tramitación de la OEI, pero el trámite no avanza y queda paralizado, llegando a prolongarse por meses o incluso años. Un ejemplo de este caso lo constituye el expediente que involucró a exdirigentes de la CUP, cuya investigación permaneció congelada durante más de un año y medio luego de haberse aceptado la OEI.

En el tercer escenario, considerado el más grave por Irídia, los juzgados llegan a tramitar y aceptar la OEI, pero incurriendo en errores sustanciales, como remitirla sin firma o con datos incompletos. Cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo solicitan información adicional, desde el juzgado de Barcelona afectado cesa toda respuesta. La organización detalla que, en cinco expedientes atendidos, estas prácticas llevaron a la paralización de procedimientos y, en un caso específico, al archivo de la investigación por parte de Luxemburgo ante la ausencia de respuesta desde Barcelona. Este expediente afecta directamente al abogado Andreu Van den Eynde. Otros casos, según la misma fuente, permanecen estancados ante la falta de contestación, pese a los reiterados requerimientos desde Luxemburgo.

El medio detalla que, en uno de estos expedientes, la justicia luxemburguesa llegó a emitir un ultimátum dirigido al juzgado de Barcelona instando a la respuesta que nunca se concretó. El propio Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha sido señalado de forma reiterada por Irídia debido a su falta de reacción ante las cooperaciones solicitadas desde Luxemburgo, lo que para los denunciantes constituye un ejemplo significativo de los obstáculos judiciales predominantes en el caso Pegasus.

Adicionalmente, Sònia Olivella explicó que el proceso ha experimentado una fragmentación en la tramitación judicial, con las diferentes causas distribuidas entre seis juzgados de instrucción de Barcelona, pese a la petición de las partes afectadas de que se unificaran las investigaciones. Según Irídia, esta dispersión no ha evitado que en todos los tribunales involucrados surjan obstáculos idénticos a la hora de investigar a fondo los hechos, una situación que, según la asociación, genera una clara situación de indefensión para las personas afectadas.

Según detalló la especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, aunque los hechos más recientes investigados corresponden principalmente al periodo 2017-2020, el uso de este software espía en España podría haberse iniciado ya en 2015. Carbonell comparó la situación en España con lo sucedido en otros países, haciendo referencia a que recientemente la justicia de Polonia imputó a dos altos cargos por el presunto uso de Pegasus, y a que Grecia emitió un “veredicto histórico” condenando a directivos de la empresa responsable del spyware Predator. Según la postura de Irídia, el Estado español no estaría mostrando un compromiso similar en la investigación de Pegasus, proceso que consideran obstaculizado por falta de acción del poder judicial.

Carbonell añadió que el caso griego resulta relevante porque, en consonancia con una de las tesis de Irídia, la investigación activa de las empresas dedicadas a comercializar programas de espionaje puede permitir reunir pruebas relevantes tanto contra gobiernos como contra agencias de inteligencia. La experta señaló que estas compañías operan frecuentemente en contextos opacos, lo que exigiría una investigación judicial especialmente proactiva.

El medio relató que la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Cataluña sirvió para presentar el estado actual de las causas judiciales abiertas sobre el presunto uso de Pegasus en el entorno del independentismo, reiterando la importancia de avanzar con las OEI y de superar los obstáculos judiciales mencionados. Irídia subrayó la gravedad de los retrasos, los errores de tramitación y la falta de respuesta por parte de los juzgados involucrados, y advirtió sobre las implicaciones que esto tiene en el avance del proceso y en la garantía de derechos de los afectados.

El contexto general de la investigación incluye la denuncia de bloqueos y la reiteración de la falta de cooperación judicial en los procedimientos internacionales. De acuerdo con la entidad, la suma de la fragmentación de las causas, la ausencia de respuestas y los retrasos acumulados en las OEI compromete la posibilidad de esclarecer los hechos y de actuar judicialmente contra la empresa sospechosa y contra posibles responsables del uso del software de espionaje en territorio español, concluyó la información publicada por el medio.

El martes, las autoridades de Alemania y España realizaron la detención de dos personas acusadas de colaborar con la inteligencia rusa en operaciones de espionaje.

Los arrestos se produjeron en ambos países en el marco de una investigación sobre actividades de vigilancia vinculadas a la guerra en Ucrania.

Las autoridades alemanas identificaron a un ciudadano ucraniano de 43 años como presunto espía. El hombre fue localizado en Elda, una ciudad del sudeste de España, mientras que, de manera simultánea, una mujer de nacionalidad rumana y 45 años fue detenida en Rheine, en el noroeste de Alemania.

Ellos habrían actuado bajo órdenes de la inteligencia rusa y su objetivo era obtener información sobre un empresario alemán que suministra tecnología destinada a Ucrania.

La vigilancia comenzó en diciembre de 2025, cuando el sospechoso ucraniano empezó a recolectar información sobre la víctima. La Fiscalía detalló que el acusado utilizó internet para obtener datos y registró en video el entorno laboral del objetivo.

La mujer, identificada como Alla S. acudió al domicilio del proveedor alemán y utilizó su teléfono móvil para grabar imágenes y videos, replicando el esquema de monitoreo iniciado por el sospechoso ucraniano, identificado como Sergey N..

