La semana pasada, el Ayuntamiento de Porrentruy, en Suiza, a muy pocos kilómetros de la frontera con Francia, causó un conflicto internacional tras prohibir la entrada de los extranjeros —es decir, de los franceses, que son los habituales en el lugar— a la piscina municipal. La justificación: “Actitudes consideradas inapropiadas y violaciones de las normas internas del recinto”. En una medida “temporal”, adoptada en principio hasta el 31 de agosto —o sea, hasta que se vaya el calor en el país alpino— ahora admitirá el acceso únicamente a nacionales suizos, residentes legales y titulares de un permiso de trabajo suizo vigente.

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar, tanto en el lugar de los hechos como en Francia, donde la polémica ha llegado incluso al Parlamento. Ante esta situación, el vicepresidente del grupo de amistad Francia-Suiza en la Asamblea Nacional, Matthieu Bloch, se reunirá con el alcalde de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, para aclarar las cosas. “El objetivo del diputado es evitar los malentendidos entre vecinos que tienen interés en trabajar juntos y hasta desarrollar fuertemente la relación transfronteriza”, dice una persona cercana al político francés, citada por los medios regionales belgas.

Si bien ambos lados de la frontera buscan distender la situación, persisten tensiones en torno a los conocidos como “trabajadores fronterizos”. Lionel Maître, presidente de la Asociación Jurassiana de Comunas, en esta región suiza, observa el fenómeno de cerca. “Ajoie es una pequeña región de 25.000 habitantes, mientras que nuestros vecinos del Territorio de Belfort y Montbéliard suman 300.000 personas, sin contar Alsacia. Como las autoridades francesas no logran controlar a toda su población, eso termina repercutiendo aquí”, lamenta el también alcalde de Boncourt, otra localidad vecina, que menciona como ejemplo los grupos de jóvenes franceses con “comportamientos agresivos” en las fiestas populares del cantón.

El político asegura que no se pretende estigmatizar a ninguna comunidad: “No apuntamos a los fronterizos, sino a determinadas personas que nos generan problemas. Comprobamos que el 90%-95% de los incidentes en la piscina eran causados por personas que cruzaban la frontera. Vivimos en una región pequeña y debemos velar por la seguridad de nuestra población. He recibido mensajes de muchos franceses apoyando la medida, porque consideran que la situación ya no era sostenible”, destaca en el medio suizo La Liberté.

Pero muchos otros critican la medida. Christian Rayot, presidente de la comunidad de comunas Sud Territoire, ha dicho en el canal 24 Heures que “por 20 o 25 personas que causan incidentes, se prohíbe la piscina a todos los fronterizos, espero que la medida no dure todo el verano”.

Las críticas de los franceses

La polémica también ha desatado las críticas de los franceses en redes sociales. Según los mensajes publicados, el civismo que suele atribuirse a los suizos a menudo termina en la frontera. “Dejan basura en Francia cuando van de compras o tienden a no respetar los límites de velocidad”, comentan. Varias asociaciones, por ejemplo, critican la presencia de residuos suizos en la naturaleza francesa, lo que ha causado decenas de multas cada mes.

Los propios suizos se muestran divididos. Entre los testimonios recogidos por estos medios suizos, destaca el de Célia, de 32 años: “Me avergüenza que el nombre de mi ciudad salga en todos los medios y en las redes sociales por una decisión claramente xenófoba. Esta mañana incluso supe que la extrema derecha alemana utiliza el caso de nuestra piscina para difundir su odio a los extranjeros. Realmente, habríamos preferido evitar esta exposición”. Otros vecinos, en cambio, opinan: “Ya basta de tener que acoger a todos los expulsados de las piscinas francesas. No se trata de xenofobia, sino de civismo”.

“A pesar de todo, las relaciones con los fronterizos siguen siendo bastante buenas”, matiza Lionel Maître. “La gente sabe distinguir”. La región suiza depende de los trabajadores fronterizos para mantener su economía. Solo en Boncourt, de los 1.700 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, cerca del 90% están ocupados por franceses.

A pesar de que la economía española está creciendo a mejor ritmo que la del conjunto de la Unión Europea, las tasa de pobreza infantil “son dramáticas”, según el último informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia que este jueves ha presentado el Consejo Económico y Social (CES), que indica que el 33% de los niños, niñas y adolescentes está en riesgo de pobreza o exclusión social. Se trata del primer informe sobre la infancia que elabora por iniciativa propia este órgano consultivo del Gobierno.

