El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes que Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, acordó declararse culpable de actuar como agente encubierta del régimen chino. Wang, de 58 años, renunció a su cargo el mismo día.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el alcance del caso y lo que revela sobre la penetración china en las instituciones estadounidenses.

Cómo operaba la red

Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, operaban un sitio web llamado US News Center, presentado públicamente como un portal de noticias para la comunidad chino-americana. En la práctica, era un canal de propaganda del régimen.

“Empezaron a encontrar que había habido una serie de instancias en las cuales coordinaron mensajes y contenido específico para promover el accionar del gobierno chino”, explicó Serbin Pont.

El contexto demográfico le daba al portal un alcance real. “En Arcadia, el 42% de la población es de etnia china y el 60% asiática. Ellos llevaban este portal de noticias orientado a esa comunidad”, señaló el analista.

Según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles, desde fines de 2020 hasta al menos 2022, Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones directas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido pro-Beijing en su sitio.

Los episodios documentados en la causa son concretos. En junio de 2021, un funcionario chino le envió artículos preescritos a Wang vía WeChat para que los publicara en su sitio. Wang le mandó el link y luego una captura mostrando 15.128 visualizaciones. El funcionario respondió “¡Genial!” y Wang contestó: “Gracias, líder”. En otro episodio, según Serbin Pont, recibieron instrucciones directas para contrarrestar una nota del Los Angeles Times sobre la minoría uigur: “Les dieron la letra exacta sobre lo que tenían que publicar”.

El prometido condenado y la trama judicial

Yaoning “Mike” Sun, entonces prometido de Wang y co-operador del sitio web, fue el primero en caer. Se declaró culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal del gobierno chino y está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión federal.

El Departamento de Justicia había revelado en ese momento que Sun actuó como asesor de campaña de una candidata elegida para el concejo municipal de una ciudad del sur de California. Esa candidata, que no fue identificada entonces, era Wang.

Los cargos contra Wang fueron presentados el 1 de abril pero permanecieron sellados hasta el lunes. Según NBC News, compareció ante el tribunal y quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares. Se espera que formalice su declaración de culpabilidad en las próximas semanas.

Enfrenta una pena máxima de 10 años, aunque el acuerdo contempla reducciones. Sus abogados aclararon que la conducta estuvo relacionada con su vida personal y el sitio web, y no involucró su gestión como alcaldesa.

Lo que el caso revela

Para Serbin Pont, el caso trasciende a Arcadia. “Empieza a generar dudas sobre cómo está operando China en territorio norteamericano, no solo en el ámbito mediático sino también en cuanto al nivel de penetración que pueden terminar teniendo en estructuras estatales. Al fin y al cabo, esto es una persona que terminó llegando a ejercer el rol de alcaldesa”.

Bloomberg calificó el caso como “el último ejemplo de un esfuerzo federal más amplio para descubrir la influencia china en ambas costas de los Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia fue en la misma línea: “Es profundamente preocupante que alguien que recibió y ejecutó instrucciones de funcionarios del gobierno chino haya llegado a ocupar una posición de confianza pública”, dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

La investigación continúa abierta. Según Serbin Pont, hay al menos otro implicado vinculado con tareas de difusión de mensajes oficiales del Partido Comunista Chino en territorio estadounidense.

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En la última década, la flota pesquera china ha incrementado su presencia hasta en un 50% cerca de la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, lo que ha provocado preocupación tanto por la sobrepesca de calamar como por una posible recolección de información de inteligencia.

El gobierno argentino, asistido por Estados Unidos, ha intensificado la vigilancia en aguas del Atlántico Sur para prevenir incursiones ilegales, en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín, según informó Reuters.

El alcance de esta problemática quedó en evidencia el 17 de enero de 2026, cuando la NASA, mediante el servicio “Black Marble”, registró una auténtica “ciudad de luces” sobre el océano, compuesta por aproximadamente 200 embarcaciones chinas que, según declaraciones recogidas por Reuters de exfuncionarios de ambos países, operan en las inmediaciones del Mar Argentino durante meses para atender el mayor mercado de calamares del mundo.

El fenómeno tiene dimensiones inéditas: según la Prefectura Naval Argentina, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico de alrededor de 340 en 2021, con una baja a 230 en 2026, mientras que países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el mismo período.

Temor por la sobrepesca y sospechas de inteligencia en el Atlántico Sur

La expansión de la flota china marina no solo responde a necesidades pesqueras: según el centro de estudios ODI Global de Londres, la flota de pesca de altura con bandera china supera los 16.000 buques, aunque el gobierno de China reconoció en 2023 la existencia de unos 2.500.

Diversos especialistas y autoridades consultados por Reuters advierten que las actividades de estos barcos en la región han encendido alertas geopolíticas. Estados Unidos, por ejemplo, ha respaldado la adquisición argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion, como parte de una estrategia continental destinada a proteger la soberanía y evitar que Pekín afiance posiciones estratégicas en el extremo sur de América.

Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa de Argentina en 2025, detalló a Reuters que existen sospechas sobre ciertos barcos chinos que portarían antenas incompatibles con las tareas típicamente pesqueras: “Se cree que en realidad lo que buscaban es información o interceptar comunicación”.

Además, Buenos Aires ha identificado desplazamientos que sugerirían la posible cartografía de la plataforma continental argentina, un área cuya exploración y explotación está reservada exclusivamente al Estado nacional bajo el derecho internacional, según recalcó Juan Battaleme, quien se desempeñó como secretario de Defensa para Asuntos Internacionales hasta diciembre de 2025.

Las investigaciones sobre estas operaciones no han arrojado pruebas concluyentes de actividades de cartografía sistemática: una revisión realizada por Reuters junto a la empresa Starboard Maritime Intelligence sobre los movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo, aunque los datos disponibles no descartan que se hayan realizado en pequeña escala.

La flota china utiliza técnicas avanzadas para la captura nocturna de calamar Illex argentinus, especie de gran valor comercial. Los barcos despliegan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas con señuelos lumínicos que simulan el movimiento de las presas. Toda la operación ocurre fuera —pero en las inmediaciones— de la ZEE argentina, donde la Prefectura Naval monitorea mediante radar y patrullaje los límites jurisdiccionales. De 2021 a 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, indicando que el refuerzo tecnológico ha tenido efecto disuasorio.

“Ahora estamos seguros de que los chinos saben que tenemos la capacidad de vigilarlos”, aseguró Battaleme a Reuters.

Rivalidad regional y diplomacia pragmática

La injerencia de China en América Latina es una preocupación constante para Estados Unidos, reforzada tras el rescate económico de USD 20.000 millones que Donald Trump otorgó a la administración del presidente argentino Javier Milei el año anterior.

En diálogo con Reuters, funcionarios estadounidenses insistieron en que el dominio de Washington sobre el hemisferio occidental permanece como objetivo central, dada la inversión sostenida de Pekín en el área, que incluye puertos en Brasil y Perú, el desarrollo petrolero en Venezuela y la construcción de una estación espacial en Argentina.

El ministerio de Asuntos Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico”, y afirmó que Pekín mantiene una cooperación pesquera ajustada al derecho internacional. Sin embargo, el Pentágono expresó inquietud por el “doble uso” de determinadas flotas de altura y por cualquier práctica que “ponga en entredicho la capacidad de las naciones soberanas para gestionar sus propias aguas”.

A pesar de las declaraciones previas de Milei respecto de la “invasión” de aguas argentinas por pesqueros ilegales, su gobierno evitó aludir directamente a China al abordar el tema. La actitud responde a la relevancia de Pekín como segundo socio comercial y principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina, así como inversionista clave en litio, energías renovables e infraestructura.

El método y los riesgos de la pesca de calamar

La pesca en la región está marcada por la migración nocturna del calamar Illex argentinus hacia alta mar. Durante la noche, las embarcaciones chinas encienden filas de potentes bombillas para atraer a los calamares, que son capturados mediante señuelos llamados “jigs”, cuyas cápsulas luminosas miden de 6,5 a 12 centímetros y contienen aristas que enganchan los tentáculos del animal.

“El calamar Illex tiene una vida corta, crece rápido y sus movimientos estacionales son predecibles, lo que lo hace especialmente vulnerable a la pesca intensiva”, explicó Marcela Ivanovic, especialista en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, en diálogo con Reuters. La voracidad en la explotación es tal que Ivanovic sintetiza: “Se está pescando de manera salvaje en esta zona”.

Desde las patrullas nocturnas, las autoridades argentinas observan mediante radar la “pared” de luces situada justo fuera del límite de la ZEE. Bruno Cian, oficial auxiliar de la Prefectura, resumió la estrategia argentina: “La idea es generar el factor sorpresa. Para ver quién está cometiendo la infracción”.

La magnitud de la flota china y la presión que ejerce sobre el recurso pesquero se explican, en parte, porque desde hace años China agotó sus propias poblaciones en aguas jurisdiccionales, motivando la expansión global de sus embarcaciones.

La dimensión global y las tensiones persistentes

A nivel internacional, la organización Oceana, con sede en Estados Unidos, estimó el año pasado que alrededor de la mitad de toda la pesca de altura visible proviene de embarcaciones chinas, lo que consolida su posición como actor dominante en actividades extractivas de alta mar.

Juan Battaleme enfatizó que, si bien el vínculo económico con China es crucial, “a Argentina le interesa saber si China está recabando información de inteligencia utilizando la flota”, y reconoció coincidencias recientes con los intereses estadounidenses en la región.

Grupos ambientalistas y técnicos advierten que la falta de coordinación internacional abre la puerta a un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El caso argentino ilustra los desafíos de equilibrar recursos nacionales, intereses estratégicos y relaciones comerciales en un escenario global cada vez más disputado.

El teléfono móvil es actualmente el centro de la vida digital: almacena imágenes privadas, mensajes, contactos, contraseñas y datos bancarios.

Por eso, la preocupación por el espionaje digital, ya sea por hackers, malware o incluso por la pareja, es cada vez más común. Detectar a tiempo si alguien accede a tus chats, apps o archivos sin autorización es clave para proteger tu privacidad, tu bienestar emocional y evitar daños mayores.

La sofisticación de las técnicas de vigilancia y robo de datos exige que todos los usuarios estén alerta ante señales de intrusión. Saber identificar los síntomas de un teléfono intervenido y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una molestia menor y una violación grave de tu intimidad.

Cuáles son las señales de que tu teléfono puede estar siendo espiado

Existen síntomas claros que pueden alertarte sobre una posible intervención en tu móvil. Uno de los más notorios es el consumo inusual de datos, que podría indicar que información personal se está enviando a terceros.

Si la batería se descarga más rápido de lo normal o el dispositivo se recalienta sin razón aparente, es posible que haya un software espía activo en segundo plano. Otros indicios preocupantes incluyen:

• Ruidos extraños (chasquidos, ecos, pitidos) durante las llamadas.
• Reinicios o apagados inesperados del dispositivo.
• Actividad sospechosa en cuentas vinculadas: cambios de contraseña, movimientos bancarios o sesiones abiertas en lugares no reconocidos.
• Mensajes o correos con enlaces desconocidos, códigos extraños o símbolos sin sentido.
• Dispositivos electrónicos cercanos que sufren interferencias cuando el móvil está cerca.
• El teléfono tarda más de lo habitual en apagarse.
• El buzón de voz se llena o vacía sin explicación.

Cómo comprobar si tu teléfono está siendo vigilado

En iPhone:

• Revisa los perfiles instalados en Ajustes > General > VPN y Gestión del dispositivo. Elimina cualquier perfil que no reconozcas.
• Controla el consumo de batería y datos móviles para detectar anomalías.
• Marca *#21# para saber si tus llamadas están siendo desviadas sin tu conocimiento.
• Mantén iOS y las aplicaciones siempre actualizadas.
• Si sospechas de espionaje persistente, realiza un restablecimiento de fábrica (previa copia de seguridad).

En Android:

• Entra en Ajustes > Seguridad > Apps de administrador del dispositivo y desactiva permisos de apps desconocidas.
• Revisa los permisos de cada aplicación y elimina accesos innecesarios.
• Consulta el consumo de datos en Ajustes > Red e Internet.
• Desde las Opciones de desarrollador, inspecciona los servicios en ejecución.
• Inicia el teléfono en modo seguro para identificar apps sospechosas.
• Si el comportamiento irregular persiste, haz un restablecimiento de fábrica.

Qué hacer si confirmas el espionaje

• Desconecta tu teléfono de todas las redes: apaga WiFi, datos móviles y Bluetooth para cortar la transmisión de información.
• Desinstala aplicaciones desconocidas o que no utilices.
• Cambia todas tus contraseñas y activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas importantes.
• Contacta a un especialista en ciberseguridad si las anomalías continúan tras limpiar el dispositivo.

Cómo proteger tu teléfono de futuras intrusiones

• Mantén el sistema operativo y las apps siempre actualizadas.
• Usa contraseñas fuertes, únicas y activa el doble factor de autenticación.
• Evita redes WiFi públicas sin protección y utiliza VPN para cifrar tu tráfico cuando sea necesario.
• Descarga únicamente aplicaciones desde tiendas oficiales y revisa los permisos que solicitan.
• No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes desconocidos.
• Protege el acceso físico al teléfono con PIN, patrón o biometría.
• Realiza copias de seguridad periódicas y mantén un antivirus activo.

El derecho a la privacidad no es negociable, ni siquiera en pareja. Que tu pareja intente espiar tu celular es una señal de inseguridad y control que puede derivar en una relación tóxica. La confianza se construye en la libertad y el respeto mutuo, no en la vigilancia.

Proteger tu espacio digital es fundamental para tu autonomía y tu paz mental. Si notas señales de espionaje o control, pon límites claros y prioriza tu bienestar. El amor maduro respeta la individualidad, mientras que el espionaje solo alimenta la desconfianza y el desgaste emocional.

Las autoridades de Noruega detuvieron el jueves a una ciudadana china bajo acusaciones de espionaje vinculadas a un supuesto intento de instalar un receptor destinado a recopilar datos satelitales sensibles.

Según informó el servicio de inteligencia interna del país, funcionarios de seguridad realizaron registros en dos inmuebles, uno de ellos en la isla de Andøya, al norte del país, donde se ubica el puerto espacial que participa en la ampliación de la presencia europea en el espacio, y otro en Innlandet, al sur del territorio.

El Servicio de Seguridad de la Policía (PST) indicó que la operación se inició ante la sospecha de que una empresa registrada en Noruega funcionaba como fachada para un actor estatal chino.

La sospechosa, identificada únicamente como una mujer china, presuntamente intentó “establecer un receptor para descargas satelitales de satélites en órbitas polares, apto para recopilar datos que podrían perjudicar intereses fundamentales noruegos si llegaran a ser conocidos por un Estado extranjero”, afirmó en un comunicado el abogado policial Thomas Blom.

El director ejecutivo de Andøya Space, Ketil Olsen, declaró que la empresa “no tenía ninguna relación con la persona involucrada” y que no detectó “ninguna actividad relacionada con nuestras operaciones en este asunto”.

El receptor satelital fue incautado y los planes para instalarlo y operarlo quedaron suspendidos, según la policía. El incidente “implica complicidad en un intento de espionaje grave contra secretos de Estado”, agregó el comunicado del PST. Varias personas más fueron acusadas en el mismo caso, sin que se detallaran sus nacionalidades ni si también fueron arrestadas.

En relación a otro hecho de espionaje en territorio europeo, un jurado de Londres declaró culpables el jueves al ex comisario de policía de Hong Kong Bill Yuen, de 65 años, y al ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido Peter Wai, de 38, por realizar “actividades policiales encubiertas” al servicio del régimen chino.

Ambos, con doble nacionalidad china y británica, fueron hallados responsables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero bajo las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, al término de un juicio que se extendió por varias semanas.

Wai, quien trabajó en la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza tras su paso por la policía británica y la Marina Real, también resultó condenado por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Según la acusación, utilizó el sistema informático del Ministerio del Interior para buscar información sobre personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

El tribunal Old Bailey escuchó que Wai recopiló información de inteligencia por encargo de Yuen, quien ejercía como alto directivo en la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong en Londres. Ambos se enfocaron en disidentes y manifestantes prodemocráticos de Hong Kong residentes en el Reino Unido, además de prestar “especial atención” a políticos británicos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Entre sus operaciones, la dupla realizó tareas de vigilancia, recopilación de información y engaño, incluyendo la obtención de fotografías del activista Nathan Law.

El jurado, que deliberó durante casi 24 horas, no alcanzó veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera presentado contra ambos acusados, por lo que fue disuelto.

La fiscalía descartó un nuevo juicio por ese cargo. Los dos condenados permanecen en prisión preventiva a la espera de sentencia, programada para el 15 de mayo.

Las actividades de Bill Yuen y Peter Wai coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de aproximadamente 100.000 libras esterlinas (USD 136.000 ) por información que permitiera identificar a varios activistas radicados en el Reino Unido, entre ellos Nathan Law, según se expuso ante el jurado.

Durante el juicio, un testigo relató que Wai lo amenazó con arrestarlo tras un incidente con un diplomático de Hong Kong en Londres. La fiscalía presentó pruebas que incluían mensajes en el teléfono de Yuen, los cuales reflejan que la vigilancia sobre Law comenzó en 2021.

(Con información de Associated Press)

El equipo de investigación de ESET descubrió una campaña de espionaje que comprometió una plataforma de juegos para Windows y Android con el objetivo de robar información personal, documentos, contraseñas y grabaciones de audio de los usuarios.

Detrás del ataque está el grupo APT ScarCruft, alineado con Corea del Norte, y el blanco principal es la región de Yanbian, en China, donde vive una importante comunidad de etnia coreana y por donde transitan refugiados y desertores norcoreanos.

Cómo ScarCruft comprometió una plataforma de juegos para distribuir malware de espionaje

El vehículo del ataque fue un juego de cartas llamado 延边红十, conocido en español como Yanbian Red Ten, una plataforma que ofrece juegos tradicionales de la región de Yanbian para Windows, Android e iOS y permite competir con amigos o participar en torneos organizados.

Según determinó ESET, el cliente Windows de la plataforma fue comprometido mediante una actualización maliciosa que derivó en la instalación de dos backdoors, programas que permiten acceder y controlar los sistemas de forma remota. Los juegos Android disponibles en la plataforma fueron troyanizados para incluir el backdoor BirdCall, una herramienta con amplias capacidades de espionaje.

Filip Jurčacko, investigador de malware de ESET, explicó el mecanismo de distribución: “Encontramos evidencia de que las víctimas descargaron los juegos troyanizados a través de un navegador web en sus dispositivos y probablemente los instalaron de forma intencional”.

“No se identificaron otras ubicaciones desde donde se distribuyeran los APK. Tampoco se encontraron los APK maliciosos en la tienda oficial Google Play”, agregó.

Qué puede hacer el backdoor BirdCall y cómo se comunica con los atacantes

BirdCall es el componente central del ataque y su versión Android es especialmente invasiva. Una vez instalado, el malware puede recolectar contactos, SMS, registros de llamadas, documentos, archivos multimedia y claves privadas del dispositivo. También tiene capacidad para tomar capturas de pantalla y grabar audio ambiental sin que el usuario lo sepa.

En su versión para Windows, las capacidades incluyen captura de pantalla, registro de teclas y contenido del portapapeles, robo de credenciales y archivos, y ejecución de comandos en el sistema.

Para comunicarse con los atacantes, el malware utiliza servicios legítimos de almacenamiento en la nube como Dropbox o pCloud, además de sitios web comprometidos, lo que dificulta su detección por parte de los sistemas de seguridad convencionales.

La investigación de ESET identificó siete versiones de BirdCall para Android, desde la versión 1.0 de octubre de 2024 hasta la 2.0 de junio de 2025, lo que indica que el malware fue desarrollado de forma activa durante varios meses.

Sobre el momento en que el sitio web fue comprometido por primera vez, Jurčacko señaló que “no se pudo determinar cuándo ocurrió, pero sobre la base de nuestro análisis del malware desplegado, estimamos que ocurrió a finales de 2024”.

Quién es el grupo de ciberespionaje conocido como ScarCruft

ScarCruft, también conocido como APT37 o Reaper, lleva activo al menos desde 2012. Se trata de un grupo de ciberespionaje que los investigadores vinculan a Corea del Norte y cuyo foco principal ha sido históricamente Corea del Sur, aunque sus operaciones se han extendido a otros países de Asia.

El grupo tiende a dirigir sus ataques contra organizaciones gubernamentales y militares, empresas de sectores alineados con los intereses norcoreanos y desertores del régimen.

La elección de la región de Yanbian como blanco de esta campaña responde a esa misma lógica: se trata de una zona con alta concentración de etnia coreana y un punto de tránsito habitual para quienes huyen de Corea del Norte.

Un policía jubilado de Hong Kong y un ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido fueron declarados culpables el jueves por un jurado de Londres de llevar a cabo “actividades policiales encubiertas” en territorio británico en nombre de China.

El ex comisario de policía Bill Yuen, de 65 años, y Peter Wai, de 38 —ambos con doble nacionalidad china y británica— fueron declarados culpables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero en virtud de las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, tras un juicio que duró varias semanas.

Wai, quien trabajó para la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido tras haber prestado servicio anteriormente en la policía británica y la Marina Real, también fue declarado culpable de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Había buscado en el sistema informático del Ministerio del Interior a personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

El jurado del tribunal Old Bailey de Londres, que deliberó durante casi 24 horas, fue disuelto tras no lograr llegar a un veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera contra cada acusado.

Los fiscales anunciaron de inmediato que no solicitarían un nuevo juicio y los dos acusados quedaron en prisión preventiva a la espera de la sentencia, cuya fecha se fijará el 15 de mayo.

El tribunal había escuchado cómo Wai había recopilado información de inteligencia por orden de Yuen, quien era un alto directivo de la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong (HKETO), que representa al gobierno de Hong Kong en Londres.

Políticos, activistas

La pareja se centró en disidentes de Hong Kong y manifestantes prodemocráticos que vivían en Gran Bretaña, prestando también “especial atención” a políticos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Llevaron a cabo actividades de recopilación de información, vigilancia y engaño, y en una de las operaciones captaron fotografías del destacado activista Nathan Law.

Sus actividades coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de alrededor de 100.000 libras esterlinas (136 000 dólares) por información que ayudara a identificar a varios activistas residentes en el Reino Unido, incluido Law, según escucharon los miembros del jurado.

Otro manifestante contó al jurado cómo Wai lo había amenazado con arrestarlo por enfrentarse a un diplomático de Hong Kong en Londres.

Los mensajes en el teléfono de Yuen mostraban que la vigilancia de Law comenzó ya en 2021, según afirmó la fiscalía al presentar sus pruebas.

Las actividades de los acusados salieron a la luz en mayo de 2024 cuando la policía frustró un supuesto intento de secuestrar a una exresidente de Hong Kong de su departamento en el condado septentrional de Yorkshire, según se informó al tribunal.

Wai, de Staines-upon-Thames, al suroeste de la capital —conocido entre sus allegados como Fatboy— y Yuen, de Hackney, en el este de Londres, habían negado ambos haber cometido ningún delito.

El caso se produce tras la llegada a Gran Bretaña de decenas de miles de personas, entre ellas activistas por la democracia buscados por las autoridades chinas, desde que Hong Kong promulgó una draconiana Ley de Seguridad Nacional a mediados de 2020.

(Con información de AFP)

El diputado nacional Rodolfo Tailhade, por derecho propio, presentó un escrito ante la fiscal federal Paloma Ochoa para rechazar in totum los términos de la denuncia penal por presunto espionaje ilegal que realizó en su contra el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, exhortó a que la Justicia inicie una investigación contra Manuel Adorni y Bettina Angeletti por la supuesta malversación de fondos públicos.

En su nota, le dijo a la fiscal que todas sus expresiones como legislador, durante la sesión en la que Manuel Adorni presentó el informe de gestión ante el Congreso, “están amparadas por la inmunidad de opinión parlamentaria incluida en el artículo 68 de la Constitución Nacional”.

Agregó que los datos que mencionó son de conocimiento público, y puntualizó que “toda esta información fue publicada en medios periodísticos antes de mi intervención”.

Tailhade indicó que la denuncia en su contra es “un mamarracho, un verdadero bochorno institucional, propio de un gobierno que tiene al espionaje ilegal como un fetiche, como la excusa preferida para intentar desviar la atención de la opinión pública cuando se encuentra sumergido en crisis políticas o económicas”.

En otro párrafo de la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, el diputado se defendió con el argumento de que “lo que esta parte hizo en el recinto fue, lisa y llanamente, formular preguntas y emitir opiniones políticas sobre el uso de recursos públicos por parte del entorno familiar del Jefe de Gabinete”.

Medidas de Prueba

Al tiempo que Tailhade contestó la denuncia penal del gobierno, le pidió a la fiscalía que solicite “medidas de prueba que resulten conducentes para esclarecer la verdadera naturaleza de los hechos”.

En este sentido, el diputado denunciado solicitó que se envíe un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Policía Federal Argentina a fin de que informen si Bettina Angeletti tienen custodia asignada, la cantidad de agentes, el régimen de turnos y la evaluación de riesgo que la fundamentó.

También requirió que se averigüe si debieron cuidar traslados nocturnos, en particular, si la acompañaron al establecimiento gastronómico denominado “La Fernetería”.

Sumo a ese pedido que se autorice la revisión de las cámaras del local, ubicado en calle Serrano 1349, barrio de Palermo.

Finalmente, instó a que se analicen las copias taquigráficas de la sesión en la Cámara de Diputados del 29 de abril, a fin de certificar si las respuestas de Adorni en relación a la custodia de su esposa coinciden con los resultados de la pesquisa pretendida.

La denuncia del gobierno

Los abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación presentaron una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade por la presunta infracción al artículo 43 de la Ley 25.520, en relación a sus dichos en el Congreso sobre los movimientos diarios de la esposa del jefe de Gabinete.

La imputación se basa en la prohibición que pesa sobre funcionarios o empleados públicos de realizar acciones de inteligencia no contempladas por la ley, con una pena prevista de 3 a 10 años de prisión.

Por sorteo, la presentación recayó en el juzgado federal 5, a cargo de Maria Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Conectarse a una red WiFi pública puede resultar tentador cuando se necesita acceder a internet fuera de casa. Sin embargo, hacerlo sin precauciones expone el equipo y los datos personales a riesgos que muchas veces se subestiman.

Existe un truco sencillo en Windows que permite reforzar la seguridad en estos entornos: ajustar correctamente el perfil de la red para que el sistema la trate como pública.

Al ingresar a la red de un aeropuerto, hotel o cafetería, el equipo comparte conexión con desconocidos. Muchos usuarios no tienen en cuenta que Windows puede estar comportándose en ese entorno como si estuviera en un espacio privado, facilitando el acceso a recursos y dejando abiertas puertas que no deberían estarlo en lugares ajenos. Una configuración que se puede cambiar con este truco que dejamos desde Infobae Tecno.

Cómo funciona el ajuste de red pública en Windows

Cuando un dispositivo con Windows 10 o Windows 11 se conecta por primera vez a una red, el sistema solicita identificarla como pública o privada. Esta elección no es menor: determina el nivel de visibilidad y apertura del equipo frente a otros usuarios conectados.

Si se marca una red como privada, Windows la considera segura. Permite que el equipo sea visible, facilita el descubrimiento de dispositivos y activa servicios de uso compartido, como archivos o impresoras. Esto resulta útil en el hogar o en una oficina pequeña, donde se conoce y controla a los demás usuarios.

En contraste, el perfil público está diseñado para entornos donde no se tiene control sobre quién más se conecta. Al seleccionar “pública”, el sistema oculta el equipo, desactiva el uso compartido y aplica reglas de firewall más estrictas, bloqueando conexiones entrantes no solicitadas. Esta configuración es la recomendada para bares, hoteles, bibliotecas o cualquier espacio con WiFi abierto.

La decisión de Windows se toma la primera vez que se entra a una red, con la pregunta: “¿Quieres que este PC sea detectable?”. Muchos usuarios contestan sin prestar atención, lo que puede dejar el equipo expuesto en redes peligrosas. Por eso, revisar el perfil asignado y corregirlo si es necesario es fundamental.

Para cambiar el perfil de la red en Windows 10 o Windows 11, hay que abrir la aplicación de Configuración, ingresar en el apartado de Red e Internet, acceder a la sección de WiFi y pulsar sobre el nombre de la red conectada para ver sus propiedades.

Allí aparece el apartado de Tipo de perfil de red, con las opciones privada y pública. En cualquier red que no sea la del hogar o la oficina, la opción correcta es pública.

Beneficios de marcar una red como pública en Windows

La principal ventaja de activar el perfil público es que el equipo queda oculto para otros dispositivos en la misma red. Esto reduce la superficie de ataque, dificulta que posibles intrusos identifiquen el dispositivo y limita lo que pueden intentar hacer sobre él.

Además, al no ofrecer recursos compartidos ni anunciar servicios, se cierran oportunidades para que atacantes exploten vulnerabilidades o accedan a archivos personales. Las reglas de firewall se endurecen, bloqueando intentos de conexión no solicitados que podrían provenir de usuarios malintencionados.

Es un gesto sencillo, pero con impacto real: al marcar la red como pública, Windows activa su modo defensivo, restringiendo al máximo la exposición del equipo. Así, se evita que el portátil viaje “de puertas abiertas” por redes de ferias, hoteles o cafeterías.

Este ajuste, aunque poco conocido, constituye una barrera adicional frente a los riesgos de las redes abiertas. Si bien no reemplaza el uso de otras medidas como el antivirus o una VPN, contribuye a mantener la privacidad y la integridad de la información.

Riesgos de conectarse a redes WiFi públicas

A pesar de las precauciones, las redes WiFi públicas son entornos propensos a ataques. Según Kaspersky, la falta de autenticación en estos puntos de acceso permite que cualquiera se conecte, lo que favorece la presencia de hackers.

Uno de los métodos más peligrosos es el “ataque de intermediario”, donde el atacante se coloca entre el usuario y la red, interceptando el tráfico. Así, puede acceder a correos electrónicos, credenciales bancarias y contraseñas. Si el equipo está configurado como privado, con servicios compartidos activos, el riesgo aumenta considerablemente.

También existe la posibilidad de que los atacantes distribuyan malware a través de la red. Si está habilitada la función de compartir archivos, pueden instalar software malicioso sin que el usuario lo advierta. En otras ocasiones, el hacker modifica el punto de acceso para mostrar ventanas emergentes con supuestas actualizaciones de software, que en realidad son programas dañinos.

La información comprometida puede incluir desde datos personales hasta información empresarial confidencial.

El ciudadano iraní de 44 años extraditado desde Panamá a Estados Unidos enfrenta nueve cargos federales por su presunta participación en un esquema para evadir sanciones comerciales y exportar tecnología sensible hacia Irán a través de terceros países, según confirmaron autoridades estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El acusado, identificado como Reza Dindar, también conocido como Renda Dindar, fue trasladado a territorio estadounidense la semana pasada y compareció ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Seattle, donde se le imputaron delitos relacionados con conspiración, contrabando, lavado de dinero y falsificación de registros de exportación, en un proceso que se remonta a una acusación presentada en agosto de 2014.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que la extradición fue posible gracias a una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, destacando la importancia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia para enfrentar delitos transnacionales.

Según el comunicado, el caso forma parte de los esfuerzos para frenar la exportación ilegal de tecnología estratégica, una práctica que representa riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de países sujetos a sanciones como Irán.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar habría operado una empresa denominada New Port Sourcing Solutions, con sede en Xi’an, China, a través de la cual adquiría productos en Estados Unidos ocultando su destino final, al declarar falsamente que los bienes eran para el mercado chino.

Las investigaciones señalan que el esquema consistía en utilizar a China como país intermediario para desviar productos hacia Irán, violando las restricciones impuestas por órdenes ejecutivas estadounidenses que prohíben la exportación directa o indirecta de bienes, tecnología o servicios hacia ese país.

Uno de los elementos más delicados del caso es que, según la acusación, el acusado y sus cómplices lograron adquirir componentes para sistemas de sonar militar, mediante engaños a proveedores estadounidenses, lo que incrementa la gravedad del caso por tratarse de tecnología con posibles aplicaciones de defensa.

Las autoridades también detallan que el esquema incluyó el envío de aproximadamente $97,600 desde el extranjero hacia Estados Unidos para concretar las compras, lo que sustenta los cargos por lavado de dinero, además de la utilización de documentación fraudulenta para encubrir las operaciones.

El primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, indicó que los implicados creyeron que podían eludir los controles utilizando terceros países, pero que las autoridades lograron identificar el esquema, lo que derivó en la acusación formal y posterior extradición.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) señalaron que el caso refleja el compromiso de las autoridades con la aplicación de las leyes de control de exportaciones, especialmente en lo relacionado con la protección de tecnologías sensibles.

Desde el ámbito de seguridad, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) destacó que la extradición representa un paso importante para garantizar la rendición de cuentas de quienes intentan explotar el sistema comercial estadounidense para beneficiar a actores extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en su pronunciamiento, agradeció al país por su colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite llevar ante la justicia a personas involucradas en actividades ilícitas de alcance internacional.

El arresto del ciudadano iraní se produjo en Panamá en julio de 2025, a solicitud de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional, lo que permitió avanzar en el proceso de extradición y su posterior traslado.

Dindar enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos en su contra, aunque las autoridades recordaron que los señalamientos contenidos en la acusación constituyen alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El caso es investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Aplicación de Exportaciones y la agencia HSI, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó en conjunto con el Gobierno de Panamá para asegurar la captura y extradición del acusado.

Angie Rodríguez denunció que fue víctima de amenazas y ataques sistemáticos durante su periodo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hechos que culminaron con su renuncia en enero de 2026 y con acusaciones públicas sobre violencia de género y presuntas irregularidades en el Gobierno nacional.

La funcionaria advirtió que, tras su salida del Dapre y su traslado a la gerencia del Fondo de Adaptación, enfrentó una campaña de desprestigio que, según sus declaraciones en diálogo con Semana, estaría alentada por más de 20 personas de la administración encabezada por el presidente Gustavo Petro.

Dentro de ese grupo, que responsabiliza de la campaña de desprestigio, Rodríguez identificó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Conforme a sus declaraciones, Carrillo protagonizó episodios de “violencia de género política” desde su posición institucional, que habrían recrudecido a raíz de denuncias que ella realizó en calidad de gerente encargada del Fondo de Adaptación en el último año.

Y agregó: “No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política. Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información”.

La respuesta de Carlos Carrillo a las denuncias de Angie Rodríguez

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, sostuvo que las pruebas y chats de una red de espionaje expuestos por Angie Rodríguez son falsos. Por lo tanto, si la exdirectora del Dapre entregó las conversaciones a la Fiscalía General de la Nación, según su criterio, estaría cometiendo un delito.

“Son converasciones falsas, si efectivamente la doctora Angie entregó los chats a la Fiscalía ella está cometiendo un delito más grave que injuria y la calumnia, puesto que sería fraude procesal”, dijo a Noticias Caracol.

A renglón seguido mencionó que “no se tomaron el trabajo, mientras fabricaban la prueba falsa, de escribir como yo escribo, las personas que hablan conmigo en WhatsApp saben que yo abro las exclamaciones, que yo no utilizo palabras como ‘le vamos a dar candela’”.

Con respecto al funcionario señalado de entregarle información, Carrillo pidió que la funcionaria diera a conocer el nombre del presunto espía con quién aseguró no tener contacto.

“Hay medios que dicen saber quién es el hombre que estaba de espía, yo no tengo relación con ese señor. Yo no he interactuado nunca con él, no se quien es”, indicó en la misma entrevista.

Carrillo también mencionó que la reacción de Angie Rodríguez es producto de una denuncia que hizo “con pruebas ante la Fiscalía sobre el cobro de coimas a contratistas que afirman que una señora cercana a Angie Rodríguez pidió el 10% de los contratos para avanzar con el pago”.

Incluso, señaló que gracias a la querella interpuesta, Angie Rodríguez despidió a varios funcionarios de su círculo cercano con el fin de detectar al responsable de filtrar la información.

Carrillo también criticó la gestión contractual en el Fondo Adaptación, una entidad que maneja cerca de $1.000.000.000.000, y mencionó otros procesos que considera problemáticos, como un presunto operador logístico por $9.000.000.000 y gastos por $200.000.000 en buses en La Mojana.

“Lo que está pasando allá en el Fondo de Adaptación es muy grave”, afirmó. Frente a las declaraciones de Rodríguez sobre Juliana Guerrero y supuestas relaciones con el ELN, Carrillo evitó profundizar, pero calificó esas afirmaciones como irresponsables.

Sobre los escándalos bajo la actual administración, que ascendió al poder con la promesa de cambio. El alto funcionario aseguró que se debe a la transparencia del Gobierno Petro, ya que en administraciones anteriores se ocultaban los procesos ilícitos a la opinión pública.

Angie Rodríguez, hoy gerente del Fondo de Adaptación, renunció en enero de 2026 a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En su carta de renuncia del Dapre, dejó en evidencia situaciones que vivió durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, mencionando amenazas y ataques.

“Como usted lo sabe (presidente Gustavo Petro), he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”, precisó la exdirectora del Dapre en el documento.

Meses después de que dejó el cargo para asumir la gerencia del Fondo Adaptación, volvió a tomar la palabra ante la prensa, exponiendo presuntas irregularidades que se habrían presentado en el Gobierno nacional. En diálogo con Semana, precisó los motivos por los cuales optó por pronunciarse al respecto.

Según indicó, quiere materializar su derecho a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra y por eso vengo a hablar”, dijo al funcionaria, advirtiendo que se estructuró un daño reputacional en su contra.

Habría más de 20 personas interesadas en sacarla “a como de lugar” del Gobierno Petro y, de acuerdo con Rodríguez, ese grupo que estaría afectando su imagen está integrado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

“El señor Carlos Carrillo, de manera reiterada ha ejercido una violencia de género política en mi condición de funcionaria. Esto ha raíz de unas denuncias que yo realicé el año pasado, como gerente en encargo del Fondo de Adaptación”, detalló.

El director de la Ungrd fue el antecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación y, según precisó, cuando evaluó en qué estado recibió la entidad, descubrió “inconsistencias” que decidió divulgar a manera de rendición de cuentas. A su juicio, Carrillo la habría atacado “en lo pesonal”, evadiendo respuestas a nivel técnico.

“No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política”, advirtió, indicando que estos calificativos que esgrimió Carrillo en su contra obedecen al hecho de que denunció la falta de ejecución presupuestal en la entidad ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Desde su perspectiva, “lo más peligroso” para ella es que, presuntamente, el director de la Ungrd se habría unido a otras personas para perjudicarla. Las otras personas que estarían involucradas son Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad; Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia; y Mariella Barragán Beltrán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información“, explicó.

De igual manera, recibió un video de un chat del 18 de diciembre de 2025 en el que Carrillo presuntamente dice: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. Entonces, el presunto espía preguntó si el director de la Ungrd tenía a otra persona haciendo su labor de espionaje cerca a “las oficinas principales”. Al parecer, Carrillo respondió indicando: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá, en ese cargo”.

El presunto espía contestó: “Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, pero puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí”.

De acuerdo con Rodríguez, Carlos Carrillo le ordenó al señalado espía recoger toda la información que pudiera para dañar la imagen de la funcionaria, indicando explícitamente: “Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esta vieja porque yo la voy a joder por bocona”.

La funcionaria asume que los presuntos ataques de Carrillo responden a su intención de ser alcalde de Bogotá, que se habría visto afectada por las denuncias que hizo en relación con la baja ejecución presupuestal.

El régimen iraní detuvo al menos a 3.646 personas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por acusaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel, en un operativo que abarca desde presunto espionaje hasta la difusión de contenidos y el uso de tecnología para eludir la censura.

La cifra fue reportada por la organización Iran Human Rights (IHR), que advirtió que el número real “probablemente” es más alto debido a las restricciones en el acceso a internet dentro del país.

De acuerdo con la ONG con sede en Noruega, el relevamiento se basa en reportes de medios estatales y en investigaciones propias. El informe detalla que al menos 767 arrestos ocurrieron incluso después del inicio del alto el fuego del 8 de abril, lo que evidencia la continuidad de la ofensiva interna pese a la tregua en el frente externo.

Los cargos atribuidos a los detenidos son amplios y, en muchos casos, de difícil verificación independiente. Según IHR, incluyen “espionaje, comunicación con servicios de inteligencia extranjeros, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares sensibles a medios de comunicación con sede en el extranjero, e intento de establecer células operativas o llevar a cabo actividades armadas”.

También se registraron arrestos por el uso y distribución de terminales de internet satelital Starlink, utilizadas para sortear los bloqueos digitales, así como por supuestos vínculos con grupos monárquicos.

Entre los detenidos hay más de un centenar de activistas de la sociedad civil. La ONG señaló que figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, arrestada el 2 de abril. Su caso se suma al de la también activista y premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien permanece encarcelada desde diciembre, antes del inicio del conflicto y de las protestas registradas en enero.

Mohammadi cumplió 54 años en prisión y, según su fundación, atraviesa un estado de salud “crítico” tras haber sufrido un infarto en marzo.

En paralelo, la justicia del régimen rechazó las versiones sobre la posible ejecución de ocho mujeres, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera clemencia.

“Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas”, indicó el sitio oficial Mizan Online. Según esa versión, algunas de las mujeres fueron liberadas y otras enfrentan cargos que, de confirmarse, implicarían penas de prisión y no la pena capital.

El contexto incluye además ejecuciones recientes. La justicia iraní informó la muerte de dos hombres condenados por presuntos vínculos con el espionaje israelí.

“Las sentencias de muerte […] se han ejecutado esta madrugada”, señaló Mizan, que los describió como integrantes de una red asociada al Mossad, la organización de inteligencia del Gobierno de Israel.

Ambos fueron acusados de “moharebeh”, un delito que el régimen define como “librar una guerra contra Dios”, además de colaboración con grupos hostiles.

Estas ejecuciones forman parte de una serie de medidas punitivas implementadas desde el inicio del conflicto regional. Organizaciones de derechos humanos ubican a Irán entre los países con mayor número de ejecuciones a nivel global, en un escenario donde la represión interna se profundiza en paralelo a la confrontación externa.

(Con información de AFP)

El director del Mossad, David Barnea, reveló este martes que un agente de la inteligencia israelí identificado solo como “M.” murió en el extranjero mientras operaba contra Irán, y que su trabajo influyó de manera significativa en el desarrollo de la guerra con Teherán. Fue la primera mención pública de la muerte del agente.

Barnea habló durante la ceremonia del Día del Recuerdo de los caídos del Mossad, celebrada el 21 de abril.

“Las operaciones que dirigió M. combinaron creatividad, astucia y tecnología, e influyeron significativamente en el éxito de la campaña contra Irán”, dijo Barnea. “Durante la Operación Rugido de León, mi corazón se llenó de orgullo por el carácter y las acciones de M.”

El director del Mossad no especificó la identidad del agente, la fecha exacta de su muerte ni el incidente en que ocurrió. Solo indicó que M. cayó fuera de las fronteras de Israel.

Tras el discurso, medios israelíes identificaron a M. como el agente del Mossad muerto en el lago Mayor, en el norte de Italia, en mayo de 2023, cuando una embarcación en la que viajaba junto a otros agentes israelíes e italianos naufragó a causa de una tormenta repentina. Junto a él murieron dos miembros de la inteligencia italiana y la compañera del patrón de la embarcación, una ciudadana rusa.

M., que había servido 30 años en el Mossad, fue enterrado en la ciudad israelí de Askelón en un funeral al que asistió la cúpula de la agencia con sombreros y mascarillas quirúrgicas para ocultar sus identidades.

En aquella ocasión, Barnea lo había descrito como “un hombre de modales refinados, amante de la humanidad, bondadoso, sereno y discreto”, que “sabía hablar con todos en su idioma, en todos los sentidos de la palabra”.

Una operación conjunta expuesta por el naufragio

Según reportes del diario italiano La Repubblica publicados días después del accidente, el Mossad y la inteligencia italiana trabajaban juntos para impedir que Teherán obtuviera armamento avanzado. La colaboración entre ambas agencias habría comenzado a raíz de informes que señalaban la presencia de oligarcas rusos en la zona del lago Mayor, involucrados en la transferencia a Moscú de drones de fabricación iraní.

La mañana del 28 de mayo de 2023, 21 agentes de ambas organizaciones abordaron una embarcación en Sesto Calende disfrazados de turistas. La travesía los llevó hasta la Isla de los Pescadores, uno de los pequeños islotes del lago Mayor, donde almorzaron antes de emprender el regreso. Trece de los 21 agentes eran del Mossad.

A las 19:20, la embarcación fue sorprendida por una violenta tromba de agua que la hizo volcar y hundirse en cuestión de minutos. Diecinueve personas lograron nadar hasta la orilla. Cuatro quedaron atrapadas en el casco: los agentes italianos Claudio Alonzi y Tiziana Barnobi, la ciudadana rusa Anya Bozhkova —compañera del dueño del barco— y el agente israelí que los medios italianos identificaron como Erez Shimoni.

Al ser interrogados por los carabinieri, los agentes italianos supervivientes declararon ser “funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros”, mientras que los israelíes dijeron integrar “una delegación gubernamental israelí”.

Los agentes israelíes fueron trasladados de regreso a Israel en una operación de extracción de emergencia; los italianos abandonaron el hospital poco después.

El patrón de la embarcación, Claudio Carminati, enfrenta cargos por naufragio culposo, lesiones y homicidio culposo: la embarcación llevaba 21 personas a bordo pese a tener capacidad certificada para 15.

Aunque el gobierno italiano reconoció en su momento que los dos agentes italianos fallecidos estaban en servicio activo, filtró que la jornada de la tragedia era de carácter informal.

Sin embargo, los textos incorporados recientemente al memorial del Dis, el organismo coordinador de los servicios italianos, los describen como caídos “en el curso de una delicada actividad operativa con Servicios Aliados Extranjeros”, contradiciendo esa versión.

El discurso de Barnea del martes es la primera confirmación oficial israelí de que M. murió cumpliendo una misión vinculada a las operaciones contra Irán.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron en Orlando, Florida, al ex diputado y ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, quien se encontraba prófugo tras ser condenado a 16 años de prisión en Brasil por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el ex presidente Jair Bolsonaro.

El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización criminal que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía federal brasileña informó que la detención fue posible gracias a la cooperación internacional, aunque en el expediente de ICE consta que la causa del arresto inicial está vinculada a su situación migratoria y no a la solicitud de extradición.

Ramagem, que dirigió la Abin durante la administración Bolsonaro entre 2019 y 2022, fue señalado por la Fiscalía como responsable de coordinar un aparato clandestino de espionaje para monitorear a opositores del entonces presidente y recopilar información destinada a desacreditar el sistema electoral brasileño.

Tras la sentencia, la Cámara de Diputados le retiró el mandato y su pasaporte diplomático fue anulado, lo que imposibilitó cualquier intento de viajar legalmente fuera del país.

La fuga de Ramagem se produjo a través de la frontera con Guyana, desde el estado de Roraima, y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se refugió en Florida. En declaraciones públicas poco después de su llegada, el ex diputado afirmó sentirse “seguro” en territorio estadounidense y aseguró que contaba con el “consentimiento” del presidente Donald Trump para permanecer allí.

“Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, sostuvo Ramagem entonces.

Brasil formalizó en diciembre la solicitud de extradición ante las autoridades estadounidenses, que aún deben resolver si el proceso avanza por la vía judicial o migratoria. Aliados del ex funcionario han manifestado su intención de solicitar asilo político en el país norteamericano.

La condena a Ramagem forma parte de la macrocausa contra los responsables del intento de golpe tras la derrota del ex presidente en los comicios de 2022. El Supremo Tribunal Federal lo consideró culpable de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y conspiración contra la integridad electoral, al utilizar los recursos de la Abin para socavar la legitimidad institucional.

Este caso no es aislado entre los condenados por la intentona golpista. Recientemente, la ex diputada Carla Zambelli fue arrestada en Roma y espera la resolución de su extradición. Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, también es investigado por su rol en la campaña de presión sobre los magistrados del Supremo durante el juicio a su padre.

Además, el ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay cuando intentaba huir a El Salvador tras ser condenado a más de 24 años de prisión por su participación en la conspiración.

Paralelamente, unas cincuenta personas condenadas por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 han escapado a Argentina, donde al menos uno de ellos, Joel Borges Correa, obtuvo asilo tras ser sentenciado por los incidentes que el Supremo Tribunal Federal considera la culminación de la trama de Bolsonaro.

El arresto de Ramagem se inscribe en una serie de acciones coordinadas para capturar a los responsables del intento de golpe, mientras Brasil tramita la repatriación de fugitivos y busca cerrar el capítulo judicial de uno de los episodios más graves de su historia reciente.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)

El régimen de Irán anunció este domingo la detención de más de 170 personas acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos iniciada con el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los “enemigos”, en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad. La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte). En Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas.

En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles. La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles. Durante las operaciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales.

Las autoridades iraníes instaron a la población a colaborar informando sobre cualquier actividad sospechosa. Tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán lanzó esta campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Tel Aviv y Washington, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos.