Las autoridades creen que la recolección de datos tenía como finalidad preparar nuevas operaciones de inteligencia contra el objetivo.

El comunicado señaló que los detenidos “recabaron información y realizaron grabaciones de vídeo”, lo que permitió a los servicios rusos planificar posibles acciones futuras. La hipótesis de la policía es que la información obtenida podría facilitar desde ataques físicos hasta un posible asesinato.

La justicia alemana dispuso que la mujer rumana comparezca ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, mientras que el ciudadano ucraniano será extraditado desde España para enfrentar cargos en Alemania.

El reclutamiento suele ocurrir a través de redes sociales o en entornos vinculados al crimen organizado, y la motivación principal es el pago de pequeñas sumas a cambio de tareas como vigilancia, sabotaje, obtención de imágenes de infraestructuras sensibles, provocación de incendios o daños a la propiedad. La flexibilidad y anonimato de estos colaboradores representa un desafío para los servicios de seguridad europeos.

En el contexto de la reciente detención de presuntos espías rusos, ocurrió otro hecho, que conmocionó al país alemán. La justicia identificó a cuatro sospechosos, dos hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en sabotajes a la infraestructura energética.

Los ataques, cometidos mediante incendios intencionales en torres eléctricas y redes de distribución, han provocado apagones que afectaron a miles de hogares y empresas en Berlín y otras ciudades, con daños económicos estimados entre 30 y 70 millones de euros.

Las investigaciones apuntan a la posible vinculación de estos hechos con grupos radicales de extrema izquierda, como el denominado Vulkangruppe, que ha reivindicado acciones previas contra centrales eléctricas y nodos de distribución.

A pesar de la identificación de los sospechosos, ninguno ha sido arrestado hasta ahora; mientras tanto, la vigilancia sobre infraestructuras críticas se mantiene reforzada y las autoridades continúan indagando posibles conexiones con anteriores apagones y redes de apoyo a estos ataques.

(Con información de DPA y DW)

Las autoridades investigan si una mujer rumana de 45 años, arrestada en la ciudad de Rheine, Alemania, y un hombre ucraniano de 43 años, detenido en la localidad de Elda, Alicante, habrían colaborado en la recolección de información sobre suministros tecnológicos dirigidos a Ucrania. Según informó la Fiscalía Federal alemana, ambas personas están acusadas de facilitar datos y seguir los movimientos de un ciudadano alemán cuya empresa abastecía a Ucrania con drones y otros componentes tecnológicos.

Tal como publicó la Fiscalía Federal alemana, los arrestos se produjeron en el marco de una operación conjunta entre la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y la Policía española. Esta acción responde a una investigación por supuestas actividades de espionaje coordinadas desde los servicios de inteligencia de Rusia, enfocadas en recabar información sobre transferencias de tecnología y material relacionado con el esfuerzo bélico ucraniano.

El medio que lidera la operación reportó que la detención en Elda estuvo a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en función de una Orden Europea de Detención. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Europa Press que el arresto del ciudadano ucraniano se efectuó tras identificar su presunta implicación en la vigilancia y el seguimiento de dispositivos tecnológicos diseñados para ser transferidos a Ucrania.

De acuerdo con la información consignada por la Fiscalía, tanto la detenida en Alemania como el arrestado en España mantenían bajo observación a un proveedor alemán especializado en la venta de drones y otros elementos esenciales para la industria tecnológica. Estos productos estaban destinados a ser enviados a Ucrania y, según la investigación, despertaron el interés de agentes vinculados al espionaje ruso.

El medio Europa Press detalló que las denuncias surgieron a partir de movimientos sospechosos relacionados con la adquisición y la distribución de componentes tecnológicos avanzados. Los investigadores de la BKA y la Policía Nacional pusieron en marcha la operación tras detectar una coordinación transnacional para obtener información estratégica acerca del flujo de equipos técnicos hacia Ucrania.

La Fiscalía Federal alemana amplió que la operación abarca una línea de investigación más amplia respecto al posible espionaje dirigido a empresas y proveedores europeos que colaboran con las autoridades ucranianas en aspectos logísticos y tecnológicos. El proveedor alemán objetivo de esta operación figura entre los principales suministradores de tecnología utilizada en el conflicto, por lo que, según el Ministerio Público, su vigilancia habría sido clave para los intereses de inteligencia extranjeros.

Durante los registros en Alemania y España, los agentes incautaron material informático y documentación, a fin de analizar la posible magnitud de la información transmitida. La información difundida por la Fiscalía indica que las pesquisas tratan de esclarecer si la información obtenida fue suministrada directamente a los servicios de inteligencia rusos o canalizada a través de terceros.

Según la información recogida por Europa Press, tras los arrestos se espera la comparecencia judicial de ambos implicados, quienes enfrentarán cargos relacionados con el espionaje y la complicidad en la obtención ilegal de secretos empresariales y tecnológicos. Las autoridades investigan además conexiones adicionales entre los detenidos y otras células o individuos que pudieran haber participado en actividades similares en territorio europeo.

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación en la Unión Europea respecto al aumento de operaciones de espionaje vinculadas al suministro de tecnología a Ucrania, un asunto que, según la Fiscalía alemana, se mantiene en el foco de las agencias policiales de varios países del bloque. Representantes de la BKA declararon que la colaboración internacional será fundamental para frenar estas actividades y garantizar la seguridad en las transferencias de material estratégico.