“Esas tasa de pobreza no corresponde al nivel de renta de España, un país que además cuenta con un sistema de protección social desarrollado y un sistema democrático reconocido, y que tiene capacidad para dar respuesta a esta problemática. No es que no haya instrumentos, sino que algunos son regresivos en términos de equidad y, por tanto, no favorecen a quienes deberían favorecer en mayor medida”, ha indicado en rueda de prensa Antón Costas, presidente del CES, que ha destacado la importancia de crear una prestación universal dirigida a la infancia, en concreto a los menores de cero a tres años, porque es la franja de edad ”donde hay un vacío, una especial anomalía”. Lo que ocurre en esa etapa entre los 0 y 3 años, ha recordado, “determina la trayectoria vital”.

Aunque el CES no se pronuncia sobre la cuantía de esa prestación universal, Costas ha aclarado que no debería estar condicionada a la renta y que “debería ser suficiente para cubrir los costes reales que tiene la crianza”, pues se trata de “un derecho propio que tienen los niños y niñas al margen de la familia”. Además, esa ayuda no sería incompatible con otras prestaciones focalizadas en hogares con menor renta (CAPI o complemento del Ingreso Mínimo Vital) o con la extensión de las actuales deducciones fiscales a las familias que a día de hoy no se benefician de estas medidas de apoyo.

Por su parte, la presidenta de la comisión de trabajo del CES, Carmen Pleite, ha destacado ante la prensa la necesidad de “invertir en la infancia como un objetivo de país”. “No puede ser algo puntual, sino que deberían proyectarse en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado”.

Otros de los datos preocupantes que señala el CES en su informe es que en España actualmente un 5,6% de los hogares con niños y niñas de hasta 12 años de edad no tiene acceso a la ración mínima de carne, pollo, pescado o su equivalente vegetariano, y más de la mitad no consume verdura al menos cada dos días y un tercio no desayuna todos los días.

Además, un tercio de la infancia incumple la recomendación de horas diarias de sueño, así como de tiempo de actividad física, lo que sumado al porcentaje creciente de niños y niñas con exceso de tiempo frente a una pantalla “da lugar a un sedentarismo cada vez más elevado”.

Las consecuencias de la pobreza infantil, ha insistido Costas, “son dramáticas” para los menores, porque se cronifica en el tiempo y “les niega la condición de ciudadanos plenos, les niega el derecho a tener una vida digna”. El coste económico de la pobreza infantil se sitúa, según un informe de la OCDE, entre el 4% y 5% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, unos 60.000 millones de euros, “un coste económico más elevado que en ningún otro país de la UE”.

Recomendaciones

Además de la creación de esa prestación universal para la crianza, entre las recomendaciones que ha formulado el CES en su informe, también destaca la necesidad, en general, de potenciar las políticas de infancia, de forma que “introduzcan el enfoque de la atención temprana, pues aumentará su eficacia (mayores retornos y menor inversión). Ese enfoque de infancia, indica el informe, se debe abordar de manera integral en las políticas, dado el carácter multidimensional del bienestar infantil, y que “sean mecanismos de prevención de la vulnerabilidad en la infancia y de contención de sus efectos a largo plazo”.

El CES también propone universalizar la educación de 0 a 3 años, incrementar la disponibilidad de plazas públicas y “mejorar la asequibilidad con equidad”, así como consolidar una educación primaria de calidad y un ocio educativo para niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social.

Otra de las principales recomendaciones del CES es garantizar el acceso a una atención sanitaria de calidad y a “una vivienda digna”, ya que los principales déficits de habitabilidad de la vivienda afectan más a la infancia que reside en hogares en riesgo de pobreza. Para que la política de vivienda tenga un impacto beneficioso en la infancia, indica el informe, no solo debería aumentar el número de viviendas “a un precio social que atienda las necesidades residenciales de la población, sino que también se debería priorizar a las familias con niños, niñas y adolescentes en el acceso”.

El informe también destaca la importancia de que los menores reciben una adecuada educación sexual y afectiva, en la que tienen un papel primordial la familia y la escuela para que “no quede en manos del mercado digital”.