Espionaje en Bahrein

Las autoridades de Bahrein arrestaron la semana pasada al capitán de la selección nacional de baloncesto, Hassan Nowrooz, en el marco de una campaña de detenciones masivas contra musulmanes chiíes y supuestos simpatizantes de Irán, según denunció la oposición bareiní. La Autoridad de Asuntos de Prisioneros de Baréin (AAPB) indicó en un comunicado que la Fiscalía ordenó la detención de Nowrooz durante siete días mientras se lleva a cabo una investigación.

La Fiscalía acusó a Nowrooz de participar en la procesión fúnebre de Mohamed al Mousawi, un ciudadano bareiní arrestado a mediados de marzo. De acuerdo con organizaciones locales, Al Mousawi fue detenido por publicar opiniones personales en redes sociales favorables a Irán durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel.

El cuerpo de Al Mousawi fue entregado a su familia el 27 de marzo en la morgue de un hospital militar, con graves signos de tortura, según la nota. No se ha dado explicación sobre la causa de la muerte del joven de 32 años ni sobre su paradero desde su desaparición forzada el 19 de marzo.

Nowrooz es el tercer deportista arrestado desde el inicio de la campaña, después de los futbolistas internacionales Ahmed Mirza Mousa y Mohamed Abdalá, según organizaciones de derechos humanos. Las mismas organizaciones sitúan en más de 280 el número de bareiníes detenidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La mayoría de los arrestados son chiíes, y han sido detenidos bajo el pretexto de grabar y publicar vídeos de los ataques iraníes lanzados contra Baréin en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes. Varios también fueron arrestados por presunto espionaje para Irán.

El ejército de Israel comunicó que eliminó a Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh, identificado como “un terrorista clave en la sede de producción de cohetes y medios de combate de Hamas” en el centro de la Franja de Gaza. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al-Shawakh operaba “bajo la cobertura de periodista de Al Jazeera" y utilizaba esta identidad para actividades vinculadas a los terroristas de Hamas. El comunicado señaló que al-Shawakh estuvo involucrado en la producción y traslado de drones, cohetes y otros medios de combate.

Las FDI detallaron que, antes del ataque, implementaron “medidas para minimizar el daño a los civiles, incluyendo el uso de armamento preciso, observaciones aéreas e inteligencia adicional". El ejército israelí afirmó que el objetivo representaba “una amenaza para las fuerzas en el área”.

El jueves, el ejército israelí manifestó que un periodista de Al Jazeera muerto la víspera en Gaza era un combatiente de Hamas que actuaba encubierto como reportero. La cadena de televisión qatarí denunció “el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba al oeste de la Franja de Gaza". Según la televisora, “su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el hecho.

En febrero de 2024, el ejército israelí acusó a al-Shawakh de pertenecer al ala militar de Hamas y difundió imágenes que, según afirmó, lo mostraban manipulando sistemas de armas. Estas imágenes, según el ejército, fueron encontradas en un ordenador incautado durante una redada en Gaza.

Al Jazeera notificó que Mohammed al-Shawakh falleció después de que un dron israelí impactara su vehículo en el oeste de la Franja de Gaza. El canal sostuvo que el hecho constituye “un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”.

Un ciudadano israelí fue acusado de realizar espionaje

La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel informaron la semana pasada del arresto de un ciudadano israelí acusado de realizar misiones para una “entidad hostil” durante la guerra contra Irán, tras haber sido contactado por agentes extranjeros a través del canal catarí de noticias Al Jazeera.

“Mekdad Mudar Hosni Natur, ciudadano israelí residente en Qalansawa (centro de Israel), fue arrestado para ser interrogado bajo sospecha de contactar con una entidad de inteligencia extranjera y realizar misiones bajo su dirección”, recoge un comunicado conjunto de estas fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el acusado habría establecido contacto inicial con la cadena catarí en busca de empleo, tras lo cual fue remitido a un individuo que actuaba en nombre de una entidad considerada “hostil” por Israel.

Según la nota policial, tras el inicio de la guerra contra Irán la relación entre ambas partes pasó a desarrollarse mediante canales encubiertos. Natur habría sido instruido para recabar información sensible, como "ubicaciones de impacto de misiles, el número de heridos en hospitales, el número de fallecidos, así como información sobre el estado de ánimo de la población israelí“.

La estadounidense Virginia Hall las tenía todas en contra para cumplir su sueño de ser diplomática: un accidente la había dejado sin una pierna y, además, era mujer en una época donde el oficio estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Otra podría haberse sentido derrotada y abandonar toda ilusión, pero ella no. Si la diplomacia le había cerrado la puerta, se esforzó por abrir otra tanto o más difícil, la del mundo del espionaje, y lo logró. No en para su país natal sino para Gran Bretaña, al servicio de la cual descolló durante la Segunda Guerra Mundial y no sentada frente a un escritorio para analizar información sino jugándose la vida en la Francia ocupada. Se la conocía como “Marie Monin”, “Diane”, “Marie of Lyon”, “Camille”, e incluso “Nicolas”, pero siempre será recordada como “Germaine”, la espía renga que puso en ridículo una y otra vez al nazi Klaus Barbie, el temible “Carnicero de Lyon”.

Barbie estaba tan desesperado por capturarla que una mañana de mayo de 1942 los habitantes de esa ciudad francesa encontraron las paredes “decoradas” con el retrato –en realidad un identikit muy elaborado– de una mujer. Los carteles que reproducían su supuesto rostro habían sido impresos y pegados por orden de la Gestapo local -en sintonía con el gobierno colaboracionista de Vichy-, como último recurso para atraparla. Debajo del retrato se leía: “Esta mujer que cojea es una de las más peligrosas agentes de los aliados en Francia, y debemos encontrarla y destruirla”. La llamaban “Germaine”, ni los nazis ni la resistencia francesa conocían su verdadero nombre, que era un secreto que solo compartían dos personas dentro del Servicio de Operaciones Especiales (SOE) británico.

Para la fecha en que la Gestapo imprimió los carteles con su identikit ya se había convertido en una leyenda: era la primera mujer espía enviada por los británicos a un territorio ocupado, había armado una red de agentes locales que era un dolor de cabeza para los nazis y montado un equipo radial móvil que enviaba casi diariamente información a Londres sin que lo detectaran. En los meses siguientes y hasta el final de la guerra, “Germaine” sería protagonista de otras hazañas: rompería el cerco en que ya la creían atrapada, cruzaría –con su pierna de madera– los Pirineos en pleno invierno para llegar a España, y retornaría a Londres sólo para volver a Francia y colaborar con la preparación del terreno para el “Día D”.

Terminada la guerra se convirtió en la primera mujer que se incorporó a la CIA, donde se la consideraba una leyenda viviente. En su homenaje, en 2019 el Museo Internacional del Espionaje, en Washington, montó una exposición permanente sobre “la espía coja”, donde se pueden ver muchas de sus pertenencias, la identificación falsa que usó como corresponsal norteamericana en Francia y una de las valijas con radiotransmisor que utilizo en sus misiones. Su vida también fue contada, aunque con muchas licencias de ficción, ese mismo año por la película A Call to Spy, donde la encarna Sarah Megan Thomas.

Una pierna llamada “Cuthbert”

Virginia Hall Goilott nació el 6 de abril de 1906 en Baltimore, Estados Unidos, y creció sabiendo que por mandato familiar estaba destinada a grandes cosas y fue preparada para lograrlas. Estudió en el Radcliffe College, facultad para mujeres de la Universidad de Harvard; en el Barnard College, la facultad femenina de la Universidad de Columbia, y un posgrado en la Universidad Americana de Washington D. C., donde aprendió francés, italiano y alemán. Viajó por Europa y estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París, en la Konsularakademie de Viena y en Alemania.

Cuando terminó sus estudios de posgrado aceptó un puesto de secretaria en la Embajada de Estados Unidos en Varsovia y desde allí fue trasladada a Esmirna, en Turquía. Parecía el inicio de una prometedora carrera diplomática, porque Virginia Hall consideraba ese puesto de secretaria como el primer escalón hacia lo más alto de cuerpo exterior de los Estados Unidos. Sabía que como mujer sería difícil ir más allá de ese cargo, pero estaba dispuesta a poner todo su esfuerzo por lograrlo.

Entonces sufrió una desgracia que le puso las cosas todavía más difíciles. Cuando participaba de una partida de caza en la península de Anatolia, Turquía, tropezó y se disparó accidentalmente con la escopeta en la rodilla. La herida no era grave en sí, pero demoraron en atenderla, la pierna se le gangrenó y debieron amputársela para salvarle la vida. Desde entonces utilizó una pierna ortopédica –la de mejor calidad que podía conseguirse en esos tiempos– que le permitía caminar pero que no impedía que lo hiciera con una leve cojera. Virginia llamó “Cuthbert” a esa pierna y hablaba de ella como si se tratara de una persona.

Ese accidente le cambió la vida. Si ser mujer ya era un obstáculo para avanzar en la carrera diplomática, la discapacidad se transformó en un impedimento real. El Departamento de Estado rechazó su ingreso a la carrera diplomática. Podría seguir siendo una empleada administrativa de confianza, pero no avanzar más allá.

Una reciente investigación sobre la vida de Hall dejó en claro, sin embargo, que lo de la pierna fue una excusa utilizada por el Departamento de Estado para impedirle seguir la carrera diplomática. En Una mujer sin importancia, una biografía de Hall publicada en 2020, la historiadora Sonia Purnell sostiene que “ser mujer fue un obstáculo en su carrera, porque no se comportaba como se suponía que debían hacerlo las mujeres en aquel entonces, y su coraje, su ambición, hizo que muchos hombres se sintieran amenazados”. Y aporta una prueba: “Aparentemente la rechazaron porque le había sido amputada una pierna, pero sé de al menos otro hombre que había perdido ambas piernas en la Primera Guerra Mundial y que, justo en la misma época, no tuvo problemas para unirse” al servicio diplomático de los Estados Unidos.

Dos mujeres decididas

Al ver frustrada su carrera, Hall decidió abandonar su puesto de secretaria administrativa y buscar destinos más interesantes. Durante meses perfeccionó su manera de caminar con “Cuthbert” hasta que logró que su cojera pasara casi inadvertida –podía, incluso, correr con cierta dificultad- y también aprendió a andar en bicicleta usando la pierna ortopédica. Para entonces, el fascismo y el nazismo avanzaban en Europa y Hall decidió aportar lo suyo para detenerlos. Viajó a Francia y se incorporó al servicio de ambulancias como voluntaria, pero el avance de las tropas alemanas ya era incontenible. Cuando los franceses se rindieron, escapó en bicicleta hasta la costa y pudo embarcarse en uno de los últimos ferrys que zarparon hacia Gran Bretaña.

Su llegada a Londres pareció al principio un paso atrás en su vida. Sin recursos, se presentó en la Embajada de los Estados Unidos y consiguió –dados sus antecedentes en Varsovia y Esmirna– que la volvieran a emplear como secretaria. Sin embargo, ese aparente retroceso le abrió una puerta que cambiaría para siempre su vida. En uno de los tantos eventos sociales del cuerpo diplomático conoció a una mujer tan postergada como ella –en este caso también por su género y por su condición de extranjera en Londres– pero con el poder suficiente como para abrirle una nueva puerta: la del mundo del espionaje en tiempos de guerra.

La mujer se presentaba como Vera Atkins, pero su verdadero nombre era Vera May Rosenberg, nacida en Rumania en 1908, hija de la ciudadana británica Hilda Atkins y del ciudadano alemán –de origen judío- Max Rosenberg. Vera había estudiado francés en la Sorbona hasta que la invasión alemana a Francia la llevó también a ella a Londres. Por contactos familiares pudo ingresar, pese a ser extranjera, a la Sección F, o Sección Francesa, de la Dirección de Operaciones Especiales (SOE), una organización secreta creada por Winston Churchill.

En el organigrama de la SOE, Atkins figuraba como la secretaria del coronel Maurice Buckmaster. Al principio lo fue, pero el militar descubrió rápidamente sus aptitudes como organizadora y –pese a que por su condición de extranjera siguió con ese cargo administrstivo– la hizo su asistente personal, la capacitó personalmente en el trabajo de inteligencia y le dio la tarea de reclutar mujeres para que cumplieran misiones detrás de las líneas enemigas como mensajeras y operadoras de radio.

Cuando conoció a Virginia Hall, Vera Atkins supo que había descubierto una verdadera pieza de oro para la inteligencia británica. Hall hablaba alemán, italiano y francés muy correctamente, pero, y sobre todo, su inglés norteamericano –cuando los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra– le permitía encarnar a la perfección el personaje de cobertura de buscaba: la de corresponsal de un diario estadounidense en la Francia ocupada. Su cojera, además, en lugar de jugarle en contra, reforzaba su cobertura mostrándola como “inofensiva”. Atkins y el coronel Buckmaster se ocuparon personalmente de entrenar a Virginia como espía y operadora de radio, manejo de armas y colocación de explosivos. Su último entrenamiento fue como paracaidista. Para principios de 1941 ya estaba lista para su primera misión en territorio enemigo.

“Germaine” entra en acción

Con documentos de identidad y una credencial de prensa falsos, Virgina Hall se lanzó en paracaídas en la Francia ocupada, en las cercanías de Lyon, donde la esperaba un contacto de la Resistencia Francesa. Su principal objetivo era garantizar organizar la repatriación segura –mediante vuelos clandestinos– de los pilotos británicos cuyos aviones habían sido derribados sobre suelo francés y servir de apoyo a otros agentes del SOE, que la conocían solo por su nombre en clave, “Germaine”.

Su cobertura como periodista y esa discapacidad que la mostraba como inofensiva le permitieron también conseguir información incluso de fuentes enemigas, entrevistando a altos mandos militares en Lyon. Además, pudo armar una red de agentes locales bajo el nombre de “Heckler”, con lo que consiguió casas seguras para operar y a los que también capacitó para operaciones de sabotaje con explosivos.

Durante más de un año pudo trabajar sin ser descubierta, pero a mediados de 1942 debió dejar su papel de corresponsal extranjera porque esa cobertura no resistía más. Los rumores sobre la existencia de “una espía coja” que trabajaba con la Resistencia habían llegado a oídos de la Gestapo y su jefe, Klaus Barbie, “El Carnicero de Lyon”. Desde entonces, Atkins siguió trabajando en la más completa clandestinidad. Era la mujer más buscada de la ciudad.

Pese a sus precauciones, para noviembre de 1942 estaba prácticamente acorralada. Barbie había logrado infiltrar a un agente en la Resistencia y los miembros de la red de espionaje armada por Hall empezaron a caer uno tras otro. El agente llamaba Abbe Ackuin, utilizaba el nombre en clave de “Bishop” (“Obispo”, en inglés), y su principal misión era detectar y capturar a la ya legendaria “dama coja”.

Al saberlo, el Servicio de Operaciones Especiales británico le ordenó que saliera de Lyon y tratara de volver a Londres. Le dijeron también que era imposible sacarla en un vuelo clandestino, ya que la infiltración en la Resistencia los hacía imposibles, y que encontrar cómo salir por sus propios medios. Virginia huyó de Lyon en bicicleta y logró atravesar el cerco que se había montado para capturarla. Gracias a sus contactos locales de mayor confianza pudo organizar su salida de Francia por una ruta que parecía imposible para una mujer con su discapacidad: atravesando los Pirineos con la ayuda de un guía.

Lo logró, aunque llegar a territorio español no terminó con sus dificultades. Fue detenida cerca de la frontera por la Guardia Civil por entrar al país sin visa y encarcelada en Figueres durante seis semanas. Su condición de ciudadana norteamericana la salvó de ser devuelta a Francia y entregada a los nazis hasta que, finalmente, las presiones de la Embajada estadounidense sobre Francisco Franco hicieron que fuera liberada y pudiera viajar a Inglaterra. Su carrera como espía en territorio enemigo parecía terminada. Pero no fue así: todavía la esperaba una misión de importancia decisiva para el curso de la guerra.

Las mujeres del Día “D”

A mediados de 1943, Vera Atkins y el coronel Buckmaster le pidieron que, pese a los riesgos, aceptara una nueva misión. Cuando les preguntó de qué se trataba, solo le dijeron que se iría enterando paso a paso. No podían decirle que se trataba de apoyar una misión de desembarco. Virginal Hall aceptó. En esta ocasión se lanzó sobre territorio francés junto con otras mujeres del SOE -Diana Rowden, Violette Szabo y Lilian Rolfe– que sabían tanto como ella de la misión que deberían cumplir.

En el territorio ocupado, Virginia adoptó una cobertura completamente diferente a la anterior. Ya no era una periodista norteamericana sino una anciana francesa de nombre Marcelle Montagne, que trabajaba en el pueblito de Crozant, apenas un punto en el mapa del centro del país, en la granja de un campesino francés cuidando vacas y haciendo quesos. Desde allí recopilaba información sobre los movimientos de las tropas alemanas y coordinaba con la Resistencia las acciones de sabotaje para impedir su avance.

Esa cobertura le duró poco, los nazis capturaron y torturaron a una decena de campesinos franceses sospechosos de pertenecer a la Resistencia y uno de ellos reveló la existencia de la agente inglesa disfrazada de anciana. “Los lobos están en la puerta”, transmitió Virginia por última vez desde la granja de Crozant y huyó hacia Cosne, donde retomó el contacto y recibió una nueva misión; organizar grupos operativos de resistentes franceses que se encargaran de volar vías ferroviarias, puentes, rutas e instalaciones del ejército alemán para demorar su avance hacia Normandía para resistir el desembarco aliado.

La participación de Hall fue considerada “vital” por la inteligencia aliada en los pasos que faltaban dar para el complejo “Día D”, cuyo eje requería alto grado de secreto porque el lugar exacto del desembarco en Normandía no podía llegar a oídos de la Wehrmatch, a la cual la resistencia debía hostigar para restarle capacidad a las fuerzas empeñadas en hacer frente a la legión anglo-norteamericana que significaría un duro golpe a Hitler, quien ya retrocedía en el frente oriental.

“Heroína de guerra”

Luego de la liberación de Francia, Virginia Hall fue destinada a Paris para cumplir sus últimas misiones hasta su vuelta a Londres, donde fue recibida como una “heroína de guerra” y recibió condecoraciones de tres países. Francia le otorgó la Croix de Guerre avec Palme, Gran Bretaña la convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico, y el gobierno de los Estados Unidos le entregó la Cruz del Servicio Distinguido. Su amiga, reclutadora y mentora Vera Atkins también logró un tardío reconocimiento por su labor en la guerra: le concedieron la ciudadanía británica que le habían negado durante años y le otorgaron el grado de oficial de inteligencia que merecía desde hacía mucho tiempo.

Poco después, su país natal –el mismo que le había cerrado las puertas de una carrera diplomática– le hizo una oferta que no pudo ni quiso rechazar: ser la primera mujer en incorporase a la flamante Central Intelligence Agency (CIA). Fue una de las primeras mujeres en alcanzar cargos de alto nivel en la agencia de espionaje estadounidense, para la que trabajo hasta 1966, cuando debió jubilarse obligada por la edad.

Virginia Hall murió por causas naturales el 8 de julio de 1982 en Rockville, Maryland, a los 76 años. Siempre se sintió orgullosa de las condecoraciones recibidas por su desempeño en la guerra, pero su mayor satisfacción era que Klaus Barbie la hubiese calificado como “la más peligrosa de todas las espías aliadas”.

El espionaje a través de smartphones se ha convertido en uno de los riesgos digitales más peligrosos y difíciles de detectar en la actualidad. Los ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para acceder a información confidencial como contraseñas, fotografías, registros de llamadas, correos electrónicos y datos de ubicación, sin que la víctima perciba señales evidentes.

Detectar a tiempo si un dispositivo está siendo espiado y aplicar medidas preventivas puede evitar consecuencias graves, desde estafas hasta el robo de identidad.

Cómo actúan los ciberdelincuentes para espiar un smartphone

La instalación de malware mediante aplicaciones de fuentes no oficiales o a través de páginas web comprometidas es uno de los métodos más frecuentes para intervenir un teléfono móvil. Este software malicioso, conocido como spyware, opera en segundo plano y otorga al atacante acceso remoto a la información almacenada en el dispositivo. De este modo, los delincuentes pueden interceptar mensajes, registrar llamadas y hasta controlar funciones clave del teléfono sin el conocimiento del usuario.

Otro punto de riesgo lo representan las redes wifi públicas, habituales en lugares concurridos como cafeterías, aeropuertos y centros comerciales. Al conectarse a estas redes, el tráfico de datos personales puede ser interceptado fácilmente por terceros, quienes pueden captar contraseñas, información bancaria o detalles de navegación en tiempo real. Esta vulnerabilidad incrementa las probabilidades de espionaje y robo de datos.

Señales para detectar un posible espionaje en tu móvil

Aunque el espionaje digital es difícil de identificar, existen algunas señales de alerta que pueden indicar la presencia de software malicioso o actividades sospechosas:

• Aparición de anuncios relacionados con temas recientes conversados cerca del teléfono: Si tras hablar sobre un asunto específico comienzan a llegar anuncios o sugerencias relacionadas, podría haber una app accediendo al micrófono o recolectando datos de manera indebida.
• Consumo inusual de batería o datos: Un aumento repentino en el gasto de batería o en el uso de datos móviles puede deberse a aplicaciones espía funcionando en segundo plano.
• Instalación de aplicaciones desconocidas: Detectar apps no reconocidas o que no recuerdas haber instalado es un indicio de posible intrusión.
• Alertas sobre actividad en segundo plano: Mensajes o notificaciones sobre procesos activos, sin razón aparente, también deben ser motivo de revisión.

La presencia de cualquiera de estos síntomas amerita una revisión de los permisos concedidos a las aplicaciones y el uso de herramientas de seguridad para detectar amenazas.

Medidas de protección y hábitos recomendados

Para minimizar el riesgo de espionaje en el smartphone, se recomienda adoptar las siguientes prácticas:

• Reiniciar el dispositivo de forma periódica: Esto interrumpe procesos maliciosos que puedan estar activos en segundo plano.
• Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales: Google Play Store y App Store cuentan con filtros de seguridad que reducen el riesgo de instalar apps maliciosas.
• Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones: Las actualizaciones incluyen parches y mejoras de seguridad que corrigen vulnerabilidades.
• Limitar los permisos de las aplicaciones: Revisa y restringe el acceso a la cámara, el micrófono y otros recursos sensibles solo a las apps imprescindibles.
• Evitar el uso de wifi público para operaciones sensibles: No ingreses contraseñas ni accedas a información confidencial desde redes abiertas.

Cómo restringir el acceso a cámara y micrófono

Controlar los permisos de las aplicaciones es fundamental para la privacidad. Los pasos para restringir estos accesos dependen del sistema operativo:

En Android:

• Ingresa a Ajustes o Configuración.
• Selecciona Seguridad y privacidad o Privacidad.
• Accede a Administrador de permisos o Controles de privacidad.
• Elige Cámara o Micrófono y revisa qué aplicaciones tienen acceso.
• Modifica los permisos según tu preferencia: “No permitir” o “Permitir solo con la aplicación en uso”.

En iOS:

• Entra a Configuración y luego a Privacidad y seguridad.
• Selecciona Cámara o Micrófono.
• Desactiva los permisos para las aplicaciones que no deberían acceder a estos recursos.

Hay una ironía en el corazón de la revolución tecnológica del espionaje: cuanto más sofisticadas son las herramientas digitales disponibles para los servicios de inteligencia, menos confiables se vuelven las comunicaciones que esas mismas herramientas producen. Y esa paradoja está rehabilitando métodos que parecían condenados a los museos de la Guerra Fría.

El argumento lo desarrolla Thomas Mulligan, investigador de la corporación RAND con experiencia previa en inteligencia, en un artículo académico reciente que está generando debate en círculos especializados. Su tesis central es provocadora: la inteligencia artificial, lejos de liquidar el espionaje humano tradicional, podría estar dándole una segunda vida.

La razón es técnica pero tiene consecuencias muy concretas. La IA ya permite fabricar videos, voces y mensajes escritos prácticamente indistinguibles de los reales. En ese entorno, cualquier comunicación digital —un mensaje de texto, una videollamada, un correo— carga con una sospecha nueva y permanente. No importa cuán seguro sea el canal: el problema ya no es solo que alguien pueda interceptarlo, sino que lo que llega por ese canal puede ser directamente falso.

Eso cambia el cálculo de fondo. “Si un amigo me dice, cara a cara, que está en problemas y necesita dinero, puedo estar seguro de que es verdad”, escribe Mulligan. El mismo mensaje por vía electrónica, en cambio, se vuelve estadísticamente más sospechoso que genuino.

El valor de lo analógico

En ese contexto, técnicas que llevan siglos en el repertorio del espionaje recuperan una ventaja que nadie había pensado que necesitarían recuperar. Los dead drops —escondites físicos donde agentes y fuentes depositan materiales sin necesidad de verse— no solo evitan el contacto directo entre las partes, sino que ofrecen algo que ningún sistema digital puede garantizar hoy: la certeza de que la información proviene de un ser humano real y no de un sistema automatizado de engaño.

Lo mismo vale para los intercambios breves y aparentemente casuales en lugares públicos, donde dos personas se cruzan y transfieren materiales en cuestión de segundos. La ausencia de intermediación digital es, paradójicamente, su mayor fortaleza en la era de la IA.

Esta lógica invierte décadas de supuestos sobre hacia dónde evolucionaría el espionaje. La visión dominante sostenía que la tecnología iría desplazando progresivamente al agente humano en favor de métodos de recolección más escalables y menos riesgosos. Mulligan no descarta ese proceso, pero señala que tiene un límite que la propia tecnología está imponiendo.

IA como herramienta, no como reemplazo

Mulligan tampoco plantea un retorno nostálgico al pasado. La IA, sostiene, tiene un rol legítimo y valioso dentro de las operaciones de inteligencia humana, particularmente en una de sus dimensiones más difíciles: la persuasión. “Una parte central del trabajo de un oficial de caso es convencer a alguien de hacer cosas que pueden ser difíciles, peligrosas y estresantes”, dijo en una entrevista con el medio especializado Nextgov/FCW. “Creo que la IA tiene un rol constructivo para mejorar esa capacidad.”

Pero hay una línea que, en su opinión, no conviene cruzar. Delegar demasiado en las máquinas en una relación que es, por definición, profundamente humana conlleva riesgos que van más allá de la eficiencia operativa. “Mi opinión es que la inteligencia humana tendrá que mantener un elemento humano real y esencial en el futuro previsible”, afirmó.

El espionaje nació como un oficio de personas que observaban, persuadían y se ganaban la confianza de otras personas. Sobrevivió a la era industrial, a la nuclear y a la digital. La pregunta que plantea Mulligan es si la inteligencia artificial, en lugar de ser la tecnología que finalmente lo reemplazara, terminará siendo la que lo confirme como irremplazable.

WhatsApp notificó a unos 200 usuarios que fueron víctimas de un engaño mediante la descarga de una versión falsa y maliciosa de su aplicación de mensajería, diseñada específicamente para instalar software espía en iPhones.

Según un comunicado compartido con TechCrunch, la compañía identificó proactivamente a los afectados, principalmente en Italia, y procedió a cerrar sus sesiones, alertarlos sobre los riesgos de seguridad y recomendar la desinstalación inmediata de la app falsa.

El fabricante italiano de software espía SIO fue señalado como responsable de crear esta versión no oficial de WhatsApp. “Nuestro equipo de seguridad identificó de forma proactiva a unos 200 usuarios, principalmente en Italia, que creemos que podrían haber descargado este cliente no oficial malicioso”, explicó WhatsApp.

“Les hemos alertado sobre los riesgos para su privacidad y seguridad que conlleva la descarga de clientes no oficiales falsos y les hemos recomendado que descarguen la aplicación oficial”, prosigue el comunicado.

Acciones y advertencias de WhatsApp

Margarita Franklin, vocera de WhatsApp, declaró al medio que la empresa no puede revelar, por el momento, si las personas afectadas incluyen periodistas o miembros de la sociedad civil.

“Nuestra prioridad ha sido proteger a los usuarios que pudieron haber sido engañados para descargar esta aplicación falsa de iOS”, aseguró Franklin. Además, la compañía anunció que planea “enviar una demanda legal formal para detener cualquier actividad maliciosa de este tipo a esta empresa de software espía”.

El caso fue reportado inicialmente por el diario italiano La Repubblica y la agencia de noticias ANSA, que alertaron sobre la propagación de la aplicación falsa y la reacción inmediata de WhatsApp para mitigar el impacto.

SIO y el historial del spyware Spyrtacus

El año pasado, una investigación de TechCrunch ya había vinculado a SIO con el desarrollo de una serie de aplicaciones maliciosas para Android. Entre ellas se detectaron versiones falsas de WhatsApp y herramientas falsas de atención al cliente para operadoras telefónicas.El

software espía, identificado como Spyrtacus por su aparición en el código, había sido utilizado previamente en campañas de vigilancia y espionaje.

SIO desarrolla software espía para agencias gubernamentales a través de su filial ASIGINT. En Italia, la utilización de aplicaciones falsas como táctica de vigilancia es una práctica habitual, a menudo con la colaboración de proveedores de telefonía móvil, quienes envían enlaces de phishing a usuarios en nombre de las fuerzas del orden.

Antecedentes de espionaje y vigilancia en WhatsApp

El anuncio de WhatsApp se produce un año después de que la empresa alertara a unos 90 usuarios sobre un ataque con spyware fabricado por la empresa estadounidense-israelí Paragon Solutions. En ese momento, las víctimas incluyeron periodistas y activistas proinmigración, provocando un escándalo que llevó a Paragon a cortar relaciones con las agencias de espionaje italianas que eran sus clientas.

Estos episodios subrayan un patrón de ataques dirigidos a personas seleccionadas mediante aplicaciones falsas o versiones manipuladas de servicios populares. La reiteración de incidentes en Italia sugiere que estas estrategias gozan de cierta tolerancia institucional y que continúan representando un riesgo para la privacidad y la seguridad digital.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

WhatsApp insiste en la importancia de descargar únicamente aplicaciones oficiales desde tiendas verificadas y evitar instalar clientes no oficiales o enlaces recibidos por canales no confiables. Las víctimas pueden haber sido seleccionadas por su perfil profesional o actividad social, aunque la empresa aún no ha confirmado este dato.

Apple y SIO no respondieron a las consultas de los medios sobre el incidente. Mientras tanto, WhatsApp continúa monitoreando el caso y prepara acciones legales para frenar la actividad de empresas que fabrican y distribuyen este tipo de software espía.

La proliferación de apps falsas y spyware pone de relieve la necesidad de fortalecer la educación digital, así como la vigilancia y la actuación judicial frente a las amenazas que afectan la privacidad de los usuarios a escala global. La recomendación sigue siendo clara: utilizar siempre la aplicación oficial y mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa en los dispositivos móviles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido denunció que diplomáticos británicos en Rusia enfrentan una campaña caracterizada como cada vez más agresiva y coordinada, según consignó Europa Press. La declaración surge tras la expulsión de un alto funcionario de la embajada británica en Moscú, a quien las autoridades rusas acusaron de espionaje y otorgaron un plazo de dos semanas para abandonar el país. Este incidente, según la versión oficial del gobierno británico, forma parte de un plan de acoso dirigido tanto contra el personal diplomático como contra sus familias, y el Reino Unido afirmó públicamente que no tolerará este tipo de intimidaciones.

Según comunicó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico a Europa Press, las acusaciones lanzadas por Rusia han sido calificadas como completamente inaceptables, posicionando la respuesta oficial del Reino Unido como una muestra de rechazo rotundo hacia los señalamientos vertidos por el gobierno ruso. El representante diplomático detalló que las autoridades rusas han difundido, en palabras textuales, “acusaciones maliciosas totalmente infundadas sobre su labor”. De acuerdo con los portavoces británicos, el funcionario afectado debe salir del país conforme a la decisión tomada por la inteligencia rusa, que lo señala de haber realizado actividades de espionaje encubierto, una afirmación que Londres niega categóricamente.

La reacción de las autoridades británicas también se encaminó a destacar el impacto personal que generan este tipo de medidas en los trabajadores diplomáticos y sus entornos. El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el Reino Unido mantendrá su posición de no tolerancia ante cualquier intento de presión o intimidación dirigida hacia su personal destacado en la embajada ni hacia sus familias, reforzando que las familias del personal diplomático forman parte del colectivo que estaría siendo objeto de hostilidades, según recabó Europa Press.

La expulsión del alto cargo fue comunicada oficialmente por las autoridades rusas, acompañada de una acusación formal de espionaje encubierto, lo que desencadenó la actual tensión diplomática. Moscú otorgó un plazo concreto de catorce días para que el funcionario británico abandone el territorio, una acción que se suma a una dinámica reciente de crecientes fricciones entre ambos gobiernos.

Tal como reportó Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico interpretó el movimiento de Rusia no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia deliberada que busca erosionar la presencia y la labor diplomática británica en el país. La denuncia de campañas de acoso incluye la referencia a prácticas de difusión de información infundada, con el propósito de debilitar la posición internacional de los diplomáticos británicos.

El conflicto diplomático se inscribe en una serie de interacciones previas que han venido deteriorando las relaciones bilaterales entre Londres y Moscú. En este contexto, la política británica frente a este tipo de incidentes se afirmó a través del compromiso manifiesto del Ministerio de Exteriores con la protección de su personal y la insistencia en que acciones como la reciente expulsión no quedarán sin respuesta política y diplomática.

La postura pública reafirmada por el Reino Unido tras la decisión de Rusia fue presentada ante la prensa, priorizando la defensa de la integridad de su misión diplomática y la denuncia de lo que describen como intentos reiterados de acoso. Según puntualizó Europa Press, el gobierno británico dejó claro que comunicará internacionalmente los detalles del caso y buscará respaldo ante lo que considera una coacción injustificada.

La evolución de la confrontación diplomática muestra la persistencia de tensiones significativas entre el Reino Unido y Rusia, reflejo de desacuerdos políticos más amplios y de la desconfianza mutua que ha caracterizado sus vínculos recientes. La situación de la embajada británica en Moscú, así como el clima que enfrentan los diplomáticos británicos y sus familias, permanecerá bajo vigilancia mientras se desarrollan nuevas acciones en este contexto, según siguió informando Europa Press.

Villarejo, en uno de sus correos remitidos en noviembre de 2016 al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, enfatizó su sensación de abandono y acusó a Martínez de haber permitido campañas orquestadas en su contra que habrían involucrado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estas comunicaciones, según reportó el medio, han sido presentadas como prueba por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio de la 'Operación Kitchen', proceso que abordará el presunto espionaje dirigido desde el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy y que pone en el punto de mira a varios altos cargos, ahora bajo sospecha judicial.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía y consignada por los canales formales, los correos electrónicos datan del 13 de noviembre de 2016, cinco días antes de que Martínez fuera destituido de su cargo como número dos del ministerio. En ellos, el excomisario José Manuel Villarejo expresa directamente sus reproches a Martínez, indicando que “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”. La Fiscalía Anticorrupción presentó estos mensajes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en vísperas de la apertura del juicio, fijada para el próximo 6 de abril.

Tal como publicó el medio, Villarejo responsabiliza en sus mensajes a Félix Sanz Roldán, quien en ese entonces dirigía el CNI, por una “campaña de descrédito” contra su figura. Señala que su caída en desgracia ante la opinión pública fue resultado de maniobras impulsadas por el servicio de inteligencia, acusando a Martínez de no haber frenado estas actuaciones. “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, transmitió Villarejo a Martínez en los referidos correos. El excomisario agregó que la actitud de debilidad del entonces secretario de Estado habría permitido que esas maniobras prosperaran.

El medio informó que Villarejo también expresó su descontento ante la negativa de concederle la condición de Honorario y la entrega de su placa policial, alegando que había dedicado su carrera profesional a la institución y que tenía derecho a ese reconocimiento conforme a la misma ley que, según sus palabras, se usó para retirarle el estatus. Villarejo solicitó respuestas claras respecto a la fecha real de su jubilación y reclamó: “Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”.

Anticorrupción, en el escrito presentado a la Audiencia Nacional, sostiene que la paciencia de Villarejo “ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, de acuerdo al propio testimonio contenido en los correos. El comisario retirado solicitaba a Martínez que actuara conforme a derecho y dejara de adoptar una posición distante frente a sus demandas, aunque terminaba sus mensajes reiterando su disposición a seguir colaborando: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

Según los registros procesales distribuidos por la Fiscalía y citados por el medio, la 'Operación Kitchen' tiene como contexto el presunto espionaje realizado en 2013 al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, supuesto encargo cuya autoría se atribuye a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. El juicio, cuya fase oral comenzará ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aborda la responsabilidad de ex altos cargos del ministerio en delitos relacionados con encubrimiento, malversación de fondos públicos y vulneración de la intimidad.

En relación a las peticiones de pena, se solicitó 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Igual condena se solicitó para Francisco Martínez, para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien ocupó el puesto de jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, reveló el medio. Por su parte, para Villarejo la Fiscalía reclama una pena de 19 años de prisión.

La suma de pruebas reunidas y aportadas por la Fiscalía pretende clarificar la implicación de los acusados y detallar la red de responsabilidades en el marco de la 'Operación Kitchen', estableciendo las conexiones y decisiones tomadas por los responsables políticos y operativos del Ministerio del Interior en ese periodo, tal como comunicó el medio.

El ciudadano ucraniano capturado en la región rusa de Bélgorod admitió, de acuerdo con las autoridades rusas, que recibió pagos por facilitar información sobre las fuerzas rusas a contactos relacionados con Kiev. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el detenido, nacido en 1990, enfrenta acusaciones de colaborar con la Inteligencia ucraniana y entregar datos precisos sobre la ubicación de soldados y equipamiento militar ruso. El FSB detalló que la información proporcionada habría sido utilizada para ejecutar ataques con misiles contra posiciones rusas.

El FSB, institución responsable de la seguridad en Rusia, comunicó que descubrió y detuvo la actividad de este individuo en la región de Bélgorod. El organismo ruso especificó que el ciudadano ucraniano mantenía comunicación directa con un contacto, quien posteriormente transmitía los datos recabados a autoridades en Kiev. Las autoridades añadieron que el objetivo principal de la operación consistía en encontrar y transmitir la ubicación exacta de grupos y material militar ruso desplegados en la zona.

Tal como publicó el FSB mediante un comunicado, la acusación se fundamenta en la sospecha de que el detenido operaba como agente encubierto para la Inteligencia de Ucrania. Las autoridades rusas atribuyen a la información transmitida el facilitar ataques con misiles, que presuntamente habrían afectado las posiciones ocupadas por las fuerzas rusas en Bélgorod.

Durante los interrogatorios, el implicado habría respondido afirmativamente a las preguntas centradas en la verificación de la magnitud de los daños causados por los ataques. Según consignó el FSB, Kiev habría solicitado al acusado la confirmación del número de bajas o heridos resultantes de las ofensivas, así como otros detalles relevantes para la elaboración de informes militares.

El medio que resultó en la divulgación de estos hechos, citado por el FSB, indicó que las autoridades federales rusas actuaron ante la sospecha de filtración de información militar estratégica, apuntando a la coordinación de esfuerzos entre las partes involucradas para causar daños en territorio ruso. La detención del ciudadano ucraniano en Bélgorod representa, para los servicios de seguridad rusos, una acción orientada a neutralizar operaciones de espionaje dirigidas desde Ucrania.

Según reportó el propio FSB, el supuesto agente confesó haber recibido compensaciones económicas a cambio de datos sobre el despliegue y los movimientos de las fuerzas rusas. Además, se le atribuye la responsabilidad de haber participado de forma voluntaria en la transmisión de estas informaciones para ser utilizadas por la parte ucraniana con objetivos militares.

La detención del ciudadano ucraniano ocurre en un contexto de creciente tensión y enfrentamientos en las zonas limítrofes entre Rusia y Ucrania, donde la circulación y protección de información sobre fuerzas militares adquiere un valor estratégico para las operaciones de ambos países. Los detalles presentados por el FSB, según recogió el comunicado oficial, incluyen la secuencia de transmisión de la información desde el acusado al vínculo operativo ucraniano, y posteriormente a las instancias gubernamentales en Kiev, atribuyéndole a estos datos un papel relevante en los ataques reportados por la parte rusa.

Una ciudadana rusa fue condenada este lunes a 12 años de prisión por alta traición, tras ser acusada de donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Tribunal Regional de Krasnodar, en el sur de Rusia, señaló en un comunicado citado por la agencia TASS que la mujer transfirió fondos usando información obtenida a través de una comunidad en internet.

Según la investigación, la acusada se suscribió a un canal dirigido por un ciudadano ucraniano en una red social, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades. En ese canal se solicitaba ayuda financiera para las tropas ucranianas y la transferencia de fondos para sus unidades. El tribunal declaró a la mujer culpable y dictó la pena de prisión.

Este lunes, también, otro tribunal ruso sentenció a dos jóvenes de 20 años a 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria. El tribunal afirmó que los jóvenes actuaron bajo instrucciones de la inteligencia ucraniana, una acusación recurrente desde el inicio del conflicto en 2022.

La semana pasada, las fuerzas de seguridad rusas informaron haber realizado un experimento para identificar potenciales saboteadores mediante señuelos en redes sociales. Estos perfiles ofrecían pagos a cambio de acciones de sabotaje, con el objetivo de captar individuos dispuestos a colaborar. Expertos han interpretado esta acción como una confesión por parte de la policía rusa de inducción al delito.

Estas sentencias y operativos se enmarcan en una serie de medidas adoptadas por Rusia desde el inicio de la guerra, reforzando la vigilancia sobre posibles actos de traición y sabotaje interno. En los últimos meses, las autoridades han incrementado el número de procesos judiciales vinculados a colaboraciones con Ucrania.

Tensiones entre Rusia y Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido acusó este lunes a Rusia de llevar a cabo una campaña “agresiva y coordinada” de acoso contra su personal diplomático en Moscú. Esta denuncia surge después de que el Ministerio de Exteriores ruso convocara a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia, para comunicar la expulsión de un diplomático bajo sospecha de espionaje y sabotaje.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso afirmó en un comunicado que el funcionario británico, segundo secretario de la embajada, intentó obtener información sensible en reuniones no oficiales con expertos rusos en economía. Además, la diplomacia rusa señaló que el diplomático presentó datos falsos al solicitar su visado y que existen indicios de vínculo con los servicios de inteligencia británicos.

Según la información oficial, la expulsión se basa en la supuesta violación de las leyes rusas y el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Moscú advirtió que no permitirá actividades de agentes secretos extranjeros en su territorio y que responderá de inmediato ante cualquier escalada por parte de Londres.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico calificó las acusaciones rusas de “completo disparate” y aseguró que el Reino Unido no tolera la intimidación de su personal diplomático ni de sus familias. Añadió que Rusia ha difundido acusaciones maliciosas e infundadas sobre la labor de los diplomáticos británicos en el país.

La Inteligencia rusa advirtió a la población sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de entablar contacto con representantes británicos fuera de canales oficiales, al tiempo que solicitó evitar encuentros informales que no cuenten con la autorización del Ministerio de Exteriores. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), estas recomendaciones se emiten tras el descubrimiento de que un diplomático británico buscaba información estratégica a través de reuniones informales con expertos locales, lo que llevó a la expulsión de dicho funcionario.

El FSB comunicó que Johann Janse van Rensburg, alto cargo de la Embajada de Reino Unido en Moscú, deberá abandonar el país en un plazo de dos semanas luego de resultar implicado en actividades que la inteligencia rusa calificó como actividades de espionaje, según publicó el medio encargado de la noticia. Las autoridades indicaron que esta actuación se enmarca en una operación de Contrainteligencia que, según el FSB, permitió sacar a la luz acciones encubiertas en el seno de la representación diplomática británica.

Tal como detalló el FSB, Van Rensburg habría intentado obtener información sensible relacionada con temas económicos de interés para Rusia. El método señalado involucraba reuniones sin carácter oficial con diversos expertos rusos, estrategia que, de acuerdo con las agencias de seguridad, fue considerada una amenaza para la seguridad nacional del Estado ruso.

El organismo ruso declaró, mediante un comunicado citado por el medio que reportó el hecho, que las operaciones atribuidas al diplomático consistían en una búsqueda sistemática de datos estratégicos, con la presunta intención de emplear estos datos en beneficio de Reino Unido. El texto difundido por el FSB afirmó que se encontraron pruebas suficientes para sostener que la conducta del funcionario ponía en riesgo la integridad de la información nacional.

Según publicó el mismo organismo, Van Rensburg habría ingresado a territorio ruso entregando “información falsa”, práctica que las autoridades vincularon con intentos de ocultar la naturaleza real de sus funciones y tareas dentro y fuera de la Embajada británica.

Adicionalmente, la Inteligencia rusa instó a los ciudadanos de su país a no participar en reuniones con personal diplomático británico en entornos no controlados oficialmente. El FSB recalcó que este tipo de encuentros pueden derivar en consecuencias penales, dado el contexto de espionaje detectado en la investigación, según consignaron las fuentes oficiales en el comunicado.

El plazo otorgado para que el diplomático abandone Rusia es de dos semanas, medida habitual en estos casos de expulsión diplomática. El caso se suma a una serie de incidentes recientes entre Moscú y gobiernos occidentales en el ámbito de la inteligencia y la actividad diplomática, aunque el FSB no emitió comentarios sobre futuras acciones o posibles repercusiones diplomáticas tras esta expulsión.

Las autoridades rusas no divulgaban detalles adicionales sobre la identidad de los expertos rusos contactados ni sobre la naturaleza concreta de la información que habría sido objeto de interés por parte de Van Rensburg. La Embajada de Reino Unido tampoco ofrecía declaraciones en el momento de la publicación original, según detalló el medio que reportó el operativo y sus consecuencias inmediatas.

El comunicado del FSB reiteró la gravedad de los hechos desde la perspectiva de seguridad interna e insistió en que la vigilancia sobre los contactos diplomáticos no organizados en canales oficiales continuará siendo prioritaria para las agencias de inteligencia rusas. Como ha ocurrido en ocasiones previas, la expulsión de personal diplomático suele generar un aumento de tensión entre los países implicados, pero hasta la información disponible en la publicación del medio consultado, no se confirmaban represalias concretas o respuestas formales por parte de Reino Unido.

El Ministerio del Interior de Kuwait ha identificado a 14 personas prófugas, incluyendo ciudadanos kuwaitíes, residentes extranjeros, individuos iraníes y libaneses, a quienes acusa de estar conectados con la organización chií libanesa Hezbolá. Según consignó el medio, estas personas forman parte de una supuesta red con vínculos con Hezbolá, a la que las autoridades atribuyen planes que incluían atentados contra figuras prominentes y líderes estatales del país. El hecho se produce tras la reciente detención de seis personas, entre ellas un extranjero cuya nacionalidad fue revocada, bajo sospecha de formar parte del mismo grupo.

De acuerdo con lo publicado por varias agencias y reportado por el Ministerio del Interior de Kuwait, las detenciones se enmarcan dentro de una serie de arrestos ejecutados en las últimas semanas. Las autoridades informaron también que, la semana anterior, arrestaron a más de una veintena de individuos relacionados con acusaciones similares, centradas en planes dirigidos contra la seguridad del Estado y la presunta pertenencia a este grupo prohibido. Según el comunicado oficial, la última operación del Servicio de Seguridad del Estado se saldó con la captura de cinco personas de nacionalidad kuwaití y un extranjero, quienes, según la investigación, habrían trazado una estrategia para perpetrar asesinatos selectivos.

El Ministerio detalló que los implicados han confesado su vínculo con Hezbolá y su participación en actividades de espionaje, además de admitir haber recibido entrenamiento militar fuera de Kuwait, donde, de acuerdo con el comunicado, aprendieron el uso de armas y explosivos. Las autoridades califican estas acciones como delitos graves y las tipifican como alta traición a la nación. En palabras del Ministerio, la red estaba reclutando a más personas para ejecutar estos planes y perpetrar atentados contra los intereses superiores de Kuwait.

El mismo reporte agrega que entre los 14 prófugos identificados por el Gobierno de Kuwait figuran cinco ciudadanos nacionales, cinco extranjeros residentes dentro del país, dos personas nacidas en Irán y dos procedentes de Líbano. Según informó el Ministerio, tras la investigación se confirmó su relación con la organización catalogada como terrorista por el Estado kuwaití.

En tanto, el grupo chií libanés Hezbolá ha respondido mediante un comunicado transmitido por la cadena Al Manar. La organización rechaza todos los señalamientos, calificando las acusaciones como “infundadas, falsas y totalmente inaceptables”. Además, insiste en que “no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait”, afirmación que el grupo ha reiterado públicamente en varias ocasiones, según publicó el mismo canal.

El Ministerio del Interior kuwaití mantiene que continúa con los procedimientos judiciales y las investigaciones para identificar e interceptar a quienes considera amenazas a la estabilidad del país. Desde el inicio de las detenciones, las autoridades han subrayado la gravedad de los delitos atribuidos, sosteniendo que los acusados planeaban atentar directamente contra responsables públicos de alto nivel y debilitar las instituciones del Estado.