La Fiscalía Federal alemana indicó que la investigación continúa abierta y contempla el análisis de las comunicaciones y redes de contacto de los implicados, con el objetivo de profundizar en la posible estructura detrás de los arrestados y en el nivel de penetración de las acciones de inteligencia.

Un portavoz de Exteriores citado por 'The Guardian' indicó que la seguridad nacional permanece en el centro de las prioridades del Gobierno británico, remarcando la atención que conceden a diversas amenazas, especialmente aquellas provenientes de actores estatales extranjeros. En este contexto, la reciente imputación de dos personas —un ciudadano iraní y otro con doble nacionalidad británica e iraní— bajo la Ley de Seguridad Nacional, forma parte de una serie de medidas emprendidas por el Ejecutivo. La noticia central es que la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha emitido instrucciones para una protesta diplomática formal dirigida al Gobierno de Teherán en respuesta a estos hechos, y que el embajador iraní en Londres, Alí Musavi, fue convocado para dar explicaciones acerca de las “acciones imprudentes y desestabilizadoras” atribuidas a Irán.

De acuerdo con la información publicada por 'The Guardian', la decisión del Gobierno del Reino Unido se produce justo después de que las autoridades hayan presentado cargos contra los dos residentes de origen iraní en territorio británico, acusados de supuesta colaboración con un servicio de inteligencia del extranjero. Hamish Falconer, representante de la cartera de Asuntos de Oriente Próximo, fue el encargado de recibir a Alí Musavi en la sede del Ministerio de Exteriores para presentar la queja formal. El encuentro se enmarca en una política de actuación que manifiesta la determinación del Reino Unido para proteger a su ciudadanía ante presuntas intromisiones o actividades consideradas hostiles por parte de potencias extranjeras.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, en declaraciones reproducidas por 'The Guardian', señaló: “La seguridad nacional sigue siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos muy en serio las amenazas que plantean Irán y quienes actúan a sus órdenes. Este Gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico, incluida la denuncia de las acciones imprudentes y desestabilizadoras de Irán tanto en el país como en el extranjero”. Con base en estas declaraciones, el Ejecutivo británico dejó en claro que califica los recientes acontecimientos como una amenaza relevante para el orden interno y la seguridad pública.

Según consignó 'The Guardian', la imputación de los dos implicados se basa en sospechas de facilitar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, lo que motivó la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Este marco legal habilita a las autoridades del Reino Unido a iniciar procesos judiciales en casos donde existan indicios sólidos de colaboración con estados considerados hostiles o con prácticas de espionaje.

El citado medio detalló que el Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha subrayado su intención de responder a todos los actos que perciba como indicios de injerencia en sus asuntos internos. La convocatoria del embajador iraní, según fuentes oficiales, constituye una muestra del firme rechazo a cualquier intento de desestabilización promovido desde el exterior y busca enviar una señal diplomática de desaprobación ante lo que describen como conductas incompatibles con las normativas internacionales vigentes.

En paralelo a la protesta diplomática, el Gobierno británico ha expresado que mantiene abierta la posibilidad de implementar medidas adicionales destinadas a preservar tanto la integridad de las instituciones nacionales como la seguridad de los residentes en el territorio. Las autoridades resaltaron que continuarán colaborando con socios internacionales y organismos pertinentes para hacer frente a fenómenos de espionaje que involucren a actores extranjeros.

La noticia, que generó amplia repercusión mediática en el país, se inscribe en una serie de advertencias previas de las fuerzas de seguridad británicas sobre la presencia de operaciones de inteligencia asociadas a estados extranjeros, así como sobre el riesgo de incidentes que puedan afectar la estabilidad política y social del Reino Unido, tal como detalló 'The Guardian'.

En síntesis, el Gobierno del Reino Unido ha decidido intensificar el control y protección de su seguridad nacional tras la reciente imputación de dos residentes sospechados de colaborar con la inteligencia iraní. La protesta diplomática formal ante el embajador de Irán representa la reacción oficial ante lo que consideran actos hostiles y desestabilizadores, según la información divulgada por 'The Guardian', reafirmando la postura del país ante presuntas amenazas externas.

El comunicado de los servicios secretos de la Guardia Revolucionaria incluye un llamado a la ciudadanía de la provincia de Fahim para reportar actividades sospechosas, buscando fortalecer las tareas de seguridad y responder ante lo que califican como amenazas externas. Según consignó la televisión pública iraní IRIB, autoridades en Irán anunciaron la detención de un individuo señalado como espía israelí de alto rango, presunto responsable de liderar una red de espionaje activa en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, ubicada en el sur del país.

De acuerdo con lo informado por la televisión estatal, junto al sospechoso fueron arrestadas varias personas que estarían vinculadas con esta estructura clandestina. La intervención quedó a cargo de efectivos de inteligencia pertenecientes a la Guardia Revolucionaria, quienes lograron identificar al sospechoso y neutralizar la supuesta operación que, según el comunicado oficial, había intentado establecer contacto con agentes del Mossad y con representantes de lo que desde Irán designan como el “régimen sionista”.