La investigación sigue abierta, con las fuerzas de seguridad kuwaitíes centradas en la búsqueda y captura de los prófugos identificados y en el análisis de las posibles ramificaciones de la red detectada. Las acciones adoptadas por Kuwait han recibido amplia cobertura mediática interna y han derivado en debates públicos sobre la seguridad nacional y la influencia de grupos extranjeros en la región, según consignó el medio que hizo público el comunicado del Ministerio del Interior.

El hombre de nacionalidad ucraniana detenido en Elda, Alicante, en el marco de una investigación sobre espionaje internacional, habría recopilado información tanto mediante métodos presenciales como a través de redes sociales sobre un empresario alemán dedicado al suministro de drones y tecnología a Ucrania. Según detalló el medio El País, la operación se enmarca en una investigación de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y ha contado con la colaboración de la Policía Nacional española.

De acuerdo con la información publicada por El País, el detenido, de 43 años, compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional tras haber sido arrestado por agentes españoles el pasado martes en la provincia de Alicante. La causa se inició a instancias de las autoridades alemanas, que habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por presuntos delitos de espionaje vinculados a intereses rusos.

El sospechoso, según consignó la Policía Nacional en una nota de prensa citada por El País, está acusado de vigilar a un ciudadano alemán implicado en el envío de drones y materiales tecnológicos a Ucrania en el contexto de la guerra. Las investigaciones coordinadas por la Fiscalía General de Alemania apuntan a que el ciudadano ucraniano desempeñó labores de seguimiento y obtención de información sensible sobre su objetivo en Alemania antes de trasladarse a España.

La vigilancia sobre el empresario alemán incluyó la recopilación de datos por vía digital, especialmente a través de redes sociales, así como el seguimiento físico, según precisó la nota difundida por la Policía Nacional y reproducida por El País. Tras establecerse en Alicante, el hombre fue localizado y arrestado por las fuerzas de seguridad españolas, que actuaron en coordinación con sus homólogos alemanes.

Mientras tanto, una segunda persona vinculada a las mismas actividades de inteligencia retomó las tareas de espionaje en territorio alemán. La Policía federal alemana, según informó El País, detuvo el pasado lunes en la ciudad de Rheine, en el noroeste del país, a una mujer de nacionalidad rumana, de 45 años, en un operativo que involucró a fuerzas especiales y a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

El operativo conjunto hispano-alemán incluyó registros en los domicilios de ambos sospechosos tanto en Alemania como en España. En estos procedimientos, las autoridades procedieron al volcado de dispositivos electrónicos y a la incautación de material documental para ampliar la investigación sobre las actividades de espionaje supuestamente realizadas bajo encargo de actores ubicados en Rusia, según publicó El País.

La Policía Nacional española subrayó en su comunicado, recogido por El País, que la operación derivó de informaciones facilitadas por la Oficina Federal de Policía Criminal alemana y que la Orden Europea de Detención y Entrega respondía a la gravedad de las presuntas actividades delictivas. Según la Fiscalía Federal alemana, tanto el ciudadano ucraniano como su presunta colaboradora habrían actuado bajo las órdenes de personas situadas en Rusia.

Tras su arresto, el hombre detenido en Alicante ha comparecido este miércoles ante el tribunal central de la Audiencia Nacional, institución competente en España en los casos de cooperación judicial internacional y delitos transnacionales, según detalló El País.

Una de las situaciones más graves detectadas en el proceso judicial vinculado al presunto espionaje con el software Pegasus está relacionada con la respuesta, o falta de ella, por parte de los juzgados españoles a solicitudes internacionales. Según consignó el medio, las autoridades judiciales de Luxemburgo han requerido en repetidas ocasiones una cooperación a su par en Barcelona, específicamente al Juzgado de Instrucción 24, sin obtener respuesta suficiente en más de cuatro ocasiones. Este hecho afecta a procedimientos clave, como la notificación de querellas a los directivos de la empresa NSO Group, con sede en Luxemburgo, presunta responsable del desarrollo y comercialización de Pegasus, lo que obstaculiza tanto la recolección de información como la posibilidad de tomar declaraciones a los implicados.

De acuerdo con lo que publicó el medio, la asociación catalana de derechos humanos Irídia denunció en una rueda de prensa que existe un bloqueo judicial generalizado, que incide de modo directo en la investigación de este caso de espionaje que habría afectado al entorno independentista. Esta denuncia se enfoca en las dificultades para ejecutar las Órdenes Europeas de Investigación (OEI), consideradas por Irídia como diligencias esenciales para avanzar en el proceso. La entidad sostiene que este bloqueo impide notificar debidamente las querellas a la empresa acusada y obtener pruebas fundamentales para el caso.

Según la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, la investigación enfrenta tres escenarios problemáticos en los juzgados de instrucción de Barcelona. El primero corresponde a situaciones donde los afectados presentan la solicitud de una OEI y el juzgado archiva la causa sin definir si dicha investigación era necesaria, hecho que la organización interpreta como una negativa a indagar con profundidad los hechos denunciados. En el segundo escenario, los juzgados aceptan la tramitación de la OEI, pero el trámite no avanza y queda paralizado, llegando a prolongarse por meses o incluso años. Un ejemplo de este caso lo constituye el expediente que involucró a exdirigentes de la CUP, cuya investigación permaneció congelada durante más de un año y medio luego de haberse aceptado la OEI.

En el tercer escenario, considerado el más grave por Irídia, los juzgados llegan a tramitar y aceptar la OEI, pero incurriendo en errores sustanciales, como remitirla sin firma o con datos incompletos. Cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo solicitan información adicional, desde el juzgado de Barcelona afectado cesa toda respuesta. La organización detalla que, en cinco expedientes atendidos, estas prácticas llevaron a la paralización de procedimientos y, en un caso específico, al archivo de la investigación por parte de Luxemburgo ante la ausencia de respuesta desde Barcelona. Este expediente afecta directamente al abogado Andreu Van den Eynde. Otros casos, según la misma fuente, permanecen estancados ante la falta de contestación, pese a los reiterados requerimientos desde Luxemburgo.

El medio detalla que, en uno de estos expedientes, la justicia luxemburguesa llegó a emitir un ultimátum dirigido al juzgado de Barcelona instando a la respuesta que nunca se concretó. El propio Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha sido señalado de forma reiterada por Irídia debido a su falta de reacción ante las cooperaciones solicitadas desde Luxemburgo, lo que para los denunciantes constituye un ejemplo significativo de los obstáculos judiciales predominantes en el caso Pegasus.

Adicionalmente, Sònia Olivella explicó que el proceso ha experimentado una fragmentación en la tramitación judicial, con las diferentes causas distribuidas entre seis juzgados de instrucción de Barcelona, pese a la petición de las partes afectadas de que se unificaran las investigaciones. Según Irídia, esta dispersión no ha evitado que en todos los tribunales involucrados surjan obstáculos idénticos a la hora de investigar a fondo los hechos, una situación que, según la asociación, genera una clara situación de indefensión para las personas afectadas.

Según detalló la especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, aunque los hechos más recientes investigados corresponden principalmente al periodo 2017-2020, el uso de este software espía en España podría haberse iniciado ya en 2015. Carbonell comparó la situación en España con lo sucedido en otros países, haciendo referencia a que recientemente la justicia de Polonia imputó a dos altos cargos por el presunto uso de Pegasus, y a que Grecia emitió un “veredicto histórico” condenando a directivos de la empresa responsable del spyware Predator. Según la postura de Irídia, el Estado español no estaría mostrando un compromiso similar en la investigación de Pegasus, proceso que consideran obstaculizado por falta de acción del poder judicial.

Carbonell añadió que el caso griego resulta relevante porque, en consonancia con una de las tesis de Irídia, la investigación activa de las empresas dedicadas a comercializar programas de espionaje puede permitir reunir pruebas relevantes tanto contra gobiernos como contra agencias de inteligencia. La experta señaló que estas compañías operan frecuentemente en contextos opacos, lo que exigiría una investigación judicial especialmente proactiva.

El medio relató que la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Cataluña sirvió para presentar el estado actual de las causas judiciales abiertas sobre el presunto uso de Pegasus en el entorno del independentismo, reiterando la importancia de avanzar con las OEI y de superar los obstáculos judiciales mencionados. Irídia subrayó la gravedad de los retrasos, los errores de tramitación y la falta de respuesta por parte de los juzgados involucrados, y advirtió sobre las implicaciones que esto tiene en el avance del proceso y en la garantía de derechos de los afectados.

El contexto general de la investigación incluye la denuncia de bloqueos y la reiteración de la falta de cooperación judicial en los procedimientos internacionales. De acuerdo con la entidad, la suma de la fragmentación de las causas, la ausencia de respuestas y los retrasos acumulados en las OEI compromete la posibilidad de esclarecer los hechos y de actuar judicialmente contra la empresa sospechosa y contra posibles responsables del uso del software de espionaje en territorio español, concluyó la información publicada por el medio.

El martes, las autoridades de Alemania y España realizaron la detención de dos personas acusadas de colaborar con la inteligencia rusa en operaciones de espionaje.

Los arrestos se produjeron en ambos países en el marco de una investigación sobre actividades de vigilancia vinculadas a la guerra en Ucrania.

Las autoridades alemanas identificaron a un ciudadano ucraniano de 43 años como presunto espía. El hombre fue localizado en Elda, una ciudad del sudeste de España, mientras que, de manera simultánea, una mujer de nacionalidad rumana y 45 años fue detenida en Rheine, en el noroeste de Alemania.

Ellos habrían actuado bajo órdenes de la inteligencia rusa y su objetivo era obtener información sobre un empresario alemán que suministra tecnología destinada a Ucrania.

La vigilancia comenzó en diciembre de 2025, cuando el sospechoso ucraniano empezó a recolectar información sobre la víctima. La Fiscalía detalló que el acusado utilizó internet para obtener datos y registró en video el entorno laboral del objetivo.

La mujer, identificada como Alla S. acudió al domicilio del proveedor alemán y utilizó su teléfono móvil para grabar imágenes y videos, replicando el esquema de monitoreo iniciado por el sospechoso ucraniano, identificado como Sergey N..

Las autoridades creen que la recolección de datos tenía como finalidad preparar nuevas operaciones de inteligencia contra el objetivo.

El comunicado señaló que los detenidos “recabaron información y realizaron grabaciones de vídeo”, lo que permitió a los servicios rusos planificar posibles acciones futuras. La hipótesis de la policía es que la información obtenida podría facilitar desde ataques físicos hasta un posible asesinato.

La justicia alemana dispuso que la mujer rumana comparezca ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, mientras que el ciudadano ucraniano será extraditado desde España para enfrentar cargos en Alemania.

El reclutamiento suele ocurrir a través de redes sociales o en entornos vinculados al crimen organizado, y la motivación principal es el pago de pequeñas sumas a cambio de tareas como vigilancia, sabotaje, obtención de imágenes de infraestructuras sensibles, provocación de incendios o daños a la propiedad. La flexibilidad y anonimato de estos colaboradores representa un desafío para los servicios de seguridad europeos.

En el contexto de la reciente detención de presuntos espías rusos, ocurrió otro hecho, que conmocionó al país alemán. La justicia identificó a cuatro sospechosos, dos hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en sabotajes a la infraestructura energética.

Los ataques, cometidos mediante incendios intencionales en torres eléctricas y redes de distribución, han provocado apagones que afectaron a miles de hogares y empresas en Berlín y otras ciudades, con daños económicos estimados entre 30 y 70 millones de euros.

Las investigaciones apuntan a la posible vinculación de estos hechos con grupos radicales de extrema izquierda, como el denominado Vulkangruppe, que ha reivindicado acciones previas contra centrales eléctricas y nodos de distribución.

A pesar de la identificación de los sospechosos, ninguno ha sido arrestado hasta ahora; mientras tanto, la vigilancia sobre infraestructuras críticas se mantiene reforzada y las autoridades continúan indagando posibles conexiones con anteriores apagones y redes de apoyo a estos ataques.

(Con información de DPA y DW)

Las autoridades investigan si una mujer rumana de 45 años, arrestada en la ciudad de Rheine, Alemania, y un hombre ucraniano de 43 años, detenido en la localidad de Elda, Alicante, habrían colaborado en la recolección de información sobre suministros tecnológicos dirigidos a Ucrania. Según informó la Fiscalía Federal alemana, ambas personas están acusadas de facilitar datos y seguir los movimientos de un ciudadano alemán cuya empresa abastecía a Ucrania con drones y otros componentes tecnológicos.

Tal como publicó la Fiscalía Federal alemana, los arrestos se produjeron en el marco de una operación conjunta entre la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y la Policía española. Esta acción responde a una investigación por supuestas actividades de espionaje coordinadas desde los servicios de inteligencia de Rusia, enfocadas en recabar información sobre transferencias de tecnología y material relacionado con el esfuerzo bélico ucraniano.

El medio que lidera la operación reportó que la detención en Elda estuvo a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en función de una Orden Europea de Detención. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Europa Press que el arresto del ciudadano ucraniano se efectuó tras identificar su presunta implicación en la vigilancia y el seguimiento de dispositivos tecnológicos diseñados para ser transferidos a Ucrania.

De acuerdo con la información consignada por la Fiscalía, tanto la detenida en Alemania como el arrestado en España mantenían bajo observación a un proveedor alemán especializado en la venta de drones y otros elementos esenciales para la industria tecnológica. Estos productos estaban destinados a ser enviados a Ucrania y, según la investigación, despertaron el interés de agentes vinculados al espionaje ruso.

El medio Europa Press detalló que las denuncias surgieron a partir de movimientos sospechosos relacionados con la adquisición y la distribución de componentes tecnológicos avanzados. Los investigadores de la BKA y la Policía Nacional pusieron en marcha la operación tras detectar una coordinación transnacional para obtener información estratégica acerca del flujo de equipos técnicos hacia Ucrania.

La Fiscalía Federal alemana amplió que la operación abarca una línea de investigación más amplia respecto al posible espionaje dirigido a empresas y proveedores europeos que colaboran con las autoridades ucranianas en aspectos logísticos y tecnológicos. El proveedor alemán objetivo de esta operación figura entre los principales suministradores de tecnología utilizada en el conflicto, por lo que, según el Ministerio Público, su vigilancia habría sido clave para los intereses de inteligencia extranjeros.

Durante los registros en Alemania y España, los agentes incautaron material informático y documentación, a fin de analizar la posible magnitud de la información transmitida. La información difundida por la Fiscalía indica que las pesquisas tratan de esclarecer si la información obtenida fue suministrada directamente a los servicios de inteligencia rusos o canalizada a través de terceros.

Según la información recogida por Europa Press, tras los arrestos se espera la comparecencia judicial de ambos implicados, quienes enfrentarán cargos relacionados con el espionaje y la complicidad en la obtención ilegal de secretos empresariales y tecnológicos. Las autoridades investigan además conexiones adicionales entre los detenidos y otras células o individuos que pudieran haber participado en actividades similares en territorio europeo.

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación en la Unión Europea respecto al aumento de operaciones de espionaje vinculadas al suministro de tecnología a Ucrania, un asunto que, según la Fiscalía alemana, se mantiene en el foco de las agencias policiales de varios países del bloque. Representantes de la BKA declararon que la colaboración internacional será fundamental para frenar estas actividades y garantizar la seguridad en las transferencias de material estratégico.

La Fiscalía Federal alemana indicó que la investigación continúa abierta y contempla el análisis de las comunicaciones y redes de contacto de los implicados, con el objetivo de profundizar en la posible estructura detrás de los arrestados y en el nivel de penetración de las acciones de inteligencia.

Un portavoz de Exteriores citado por 'The Guardian' indicó que la seguridad nacional permanece en el centro de las prioridades del Gobierno británico, remarcando la atención que conceden a diversas amenazas, especialmente aquellas provenientes de actores estatales extranjeros. En este contexto, la reciente imputación de dos personas —un ciudadano iraní y otro con doble nacionalidad británica e iraní— bajo la Ley de Seguridad Nacional, forma parte de una serie de medidas emprendidas por el Ejecutivo. La noticia central es que la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha emitido instrucciones para una protesta diplomática formal dirigida al Gobierno de Teherán en respuesta a estos hechos, y que el embajador iraní en Londres, Alí Musavi, fue convocado para dar explicaciones acerca de las “acciones imprudentes y desestabilizadoras” atribuidas a Irán.

De acuerdo con la información publicada por 'The Guardian', la decisión del Gobierno del Reino Unido se produce justo después de que las autoridades hayan presentado cargos contra los dos residentes de origen iraní en territorio británico, acusados de supuesta colaboración con un servicio de inteligencia del extranjero. Hamish Falconer, representante de la cartera de Asuntos de Oriente Próximo, fue el encargado de recibir a Alí Musavi en la sede del Ministerio de Exteriores para presentar la queja formal. El encuentro se enmarca en una política de actuación que manifiesta la determinación del Reino Unido para proteger a su ciudadanía ante presuntas intromisiones o actividades consideradas hostiles por parte de potencias extranjeras.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, en declaraciones reproducidas por 'The Guardian', señaló: “La seguridad nacional sigue siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos muy en serio las amenazas que plantean Irán y quienes actúan a sus órdenes. Este Gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico, incluida la denuncia de las acciones imprudentes y desestabilizadoras de Irán tanto en el país como en el extranjero”. Con base en estas declaraciones, el Ejecutivo británico dejó en claro que califica los recientes acontecimientos como una amenaza relevante para el orden interno y la seguridad pública.

Según consignó 'The Guardian', la imputación de los dos implicados se basa en sospechas de facilitar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, lo que motivó la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Este marco legal habilita a las autoridades del Reino Unido a iniciar procesos judiciales en casos donde existan indicios sólidos de colaboración con estados considerados hostiles o con prácticas de espionaje.

El citado medio detalló que el Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha subrayado su intención de responder a todos los actos que perciba como indicios de injerencia en sus asuntos internos. La convocatoria del embajador iraní, según fuentes oficiales, constituye una muestra del firme rechazo a cualquier intento de desestabilización promovido desde el exterior y busca enviar una señal diplomática de desaprobación ante lo que describen como conductas incompatibles con las normativas internacionales vigentes.

En paralelo a la protesta diplomática, el Gobierno británico ha expresado que mantiene abierta la posibilidad de implementar medidas adicionales destinadas a preservar tanto la integridad de las instituciones nacionales como la seguridad de los residentes en el territorio. Las autoridades resaltaron que continuarán colaborando con socios internacionales y organismos pertinentes para hacer frente a fenómenos de espionaje que involucren a actores extranjeros.

La noticia, que generó amplia repercusión mediática en el país, se inscribe en una serie de advertencias previas de las fuerzas de seguridad británicas sobre la presencia de operaciones de inteligencia asociadas a estados extranjeros, así como sobre el riesgo de incidentes que puedan afectar la estabilidad política y social del Reino Unido, tal como detalló 'The Guardian'.

En síntesis, el Gobierno del Reino Unido ha decidido intensificar el control y protección de su seguridad nacional tras la reciente imputación de dos residentes sospechados de colaborar con la inteligencia iraní. La protesta diplomática formal ante el embajador de Irán representa la reacción oficial ante lo que consideran actos hostiles y desestabilizadores, según la información divulgada por 'The Guardian', reafirmando la postura del país ante presuntas amenazas externas.

El comunicado de los servicios secretos de la Guardia Revolucionaria incluye un llamado a la ciudadanía de la provincia de Fahim para reportar actividades sospechosas, buscando fortalecer las tareas de seguridad y responder ante lo que califican como amenazas externas. Según consignó la televisión pública iraní IRIB, autoridades en Irán anunciaron la detención de un individuo señalado como espía israelí de alto rango, presunto responsable de liderar una red de espionaje activa en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, ubicada en el sur del país.

De acuerdo con lo informado por la televisión estatal, junto al sospechoso fueron arrestadas varias personas que estarían vinculadas con esta estructura clandestina. La intervención quedó a cargo de efectivos de inteligencia pertenecientes a la Guardia Revolucionaria, quienes lograron identificar al sospechoso y neutralizar la supuesta operación que, según el comunicado oficial, había intentado establecer contacto con agentes del Mossad y con representantes de lo que desde Irán designan como el “régimen sionista”.

El medio IRIB detalló que tanto la persona principal como otros integrantes de la red habrían jugado un papel relevante en la organización de protestas que tuvieron lugar en enero de 2026, además de estar implicados en los disturbios registrados en 2022. Una de las principales acusaciones se centra en el trabajo del sospechoso para identificar y comunicar la ubicación de instalaciones militares y sitios considerados sensibles dentro del territorio iraní, información que, según la versión oficial, tendría como posible destino los servicios de inteligencia israelíes.

Tal como publicó IRIB, la reacción de las fuerzas de inteligencia incluyó un mensaje de reconocimiento hacia la población local de la provincia, agradeciendo las colaboraciones ciudadanas y reiterando la necesidad de sostener la vigilancia comunitaria. En el comunicado se alude al propósito de “neutralizar las conspiraciones del enemigo” y se insta a la denuncia inmediata de cualquier movimiento o individuo fuera de lo habitual.

En paralelo a la detención, autoridades del gobierno iraní informaron sobre nuevas medidas de seguridad, confirmando la vigilancia total sobre lo que denominan como “militares terroristas estadounidenses-sionistas”. Según reportó IRIB, durante este mismo lunes se produjeron la 74ª y 75ª oleadas de ataques con proyectiles dirigidos contra bases militares estadounidenses y hacia el centro y sur de Israel, en el marco de una intensificación de las tensiones regionales.

La columna informativa destaca que la operación de desmontaje de la supuesta red de espionaje ocurre en un contexto de especial vigilancia sobre la actividad de inteligencia hostil en las provincias del sur del país. Las autoridades recalcan la relación directa entre el trabajo del detenido y los recientes episodios de desestabilización y protestas, integrando estos dos frentes en la línea de acusación transmitida desde los servicios secretos.

En las declaraciones reproducidas por IRIB, la Guardia Revolucionaria subraya que continuará sus esfuerzos para detectar y actuar contra operativos extranjeros y sostiene que la colaboración de la ciudadanía resulta clave para el éxito de estas iniciativas. El discurso oficial reafirma la narrativa estatal sobre los riesgos de injerencia extranjera, con énfasis en la supuesta participación israelí en disturbios internos y filtración de información estratégica.

La detención del presunto espía y la presentación pública de la intervención policial se producen frente a un panorama de continuos episodios de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según publica la televisión estatal, este tipo de acciones busca enviar mensajes tanto a la población nacional como a actores internacionales, remarcando la disposición de las fuerzas de seguridad iraníes para responder tanto a amenazas de inteligencia como a incidentes de carácter militar en la región.

La cercanía en el número de escaños alcanzados por el Movimiento Libertad (GS) de Robert Golob y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa coloca a Eslovenia ante una fase de intensas negociaciones parlamentarias, según reportó el medio proveedor de la información. Con una diferencia de apenas un escaño entre ambas formaciones, ninguno de los partidos alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, compuesta por 90 diputados, por lo que la formación de gobierno dependerá de pactos entre diferentes fuerzas políticas.

De acuerdo con los datos publicados, el partido liberal Movimiento Libertad obtuvo el 29,9% de los votos, situándose como la formación más apoyada en las elecciones legislativas celebradas en Eslovenia este domingo. El SDS, liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, reunió el 27,5% de sufragios, marcando así una diferencia ajustada entre ambas opciones. El medio detalló que, según las encuestas a pie de urna, el escenario postelectoral asigna 29 escaños a la formación de Golob y 28 al partido de Jansa.

La situación generada por este resultado electoral revela la dificultad para lograr una mayoría clara, ya que son necesarios al menos 46 escaños para controlar la Asamblea Nacional. El papel de los partidos minoritarios será clave, mientras las conversaciones para formar gobierno se perfilan como el próximo foco político, consignó la fuente original. La campaña previa a los comicios estuvo marcada por acusaciones y controversias, lo que ha influido en el ambiente tenso que rodea las negociaciones.

El contexto de la campaña electoral se vio alterado por las revelaciones sobre una reunión mantenida en diciembre por Janez Jansa con representantes de Black Cube, una empresa dedicada al espionaje con sede en Israel. Esta noticia provocó reacciones entre los adversarios políticos y fue utilizada como parte de los argumentos de campaña. Según publicó la fuente, el primer ministro Robert Golob señaló la gravedad de la situación expresando: "El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito".

Durante la campaña, se pusieron en primer plano las preocupaciones por la posible intervención de agentes extranjeros en los procesos políticos nacionales, tras la difusión de estos encuentros. Este tema generó debates públicos y contribuyó a la percepción de unas elecciones influenciadas por factores externos, según informó el medio. Tanto la opinión pública como los sectores políticos manifestaron inquietudes sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

El estrecho margen entre las dos formaciones más votadas ya ha desencadenado movimientos iniciales por parte de ambos líderes para buscar alianzas que les permitan superar la fragmentación del Parlamento. La composición definitiva de la Asamblea, reflejada en los resultados preliminares, deja abierta la posibilidad de múltiples combinaciones en la conformación del próximo gobierno, advirtió la misma fuente. El escenario político queda así condicionado a la capacidad de negociación entre las fuerzas mayoritarias y los grupos minoritarios presentes en la Cámara.

Los resultados obtenidos en estas elecciones reflejan una polarización en el electorado, con una presencia equilibrada entre los bloques liberal y conservador, reportó la fuente original. La gobernabilidad del país requerirá entendimientos entre distintas sensibilidades políticas, debido al reparto casi idéntico de escaños y a la ausencia de mayorías claras.

La publicación de la reunión entre Jansa y Black Cube añadió un elemento de fricción a la confrontación electoral, con acusaciones mutuas sobre la legitimidad y transparencia del proceso. Según detalló el medio, este episodio reactivó el debate sobre la influencia de actores no nacionales en la política soberana de los países miembros de la Unión Europea, especialmente ante la reacción expresa del actual primer ministro ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La jornada electoral en Eslovenia se desarrolló bajo una notable expectación, no solo a nivel nacional sino también entre socios europeos, dado el impacto potencial de los resultados y de las negociaciones posteriores. La falta de una mayoría clara invita a un cuadro político abierto, donde los próximos días estarán marcados por conversaciones para definir la futura composición del gobierno, reportó la fuente.

Es una guerra fría versión 2.0 la del Kremlin en Brasil, considerado por Moscú la puerta de entrada a América Latina y desde allí también a Occidente, representado por Europa y Estados Unidos. En el gigante latinoamericano, desde hace tiempo el poderoso GRU, la inteligencia militar rusa, ha establecido una precisa estrategia de inteligencia que utiliza tanto los recursos humanos, el famoso Humint, como la tecnología y las señales, conocidos en los manuales de espionaje como Sigint. Sin embargo, se trata de un escenario en continua mutación. Precisamente en estos días la inteligencia neerlandesa ha alertado sobre las nuevas estrategias de reclutamiento ruso que recurren cada vez más a civiles comunes para actividades de espionaje y sabotaje. Son reclutados en línea, sobre todo a través de plataformas como Telegram; aceptan encargos a cambio de dinero, pero también por curiosidad o deseo de aventura, y a menudo son personas fuera de toda sospecha, muy frecuentemente jóvenes. De ahí la importancia de la propaganda que crea ese ecosistema necesario para hacer proselitismo.

A dar la alarma sobre la expansión de Moscú son dos investigadores senior de Debunk.org, un think tank que analiza la desinformación y sus causas. Una de las novedades más recientes del espionaje ruso en Brasil es precisamente el reclutamiento de jóvenes estudiantes. “El KGB soviético reclutaba en la universidad Patrice Lumumba y hoy el GRU intenta reclutar estudiantes extranjeros como facilitadores de contactos y para campañas de propaganda a favor del régimen”, explica a Infobae Matteo Pugliese, analista senior de Debunk.org e investigador asociado del centro de estudios sobre Rusia de la Universidad de Roma Tor Vergata, en Italia.

“La Universidad Lumumba fue fundada en la época soviética para atraer estudiantes del llamado ‘tercer mundo’ en África, Asia y América Latina con el objetivo de crear vínculos con las futuras clases dirigentes de esos países y atraerlas a la órbita de Moscú. Lo que hace hoy Rusia no es muy diferente: mediante becas ofrecidas a estudiantes de América Latina y de Brasil para estudiar en universidades rusas, busca establecer vínculos a largo plazo e infiltrar las élites locales”, dice Pugliese a Infobae.

Hoy la universidad ha adoptado otro nombre. Se ha convertido en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN) y en Brasil ofrece frecuentemente becas del gobierno ruso a través del programa de Olimpiadas Abiertas para estudiantes internacionales. Las áreas de estudio, además del indispensable idioma ruso, incluyen disciplinas como informática, matemáticas y química. Es en este escenario que también en Brasil han aparecido jóvenes brasileños que en las redes sociales exhiben información militar toda a favor de Rusia, con un dominio del lenguaje y del conocimiento que ha sorprendido a la inteligencia brasileña, porque estos jóvenes logran interactuar en inglés con expertos de todo el mundo, hasta el punto de hacer sospechar incluso que detrás haya militares rusos proporcionando la información, si no escribiendo directamente los contenidos. El fenómeno no es solo brasileño.

“En Brasil, la mayor criticidad reside en la falta de conciencia general de la población y de los principales stakeholders, como gobierno, prensa y organizaciones de la sociedad civil. La percepción general es que el mayor riesgo para la democracia proviene esencialmente de la desinformación interna. Se habla poco, en cambio, de interferencias externas”, explica a Infobae Beatriz Farrugia, analista senior de Debunk e investigadora de desinformación. Un peligro que podría aumentar con la inminente campaña electoral para las presidenciales de octubre.

Brasil sigue siendo el principal hub para los espías rusos enviados por el GRU, debido a la facilidad para falsificar identidades y documentos. Según una información exclusiva de Infobae, en los últimos dos años Argentina y Bolivia son los principales países desde los cuales han entrado ciudadanos rusos en Brasil sospechosos de ser agentes del GRU. No por casualidad, precisamente en Bolivia, según una reciente investigación del sitio de investigación Forbidden Stories, en 2024 un grupo de 7 “especialistas rusos” fue enviado a La Paz para acudir en ayuda del entonces presidente Luis Arce, debilitado por un intento de golpe de Estado tres semanas antes, y acusado por una parte de la población de haberlo él mismo orquestado. Según la investigación de Forbidden Stories, se trataba de un verdadero grupo enviado por la inteligencia rusa que creó una oficina para una veintena de funcionarios y la posibilidad de involucrar también a locales. La persona encargada de las operaciones en América Latina, incluida la oficina en Bolivia, es Aleksey Evgenyevich Shilov, de 33 años. Entre los miembros de su equipo figuraban tres personas: Dmitry Viktorovich Volkov, jefe de la misión en Bolivia; Sergei Sergeyevich Klyukin, responsable; y Sergei Vasilievich Mashkevich, coordinador, todos vinculados al Servicio de Inteligencia Exterior (SVR). Una de las traductoras rusas del grupo fue fotografiada mientras sostenía una bandera de Brasil. El temor es que una red similar pueda formarse en Brasil para interferir en las elecciones de octubre.

El espía ruso más famoso en Brasil sigue siendo Sergey Vladimirovich Cherkasov, aún en prisión en Brasilia a la espera de una extradición que ahora solo Lula puede autorizar. Arrestado en abril de 2022 en San Pablo por la Policía Federal y acusado inicialmente de espionaje por haberse infiltrado en la Corte Penal Internacional de La Haya utilizando una falsa identidad brasileña, Cherkasov finalmente no fue considerado un espía por la fiscalía brasileña. Sin embargo, las investigaciones brasileñas revelaron depósitos bancarios a su nombre realizados por funcionarios del consulado ruso en Río de Janeiro. La investigación también reveló que un empresario carioca realizaba depósitos a petición de los diplomáticos de Moscú, recibiendo mil dólares por cada transacción. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, una acusación a menudo utilizada para repatriar agentes.

Pero Cherkasov no es más que la punta del iceberg. También podrían moverse en Brasil miembros de la nueva unidad de élite del espionaje ruso, el Centro 795. Las autoridades brasileñas se han alertado de hecho por el arresto el pasado 24 de febrero en el aeropuerto El Dorado International Airport de Bogotá, en Colombia, de Denis Alimov. Según una investigación de The Insider, el hombre es un agente del Centro 795, una unidad altamente secreta de la inteligencia rusa que incluye al GRU y al FSB, el Servicio Federal de Seguridad, heredero del KGB. El grupo fue creado tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022 para llevar a cabo las operaciones más críticas, que van desde misiones militares en Ucrania hasta asesinatos políticos y secuestros en el extranjero. El Centro 795, según el sitio de investigación The Insider, reúne a unos quinientos hombres, divididos en tres grandes áreas: inteligencia, asalto y apoyo al combate. Hay vigilancia electrónica, drones, células operativas, francotiradores y medios pesados. No se trata de un grupo clandestino cualquiera, sino de una máquina híbrida diseñada para operar de manera independiente. Como cobertura, el grupo utiliza Kalashnikov Concern, marca símbolo de la industria armamentística rusa. Los miembros del Centro 795 figuran en la nómina de la empresa; la base operativa está ubicada en el área de Patriot Park, a las afueras de Moscú, y el entrenamiento se disfraza como actividades relacionadas con pruebas de armas. Al frente de la estructura fue designado Denis Fisenko, de la unidad de élite Alfa del FSB, la misma unidad a la que pertenecía Alimov, de cuarenta y dos años, condecorado, incorporado al grupo desde 2023. En febrero, el hombre había partido de Turquía con destino a Cartagena de las Indias, en Colombia, cuando fue detenido en el aeropuerto de Bogotá con una identidad falsa, traicionado por el uso del traductor de Google. No se sabe si Colombia era su destino final ni tampoco se conoce el verdadero propósito de su viaje. Alimov figuraba en la circular roja de Interpol por terrorismo, secuestro, asesinato y conspiración. La acusación es la de haber orquestado planes para secuestrar o matar a opositores chechenos refugiados en Europa, con una recompensa de un millón y medio de dólares por cada objetivo. Su presencia en América Latina abre ahora nuevos escenarios también para Brasil, donde reside una comunidad ucraniana aumentada tras el estallido de la guerra.

Tampoco debe subestimarse el peligro de agentes rusos que llegan con los barcos que transportan diésel, del que Brasil es uno de los mayores compradores. Según una investigación del consorcio periodístico OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en las tripulaciones rusas de los barcos que transitan por el mar Báltico han sido identificados numerosos individuos vinculados a las agencias de inteligencia rusas, incluido el grupo Wagner. Si en el Báltico los agentes se utilizan para evitar que las embarcaciones rusas sean incautadas debido a las sanciones, los viajes hacia América Latina pueden servir para desembarcar hombres y recoger información de inteligencia.

Finalmente, existe preocupación en Brasil por una alerta emitida en estos días por la inteligencia neerlandesa y confirmada ayer también por el director del FBI, Kash Patel, según la cual hackers rusos vinculados al Kremlin han lanzado una campaña cibernética global a gran escala para acceder a cuentas de WhatsApp y Signal de militares y funcionarios gubernamentales. “El método más frecuentemente observado utilizado por los hackers rusos consiste en hacerse pasar por un chatbot de asistencia de Signal, con el fin de inducir a las víctimas a revelar sus códigos”, se lee en el documento del Servicio General de Inteligencia y Seguridad del Ministerio del Interior neerlandés. “Los hackers pueden luego utilizar estos códigos para tomar el control de la cuenta del usuario. Otro método utilizado por los actores rusos aprovecha la función de dispositivos vinculados presente en Signal y WhatsApp. Una vez que una cuenta ha sido comprometida con éxito, los hackers pueden leer los mensajes entrantes, incluidos los de los grupos de chat de la víctima. Es probable que, a través de esta campaña, los hackers rusos hayan obtenido acceso a información sensible”, concluye el texto.

El pasado febrero, el gobierno brasileño firmó una asociación con el ruso, paradójicamente precisamente en el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El acuerdo para ampliar la cooperación bilateral entre ambos países fue firmado por el vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, y por el primer ministro de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin. Este paso demuestra el interés de Moscú en expandir su presencia en el territorio brasileño, con el riesgo, sin embargo, de un uso dual de las tecnologías.Por último, recordemos que el sistema satelital ruso GLONASS, que cuenta con unos 26 satélites, tiene en Brasil su principal hub exterior, con bases de control y calibración instaladas en diversas universidades (Recife, Santa Maria, Belém y Brasilia). Estas estructuras surgieron para mejorar la precisión global del sistema, permitiendo a Rusia operar estaciones fuera de su territorio. A cambio, Brasil obtuvo acceso a la tecnología de geoposicionamiento. Sin embargo, las bases, aunque tienen una función técnica, son infraestructuras sensibles vinculadas a un sistema estratégico ruso y su presencia en el territorio brasileño podría permitir actividades de recopilación de datos o inteligencia. Además, el contexto geopolítico y la cooperación entre GLONASS y el sistema chino BeiDou (interoperables desde 2022) potencian los riesgos de un posible uso dual, civil y militar.

El magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha instado al Consejo de Ministros a reconsiderar la condición de secretos o reservados de ciertos archivos, comunicaciones y datos que podrían esclarecer la posible utilización del sistema Pegasus en teléfonos móviles de los antiguos miembros de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. Según informó Europa Press, el requerimiento surge ante la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recurra a la ley de secretos oficiales como argumento para no facilitar información sobre el presunto espionaje a miembros del entorno independentista. Además, el juez ha tomado esta decisión antes de recabar el testimonio de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

El interés judicial en la desclasificación de estos datos responde a una querella formulada por los exdiputados de la CUP, quienes acusan a la empresa Osy Technologies, propietaria de NSO Group y Cyber Technologies, de manufacturar y comercializar el programa Pegasus, diseñado para actividades de vigilancia y seguimiento. Según publicó Europa Press, los denunciantes sostienen que sus teléfonos móviles recibieron mensajes de texto que habrían permitido la instalación del software Pegasus, posibilitando al “spyware” monitorizar sus comunicaciones y acceder a información sensible, un hecho que podría derivar en la imputación de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Europa Press detalló que el magistrado, ante los indicios aportados, considera que la compañía israelí NSO habría asistido “de forma directa” a los usuarios de Pegasus mediante el control de servidores. Por este motivo, el juez ha solicitado una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo colaboren en la identificación de las cuentas bancarias ligadas a estas empresas tecnológicas. Este paso tiene por objeto verificar la existencia de transacciones relacionadas entre 2016 y 2022, y determinar si hubo “posibles pagadores españoles” vinculados a la adquisición o uso del software Pegasus.

El uso de Pegasus ha desatado preocupación en esferas políticas y judiciales, especialmente por su potencial para acceder y monitorizar mensajes, llamadas e información guardada en los dispositivos infectados. Según Europa Press, la investigación trata de determinar el alcance y los responsables de estas actuaciones, que apuntan tanto a la posible implicación de organismos estatales como a la colaboración de empresas tecnológicas internacionales.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 32 ha solicitado la desclasificación de cualquier material que pueda estar conectado con el caso o resultar relevante para la indagación penal. Antes de que la directora del CNI declare en sede judicial, el juez busca evitar que la aplicación de la ley de secretos oficiales obstaculice el proceso de esclarecimiento y atribución de responsabilidades.

De acuerdo con Europa Press, la medida adoptada incluye una orden europea de investigación dirigida a las autoridades de Luxemburgo, encargadas de rastrear e identificar los movimientos bancarios asociados a NSO Group, Osy Technologies y Cyber Technologies. El análisis de las transacciones de estas compañías entre los años 2016 y 2022 servirá para identificar a potenciales clientes españoles y determinar la existencia de pagos relacionados con Pegasus.

Dentro de la querella presentada por Fernández, Riera y Botran, se detalla que los ataques se concretaron a través del envío de mensajes de texto a sus teléfonos móviles, los cuales funcionaron como puerta de entrada para la supuesta infección mediante Pegasus. Este software permite controlar de manera remota los terminales afectados, acceder a contenido almacenado e interceptar comunicaciones en tiempo real, lo que, según la denuncia, representaría una vulneración de derechos fundamentales y, en el marco legal, constituiría un delito grave.

El proceso judicial avanza con el objetivo de rastrear la cadena de decisiones y actores implicados en la presunta operación de espionaje. Según informó Europa Press, la solicitud de colaboración internacional y la exigencia de desclasificar documentos claves buscan proporcionar al tribunal los elementos necesarios para determinar responsabilidades y esclarecer si representantes institucionales españoles participaron en la operación o si recurrieron a intermediarios tecnológicos extranjeros.

A la espera de la comparecencia de la directora del CNI, el juzgado centra sus esfuerzos tanto en el análisis de la documentación nacional clasificada como en la obtención de información bancaria internacional. Así, la investigación gira en torno a dos ejes principales: por un lado, establecer la posible vinculación de organismos de inteligencia españoles con el caso Pegasus; por otro, desentrañar el papel de las empresas señaladas en la facilitación y apoyo técnico de la herramienta de espionaje.

De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por Europa Press, la apertura de esta línea de investigación europea supone un avance en la cooperación entre estados miembros del continente en materia de ciberdelincuencia y vigilancia electrónica. El resultado de las pesquisas financieras y la eventual desclasificación de archivos serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso y la atribución de eventuales responsabilidades penales.

El caso ha generado reacciones dentro de diferentes sectores de la política catalana y estatal, focalizando el debate en los límites legales del espionaje, el uso de tecnología de vigilancia sobre representantes políticos y la necesidad de transparencia sobre las actuaciones de los órganos de inteligencia. Europa Press avanza que el procedimiento continuará articulando diligencias dirigidas a obtener nueva documentación relevante, coordinar requerimientos judiciales internacionales y profundizar en el análisis de los elementos técnicos y bancarios que rodean este caso.

El gobierno de Eslovenia denunció que se registraron instancias de operaciones de inteligencia durante la campaña electoral legislativa, un hecho que desató una controversia nacional.

Las autoridades indicaron que agentes de espionaje mantuvieron contactos con políticos de la oposición y participaron en la filtración de grabaciones secretas.

Estas grabaciones, difundidas en redes sociales, expusieron conversaciones de figuras próximas al Ejecutivo, y sugerían posibles intentos de influir en la administración para facilitar trámites o acceder a contratos estatales.

Algunas personas afectadas declararon no saber que estaban siendo grabadas y denunciaron la manipulación del contenido para aparentar conductas ilícitas.

El escándalo de espionaje provocó reacciones en distintos niveles del gobierno. La ministra de Exteriores, Tanja Fajon, calificó el episodio como “un ataque directo a la soberanía nacional y a la democracia”, de acuerdo con declaraciones.

El Partido Democrático Esloveno (SDS), fuerza liderada por el ex primer ministro Janez Jansa, rechazó cualquier vinculación con la filtración y sostuvo que utilizó las grabaciones filtradas para denunciar supuesta corrupción en el entorno del Ejecutivo.

Además, el gobierno de Eslovenia solicitó formalmente a las instituciones europeas que investiguen estos posibles casos de injerencia extranjera.

La petición fue presentada por el primer ministro, Robert Golob, durante el encuentro del Consejo Europeo en Bruselas.

Según Golob, la iniciativa incluyó el envío de una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que instó a las autoridades comunitarias a examinar el caso y a diseñar mecanismos de prevención ante futuros intentos de interferencia electoral.

La revelación generó una controversia nacional y puso en duda la integridad del proceso electoral.

En las encuestas más recientes, el Movimiento por la Libertad (GS), liderado por Golob, y el Partido Democrático Esloveno (SDS), encabezado por Jansa aparecen muy parejos.

La diferencia en escaños sería mínima, con 26 para el SDS y 24 para el GS. Ninguna fuerza política alcanzaría la mayoría absoluta de 46 diputados en el Parlamento de 90 miembros, por lo que el próximo gobierno dependerá de alianzas entre partidos.

Esta situación contrasta con la elección anterior, cuando la fuerza de Golob obtuvo 41 bancas y desplazó a Jansa, que había logrado 27. Tras esa victoria, Golob conformó una coalición con los Socialdemócratas (SD) y el partido de izquierda Levica, consolidando una orientación europeísta en la administración central.

Robert Golob, de 59 años, llegó al gobierno tras ganar las elecciones de 2022 y anteriormente se destacó en el sector energético, donde construyó su reputación como gestor estratégico.

Ingeniero electrotécnico, dirigió durante años la empresa estatal GEN-I, consolidándose como tecnócrata con experiencia en gestión empresarial y políticas energéticas. Su ingreso a la política nacional se dio en 2022, al liderar la inesperada victoria del Movimiento por la Libertad, que se transformó en la principal fuerza parlamentaria.

En cambio, Janez Jansa, de 65 años, es una figura central en la política del país desde la independencia en 1991.

Con más de cuarenta años en la vida pública, inició su trayectoria como activista crítico del sistema yugoslavo, fue protagonista del movimiento democrático de finales de los años 80 y ocupó el cargo de ministro de Defensa durante el proceso de independencia.

A lo largo de su carrera, Jansa fue primer ministro en tres ocasiones y consolidó su perfil como dirigente conservador de referencia.

En la última década, su discurso se volvió más polarizador, inspirado en su alianza con Viktor Orbán y su abierta admiración por Donald Trump.

Aunque mantiene una postura atlantista y un firme apoyo a la OTAN y a Ucrania, su programa combina propuestas económicas liberales con la defensa de valores tradicionales, soberanía nacional y un enfoque migratorio restrictivo.

(Con información de EFE)

Los documentos recogidos en la causa incluyen archivos, videos y correos electrónicos que, de acuerdo con las autoridades de Irán, muestran supuestas actividades de entrega de dinero a agentes del Mossad, así como la documentación de zonas consideradas sensibles y la instalación de equipos electrónicos en puntos seleccionados por la inteligencia israelí. El expediente remitido durante el proceso judicial detalla además que los dispositivos incautados durante la detención de Kurosh Keivani estaban diseñados tanto para interferir con sistemas de lanzamiento de misiles y radares de defensa, como para guiar drones, en un contexto donde Irán enfrentaba operaciones militares por parte de Israel y Estados Unidos.

Según informó la agencia semioficial iraní Tasnim, Kurosh Keivani fue arrestado el 16 de junio de 2025 en el condado de Savjbolagh, cercano a Teherán, por efectivos de la Guardia Revolucionaria. Las autoridades detallaron que, en el momento de su aprehensión, Keivani tenía en su poder 30.000 euros, una camioneta, una motocicleta y equipamiento destinado a actividades de espionaje, inteligencia y comunicaciones vía satélite.

El medio Tasnim destacó que la vinculación de Keivani con el Mossad se originó a través de contactos por internet. El informe atribuido a la investigación oficial indica que la inteligencia israelí habría establecido una comunicación estrecha con Keivani, basándose en aspectos personales recogidos durante los intercambios, como intereses, vínculos familiares y problemas económicos, e identificando su situación financiera. Desde ese momento, según el expediente publicado por Tasnim, se abrieron distintos canales para el pago periódico de sumas económicas y se organizó un encuentro presencial que habría desencadenado posteriormente un proceso de formación.

La versión proporcionada por las autoridades iraníes sostiene que Keivani recibió preparación especializada durante dos años en seis países europeos y en Israel. De acuerdo con la información difundida por la agencia, el acusado viajó a territorio israelí utilizando pasaporte y documentos de identidad proporcionados por las propias autoridades israelíes. El entrenamiento habría incluido métodos de inteligencia, comunicaciones seguras y prácticas para la ejecución de misiones en territorio iraní.

Tras este periodo de entrenamiento, según reportó Tasnim, el acusado reingresó a Irán con el encargo de realizar actividades vinculadas a la inteligencia extranjera. Entre las tareas atribuidas se encontraba el traspaso de fondos a operativos del Mossad que se encontraban en el país, el reconocimiento e informe de áreas estratégicas, así como la instalación de dispositivos electrónicos, entre ellos equipos con capacidad para interferir sistemas de defensa y guiar drones en operaciones militares.

Las autoridades iraníes, según publicó Tasnim, aseguraron que durante la detención se obtuvieron pruebas que justificaban la condena, incluidos dispositivos electrónicos y equipos de comunicación. Entre los objetos incautados figuran herramientas descritas por Teherán como aptas para potenciar la guía de drones israelíes en el marco de la escalada militar que enfrentaba el país.

El arresto de Keivani, de acuerdo con el informe oficial, tuvo lugar durante una serie de operativos preventivos realizados en medio de la ofensiva militar impulsada por Israel y respaldada por Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad iraníes consideraron que la influencia extranjera buscaba explotar vulnerabilidades internas para obtener información estratégica relevante para sus operaciones.

El procedimiento judicial condujo a la condena a muerte de Keivani, quien fue ejecutado este miércoles tras ser hallado culpable por cargos de espionaje en beneficio de Israel. Las autoridades de la República Islámica argumentaron que su accionar constituyó una amenaza para la seguridad nacional al suministrar información delicada sobre infraestructuras y zonas militares, según informó la agencia semioficial Tasnim, fuente cercana a la Guardia Revolucionaria.

La información sobre la ejecución y sus circunstancias fue difundida por Tasnim, que relató cada etapa del caso haciendo énfasis en el proceso de reclutamiento, las medidas adoptadas por la inteligencia israelí y las acciones atribuidas a Keivani dentro de Irán. Además, el medio subrayó que las pruebas documentales y materiales confiscadas resultaron determinantes en el veredicto final emitido por el tribunal iraní encargado del proceso.

El fallo, fechado el 11 de marzo de 2026, analizó la impugnación presentada por la defensa y mantuvo la decisión adoptada previamente por el Tribunal Superior de Bogotá.

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El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando el procesado participó como ingeniero de soporte en la implementación de herramientas de ciberseguridad al interior de la institución militar, como parte de un contrato suscrito con la ETB y ejecutado por la empresa subcontratista Ona Systems S. A. S.

Acceso a información reservada y divulgación en internet

De acuerdo con la sentencia, en desarrollo de sus funciones, el procesado tuvo acceso a información confidencial que incluía nombres de equipos, usuarios, direcciones IP de computadores asignados a altos mandos, así como datos relacionados con radares y el Centro de Mando y Control de la Fuerza Aérea.

Estos datos fueron compilados en un archivo denominado “Estaciones de trabajo Fac”, que posteriormente fue publicado en plataformas digitales de acceso abierto como Scribd y Edoc. Según el expediente, el documento contenía más de 5.000 registros y fue visualizado y descargado por múltiples usuarios, lo que permitió que personas indeterminadas accedieran a información considerada secreto militar.

La Sala estableció que la publicación no fue un acto accidental, sino una acción que implicó varios pasos técnicos y que se realizó desde el equipo de trabajo asignado al procesado. Además, el usuario desde el cual se difundió el archivo coincidía con su nombre, lo que fue valorado como un indicio relevante en la determinación de la autoría.

Información sensible y riesgo para la seguridad nacional

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la naturaleza de la información divulgada. La Corte concluyó que los datos contenidos en el archivo estaban directamente relacionados con la infraestructura tecnológica de la Fuerza Aérea, lo que los convierte en información sensible protegida por reserva legal.

“La información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC”, indicaron testigos citados en el proceso.

Según la evidencia técnica, estos datos permitían simular ataques cibernéticos y, en pruebas realizadas por personal de la institución, se logró incluso acceder a correos electrónicos internos utilizando la información filtrada.

La sentencia también recoge que la exposición de estos datos obligó al Estado a adoptar medidas para mitigar el riesgo, como el cambio de direcciones IP, la implementación de sistemas de encriptación, la renovación de equipos y la capacitación del personal.

Alcance del delito de espionaje

La Corte reiteró que, conforme al artículo 463 del Código Penal, el delito de espionaje se configura cuando se obtiene, emplea o revela información secreta relacionada con la seguridad del Estado, sin que sea necesario demostrar quién fue el destinatario de dicha información.

En ese sentido, el fallo precisó que no es requisito probar que los datos hayan sido entregados a un Estado enemigo o que hayan sido efectivamente utilizados, sino que basta con acreditar que su divulgación puso en riesgo la seguridad nacional.

Asimismo, el alto tribunal destacó que el procesado conocía la naturaleza reservada de la información, dado que su labor se desarrollaba dentro de una institución militar y estaba sujeto a acuerdos de confidencialidad. La experiencia previa del acusado en el manejo de datos sensibles también fue considerada en la valoración de su responsabilidad.

En el presente digital muchas funciones de los teléfonos móviles ofrecen comodidad, pero también pueden convertirse en una puerta de entrada para ciberataques. Una de las tecnologías más vulnerables es el Bluetooth, ampliamente utilizado para conectar dispositivos y transferir archivos.

Sin embargo, especialistas en del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), han advertido que dejar el Bluetooth encendido y visible de manera indefinida puede exponer tu información personal a riesgos innecesarios.

El avance de los ataques digitales ha convertido al Bluetooth en un objetivo para hackers que buscan acceder a fotos, documentos, mensajes y otros datos almacenados en el celular. El uso irresponsable de esta tecnología puede tener consecuencias que van desde el espionaje de conversaciones hasta el robo de credenciales bancarias y contraseñas.

Por qué el Bluetooth es un punto débil para la seguridad

El Bluetooth, por su naturaleza de comunicación inalámbrica de corto alcance, está diseñado para facilitar la conexión entre teléfonos, auriculares, bocinas, relojes inteligentes y otros dispositivos. No obstante, cuando permanece activo y visible, puede ser detectado por terceros en el entorno, lo que abre la puerta a una serie de ciberataques especializados.

Los expertos en ciberseguridad de Incibe, advirtieron sobre prácticas como el Bluesnarfing, un método mediante el cual los atacantes detectan dispositivos con Bluetooth encendido para intentar extraer archivos, contactos o mensajes sin consentimiento.

Otros riesgos incluyen el Bluejacking (envío de mensajes no solicitados) y el Bluebugging (acceso remoto a funciones del teléfono o instalación de malware).

Si bien la mayoría de estos ataques requieren proximidad física (unos 10 o 15 metros), pueden ser especialmente peligrosos en lugares públicos, eventos concurridos o transportes masivos, donde los delincuentes pueden operar sin levantar sospechas.

Buenas prácticas para proteger tu celular del Bluetooth

• Desactiva el Bluetooth cuando no lo utilices y evita mantenerlo visible para otros dispositivos.
• No aceptes conexiones de desconocidos y elimina regularmente los dispositivos previamente emparejados que ya no uses.
• Evita transferir información sensible (fotos privadas, documentos importantes) a través de Bluetooth en espacios públicos.
• Revisa periódicamente los dispositivos enlazados en la configuración de tu celular y elimina cualquier conexión sospechosa.
• Si notas un consumo inusual de batería, la instalación de aplicaciones desconocidas o actividad extraña en tus cuentas, revisa la configuración y cambia tus credenciales.

El WiFi: otra función que puede poner en jaque tu privacidad

Al igual que el Bluetooth, dejar el WiFi activado fuera de casa puede facilitar el trabajo de ciberdelincuentes. Muchos smartphones se conectan automáticamente a redes abiertas o conocidas, sin que el usuario lo advierta.

Si una red pública es fraudulenta, los atacantes pueden interceptar tus comunicaciones, captar contraseñas, números de tarjetas y datos bancarios.

Las redes sin protección también pueden ser una vía para instalar malware en el dispositivo, permitiendo a los hackers espiar tus actividades, robar información personal o incluso inutilizar el sistema operativo.

Cómo protegerse de los riesgos del WiFi público

• Desactiva el WiFi fuera de casa y conéctate únicamente a redes de confianza.
• Evita realizar operaciones sensibles (compras, transferencias bancarias) en redes abiertas.
• Siempre que sea posible, utiliza una VPN para cifrar tu tráfico y dificultar la labor de los ciberdelincuentes.
• No compartas información personal ni descargues archivos desde redes desconocidas.
• Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tu teléfono para protegerte de las últimas vulnerabilidades.

Uno de los riesgos menos visibles de las conexiones Bluetooth y WiFi abiertas es el espionaje en tiempo real. Otros usuarios conectados a la misma red pueden monitorear tu tráfico, interceptar mensajes y capturar credenciales. Incluso con el cifrado en aplicaciones y sitios web, las redes inseguras y el Bluetooth activo sin supervisión siguen siendo blancos fáciles.

La seguridad digital depende en gran medida de los hábitos de los usuarios. Mantener el Bluetooth y el WiFi desactivados cuando no se usan, revisar las conexiones periódicamente y evitar el intercambio de información sensible en entornos inseguros son prácticas fundamentales para reducir el riesgo de ataques y robos de datos. En un mundo donde la conectividad es indispensable, la protección de tu privacidad debe ser una prioridad diaria.

Las autoridades judiciales de Irán advirtieron este martes sobre la incautación de bienes y la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes colaboren con Estados Unidos o Israel, una decisión anunciada tras las recientes detenciones de presuntos espías extranjeros en el noreste del país. Según consignó la agencia de noticias Tasnim, el jefe judicial Golamhosein Mohseni Ejei dijo: “Todos los elementos que busquen amenazar la seguridad de la población deben saber que harán frente a medidas legales”, reafirmando así la postura del gobierno iraní frente a los acontecimientos vinculados a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero.

La agencia ISNA detalló que la Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre la captura de diez individuos de distintas nacionalidades, acusados de recopilar información estratégica y planear ataques en la provincia de Jorasán Razaví, en cuyo territorio se localiza la ciudad de Mashhad. El organismo señaló que cuatro de estas personas fueron arrestadas mientras recolectaban datos y determinaban la localización de sitios sensibles y de infraestructura económica relevante para el país. Además, según publicó ISNA, otros tres detenidos, entre los que se hallaría el líder de un grupo terrorista monárquico con respaldo financiero y mediático externo, preparaban operaciones en el terreno, aunque no se ofreció la identidad de los mismos ni mayores detalles sobre sus supuestas actividades.

Estas detenciones llegan en un escenario marcado por elevados niveles de tensión militar y por el desarrollo de nuevas negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Desde el lunes, la Human Rights Activists in Iran, organización radicada en Estados Unidos, contabilizaba más de 3.000 personas muertas desde el inicio de la ofensiva conjunta, la mayoría civiles, cifra que supera notablemente el balance oficial iraní de más de 1.200 fallecidos. En este contexto, la Guardia Revolucionaria ha reforzado su política de seguridad en zonas estratégicas del noreste iraní.

De acuerdo con la información difundida por ISNA y Tasnim, los servicios de Inteligencia iraníes sostienen que varios de los arrestados colaboraban activamente en el espionaje de infraestructuras consideradas críticas para la economía y la seguridad nacional. Las investigaciones apuntan a que los implicados recibían instrucciones y financiación de grupos hostiles que, según las autoridades locales, operan bajo la influencia de intereses estadounidenses e israelíes.

El anuncio de las detenciones y las advertencias judiciales se producen mientras la administración iraní incrementa la presión sobre quienes identifican como actores internos o externos involucrados en la planificación de acciones contra los intereses del país. Según informó el medio ISNA, la presencia de extranjeros en actividades de inteligencia clandestina se ha convertido en un elemento central de los recientes comunicados oficiales.

El marco de confrontación regional, con un proceso de negociaciones nucleares bloqueado y el recrudecimiento de hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos, ha facilitado el endurecimiento de las posturas oficiales iraníes respecto a la seguridad interna y la persecución de amenazas percibidas. El medio estatal destacó las declaraciones de Mohseni Ejei, quien recordó que los delitos de colaboración con países enemigos pueden conllevar la incautación de bienes y la aplicación de sentencias capitales, reafirmando la línea dura sostenida por la administración judicial del país.

Los arrestos en Jorasán Razaví ilustran la apuesta de los aparatos de seguridad iraníes por un control exhaustivo de las actividades extranjeras ante el temor a nuevas operaciones encubiertas, especialmente en un momento en el que infraestructuras sensibles y áreas económicas permanecen bajo vigilancia reforzada. Según medios oficiales, estos dispositivos de control buscan prevenir tanto la filtración de información estratégica como el desarrollo de atentados en territorio iraní, señalando la relación directa entre el conflicto regional y el aumento de tareas de inteligencia y contraespionaje en el país.

El clima de hostilidad se refleja también en la reacción del aparato judicial ante la sospecha de colaboraciones internas con actores externos, activando mecanismos legales inmediatos para procesar a cualquier individuo vinculado con la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel. Según reiteraron ISNA y Tasnim, el mensaje central de las autoridades enfatiza las consecuencias legales y patrimoniales para quienes participen en actividades consideradas en detrimento de la seguridad nacional.

En la era de la hiperconectividad, el teléfono móvil se ha convertido en el epicentro de la vida personal y profesional. Este dispositivo almacena desde imágenes privadas y mensajes hasta datos bancarios y credenciales laborales.

Por ello, la posibilidad de ser víctima de espionaje digital (ya sea por hackers, malware o software espía) es una preocupación creciente. Detectar a tiempo si tu móvil ha sido intervenido es fundamental para proteger tu privacidad y evitar daños mayores.

Hoy, la sofisticación de las técnicas de vigilancia y robo de datos exige que cualquier usuario esté alerta ante señales de intrusión. Aquí te explicamos cómo reconocer los síntomas de un teléfono intervenido, las herramientas para comprobarlo y las mejores prácticas para blindar tu información.

Señales de que tu teléfono puede estar intervenido

Existen indicadores claros que pueden alertarte sobre una posible intervención o espionaje en tu móvil. Algunas señales que pueden indicar que tu teléfono está siendo espiado incluyen un aumento inusual en el consumo de datos, ya que esto podría significar que información personal se está enviando a terceros sin tu conocimiento.

También es motivo de sospecha si la batería se agota con mayor rapidez de lo normal, pues los programas espía suelen funcionar en segundo plano y consumir más energía. El sobrecalentamiento inesperado del dispositivo, incluso cuando no está en uso, podría indicar que algún software malicioso está activo.

Ruidos extraños, como chasquidos, ecos o pitidos durante las llamadas, pueden ser una pista de que alguien está monitoreando la comunicación.

Otros síntomas incluyen reinicios o apagados inesperados, actividad inusual en tus cuentas (como cambios de contraseña o movimientos bancarios no autorizados), recepción de mensajes o correos electrónicos sospechosos con códigos, símbolos o enlaces desconocidos, y un rendimiento general más lento o bloqueos frecuentes en el móvil.

También debes estar atento si otros dispositivos electrónicos cercanos presentan interferencias cuando tu teléfono está cerca, si tu buzón de voz se llena o vacía sin razón aparente, o si el teléfono tarda más de lo habitual en apagarse, lo que podría señalar que aún está transmitiendo datos en segundo plano.

Cómo comprobar si tu teléfono está siendo espiado

En iPhone:

• Revisa los perfiles instalados en Ajustes > General > VPN y Gestión del dispositivo. Elimina cualquier perfil desconocido.
• Comprueba el consumo de batería y datos móviles para detectar anomalías.
• Marca *#21# para verificar el desvío de llamadas.
• Mantén iOS y todas las apps actualizadas.
• Como último recurso, realiza un restablecimiento de fábrica previa copia de seguridad.

En Android:

• Accede a Ajustes > Seguridad > Apps de administrador del dispositivo y desactiva permisos de apps desconocidas.
• Revisa los permisos de todas las aplicaciones en Ajustes > Aplicaciones y elimina accesos innecesarios.
• Consulta el consumo de datos en Ajustes > Red e Internet.
• Inspecciona los servicios en ejecución desde Opciones de desarrollador.
• Inicia el teléfono en modo seguro para identificar apps maliciosas.
• Si el problema persiste, realiza un restablecimiento de fábrica.

Qué hacer si confirmas el espionaje

• Desconecta el teléfono de internet: Apaga WiFi, datos móviles y Bluetooth para impedir la transmisión de información.
• Desinstala apps sospechosas: Revisa la lista de aplicaciones y elimina cualquier desconocida o no utilizada.
• Cambia todas tus contraseñas y activa la autenticación en dos pasos (2FA).
• Contacta a un especialista en ciberseguridad si las anomalías persisten tras limpiar el dispositivo.

Cómo proteger tu teléfono de futuras intervenciones

La mejor defensa es la prevención. Adopta estos hábitos:

• Mantén el sistema operativo y las apps actualizadas.
• Usa contraseñas robustas y únicas para cada servicio.
• Activa el doble factor de autenticación en todas tus cuentas.
• Evita redes WiFi públicas sin protección y utiliza VPN para cifrar el tráfico.
• Descarga apps solo de tiendas oficiales.
• Revisa y limita los permisos de cada aplicación.
• No hagas clic en enlaces desconocidos ni descargues archivos de remitentes no verificados.
• Protege el acceso físico a tu teléfono con PIN, patrón o biometría.
• Realiza copias de seguridad periódicas.
• Instala un buen software antivirus y actívalo permanentemente.

La vigilancia digital puede parecer lejana, pero es un riesgo real en el mundo conectado. Detectar a tiempo las señales y reaccionar con rapidez es la clave para proteger tu privacidad y tus datos. Mantente informado, revisa tus dispositivos con frecuencia y no subestimes la importancia de la ciberseguridad personal.

El régimen de Irán anunció este domingo la detención de 500 personas bajo cargos de espionaje y colaboración con medios considerados contrarios a los intereses nacionales, en el marco de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.

El comandante de la policía, Sardar Ahmadreza Radan, citado por la agencia de noticias iraní Tasnim, detalló que la mitad de los arrestados habría proporcionado datos sobre posibles objetivos militares y sostenía contacto con grupos que “pretendían alterar el orden público”.

Radan explicó que los detenidos enviaban imágenes y ubicaciones de sitios bombardeados a “enemigos” y a medios calificados como antiiraníes. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, las operaciones militares han dejado más de 3.000 muertos en territorio iraní, lo que ha intensificado la persecución de cualquier persona sospechosa de informar a potencias extranjeras o a medios internacionales.

Las detenciones se distribuyeron en diferentes regiones. Según Tasnim, en el noroeste del país fueron arrestadas 20 personas por presuntamente compartir la localización de activos militares y de seguridad con Israel. En el noreste, otras diez quedaron detenidas bajo sospecha de recolectar datos sobre infraestructuras estratégicas y económicas.

Una división de inteligencia de la Guardia Revolucionaria dijo que “el enemigo sionista y Estados Unidos intentan invadir Irán y, de manera paralela, activan mercenarios y espías para provocar disturbios como siguiente fase”.

En Lorestan, el portal local Student News Network reportó la detención de tres individuos acusados de “alterar la opinión pública y quemar símbolos de luto”. Los despachos oficiales no precisaron la fecha exacta de los arrestos.

De acuerdo con una fuente consultada por agencias internacionales, Israel ha comenzado a atacar puestos de control y objetivos de seguridad en Irán sobre la base de información aportada por informantes locales.

El régimen iraní incrementó la represión tras las protestas masivas que estallaron en enero, semanas antes del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. Estas manifestaciones, sofocadas con violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad, fueron atribuidas por el régimen a la injerencia de potencias extranjeras, a las que acusan de buscar la caída de la estructura clerical.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió en la red social X que cualquier intervención extranjera podría escalar el conflicto en la región.

En declaraciones a Al Araby Al Jadid, Araqchi afirmó: “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, y sostuvo que “el paraguas de seguridad estadounidense atrae problemas en vez de disuadirlos”.

El canciller del régimen persa aseguró contar con pruebas que vinculan bases estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, con ataques lanzados contra territorio iraní.

Incidentes regionales

La situación en la región sigue siendo volátil, con episodios que agravan la tensión. El ejército de Italia informó que un dron destruyó un aparato no tripulado italiano en una base militar de Kuwait compartida con fuerzas estadounidenses, aunque no se reportaron víctimas. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, minimizó el incidente y afirmó que “Italia no está en guerra con nadie”.

Al mismo tiempo, el bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene los precios internacionales del petróleo por encima de los USD 100 el barril. Estados Unidos evalúa medidas adicionales para proteger el tráfico marítimo en la región, en un contexto donde la seguridad energética global se ve directamente afectada por la escalada del conflicto.

La ofensiva militar y la represión interna impulsada por el régimen iraní se dan en un escenario de alta inestabilidad, marcado por la rivalidad entre potencias extranjeras, el endurecimiento de las políticas de control y la preocupación internacional por el impacto económico y humanitario de los enfrentamientos.

(Con información de Europa Press, Reuters y AFP)

La mitad de quienes resultaron arrestados en Irán está vinculada con la entrega de información estratégica que habría permitido a grupos extranjeros identificar puntos de ataque en el país, indicó Sardar Radan, comandante de la Fuerza Disciplinaria iraní. Según informó la agencia de noticias Tasnim y recogió el medio, estos detenidos mantenían contactos con bandas y, de acuerdo con las autoridades, perseguían desestabilizar el orden social. La noticia principal indica que el total de arrestados por cargos de espionaje y colaboración con medios identificados como “antiiraníes” es de al menos 500 personas.

De acuerdo con Tasnim, Radan declaró públicamente que los detenidos enviaban información al enemigo y a agencias noticiosas consideradas hostiles. El comandante especificó que cerca de 250 de los detenidos formaban parte de redes que presuntamente compartieron datos de objetivos militares o estratégicos, lo que habría facilitado recientes bombardeos dentro del territorio iraní. El resto de los arrestados también enfrenta acusaciones de contribuir a la alteración del orden social y mantener contactos con organizaciones identificadas por las autoridades como ilícitas.

El medio iraní detalló que estas detenciones se produjeron en el contexto del aumento de las acciones militares ejecutadas en el país desde el 28 de febrero. Ese día, Estados Unidos e Israel implementaron una serie de ataques aéreos sobre Irán, alegando como motivo la presión para forzar un cambio en el gobierno de Teherán. Según consignó Tasnim a partir de informes de organizaciones no gubernamentales, dichos bombardeos han resultado en la muerte de más de 3.000 personas en territorio iraní en las últimas semanas.

La campaña internacional de ataques ha incrementado las tensiones regionales y la preocupación por la intervención extranjera en los asuntos internos de Irán, informó la agencia. Las autoridades locales sostienen que la colaboración con medios de comunicación externos forma parte de una estrategia más amplia orientada a minar la estabilidad política y social del país. Según publicó Tasnim, los arrestados serán procesados bajo cargos de espionaje y conspiración, delitos que la legislación iraní castiga severamente.

Además, la agencia reportó que los arrestos forman parte de una respuesta coordinada por las fuerzas de seguridad y policía, quienes intensificaron las labores de vigilancia y control sobre ciudadanos sospechosos de contacto con agentes extranjeros. Radan insistió en sus declaraciones, recogidas por Tasnim, que estos esfuerzos buscan proteger la soberanía nacional ante intervenciones externas que utilizan tanto operaciones militares como mediáticas para alcanzar sus objetivos.

Dentro de los 500 detenidos, se identifican personas consideradas relevantes por su acceso a información sensible y su capacidad para facilitar que organizaciones extranjeras tomen ventaja de vulnerabilidades internas, según detalla el medio. Se desconoce la identidad de los arrestados y su situación jurídica concreta, pues la información suministrada hasta el momento es parcial y centrada en las acusaciones oficiales.

El medio subrayó que este operativo coincide con denuncias previas de la administración iraní sobre la supuesta utilización de medios de comunicación internacionales como instrumentos de desinformación y de generación de descontento público. Las autoridades consideran que la filtración de datos internos representa una amenaza directa a la seguridad nacional, por lo que han reiterado su política de máxima vigilancia frente a estas actividades.

Tasnim también detalló que el discurso oficial responsabiliza a gobiernos extranjeros por incidir en la crisis humanitaria derivada de los bombardeos recientes, señalando que la coordinación entre agentes internos y fuerzas externas habría contribuido a agravar la situación de víctimas civiles, que ya supera los 3.000 fallecidos, según datos aportados por ONG.

La agencia concluyó que las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad incluyen no solo la detención de sospechosos, sino también el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y controles estrictos sobre la divulgación de información sensible, mientras continúa el estado de alerta ante posibles nuevos ataques.

El Ministerio del Interior de Bahréin informó que, en las confesiones obtenidas durante la investigación, uno de los principales sospechosos reconoció haber recibido entrenamiento intensivo en campamentos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, centrado en el tráfico de personas y el reclutamiento de individuos para ejecutar complots terroristas. Según consignó la institución pública, este individuo cuenta con antecedentes penales vinculados a delitos de naturaleza terrorista en años previos. Esta revelación forma parte de una serie de arrestos llevados a cabo recientemente en el reino, en el contexto de tensiones regionales tras ataques e intercambios bélicos entre Irán y una coalición liderada por Estados Unidos e Israel que dio inicio el 28 de febrero.

Las autoridades detallaron este fin de semana el arresto de once personas en distintas operaciones. De acuerdo con información oficial recogida por el Ministerio del Interior y publicada por el medio de referencia, cinco de los detenidos, todos hombres de entre veinticinco y treinta y nueve años, enfrentan cargos por presunta colaboración con los servicios de inteligencia iraníes. Se les acusa de recopilar y transferir datos sensibles al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) realizando estas tareas a través de intermediarios considerados elementos terroristas radicados en territorio iraní. Además, están bajo sospecha de reclutar operativos dentro de Bahréin con el objetivo de ejecutar actos considerados terroristas en suelo nacional.

Paralelamente, otros seis individuos, entre ellos una mujer, fueron arrestados bajo la acusación de difundir imágenes y vídeos relacionados con los ataques iraníes. El Ministerio indicó que estas publicaciones, realizadas desde cuentas personales en redes sociales, incluyen manifestaciones de simpatía y supuesta exaltación de acciones interpretadas por las autoridades como hostiles contra el reino. Según publicó el Ministerio del Interior, también les atribuyen la publicación de información catalogada como falsa y la promoción de incitación digital para ataques a sitios web oficiales y privados dentro de Bahréin.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio recogida este fin de semana, la difusión de este contenido podría haber desinformado a la opinión pública y generado miedo en la población, además de impactar la percepción de seguridad entre ciudadanos y residentes. Las autoridades añadieron que la circulación de estos vídeos habría buscado alterar el orden social y menoscabar la estabilidad local, en un escenario ya marcado por violencia reciente. Según reportó el Ministerio, los ataques de Irán al reino han producido al menos tres muertes y trinta y ocho heridos.

El anuncio de estas detenciones se produce mientras Bahréin figura entre los países del golfo Pérsico que han sido blanco directo o indirecto de represalias iraníes tras la intervención militar conjunta contra Irán encabezada por Estados Unidos e Israel. Según informó la autoridad policial local, el seguimiento de las actividades llevadas a cabo por los sospechosos se centró en identificar núcleos de riesgo potencial constituidos por células o personas con conexiones verificadas con entidades foráneas consideradas hostiles por las autoridades nacionales.

El Ministerio del Interior agregó que estas operaciones responden a la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a intentos de injerencia o desestabilización que, según los informes divulgados, se habrían intensificado a raíz de los recientes enfrentamientos armados en la región. Los procedimientos judiciales iniciados contra los detenidos pretenden esclarecer la posible existencia de redes mayormente estructuradas dentro del territorio.

Como parte del comunicado difundido en medios institucionales y retomado por la prensa local, se subraya la colaboración internacional y el refuerzo de medidas de control en las fronteras y puntos estratégicos del país. El Ministerio reiteró la gravedad atribuida tanto al espionaje como a la manipulación informativa en redes sociales, destacando el impacto que estas acciones pueden tener en la vida pública y la seguridad ciudadana de Bahréin.

Durante la Guerra Fría, la CIA intentó entrenar gatos con dispositivos de transmisión para emplearlos como espías en operaciones contra la Unión Soviética.

El llamado Proyecto Acoustic Kitty, ideado en la década de 1960, combinó innovaciones tecnológicas con retos del comportamiento animal, aunque el resultado fue muy distinto a lo esperado.

El proyecto consistió en implantar transmisores en gatos domésticos y tratar de recolectar información en la embajada soviética. Sin embargo, la incapacidad para controlar a estos animales y los fallos técnicos impidieron que la iniciativa prosperara, lo que llevó finalmente a considerar el plan un fracaso, según detalló Popular Science.

El nacimiento de Acoustic Kitty

En los años 60, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscó métodos poco convencionales para obtener ventaja informativa, en un momento marcado por la competencia tecnológica entre potencias. Fue en este contexto que surgió el Proyecto Acoustic Kitty, cuyo objetivo era convertir a los gatos en herramientas para el espionaje.

Popular Science explica que la idea era adiestrar gatos para que se acercaran a diplomáticos soviéticos y grabaran sus conversaciones mediante un pequeño emisor quirúrgicamente implantado. No solo se trataba de un reto tecnológico, sino también biológico, ya que tal experimento nunca se había intentado antes.

El desarrollo del proyecto fue completamente secreto y muchas particularidades continúan ocultas debido a la censura y los documentos oficiales restringidos. Los indicios públicos muestran que la combinación de electrónica y comportamiento animal planteó obstáculos que resultaron insalvables.

Las versiones enfrentadas sobre Acoustic Kitty

Existen relatos divergentes acerca del desenlace del proyecto. El exagente Victor Marchetti sostuvo que el primer gato espía fue atropellado antes de cumplir su misión cerca de la embajada soviética.

En contraste, el adiestrador Bob Bailey defendió en declaraciones recogidas por Popular Science que Acoustic Kitty fue un proyecto serio y que se lograron ciertos avances. En ese sentido, señaló: “Podíamos acondicionar al gato para escuchar voces… Vimos que se concentraba más en las voces humanas y menos en otros estímulos”.

Ambos testimonios coinciden en que al animal se le implantó un transmisor en el abdomen, convirtiéndolo en un auténtico “gato radio-andante”. Aun así, un documento oficial de la CIA, divulgado parcialmente y con extensas secciones tachadas, concluye que, si bien era posible entrenar gatos para recorridos cortos, el método no cumplía los requisitos específicos del espionaje real.

Por qué los gatos no pueden ser agentes secretos

La dificultad para adiestrar gatos se encuentra en su naturaleza impredecible y su motivación autónoma. Stephen Quandt, experto en conducta felina, explicó a Popular Science que los gatos “hacen únicamente lo que les agrada, sin importar las expectativas humanas”.

Mientras los perros fueron criados durante generaciones para cooperar directamente con las personas y cumplir diversas funciones —desde el pastoreo hasta la asistencia social—, los gatos se domesticaron a sí mismos para cazar roedores, guiados únicamente por su utilidad en ese cometido.

Esta independencia felina supuso un límite infranqueable para el espionaje. El proyecto Acoustic Kitty evidenció lo difícil que es condicionar el comportamiento de los gatos cuando no existe motivación suficiente, lo que restringe de origen la viabilidad de tales experimentos en inteligencia.

El adiestramiento felino, de la Guerra Fría a la actualidad

Hoy existen métodos eficaces para entrenar gatos destinados al entretenimiento y la convivencia diaria, pero muy alejados del uso militar o de inteligencia. Una técnica común es el adiestramiento con clicker, que asocia un sonido específico con una recompensa para reforzar conductas deseadas.

Quandt detalló a Popular Science que el clicker permite a los gatos identificar la relación entre la acción y la gratificación, facilitando el aprendizaje de comportamientos como seguir a una persona o evitar rasguñar muebles. Una vez que el animal comprende la utilidad del click, puede asociarlo con instrucciones sencillas.

Estos métodos se aplican principalmente en el cine y en espectáculos, donde algunos felinos han aprendido rutinas complejas. Sin embargo, el condicionamiento moderno nunca ha conseguido que los gatos actúen bajo presión ni realicen tareas en ambientes de alta tensión, como lo exige el campo de la inteligencia militar.

Después de Acoustic Kitty: ética y tecnología en el espionaje

El uso de animales para inteligencia, además de plantear límites técnicos, abre debates éticos sobre el bienestar animal y la justificación de utilizar seres vivos en operaciones militares. En la actualidad, la CIA y otras agencias han reemplazado estos proyectos por alternativas como microdrones y dispositivos de vigilancia autónomos.

El caso Acoustic Kitty, documentado por Popular Science, sigue alimentando la reflexión sobre el alcance real de los avances científicos y las barreras impuestas por la naturaleza animal. Su legado persiste como ejemplo de los desafíos y dilemas éticos que surgen al buscar nuevas fronteras en la tecnología y el espionaje.

Las autoridades de Bahréin comunicaron este domingo la detención de cinco personas acusadas de espionaje y actividades terroristas en favor de la Guardia Revolucionaria de Irán. El anuncio se produce en un contexto de alta tensión en Oriente Medio, donde confluyen conflictos armados y bloqueos estratégicos.

Bahréin arrestó a estos sospechosos debido a su presunta colaboración con la Guardia Revolucionaria, transmitiendo información estratégica sobre infraestructuras y participando en la organización de actos que, según el Ministerio del Interior, estaban dirigidos a socavar la seguridad y estabilidad nacional. Los implicados estarían vinculados al envío de fotografías y coordenadas sensibles, el reclutamiento de nuevos operativos y la recepción de entrenamiento en Irán.

El Ministerio del Interior identificó a los detenidos como Abbas Abdullah Habib, Yousif Ahmed Mansoor Sarhan, Mohammed Fadhel Hameed, Sahlan Abdulredha Ali y Mohammed Hadi Hassan. Un sexto sospechoso, Ahmed Yousif Jassim Sarhan, permanece prófugo fuera del país. Según la acusación, los arrestados respondían a instrucciones directas de la Guardia Revolucionaria, captando datos sobre objetivos y hoteles que supuestamente fueron utilizados para planear ataques durante la actual crisis regional.

De acuerdo con las autoridades, uno de los principales implicados confesó que recibió formación militar y en técnicas de reclutamiento en campamentos de la Guardia Revolucionaria. El objetivo declarado era debilitar la vigilancia estatal, infundir temor entre la población y afectar sectores clave de la economía. Los detenidos han sido remitidos a la Fiscalía para continuar con las investigaciones sobre su presunta participación en planes de actos terroristas.

El clima en la región, desde el 28 de febrero de 2025, permanece marcado por ataques mutuos y posturas beligerantes entre Irán, Israel y Estados Unidos. El bloqueo del estrecho de Ormuz, mantenido por Irán, ha generado una subida en los precios del petróleo y desencadenado propuestas internacionales para proteger el flujo de hidrocarburos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a NBC News que Irán busca un acuerdo, pero aseguró que Washington mantendrá la presión hasta lograr condiciones favorables. Trump señaló la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses contra infraestructuras estratégicas en la isla iraní de Kharg, fundamental para la exportación de crudo.

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró en un comunicado su determinación de mantener cerrado el paso de Ormuz, mientras fuentes estadounidenses dudaron de su poder real. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, indicó a Al-Araby Al-Jadeed que la guerra continuará hasta obtener garantías de no repetición y compensaciones, y responsabilizó a bases estadounidenses en la zona de participar en los ataques.

Durante estos episodios, se han registrado acciones de ambos bandos: Israel anunció nuevas operaciones militares en territorio iraní y la Guardia Revolucionaria prometió perseguir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Paralelamente, las fuerzas iraníes dijeron haber lanzado ataques con drones sobre puntos estratégicos en Israel.

En este contexto de tensiones, Estados Unidos propuso la formación de una coalición militar para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, involucrando a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido en la protección del tránsito marítimo.

Varios gobiernos mantienen posturas prudentes. El Ministerio de Defensa británico declaró que estudia su posible colaboración, mientras Japón y Corea del Sur evitaron pronunciamientos definitivos.

Bahréin y Arabia Saudita, dos de los países del Golfo atacados por Irán desde el inicio del conflicto, han informado sobre la interceptación de proyectiles, y en Manama se registraron alarmas ante ataques aéreos.

El precio del crudo ha experimentado oscilaciones marcadas debido a la reducción de exportaciones desde la isla de Jark. No obstante, las instalaciones petroleras siguen activas pese a los ataques armados, aseguran tanto fuentes estadounidenses como iraníes.

Estas detenciones en Baréin reflejan el endurecimiento de sus políticas de seguridad ante la influencia iraní en el Golfo. Según el Ministerio del Interior, los arrestos forman parte de la estrategia nacional para contrarrestar el impacto de la Guardia Revolucionaria y preservar la soberanía, en el marco de los cambios geopolíticos provocados por el conflicto.

La investigación oficial identificó a una quinta persona vinculada al caso de supuesto espionaje, la cual permanece fuera del país, según las autoridades de Bahréin. Este dato fue revelado en el contexto de la detención de cuatro ciudadanos bahreiníes, entre ellos una joven de 22 años, acusados de colaborar con la Guardia Revolucionaria de Irán reuniendo información estratégica y transmitiéndola a través de canales digitales encriptados. Según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por diversas fuentes, las detenciones se produjeron el miércoles y afectan a tres hombres de 25, 34 y 36 años, además de la joven arrestada.

El ministerio explicó que la investigación a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses permitió establecer que el primer detenido habría actuado bajo las órdenes de la organización iraní y con el apoyo de otras personas. De acuerdo con el comunicado, ese implicado empleó equipos fotográficos de alta resolución para registrar imágenes y ubicaciones de sitios catalogados como vitales e importantes dentro de Bahréin. Posteriormente, la información recopilada pasó a disposición de la Guardia Revolucionaria iraní a través de un software cifrado, lo que permitió el envío seguro y clandestino de los datos obtenidos.

De acuerdo con el comunicado difundido y recogido por medios internacionales como Europa Press, la investigación se llevó a cabo en un contexto geopolítico marcado por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán registrada en febrero, y las posteriores respuestas iraníes dirigidas a intereses estadounidenses en la región. El Ministerio del Interior de Bahréin subrayó que los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía y que se han iniciado los procedimientos legales pertinentes en el marco de esta causa.

El medio Europa Press también consignó que, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, la red de espionaje estaba planificada para obtener información estratégica acerca de lugares sensibles del país. La nota oficial especificó que las personas inculpadas accedieron a estos recintos para obtener fotografías y registrar coordenadas, cumpliendo supuestamente instrucciones directas de la organización para la que trabajaban.

En el comunicado se puntualiza que la información recopilada incluía datos relevantes para la seguridad nacional de Bahréin. El uso de tecnología avanzada, como cámaras de alta definición y programas cifrados, habría permitido la recolección y transferencia de material potencialmente sensible sin levantar sospechas inmediatas. Las autoridades subrayaron que el primer detenido fue clave en la operativa, ejecutando tareas según los lineamientos recibidos y contando con el apoyo logístico de los otros tres ciudadanos arrestados.

La prensa internacional, citando fuentes oficiales, destacó que las detenciones se inscriben dentro de un clima de alta tensión regional, derivado de la escalada de enfrentamientos entre Irán y bloques aliados de Estados Unidos e Israel. Según reportó Europa Press, la localización de la quinta persona presuntamente implicada, quien al momento se mantiene en libertad y fuera de las fronteras bahriníes, sigue bajo investigación, y las autoridades están coordinando acciones para su posible extradición o captura.

El comunicado ministerial enfatizó que las actividades de espionaje se realizaban desde el interior del país y que la cadena de mando se mantenía mediante instrucciones enviadas por la organización iraní. Los acusados accedían a información detallada sobre puntos estratégicos y empleaban herramientas tecnológicas para evitar la detección. Todo el contenido era transmitido exclusivamente a través de plataformas digitales encriptadas, resguardando tanto la identidad de los remitentes como la confidencialidad de la información desplazada.

El arresto de los cuatro bahreiníes y la revelación de una red que operaba con ayuda extranjera han intensificado la atención sobre las medidas de seguridad y la vigilancia de posibles células de inteligencia integradas en la sociedad bahriní. Según publicó Europa Press, las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o avances en el caso, a medida que se profundizan las pesquisas sobre la colaboración entre ciudadanos locales y agentes iraníes a través de tecnología digital.

El Ministerio del Interior aseguró que los procedimientos legales aplicables ya se encuentran en marcha y que los sujetos detenidos permanecerán a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las diligencias. Las investigaciones lograron detectar la exactitud con la que funcionaba la estructura de espionaje, así como los mecanismos sofisticados empleados para registrar y entregar información clasificada sobre lugares clave del país.

El mundo de la inteligencia no siempre implica situaciones de alto riesgo, máscaras hiperrealistas y proezas acrobáticas a lo Ethan Hunt colgando de un Airbus en pleno vuelo. De hecho, según quien, rara vez lo hará: seguramente en general no implique mucho más que hablar con la persona indicada, sea sabiendo el interlocutor el fin real de la conversación o bailando alrededor de un tema por si se puede tropezar en él sin que se note demasiado que ha sido adrede. El caso es que el perfil de quien trabaja en inteligencia no es sólo uno, y el CNI está reclutando profesionales.

Esta misma semana, el CNI publicó a través de la red social LinkedIn una convocatoria abierta: “En el CNI también buscamos profesionales del área económica y de la medicina, entre otras. ¿Te interesa?”. La publicación ha generado interés sobre qué tipo de perfiles requiere el organismo y cuáles son las vías de acceso a una institución estratégica para el Estado.

El CNI asesora al Gobierno en seguridad nacional y selecciona personal cualificado bajo requisitos formales y vocación

El CNI, adscrito al Ministerio de Defensa, proporciona al Gobierno información, análisis y recomendaciones para anticipar y neutralizar amenazas a la seguridad nacional. Sus informes están dirigidos principalmente al Gobierno, pero también se remiten a otras autoridades según la materia: Congreso, Senado, gobiernos autonómicos y partidos políticos. La colaboración internacional es parte de su operativa, dada la naturaleza global de los riesgos actuales.

Para ingresar al CNI, es imprescindible cumplir ciertos requisitos formales: nacionalidad española, mayoría de edad, titulación académica acorde al puesto, situación administrativa limpia, aptitud física y médica, así como capacidad para obtener habilitación de seguridad. La experiencia previa no es obligatoria, ya que la selección se basa en el talento y la vocación de los candidatos. El proceso de selección incluye una evaluación curricular, pruebas de personalidad y competencias, fases técnicas, entrevistas personales, evaluaciones psicofísicas en determinados puestos y la obtención de la habilitación de seguridad.

El personal se organiza en distintas categorías profesionales (A1, A2, C1, C2), en función del nivel educativo y las responsabilidades del cargo. El estatuto de personal propio del CNI regula la carrera profesional y permite el desarrollo en diversas áreas, así como la posibilidad de trabajar en entornos internacionales.

Perfil de Oficial Superior de Inteligencia

El puesto de Oficial Superior de Inteligencia corresponde a una de las posiciones más especializadas dentro del CNI. Este perfil requiere formación universitaria y, en muchos casos, estudios de posgrado. El trabajo de estos oficiales está orientado al análisis, interpretación y evaluación de información relevante para la seguridad del Estado. Entre sus funciones, se encuentran la elaboración de informes estratégicos, la coordinación de equipos multidisciplinares y la colaboración directa con altos cargos de la Administración.

Además del nivel académico, se valoran soft skills como la capacidad de adaptación a contextos cambiantes, habilidades de liderazgo, pensamiento analítico, discreción y disponibilidad para afrontar jornadas exigentes. La confidencialidad y el compromiso con los valores institucionales son fundamentales en este perfil.

Perfil de técnico HUMINT

El perfil técnico en HUMINT (Human Intelligence) responde a la necesidad de obtener información a través de fuentes humanas. Estos profesionales se especializan en la captación, desarrollo y manejo de contactos que puedan aportar datos útiles para el trabajo de inteligencia. Entre sus tareas se encuentran la identificación de fuentes, la realización de entrevistas y la gestión de relaciones en contextos diversos, tanto nacionales como internacionales.

El acceso a puestos técnicos HUMINT no exige necesariamente formación universitaria, aunque sí se requiere una sólida capacidad de comunicación, habilidades interpersonales, adaptabilidad y una marcada orientación a la obtención de información relevante. También es esencial la aptitud para el trabajo en equipo, el manejo de situaciones complejas y el cumplimiento estricto de las normas de confidencialidad y seguridad.

El Ministerio de Inteligencia de Irán informó que, además de las detenciones realizadas, se incautaron más de 200 armas blancas, cinco kilogramos de estupefacientes y más de 200 litros de bebidas alcohólicas en la capital del país. La investigación llevó a la captura de seis personas catalogadas como "matones" por las autoridades, quienes, según el comunicado oficial, estaban relacionadas con actos contra los valores islámicos nacionales. Este operativo forma parte de una serie de arrestos comunicados por las autoridades iraníes en el contexto de una escalada de tensiones regionales.

Según publicó la agencia iraní de noticias Tasnim, el Gobierno de Irán anunció la detención de 30 personas de distintas nacionalidades, a quienes se les acusa de actividades de espionaje y colaboración con Estados Unidos e Israel. Las detenciones se realizaron en distintas provincias del país y afectaron tanto a ciudadanos locales como extranjeros. La medida se produce en medio de la profunda crispación entre Teherán y ambos países, después de episodios recientes de confrontación militar y ofensivas en la región.

De acuerdo con Tasnim, uno de los detenidos identificados por el Ministerio es un ciudadano extranjero, acusado de recopilar datos militares y de seguridad para dos países del golfo Pérsico, cuya identidad específica no fue revelada por las autoridades. Esta persona presuntamente entregó la información sensible posteriormente a agentes estadounidenses e israelíes, lo que motivó su arresto por parte de los servicios de inteligencia iraníes.

Otro arresto relevante mencionado en el comunicado implicó a un presunto miembro de un grupo insurgente que opera en la frontera sureste del país, una región limítrofe con Pakistán. El Ministerio indicó que este individuo estaba remitiendo información sobre las fuerzas de seguridad y la localización de instalaciones de defensa nacional a “el enemigo”, lo que llevó a su identificación y posterior detención en la provincia de Sistán y Baluchistán. En esta zona, la actividad de grupos armados como Ansar al Furqan ha sido motivo de preocupación para el Gobierno, aunque las fuentes oficiales evitaron especificar la organización involucrada en esta ocasión.

En la provincia del Kurdistán, fronteriza con Irak y Turquía, la operación gubernamental resultó en la captura de un integrante de lo que las autoridades llamaron un "grupo terrorista separatista". Durante la intervención, encontraron diez fusiles kaláshnikov, veintiún cargadores y seiscientos treinta cartuchos de munición, cuyo destino, según las autoridades, era abastecer a "mercenarios" que pretendían poner en marcha un plan en contra de la integridad territorial de la república islámica, en coordinación con intereses estadounidenses y de Israel. Además, durante las acciones en esa provincia, fueron detenidas dos personas adicionales y, según la información proporcionada, una tercera murió por disparos de los integrantes del grupo armado durante el enfrentamiento, según reportó Tasnim.

El Ministerio también informó, según consignó la agencia, sobre la detención de diecinueve personas identificadas como "mercenarios agentes de campo". A estos individuos, las autoridades los vinculan tanto con la oposición interna al régimen como con redes israelíes, y señalan que se encontraban “preparándose para llevar a cabo los planes” de Estados Unidos e Israel en al menos ocho provincias del país. Entre los arrestados se destaca el caso de un hombre que, tras una década en el extranjero donde recibió formación, regresó a Irán para formar una organización armada en el suroeste. Este sospechoso habría coordinado al menos una operación en Teherán antes de ser interceptado tras la investigación de las fuerzas de inteligencia.

Según el comunicado recogido por Tasnim, el contexto de estas detenciones se enmarca en la reciente intensificación del conflicto entre Irán y varios de sus vecinos y adversarios regionales. La información proporcionada por el Ministerio de Inteligencia destaca que las redes desarticuladas mantenían vínculos directos con gobiernos extranjeros que, de acuerdo con la acusación, estarían impulsando acciones contra la seguridad y la soberanía territorial iraní.

Las autoridades subrayaron también el carácter multinacional del grupo de arrestados, aunque evitaron precisar la distribución por nacionalidades ni detalles específicos sobre sus documentos de identidad. La amplitud de los operativos y la variedad de los cargos presentados ilustran la preocupación de las instituciones iraníes respecto a las amenazas de injerencia externa en el contexto actual de tensión internacional, según lo reportado por Tasnim y los comunicados oficiales consultados.

Durante una audiencia judicial celebrada el lunes en Bahréin, la Fiscalía argumentó que los acusados involucrados en el caso de espionaje “han enarbolado la bandera de lealtad al agresor y han traicionado a esta generosa nación que les dio refugio, alimento y crianza”, según declararon ante el tribunal. La institución solicitó la pena de muerte para los dos señalados, a quienes acusa de facilitar información secreta mediante fotografías de lugares donde esta actividad está prohibida por la ley. Según consignó la Fiscalía, este tipo de acciones constituye “alta traición contra la nación que merece la pena capital, sin misericordia: la ejecución”.

De acuerdo con la información recogida por los medios bahreiníes y difundida por agencias internacionales, los imputados enfrentan cargos por espionaje a favor de una organización que las autoridades catalogan como terrorista. Las acusaciones aseguran que los sospechosos colaboraron en la recopilación y transmisión de datos estratégicos con la intención de planificar actos hostiles y terroristas contra el Estado de Bahréin.

Tal como publicó la prensa local, la Fiscalía enfatizó durante el proceso que el delito cometido trasciende la violación de normas menores. Según los argumentos judiciales, la obtención y divulgación de fotografías de espacios sensibles representa una amenaza directa a la defensa nacional. Este señalamiento toma relevancia en el marco de una escalada de tensiones regionales, en la que Bahréin vincula el caso con lo que denominan “la actual agresión brutal iraní” hacia el país.

Bahréin, que alberga a la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, ha incrementado la vigilancia sobre posibles actos de espionaje y presuntas infiltraciones ligadas a intereses extranjeros. El medio estatal detalló que las acciones investigadas por la Fiscalía se insertan en la preocupación reciente por la seguridad nacional, especialmente tras incidentes y crisis recientes en el golfo Pérsico.

Durante la vista judicial de este lunes, la representación del Ministerio Público reiteró la gravedad de los hechos atribuidos, describiendo las acciones de los acusados como ejemplos de deslealtad y cooperación con actores identificados por el gobierno como adversarios. Según informó la agencia oficial, la resolución solicitada responde tanto a la supuesta magnitud del daño causado como a la naturaleza del contexto internacional en que habrían ocurrido los hechos.