El medio IRIB detalló que tanto la persona principal como otros integrantes de la red habrían jugado un papel relevante en la organización de protestas que tuvieron lugar en enero de 2026, además de estar implicados en los disturbios registrados en 2022. Una de las principales acusaciones se centra en el trabajo del sospechoso para identificar y comunicar la ubicación de instalaciones militares y sitios considerados sensibles dentro del territorio iraní, información que, según la versión oficial, tendría como posible destino los servicios de inteligencia israelíes.

Tal como publicó IRIB, la reacción de las fuerzas de inteligencia incluyó un mensaje de reconocimiento hacia la población local de la provincia, agradeciendo las colaboraciones ciudadanas y reiterando la necesidad de sostener la vigilancia comunitaria. En el comunicado se alude al propósito de “neutralizar las conspiraciones del enemigo” y se insta a la denuncia inmediata de cualquier movimiento o individuo fuera de lo habitual.

En paralelo a la detención, autoridades del gobierno iraní informaron sobre nuevas medidas de seguridad, confirmando la vigilancia total sobre lo que denominan como “militares terroristas estadounidenses-sionistas”. Según reportó IRIB, durante este mismo lunes se produjeron la 74ª y 75ª oleadas de ataques con proyectiles dirigidos contra bases militares estadounidenses y hacia el centro y sur de Israel, en el marco de una intensificación de las tensiones regionales.

La columna informativa destaca que la operación de desmontaje de la supuesta red de espionaje ocurre en un contexto de especial vigilancia sobre la actividad de inteligencia hostil en las provincias del sur del país. Las autoridades recalcan la relación directa entre el trabajo del detenido y los recientes episodios de desestabilización y protestas, integrando estos dos frentes en la línea de acusación transmitida desde los servicios secretos.

En las declaraciones reproducidas por IRIB, la Guardia Revolucionaria subraya que continuará sus esfuerzos para detectar y actuar contra operativos extranjeros y sostiene que la colaboración de la ciudadanía resulta clave para el éxito de estas iniciativas. El discurso oficial reafirma la narrativa estatal sobre los riesgos de injerencia extranjera, con énfasis en la supuesta participación israelí en disturbios internos y filtración de información estratégica.

La detención del presunto espía y la presentación pública de la intervención policial se producen frente a un panorama de continuos episodios de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según publica la televisión estatal, este tipo de acciones busca enviar mensajes tanto a la población nacional como a actores internacionales, remarcando la disposición de las fuerzas de seguridad iraníes para responder tanto a amenazas de inteligencia como a incidentes de carácter militar en la región.

La cercanía en el número de escaños alcanzados por el Movimiento Libertad (GS) de Robert Golob y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa coloca a Eslovenia ante una fase de intensas negociaciones parlamentarias, según reportó el medio proveedor de la información. Con una diferencia de apenas un escaño entre ambas formaciones, ninguno de los partidos alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, compuesta por 90 diputados, por lo que la formación de gobierno dependerá de pactos entre diferentes fuerzas políticas.

De acuerdo con los datos publicados, el partido liberal Movimiento Libertad obtuvo el 29,9% de los votos, situándose como la formación más apoyada en las elecciones legislativas celebradas en Eslovenia este domingo. El SDS, liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, reunió el 27,5% de sufragios, marcando así una diferencia ajustada entre ambas opciones. El medio detalló que, según las encuestas a pie de urna, el escenario postelectoral asigna 29 escaños a la formación de Golob y 28 al partido de Jansa.

La situación generada por este resultado electoral revela la dificultad para lograr una mayoría clara, ya que son necesarios al menos 46 escaños para controlar la Asamblea Nacional. El papel de los partidos minoritarios será clave, mientras las conversaciones para formar gobierno se perfilan como el próximo foco político, consignó la fuente original. La campaña previa a los comicios estuvo marcada por acusaciones y controversias, lo que ha influido en el ambiente tenso que rodea las negociaciones.

El contexto de la campaña electoral se vio alterado por las revelaciones sobre una reunión mantenida en diciembre por Janez Jansa con representantes de Black Cube, una empresa dedicada al espionaje con sede en Israel. Esta noticia provocó reacciones entre los adversarios políticos y fue utilizada como parte de los argumentos de campaña. Según publicó la fuente, el primer ministro Robert Golob señaló la gravedad de la situación expresando: "El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito".

Durante la campaña, se pusieron en primer plano las preocupaciones por la posible intervención de agentes extranjeros en los procesos políticos nacionales, tras la difusión de estos encuentros. Este tema generó debates públicos y contribuyó a la percepción de unas elecciones influenciadas por factores externos, según informó el medio. Tanto la opinión pública como los sectores políticos manifestaron inquietudes sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

El estrecho margen entre las dos formaciones más votadas ya ha desencadenado movimientos iniciales por parte de ambos líderes para buscar alianzas que les permitan superar la fragmentación del Parlamento. La composición definitiva de la Asamblea, reflejada en los resultados preliminares, deja abierta la posibilidad de múltiples combinaciones en la conformación del próximo gobierno, advirtió la misma fuente. El escenario político queda así condicionado a la capacidad de negociación entre las fuerzas mayoritarias y los grupos minoritarios presentes en la Cámara.