Los fiscales acusaron formalmente a los sospechosos de contribuir con información clave que posibilitaría operaciones terroristas. El delito atribuido incluye no solo la recopilación de material visual en áreas restringidas, sino la intención manifiesta de transferir esos datos a entidades que, según las autoridades, operan en contra de los intereses nacionales de Bahréin.

De acuerdo con la información proporcionada por los medios oficiales citados, el desarrollo del juicio también se produce mientras el país examina otras investigaciones relacionadas con redes que el gobierno describe como hostiles y conectadas a potencias regionales rivales. El involucramiento de la República Islámica de Irán, a la que Bahréin señala como agresora en este escenario, plantea preocupaciones sobre la escalada de incidentes de seguridad y la reacción de las autoridades locales.

La acusación señala que la recopilación de fotografías en zonas prohibidas representa una vulneración severa de los sistemas defensivos y estratégicos del Estado. Las autoridades consideran estas acciones como parte de una estrategia más amplia para transmitir información confidencial que pudiera emplearse en ataques o en campañas de desestabilización.

Los dos acusados permanecen bajo custodia mientras la corte estudia los argumentos presentados por la Fiscalía. Según informaron medios locales, la sentencia potencial de pena capital subraya la política de tolerancia cero frente al espionaje y la colaboración con grupos designados como terroristas bajo la legislación de Bahréin.

De acuerdo con lo reportado, el proceso judicial aún está en curso y las autoridades señalan que no se han detallado públicamente las identidades de los acusados ni la naturaleza específica de los lugares fotografiados, amparándose en razones de seguridad nacional. La información sobre la posible defensa o reacción de los acusados o sus representantes legales no ha sido difundida en los reportes actuales.

La petición de la Fiscalía y la referencia a la “traición” con la que se calificó la conducta de los acusados forman parte de un discurso oficial que insiste en la amenaza que suponen los presuntos vínculos con entidades extranjeras identificadas como peligrosas por el gobierno de Bahréin. En el contexto regional actual, la vigilancia y el enjuiciamiento de casos similares se han intensificado, en particular en los países del golfo que han registrado incidentes relacionados con la seguridad nacional.

La empresa UC Global comunicó a través de un mensaje en su perfil público el reciente fallecimiento de David Morales, quien fue fundador y máximo responsable de la firma y cuya figura quedó marcada por su implicación en un proceso judicial vinculado al espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Según informó Europa Press, Morales representó la principal autoridad de UC Global, compañía encargada de prestar servicios de seguridad en la delegación ecuatoriana mientras Julian Assange permanecía en el inmueble como asilado político. El deceso de Morales se produjo poco tiempo después de que la Audiencia Nacional dispusiera la apertura de juicio oral por la supuesta vigilancia ilícita al fundador de Wikileaks.

La investigación, reportó Europa Press, se centró en presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. Junto a Morales, el juez Santiago Pedraz también ordenó sentar en el banquillo a Michel Wallemacq, quien desempeñó el cargo de responsable de operaciones en UC Global. La Fiscalía, según publicó el medio, pidió una condena de trece años y seis meses de prisión y una multa económica para Morales.

De acuerdo con los datos que figuran en la instrucción, entre los años 2015 y 2018, el Gobierno de Ecuador contrató los servicios de UC Global en el contexto del asilo que ofreció a Julian Assange. El juez detalló que la inquietud por la seguridad obedecía a la naturaleza delicada de la situación, ya que Assange afrontaba cargos de espionaje en Estados Unidos tras la difusión de documentos oficiales y secretos a través de Wikileaks. Según consignó Europa Press, las labores encomendadas a la empresa abarcaron vigilancia presencial las veinticuatro horas en el recinto, junto a la supervisión a través de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente en la sede diplomática en Londres.

En el auto que proponía el enjuiciamiento de Morales, el magistrado Pedraz remarcó que, bajo instrucciones suyas en 2017, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que incorporaban también grabación de audio, diferencia fundamental respecto a los sistemas previos. Esta medida permitió captar no solo imágenes sino también conversaciones que mantenía Assange tanto con su defensa y familiares, como con figuras políticas de relevancia internacional. Entre los aludidos figuraron el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente español Pablo Iglesias, y los expresidentes Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica.

Durante ese mismo periodo, como publicó Europa Press, el magistrado judicial indicó que Morales solicitó además a los técnicos la habilitación de un acceso remoto en tiempo real ('streaming'). El objetivo era que diferentes usuarios, según el propio Morales, pudieran observar las actividades del interior de la embajada “en línea”, previendo dos canales de transmisión: uno oficial para las autoridades ecuatorianas y otro dedicado a “los amigos de Estados Unidos”.

El proceso judicial también investigó transferencias monetarias supuestamente entregadas por Morales a funcionarios ecuatorianos. Estas operaciones, detalló el medio basándose en el relato del juez, implicaban pagos significativos realizados mediante intermediarios y estructuras financieras poco transparentes, en un intento por asegurar la permanencia de UC Global como encargada de la seguridad en la legación.

La empresa UC Global, con sede principal en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambas en la provincia de Cádiz, se encargó de emitir públicamente el anuncio sobre la muerte de Morales. A través de una publicación, la firma manifestó que “su memoria y su legado permanecerán presentes en el trabajo diario de quienes continúan esta misión. Descanse en paz”, conforme reportó Europa Press.

El procedimiento abierto en la Audiencia Nacional representaba la culminación de años de pesquisas sobre los procedimientos y la legalidad de la actuación de los responsables de UC Global dentro de uno de los episodios de mayor repercusión internacional vinculados a la figura de Julian Assange y a la revelación de información confidencial de gobiernos extranjeros. Tal como detalló Europa Press, el foco de la acusación se situó sobre la presunta obtención, grabación y cesión de información sin los permisos legales ni conocimiento de los afectados, especialmente en el contexto de la protección judicial y diplomática otorgada a Assange.

Con el fallecimiento de Morales queda marcada una nueva etapa en el proceso judicial que, según la propia instrucción, implicó también el estudio del destino y posible receptoría de la información sustraída, así como las motivaciones de los responsables al implementar sistemas tecnológicos adicionales de escucha y grabación durante el asilo. En todo momento, la información brindada por Europa Press subrayó la relevancia del proceso y la implicación de actores tanto nacionales como internacionales, dado el carácter político y legal de los hechos investigados.

De acuerdo con información de EFE, la compañía gaditana UC Global comunicó recientemente el fallecimiento de Morales a través de la red Linkedin. Morales, quien lideró la empresa de seguridad y servicios de investigación, estaba a la espera de juicio en la Audiencia Nacional por supuestas actividades ilegales durante la estancia de Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Entre 2015 y 2018, UC Global fue la responsable de la seguridad en el edificio diplomático, período durante el cual se habría producido la vigilancia ilícita.

El proceso judicial contra Morales incluía acusaciones de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas, para las que la Fiscalía solicitó trece años y seis meses de prisión, según consignó EFE. El otro directivo implicado, Michel Wallemacq, enfrenta una petición de tres años y medio de cárcel solo por el presunto descubrimiento y revelación de secretos.

Las investigaciones abordaron las supuestas intromisiones en las comunicaciones de Julian Assange, incluyendo el monitoreo de reuniones con sus abogados y familiares dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Estos hechos se produjeron mientras UC Global se encargaba de la seguridad del recinto, según publicó EFE.

La empresa, en su mensaje de despedida difundido por Linkedin, resaltó aspectos de la vida profesional de Morales, describiéndolo como alguien comprometido y con capacidad de liderazgo, aunque apartándose de valoraciones sobre el caso judicial. Desde UC Global, se expuso que Morales promovió una organización con presencia internacional y que generó oportunidades laborales significativas. En su comunicado, la empresa solicitó que se reconozca tanto el legado profesional como personal de su fundador, instando a un respeto hacia su memoria y la de su familia, según detalló EFE.

Mientras tanto, el avance del juicio continúa con la pieza separada para Michel Wallemacq, quien, de acuerdo con la investigación, habría estado implicado en la red de vigilancia que llevó a la apertura del proceso en la Audiencia Nacional. Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones públicas sobre la repercusión de la muerte de Morales en el seno de la empresa ni en la estrategia de defensa del acusado restante.

Este caso ha figurado dentro de los expedientes de la Audiencia Nacional desde el año pasado, y ha supuesto uno de los procesos más destacados en torno a la seguridad de personalidades de relevancia internacional refugiadas en delegaciones diplomáticas. Toda la información, según reportó EFE, sigue bajo análisis judicial para esclarecer tanto los alcances como las responsabilidades de los implicados.

La ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha resultado en la muerte de más de 1.200 personas, entre las cuales figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y miembros de la cúpula militar iraní, informó la televisión estatal IRIB. En este contexto, la Fiscalía iraní anunció nuevas medidas orientadas a incautar los bienes de ciudadanos iraníes en el extranjero que colaboren con lo que el gobierno denomina países hostiles o realicen actividades consideradas contrarias a los intereses nacionales, tal como consignó IRIB y según reportó la prensa internacional.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, la Fiscalía de Irán detalló que cualquier iraní residente en el exterior acusado de “cooperar con el enemigo” o realizar acciones que perjudiquen la seguridad nacional será objeto de confiscación de propiedades y de sanciones contempladas en la ley vigente. Las autoridades especificaron que la normativa se extiende a actividades consideradas como espionaje a favor de Estados Unidos, Israel o grupos y personas vinculadas a estos países.

La Fiscalía subrayó, según recogió la cadena pública, que las sanciones no solo apuntarán a quienes participen directamente en actos hostiles, sino también a aquellos que “simpatizan, acompañan o cooperan desde el extranjero con el agresor estadounidense-sionista”. Este organismo advirtió que todas las propiedades de estas personas en territorio iraní serán afectadas, y se prevén castigos adicionales de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.

El pronunciamiento de la Fiscalía coincidió con un momento de tensión tras el ataque conjunto de fuerzas estadounidenses e israelíes contra diversos objetivos en Irán y en Oriente Próximo y la posterior respuesta de Teherán. Las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles y drones sobre Israel y contra instalaciones de Estados Unidos en otros países del Medio Oriente, incluidas bases militares, informaron autoridades iraníes citadas por IRIB.

El medio estatal también recogió declaraciones de la Fiscalía que destacaban la “unidad y cohesión” de la nación iraní como factor determinante en la resistencia frente a la ofensiva foránea. Según la Fiscalía, esta respuesta social tuvo como consecuencia el desaliento del enemigo y contribuyó a fortalecer la seguridad interna durante la situación de conflicto.

Según publicó IRIB, las medidas anunciadas incorporan todos los castigos legales posibles, además de la confiscación de bienes, acentuando la severidad de las acciones previstas para quienes se consideren aliados o colaboradores de países catalogados como hostiles. Estas acciones forman parte de la reacción institucional iraní tras los acontecimientos del 28 de febrero, que incluyeron pérdidas humanas dentro de la élite política y militar.

La Fiscalía insistió en que cualquier tipo de apoyo o participación que se interprete como favorable a los intereses estadounidenses o israelíes acarrea la pérdida de propiedades personales en Irán, sin excepción. Este aviso se produjo en una coyuntura en la que el Estado busca reforzar medidas de seguridad y respuesta ante episodios recientes de violencia armada con saldo letal y repercusiones en la región, reportó la cadena pública IRIB.

El marco legal utilizado para justificar la incautación de bienes engloba situaciones en las que ciudadanos de origen iraní residentes fuera del país hayan realizado actividades consideradas como traición nacional, incluyendo la entrega de información u otro tipo de colaboración en operaciones internacionales que perjudiquen la seguridad de Irán, precisó la misma fuente. El endurecimiento de estas medidas sugiere la intención de las autoridades de limitar cualquier influencia o iniciativa opositora impulsada desde fuera del país.

El panorama descrito por IRIB revela que las respuestas institucionales, incluída la incautación de bienes y las sanciones, buscan frenar el respaldo externo a movimientos o acciones que el Estado considera hostiles, así como fortalecer la cohesión social para afrontar el actual contexto de violencia y confrontación internacional.

La jefa de Política Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, Helen Flanagan, manifestó que los recientes arrestos son resultado de una investigación prolongada y forman parte de las estrategias permanentes de las fuerzas de seguridad para interrumpir actividades que consideran nocivas en la capital británica. Afirmó también que comprenden la preocupación entre la ciudadanía, especialmente dentro de la comunidad judía, e instó a quienes perciban situaciones inquietantes a comunicarse directamente con las autoridades. Este pronunciamiento sigue al anuncio de la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con labores de espionaje a favor de Irán dentro de espacios y hacia miembros de la comunidad judía en Londres, tal como reportó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la Policía Metropolitana informó en un comunicado que los arrestados son un ciudadano de nacionalidad iraní y tres individuos con doble nacionalidad británica e iraní. El operativo se desarrolló en las zonas de Bernet y Warford, en el marco de un caso abordado por la política antiterrorista del Reino Unido. Las investigaciones giran en torno a la sospecha de acciones de vigilancia sobre lugares y personas relacionadas con la colectividad judía de la capital inglesa.

Según detalló la propia Policía Metropolitana, los detenidos figuran como sospechosos de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, identificando a Irán como el país involucrado en la pesquisa. Este dato fue confirmado por un portavoz policial, quien precisó que los cuatro individuos resultaron privados de libertad en el contexto de los operativos desplegados esta semana.

Además, Europa Press consignó que, en paralelo, las autoridades británicas han arrestado a otras seis personas bajo la acusación de proporcionar apoyo a uno de los principales sospechosos. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han publicado detalles adicionales sobre estos últimos detenidos ni la naturaleza del apoyo que habrían prestado.

La presencia policial en las áreas donde se realizaron los arrestos aumentó tras la identificación de posibles actos de espionaje y vigilancia, focalizando la preocupación en la protección de la comunidad judía. La investigación continúa abierta y se mantiene bajo la supervisión directa de los departamentos especializados en política antiterrorista.

"Pedimos a la población permanecer alerta y confiamos en contar con su apoyo en esta labor de protección", sostuvo Helen Flanagan según publicó Europa Press, remarcando la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier hecho sospechoso o perturbador.

Estos operativos refuerzan la posición del Reino Unido frente a las amenazas vinculadas al espionaje internacional y la protección de grupos comunitarios vulnerables. El gobierno y las fuerzas del orden mantienen la investigación activa para esclarecer las circunstancias y posibles repercusiones en la seguridad nacional, indicó el medio Europa Press.

La expulsión de toda la misión diplomática de Cuba en Ecuador abrió una controversia política que escaló rápidamente hacia acusaciones de posible espionaje, luego de que dos asambleístas del oficialismo afirmaran que la quema de documentos observada en la terraza del edificio donde funcionaba la embajada cubana en Quito podría estar relacionada con la destrucción de información sensible.

El episodio se conoció a través de videos e imágenes difundidos en redes sociales en los que se observa a un funcionario introduciendo papeles en un contenedor metálico en la terraza del inmueble que albergaba la representación diplomática. Las imágenes comenzaron a circular después de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo de Cuba y le concediera un plazo de 48 horas para abandonar el país.

A partir de esas imágenes, dos asambleístas del bloque oficialista plantearon públicamente la posibilidad de que los documentos estuvieran siendo destruidos para eliminar evidencias.

La legisladora Diana Jácome sostuvo en la red social X que “la destrucción de documentos en la terraza de una representación diplomática constituye un hecho alarmante que no puede normalizarse” y añadió: “La transparencia no se quema. ¿Qué ocultan?”.

En la misma línea, la asambleísta Lucía Jaramillo sugirió que el episodio podría estar vinculado con actividades de espionaje político en Ecuador. “¿Quién quema papeles en el techo de una embajada? Solo quien intenta destruir evidencia”, escribió también en X. En su publicación agregó que “las imágenes desde la embajada cubana en Quito confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador” y sostuvo además que, a su criterio, esas acciones se realizarían “en conjunto con Venezuela” para encubrir a la organización política Revolución Ciudadana.

Las afirmaciones de ambas legisladoras se difundieron en redes sociales, aunque hasta el momento no han sido acompañadas por evidencia pública ni por una acusación formal del Estado ecuatoriano sobre actividades de inteligencia cubana en el país.

El presidente Daniel Noboa también reaccionó públicamente a la difusión de las imágenes. En su cuenta en la red social X comentó el video señalando de forma irónica que se trataba de una “parrillada de papeles”. Posteriormente, en una entrevista concedida la mañana de este 5 de marzo de 2026, el mandatario abordó el tema y explicó que, en caso de tratarse de documentos diplomáticos, estos podían haber sido retirados del país mediante valija diplomática, un mecanismo protegido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. “Si eran documentos diplomáticos podían salir en valija diplomática... tal vez no eran documentos diplomáticos”, afirmó.

Especialistas en derecho internacional y protocolo diplomático, consultados por Infobae, señalaron que la destrucción de documentos dentro de una misión diplomática no constituye necesariamente una irregularidad. Cuando una embajada cierra o su personal es expulsado por el Estado receptor, es habitual que el personal diplomático destruya archivos internos antes de abandonar el país para evitar que información confidencial quede expuesta.

Mientras el debate político se centraba en las imágenes de la quema de documentos y en las acusaciones de espionaje, el gobierno cubano respondió oficialmente a la decisión ecuatoriana. En un comunicado difundido el 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país”.

En ese pronunciamiento, La Habana calificó la medida como “un acto inamistoso y sin precedentes” que afecta las relaciones bilaterales y sostuvo que el personal de su embajada en Quito ha actuado respetando las leyes ecuatorianas y sin inmiscuirse en los asuntos internos del país.

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha anunciado la apertura de una investigación formal por espionaje ni ha presentado información pública que vincule a la misión diplomática cubana con actividades de inteligencia política en el país. Sin embargo, las declaraciones de las asambleístas oficialistas y la difusión de las imágenes han convertido el episodio en uno de los puntos más polémicos dentro de la crisis diplomática que actualmente enfrenta a Quito y La Habana.

La Policía Metropolitana de Londres detuvo a tres hombres bajo sospecha de espionaje para China, entre ellos David Taylor, esposo de la diputada escocesa Joani Reid del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes.

Las detenciones se realizaron en distintas localidades de Inglaterra y Gales, en una investigación dirigida por la unidad antiterrorista conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Entre los arrestados figura Taylor, de 39 años, director de la consultora Earthcott Limited y responsable de política y programas de Asia House, una organización que fomenta vínculos económicos entre Asia, Oriente Medio y Europa.

Los otros dos detenidos, de 43 y 68 años, también permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones, según confirmaron las autoridades.

El caso alcanzó notoriedad pública cuando Reid confirmó mediante un comunicado la detención de su esposo. En su declaración, la legisladora afirmó que nunca ha visto nada que le hiciera sospechar que Taylor hubiera infringido la ley.

Además, agregó que no ha estado en China ni ha tratado temas vinculados a ese país en su labor parlamentaria y aseguró también que no mantiene contacto con empresas, funcionarios o diplomáticos chinos. Reid dijo que ni ella ni sus hijos están relacionados con la investigación y sostuvo que no es partidaria del Partido Comunista Chino.

La policía escocesa informó que se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de East Kilbride, circunscripción de Reid, en coordinación con la unidad antiterrorista de Londres. Las fuerzas de seguridad británicas señalaron que no existe una amenaza inminente para la población tras los arrestos.

El caso provocó reacciones en el Parlamento, donde el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, evitó dar más detalles debido al carácter abierto de la investigación. El Partido Laborista no realizó declaraciones públicas.

La nueva Ley de Seguridad Nacional, aprobada el año pasado, otorga a los fiscales mayores facultades para procesar casos de espionaje en un espectro más amplio de situaciones. Desde el gobierno británico se recalcó que cualquier intento de interferencia extranjera será desafiado y que la protección de la seguridad nacional del Reino Unido sigue siendo la máxima prioridad.

El contexto de las detenciones incluye advertencias recientes del servicio de inteligencia británico MI5, que en noviembre alertó sobre intentos de agentes chinos de recopilar información e influir en la actividad parlamentaria.

Estas preocupaciones aumentaron tras la aprobación de la superembajada china cerca del puente de la Torre de Londres, un proyecto que generó oposición entre políticos y residentes debido a temores de posibles actividades de espionaje y riesgos para infraestructuras estratégicas.

La embajada de China en Londres no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el caso. Tras los arrestos, el gobierno británico contactó a representantes de la administración china tanto en la capital británica como en Pekín.

La investigación continúa y, hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las actividades que motivaron las detenciones.

(Con información de EFE y Reuters)

Direcciones y coordenadas de instalaciones clave, junto con tecnología de comunicación avanzada y dispositivos electrónicos, figuraron entre los materiales incautados a los detenidos durante la operación ejecutada por el Servicio de Seguridad del Estado de Qatar. La intervención, de acuerdo con QNA, la agencia estatal de noticias qatarí, permitió a las autoridades identificar evidencias que asociarían a los acusados tanto con actividades de obtención de inteligencia como con la preparación de posibles actos de sabotaje contra infraestructuras sensibles en el país. Según confirmó el organismo de seguridad, la principal noticia radica en la detención de diez personas presuntamente afiliadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, arrestadas bajo la acusación de espionaje y diseño de ataques.

Según ha reportado la agencia QNA y fuentes oficiales citadas por prensa estatal, la operación se realizó el martes e implicó la captura de dos grupos supuestamente conformados para fines de vigilancia y sabotaje. El Servicio de Seguridad del Estado qatarí, que coordina funciones de inteligencia, detalló que siete de los detenidos estarían orientados a recopilar información sobre infraestructuras vitales y áreas de interés militar. Los otros tres individuos supuestamente habrían recibido formación específica para operar drones y se les habría asignado la tarea de realizar sabotajes en objetivos estratégicos.

El medio QNA también destacó que los arrestados permanecían en posesión de información sensible como direcciones y coordenadas de puntos considerados críticos para la seguridad nacional. Las autoridades encontraron también dispositivos electrónicos y equipos de comunicación, hallazgos que formarían parte de las pruebas recogidas durante las investigaciones.

Durante los interrogatorios, los propios sospechosos habrían confirmado conexiones con la Guardia Revolucionaria iraní, un organismo militar y de inteligencia de la República Islámica, y admitido la misión que se les encomendó para recabar datos e interferir en la operatividad de instalaciones clave. Según publicó QNA, estos vínculos y confesiones se suman al marco probatorio que fortalece la acusación presentada por el Estado.

Los actos por los que se les imputa a los detenidos incluyen la planificación y la posible ejecución de actividades que pondrían en riesgo infraestructuras consideradas esenciales para la defensa y el funcionamiento del país, tales como redes energéticas, instalaciones militares y centros tecnológicos. Las autoridades qataríes declararon a QNA que el descubrimiento de estos operativos subraya el riesgo que afrontan los países del Golfo respecto a operaciones de inteligencia extranjera.

Además, fuentes oficiales citadas por la agencia estatal enfatizaron que la vigilancia sobre actividades vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní en la región no es nueva, y que el dispositivo de seguridad en Qatar permanece en estado de alerta ante intentos de penetración de organizaciones foráneas en asuntos nacionales. La información recogida durante esta investigación, según comunicaron los responsables a QNA, servirá para reforzar las políticas de contrainteligencia y protección de infraestructuras estratégicas.

The ten detainees, de acuerdo con lo reportado por la prensa estatal, habrían operado en células separadas pero coordinadas entre sí, lo que indica una estructura organizada para dividir funciones entre la recopilación de inteligencia y la preparación de sabotajes con tecnología como drones. Según el Servicio de Seguridad, este modelo operaba bajo directrices externas que buscaban comprometer puntos críticos en el territorio qatarí.

Finalmente, la agencia QNA consignó que los responsables del operativo aún analizan la totalidad del material requisado y continúan trabajando para identificar posibles ramificaciones de la red desarticulada, a fin de determinar si existen más implicados u otros objetivos en la mira de organizaciones extranjeras. Las autoridades insisten en que la investigación seguirá abierta mientras persista cualquier amenaza a la seguridad nacional del país.

La referencia a la condición de aforado de Félix Vicente Azón en el Tribunal Supremo ha sido el eje del argumento presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, que solicitó a la jueza responsable del caso Pegasus anular la decisión de imputar al exdirector general de la Guardia Civil en el proceso por presunto espionaje informático. De acuerdo con lo informado por Europa Press, el Ministerio Público afirmó que el cargo de Azón como magistrado le otorga inmunidad, lo que supone que el juzgado de instrucción que dictó la imputación carece de competencia objetiva en este asunto.

Según consignó Europa Press, la petición de nulidad parcial por parte del Ministerio Público alcanza al auto de imputación que la jueza dictó a principios de febrero de este año contra Azón, junto con otras personas. En esa resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona atribuyó responsabilidad a los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La investigación se centra en la supuesta utilización de los programas de espionaje Pegasus y Candiru para intervenir comunicaciones y sistemas informáticos de empresarios catalanes relacionados con el entorno independentista.

El medio Europa Press detalló que la imputación también alcanzó a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd, empresa fabricante de Pegasus, así como a sus filiales europeas con sede en Luxemburgo, Q Cyber Technologies y OSY Technologies. Asimismo, se incluyó en la causa a responsables de Saito Tech Ltd, la compañía que desarrolla el programa Candiru, otro software destinado al espionaje de dispositivos electrónicos.

La instrucción del caso analiza presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como acceso ilegal a sistemas, gracias a una querella admitida a trámite en septiembre pasado. Europa Press informó que la acción legal fue promovida por la organización internacional Sentinel Alliance, una asociación que agrupa a personas que se consideran víctimas de espionaje, en este caso concreto defendiendo los intereses de cinco empresarios catalanes afectados.

Según lo reportado por Europa Press y la Cadena Ser, fuentes de la Fiscalía confirmaron que la solicitud de nulidad parcial del auto responde a la consideración de la inmunidad de Azón, quien como magistrado del Tribunal Supremo sólo puede ser investigado por instancias superiores. El Ministerio Público argumentó que, por esa razón, el órgano instructor barcelonés no tiene potestad para adoptar medidas judiciales respecto a su persona y que la investigación, en lo relativo a Azón, debería quedar en suspenso o trasladarse a la instancia competente.

El procedimiento judicial por el llamado caso Pegasus tiene su origen en denuncias de vigilancia encubierta llevada a cabo mediante sofisticados sistemas informáticos. Europa Press señaló que la querella recogida incluye detalles acerca del uso de Pegasus y de Candiru, programas con capacidad de infiltrarse en teléfonos y ordenadores para extraer información confidencial, en perjuicio de empresarios catalanes que mantienen vínculo con el movimiento independentista.

La causa involucra tanto a altos mandos policiales como a directivos del Centro Nacional de Inteligencia y a empresarios internacionales vinculados a las firmas tecnológicas que desarrollan los programas espía. Europa Press detalló que la investigación judicial mantiene abierta la posibilidad de que existan responsabilidades tanto por la producción y puesta en circulación de los programas, como por su utilización para fines presuntamente ilícitos en territorio español.

El trámite de la querella fue admitido en septiembre de 2023, después de que Sentinel Alliance denunciara supuestas intromisiones en los sistemas informáticos de empresarios del ámbito catalán. El medio Europa Press afirmó que la instrucción trata de esclarecer la identidad de los responsables y el alcance de las intervenciones realizadas, así como las consecuencias para las víctimas afectadas.

El Ministerio Público ha solicitado a la jueza que valore la "incompetencia objetiva" del juzgado de instrucción en el caso de Félix Vicente Azón en virtud de su condición de aforado. Si la petición es aceptada, el proceso contra Azón deberá transferirse a una instancia superior, manteniéndose el resto de las imputaciones bajo la jurisdicción del mismo juzgado. Europa Press indicó que la decisión final sobre la nulidad planteada por la Fiscalía está pendiente de resolución por parte de la jueza instructora del caso.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la decisión de recurrir la resolución proviene de la conclusión de Òmnium de que la actuación del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona, que decretó el archivo de la investigación sobre el espionaje a Marcel Mauri (exvicepresidente de la entidad), Elena Jiménez (responsable internacional y legal de Òmnium) y la periodista Txell Bonet, resultó incompleta e insatisfactoria. El recurso de apelación sostiene que, entre 2018 y 2020, los afectados habrían experimentado accesos no autorizados a sus teléfonos móviles mediante el spyware Pegasus, sin que se hubieran agotado todas las vías posibles para esclarecer los hechos.

Tal como reportó Europa Press, la entidad sostiene en su recurso que la instrucción llevada a cabo ha sido “fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva”. El escrito recoge argumentos sobre la presunta insuficiencia de las diligencias practicadas por el juez instructor, y resalta la ausencia de testimonios directos de las personas perjudicadas, así como la falta de solicitudes de información a instituciones estatales, europeas o a la empresa presuntamente responsable del desarrollo del software. Según el documento remitido, “durante cuatro años, el juez instructor no ha practicado ni una sola diligencia de investigación”, lo que ha implicado la no realización de trámites habituales en este tipo de pesquisas.

El medio Europa Press añade que Òmnium subraya en su alegato que la demora registrada en la tramitación del caso no puede imputarse a las partes acusadoras ni a los querellantes. La organización rechaza la posibilidad de que se responsabilice a estas personas por no haber entregado sus dispositivos móviles como prueba, al considerar que esa acción podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones, y redundar en una revictimización de los afectados.

Respecto a las pruebas concretas ofrecidas, Europa Press detalló que Òmnium ha presentado múltiples análisis periciales informáticos que acreditan la infección y el uso de Pegasus en los teléfonos investigados. La documentación incluye informes procedentes de organismos como CitizenLab y Amnistía Internacional, además de valoraciones emitidas por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y un informe elaborado por la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo.

En su argumentación, la organización reclama que la Audiencia de Barcelona valore el conjunto de evidencias técnicas consolidadas y atienda requerimientos de las instituciones europeas e internacionales comprometidas en la defensa de los derechos fundamentales. El recurso demanda que se reanuden las diligencias para despejar interrogantes aún pendientes sobre la autoría, la finalidad y el alcance del uso del software de vigilancia Pegasus contra los afectados vinculados a Òmnium.

Según consignó Europa Press en su cobertura, las entidades internacionales mencionadas han reclamado reiteradamente a las autoridades españolas que aseguren mecanismos efectivos y transparentes de pesquisa en casos de presunto espionaje mediante tecnologías invasivas. El texto del recurso enfatiza que, hasta ahora, las respuestas institucionales no han garantizado la protección de las garantías constitucionales de las personas investigadas ni han facilitado el esclarecimiento de responsabilidades.

La presentación formal del recurso a la Audiencia de Barcelona marca un nuevo capítulo en el proceso judicial, cuyas actuaciones se centraron sobre incidentes ocurridos entre los años 2018 y 2020. Europa Press resaltó que los señalados se integraban entonces en la dirección de Òmnium Cultural, una entidad de la sociedad civil catalana. La falta de resolución en el núcleo de la investigación y la ausencia de actos instructivos generan preocupación en las organizaciones mencionadas, que siguen solicitando que el caso no se dé por concluido sin una revisión exhaustiva.

En suma, la iniciativa de Òmnium Cultural responde a un contexto en el que la utilización del programa Pegasus ha provocado cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional sobre los límites de la vigilancia, el respeto por los derechos fundamentales y la necesidad de establecer controles más rigurosos en las prácticas de investigación tecnológica y judicial relacionadas con la privacidad y las comunicaciones personales, tal como recogió Europa Press.

La familia de Lindsay y Craig Foreman ha centrado sus reclamos en la falta de transparencia y garantías en el proceso judicial que resultó en la condena a diez años de prisión para la pareja en Irán, según informó ITV News. Ambos ciudadanos británicos resultaron arrestados en enero de 2025 durante un viaje en motocicleta por el mundo, imputados por cargos de espionaje, y se encuentran actualmente detenidos en la prisión de Evin, en Teherán. La noticia principal gira en torno al dictamen del tribunal revolucionario iraní, que dictó la condena mientras las autoridades del Reino Unido demandan su liberación inmediata y advierten a otros ciudadanos extranjeros sobre los riesgos de viajar a ese país.

De acuerdo con ITV News, el hijo de la pareja, Joe Bennett, denunció públicamente que el juicio que llevó a la sentencia apenas duró tres horas y que sus padres no dispusieron de asistencia legal. Bennett declaró que Lindsay y Craig Foreman rechazaron todas las acusaciones de espionaje y añadió que la familia no ha visto pruebas que justifiquen los cargos por los que ambos han sido condenados. Subrayó además la "profunda preocupación" que tienen por la sentencia y por la opacidad de todo el procedimiento judicial, solicitando al gobierno británico que emplee todos los recursos posibles para obtener la liberación de los Foreman.

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, calificó la condena como “absolutamente atroz y totalmente injustificable” y aseguró que seguirá interviniendo ante las autoridades de Irán “hasta que Craig y Lindsay Foreman regresen sanos y salvos a Reino Unido y se reúnan con su familia”, según recogió ITV News. Cooper enfatizó también la intención de su gobierno de mantener presión diplomática sobre Teherán para conseguir su excarcelación.

La condena contra la pareja se dictó tras una comparecencia en octubre anterior ante el juez Abolqasem Salavati, en el marco de un tribunal revolucionario de Teherán. El medio ITV News especificó que el magistrado Salavati está sancionado por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea debido a acusaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante procesos judiciales en Irán. La detención y el proceso judicial contra los Foreman coinciden con acciones similares adoptadas contra otros extranjeros y personas de doble nacionalidad, lo que ha elevado la preocupación entre gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.

El gobierno británico mantiene una advertencia de viaje sobre Irán ante el “riesgo significativo de arresto, interrogatorio o detención”, de acuerdo con ITV News. Esta advertencia responde al aumento de casos de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad que enfrentan cargos de espionaje u otros delitos graves vinculados con la seguridad nacional en tribunales iraníes. Las autoridades británicas han recalcado que los ciudadanos del Reino Unido viajarán bajo su propio riesgo y que las posibilidades de intervención del ejecutivo británico en caso de detención son muy limitadas. El propio aviso gubernamental insiste en que “el Ejecutivo británico no podrá ayudar si sufre dificultades en Irán”.

El contexto en el que ocurren los hechos agrega otro punto relevante. La pareja británica, según la información de ITV News, fue arrestada en pleno trayecto turístico alrededor del mundo, una circunstancia que alimenta las dudas planteadas por la familia sobre la validez del proceso judicial y la motivación detrás de las acusaciones. Por su parte, el gobierno de Irán no ha emitido ningún comunicado oficial en relación al caso o sobre la sentencia del tribunal revolucionario.

El pronunciamiento de la ministra Yvette Cooper, sumado a la petición directa de la familia Foreman y a los antecedentes del juez encargado del caso, sitúan la situación en un escenario diplomático sensible entre ambos países. Joe Bennett expresó que le comunicaron que si se dictaba sentencia, se emprenderían nuevas acciones, y reiteró la petición para que las autoridades británicas actúen con decisión. Hasta ahora, la pareja sigue recluida en la prisión de Evin, conocida internacionalmente como uno de los centros penitenciarios donde han estado detenidos numerosos extranjeros y defensores de los derechos humanos bajo cargos similares.

Varias decenas de ciudadanos extranjeros y personas con doble nacionalidad fueron detenidos en Irán bajo acusaciones de espionaje y delitos relacionados con la seguridad, menciona ITV News. Estas detenciones han formado parte de una tendencia que llevó al gobierno británico a reforzar sus advertencias de seguridad y su postura diplomática ante Teherán, advirtiendo sobre la falta de recursos para asistir a sus nacionales en situaciones legales complejas dentro del país asiático.

La sentencia a los Foreman se suma a una secuencia de casos que despiertan la inquietud por los procedimientos aplicados en algunos tribunales iraníes, especialmente aquellos a cargo de jueces señalados internacionalmente y sometidos a sanciones, como es el caso de Salavati. La incertidumbre sobre el futuro de Lindsay y Craig Foreman continúa creciendo mientras sus familiares y el gobierno británico insisten en la necesidad de una pronta resolución y el respeto de los derechos fundamentales durante los procesos legales en el extranjero.

Una pareja británica condenada a 10 años de cárcel en Irán por cargos de espionaje ha generado una ola de críticas en el Reino Unido. Lindsay y Craig Foreman, ambos en la cincuentena, fueron arrestados en enero de 2025 durante un viaje en motocicleta alrededor del mundo, según relató su familia. Desde el inicio, los Foreman han rechazado de forma categórica las acusaciones de espionaje presentadas por las autoridades iraníes.

El caso de Lindsay y Craig Foreman se inscribe en una lista creciente de ciudadanos occidentales detenidos en Irán desde la revolución islámica, contexto en el que Teherán ha sido reiteradamente acusado de utilizar la detención de extranjeros como herramienta de presión diplomática. La noticia de la sentencia coincide con un aumento de las tensiones internacionales por el programa nuclear iraní y el despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado de nuevo la posibilidad de una acción militar.

Según la familia, la condena se dictó tras una audiencia judicial celebrada en octubre del año anterior, que tuvo una duración de tres horas y en la que los acusados no pudieron presentar pruebas en su defensa. “No hemos visto ninguna evidencia que respalde el cargo de espionaje”, declaró su hijo Joe Bennett, quien añadió que la familia está profundamente preocupada por la falta de transparencia en el proceso judicial y por el estado de salud de los detenidos.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó la sentencia de “completamente atroz y absolutamente injustificable” y garantizó que el gobierno del Reino Unido mantendrá la presión diplomática sobre Irán hasta lograr la liberación de los Foreman y su regreso seguro. Cooper insistió en que la prioridad inmediata es el bienestar de los ciudadanos británicos y que continuarán brindando asistencia consular tanto a ellos como a sus allegados.

Las autoridades iraníes sostienen que los Foreman entraron en el país haciéndose pasar por turistas y recopilando información sensible. En la actualidad, Lindsay Foreman permanece recluida en la sección de mujeres de la prisión de Evin, en Teherán, mientras que Craig Foreman se encuentra en el ala política del mismo centro penitenciario. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones las malas condiciones de Evin y las denuncias sobre el trato a los reclusos.

Antes de conocerse la sentencia, Lindsay Foreman expresó en una entrevista telefónica con la BBC que su detención ha sido un “sube y baja emocional” y que la práctica regular de yoga le ha ayudado a sobrellevar la situación. Señaló que los recursos a disposición de los prisioneros son escasos y que las únicas formas de protesta han sido escribir cartas y recurrir a huelgas de hambre. Aceptó su responsabilidad por haber ingresado en Irán pese a las advertencias del gobierno británico, motivada por el deseo de descubrir el país y su cultura.

Tras la sentencia, Joe Bennett manifestó que, aunque la extensión de la condena resulta impactante, la familia espera que este desenlace marque un punto de partida para intensificar la campaña por su liberación. Destacó que, hasta ahora, las autoridades británicas habían argumentado que sus acciones estaban limitadas hasta conocerse el fallo judicial, pero que ahora “pueden y deben intensificar sus esfuerzos”.

La familia Foreman ha recibido apoyo y orientación de antiguos detenidos y sus allegados, como Nazanin Zaghari-Ratcliffe y su esposo Richard Ratcliffe. Zaghari-Ratcliffe recuperó la libertad en 2022 tras seis años de reclusión, luego de que se resolviera una vieja disputa financiera entre Londres y Teherán. También mencionaron el caso de los ciudadanos franceses Cecile Kohler y Jacques Paris, liberados el año pasado tras más de tres años encarcelados en Irán.

El entorno de los Foreman ha mantenido una campaña pública desde el arresto, incluyendo la entrega en Downing Street de una petición firmada por decenas de miles de personas que solicitan al gobierno británico mayores esfuerzos para asegurar la liberación de la pareja.

El ejército de Polonia prohibió la entrada de vehículos de origen chino a bases y recintos militares por temor a que los sistemas electrónicos y sensores de estos autos puedan recopilar y transmitir datos sensibles a actores extranjeros.

La medida responde a un análisis de riesgos sobre la capacidad de los automóviles modernos para adquirir, almacenar y potencialmente compartir información confidencial relacionada con la infraestructura y operaciones de defensa.

Según el comunicado del Estado Mayor polaco, los autos fabricados en China no podrán ingresar a instalaciones militares a menos que las funciones de grabación y conectividad sean desactivadas y se apliquen salvaguardas adicionales conforme a las normas de seguridad de cada recinto.

La prohibición afecta a vehículos de marcas chinas que han ganado peso en el mercado polaco, como MG, Chery y BYD, cuyos modelos se han popularizado en los últimos años y representan una parte de los registros de autos nuevos en el país.

El ejército explicó que la decisión tiene carácter preventivo y busca evitar la exposición involuntaria de información estratégica, rutas, imágenes o sonidos que puedan ser captados por sistemas avanzados de grabación, geolocalización y comunicación integrados en los vehículos.

“Los automóviles modernos, equipados con sensores y sistemas inteligentes, pueden facilitar la adquisición no controlada de datos”, señaló la institución en su declaración.

La restricción no se limita a los autos, sino que también prohíbe conectar teléfonos oficiales del ejército a sistemas de infoentretenimiento en vehículos de fabricación china, una medida destinada a reducir aún más los riesgos de interceptación de comunicaciones o transferencia de datos sensibles.

El ejército polaco indicó que la protección de la información es prioritaria en el contexto actual de amenazas híbridas y tecnológicas.

No obstante, la prohibición no será absoluta en todos los espacios. El comunicado aclaró que los vehículos chinos podrán acceder a instalaciones militares de uso público, como hospitales, clínicas, bibliotecas o clubes de guarnición, mientras que el control se intensificará en áreas clasificadas y recintos donde se maneje información especialmente sensible.

El Estado Mayor polaco agregó que las nuevas restricciones están en línea con las prácticas adoptadas por otros países de la OTAN y aliados occidentales, que han endurecido los controles para proteger su infraestructura crítica ante la creciente sofisticación de la tecnología extranjera.

Las autoridades polacas señalaron que están trabajando en soluciones técnicas que permitan, a futuro, que los fabricantes de autos con funciones avanzadas soliciten una autorización especial de seguridad en vez de aplicar una prohibición total.

Según datos de consultoras locales del sector automotor, más del 8% de los autos registrados en 2025 en el país fueron de procedencia china. Al mismo tiempo, Estados Unidos y socios comunitarios han reforzado las iniciativas para blindar tecnología y datos ante posibles actividades de espionaje, especialmente por parte de China.

La decisión polaca responde a inquietudes compartidas por otras naciones europeas y por Estados Unidos, que han advertido sobre el riesgo de que los sistemas inteligentes de vehículos y dispositivos electrónicos sean empleados para recopilar información estratégica y vulnerar la seguridad nacional.

Las autoridades polacas subrayaron que la vigilancia y las precauciones continuarán adaptándose según evolucione la amenaza tecnológica y el entorno internacional.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China reaccionó asegurando que sigue de cerca la situación y criticó el uso, a su juicio indebido, del concepto de “seguridad nacional” para justificar restricciones comerciales. Beijing pidió que cesen las prácticas que considera discriminatorias y abogó por evitar la politización de la competencia tecnológica global.

(Con información de Reuters y The Associated Press)

De acuerdo con documentos judiciales citados por 'The Times of Israel', Fares Abú al Hija, quien reside a cerca de una hora al norte de la vivienda de Yoav Gallant en Amikam, habría establecido contacto inicial con servicios de inteligencia iraní mediante la plataforma Telegram en agosto de 2025. Las autoridades israelíes presentaron formalmente cargos este lunes contra Abú al Hija por presuntamente recolectar información clasificada sobre el exministro de Defensa en nombre de un supuesto agente iraní, según informó el diario israelí.

El medio 'The Times of Israel' reportó que las investigaciones señalan a Abú al Hija como responsable de tomar fotografías de una calle adyacente al domicilio de Gallant, acto que llevó a su arresto en enero pasado. La Policía y el Shin Bet detallaron, según consignó el mismo medio, que el acusado recibió pagos en criptomonedas como parte de la retribución acordada por obtener y transferir esta información.

La Fiscalía israelí ha solicitado que Abú al Hija permanezca bajo custodia preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones. De acuerdo con lo publicado por 'The Times of Israel', los fiscales pretenden evitar cualquier posible obstaculización del proceso o intento de fuga, justificando así la detención mientras avanza la causa judicial en su contra.

El caso pone en relieve el uso de canales digitales como Telegram para establecer vínculos entre individuos en territorio israelí y servicios de inteligencia extranjeros, tema considerado sensible por las autoridades de seguridad. Según detalló 'The Times of Israel', las fuerzas de seguridad han resaltado que el flujo de pagos en criptomonedas complica el rastreo de las operaciones y el esclarecimiento de los vínculos entre las partes involucradas. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan recabando más evidencia sobre posibles ramificaciones del caso.

Corría enero de 1917 cuando la inteligencia francesa interceptó un mensaje de Alemania que daba datos de una agente identificada como H-21 y revelaba su identidad. Todo parecía indicar que era una maniobra del espionaje alemán para generar confusión y distraer a los franceses entregando a un agente que ya no les servía. Pero si la inteligencia francesa se dio cuenta, no lo demostró. Al contrario, buscó sacarle provecho porque necesitaba un chivo expiatorio para contrarrestar las derrotas que venían sufriendo sus tropas en el marco de la Primera Guerra Mundial. La supuesta espía era una holandesa llamada Margaretha Geertruida Zelle, aunque casi nadie la conocía por ese nombre sino por el que usaba en su carrera artística: Mata Hari.

Así, Margaretha Geertruida Zelle fue detenida en París el 12 de febrero de 1917 por el Deuxième Bureau (el servicio de inteligencia francés), que la presentó como espía y traidora. A partir de entonces se desarrolló un montaje teatral con fines propagandísticos. La figura de Mata Hari calzaba como anillo al dedo para hacerlo: “Cuando fue arrestada la guerra iba muy mal para los franceses y ella era extranjera, muy atractiva, tenía relaciones con todo el mundo y vivía con ostentación, mientras los parisinos no tenían pan. Había mucho resentimiento en su contra”, explica Pat Shipman, autora de una pormenorizada biografía de Mata Hari.

El mismo día que fue detenida comenzó a forjarse la leyenda de la gran espía, que se fue agigantando con el paso del tiempo y dio lugar a innumerables libros y películas. Recién un siglo más tarde, con la desclasificación de una serie de documentos secretos, se conoció la verdad. Mata Hari no fue la espía fatal que pinta el mito y jamás reveló a los alemanes información estratégica, sino apenas simples chismes e historias de la vida íntima de algunos oficiales franceses. Esos documentos también demuestran que era en realidad una doble agente de poca importancia y que su captura y ejecución se debió principalmente a que Francia necesitaba un chivo expiatorio para encubrir sus fracasos militares.

Mata Hari siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta que le hicieron, porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. La leyenda cuenta que durante el juicio se defendió con esta frase: “¿Una prostituta? Sí, pero una traidora, ¡nunca!”, dijo. De nada le sirvió, porque era la víctima ideal para el ejército francés por su fama de mujer fatal y bailarina exótica que garantizaba publicidad. Una imagen que ocultaba la verdadera historia de una mujer sufriente que debió abrirse camino en la vida sola y venciendo incontables dolores y obstáculos.

Una broma matrimonial

Margaretha Geertruida Zelle nació en los Países Bajos el 7 de agosto de 1876. Debió dejar los estudios secundarios por un hecho confuso. Algunas versiones aseguran que fue amante del director del colegio. Otras, en cambio, aseguran que sus padres la sacaron de las aulas porque era víctima de acoso. Después de eso, dejó la casa paterna para ir a vivir con su padrino, donde tampoco la pasó bien. Tal vez por eso, a los 18 años, desesperada por escapar, respondió a un anuncio publicado en un periódico por el capitán Rudolf MacLeod. Decía: “Oficial destinado en las Indias Orientales holandesas desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales”. El aviso era en realidad una broma de un amigo del militar, pero a MacLeod le gustó Margaretha. Se comprometieron una semana después de conocerse y se casaron en julio de 1895.

El oficial fue destinado a Java, en la actual Indonesia, por lo que poco después la pareja se trasladó allí. Parecía un lugar de paraíso, pero para Margaretha se convirtió en un infierno en el que estaba atrapada, presa de un marido alcohólico y golpeador que la engañaba a la vista de todos. Tuvieron dos hijos, Norman y Jeanne, pero el varón murió cuando tenía dos años, supuestamente envenenado por uno de los sirvientes de la casa. Volvieron a Europa en 1902 y el matrimonio terminó viniéndose abajo cuando a Margaretha le diagnosticaron una sífilis que solo podía haberle contagiado su marido, al cual ella se había mantenido hasta entonces fiel. El divorcio la dejó sola y por su cuenta, porque MacLeod consiguió la custodia de su hija, le negó la posibilidad siquiera de visitarla y también se quedó con todos los bienes familiares. Margaretha debió buscar una manera de ganarse la vida.

Un striptease sagrado

En Java, Margaretha había aprendido a bailar las danzas locales y también algo de la cultura javanesa. Con esos dos elementos decidió crear un personaje que le permitiera ganarse la vida. Así nació Mata Hari (“Ojo del Sol”, en malayo), una princesa de Java que había llegado por razones misteriosas a París. “Mi madre, gloriosa bayadera del templo de Kanda Swany, murió a los catorce años, el día de mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y me pusieron Mata Hari, que quiere decir ‘Ojo del sol’”, contaba en la presentación de sus espectáculos.

Empezó trabajando en un circo, donde asombró al público con unas supuestas danzas sagradas del hinduismo que en realidad eran bailes eróticos de su propia invención. Su fama trascendió pronto la carpa del circo y la llevó a presentarse en teatros y a ser contratada en fiestas privadas. Se presentaba como bailarina exótica, pero el verdadero atractivo de sus bailes radicaba en que poco a poco se iba sacando la ropa hasta quedar casi desnuda. Cuando terminaba, su única prenda era un peto enjoyado que le cubría los senos. Una inédita audacia en esos años. “De una u otra manera ella inventó el striptease como forma de danza. Tenemos su álbum en la exhibición y hay montones de recortes de periódicos y fotografías. Era una celebridad”, la describe Hans Groeneweg, curador del Museo Fries, en Leewarden, la ciudad natal de Margaretha.

Se ganaba muy bien la vida con esos bailes, a cuyos ingresos sumaba los pagos y regalos que comenzó a recibir de sus amantes, casi todos empresarios ricos y militares relacionados con el poder político francés.

¿Espía o perejil?

Estaba en eso cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Por entonces Margaretha vivía en París, pero realizaba presentaciones en diferentes países de Europa, algo que pudo seguir haciendo a pesar de la guerra por ser ciudadana de un país neutral. Fueron su fama como bailarina, su acceso a militares y personajes del poder y esa libertad para moverse libremente en diferentes países los que la pusieron en la mira de los servicios de espionaje de las naciones enfrentadas en la guerra.

La buscaron primero los alemanes y poco después lo hicieron los franceses. Mata Hari aceptó trabajar para los dos. Aquí las versiones que corrieron durante años son contradictorias: unas dicen que la bailarina comenzó a espiar para los franceses sin avisarles que la habían contactado los alemanes, otras aseguran que la inteligencia francesa estaba al tanto y que la utilizaba como doble agente.

Todo comenzó en 1914, cuando estaba actuando en Berlín y era amante del jefe de policía de la ciudad, que la contactó con Eugen Kraemer, un alto jefe de la inteligencia alemana. Así se convirtió en la agente H-21 de las fuerzas prusianas. Cuando volvió a París, conoció al capitán Georges Ladoux, oficial del contraespionaje francés, que le ordenó seducir y espiar al embajador alemán en Madrid para obtener información.

Con el correr del tiempo multiplicó las misiones para uno y otro lado, aunque los documentos desclasificados revelan que pocas veces obtuvo información relevante. En cambio, los informes detallan paso a paso sus movimientos: “En junio de 1916 entabló relación con los militares de todas las nacionalidades que estaban de paso por París. Así, el 12 almorzó con el subteniente Hallaure, del 15 al 18 vivió con el comandante belga De Beafour, el 30 durmió con el comandante de Montenegro, Yovilchevic, el 3 de julio se acostó primero con el subteniente Gasfield y después con el capitán Masslov, el 4 de julio con el capitán italiano Mariani y el 16 con los oficiales irlandeses Plankette y Brien”, enumera uno de esos documentos.

Su carrera como espía de pequeñas cosas parecía marchar sobre rieles hasta que sus empleadores de uno y otro lado decidieron usarla. Los alemanes para engañar a los franceses y éstos para una campaña de propaganda de guerra. Unos y otros la mostraron como una peligrosa agente de inteligencia cuando sabían perfectamente que se trataba de un perejil.

Una ejecución teatral

En el juicio los agentes de inteligencia francesa desmontaron la historia de la “princesa de Java”, pero la usaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a la pena capital, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados. Fue un proceso irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa.

Condenada a muerte, la madrugada del 15 de octubre de 1917 fue llevada desde la prisión de Saint Lazare a Château de Vincennes, en las afueras de París, para ser ejecutada. Los últimos minutos de su vida, la madrugada del 15 de octubre de 1917, cuando enfrentó las bocas de los fusiles de doce soldados franceses, han sido contados de cien maneras diferentes, todas ellas novelescas. Su traslado, elegantemente vestida y maquillada, fue en un auto oscuro desde la prisión de Saint Lazare, en el centro de París, hasta el lugar de su ejecución. Su negativa a que le vendaran los ojos, el desafiante beso que lanzó a sus ejecutores antes de ser atada al poste y luego de haber desprendido los botones delanteros de su blusa en un último striptease son algunos de los supuestos gestos que ayudaron a construir ese relato.

Las versiones son contradictorias. Una crónica de segunda mano en el diario estadounidense The New Yorker dice que enfrentó la muerte vestida con “un elegante traje a medida amazónico, especialmente hecho para la ocasión y un par de guantes blancos”. Mientras que un periódico francés la describe con tapado, blusa escotada y tocada con un sombrero tricornio elegido por sus acusadores para que usara en el juicio y que era “el único atuendo completo y limpio que tenía en prisión”.

Tal vez el relato más fidedigno del momento de su muerte sea el del periodista británico Henry Wales, testigo del fusilamiento, escrito muchos años después de aquella madrugada de octubre en las afueras de París. Dice que después de escucharse los disparos Mata Hari fue cayendo “lenta, inerte, se acomodó de rodillas, con la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión de su rostro. Por una fracción de segundo pareció tambalearse allí, de rodillas, mirando directamente a los que le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblando la cintura, con las piernas dobladas debajo de ella. Un suboficial se acercó a su cuerpo, sacó su revólver y le disparó en la cabeza para asegurarse de que estaba muerta”.

Nadie reclamó su cadáver, que fue entregado a la escuela de medicina de París donde se usó en clases de disección. Su cabeza se preservó en el Museo de Anatomía, de donde desapareció misteriosamente años después. Se presume que fue robada por un coleccionista.

Quizás por su muerte frente a un pelotón de fusilamiento o tal vez por su fama como bailarina exótica y cortesana de vida sexual desprejuiciada, la mujer conocida como Mata Hari se convirtió en un mito dentro del mundo del espionaje y funciona casi como un arquetipo de mujer espía. Su nombre brilla mucho más que el de grandes agentes de inteligencia como Virginia Hall, África de Las Heras, Noor Inayat Khan o la maestra del espionaje británico Vera Atkins, aunque sus logros hayan sido infinitamente menores.

Según datos aportados por la agencia alemana de noticias DPA, el ciudadano estadounidense de 39 años investigado por espionaje para China alegó ante el tribunal que actuó motivado por desacuerdos laborales y tras detectar presuntas irregularidades dentro de las fuerzas estadounidenses, como posibles fraudes contables. El tribunal en Alemania dictó una pena de dos años y ocho meses de prisión como respuesta a las acciones del acusado, quien fue aprehendido en noviembre de 2024, antes de que llegara a concretar la entrega de datos militares confidenciales de Estados Unidos a representantes del gobierno chino.

El medio DPA detalló que la persona condenada había formado parte de la Armada de Estados Unidos y, posteriormente, se integró como trabajador civil para un contratista en bases militares estadounidenses en Wiesbaden y Maguncia, situadas en territorio alemán. Desde estas instalaciones, inició contactos a mediados de 2024 con organismos estatales de China con el objetivo de facilitarles información clasificada perteneciente a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La sentencia, dictada este miércoles según informó DPA, todavía no adquiere carácter definitivo, ya que si bien tanto la defensa como el propio acusado han confirmado que optan por no presentar apelaciones, la fiscalía alemana aún estudia ejercer ese recurso. Esto implica que la resolución judicial podría ser objeto de revisión si, finalmente, el ministerio público decide recurrir el fallo emitido por el tribunal.

DPA reportó, además, que el acusado denunció internamente las irregularidades identificadas ante sus superiores y a instancias oficiales estadounidenses, sin que estas denuncias provocaran ninguna respuesta concreta. Ante la ausencia de consecuencias y al considerar que sus inquietudes habían sido ignoradas, optó por ofrecer la información sensible a autoridades chinas. No obstante, según declaró el tribunal citado por DPA, dichos organismos no manifestaron un interés particular por la documentación a la que tuvo acceso el acusado.

El proceso judicial llevado a cabo en Alemania se centró en impedir la divulgación de información militar relevante de Estados Unidos a un tercer país. Esta situación resultó agravada por el contexto internacional y los vínculos estratégicos que unen a Washington y Berlín en materia de seguridad y defensa. Las bases militares estadounidenses ubicadas en territorio alemán constituyen nodos críticos para la actividad de la OTAN y para operaciones del Ejército estadounidense en Europa, lo que aumentó la sensibilidad y repercusión de este caso, según señalaron fuentes consultadas por DPA.

El tribunal tomó en cuenta tanto los argumentos presentados por la defensa como los detalles del modo de proceder del acusado. La investigación demostró que el exmiembro de la Armada y empleado civil no logró concretar la transmisión de los datos, debido a su detención por parte de las autoridades alemanas en noviembre de 2024, según lo publicado por DPA.

Esta causa forma parte de una serie de investigaciones y procesos llevados adelante en Europa en los últimos años relacionados con el presunto espionaje o intento de fuga de información confidencial que pudiera afectar la seguridad nacional y los intereses de potencias occidentales. La sentencia dictada ayer añade un nuevo antecedente relevante en las relaciones entre Alemania, Estados Unidos y China en el plano de la seguridad y la defensa, consignó la agencia DPA en la cobertura del caso.

En total, la duración de la condena impuesta asciende a dos años y ocho meses de prisión, reflejando, según señalaron fuentes judiciales a DPA, tanto la gravedad potencial de las acciones como el hecho de que el acusado no lograra finalmente transferir información clasificada a China. Desde el arresto en noviembre, las autoridades han examinado el historial laboral, las comunicaciones y la motivación detrás de los contactos del condenado con entidades estatales chinas.

La comparecencia del acusado ante el tribunal permitió conocer que, tras la detección de un presunto fraude dentro del sistema de las fuerzas militares estadounidenses, buscó ser escuchado primero por las estructuras de mando y supervisión de su entorno laboral. Ante la falta de respuesta, optó finalmente por acudir a representantes extranjeros, un acto que derivó en el inicio del proceso penal y su posterior detención, detalló la agencia DPA.

El caso mantiene en vilo a las autoridades alemanas y estadounidenses, a la espera de una decisión definitiva sobre la posible apelación de la fiscalía, aspecto que mantendrá abierta la discusión judicial en torno a la pena impuesta, de acuerdo con la información publicada por DPA.

El Comisionado Adjunto de Contraterrorismo e Investigaciones Especiales de la Policía Federal de Australia (AFP), Stephen Nutt, subrayó que los grupos de comunidades cultural y lingüísticamente diversas tienen más probabilidades de convertirse en objetivo de interferencia extranjera o represión transnacional, según informó la AFP. Esta observación se conoce tras la reciente detención de dos ciudadanos chinos acusados de recopilar información encubierta sobre una organización budista en Canberra, presuntamente bajo las órdenes de una oficina extranjera.

El medio informó que la AFP, a través del Grupo de Trabajo contra la Injerencia Extranjera (CFITF, por sus siglas en inglés), ha presentado cargos de “injerencia extranjera imprudente” contra un hombre de 25 años y una mujer de 31. Ambos fueron arrestados este miércoles y comparecieron ante el Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana, región donde se ubica la ciudad de Canberra. La acusación podría conllevar una sentencia máxima de hasta 15 años de prisión, según consignó la AFP en un comunicado.

El operativo forma parte de la investigación conocida como “Operación Escudo de Otoño”, que inició en marzo de 2025. La AFP detalló que dicha operación motivó varias órdenes de registro en el Territorio de la Capital Australiana durante julio de 2025 y concluyó con el arresto previo de otra ciudadana china en agosto de ese año. Posteriores averiguaciones resultaron en la detención del hombre y la mujer este 11 de febrero, sumando así tres personas aprehendidas a raíz de las pesquisas.

De acuerdo con la versión policial, los detenidos habrían trabajado en colaboración con la ciudadana arrestada en agosto, presuntamente siguiendo instrucciones de una Oficina de Seguridad Pública de China. El propósito habría consistido en recopilar información de manera clandestina sobre la filial en Canberra de la asociación budista Guan Yin Citta, reportó la AFP.

El comisionado adjunto Nutt señaló que Australia no se encuentra “inmune a la interferencia extranjera”. Añadió que la detención de los sospechosos no debe interpretarse como una garantía de que no se producirán nuevos intentos de atacar a comunidades de la diáspora. Nutt remarcó el rol del CFITF, describiendo su labor como una respuesta a acciones que buscan debilitar la democracia y alterar la cohesión social dentro del país, según reprodujo la AFP.

En la misma línea, el director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, declaró que “múltiples regímenes extranjeros vigilan, acosan e intimidan” a miembros de sus respectivas diásporas residenciadas en el territorio australiano, según publicó la AFP. Burgess calificó este comportamiento como “totalmente inaceptable e intolerable”, y recalcó la necesidad de mantener la vigilancia y el compromiso con la protección de los derechos y la soberanía social dentro de Australia.

El medio detalló que los acontecimientos recientes reflejan la creciente preocupación de las autoridades australianas por la presunta injerencia de actores extranjeros y subrayan la importancia de los mecanismos de seguridad nacional implementados después de la aprobación de leyes orientadas a combatir la interferencia extranjera. Además, la AFP enfatizó la necesidad de que la sociedad se mantenga atenta y reporte cualquier actividad sospechosa, en particular en contextos que involucren organizaciones que agrupan a comunidades migrantes o religiosas.

Las detenciones y acusaciones relacionadas con la Organización budista Guan Yin Citta añaden un nuevo capítulo a los esfuerzos del gobierno australiano para contrarrestar actividades presuntamente impulsadas desde gobiernos foráneos, especialmente aquellas que puedan afectar a la convivencia y la seguridad nacionales.

Según información difundida por medios israelíes, la Fiscalía ha solicitado que dos hermanos, detenidos cerca de Jerusalén, permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra. Ambos enfrentan cargos por la transmisión de información confidencial, que supuestamente realizaron por indicación de agentes extranjeros asociados a Irán, según reportó la prensa local una vez que se levantó la orden de embargo que pesaba sobre el caso. Esta medida busca impedir cualquier intento de fuga o entorpecimiento de la investigación durante el juicio.

Tal como publicó la prensa israelí, los acusados residían en dos localidades diferentes en las inmediaciones de Jerusalén y fueron arrestados el mes pasado, luego de que la Policía recabara indicios de la colaboración entre ambos en actividades de espionaje. La noticia de su detención salió a la luz tras levantarse la restricción informativa, que originalmente impidió su difusión la semana pasada, según consignó la Policía tras remitir los datos a los medios de comunicación.

La Fiscalía sostiene que uno de los hermanos habría suministrado datos de inteligencia a agentes vinculados a Irán, presuntamente con el apoyo del otro hermano. Según detalló la acusación, ambos tenían pleno conocimiento de que sus acciones favorecían a "elementos hostiles", motivo por el cual se enfrentan a una larga lista de cargos. Entre las imputaciones destacan la colaboración con un agente extranjero, el contacto deliberado con representantes de un país considerado enemigo y la transmisión de información confidencial a su favor, según informó la prensa israelí. Las autoridades sostienen que estos actos se habrían realizado a cambio de una compensación económica, lo que agrava la gravedad de las acusaciones, según publicó la prensa local con base en filtraciones oficiales.

En sus declaraciones, la Fiscalía enfatizó ante el tribunal la necesidad de mantener a los dos sospechosos bajo custodia judicial sin posibilidad de fianza hasta la conclusión del juicio. Argumentan que la naturaleza de los delitos, la supuesta intención y la posible peligrosidad de los implicados justifican la prisión incondicional, informó la prensa israelí. La acusación también destaca que los dos hermanos actuaron de forma coordinada, lo que para las autoridades indica un conocimiento pleno de las posibles consecuencias de sus actos y de los intereses que estaban sirviendo, según las investigaciones previas al arresto.

El caso generó una significativa cobertura en los medios israelíes debido tanto a la gravedad de los delitos imputados como a las alegaciones de conexiones con Irán, un país con el que Israel mantiene una relación marcada por la hostilidad y la desconfianza. Según detalló la prensa local, la investigación continúa abierta y no se descarta la posibilidad de nuevas diligencias, en función del análisis de los materiales confiscados durante los arrestos.

Diversos analistas citados por la prensa israelí han subrayado el impacto de estos hechos en el clima de seguridad nacional, ya que los cargos de espionaje y colaboración con el enemigo suelen tratarse con máxima severidad por las autoridades judiciales y de inteligencia del país. Los nombres de los acusados y detalles específicos de las pruebas presentadas no fueron revelados al público, en cumplimiento de las normas legales vigentes y para proteger las pesquisas en curso, conforme reiteró la Policía a medios nacionales.

Los procedimientos judiciales avanzan ante un tribunal que decidirá si acepta la petición de mantener a los hermanos bajo custodia hasta la sentencia definitiva. Mientras tanto, la Fiscalía recaba nueva información y coordina sus pasos con los organismos de inteligencia, con la expectativa de aportar mayores pruebas que respalden la acusación de que los contactos mantenidos por los sospechosos respondían a una estrategia de infiltración por parte de servicios iraníes, según se desprende de los informes recogidos por medios israelíes tras la apertura pública del caso.

Normunds Mezviets, jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, indicó que durante el último año se llevaron a cabo detenciones vinculadas a supuestos actos de sabotaje, en los que ciudadanos locales estarían implicados en acciones de espionaje relacionadas con apoyos a Ucrania y cuya operación respondería a instrucciones de servicios especiales rusos. Mezviets señaló que en octubre se arrestó a cuatro personas en el marco de estas investigaciones, de las cuales tres poseen nacionalidad letona, quienes enfrentan acusaciones de espionaje y de obtención indebida de información de inteligencia sobre individuos y empresas asociadas al respaldo a Ucrania en el contexto del conflicto actual.

Según informó el portal Delfi, Mezviets atribuyó estos hechos a una estrategia de las autoridades rusas para reclutar personas con antecedentes criminales, incluidos expresidiarios y personas con adicciones a las drogas. Aseguró que estos individuos habrían sido utilizados para realizar actos de sabotaje contra infraestructuras militares y empresariales vinculadas a la industria de la defensa en Letonia, así como para planificar ataques como la quema de vehículos que portaban matrículas ucranianas.

De acuerdo con Delfi, las pesquisas realizadas sobre los incidentes de sabotaje ocurridos en el país durante el último año registraron ataques incendiarios contra infraestructuras del sector de defensa. El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal expuso que, aunque estos sucesos no derivaron en afectaciones serias a los intereses nacionales letones, las investigaciones no han descartado nexos directos con órdenes procedentes de la inteligencia rusa.

El medio Delfi detalló que la inteligencia rusa mantiene una extensa red de contactos en Letonia, recurriendo en gran medida a personas vinculadas a ambientes delictivos para ejecutar estos ataques. Mezviets describió que los reclutados habrían recibido compensación económica por recopilar información y por la organización de los actos de sabotaje. Esta dinámica comprendería tanto la vigilancia y el espionaje sobre objetivos militares y de defensa como el seguimiento a personas o compañías que expresan su respaldo a Ucrania durante la invasión rusa.

Las autoridades de Letonia continúan con el seguimiento de estos casos, investigando tanto la modalidad de captación por parte de Rusia como los métodos empleados para coordinar y financiar las acciones desplegadas en territorio letón. Según el reporte de Delfi, el contexto de la guerra en Ucrania ha incrementado la preocupación por este tipo de actividades, dada la importancia estratégica de la región y el papel de Letonia como país fronterizo con Rusia y miembro de la OTAN.

La información aportada por los Servicios de Seguridad Estatal, reproducida por Delfi, destaca también la utilización, por parte de la inteligencia rusa, de intermediarios y colaboraciones con grupos criminales organizados, con el objetivo de ejecutar acciones encubiertas. Estos métodos incluyen desde el reclutamiento de individuos marginados socialmente hasta la coordinación de operaciones que afectan a infraestructuras consideradas críticas para la defensa nacional.

En el contexto de la investigación mencionada, las detenciones efectuadas en octubre representan un avance para las autoridades letonas, quienes han identificado los vínculos entre las personas detenidas y la recopilación no autorizada de datos sensibles, tanto relacionados con movimiento militar como con operaciones económicas y empresariales que apoyan a Ucrania. Delfi citó a Mezviets al subrayar que la amenaza de espionaje persiste, con una estrategia por parte de actores extranjeros que se basa en aprovechar vulnerabilidades sociales y criminales dentro de Letonia para perpetrar actos ilícitos orientados a la obtención de información y la alteración de la seguridad nacional.

La querella presentada por Sentinel Alliance detalla que CitizenLab identificó a Joan Matamala como la primera víctima de una infección informática por el software Candiru, mientras que Jordi Baylina habría sido vigilado durante una visita a Suiza. Esta información se suma a una investigación judicial en curso, cuyo eje central es el supuesto espionaje mediante programas como Pegasus y Candiru a personas relacionadas con el entorno independentista catalán. Según informó Europa Press tras acceder a los documentos judiciales, la jueza de Barcelona ha imputado a altos exresponsables estatales de seguridad y a directivos de compañías vinculadas al desarrollo y la venta de software espía, ordenando nuevas diligencias para esclarecer el alcance de las operaciones.

Entre los imputados figuran los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, así como la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Conforme publicó El País, la titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona también ha incluido en la investigación a fundadores y responsables de NSO Group Technologies Ltd —la empresa israelí creadora de Pegasus— y de sus filiales europeas, Q Cyber Technologies y OSY Technologies, ambas radicadas en Luxemburgo. Además, se ha incorporado como imputados a directivos de Saito Tech Ltd, la firma responsable del programa espía Candiru.

La investigación comenzó formalmente en septiembre, una vez que se aceptó la querella de Sentinel Alliance en representación de cinco empresarios catalanes presuntamente afectados. Conforme difundió Europa Press, las acciones judiciales apuntan a la posible comisión de delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos informáticos y el acceso no autorizado a sistemas informáticos.

En la querella se especifica que, tras el hallazgo por parte de CitizenLab de la intrusión en el ordenador de Joan Matamala, se han detectado otras infecciones que podrían corresponderse con la utilización de Candiru y Pegasus. En el caso de Jordi Baylina, los abogados alegan que la vigilancia se realizó en territorio suizo, un dato que amplía el alcance internacional de las supuestas intervenciones.

Según publicó El País, la parte acusadora ha solicitado a la jueza que requiera al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos que pertenecerían al CNI, con el objetivo de esclarecer si existieron órdenes o autorizaciones oficiales para estos seguimientos. También han pedido la citación de Paz Esteban para que rinda declaración en relación con los hechos y han solicitado a la magistrada que recabe información directamente a Israel sobre las operaciones de NSO Group.

Adicionalmente, la magistrada ha requerido la elaboración de informes técnicos por parte de los Mossos d'Esquadra. Estos informes buscarán determinar con precisión si los dispositivos electrónicos de los afectados presentan indicios de infección por los programas de espionaje objeto de investigación, según lo consignó Europa Press. Se pretende establecer así una conexión directa entre las actuaciones denunciadas y el software proporcionado por las empresas imputadas.

Tanto Pegasus como Candiru son herramientas diseñadas para la vigilancia digital de dispositivos, cuyo uso recurrente en contextos polémicos ha motivado investigaciones en diferentes jurisdicciones. Según lo reportó Europa Press, las empresas desarrolladoras y sus responsables se encuentran bajo sospecha por la presunta colaboración o venta de estos programas a entidades que podrían haber utilizado dichos recursos para vigilar a actores vinculados al independentismo catalán.

La causa está siendo instruida por la titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, que ha ampliado el listado de personas investigadas en función de los elementos recabados en las fases iniciales. Según El País, entre las diligencias solicitadas figuran el requerimiento de información internacional y la ampliación de testimonios, medidas destinadas a reconstruir la cadena de mando y la eventual implicación de organismos oficiales.

Europa Press ha detallado que las investigaciones sobre el uso de spyware, como Pegasus y Candiru, han provocado alarma social y han puesto el foco sobre los métodos de obtención de datos confidenciales, la privacidad de las comunicaciones y los controles efectivos sobre la adquisición y empleo de programas de espionaje por parte de organismos estatales y sus proveedores tecnológicos.

Estas actuaciones se encuentran en fase de instrucción, en la que la jueza busca depurar responsabilidades tanto de los ex altos cargos de la administración española como de los ejecutivos de empresas tecnológicas con base en Israel y Europa asociadas al desarrollo y comercialización de spyware, según ha consignado Europa Press. Las diligencias en marcha permitirán sostener, a partir de testimonios y peritajes, el avance del caso en los juzgados de Barcelona.

WhatsApp se ha convertido en la herramienta de comunicación esencial para millones de personas, tanto en el ámbito personal como laboral. Sin embargo, detrás de la comodidad y la aparente seguridad de la aplicación, existe un riesgo creciente: la posibilidad de que tu cuenta sea espiada por terceros.

La sofisticación de los ciberdelincuentes y ciertos descuidos en los hábitos digitales han abierto nuevas puertas a la intromisión, poniendo en jaque la privacidad digital y exponiendo mensajes, archivos y llamadas a miradas no autorizadas.

En un panorama donde el intercambio de información sensible es cotidiano y el acceso a cuentas puede tener consecuencias graves, aprender a detectar señales de espionaje y tomar medidas preventivas resulta indispensable para cualquier usuario.

Señales de que tu WhatsApp está siendo espiado

Detectar si alguien accede a tu cuenta de WhatsApp no siempre es evidente. La aplicación no envía alertas automáticas cuando un dispositivo nuevo inicia sesión, y las notificaciones pueden pasar desapercibidas entre la gran cantidad de mensajes diarios. Por eso, la revisión manual de la actividad en tu cuenta es el primer paso para identificar posibles accesos no autorizados.

WhatsApp integra una función que permite consultar los dispositivos vinculados a tu cuenta. Para acceder, abre la aplicación, pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Dispositivos vinculados”.

Allí podrás ver una lista de todos los aparatos que tienen acceso a tu cuenta. Si encuentras alguno desconocido o que no has autorizado, selecciona la opción “Cerrar sesión” para expulsar al intruso de inmediato.

Por qué los ciberdelincuentes buscan espiar WhatsApp

La popularidad de WhatsApp y el volumen de información personal y profesional que se intercambia la convierten en un objetivo prioritario para hackers y estafadores. Los datos robados pueden ser usados para extorsión, fraudes, suplantación de identidad o incluso para difundir ransomware, bloqueando el acceso al usuario legítimo y exigiendo un rescate.

Además, los atacantes pueden utilizar la información obtenida para engañar a tus contactos, enviando mensajes desde tu cuenta para cometer nuevos fraudes. Por eso, es fundamental estar alerta ante señales de actividad no habitual, como mensajes enviados que no reconoces o cambios inesperados en la configuración de la cuenta.

Cómo los atacantes pueden acceder a tu cuenta a través de WhatsApp Web

WhatsApp Web es una herramienta muy utilizada para gestionar mensajes desde la computadora, pero también representa una de las vías de acceso más frecuentes para los espías digitales. El riesgo se incrementa si la sesión queda abierta en un ordenador compartido o si alguien logra escanear el código QR de acceso sin tu permiso.

Una vez dentro, el atacante puede leer tus conversaciones, acceder a archivos y realizar llamadas sin que recibas una notificación inmediata.

Para minimizar este riesgo, revisa regularmente la sección de dispositivos vinculados y cierra todas las sesiones que no reconozcas. Recuerda cerrar la sesión siempre después de usar WhatsApp Web en computadoras ajenas.

Estrategias para proteger tu cuenta de WhatsApp

La mejor defensa es la prevención. Aquí tienes algunas acciones clave para blindar tu cuenta:

• Activa la Verificación en Dos Pasos: Desde Ajustes > Cuenta, puedes configurar un código de seis dígitos o una autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial) para añadir una capa extra de protección.
• Mantén la aplicación actualizada: Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades.
• Instala un antivirus confiable: Esto ayuda a prevenir infecciones que puedan comprometer tu cuenta.
• Desconfía de enlaces y mensajes sospechosos: Muchos ataques de phishing comienzan con un mensaje inesperado de un desconocido.
• Cierra sesión en WhatsApp Web después de cada uso: Así evitas accesos no autorizados a tus conversaciones.

En la era de la hiperconectividad, la privacidad digital es un activo que no debe darse por sentado. Detectar y prevenir el espionaje en WhatsApp no solo protege tus datos, también resguarda la información de tus contactos y la integridad de tus comunicaciones.

Revisar de forma periódica los accesos, activar opciones de seguridad y mantenerte informado sobre nuevas amenazas es esencial para navegar con tranquilidad en el mundo digital.

Durante la operación realizada en una zona militar de Ática, autoridades griegas hallaron un dispositivo con software especializado presuntamente proporcionado desde China, el cual permitía registrar imágenes de documentos clasificados, según fuentes gubernamentales citadas por el diario griego ‘Kathimerini’. Esto ocurrió en el contexto de la detención de un comandante del ejército heleno sospechoso de haber transmitido información estratégica de importancia militar a servicios de inteligencia chinos, un incidente calificado por las mismas fuentes como uno de los escándalos de espionaje más serios detectados recientemente en Grecia.

Según informó el medio ‘Kathimerini’, la aprehensión del militar tuvo lugar durante las primeras horas del 5 de febrero y la llevó a cabo personal de las fuerzas armadas en coordinación con otras agencias estatales, tal como detalló el Estado Mayor de la Defensa Nacional de Grecia (GEETHA). En el comunicado, la institución explicó que la intervención se motivó por indicios claros de delitos bajos los estatutos del Código Penal Militar vinculados principalmente a la recopilación y transmisión ilícita de información secreta que representaría un riesgo para los intereses nacionales.

El GEETHA destacó que la identidad del detenido no ha sido revelada, pero sí señaló que se desempeñaba como comandante de un escuadrón de entrenamiento especializado en sistemas de telecomunicaciones. El militar prestaba servicio en una base aérea ubicada en Kavouri y, según la información reunida por el medio griego, fue capturado mientras se encontraba en la zona militar donde operaba habitualmente.

La investigación se inició aproximadamente dos meses antes de la detención, luego de que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) alertara a las autoridades griegas sobre indicios de filtración de información militar sensible relacionada con la OTAN hacia China. Ante esta advertencia, los servicios de inteligencia griegos comenzaron labores de vigilancia y seguimiento sobre el sospechoso, lo que permitió recolectar evidencias que finalmente derivaron en su captura.

Fuentes de seguridad consultadas por ‘Kathimerini’ explicaron que entre los objetos incautados aparece un aparato equipado con un programa capaz de fotografiar documentos clasificados, tecnología que se sospecha fue facilitada directamente por Pekín con el propósito de facilitar la transferencia de material reservado. Hasta el momento, China no ha ofrecido declaraciones públicas acerca del caso consignado por medios griegos.

El medio ‘Kathimerini’ remarcó que de confirmarse todos los extremos de la acusación, esta operación representaría uno de los mayores casos de espionaje descubiertos en Grecia, con el potencial de afectar asuntos militares y de inteligencia de relevancia tanto nacional como internacional ante la posible implicación de información relativa a la alianza de la OTAN.

Por el momento, las autoridades han evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el miembro de las Fuerzas Armadas haya contado con cómplices, y la investigación sigue su curso para determinar si otros miembros pudieron estar involucrados en la filtración de datos clasificados a servicios extranjeros.

En una operación que sorprendió a los habitantes de Camblanes-et-Meynac, las autoridades de Francia detuvieron a dos ciudadanos chinos bajo sospecha de realizar actividades de espionaje en esa localidad del suroeste francés.

El caso, que involucra la instalación de una antena parabólica de gran tamaño en una vivienda alquilada a través de Airbnb, ha puesto el foco sobre la creciente presencia de operaciones de inteligencia extranjeras en una región identificada como de alto valor estratégico.

La investigación comenzó cuando vecinos observaron la colocación de la antena y notaron interrupciones en el servicio de Internet local, lo que los llevó a alertar a las autoridades.

La Fiscalía de París detalló que los sospechosos, junto a otras dos personas, fueron arrestados en el departamento de Gironde y enfrentan cargos de “entrega de información a una potencia extranjera” que puede perjudicar intereses nacionales claves, un delito que puede ser penado con hasta 15 años de prisión.

La investigación se centra en la posible intercepción de datos militares sensibles que habrían sido transmitidos hacia China.

Las pesquisas señalan que los dos ciudadanos chinos, presentados como ingenieros de una empresa de investigación y desarrollo especializada en equipos de comunicación inalámbrica, arribaron a Francia con el objetivo de captar información estratégica, incluyendo datos del sistema de internet satelital Starlink y comunicaciones entre entidades militares.

Las autoridades sospechan que el dispositivo permitió interceptar comunicaciones entre organismos de defensa franceses. Además, los otros dos arrestados estarían implicados en la importación ilegal del equipo utilizado, aunque no se brindaron detalles sobre sus identidades ni nacionalidades.

La Fiscalía de París confirmó que dos de los sospechosos permanecen en prisión preventiva y los otros dos bajo supervisión judicial.

El caso desató sorpresa en la comunidad local. El alcalde de Camblanes-et-Meynac, Jean-Philippe Guillemeot, declaró: “Aquí solemos encontrar artistas, no espías”. La instalación de la antena, de unos dos metros de diámetro, generó sospechas inmediatas entre los vecinos, lo que facilitó la intervención temprana de las autoridades.

La reciente operación contra el espionaje chino en el suroeste de Francia se produce en un contexto de creciente desconfianza bilateral, marcado por una escalada de tensiones comerciales entre París y Beijing.

A principios de enero, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la Unión Europea deberá considerar nuevas medidas comerciales contra China si el régimen de Xi Jinping no reduce el enorme superávit que mantiene con el bloque.

Tras su visita a Beijing, Macron remarcó que el desequilibrio en el comercio bilateral es insostenible y subrayó que solo en 2024 el déficit de bienes para Francia superó los USD 54.000 millones, según el Tesoro francés.

El mandatario advirtió que, si no hay cambios, la UE podría imponer aranceles similares a los de Estados Unidos, y comunicó esta preocupación tanto a las autoridades chinas como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

(Con información de Reuters, France 24 y BBC)

El Ministerio de Exteriores de Rusia entregó una nota oficial a la embajadora alemana en la que comunicó la declaración de persona “non grata” a un miembro del personal diplomático de Alemania, en lo que el Gobierno ruso consideró una acción de reciprocidad tras la expulsión previa de un diplomático ruso de Berlín. Según publicó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado difundido este jueves y recogido por distintos medios internacionales, la decisión responde directamente a la medida tomada por las autoridades alemanas el pasado 22 de enero, cuando un representante de la embajada rusa fue obligado a abandonar Alemania por acusaciones de actividades de espionaje.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Rusia, la convocatoria de la jefa de la misión diplomática alemana sirvió para presentar la protesta formal del Gobierno ruso ante las acciones germánicas. Moscú consideró que las acusaciones de inteligencia imputadas a su personal diplomático en Alemania “carecen de todo fundamento y son fabricadas”. El texto oficial atribuye estas medidas al “espíritu de la ‘espionomanía’ promovida en Alemania por las propias autoridades” y las caracteriza como una “provocación burda” orientada a desprestigiar la misión diplomática de la Federación Rusa en territorio alemán.

El medio de comunicación que cubrió el intercambio de notas diplomáticas precisó que la expulsión de personal de las representaciones diplomáticas de ambos países ocurre en un contexto de tensiones bilaterales significativas. Moscú confirmó la entrega formal del documento que ordena la salida del funcionario diplomático germano en lo que describió como una “respuesta simétrica” a la decisión previamente adoptada por Berlín.

Alemania respondió a estas acciones a través de declaraciones de su titular de Exteriores, Johann Wadephul, quien se encontraba de visita en Australia al momento de pronunciarse, según consignó la agencia de noticias. “Mientras nuestros diplomáticos respetan la ley y el orden, Rusia está provocando una escalada y espionaje bajo el pretexto de la diplomacia. El nuevo acto hostil de Rusia tampoco cambia eso”, señaló el jefe de la diplomacia alemana ante la prensa internacional. Wadephul expresó además que Berlín considera la expulsión de su diplomático una decisión “completamente inaceptable” y “sin base factual”, postura que marcó de manera categórica el rechazo alemán a la medida dispuesta por Moscú.

Según informó este jueves el Ministerio de Exteriores alemán y reportó la prensa, el gobierno germano analiza eventuales respuestas ante lo que califica como un acto hostil de la Federación Rusa, manteniendo la tesis de que responderá “con firmeza” ante futuras actividades injerencistas. La parte alemana sostiene que la disputa diplomática supone una amenaza directa para la seguridad nacional y reitera el cumplimiento de sus funcionarios con las normas internacionales y legislaciones locales de Rusia.

De acuerdo con la versión rusa citada por el Ministerio de Exteriores, el paso dado por Berlín pretendía “desacreditar” a la legación diplomática rusa en Alemania, mientras que las autoridades alemanas, según reportó la prensa, rechazan de modo tajante cualquier fundamento para las acusaciones de espionaje esgrimidas por Moscú. Por lo tanto, ambas capitales mantienen posturas opuestas y acusan a la contraparte de emplear argumentos infundados en el marco de una escalada diplomática que involucra la expulsión de personal consular y que, según se detalla en los comunicados oficiales, podría tener nuevas derivaciones de persistir el intercambio de sanciones y contramedidas en el plano bilateral.

Moscú entregó una nota formal a la embajadora alemana en Rusia, declarando persona 'non grata' a un funcionario diplomático de la Embajada de Alemania. Según informó el Ministerio de Exteriores ruso a través de un comunicado, esta decisión surge como respuesta directa a la expulsión de un representante de la embajada rusa en Alemania, medida que Berlín tomó el pasado 22 de enero tras acusaciones de espionaje. La decisión rusa busca replicar de manera exacta el procedimiento adoptado por el gobierno alemán, produciéndose en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

El medio de comunicación que difundió esta información explicó que las autoridades rusas citaron a la jefa de la misión diplomática alemana para presentarle formalmente la protesta del gobierno ruso por la declaración de persona 'non grata' del funcionario ruso en Alemania. El Ministerio de Exteriores ruso sostuvo que las actividades por las que se acusó al diplomático ruso de espionaje “carecen de todo fundamento y son fabricadas”. De acuerdo con el comunicado citado por la prensa, Moscú responsabilizó a las autoridades alemanas por cultivar lo que califica como un “espíritu de ‘espionomanía’” que, afirman, ha sido fomentado desde Berlín.

De acuerdo con la información publicada por los medios internacionales, la Cancillería rusa denunció que la expulsión del representante de su embajada por parte de Alemania es una “provocación burda” que tendría como objetivo desacreditar la labor de la misión diplomática de Moscú en territorio alemán. La reacción del gobierno ruso consistió en la entrega de esa nota diplomática a la embajadora alemana, en la que se notificó oficialmente la expulsión de un miembro de la representación germana en la capital rusa.

El Ejecutivo ruso justificó su decisión como una “respuesta simétrica” a la medida adoptada por Alemania, reiterando que las acusaciones de actividades de inteligencia son infundadas, según reportó el Ministerio de Exteriores en el comunicado oficial recogido por la prensa. Alemania, por su parte, no respondió de inmediato públicamente al anuncio sobre la expulsión de uno de sus funcionarios en Moscú.

De acuerdo con los datos consignados por los medios, el desencadenante de esta cadena de expulsiones se originó a finales de enero, cuando Berlín identificó y expulsó a un diplomático ruso bajo sospecha de realizar labores de espionaje. La medida fue calificada por la parte rusa como injustificada y motivo de la creciente desconfianza entre ambos gobiernos. Moscú insiste en que las acusaciones de espionaje constituyen parte de una campaña para desacreditar a su servicio diplomático y deteriorar aún más las relaciones bilaterales.

En el intercambio de comunicados que siguió a las expulsiones, el Ministerio de Exteriores ruso afirmó que las recientes acciones de Berlín “buscan crear una atmósfera de desconfianza, obstaculizando el normal funcionamiento de las misiones diplomáticas en ambos países”. Según la versión de Moscú difundida por la prensa, el gobierno ruso acusa a Alemania de intentar establecer un precedente que tensiona la cooperación diplomática en diversos ámbitos.

Este tipo de medidas recíprocas se inserta en un escenario internacional caracterizado por el aumento de expulsiones de diplomáticos entre estados, con acusaciones cruzadas de actividades incompatibles con los tratados que rigen las relaciones diplomáticas. El medio que informó sobre el caso agregó que, en cada ocasión reciente en que una de las partes declara persona ‘non grata’ a un miembro de la delegación del otro país, la parte afectada responde con una expulsión equivalente, manteniendo la equidad en la confrontación diplomática.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios afectados ni detalles públicos sobre las supuestas pruebas de espionaje presentadas por Berlín, información que el Ministerio de Exteriores ruso tildó de “infundada y fabricada”. Los canales diplomáticos permanecen activos, aunque bajo un evidente clima de tensión, después de que se ejecutaron ambas medidas en las representaciones de los dos países.

El cruce de expulsiones y las declaraciones oficiales publicadas por la prensa internacional ilustran el grado de crisis en las relaciones entre Moscú y Berlín, marcadas por sospechas mutuas y acciones de represalia en el ámbito diplomático.

Las investigaciones en Turquía han revelado que los detenidos mantienen contacto directo con miembros de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y que sus actividades alcanzan áreas estratégicas, entre las que destacan reconocimientos en bases aéreas claves, como la base de Incirlik situada en Adana. Según informó el diario turco Hurriyet, las autoridades han llevado a cabo estas detenciones tras identificar una red de espionaje que presuntamente recopilaba información sensible y la transmitía a los servicios de inteligencia de Teherán.

En el marco de una serie de operaciones simultáneas en las provincias turcas de Estambul, Ankara, Van, Samsun y Yalova, seis personas han sido arrestadas, de las cuales cinco poseen nacionalidad turca y una es de origen iraní. De acuerdo con la información publicada por Hurriyet, los arrestos se produjeron después de pesquisas realizadas por la Inteligencia turca, que apuntaban a la existencia de una trama cuyos integrantes facilitaban datos estratégicos a Irán.

Entre las acusaciones formales de la Fiscalía turca figura la colaboración directa con agentes de la Guardia Revolucionaria, así como la responsabilidad de captar información crítica sobre bases militares y puntos estratégicos en territorio turco. Según consignó Hurriyet, las tareas de espionaje también incluían inspecciones en instalaciones aéreas de alto valor, siendo Incirlik uno de los principales objetivos de esta red.

El grupo sospechoso enfrenta imputaciones adicionales relacionadas con el traslado y posible envío de drones a través de Turquía con destino a terceros países. El medio Hurriyet detalló que la actividad de esta red permitía recopilar inteligencia que podía comprometer la seguridad nacional y facilitar operaciones de Teherán fuera de sus fronteras.

La transferencia de la información obtenida hacia servicios de inteligencia iraníes emerge como el eje de la investigación judicial que ahora encaran las autoridades turcas. Reportes de Hurriyet subrayan que las pesquisas contaron con la cooperación de diferentes organismos públicos y permitieron rastrear los movimientos y comunicaciones que involucrarían a los detenidos en los circuitos de espionaje internacional.

A lo largo de las operaciones, la presencia de una persona de nacionalidad iraní entre los acusados refuerza la línea investigativa sobre la influencia extranjera y la posible implicación directa del aparato de inteligencia iraní. Este componente extranjero dentro de una estructura compuesta en su mayoría por ciudadanos turcos atrae la atención de la Fiscalía respecto a los métodos de captación y colaboración utilizados por la presunta red.

La base aérea de Incirlik, mencionada frecuentemente en la información aportada por Hurriyet, figura dentro de las instalaciones más sensibles para la defensa turca y para la cooperación internacional en materia de seguridad. Su inclusión en los objetivos de los sospechosos refuerza la gravedad de las imputaciones y ubica el caso en una dimensión de interés estratégico para Turquía y sus aliados.

Con la detención de este grupo, las autoridades buscan esclarecer el alcance de la infiltración y determinar posibles conexiones adicionales tanto dentro como fuera del país. Hurriyet remarcó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar si existen otros colaboradores en la estructura o si parte de la información recopilada fue utilizada en operaciones más amplias.

El caso ha generado reacciones en los ámbitos de inteligencia y seguridad, dadas las implicancias de la actividad extranjera en infraestructuras críticas turcas y el empleo de tecnologías como los drones en circuitos internacionales. Las autoridades mantienen bajo reserva ciertos detalles de la investigación para no poner en riesgo futuras operaciones y la integridad de los procesos judiciales en marcha.

De acuerdo con lo publicado por Hurriyet, la acción coordinada entre diferentes jurisdicciones provinciales permitió identificar patrones en los desplazamientos y actividades de los sospechosos, logrando así anticipar varios de sus movimientos y asegurar pruebas que respaldan la acusación formal. Las autoridades prosiguen con la evaluación de los dispositivos y documentos incautados, al tiempo que se examina la posible implicación de otros actores en la cadena de inteligencia.

El desarrollo de este caso marca un nuevo episodio en el historial de tensiones entre Turquía e Irán en materia de seguridad e inteligencia, especialmente en lo concerniente a la protección de instalaciones militares y la prevención de actividades ilícitas asociadas a tecnología militar y tráfico internacional de equipamiento. Según Hurriyet, las pesquisas de la inteligencia turca seguirán en las próximas semanas, focalizándose en la red desarticulada y en los puntos vulnerables identificados a raíz de este operativo.

Según consignó el portal de noticias Mizan Online, Hamidreza Sabet Esmaeilipur fue arrestado el 29 de abril de 2025 luego de que las autoridades iraníes sospecharan de vínculos con representantes de inteligencia israelí para facilitar posibles actuaciones de sabotaje contra infraestructuras del Ministerio de Defensa. Tras ser hallado culpable por el Tribunal Supremo de Irán, Esmaeilipur recibió la pena de muerte por cargos de espionaje relacionados con la entrega de información confidencial al Mossad y por su cooperación con organismos enemigos, según información consignada por el citado portal vinculado al aparato judicial de la República Islámica. El hombre fue ejecutado este miércoles mediante ahorcamiento, según reportó Mizan Online y reprodujeron otros medios oficiales iraníes.

De acuerdo con Mizan Online, las investigaciones condujeron a la detención de Esmaeilipur ante la sospecha de que colaboró con agentes israelíes en la planificación y apoyo operativo para sabotajes dirigidos a instalaciones estratégicas del gobierno iraní. El medio detalló que el acusado admitió sus acciones durante los interrogatorios, en los que declaró haberse encargado de operaciones iniciales para ganarse la confianza del Mossad. Afirma el portal judicial que posteriormente Esmaeilipur incrementó su nivel de colaboración hasta la transferencia de documentos clasificados a Israel, antes de su captura.

El veredicto de culpabilidad obtuvo la validación del Tribunal Supremo, lo que dio lugar a la ejecución de la sentencia capital. En el proceso, Esmaeilipur enfrentó cargos tanto de espionaje como de cooperación activa con los servicios de inteligencia israelíes, identificados oficialmente como hostiles por Teherán. Las autoridades vinculan su accionar directamente con el Mossad, la agencia de inteligencia extranjera del Estado de Israel.

El medio Mizan Online contextualizó que la ejecución de Esmaeilipur se enmarca en una serie de sentencias a muerte pronunciadas en los últimos meses contra personas acusadas de mantener contactos o prestar servicios informativos al Mossad. Estas medidas, según versiones oficiales recogidas por Mizan Online, han seguido un ritmo mayor desde el estallido de hostilidades regionales en junio de 2025, cuando una ofensiva militar lanzada por Israel contra Irán dejó más de 1.100 víctimas fatales.

Las autoridades subrayaron a Mizan Online que el caso de Esmaeilipur pone de relieve la preocupación del Estado iraní en torno a las actividades de inteligencia extranjeras dirigidas contra infraestructuras sensibles. Teherán sostiene que la protección de información militar constituye una prioridad máxima, especialmente tras los enfrentamientos recientes con Israel, según recogió el portal cercano al poder judicial.

Diversos medios estatales han informado sobre una intensificación en los procesos judiciales contra presuntos colaboradores del Mossad tras la ofensiva israelí de junio, asociando esta política represiva al esfuerzo por frenar nuevas amenazas de sabotaje o fuga de información sensible. Según las autoridades iraníes citadas por Mizan Online, los condenados por cargos semejantes a los de Esmaeilipur suelen haber realizado labores de recopilación de datos estratégicos para organizaciones extranjeras, en particular el Mossad.

En el caso que derivó en la ejecución más reciente, los procedimientos incluyeron el análisis de documentos presuntamente transferidos y la recopilación de testimonios directos en el contexto de la investigación penal. El Gobierno iraní, de acuerdo con la cobertura de Mizan Online, ha reafirmado su política de tolerancia cero ante lo que denomina injerencias y espionaje internacional, justificando la aplicación de la pena de muerte en los procesos que implican riesgos para la soberanía nacional.