Los resultados obtenidos en estas elecciones reflejan una polarización en el electorado, con una presencia equilibrada entre los bloques liberal y conservador, reportó la fuente original. La gobernabilidad del país requerirá entendimientos entre distintas sensibilidades políticas, debido al reparto casi idéntico de escaños y a la ausencia de mayorías claras.

La publicación de la reunión entre Jansa y Black Cube añadió un elemento de fricción a la confrontación electoral, con acusaciones mutuas sobre la legitimidad y transparencia del proceso. Según detalló el medio, este episodio reactivó el debate sobre la influencia de actores no nacionales en la política soberana de los países miembros de la Unión Europea, especialmente ante la reacción expresa del actual primer ministro ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La jornada electoral en Eslovenia se desarrolló bajo una notable expectación, no solo a nivel nacional sino también entre socios europeos, dado el impacto potencial de los resultados y de las negociaciones posteriores. La falta de una mayoría clara invita a un cuadro político abierto, donde los próximos días estarán marcados por conversaciones para definir la futura composición del gobierno, reportó la fuente.

Es una guerra fría versión 2.0 la del Kremlin en Brasil, considerado por Moscú la puerta de entrada a América Latina y desde allí también a Occidente, representado por Europa y Estados Unidos. En el gigante latinoamericano, desde hace tiempo el poderoso GRU, la inteligencia militar rusa, ha establecido una precisa estrategia de inteligencia que utiliza tanto los recursos humanos, el famoso Humint, como la tecnología y las señales, conocidos en los manuales de espionaje como Sigint. Sin embargo, se trata de un escenario en continua mutación. Precisamente en estos días la inteligencia neerlandesa ha alertado sobre las nuevas estrategias de reclutamiento ruso que recurren cada vez más a civiles comunes para actividades de espionaje y sabotaje. Son reclutados en línea, sobre todo a través de plataformas como Telegram; aceptan encargos a cambio de dinero, pero también por curiosidad o deseo de aventura, y a menudo son personas fuera de toda sospecha, muy frecuentemente jóvenes. De ahí la importancia de la propaganda que crea ese ecosistema necesario para hacer proselitismo.

A dar la alarma sobre la expansión de Moscú son dos investigadores senior de Debunk.org, un think tank que analiza la desinformación y sus causas. Una de las novedades más recientes del espionaje ruso en Brasil es precisamente el reclutamiento de jóvenes estudiantes. “El KGB soviético reclutaba en la universidad Patrice Lumumba y hoy el GRU intenta reclutar estudiantes extranjeros como facilitadores de contactos y para campañas de propaganda a favor del régimen”, explica a Infobae Matteo Pugliese, analista senior de Debunk.org e investigador asociado del centro de estudios sobre Rusia de la Universidad de Roma Tor Vergata, en Italia.

“La Universidad Lumumba fue fundada en la época soviética para atraer estudiantes del llamado ‘tercer mundo’ en África, Asia y América Latina con el objetivo de crear vínculos con las futuras clases dirigentes de esos países y atraerlas a la órbita de Moscú. Lo que hace hoy Rusia no es muy diferente: mediante becas ofrecidas a estudiantes de América Latina y de Brasil para estudiar en universidades rusas, busca establecer vínculos a largo plazo e infiltrar las élites locales”, dice Pugliese a Infobae.

Hoy la universidad ha adoptado otro nombre. Se ha convertido en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN) y en Brasil ofrece frecuentemente becas del gobierno ruso a través del programa de Olimpiadas Abiertas para estudiantes internacionales. Las áreas de estudio, además del indispensable idioma ruso, incluyen disciplinas como informática, matemáticas y química. Es en este escenario que también en Brasil han aparecido jóvenes brasileños que en las redes sociales exhiben información militar toda a favor de Rusia, con un dominio del lenguaje y del conocimiento que ha sorprendido a la inteligencia brasileña, porque estos jóvenes logran interactuar en inglés con expertos de todo el mundo, hasta el punto de hacer sospechar incluso que detrás haya militares rusos proporcionando la información, si no escribiendo directamente los contenidos. El fenómeno no es solo brasileño.

“En Brasil, la mayor criticidad reside en la falta de conciencia general de la población y de los principales stakeholders, como gobierno, prensa y organizaciones de la sociedad civil. La percepción general es que el mayor riesgo para la democracia proviene esencialmente de la desinformación interna. Se habla poco, en cambio, de interferencias externas”, explica a Infobae Beatriz Farrugia, analista senior de Debunk e investigadora de desinformación. Un peligro que podría aumentar con la inminente campaña electoral para las presidenciales de octubre.

Brasil sigue siendo el principal hub para los espías rusos enviados por el GRU, debido a la facilidad para falsificar identidades y documentos. Según una información exclusiva de Infobae, en los últimos dos años Argentina y Bolivia son los principales países desde los cuales han entrado ciudadanos rusos en Brasil sospechosos de ser agentes del GRU. No por casualidad, precisamente en Bolivia, según una reciente investigación del sitio de investigación Forbidden Stories, en 2024 un grupo de 7 “especialistas rusos” fue enviado a La Paz para acudir en ayuda del entonces presidente Luis Arce, debilitado por un intento de golpe de Estado tres semanas antes, y acusado por una parte de la población de haberlo él mismo orquestado. Según la investigación de Forbidden Stories, se trataba de un verdadero grupo enviado por la inteligencia rusa que creó una oficina para una veintena de funcionarios y la posibilidad de involucrar también a locales. La persona encargada de las operaciones en América Latina, incluida la oficina en Bolivia, es Aleksey Evgenyevich Shilov, de 33 años. Entre los miembros de su equipo figuraban tres personas: Dmitry Viktorovich Volkov, jefe de la misión en Bolivia; Sergei Sergeyevich Klyukin, responsable; y Sergei Vasilievich Mashkevich, coordinador, todos vinculados al Servicio de Inteligencia Exterior (SVR). Una de las traductoras rusas del grupo fue fotografiada mientras sostenía una bandera de Brasil. El temor es que una red similar pueda formarse en Brasil para interferir en las elecciones de octubre.

El espía ruso más famoso en Brasil sigue siendo Sergey Vladimirovich Cherkasov, aún en prisión en Brasilia a la espera de una extradición que ahora solo Lula puede autorizar. Arrestado en abril de 2022 en San Pablo por la Policía Federal y acusado inicialmente de espionaje por haberse infiltrado en la Corte Penal Internacional de La Haya utilizando una falsa identidad brasileña, Cherkasov finalmente no fue considerado un espía por la fiscalía brasileña. Sin embargo, las investigaciones brasileñas revelaron depósitos bancarios a su nombre realizados por funcionarios del consulado ruso en Río de Janeiro. La investigación también reveló que un empresario carioca realizaba depósitos a petición de los diplomáticos de Moscú, recibiendo mil dólares por cada transacción. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, una acusación a menudo utilizada para repatriar agentes.

Pero Cherkasov no es más que la punta del iceberg. También podrían moverse en Brasil miembros de la nueva unidad de élite del espionaje ruso, el Centro 795. Las autoridades brasileñas se han alertado de hecho por el arresto el pasado 24 de febrero en el aeropuerto El Dorado International Airport de Bogotá, en Colombia, de Denis Alimov. Según una investigación de The Insider, el hombre es un agente del Centro 795, una unidad altamente secreta de la inteligencia rusa que incluye al GRU y al FSB, el Servicio Federal de Seguridad, heredero del KGB. El grupo fue creado tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022 para llevar a cabo las operaciones más críticas, que van desde misiones militares en Ucrania hasta asesinatos políticos y secuestros en el extranjero. El Centro 795, según el sitio de investigación The Insider, reúne a unos quinientos hombres, divididos en tres grandes áreas: inteligencia, asalto y apoyo al combate. Hay vigilancia electrónica, drones, células operativas, francotiradores y medios pesados. No se trata de un grupo clandestino cualquiera, sino de una máquina híbrida diseñada para operar de manera independiente. Como cobertura, el grupo utiliza Kalashnikov Concern, marca símbolo de la industria armamentística rusa. Los miembros del Centro 795 figuran en la nómina de la empresa; la base operativa está ubicada en el área de Patriot Park, a las afueras de Moscú, y el entrenamiento se disfraza como actividades relacionadas con pruebas de armas. Al frente de la estructura fue designado Denis Fisenko, de la unidad de élite Alfa del FSB, la misma unidad a la que pertenecía Alimov, de cuarenta y dos años, condecorado, incorporado al grupo desde 2023. En febrero, el hombre había partido de Turquía con destino a Cartagena de las Indias, en Colombia, cuando fue detenido en el aeropuerto de Bogotá con una identidad falsa, traicionado por el uso del traductor de Google. No se sabe si Colombia era su destino final ni tampoco se conoce el verdadero propósito de su viaje. Alimov figuraba en la circular roja de Interpol por terrorismo, secuestro, asesinato y conspiración. La acusación es la de haber orquestado planes para secuestrar o matar a opositores chechenos refugiados en Europa, con una recompensa de un millón y medio de dólares por cada objetivo. Su presencia en América Latina abre ahora nuevos escenarios también para Brasil, donde reside una comunidad ucraniana aumentada tras el estallido de la guerra.

Tampoco debe subestimarse el peligro de agentes rusos que llegan con los barcos que transportan diésel, del que Brasil es uno de los mayores compradores. Según una investigación del consorcio periodístico OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en las tripulaciones rusas de los barcos que transitan por el mar Báltico han sido identificados numerosos individuos vinculados a las agencias de inteligencia rusas, incluido el grupo Wagner. Si en el Báltico los agentes se utilizan para evitar que las embarcaciones rusas sean incautadas debido a las sanciones, los viajes hacia América Latina pueden servir para desembarcar hombres y recoger información de inteligencia.

Finalmente, existe preocupación en Brasil por una alerta emitida en estos días por la inteligencia neerlandesa y confirmada ayer también por el director del FBI, Kash Patel, según la cual hackers rusos vinculados al Kremlin han lanzado una campaña cibernética global a gran escala para acceder a cuentas de WhatsApp y Signal de militares y funcionarios gubernamentales. “El método más frecuentemente observado utilizado por los hackers rusos consiste en hacerse pasar por un chatbot de asistencia de Signal, con el fin de inducir a las víctimas a revelar sus códigos”, se lee en el documento del Servicio General de Inteligencia y Seguridad del Ministerio del Interior neerlandés. “Los hackers pueden luego utilizar estos códigos para tomar el control de la cuenta del usuario. Otro método utilizado por los actores rusos aprovecha la función de dispositivos vinculados presente en Signal y WhatsApp. Una vez que una cuenta ha sido comprometida con éxito, los hackers pueden leer los mensajes entrantes, incluidos los de los grupos de chat de la víctima. Es probable que, a través de esta campaña, los hackers rusos hayan obtenido acceso a información sensible”, concluye el texto.