Las autoridades iraníes señalaron en comunicados reproducidos por la prensa oficial que la participación activa de Esmaeilipur en la entrega de información reservada constituyó uno de los elementos principales que impulsaron la sentencia capital. Fuentes judiciales afirmaron al medio estatal que el Tribunal Supremo evaluó que los hechos probados presentaban una amenaza considerable a la seguridad nacional del país.

Según el resumen de los procedimientos difundido por Mizan Online, la sentencia incluyó referencias a la cooperación mantenida por Esmaeilipur con “un servicio de inteligencia hostil”. Dicho cargo suele conllevar las penas más severas contempladas en el código penal iraní, especialmente en escenarios de conflicto abierto o tensión internacional con Israel.

El caso ha sido presentado en medios estatales como una acción ejemplificadora dirigida a disuadir actividades de espionaje promovidas por servicios extranjeros. La prensa oficial, incluyendo a Mizan Online, ha resaltado la firmeza del Estado iraní para llevar adelante detenciones, juicios y ejecuciones en las que existan pruebas consolidadas de la implicación en labores para agencias extranjeras durante situaciones de escalada militar y diplomática.

Las autoridades alemanas identificaron como enlace clave a un miembro de la Embajada de Rusia en Berlín, quien mantenía contacto directo con una ciudadana germano-ucraniana recientemente detenida y acusada de transmitir información confidencial sobre la industria armamentística de Alemania desde el año pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán comunicó la expulsión de este funcionario ruso, enfatizando que no tolerará actividades de espionaje en territorio nacional, especialmente cuando se llevan a cabo bajo la cobertura de inmunidad diplomática.

Según detalla el medio original, la decisión fue anunciada este jueves y afectará presuntamente al agregado militar adjunto de la legación rusa en la capital alemana. El Ministerio de Exteriores informó que ya citó al embajador ruso para trasladarle directamente tanto la medida como los motivos que la fundamentan. “No aceptamos el espionaje en Alemania y menos aún bajo la apariencia de estatus diplomático”, señaló el Ministerio mediante sus redes sociales, reforzando su postura frente a las actividades de inteligencia foránea escudadas en funciones diplomáticas.

Tal como publicó la prensa local y confirmó el Ministerio, la mujer de nacionalidad germano-ucraniana fue arrestada bajo la acusación de haber recopilado información militar sensible relacionada con la guerra en Ucrania. Según informó el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, el ahora expulsado diplomático ruso habría sido el contacto principal dentro de la embajada para sostener el flujo de datos obtenidos desde Alemania. Las investigaciones señalan que esta relación habría iniciado en 2023, con el fin de transferir información sobre capacidades e infraestructura del sector armamentístico alemán.

La Fiscalía alemana llevó a cabo la detención de la mujer y la acusó formalmente de espionaje, según reportó el medio original. Los investigadores sospechan que la acusada facilitó información relevante para los intereses rusos, utilizando su acceso a datos vinculados tanto a la defensa nacional como a la evolución de la industria militar alemana en el contexto del conflicto en Ucrania.

Según consignó el medio, tras la notificación oficial, el funcionario ruso dispone de un plazo de 72 horas para abandonar territorio alemán. La medida fue presentada como respuesta directa a las pruebas recabadas por las autoridades germanas, que consideran el caso una vulneración de los principios diplomáticos y del marco legal vigente en Alemania. El Ministerio enfatizó ante el embajador ruso la gravedad de los hechos investigados y su rechazo a que, bajo inmunidad diplomática, se desarrollen actividades de recolección de información reservada.

El medio añadió que el caso adquiere especial relevancia en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, conflicto donde las operaciones de inteligencia sobre la industria militar europea han incrementado de forma significativa. Diversos reportes previos han señalado la intensificación de los esfuerzos rusos para obtener información estratégica relacionada con el apoyo logístico y material que los países europeos otorgan al gobierno ucraniano.

En relación al ámbito diplomático, según publicó el medio original, la expulsión de un miembro acreditado en la Embajada constituye una de las respuestas más firmes implementadas por el gobierno alemán frente a acusaciones de espionaje. La decisión se suma a una serie de acciones similares adoptadas en los últimos años por países europeos ante indicios de operaciones encubiertas realizadas por personal diplomático ruso. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores subrayó la importancia de mantener protegidos tanto los intereses como la seguridad nacional y reiteró su disposición para sancionar cualquier intento de inteligencia extranjera bajo pretexto diplomático.

El caso sigue bajo investigación por parte de la fiscalía y de la policía alemana, con el foco puesto en determinar el alcance de la información filtrada, los métodos empleados para transferirla y la posible existencia de otras personas implicadas. El gobierno alemán comunicó que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances en el proceso y que continuará aplicando medidas de protección adicionales en sus instituciones y sectores clave, en coordinación con sus socios internacionales.

De acuerdo con la información difundida por la policía checa, el operativo que culminó en la detención se llevó a cabo el sábado anterior. Detectives de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y los Delitos Cibernéticos (NCTEKK) aprehendieron a una persona bajo sospecha de colaborar con el servicio de inteligencia chino. Según el comunicado publicado por la policía a través de redes sociales, .“El sábado, detectives del NCTEKK detuvieron a una persona sospechosa de trabajar para el servicio de Inteligencia chino. Se han puesto en marcha medidas para abrir un proceso penal en este caso ante las sospechas de posibles delitos de actividades no autorizadas para potencias extranjeras”.

El despliegue operativo ha contado con la colaboración de la agencia de inteligencia checa y el apoyo de la Fiscalía de Praga, reportó la policía. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han revelado detalles adicionales respecto a la identidad del sospechoso ni han confirmado oficialmente su nacionalidad. El anuncio coincide con un contexto de creciente preocupación en Europa acerca de las actividades vinculadas a la inteligencia extranjera, especialmente respecto al posible espionaje proveniente de potencias extraterritoriales.

El medio 'Dennik N' consignó que fuentes próximas a la investigación sostienen que el detenido sería ciudadano de origen chino, aunque esa información no ha sido refrendada ni desmentida por las autoridades policiales o judiciales. Según las declaraciones recogidas por el mismo medio, el caso continúa bajo investigación abierta, en la que se evalúa la posible comisión de delitos relacionados con la realización de actividades no autorizadas para potencias extranjeras bajo coordinación de agencias antiterroristas y ministerios públicos nacionales.

El comunicado oficial de la policía, citado por el medio de referencia, no ofrece información sobre los pormenores de la investigación ni sobre el alcance de las operaciones en las que estaría implicado el sospechoso. Sí confirma que la labor conjunta incluyó vigilancia sobre actividades que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, especialmente en un contexto de seguimiento intensificado de amenazas de este tipo durante los últimos meses en el territorio checo.

De acuerdo con la información recopilada por 'Dennik N' y recogida por otras agencias, el avance del procedimiento penal dependerá de la recolección de pruebas adicionales y de la evolución de las indagatorias llevadas a cabo bajo supervisión de la fiscalía y la agencia especializada en terrorismo y ciberdelitos. Las autoridades han reiterado que, por la naturaleza delicada del caso, por ahora mantienen reserva sobre otros posibles detalles del detenido.

El refuerzo de los controles y operativos, según reportó la policía checa, responde a un enfoque estratégico de prevención y contención de amenazas potencialmente coordinadas por servicios de inteligencia extranjeros. La investigación sigue abierta y está recibiendo respaldo de instituciones nacionales especializadas, buscando esclarecer si existieron acciones de cooperación con estructuras externas y cómo estas actividades podrían haber impactado en la seguridad del país, publicó 'Dennik N'.

De acuerdo con la información proporcionada por el FSB, al registrar los medios de comunicación utilizados por el detenido, las autoridades hallaron mensajes intercambiados con un agente de la inteligencia moldava, evidencia que, según especificó el organismo de seguridad, constituye una prueba de la colaboración entre ambas partes. Esta documentación se calificó por el FSB como fundamental para sostener las acusaciones.

La investigación penal abierta en Moscú por la Dirección de Investigaciones del FSB califica las acciones del detenido como cooperación clandestina con una nación extranjera, una conducta definida bajo la legislación rusa como delito grave. Esta acusación podría conllevar una pena de prisión de hasta ocho años, según el marco legal vigente en Rusia para este tipo de actividades. Mientras tanto, el ciudadano ruso permanece bajo medidas cautelares de arresto y enfrenta interrogatorios ejecutados por las autoridades, detalló el propio FSB, según recogió EFE.

TASS y EFE también consignaron que este caso no representa un episodio aislado en la relación bilateral entre ambos estados. El FSB recordó un antecedente ocurrido en mayo de 2025, cuando dos personas, identificadas también como agentes moldavos, fueron arrestadas en Moscú tras ingresar en territorio ruso con documentos de identidad falsificados. Ambos habrían tenido la intención de realizar actividades encubiertas que, según el FSB, buscaban atentar contra la seguridad del Estado ruso.

El contexto del caso está marcado por el deterioro progresivo en los vínculos diplomáticos entre Rusia y Moldavia. Según reportó la agencia EFE, las fricciones entre las dos naciones se han profundizado desde la elección presidencial de Maia Sandu, una dirigente identificada por su orientación europeísta. La situación tensó aún más tras la intervención militar rusa en Ucrania, un desarrollo que impactó las relaciones políticas y de seguridad en la región.

En su declaración, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia subrayó que sus autoridades permanecen alertas ante posibles intentos de espionaje provenientes de Moldavia, a los que vinculan con el respaldo económico de gobiernos occidentales. Según detalló el organismo mencionado por EFE, estas acciones han incluido la infiltración de agentes con el objetivo de recopilar información o influir en los intereses estratégicos rusos.

Las autoridades de investigación rusas siguen adelante con los procedimientos judiciales relacionados con el caso más reciente y mantienen bajo arresto a la persona acusada, mientras continúan las pesquisas para esclarecer el alcance de las operaciones que presuntamente buscaban desestabilizar la seguridad del Estado.

Las fuerzas policiales alemanas han realizado registros en domicilios de los distritos de Havelland (Brandeburgo), Ahrweiler (Renania-Palatinado) y Múnich en relación con una investigación de espionaje que implica a una ciudadana con doble nacionalidad germano-ucraniana y a otros dos sospechosos que permanecen prófugos. Estas acciones se enmarcan en la detención de la mujer en Berlín, sobre la cual pesan graves sospechas de colaboración con servicios de inteligencia vinculados a Moscú, según informó la Fiscalía de Alemania.

De acuerdo con la publicación realizada por la propia Fiscalía este miércoles, la detenida, identificada como Ilona W., habría mantenido contactos continuos con personal de inteligencia destacado en la Embajada rusa en Berlín desde al menos noviembre de 2023. La orden de arresto fue emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 30 de diciembre de 2025 y ha permitido a las autoridades intervenir tanto en la vivienda de la detenida como en las de los demás implicados. Según datos difundidos por la Fiscalía, el contacto de Ilona W. en la legación diplomática trabaja directamente para una agencia de inteligencia rusa y se ha documentado el intercambio de información relevante en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los fiscales describieron que la mujer ha proporcionado en varias ocasiones información de carácter confidencial relacionada con el conflicto armado. Entre los datos filtrados se identifican antecedentes sobre participantes en eventos políticos de alto perfil, así como detalles sobre ubicaciones de la industria armamentística, pruebas con drones y programas para la entrega de estos dispositivos a Ucrania. Según consignó la Fiscalía, para obtener parte de esta información Ilona W. recurrió a contactos personales con exempleados vinculados al área de negocios del Ministerio de Defensa, a quienes conocía de manera directa por su trayectoria previa.

Asimismo, los investigadores detallaron que Ilona W. facilitó la presencia de contactos de la Embajada rusa en eventos políticos relevantes en la capital alemana. En dichas ocasiones, presuntamente empleó alias para permitir la asistencia de agentes de inteligencia, con el objetivo de que establecieran relaciones y redes útiles para los servicios secretos extranjeros. Este proceder ha sido documentado en el contexto de actividades regulares de recopilación y transmisión de inteligencia durante la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, según publicó la Fiscalía.

El comunicado reseñado por la Fiscalía de Alemania indica que parte de la labor de Ilona W. consistió en proporcionar datos específicos referidos a planes de entrega de armamento, la organización de pruebas de drones utilizados en operaciones y el mapeo de las instalaciones involucradas en la fabricación de material bélico. Además, la participación de exempleados del Ministerio de Defensa en este contexto parece haber representado un canal de acceso a datos internos y clasificados por parte de la sospechosa.

Por otro lado, la información oficial, reportada también por la Fiscalía, menciona la detención en Brandeburgo de dos individuos identificados como Suren A., ciudadano ruso, y Falko H., ciudadano alemán, acusados de colaboración con organizaciones terroristas extranjeras. Según detalló la Fiscalía, ambos desempeñaron desde 2016 funciones relevantes en una asociación dedicada a la organización de envíos de suministros, equipamiento médico y drones a la región del Donbás, en apoyo a grupos armados de Donetsk y Lugansk.

El organismo judicial alemán describió que uno de los detenidos transfirió más de 14.000 euros en fondos de la asociación para las autoridades prorrusas en las provincias de Donetsk y Lugansk, además de financiar directamente la entrega de mercancías y equipos para las milicias de la zona. El otro de los acusados realizó repetidos viajes a la región del Donbás para reunirse con funcionarios prorrusos y para coordinar personalmente la transferencia de materiales, así como para aceptar encargos relacionados con este apoyo logístico, colaborando en la distribución regular de dichas mercancías, según publicó la Fiscalía de Alemania.

Las autoridades judiciales subrayaron que estas actuaciones forman parte de una serie de medidas dirigidas a combatir el apoyo a organizaciones armadas en zonas de conflicto, y señalaron que las investigaciones persisten, tanto en el caso de la ciudadana germano-ucraniana como de los otros sospechosos prófugos vinculados a la causa de espionaje y colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.

El proyecto de la nueva Embajada de China en Londres, que lleva varios años en fase de planificación y que involucra el traslado de la sede diplomática desde Marylebone a una ubicación próxima a la Torre de Londres, ha generado preocupación entre sectores críticos en Reino Unido debido a sospechas relacionadas con espionaje y tensiones diplomáticas. Pekín adquirió en 2018 un inmueble en esa zona por 316 millones de euros con el objetivo de establecer la nueva sede, según informó el diario estatal chino 'Global Times'. La principal noticia relacionada es la petición explícita que ha realizado el Gobierno chino, urgiendo a Londres a aprobar la solicitud para iniciar la construcción, mientras asegura que el país anfitrión está obligado a facilitar este procedimiento según el Derecho Internacional.

Según detalló el medio 'Global Times', Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, declaró en rueda de prensa que las autoridades británicas deben "ofrecer apoyo y facilitar la construcción de las misiones diplomáticas" como parte de sus obligaciones internacionales. La postura de Pekín apunta a una falta de voluntad por parte del Gobierno británico para dar luz verde a un proyecto que ha avivado las fricciones entre ambas naciones, en un contexto donde aumentan las acusaciones de Londres sobre posibles casos de espionaje atribuidos a China.

El portavoz chino insistió en que el proyecto cumple con los requisitos de calidad y los protocolos del derecho diplomático internacional, además de ajustarse a la legislación y los procedimientos estatales del propio Reino Unido. Según recogió 'Global Times', Pekín sostiene que todos los trámites se han realizado conforme a la normativa británica, destacando el alineamiento del proyecto con los estándares formales necesarios para misiones diplomáticas en el extranjero.

La solicitud para la nueva embajada permanece pendiente de aprobación oficial por parte de las autoridades del Reino Unido. Esta situación ocurre en plena escalada de desconfianzas y tensiones bilaterales, donde Londres ha expresado reiteradamente inquietudes respecto a las posibles actividades de inteligencia vinculadas al nuevo edificio diplomático chino. El episodio se inscribe en una dinámica más amplia de relaciones complejas que involucran acusaciones mutuas, investigaciones parlamentarias y revisiones de políticas de seguridad.

A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno chino ha reiterado públicamente su compromiso con el respeto de las leyes británicas y de los protocolos internacionales para misiones extranjeras, enfatizando que la aprobación de la nueva sede constituye no solo un trámite administrativo, sino un deber que Reino Unido debería cumplir conforme a los tratados internacionales que rigen la presencia diplomática de estados extranjeros en territorio ajeno.

El desarrollo del nuevo complejo diplomático ha sido objeto de debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública británica. En ese contexto, distintas voces han manifestado inquietudes ante los riesgos potenciales de operaciones de espionaje o influencia extranjera asociadas al proyecto. No obstante, existen perspectivas dentro del Reino Unido que consideran probable la aprobación final de la solicitud, derogando en última instancia los obstáculos iniciales.

En paralelo, se prevé que el primer ministro Keir Starmer realice una visita oficial a China a finales de este mes, según informaciones aportadas por el diario chino. Esta visita podría enmarcarse en un intento por reconducir o estabilizar las relaciones entre ambos países, cuyo vínculo se ha visto condicionado por diversos episodios de fricción geopolítica y acontecimientos en el ámbito de la seguridad tecnológica y diplomática.

La embajada de China, actualmente establecida en Marylebone, opera dentro de un contexto edilicio que, según Pekín, resulta obsoleto para las necesidades actuales y futuras de su representación en Reino Unido. Por este motivo, la adquisición en 2018 del edificio situado cerca de la Torre de Londres fue presentada como una inversión estratégica acorde al incremento de responsabilidades y relaciones comerciales, políticas y culturales bilaterales.

El proceso de obtención de permisos ha implicado consultas con autoridades locales y organismos reguladores de la ciudad de Londres. De acuerdo con 'Global Times', las autoridades chinas han sostenido canales oficiales de comunicación con sus homólogos británicos, argumentando en todo momento el carácter legítimo y transparente de su solicitud para trasladar y modernizar la sede diplomática.

En el transcurso de los últimos años, las relaciones entre China y Reino Unido han experimentado desafíos derivados de cambios en la política exterior británica, el endurecimiento de las condiciones para la presencia de inversiones y empresas chinas en sectores estratégicos y la imposición de nuevas restricciones sobre actividades consideradas sensibles. El embajador chino y otros representantes oficiales han hecho declaraciones llamando a la cooperación y al diálogo, aludiendo a la importancia de mantener canales abiertos ante diferencias políticas o de seguridad.

La decisión final sobre la construcción de la nueva embajada permanece pendiente de una resolución oficial. La gestión de esta solicitud se considera un caso de estudio en el cumplimiento de las normas del derecho internacional relativo a las misiones diplomáticas y refleja el estado actual del vínculo entre las dos potencias, según han señalado observadores y medios como el propio 'Global Times', que han seguido de cerca las declaraciones y pasos dados por ambas partes involucradas.

Alemania escaló su respuesta al espionaje ruso con la expulsión de un diplomático moscovita tras el arresto de una mujer de doble nacionalidad alemana y ucraniana acusada de recopilar información clasificada sobre armamento destinado a Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó el jueves al embajador ruso para notificarle la expulsión de un funcionario de la embajada identificado como el principal contacto de la detenida. Berlín calificó los hechos como un “acto hostil” incompatible con el estatus diplomático.

La mujer arrestada el miércoles, identificada parcialmente como Ilona W., de 56 años, permanece bajo custodia judicial después de comparecer ante un juez. La Fiscalía Federal alemana la acusa de operar como agente para servicios de inteligencia extranjeros desde noviembre de 2023, facilitando información sensible sobre envíos de drones, pruebas de tecnología no tripulada y ubicaciones de fábricas de armamento alemanas.

Según el ministerio de Defensa, dos ex funcionarios militares alemanes están siendo investigados por presuntamente haber suministrado datos confidenciales a la acusada. Uno es un oficial retirado y el otro un alto funcionario civil que trabajó hasta 2018 en el servicio técnico del ejército, responsable de evaluar tecnología de drones para la oficina de adquisiciones. Los fiscales investigan si ambos conocían que la información sería transferida a inteligencia rusa.

Los fiscales alemanes sostienen que Ilona W. aprovechó su red de contactos personales en círculos políticos y empresariales para recabar inteligencia sobre participantes en eventos de alto perfil y sobre la industria de defensa. La investigación reveló que también ayudó a su contacto en la embajada rusa a utilizar identidades falsas para asistir a encuentros políticos en Berlín y establecer conexiones útiles para Moscú.

La revista alemana Der Spiegel identificó al diplomático expulsado como Andrei M., un coronel del servicio de inteligencia militar ruso GRU que operaba con cobertura diplomática como agregado militar adjunto. Las autoridades alemanas le concedieron 72 horas para abandonar el país.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró durante una visita a Etiopía que Berlín no tolerará actividades de inteligencia en territorio alemán, especialmente bajo el disfraz de inmunidad diplomática. Wadephul, quien asumió el cargo en mayo de 2025, subrayó que Alemania vigila con atención las acciones de Rusia y que las actividades agresivas del Kremlin tienen consecuencias.

La embajada rusa en Berlín rechazó las acusaciones, calificándolas de “provocación ridícula y apresuradamente fabricada”, y advirtió que las acciones hostiles de Berlín no quedarán sin respuesta. Moscú ha negado sistemáticamente las acusaciones europeas de espionaje y sabotaje, acusando a Occidente de intentar socavar y destruir Rusia.

El caso se inscribe en un deterioro sostenido de las relaciones entre Alemania y Rusia desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Alemania es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Kiev después de Estados Unidos, y se ha convertido en centro logístico clave para las fuerzas de la OTAN en Europa.

Berlín acusa a Moscú de una escalada en operaciones híbridas: espionaje, sabotaje, ataques cibernéticos y campañas de desinformación. En diciembre de 2025, el gobierno alemán atribuyó al GRU un ciberataque contra el control de tráfico aéreo en agosto de 2024 y acusó al Kremlin de intentar interferir en las elecciones federales de febrero de 2025 mediante la difusión de deepfakes y contenido manipulado contra políticos críticos con Rusia.

La fiscalía informó que el miércoles también fueron arrestados dos hombres, un ciudadano ruso y uno alemán, acusados de canalizar más de 14.000 euros en efectivo y equipo a milicias prorrusas que operan en el este de Ucrania. Los tres sospechosos comparecieron ante el Tribunal Federal de Justicia, que decidió sobre las órdenes de detención preventiva.

Ilona W. era conocida en círculos políticos y empresariales como miembro de una organización berlinesa dedicada a promover el entendimiento internacional, según fuentes citadas por AFP. Una fuente familiarizada con su trayectoria indicó que su influencia era limitada, pero que fue introducida en círculos relacionados con el Petersburger Dialog, un foro germano-ruso de discusión fundado en 2001 por el entonces canciller Gerhard Schröder y el presidente ruso Vladimir Putin.

El Petersburger Dialog funcionó durante años como plataforma para debates sobre economía, cultura y educación entre ambas sociedades civiles. Sin embargo, el foro perdió relevancia progresivamente tras el deterioro de las relaciones bilaterales y la creciente represión contra la sociedad civil en Rusia. En noviembre de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, la asamblea del diálogo decidió su disolución, argumentando que un intercambio de esa naturaleza ya no era posible. La liquidación formal del foro se completó en abril de 2023.

Gobiernos de toda Europa se mantienen en alerta máxima ante el incremento de actividades de inteligencia rusas. Países como Polonia, Dinamarca, Bélgica y Suecia han reportado incidentes que incluyen vuelos de drones sobre aeropuertos, interferencia en sistemas de navegación aérea y sabotajes en infraestructuras. Berlín ha respondido con sanciones específicas, prohibiciones de viaje y restricciones al movimiento de diplomáticos rusos dentro del espacio Schengen a partir de enero de 2026.

Este hallazgo, detectado durante las revisiones internas del proceso de transición administrativa, ha puesto de manifiesto la magnitud de los riesgos que enfrenta la seguridad y la privacidad en uno de los principales órganos del Estado.

Según una fuente consultada en el Poder Legislativo, las investigaciones se desarrollan bajo estricta reserva, mientras diversas voces señalan una posible crisis de credibilidad institucional y de confianza pública si no se esclarece el caso.

La sesión legislativa para instalar la nueva legislatura transcurrió según lo previsto, aunque en un ambiente tenso y bajo la sombra del descubrimiento.

De acuerdo con testimonios de empleados del Congreso Nacional, el tema del espionaje desplazó rápidamente la atención, provocando debates entre diputados y personal que manejaron la información con suma cautela debido a su gravedad política y legal.

A última hora del martes 20 de enero, la salida discreta del ex presidente legislativo Luis Redondo, sin la habitual compañía de otros directivos ni diputados de bancada, suscitó especulaciones y dejó interrogantes abiertos sobre eventuales conexiones con el caso. Ningún pronunciamiento oficial ha esclarecido hasta ahora si existe un vínculo directo.

Según informes preliminares atribuidos al equipo de seguridad de transición del Congreso, las cámaras y micrófonos retirados corresponden a sistemas de última generación valorados en varios millones de lempiras.

Estos dispositivos, reveló una fuente interna al Legislativo, se encontraban emplazados estratégicamente en espacios donde se celebran reuniones privadas, oficinas administrativas y zonas transitadas por diputados y personal de confianza. Tal localización da cuenta de una vigilancia selectiva orientada a la obtención de información sensible.

Resulta alarmante que la instalación de estos dispositivos careciera de contrato, autorización formal o registro administrativo alguno. Esta irregularidad, según la fuente de seguridad del Congreso, refuerza la hipótesis de una operación orquestada al margen de las normas legales.

Empleados del Parlamento afirmaron que los equipos ya han sido desmontados, aunque persiste la incertidumbre en torno a cuánto tiempo operaron y el destino de los datos recogidos.

La posibilidad de que se trate de tecnología heredada de la administración anterior cobra fuerza, al considerar que el hallazgo se produjo justo durante la inspección de oficinas para la transición y los equipos no figuraban en inventarios oficiales.

Las primeras indagaciones, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, incluyen auditorías técnicas y revisiones de seguridad para asegurar que no existan más equipos clandestinos instalados en el edificio.

El caso, de extrema sensibilidad institucional, se mantiene bajo investigación y sin declaración pública por parte de autoridades legislativas, mientras diputados, analistas y empleados demandan esclarecimientos urgentes.

Expertos en transparencia han advertido que la presencia de sistemas de espionaje sin autorización en el Congreso Nacional vulnera la independencia y la privacidad de los funcionarios, exponiendo a uno de los poderes del Estado a riesgos inéditos en materia de democracia y legalidad.

La expectativa se centra ahora en la capacidad de la nueva directiva para restaurar la seguridad, recuperar la confianza en la institución y delimitar responsabilidades sobre un incidente que amenaza con marcar el inicio de la legislatura.

El juez Abdulá al Nayar firmó la sentencia que, de acuerdo con la agencia de noticias Saba, confirmó la absolución de dos acusados previamente condenados en un tribunal inferior. El mismo dictamen mantuvo la absolución para otros dos imputados, mientras seis personas recibieron sentencias de prisión, bien como pena principal, bien en conmutación de la pena capital. En total, nueve individuos fueron sentenciados a la pena de muerte por delitos de espionaje a favor de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí en Yemen.

Según publicó la agencia Saba, la División Criminal Especializada de las autoridades de facto instauradas por el movimiento hutí en el centro y norte de Yemen emitió este fallo el lunes. Las acusaciones señalan que los implicados integraban una red de espionaje supuestamente vinculada con los servicios secretos de los mencionados países. El tribunal estableció que los condenados proveyeron información clasificada de índole política, militar y de seguridad, así como ubicaciones de instalaciones estratégicas.

El dictamen judicial, según recogió Saba, detalló que el grupo procesado no solo entregó datos sensibles sino que también participó en reclutar ciudadanos y distribuir equipos de vigilancia. Este material habría permitido monitorizar movimientos y operaciones, lo que se tradujo en ataques dirigidos contra instalaciones militares y civiles y, según la sentencia, en la muerte de cientos de personas. Los acusados habrían recibido pagos a cambio de sus actividades, siempre según la investigación presentada en tribunales hutíes.

La resolución conocida este lunes varió la suerte judicial de varios procesados respecto al dictamen previo de un tribunal de primera instancia emitido el 22 de noviembre. Aquella resolución inicial condenaba a muerte a diecisiete personas y a diez años de prisión a otros dos, al tiempo que absolvía a otros dos imputados. El nuevo fallo redujo a nueve el número de condenados a la máxima pena, mientras que dos sentencias de muerte fueron conmutadas por sendas penas de diez años de prisión. Otros dos acusados obtuvieron la libertad tras cumplir la totalidad de la condena contemplada por la justicia.

Según informó la agencia Saba, las acciones atribuidas a la supuesta red de espionaje incluyeron la provisión de coordenadas y descripciones de emplazamientos estratégicos. De acuerdo con el reporte, estos datos resultaron clave para el lanzamiento de ataques en los que se vieron afectados objetivos tanto militares como civiles en diferentes regiones bajo control hutí.

El proceso judicial se desarrolló en medio del prolongado conflicto civil que vive Yemen. Según el mismo reporte de Saba, la División Criminal Especializada está instaurada en las zonas gobernadas por el movimiento hutí, grupo que desde 2014 controla el centro y norte del país y mantiene un enfrentamiento armado con las fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente y a la coalición liderada por Arabia Saudí. Las condenas dictadas marcan un nuevo episodio en el uso de tribunales especiales para procesar casos de seguridad, espionaje y “alta traición”, según la terminología utilizada por las autoridades hutíes.

La agencia Saba consignó además que el tribunal examinó la existencia de transferencias económicas recibidas supuestamente por los acusados como compensación por sus servicios. El fallo hace referencia a pruebas documentales y testimoniales sobre el pago de sumas vinculadas a los actos por los que se les juzgó. Entre las evidencias mencionadas figuran equipos electrónicos y comunicaciones incautados durante las investigaciones, según consta en la sentencia publicada este lunes.

La agencia Saba detalló en su crónica que la investigación y el enjuiciamiento de este caso han sido persistentes motivos de disputa entre el movimiento hutí y representantes internacionales que han expresado inquietud por las garantías procesales y la imparcialidad judicial en el sistema yemení bajo control hutí. No obstante, las autoridades del grupo han defendido la legalidad de los procedimientos y la necesidad de actuar frente a lo que califican como amenazas de espionaje extranjero.

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó que hoy encontraron dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales. Algunos de estos aparatos estaban escondidos en las oficinas del gobernador Rogelio Frigerio y en la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Se trata de un hecho gravísimo que no encuentra antecedentes en la historia de Entre Ríos, al menos desde la recuperación de la democracia.

El propio mandatario provincial se hizo eco de la situación y denunció el hecho en sus redes sociales. "Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes", sostuvo.

Y agregó: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″.

Además de haberlos desmontado, las autoridades entrerrianas dispusieron dos acciones inmediatas. En primer lugar, una denuncia penal. Voceros oficiales adelantaron que la intención es que la justicia “investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad”.

En paralelo, el inicio de una investigación administrativa interna. Esta decisión permitirá determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

El operativo de detección se hizo luego de que surgieran sospechas de que algo raro había. Es que muchas conversaciones privadas de los funcionarios terminaban circulando en público casi de inmediato. En el procedimiento intervino personal de la Policía de Entre Ríos que constató el tipo de dispositivos y su fin.

Con relación a esto, cabe consignar que Frigerio recibirá mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli.

En el comunicado oficial, el Gobierno provincial señaló que este tipo de prácticas “constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.

“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó”, agregó el escrito.

En esta línea, el texto recordó: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo”. Esto incluyó “terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras”.

A renglón seguido, agregó: “No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

La intención de las autoridades entrerrianas es “ir hasta el fondo” para saber quiénes pusieron esos dispositivos y desde cuándo estaban instalados. Además, se ahondará en descubrir a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida.

“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluyó el comunicado oficial. Las dos décadas refieren al período en el que el PJ gobernó la provincia.

Frigerio se reunió con Bordet

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo la semana pasada un encuentro a solas con el ex mandatario provincial Gustavo Bordet. Según indicó el titular del Ejecutivo al término del cónclave, dialogaron sobre la agenda de los próximos dos años de gestión e incluyó las reformas estructurales pendientes y los principales desafíos de la administración provincial.

En ese marco, se abordó con especial énfasis la necesidad de avanzar en cambios al sistema previsional. La posibilidad de trabajar en una agenda de reforma constitucional que contribuya a facilitar y mejorar la gestión del Estado también estuvo sobre la mesa.

La foto del actual mandatario y su antecesor dialogando mano a mano en el despacho de la Gobernación llegó en un momento particular. Hace una semana, los legisladores nacionales del PJ (incluido Bordet) presentaron a Frigerio un estudio sobre el impacto de la reforma laboral en la coparticipación. Alertaron que las provincias perderían $1,7 billones. De ese total, $81 mil millones corresponderían a Entre Ríos. La nota cerraba con un pedido de audiencia al Gobernador.

Cuando el escrito llegó a la Mesa de Entradas de la Gobernación, hubo silencio oficial. “Por ahora no habrá respuesta”, deslizaron los operadores del frigerismo. La contestación llegó en la tarde - noche del lunes. Frigerio iba a recibir sólo a uno de los firmantes y en carácter de exgobernador, no de diputado. Y la agenda de temas sería otra.

Dos personas que estamparon su firma en el pedido de audiencia a Frigerio dejaron traslucir en declaraciones a Infobae su molestia con la decisión del exmandatario.

“No nos contestaron la nota así que lo de Bordet debe ser algo de él”, dijo uno. “Es Bordet siendo Bordet”, acotó otro en medio de una risa nerviosa más para liberar tensiones que para tomar con humor la situación. La visita traerá consecuencias en la frágil unidad del PJ local.

Sigue la polémica por la denuncia del ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre el presunto uso del software Pegasus por parte del Ministerio de Defensa para espiarlo.

A pesar de que se registró un encuentro entre los ministros de las carteras mencionadas, y que Pedro Sánchez, líder de la cartera de Defensa, se pronunció públicamente para asegurar que Idárraga fue informado con datos erróneos, el también secretario de Transparencia de la Presidencia se ha mantenido firme en sus acusaciones.

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Al respecto, Infobae Colombia conoció la orden de operación o misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia que Idárraga presentó como prueba principal para sustentar su denuncia.

En el documento se indica que la tarea de los uniformados era “identificar posibles manejos activos y retirados de las Fuerzas Militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales”.

En la orden también se regulaba el tiempo del presunto espionaje, que se llevaría a cabo entre el 11 y el 20 de noviembre, haciendo que los encargados de cumplir con la misión tuvieran que presentar un informe sobre sus labores un día después.

Además, en caso de que hubieran necesitado efectuar acciones adicionales, tendrían que haber pedido una autorización de un superior.

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que el documento es falso

Fuentes de Infobae Colombia afirman que la orden presentada como prueba no cumple con las características que tiene una misión de trabajo en el Ministerio de Defensa. Entre los argumentos para asegurar que el documento no es real, la fuente indicó que, como parte del Modelo Estándar de Control Interno, las inspecciones generales de las respectivas fuerzas hicieron las verificaciones del caso, confirmando que no hubo ningún registro del software Pegasus.

De la misma forma, que la misión de trabajo presentada tiene un formato que no corresponde al que se tiene como estándar en la retención documental, puesto que las reales tienen un consecutivo asignado automáticamente por un sistema y la relacionada en el presunto documento no existe y no corresponde a la nomenclatura utilizada.

A nivel estructural del documento, reafirman que el lenguaje utilizado (expresiones, palabras, redacción) no corresponde a lo autorizado por la norma y doctrina institucional, incluyendo que todos los campos en un documento de este tipo deben ser diligenciados sin omitir información ni utilizar expresiones como “no aplica”, lo que se observa en el documento.

Respecto a la normatividad jurídica de las órdenes de trabajo, argumentaron que las leyes y decretos se actualizan constantemente y en el documento presentado por el ministro de Justicia no existen soportes del uso de gastos reservados para el uso de vehículos para ninguna actividad, ni están relacionados con ninguna misión de trabajo.

Presuntamente, desde que se emitió la denuncia, al interior del Ministerio de Defensa se llevó a cabo una revisión del parque automotor del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), que habría dejado en evidencia que en las unidades militares no se encuentra algún vehículo con las características o placas relacionadas en el presunto documento publicado.

A pesar de que no se ha comprobado que el sargento Erley Ramírez, señalado en el escándalo, ejecutara alguna actividad ilegal, desde que se conoció lo expuesto por el ministro Idárraga se abrió una indagación preliminar para tener toda la trazabilidad legal, con la que la cartera de la defensa buscará demostrar que no se realizó ninguna acción ilegal.

A pesar de que esta situación representa una nueva fractura al interior del Gobierno nacional, hasta el momento el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, planteó la interrogante sobre la posible manipulación del software Pegasus por parte de entidades estatales, tras recibir la confirmación de un técnico especializado de que este programa se encontraba en sus dispositivos personales. Según detalló Caracol Radio, Benedetti acudió a las redes sociales para revelar que un experto, Milton Cuadros, verificó la presencia del software espía en sus teléfonos, lo que motivó al ministro a advertir tanto a organismos gubernamentales como al Ministerio Público sobre los riesgos de seguridad informática en el ámbito estatal.

De acuerdo con la información suministrada por el propio Benedetti y recogida por Caracol Radio, la detección de Pegasus se produjo cuando un investigador privado, a finales del año pasado, habría descubierto la interceptación de los equipos del ministro. Benedetti señaló que la Fiscalía General aún no le había solicitado las pruebas técnicas que demostrarían la intrusión de Pegasus, a pesar de haber puesto a disposición del organismo el material recopilado. En su mensaje, Benedetti insistió en que la pregunta central que deben abordar las instituciones es si la presencia de Pegasus se limita a sus propios dispositivos o, de forma más amplia, se extiende a otras agencias estatales y si personal oficial estaría haciendo uso o manipulación del software.

El medio Caracol Radio reportó que, el sábado, Benedetti pidió que se esclarezcan las condiciones en las cuales Pegasus pudo haber terminado instalado en su teléfono móvil y advirtió sobre la posible vulneración tecnológica en las plataformas utilizadas por entidades del Estado. Esto llevó al ministro a solicitar acciones inmediatas y coordinadas que permitan detectar y, en su caso, erradicar cualquier amenaza similar en otros equipos y dependencias gubernamentales.

Por otra parte, la denuncia de Benedetti surge poco después de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien abordó un tema similar pero con una perspectiva diferente. Según informó Caracol Radio, Sánchez respondió a otra acusación relativa al presunto espionaje mediante Pegasus difundida por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco. Sánchez argumentó que el software se utilizó en Colombia solamente durante 2021 y 2022, y afirmó que desde entonces dejó de emplearse en el país. “No está siendo utilizado por la fuerza pública”, precisó Sánchez, reiterando que cualquier operación de este tipo exige una orden judicial y sigue el debido proceso.

El caso expuesto por Benedetti ha aumentado la expectativa sobre la posibilidad de que haya existido o exista monitoreo o vigilancia de comunicaciones en el entorno de funcionarios colombianos a través de tecnología avanzada, como Pegasus. La declaración del ministro interior también incluye un llamado explícito a que tanto las agencias estatales implicadas como los órganos responsables de la persecución penal aclaren el rol que dicho software pudo haber tenido en sus operaciones recientes.

Dentro de este contexto, el cruce de versiones entre funcionarios del gobierno —como los ministros del Interior, Justicia y Defensa— ha situado el tema de la seguridad informática y la vigilancia digital en un lugar central de la agenda pública. El medio Caracol Radio expuso que, mientras Benedetti hace énfasis en la necesidad de una investigación rápida y total, Defensa asegura que el uso del software finalizó antes del actual periodo y que cualquier empleo habría estado supeditado al marco legal vigente.

El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es un conocido programa utilizado en diversos países para intervenir y monitorear dispositivos móviles, lo que ha provocado diversas controversias internacionales. Caracol Radio contextualizó la preocupación de las autoridades colombianas dentro de ese marco internacional, subrayando la urgencia de determinar si persiste algún nivel de uso o presencia de Pegasus en el entorno estatal.

En su declaración, Benedetti también cuestionó las medidas de control empleadas por la Fiscalía para anticipar y contrarrestar amenazas informáticas en los sistemas oficiales. A través de su mensaje en redes, insistió en la necesidad de esclarecer si la presencia de Pegasus fue aislada o constituye un riesgo más extendido que podría afectar la infraestructura tecnológica gubernamental. La falta de respuestas formales a su denuncia ha alimentado la discusión pública sobre el alcance de la supervisión tecnológica al interior de la administración y la autonomía de las investigaciones judiciales relacionadas con la ciberseguridad estatal.

La polémica reavivada por las distintas declaraciones de los ministros y la aparente falta de coordinación interinstitucional evidencian las tensiones existentes en torno a las prácticas de vigilancia, la transparencia operativa y la garantía de los derechos digitales de los funcionarios públicos en Colombia. Según informó Caracol Radio, la discusión permanece abierta mientras los organismos estatales analizan las implicaciones técnicas y legales derivadas de este incidente.

Detectar accesos no autorizados en WhatsApp es una preocupación creciente entre usuarios. El aumento de métodos de espionaje y hackeo exige conocer señales de alerta y aplicar medidas de protección para resguardar la privacidad de tus conversaciones.

Métodos para espiar tu cuenta de WhatsApp

Los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para acceder a cuentas ajenas o espiar chats. El phishing de códigos QR o quishing es una de las vías más utilizadas: consiste en engañar al usuario para que escanee un código malicioso y así obtener acceso a la cuenta sin que la víctima lo note.

Otra técnica habitual es el intercambio de SIM. El atacante persuade al proveedor para emitir una nueva SIM con tu número, lo que le permite instalar WhatsApp en otro dispositivo y recibir tus mensajes. El secuestro de sesión es otro riesgo, sobre todo al conectarse a redes WiFi públicas poco seguras, que pueden ser usadas para interceptar datos y tomar el control de cuentas.

El uso de keyloggers y aplicaciones espía representa un peligro adicional. Estos programas pueden registrar pulsaciones del teclado, capturar contraseñas y recopilar información confidencial, incluso acceder a tus contactos, chats, cámara y micrófono.

El acceso no autorizado también puede darse mediante WhatsApp Web y la versión de escritorio. Si alguien escanea el código QR desde tu móvil, puede mantener una sesión activa en otro ordenador sin que lo adviertas.

Indicios de que tu cuenta de WhatsApp está siendo espiada

Detectar si tu cuenta fue vulnerada requiere observar ciertos indicios. Uno de los más claros es la aparición de dispositivos desconocidos entre los vinculados a tu cuenta. Verifica esto en el menú de “Dispositivos vinculados” de la app. Si encuentras navegadores, sistemas operativos o ubicaciones desconocidas, es probable que exista una sesión abierta sin tu consentimiento.

Otras señales de alerta:

• Mensajes enviados o leídos que no realizaste.
• Llamadas no efectuadas por ti.
• Cambios inesperados en tu perfil, como foto o información personal.
• Códigos de verificación recibidos sin haberlos solicitado, lo que indica intentos de registro en otro dispositivo.
• Comportamiento irregular en la hora de última conexión o estado en línea activo cuando no usas la app.
• Ausencia de notificaciones al iniciar sesión en WhatsApp Web desde un navegador externo.

Revisa con frecuencia las sesiones abiertas y verifica la hora de última conexión de cada una para identificar accesos indebidos.

Recomendaciones para proteger tu cuenta

El primer paso es controlar el acceso físico a tu dispositivo. Configura un bloqueo de pantalla sólido con PIN, contraseña, patrón o biometría. Activa el bloqueo de la propia app si tu teléfono lo permite.

Mantén actualizada la aplicación de WhatsApp para contar con las últimas medidas de seguridad. Desconfía de mensajes o llamadas sospechosos, especialmente si solicitan datos personales o códigos de verificación. Recuerda que WhatsApp nunca pide estos códigos por chat.

Revisa periódicamente las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Si encuentras alguna herramienta desconocida que graba pantalla, duplica notificaciones o registra pulsaciones, considera hacer un reinicio de fábrica para eliminar software espía.

Activa la verificación en dos pasos: accede a “Ajustes” > “Cuenta” > “Verificación en dos pasos”, introduce un PIN y asocia un correo electrónico de recuperación. Así, aunque alguien tenga tu SIM o QR, no podrá activar la cuenta sin tu código personal.

Ajusta la configuración de privacidad limitando quién puede ver tu foto, última conexión y tu información. Restringe el acceso solo a contactos de confianza y desactiva la opción que permite que desconocidos te añadan a grupos sin tu permiso.

Estas medidas refuerzan la seguridad y ayudan a mantener tus conversaciones y datos personales protegidos frente a intentos de espionaje.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Christian Gallego analizó las posibles consecuencias que se registrarán en Colombia en caso de que se confirme lo denunciado por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, sobre el presunto espionaje en su contra con la implementación del software Pegasus por parte del Ministerio de Defensa.

Gallego aseguró que, en ese contexto, se configuraría una violación grave y directa del orden constitucional y legal en Colombia, puesto que se hablaría de la “vulneración grave y directa del orden constitucional y legal, al desbordar los límites que la Constitución y la ley imponen a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado”.

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El abogado enfatizó que las conductas señaladas afectarían de manera directa los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al habeas data, al debido proceso y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, todos ellos protegidos por los artículos 15, 28 y 29 de la Constitución Política.

De la misma forma, recordó que esos derechos solo pueden ser restringidos mediante una orden judicial motivada, dentro de criterios de legalidad y proporcionalidad.

De acuerdo con el análisis de Gallego, la interceptación, acceso o vigilancia de comunicaciones privadas sin autorización judicial “configura el delito de violación ilícita de comunicaciones, tipificado en el artículo 192 del Código Penal, conducta que se agrava cuando se emplean medios tecnológicos sofisticados, como software espía de carácter militar o de inteligencia estratégica, sin una orden judicial que legitime su uso”.

Además, el acceso reiterado a información contenida en dispositivos electrónicos, la extracción de datos personales y la activación irregular de cámaras y micrófonos podrían encuadrar en los delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos, previstos en los artículos 269F y 269A del Código Penal.

El ministro Idárraga alertó sobre la circulación de un documento oficial que sustentaría las actividades de vigilancia y señaló directamente al sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto responsable de ejecutar las órdenes de seguimiento.

En ese sentido, el abogado Gallego recalcó que la realización de estas acciones por parte de funcionarios públicos podría constituir abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en los términos del artículo 416 del Código Penal, al instrumentalizar el poder estatal para fines ajenos a la ley. En sus palabras, “se quebrantarían los principios de legalidad, finalidad y razonabilidad que rigen toda actuación administrativa y militar”.

El jurista explicó que el uso indebido de recursos estatales en estas operaciones también podría derivar en delitos de peculado por uso o por apropiación, conforme a los artículos 397 y 399 del Código Penal, debido a la utilización ilícita de bienes públicos.

Según Gallego, “la posible existencia de una estructura organizada, con división de funciones entre mandos, operadores técnicos y analistas, permitiría inferir la configuración del delito de concierto para delinquir, en los términos del artículo 340 del Código Penal, teniendo en cuenta que se debe acreditar la continuidad, coordinación y finalidad común orientada a la comisión de ilícitos”.

De la misma forma, mencionó que la responsabilidad penal abarcaría no solo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron, permitieron, omitieron o no impidieron los hechos, en virtud de su posición de garante y control efectivo, conforme a los artículos 25 y 28 del Código Penal.

La gravedad de los hechos se incrementaría al tratarse de presuntas actividades de espionaje contra un ministro en ejercicio, lo que compromete el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política. Para Gallego, esto podría configurar una “indebida injerencia o intervención en el sector justicia, lesionando el equilibrio institucional y la confianza en el funcionamiento del Estado”.

En el análisis jurídico, el experto subrayó la posibilidad de sanciones en distintas esferas, más allá de la penal, puesto que las conductas investigadas darían lugar a responsabilidad disciplinaria bajo la Ley 1952 de 2019, así como responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República. Si se demuestra que funcionarios aforados participaron, podría activarse la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a derechos humanos.

El avance de la tecnología ha facilitado el uso de cámaras en computadoras y teléfonos móviles, pero también ha abierto la puerta a riesgos de privacidad. El acceso no autorizado a la cámara de un dispositivo puede producirse mediante aplicaciones maliciosas o sitios web, lo que permite que terceros capturen imágenes o videos sin el consentimiento del usuario y pone en alerta a millones de personas en todo el mundo.

La posibilidad de que una aplicación o una página web tome control de la cámara sin permiso genera inquietudes acerca de la seguridad digital. Tanto Windows, Android, iOS como macOS ofrecen herramientas para que el usuario controle qué aplicaciones pueden acceder a la cámara. Los sistemas operativos permiten consultar, modificar o revocar estos permisos en cualquier momento, brindando mayor control y protección.

Gestión de permisos en Windows

En Windows 10 y Windows 11, es posible revisar la lista de aplicaciones con permiso para utilizar la cámara.

El procedimiento consiste en abrir la sección de Privacidad y seguridad y seleccionar el apartado de Cámara dentro de los permisos de la aplicación. Desde allí se puede activar o desactivar el acceso y observar qué programas han utilizado la cámara recientemente. Esta función se convierte en una herramienta fundamental para identificar accesos sospechosos y eliminar autorizaciones innecesarias.

La proliferación de servicios web que utilizan cámaras ha llevado a que navegadores como Google Chrome integren opciones específicas de gestión de permisos.