El pasado febrero, el gobierno brasileño firmó una asociación con el ruso, paradójicamente precisamente en el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El acuerdo para ampliar la cooperación bilateral entre ambos países fue firmado por el vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, y por el primer ministro de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin. Este paso demuestra el interés de Moscú en expandir su presencia en el territorio brasileño, con el riesgo, sin embargo, de un uso dual de las tecnologías.Por último, recordemos que el sistema satelital ruso GLONASS, que cuenta con unos 26 satélites, tiene en Brasil su principal hub exterior, con bases de control y calibración instaladas en diversas universidades (Recife, Santa Maria, Belém y Brasilia). Estas estructuras surgieron para mejorar la precisión global del sistema, permitiendo a Rusia operar estaciones fuera de su territorio. A cambio, Brasil obtuvo acceso a la tecnología de geoposicionamiento. Sin embargo, las bases, aunque tienen una función técnica, son infraestructuras sensibles vinculadas a un sistema estratégico ruso y su presencia en el territorio brasileño podría permitir actividades de recopilación de datos o inteligencia. Además, el contexto geopolítico y la cooperación entre GLONASS y el sistema chino BeiDou (interoperables desde 2022) potencian los riesgos de un posible uso dual, civil y militar.

El magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha instado al Consejo de Ministros a reconsiderar la condición de secretos o reservados de ciertos archivos, comunicaciones y datos que podrían esclarecer la posible utilización del sistema Pegasus en teléfonos móviles de los antiguos miembros de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. Según informó Europa Press, el requerimiento surge ante la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recurra a la ley de secretos oficiales como argumento para no facilitar información sobre el presunto espionaje a miembros del entorno independentista. Además, el juez ha tomado esta decisión antes de recabar el testimonio de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

El interés judicial en la desclasificación de estos datos responde a una querella formulada por los exdiputados de la CUP, quienes acusan a la empresa Osy Technologies, propietaria de NSO Group y Cyber Technologies, de manufacturar y comercializar el programa Pegasus, diseñado para actividades de vigilancia y seguimiento. Según publicó Europa Press, los denunciantes sostienen que sus teléfonos móviles recibieron mensajes de texto que habrían permitido la instalación del software Pegasus, posibilitando al “spyware” monitorizar sus comunicaciones y acceder a información sensible, un hecho que podría derivar en la imputación de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Europa Press detalló que el magistrado, ante los indicios aportados, considera que la compañía israelí NSO habría asistido “de forma directa” a los usuarios de Pegasus mediante el control de servidores. Por este motivo, el juez ha solicitado una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo colaboren en la identificación de las cuentas bancarias ligadas a estas empresas tecnológicas. Este paso tiene por objeto verificar la existencia de transacciones relacionadas entre 2016 y 2022, y determinar si hubo “posibles pagadores españoles” vinculados a la adquisición o uso del software Pegasus.

El uso de Pegasus ha desatado preocupación en esferas políticas y judiciales, especialmente por su potencial para acceder y monitorizar mensajes, llamadas e información guardada en los dispositivos infectados. Según Europa Press, la investigación trata de determinar el alcance y los responsables de estas actuaciones, que apuntan tanto a la posible implicación de organismos estatales como a la colaboración de empresas tecnológicas internacionales.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 32 ha solicitado la desclasificación de cualquier material que pueda estar conectado con el caso o resultar relevante para la indagación penal. Antes de que la directora del CNI declare en sede judicial, el juez busca evitar que la aplicación de la ley de secretos oficiales obstaculice el proceso de esclarecimiento y atribución de responsabilidades.

De acuerdo con Europa Press, la medida adoptada incluye una orden europea de investigación dirigida a las autoridades de Luxemburgo, encargadas de rastrear e identificar los movimientos bancarios asociados a NSO Group, Osy Technologies y Cyber Technologies. El análisis de las transacciones de estas compañías entre los años 2016 y 2022 servirá para identificar a potenciales clientes españoles y determinar la existencia de pagos relacionados con Pegasus.

Dentro de la querella presentada por Fernández, Riera y Botran, se detalla que los ataques se concretaron a través del envío de mensajes de texto a sus teléfonos móviles, los cuales funcionaron como puerta de entrada para la supuesta infección mediante Pegasus. Este software permite controlar de manera remota los terminales afectados, acceder a contenido almacenado e interceptar comunicaciones en tiempo real, lo que, según la denuncia, representaría una vulneración de derechos fundamentales y, en el marco legal, constituiría un delito grave.

El proceso judicial avanza con el objetivo de rastrear la cadena de decisiones y actores implicados en la presunta operación de espionaje. Según informó Europa Press, la solicitud de colaboración internacional y la exigencia de desclasificar documentos claves buscan proporcionar al tribunal los elementos necesarios para determinar responsabilidades y esclarecer si representantes institucionales españoles participaron en la operación o si recurrieron a intermediarios tecnológicos extranjeros.

A la espera de la comparecencia de la directora del CNI, el juzgado centra sus esfuerzos tanto en el análisis de la documentación nacional clasificada como en la obtención de información bancaria internacional. Así, la investigación gira en torno a dos ejes principales: por un lado, establecer la posible vinculación de organismos de inteligencia españoles con el caso Pegasus; por otro, desentrañar el papel de las empresas señaladas en la facilitación y apoyo técnico de la herramienta de espionaje.

De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por Europa Press, la apertura de esta línea de investigación europea supone un avance en la cooperación entre estados miembros del continente en materia de ciberdelincuencia y vigilancia electrónica. El resultado de las pesquisas financieras y la eventual desclasificación de archivos serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso y la atribución de eventuales responsabilidades penales.

El caso ha generado reacciones dentro de diferentes sectores de la política catalana y estatal, focalizando el debate en los límites legales del espionaje, el uso de tecnología de vigilancia sobre representantes políticos y la necesidad de transparencia sobre las actuaciones de los órganos de inteligencia. Europa Press avanza que el procedimiento continuará articulando diligencias dirigidas a obtener nueva documentación relevante, coordinar requerimientos judiciales internacionales y profundizar en el análisis de los elementos técnicos y bancarios que rodean este caso.

El gobierno de Eslovenia denunció que se registraron instancias de operaciones de inteligencia durante la campaña electoral legislativa, un hecho que desató una controversia nacional.

Las autoridades indicaron que agentes de espionaje mantuvieron contactos con políticos de la oposición y participaron en la filtración de grabaciones secretas.

Estas grabaciones, difundidas en redes sociales, expusieron conversaciones de figuras próximas al Ejecutivo, y sugerían posibles intentos de influir en la administración para facilitar trámites o acceder a contratos estatales.

Algunas personas afectadas declararon no saber que estaban siendo grabadas y denunciaron la manipulación del contenido para aparentar conductas ilícitas.

El escándalo de espionaje provocó reacciones en distintos niveles del gobierno. La ministra de Exteriores, Tanja Fajon, calificó el episodio como “un ataque directo a la soberanía nacional y a la democracia”, de acuerdo con declaraciones.

El Partido Democrático Esloveno (SDS), fuerza liderada por el ex primer ministro Janez Jansa, rechazó cualquier vinculación con la filtración y sostuvo que utilizó las grabaciones filtradas para denunciar supuesta corrupción en el entorno del Ejecutivo.

Además, el gobierno de Eslovenia solicitó formalmente a las instituciones europeas que investiguen estos posibles casos de injerencia extranjera.

La petición fue presentada por el primer ministro, Robert Golob, durante el encuentro del Consejo Europeo en Bruselas.

Según Golob, la iniciativa incluyó el envío de una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que instó a las autoridades comunitarias a examinar el caso y a diseñar mecanismos de prevención ante futuros intentos de interferencia electoral.

La revelación generó una controversia nacional y puso en duda la integridad del proceso electoral.

En las encuestas más recientes, el Movimiento por la Libertad (GS), liderado por Golob, y el Partido Democrático Esloveno (SDS), encabezado por Jansa aparecen muy parejos.

La diferencia en escaños sería mínima, con 26 para el SDS y 24 para el GS. Ninguna fuerza política alcanzaría la mayoría absoluta de 46 diputados en el Parlamento de 90 miembros, por lo que el próximo gobierno dependerá de alianzas entre partidos.

Esta situación contrasta con la elección anterior, cuando la fuerza de Golob obtuvo 41 bancas y desplazó a Jansa, que había logrado 27. Tras esa victoria, Golob conformó una coalición con los Socialdemócratas (SD) y el partido de izquierda Levica, consolidando una orientación europeísta en la administración central.

Robert Golob, de 59 años, llegó al gobierno tras ganar las elecciones de 2022 y anteriormente se destacó en el sector energético, donde construyó su reputación como gestor estratégico.

Ingeniero electrotécnico, dirigió durante años la empresa estatal GEN-I, consolidándose como tecnócrata con experiencia en gestión empresarial y políticas energéticas. Su ingreso a la política nacional se dio en 2022, al liderar la inesperada victoria del Movimiento por la Libertad, que se transformó en la principal fuerza parlamentaria.

En cambio, Janez Jansa, de 65 años, es una figura central en la política del país desde la independencia en 1991.

Con más de cuarenta años en la vida pública, inició su trayectoria como activista crítico del sistema yugoslavo, fue protagonista del movimiento democrático de finales de los años 80 y ocupó el cargo de ministro de Defensa durante el proceso de independencia.

A lo largo de su carrera, Jansa fue primer ministro en tres ocasiones y consolidó su perfil como dirigente conservador de referencia.

En la última década, su discurso se volvió más polarizador, inspirado en su alianza con Viktor Orbán y su abierta admiración por Donald Trump.

Aunque mantiene una postura atlantista y un firme apoyo a la OTAN y a Ucrania, su programa combina propuestas económicas liberales con la defensa de valores tradicionales, soberanía nacional y un enfoque migratorio restrictivo.

(Con información de EFE)