Cada vez que una página solicita acceso a la cámara, el navegador pregunta al usuario si desea permitirlo. Posteriormente, es posible modificar esta elección accediendo a la configuración de sitios en el menú de privacidad. En el apartado de permisos se listan todas las páginas web que han solicitado acceso, y el usuario puede ajustar sus preferencias de manera individual.

Gestión de permisos en Android

En dispositivos con Android, la gestión de permisos es igualmente accesible desde el menú de Ajustes. El usuario debe dirigirse a la sección de Aplicaciones y seleccionar la app que desea revisar.

En el apartado de permisos se muestran las opciones relacionadas con la cámara, el micrófono, los archivos y otros elementos sensibles. El sistema permite elegir entre cuatro configuraciones: permitir siempre, permitir solo mientras la app está en uso, preguntar cada vez o denegar el acceso permanentemente.

Este nivel de granularidad en los permisos responde a la importancia de salvaguardar la privacidad personal. El control de estos accesos es responsabilidad directa del usuario, quien puede limitar el uso de la cámara únicamente a aquellas aplicaciones y páginas que considere seguras. De esta forma, se reduce la posibilidad de que un tercero acceda a imágenes o videos de manera clandestina.

La revisión periódica de los permisos de la cámara es una recomendación constante de los expertos en seguridad informática. Las actualizaciones de los sistemas operativos y de las propias aplicaciones pueden modificar las políticas de acceso, por lo que conviene comprobar estos ajustes con frecuencia. Además, el registro de actividad reciente en sistemas como Windows ofrece una pista valiosa sobre posibles accesos indebidos.

La vigilancia sobre los permisos de cámara y micrófono en computadoras y dispositivos móviles representa una medida concreta para prevenir situaciones de espionaje digital. Mantener el control sobre estos accesos es esencial en un contexto donde la privacidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios de tecnología.

El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, atribuyó a investigaciones realizadas durante su etapa como secretario de Transparencia la perpetración de acciones de espionaje en su contra y la de su familia. Según consignó el medio Europa Press, Idárraga vinculó la supuesta vigilancia ilegal con indagaciones sobre supuestos vínculos entre altos mandos militares, grupos armados ilegales y casos de desvío de armamento, así como a sus pesquisas sobre posibles hechos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó rotundamente que organismos estatales o fuerzas militares hayan empleado el software Pegasus para operaciones recientes de seguimiento o vigilancia sobre Idárraga. "Ha sido víctima de información falsa", expresó Sánchez en una rueda de prensa citada por Europa Press, desmintiendo la versión difundida por el ministro de Justicia y asegurando que ningún seguimiento de ese tipo ha sido ordenado ni desde la cartera de Defensa ni por parte de ninguna fuerza bajo su mando.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sánchez aclaró que Pegasus estuvo presente en Colombia solamente en el periodo comprendido entre 2021 y 2022, pero subrayó que desde ese año su uso se interrumpió completamente. Recordó también que el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la utilización previa de ese software durante el gobierno anterior, encabezado por Iván Duque. En esa línea, el titular de Defensa sostuvo: "No está siendo utilizado por la fuerza pública" y "nosotros no utilizamos ese tipo de software", reafirmando así la postura oficial del Ejecutivo colombiano frente a las acusaciones.

Sánchez puntualizó ante los medios de comunicación que cualquier procedimiento de vigilancia o seguimiento por parte de organismos de seguridad necesariamente requiere la autorización de una orden judicial y debe cumplir con todas las etapas del debido proceso. Según reportó Europa Press, el ministro remarcó la existencia de controles legales que impiden actuaciones extrajudiciales en este tipo de operativos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.

Franco, quien fue designado ministro de Justicia en octubre de 2025, indicó en sus denuncias que su familia también habría resultado afectada por presuntas maniobras de espionaje originadas desde el interior del Ministerio de Defensa. Sus sospechas surgieron luego de obtener información sobre posibles represalias a raíz de investigaciones iniciadas en su gestión anterior, que involucraron tanto al Ejército como a estructuras consideradas criminales, como disidencias armadas de 'Iván Mordisco' y la guerrilla del ELN, según recopiló Europa Press.

Europa Press recordó que no existían registros de denuncias similares desde los episodios de interceptaciones ilegales atribuidos al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010) fue señalado por escuchas clandestinas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La denuncia reciente de Idárraga se convierte así en la primera de este tipo registrada desde entonces.

El medio europeo especificó que, a la par de negar el espionaje por parte de entidades estatales, Sánchez insistió en que el Gobierno colombiano está comprometido con el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales. Además, enfatizó que toda intervención legítima sobre comunicaciones privadas debe ajustarse a una orden judicial previa y verificable.

El debate sobre el uso del software Pegasus en Colombia tuvo relevancia durante el cambio de administración, cuando el presidente Gustavo Petro informó públicamente que el gobierno anterior había empleado esa herramienta. No obstante, a juicio de los responsables del Ejecutivo actual, ninguna institución bajo control del Ministerio de Defensa utiliza Pegasus ni ha promovido operaciones de espionaje de tipo ilegal desde su llegada al poder.

Europa Press subrayó que la denuncia de Franco pone nuevamente en discusión las prácticas de inteligencia y vigilancia en el país, además de evidenciar la tensión generada en el seno del propio gabinete por las sospechas de prácticas irregulares. Las autoridades insisten en la existencia de filtros legales que buscan evitar la repetición de casos emblemáticos de interceptaciones no autorizadas, así como en la necesidad de mantener la transparencia en la gestión de información y operaciones de inteligencia.

La extracción presuntamente ilegal de 2,3 gigas de información privada desde el teléfono celular de Andrés Idárraga Franco ha escalado el caso de espionaje que involucra a altos funcionarios en Colombia hasta organismos internacionales y la Fiscalía. Según reportó el medio original, el ministro de Justicia denunció que los ataques incluyeron la activación remota y sin autorización de la cámara y el micrófono del dispositivo en al menos 124 ocasiones entre agosto y noviembre de 2025, cuando ejercía como secretario de Transparencia. En total, se registraron más de 8.740 intervenciones durante ese periodo, situación que el funcionario atribuye a su labor de investigación y denuncia de casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe forense citado por el medio, la vigilancia digital se habría realizado mediante Pegasus, un software de origen israelí conocido internacionalmente por sus capacidades de espionaje y extracción de datos de dispositivos móviles. Idárraga Franco indicó a través de sus redes sociales que la orden de espiarle provino del interior del Ministerio de Defensa. Según detalló el medio, el ministro argumentó que los hechos estarían vinculados a los casos de corrupción que investigaba en el seno de las Fuerzas Armadas, entre ellos posibles acuerdos irregulares entre altos mandos y grupos armados, nexos con organizaciones criminales y desvíos de armas.

El funcionario subrayó que el espionaje no solo estuvo dirigido hacia él, sino que también afectó a miembros de su familia. “Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción”, señaló Idárraga Franco en su comunicado público, citado por el medio. El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según consignó la fuente original, el ministro enfatizó que la democracia requiere de verdad, justicia y garantías para los denunciantes, y no de prácticas de vigilancia ilícita.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó de “graves” los hechos denunciados por su colega de gabinete y ordenó el inicio inmediato de una investigación interna. Sánchez informó que mantuvo una conversación directa con Idárraga Franco tras conocerse el informe forense y sus implicaciones. Según lo publicado, se trata de la primera vez que sale a la luz una acusación de este tipo desde el escándalo de intervenciones ilegales que protagonizó el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuando, durante el mandato de Álvaro Uribe, se intervinieron comunicaciones de jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

Estas denuncias surgen en un contexto marcado por antecedentes de uso indebido de tecnologías de vigilancia en Colombia. En septiembre de 2024, Gustavo Petro, presidente del país, alertó que Pegasus habría sido contratado bajo la administración anterior, encabezada por Iván Duque, según recordó la fuente original. La mención de este software en los despachos oficiales provocó alarma entre organizaciones de derechos humanos y sectores críticos con el uso gubernamental de herramientas de espionaje.

Antes de asumir el Ministerio de Justicia en octubre de 2025, Idárraga Franco coordinaba investigaciones sobre corrupción militar que involucraban a altos cargos. Según el medio citado, las pesquisas tocaban temas como alianzas irregulares con grupos armados y el desvío de equipamiento militar, hechos de alto impacto en la agenda pública. El informe forense que documentó la magnitud de la intervención trascendió en círculos judiciales y ha amplificado la demanda de respuestas gubernamentales y garantías de protección para quienes denuncian hechos de corrupción desde cargos públicos.

El seguimiento de estas investigaciones recae ahora, según publicó la fuente, en entidades nacionales e internacionales. La Fiscalía y la CIDH deberán analizar el alcance de las eventuales responsabilidades administrativas y penales, mientras la opinión pública observa con atención un proceso que revive debates sobre la protección de derechos y el control sobre los instrumentos de vigilancia estatal.

El señalamiento de un presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Defensa contra el ministro de Justicia encargado de Colombia, Andrés Idárraga, desató un nuevo foco de tensión dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Las implicaciones van más allá de una denuncia interna: el caso ya fue notificado a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, que abordarán el tema en calidad de investigaciones oficiales. Estas instituciones recibieron la notificación luego de que fuentes del Ministerio de Defensa confirmaran la coordinación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Desde Estados Unidos, el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó inmediatamente a la acusación formulada por su homólogo y convocó a la cúpula militar y de Policía a una reunión virtual extraordinaria. El objetivo fue abordar la denuncia y fijar los lineamientos para la colaboración institucional con los órganos de control, mientras Sánchez continúa fuera del país.

Idárraga sostuvo que recibió información reservada que apuntaba directamente al sargento Darwin Ramírez, miembro asignado a la oficina del propio ministro de Defensa. De acuerdo con datos proporcionados por fuentes militares a Semana, las tareas que desempeña Ramírez dependen de manera directa del titular de la cartera de Defensa.

La gravedad del caso radica en que, según Idárraga, también existen otros nombres comprometidos en estas operaciones de seguimiento, señalando que solo el ministro Sánchez puede responder de manera cabal sobre el uso de los recursos estatales de contrainteligencia.

La denuncia del ministro de Justicia sobre espionaje en su contra

Andrés Idárrga, titular de Justicia (e) expresó textualmente: “Sé de los nombres que también al parecer estuvieron involucrados acatando órdenes dentro del Ministerio de Defensa para llevar a cabo estos seguimientos y es el Ministro de Defensa que tendrá que dar otras respuestas a propósito de cómo se está utilizando la contrainteligencia del Estado para atentar contra la privacidad de funcionarios de este Gobierno”.

Respecto al método presuntamente empleado, Idárraga señaló la utilización del software Pegasus, una herramienta de interceptación digital flagelada por polémicas internacionales. El funcionario detalló que con este sistema los supuestos responsables habrían generado una copia espejo de su teléfono celular, accediendo en tiempo real a sus comunicaciones y a todas las actividades efectuadas desde su dispositivo personal.

El avance del caso implica no solo un impacto en la imagen de las entidades involucradas, sino que plantea interrogantes profundos sobre el uso de los sistemas de vigilancia estatal y la posible vulneración de la privacidad de altos funcionarios.

Petro regañó a ministro de Defensa por falta de avances en investigación sobre el sistema Pegasus

La revelación de ministro de Justicia no es la primera denuncia sobre el uso ilegal de software Pegasus, el presidente de la República, Gustavo Petro, tras hacer pública su adquisición el 4 de septiembre de 2024, confirmó el 19 de agosto de 2025 una falta de avances en la investigación sobre el caso por lo que hizo un llamado de atención al ministro Pedro Sánchez.

“Ministro de Defensa, pues yo le he dicho a usted que ese es un tema hoy prioritario, porque la lucha de clases, que no es lo mismo que odio de clases, ministro. Odio de clases es otra pendejada que se inventó la derecha, porque hay es lucha de clases, que se puede pactar o no, ¿no? Depende de si son antagónicas o no, dice la sociología. Pero la lucha de clases se libra hoy en la matemática y la guerra también. No es en los campos de batalla, es en los computadores, los algoritmos y, por tanto, la matemática.“, sostuvo el jefe del Estado colombiano.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia este martes 13 de enero de 2026 a través de su cuenta de X.

El funcionario aseguró que un informe forense confirmó que usaron un programa de software espía “para espiarme junto a mi familia”.

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“Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces, entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre, infiltraron mi celular. De ellas, 124 veces, al menos, me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal”, señaló Idárraga.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó a Idárraga, asegurando que conoce la “rabia” y “bajeza” que produce esas supuestas acciones de espionaje.

“Mi solidaridad con Andrés Idárraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron en su teléfono. Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza”, señaló el jefe de la cartera del Interior.

En su publicación, Armando Benedetti señaló que tiene sospechas del supuesto implicado, motivo por el cual calificó de “cobardes” y “miserables” a los supuestos implicados.

“Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”, aseveró el funcionario.

¿Qué dijo Andrés Idárraga?

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció públicamente mediante un video en la red social X una serie de hechos graves relacionados con la violación de su privacidad y la de su familia.

Según Idárraga, su teléfono fue infiltrado de manera ilegal en más de 8.700 ocasiones entre agosto y noviembre de 2025, lo que permitió a los responsables activar la cámara y el micrófono de su dispositivo sin autorización.

En total, sustrajeron al menos 2.3 gigabytes de información privada, incluidos documentos vinculados a denuncias anticorrupción.

De acuerdo con el ministro, estos hechos habrían sido llevados a cabo por funcionarios estatales, bajo orden del Ministerio de Defensa, con el uso de recursos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército.

Idárraga señaló que la intención era perseguirlo a él y a su familia, así como identificar las fuentes que le proporcionaban información para exponer escándalos de corrupción dentro del sector defensa.

Ante la gravedad de la situación, Idárraga presentó una denuncia penal por la violación de su privacidad y los ataques contra su entorno familiar, tanto en la Fiscalía General como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En sus declaraciones, insistió en que estos hechos forman parte de una persecución por su labor en la lucha contra la corrupción y pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales.

El caso también fue remitido a la Contraloría General, con el objetivo de que se investigue el uso de fondos reservados en el sector defensa y las actividades de contrainteligencia nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una conversación directa con el ministro de Justicia encargado, Idárraga, tras la denuncia de un posible espionaje.

Según información obtenida por El Tiempo, Sánchez expresó que desconoce el episodio señalado, pero manifestó su disposición a colaborar plenamente para esclarecer la situación.

“Estoy presto a colaborar en lo que sea necesario para aclarar este tema”, indicó el jefe de la cartera de Defensa, quien calificó el asunto como “muy grave y delicado” y consideró inaceptable la posibilidad de que ocurra un hecho como el denunciado.

De acuerdo con El Tiempo, luego de esa comunicación, Sánchez contactó a la fiscal general de la Nación, al contralor general y al procurador general. El objetivo fue reiterar la colaboración del Ministerio de Defensa en el proceso de esclarecimiento y poner a disposición los recursos necesarios para las investigaciones que adelanta el Ministerio de Justicia.

Además, según detalló El Tiempo, el ministro impartió instrucciones a la cúpula militar y policial para iniciar investigaciones internas con celeridad, a fin de verificar la existencia de posibles operaciones de inteligencia relacionadas con la denuncia.

Entre las decisiones adoptadas, el Ministerio de Defensa convocará de forma urgente a una Junta de Inteligencia Conjunta, donde se definirán las directrices para el manejo y seguimiento del caso.

El regreso de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme a Bilbao tuvo lugar tras un extenso periodo de prisión en Venezuela, con su arribo confirmado en la tarde de este viernes. Familiares, incluyendo a la madre de Martínez, manifestaron satisfacción por el estado en el que retornaron, describiendo el momento como feliz y tranquilo. Ambos ciudadanos vascos, tras su excarcelación, llegaron acompañados de otros liberados, en el contexto de medidas adoptadas por el gobierno venezolano después de importantes cambios políticos recientes entre Venezuela y España.

Según detalló el medio original, Basoa Valdovinos y Martínez Adasme fueron puestos en libertad el jueves, como parte de la decisión anunciada por el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez. Además de ellos, otras personas, entre ellas la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, también recuperaron la libertad. Todos permanecían encarcelados en Venezuela acusados de diversos cargos relacionados con la seguridad estatal.

El recorrido de los liberados comenzó en Venezuela tras ser informados de su excarcelación, noticia que les sorprendió, de acuerdo con la información facilitada por el medio. Luego de ser entregados a la embajada española, emprendieron el viaje de retorno a España en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aproximadamente a las 13:30. Allí, familiares y allegados se desplazaron para recibir a Basoa y Martínez, generando escenas de reencuentro en una sala del aeropuerto.

Finalizado el encuentro en Madrid, ambos viajaron a Bilbao en automóvil, llegando aproximadamente a las 19:00. Martínez continuó hasta el barrio de Errekalde, mientras que Basoa se dirigió al domicilio familiar en Santutxu, terminando así el trayecto que marcó su retorno a casa tras varios meses detenidos.

La detención de los dos ciudadanos de origen vasco se remonta al 2 de septiembre de 2024, cuando fueron arrestados en la Amazonía venezolana poco después de su llegada al país. Según informó el medio, las autoridades venezolanas los mantuvieron incomunicados, acusándolos de espionaje, supuestos vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de participar en un presunto plan contra la vida del entonces presidente Nicolás Maduro.

El ejecutivo de Maduro, explican los reportes, hizo caso omiso a las demandas reiteradas del Gobierno español para su liberación, mientras negaban toda vinculación de los detenidos con órganos oficiales españoles. La resolución de su situación legal se presentó tras la mencionada captura y detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de septiembre, en el marco de una operación militar en Caracas. Después de ese acontecimiento, Delcy Rodríguez, nueva líder del ejecutivo venezolano, anunció una serie de liberaciones de presos considerados políticos, incluyendo a cinco españoles, entre quienes figuraban Basoa y Martínez.

Durante la jornada de regreso, los familiares de ambos liberados compartieron apreciaciones directas con los medios presentes. Según recogió la fuente original, la madre de Andrés Martínez expresó su emoción por el reencuentro y destacó que todos estaban bien y se encontraban en buen estado.

La excarcelación alcanzó también a otros ciudadanos y se produjo tras la reorganización política que siguió a la detención del anterior mandatario, abriendo un nuevo periodo en la relación bilateral entre Venezuela y España. El medio consignó que la medida fue vista como una respuesta a las recientes presiones diplomáticas, aunque los liberados no tenían previsión de su inminente liberación, que les fue comunicada solo en el momento de ser trasladados fuera de prisión.

El trayecto desde Venezuela a España incluyó una primera escala en la embajada española, seguida del viaje aéreo hasta Madrid y el desplazamiento final por carretera hasta Bilbao. A su arribo, los protagonistas se refugiaron en el entorno familiar, donde recibieron el apoyo de vecinos y parientes, reforzando la sensación de alivio tras su liberación.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que Daniil Kasatkin, arrestado en junio de 2025 en un aeropuerto de París a solicitud de Estados Unidos, ha retornado a su país de origen tras un acuerdo de intercambio de prisioneros realizado con Francia. Según detalló el organismo y publicó el medio, Kasatkin fue liberado a cambio de Claude Vinatier, ciudadano francés empleado de una organización no gubernamental suiza, quien había sido sentenciado en Rusia por cargos relacionados con la difusión de información sobre el Ejército ruso durante el conflicto en Ucrania.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, las autoridades rusas oficializaron este jueves el acuerdo con Francia, tras semanas de negociaciones que incluyeron una oferta presentada desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había revelado aproximadamente dos semanas antes que el gobierno ruso trasladó una propuesta formal a las autoridades francesas relativa a la situación de Vinatier y señaló que “la pelota está ahora en el tejado de Francia”. Hasta el momento, París no ha emitido declaraciones públicas sobre el intercambio concretado.

El detalle difundido por el FSB subraya que Kasatkin estaba bajo arresto en Francia a raíz de un requerimiento estadounidense. Washington lo buscaba por supuesta implicación en un grupo de piratas informáticos, cargos por los que solicitaba su extradición. Tras el acuerdo bilateral entre Moscú y París, Kasatkin fue devuelto a territorio ruso. Por su parte, Claude Vinatier había sido condenado en 2024 por un tribunal ruso, que le impuso una pena de tres años de cárcel tras considerar que difundió información de carácter militar en su función de “agente extranjero”. Las autoridades rusas además agregaron que enfrenta cargos adicionales por presunto espionaje.

Según publicó el medio, Francia había denunciado en el pasado que la detención de Vinatier en Rusia ocurrió de forma arbitraria y exigió su liberación ante la comunidad internacional. El presidente Emmanuel Macron también intervino en el caso al rechazar públicamente las acusaciones presentadas contra el ciudadano francés, indicando que no trabajaba para ninguna agencia francesa ni representaba intereses estatales, y calificando la acción penal como parte de una campaña de desinformación desplegada por Moscú.

El intercambio de prisioneros sucede en un contexto de creciente tensión diplomática debido a la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las legislaciones rusas respecto a la figura del “agente extranjero”. La normativa fue utilizada para condenar a Vinatier, empleado de una ONG registrada en Suiza, bajo la argumentación de que había recolectado y publicado información relacionada con operaciones militares rusas. La sentencia fue apelada sin éxito, y su situación se agravó posteriormente con nuevas imputaciones por espionaje.

Por otra parte, el caso de Daniil Kasatkin ilustra la colaboración internacional en el campo de la persecución de delitos informáticos, así como las complejidades derivadas de las extradiciones multipaís. Estados Unidos mantenía una solicitud activa a Francia para lograr la entrega del ciudadano ruso, y su caso se encontraba en proceso judicial cuando sorpresivamente se concretó el canje con Moscú.

El medio informó que el acuerdo bilateral no ha dado pie, hasta ahora, a pronunciamientos detallados del gobierno francés sobre los posibles términos o condiciones vinculados al intercambio ni acerca de la situación judicial pendiente que enfrenta Claude Vinatier, tanto en cuanto a la acusación de agente extranjero como a los cargos de espionaje. El trato alcanzado pone de manifiesto la utilización de figuras legales y acusaciones vinculadas al contexto del conflicto ucraniano en la política exterior y las relaciones entre Rusia y países europeos.

Según expuso la misma fuente, la política rusa bajo el actual marco legislativo endureció los controles sobre la información vinculada a las operaciones militares y aplicó la denominación de “agente extranjero” como herramienta legal. En el caso de Vinatier, Moscú consideró que su labor en la ONG suiza equivalía a la recopilación y divulgación de información sensible, algo que llevó a la imputación y condena judicial. La apelación presentada por la defensa del acusado fue desestimada, y finalmente su liberación solo se alcanzó a través del canje pactado con Francia.

El intercambio de prisioneros también resalta las fricciones diplomáticas entre París y Moscú, con acusaciones cruzadas sobre la legitimidad de los procesos judiciales y los motivos de las detenciones. Francia sostiene que la detención de su ciudadano careció de las garantías fundamentales y la vincula a estrategias de presión y propaganda del gobierno ruso, mientras que las autoridades de Moscú subrayan la gravedad de los delitos imputados y reivindican la aplicación de la ley local a extranjeros que actúan en el país.

De acuerdo a la información dada a conocer por el Servicio Federal de Seguridad y reproducida en medios internacionales, la resolución de estos casos por la vía del intercambio implica un desenlace inusual en un contexto marcado por la desconfianza y las crecientes dificultades para la cooperación judicial entre Rusia y la Unión Europea en temas vinculados a seguridad, espionaje y prosecución de delitos transnacionales relacionados, como los ataques cibernéticos y la transmisión de datos de carácter militar.

El escándalo Watergate fue el principio del fin del gobierno del presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon. Todo comenzó con la detención de cinco individuos, conocidos luego como los “burglers”, en la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), ubicada en el complejo Watergate, en Washington D. C., durante la madrugada del 17 de junio de 1972.

Cuatro de los detenidos habían estado involucrados previamente en actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Fidel Castro en Cuba. Aunque la prensa los denominó “cubanos”, solo tres de ellos realmente tenían ese origen. El quinto arrestado, James W. McCord, Jr., se desempeñaba como jefe de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente (CREEP), presidido por John Mitchell, quien anteriormente había sido fiscal general de Nixon.

La noticia de la detención fue publicada al día siguiente por el Washington Post en un artículo firmado por Alfred E. Lewis. Al día siguiente escribieron una actualización Carl Bernstein y Bob Woodward. En aquel momento, Bernstein y Woodward no eran figuras reconocidas dentro del diario: uno se enfocaba en la política del estado de Virginia y el otro, recién incorporado al medio, cubría delitos menores.

Poco después de la detención, tanto Woodward y Bernstein como agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificaron a dos cómplices: E. Howard Hunt, Jr., ex alto funcionario de la CIA y recientemente incorporado al equipo de la Casa Blanca, y G. Gordon Liddy, antiguo agente del FBI que trabajaba como asesor legal para CREEP. En el momento del ingreso a Watergate, Liddy supervisaba otro intento de espionaje, esa vez dirigido al cuartel general de George S. McGovern, quien sería el candidato demócrata en las elecciones de 1972.

La primera reacción oficial del gobierno vino de parte del secretario de prensa presidencial, Ron Ziegler, quien afirmó que el presidente no haría comentarios sobre lo que describió como “un intento de robo de tercera categoría”. Los informes iniciales de la prensa, respaldados por una estrategia exitosa de relaciones públicas de la Casa Blanca, aseguraban que ni la administración de Nixon ni el comité de reelección tenían relación alguna con el incidente.

Mientras tanto, los implicados destruyeron pruebas, incluyendo equipos con los que realizaron el robo y un fajo de 13 billetes de 100 dólares con la numeración correlativa. Jeb Magruder, subdirector de CREEP, quemó las transcripciones de intervenciones telefónicas obtenidas en un ingreso anterior a las oficinas del DNC. El presidente, junto a su jefe de gabinete H. R. Haldeman y el asesor especial Charles Colson, difundió coartadas en Washington para protegerse. La Casa Blanca organizó la supuesta “desaparición” de Hunt, que en realidad nunca abandonó el país, como parte de un plan para que los implicados asumieran la culpa, presentándose como patriotas anticomunistas demasiado entusiasmados con esa causa.

El 23 de junio de 1972, el presidente Nixon ordenó por conducto indirecto al FBI limitar su investigación. Más tarde, esa instrucción, revelada en las grabaciones secretas del despacho Oval conocidas como los “Nixon tapes”, se convertiría en la “prueba irrefutable” que demostró la implicación directa del presidente en el encubrimiento desde el inicio.

Durante la campaña electoral de 1972, Woodward y Bernstein recibieron filtraciones de un informante anónimo al que llamaban en esos días lejanos “Garganta Profunda”. Solo tres décadas después se supo que se trataba de W. Mark Felt, Sr., subdirector del FBI. Los periodistas difundieron una serie de exclusivas que evidenciaban la participación directa de allegados a Nixon en las actividades ilícitas, el financiamiento del espionaje mediante aportes de campaña ilegalmente blanqueados. En un artículo de tapa del 10 de octubre, revelaron que “el incidente de espionaje Watergate derivó de una campaña masiva de espionaje político y sabotaje realizada en nombre de la reelección del presidente Nixon y dirigida por funcionarios de la Casa Blanca”, como parte de “una estrategia básica del esfuerzo de reelección de Nixon”.

Pese a ello, la Casa Blanca logró presentar el trabajo de Woodward y Bernstein como la obsesión de un solo diario “liberal” que buscaba vengarse del presidente. Poco antes de las elecciones, la cadena CBS preparó un extenso reportaje televisivo en dos partes sobre los vínculos del escándalo con la Casa Blanca. Tras la emisión del primer segmento el 27 de octubre, Colson amenazó al presidente de CBS y la segunda parte fue recortada. Los periódicos afines a Nixon apenas mencionaron Watergate. Según una encuesta de Gallup previa a los comicios, la mayoría confiaba más en Nixon que en el candidato demócrata McGovern. Nixon fue reelegido con una mayoría abrumadora, ganando en todos los estados salvo Massachusetts y el Distrito de Columbia.

El juicio de los cinco detenidos y dos cómplices comenzó el 8 de enero de 1973, hace 53 años, en un tribunal federal menos de dos semanas antes de la segunda investidura presidencial de Nixon. La acusación, centrada en cargos de robo, conspiración y violación de las leyes federales sobre escuchas telefónicas, reflejaba el éxito de la Casa Blanca al contener la magnitud del escándalo. El juez John J. Sirica presidió el proceso y presionó a los acusados y testigos para que declararan sobre el involucramiento financiero e institucional de la Casa Blanca y del comité de reelección, aun cuando esos aspectos no formaban parte de la acusación formal.

Todos los acusados se declararon culpables, salvo Liddy y McCord, quienes fueron condenados a finales de enero. El tribunal fijó el 23 de marzo como fecha para dictar sentencia. Mientras tanto, el Senado aprobó con 77 votos a favor y ninguno en contra la creación de un comité especial de investigación sobre abusos en la campaña presidencial de 1972, presidido por el senador demócrata de Carolina del Norte Samuel J. Ervin, Jr. Ervin, de perfil conservador y reputación intachable, venía manifestando su oposición a la extensión extraordinaria de los poderes presidenciales bajo la administración Nixon, incluida la retención de fondos ya autorizados por el Congreso y la persistencia del bombardeo a Camboya después de acordarse un alto el fuego en la guerra de Vietnam.

A principios de marzo, durante las audiencias de confirmación en el Senado del nominado por Nixon para dirigir el FBI, L. Patrick Gray, se reveló que John Wesley Dean III, asesor legal de la Casa Blanca, había tenido acceso personal a la investigación del FBI sobre Watergate. Esa revelación fue seguida casi de inmediato por la negativa categórica del presidente, amparándose en el “privilegio ejecutivo”, a permitir que sus asesores comparecieran ante el Congreso. Ervin advirtió que, de mantenerse la negativa, emitiría órdenes de detención para obligar a los colaboradores de Nixon a testificar.

Simultáneamente, el juez Sirica intentó utilizar las audiencias y las investigaciones del gran jurado para incentivar a los acusados a hablar con mayor sinceridad sobre la existencia de una conspiración más amplia. Consiguió su objetivo cuando McCord le entregó, antes de la sentencia, una carta en la que explicaba que los acusados habían sido presionados para declararse culpables y prestar falso testimonio sobre el involucramiento de superiores jerárquicos.

El 23 de marzo, Sirica leyó la carta en audiencia pública. Adoptó entonces la medida excepcional de imponer sentencias “provisionales” muy severas, pero dejó claro que reduciría las penas si los acusados colaboraban con el gran jurado reabierto o con las audiencias del Senado.

La intervención de Sirica fue determinante para romper el cerco del silencio en torno al caso. A partir de entonces, la prensa comenzó a revelar datos comprometedores: el posible involucramiento de Gray en el encubrimiento, el sabotaje a una elección democrática en Chile por parte de la multinacional ITT Corporation (entonces investigada por vínculos financieros con la Casa Blanca), y la supuesta interferencia de Mitchell en un caso de fraude bursátil de un donante de 250.000 dólares a la campaña de Nixon.

A mediados de abril, con Mitchell y otros altos funcionarios ante la perspectiva de ser imputados, el presidente anunció de manera nerviosa que su propio gobierno había concluido que “nadie en esta Administración, actualmente empleado, estuvo involucrado en este incidente tan extraño”.

El 17 de abril, el portavoz Ziegler declaró ante la prensa que todas las declaraciones previas de la Casa Blanca sobre Watergate quedaban “sin efecto”. Dos semanas después, el 30 de abril de 1973, Nixon realizó una alocución televisada en la que anunció la dimisión de Dean, de sus dos colaboradores más cercanos (Haldeman y John D. Ehrlichman) y del fiscal general Richard Kleindienst. Nixon sostuvo su inocencia y prometió cooperar con las investigaciones, aunque empleó un lenguaje legalista que insinuaba límites estrictos a esa colaboración.

Cuando el 17 de mayo comenzaron formalmente las audiencias del comité Ervin, la vida política estadounidense ya había cambiado: cada día surgían revelaciones sorprendentes sobre la corrupción en el centro mismo del poder, seguidas de protestas cada vez más endebles de inocencia desde el Despacho Oval.

Las audiencias, televisadas en directo, llegaron a compararse en importancia y dramatismo con la Convención Constitucional de 1787, los debates Lincoln-Douglas de 1858 o la Conferencia de Paz de París de 1919-1920. Presididas por cuatro demócratas encabezados por Ervin y tres republicanos liderados por el vicepresidente Howard Baker, la cobertura televisiva inicial fue total en las tres grandes cadenas comerciales, aunque luego se adoptó un sistema rotatorio. Algunas emisoras del Servicio Público de Radiodifusión (PBS) continuaron transmitiendo las audiencias en directo o en diferido.

La repercusión social fue inmediata: la actividad en la Bolsa de Nueva York cayó, amas de casa amenazaron con no realizar tareas domésticas mientras durasen las audiencias, estudiantes universitarios y de secundaria se reunían frente a los televisores para presenciar lo que muchos describieron como un “ejemplo supremo del proceso democrático en acción”.

También hubo quejas. El fiscal especial Archibald Cox denunció la injusticia de lo que consideraba un “juicio mediático” de los principales implicados. Seguidores de programas de entretenimiento protestaron por la suspensión de sus emisiones favoritas. Pero, según estimaciones, unos 35 millones de estadounidenses siguieron las audiencias en algún momento.

Las audiencias trazaron un retrato meticuloso de una Casa Blanca carcomida por la paranoia y la corrupción, elaborado por un panel bipartidista con el respaldo de un equipo legal joven y brillante (entre ellos Hillary Rodham Clinton, que colaboró con el Comité Judicial de la Cámara durante las audiencias de impeachment). En 1969, el consejero de seguridad nacional Henry Kissinger había ordenado la intervención telefónica de sus propios colaboradores; en 1970, la Casa Blanca creó una red ilegal de lavado de dinero para financiar candidatos senatoriales afines; en 1971, tras la filtración de los “Papeles del Pentágono” por parte de Daniel Ellsberg, se institucionalizó lo que algunos definieron como una “cultura de ilegalidad”.

Tom Charles Huston, un joven asesor, había recomendado un plan para ampliar drásticamente el espionaje interno ilegal, que fue aprobado y luego anulado por el presidente; sin embargo, una operación muy similar, conocida como los “Plomeros” por su misión de “tapar filtraciones”, se puso en marcha poco después.

Se descubrió que, durante la campaña de 1972, células de saboteadores idearon métodos para debilitar las campañas demócratas aparentando que los propios demócratas se saboteaban entre sí. Un aspecto destacado fue la comparecencia de jóvenes colaboradores de Nixon, quienes sorprendieron a los senadores al justificar una moralidad pragmática donde “el fin justifica los medios”. Otro eje fue el rastreo de los fondos ilegales que financiaron las operaciones clandestinas. A todo ello se sumaban las maniobras de la Casa Blanca para frenar la investigación del comité, la labor del gran jurado y del fiscal especial Cox.

La pregunta constitucional central fue planteada por el vicepresidente Baker: “¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?”. Nixon insistió en que no sabía nada. Esa afirmación quedó en entredicho el 25 de junio de 1973, cuando Dean, en una declaración de casi siete horas ante el comité Ervin, implicó directamente al presidente en el escándalo y su encubrimiento, ante una audiencia televisiva masiva y tras cinco días de interrogatorio. Sin embargo, muchos recibieron la revelación con escepticismo, y la situación parecía estancarse en un enfrentamiento entre la palabra del presidente y la de un asesor.

El estancamiento se quebró el 16 de julio, cuando Alexander P. Butterfield, exmiembro del personal de la Casa Blanca, reveló que todas las conversaciones en las oficinas presidenciales habían sido grabadas. Tanto Cox como el comité Ervin solicitaron de inmediato las grabaciones clave. Nixon se negó a entregarlas, alegando privilegio ejecutivo y razones de seguridad nacional.

El juez Sirica ordenó la entrega de las cintas, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Nixon ofreció en su lugar resúmenes escritos de las grabaciones, con la condición de que no se reclamaran más documentos. Cox rechazó la oferta y Nixon ordenó su destitución: tanto el fiscal general Elliot Richardson como el vicefiscal William D. Ruckelshaus renunciaron antes de cumplir la orden, y Cox fue finalmente despedido por el procurador general interino, Robert Bork. El episodio, conocido como la “Masacre del Sábado por la Noche”, provocó un clima de tensión sin precedentes: muchos funcionarios temieron incluso un golpe de Estado desde la Casa Blanca.

La presión social obligó a Nixon a entregar, el 23 de octubre, nueve cintas solicitadas por Sirica, aunque solo siete fueron entregadas y una de ellas presentaba un vacío inexplicable de 18 minutos y medio, que según un informe pericial no pudo haberse producido accidentalmente. El cúmulo de acusaciones precipitó, en mayo de 1974, la apertura de una investigación formal de impeachment por el Comité Judicial de la Cámara. El 20 de mayo, Sirica ordenó la entrega de nuevas cintas al sucesor de Cox, Leon Jaworski, y el 24 de julio la Corte Suprema resolvió por unanimidad que Nixon debía entregar las grabaciones. Entre el 27 y el 30 de julio el comité aprobó tres artículos de impeachment. El 5 de agosto, Nixon entregó transcripciones de tres cintas que lo implicaban directamente en el encubrimiento. Esos hechos provocaron la pérdida total de apoyo en el Congreso y, el 8 de agosto, Nixon anunció su dimisión por carecer de “una base política suficientemente sólida para gobernar”.

Nixon abandonó la presidencia al mediodía del 9 de agosto de 1974. El 8 de septiembre, el nuevo presidente, Gerald Ford, le concedió el perdón total e incondicional por cualquier delito que pudiera haber cometido como presidente. Ford había asumido la vicepresidencia en diciembre de 1973 tras la dimisión de Spiro T. Agnew por acusaciones de corrupción. El indulto a Nixon provocó que la aprobación de Ford, hasta entonces alta, se desplomara de manera inmediata.

Al cierre del ciclo, la desconfianza generalizada marcó el ánimo nacional: varios de los colaboradores más cercanos de Nixon terminaron en prisión. El caso Watergate abrió una brecha que el gobierno no pudo cerrar. Buena parte de la operación fue revelada en el juicio que comenzó hace exactamente 53 años.

Aldrich Ames, el agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que fue sentenciado a cadena perpetua por vender secretos a Moscú, murió el lunes en custodia, reportaron las autoridades estadounidenses.

Ames, quien falleció a los 84 años, según la Agencia federal de Prisiones, trabajó como analista de contrainteligencia durante 31 años. Junto con su esposa, Rosario, fue condenado en 1994 por venderle información a la Unión Soviética entre 1985 y 1993 a cambio de más de 2,5 millones de dólares.

Se declaró culpable sin juicio de espionaje y evasión fiscal y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La fiscalía afirmó que privó a Estados Unidos de valioso material de inteligencia durante años.

Manifestó una profunda vergüenza y culpa por esta traición a la confianza, cometida por los motivos más viles, y por dinero para pagar deudas. Sin embargo, minimizó el daño causado, declarando ante el tribunal que no creía haber causado un daño significativo a Estados Unidos ni haber ayudado significativamente a Moscú.

“Estas guerras de espionaje son un espectáculo secundario que no ha tenido un impacto real en nuestros importantes intereses de seguridad a lo largo de los años”, dijo ante el tribunal, cuestionando el valor que los líderes de cualquier país derivan de vastas redes de espías humanos en todo el mundo.

Según la justicia estadounidense, su traición comprometió decenas de operaciones secretas, y le costó la vida a una docena de agentes dobles que espiaban para Washington.

Ames fue jefe de la rama soviética en el grupo de contrainteligencia de la CIA.

El lujoso estilo de vida de él y su pareja en ese momento despertó sospechas: tenían dinero en cuentas bancarias suizas, conducían un Jaguar y acumulaban 50.000 dólares anuales en facturas de tarjetas de crédito.

Fiscales federales dijeron que Ames espió para la Unión Soviética y, tras su colapso, siguió vendiendo información a Rusia, hasta que fue descubierto en 1994.

Basándose en información falsa de Ames, funcionarios de la CIA desinformaron repetidamente a los presidentes estadounidenses Ronald Reagan, George H. W. Bush y otros altos cargos sobre las capacidades militares soviéticas y otros detalles estratégicos.

El procesamiento de Ames intensificó las tensiones entre Washington y Moscú, justo cuando ambos países intentaban normalizar sus relaciones tras la disolución de la URSS en 1991.

El entonces director de la CIA, James Woolsey, dimitió por el escándalo, tras negarse a despedir o degradar a colegas por ello en Langley, Virginia, donde tiene su sede la agencia de espionaje.

El entonces presidente estadounidense Bill Clinton calificó el caso de Ames de “muy grave” y sugirió que podría perjudicar los lazos con Moscú.

El Kremlin restó importancia al incidente y un diplomático ruso calificó a los estadounidenses de “extremadamente emocionales”.

El espionaje de Ames coincidió con el del agente del FBI Robert Hanssen, quien fue capturado en 2001 y acusado de robar 1,4 millones de dólares en efectivo y diamantes para vender secretos a Moscú. Murió en prisión en 2023.

(con información de AFP y AP)

El papel de Aldrich Ames como uno de los informantes más notables dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos quedó en evidencia tras su detención, la cual estuvo precedida por el surgimiento de sospechas a raíz del incremento en su patrimonio y del arresto y ejecución de varios agentes dobles en la Unión Soviética, sucesos atribuidos a la filtración de datos que él proporcionó. Según informó Politico, Ames, quien había sido sentenciado a cadena perpetua por entregar información confidencial al gobierno soviético y posteriormente a Rusia, falleció a los 84 años mientras se encontraba recluido en una prisión de Maryland en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que la causa de su muerte está pendiente de los resultados de la autopsia.

Ames se unió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como analista de documentos, y más adelante se especializó en operaciones destinadas a contrarrestar a la Unión Soviética y sus organismos de inteligencia. El medio Politico detalló que su rol en la División para la URSS y el Este de Europa en la sede central de la CIA en Langley fue determinante para establecer y fortalecer sus vínculos con Moscú. Durante su desempeño en esta división, inició su colaboración con los servicios soviéticos en abril de 1985 y recibió 50.000 dólares (alrededor de 42.800 euros) en compensación por la entrega inicial de información.

Documentos del FBI, citados por Politico, relatan que en el verano del mismo año, Ames se reunió con un diplomático soviético a quien le entregó información clasificada sobre empleados de la CIA y el FBI. Sus actividades no se detuvieron en esta etapa y continuaron luego de su traslado a Roma en julio de 1986 y posteriormente, en 1989, a Washington. En estos años, las agencias estadounidenses comenzaron a identificar un patrón de traiciones por la captura de agentes dobles en suelo soviético, lo que motivó el inicio de una investigación formal sobre Ames, concentrándose tanto en su conducta personal como en su notable aumento de riqueza.

La investigación reveló que a lo largo de sus años como espía, Ames recibió pagos que ascendieron a 2,5 millones de dólares (alrededor de 2,14 millones de euros) a cambio de los servicios prestados al KGB y, más adelante, al Servicio de Seguridad Federal ruso. Este flujo de dinero facilitó la adquisición de bienes y un estilo de vida que llamó la atención de las autoridades. Politico consignó que finalmente la operación para detenerlo se concretó en febrero de 1984 cuando fue arrestado frente a su domicilio, culminando una de las investigaciones más extensas en la historia de la contrainteligencia estadounidense.

Tras la detención, Aldrich Ames y su esposa, Rosario Ames, aceptaron los cargos de espionaje en abril de 1994. La justicia impuso a Ames una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Rosario Ames recibió una condena de 63 meses de prisión, siendo liberada tras cumplir la totalidad de la pena, según reportó el medio estadounidense.

La entrega de información por parte de Ames permitió la identificación y posterior ejecución de decenas de agentes dobles occidentales por parte de las autoridades soviéticas, de acuerdo con Politico. Este impacto resaltó la gravedad de las acciones y la magnitud de los daños causados tanto a la CIA como a sus colaboradores internacionales. El caso se mantuvo como central en los debates sobre fallas de seguridad interna y motivó revisiones profundas en los protocolos de control y vigilancia de personal dentro de los servicios de inteligencia.

Ames, que llegó a dominar el idioma ruso y profundizó en el estudio de las estructuras del KGB y otros servicios de inteligencia de Moscú, reconoció durante su juicio tanto la extensión de su colaboración como el móvil económico de sus decisiones, declaraciones que quedaron asentadas en los archivos judiciales recopilados por Politico.

El fallecimiento de Aldrich Ames pone fin a la historia de uno de los casos de espionaje más significativos en la relación entre Estados Unidos y Rusia tras la Guerra Fría, marcado por filtraciones que alteraron el desarrollo de la inteligencia contemporánea. Según autoridades penitenciarias federales, la razón precisa de su muerte se determinará una vez completados los análisis forenses, sin más detalles disponibles de manera inmediata, según consignó Politico.

Al presentar durante los interrogatorios que su motivación principal era el dinero y la obtención de un visado británico, Alí Ardestani expuso ante las autoridades iraníes los motivos tras su colaboración con los servicios de inteligencia de Israel. Según informó Mizan Online, medio vinculado al aparato judicial iraní, Ardestani admitió estos objetivos después de haber sido arrestado mientras ejecutaba una operación para el Mossad. La detención y posterior ejecución del acusado se producen en un periodo caracterizado por el aumento en la aplicación de la pena máxima a personas sentenciadas por cargos relacionados con actividades de espionaje, en especial tras el inicio de la escalada militar entre Irán e Israel en junio de 2025.

El medio Mizan Online detalló que Alí Ardestani resultó acusado y sentenciado por “el delito de espionaje a favor del Mossad al proporcionar información sensible del país”. La condena a muerte fue ratificada por el Tribunal Supremo iraní, permitiendo la ejecución del acusado este miércoles. De acuerdo con la información publicada por el portal, la Fiscalía aseguró que el vínculo inicial entre Ardestani y la agencia de inteligencia israelí se concretó mediante internet, canal desde el cual habría sido reclutado.

Durante el proceso judicial, se señaló que Ardestani llevó a cabo varias misiones en favor del Mossad y recibió a cambio distintas sumas de dinero. Entre los datos transmitidos al servicio de inteligencia israelí figuran imágenes de diferentes ubicaciones e información relevante relativa a objetivos estratégicos dentro de Irán. Las autoridades declaran que Ardestani fue capturado por las fuerzas de seguridad en el momento en que realizaba una tarea atribuida a la organización israelí.

Las acciones judiciales contra personas acusadas de colaborar con el Mossad han registrado un repunte significativo en los últimos meses. Según publicó Mizan Online, la ofensiva militar desplegada por Israel en junio de 2025, que resultó en la muerte de más de 1.100 personas, marcó el inicio de una intensificación en el ritmo de los juicios y ejecuciones de individuos vinculados con servicios de inteligencia extranjeros. En este contexto, las penas impuestas suelen alcanzar la máxima gravedad.

El caso de Ardestani no es aislado, ya que durante este periodo Irán ha ejecutado a varias personas por mantener contactos o realizar labores de inteligencia para Israel. Estos procesos reflejan la política gubernamental de respuesta acelerada ante cualquier actividad considerada una amenaza a la seguridad nacional, especialmente tras los acontecimientos bélicos recientes. Entre las acusaciones recurrentes se encuentra la transmisión de información clasificada y la colaboración económica motivada por la necesidad personal de beneficios materiales, como empleo o residencia en el exterior.

“Dijo en el interrogatorio que buscaba dinero y un visado británico”, reportó literalmente el medio Mizan Online respecto a las razones expuestas por Ardestani. Así, la Fiscalía sostiene que la secuencia de hechos incluye primero el reclutamiento online, luego la realización de tareas a cambio de incentivos financieros y, finalmente, la captura cuando intentaba completar una misión específica.

El contexto en el que se produce la ejecución de Ardestani está marcado por la tensión creciente entre Irán e Israel, producto de enfrentamientos militares y acusaciones cruzadas sobre operaciones encubiertas y sabotaje. Este ambiente ha propiciado el endurecimiento de la vigilancia interna y la judicialización rápida de los casos relacionados con espionaje. En las diversas declaraciones, las autoridades judiciales insisten en la gravedad de este tipo de delitos y en la necesidad de actuar con celeridad ante cualquier señal de infiltración por parte de servicios extranjeros.

El caso resalta la utilización de redes digitales tanto para fines de reclutamiento como para la transmisión de información estratégica, un hecho subrayado por los informes publicados por Mizan Online. El proceso legal seguido incluyó la validación de la confesión obtenida durante los interrogatorios, la verificación de la información entregada y la constatación de los pagos recibidos. La publicación señala que la ejecución se llevó a cabo tras el cumplimiento de todas las instancias procesales previstas, incluyendo la confirmación final del Tribunal Supremo.

En paralelo a este caso, los informes del medio iraní señalan que las ejecuciones por cargos de espionaje han aumentado como resultado directo del escenario bélico en curso. El gobierno sostiene que este tipo de medidas forman parte de una estrategia de protección de la soberanía nacional y buscan enviar una señal clara sobre las consecuencias de colaborar con servicios de inteligencia adversarios.